La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se compromete a buscar el acuerdo en el marco del diálogo social, pero advierte de que no puede existir un derecho a veto para ninguna de las partes. «El diálogo social es un proceso, no un resultado», recuerda.

El Gobierno buscará el acuerdo con los agentes sociales sobre la derogación de la reforma laboral hasta el final, pero si no se produce, asumirá su obligación de legislar para garantizar que ninguna de las partes tiene derecho a veto. Así lo ha apuntado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante un coloquio celebrado este jueves por la fundación Espacio Público.

Preguntada sobre qué pasará si no hay acuerdo en esta materia (está previsto que las negociaciones comiencen en un breve periodo de tiempo, después de que la próxima semana se cierre la mesa de diálogo que aborda la regulación de las plataformas digitales), Díaz ha insistido en la importancia del diálogo social y ha puesto en valor las negociaciones que se han producido en esta legislatura con los sindicatos y la patronal respecto a medidas como los ERTE.

Sin embargo, ha advertido de que «el diálogo social es un proceso, no un resultado» y ha recordado que algunas medidas se han sacado adelante a través de acuerdos «bipartitos», sin el concurso de la patronal. «Lo que tiene que garantizar el Gobierno es que exista diálogo social, pero sin derecho de veto, porque el veto no es diálogo», ha insistido. La ministra ha puesto el ejemplo de la negociación acerca de las plataformas digitales, que incluye la regulación de los denominados riders: «Si una de las partes no está de acuerdo, se va a legislar».

También se ha referido a que tanto el contexto en el que se va a abordar la derogación de la reforma laboral como los diferentes compromisos suscritos son cruciales para que el Gobierno legisle aunque no haya un acuerdo de todas las partes en la mesa de diálogo: «El acuerdo de Gobierno es muy claro y nos hemos presentado a una investidura con este acuerdo de gobierno, por lo que hay una mayoría en la Cámara; además, estas propuestas las hemos remitido a Europa y tenemos un compromiso«.https://www.dailymotion.com/embed/video/x7z4cg3

Díaz se ha mostrado «muy optimista» con la posibilidad de alcanzar un acuerdo y ha destacado que «nuestro país está siendo ejemplar» en diálogo social: «Lo estamos haciendo de libro por primera vez en muchos años. Ellos (los agentes sociales) se sientan a trabajar y precepto a precepto van constituyendo las normas».

En el coloquio organizado por Espacio Público también han participado los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y Comisiones Obreras, Unai Sordo, además del secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Toni Ferrer. Ha moderado el debate la directora de PúblicoVirginia Pérez Alonso.

Los sindicatos recuerdan al Gobierno que debe legislar

Los líderes sindicales se han mostrado de acuerdo con que no puede existir un derecho a veto en el diálogo social y han instado al Ejecutivo a cumplir con su «obligación de legislar» en caso de que las negociaciones se queden en un punto muerto. «En caso de que no hubiera acuerdos o fueran parciales, el Gobierno tiene la responsabilidad de gobernar, y para eso tiene un acuerdo de gobierno y unas directrices enviadas a Europa. Preferencia por el acuerdo, toda, pero si no lo hay, el Gobierno tiene que ejecutar, que para eso es el Poder Ejecutivo», ha dicho Sordo.

«La negociación no va a ser nada fácil, porque con unas declaraciones o con otras vemos que cada día surgen nuevos inconvenientes, que se ponen palos en las ruedas; y las organizaciones sindicales, mas allá de las políticas del Gobierno, lo que tenemos claro es que esta es una situación insoportable para una gran parte de los trabajadores de nuestro país», ha explicado Álvarez.

Respecto a los plazos, ni la ministra ni los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras han avanzado una fecha expresa sobre el comienzo de las negociaciones, más allá de que la intención, ya anunciada, de Trabajo es que la mesa de diálogo se retomara tras cerrar la que aborda la regulación de las plataformas digitales.

Díaz sí que ha explicado que antes de retomar la mesa habrá una reunión bilateral entre sindicatos y patronal para acordar el ritmo y el plan de trabajo que seguirán posteriormente en el diálogo social. En materia de reforma laboral ya se habían producido importantes avances antes de la pandemia, tanto durante el mandato de Yolanda Díaz como en el de la anterior ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, actual presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso.Díaz: «Estas son las medidas que enviamos a la UE y tenemos que cumplirlas»

En concreto se había avanzado sobremanera en el denominado primer bloque, que aborda cuestiones como la negociación colectiva, las cláusulas de descuelgue y la subcontratación empresarial. «Este primer bloque está discutido y escrito en la mesa de diálogo. Espero que la resuelvan lo antes posible. Estas medidas están en lo que enviamos a la UE y tenemos que cumplirlas», ha afirmado la ministra.

En la parte socialista, Toni Ferrer ha coincidido con la ministra en que «el acuerdo de gobierno es claro. Hay medidas de carácter urgente, como restablecer el equilibrio de la negociación colectiva,  y que se estructure en el ámbito del convenio sectorial y no de la empresa. También mejorar la regulación de las contratas y subcontratas».

El secretario general de UGT ha insistido en la importancia de avanzar en estas reformas de cara al proceso de recuperación económica que se afrontará en el segundo semestre de 2021, de la mano de los fondos europeos y de la vacunación contra el coronavirus: «Es fundamental que este diálogo se aborde en una situación de equilibrio que dé lugar a unas relaciones laborales actualizadas que sirvan para el modelo productivo que queremos poner en marcha. La mejor manera es derogar las reformas laborales y a partir de una situación de equilibrio ver qué reformas ponemos en marcha».

En esta misma línea, el secretario general de Comisiones Obreras ha advertido de que «corremos el riesgo de que la recuperación económica venga de la mano de una rebaja salarial» si no se aborda la derogación de la reforma laboral en un breve periodo de tiempo. Todos han coincidido en que el siguiente punto de inflexión (que forma parte de la reforma laboral) será la redacción de un «Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI», que la ministra ha calificado como «la gran obra legislativa de este ministerio y del Gobierno de España».

La Fundación Espacio Público aconseja a quienes no lo pudieron ver en directo que lo hagan en diferido a través de este enlace:

*Artículo publicado en Público

En 2010, WikiLeaks liberó la mayor filtración habida en la historia. Una década después, Julian Assange se enfrenta a una posible extradición a EEUU, arriesgándose a una condena de 175 años en la misma prisión que aloja a ‘Unabomber’ o al ‘Chapo’ Guzmán. Una condena a la que se sumarían los 10 años de persecución jurídica y policial, siete de ellos asilado en la embajada de Ecuador en Londres. No te pierdas este debate moderado por Víctor Sampedro, catedrático de Comunicación Política en la URJC, y en el que participan Virginia Pérez Alonso, directora de ‘Público’; Fidel Narváez, ex-cónsul de Ecuador en Londres; Txema Guijarro, diputado de Unidas Podemos; y Renata Ávila, abogada especializada en Derechos Humanos y Tecnología. Además, Carlos Enrique Bayo, periodista de investigación en ‘Público’, se sumará a la charla como invitado especial.

Joseba Achotegui, psiquiatra y profesor titular de la Universidad de Barcelona; Antonio Talarn Psicólogo, psicoterapeuta y profesor titular de la Universidad de Barcelona; y Begoña Frades García, psiquiatra y jefe del área de salud mental del Hospital Pare Jofre, participan en el debate ‘En defensa del derecho a la salud mental’, moderado por Virginia Pérez Alonso, directora de ‘Público’.

Independentistas y federalistas catalanes admiten que la mesa de dialogo con el Gobierno español tardará en llegar

Joan Tardà (ERC), Mireia Vehí (CUP), Laura Borràs (JxCat), Jaume Asens (En común Podamos) y Ferran Pedret (PSC) participaron en el debate en línea «Diálogo sobre Catalunya» organizado por la Fundación ‘Espacio Público’.

La importancia social del referéndum del 1 de octubre, la denuncia de la represión política y judicial durando -y después- de su celebración y la reivindicación del derecho a decidir han sido algunos de los puntos tratados entre políticos que participaron en el debate organizado por la ‘Fundación Espacio Público’ Diálogo sobre Catalunya.

Dirigentes de diferentes formaciones políticas catalanas debatieron sobre las oportunidades y obstáculos que existen en la búsqueda de soluciones al conflicto entre las instituciones catalanas y el Estado español. Ahora bien, en lo que coincidieron de una forma u otra fue en que la mesa de diálogo con el Gobierno exigirá tiempo, y en que a pesar de que en principio tendría que haberse reunido el pasado mes de septiembre, tardará al llegar.

Mientras que la portavoz de la CUP en el Congreso de los Diputados, Mireia Vehí, y la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, pusieron en cuestión la viabilidad actual de la mesa de diálogo, el diputado del PSC en el Parlament de Catalunya, Ferran Pedret, el ex-diputado de ERC, Joan Tardà, y el diputado de En comú Podem, Jaume Asens, defendieron su necesidad actual, cada cual con sus matices.

El referéndum: un punto de inflexión

A pesar de las discrepancias claras sobre la validez del referéndum del 1 de octubre, entre los cinco participantes del debate, hubo consenso en torno a una cuestión: fue un punto de inflexión para el independentismo y en la historia política del Estado español. Borràs insistió en la validez política de la votación masiva, mientras que Pedret, Asens y Tardà destacaron sobre todo su valor histórico y social. «Pasará a la historia como un hecho muy singular en la historia de los derechos sociales y como ejemplo de autoorganización popular. Tengo la impresión de que con el paso del tiempo adquirirá mayor relevancia«, aseveró Tardà. Asens, por su parte, calificó el 1-O como «un momento de empoderamiento social que sentó las bases de algo muy grande«, pero también dijo que se cerró mal con el 27 de octubre, con la DUI.  El diputado señaló tres etapas en la historia reciente de Catalunya: la del Estatut, la del Procé, y la actual, en la cual él apuesta por la recuperación de «los consensos internos de país» y consideró que «un punto de referencia clave será la mesa de diálogo».

Mireia Vehí reclamó una mirada hacia el futuro, más que quedarse en el pasado, y preguntarse por lo que se ha hecho mal para poder avanzar. Puso en entredicho la eficacia de la mesa de diálogo, porque considera que el actual Gobierno español del  PSOE y Unidas Podemos no muestra predisposición para llegar a pactos con el independentismo y para acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación. «La mesa de diálogo no aporta propuestas políticas concretas», afirmo. Hasta ahora, según ella, solo ha traído una foto, elecciones anticipadas y la inhabilitación del presidente de la Generalitat.

Laura Borràs reivindicó la validez del referéndum del 1 de octubre y el mandato que dejó. «El reto actual es poder acabar lo que no culminó», ha afirmó.

Y en en cuanto a la mesa de diálogo dijo que se trata de una ‘mesa fake’, porque existe una negativa a poder hablar del derecho a la autodeterminación. Frente quien pide que se acuda a esta mesa sin posiciones maximalistas, la portavoz de JxCat ha preguntó: «Maximalismo es atender a lo que pide la ciudadanía?» y ha recordo que el 80% de la Sociedad catalana reclama un referéndum pactado.

Los límites de la mesa de dialogo

Ante esas afirmaciones, y siempre en tono moderado y en un clima tranquilo, propio del añorado ‘oasis catalán’, Asens respondió que no cree que la mesa de diálogo sea un fake, habida cuenta de la pelea que hubo entre JxCat y ERC para ver quién la lideraba. «Es evidente que el conflicto no se resolverá en una o dos reuniones: es un conflicto que viene de lejos y va por largo«, reconoció. Además, Asens pidió que se «flexibilicen las posiciones», y apuntó que en la mesa de diálogo no ha de haber “líneas rojas ni tabúes».

En un tono algo más contundente, Pedret matizó que los socialistas no tienen «una idea del diálogo con un sector del independentismo en el que solo se pueda hablar sobre objetivos máximos». El portavoz del PSC en el Parlament de Catalunya  caracterizó las votaciones del 1 de octubre no como un referéndum sino como una gran movilización, como «el momento culminante de acumulación de fuerzas de los independentistas» y calificó el operativo policial como un «absoluto desastre», pero «nos hemos de situar en el presente», pidió.

La mesa de diálogo y la correlación de fuerzas

Siguiendo el hilo del debate, Vehí aseguró que desde el independentismo siempre se ha buscado el diálogo, pero que se han echado en falta «unos tiempos, unas formas, unos objetivos, algún tipo de mediador». Lamentó que UP no tenga más influencia en la mesa de diálogo y, ante la afirmación de Pedret según la cual «lo más importante es sentarse a hablar e intentar desescalar el conflicto político que también existe en la sociedad catalana», Vehí hizo un punto y aparte. «Esto no es Irlanda del Norte, aquí la gente solo pide votar y que se acabe con la persecución política». «Aquí la gente de forma organizada y pacífica reclama un referéndum, derecho a la autodeterminación y amnistía«, señaló.

Por su parte, Asens aseguró que a Unidas Podemos también les gustaría una mesa de diálogo con otra composición, pero dijo que la correlación de fuerzas actual es la que es y que intentan actuar de acuerdo con la misma. «Estamos condenados a entendernos», ha aseguró, pero contestó a Vehí diciendo que la solución al conflicto entre el Estado y Catalunya no es fácil. «Es un problema complejo y de siglos”. Es muy fácil en el plano teórico, pero cuando las hipótesis se ponen en marcha a veces pueden tener efectos contrarios, argumentó.

La necesidad de superar el 50%

Una de las ideas que más enfatizó Tardà en sus intervenciones fue la de la necesidad de encontrar una solución que incluya a las dos mitades de los catalanes: los que son independentistas o soberanistas y la otra mitad que no lo son. «Hace falta que exista un acuerdo y se tienen que ver integradas sus aspiraciones en la fórmula a través de un referéndum. Hace falta metabolizar una solución democrática, cívica y pacífica», insistió.

Asens aseguró que, si no se ha llegado a acuerdos antes ha estado también por «la falta de valentía histórica del PSOE», aunque excluyó al PSC de esta responsabilidad. «Lo más importante en política es avanzar», recalcó. Ante la buena sintonía que se apreciaba entre ERC, Comuns y PSC, Borràs ironizó y puso en cuestión la apuesta de federalista expresada por Pedret. Señaló que “el federalismo es una propuesta oportunista que aparece siempre que se acercan unas elecciones y después desaparece».

La intervención del poder judicial

Ana Pardo de Vera no quiso dar por concluido el debate sin pedir valoraciones sobre el papel del poder judicial en el conflicto, sobre los encarcelamientos, las inhabilitaciones y los miles de personas represaliadas. ¿Puede cambiar la estrategia del poder judicial?

Laura Borràs criticó la ausencia de separación de poderes en el Estado español y señaló que los presos políticos ya llevan más tiempo privados de libertad bajo gobiernos del PSOE que con el PP.

Mireia Vehí denunció que la judicatura le está “echando un pulso al Gobierno», que la Fiscalía sigue el criterio del Ejecutivo y que la represión sigue. Reclamó una ley de amnistía, se refirió a Podemos como «aliados» que «tendrían que presionar» y dijo que esperan su voto a favor para que se pueda tramitar tal ley.

Durante el debate se invocó reiteradamente a la necesidad de atenerse al «principio de realidad» y la diputada de la CUP afirmó que de acuerdo con este criterio habría que entender que los pactos no son posibles sin limpieza de las instancias judiciales.

Joan Tardà reiteró que la negociación con el Estado no será fácil, que exigirá tiempo, movilizaciones y posiblemente acciones de desobediencia.

«El Estado profundo dinamita» el diálogo, según el ex-diputado republicano. La represión se mantendrá, ha pronosticado, porque hay instituciones que se han apuntado al «cuánto peor mejor».

Jaume Asens reiteró su defensa de la reforma del código penal y de los indultos, como vías de solución a los problemas creados por el poder judicial y, en contra de quien reclama amnistía dijo que «no se puede fiar a todo a escenarios improbables«. El diputado de los Comunes aseguró que, «hasta que no llegue el escenario utópico que es la amnistía«, lo que hace falta es conseguir la libertad de los presos y la desjudicialización de la política. Aseguró que «la Fiscalía no es correa de transmisión del Gobierno», pero aun así, refiriéndose a los altos estamentos del poder judicial, recordó a quienes ha que los jueces son el último bastión para evitar avances.

Ferran Pedret aseguró que en el Estado español hay separación de poderes y que «no existe una estrategia de las instituciones judiciales». El diputado del PSC reconoció sin embargo que hay quién juega al «cuánto peor mejor», pero afirmo que esta actitud también la ha visto en algún independentista.

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