Habrá que dedicar esfuerzos, ahora y previsiblemente en el futuro, para enmendar las numerosas insuficiencias del proyecto de Ley de Memoria Democrática, particularmente en aspectos clave, como la inmunidad concedida a los responsables de los crímenes del franquismo mediante la ley de amnistía del año 77 o el rechazo a las exigencias de reparación jurídica a las víctimas de los tribunales de aquella dictadura.

Hay que dejar muy claras las responsabilidades, para que no se borren de la memoria y para fijar en la agenda de los demócratas una tarea pendiente: el cambio y limpieza de las instituciones heredadas de la dictadura. La vida política española sería hoy muy diferente si el poder judicial, la policía, el ejército, el cuerpo diplomático, y tantos otros ámbitos del aparato del Estado se hubieran sometido a un proceso de democratización radical.

Habría que abordar, por otra parte, un aspecto muy olvidado de la historia española contemporánea, que es imprescindible reivindicar.

A menudo, cuando se habla de recuperación de la memoria, se recuerda obviamente lo que fue y significó la República, la guerra y sus episodios, los campos de concentración, los fusilamientos y la desaparición de más 140.000 personas, el exilio, el régimen de terror, las detenciones, torturas, encarcelamientos… Así ha de ser y hay que apoyar resueltamente a quienes investigan sobre este período. Se evoca también la resistencia antifranquista y la actividad política clandestina, pero en este último aspecto se padece en la práctica una amnesia premeditada y consensuada como parte del pacto de Estado que permitió convertir en demócratas a los cancerberos y partidarios del autócrata y que situó al antifranquismo como el huésped incómodo de un nuevo régimen.

Son pocos los historiadores, periodistas y políticos que han dedicado esfuerzos a estudiar en detalle y a dejar constancia de un fenómeno social trascendental vivido durante los últimos años de la dictadura:

Miles de personas dedicaron una parte muy importante de sus vidas a la militancia en organizaciones clandestinas antifranquistas, quizás minoritarias, pero muy significativas en aquellos años y cuya actividad dio al traste con los planes más continuistas del tardofranquismo. Eran ciudadanas y ciudadanos de ideología diversa pero la mayor parte eran comunistas, que de una u otra manera se arriesgaban a sufrir persecución no solo para conseguir un régimen político de libertades, sino porque vivían y actuaban con la ilusión de lograr, un día u otro, una sociedad igualitaria.

La evaluación del número de personas comprometidas en estas militancias en los años sesenta y setenta sería una buena tarea para historiadores, porque el relato de la Transición ha borrado en buena medida la existencia de esta realidad, sin la cual no se puede entender el proceso de descomposición de la dictadura.

Miles de trabajadores y estudiantes que militaban en organizaciones, que se reivindicaban casi todas ellas partidarias de Marx y de Lenin, como el Partido Comunista de España, Partit Socialista Unificat de Catalunya, Partido del Trabajo de España, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Liga Comunista Revolucionaria, Organización Comunista de España-Bandera Roja, Movimiento Comunista, Organización de Izquierda Comunista, Partido Comunista de España Marxista-Leninista, diferentes escisiones de Euskadi Ta Askatasuna, Partit Socialista d’Alliberament Nacional, Unión do Povo Galego… -la lista podría ser mucho más amplia- cada una de las cuales contaba con organizaciones juveniles, intervenía en el movimiento obrero a través de diferentes tipos de organismos también clandestinos, participaban en el movimiento asociativo vecinal, abordaban de diferente manera la cuestión nacional vasca, catalana, gallega, que reclamaban soberanía en todos los aspectos, buscaban amparo de alguna manera en organismos legales o paralegales, contaban con organización dentro de las prisiones, trabajaban desde el exilio… y todo esto en plena dictadura.

Y a todo este tejido habría que añadir entidades también ilegales no comunistas, como la CNT, el PSOE, la Federación de Partidos Socialistas y otras organizaciones nacionalistas o independentistas que también se veían obligadas a existir en la clandestinidad. Tampoco se puede pasar por alto la existencia del Frente de Liberación Popular (FLP) y sus homólogos en Euskadi y Catalunya, ESBA y FOC, muchos de cuyos militantes se convirtieron más tarde en destacados cuadros de otras organizaciones.

Pero el relato de Transición se centró mucho más en figuras que en colectivos y se ha impuesto de tal manera que muchas personas implicadas en el acontecer de estas entidades han procurado que posteriormente se olvidara su militancia. Había que limpiar los CV de referencias a cualquier veleidad revolucionaria. Muchos temieron lógicamente que su implicación en actividades subversivas les perjudicara social y profesionalmente y una vez quedó claro que el nuevo régimen se encarrilaba sin ruptura de raíz con el franquismo, tuvieron vergüenza, o cierto miedo de que se recordara aquel activismo de color rojo, tan importante en la vida de tantas personas.

Algunos de estos militantes y/o dirigentes desaparecieron de la vida política, del mismo modo que las organizaciones que impulsaron e hicieron crecer. Algunos cambiaron radicalmente, se implicaron en las instituciones, a través de partidos del régimen del 78, o en actividades empresariales de diverso tipo. Otros se reciclaron profesionalmente en diferentes ámbitos, y algunos mantienen más o menos sus ideales de juventud, pero casi todos, se han retirado poco a poco. Entre otros motivos porque los años no perdonan y los imperativos biológicos obligan.

Se acabó el tiempo en el cual se podía reconstruir la historia de los años 30 y 40 a través del testimonio de quienes vivieron la República, la guerra, la represión de los años cuarenta y principios de los cincuenta, el régimen que se asentó sobre el pánico colectivo… Nos quedan, además de algunos repositorios audiovisuales, valiosos textos y discursos de los protagonistas de aquella época, además de abundantes trabajos de los investigadores, pero ya no queda con vida casi nadie que pueda explicar experiencias vividas de aquellos años. Sobre los episodios políticos y la vida clandestina de finales de los años 60 y de los 70 también se ha escrito bastante, pero en la mayor parte de los casos sin referencias a los documentos de entonces y sin entrar en detalle sobre los debates del momento, los objetivos, las estrategias, la vida organizativa, la formación, las implicaciones en la vida cotidiana y familiar de los militantes. Y no deja de resultar significativa la escasa producción literaria y cinematográfica centrada en la resistencia antifranquista.

Hay que destacar el trabajo realizado por asociaciones memorialistas como La Comuna o la ARMH, que han reclamado la creación de un comisionado para atender a las víctimas de la represión franquista y señalan la necesidad de que el Estado se disculpe por “los miles de personas que han muerto ignoradas”. Y hay que poner en valor también el esfuerzo de colectivos y militantes que han elaborado cronologías (1), han recogido y difundido documentación (2), han abierto foros en redes sociales, han escrito y editado libros (3), impulsado campañas sobre el legado de luchas populares compartidas (4), y también el de un reducido número de investigadores y académicos que han tomado la tarea en sus manos. Todos ellos han informado sobre actos e iniciativas reivindicativas de la memoria del movimiento obrero, pero lo que se explica en las escuelas y universidades, lo que se difunde a través de los medios de comunicación, por encima de cualquier otro relato, son los ejes de un discurso según el cual la dictadura se acabó cuando Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Felipe González, Manuel Fraga, Miquel Roca y algunos otros personajes pactaron el inicio de una nueva etapa en la historia del Estado español, con la activa complicidad del rey Juan Carlos, la aprobación de una reforma institucional del régimen del Movimiento franquista, la legalización de los partidos políticos, la convocatoria de elecciones a Cortes generales y el pacto constitucional del 1978.

Se difumina así, con generalizaciones y anécdotas de cariz cortesano, el excepcional esfuerzo realizado por centenares de miles de personas que participaron durante los años 60 y 70 en movilizaciones populares duramente reprimidas por la policía franquista. Se olvidan las huelgas locales y generales, reivindicativas de condiciones de trabajo dignas, que por el simple hecho de realizarse desestabilizaban el régimen franquista; las reclamaciones de amnistía para las víctimas de la legislación penal, social y laboral de la dictadura; las exigencias de legalización de las organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles, feministas, vecinales realmente existentes en la sociedad de aquel momento; las demandas por la vía de la práctica de libertades democráticas plenas y la derogación de toda la legislación que restringía los derechos de huelga, libre expresión, asociación, reunión y manifestación; las reivindicaciones de depuración del ejército, la magistratura, la policía y del conjunto del aparato de Estado, la exigencia de reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Catalunya, Euskadi y Galicia; de convocatoria de asambleas constituyentes, el rechazo a los pactos con la OTAN… Todas estas aspiraciones formaban parte del patrimonio político común de las organizaciones comunistas mencionadas. Todas.

Eran grupos y partidos, algunos de mucho peso, como el PCE y el PSUC, otros con menos implantación, que discrepaban radicalmente sobre formas organizativas, análisis de coyuntura, calendarios y estrategias, que actuaban bajo orientaciones y referencias distintas en política internacional, rivalizaban en su voluntad de hegemonizar y dirigir movimientos reivindicativos en fábricas, centros de enseñanza, asociaciones profesionales, vecinales… pero todas ellas transmitían el mensaje de que, en algún momento, se podría abrir un proceso hacia el socialismo.

Todas formaban parte de la oposición al franquismo y todas deseaban la ruptura de aquel régimen, para dar paso a la democracia, pero los dirigentes de los partidos con mayor influencia optaron por la vía de la reforma. Reforma que exigía un pacto que descartara la ruptura de raíz con el franquismo y una imprescindible capacidad de control sobre lo que se había movilizado hasta entonces, con la contribución decisiva de miles de militantes, disciplinados, muchos de los cuales se encontraban encuadrados en organizaciones con o sin democracia interna, pero dispuestos todos ellos a sacrificar gran parte de su tiempo en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria, preparados para resistir la represión policial y empresarial.

Eran ciudadanos que en sus centros de trabajo o de estudio impulsaban la creación de comisiones y comités, repartían octavillas, confeccionaban carteles y pancartas, se ponían al frente de huelgas, convocaban manifestaciones, muchas de ellas por sorpresa para salvaguardar la seguridad de los participantes, mantenían en funcionamiento imprentas clandestinas, en las que se editaban documentos internos de debate y publicaciones periódicas, que luego había que distribuir a través de redes de confianza, se reunían secretamente e intentaban conocer lo menos posible los datos personales de los asistentes, utilizaban pseudónimos (‘nombres de guerra’) para tratarse entre sí, separaban todo lo posible la actividad política de su tiempo de ocio y vida familiar, para dificultar al máximo la acción de las brigadas político sociales de la policía.

Hay que prestar atención a estas personas, muchas de ellas desilusionadas como consecuencia de la frustración de los objetivos e ideales que determinaron su comportamiento social, familiar, profesional durante unos años clave de su vida, ideas que transmitieron por todos los medios que tenían a su alcance. Hace falta que historiadores y especialistas en ciencias sociales les escuchen para poder reconstruir y recuperar de manera fidedigna la memoria de aquellos años.

Quizás de este modo, rompiendo el silencio, se podrá tomar conciencia social de lo que significa que hoy, por ejemplo, no se pueda investigar la corrupción de la monarquía, o que los tribunales consideren como delictivos los debates parlamentarios sobre el derecho de autodeterminación de Catalunya o que se haya castigado con años de prisión a personas por el hecho de ejercer su derecho a la libre expresión y manifestación.

Notas:

*Manuel Garí es economista y Marià de Delàs periodista

**Fotografía: Txemi Martínez

[1] https://psuc.cat/historia/

[2] https://archivodelatransicion.es/ , https://www.historialcr.info/ , https://pce.es/historia-del-pce/

[3] https://www.publico.es/actualidad/marti-caussa-ruptura-raiz-franquismo.html ,

[3] https://www.publico.es/public/jordi-borja-posa-sediment-deixar-bandera-roja-vida-politica.html , https://www.catarata.org/libro/historia-del-pce_118425/

[4] https://www.omnium.cat/ca/campanyes/lluites-compartides/