El presidente electo de EEUU, Donald Trump, parece considerar el mundo como un inmenso negocio en el que sólo hay ganadores y perdedores. Y él sólo quiere ganar.

De ahí que no esté dispuesto, como él mismo dijo en su plataforma Truth Social (Verdad Social), a aceptar que los países del grupo BRICS creen “su propia divisa o apoyen cualquier otra capaz de sustituir al poderoso dólar”.

Si pese a todo se atreviesen a ello, amenaza Trump, se expondrán a aranceles del cien por ciento, con lo que “tendrán que despedirse de la fabulosa economía de EEUU y buscar a otros tontos”.

Esas y otras palabras en el mismo sentido pronunciadas por Trump antes incluso de regresar a la Casa Blanca parecen anunciar un recrudecimiento de la guerra económica, que no augura nada bueno para el mundo.

El político republicano habla de aranceles del 20 por ciento para todas las importaciones, de un 60 por ciento para las procedentes de China y también muy elevados a las de Canadá y México si estos países no cierran sus fronteras a los migrantes ni combaten, como les exige, el narcotráfico.

Es decir que hay amenazas para todos aunque no hay duda de que ésas se dirigen de modo muy especial a China, a la que no sólo Trump sino todos sus predecesores en la Casa Blanca siempre han considerado el único país capaz de rivalizar con EEUU.

Tanto el republicano George W. Bush como el demócrata Barack Obama impusieron ya en su día aranceles a las importaciones de acero chino para defender a la correspondiente industria nacional.

Y en su primer mandato, Trump hizo lo mismo con las importaciones de paneles solares y otros productos, a lo que Pekín no dudó en responder con sus propias medidas proteccionistas.

Era objetivo de Trump reducir el déficit estadounidense, ciertamente enorme, en el comercio bilateral, lo que consiguió al menos en parte, pero aumentó al mismo tiempo el que EEUU tenía con otros países.

La realidad en cualquier caso es que más que los exportadores chinos fueron los importadores de EEUU quienes soportaron los aranceles y los cargaron a su vez en los consumidores, obligados a pagar más por los productos chinos.

Según un informe del American Action Forum, próximo a los republicanos, el gasto adicional que soportaron los ciudadanos estadounidenses fue de unos 51.000 millones de dólares al año. A lo que se sumó la pérdida de un cuarto millón de empleos.

A pesar de esos costes adicionales tanto para importadores como consumidores, el demócrata Joe Biden optó no sólo por mantener los aranceles impuestos por su predecesor, sino que los elevó de un 25 a un 50 por ciento para los paneles solares y los semiconductores, y hasta un 100 por ciento para los automóviles eléctricos.

Disputas comerciales de ese tipo o similares se solucionaban antes en la ginebrina Organización Mundial del Comercio, pero desde diciembre de 2019, su tribunal de apelaciones no funciona al bloquear Washington el nombramiento de nuevos jueces.

La guerra comercial con China no se limita a la imposición de barreras arancelarias, sino que consiste también en sanciones y en boicots como el que lleva a cabo Washington contra el gigante de la telefonía móvil Huawei con el pretexto de que sus redes de 5G facilitan el espionaje de Pekín.

Australia, uno de los llamados Cinco Ojos (alianza de los servicios de inteligencia de los países anglosajones:  EEUU, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda) fue el primero en sumarse al boicot a la empresa china.

Siguieron Nueva Zelanda y otros países del llamado bloque occidental, incluida Alemania, dócil cuando no servil aliado de EEUU, que decidió eliminar los componentes de Huawei ya instalados en sus redes de telefonía de quinta generación pese al enorme coste que va a suponerle.

Pero a diferencia de Occidente y sus aliados del Golfo Pérsico como los Emiratos Árabes Unidos, la mayoría de los países del Sur global como los de América Latina han hecho caso omiso de las advertencias sobre el riesgo de seguridad que, según Washington, presenta la empresa china.

A pesar del boicot y de otras medidas punitivas de Washington en forma de sanciones, Huawei ha logrado seguir adelante y da pasos importantes en el importante sector de los semiconductores.

Como señala el periodista de investigación alemán Jörg Kronauer, los semiconductores eran el punto débil de su sector de alta tecnología, pero el gigante asiático ha hecho notables progresos en muy poco tiempo.

Su mayor problema sigue siendo la producción de los microchips más diminutos, imprescindibles para la inteligencia artificial, y cuya exportación a China desde otros países Washington sanciona desde octubre de 2022 si esos productos tienen algún componente fabricado en EEUU.

No contento con eso, Estados Unidos trata de impedir también la exportación a China de las máquinas para la fabricación de esos microchips como las de la empresa neerlandesa ASML, y lo hace presionando al gobierno correspondiente, en ese caso al de La Haya.

Los boicots y sanciones a China que EEUU impone y trata de hacer cumplir a otros representan enormes pérdidas de negocio para muchos fabricantes de Occidente, entre ellos también estadounidenses, que podrían de otro modo lucrarse con un mercado tan importante como es el chino.

De ahí que algunos fabricantes de EEUU traten de conseguir exenciones de Washington, algo que les resulta más fácil que a los de otros lugares como le sucede, por ejemplo, al mayor productor mundial de semiconductores, la empresa taiwanesa TSMC.

La razón esgrimida por Washington para prohibir la exportación a China de semiconductores de tamaño inferior a siete nanómetros es que en uno de los chips de Huawei se encontró un componente que supuestamente procedía de esa empresa de Taiwán.

Pero estaba claro que China no iba a quedarse e brazos cruzados ante todas esas medidas que obstaculizan su desarrollo tecnológico, y así ha empezado a tomar represalias.

En mayo del año pasado, Pekín calificó de “riesgo para la seguridad” del país los semiconductores de la empresa estadounidense Micron Technology, por lo que dejarían de utilizarse en la construcción de infraestructuras críticas en China.

Micron hace una cuarta parte de su cifra de negocios precisamente en ese mercado, con lo que la decisión de las autoridades de Pekín le supone graves pérdidas.

Al mismo tiempo, los chinos han anunciado que retirarán de sus redes de telecomunicaciones los procesadores de procedencia extranjera, lo cual afecta sobre todo a empresas como el fabricante de circuitos integrados Intel o el de semiconductores AMD, ambos estadounidenses.

Pekín ha tomado además otras medidas que causarán un enorme perjuicio al sector de alta tecnología de Occidente como controles a la exportación de metales o minerales raros como el galio, el germanio, el grafito o el antimonio.

El germanio y el galio sirven para la fabricación de semiconductores, paneles solares y aparatos de visión nocturna, entre muchos otros productos; el antimonio, para la industria fotovoltaica y la producción de armas y municiones; el grafito, para las baterías de los coches eléctricos.

China puede así controlar las exportaciones de esos metales o minerales, restringirlas e  incluso prohibirlas, lo que influirá en los precios de esas materias primas en el mercado mundial.

La guerra económica entre China y EEUU se extiende también al campo de los recursos humanos, y así Washington prohíbe a sus ciudadanos o a quienes tengan permiso de residencia en EEUU trabajar en determinadas empresas chinas.

A su vez, China trata de atraer con salarios elevados a ciudadanos, muchos de ellos chinos,  que han hecho estudios tecnológicos en universidades norteamericanas así como a personal muy especializado de empresas de Occidente.

Pero la guerra económica de Trump no se limitará a la rivalidad con China, sino que también ha amenazado a sus aliados europeos con aumentar los aranceles a sus productos si no le compran a EEUU su petróleo y su gas, cuatro veces más caro que el que obtenían de Rusia antes de la destrucción de los gasoductos del Báltico.

Los alemanes, principales perjudicados por el corte del suministro de gas ruso ya que resta competitividad a su industria exportadora, ni siquiera han protestado, dóciles aliados que son, por esa acción terrorista llevada a cabo  por EEUU o al menos con la complicidad del Gobierno de Joe Biden. Tienen ahora su merecido.

Debate con: Gabriela Brochner;  Doctora en Ciencias Políticas; Pablo Bustinduy, Politólogo; Miguel Martínez Lucio, Profesor de la Universidad de Manchester; Monica Melle, Profesora de Economía Financiera  y miembro de Economistas Frente a la Crisis

moderado por:

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

  • Irene Bassanezi Tosi

    Doctoranda en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en UC3M

Conclusión del debate

La crónica-resumen del debate presencial ha sido publicado en Público en el siguiente enlace:

https://www.publico.es/politica/enfoques-entender-y-frenar-trumpismo.html

 

Ponencia inicial

El Trumpismo, la nueva barbarie

El Trumpismo, la nueva barbarie

El populismo al estilo Trump ha venido para quedarse

  • Pedro Chaves

    Politólogo, investigador especializado en la UE

En una Conferencia impartida en septiembre del pasado año[1], comenzaba Jurgen Habermas la misma de esta manera: “Me han pedido que hable de “Nuevas perspectivas sobre Europa”, pero no consigo pensar en ninguna”.

Habermas aludía a la “descomposición de estilo Trumpiano” que está ocupando el centro del espacio público y que ha llegado, también, al corazón de Europa.

En mi opinión, la idea de “descomposición” es solo una parte de la realidad visible, aquellas que hace referencia al debilitamiento y agonía del modelo liberal vigente y dominante a nivel global, especialmente desde comienzos de los 80. Pero oculta lo que es el rasgo más destacable pensando en perspectivas: la recomposición de los sistemas políticos de representación en todo el mundo y también en Europa.

El histrionismo de personajes como Berlusconi, en su momento,  o Trump, ahora, contribuyen a banalizar el impacto de lo que ocurre, pero resulta difícil ocultar la relevancia de una situación global que va más allá de cuestiones episódicas o anecdóticas.

La “revuelta populista” de extrema derecha, es global, generalizada y tiene importantes componentes culturales que la dotan de consistencia y estabilidad.

Las claves

  • La situación actual no es una “anormalidad”, una situación transitoria cuya evolución desembocará, antes o después en la “vuelta a la situación anterior”. Estamos ante eso que Gramsci llamaba “interregno”, una situación provisional de cambio en el modelo de dominación hegemónico. Lo que no nos gusta es que el nuevo mundo que se adivina nos horroriza. La política está para eso, para intentar cambiar la situación existente y tratar de encontrar los elementos que pueden modificar, en una dirección más favorable, la situación existente. Lo importante es asumir lo que forma parte del pasado y lo que anticipa el presente respecto a lo que puede depararnos el futuro.
  • La situación actual es el resultado de diferentes variables coincidentes, pero lo que es relevante reseñar ahora es que la crisis de los sistemas políticos tiene que ver con el asalto neoliberal a los sistemas democráticos.
  • Este asalto se reconoce en varias narrativas que han sido muy potentes en los pasados años:
    • El estado es el problema y no la solución (Reagan dixit)
    • No existe sociedad sino individuos (Thatcher dixit)
    • TINA (There is no alternative) No hay alternativa, nuevamente Thatcher dixit
    • La falta de competencia entre los partidos políticos dominantes
    • La perdida de sustancia de las democracias liberales reducidas a un espectáculo de sucesión entre los partidos mainstream
    • Las puertas giratorias entre lo privado y lo público y al revés
  • El resultado de esta desconfianza creciente afecta al conjunto de los partidos políticos y al sistema en su conjunto: afecta a los fundamentos sustantivos de las democracias representativas: la división de poderes; la calidad de la representación; la confianza en la participación política como un factor de control público o cambio; la pérdida de calidad de las elecciones como mecanismo de creación de legitimidad entre los elegidos… etc.
  • Junto a este hecho, es muy importante destacar dos cuestiones adicionales: la primera es el modo en el que la inmigración se ha constituido como un elemento central -en un contexto de incertidumbre- que articula tanto el extrañamiento de una parte de la sociedad respecto al sistema político, como el creciente temor a la pérdida de identidad de los grupos nacionales históricos y al abandono de los “modelos de vida”. Por eso, entre otras razones, la apelación a la vida (idealizada) de un pasado “ordenado y previsible” goza de tanto predicamento; la segunda cuestión es la politización de la desigualdad, no en el modo en el que habríamos previsto desde la izquierda, desde luego. La desigualdad es el fenómeno más reseñable de la crisis y la que explica el modo en el que se han distribuido de manera asimétrica los efectos sociales de la misma. La politización de la desigualdad ha servido para alimentar el rencor contra el sistema político en su conjunto. Por eso, la combinación en las protestas, de reivindicaciones razonables con otras completamente extemporáneas y modos de reivindicación del espacio público en la frontera de la anomia social.
  • La nueva situación no se explica solo ni fundamentalmente desde la “bronca de los desheredados”. La coalición social del malestar es muy amplia y formada, de manera fundamental, por las clases medias sometidas por la crisis a una situación de “privación social”, un gap entre expectativas y realidades en un contexto de desestructuración social creciente.
  • Uno de los fenómenos políticos más relevante de este hecho es el “desalineamiento”, esto es la pérdida de los vínculos tradicionales entre los partidos políticos y sus clientelas tradicionales.
  • Los otros dos hechos a destacar son: por un lado la inestabilidad creciente y persistente de los sistemas de representación: nadie sabe que va a pasar y con ello una volatilidad imprevisible; los nuevos fenómenos han venido para quedarse.
  • Los fenómenos populistas de extrema derecha están sacudiendo Estados Unidos y Europa en su conjunto. Hay que decir que hay elementos compartidos en su emergencia pero que no todos responden a las mismas dinámicas ni tienen los mismos componentes. Pero, en cualquier caso, es un error, como antes hemos querido compartir creer que el populismo es un fenómeno explicable desde la movilización de los sectores desfavorecidos o los famosos “perdedores de las globalización”. El populismo ha conseguido articular una amplia coalición social e ideológica. El caso de Trump es particularmente llamativo en este punto: en su victoria concurren tanto sectores populares afectados por el derrumbe de la industria tradicional; como conservadores ideologizados (votantes tradicionales de los Republicanos); neoliberales antiestado y antiimpuestos, como sectores tradicionales de clase media, votantes habituales de los demócratas, que se han sentido concernidos por los llamados al conservadurismo moral que Trump y la altright pregonan.
  • Además, el populismo de extrema derecha, busca activamente esta ampliación de la coalición social. No es un proyecto de “perdedores”, es un proyecto con voluntad de ganar.
  • Y un punto adicional a considerar: hay una pretensión constituyente en el populismo de derechas. Es decir, una voluntad firme de reconstruir el sistema político en una perspectiva no liberal. En este sentido el “iliberalismo” que preconizan personajes como Trump, Orvan o Salvini es una impugnación de la democracia misma, no solo de la liberal, y un intento firme por reducir la pluralidad política y criminalizar el conflicto social y la discrepancia.

¿Qué es lo común?

Prácticamente en todos los casos, la retórica de Trump, como ejemplo de otros fenómenos similares, se articula a partir de dos ejes centrales: en primer lugar, el desafío a la legítima autoridad del “establisment”. Las élites son las responsables de la situación en general y particularmente de la situación de los más desfavorecidos, que han sido “abandonados” por estas élites.

Los objetivos favoritos de esta retórica incluyen los medios de comunicación (traidores al pueblo); las elecciones (que son consideradas fraudulentas salvo que gane el candidato populista); los políticos (corruptos y vividores); los partidos políticos (disfuncionales); los funcionarios del sector público (el estado profundo); los jueces; los intelectuales (arrogantes); los científicos (quien necesita expertos?) etc.[2]

Lo importante es que la impugnación de las élites no es funcional: por lo qué hacen mal en el desempeño de su tarea; sino moral, lo sustantivo es que están equivocados en su núcleo de valores y eso los inhabilita como representantes de la sociedad y del “pueblo”. Es una despolitización del conflicto social al servicio de un liderazgo que aseguraría al pueblo frente a las amenazas externas e internas.

El segundo elemento compartido, se refiere a que la única fuente legítima de autoridad moral y política proviene del pueblo. Entendido este de un modo muy poco definido y concreto, más bien en términos de quien está conmigo sería el pueblo y quien está contra mi el enemigo del pueblo.

Por esta vía, nuevamente, se eliminan los “cuerpos intermedios”, partidos, sindicatos, asociaciones, instituciones etc… y se sobredimensiona el papel del liderazgo como articulador y defensor de los verdaderos valores del pueblo.

Había que añadir que se ha enfatizado como elemento común el uso de las redes sociales y nuevos medios de comunicación online en el desarrollo y difusión de este fenómeno, pero lo cierto es que nada de esto hubiera sido posible sin, por una parte, el desplazamiento hacia la extrema derecha de una parte de los partidos mainstream, que han “normalizado” los discursos confrontacionales y el lenguaje del odio; y en segundo lugar sin el papel jugado por algunos medios de comunicación tradicionales en ese desplazamiento del “sentido común” en el ámbito de la derecha. Es decir el fenómeno Bannon en Estados Unidos y su papel a través de la web “Breitbar news”, sería incomprensible sin el papel de la Fox y otros medios “mainstream”.

Hay muchas más cosas que podrían añadirse y que servirían al propósito de suministrar más elementos del actual contexto, pero creemos que estos pueden servir para ofrecer algunos elementos adicionales que sirvan para contextualizar el debate.

[1] https://www.socialeurope.eu/new-perspectives-for-europe

[2] Norris, Pipa y Inglehart, Ronald (2019), Cultural backlash, Trump, Brexit, and authoritarian populism. Cambridge University Press, página 4.

El regreso de los trabajadores al centro de la política económica

  • Miguel Martínez Lucio

    Profesor de la Universidad de Manchester

Unas de las características de la derecha populista, como es el caso del presidente Trump y algunos aspectos de la política de ‘Brexit’ en el Reino Unido, es la manera en la que han hecho referencia a los intereses de la clase trabajadora.  Esta derecha intenta posicionar los intereses de la clase trabajadora en oposición a lo que llaman el establecimiento ‘cosmopolita’ del sistema político. Es un desarrollo que se basa en la manera en la que grandes partes de dicha clase trabajadora han sido marginadas en la política económica de los últimos años. Aunque se puede decir que era la derecha neoliberal la que afrontó esta estrategia de cambio en la política industrial (con sus cierres de la industria de los astilleros, etc.), la manera en que la tradición social democrática participó en esta desindustrialización permite que figuras como Donald Trump en los EEUU o el político Nigel Farage en el RU sean los portavoces de estas tradiciones perdidas. Paralela a esta política ‘populista’ (post)industrial se ve el desarrollo de un discurso xenofóbico donde las pérdidas materiales de la clase obrera tradicional (por usar tal frase) se explican por el cada vez más alto ritmo de inmigración. La ironía del discurso contemporáneo de la supuesta nueva derecha es que pone énfasis en la pérdida de la identidad social y económica de los trabajadores. Se puede decir que la Nueva Derecha de los ochenta también tuvo lo que Stuart Hall (el sociólogo británico de origen caribeño) llamó también un discurso populista que manipuló las incertidumbres de tales clases: pero en este caso el proyecto juega con la ilusión de remontar la industria tradicional (aunque sea poco probable que esto ocurra) y volver a un contexto histórico del siglo XX. Este juego ideológico marca la diferencia entre el discurso neoliberal de Reagan y Thatcher con el de Trump. Este juego de palabras que significa una vuelta a las minas de carbón y a las fundiciones de acero, por ejemplo, tiene el impacto de poner a la izquierda y a los sindicatos en una posición defensiva dado su papel cómplice en el momento de la desindustrialización. La manera en la que el trabajo se ha ido degradando cada vez más como se puede ver en la economía de plataformas y su empleo fragmentado permite que esta derecha estilo Trump cree una alianza simbólica con las clases trabajadores (que se mantiene dado que es pronto para juzgar las realidades y resultados de esta contra política).

Es por esto que la respuesta de la izquierda(s) en este momento puede ser crucial para no solamente relanzar una política progresista en el seno de la economía, sino para permitir una nueva visión real y concreta del papel de los trabajadores en la economía. En el caso del RU está claro que nadie puede predecir lo que ocurrirá durante 2019 dado el contexto surreal que traen las discusiones sobre la salida del país de la Unión Europea: pero, estamos viendo debates entre partes de la izquierda que intenta confrontar este tema de como renovar el socialismo de una forma que imagina un nuevo papel institucional de los trabajadores en la economía.

El que fuera Primer Ministro del Reino Unido en dos momentos diferentes de las décadas de los 60 y 70, Harold Wilson, comentó una vez que una semana es mucho tiempo en política. La gran velocidad en la que se mueve el panorama político nos fuerza a todos a pecar de precavidos a la hora de hacer predicciones. En el caso del contexto actual del Reino Unido, muy pocas cosas resultan predecibles dada la aguda crisis por la que atraviesa el Estado como consecuencia de la decisión de salirse de la Unión Europea. Quién accederá al poder y quién tendrá posibilidades de ganar las elecciones generales en el futuro próximo es tan incierto como la naturaleza de las políticas y de los líderes de los principales partidos políticos. Sin embargo, en medio de toda esta crisis constitucional y caos político, se han producido una serie de cambios relativos a muchos aspectos del Partido Laborista, aun cuando éstos hayan ocurrido en un clima de enorme hostilidad hacia su líder, Jeremy Corbyn, y las redes y comunidades políticas alineadas con él. Los desafíos constantes a su liderazgo y las alegaciones persistentes a su postura de apoyo histórico a la causa palestina (según muchos, como parte de una estrategia para expulsarle) generan una sensación de incertidumbre y desasosiego existencial a la hora de escribir sobre lo que puede pasar en el panorama político británico.

A pesar de todo, e incluso teniendo en cuenta que para cuando este artículo se publique cada palabra del mismo pertenecerá a la historia antigua, la realidad es que el Partido Laborista ha sido testigo de dos procesos paralelos significativos en los últimos cuatro años más o menos, desde que Jeremy Corbyn se convirtiera en su líder. El primero consiste en que la tendencia más neoliberal y cercana a la filosofía del ‘Nuevo Laborismo’ de Tony Blair ha sido cuestionada desde dentro del mismo Partido Laborista. En segundo lugar, las políticas innovadoras del equipo de dirección de Jeremy Corbyn (especialmente las de John McDonnell) han supuesto una curiosa y significativa renovación del compromiso gracias a unos enfoques de la política económica e industrial más comprometidos con lo social.

En una primera instancia, las ideas en torno a la Tercera Vía, que habían surgido en torno al trabajo del sociólogo Anthony Giddens y cristalizado en algunos aspectos de las políticas del Partido Laborista de los años 90, constituyeron una ruptura importante con respecto a las políticas sociales y económicas más tradicionales y de vocación pública. Que el Partido Laborista fuese el partido históricamente considerado como más ‘socialista’ es cuestión de opiniones, pues en algunos momentos fue descrito como una ‘iglesia extensa’ que incluía tanto a socialdemócratas partidarios del mercado como a ‘socialistas democráticos’ más identificados con la clase y los sindicatos. Desde sus inicios, se han dado debates permanentes sobre el papel de los sindicatos y de la clase política, así como sobre el grado óptimo de intervención estatal. Sea como fuere, los años del Nuevo Laborismo bajo la batuta de Tony Blair y Gordon Brown representaron lo que Simon Jenkins denominó en su libro Thatcher and Sons [Thatcher y sus hijos] una política de continuidad con rasgos políticos de la Nueva Derecha en lo que se refiere a la limitada colaboración con los sindicatos de cara a la política económica y al rechazo a ampliar el papel del Estado en la economía y la industria, aunque en el terreno de lo social hubiera, en cierto sentido, una relativa mejora en la asistencia social y los servicios de salud. La filosofía surgió de las experiencias y las prácticas llevadas a cabo en Francia y España por los gobiernos respectivos de Mitterrand y González.

En gran medida, la Victoria de Jeremy Corbyn constituía en parte una reacción desde dentro y desde el entorno cercano al Partido Laborista a dichas políticas, que, para algunos, estaban asociadas a los orígenes de las políticas de austeridad y al fracaso a la hora de regular el capital de manera efectiva. También suponía, por otro lado, una reacción a la creciente inclinación de la filosofía del partido hacia los negocios y hacia la gestión, como resultado de su fascinación por todo lo que tuviera que ver con lo comercial y lo corporativo. Un camino no muy diferente al tomado por algunos de los principales líderes socialistas del caso español. Esto es, el atractivo de la idea del mercado y las escuelas de negocio como motor de la economía y su singular, aunque simbólica retórica de la responsabilidad social corporativa.

Sin embargo, el viraje reciente hacia la izquierda también ha sido el resultado de un conjunto de debates y redes que existieron y fueron fundamentales en las innovaciones que se dieron en la década de los 80 e incluso en la de los 90 a nivel local y municipal, con el socialismo municipalista como bandera. Esta era la izquierda que se había formado en las décadas de los 70 y 80 en varias ciudades claves (especialmente Londres) en oposición a la hegemonía de las políticas conservadoras de Margaret Thatcher. En ciudades como Londres se pudo experimentar con políticas locales alternativas en los campos de la economía y el transporte. Un ejemplo de ello serían las políticas industriales inclusivas e innovadoras que se pusieron en marcha en torno a organismos como el Greater London Enterprise Board, bajo el auspicio de la primera oleada de la marca de socialismo local puesto en práctica por Ken Livingstone en Londres en la década de los 80. Esta red se estableció como movimiento político ubicado en el margen izquierdo del Partido Laborista (con vínculos con la extrema izquierda), y su trabajo se caracterizó por su alto compromiso con la igualdad y las políticas multiculturales. Estos fueron los orígenes de los discursos emancipatorios de Jeremy Corbyn y John McDonnell (como ministro de economía en la oposición), ubicados en el margen izquierdo en torno a una socialdemocracia más progresista que, como ya expliqué en los Pasos de la izquierda (Número 12), permanecieron en la memoria colectiva y se constituyeron en repertorio de acción para todas aquellas personas que se ubican a la izquierda del partido y más allá.

En segundo lugar, estos acontecimientos han dado lugar a un programa del Partido Laborista que hace cinco años habría sido inimaginable. Se han incorporado una serie de innovaciones e ideas que tratan de combinar una mayor socialización de la economía y un desarrollo significativo del compromiso democrático. Que para los habitantes del norte de Europa muchas de estas políticas no se antojen ni tan radicales ni tan innovadoras, no resta importancia al hecho de que existe un intento de equilibrar la ampliación del renovado papel del Estado con una lógica industrial más participativa. Esto no significa (desafortunadamente) la proclamación de la necesidad de la clásica renacionalización a gran escala y el aumento del control por parte de los trabajadores, pero sí implica el replanteamiento del desarrollo de la economía, no solo alejándose de la obsesión por la austeridad económica sino acercándose a nuevas formas de democracia industrial. Supuestamente, los costes del programa han sido calculados y diseñados para garantizar la estabilidad económica, en parte debido a la obsesión que existe en la política británica (entre otras) con los programas presupuestados al detalle, como consecuencia de la fijación neoliberal permanente con los presupuestos económicos y su estabilidad, pero también de la certeza de que la prensa vinculada a la derecha utilizará el fantasma del gasto excesivo y la inflación (vinculados a las dosis habituales de xenofobia) para desvirtuar un programa progresista.

En lo que se refiere al nuevo programa del Partido Laborista, la creación de un Banco Nacional de Inversión para recaudar y generar una inyección de 250.000.000.000£ en la economía se presenta como el aspecto fundamental para respaldar la industria y los proyectos de infraestructura claves, así como para vincular dicha financiación al desarrollo de cooperativas y pequeños negocios, entre otras iniciativas. Esta institución no es única en Europa, pero está resultando curiosa la manera en que se está vendiendo políticamente como la priorización de los espacios alternativos que han estado copados en la práctica por el capital financiero y corporativo que ha prevalecido en el país. En cuanto a la regulación financiera, las propuestas giran fundamentalmente en torno a la aprobación de una serie de reformas que debían haberse puesto en marcha de manera efectiva en 2008 como resultado de la crisis financiera. Hasta cierto punto uno podría alegar que dichas propuestas no son radicales, pero en comparación con el Nuevo Laborismo, cuando menos, representan un giro en el modo en que las finanzas pueden replantearse. El programa también sostiene que ‘el Laborismo modificará la ley empresarial de manera que los directores cumplan sus obligaciones directas no solo con los accionistas, sino también con los empleados, los clientes, el medio ambiente y el público en general, y realizaremos una consulta sobre la aprobación de la legislación correspondiente dentro de este Parlamento’. O dicho de otro modo, promulgar el concepto de responsabilidad social corporativa de un modo más efectivo y garantizar que se presta una mayor atención a los derechos de los trabajadores y consumidores. A este respecto, uno puede apreciar el carácter innovador de las medidas en la necesidad de desarrollar la dimensión participativa que tantas restricciones sufrió durante los gobiernos laboristas previos de Blair y Brown. En el discurso actual, la confianza en el capital no es tan fuerte. El objetivo es utilizar los dispositivos legales y los marcos normativos de una manera más efectiva y generar una mayor sensibilización en torno a la importancia de la regulación. En muchos aspectos, lo que pretenden es sacar provecho de lo que los académicos de la gestión empresarial llaman ‘buenas prácticas’, y que ya existen en otros contextos nacionales, quizá más regulados, con la intención de sortear y debilitar algunas de las críticas de presunto radicalismo que la prensa asociada a la derecha activará en caso de elecciones.

En el terreno de los servicios públicos, como pueden ser los ferrocarriles, el objetivo es volver a la propiedad pública una vez terminadas las concesiones; la creación en el sector de la energía de un conjunto de influencias operativas más descentralizadas y de iniciativa pública; y la eventual transferencia de la industria del agua a estructuras regionales públicas. El discurso tiende a enfatizar los problemas surgidos de la flagrante especulación en dichos sectores y el fracaso de las estructuras regulatorias que se implementaron para proporcionar concesiones y de la supervisión minimalista que obvió el comportamiento habitual de las empresas. Este nuevo discurso se basa en una propiedad pública que no solo depende de una política estatal centralizada. El argumento central parece ser que el error cometido por la socialdemocracia en el pasado, cuando nacionalizó y pasó a ser propietaria de servicios claves como el agua, la electricidad y el transporte, consistió en no intensificar la influencia pública sobre los sectores nacionalizados al no generar un mayor grado de compromiso y rendición de cuentas públicos y políticos a nivel local. En este sentido, lo esencial de este discurso no es solo que el mercado y las privatizaciones hayan fracasado, sino que los socialdemócratas fueron incapaces de establecer un proyecto de Estado y de pensar en fórmulas de compromiso públicas y más adaptadas al ámbito regional en lo que se refiere a dichos servicios, pero también a otros. Así, lo que hizo el Nuevo Laborismo es permanecer encandilado con la nueva filosofía de gestión heredada de Thatcher, mientras que anteriormente el laborismo de Wilson y Callaghan, caracterizado por un peso (relativamente) mayor del Estado, se aferró a las fórmulas más tradicionales y jerárquicas del control de la gestión; y en ninguno de los dos casos consiguieron superar las filosofías de gestión jerárquica y alcanzar un mayor nivel de control o implicación por parte del Estado y del trabajador. Los defensores de dichos gobiernos, o incluso del de Tony Blair, podrían alegar que siempre existieron reticencias por parte de los líderes sindicales a la hora de implicarse en la gestión de los sectores industriales, pero más allá de las funciones simbólicas desempeñadas por los representantes de los consumidores y trabajadores, la crisis de la socialdemocracia se puede analizar en términos de fracaso a la hora de renovar el vínculo entre el Estado y la sociedad en lo que a participación se refiere.

Existen muchas otras dimensiones que merecería la pena analizar sobre el conjunto de propuestas políticas del actual Partido Laborista como la ampliación de los mecanismos de formación, el incremento de la inversión en el renqueante sector de las infraestructuras nacionales y el aumento de los niveles de inversión en ecología. También se presta una mayor atención a los derechos de los trabajadores en la economía de plataformas y en otros mecanismos similares en los que el trabajo está sufriendo un proceso de fragmentación y a la necesidad de una nueva estrategia para promover la dignidad laboral a través de la anulación de un conjunto de leyes que han restringido los derechos sindicales en diversos ámbitos. En cualquier caso, la clave se sitúa de nuevo, asociada al debate sobre el control público, en el intento de vincular una lógica industrial democrática a las actividades propuestas. Han sido varios los factores que han originado un interés creciente por la idea de ampliar el control y la influencia de los trabajadores sobre la industria y los negocios. Independientemente de cuál sea el contexto político futuro, el asunto de los representantes de los trabajadores y la gobernanza empresarial se antoja como un punto de debate clave. Las políticas del Partido Laborista bajo la dirección de Jeremy Corbyn comienzan a apelar a la necesidad de los trabajadores de contar con algún grado de influencia institucional sobre sus empresas, más allá de la cortina de humo que suponen los planes de sugerencias y las reuniones de equipos, aunque aún está por ver cómo y cuándo sucederá esto una vez que el laborismo entre en el gobierno. Una de las ideas que ha sido propuesta y discutida es que el Partido Laborista, una vez en el gobierno, pediría a las empresas con más de 250 empleados que reservaran hasta un tercio de los puestos de sus Consejos de Administración para los trabajadores, como método para garantizar una mayor vigilancia y control del negocio y para evitar decisiones económicas caprichosas y cortoplacistas. Esta propuesta es significativa en tanto que comienza a comprender la necesidad de democratización de la gobernanza empresarial y que este nuevo papel de los trabajadores redunda tanto en la eficiencia económica como en la justicia social de los planteamientos corporativos. Pero esto no es solo una respuesta a la crisis financiera de 2008 y al modo en que la opacidad de la toma de decisiones ha socavado la coyuntura económica del país. También constituye una fórmula para contrarrestar la recientemente estigmatizada idea promovida por los conservadores desde 1979 bajo la cual la posesión individual de acciones por parte de los trabajadores es el mejor modo de crear un capitalismo más popular y (supuestamente) responsable: el enfoque thatcheriano de la copropiedad a través de acciones ha sido poco común, fragmentado y altamente individualizado, de modo que ha supuesto un escaso control efectivo sobre los Consejos de Administración.

La idea propuesta por el laborismo parece prometedora, en parte porque el asunto de la participación colectiva del trabajador sigue quedándose fuera de la agenda política y del imaginario de la izquierda y del movimiento obrero, en la misma medida en que los discursos académicos sobre la naturaleza del trabajo se quedan absortos en la problemática de la explotación y no generan respuestas alternativas. Todos estamos legítimamente centrados en los costes sociales y económicos de la creciente degradación de la situación laboral y en las nuevas formas de explotación de la llamada economía de plataformas, pero la idea de desarrollar formas alternativas y participativas de organización y gobernanza se discute muy ocasionalmente en este contexto.

Evidentemente, estas propuestas no son las más ambiciosas que se podían presentar, tal y como podría revelar cualquier breve comparación con otras partes de Europa más comprometidas con lo social. Sin embargo, la lógica subyacente busca que la participación popular se constituya en un nuevo agente de importancia estatal. En mi opinión, estas políticas no son tan extensibles como podrían serlo, pero durante décadas el contexto político del Reino Unido no ha estado familiarizado con este tipo de políticas. La necesidad de introducir una dimensión más democrática en las estructuras de la economía y de repensar el papel de los trabajadores, más allá de la ampliación del alcance y de la práctica de la negociación colectiva, necesita de una mayor reflexión. En algunos aspectos, esto se vincularía con la lógica de democracia radical puesta en práctica por la teórica política belga, residente en el Reino Unido, Chantal Mouffe. La reforma económica y las políticas progresistas asociadas a ésta necesitan desarrollarse con la mirada puesta en nuevas formas de implicación pública y social y no solo a través de la propiedad directa o indirecta del Estado. En este sentido, se requiere un fuerte replanteamiento y un repliegue con respecto de la filosofía empresarial contemporánea y su obsesión por las heroicidades y prácticas de gestión asociadas al liderazgo individualista. El asunto al que se enfrentan los progresistas de la izquierda es que el enfoque de mercado ha seguido su curso en muchos aspectos, pero el regreso a un estado de bienestar Keynesiano clásico no es ni tan sencillo ni constituye ya una alternativa.

Sea como fuere, terminamos como empezamos: una semana es mucho tiempo en política. La posibilidad de que vuelva a haber un gobierno laborista en algún momento, y que sea con las políticas que acabamos de analizar, no está muy clara. La importancia del debate actual sobre los distintos aspectos de la izquierda británica reside en que cualquier vuelta a un conjunto de políticas más orientadas hacia lo social y con un papel más proactivo en el sector industrial que ponga fin a la economía de la austeridad, debería abordar el modo en que la influencia y el control de los trabajadores y consumidores (como colectivo) tenga efecto sobre lo económico. Ahora mismo este asunto pendiente es fundamental para la izquierda tanto dentro como fuera del Reino Unido.