Este artículo se enmarca en el nuevo Espacio Feminista de la Fundación Espacio Público. Este espacio surge desde la necesidad de abrir una ventana inclusiva, con diversas voces, un abanico amplio de temas, desafíos y retos que debe afrontar el feminismo. Además, pretende fortalecer una línea editorial y una agenda específicamente feminista, desde una perspectiva interseccional, que teja redes con mujeres de ámbitos distintos, las acompañe y las apoye.

En octubre de 2019 Chile vivió uno de los momentos que pasarán a la historia de esa larga y angosta faja de tierra, el estallido social chileno llevó a la calle a millones de personas que alzaron su voz en uno de los países con mayor desigualdad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) después de México y la recientemente incorporada Colombia[1]. De ese momento histórico devino un proceso político en el que chilenos y chilenas eligieron no solo escribir una nueva Constitución sino que ésta fuera redactada por una Convención Constitucional paritaria[2].

Dentro de este contexto, el 4 de julio este año Elisa Loncón Antileo fue elegida presidenta de la Convención Constitucional, en su discurso saludó a las mujeres “que caminaron contra todo sistema de dominación”. Esa misma dominación contra la que dos años antes, en los días previos a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Colectivo feminista LasTesis se rebeló a través de la intervención artística “Un violador en tu camino”, convirtiéndose en un himno feminista extendido por todo el mundo y que dos años después sigue resonando en nuestros oídos. En la performance son apuntados por el dedo –cuestionador e inquisidor— de las feministas el Estado y algunas de sus instituciones, entre ellas los jueces, ante el reconocimiento que la culpa no es mía, ni donde estaba o cómo vestía, y como el patriarcado nos juzga y castiga con una violencia que no es visible o más bien se invisibiliza, y que se ejerce de distintas formas: el homicidio, la desaparición, la violación y la impunidad.

La letra de este himno nos llama a reflexionar sobre las violencias contra mujeres y niñas y el sistema de justicia, catalogado por el movimiento feminista como una (in)justicia patriarcal, y de algunas de las herramientas para combatirla y lograr imperiosas transformaciones en pos del pleno goce de los derechos humanos de aquellas.

La violencia contra la mujer ha sido reconocida en diversos instrumentos del Sistema de Protección de Derechos Humanos como una violación a los mismos, una forma de discriminación en su contra, y que incluye no solo la violencia perpetrada por agentes no estatales, sino también por el Estado y aquella tolerada por éste[3]. Respecto de esto último y llevado al ámbito judicial, la Recomendación General Nº 35 del Comité de la Cedaw de 2017 establece que todos los órganos judiciales tienen la obligación de (i) “abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación o violencia por razón de género contra la mujer” y (ii) “aplicar estrictamente todas las disposiciones penales que sancionan esa violencia, garantizar que todos los procedimientos judiciales en causas relativas a denuncias de violencia por razón de género contra la mujer sean imparciales, justos y no se vean afectados por estereotipos de género o por una interpretación discriminatoria de las disposiciones jurídicas, incluido el derecho internacional” (§24).

Para cumplir ambas obligaciones se hace necesaria la incorporación de una serie de estrategias en lo jurídico, entre ellas, la incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional, metodología que ingresó en el ámbito de las políticas de desarrollo y que se ha extendido entre otras áreas, al sistema de justicia, junto con la capacitación y formación de quienes imparten justicia sobre estas materias.

La incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional conlleva, el uso “de ese potencial crítico y autorreflexivo que la categoría género lleva implícito” y “ayuda a interrogar y a analizar la realidad y sobre todo, a impulsar trasformaciones sociales, pues entender la perspectiva de género, reta y obliga a tomar posturas reflexivas frente a esas realidades que colocan en desventaja a las mujeres”[4]. Su incorporación conlleva garantizar los derechos humanos, en especial el derecho de igualdad y no discriminación y el derecho de acceso a la justicia mediante el cual “la persona humana se emancipa, se defiende y se afirma frente a las manifestaciones del poder arbitrario”[5].

Por otro lado, la capacitación de jueces y juezas en materias de género, siguiendo a Ronconi y Vita parte del supuesto que “existe una relación de pertinencia entre la capacitación que reciben quienes aspiran a ocupar o desempeñan cargos en la magistratura y un perfil de juez que colabore con la construcción de un modelo de sociedad igualitario”, pudiendo no solo el Derecho reproducir las desigualdades entre hombres y mujeres, sino que los jueces y juezas a través de la aplicación del mismo, consolidando jerarquizaciones de género[6].

La necesaria formación y capacitación de quienes administran justicia en estas materias, tal como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe implicar no solo un aprendizaje de las normas, sino el desarrollo de capacidades para reconocer la discriminación que sufren las mujeres en su vida cotidiana, tomando en cuenta cómo ciertas normas o prácticas en el derecho interno, sea intencionalmente o por sus resultados, tienen efectos discriminatorios en la vida cotidiana de las mujeres[7], como también para “deconstruir los estereotipos de género negativos o perjudiciales y así asegurar que las investigaciones y enjuiciamientos de este tipo de hechos se realicen de acuerdo a los más estrictos estándares de debida diligencia”[8].

Jueces y juezas pueden incurrir en el incumplimiento por parte del Estado de las obligaciones internacionales, en especial, en relación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia[9], debiendo no solo no cometer actos de violencia sino además actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar este tipo de violencia. Para ello, propongo dos herramientas, la incorporación de la perspectiva de género en la labor jurisdiccional y la formación y capacitación de jueces y juezas sobre estas materias, buscando con ello que el sistema de justicia no siga siendo apuntado con el dedo como parte de aquella estructura que sostiene y perpetua el patriarcado, en cuanto juez que nos juzga por nacer.

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Notas:

*Pilar Maturana Cabezas es jueza feminista chilena.

[1] OECD, 2019. Inequalities. “Society at a Glance 2019. OECD Social Indicators”.

[2] Ley Nº 21.216, Diario Oficial, 24 de marzo de 2020.

[3] Entre otros, la Recomendación General Nº 19 y Nº 35 el Comité de la Cedaw; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; y, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

[4]Cuaderno de Buenas Prácticas para Incorporar la Perspectiva de Género en las Sentencias del Poder Judicial chileno (2018). Santiago de Chile: Poder Judicial República de Chile – Eurosocial, p. 60.

[5] Cançado, Antônio (2008). El derecho de acceso a la justicia en su amplia dimensión. Santiago de Chile: Librotecnia, p. 79

[6] Ronconi, Liliana, y Vita, Leticia (2013). La perspectiva de género en la formación de jueces y juezas. En Revista sobre enseñanza del Derecho de Buenos Aires, 11 (22), p. 115.

[7] Cfr. Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C No. 205; y, Corte IDH, Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Sentencia de 20 de noviembre de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 289.  

[8] Corte IDH, Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 26 de septiembre de 2018 (Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C nº 362, § 338.

[9] Artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Este artículo se enmarca en el nuevo Espacio Feminista de la Fundación Espacio Público. Este espacio surge desde la necesidad de abrir una ventana inclusiva, con diversas voces, un abanico amplio de temas, desafíos y retos que debe afrontar el feminismo. Además, pretende fortalecer una línea editorial y una agenda específicamente feminista, desde una perspectiva interseccional, que teja redes con mujeres de ámbitos distintos, las acompañe y las apoye.

Las Olas feministas llegan y se van. Su punto álgido suele ser breve pero siempre queda un poso de conocimiento feminista y de avances sobre el que ponen sus pies las generaciones futuras. También, desgraciadamente, toda Ola tiene su reacción patriarcal, de la que también se extraen enseñanzas, pero que duele cuando se está viviendo. A estas alturas, no hay duda de que la Cuarta Ola (aunque no hay acuerdo en esta terminología) fue una revolución contra las violencias sexuales, y tampoco hay duda de que estamos en medio de una virulenta reacción patriarcal. Se pudo poner de manifiesto la enormidad de su extensión y que lo que las feministas llamamos “cultura de la violación” es una realidad cotidiana que, como bien escribió Susan Brownmiller, se despliega como un continuo sobre las vidas de todas. Un continuo que, desde la más leve a la más grave, hemos padecido todas las mujeres en algún momento de nuestra vida. La violencia sexual acompaña a todas las mujeres desde el comienzo de la historia. El miedo a la misma está escrito en nuestro ADN, nos socializamos en ese miedo y con razón, porque no hay un solo lugar del mundo en el que las mujeres puedan decir que viven libres de violencia.

El feminismo lleva décadas luchando contra todas las violencias machistas. Las ha denunciado, conceptualizado adecuadamente, ha diseñado estrategias, políticas públicas, ha dedicado recursos, ha conseguido que todas las instituciones se impliquen en esta lucha, pero la violencia no disminuye. Pasadas ya muchas décadas desde que el feminismo definiera la violencia de género y desde que las instituciones dedicaran a esta lucha presupuestos y políticas públicas, la violencia parece estar aumentando, especialmente las violencias sexuales. Es evidente que una parte de dichas violencias tienen su origen en un movimiento de reacción patriarcal contra los avances del feminismo. Seguramente no se trata de que las feministas o las instituciones estemos haciendo cosas mal, simplemente nada es suficiente todavía para tumbar el sistema patriarcal. Quizá lo que peor hagamos sea pensar en la violencia como una “lacra” del sistema, como una excrecencia del mismo, como un mal ajuste, como algo que se puede combatir independientemente del combate contra el sistema patriarcal en su conjunto. Lo cierto es que todo sistema de dominación necesita usar de ciertas dosis de violencia para perpetuarse, especialmente si pierde, como este ha perdido, el poder formal, legal, sobre las mujeres. Sólo la desaparición del patriarcado traerá la desaparición de la violencia y, mientras, no es pensable la dominación sin ella y, además, cuanto más terreno conquistemos a la igualdad, podemos esperar una reacción más violenta por parte de aquellos que se sienten despojados de sus privilegios.

Las feministas también sabemos a estas alturas que para acabar con las violencias sexuales (con todas las violencias) lo que tiene que pasar es que los hombres dejen de ejercerlas; es decir, que sean ellos los que cambien. Y no lo harán solo con castigos, ni con nuestras movilizaciones. Debemos poner el foco sobre la manera en que se construyen subjetividades que desean violar, dañar, golpear, que cosifican, que deshumanizan a las mujeres. Es posible que aquellas violencias sexuales que parece que están creciendo más, las que se comenten en grupo como hermanamiento en la fratría masculina, aquellas que son extraordinariamente crueles, se puedan estar utilizando como reparación simbólica ante los avances del feminismo por los hombres más apegados a subjetividades rígidamente patriarcales. Así pues, tenemos por delante todo un campo de trabajo con ellos, buscando transformar sus emociones más profundas, aquellas que no encuentran otro cauce de expresión que la violencia. Hay que trabajar poniendo todos los recursos posibles para construir en los niños subjetividades igualitarias, subjetividades no cosificadoras, subjetividades empáticas y cuidadoras y para apoyar el trabajo de los hombres rebeldes al patriarcado.

Las mujeres ya hemos cambiado (aunque quede mucho por hacer) ahora es necesario que cambien también ellos, los hombres igualitarios son todavía una minoría. Pero el cambio no vendrá solo con intervenciones educativas en los niños. Vivimos en un orden disociado en el que por una parte luchamos contra el patriarcado y por la otra lo alimentamos de múltiples maneras. Sigue formando parte de esta lucha, por tanto, la denuncia de las costumbres, las instituciones, los discursos, los artefactos culturales, los privilegios, en definitiva, que contribuyen a reforzar la desigualdad. En muchas ocasiones seguimos denunciando los efectos, las consecuencias más evidentes del patriarcado, pero no penetramos con la suficiente profundidad en aquello que lo sustenta y lo reproduce, en aquello que contribuye a que los hombres no estén cambiando al ritmo que necesitamos.   

Pero también tenemos que esforzarnos en cambiar guiones que parecen escritos en piedra, pero que sirven para ocultar la verdad, y el de la epidemia de violaciones es uno de ellos. Las feministas tenemos que movernos en un difícil equilibrio entre la denuncia permanente y el miedo y su gestión social. El otro día aparecía en la televisión el siguiente titular en La Sexta: “Las violaciones se disparan en España: se denuncian seis agresiones sexuales con penetración cada día. Los datos que comparte el Ministerio de Interior son el reflejo de la grave situación social. En lo que llevamos de 2021 se han denunciado un total de 1.601 violaciones”. Además de que hay tantas violaciones ocultas que cuando se denuncian más puede parecer una epidemia, ¿a qué situación social de refieren? ¿al patriarcado? No lo creemos. Más bien pretenden hacerlas aparecer como si las violaciones fueran consecuencia de la acción de un gobierno o de una situación económica y no consecuencia del patriarcado mismo. Es el miedo de las mujeres utilizado con fines políticos espurios, nada nuevo y nada bueno.

Las feministas tenemos que tener cuidado con la gestión social y política del miedo porque este busca limitarnos y coartar nuestro derecho a ocupar todos los espacios y porque se buscan también reacciones viscerales y nada feministas a ese miedo. Tenemos miedo porque somos socializadas en él, y porque las agresiones graves en la calle, que sufren un número pequeño de mujeres, son un aviso para todas; tenemos miedo porque es verdad que es algo que nos puede ocurrir a todas. Esto nos sitúa en una situación perversa. Se crean las condiciones para que tengamos miedo y después somos nosotras las que tenemos que cuidarnos, las que tenemos que protegernos. Nos limita, nos controla, nos infantiliza. Y el miedo también es un arma que utilizan contra nosotras aquellos que no nos quieren libres, sino encerradas; al tiempo que lo convierten también en arma de otras batallas sociales conservadoras o reaccionarias.

Es verdad que hay un aumento de un 9% en las violaciones denunciadas, pero también es verdad que la mayor concienciación puede hacer que haya más denuncias. Y, en todo caso, estas cifras escalofriantes siguen magnificando la figura del hombre en un callejón oscuro, una figura que pretende vetar nuestra presencia en el espacio público, mientras que se sigue invisibilizando el verdadero guion de las violaciones, de las que más del 80% son causadas por hombres conocidos de las víctimas. Y, más aún, que la mitad de este 80% se ejercen sobre niños y niñas menores, víctimas de una violencia sexual intrafamiliar de la que todavía no nos atrevemos siquiera a hablar claramente. La frase “Sola y borracha quiero llegar a casa” es un grito de justicia del movimiento feminista en todo el mundo que pone el foco donde hay que ponerlo.