Las tecnologías de inteligencia artificial (IA) han emergido con fuerza durante los últimos años llegando a convertirse en el foco de acaloradas discusiones no solo en el ámbito tecnológico, sino también político, académico, filosófico y la esfera pública en su conjunto. Las promesas de mejora y progreso que se atribuyen a la IA se entremezclan con las preocupaciones que generan los posibles riesgos que estas tecnologías pueden producir tanto a escala individual como en el conjunto de la ciudadanía y los sistemas democráticos.[1]

Aunque estos debates son útiles y sin duda necesarios, casi todos ellos asumen 1) que la adopción de la IA es inevitable y 2) que estas tecnologías son neutrales y sus efectos nocivos o beneficiosos dependen del uso que se haga de ellas. En este artículo abordamos brevemente tres grupos de problemas éticos –privacidad, autonomía humana y libertad; sesgos, discriminación e igualdad; y crisis ecosocial– que surgen en torno a la IA y que, de distinto modo, ponen de relieve como estas tecnologías, lejos de ser neutrales, son inherentemente políticas y, por tanto, su adopción responde a un compromiso con ciertos proyectos ideológicos[2]. Desde esta perspectiva la IA no es un conjunto de tecnologías neutrales, sino una industria que se vale de la extracción y explotación no solo de los recursos naturales, sino también de nuestros datos y nuestros cuerpos.

 Algunos problemas éticos de la IA

Privacidad, autonomía humana y libertad. Una de las componentes esenciales que necesita cualquier sistema de IA para poder funcionar son los datos. Los datos son la información, la experiencia si usamos una metáfora humana, de la que se nutren los algoritmos (los sistemas de reglas) que permiten que la IA funcione. Grosso modo, podríamos decir que los algoritmos aprenden de los datos a extraer las relaciones y los resultados más probables. Identifica patrones que se encuentran presentes en los datos y así puede hacer estimaciones precisas. Por este y otros motivos la recopilación de datos es una práctica que tiene lugar diariamente de forma masiva y que nos afecta a todos.

En este contexto, muchos planteamientos éticos vinculados a la recopilación explotación y uso de los datos se plantean en relación con los problemas que estas prácticas pueden suponer, primero, para la privacidad. Los datos que se recopilan a través de nuestros relojes inteligentes, el consumo de películas y plataformas en streaming, etc, pueden contener y eventualmente revelar información extremadamente privada sobre nuestras vida como nuestra orientación sexual[3], nuestras prácticas sexuales, nuestra vida sentimental, familiar, y muchas otras cuestiones que con casi toda seguridad no compartiríamos con una persona de poca confianza y, aún menos con un extraño[4].

Pero los problemas relacionados con los datos también pueden producir problemas en relación con la autonomía humana y la libertad individual. En relación con la autonomía humana el problema se encuentra relacionado con la pérdida de la capacidad para pensar y tomar decisiones por nosotros mismos en una sociedad donde el uso de algoritmos de IA es cada vez mayor. Pensemos que cuando Netflix o cualquier plataforma de streaming nos hace una recomendación sobre qué película o serie podríamos ver, casi automáticamente desaparece un abanico entero de posibles contenidos que podríamos haber elegido si hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos hecho la selección. El problema aquí no es tanto que la recomendación en base a nuestras elecciones previas, sino nuestra predisposición a mantenernos dentro de las películas seleccionadas por el algoritmo.

En el caso de las plataformas de streaming esto puede ser algo anecdótico, pero ¿qué sucedería si este tipo de sistemas se usaran para recomendarnos que nuevos productos disponibles en el supermercado nos gustarán más en base a nuestras preferencias alimenticias? ¿Y si las recomendaciones fueran sobre qué carrera estudiar, qué universidad elegir, dónde veranear o con quién tenemos más posibilidades de construir una relación sentimental duradera? Nuestra tendencia no solo a considerar, sino en muchos casos a adoptar las recomendaciones de la tecnología puede resultar muy problemática si el número de ámbitos en los que estas actúan aumenta. Aunque seamos nosotros los que creemos tener la última palabra, lo cierto es que este tipo de recomendaciones acotan nuestro rango de actuación y en muchos casos eliminan siquiera la posibilidad de plantearnos otras preferencias, caminos y/o alternativas que rompan con ese sendero que los algoritmos marcan a partir de nuestros gustos previos.

Además de la pérdida de autonomía humana, la recopilación y uso masivo de datos también puede afectar a la libertad individual. En la tradición liberal que predomina en los países occidentales la libertad se entiende como la ausencia de interferencia para actuar de la forma que nosotros consideramos más adecuada siempre y cuando esta se mantenga dentro de los límites que permiten la convivencia dentro de una comunidad política[5][6]. Para ejemplificar como la IA afecta a esta idea de libertad normalmente se recurre al uso que hace China de estas tecnologías. El sistema de crédito social chino funciona a través de la recopilación de ingentes cantidades de datos sobre sus ciudadanos para sancionarlos o premiarlos en función de cómo de “cívica” haya sido su conducta. Así, por ejemplo, a los ciudadanos que hayan acumulado una serie de faltas, como ausencias a citas médicas o cruzar la calle con un semáforo en rojo, puede llegar a prohibirles realizar vuelos internacionales[7]. En este sentido, resulta evidente como ciertas formas de uso de nuestros datos puede entrar en conflicto con la libertad individual de las personas.

Aunque en Europa este tipo de sistemas estarán prohibidos según la regulación de IA[8], cabría preguntarse hasta qué punto, por ejemplo, el uso de sistemas de IA para determinar a qué personas se les otorga un crédito bancario y a quiénes se les deniega, controlar las fronteras, otorgar visados, etc., constituyen o no actos contrarios a la libertad. Si atendemos a otras formas de entender la libertad que se salgan del marco del liberalismo como, por ejemplo, la que se maneja dentro del marco del republicanismo donde la libertad no se entiende con relación al individuo, sino a la comunidad en su conjunto[9], entonces encontramos que es posible que los sistemas de IA preserven la libertad individual, es decir, no interfieran en nuestra vida, y, sin embargo, no nos permitan ser ciudadanos libres[10].

El concepto de libertad como no dominación que opera en el seno del republicanismo muestra cómo, a ojos del liberalismo, un esclavo podría ser considerado libre si tuviera un amo muy bueno que le permitiese hacer lo que quisiera. El hecho de que el esclavo elija sus actos no le hace menos esclavo, pues siempre se encuentra bajo el control de su amo. En este sentido, el republicanismo y sus versiones contemporáneas ofrecen unas nuevas lentes con las que problematizar la IA y ser más críticos con estas tecnologías. Estas reflexiones apuntan a que aún en aquellas circunstancias en las que la IA no llegase a interferir directamente en nuestra vida, el hecho de que estas tecnologías se materialicen en todos los ámbitos de nuestra vida convierte a las empresas que recopilan nuestros datos en dueños de nuestras vidas. En el capitalismo de la vigilancia en el que son otros los que disponen de nuestros datos y los que eligen cómo y cuándo usarlos, nosotros, la ciudadanía, dejamos de ser libres[11].

Sesgos, discriminación e igualdad. En relación con los datos no solo importa cuántos datos se recopilen. También hay problemas éticos que surgen en función del tipo de datos que se usen para nutrir los sistemas IA. Como mencionábamos en el apartado anterior la IA aprende de los datos con los que se le entrena, principalmente, buscando patrones de repetición que le permitan identificar las relaciones más probables en función de la frecuencia. El entrenamiento y uso de datos de mala calidad y poco representativos en el caso de la IA puede producir problemas de discriminación y, por tanto, resultados que generan situaciones incompatibles con la justicia entendida en términos de igualdad[12].

Los problemas de discriminación en la IA pueden tomar distinta forma y se pueden deber a cuestiones de raza, etnia, género, clase social, religión, lenguaje, etc[13]. Estos problemas se producen cuando los datos de los que se nutren los sistemas de IA no son representativos y, al contrario, tiende a sobrerrepresentar a unos colectivos frente a otros. En la medida que la IA, como sucede de manera generalizada en el ámbito científico-tecnológico, es marcadamente androcéntrica los datos suelen representar con mayor frecuencia a los hombres blancos antes que a cualquier otro grupo de personas. Así, desde que estas tecnologías han empezado a operar entre nosotros se han ido descubriendo este tipo de sesgos que generan discriminación.

Para ilustrar esta problemática podemos usar el ejemplo del sistema IA que hace unos años puso en marcha Amazon para optimizar su proceso de selección de personal y elegir a los mejores candidatos para un puesto[14]. Sin embargo, al poco tiempo de tener en funcionamiento este sistema, la compañía se dio cuenta de que a los currículums de mujeres se les asignaba, de manera sistemática, una puntuación más baja que a la de los hombres. Tras analizar qué estaba sucediendo descubrieron que en los datos con los que se había entrenado al algoritmo, que procedían de los procesos de selección de personal de la empresa durante los 10 años anteriores, había una desproporcionada presencia de hombres. Esto provocó que el algoritmo encontrase un patrón de repetición claro: si en el pasado más hombres se habían presentado para ocupar un puesto y habían sido seleccionados, entonces debe ser que ellos son más aptos para ese cargo. De este modo que cuando esta IA se puso en funcionamiento empezó a tomar la variable “hombre” como algo positivo, tal y como podría haber sido el tener más años de experiencia en un puesto similar o una formación especializada en el área de contratación.

Como hemos señalado antes, los sesgos también pueden producirse por cuestiones de raza. El proyecto Gender Shades analizó tres sistemas de reconocimiento facial y demostró como los rostros de personas negras eran identificados con menos precisión que los de personas blancas de manera sistemática. Uno de los sistemas, desarrollado por Microsoft, identificaba correctamente el 100% de las caras de hombres blancos, en el caso de los hombres negros el porcentaje de aciertos era del 94%. Las cifras de IBM eran incluso peores, frente al 99,7% de hombres blancos correctamente identificados el de hombres negros era del 88%. Si al color de la piel le sumamos la variable del género, entonces la diferencia es aún mayor. Frente al 100% de hombres blanco bien identificados por el sistema de Microsoft, este solo acertaba con el 79,2% de las mujeres negras. En el caso de IBM la diferencia era del 99,7% para los hombres blancos al 65,3% para las mujeres negras.

Estos y otros ejemplos muestran como la IA está sesgada en distintos sentidos, produce situaciones discriminatorias y evidencia de falta de neutralidad. Estos problemas no son fallos o errores puntuales que se den en la tecnología, sino que son el resultado de una forma de pensar, entender y hacer ciencia y tecnología desde presupuestos marcadamente androcéntricos y blancos. La IA, como el resto de las tecnologías, ha sido (y continúa siendo) imaginada, diseñada y usada no solo en el marco de un sistema patriarcal, sino también capitalista en el que la norma, el dato estándar, es el del hombre blanco occidental. Esta realidad que permea las estructuras de la IA, y todas las disciplinas científico-técnicas, son el verdadero motivo de las sistemáticas discriminaciones y situaciones de desigualdad producidas por la tecnología y evidencia que estas son indisociables de proyectos ideológicos, así como ciertos contextos políticos y sociales. Si buscamos construir sociedades justas en la que todos los ciudadanos y ciudadanas sean libres e iguales, entonces debería ser una prioridad no solo acabar con los sesgos, sino cuestionar el proyecto actual de IA. La tarea por delante no es sencilla, la igualdad en la IA no solo depende del uso de bases de datos que representen en igualdad de condiciones a los colectivos que se verán afectados por sus decisiones y/o recomendaciones, también implica revisar los propios fundamentos tecnológicos, científicos, políticos, económicos y sociales que han permitido que la IA surja con tanta fuerza y amenace con convertirse en un ser omnipresente en nuestra sociedad.

Crisis ecosocial. Desde finales del s. XX las tecnologías digitales han sido presentadas como radicalmente contrarias a las tecnologías industriales de la primera y la segunda revolución industrial y, por tanto, como limpias, respetuosas con el medioambiente, casi independientes de infraestructura y normalmente asociadas a trabajos de gran valor social que necesitan de alta cualificación. Así lo reflejan los distintos discursos sobre tecnologías como la IA que se encuentran plagados de metáforas ecológicas como “la nube”, “redes neuronales”, “montañas de datos”, “granjas de datos”, etc., que nos hacen relacionar estas tecnologías con el respeto a la naturaleza y un futuro verde[15]. Metáforas que tratan de ocultar una realidad muy distinta: que la IA, lejos de ser un ente casi etéreo similar a una nube, es tan material y contaminante como una mina.

De la mina proceden los materiales que se necesitan para fabricar las tecnologías de IA. Materiales como el cobre, el níquel, el litio, las tierras raras, etc., se han convertido en elementos esenciales cuya extracción genera un impacto ecológico tremendo y su apropiación, conflictos geopolíticos serios. Y es que, por un lado, buena parte de estos materiales críticos, también conocidos como CRM[16], se encuentran en suelo chino y ruso, así como en otros países como Brasil, India, Chile, Bolivia, etc. Solo una pequeña parte de ellos se encuentra en territorio europeo. Por otro lado, las prácticas de extracción asociadas a la minería producen erosión, pérdida de biodiversidad, devastación de la vegetación cercana, contaminación de las aguas, deforestación, etc. Además, la minería, el refinamiento de materiales, la manufactura fuera de Europa, etc., suele estar vinculada a unas condiciones laborales pésimas para los trabajadores implicados[17].

Una vez se dispone de los materiales adecuados y estos son manufacturados su transporte a Europa también produce un impacto ecológico importante. En 2017, el transporte a través de barcos mercantes, utilizados, entre otros fines, para transportar los productos y las tecnologías de IA, fue responsable del 3,1% de las emisiones globales de CO2, lo que supera, por ejemplo, las emisiones producidas por un país como Alemania[18]. Asimismo, los cables submarinos a través de los cuales se transmite gran parte de la información que necesita la IA para funcionar producen un impacto medioambiental muy alto y son una realidad normalmente opacada al hablar de IA.

La minería, el refinamiento, la manufacturación y el transporte ponen de relieve que lejos de ser realidades no contaminantes, la IA es un grupo de tecnologías que necesita de una amplísima infraestructura (mucho mayor que la de las tecnologías industriales) para funcionar. Una infraestructura que se extiende también dentro de las fronteras europeas. Los centros de datos donde se almacena la información –nuestros datos– que usa la IA también son realidades materiales que permanecen con frecuencia ocultas y que, sin embargo, consumen una gran cantidad de energía. En el año 2018, los centros de datos europeos consumieron el 2,7% de la energía eléctrica producida en la UE y las predicciones más optimistas, en el caso de que las ganancias en eficiencia energética crezcan al mismo ritmo que el consumo, estiman que este alcance el 3,21% en 2030. En el caso de que eficiencia y consumo no vayan de la mano este último podría alcanzar el 6%[19].

Y es que, ya en 2011, si la computación en la nube fuera considerado un país, esta sería el sexto país del mundo que más energía eléctrica demanda[20]. Entre 2012 y 2014 la industria de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) consumió tanta energía eléctrica como el tercer país más contaminante del mundo, solo detrás de EEUU y China[21]. También el entrenamiento de algoritmos como ChatGPT y otros grandes modelos de lenguaje consume grandes cantidades de energía que suelen ser pasadas por alto. Se estima que entrenar a ChatGPT-3 ha «generado 500 toneladas de CO2, el equivalente a ir y volver a la Luna en coche»[22]. Además, «el uso que se habría hecho de electricidad en enero de 2023 en OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, podría equivaler al uso anual de unas 175.000 familias danesas»[23], aunque se apunta que estas familias no son las que más consumen en Europa.

Finalmente, el reciclaje de los desechos electrónicos que se derivan del uso masivo de tecnología, entre ellas las de IA, no es todavía una práctica totalmente extendida en la UE. Gran parte de estos desechos se trasladan a países como Ghana o Pakistán donde son acumulados produciendo un deterioro del entorno y las especies que lo habitan a través de la acidificación de las aguas, la expulsión de gases tóxicos, la pérdida de biodiversidad, etc. Esta realidad pone de relieve una forma de funcionamiento de la IA muy distinta a la narrativa de los datos y los algoritmos que solemos escuchar. Al contrario, plantea serias dudas sobre si los discursos políticos, económicos y académicos qué presentan a la IA como una aliada fundamental para luchar contra el cambio climático están o no en lo cierto y si esta no sirve más bien para hacer greenwashing y seguir justificando y legitimando el consumo ilimitado en Occidente sin importar el impacto socioecológico que ello implique.

Conclusiones

Los problemas éticos que hemos expuesto en este texto son solo algunos de los que surgen en torno al diseño, adopción y uso de estas tecnologías[24]. La elección de estos y no otros se debe a que apuntan a problemas de fondo asociados el proyecto de IA en su conjunto, no a una simple enumeración de debates éticos que parten de la asunción de que dicho proyecto es bueno y/o deseable en sí mismo. El impacto socioecológico de la IA, junto a sus implicaciones para la libertad, las mujeres y otros colectivos vulnerables, pone de relieve que estas tecnologías son mucho más que sistemas enfocados a tomar decisiones iguales o mejores que las humanas, sino que más bien constituyen una idea, una forma de entender y ejercer el poder, una infraestructura y una industria extractivista de nuestros de recursos naturales, nuestros datos y nuestros cuerpos. En este sentido, la reflexión ética y política sobre la IA nunca debería limitarse a asumir los marcos tecnooptimistas que se nos imponen dentro del capitalismo y, más bien, debería a apuntar hacia como construir futuros ecológicos y socialmente justos en los que la tecnología no sea la única solución a nuestros problemas y la vía preferencial hacia el progreso.

Referencias:

Este texto forma parte de la colaboración entre ESPACIO PUBLICO y FUHEM ECOSOCIAL. Fue publicado en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 164, invierno 2023/2024, pp. 33-43.

[1]Mariarosaria Taddeo y Luciano Floridi, «How AI can be a force for good», Science361(6404), 2018, pp. 751-752.

[2] Langdon Winner, El reactor y la ballena, Gedisa, 2013.

[3] Ryan Singel, «Netflix Spilled Your Brokeback Mountain Secret, Lawsuit Claims», Wired, 17 de diciembre de 2009.

[4]Carissa Veliz, Privacidad es poder, Debate, 2021.

[5] John Stuart Mill, Sobre la libertad, Alianza, 2013.

[6] Isaiah Berlin, Sobre la libertad, Alianza, 2017.

[7] Charlotte Jee, «China’s social credit system stopped millions of people from buying travel tickets», MIT Technology Review, 4 de marzo de 2019.

[8] Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo, «La regulación europea de la IA», ABC, 21 de marzo de 2023.

[9] Quentin Skinner, Liberty before Liberalism, Cambridge University Press, 2012.

[10] Filip Biały, «Freedom, silent power and the role of an historian in the digital age–Interview with Quentin Skinner», History of European Ideas, 48(7), 2022, pp. 871-878.

[11] Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, Paidós, 2020.

[12] Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo, «Sesgos de género en la inteligencia artificial», Revista de Occidente, 502, 2023.

[13] Naroa Martinez y Helena Matute, «Discriminación racial en la Inteligencia Artificial», The Conversation, 10 de agosto de 2020.

[14] Jeffrey Dastin, «Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women», Reuters, 10 de octubre de 2018.

[15] Allison Carruth, «The digital cloud and the micropolitics of energy», Public Culture26(2), 2014, pp. 339-364.

[16] De sus siglas en inglés Critical Raw Materials.

[17] Kate Crawford, Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence, Yale University Press, 2021.

[18] Zoe Schlanger. «If Shipping Were a Country, It Would Be the Sixth-Biggest Greenhouse Gas Emitter», Quartz, 17 de abril de 2018.

[19] Francesca Montevecchi, Therese Stickle, Ralph Hintemann, Simon Hinterholzer, Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market, Comisión Europea, 2020.

[20] Tom Dowdall, David Pomerantz y Yifei Wang, Clicking Green. How companies are creating the green internet, Greenpeace, 2014.

[21] Adrián Almazán, «¿Verde y digital?», Viento Sur: por una izquierda alternativa, 173, 2020, pp.61-73.

[22] Manuel Pascual, «El sucio secreto de la Inteligencia Artificial», El País, 23 de marzo de 2023.

[23]Ibidem

[24] Mark Coeckelbergh, Ética de la inteligencia artificial, Catedra, 2021.

Los economistas han preferido, en general, utilizar el término economía de la defensa para referirse al entramado económico militar, aunque, para ser más precisos, también podría calificarse como economía de guerra, pues no cabe llamarse a engaño, todo ese entramado no tiene otro cometido que prepararse para hacer la guerra, ya sea defensiva con el fin de evitarla mediante la disuasión, argumento este utilizado por los Estados para justificar su fuerza militar; u ofensiva para llevar a cabo intervenciones militares en otros países. Aunque cierto es que la denominación de economía de guerra se utiliza solamente cuando los Estados ponen toda la producción económica de la nación al servicio de la guerra, como así ha ocurrido en todas las grandes guerras. Pero aquí se utilizará la denominación Ciclo económico militar o Ciclo armamentista,[1] pues resulta más apropiado para describir todo el conglomerado económico que rodea toda la economía militar.

Esta denominación resulta más acertada porque el concepto de ciclo describe con mayor acierto el itinerario por dónde discurre la economía militar desde su nacimiento hasta su finalización. Este ciclo se inicia siempre de las manos del Estado con la aprobación de los créditos destinados al Ministerio de Defensa para el mantenimiento de las fuerzas armadas. Créditos que se reparten entre los salarios del personal militar, el mantenimiento de servicios, instalaciones e infraestructuras, la investigación y desarrollo (I+D) de nuevas armas y equipos, y los destinados a pagos a las industrias militares que producen y suministran las armas al propio Ministerio de Defensa; mientras que otra parte de su producción irá a la exportación bajo el control del Estado que regula el comercio de armas.

Así, cuando se habla de economía militar con referencia al gasto militar, las fuerzas armadas, la I+D militar, las empresas militares, se debe prestar atención al origen de los recursos que alimentan todo ese ciclo, que no es otro que el presupuesto de defensa de los Estados, incluidas las exportaciones de armas, pues también en su inmensa mayoría son adquiridas por Estados y tan solo una ínfima parte pueden ser adquiridas en el mercado ilegal o por la población. Un Estado que financia todo el ciclo económico militar y que se retroalimenta, pues surge bajo el paraguas del Estado y acaba su periplo en manos del Estado.

Un ciclo en el que también deben tenerse en cuenta todos aquellos aspectos que condicionan ese gasto militar, desde las políticas de seguridad y defensa del Estado, que son las que determinan la estrategia de defensa nacional, las directivas de defensa y el modelo de fuerzas armadas. Doctrinas de seguridad donde se plasman cuáles son los riesgos, los posibles peligros y de dónde proceden las amenazas. Estas doctrinas, llegado el caso, se disponen en leyes, decretos y disposiciones en el ordenamiento jurídico para regular la exportación de armas y su uso. Doctrinas que también determinan el modelo de fuerzas armadas y la clase de armamentos que se deben adquirir, así como el tipo de infraestructuras e instalaciones militares que serán necesarias para adecuar la defensa del territorio y las intervenciones en el exterior.

El ciclo económico contempla todo el mantenimiento y servicios necesarios a través de empresas privadas para que las fuerzas armadas sean operativas, y que incluye la formación de los militares en academias y universidades donde se les enseña estrategias y técnicas militares para su uso en conflictos armados. En el ciclo armamentista intervienen también las entidades bancarias financiando a las industrias militares en sus operaciones y venta de armas. Estas entidades comercializan fondos de inversión donde están presentes las grandes empresas de armamentos de las que además pueden ser accionistas.

Las fuerzas armadas como medio de control económico

La mejor manera de comprender la existencia de las fuerzas armadas y el gasto que éstas originan proviene de observar cómo actúan las grandes potencias económicas en sus relaciones político-económicas con otros Estados. En la mayoría de las ocasiones vemos cómo las potencias utilizan sus fuerzas armadas para defender sus intereses particulares. Es decir, en aras de la seguridad nacional defienden los intereses de las grandes corporaciones de su propio país. A tal efecto, solo cabe observar cómo actúan EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido o Australia en la geopolítica mundial y se puede observar cómo cuando las presiones políticas no son suficientes para conseguir sus objetivos políticos/económicos utilizan la fuerza mediante intervenciones militares para así doblegar las resistencias de los países que no se avienen a sus exigencias.

Se señala a las grandes potencias porque son estas las que condicionan el incesante aumento del gasto militar mundial debido a las presiones que ejercen sobre los países que forman parte de sus alianzas, como es el caso de EEUU sobre sus aliados dentro de la organización militar transnacional OTAN. Lo mismo ocurre con China y Rusia que aunque no tengan un organismo militar similar a la OTAN sí tienen acuerdos bilaterales entre ellos y con otros países en la Organización de Cooperación de Shanghái, o de la ASEAN, otro organismo político-económico del sudeste asiático auspiciado por EEUU, con los que pretenden hacer frente a las presiones político-militares de EEUU.

Este aspecto es algo que se constata cuando se observa cómo año tras año aumentan los recursos de las capacidades militares de la mayoría de las grandes potencias y de sus países aliados. Así, de los últimos datos de que disponemos –año 2020– el gasto militar mundial según el SIPRI[2] aumentó un 2,6% respecto a 2019, alcanzando la enorme cifra de casi dos billones de dólares (1,981). Algo que contrasta con el descenso del PIB mundial para ese mismo año de un 4,4% debido a los efectos de la pandemia de la COVID-19. De ese enorme gasto militar, EEUU consume el 39%, 778.000 millones, y si se le suman los gastos militares de todos sus países socios en la OTAN, la cifra se dispara hasta alcanzar los 1,03 billones de dólares, que representa el 52% del total del gasto militar mundial. Los dos rivales estratégicos de EEUU, China y Rusia, se encuentran a una considerable distancia en gastos militares. China destina 252.000 millones de dólares y Rusia, 61.700 millones.

Menciono estos datos para demostrar quién es más responsable en la escalada militarista, aunque esto, desde luego no disculpa a sus competidores que siguen el mismo camino de aumentar sus capacidades militares en una carrera de armamentos que solo vaticina conflictos y un mayor deterioro medioambiental del planeta.

Coste de oportunidad

Se han utilizado estos datos porque el gasto militar desde la economía crítica representa una pérdida de oportunidad para el desarrollo económico-social, pues si esos mismos recursos públicos en lugar de ser destinados a una economía ineficiente se dirigieran a la economía del ámbito civil, la real, la productiva, o a ámbitos sociales como la educación o la sanidad contribuirían mejor al desarrollo de la comunidad donde se llevan a cabo.

Los argumentos de quienes han estudiado este desajuste,[3] aducen, que el gasto militar genera endeudamiento del Estado, a lo que añaden, que si esos recursos monetarios, de bienes de equipo, de conocimientos tecnológicos y de mano de obra que consumen los ejércitos y la producción de armamentos se destinaran a sectores civiles generarían mayor empleo, así como manufacturas y servicios más competitivos. Esto es debido a que las armas deben ser consideradas productos ineficientes porque no son bienes de consumo, ni tienen valor de cambio pues no entran en los circuitos de intercambio, es decir, en el mercado, convirtiéndose tan solo en bienes de uso para los Estados que son sus principales consumidores, pero sin valor social para la población.

Un arma, como cualquier otro producto, en el proceso de producción necesita de inversiones en I+D y de capital, de otros productos manufacturados y de mano de obra asalariada. Entonces, la producción del arma beneficia tanto al trabajo como al capital (obrero y patrón), y entre ellos se producirá una conexión de intereses; el trabajador necesita el salario, el patrono desea extraer plusvalía del trabajo. Esto explica, cuando aparecen crisis, cómo los trabajadores de las industrias militares salen en defensa de sus puestos de trabajo sin tener en cuenta cuestiones humanitarias o de clase, ya que las armas que fabrican pueden ser utilizadas en guerras donde los obreros se enfrentarán entre sí rompiendo el principio de solidaridad internacional del que se supone deberían ser defensores, y donde, además, causarán un enorme sufrimiento a las poblaciones que padezcan las guerras.

Esta descripción económica, desde un punto de vista keynesiano, como cualquier otra forma de trabajo, mejora la economía, pues el trabajo comporta salario y este favorece el consumo y el crecimiento de la economía. Sin embargo, no aportan ingresos al Estado a través de los impuestos, pues este no los paga. Este periplo económico que para los keynesianos es beneficioso para la economía, no lo es para la economía crítica (Melman, Leontief…), incluidos los partidarios del decrecimiento, que niegan a las armas su carácter benéfico debido a que al ser adquiridas por el Estado no tienen valor social al no circular por el mercado como la gran mayoría de los productos, pues, como ya se ha indicado, la ciudadanía no puede adquirir un avión de combate o un buque de guerra que solo adquieren los Estados, y tan solo una pequeña parte de las armas, las ligeras, pueden ser adquiridas por la población, con enormes restricciones en la mayoría de los países del mundo.

Empero, aquí no se defiende el crecimiento económico per se, sino que debe entenderse que hay otros ámbitos de la economía donde los recursos destinados al armamentismo y al mantenimiento de los ejércitos pueden ser más beneficiosos para la sociedad sin necesidad de agravar la crisis ecológica que vive hoy el planeta.

Esta consideración es pertinente si se tiene en cuenta el gran impacto medioambiental de las emisiones de CO2e que producen las fuerzas armadas y la producción militar. Así, desde el punto de vista de la huella ecológica, las emisiones gases de efecto invernadero (GEI) de los ejércitos son una de las causas más importantes del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y de la reducción de los recursos fósiles no renovables que alimentan la crisis ecológica, y que anuncian, si no se pone remedio, el colapso de la biosfera.

Como ejemplos: la primera potencia militar mundial, EEUU, con sus casi dos millones de militares, su presencia militar en las más de 700 bases que tiene repartidas por todo el mundo y su participación directa en conflictos armados, entre 2010 y 2017 tuvo una media anual de emisiones de 527 millones de toneladas de CO2e, muy superior a la de países pequeños y algunos medianos [4]. Aunque a distancia de EEUU, la huella de carbono del sector industrial/militar y de las fuerzas armadas de los 27 países miembros de la Unión Europea en el año 2019 fueron estimadas de 24,8 millones de tCO2e[5], que equivalen a aproximadamente a las emisiones anuales de 14 millones de coches[6].

La dimensión económica del militarismo

Una aclaración conceptual. El militarismo es una ideología que se da mayormente en el interior de las fuerzas armadas, aunque también en algunos ámbitos de la sociedad civil. Tiene como objetivo imponer la resolución de los conflictos mediante el uso de la fuerza militar y desestimar otros medios no cruentos. Su cometido principal es presionar al poder civil para que aumente las capacidades militares de los ejércitos, que siempre se traducen en aumentar la adquisición de armamentos, mejorar las infraestructuras y el adiestramiento de los militares. En el caso de España, ese militarismo tiene un añadido: la pervivencia en el interior de la estructura militar de la ideología antidemocrática de la dictadura franquista, que impregnó toda la estructura militar durante los cuarenta años de dictadura donde los militares gozaron de múltiples privilegios que aún persisten, y que a menudo reaparece en declaraciones públicas de algunos de sus miembros.

Tal militarismo se puede constatar en el Estado español en el presupuesto del Ministerio de Defensa, con la adquisición de los grandes Programas Especiales de Armamentos (PEA). Los PEA tienen su aspecto más controvertido en lo referente a la necesidad de algunas de esas armas que no se justifican de acuerdo con las inseguridades que señala la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN).

Los PEA se iniciaron en 1996, año en el que el gasto militar del Estado español fue de 12.551,7 millones de euros corrientes y que en 2022 será de 22.796 millones [7][8]. Estas cifras muestran un colosal incremento que en buena parte se debe a los enormes costes de los PEA mencionados. Igualmente, otro coste importante fue la profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas a partir del año 2001, hecho que también abrió el paso a una mayor militarización, pues un ejército profesional es más corporativo e impulsará más enérgicamente que los valores castrenses se impongan con mayor fuerza en la sociedad.

Pero volviendo a los PEA, desde su inició en 1996 hasta diciembre de 2021 alcanzan 33 grandes programas con el colosal coste de 51.664 millones de euros. Unos programas que están destinados a dotar al ejército de potentes armas de última generación para enfrentarse a desafíos en lejanos escenarios, como así indica la Directiva de Defensa del Ministerio de Defensa de acuerdo con los compromisos que el Estado español contrae con organizaciones internacionales como la OTAN, la UE o compromisos bilaterales con otros países[9]. Los PEA no obedecen a las necesidades de la seguridad de la población, pues de acuerdo con lo que indica la ESN, España no tiene amenazas que los justifiquen y, entonces, solo satisfacen los intereses del complejo industrial militar español, que no son otros que los de los accionistas y ejecutivos de las industrias militares; los altos mandos militares, algunos de los cuales acaban entrando como ejecutivos en las empresas militares, o políticos ligados al Ministerio de Defensa que también se integran en las empresas militares[10].

De acuerdo con esas premisas, algunos de esos programas no deberían haberse llevado a cabo y otros deberían haberse reducido en número de manera considerable. Por ejemplo, los blindados de combate Leopardo, Pizarro, Centauro o los actuales Dragón tienen poca operatividad, pues no existe la percepción de que España se vea amenazada por una invasión exterior. Los blindados Leopardo, debido a su peso, no pueden ser transportados en otra de las estrellas de los programas PEA, los aviones A400M, adquiridos para transportar material y tropa a largas distancias, porque solo admiten un peso de 44 toneladas. Algo similar ocurre con otras armas, como los helicópteros Tigre y NH-90, el Obús de 155 mm, el avión de combate EF-2000 y el submarino S-80. Armas para ser desplazadas a largas distancias y que no aportan nada a la seguridad de la población española, pues su seguridad está relacionada con otras amenazas de ámbito social: falta de empleo, de vivienda y diversas coberturas sociales.

Pero la militarización del presupuesto no solo se produce por los PEA; otro elemento a considerar son las propias fuerzas armadas, y no por el elevado número de militares que tiene el Estado español, 120.000, pues un ejército de reducido número lo podría ser igualmente. La militarización del ejército proviene de la Directiva de Defensa Nacional donde se enumeran cuáles son las amenazas a las que se debe hacer frente, a saber: preservar el medio ambiente frente al cambio climático, prevenir pandemias, desastres naturales, crisis humanitarias, ataques cibernéticos, migraciones masivas, crimen organizado, vulnerabilidad energética, inseguridad económica, terrorismo, proliferación de armas nucleares y hacer frente a posibles conflictos armados. A excepción del último, los conflictos armados, ante el resto de amenazas las fuerzas armadas nada pueden hacer para evitarlas. Aunque haya quien piense que sí frente al terrorismo, pero ya se ha demostrado que las fuerzas armadas nada pudieron hacer ante los ataques perpetrados en diversos lugares del mundo, ni en el 11S en 2001 ni tampoco en Atocha, Madrid, en 2011 ni en Barcelona en agosto de 2017.

Entonces, el papel que juega el ejército en España, donde la posibilidad de una guerra entre Estados colindantes ha desaparecido y donde el ejército, desde el punto de vista de la seguridad, tiene una escasa o nula función, fuera de llevar a cabo acciones de emergencia frente a catástrofes naturales (tormentas, incendios, pandemias) –que no son su función, pues deberían estar a cargo de servicios civiles y no de un cuerpo militar–, el principal papel que desarrollan es dar apoyo fuera de las fronteras españolas a los compromisos adquiridos con la OTAN, la UE o la ONU, donde a lo sumo se despliegan no más de 3.000 militares y normalmente siempre equipados con un armamento de escaso potencial en supuestas misiones de paz.

Entonces, ¿por qué no abordar en España una profunda revisión del ejército que rebaje su número y sus capacidades armamentísticas para ponerlas en sintonía con la realidad no solo geopolítica sino también con las necesidades de las poblaciones del entorno mediterráneo y europeo? Ello liberaría enormes recursos de capital que podrían destinarse a una economía más productiva y a necesidades más perentorias para las personas. Solo hay una respuesta: por la existencia del militarismo, tanto en el interior de la cúpula de los grandes partidos españoles, como en el interior de las fuerzas armadas. Las razones: los políticos, por una inercia que proviene de un pasado en el qué no se concibe un Estado-nación sin ejército; el de la cúpula militar, para mantener sus privilegios corporativos. Estos intereses combinados contaminan a la sociedad para que se mantenga un ejército sobredimensionado en número y capacidades militares, cuando la auténtica seguridad que precisa la población española está relacionada con aquellos otros aspectos que son vitales para la vida de las personas: el empleo, la vivienda, la salud, preservar el medio ambiente y las coberturas sociales.

¿Gasto militar o desarrollo humano?

Reinvertir el gasto militar en desarrollo humano es una antigua aspiración expresada en el segundo Informe de Desarrollo Humano (PNUD) de 1992, donde se señalaba que tras finalizar la Guerra Fría se estaba produciendo un descenso del gasto militar mundial y que si una parte, un 3% del total anual, se destinara a ayuda al desarrollo –entonces representaban 50.000 millones de dólares anuales– a la vuelta de diez años, se podrían eliminar las enormes desigualdades existentes en el mundo, y, en especial, acabar con la pobreza que entonces afectaba a unos 1.000 millones de personas. Esta propuesta recibió el nombre de dividendos de paz. Es decir, que la voluntad expresada en el PNUD de 1992, hoy, con el gasto militar mundial actual y aplicando una igual disminución de un 3% anual y destinándola a desarrollo humano de los países empobrecidos se podrían liberar 60.000 millones de dólares para destinarlos a eliminar las desigualdades más perentorias de los países empobrecidos. En especial, se podría acabar con el hambre, que en 2021 afecta a unos 811 millones de personas, y desarrollar la educación y una sanidad suficientes para que sus economías mejoraran.

Otra cuestión. La crisis financiera iniciada en 2008 permitió la disminución de los gastos en defensa en la mayoría de los países del mundo occidental. Por ejemplo, EEUU disminuyó en dólares corrientes su presupuesto en defensa de 752.288 millones en 2011 a 633.830 en 2015. Y España también lo redujo, pasando de 19.418 millones en euros corrientes en 2008, a 16.861 millones en 2016[11]. Si eso fue posible debido a la crisis financiera, ahora con la crisis económica producida por la pandemia de la COVID-19 y con el desafío de hacer realidad los acuerdos ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) para 2030, aprobados por toda la comunidad internacional, que para alcanzarlos tan solo se debería persistir en el camino de disminuir el gasto militar, en especial el de las grandes potencias y el de sus países aliados para convertir los dividendos por la paz en una realidad.

Unos dividendos de paz que se conseguirían mediante la reducción en adquirir armamentos y del número de efectivos militares. Desde luego no se trata de dejar sin empleo a los militares obligados a dejar el ejército o a los trabajadores de las industrias militares; existen múltiples ejemplos de conversión del sector militar industrial al sector civil, como también de reintegrar en el cuerpo estatal de funcionarios a los militares. Esto, además, contribuiría a reducir carreras de armamentos entre países e impedir posibles nuevos conflictos armados. Entonces saldríamos ganando en medio ambiente, habría mayor empleo y más recursos para desarrollo humano. Esa posibilidad existe, y, como siempre, tan solo es cuestión de voluntad política por parte de los gobiernos.

Este texto forma parte de la colaboración entre ESPACIO PUBLICO y FUHEM ECOSOCIAL. Fue publicado en PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global nº 157, pp. 61-71.

[1] Tal como la denominaba el economista Arcadi Oliveres que es quién apadrinó esta denominación. Arcadi Oliveres y Pere Ortega, El ciclo armamentista español, Icaria, Barcelona, 2000.

[2] Stockholm International Peace Research Institute

[3] Heidi W. Garret-Pettier, Job Opportunity Cost of War, Papers, Watson Institute, Brown University, 2017.  Wassily Leontief y Faye Duchin, Military Spending: Facts and Figures, Worldwide Implications and Future Outlook, Oxford University Press, Nueva York, 1983; Wassily Leontief,  Disarmament, Foreign Aid and Economic Growth, Peace Economics, Peace Science and Public Policy, vol.5 (3), 2005; Seymour Melman, El capitalismo del Pentágono, Siglo XXI, Madrid, 1976.

[4] Neta C. Crawford, Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War, Papers, Watson Institute, Brown University, 2019.

[5] Stuart Parkinson y Linsey Cottrell, (2021), Under the Radar. The Carbon Footprint of Europe’s Military Sectors, European United Left/SGR/ the Conflict and Environment Observatory, 2021.

[6] Pere Brunet, Chloé Meulewaeter y Pere Ortega, Crisis climática, fuerzas armadas y paz medioambiental, Informe 49, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Barcelona, 2021.

[7] El gasto militar aquí señalado incluye el presupuesto del Ministerio de Defensa más todos aquellos otros créditos presupuestarios repartidos por otros ministerios que son de carácter militar. Para mayor información, consultar Pere Ortega, Economía de guerra, Icaria, Barcelona, 2018.

[8] Pere Ortega, Xavier Bohigas y Quique Sánchez, El gasto militar real del Estado español para 2022, Informe 50, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 2021.

[9] No se menciona a las Naciones Unidas porque, en general, las intervenciones de los cascos azules no requieren de ese tipo de armamentos, pues sus misiones están más encaminadas a la mediación e interposición sin necesidad de armas ofensivas.

[10] Los casos más escandalosos son los de los exministros Eduardo Serra en la empresa de capital israelí Everis, afincada en España, y Pedro Morenés, después de haber estado en muchas otras industrias militares ahora lo está en Amper. Para más información, véase Pere Ortega, El lobby de la industria militar espoañola, Icaria, Barcelona, 2015.

[11] Base de datos de Centre Delàs.

Una reciente información, difundida por el Instituto Nacional de Estadística de Francia (INSEE) ha provocado inquietud entre muchos franceses y ha tenido una amplia repercusión mediática: en 2023, la fecundidad en Francia cayó a 1,63 hijos por mujer. Si el dato hubiese emanado de nuestro INE, la satisfacción, ente nosotros, sería mayúscula.

En efecto, aunque en todos los países de la Unión Europea, la fecundidad se sitúa, de forma persistente, por debajo del nivel de remplazo de las generaciones, equivalente a dos hijos por mujer, estos dos países similares y vecinos se encuentran en las antípodas. Mientras Francia lleva años como la excepción europea, rozando el nivel de remplazo[1], España ocupa el otro extremo, en pugna con Italia, con décadas en los niveles más bajos. El último dato para España estimado por la Human Fertility Database (HFDB) es de 1,21 hijos por mujer en junio de 2023.

La conexión entre neoliberalismo y descenso de la fecundidad

Francia ostenta la particularidad de ser uno de los países de la UE que más ha resistido la penetración del neoliberalismo, especialmente en lo que se refiere al debilitamiento de las políticas sociales. Por ejemplo, desde los años noventa, los intentos de reformar (recortar) las pensiones se han enfrentado a una fuerte resistencia popular, que ha conseguido frenarlos o atenuarlos.

La presidencia de Macron, el intento más intenso de imponer las políticas neoliberales, ha conseguido introducir una serie de reformas (en materia de relaciones laborales, pensiones, inmigración, por ejemplo) gracias a la mayoría absoluta, primero, y después al uso extensivo del decreto (el llamado “49.3”, por el artículo de la Constitución que lo regula), enfrentándose a una fuerte oposición en la calle (la de los “chalecos amarillos”, entre otras movilizaciones) que ha terminado por beneficiar a la extrema derecha, hoy favorita para ganar las próximas elecciones presidenciales y generales.

Uno de los efectos de esta extensión del neoliberalismo ha sido, como lo es en otros países, la disminución de la fecundidad. España, país de la UE con mayores índices de desigualdad y pobreza, en el que los jóvenes tardan más en poder emanciparse y en el que las características del empleo y de los salarios les son menos favorables, es también el país con la fecundidad más baja. Muchos jóvenes viven aún con sus padres (hasta los 30 años en promedio) porque no les alcanza, no ya para comprar una vivienda, ni siquiera para alquilar, ni siquiera compartiendo. Muchos jóvenes tardan en encontrar empleo y, cuando lo encuentran, suele ser precario y mal pagado. Estas personas se comportan con impecable racionalidad: no tienen hijos.

La extrema derecha y la vocación reproductora de la familia

Hoy, la cuestión demográfica, la baja fecundidad y la inmigración, se ha erigido en un problema político importante y en uno de los principales campos de batalla para la extrema derecha.

En materia de discurso ideológico, destaca, en particular, la pervivencia del natalismo. Este viejo conocido impregna proclamas y políticas que cuestionan y condenan toda evolución de las familias que las aparte de su vocación reproductora. Se culpabiliza al feminismo, tratándolo de “ideología de género”, y siempre considerado radical, también a la diversidad sexual, por ser antinatural. Y en el horizonte, la catástrofe, la extinción de la nación.

Este alarmismo, histriónico y agresivo (por ejemplo, cuando intentan impedir por la intimidación el reconocido derecho a la interrupción voluntaria del embarazo), se contrapone a una realidad demográfica en la que no se cumplen sus siniestros vaticinios.

Proclamas que chocan con la realidad

La población española sigue creciendo y el incremento de personas mayores no ha hecho quebrar el sistema de pensiones. Más bien ha llenado los lugares de vacaciones de nuevos turistas de temporada baja, en viajes organizados por el IMSERSO, para contento de la industria hotelera y de los propios interesados. Los mayores también ayudan a que las madres que trabajen puedan respirar un poco y no sientan a todas horas la espada de Damócles de lo imprevisto.

El discurso regresivo se expresa preferentemente mediante metáforas sin ninguna base científica, que no buscan aclarar incertidumbres, sino fomentar la inquietud en los espiritus. “Suicidio demográfico”, “Invierno o Infierno demográfico” son expresiones que apuntan a un porvenir de expiación por pecados actuales.

Sobre estas bases se construyen los discursos antigénero y antiinmigratorios de los partidos de ultraderecha que van progresivamente destiñendo en el ideario de las derechas tradicionales.

Los voceros alertan del peligro de extinción de la nación, desangrada por la baja natalidad, consecuencia de la crisis de valores que afecta a la familia, de la que acusan a la ideología de género y a las élites supranacionales. La solución, para ellos, reside en el fomento directo de la natalidad, prefiriendo las prestaciones monetarias a la extensión de los servicios, y la protección de las mujeres que acepten y ejerzan su papel de madre.

Resurgen juntos, en estos discursos, el control de la sexualidad y la prohibición del aborto, inscritos en el regimen demográfico antiguo, como medios de encauzar y mantener a la familia en la senda de la reproducción. La misma preocupación por las esencias nacionales lleva a Vox a condenar y hasta a criminalizar la inmigración, consciente de que los vacíos tienden a llenarse.

No hay que minusvalorar el peligro de involución democrática que entrañan estas críticas y propuestas. Pero hay que ver también en ellas la manifestación del desconcierto de una parte de la sociedad frente a la extensión de las libertades que contradicen los valores en que fue educada por el nacional catolicismo español.

Pudo haberse quedado en un efecto generacional si el reducto de nostálgicos no se renovara gracias a la todavía aplastante presencia de la iglesia católica, a los nocivos efectos económicos de la mundialización y a la utilización política de esos miedos por partidos como Vox y el PP, al que suponíamos mayor sensatez.

Bien es verdad que, en Europa, toda la derecha tiende a hacer suyo ese discurso, a la vez que el realismo económico favorece la llegada de inmigrantes. Un barril de pólvora.

Las teorías del Gran Reemplazo

Todo este entramado de bulos, falacias, mitos y alarmismo, al servicio de intereses políticos y financieros, ha encontrado su expresión en el lenguaje demográfico, que no en la ciencia demográfica. Los medios de comunicación manipulan con frecuencia la información relativa a los hechos de población, mediante el abuso de un lenguaje alarmista y el recurso a “expertos” que, en su gran mayoría, no son demógrafos y a menudo solo representan a grupos de presión.

El foco se dirige ahora sobre todo a la inmigración, reforzado por la visión catastrofista de la baja fecundidad. Las teorías del “Gran Remplazo” se basan en ligar la baja fecundidad, que fácilmente atribuyen a los excesos del feminismo y a la pérdida de valores, y la inmigración, que consideran una invasión que acabará sustituyendo a la población autóctona.

En este caso, la ultraderecha se limita a explotar a su favor una insuficiencia, o contradicción, importante del capitalismo actualmente imperante. La mundialización ha facilitado enormemente la circulación de las mercancías y del capital, pero impone barreras al movimiento de personas.

La propia lógica del capitalismo exacerbado conduce a restringir sin límite el coste de la reproducción tanto de la fuerza de trabajo como de los recursos naturales. Lo primero conduce a que, en los países de mayor dominio del capitalismo financiero, la fecundidad no permita ni el simple mantenimiento de la población en el ámbito cerrado del Estado-Nación. Lo segundo a que crezca la alarma ante el problema de los recursos no renovables y de que alcance el nivel de crisis aguda el deterioro de nuestro planeta, sometido a una explotación excesiva y a su uso como cloaca, sin que se asuman los costes de mantenimiento del clima, del medio ambiente y de recursos básicos como el agua.

Los negacionismos se retroalimentan

Frente a la crisis climática y medio ambiental, la estrategia de la extrema derecha, seguida por buena parte de la derecha tradicional, es un claro negacionismo. Algo de negacionismo tiene también su actitud sobre la cuestión demográfica. No reconoce que la reproducción en el ámbito cerrado de un país es hoy incompatible con la lógica del capitalismo global, a pesar de que cada vez sea más evidente que la economía y la demografía de los países más desarrollados[2] depende crecientemente de la inmigración[3].

El gran problema es que la política actual de los Estados y de la Unión Europea en materia de inmigración acredita la influencia creciente de las tesis de la extrema derecha. Todas estas políticas se orientan a dificultar la entrada de inmigrantes y sus condiciones de vida en el país de “acogida”.

Debe reconocerse una cierta coherencia a la posición de las derechas, orientada por la nostalgia de un sentimiento nacional y de unos valores, cada vez menos presentes en la realidad económica y en la vida de los ciudadanos.

Las dificultades de implantar un discurso de izquierdas

Frente a ese sinsentido que, a pesar de todo, consiguen rentabilizar, la izquierda, una vez más, se muestra incapaz de esgrimir un discurso propio. Dominada por la prudencia, que acaba convirtiéndose en aversión al riesgo, no se atreve a hablar claro a los ciudadanos, a explicarles que la inmigración, que se deriva de nuestra situación en un mundo global, no solo es necesaria, en las circunstancias actuales, para que la economía funcione, sino que permite que España (o cualquier otro país de sus características) se mantenga como entidad autónoma, en vez de marchitarse y perecer.

La izquierda no consigue exponer con autoridad los datos y los argumentos que muestran que la clase trabajadora no se ve perjudicada, que los inmigrantes no vienen para robar puestos de trabajo ni para acaparar las prestaciones sociales. Sin hablar de la necesidad de resaltar las ventajas de la fusión cultural, a la que un mundo globalizado está necesariamente destinado. Una vez más, la izquierda acepta un marco para el debate orientado por las ideas nostálgicas y retrógradas de la derecha, en vez de intentar imponer el suyo, basado en un análisis realista del momento actual y de las tendencias futuras.

La política migratoria es un tema particularmente difícil para la izquierda, que debe descartar la tentación de apelar a razones humanitarias.

En primer lugar, porque es una batalla perdida ante un mundo laboral atenazado por el miedo a la precariedad y los bajos salarios, que ha sido convencido de que los inmigrantes contribuyen a deteriorar aún más el mercado de trabajo. En segundo lugar, porque acoger inmigrantes sería un gesto humanitario si no se pretendiera admitir solo a los más cualificados, lo que lleva a perjudicar duramente a los países que los han formado, a pesar de contar con recursos escasos, y que más lo necesitan. También llevaría a una competencia entre países de acogida, perjudicial para todos. Una buena política inmigratoria debería conseguir integrar a personas de escasa cualificación y, para ello, promover el funcionamiento del ascensor social, de manera que la pirámide de cualificaciones y empleos se renueve por la base[4].

Las crisis migratorias evidencian el espíritu de rapiña del último capitalismo

Nos encontramos en el paroxismo de la parte más negativa del capitalismo. Por un lado, su necesidad inacabable de acumulación le lleva a la extracción de valor del consumo inevitable (vivienda, energía, comunicaciones…) además de acentuar la reducción de los costes laborales, lo que provoca un empobrecimiento creciente y un aumento de la desigualdad. Por otro lado, la resistencia a asumir los costes de la reproducción, de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, conducen a la baja fecundidad y a la crisis climática y medioambiental.

La extrema derecha no ofrece, evidentemente, ninguna respuesta eficaz ante este tipo de problemas, pero sus propuestas, que llevan todas implícito volver a tiempos pasados, tienen el atractivo de lo conocido y de lo falsamente sencillo. Sobre todo, para una población castigada en su presente y amenazada en su futuro. Sobre todo, para muchos hombres, que encuentran en ellas un alivio para su frustración frente a lo que perciben como un desclasamiento provocado, según ellos, por la “ideología de género”.

Las propuestas eficaces pasan todas por un cuestionamiento del funcionamiento actual del capitalismo y un reequilibrio de lo económico y lo social. El rendimiento a corto plazo del capital financiero no puede ser el único objetivo de toda la sociedad. La extinta socialdemocracia había encontrado una modalidad aceptable de convivencia entre el objetivo instrumental de maximización del beneficio y la necesaria cohesión social, condición de continuidad del conjunto de la sociedad, incluida la actividad económica. Sin pretender volver a lo que destruyó la contrarreforma neoliberal, es necesario, para abordar cualquiera de los grandes problemas actuales, potenciar el Estado y promover como prioridades la cohesión social y la protección del planeta. Un programa difícil de llevar a cabo en las circunstancias actuales.

NOTA DEL AUTOR. Algunas de las ideas contenidas en este artículo provienen de una reseña, redactada por el autor, del libro: Domingo, Andreu (ed.) (2023)  La coartada demográfica, Icaria, Barcelona, y pueden estar influenciadas por su contenido.

[1] En el que también se encuentra Irlanda ahora, en su trayectoria de caída de la fecundidad. Un caso muy distinto al de Francia.

[2] Llamar “desarrollados” a países que, a pesar de un elevado PIB medio por habitante, mantienen una población creciente con bajos ingresos y precariedad, es ya una burla insostenible. Entendemos aquí por “desarrollados”, a falta de otro término, aquellos países con mayor penetración del capitalismo financiero actual.

[3] Fernández Cordón, J.A. (2023) “La inmigración, clave del nuevo equilibrio demográfico” en Economistas Frente a la Crisis.

[4] Este fue el modelo catalán de integración de los inmigrantes del resto de España, analizado por Anna Cabré en su tesis doctoral: “La reproducció de les generacions catalanes 1856-1960”, en 1989.

El arroyo estaba seco, por primera vez. Ya no había agua para lavar, ni para bañarse, ni para echar carreras de palos flotando. No había agua que acariciara el cuerpo de Belén.

Extracto del relato “Agua” de María González Reyes[1]

La crisis del agua en el Estado español se reflejó a través de tres imágenes del verano pasado. En la primera de ellas se veía un terreno seco donde debería estar la laguna de Santa Olalla, en Doñana. Históricamente, siempre ha tenido agua y, por primera vez desde que se tienen registros, durante dos veranos seguidos se ha secado totalmente. El «humedal» de las Tablas de Daimiel aparecía en la siguiente imagen y sólo tenía agua en el 10% de toda su superficie. Si conserva algo de lo que fue es porque se mantiene con la respiración asistida que le dan los bombeos y el trasvase desde el río Tajo. Un parche que evita temporalmente su práctica desecación, como ya ocurrió en 2009. Por último, contemplamos un paisaje que tiene agua, pero no vida, la laguna costera del Mar Menor agonizante. La enorme carga de abonos agrícolas que recibe de su entorno ha desencadenado un crecimiento descontrolado de algas que consumen el oxígeno del agua y han provocado diferentes episodios de mortandad de peces y crustáceos.

Se trata de patrimonios naturales de gran valor ecológico que están desapareciendo y simbolizan el grado de deterioro de unos ecosistemas esenciales para la vida, también la humana. Pero lo cierto es que es una situación extendida por todo el territorio, como muestran los múltiples cauces secos de ríos y arroyos que habitualmente han llevado agua. Y también los más de 600 municipios con limitaciones y restricciones de agua para abastecimiento, principalmente en Andalucía y Cataluña, porque las reservas de los embalses estaban bajo mínimos. A ellos se suman varios centenares de pueblos en diferentes puntos de nuestra geografía abastecidos mediante camiones cisterna debido a que sus aguas se encuentran contaminadas por nitratos o plaguicidas, fruto de una agricultura cada vez más intensiva.

Con este panorama, los conflictos que enfrentan el mantenimiento de unos ríos, acuíferos y humedales vivos con los usos del agua están servidos. Como también los conflictos entre los usos del agua. Y estos se multiplican y agudizan, además, al mismo ritmo que avanza la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. No queda otra que buscar las formas para garantizar que los ecosistemas gozan de buena salud y, a la vez, puede disponerse de agua para las personas con criterios de justicia social. Ese es el núcleo de la transición ecológica en la gestión de un bien básico para la vida que es cada vez más escaso.

Los límites del agua

En la mayor parte de la Península Ibérica predomina el clima mediterráneo, es decir, la lluvia no es abundante y, además, cada cierto tiempo se producen sequías que pueden llegar a durar varios años. A estas condiciones climáticas hay que sumar en los últimos tiempos la aceleración de los efectos del calentamiento global. El incremento de las temperaturas, especialmente en primavera y en otoño, cuando hay más precipitaciones, produce un aumento de la evaporación y evapotranspiración de las plantas. Hay, por lo tanto, una mayor transferencia de agua a la atmósfera, que circula por las masas de aire hasta volver a caer en forma de precipitaciones en otras regiones. Con un mismo nivel de lluvias, un poco más irregulares, hay más agua evaporada y menos agua en los cauces y acuíferos, que es la que podemos aprovechar. En los últimos 25 años, los cauces están llevando del orden de un 15 a un 20% menos de agua.

Lo paradójico de la situación es que en este escenario las demandas para actividades económicas están disparadas. Justo al contrario de lo que debería ocurrir para garantizar que exista agua para los ecosistemas y las necesidades de la población. Al igual que en otros sectores, la rentabilidad de las empresas demanda un consumo cada vez más voraz de todo tipo de insumos y recursos. El resultado es que la sobreexplotación está a la orden del día, especialmente en los territorios donde es más limitada su disponibilidad. Como muestra el mal estado de los acuíferos del Segura, Guadiana y las Cuencas Internas de Cataluña, donde más del 50% de estas masas de agua están menguando y se están salinizando, en el caso de que sean litorales. El primer puesto en inviabilidad ecológica corresponde a la cuenca hidrográfica[2] del Segura, cuyo índice de explotación hídrica se sitúa más de tres veces por encima del valor que señala una presión elevada.

El acaparamiento de agua por parte de la ganadería industrial, de grandes empresas embotelladoras de agua y del turismo e infraestructuras de ocio despilfarradoras y elitistas, como los campos de golf y las estaciones de esquí, generan conflictos socioambientales en numerosos territorios. Pero lo cierto es que el principal consumidor es el regadío, que se lleva en torno al 85% del total del agua que se consume[3]. Y son los regadíos intensivos los principales responsables del colapso hídrico al que se encaminan muchos ecosistemas.

La extensión de cultivos de frutas tropicales en Granada y Málaga o los frutos rojos en el entorno de Doñana están esquilmando el agua de estos territorios y muestran su inviabilidad ambiental y social a corto plazo en el marco del cambio climático. También lo hace la conversión de los cultivos que históricamente han sido de secano, como los olivares, viñedos y almendros, al regadío. El crecimiento tiene tal magnitud que el principal regadío por superficie en la actualidad es el olivar, con 875.000 hectáreas; el viñedo no llega a esa cifra, pero ya se están regando casi 400.000 hectáreas, mientras que existen 150.000 hectáreas de campos de almendros en riego. Las autonomías donde más ha aumentado son Castilla-La Mancha y, en segundo y tercer lugar, Andalucía y Extremadura. Las cifras oficiales contemplan el regadío legal, pero hay que tener también en cuenta el ilegal, que se ha venido estimando entre un 5 y un 10% más de superficie. Estimaciones que se quedan cortas en el entorno de las Tablas de Daimiel, donde los pozos ilegales regaban un 30% más de superficie, y algo similar ocurre en Doñana, en el acuífero de Los Arenales (Valladolid), y en el Mar Menor (Murcia). De hecho, los pozos ilegales pueden llegar a captar anualmente en España del orden de 4.000 hectómetros cúbicos anuales, el equivalente a lo que consumen más de 40 millones de habitantes.

En el diagnóstico de la crisis faltaría por apuntar la contaminación generada por la agroindustria, que también limita la disponibilidad del agua, porque la convierte en tóxica. Es así cuando el uso de grandes cantidades de plaguicidas llega a los ríos, como es el caso del herbicida glifosato. Su utilización masiva ha tenido como consecuencia el registro de mediciones superiores a los umbrales establecidos para garantizar la salud ambiental en prácticamente todas las cuencas hidrográficas ─Tajo, Miño-Sil, Cantábrico Occidental y Oriental, Duero, Guadiana, Cuencas Internas Andaluzas, Júcar y Segura─. Y también ocurre con los fertilizantes y los purines de la ganadería industrial, que incrementan la concentración de nitratos en el agua hasta tal punto que la hacen no apta para el consumo humano, como ha ocurrido en varios cientos de municipios.

Falsas soluciones

La vía que históricamente han utilizado los gobiernos para cubrir las crecientes demandas de agua en zonas con lluvias escasas y en épocas de sequía ha sido la construcción de grandes infraestructuras. El desarrollismo español franquista tenía como una de sus políticas de cabecera la construcción de numerosos embalses, que perseguían incrementar la oferta de agua para la agricultura, producir electricidad y contratar a las constructoras cercanas al régimen en condiciones lucrativas. Aumentar el acceso de agua a base de hormigón sigue en la actualidad considerándose la solución para los problemas de escasez. Así queda patente en la extendida alarma ante la falsa demolición de presas y en la reivindicación por parte de gobiernos regionales populistas de más embalses y trasvases para conseguir más agua. El problema es que es una política que ha fracasado a la hora de evitar la crisis en la que estamos actualmente, y cualquier infraestructura que se esté planteando en los últimos años no va a “crear” agua, sino negocio a las constructoras.

Aún con 1.225 grandes embalses[4] construidos, un récord mundial, se siguen exigiendo más a pesar de que los construidos en los últimos años se han mostrado ineficaces y algunos de ellos han sido directamente claros fracasos hidráulicos. Podemos hablar del embalse de San Clemente, en Granada, cuyo suelo permeable e imposibilidad de que el río sobre el que fue edificado pueda llenarlo lo ha hecho inservible. O el proyecto de embalse de Alcolea, en Huelva, que recoge aguas ácidas de la minería, que no es apto ni para el abastecimiento ni para el regadío. A la hora de plantear este tipo de infraestructuras hay que tener en cuenta que ya no están funcionando como almacenes o reservas de agua, sino que prácticamente se han convertido en estaciones de transferencia: el agua según llega se deriva a los regadíos. Se podría decir que estamos “viviendo al día” con el agua, y la razón es que la elevada demanda de la agricultura intensiva no puede ser satisfecha con el recurso decreciente que hay en el país. Si vivimos al día con el agua disponible, en el momento en el que se producen sequías se viven conflictos socioambientales como los que han tenido lugar en estos dos últimos años.

La inutilidad de las nuevas infraestructuras hidráulicas se puede explicar por la llamada espiral de insostenibilidad de las construcciones hidráulicas. Ante una situación de elevada demanda de agua, que no es cubierta con la disponible en cauces y acuíferos, se plantea la construcción de nuevos embalses y trasvases. Si estos proyectos se aprueban, lo que ocurre es que se generan nuevas expectativas y aumenta aún más la demanda. De esta forma, una vez construidas no llegan a cubrir las demandas, porque han crecido considerablemente desde el planteamiento del proyecto hasta su puesta en marcha. Un ejemplo paradigmático en este sentido es el trasvase Tajo-Segura: cuando empezó a funcionar, las demandas de agua para el regadío intensivo en la cuenca del Segura superaban en mucho el agua que llegaba.

La construcción de desaladoras y la modernización de las infraestructuras del regadío también han sido utilizadas para intentar sortear los límites del agua. La primera opción puede servir cuando hay mayor escasez, en una situación de elevada sobreexplotación de ríos y acuíferos o en territorios que no tienen más opción. El impacto ambiental de las salmueras sobre los ecosistemas marinos y el coste económico de su obtención limita mucho sus posibilidades.

La segunda ha conseguido reducir las pérdidas de agua en redes, pero ese volumen ahorrado se ha dedicado a intensificar y ampliar el regadío existente, siguiendo la misma lógica explicada en la espiral de insostenibilidad. Por no decir que favorece a las explotaciones con mayor tecnificación, dificultando aún más la supervivencia de las pequeñas producciones. Las infraestructuras y la modernización del regadío profundizan la insostenibilidad, pero son presentadas como soluciones para no abordar la cuestión central, y de gran complejidad, que permita afrontar la crisis del agua: el decrecimiento de su uso.

Claves para la transición ecológica en el uso del agua

Reducir el consumo de agua en las principales demandas requiere de acciones sociales y políticas en tres conflictos. Uno es el freno y desmontaje de los proyectos de grandes empresas inmobiliarias, turísticas, ganaderas y embotelladoras de agua mineral. Otro es el cierre de todos los pozos ilegales, para impedir que haya empresarios puedan robar varios millones de metros cúbicos anuales, como por ejemplo ocurre en el entorno de Doñana. Y el más complejo es la reducción del regadío hasta situarse en un nivel en que se pueda mantener el caudal ecológico de ríos y acuíferos, el abastecimiento de agua potable para la población y satisfacer de forma permanente esta demanda. Un equilibrio difícil, porque habría que prescindir de aproximadamente un millón de hectáreas de regadío existente para lograr un cierto equilibrio hídrico. La dimensión de la medida tiene, sin duda, una importante repercusión social y laboral.

La Mesa Social del Agua en Andalucía, un espacio de colaboración entre organizaciones ecologistas, sindicales, agrarias, ciudadanas y científicas, ofrece algunas claves a tener en cuenta. Entre ellas, la necesidad de definir prioridades en el decrecimiento del regadío con criterios ambientales y sociales, lo que podría plasmarse en el cierre de las explotaciones más intensivas y orientadas a la exportación. Por ejemplo, los olivares y viñedos en regadío intensivo, que, además, generan muy poco empleo. De hecho, el paso de olivar de secano a este formato de regadío reduce sustancialmente la mano de obra contratada. Igualmente, la reconversión de las hectáreas dedicadas a frutos rojos y frutas tropicales en Andalucía hacia explotaciones agrarias que puedan sostenerse con una cantidad de agua drásticamente menor. La reconversión que se plantea tiene que conseguir un empleo digno a jornaleras y jornaleros, para acabar con la situación de explotación laboral en la que viven actualmente. A la vez, hay que tener cuidado con las operaciones de cesión de derechos de agua que favorecen el mercadeo de agua. Si se reduce el agua que se consume, habría que evitar su venta a otros usuarios: necesitamos que su gestión no sea privada, sino pública.

Otra de las claves es planificar la reducción del regadío a través de un reparto social del agua, esto es, modular las dotaciones para que el agua disponible asegure la supervivencia de las explotaciones agroecológicas y de aquellas que son pequeñas y de baja huella hídrica. Con estas medidas, la idea es minimizar las situaciones en las que no exista disponibilidad de agua, una vez se mantiene el caudal ecológico y el abastecimiento a la población, para las pequeñas producciones. Y, en el caso de que se hayan recortado los usos más intensivos y de grandes empresas y aún así no haya agua para estas producciones familiares, podría afrontarse de manera participativa y colectiva cómo apoyarlas para evitar daños socioeconómicos.

Por el lado de la gestión del abastecimiento y saneamiento del agua, especialmente para evitar restricciones de agua a mucha población durante largo tiempo, se puede plantear la puesta en marcha de sistemas supramunicipales entre los principales sistemas metropolitanos y los pequeños y medianos municipios, para evitar que estos últimos sean más vulnerables a las sequías. Y en cualquier caso, blindar la función social y ambiental del agua sólo puede conseguirse con una gestión pública, transparente, con participación social en la toma de decisiones y rendición de cuentas.

Las medidas dirigidas hacia el decrecimiento/redistribución social del agua disponible deberían haberse puesto en marcha hace bastante tiempo, porque ya no hay recuperación posible tras la degradación o directamente desaparición de parte de los ríos, acuíferos, lagunas y humedales de nuestra geografía. Si no se pone freno a la sobreexplotación, el colapso hídrico que ya se está produciendo en algunas zonas puede extenderse a bastantes más territorios. La pérdida de estos ecosistemas no sólo tiene como consecuencia agravar la crisis de la biodiversidad, también se está destruyendo la naturaleza que provee de un bien básico para la vida humana. Sin los caudales ecológicos que de forma natural llevan los ríos y humedales no se puede disponer de agua de calidad para la alimentación y la salud pública. Y mucho menos para las actividades económicas. Con la desaparición de un humedal, y de la vegetación y fauna que habitan ahí, también deja de haber agua para las personas. La transición ecosocial en el uso de agua pasa, entonces, por aunar la conservación de los ecosistemas, la garantía del derecho humano al abastecimiento y saneamiento del agua y el reparto social del agua disponible para una agricultura y una ganadería agroecológica y familiar.

Notas:

Este texto forma parte de la colaboración entre ESPACIO PUBLICO y ECONOMISTAS SIN FRONTERAS. Fue publicado en el Dossier de Economistas sin Fronteras, número 52ª, invierno 2024.

[1] Yayo Herrero, Marta Pascual, María González Reyes y Emma Gascó, La vida en el centro. Voces y relatos ecofeministas, Madrid, Libros en Acción, 2019.

[2] Terreno que concentra el agua de escorrentía de las lluvias y deshielos a través de arroyos y ríos hacia un curso de agua principal que desemboca al mar.

[3] Es una cifra muy elevada y es sin tener en cuenta los retornos, es decir, el agua que vuelve a los cauces y acuíferos después de que es usada, y que en el caso del regadío es inferior al 10 %.

[4] Se considera gran embalse al que tiene una presa superior a 15 metros de altura. España es el país europeo que cuenta con más embalses y el quinto a nivel mundial.

La idea de una transición ecológica justa aparece con fuerza en múltiples discursos políticos, económicos o mediáticos. En ocasiones se alude simplemente al cambio en las tecnologías energéticas, otras veces se apela al escurridizo y ambiguo concepto de sostenibilidad. Creemos necesario definir con nitidez a qué nos referimos cuando hablamos de transición ecológica para que la nebulosa conceptual no reste valor a los debates ni efectividad a las propuestas que de forma urgente se deberían acometer. Se trata de un cambio de tal calado que no es posible aspirar a realizarlo tomando atajos. No es un camino sencillo de recorrer y es preciso abrir debates en torno al mismo.

¿Por qué hablar de Transición Ecosocial Justa?

En 2022 se cumplió medio siglo desde la publicación del Informe Meadows sobre los límites al crecimiento y los escenarios de futuro que aquel informe planteaba son ya el presente. Es preciso reconocer que, tras decenios de retórica sobre el llamado desarrollo sostenible, los enfoques adoptados no han servido para resolver los problemas ecológicos y sociales. Más bien, desde entonces, los indicadores de crisis y destrucción de la naturaleza han venido empeorando sistemáticamente.

Comienzan a evidenciarse con intensidad las consecuencias de vivir bajo un orden económico, político y cultural antagónico con los procesos que sostienen la vida. Caos climático, escasez ligada al uso irracional de bienes finitos, vulneración de la protección social -que afecta asimétricamente en función de la clase, de la edad, del género, de la procedencia-, degradación y graves ataques a la democracia, recortes de derechos sociales y económicos, guerras, migraciones forzosas, extractivismo y expulsión…

Las reacciones al momento que vivimos son diversas. Por una parte, emergen en todos los continentes expresiones de una ultraderecha populista y negacionista que defiende explícitamente salidas autoritarias, misóginas, racistas y violentas. Por otra, se asiste, salvo excepciones, a un repliegue de las izquierdas y los progresismos. No solo porque su presencia disminuya en los gobiernos, sino porque sus políticas se derechizan. El genocidio televisado en Gaza y el abandono de las personas migrantes en las vallas de la Europa rica evidencian que el deterioro de los valores fundantes de los Derechos Humanos se extiende más allá de los límites que dibuja la ultraderecha. Palestina o el Mediterráneo ponen delante un espejo que deforma la mayor parte de la política europea.

Vivimos el tiempo, nos recuerda Isabelle Stengers, de la intrusión de Gaia [1]. La trama de la vida aparece, de forma y evidente, como agente económico y político con el que no se puede negociar. Hoy, lo que está en juego es la supervivencia en condiciones dignas de la mayoría.

Los seres humanos, queramos o no, tendremos que construir la vida en común en un contexto de contracción material. El decrecimiento es, por tanto, el marco físico en el que hay que desarrollar propuestas políticas que se centren en garantizar condiciones dignas de existencia. Habrá decrecimiento material de todos modos. Puede ser un contexto monstruoso que expulse masivamente vida humana o puede alumbrar sociedades libres, justas y democráticas. Para ello, es preciso orientar democráticamente la contracción material bajo el principio de suficiencia, la redistribución de la riqueza y la prioridad radical de sostener las vidas concretas, dignas y con derechos.

Ni el presente ni el futuro están predeterminados ni escritos. Tenemos medios, capacidad y potencialidad para poner en marcha un proyecto que salga de la trampa que obliga a elegir entre economía o vida. Un proyecto político que no rehúya ni disfrace la realidad, no deje a nadie atrás y permita mirar el presente y el futuro con compromiso y esperanza.

Las reflexiones y propuestas que se realizan a continuación no son solo de la autora del texto, son el fruto de un proceso de trabajo colectivo que involucró a casi doscientas personas y que tuvo como resultado el documento de Transición Ecológica Justa para la elaboración del proyecto país de la plataforma Sumar. Este proceso se realizó a petición de Sumar y, junto con otros treinta y tres documentos, iba a constituir la base para la dicusión y elaboración de un proyecto de país a diez años. La convocatoria de elecciones anticipadas detuvo este proceso y las propuestas posteriores, en mi opinión, no responden al enfoque que se propuso. Sin embargo, el resultado del trabajo que se hizo tiene valor en sí mismo y constituye una base desde la que poder repensar cómo organizar la vida en común en este siglo crucial para el futuro de los seres humanos.

En un contexto de profunda crisis ecosocial, ¿qué es la Transición Ecosocial Justa?

Para que la idea de sostenibilidad sea útil políticamente hay que plantearse qué es lo que hay que sostener. Corremos el riesgo de que la lucha contra la insostenibilidad o la forma política de abordar el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía -tanto por la escasez inducida de bienes como por la necesidad de frenar el agravamiento del cambio climático- se centre solo en indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero o tasas de retorno energético y olvide que lo que queremos sostener, además de la vida en su conjunto, son las vidas cotidianas, concretas y vulnerables.

Judit Butler señala cómo la violencia se expresa con brutalidad cuando la sociedad se comporta como si las vidas que se pierden o sufren no merecieran ser lloradas. Siendo capaces de llorar cada vida perdida, la idea de urgencia ecosocial se amplifica. Es urgente frenar el deterioro ecológico, pero también detener las muertes en el Estrecho, el genocidio en Palestina, los feminicidios o el sufrimiento que causa el miedo, el desamparo, el hambre, los suicidios de jóvenes o la falta de techo. No son cosas incompatibles y encajarlas de forma natural en nuestras propuestas es clave para lograr un movimiento amplio y lleno de sentido para mayorías.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la Transición Ecológica Justa es el camino que hay que recorrer para aspirar a mantener vidas dignas de forma generalizada. Cierto es que quienes tienen más de lo que les corresponde han de aprender a vivir con menos energía, minerales o bienes materiales, pero si pensamos en vidas con derechos básicos, económicos y sociales, cubiertos, vidas con tiempo propio disponible, derecho al descanso, cuidados compartidos y riqueza relacional, la vida de la mayoría será, sin duda, más segura.

Llamamos Transición Ecológica Justa al proceso compartido, planificado y deseado de reorganización de la vida en común, que tiene por finalidad la garantía de existencia digna para todas las personas y comunidades, con plena consciencia de que ese derecho ha de ser satisfecho en un planeta con límites ya superados, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar para las generaciones más jóvenes y las que aún no han nacido.

Hacerse cargo de la crisis ecológica y, simultáneamente, garantizar las condiciones de vida de todas las personas implica tener en cuenta siete ideas clave interrelacionadas: la idea de límite (relacionada con el ajuste a la realidad material de nuestro planeta), la de necesidades (que reconoce a los humanos y humanas como interdependientes), la idea de redistribución (que nos permite pensar en la satisfacción de necesidades para todas las personas en un contexto de contracción material), la idea de democracia (que pone en el centro el establecimiento de debates y la llegada a acuerdos para conseguir esa transición), la idea de urgencia (que llama la atención sobre la dinámica acelerada de la crisis ecosocial y sus consecuencias), la de precaución (que tiene en cuenta que la transición se llevará a cabo en un contexto plagado de contingencias imprevistas) y la idea de imaginación (crucial para construir horizontes de deseo compatibles con el contexto ecológico en el que han de ser materializados).

Las crisis ecológica y social son dos caras de la misma moneda. Ha llegado el momento de asumir que, mientras las propuestas y “políticas verdes” sigan ancladas al viejo paradigma, no es posible iluminar caminos alternativos. Ya no se puede dilatar en el tiempo la puesta en marcha de transformaciones que corrijan las tendencias de fondo descritas, que traten de evitar los escenarios más duros que proyectan los diferentes estudios y diagnósticos, que se adapten a los cambios que han llegado para quedarse y que tengan como prioridad la garantía de derechos y la cobertura de necesidades.

Este proceso político debe cumplir, a la vez, los siguientes objetivos:

Garantizar que todas las personas y comunidades puedan disfrutar de una vida segura y digna compatible con la restauración y preservación de sus entornos sociales, naturales y territoriales.

Sin justicia no habrá transición ecológica. Si las personas se ven obligadas a elegir entre supervivencia económica en el corto plazo, y supervivencia ecológica y económica en el medio plazo, se priorizará la primera opción, volviendo cada vez más inviable la segunda. Pero sin una política que gestione la escasez inducida por una economía que desborda los límites, con principios de suficiencia y redistribución de la riqueza, será el mercado el que racione, generando cada vez más desigualdad e insostenibilidad. El desafío político es, por tanto, asegurar una vida materialmente segura, digna y percibida como vida buena, a la vez que se adaptan los metabolismos económicos a la realidad de un planeta desbordado y en proceso de cambio.

Reducir la huella ecológica del sistema económico para compatibilizar la cobertura de las necesidades sociales con las biocapacidades locales y globales y el abordaje del cambio climático.

El modelo productivo y reproductivo de nuestro país habrá de reorientarse de modo que la huella ecológica del conjunto decrezca, sea resiliente ante el caos climático y la emergencia ecosocial y cubra las necesidades sociales. El cambio deberá estar orientado por una política general de gestión integrada de la demanda en el uso de recursos básicos (energía, agua y materiales) que se articule sobre dos elementos: la eliminación del despilfarro a través de medidas de reducción (lo que significa evitar incrementar la capacidad, aunque sea con fuentes renovables, sin haber reducido previamente y de forma sustancial el consumo de combustibles fósiles) y la transformación hacia el diseño y uso en origen de materiales reutilizables (en un contexto de contracción).

Hablar de reconversión industrial inquieta después de haber vivido el desmantelamiento de sectores enteros sin alternativa para las personas trabajadoras, pero es preciso tener en cuenta que los sectores que hoy se encuentran en la cuerda floja no lo están porque se hayan introducido restricciones de carácter ambiental, sino por haberlos hecho crecer de forma irracional y por su extrema dependencia de minerales y energía declinantes y del cada vez más complicado suministro, porque se ven afectados por el cambio climático o porque van siendo menos rentables y por tanto abandonados por los inversores.

Sería un error inyectar recursos que hacen falta para transitar a otro modelo en apuntalar el actual modelo productivo durante un poco más de tiempo, y no dedicar dichos recursos a hacernos cargo de las personas que trabajan en ellos. Los sectores económicos tienen sentido por su utilidad social. A la hora de pensar en las transiciones justas, es preciso recordar que hemos de proteger personas, y eso no es exactamente lo mismo que proteger los sectores en los que trabajan.

Adaptar el universo del trabajo y empleo a las circunstancias de la crisis ecosocial y al servicio de la Transición Ecológica Justa.

La necesidad de acoplar la economía a los límites ecológicos tenderá a reducir el empleo en algunos sectores, pero también a aumentarlo en otros, sobre todo si se incorporan todas las tareas que exige una transición ecosocial y trabajos socioeconómicos ligados a la satisfacción de las necesidades que implica una vida digna.

Sacar de las lógicas de mercado la satisfacción de las necesidades básicas y desacoplar su garantía del empleo es de gran importancia a la hora de conseguir la transición del modelo productivo.

Desplegar procesos que acometan las situaciones de contingencia y urgencia derivadas de los efectos de la crisis ecológica y climática.

Todo hace pensar en la posibilidad de vivir momentos de sobresaltos y urgencias derivados de eventos climáticos, crisis económicas o de suministros, pandemias o tensiones geoestratégicas. Ante ello, y en aplicación del principio de precaución, es preciso avanzar en dos frentes. Por un lado, planificar lo que ya se conoce, para no tener que tratar como contingencia y con urgencia cuestiones que ya son tendencia estructural y se pueden trabajar con anticipación. Por otra, establecer programas de gestión de riesgos, establecer reservas de recursos y legislar para proteger a la población de lo que sí son circunstancias inesperadas o sobrevenidas.

Detener los principales procesos de destrucción ecológica, restaurar y favorecer la resiliencia de los ecosistemas clave del país y proteger la vida animal.

El despliegue de estrategias vinculadas a la Transición Ecosocial Justa crea un marco favorable para desplegar un programa ambicioso de protección de la bodiversidad y de recuperación y restauración de los ecosistemas clave en las próximas décadas, tales como el suelo, los bosques, las masas de agua dulce, los litorales y las áreas marinas marinas, los ecosistemas litorales, las zonas áridas o los agrosistemas.

El respeto a las formas de vida no humana y la protección de las mismas constituye un reto fundamental. Hay que eliminar el sufrimiento animal y ello comporta cambios sustanciales en la alimentación, en el vestido y el rechazo a la tauromaquia y a los festejos en los que se produce la tortura y matanza de animales.

Transitar hacia modelos territoriales justos y sostenibles que generen nuevas relaciones de cooperación entre los mundos urbanos, rurales y naturales.

La transición requiere una nueva relación con el territorio. La ordenación del mismo desde la escala biorregional puede permitir planificar las transiciones a partir de una mirada integral que reconecte las ciudades, los medios rurales y los espacios naturales.

Existen desafíos enormes en torno a los modelos de ciudad, en la actualidad altamente insostenibles y a la vez muy vulnerables, y de la transición justa en los medios rurales, con respeto y escucha al tejido social que los habita, de modo que resulten a la medida de las necesidades de las personas que viven en ellos.

La transición territorial descansa sobre comunidades que deben fortalecerse y cohesionarse.

Invertir en investigación y tecnociencia orientada a resolver los retos que plantea una Transición Ecosocial Justa.

Se requiere reorientar la investigación y la tecnociencia de modo que se ponga al servicio de la transición y se centre en la búsqueda de soluciones de bajo impacto ecológico, extensibles a todas las personas, fáciles de implementar y comunitarias. Hacen falta conocimiento e investigación que apoyen los propósitos de  transición justa y ajuste a los límites biofísicos en todas sus dimensiones: energética, industrial, arquitectura, transporte, etc.

Construir un soporte económico y financiero que haga viable la Transición Ecosocial

La construcción de un sistema de financiación público y robusto es crucial. En sociedades que producen dinero a una enorme escala, no se puede decir que no hay recursos para financiar una TEJ. Es una cuestión de prioridades y de redistribución.

El desarrollo de una fiscalidad verde y progresiva, la banca pública, la persecución del fraude… Una cuestión clave es dejar de financiar lo insostenible. Los recortes deben centrarse en aquello que se quiere eliminar y que contribuye a profundizar los problemas, y se debe denominar inversión a lo que sirva para apuntar hacia el horizonte que hemos descrito como meta.

La formulación de objetivos puede plantearse sin demasiada dificultad, pero supone una profunda transformación política, económica, cultural y ética que afecta a todas las esferas de la vida social. Afecta a todas las escalas territoriales y de convivencia: el hogar, el barrio, la comunidad local, el área metropolitana, la región, el estado, la escala supranacional, los movimientos sociales, las empresas, etc. Exigirá gestionar los limites, blindar derechos, reorganizar los tiempos y reordenar el territorio, establecer deberes, aprovechar los esfuerzos ya realizados en materia de política pública y el conocimiento de quienes los han realizado, cuestionar privilegios, repartir con justicia los esfuerzos y transformar costumbres e imaginarios arraigados.

Este proceso no puede hacerse de arriba a abajo sin correr el riesgo de caer en dinámicas autoritarias,  generar una respuesta social de oposición o caer en la irrelevancia y en el mero discurso verde, así que la transición debe construirse a partir de un proceso participativo y deliberativo real que le dote de legitimidad, fortalezca y apuntale las prácticas democráticas e implique una importante transformación de prioridades, deseos y valores.

Requiere de una proyección que maneje el corto, medio y largo plazo. Hay muchos problemas sociales que no pueden esperar a ser resueltos, y, cuanto más avance la crisis ecológica, más se restringen las opciones y oportunidades de actuación. Deben percibirse mejoras y beneficios desde el primer momento y a la vez ofrecer horizontes esperanzadores y desarrollar  compromisos con el legado que dejaremos a nuestros nietos y nietas.

Se precisa tener un enfoque integrador que permita gestionar límites globales y establecer prioridades, reconversiones y reducciones en muchos campos. Si se planifica la política económica, la energía, la agricultura, el transporte, la vivienda, el turismo, la educación, la fiscalidad o los servicios públicos por separado y sin atender a los objetivos para la Transición Ecosocial Justa, esta no funcionará.

Por último, hay que asumir que hoy los imaginarios sociales, especialmente en los países más ricos, se inscriben en los paradigmas del crecimiento, el consumo y los proyectos de vida individualizados, y que, sin un amplio apoyo social, es evidente que no se podrán abordar en profundidad y con urgencia los cambios necesarios. Es más, en situaciones de dificultad, la demagogia, la frustración y la proliferación de las opciones populistas y autoritarias podrían verse fortalecidas, tal y como ya está sucediendo en algunos países europeos.

La Transición Ecosocial Justa requiere abordar la disputa de la hegemonía cultural y no es tarea pequeña. Supone nada menos que reorientar los conceptos hegemónicos de producción y bienestar, seguridad y libertad, hacer visibles los límites negados, reconocer la vida humana como ecodependiente, frágil y necesitada de cuidado y protección y explicar de forma convincente, serena y motivadora la situación de emergencia y la necesidad de transformación.

El gran reto es la reorientación de las aspiraciones y deseos de una buena parte de la sociedad. La propia crisis ofrece posibilidades y resquicios desde los que impulsar este cambio cultural. Estos momentos abren oportunidades para introducir debates y defender el cambio y la audacia. Hasta el momento, las crisis han sido mayoritariamente usadas para aplicar la doctrina del shock; quizás con anticipación y preparación podamos aprender a convertirlas en palancas de seducción para la Transición Ecosocial Justa.

Notas:

Este texto se basa en el trabajo coordinado por el Foro de Transiciones para dar respuesta a la pregunta formulada durante el proceso de reflexión que condujo a la conformación de la plataforma electoral Sumar. El trabajo trataba de responder al encargo de proporcionar criterios para la construcción de un proyecto-país a diez años vista desde la perspectiva de la Transición Ecológica Justa.

Este texto fue publicado en el Dossier de Economistas sin Fronteras, número 52ª, invierno 2024.

[1]Stengers, Isabelle (2017), En tiempos de catástrofes. Cómo resistir la barbarie que viene, Ned Ediciones, Barcelona.

Si quisiéramos resumir el declive político y moral en el que se encuentra el mundo, sin duda que habríamos elegido “Gaza” como la palabra y el sitio que mejor lo representa. Sería “Gobierno progresista” si quisiéramos destacar un actor que simbolizara la verdadera excepción que representa España en estos momentos, capaz de caminar contracorriente, a favor del progreso social en un contexto de presión creciente de las reacciones ultraconservadoras. Pero, si queremos resaltar aquella idea persistente que creemos simboliza el dominio neoliberal sobre la sociedad, aquello que ha motivado nuestro trabajo desde la Fundación Espacio Público en 2023, esa sería meritocracia.

Autoayudas y coaching, por un lado, y por otro, youTubers, tictokers e influencers representan nuevos modos de ganarse la vida que han actualizado y puesto al día la meritocracia como principio definitorio de la vida de nuevas generaciones. Con otras voces y acentos, las “enseñanzas” con las que nos desayunamos todos los días insisten que, aunque estés entre los desafortunados en la lotería social y genética, si sabes lo que quieres, te levantas muy temprano y te esfuerzas mucho, no habrá obstáculo que te impida conseguir aquello que te propongas: sea lo que sea.

El éxito no exige estudios particulares ni una preparación especial, solo voluntad, decisión y autoconvencimiento. Y si uno cae, debe saber levantarse. No se necesitan especiales aptitudes para llegar a la meta, solo las habilidades que se adquieren en la lucha por la vida y las actitudes que definen al ganador.

La meritocracia se cuela una y otra vez como principio de organización y gobernanza social. Tratándose de un tema tan central, sobre el que pensamiento progresista báscula con voces a favor y en contra, merecía una dedicación especial. Y la Fundación Espacio Público configuró un programa ambicioso en consonancia con la importancia del asunto.

El título elegido para el programa se presentó en forma de pregunta “Meritocracia: ¿un principio conservador o progresista?” lo que indica ya un enfoque abierto que necesitaba organizarse suficientemente para abordar, con la profundidad y la diversidad que merece.

Coordinado por Pedro González de Molina, profesor de Geografía e Historia, el programa se inició con un debate on line que abarcó los seis primeros meses de 2023 en el que participaron 23 expertos del ámbito académico, periodístico, de la educación, de la sociología y de las ciencias políticas, con artículos de gran calado y calidad que siguen accesibles desde aquí. Y concluyó con un acto y debate presencial el 27 de junio clausurado por la directora de Público, Virginia Pérez Alonso.

La ponencia principal estuvo a cargo de Carlos Gil, Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo (Italia), con la tesis Cracking Meritocracy from the Starting Gate (2020), premiada por el European Consortium for Sociologial Research (ECSR).

El planteamiento del debate

El centro sobre el que pivota el análisis es preguntarse cómo interactúan el concepto y la práctica de la meritocracia con el principio de igualdad de oportunidades sobre las estructuras, progresivamente desiguales, de nuestra sociedad.

Para ello se señalan dos líneas de interpretación de la meritocracia que conviene no confundir: aquella que la define como mecanismo de selección en el que la asignación de las posiciones y recompensas se basan exclusivamente en el mérito del individuo. Y, de otra, la meritocracia como ideología cargada de (pre)juicios morales, convertida, de facto, en el caballo de Troya del liberalismo extremo y la legitimación de desigualdades.

Mientras la izquierda considera que el mérito como categoría de selección solo sería posible en un contexto de igualdad de oportunidades, el mensaje neoliberal tacha ese esquema como mera excusa porque, cada uno por separado, dispone ya de suficientes recursos para superar las dificultades del camino. El mensaje es, tú mismo tienes ya la solución para tus problemas y para superar las dificultades que encuentres. Y si no lo consigues, tú eres el culpable.

Si el mérito es un asunto individual y privado, el fracaso también. Es evidente que, asumido ese marco mental, no cabe responsabilizar de tu situación a las estructuras sociales ni al peso asfixiante de una explotación que ningunea a las mayorías y las conduce a sobrevivir de forma precaria.  Si no lo consigues, podrás culparte solo a ti mismo por tus malas decisiones y por tu falta de habilidad, empeño o carácter.

Meritocracia y autoculpabilidad van de la mano. Y también la explosión de las enfermedades mentales como signo de nuestro tiempo. La sublimación del mérito pasa a ser, entonces, una deriva maldita hacia los infiernos.

Principales conclusiones del análisis

La meritocracia nace en las revoluciones burguesas como oposición a la herencia aristocrática

Pedro González De Molina, señala un primer contexto histórico rastreando “en el protestantismo, trazas que son similares al discurso meritocrático, especialmente en la doctrina calvinista de la predestinación”. En esta doctrina una persona sabe que ha sido predestinado a salvarse porque tiene éxito en la vida “lo que es una señal de salvación por Dios, que es quién incita al hombre a tener una vocación profesional.”

Y recuerda que Max Weber observó en esta ética del trabajo duro y el estilo de vida frugal uno de los impulsos del desarrollo capitalista. Lo que hoy conocemos como meritocracia es también un discurso de recompensas y castigos, pero es otra “divinidad”, el mercado, el encargado de sancionarlas.

François Dubet, sociólogo francés y profesor en la Universidad de Burdeos, conecta también el nacimiento de la meritocracia con el poder creciente de la burguesía y “con las revoluciones democráticas que afirman que los individuos son libres e iguales en derechos, y deben poder acceder a todas las posiciones sociales en función de su mérito y utilidad. El mérito es un principio meritocrático nacido de la abolición de los privilegios del nacimiento”.

“La meritocracia -señala- ha estado más presente en los EEUU, una sociedad más abierta sin herencia aristocrática” mientras en Europa, donde el peso de la historia y de las aristocracias es mayor, ese canal es más estrecho y solo algunos individuos excepcionalmente meritorios podían acceder a las élites.

Por lo mismo, afirma afirma Carlos Gil, autor de la ponencia que ha abierto el debate, que el sueño meritocrático americano se parecía, en su origen, “más a la utopía socialista sin clases sociales que a las sociedades capitalistas de alta desigualdad de ingresos y riqueza heredada en las que vivimos hoy”. El sueño americano ofrece hoy una visión tremendamente distorsionada de lo posible “que no refleja los altos niveles de desigualdad realmente existentes”.

Meritocracia: un principio progresista desnaturalizado por la hegemonía neoliberal

De acuerdo con Dubet, ”el principio meritocrático es indiscutiblemente de izquierdas” pues actúa “contra la discriminación en nombre de la igualdad. Por lo tanto, es correcto luchar por la igualdad de oportunidades meritocráticas y luchar contra la discriminación”.

“Todo el problema viene de los efectos de este principio”. Efectivamente en la medida en que se asume que las becas y la educación pública garantizan unas mínimas oportunidades de origen o se popularizan los casos excepcionales en los que algunas personas llegan a lo más alto por sus méritos, es más fácil asentar la idea de que “las desigualdades finales son justas”.

Como explica Carlos Gil en su ponencia: “Poco a poco, pero sobre todo desde los años 80, la meritocracia sufrió una dulce metamorfosis hasta derivar en un sistema ideológico que justifica las desigualdades y pone el foco en la responsabilidad del individuo”.

De modo que, “en lugar de una sociedad eficiente y justa, la meritocracia derivó en una tiranía cruel y despiadada con los menos afortunados”.

La gestión del resentimiento de los perdedores alimenta la extrema derecha

Antonio Gómez Villar, profesor de Filosofía en la Universitat de Barcelona (UB), destaca en su intervención el comportamiento de la clase media ante la creciente sensación de ver frustradas su aspiración al ascenso social: “La clase media siempre consideró que los de arriba están en su legítimo derecho de estar arriba. Es una lógica de su adecuación a un sentido platónico de la justicia”, que incluye “el derecho natural a ser ricos y poderosos y el derecho a ser pobre. No cuestionan los privilegios de los ricos porque confían ciegamente en la correspondencia entre esfuerzo y recompensa. Y porque el sueño de la clase media es aspiracional: ellos también pueden llegar ahí; con esfuerzo, pueden llegar a ser lo que quieran”

La cuestión es cómo metabolizan el fracaso porque si los vencedores deben su éxito sólo a sí mismos, es evidente que los vencidos deben sus fracasos sólo a sí mismos.

Dubet resalta cómo, a partir de un determinado momento, funciona la cadena de desprecios hacia arriba y hacia abajo y como se convierte en una acción política que pivota sobre la idea de mérito y merecimiento. Una vez asumida la ausencia de expectativas, “el resentimiento se convierte en emociones políticas fundamentales. Son hostiles a las élites que tienen todo el mérito y hostiles a los perdedores que no tienen ningún mérito”. Porque son despreciados por los que están arriba, desprecian a los que están debajo, los más pobres, los desempleados, los extranjeros… El electorado de Donald Trump, pero también el de Bolsonaro y la extrema derecha europea, son la expresión de estos sentimientos de ira populistas.

La conexión entre meritocracia e igualdad de oportunidades

La enseñanza y el sistema educativo ha sido considerada siempre como el espacio principal donde se juega el principio de la igualdad de oportunidades. No en balde, como nos recuerda Carlos Gil, “el término meritocracia se acuñó como una crítica a la reforma del segregador sistema educativo inglés de 1944, que introdujo la diferenciación temprana de itinerarios curriculares —el equivalente español del bachillerato o formación profesional— basada en una prueba de cociente intelectual a los 10 años”.

Pedro Mellado, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del colectivo DIME, vincula estrictamente la meritocracia con la igualdad de oportunidades. “Los datos indican que, si tu origen socioeconómico influye de manera significativa en las posibilidades de abandono escolar, entonces no hay igualdad de oportunidades. Y si no hay igualdad de oportunidades, no se puede hablar de meritocracia”.

La cuestión es que ni hay forma de evaluar el mérito como factor aislado de otras circunstancias sociales ni hay forma de medir cuando se alcanza realmente el momento de la igualdad de oportunidades. Y entonces el espacio para lo subjetivo y la deformación ideológica se agranda. Y la igualdad de oportunidades y la evaluación del mérito se convierten en palabras vacías, incapaces de ser medidas.

Efectivamente, como insiste Carlos Gil “el esfuerzo solo podría justificar desigualdades entre personas que han nacido en las mismas circunstancias de clase y, como no podemos cuantificar todas estas circunstancias, quizá podríamos centrar nuestros esfuerzos en ofrecer más oportunidades en lugar de juzgar quién merece qué antes de ofrecerlas”.

En otras palabras, que hay que centrarse en implementar políticas públicas de redistribución económica, así como de refuerzo de los servicios públicos, para que aproximarnos a la meta en la que todas las personas tengan acceso a desarrollar su vida en las mismas condiciones. Mientras tanto, “la igualdad de oportunidades no existe, son nuestros padres”.

El territorio sanciona y agranda las desigualdades de clase

La meritocracia es una filosofía global que impregna mentes de todos los territorios y continentes. Los países del sur de Europa son acusados por los ricos del Norte de sus desequilibrios macroeconómicos por no trabajar lo suficiente.  Los pobres del mundo, hambrientos y desheredados, son acusados de ser responsables de su situación.

Ante esa evidencia, José Ariza de la Cruz, Doctorando en Sociología urbana por la UCM, afirma que: el territorio socava la meritocracia. No solo entre países. No solo entre ciudades. También dentro de estas. Vivir en un barrio o en otro afecta a nuestras posibilidades de ascender socialmente, independientemente de la renta de nuestros padres o nuestras características sociales”.

Viviane Ogou, investigadora de las relaciones UE-África y el Sahel, refuerza este aspecto mediante la conexión entre desigualdad territorial y racismo: “Hemos comprado un discurso invasivo que nos dice que tenemos que ser mejores unos que otros. Un sistema jerarquizado, basado en el capitalismo racial y con mucha violencia estructural a las comunidades del sur global”

Y concluye: ”es imposible que exista la meritocracia. Y aunque se diera la igualdad de condiciones, ¿para qué competir?”. El objetivo del ascenso social es un mito y una farsa. “Se trata de organizarnos para tener la mejor gestión social posible”. Solo de ser más libres.

He asumido la tarea de sintetizar las conclusiones de este debate realizado en el año 2023, en mi calidad de nuevo director de la Fundación Espacio Público, función que acabo de asumir. No he sido responsable, por tanto, del extraordinario trabajo coordinado por Pedro González De Molina, bajo la dirección de Orencio Osuna, anterior responsable de la Fundación, a los que felicito afectuosamente.

Para seguir profundizando, recomiendo la lectura de:

Ponencia inicial de Carlos Gil: https://espacio-publico.com/la-meritocracia-un-principio-conservador-o-progresista.

Entrevista a François Dubet:  https://espacio-publico.com/francois-dubet-la-meritocracia-es-un-principio-justo-cuyos-efectos-pueden-ser-injustos

La meritocracia educativa, el rearme ideológico neoliberal. Pedro Mellado: https://espacio-publico.com/intervencion/la-meritocracia-educativa-el-rearme-ideologico-neoliberal.

La importancia del territorio para comprender la meritocracia. José Ariza de la Cruz: https://espacio-publico.com/intervencion/la-importancia-del-territorio-para-comprender-la-meritocracia

Meritocracia contra la casta señorial. Xavier Martínez-Celorrio: https://espacio-publico.com/intervencion/meritocracia-contra-la-casta-senorial.

Crisis de las clases medias. De la promesa meritocrática al resentimiento existencial. Antonio Gómez Villar: https://espacio-publico.com/intervencion/crisis-de-las-clases-medias-de-la-promesa-meritocratica-al-resentimiento-existencial.

El mito de la meritocracia: en busca de un bien común decolonial de Viviane Ogou: https://espacio-publico.com/intervencion/el-mito-de-la-meritocracia-en-busqueda-de-un-bien-comun-decolonial.

Estoy seguro que tendremos muchas oportunidades de seguir en contacto.