Independientemente de que haya habido otros factores, como la guerra en Ucrania o ciertos problemas de desabastecimiento, que hayan podido contribuir a agravar aún más la situación, existe suficiente consenso en que los altos precios alcanzados por la energía y en concreto por el gas natural, que venían subiendo desde un año antes del inicio de la guerra, constituyen la causa principal de la inflación de casi dos dígitos porcentuales que tenemos actualmente tanto en España como en la UE. De igual forma, no está nada claro que, tras la eventual finalización de la guerra, vaya a ser posible retornar al nivel de precios de la energía que había antes de la misma, porque, como veremos más adelante, la postura de los países productores ha cambiado de un tiempo a esta parte, sin que ello tenga demasiada relación con la guerra.
Ante esta inflación de origen exógeno, los gobiernos europeos no tienen muchas más opciones que intentar reducir la demanda por cualquier medio para no reforzar la espiral de precios al alza. No es tarea fácil al tratarse de una materia prima esencial para la vida diaria, de gran consumo tanto a nivel individual como industrial, que además hoy por hoy no es aún posible sustituir por otra fuente de energía alternativa.
El presidente Biden viajó recientemente a Arabia Saudí y tuvo una polémica entrevista con el príncipe heredero Mohamed bin Salman, en un vano intento de convencerle para que aumentara la producción y así se redujera el precio del crudo. A diferencia de otras ocasiones, los saudíes no sólo no accedieron a la petición americana, sino que, por el contrario, propiciaron que los países de la ampliada OPEC+ decidiesen conjuntamente reducir la producción en 2 millones de barriles diarios. Todo un cambio drástico en la postura de colaboración que habían mantenido antaño. Biden reaccionó manifestando en declaraciones a la CNN, que EE.UU “reconsideraría su política con Arabia Saudí, cuya relación con Rusia”, dijo, “tendrá consecuencias”. Todo un síntoma de que Putin ha encontrado en los países productores unos nuevos aliados, si no en la guerra, sí en su estrategia de lograr un incremento sustancial en el precio de los hidrocarburos. Por ello cabe pensar que los altos precios de la energía se van a mantener más allá de la finalización del conflicto bélico.
Determinar cuál sería un precio más justo del crudo y de sus derivados es un tema que merecería consideración aparte. Mientras tanto, en la actual tesitura, los bancos centrales y en concreto el BCE en un exceso de celo o como una forma de demostración de poder, han decidido cumplir con el objetivo que tienen asignado de combatir la inflación a cualquier precio, utilizando la herramienta de política monetaria que tienen más a mano, que no es otra que disminuir la oferta monetaria, bien sea aumentando los tipos de interés o reduciendo el balance del Banco. Reemplaza así su anterior política de QE (Quantitative Easing) por otra en sentido opuesto QT (Quantitative Tightening), consistente en reducir paulatinamente su cartera actual de bonos soberanos.
Este giro copernicano de la anterior política de QE a la QT en las actuales circunstancias es de esperar que se aplique también al llamado Corporate Sector Purchase Program (CSPP), consistente en la compra por el BCE de activos financieros del sector empresarial en condiciones muy ventajosas para las empresas de acuerdo con el denominado “principio de neutralidad”, por el que los valores elegibles por el BCE se distribuían cuantitativamente en proporción a la participación de cada sector en el mercado sin tener en cuenta su interés social, ni tampoco si en el aspecto medioambiental, eran “verdes” o “marrones”.
Cuando los bancos centrales emiten grandes sumas de dinero (QE) sin discriminar los receptores ni el uso que se va a hacer de él, no tienen en cuenta que los efectos de la inflación que se puede generar no son uniformes ni simultáneos en todos los sectores. Aquéllos que reciben el dinero de nueva creación en primer lugar, ganan poder adquisitivo al ser capaces de acceder a bienes de consumo o de capital a precios relativamente inferiores, mientras que quienes lo reciben con un cierto retraso sólo podrán hacerlo una vez que los precios ya hayan subido a causa de la inflación que posiblemente se genere. Si es posible afirmar que las políticas monetarias de QE nunca son neutrales, del mismo modo sus opuestas de ajuste cuantitativo (QT), que ahora se pretenden implantar, tampoco lo son.
Dos objeciones pueden hacerse a la política monetaria emprendida por el BCE. La primera es preguntarse en qué medida ello va a suponer la bajada de los precios de la energía, que se ha demostrado que en gran parte, a pesar de las sanciones que trata de imponer la UE, está en manos de los países productores, que pueden buscar canales de distribución alternativos o incluso tomar la decisión de recortar producción, con la que las grandes empresas petroleras como Saudi Aramco, están paradójicamente alcanzado cifras récord de beneficios.
Es también el caso de Rusia, que hace unos días respondió recortando un 5% su producción a las limitaciones de precio impuestas por la UE para el gasoil y otros productos refinados que, a pesar de su difícil trazabilidad y posibles vías alternativas de distribución, pudieran identificarse como de origen ruso. Está comprobado, por otra parte, que cualquier reducción en la producción significa un incremento del precio y, paradójicamente, un aumento de ingresos para los países productores.
La segunda objeción es que la subida de tipos de interés puede causar un doble efecto colateral perverso, que afecta a los países más endeudados y a los sectores más vulnerables de la población. Dentro de la Eurozona supone una “fragmentación” y una divergencia en los costos de endeudamiento de los distintos estados que, al tener el BCE estatutariamente prohibido la financiación directa de los estados miembros, han de acudir a los mercados en busca de crédito. Por esta razón el BCE ha tenido que anunciar en paralelo una nueva herramienta “antifragmentación”, por la cual, contrariamente a lo que se pretende con su política de ajuste cuantitativo QT, adquiere un cierto compromiso de comprar deuda de aquellos países que considere que están sufriendo una subida injustificada en su coste de endeudamiento. En cuanto a los ciudadanos que tienen una hipoteca de interés variable, que son mayoría, se verán más agobiados y algunos al borde de la insolvencia.
Independientemente de estas actuaciones estatutariamente permitidas, lo ideal sería que, con el fin de volver a situar la política monetaria en el ámbito del debate democrático y del interés general, el BCE pudiera, al menos coyunturalmente, utilizar su capacidad de emitir moneda para, mediante financiación directa, respaldar eventuales déficits fiscales de los estados miembros, que pudieran generar crecimiento y puestos de trabajo si la posible situación de estanflación lo hiciera necesario, sin necesidad de tener que enfrentarse a las restricciones de gasto que les impongan los mercados. Se evitaría así aumentar aún más su ya elevado endeudamiento.
El BCE, como constructo que es de una sociedad europea diversa y también lamentablemente desigual, no debería caracterizarse por su “neutralidad” económica, sino por su naturaleza “democrática”, de la que carece absolutamente, así como por su transparencia, por cierto también bastante mejorable. Resulta inadmisible que los tratados de la UE puedan servir de pretexto para llevar a cabo una política a favor de los más ricos. Por tanto, es exigible al BCE que extreme mucho la prudencia en la implantación de sus nuevas políticas monetarias y aplique también a la economía el adagio latino: “PRIMUM NON NOCERE”.
De otra forma, la ciudadanía acabará preguntándose por qué hubo y hay dinero para rescatar a los bancos y no para ayudar a las clases populares o para financiar un macroplan de inversiones que es esencial y urgente para la transición energética.