¿Qué cambio económico y social se puede realizar y con qué recursos? ¿Cómo combatir la concentración de la riqueza, las desigualdades, las amenazas de las guerras y la depredación del planeta? ¿Cómo afrontar los nuevos retos que plantea la crisis energética en el Estado español y en la Unión Europea? ¿Cómo construir un modelo de sociedad más justo de “buen vivir” para todas y todos?

Para analizar estos temas contamos con la participación de técnicos, investigadores, ecologistas, periodistas, economistas, analistas, y responsables del gobierno, que aportaron diagnósticos y propuestas.

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • Marià de Delàs

    Periodista

Transición ecológica: una cuestión de justicia global y supervivencia

  • Cristina Narbona

    Vicepresidenta Primera del Senado. Presidenta del PSOE

 1. Introducción

Hace cincuenta años se celebró en Estocolmo la primera reunión de Naciones Unidas dedicada a los problemas ambientales (1). Los gobiernos escandinavos fueron los más activos a la hora de introducir tales cuestiones en la agenda internacional: sus ciudadanos estaban ya entonces concienciados y preocupados por el fenómeno de la peligrosa “lluvia ácida”, consecuencia de actividades muy contaminantes en los países de su entorno, en particular en el Reino Unido.

Ese mismo año se publicó “Los límites del crecimiento”, un informe del Club de Roma(2), encargado a diecisiete científicos del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), que predecía un colapso ambiental generalizado a finales del presente siglo, si no cambiaban profundamente las pautas de producción y de consumo del modelo económico dominante. En 2020 se habían cumplido ya buena parte de sus pronósticos, que fueron rotundamente descalificados como catastrofistas durante mucho tiempo.

Diez años antes, se había publicado “Primavera silenciosa”, de la bióloga estadounidense Rachel Carson (3). Este libro -una contundente denuncia de los riesgos de los pesticidas químicos sobre la salud- produjo un importante efecto en la opinión pública norteamericana, con efectos muy relevantes: algunos años después, se prohibía el DDT en EEUU, y se creaba la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Estos tres hechos constituyen, según mi opinión, hitos fundamentales en el inicio de lo que hoy denominamos la “transición ecológica” de la economía. Por “transición ecológica” entendemos la transformación gradual del sistema productivo, de forma que se reduzca el consumo de recursos naturales así como todo tipo de contaminación, y que se preserven y restauren los ecosistemas, hasta alcanzar una situación compatible con el mantenimiento de los principales equilibrios ecológicos.

Ello exige el uso de nuevas tecnologías, pero también un cambio substancial en los hábitos de vida, y por lo tanto un esfuerzo colectivo de máxima responsabilidad.

Los avances de la ciencia y de la concienciación ciudadana, han sido determinantes para conocer cada vez mejor los efectos de la acción humana sobre la salud del planeta -y sobre las correspondientes consecuencias para la salud de todos los seres vivos-, así como para transmitir este conocimiento a la opinión pública, incentivando su implicación.

El problema más grave es sin duda la lentitud en el necesario cambio de paradigma económico, teniendo en cuenta la velocidad de las alteraciones en los ecosistemas, -muy superior a la prevista hasta hace poco por la comunidad científica- que comportan ya situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular para los ciudadanos más desfavorecidos y para los países más pobres.

La resistencia al citado cambio es el resultado de la concentración de poder económico y mediático en muy pocas manos, lo que conlleva una gran capacidad para cuestionar la realidad de los problemas ambientales, de forma que la opinión pública llega a creer que tales problemas no son tan graves y que son, en todo caso, el precio ineludible del progreso económico y social. Todavía demasiadas personas están convencidas de que, si aumenta el PIB, se está generando riqueza y bienestar. Afortunadamente cada vez hay más baja evidencia de esta peligrosa falacia (4).

Todo lo anterior remite a la imprescindible aproximación ética al tema objeto de esta ponencia: quienes se ven más perjudicados por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, son precisamente quienes menos han contribuido a provocar dichos procesos.

En África, en el Sudeste asiático, en buena parte de América Latina y en las pequeñas islas del Pacífico, se sufren severas y crecientes hambrunas, sequías, inundaciones, elevación del nivel del mar… así como gravísimos episodios de contaminación del suelo, del aire y del agua causados por la acumulación de residuos, muchos de ellos tóxicos, procedentes de los países más ricos del planeta. Una reciente investigación (5) sobre el aumento de las exportaciones de residuos electrónicos desde el mundo más desarrollado hacia los países más pobres, pone de manifiesto la cara oscura de la supuesta “economía limpia” de la que presumimos en nuestro entorno… La transición ecológica constituye por tanto una cuestión de justicia, de “equidad global”, cada vez más evidente: el consumismo exagerado y el cortoplacismo del modo de vida occidental, afectan en particular a aquellos países de los que obtenemos materias primas -pensemos simplemente en la deforestación acelerada de la Amazonia, o en los recursos mineros que se extraen con serias consecuencias para la salud de los mineros-, y que convertimos también en nuestros vertederos.

Un ejemplo: la Unión Europea y Estados Unidos generan más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de China, durante los procesos de fabricación de productos que después se consumen en nuestros países.

Cuando hablamos de “transición ecológica”, tenemos por lo tanto que añadir “justa”, es decir acompañada por medidas específicas para evitar consecuencias sociales indeseables tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

2. Lo que la ciencia nos dice

La comunidad científica venía alertando de los riesgos ambientales mucho antes de que éstos aparecieran en la agenda política internacional. Tanto el cambio climático como el agujero en la capa de ozono habían sido identificados durante la primera mitad del siglo XX como la consecuencia de determinados gases de efecto invernadero (GEI ), en el primer caso, y de ciertas substancias químicas en el segundo. Asimismo, eran ya conocidos en esa época muchos de los efectos de la contaminación sobre la salud humana, y, de hecho, en muchos países occidentales se promulgaron leyes sobre calidad del aire y del agua potable, antes de que existieran compromisos al respecto a nivel supranacional.

La ciencia fue incorporándose gradualmente como soporte de decisiones políticas nacionales e internacionales: el caso más importante fue la creación en 1988 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPPC), impulsado por el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) y por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que está compuesto por centenares de expertos en diferentes disciplinas, apoyados por el trabajo de aproximadamente cinco mil especialistas. Los informes periódicos del IPCC -el último en 2021-(6) han ido reflejando el avance de la ciencia en la comprensión del proceso de calentamiento global, con hallazgos recientes que confirman la gravedad de la denominada “emergencia climática”. Hoy conocemos mucho mejor, por ejemplo, la relación entre el océano y la atmósfera, que actúa como acelerador del cambio climático, aumentando la frecuencia y la intensidad de huracanes e inundaciones; y también la progresiva pérdida de capacidad del océano como sumidero de GEI, a causa del aumento de la temperatura y de la contaminación en nuestros mares. Sabemos ya que la desaparición de la capa de permafrost en las regiones más próximas al Polo Norte está liberando ingentes cantidades de metano (uno de los más dañinos GEI) y provocando una peligrosa inestabilidad de los suelos, en áreas donde se ubican instalaciones industriales e incluso plantas de energía nuclear.

Lo más relevante es que -a pesar de la dificultad, reconocida por los científicos, para predecir el momento en que el calentamiento global produce efectos irreversibles-, existe un alto consenso sobre la inminencia de ese momento de “no retorno” en numerosos procesos de la vida en nuestro planeta.

La ciencia nos alerta también sobre la conexión entre el cambio climático, la degradación de los suelos, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, conexión que agrava la evolución de cada uno de estos procesos.

El equipo de científicos del Instituto para la Resiliencia de Estocolmo lleva varios años profundizando en el concepto de los “límites planetarios”, que entre otras cosas permite estimar el momento de “no retorno” anteriormente aludido, en un total de nueve procesos básicos para la supervivencia de la especie humana. (7)

El conocimiento científico ha permitido -además del diagnóstico sobre los desafíos ecológicos- el desarrollo de nuevas tecnologías más eficientes y menos contaminantes, (cruciales para la transición energética gracias al coste decreciente de las energías renovables y de la electrificación del transporte), así como de las denominadas “soluciones basadas en la naturaleza” (por ejemplo, los llamados “filtros verdes” como alternativa a las depuradoras convencionales).

De todo ello se deduce la importancia de tener en cuenta los avances de la ciencia y de la tecnología en la toma de decisiones tanto en el ámbito del sector público como del sector privado: se trata de cuestiones que afectan ya a la salud y a la seguridad de la especie humana, y que por supuesto condicionarán la calidad de vida de las generaciones futuras.

3. La concienciación ciudadana

Toda actuación humana conlleva un impacto sobre el medio ambiente. Nuestra “huella ecológica“ depende de miles de decisiones diarias: aunque esas decisiones pueden tomarse de forma más o menos sostenible, dependiendo de la regulación y de los incentivos establecidos por la legislación, hay una evidente responsabilidad individual en nuestra alimentación, nuestros modos de transporte, nuestros hábitos de consumo… e incluso en nuestras preferencias a la hora de votar a unas opciones políticas o a otras. Y es obvio que no se puede poner permanentemente a un policía detrás de cada ciudadano para comprobar la sostenibilidad de sus actos.

Hoy día las nuevas tecnologías de la comunicación permiten acceder con facilidad a toda la información disponible sobre las causas y las consecuencias de los problemas ambientales; y permiten también compartir esta información con millones de personas, facilitando un auténtico activismo global. Es una buena noticia, ya que sin una implicación mucho más generalizada de la ciudadanía en el necesario cambio de paradigma económico, dicho cambio no será viable o, en todo caso, se producirá demasiado tarde, cuando hayamos superado el punto de “no retorno” en los denominados “límites planetarios”. Los ciudadanos pueden, con sus decisiones sobre lo que consumen, cómo se mueven o cómo votan, influir significativamente en las empresas y en los gobiernos.

Desde la acción pública se puede, y se debe, incentivar la participación pública para avanzar en la concienciación ciudadana en materia ambiental. Un buen ejemplo es la puesta en marcha de la Asamblea Ciudadana por el Clima, prevista en la ley sobre cambio climático, compuesta por cien personas representativas de nuestra sociedad en términos sociales, de género y territoriales, que han presentado recientemente al gobierno sus primeras recomendaciones. (8)

4. Cómo se puede incidir desde la política para acelerar la transición ecológica. El caso de España.

Lo primero que cabe decir es que no sirve de nada promover la transición ecológica desde un ámbito específico del gobierno (local, nacional o supranacional), si no se interiorizan sus objetivos y sus condicionantes en todas y cada una de las áreas de la acción pública. De nada sirve, por ejemplo, que se incentive el ahorro y la eficiencia en el consumo de agua, si desde la política agrícola se continúa fomentando la expansión del regadío, incluso con acuíferos sobreexplotados; de nada sirve exigir responsabilidad ambiental a las empresas dentro de nuestras fronteras, si dichas empresas, gracias a los tratados de comercio y de inversión internacional, pueden deslocalizar parte de su producción hacia países con una regulación ambiental laxa… La coherencia entre las diferentes políticas es crucial para avanzar de verdad en la transición ecológica. Esa coherencia resulta menos compleja de conseguir si quien tiene la responsabilidad en materia de transición ecológica está en un nivel jerárquico superior respecto a los responsables de otras políticas sectoriales. Por eso, la decisión de crear una vicepresidencia para la transición ecológica en el gobierno de Pedro Sánchez, con capacidad para orientar decisiones de distintos ministerios, constituye un hito muy notable que debería ser replicado en las administraciones territoriales.

A nivel europeo se cuenta también con una de las vicepresidencias de la Comisión Europea con análogas competencias.(9)

Existen numerosas medidas útiles para promover el uso de tecnologías más limpias y eficientes, así como para fomentar comportamientos individuales más responsables, comenzando por la educación. Las generaciones más jóvenes ya están aprendiendo, desde muy pequeños, las consecuencias de nuestros actos sobre nuestro entorno natural; las normas vigentes sobre el curriculum educativo exigen reforzar este conocimiento, asociado al aprendizaje de valores éticos fundamentales para que esos niños y niñas sean en el futuro ciudadanos responsables respecto de su propio comportamiento y a la vez exigentes frente a empresas y a gobiernos.

El acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental son derechos incorporados a nuestra legislación desde 2006 (10), año en el que también se creó la Fiscalía especial de Medio Ambiente y Urbanismo, que cuenta actualmente con más de 170 fiscales dedicados a la prevención y persecución de los delitos ecológicos y urbanísticos.(11)

España ha consolidado un potente liderazgo a escala internacional en materia de energías renovables, gracias a una prolongada acción política desde la década de los noventa, interrumpida sólo durante las etapas de gobierno del Partido Popular, que llegó a eliminar los correspondientes incentivos en 2012, provocando entre otras cosas la pérdida de 80.000 puestos de trabajo. Actualmente se está desarrollando una ambiciosa hoja de ruta, el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC) (12), para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris sobre reducción de las emisiones de GEI, hasta alcanzar la plena descarbonización de nuestra economía en el año 2050. El PNIEC contempla además un calendario de cierre de las centrales nucleares, establecido de forma que dicho cierre se produzca cuando esté plenamente garantizado el suministro alternativo de electricidad.

El transporte (terrestre, marítimo y aéreo) es uno de los sectores donde resulta más difícil reducir la correspondiente contaminación, al consumir casi exclusivamente combustibles fósiles, causantes tanto del cambio climático como de importantes problemas de salud. La Comisión Europea está avanzando en el establecimiento de normas que, entre otras cosas, prohibirán la venta de vehículos que utilicen gasolina o diesel a partir de 2035, impulsando con potentes incentivos el vehículo eléctrico, así como el uso de biocombustibles y del transporte público.

Una de las cuestiones más complejas para el éxito de la transición ecológica en España es la política del agua, ya que todavía parte de la opinión pública (en particular en el medio rural) sigue convencida de que la simple construcción de embalses o conducciones garantiza sin límite los recursos hídricos. Lamentablemente, el cambio climático comporta ya una drástica reducción de precipitaciones que se acentuará en los próximos años, y que obliga a cambiar el enfoque de oferta hasta hoy dominante. Las condiciones climáticas exigen un replanteamiento de las actividades agrícolas y ganaderas para una mejor adaptación al cambio climático, a partir de una reducción del uso del agua para regadío, que supone en la actualidad más del 80% del consumo total del agua.

Es urgente además evitar la contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos, así como la consideración de los denominados “caudales ecológicos”, es decir del establecimiento de un volumen de agua no destinable a ningún uso consuntivo, para preservar la biodiversidad fluvial y la necesaria aportación de sedimentos y de agua dulce en las desembocaduras de los ríos, para garantizar también la estabilidad del litoral así como la biodiversidad marina.

Actualmente se están tramitando los nuevos planes hidrológicos de todas las cuencas hidrográficas, para adaptarlos a las exigencias de la Comisión Europea.

Por último,- sin perjuicio de muchas otras medidas – cabe destacar la importancia de la preservación y restauración de la biodiversidad marina, objeto de Estrategias ya aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dichas estrategias deben contribuir tambien tanto a la fijación de población en el medio rural como a la garantía de suministro de alimentos y a la prevención de enfermedades. La pandemia del COVID 19 ha puesto de manifiesto la estrecha relación existente entre nuestra salud y la salud de los ecosistemas: más del 70% de las enfermedades infecciosas son la consecuencia de alteraciones en los mismos. (13).

La existencia de los fondos europeos Next Generation supone una extraordinaria oportunidad para impulsar la transición ecológica en España, ya que el 40% de los 140.000 millones de euros concedidos a nuestro país tienen que destinarse precisamente a dicha transición. Y, lo que no es menos importante, la aplicación de la totalidad de los fondos tiene que cumplir el principio de “no regresión ambiental”, es decir que no podrán financiar inversiones que resulten perjudiciales para el medio ambiente.

Vivimos, por lo tanto, un momento excepcionalmente positivo en términos de compatibilidad entre economía y ecología. Pero no cabe ignorar el avance de planteamientos negacionistas respecto del cambio climático o de la Agenda 2030  -esa hoja de ruta, comprometida por nuestro Gobierno, que integra objetivos económicos, sociales y medioambientales con un acertado enfoque holístico-.

Notas:
(1) Cumbre de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1972. www.un.org
(2) Club de Roma, “Los límites del crecimiento”, D. Meadows y otros, Fondo de Cultura Económica, 1972.
(3) R. Carson “Primavera Silenciosa” Editorial Crítica, 1962.
(4) “Más allá del PIB”, Banco Mundial, 2021.
(5) UNICEF: "Medio ambiente e infancia” 2022 www.unicef.org.
(6) IPCC: “Sexto Informe”, 2021 www.ipcc.es , 9 agosto 2021.
(7) Instituto para la Resiliencia de Estocolmo. “Planetary bounderies”, Nature 2009.
(8) Asamblea Ciudadana para el Clima. www.asambleaciudadanadelcambioclimatico.es
(9) Frans Timmermans, Vicepresidente para el Pacto Verde Europeo.
(10) Ley 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
la participación y la justicia en materia ambiental.
(11) Incorporada en la Ley 10/2006 de 28 de abril por la que se modifica la Ley 43/2003 de Montes.
(12) Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 www.miteco.es.
(13) Fernando Valladares: “La ciencia tiene que aprenderse a hacer valer”. Ethic, 31 marzo 2022.

 

moderado por:

  • Manuel Garí

    Economista ecosocialista

  • Juan Tortosa

    Periodista

Conclusión del debate

Cuando la calefacción o el aire acondicionado se convierten en un lujo

¿Es necesario repensar la definición de pobreza energética?¿Desciende la esperanza de vida cuando se pasa demasiado frío o demasiado calor? ¿Es posible disminuir las facturas del consumo básico de energía en las familias y al mismo tiempo generar empleo? ¿Hasta cuándo va a continuar la escalada de precios de la electricidad, del gas…? ¿Es el “bono social”, tal y como está pensado, una solución?

Durante casi dos meses, Espacio Público ha mantenido en su web un debate a partir de estas preguntas que Rodrigo Moretón planteaba en su ponencia de arranque sobre la “Pobreza Energética”, un fenómeno cada vez más preocupante en nuestro país. “No debemos entender la pobreza energética como una realidad independiente del proceso de pobreza y desigualdad que se está produciendo en nuestro país”, sostiene Moretón, y en ello abunda también Cote Romero cuando apunta en su comentario que “el confort térmico es una cuestión clave que afecta a la salud de las personas (agrava enfermedades pre-existentes, por ejemplo), pero esto no impide hacer un análisis más exhaustivo de la definición de la pobreza energética: la falta de acceso a servicios de primera necesidad genera una profunda desigualdad y exclusión social”.

Guillermo Fernández Maíllo, de Cáritas y la Fundación FOESSA, expone cómo “las estrategias para la supervivencia, en el espacio de la exclusión, llegan a hacer perder la posibilidad de un proyecto vital” y por su parte Laia Ortiz, portavoz de ICV, plantea que “la mejor política para prevenir la pobreza energética sería realizar una auditoría de la deuda eléctrica, promocionar más y mejor las renovables, facilitar y promover el autoconsumo y, en definitiva, recuperar el control público y ciudadano de un sector vital para la economía que ayude a garantizar unas condiciones de vida dignas a millones de familias en este país”.

El debate presencial para cerrar el ciclo tuvo lugar el martes 28 de abril en la sede de ECOOoo. Participaronm Jorge Morales, Cote Romero, Jorge Fabra, Rosa Martínez, Rodrigo Moretón y José Vicente Barcia.

«La pobreza tiene nombre y apellidos», comenzó diciendo Barcia como moderador de la charla. “Cada vez son más los españoles que sufren pobreza energética: 4 millones de personas se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno en 2012”.

«Ya nadie se cree los cuentos chinos de las eléctricas» explicaba por su parte Jorge Morales, ingeniero y empresario defensor de un nuevo modelo energético. «Deberíamos plantear un nuevo modelo que tuviera en cuenta una definición personalizada, para que cada caso o familia pagara lo que le correspondiera sin seguir normas absurdas, y habría que definir quién está pagando esta pobreza energética», criticaba Morales. Según el ingeniero, «las empresas no están pagando el bono social, sino todos los ciudadanos en las desmedidas facturas».

«La pobreza energética es una situación insostenible e invisible«, señalaba Rosa Martínez, coportavoz de Equo, ecologista y ecofeminista. «Es muy difícil cuantificar cuánta gente da de comer a sus hijos latas en lugar de cocinar o hacen que hagan los deberes en la biblioteca porque en su casa no tienen luz», incidía.

Para la ecologista, existe una «clara falta de voluntad política por solucionar este problema, que cada vez afecta a más españoles». «Hay soluciones técnicas y tecnológicas suficientes como para hacer frente a la pobreza energética, empezando por construir o rehabilitar los edificios que no sean ecoeficientes», explicaba.

«No es normal que las empresas paguen menos que las familias» incidía Jorge Fabra, economista y referente en el ámbito de la regulación eléctrica. Fabra recuerda que según los datos de Eurostat del año 2013, todos los sectores españoles, desde el segmento industrial hasta el doméstico pagan más por sus facturas que el resto de la Unión Europea. «Por ejemplo, las rentas medias de nuestro país pagan un 26% más que la media de los europeos», citó.

A lo que se sumaba Cote Romero, directora de Ecooo: «La pobreza energética genera exclusión social y puede provocar hasta la muerte”. «La Organización Mundial de la Salud ha sacado un informe sobre cómo el 30% de las muertes en invierno es por no tener en el hogar la temperatura adecuada«.

«El problema energético ha empezado a tener importancia y peso en la sociedad por la actual coyuntura política y de crisis que estamos viviendo», decía por otro lado Rodrigo Moretón, investigador en el Instituto de Energía Solar, miembro del Círculo de Economía, Energía y Ecología de Podemos (3E) y firmante de la Ponencia. “Es un modelo social, medioambiental y económicamente insostenible”. Según Moretón, la energía solar fotovoltaica podría ser algo «peligroso o directamente un enemigo» para las grandes compañías, porque se trata de algo que proporciona independencia y autonomía a los ciudadanos».

«¿Nacionalización sí o no?». En este punto todos los miembros de la mesa parecían estar de acuerdo: «No es necesario siempre y cuando las grandes compañías cumplan y respeten los derechos de los ciudadanos, cosa que actualmente no hacen”.

Ponencia inicial

¿A quién enriquece la pobreza energética?

¿A quién enriquece la pobreza energética?

Desde un punto de vista térmico, los últimos años no han destacado por valores extremos. Las temperaturas invernales se han mantenido en torno a los 8ºC de media, que es lo habitual. Sin embargo, la sensación térmica social ha cambiado y se tiene la percepción de que los inviernos están siendo especialmente crudos. El cambio fundamental es que antes de la crisis el frío estaba fuera, pero poco a poco se ha ido metiendo en las casas. Así se ha normalizado y extendido el concepto de pobreza energética.

La primera vez que se formuló esta idea fue en 1973 con el objetivo de medir las consecuencias sociales que la “crisis del petróleo” estaba teniendo sobre la población. La definición inicial de pobreza energética se hace desde una perspectiva “térmica”, bien medida como proporción de los hogares que no pueden mantener la temperatura media en invierno entre 18ºC y 21ºC (Organización Mundial de la Salud, 1987), bien como aquellos que gastan más de un 10 por ciento de sus ingresos en asegurar el confort térmico. Además se identificaron tres factores primarios a partir de lo que se explicaba la renta de las familias, la eficiencia energética de las viviendas y los precios de la energía.

Han pasado cuarenta años desde que se propuso esta definición y en este tiempo han cambiado los patrones culturales y tecnológicos de acceso energético. Además, las condiciones socioeconómicas que marcan esta crisis son muy diferentes a las que se vivieron en los años setenta. Surge aquí una primera cuestión:

¿Es necesario repensar la definición de pobreza energética?

Por un lado, habría que incorporar todos los consumos que tienen las familias como el agua, el gas, la electricidad e incluso el acceso a internet, sin reducir el campo a lo “térmico”. Por otro, sería necesario añadir a los factores primarios la cultura energética -los hábitos- que hasta ahora solo se han tenido en cuenta como elemento para incentivar el consumo. Incorporar nuevos insumos (factores de producción) es clave, ya que marcan los puntos sobre los que dirigir el desarrollo de políticas que consigan revertir la situación.

Más allá de como la definamos, no debemos entender la pobreza energética como una realidad independiente del proceso de pobreza y desigualdad que se está produciendo en nuestro país. Se trata simplemente de una mirada desde una perspectiva “energética” a un problema estructural. Las familias que se encuentran bajo el umbral de la pobreza sufren pobreza energética, pero se hace difícil pensar que pudiese haber personas en pobreza energética que no se encuentren en un proceso de exclusión.

Desde que la crisis empezase en el año 2008 la pobreza se ha hecho más extensa. La Encuesta de Condiciones de Vida (INE) de 2013 reconoce una tasa de pobreza del 21,6% de la población de nuestro país (10 millones de personas). El informe de la Fundación FOESSA presentado recientemente amplía ese número a 11,7 millones de personas porque incorpora más factores, además de la renta. Por último el propio INE, al aplicar el indicador AROPE de la UE (que mezcla renta, número de empleos en los hogares y privación), llega hasta los 13 millones (28% de la población) en el año 2013.

En los últimos cinco años, el umbral de la pobreza ha pasado para una persona de 7.576,8 euros a 7.182,1. Una familia compuesta por dos adultos y dos menores ese techo estaba en 2010 en 15.911,2 euros; a finales de 2014 se había reducido hasta loa a 15.082, casi mil euros menos. En resumen, los “pobres” son ahora “más pobres”. La pobreza se ha hecho más crónica también porque la desigualdad se ha disparado –el índice Gini que mide la desigualdad se encuentra en los niveles de 1986- y hace que las personas que están en situación de pobreza tengan menos posibilidades de salir de su situación.

El gasto energético de las familias

Para conocer cuál es el gasto energético de las familias, lo mejor es acudir a la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) y comparar los datos del año 2006 con los de 2011. Son años en los que se ha producido un significativo cambio en el peso de las partidas de la economía de los hogares. Las que más crecieron fueron los alquileres (45%), la electricidad, el gas y otros combustibles (45%) y los servicios relacionados con la vivienda -como el agua- (31%). De media se pasó de dedicar un 4,6% del presupuesto doméstico a la energía y los suministros a un 6,5%.

Estas variaciones se deben a dos elementos diferentes. El primero es el notable incremento del precio de los insumos (materias primas) energéticos. La electricidad ha incrementado su precio en un 59,7 % entre 2006 y 2013 según el Instituto Energético de Galicia (INEGA); el precio efectivo del gas ha subido un 25% desde el año 2005. También lo ha hecho el agua y pueden servir de ejemplo los datos del Observatorio del Precio del Agua (Agència Catalana de l’Aigua) que reconoce que el precio medio que se paga por metro cúbico en Cataluña —sin las tasas municipales— se ha incrementado casi en un 44% entre 2008 y principios de 2012.

El segundo factor al que atribuir el aumento del presupuesto doméstico para la energía tiene que ver con la propia gestión de la economía familiar. La reducción de renta obliga a ajustar los gastos y a priorizar unas partidas sobre otras. Se toman decisiones que, en función de la situación serán más o menos drásticas. A la hora de atarse el cinturón una familia comenzará, por lo general, reduciendo sus costes variables: menos gasto en ocio, en ropa… Luego pasará a reducir todo lo que pueda sus costes fijos. Más tarde decidirá prescindir de aquellos servicios que parecen más superfluos, posiblemente internet.

Este proceso acaba trasladando a coste variable –del que se puede prescindir- la mayor parte de partidas que antes se consideraban coste fijo. Cuando ya no quede de donde reducir, llegará el momento de renunciar a la calefacción, o restringirla; después llegará el turno de prescindir del agua caliente –alterando sus hábitos de higiene-. Y por último, muy posiblemente, hasta se deje de usar la cocina y se apueste microondas. Al final empezará a jugar con su “tesorería” y se producirá una dinámica de pagos intermitentes de facturas para poder mantener el servicio –Un 9,2% de familias tuvo ya en 2013, según el INE, dificultades para pagar el agua, la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad, la comunidad… y tuvieron que dejar pendientes recibos hasta poder pagarlos… o no. El proceso desembocará inevitablemente en el corte de los suministros y por último, si no se puede pagar la vivienda, en una dinámica de exclusión acelerada: el desahucio y todo lo que lleva aparejado. Son precisamente los Alquileres y las hipotecas, la partida que más ha crecido en la Encuesta de Presupuestos Familiares.

Las dos compañías eléctricas que gestionan el 80% del suministro doméstico (Endesa e Iberdrola) realizaron en 2013, tal y como recogen sus memorias, 931.263 desconexiones. Si se hace una extrapolación al 20% restante, el dato resultante es que se “cortó la luz” a más de un millón de hogares, el 5% de los usuarios domésticos. Teniendo en cuenta el tamaño medio de los hogares españoles estaríamos hablando de 3,6 millones de personas. La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) calcula que se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace cuatro años. De estos, se llegan a ejecutar aproximadamente un 60%, es decir, 300.000. Podríamos tener datos similares con otros suministros domésticos como el gas.

En este contexto de pobreza es donde hay que interpretar los datos que la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) aporta en su informe sobre pobreza energética del año 2014: Un 9% de familias se declaran incapaces de mantener su vivienda caliente (4 millones de personas) y un 12% gasta más de un 10% de sus ingresos en confort térmico (7 millones de personas). Aunque el informe es de 2014, los datos son de 2012.

El descenso de la esperanza de vida

El resultado de esta espiral negativa es que empeora las condiciones de vida de millones de personas y las instala en una desigualdad estructural. En el año 2007 se realizó un estudio sobre la esperanza de vida en la ciudad de Madrid con resultados llamativos. Un varón residente en el Barrio de Salamanca vive 78,9 años frente a los 71,3 años de uno residente en el Barrio de Orcasur. Esta diferencia de 7,6 años se produce en una distancia de 15 kilómetros. Siete años después, y con una crisis de por medio, lo que ha ocurre es que además de que las condiciones de vida son más difíciles (más frío, menos higiene, peor alimentación,…) es necesario trabajar más para llegar a fin de mes. Según la Fundación 1º de Mayo, el 12,3% de los trabajadores se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Han de trabajar más horas para alcanzar una renta mínima. La suma de ambos elementos hace que hoy la distancia entre Orcasur y el Barrio de Salamanca supere, con toda seguridad, esos 7,6 años de diferencia en la esperanza de vida. Esta es la consecuencia real de la pobreza energética.

Hasta el momento, para paliar esta situación se ha utilizado el Bono Social recogido en la Ley 24/2013. Se trata de un descuento del 25% de la factura eléctrica para aquellos hogares con una potencia contratada inferior a 3kW, pensionistas con más de 60 años que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, familias numerosas y también aquellas otras en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo. Casi dos millones y medio de hogares se beneficiaron del Bono Social en 2013, la mayor parte por tener menos de 3 Kw de potencia. Es interesante ver que, desde el año 2009, el número de personas inscritas ha disminuido en medio millón, lo que no parece lógico cuando la situación social ha empeorado y los gastos en energía crecen tal y como indica la Encuesta de Presupuestos Familiares. Y llama la atención el crecimiento de las solicitudes de las familias numerosas, que llegan a los 162.000 hogares.

¿Es el Bono social tal y como está pensado una solución?

A la luz de los datos parece que no. En primer lugar, no está llegando a la gente que más lo necesita; gran parte de las familias numerosas que lo solicitan no parecen estar entre las que menos renta tienen y un porcentaje no despreciable de los que tienen menos de 3 Kw de potencia contratados –a los que se les aplica sin solicitarlos- son segundas residencias vacacionales. En segundo lugar, el problema se circunscribe a la electricidad cuando lo generan también otros muchos factores. Lo que también ocurre es que la población vulnerable no está accediendo todo lo esperado al sistema, pero no por una mejora de su renta.

¿Es posible disminuir la factura en necesidades básicas de las familias y generar empleo simultáneamente?

En este momento las políticas de eficiencia energética están pensadas como inversiones a realizar en el marco de mejoras de viviendas –apoyo a cambio de ventanas, cambio de calderas, electrodomésticos eficientes,…- o edificios –grandes intervenciones en fachadas subvencionadas parcialmente-. Pero este tipo de políticas seguramente va a contribuir a aumentar la “desigualdad energética”: son cada vez más ineficientes los que más lo necesitan y cada vez más eficientes los que menos lo requieren.

Un cambio en la política es posible si se decide invertir en mejorar las viviendas de los hogares pobres. Se trataría no sólo de inversiones en edificios –que son elevadas para la rentas de los hogares y requieren cofinanciación y acuerdo de todos los vecinos-, sino también poner en marcha pequeñas intervenciones en viviendas particulares a fondo perdido sobre elementos de poco coste como lámparas de bajo consumo, perlizadores de agua, aislamiento de ventanas mediante aislantes adhesivos, termostatos… Se trata de hacer una política macro como suma de muchas intervenciones micro.

En términos sociales esto podría permitir, por un lado, generar un nicho para una mano de obra que no requiere una altísima cualificación y que facilitaría reengancharse tras haber sido expulsada del mercado de trabajo –muchos de la construcción- y por otro, una intervención en hogares vulnerables que incrementaría su renta de forma estable como consecuencia del ahorro producido. En términos energéticos, este tipo de actuaciones son menos eficientes en las viviendas que las que se realizan globalmente en los edificios, pero muchas intervenciones micro sumadas –y posibles- son más eficientes que pocas intervenciones globales –poco factibles a día de hoy-.

¿Es posible disponer de un sistema de precios diferenciados?

Las grandes compañías multinacionales suministradoras de insumos tienen parte de su negocio en otros lugares. En algunos países latinoamericanos, por ejemplo, existen tarifas diferenciadas en función de la renta. Plantear una propuesta de tarifas en función de algunos tramos de renta es una posibilidad que al menos habría que explorar.

Es posible un replanteamiento del Bono Social para resolver el problema de aquellas familias más vulnerables. Sería más eficiente si se tratase de un sistema por el cual, siempre en función de la renta, se solicitase una mejora en la eficiencia de la vivienda que reduciría establemente las facturas y además generaría empleo. Esto debería ampliarse también a otros insumos (gas, internet, agua, electricidad y podría acompañarse de la implantación de un sistema de tarifas en función de la renta. No hay que olvidar en ningún momento que otro de los temas que está presente permanentemente en el análisis es el coste de la energía

¿Se puede mantener la escalada de los precios de la energía?

El cambio de la política sobre la energía en este momento es una buena herramienta para luchar contra la pobreza de forma estructural. La Estrategia Europea 2020 marca como desafíos fundamentales, entre otros, el cambio climático y el aprovisionamiento energético y como objetivos el empleo, la educación y la pobreza. Estos conceptos se traducen en líneas de financiación de fondos europeos (FSE y FEDER fundamentalmente) que pueden ser orientados en estos campos y sobre los que se está en proceso de decisión.

Temas abiertos para debatir, hay. Y posibilidades financieras para abordarlos, también.