La Justicia habría de ser un servicio útil y no lo es. Hoy día no es el servicio público que precisa la gran mayoría de ciudadanos para resolver sus litigios, basados en los derechos y obligaciones, tanto entre sí como entre ellos y el Estado. Así comienza Manuela Carmena la ponencia con la que “Espacio Público” abrió el debate sobre la necesidad de reinventar la justicia. Durante los más de dos meses en que ha estado abierto, han contribuido como reflexiones personalidades de todos los ámbitos del mundo de la Justicia.

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, plantea que “si existe un documento formalmente antiguo e inadecuado en nuestras Administraciones Públicas ese es la citación judicial. Un documento totalmente incomprensible para el español medio e intolerablemente amenazante para quien es llamado a colaborar con la Administración de Justicia. La citación –añade Carnicer- es muchas veces el primer acto de la Justicia al que asiste el ciudadano que es llamado a colaborar con ella. Y la mala imagen que tiene la Justicia entre los ciudadanos podría evitarse si, simplemente, se tratara a los ciudadanos con el respeto que merecen”.

Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la UAB, escribe que “es posible propiciar una transformación de la Justicia con mecanismos de actuación más horizontal, con participación de agentes sociales y alejada de los ritos que hoy la anquilosan”

El juez José María Fernández Seijo propone la desaparición del Ministerio de Justicia: “En algún momento –afirma- debería ponerse un poco de orden y rediseñar el tablero partiendo en primer lugar de la desaparición del ministerio de justicia, sus competencias deberían ser o bien transferidas a las comunidades autónomas o bien redistribuidas entre el ministerio de presidencia, el de administraciones públicas, el de exteriores y el de cultura”.

Por su parte María Victoria Cinto, vocal del Consejo General del Poder Judicial, cree que “definitivamente es la hora del cambio, de la reinvención, de promover unos nuevos usos y maneras, de fijar los objetivos de una nueva gestión que acerque la justicia a las demandas de la sociedad, que sirva para resolver sus conflictos y crear un marco de convivencia asumible por todos”

Joan Baucells Lladós, profesor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, entiende que “no podremos avanzar en la mejora de la elaboración de las leyes si no se reinventan también los mecanismos de control de estos niveles de racionalidad. Cuando uno lee sus sentencias –explica-, tiene la impresión que el control de las leyes penales por el Tribunal constitucional no ha hecho más que empezar, y que aún está pendiente de elaboración una teoría suficientemente comprensiva de sus contenidos y de sus límites”.

El abogado Jaume Asens critica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “institución endogámica, a su juicio, altamente politizada e incapaz de acometer su principal tarea: poner orden en la justicia y proteger la independencia de quien debe ejercerla. Con su vinculación al poder político, -añade Asens-se ha convertido en un problema más que en la solución.

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia sostiene que “es probable que no haya ningún ámbito como el de la Justicia en el que exista una coincidencia tan generalizada en la percepción de un patente abandono institucional” y Antonio Segura, vicepresidente del Foro de abogados de izquierdas mantiene que “el componente social de la propia plantilla de jueces, juezas, y miembros del ministerio fiscal no se corresponde con la diversidad ideológica de la actual realidad social”.

Para la ex ministra Margarita Robles, ahora magistrada del Tribunal Supremo, “los jueces tienen que ser el punto esencial y básico de la protección de los derechos de los ciudadanos” mientras que el también magistrado Ignacio González Vega repasa y analiza la manera de acceder a la judicatura en nuestro país.

Este fue uno de los puntos de más controversia entre los participantes en el debate presencial previo al cierre de esta ponencia, que moderó Julia Pérez, especialista en Tribunales del diario Público, y que tuvo lugar el pasado 9 de abril en Madrid, en la sede de Ecooo.  En él intervinieron, junto a Manuela Carmena, los también magistrados Joaquim Bosch y Manuel Ruiz de Lara y los abogados Gloria Elizo, Jaume Asens y Antonio Segura.

Quien esté interesado en conocer el debate que ha tenido lugar en la web desde febrero hasta abril de 2015, lo puede consultar a continuación.