Ante un panorama político y social incierto que padecemos en la actualidad, el próximo 2 de abril, supongo que por fin se pondrá en marcha el Proyecto Sumar, con Yolanda Díaz al frente de este ambicioso proyecto progresista de participación ciudadana integrado por distintas formaciones políticas.

Esta iniciativa es, no sólo largamente esperada, sino que, posiblemente, el proyecto de futuro más ambicioso, desde un punto de vista democrático y humanista, planteado en este país como forma de recuperar y ensalzar el concepto de Soberanía Popular; por medio de una idea de democracia popular en contraposición a la fracasada democracia liberal procedimental, que ha encadenado, durante estas últimas décadas, un sin fin de crisis financieras, políticas y sociales, incrementando la desigualdad, eliminando servicios y derechos sociales hacia la supresión de la Justicia Social alterando el principio de convivencia.

El deseado éxito del Proyecto Sumar requiere una verdadera unidad de las distintas fuerzas progresistas, dejando de lado egos personales y con el firme propósito de avanzar en un plan común con la mayor celeridad posible, debido al actual panorama político incierto con el riesgo de padecer un gobierno futuro entre PP y Vox como ya ocurre en Andalucía, Castilla León y Madrid.

En absoluto se trata de apelar al voto del miedo, más bien todo lo contrario, recuperar el voto de la esperanza de la revolución social permanente en busca de la recuperación de los derechos y servicios públicos básicos para la ciudadanía con la consiguiente mejora de la Seguridad Jurídica para un mejor desarrollo social y económico.

Para la consecución del éxito de este Proyecto y sus propósitos, se requiere destacar una serie de puntos que considero fundamentales y que se deben profundizar con la mayor rapidez y seriedad posible para la credibilidad de un programa social para todas y todos:

– Impulso y Desarrollo del Sistema de Educación Pública bajo el principio de «educar en derechos humanos, igualdad y respeto de género, interculturalidad y en la lucha contra la pobreza». Para esto debemos reforzar la figura de las educadoras y educadores social y económicamente. Además, es imprescindible planificar de forma eficiente la educación pública en el mundo rural muy desfavorecido en la actualidad.

La educación pública es la piedra angular para una verdadera cohesión social y la forma más eficiente de luchar contra la desigualdad social, por consiguiente el modo de conseguir una sociedad más empática y humanista basada en el respeto común a través del conocimiento y el pensamiento crítico.

– Leyes que refuercen la Sanidad Pública Universal con una financiación adecuada para su desarrollo y sostenibilidad, así como su implantación dentro de todo el territorio incidiendo, de nuevo, especialmente en las zonas rurales para que a nadie se le niegue la asistencia médica pública.

– Nueva Ley sobre la Función Pública que dote de eficiencia y prestigio a los funcionarios públicos como ejecutores del desarrollo de las políticas sociales más importantes en la lucha contra la desigualdad social. Para impulsar este punto abogo por la creación de una carrera universitaria, media y superior, de Gestión de los Servicios y Recursos Públicos para una mayor profesionalización en la gestión administrativa en sectores públicos estratégicos (hospitales, centros educativos,…etc).

– Potenciar un verdadero parque de vivienda pública.

– Desarrollo legislativo que bloquee e impida la privatización de los servicios y derechos públicos esenciales.

Lo expuesto hasta el momento es una humilde y sencilla pincelada básica como base por la lucha de igualdad de género, lucha contra el bullying escolar o cualquier otra discriminación, por el cuidado y protección de nuestros mayores, por el desarrollo y prevención de la ley de garantía integral de la libertad sexual, por la protección a la salud mental… En definitiva, devolver la soberanía y condición de ciudadanos a las personas en contraposición al concepto de súbdito como principio de sociedad gregaria que hemos padecido durante estas últimas décadas y que, en la actualidad, buscan mantener las élites y privilegiados sociales, económicos y eclesiásticos.

Recuperar la condición de ciudadanos significa, a mi modo de ver, promover la participación dentro del espacio público; centros educativos, centros de salud, asociaciones vecinales…como definición de DEMOCRACIA de John Rawls «el ejercicio de la Razón Pública» para ser partícipes de una sociedad más participativa, solidaria y humanista, siempre en busca de una mayor Igualdad, Respeto y Justicia Social.

Necesitamos que en la formación de este nuevo proyecto Sumar se ejerzan los principios de diálogo, debate y consenso con la mayor participación ciudadana posible, desde una perspectiva positiva, para la consecución de nuevos avances sociales con prosperidad, con un desarrollo económico justo y sostenible.

Considero que nos queda poco tiempo, pero que no es tarde para unificar nuestras fuerzas e ideas, que el mensaje debe de llegar hasta el último rincón de la ciudadanía para contrarrestar bulos y sofismas vertidos por la derecha y sus élites privilegiadas, así como evitar el grave problema de la abstención; pero no sólo movilizar el voto, sino concienciar e incentivar a la ciudadanía en la participación pública… en el espacio de todas y todos.

Psiquiatras y psicólogos ponen de manifiesto la necesidad de tener en cuenta los determinantes sociales, como son la educación y la pobreza, en la salud mental de las personas, en un debate organizado por la Fundación Espacio Público y el Foro Ágora Salud.

“La salud mental no es solo un problema sanitario”. «La terapia a veces no promociona la salud», «en las facultades no se enseña que la salud mental tiene que ver con la experiencia vital de las personas», «a menudo los medios identifican salud mental con salud cerebral», «se medicaliza la miseria». Los participantes en el coloquio organizado por Espacio Público y Foro Ágora Salud se han pronunciado este martes con expresiones como estas, en un debate ágil y lleno de argumentos, en defensa de un modelo comunitario de atención en el ámbito de la salud enlazado con los derechos de las personas.

El psiquiatra y profesor titular de la Universitat de Barcelona, Joseba Achotegui; el psicoterapeuta y profesor titular de la Universitat de Barcelona, Antoni Talarn y la psiquiatra y jefe del área de salud mental del Hospital Padre Jofre, Begoña Frades García, han participado en el debate «en defensa del derecho a la salud mental», conducido por la directora de Público, Virginia Pérez Alonso, con el cual ha concluido el debate por escrito abierto previamente a Espacio Público.

La pandemia y la medicalización de los sentimientos

La llegada de la pandemia ha provocado un aumento de la ansiedad, que los tres expertos han insistido en que no es una enfermedad mental, sino una forma de canalizar el miedo o el duelo. La psiquiatra y jefe del área de Salud Mental del Hospital Pare Jofre, Begoña Frades García, apunta que la OMS ha señalado que el 90% países del mundo han visto sus servicios de salud mental básicos limitados o alterados durante la pandemia. Ante este dato, el psicoterapeuta y profesor titular de la Universitat de Barcelona ha explicado que en el ámbito estatal es difícil tener datos fiables y niega que hayan aumentado los trastornos de salud mental. «No se ha producido una verdadera avalancha. Lo que ha aumentado es el malestar, la inquietud, el insomnio, el estrés, pero no tanto un incremento de trastornos mentales», ha precisado.

En este sentido, los tres han insistido en la necesidad de no medicalizar o patologizar los sentimientos, y han puesto de manifiesto que la sociedad en la que vivimos no permite los sentimientos negativos, y esto tiene un efecto en la salud mental de las personas. El psiquiatra y profesor titular de la Universitat de Barcelona, Joseba Achotegui, apunta que la salud mental es «una adaptación activa a la realidad», y que es normal que en situaciones tan excepcionales como una pandemia crezca la ansiedad u otras manifestaciones de estrés emocional. «Es el negacionismo del malestar psicológico cuando se trata de respuestas naturales y humanas», lamenta. «Vivimos en una sociedad de consumo en la cual cualquier necesidad tiene un producto que la satisface. Y esto ha llegado al área de salud mental«, ha apuntado Achotegui. «Hoy en día cuesta entender la idea del proceso de elaboración… El dolor siempre tiene que desaparecer con una solución. Es el modelo social», ha lamentado.

Para Frades no es una novedad, esta insistencia en la medicalización, y ha repetido que la ansiedad no es un trastorno mental. De hecho, los tres expertos han conversado sobre el papel de la medicina o de la salud en el tratamiento de la salud mental: en el momento en el cual el cirujano, que es el médico que interviene en el momento más crítico de la salud de un paciente, es el símbolo de la medicina, algo falla. «El quirófano es el fracaso del modelo de prevención y de la salud», ha afirmado Achotegui.

Cuando Virginia Pérez Alonso ha hablado sobre las desigualdades de género en la atención médica, la periodista ha recordado las diferentes entrevistas que desde Público se han hecho a la médico especialista en perspectiva de género, Carme Valls. En una publicada recientemente en Públic, Carme Valls insistió en que «la medicina ha nacido en los hospitales y allá mayoritariamente hay hombres», y eses el motivo por el cual no se ha visibilizado la patología crónica que sufren sobre todo mujeres y se atiende en asistencia primaria.

Frades, a pesar de apuntar que las mujeres acostumbran a tener más ansiedad y depresiones, ha señalado que son ellas las que padecen en mayor medida el malestar y el sufrimiento. En cambio, y en parte a causa de esta falta de expresión de los sentimientos, los hombres acostumbran a consumir más alcohol. Además, Talarn ha añadido que las mujeres están expuestas a unas violencias que los hombres no sufren, y esto aumenta la ansiedad y el estrés.

Los determinantes sociales, claves en la salud mental

Frades ha apuntado que el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, se anunció que se invertiría en salud mental, pero ha cuestionado esta inversión. «¿Qué quiere decir invertir en salud mental? ¿más psiquiatras? ¿más centros? más psicólogos? Hay que invertir en los determinantes sociales, porque no puede haber una buena salud mental sin derechos humanos», señala. «Hace falta invertir en educación, en contra de la pobreza… es un problema transversal, no solo sanitario y médico. Afecta a toda la sociedad», ha afirmado.

En este sentido, Talarn ha recordado que el eurodiputado exiliado y ex conseller de Salut, Toni Comín, consiguió un aumento del 30% en el presupuesto de la línea asistencial de Salud Mental de la Generalitat en 2017, tal como el mismo político recuerda en el debate que tuvo lugar anteriormente y por escrito en Espacio Público. Ahora bien, este incremento no vino acompañado de un modelo de reforma de la atención psiquiátrica que tuviera en cuenta las perspectivas comunitarias. «Habría que trabajar en la prevención en el ámbito de la educación, el laboral… mantener una prevención inespecífica. De estos condicionantes sociales, en la mayoría de los libros de psicología clínica no se habla», ha denunciado. Achotegui se ha sumado a la intervención de sus compañeros y ha añadido que el nivel está muy relacionado con el de la salud.

Así mismo, Talarn ha advertido sobre los efectos colaterales que tiene no reconocer los determinantes sociales como factores importantes en la salud mental: en primer lugar, se exime al sistema de su responsabilidad, y en segundo lugar se hace sentir al individuo que tiene problemas personales que no tienen nada que ver con su entorno. Esto provoca pérdida de autoestima, aumento del síndrome de la impostora, así como el incremento en el consumo de psicofármacos, droga y alcohol. «Nadie se cuestiona nada y se deja a los enfermos solos y sin poder entender qué les está pasando, porque tiene que ver con su entorno», ha explicado. «La pobreza y la miseria acaban convertidas en temas médicos», ha lamentado Achotegui.

Falta de debate en el sector

Ante esta carencia de inclusión de los determinantes sociales como aspectos clave en la salud mental, los expertos han lamentado la falta de debate en su sector. Frades se ha referido a pequeños cambios y a una «revolución silenciosa» que se realiza despacio, mientras que Achotegui ha lamentado la falta de comunicación y de debate. «Hay cierta tendencia a trabajar por escuelas, por grupo… pero no hay demasiados debates dentro de la psiquiatra o la psicología», ha lamentado. En este sentido, Talarn ha añadido que hay mucho movimiento intelectual en contra de la medicación, pero que el debate en la asistencia básica «no acaba de llegar del todo». «Cada día hay más grupos de ayuda mutua de pacientes que se empoderan y despacio sí que realizan esta revolución silenciosa, pero tardará en llegar si no le damos un empujón», ha advertido.

Además, esta carencia de debate también viene reforzada por el papel de los medios de comunicación, que tienen una visión muy reduccionista. «Más de una vez tienden a identificar salud mental con salud cerebral. Solo se habla de dopamina, serotonina… y no salimos de aquí», ha criticado Achotegui. De hecho, el psiquiatra ha señalado irónicamente que a pesar de que se habla de una atención biopsicosocial, lo que hay es una atención «bio-bio-bio», con voluntad de medicalizar las patologías de salud mental.

Los problemas de niños y jóvenes 

Otra de las demostraciones de la medicalización es el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad). «Hay una epidemia de diagnósticos de TDAH», ha asegurado Talarn, puesto que en España un 10% de los menores se encuentra diagnosticado con esta enfermedad. El psicoterapeuta ha asegurado que los maestros, que a veces se encuentran con aulas de hasta 27 alumnos, se encuentran en situaciones de mucho estrés que hace que a los niños más inquietos se les tilde de conflictivos, que esto se comente a los padres, los padres al psiquiatra, y empiece «una bola de nieve» que llega hasta este 10% de diagnósticos de TDAH. Por otro lado, ha puesto el dedo en la llaga al decir que hay que saber quién invierte en las unidades especializadas de TDAH en los hospitales. «Las farmacéuticas», ha explicado el experto, que ha añadido que también financian las asociaciones de padres de niños con este trastorno.

Asimismo, las redes sociales suponen un factor de riesgo que hace que los niños más vulnerables tengan un trastorno, porque incrementan la inseguridad y bajan la autoestima. También vinculado con internet, otro problema dramático de hoy en día es la pornografía y como se está convirtiendo en la única fuente de conocimiento sobre sexualidad. Y en vez de prevenir este problema con una educación progresiva y antes de la edad de riesgo, las charlas en las escuelas sobre sexualidad, adicciones, o acoso llegan a los jóvenes de 15 o 16 años, cuando ya pueden haber empezado con estas prácticas. «Entonces ya es demasiado tarde», opina la psiquiatra.

Una de las consultas que también reciben los psicólogos, ha explicado Talarn, es las de los padres que vienen «muy preocupados» porque observan «conductas que no cuadran con el género asignado». Es decir, padres y menores y adolescentes que no han estado debidamente informados sobre la transexualidad. En estas consultas, Talarn explica a los padres como «acompañar sin intervenir ni presionar al menor», para así «proteger el niño o niña del posible acoso escolar». En este sentido, Frades ha lamentado que si no se educa desde la igualdad y la tolerancia se puede reforzar el acoso escolar, el cual ha aumentado también en línea telemática, y todavía más durante el confinamiento.

El duelo migratorio extremo

Las personas más vulnerables tienen más posibilidades de sufrir problemas de salud mental, sobre todo en situaciones de crisis económica. Es por eso que Achotegui pone de relieve que hay muchas personas migradas, ya sea porque están sin documentación o porque a pesar de tenerla no pueden traer aquí a su familia, que están sufriendo un «duelo migratorio extremo».  Además, debido a la falta de clases de catalán o castellano, así como a la falta de vida en la calle, la integración de estas personas se ha vuelto más difícil. «Esto lo notamos mucho en las consultas», ha señalado el psiquiatra.

Por otro lado, con la brecha digital, los niños con pocos recursos que no tienen conexión a internet han perdido casi un curso escolar. Todo esto aumenta la falta de información y aislamiento por parte del colectivo migrante, lo que aumenta su duelo migratorio. «Esto afectará además a más de una generación. Este maltrato es hambre para hoy y muchos más problemas para el mañana», ha advertido.

moderado por:

  • Ariel Jerez

    Profesor de Ciencia Política (UCM) y Consejero estatal coordinador del Area Consejo del Mundo Rural, la sostenibilidad y la Soberanía Alimentaria de Podemos.

  • Paloma Bravo

    Graduada en Ciencias Politicas (UCM), activista social y estudiantil

  • Fernando Fernández Such

  • Juantxo López de Uralde

    Activista ecologista, coportavoz de Equo y diputado en el Congreso del Grupo Confederal de Unidos Podemos

No recordábamos una temporada de sequía como la que estamos atravesando, que es probable que el año entrante traiga recortes también al consumo doméstico en muchas localidades. La sequía es una realidad que nos amenaza con carácter cíclico, pero en el actual contexto de cambio climático se ve agravada por la inevitable reducción de reservas de agua ante una mayor evaporación (hasta el 20% en épocas estivales) y un crecimiento de pozos ilegales y regadíos insostenibles, sin duda evitables. Nuestro mundo rural está siendo muy afectado por el cambio climático, que refuerza tendencias de por si negativas observadas en las últimas décadas, pero es vital insistir que la desestructuración de mundo rural tiene un impacto negativo para el conjunto de la sociedad. El fracaso de nuestro modelo rural nos afecta a todos, en pueblos y ciudades.

De alguna manera la realidad actual pone también de manifiesto el agotamiento del modelo de  producción agropecuaria que se apoya en el paradigma del desarrollismo agroindustrial. La actividad agrícola y ganadera abandonó el equilibrio que tradicionalmente le vinculó al entorno natural,  que hoy se acerca más a un modelo fabril de producción de alimentos, con un manejo de los recursos naturales como simples factores de producción, que en un contexto de cambio ambiental está sobreexplotando nuestros campos y acuíferos, y contribuye al vaciado el mundo rural.

Es urgente repensar nuestro mundo rural, el modelo económico organizado desde las ciudades y su realidad territorial. Necesitamos esta reflexión sobre toda una serie de problemas, errores y fracasos ya evidentes, todavía no solventados, muchas veces ni siquiera asumidos ni abordados. En este contexto de crisis social y de proyecto de país, no se puede perder de vista que determinadas iniciativas de política retrógrada que aprovechan las tensiones del proceso independentista, para afirmar una identidad rural conservadora ligada a valores pretendidamente  tradicionales, que se sienten amenazados por sectores ecologistas urbanos a los que falazmente denuncian por poner en peligro no solo sus costumbres, sino también sus fuentes de trabajo y supervivencia.

Según muchos analistas, el sentimiento de abandono del mundo rural trabajado por la derecha reaccionaria, explica el aumento del voto a la ultraderecha en países como Alemania y Estados Unidos, y fenómenos como el Brexit. Nos encontramos en la situación paradójica que buena parte de las élites presentes hace décadas en las decisiones adoptadas en las instituciones rurales locales y regionales, hoy no tienen empacho en denunciar la situación como un problema de identidad, con la intención sin duda para ocultar el problema de fondo: el modelo de agro español es altamente concentrador, hace muy ricos a muy pocos, en un territorio escaso como el peninsular tiene altos costes cada vez más insostenibles para la mayoría rural, al tiempo que contribuye a despoblar regiones enteras.

Ante esta situación necesitamos reforzar los puentes entre pueblos y ciudades, abrir nexos entre los tejidos asociativos urbanos y rurales, para pensar un nuevo modelo que garantice los derechos constitucionales de todos los vecinos, sean rurales o urbanos, en todas las comarcas de todos los territorios autonómicos de España. Ante la desertificación que amenaza al 80% de nuestro territorio, solo tendremos futuro como país si somos capaces de hacer emerger una nueva corriente de opinión sostenible, capaz de repensar nuestro modelo de desarrollo, recuperando el pulso en nuestros pueblos y sensibilizando en nuestras ciudades sobre los principios de mitigación y adaptación al cambio climático, en un marco alternativo de una nueva cultura de la sostenibilidad.

El medio rural abarca el 80% del territorio español, pero en él solo vive el 20% de la población, y esa cifra cada vez es menor. No hay nada más insostenible para el futuro del mundo rural que la despoblación. Una realidad que afecta casi un tercio de nuestras comarcas, y con especial incidencia en los pueblos de menos de 5000 habitantes. El libro de Sergio del Molino ha dado nombre a amplias zonas de la España interior: la España vacía, y también ha avivado el debate sobre el potencial de recuperación de muchos de nuestros pueblos, un espacio que pierde población a pasos agigantados. Nos formulamos muchas preguntas ¿Es posible recuperar nuestros pueblos? ¿Cuál debe ser la fórmula para hacerlo?

Estas mismas preguntas se las hicieron antes quienes impulsaron la ley de Desarrollo Sostenible del medio rural. Una ley que pretendió precisamente poner ideas y recursos en marcha, pero que se quedó enterrada en los cajones de un Gobierno cuyo compromiso con el auténtico desarrollo rural no existe. Precisamente desde Unidos Podemos en el Congreso, llevamos dos años trabajando para desempolvarla como primer paso para avanzar hacia la recuperación del medio rural.

El desarrollo rural no ha interesado en España. Basta ver cómo las líneas de ferrocarril que unían nuestras comarcas y vertebraban el territorio se han ido desmantelando, faltas de cualquier presupuesto. La política de transportes ha apostado desde 1992 por las grandes líneas de alta velocidad que unen grandes núcleos urbanos, pero que los pueblos sólo ven pasar, como pasan los meses y los años sin que nadie pase por allí. Es inexplicable que todavía hoy la mayor parte del territorio español no tenga un acceso decente a Internet, herramienta imprescindible para cualquier emprendimiento empresarial. El abandono acarrea también una precarización de los servicios públicos, y todo ello profundiza la sensación de abandono que hoy es dominante en nuestros pueblos.

En lo referido al sistema agropecuario, el Estado lleva décadas impulsando un sistema agroindustrial que promueve las grandes explotaciones y que no solo desincentiva las explotaciones familiares pequeñas y medianas, sino que las desprecia por considerarlas ineficientes, inviables y alejadas del modelo agroexportador que promueve. Esa política continúa amparándose en una PAC que necesita de una revisión profunda de sus postulados, en el horizonte de negociación de la futura reforma partir de 2020. Por hacernos una idea del tipo de agricultura que impulsa la PAC (más allá de la retórica que la rodea) basta decir que el 18,71% de los perceptores cobra el 76,52% de las ayudas.  España se está convirtiendo en el país con mayor número de cabezas de porcino por hectárea y con las mayores explotaciones de engorde de porcino, por el simple hecho de que la gran cantidad de residuos que se generan hacen indeseables esas explotaciones en otros países. Es decir, somos receptores de las actividades ganaderas indeseadas, mientras la ganadería extensiva mucho más sostenible sufre de un progresivo abandono por la falta de ayudas y apoyos reales a su mantenimiento. El modelo de macrogranjas se ha extendido del porcino al aviar, y del aviar al ovino de leche, vacuno de carne y al vacuno de leche. Hoy todo el sector lechero en crisis desde que se produjo el desmantelamiento de las cuotas en el 2012, se resiste y trata de sensibilizar a la opinión pública ciudadana contra la Macrogranja de 20.000 vacas que se pretende instalar en el pequeño pueblo de Noviercas en la Soria abandonada. Mientras el Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León, tan solo responden con la cínica pregunta “¿mientras que cumpla la normativa que problema hay?”

Parece que el modelo actual impulsa en España un espacio rural vacío, en el que la industria extractiva pueda moverse a sus anchas.  Así, las exiguas poblaciones de algunas comarcas tratan de movilizarse contra grandes proyectos mineros. Este es el caso de la oposición a la mina de uranio de la empresa Berkeley en el Campo Charro salmantino, o las movilizaciones en Ávila contra las minas de feldespato.

Son muchos los proyectos “neocoloniales” de este tipo, que dejarán escasa riqueza local salvo el pelotazo de algún oportunista y dejarán detrás enormes costes ambientales para sufrir y pagar entre todos. La regulación ineficiente y falta de atención pública de los medios de comunicación sobre territorios poco visibles han permitido excesos empresariales con iniciativas de explotación altamente lesivos para nuestros recursos naturales y ecosistemas que antes o después, tendrán que transitar hacia modelos más sostenibles. Solo una voluntad firme de la autoridad pública puede enfrentar la adecuada innovación normativa para luchar contra el fraude, reforzando con recursos la capacidad de inspección y sanción de una Fiscalía Ambiental que necesita mayor autonomía, y planificar nuevas iniciativas de desarrollo local en los territorios afectados por las diversas reconversiones de actividad para garantizar una transición socialmente justa a la sostenibilidad.

Precisamente, en el cuidado y conservación de la riqueza natural y de nuestro patrimonio en biodiversidad para las generaciones venideras tenemos una ventana de oportunidad para revitalizar nuestro mundo rural. Una biodiversidad puede y debe servir como uno de los motores de desarrollo sostenible del mundo rural, ya que el 27% del territorio se encuentra bajo la figura de protección de la red Natura 2000. Pero es necesario entender que esa riqueza natural es la consecuencia de años de interrelación de los habitantes con su medio, y que por tanto solo será posible mantener si revitalizamos el factor humano. El empleo verde y la fiscalidad rural especial, tienen que orientar una política pública de repoblación con mucha mayor coordinación entre los planes de las administraciones europea, estatal, autonómica y local.

En este contexto el debate de la gobernanza de este mundo rural se vuelve esencial. El caciquismo ha sido el mal político y social endémico, extendido todavía en el mundo rural de nuestro país en pleno siglo XX. Mientras 3.200 municipios de España están amenazados por su desaparición y mientras que en 100 zonas rurales, más del 40% de la población supera los 65 años, los gobiernos tanto autonómicos como estatales, solo se esfuerzan en apuntalar las diputaciones como respuesta administrativa, sin avanzar propuestas que pongan el énfasis en el desarrollo local endógeno y participativo de base comarcal.

Estamos convencidos que un mundo rural vivo y sostenible en España es posible. Pero este proyecto nos exige pensar en dos objetivos fundamentales: cómo reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático del que puede considerarse el sector económico más afectado, el agropecuario; y entender la despoblación no solo como problema demográfico, sino de primer orden político democrático, donde mantener el horizonte de igualdad de derechos constitucionales en todo nuestro país, reclama revisar una institucionalidad a todas luces fallida, que debe lograr avanzar en mayores cuotas de  coordinación interadministrativa de base comarcal. La noción de “vigilancia ciudadana del territorio” es un factor clave de protección ante excesos empresariales y la corrupción, de fiscalización de la gestión de nuestros recursos naturales, bienes comunes que estamos obligados a pensar como patrimonio público del conjunto del país.

Un proyecto de país justo, socialmente equilibrado, y ecológicamente viable exige una ciudadanía crítica, activa y movilizada. Por eso, con la participación de decenas de entidades, en el marco del Foro Social del Clima que tuvo lugar en el congreso el 14 y 15 de diciembre de 2017, se plantearon algunas propuestas políticas concretas para seguir trabajando:

  • Lucha activa contra la despoblación rural

Sin gente no es posible el impulso que necesita el mundo rural, por ello la lucha contra la despoblación es clave. Para ello es imprescindible garantizar servicios sociales de calidad, como educación y sanidad; la adopción de medidas fiscales que favorezcan la repoblación rural, mejora de comunicaciones y garantizar servicios como el acceso universal a Internet.

  • Impulso al desarrollo sostenible del medio rural

Es necesario dar un impulso político a la Ley de Desarrollo sostenible del mundo rural, y garantizar la adecuada financiación de las políticas que promovemos.

  • Desarrollo de las Comarcas como espacios de gobernanza de futuro

La comarca da respuesta a la gobernanza ligada a un entorno cultural, ecológico, económico y social en el cual las vinculaciones de sus habitantes con el territorio son reales y permite construir el desarrollo sostenible rural por el que abogamos.

  • Plan de acción contra el cambio climático

Además de las acciones de mitigación y reducción de emisiones, es imprescindible abordar un Plan de Adaptación del medio rural a los impactos del cambio climático. El sector primario es el más afectado por los cambios del clima. Las afecciones pueden ir desde los cambos en las épocas de cultivo, a la disponibilidad de agua.

  • Apoyo a la protección de la biodiversidad

Consideramos que la biodiversidad es uno de nuestros más importantes recursos, y que puede ser motor de empleo. Para ello es imprescindible que se aborde la activación de la Red Natura 2000, elaborando Planes de Ordenación en todas las reservas, que permitan el impulso de actividades de conservación y divulgación.

  • Política agroalimentaria al servicio de un nuevo modelo de producción social y sostenible.

Hay que cambiar el paradigma de producción agrícola, fomentando un nuevo modelo que prime y apoye las pequeñas explotaciones frente al modelo actual que se basa en fomentar a las macroexplotaciones en detrimento de lo pequeño y sostenible.

  • Una nueva Política Pesquera Común

Que prime la pesca artesanal, que genera más y mejor empleo, promoviendo el consumo de pescado de cercanía. Impulso a las reservas marinas para fortalecer las pesquerías. Garantizar la sostenibiidad de os caladores.

  • Una nueva política de aguas

El cambio climático esta reduciendo la disponibilidad de agua y esto no puede corregirse con grandes infraestructuras, sino con nuevas políticas que promuevan el ahorro y la eficiencia, apoyada en el adecuado cambio tecnológico y una nueva cultura de la sostenibilidad impulsada desde la sociedad civil, que deben velar por un bien común tan vital como este.

  • Introducir criterios de género que favorezcan el papel de la mujer en el desarrollo rural.

Debe promoverse el papel de la mujer en el mundo rural desde una perspectiva igualitaria en este nuevo modelo, tanto facilitando la diversificación en la actividad agropecuaria como buscando impulsar su protagonismo en la política participativa comunitaria en una política local renovada, factor clave de un nuevo modelo de desarrollo.

  • Favorecer y promover la ganadería extensiva y los sistemas tradicionales de pastoreo.

Ya que son los que al mismo tiempo garantizan una producción sostenible, el mantenimiento de los ecosistemas naturales y mayor generación de empleo. Pero son necesarias ayudas que permitan un aumento sustancial de la calidad de vida de las personas que trabajan en el sector, para hacerlo más atractivo.

  • No a los acuerdos globales de libre comercio (TTIP y CETA)

Porque impulsan el modelo agroindustrial más destructivo del medio ambiente, del empelo y de las políticas sociales. A veces la destrucción del medio rural se decide muy lejos

  • Proteger la biodiversidad cultivada y las variedades de semillas y razas autóctonas.

Especies y variedades autóctonas que son especialmente valiosas por si mismos. Pero en el momento actual  de cambio ambiental suponen una riqueza enorme para hacer frente a las alteraciones que puedan producirse .

  • Prohibir la liberación en el medio ambiente de OMGs

España es el único país de la UE en el que se cultivan comercialmente OGMs. Por Principio de precaución y en tanto en cuanto no este demostrada su inocuidad, estos productos no deberían ser liberados en el medio ambiente.

Juantxo López de Uralde. Activista ecologista, coportavoz de Equo y diputado en el Congreso del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Ariel Jerez. Profesor de Ciencia Política (UCM) y Consejero estatal coordinador del Area Consejo del Mundo Rural, la sostenibilidad y la Soberanía Alimentaria de Podemos.