Gabriel Flores, economista; Bruno Estrada, economista e Irene Bassanezi Tosi. Coordinadores del debate en Espacio Público.

El pasado 10 de noviembre se inició en Espacio Público el debate sobre “Cambios en el mundo del trabajo y modernización de las relaciones laborales”, que finalizó hace pocos días, tres meses y una veintena de interesantes intervenciones después, con un estupendo y esclarecedor coloquio on line entre representantes cualificados del Gobierno y de los sindicatos mayoritarios que conocen de primera mano los obstáculos que dificultan la negociación sobre la reforma laboral, las fuerzas que intentan que el diálogo social descarrile y los temas que generan mayor disenso entre los agentes sociales.

Aunque han surgido algunas dudas durante los últimos meses, cabe esperar que muy pronto comenzará la negociación tripartita que determinará el alcance y la profundidad de las reformas; aunque no convendría despreciar la posibilidad de que el diálogo y la negociación no desemboquen en un acuerdo.

Los cambios y la modernización de las relaciones laborales son elementos centrales del programa y las tareas del Gobierno de coalición progresista y de las reformas a emprender para recuperar los derechos laborales perdidos y restablecer los equilibrios que son básicos en la negociación colectiva. Si las reformas laborales realizadas tras el estallido de la Gran Recesión en 2008 se produjeron para favorecer las políticas de austeridad y devaluación salarial impuestas a España y el resto de países del sur de la eurozona, ahora se trata de revertir con urgencia los aspectos más lesivos de esas reformas y tratar de acomodar las relaciones laborales a las imprescindibles transformaciones de estructuras y especializaciones productivas guiadas por los objetivos de las transiciones digital y verde propuestas por la Unión Europea. La modernización productiva por hacer exige una modernización de las relaciones laborales que facilite e impulse una renovación del aparato productivo y una mejora de gama de la oferta productiva que multipliquen los empleos decentes y los salarios dignos, pongan coto a la temporalidad y la precarización del empleo y promuevan una distribución de la renta menos desigual entre capital y trabajo.

Aunque el debate sobre la reforma laboral se sustanciará en el diálogo social y la negociación propiciada y dirigida por el Gobierno entre los agentes sociales más representativos de la patronal y los sindicatos, la proyección y la incidencia de esa reforma son también componentes centrales del proyecto progresista de un país inclusivo, sustentado en empleos decentes y bien remunerados que respondan a los intereses y necesidades de la mayoría social.

El debate en Espacio Público lo abrieron dos excelentes ponencias que establecían el marco y los principales acentos que a juicio de sus autores conforman los ejes de la reflexión sobre la reforma y modernización del mercado laboral y alentar el debate público y la reflexión compartida. Queremos saludar y agradecer, en primer lugar, la calidad de las intervenciones suscitadas por este debate y la generosidad de sus autores y autoras al compartir sus conocimientos y exponer sus opiniones a la crítica pública. Y en segundo lugar, animar a la lectura de las intervenciones publicadas a todas aquellas personas interesadas en conocer en profundidad las claves de un debate esencial para el futuro de la economía y del país.

Tal como ponían de manifiesto Ignacio Muro y Antonio González en una de las dos ponencias iniciales, lo que está en juego en el debate de la reforma laboral es en esencia “la pervivencia de una negociación colectiva debilitada o su actualización para que sirva como impulso a las nuevas dinámicas productivas”.

La reforma laboral aprobada unilateralmente en 2012 por el PP, que despreció cualquier tipo de diálogo y negociación con los sindicatos, esgrimía como justificación diversas excusas: reducir el enorme apalancamiento de las empresas, facilitar su saneamiento o liberalizar el mercado laboral, confundiendo a propósito desregulación con flexibilidad. Pero sus objetivos reales eran bien diferentes: reducir el poder de negociación de los trabajadores, devaluar los salarios, alterar la distribución de la renta en contra de los salarios y transferir los costes y riesgos provocados por la Gran Recesión (y por futuras crisis económicas) sobre las plantillas de las empresas, a través del abaratamiento y la descausalización de los despidos y la creación de empleos temporales, precarios, peor remunerados y con menos derechos.

Esas reformas del mercado laboral y la negociación colectiva incrementaron las transferencias de renta a favor de los beneficios empresariales y otras rentas del capital y la propiedad, a costa de los salarios reales, y lograron que los grandes grupos empresariales aumentaran sus tasas de ganancia, que se situaron entre las más altas de Europa. Como contrapartida, el mercado de trabajo se polarizó y la sociedad española sufrió un fuerte aumento de la desigualdad de rentas y patrimonios y mayores tasas de pobreza y riesgos de exclusión social.

Como ponían de manifiesto las dos ponencias iniciales, la antes mencionada de Ignacio Muro y Antonio González y la de Belén Cardona y Jaime Cabeza, los aspectos más lesivos de la actual legislación laboral, fruto de la reforma laboral de 2012 son los siguientes:

  • La ultractividad, o pérdida de vigencia del convenio (sea sectorial o de empresa) un año después de su fecha de finalización, si no se ha sustituido por uno nuevo. Lo que ha tenido consecuencias desastrosas para la negociación colectiva al debilitar enormemente la capacidad de negociación de los trabajadores, ya que facilita la supresión de las mejoras salariales y de condiciones de trabajo conseguidas al calor de las luchas de convenios anteriores.
  • La actual formulación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores sobre la ‘modificación sustancial de condiciones de trabajo’, que se ha convertido también en un eficaz mecanismo de vaciamiento de la capacidad y eficacia de la negociación colectiva. Ya que permite empeorar las condiciones de trabajo existentes, tanto de forma individual como colectiva, mediante una decisión unilateral de la empresa, situando los límites de ese deterioro en el nivel mínimo legal cuando no existe un convenio de ámbito superior.
  • La prevalencia del convenio de empresa, rompiendo la jerarquía de los convenios al establecer que un convenio de empresa podrá descolgarse de cualquier convenio de ámbito superior de su sector y tendrá la facultad de declarar inaplicable aquello que se considere que perjudica a la empresa sin tener que probar ninguna causa que lo justifique.
  • Por último, pero no menos importante, hay que sumar la proliferación de fenómenos como la subcontratación desregulada y la precarización contractual. Ya que se permite que la responsabilidad y las normas acordadas en las empresas principales no se extiendan a las empresas auxiliares que no sean de la misma actividad; por ejemplo, las tareas de limpieza, seguridad, catering o mantenimiento en las que se ubican los principales nichos de precariedad, y que no solo afectan a las responsabilidades salariales, sino también a las indemnizatorias. Es asimismo básico eliminar el uso del contrato de obra y servicio para atender contratos mercantiles o administrativos de las empresas auxiliares, en línea con una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

El último eslabón del debate sobre la reforma laboral promovido por Espacio Público fue el coloquio on line del pasado 4 de febrero, moderado por la directora de Público, Virginia Pérez Alonso, y que contó con la participación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, y el secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Toni Ferrer. A los que agradecemos su intervención en el debate en un momento especialmente delicado del proceso de diálogo social.

Modificar la reforma laboral impuesta por el PP, tan lesiva para los trabajadores y la acción sindical, forma parte del Acuerdo de gobierno progresista entre PSOE y Unidas Podemos y de los programas electorales con el que ambas formaciones políticas se presentaron a las últimas elecciones. Por ello, resultan plenamente justificadas las críticas realizadas por los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios al retraso de más de un año en la convocatoria de la mesa de diálogo social que debe abordar esta reforma, a pesar de que la ministra Díaz anunció hace varios meses su intención de convocarla, sin que hasta la fecha hayan fructificado esas intenciones.   

La ministra de Trabajo aclaró en el coloquio que la apuesta del Gobierno de coalición progresista a favor del diálogo social y la negociación entre los actores sociales es inequívoca, al igual que su voluntad de cumplir a lo largo de esta legislatura con el programa de Gobierno que logró hace un año el apoyo de una mayoría parlamentaria legítima y suficiente a la investidura de Sánchez.

Las declaraciones realizadas a principios de diciembre por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez parecían condicionar la modificación de la reforma laboral: “Siempre y cuando los actores sociales quieran esa reforma laboral, el Gobierno está dispuesto a acompañarla”. En el mismo sentido se expresó la ministra de Economía, Nadia Calviño, añadiendo incertidumbre sobre el recorrido de la reforma laboral y la voluntad o capacidad del Ejecutivo o de parte del Ejecutivo de llevar a cabo dicha reforma

No obstante, Yolanda Diaz manifestó que la falta de acuerdo en el proceso de diálogo social entre sindicatos y patronales no eximiría al gobierno de legislar sobre estos aspectos en los términos planteados en la sesión de investidura. Asunto sobre el que también insistió Toni Ferrer, secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Una de las más interesantes conclusiones del coloquio fue la de mostrar que todos los participantes compartían buena parte de los análisis, referencias y objetivos de avance en torno a la reforma laboral y el diálogo social y las negociaciones que confiaban en comenzar cuanto antes. La otra conclusión, también muy remarcable, fue la coincidencia en señalar la complejidad y dificultades de la negociación y la importancia de distinguir entre los aspectos más lesivos que requieren de una reforma urgente y aquellos que requieren esfuerzos más prolongados en el tiempo para cambiarlos.

La amenaza de vetos o imposiciones no es la herramienta adecuada para promover el diálogo, la negociación y los acuerdos en torno a las indispensables reforma laboral y modernización de las relaciones laborales. Pero la inacción, la falta de empeño para impulsar el acuerdo entre los agentes sociales o la dejación de responsabilidades en la tarea de promover y dirigir los cambios que son necesarios tampoco son admisibles. Con el agravante que supondría en este segundo escenario de dejación en la tarea de impulsar la necesaria reforma laboral el desánimo y desafección de millones de votantes progresistas, como ya ocurrió en las elecciones generales de noviembre de 2011, cuando el PSOE perdió más de 4 millones votos y el PP obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso.

Modificar la reforma laboral del PP de 2012 va a ser un tema crucial de esta legislatura que no puede demorarse mucho más tiempo. Y será una prueba decisiva para valorar la utilidad del Gobierno de coalición progresista y su compromiso con los millones votantes que le dieron respaldo y con los partidos que votaron en el Parlamento a favor de la investidura de Sánchez y el programa de gobierno acordado por la coalición gubernamental.

Para la propia credibilidad del gobierno es urgente poner en marcha el diálogo social que modifique la reforma laboral del PP. Y es muy importante que el conjunto de la sociedad esté pendiente del ritmo y los contenidos de la negociación.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se compromete a buscar el acuerdo en el marco del diálogo social, pero advierte de que no puede existir un derecho a veto para ninguna de las partes. «El diálogo social es un proceso, no un resultado», recuerda.

El Gobierno buscará el acuerdo con los agentes sociales sobre la derogación de la reforma laboral hasta el final, pero si no se produce, asumirá su obligación de legislar para garantizar que ninguna de las partes tiene derecho a veto. Así lo ha apuntado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante un coloquio celebrado este jueves por la fundación Espacio Público.

Preguntada sobre qué pasará si no hay acuerdo en esta materia (está previsto que las negociaciones comiencen en un breve periodo de tiempo, después de que la próxima semana se cierre la mesa de diálogo que aborda la regulación de las plataformas digitales), Díaz ha insistido en la importancia del diálogo social y ha puesto en valor las negociaciones que se han producido en esta legislatura con los sindicatos y la patronal respecto a medidas como los ERTE.

Sin embargo, ha advertido de que «el diálogo social es un proceso, no un resultado» y ha recordado que algunas medidas se han sacado adelante a través de acuerdos «bipartitos», sin el concurso de la patronal. «Lo que tiene que garantizar el Gobierno es que exista diálogo social, pero sin derecho de veto, porque el veto no es diálogo», ha insistido. La ministra ha puesto el ejemplo de la negociación acerca de las plataformas digitales, que incluye la regulación de los denominados riders: «Si una de las partes no está de acuerdo, se va a legislar».

También se ha referido a que tanto el contexto en el que se va a abordar la derogación de la reforma laboral como los diferentes compromisos suscritos son cruciales para que el Gobierno legisle aunque no haya un acuerdo de todas las partes en la mesa de diálogo: «El acuerdo de Gobierno es muy claro y nos hemos presentado a una investidura con este acuerdo de gobierno, por lo que hay una mayoría en la Cámara; además, estas propuestas las hemos remitido a Europa y tenemos un compromiso«.https://www.dailymotion.com/embed/video/x7z4cg3

Díaz se ha mostrado «muy optimista» con la posibilidad de alcanzar un acuerdo y ha destacado que «nuestro país está siendo ejemplar» en diálogo social: «Lo estamos haciendo de libro por primera vez en muchos años. Ellos (los agentes sociales) se sientan a trabajar y precepto a precepto van constituyendo las normas».

En el coloquio organizado por Espacio Público también han participado los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y Comisiones Obreras, Unai Sordo, además del secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Toni Ferrer. Ha moderado el debate la directora de PúblicoVirginia Pérez Alonso.

Los sindicatos recuerdan al Gobierno que debe legislar

Los líderes sindicales se han mostrado de acuerdo con que no puede existir un derecho a veto en el diálogo social y han instado al Ejecutivo a cumplir con su «obligación de legislar» en caso de que las negociaciones se queden en un punto muerto. «En caso de que no hubiera acuerdos o fueran parciales, el Gobierno tiene la responsabilidad de gobernar, y para eso tiene un acuerdo de gobierno y unas directrices enviadas a Europa. Preferencia por el acuerdo, toda, pero si no lo hay, el Gobierno tiene que ejecutar, que para eso es el Poder Ejecutivo», ha dicho Sordo.

«La negociación no va a ser nada fácil, porque con unas declaraciones o con otras vemos que cada día surgen nuevos inconvenientes, que se ponen palos en las ruedas; y las organizaciones sindicales, mas allá de las políticas del Gobierno, lo que tenemos claro es que esta es una situación insoportable para una gran parte de los trabajadores de nuestro país», ha explicado Álvarez.

Respecto a los plazos, ni la ministra ni los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras han avanzado una fecha expresa sobre el comienzo de las negociaciones, más allá de que la intención, ya anunciada, de Trabajo es que la mesa de diálogo se retomara tras cerrar la que aborda la regulación de las plataformas digitales.

Díaz sí que ha explicado que antes de retomar la mesa habrá una reunión bilateral entre sindicatos y patronal para acordar el ritmo y el plan de trabajo que seguirán posteriormente en el diálogo social. En materia de reforma laboral ya se habían producido importantes avances antes de la pandemia, tanto durante el mandato de Yolanda Díaz como en el de la anterior ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, actual presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso.Díaz: «Estas son las medidas que enviamos a la UE y tenemos que cumplirlas»

En concreto se había avanzado sobremanera en el denominado primer bloque, que aborda cuestiones como la negociación colectiva, las cláusulas de descuelgue y la subcontratación empresarial. «Este primer bloque está discutido y escrito en la mesa de diálogo. Espero que la resuelvan lo antes posible. Estas medidas están en lo que enviamos a la UE y tenemos que cumplirlas», ha afirmado la ministra.

En la parte socialista, Toni Ferrer ha coincidido con la ministra en que «el acuerdo de gobierno es claro. Hay medidas de carácter urgente, como restablecer el equilibrio de la negociación colectiva,  y que se estructure en el ámbito del convenio sectorial y no de la empresa. También mejorar la regulación de las contratas y subcontratas».

El secretario general de UGT ha insistido en la importancia de avanzar en estas reformas de cara al proceso de recuperación económica que se afrontará en el segundo semestre de 2021, de la mano de los fondos europeos y de la vacunación contra el coronavirus: «Es fundamental que este diálogo se aborde en una situación de equilibrio que dé lugar a unas relaciones laborales actualizadas que sirvan para el modelo productivo que queremos poner en marcha. La mejor manera es derogar las reformas laborales y a partir de una situación de equilibrio ver qué reformas ponemos en marcha».

En esta misma línea, el secretario general de Comisiones Obreras ha advertido de que «corremos el riesgo de que la recuperación económica venga de la mano de una rebaja salarial» si no se aborda la derogación de la reforma laboral en un breve periodo de tiempo. Todos han coincidido en que el siguiente punto de inflexión (que forma parte de la reforma laboral) será la redacción de un «Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI», que la ministra ha calificado como «la gran obra legislativa de este ministerio y del Gobierno de España».

La Fundación Espacio Público aconseja a quienes no lo pudieron ver en directo que lo hagan en diferido a través de este enlace:

*Artículo publicado en Público