Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores

moderado por:

  • Gabriel Flores

    Economista

  • Paloma López Bermejo

    Educadora, sindicalista y política

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores, conectar la democracia con la economía

  • Gabriel Flores

    Economista

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

Este debate se enmarca en la actividad desarrollada por la Fundación 1 de mayo de CCOO, el III Congreso ‘Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores’. Más información e inscripción gratuita en: http://www.1mayo.ccoo.es/noticia:393539–Repensar_la_economia_con_los_trabajadores

Vivimos tiempos difíciles para la democracia en todo el mundo. No es algo nuevo, ya se han vivido antes, varias veces a lo largo del siglo XX –que no olvidemos es el siglo de la democracia en la larga Historia de la Humanidad- y siempre, hasta ahora, la democracia ha salido fortalecida frente a sus enemigos, las élites económicas, los latifundistas de capital. ¿Será también así en el siglo XXI? ¿Es el momento de que la democracia entre en territorios, como el de la economía y la empresa, que le estaban vedados? Creemos que sí, cuando las fuerzas progresistas se han situado en posiciones meramente resistencialistas, como en los años ochenta y noventa, el resultado ha sido el retroceso de los derechos sociales y laborales y una creciente desigualdad.

¿De qué hablamos cuando señalamos que la democracia económica permitirá ampliar y fortalecer sistemas democráticos capaces de proteger la convivencia y el bienestar de todos? Este es el amplio terreno de juego, el de la lucha por nuevos derechos, que acota el nuevo debate que acoge Espacio Público, en colaboración con la Fundación 1º de mayo de CCOO.

La Gran Recesión iniciada en 2008 y las políticas de austeridad y devaluación salarial impuestas por las instituciones europeas a partir de 2010 han hecho que gran parte de la ciudadanía tomara consciencia de la trascendencia de contar con libertades, derechos e instituciones que nos permitan defendernos de los depredadores mercados financieros, pero a la vez algunos sectores sociales perdieron la fe en las bondades de un sistema democrático que no le servía de protección. Al mismo ritmo que se sustituían empleos decentes con salarios dignos por empleos precarios de baja remuneración o se ampliaban los riesgos de pobreza y exclusión social crecía la desafección de parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos, las instituciones representativas o los derechos de inmigrantes y minorías.

Un sector de la sociedad ha dejado de apreciar la democracia porque esta se estrechó -las distopías han ganado espacio a las utopías cercanas- de forma se han reducido las alternativas políticas que apuesten por la recuperación, en un futuro previsible, de los empleos, salarios, derechos y bienestar que se han perdido en los últimos años, y que proyecten unas condiciones de vida que mejoren el ejercicio efectivo de libertades y derechos.

La cuestión se complica cuando se cae en la cuenta de que son las generaciones más jóvenes quienes han sufrido en mayor medida la precariedad laboral y un futuro de creciente incertidumbre. Jóvenes que no se sienten interpelados por la experiencia histórica que supuso la era de las tiranías europeas, la dictadura franquista en España, ni disponen, en muchos casos, de una memoria histórica que les ayude a comprender la ineficacia, inmoralidad e injusticia que suponen los regímenes autoritarios.

La democracia es una construcción frágil y reciente en términos históricos, una conquista reversible que en los últimos años está sufriendo en Europa y en todo el mundo una campaña de descrédito organizada por poderosos enemigos. Ya no buscan su demolición, su objetivo es más inteligente, es erosionarla hasta reducirla a un cascarón de ceremonias formales que les permitan seguir protegiendo sus egoístas y elitistas intereses. Asimismo, en la mayoría de los países capitalistas desarrollados cuyas instituciones democráticas no son capaces de ofrecer suficientes empleos y salarios decentes, se está generando una robusta tendencia hacía una menor identificación de la ciudadanía con los valores democráticos. Los datos de la “Encuesta Mundial de Valores” atestiguan dicha tendencia.

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores implica proteger lo social frente a unos mercados que reparten de forma tan desigual, como injusta, rentas y riqueza. Supone considerar que el destino de la inversión pública, y de una parte sustancial de la inversión privada, tiene que decidirse teniendo en cuenta los intereses de la mayoría de la población. Esto es, que el poder democrático de la sociedad domine sobre el poder económico de las elites en beneficio de la mayoría social, las clases trabajadoras y el planeta que nos acoge. Ello implica apostar por el pleno empleo, con trabajos y salarios decentes para todas las personas que deseen trabajar, lo que requiere movilizar todas las energías existentes, así como la financiación pública, incluida la bancaria, y privada necesaria.

Las elites económicas, el capital financiero y los grandes conglomerados empresariales globales caminan en sentido contrario, concentran cada vez más poder, riqueza y rentas y utilizan su poder para impedir que la sociedad les imponga límites, elimine sus posiciones de oligopolio y regule la actividad económica en beneficio de la mayoría social y del planeta, cuya preservación es la condición previa a cualquier tipo de economía y vida. O democratizamos la economía o nos privatizan la política.

¿Cuándo hablamos de democracia económica de qué estamos hablando?

Al referirnos a la democracia económica evocamos dos amplios espacios de intervención que están interrelacionados: el primero se refiere a la participación en la dirección y el control de la gestión de las empresas de las trabajadoras y trabajadores, de los sindicatos que les representan y de las organizaciones sociales vinculadas a su actividad; el segundo, a la participación de los sindicatos representativos y del resto de agentes sociales en la definición y gestión de la política económica, en la identificación de las mejores herramientas disponibles para lograr los objetivos propuestos y en el control y evaluación de sus resultados.

Introducir la dimensión democrática en la gestión de la economía y de la empresa, resituando el papel de las clases trabajadoras en el control de los procesos económicos, más allá del alcance y la práctica de una negociación colectiva que debe ser reforzada, obedece a dos lógicas plenamente interrelacionadas: una colectiva, la de una sociedad interesada en construir sistemas económicos y políticos de pleno empleo, más justos y equitativos; otra individual, la de incrementar la cantidad y calidad de la libertad individual, permitiendo que el desarrollo de la autonomía y libre elección de los individuos sea compatible con los intereses compartidos, la solidaridad y la cohesión social o la preservación del clima y la biodiversidad, que son un patrimonio común de la humanidad.

Impulsar el avance de la democracia económica ofrece un horizonte de nuevos derechos, de reformas, a las fuerzas progresistas que permite recuperar la hegemonía cultural, incorporando a la agenda política propuestas de modernización y cambio estructural del sistema económico y de la empresa.

Democratizar las empresas no se reduce a ampliar el ámbito del cooperativismo o la economía social y solidaria, debe extenderse también a las empresas privadas y, en particular, a los grandes grupos empresariales. Esta tarea democratizadora de la economía y la empresa, lejos de desviar la atención sobre la imprescindible democratización de los Estados nación y la propia globalización, la complementan. Difícilmente se puede aspirar a democratizar lo que está más lejano, lo macro, si no somos capaces de abrir caminos para democratizar la actividad empresarial, lo micro, en la que estamos directamente involucrados o forma parte de nuestra vida cotidiana.

La democratización de la economía no se reduce tampoco a incrementar el papel o el peso del capital público y las empresas de participación o propiedad pública, incluida la banca, debe extender su acción a las empresas privadas y, a través de un sistema fiscal más progresivo, a la mayor contribución de las rentas del capital y los grandes patrimonios privados a la modernización económica y el bienestar social.

Disponemos de múltiples experiencias locales, nacionales e internacionales de impulso de la democracia económica. Buenas prácticas de las que aprender y aplicar para que la gestión de las empresas y la economía acaben impregnadas de los mismos valores, normas y prácticas de carácter democrático que rigen en el resto de ámbitos e instituciones de la sociedad. Se trata de identificar esas experiencias, promover su conocimiento y recabar el apoyo social que requiere la experimentación de nuevas formas de democracia en la economía.

¿Es necesario un Gobierno progresista para abrir el campo de aplicación de la democracia a la economía?

Se plantea en Espacio Público este debate sobre la democracia en la empresa y la economía en momentos electorales y políticos especialmente complejos y crispados a los que acompaña una desaceleración económica mundial cargada de incertidumbres.

No obstante, el debate sobre la democracia económica rebasa con mucho el cortoplacismo de una campaña electoral en la que los partidos políticos tratan de diferenciarse. No sería apropiado para la reflexión sobre la democracia económica que este debate quedara atrapado en una maraña de argumentos, justificaciones y simplismos de carácter electoral. Pero es ineludible afirmar la conveniencia de un resultado electoral que facilite el próximo 10 de noviembre la formación de un Gobierno progresista abierto a la consideración de las reformas legales, institucionales o estructurales que convienen al avance de la democracia en las empresas y en la economía.

Por eso es tan importante la voluntad y la experiencia del acuerdo programático y la cooperación de las fuerzas progresistas y de izquierdas portuguesas en la última legislatura (2015-2019) que analiza Francisco Louça en la ponencia que abre este debate en Espacio Público. Una cooperación no exenta de diferencias y disputas que, junto a las innegables mejoras que ha supuesto para el pueblo portugués, nos permite entender algunos de los límites e insuficiencias de la acción gubernamental como único vector de la transformación social. Siendo imprescindible, la acción de un Gobierno progresista no es suficiente para impulsar con éxito el proceso de democratización de la economía y la empresa, ya que este tiene que estar acompañado de un largo y complejo desarrollo de la organización y movilización política, sindical, social y cultural.

Por todo ello, creemos que la democracia económica, en todos los rasgos que la constituyen y que son el objeto de reflexión y análisis de este debate que se abre en Espacio Público, forma parte del núcleo del ilusionante proyecto de modernización del país que las fuerzas progresistas deben ofrecer a la sociedad.

Después de las elecciones de octubre y del fin de la “geringonça”

  • Francisco Louça

    Político y economista

Hay en Portugal un viejo dicho popular, muy viejo, que dice “de España, ni buen viento, ni buen casamiento”. Las lectoras y lectores de estas notas que viven en España captarán, así lo espero, la existencia de alguna prevención inscrita en la historia y en las percepciones populares de la única nacionalidad ibérica que no ha estado sometida al poder de Madrid a lo largo de la historia del último milenio. Y también lo que este dicho manifiesta. Literalmente, quiere decir que los vientos venidos de España (del este) son raros, pero perjudiciales para la agricultura. Asimismo, recuerda que las bodas entre las casas reales de los dos Estados se tradujeron en problemas dinásticos, diplomáticos y militares. Cuestiones que, de hecho, condujeron al único periodo en el que Portugal estuvo integrado en el reino de Castilla, entre 1580 y 1640. De ahí el “ni buen viento, ni buen casamiento”.

Claro que sobre esto los contemporáneos no tendrán nada más que una divertida curiosidad. Pero el consejo puede ser interpretado de forma moderna, sugiriendo que cada historia tiene su tiempo y su modo, lo cual sirve a ambos lados de la frontera. Y, si me permiten un consejo, tal vez sea mejor que en el debate político español tampoco se imponga alguna simplificación sobre el “ejemplo” o “modelo portugués”, tal y como lo usa de forma interesada en su estrategia el presidente en funciones Pedro Sánchez.

Sería conveniente que en España no se fíen demasiado de los vientos portugueses y tal vez menos aún de las bodas fortuitas que puedan atravesar la frontera. El riesgo de lecturas instrumentales de los acontecimientos específicos de cada país o de estrategias políticas diversas es demasiado grande, sobre todo en tiempos de emociones fuertes y conflictos duros como los que se han vivido o pueden volver a darse en las Cortes en las votaciones sobre el futuro gobierno. Lean por eso estas notas como una simple información o interpretación acerca de lo que han sido estos cuatro años, de las diferencias entre Portugal y España, y también sobre la evolución política tras las recientes elecciones parlamentarias.

Dos países diferentes, dos historias distintas

Comienzo por lo que es obvio para quien lee estas líneas. Hay varias diferencias que imponen modos de realización de la política y de expresión electoral o de las opiniones públicas que son distintas entre Portugal y España. Creo que son, sobre todo, tres.

Primero, Portugal vivió una transición postdictadura marcada por una crisis revolucionaria (de abril de 1974 a noviembre de 1975). La consecuencia más importante, para lo que nos interesa aquí, fue la forma de reconfiguración del sistema político: el principal partido de la derecha en Portugal –el Partido Popular Democrático/Partido Social Demócrata (PSD)– nace de un ala disidente del partido de la dictadura, que estaba en conflicto abierto con el gobierno sobre cuestiones democráticas, y separada de él, a todos los efectos, cuando se llega a 1974. Así, cuando cae la dictadura, la burguesía se reorganizó en torno a este nuevo partido y a otra fuerza reaccionaria, pero con mucho menor peso, el Partido del Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS). El aparato político de la dictadura fue destruido en gran parte. Esto permitió imponer una Constitución que reconocía amplios derechos populares, leyes electorales democráticas y otras reglas. En España, por el contrario, el PP constituye una prolongación tardíamente adaptada del aparato franquista. Como consecuencia de todo esto, el sistema partidario portugués es más abierto. Y, tal vez por eso, el Bloco de Esquerda (BE) fue el primer partido europeo de convergencia de la nueva izquierda, nació en 1999 por razones políticas más que por la fuerza de los movimientos sociales. En España fue necesario, sin embargo, un poderoso movimiento social, años después, para dar origen a Podemos. Así, fue entonces cuestionada en España la alternancia entre la derecha y el centro socialdemócrata. Y fue de repente, mientras que en Portugal este bipartidismo ha sido lentamente desgastado desde la emergencia del Bloco hace veinte años. Hay que señalar, además, que el movimiento social ha sido y es más fuerte en España que en Portugal, con un protagonismo de las luchas sociales (el movimiento feminista o por la vivienda, por ejemplo) que no son comparables con las de mi país.

Segundo, Portugal es un país homogéneo, mientras que España es un mapa de nacionalidades. Eso determina en España múltiples formas de expresión política, bajo la forma de varios partidos y de gobiernos autonómicos o regionales. Éstas, además, formatean al mismo tiempo la amenazadora rigidez del poder central –y hasta el papel de la monarquía y de las Fuerzas Armadas– y una maleabilidad de negociación, que los gobiernos del PSOE y los del PP aprovecharon, con el PNV o con CiU y otras fuerzas. O sea, España tiene un poder central más violento y, en muchas ocasiones, sustentado en negociaciones regionales.

Cómo se acordó la “geringonça”

La tercera particularidad de Portugal es que fuimos más castigados por el programa de austeridad y por la humillación de la presencia gobernante de la troika durante los años del ‘ajuste’, de 2011 a 2014. En España se aplicó la misma orientación –de hecho, está genéticamente inscrita en las reglas del euro–, pero en un contexto de mayor margen de maniobra y preservando el halo de la autoridad política nacional. España es una economía mayor, más desarrollada e integrada, y tiene más poder político en la UE. Para quien lea estas líneas en España, le recordaría que el primer ministro de derechas en Portugal llegó a afirmar después de la firma del Memorándum de la troika en 2011, explícita y valientemente, que su objetivo era “empobrecer Portugal” y que era necesario tomar “medidas más allá del programa de la troika” para demostrar la conformidad nacional con la austeridad y el poder de los acreedores.

Ya se darán cuenta de a dónde quiero llegar con estas tres anotaciones. Si la población portuguesa tenía en 2015 la sensación y la experiencia de un programa de austeridad económicamente destructor, que se asociaba el gobierno de las derechas (PSD-CDS), y se esperaba una solución política, esta solo podía depender de los partidos de izquierda –Bloco y Partido Comunista de Portugal (PCP)– y del de centro –Partido Socialista (PS)–, como resultado de las elecciones parlamentarias de octubre de 2015. Dado que estas condiciones hacían inviable la alternancia tradicional entre la derecha y el centro, que había estado vigente hasta entonces, el “modelo portugués” de acuerdo sobre puntos concretos programáticos para permitir el gobierno de António Costa se impuso entonces por la voluntad aplastantemente mayoritaria de las bases de estos tres partidos.

Ese modelo fue preparado por una osada iniciativa de Catarina Martins, la coordinadora del Bloco, en su debate televisivo, durante la campaña de 2015, con el secretario general del PS, a quien desafió a aceptar condiciones elementales para abrir la puerta a un acuerdo. Eran condiciones básicas: no continuar congelando el valor de las pensiones, renunciar a leyes que facilitaran el despido y no reducir las contribuciones patronales a la seguridad social. O sea, anular tres medidas que entonces constaban en el programa del PS. Por resumir una larga historia, el mismo domingo del recuento electoral ya comenzaron reuniones informales entre los dos partidos para coordinar estas condiciones y otras, como el aumento del salario mínimo, manuales escolares gratuitos o bonos de transporte público a precios bajos, por ejemplo.

En ese proceso, estos partidos no tenían en frente ni una derecha unificada, ni difíciles cuestiones de orden constitucional (como las nacionalidades en España), ni alternativas de acuerdos políticos con otros partidos. En base a los resultados electorales, el PS en 2015 solo tenía dos opciones: o dejaba la derecha (con el 38%) gobernar o, con su 32%, se entendía con los partidos de izquierda (el Bloco, 10%, y el PCP, 8%)[1].  Escogió la “solución portuguesa”.

El modelo portugués

Hubo así un entendimiento, registrado en acuerdos por escrito. No voy a resumirlos, están publicados y fácilmente disponibles. Su peculiaridad más importante era incluir, por un lado, una lista de medidas a cumplir: parar las privatizaciones y revertir las que ya se habían hecho en el sistema de transportes públicos; incrementar en un 20% el salario mínimo; aumentar salarios y pensiones y reducir los impuestos directos sobre trabajo; mejorar la cobertura en la lucha contra la pobreza. Y por otro, dejar a cada partido libertad de posición sobre el resto de temas, como cuestiones europeas y financieras, por ejemplo.

Ni el PS lo propuso ni los partidos de izquierda plantearon su participación en el gobierno. Sé que a partir de aquí tengo que escribir con todo el cuidado del mundo, pues no quiero que ninguna lectora o lector interprete mi testimonio como una sugerencia sobre lo que debería suceder en España. En el nivel de acción política en que me sitúo, y se sitúa quien toma decisiones y participa en el debate público que se quiere determinante, es preciso conocer y vivir los detalles, tener el corazón experimentado y un conocimiento profundo de cada contexto para comprender las dinámicas y las relaciones de fuerzas. Y yo no pretendo ni proponer ni ser leído como alguien que insinúa algún tipo de conclusión para las elecciones políticas españolas. Lo que escribo se refiere únicamente a Portugal: no quisimos entonces formar parte del gobierno y sabíamos, de hecho, que, dada la historia de una convergencia inédita, ese camino era impracticable.

Para ambas partes, la solución encontrada fue la más conveniente. Para el PS, ciertamente, pues podía presentar en la Unión Europea a su gobierno como una continuidad de sus compromisos políticos esenciales. Era solo parcialmente verdad, dado que el PS podía asegurar que cumpliría los objetivos macroeconómicos de reducción del déficit, pero algunas de las medidas más importantes que la UE continuaba intentando concretar quedaron bloqueadas por el acuerdo con la izquierda, como las nuevas leyes para facilitar los despidos o la reducción de los costes de seguridad social a cargo de las empresas. En el momento en que el nuevo gobierno fue amenazado con sanciones europeas –paradójicamente, porque las cuentas del anterior gobierno se habían desviado un 0,3% del PIB en relación con el objetivo de déficit–, esa relación positiva del PS con Bruselas fue utilizada para argumentar en contra de un nuevo enfrentamiento a la griega. Pero era también ventajoso para los partidos de izquierda, que mantuvieron su independencia y pudieron oponerse al gobierno en cuestiones fundamentales, ganando en algunos casos, como cuando el ejecutivo intentó alterar las condiciones de financiación de la seguridad social, y perdiendo en otros, como la financiación de la banca comercial tras una crisis o las modificaciones de la ley laboral para aumentar el periodo de prueba en un empleo.

Pienso que todos hicieron la elección correcta. La izquierda y el PS no tenían un nivel de entendimiento programático y de experiencia de trabajo en común que permitiera una cooperación gubernamental. De hecho, si esta hubiera ocurrido, el gobierno se habría deshecho en pocas semanas: el ejecutivo tomó posesión en noviembre de 2015, e inmediatamente, en diciembre, presionado por la Comisión Europea, vendió un pequeño banco, el BANIF, al Santander, gastando en la operación tres mil millones de euros, lo que la izquierda no aceptó. Si en ese momento hubiera habido ministros de los partidos de izquierda, éstos habrían salido del gobierno y el acuerdo no habría durado un mes. La presencia en el ejecutivo exige una relación de fuerzas determinante, además de capacidad social de movilización inmediata, preparación técnica y una estrategia política coherente. Pero no puede ser un juego de corto plazo, tiene que ser una disputa consistente por la hegemonía social.

Los resultados de la “solución portuguesa”

No me detendré mucho sobre los resultados de la “solución portuguesa”, que son suficientemente conocidos. Ésta se benefició de tres condiciones favorables: petróleo barato, intereses bajos debido a las inyecciones de liquidez del programa de quantitative easing (compra de títulos de deuda pública y privada) del BCE y, además, un cierto aumento de la expansión de la demanda europea en la tímida recuperación que hemos vivido. Esta evolución permitió, por primera vez en los veinte años del euro, una convergencia real con la media europea, una balanza comercial positiva y la reducción de los gastos en la balanza de rentas, gracias a emisiones de deuda de corto y medio plazo con intereses negativos. En consecuencia, la tasa oficial de desempleo se redujo a la mitad (6%); y la subida de los ingresos fiscales y de la seguridad social, la reducción de los gastos del desempleo, más un inadecuado ajuste de la inversión pública permitieron un déficit cercano al 0% en 2019. Todas las valoraciones coinciden en considerar estos resultados como positivos: para las reglas presupuestarias ortodoxas, es un caso notable; para trabajadores y pensionistas, fue un alivio importante; para la presión de los intereses de la deuda soberana, es un éxito, al menos a corto plazo; para la gestión macroeconómica, tiene el beneficio de una expansión, aunque sea limitada.

La audacia de los partidos de izquierda, ante el carácter tan restrictivo de los acuerdos escritos, permitió ir más lejos de estos. En cada presupuesto anual, fueron aprobadas otras medidas que no estaban inicialmente previstas. Ese proceso de presión y negociación fue esencial para extender algunos derechos y para crear nuevas soluciones. Fue así como se definió una tarifa social de la energía a precios bajos para una décima parte de la población nacional; se creó un programa especial para garantizar contratos de trabajo estables a decenas de miles de trabajadores precarios en la Función Pública; hubo aumentos anuales extraordinarios para las pensiones más bajas, se redujo el precio de las matrículas en la universidad pública o se crearon bonos mensuales de transporte público en las grandes ciudades a precios más reducidos (30 euros).

En otras cuestiones, se agravaron los conflictos entre la izquierda y el gobierno. En particular, en la recuperación de la antigüedad laboral congelada de los profesores, en los salarios de los funcionarios públicos o en la gestión público-privada de los hospitales públicos. En algunos casos, estos conflictos y las soluciones alternativas fueron cuidadosamente preparadas para que la izquierda obtuviera resultados. El mejor ejemplo es el de la Ley de Bases de la Salud. Un antiguo coordinador del Bloco de Esquerda, que desempeñó esa función tras mi último mandato, João Semedo[2], elaboró con un fundador del Partido Socialista y su presidente honorario, António Arnaut[3], una ley para reorganizar la estructura y las políticas de salud. Publicaron su propuesta en un libro que obtuvo un notable impacto, orientando el debate en el país. Ese trabajo de confluencia marcó la política portuguesa. El gobierno inicialmente apoyó la propuesta –el primer ministro y varios miembros del gobierno participaron en su presentación–, después decidió presentar una alternativa y le encargó la tarea a una exministra que representaba a la derecha del PS. Después, abandonó esa propuesta y buscó un acuerdo con la izquierda. Luego, presionado por los grupos financieros con intereses en este ámbito, buscó un acuerdo con el principal partido de la derecha. Finalmente, fracasadas todas estas maniobras, acabó por aceptar un acuerdo de última hora con los partidos de izquierda. El resultado es una ley progresista y la existencia de un debate fuerte sobre la experiencia de la gestión privada de los hospitales públicos –hay aun tres hospitales con ese modelo, pero el proyecto era que llegaran a ser diez–. Para el Bloco de Esquerda, este proceso es una demostración política interesante, ya que nunca había sucedido en la política portuguesa. En primer lugar, el que se diese una propuesta común de dirigentes históricos del PS y del Bloco. Y en segundo lugar, el que el Bloco condujese un debate intenso que condicionó al gobierno; mantuviese siempre su coherencia; consiguiese resistir a la presión de las grandes finanzas; y, ante el fracaso del gobierno, impulsase las reglas para un acuerdo que alcanzó la mayoría del parlamento. Toda la política es disputa.

Nunca simplifiquemos lo que es complicado: este era un gobierno minoritario de un partido de centro, el PS; no era un gobierno de izquierdas; tenía una base parlamentaria mayoritaria con acuerdos y compromisos importantes para la población y que fueran cumplidos; respondía a una exigencia inmediata de viraje político y fue, por eso, un camino para responder a la austeridad.

Las tensiones entre el PS y la izquierda

Este proceso ha estado marcado por tensiones y acuerdos y por la aprobación mayoritaria de presupuestos anuales, que consagraban estos difíciles equilibrios. Pero el mapa político de la “solución portuguesa” evolucionó y se complicó, como no podía dejar de suceder.

En esos cuatro años, a pesar de que los dos partidos de izquierdas hayan estado muy alineados en cuestiones presupuestarias, fiscales, económicas y laborales –divergen en cuestiones sociales, el PCP se opone a las propuestas del Bloco a favor de la paridad entre hombres y mujeres o de la legalización de la muerte asistida– y hayan conseguido en conjunto importantes concesiones del gobierno, el PS ha definido respuestas diferentes a los desafíos propuestos por los dos partidos de izquierdas. La estrategia del primer ministro socialista se ha basado en una distinción entre los dos partidos: favorecer al PCP (cuyo electorado se considera muy estanco en relación al del PS) y ser agresivo con el Bloco (que aparecía como un partido con más posibilidades de establecer puentes y diálogo con los electores del PS). Esta decisión política se volvió más agresiva durante la campaña electoral de 2019, en la que el principal enfrentamiento del PS no fue con sus opositores de derechas, sino contra el Bloco, presentado como un obstáculo para alcanzar la mayoría absoluta, lo que podría acarrear una situación de “ingobernabilidad”. El primer ministro usó insistentemente el ejemplo del caso español, argumentando que si el “Podemos portugués” obtuviera un respaldo electoral elevado, se podría dar un impasse en la formación del Gobierno, como en las Cortes españolas.  El Bloco respondió con una campaña firme en contra de la mayoría absoluta y defendió un programa concreto de medidas sociales y económicas para los próximos cuatro años que incluía el aumento del salario mínimo, la recuperación de derechos laborales, medidas para incrementar la oferta de viviendas sociales, propuestas para desarrollar el servicio nacional de salud y de respuesta a la emergencia climática, la nacionalización de empresas de energía y correos y el control público de la banca.

En todo caso, esa política ofensiva del PS durante este periodo ha perjudicado al PCP y favorecido al Bloco: en las elecciones presidenciales de 2016, la candidata del Bloco obtuvo el triple de votos que el candidato del PCP; y en las europeas –en las que en 2014 el PCP consiguió tres escaños y el Bloco solo uno– de 2019 el Bloco volvió a rebasar al PCP, como ya había sucedido en las legislativas de 2015. En las últimas elecciones parlamentarias del pasado 6 de octubre, el PS subió hasta el 37%, pero quedó lejos de su objetivo de mayoría absoluta, el PCP bajó al 6%, perdiendo 5 diputados y obteniendo el peor resultado de su historia, y el Bloque, mantuvo su presencia parlamentaria, con 19 diputados y cerca del 10% de los votos.

¿Por qué no hay una nueva “geringonça”?

La noche que se cerraron las urnas, el 6 de octubre, António Costa, el primer ministro, se felicitó por los resultados y reafirmó que mantendría su compromiso previo, sugiriendo una Geringonça 2.0. En ese sentido presionaba una buena parte de sus electores, además de los del PCP y el Bloco e, incluso, otros sectores de izquierdas (fue elegida también una diputada de un pequeño partido de izquierdas, Livre, y cuatro más de un partido ecologista y animalista, el PAN). Por eso, el PS, que está en minoría en el parlamento, se sintió obligado a negociar con todos esos partidos para la aprobación de un nuevo acuerdo.

Sin embargo, después de estas elecciones se producen dos diferencias esenciales respecto al contexto de 2015. La primera y más importante es que, esta vez, el PS es el partido más votado y no el segundo. Tiene, por tanto, una legitimidad formal diferente y un margen de maniobra mayor, dada la crisis de los dos partidos de la derecha, que cosecharon los peores resultados en varias décadas. La segunda diferencia es que el PCP, en parte presionado por su mal resultado electoral (fue superado por el Bloco incluso en los bastiones históricos de implantación comunista), rehusó alcanzar un acuerdo escrito para la nueva legislatura y anunció su disposición a llevar a cabo negociaciones puntuales sobre leyes y presupuestos, sin ningún tipo de compromiso sobre objetivos a cuatro años. Por el contrario, el Bloco propuso un acuerdo por escrito sobre un plan de inversión pública durante la legislatura, que incluía un programa de vivienda a bajo coste (cien mil casas con alquileres medios de 300 euros), un plan de emergencia para contratar médicos y enfermeras para el Servicio Nacional de Salud, la nacionalización de Correos, la recuperación de derechos laborales recortados por la troika, el aumento de los salarios y medidas para la reducción del tráfico de automóviles o para responder a la emergencia climática.

En respuesta, el PS, que inicialmente aceptó el principio de un acuerdo escrito y negociaciones diferenciadas con los diversos partidos, decidió retractarse cuatro días después de las elecciones, dando por cerradas las conversaciones sobre un acuerdo de legislatura. Significativamente, anunció su rechazo a las propuestas del Bloco a la salida de un encuentro con la principal asociación patronal, que había insistido en la continuidad de las normas laborales de la troika.

La idea de una Geringonça 2.0 duró, de este modo, menos de una semana y fue rechazada por el PS. Habrá, por tanto, un gobierno minoritario que buscará acuerdos puntuales con la izquierda y la derecha, beneficiándose de la crisis de los partidos de la derecha y esperando que las restricciones provocadas por la desaceleración de la economía europea y por los riesgos de la inestabilidad financiera no generen nuevas perturbaciones. Se trata, por consiguiente, de un deslizamiento del gobierno hacia el centro y la derecha en un contexto de mayor tensión con el Bloque de Izquierda y con los movimientos populares y sindicales.

Aún es pronto, en todo caso, para anticipar cuál será la percepción y la respuesta popular a este nuevo contexto. Dependerá en gran medida de movimientos dinámicos como la huelga climática o la huelga feminista, de las nuevas expresiones de la lucha sindical, así como de la relación de fuerzas que resulte de la evolución económica y de las presiones de las instituciones europeas.

Conclusión

Como siempre, nadie tiene la última palabra. Para la izquierda portuguesa, habrá victorias y derrotas y nunca hay victorias fáciles. Es la vida. La política es un ajedrez con muchas variables y muchas de ellas dependen de fuerzas que no controlamos ni anticipamos. Pero cuanto mejor conocemos a nuestra gente y a nuestros adversarios, mejor preparados estamos para responder a las responsabilidades inmensas de los tiempos presentes: garantizar seguridad a quien teme por el empleo y por el salario, disputar la sostenibilidad de la seguridad y de la protección social frente a las finanzas, impedir la uberización y precarización del trabajo, rechazar el individualismo extremo que afirma el programa neoliberal en la vida cotidiana, construir una cultura de movimiento colectivo, intensificar el aprendizaje democrático contra el autoritarismo. Y, si una cosa aprendí con la experiencia de la izquierda en España y sus nacionalidades, fue que es preciso vivir y mostrar una política inclusiva, alegre, movilizadora y sin rencor. Somos gente normal luchando por los nuestros, codo con codo entre todas. Esa es la fuerza de la izquierda.

Notas

*Este texto es una adaptación del artículo publicado en Ctxt en agosto de 2019, actualizado después de las elecciones parlamentarias del 6 de octubre de 2019. 

  1. Al contrario de la convergencia en la izquierda española en una lista unificada entre Podemos e IU, Unidas Podemos, en Portugal los dos partidos, Bloco y PCP, han mantenidos identidades muy distanciadas y poca cooperación entre sí. La propuesta del Bloco de que las reuniones de trabajo de la mayoría parlamentaria incluyeran a los tres partidos fue siempre rechazada por el PCP, que prefirió negociar por separado con el PS y se negaba a cualquier reunión que incluyera el Bloco, dando por lo tanto al PS un espacio más amplio de negociación paralela con los dos partidos de izquierdas.
  2. João Semedo fue miembro del Comité Central del PCP. Tras abandonar el partido en 1991, volvió a su actividad profesional como médico y fue director de un hospital en Oporto. Más tarde se unió al Bloco y fue su coordinador entre 2012 y 2014. Murió en 2018.
  3. António Arnaut fue fundador del PS. Como miembro del gobierno en 1979, fue el ministro responsable de la creación del Servicio Nacional de Salud. Siempre ha sido considerado y venerado como el “padre del Servicio de Salud”. Tanto Semedo como Arnaut fallecieron algunos meses antes de la conclusión del debate legislativo iniciado por la ley que propusieron.
Intervenciones
  • Manel García Biel

    Sociólogo y economista. Jubilado, afiliado a CCOO y a ICV.

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    Ingeniero Industrial

    A comienzos del presente siglo el eminente sociólogo Anthony Giddens en su libro Un mundo desbocado expresaba la paradoja de que mientras en el mundo la marea a favor de la democracia era incontenible, en la mayor parte de los países democráticos los niveles de confianza en los políticos habían caído en los últimos años. Señalaba cómo especialmente las generaciones más jóvenes estaban perdiendo interés en la política parlamentaria. Rechazaban el monopolio de la información, se incrementaba su sensibilidad ante la corrupción, percibían que la política parlamentaria se alejaba de los cambios que demandaba la gente y desconfiaban cada...
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  • Olga Cantó Sánchez

    Profesora de la Universidad de Alcalá e integrante de EQUALITAS

    Los autores del último informe sobre desigualdad global publicado por el World Inequality Lab en 2018 (WIL, 2018) concluyen que la desigualdad de ingresos se ha incrementado en las últimas décadas, si bien a distintas velocidades, en prácticamente todas las regiones del planeta. Desde 1980 la desigualdad de ingresos ha crecido en Norteamérica, China, India y Rusia y también en los países europeos, pero con importantes diferencias en el nivel y en la tendencia. Es decir, se observa que países con un nivel similar de desarrollo tienen niveles de desigualdad muy distintos, lo que muestra la relevancia de las...
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  • Oskar Arenas

    Secretario Institucional e Internacional CCOO Euskadi

    A la hora de abordar cualquier debate conviene hacerse las preguntas oportunas. Hay una que nos sobrevuela desde el título de este que nos plantea Espacio Público, “Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores, conectar la democracia con la economía”: ¿quién debe conectar y/o empujar para hacer esa conexión? En realidad la respuesta está en el propio título: las trabajadoras y los trabajadores. Parece una obviedad, pero tras una década larga de crisis y cuatro de capitalismo desatado dejémoslo claro desde el principio. Nadie va a regalar nada graciosamente. De eso hablaremos más tarde, porque la siguiente pregunta tiene...
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  • Juan Manuel Vera

    Economista, Consejo editorial de Trasversales

    El neoliberalismo representa una poderosa fuente de creencias individualistas, que intentan trasladar a toda la sociedad los valores propios del empresario capitalista. Nació como una respuesta a las conquistas sociales y democráticas desarrolladas sobre todo en Europa después de 1945. Pero, también, fue una reacción al cuestionamiento del poder disciplinario que generaron mayo del 68 y los movimientos sociales de esa década. Al inscribirse en una etapa de mundialización capitalista, coincidente con el derrumbe de la URSS y del resto de estados burocráticos europeos, el éxito del neoliberalismo apareció como un triunfo completo. Pero desde la gran crisis económica de...
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  • Antonio Baylos

    Catedrático de la Universidad Castilla de la Mancha

    La democracia exige que las cuestiones fundamentales para definir la existencia social de las personas que componen la comunidad estatal de referencia sean debatidas en el marco de un proceso de negociación entre partidos para obtener un apoyo parlamentario suficiente para formar gobierno y llevar adelante unas políticas adecuadas y conformes con ese proyecto sostenido por la mayoría. La reforma laboral forma parte de estas condiciones fundamentales sobre las que la democracia tiene que pronunciarse. En efecto, no es un asunto que se pueda dejar en el olvido, dando por supuesto que son cambios irreversibles y definitivos que no pueden...
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  • Ramón Górriz

    Presidente Fundación 1 de Mayo

    Los días 14 y 15 de Noviembre, la Fundación 1 de Mayo de CCOO ha convocado el III Congreso de "Trabajo, Economía y Sociedad", que tratará sobre "Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores". Se debatirán las políticas contra la desigualdad, la democracia en la empresa, la brecha intergeneracional, la negociación colectiva. También destacar las que se dedicarán a la experiencia portuguesa, a cargo de Francisco Louça de la Universidad Técnica de Lisboa, antiguo diputado y dirigente del Bloco de Esquerda, y la comunicación que presentará sobre Europa, Raymond Torres, Director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas y anterior...
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  • Sara Lafuente Hernández

    Investigadora en el Instituto Sindical Europeo (ETUI)

    La democracia está en crisis. Desde hace ya décadas, nos preocupa la pérdida de legitimidad y calidad democráticas, de confianza en las instituciones, el auge de la abstención electoral y de formaciones políticas de extrema derecha. Sin embargo, rara vez buscamos una explicación a esta deriva en la experiencia cotidiana del trabajo. Y es que el espacio-tiempo del trabajo -aquel que (aún) ocupa la mayor parte de su jornada a la ciudadanía- se rige por prácticas dignas de regímenes autocráticos, más que democráticos. Bobbio (1987) aludía a esta contradicción como una de las promesas incumplidas de la democracia. En...
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  • Alexander Guschanski

    Profesor de Economía en el Centro de Investigación de Economía Política de la Universidad de Greenwich

    * Coautora del artículo: Özlem Onaran, Catedrática de Economía, codirectora del Centro de Investigación de Economía Política/Instituto de Economía política, Gobernanza, Finanzas y Contabilidad, Universidad de Greenwich. En los últimos 40 años hemos asistido a un notable incremento de la desigualdad en cuanto a ingresos personales y a un declive de la participación de los salarios en el PIB en las economías avanzadas y emergentes. ¿Se trata de consecuencias inevitables de la era de la automatización, o podemos diseñar políticas que inviertan estas tendencias? ¿Qué papel pueden desempeñar los sindicatos? ¿Y cuál sería el impacto del incremento de la igualdad...
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  • Unai Sordo

    Secretario General de CCOO

    La democratización de la empresa y la participación de los trabajadores en ella es una de las mayores aspiraciones desde una perspectiva del interés social de la economía. El movimiento sindical, y el conjunto de la sociedad, no pueden renunciar a que las decisiones de inversión privada se tomen teniendo en cuenta el interés general. Por eso hoy en día el gran reto de la izquierda política y social comprometida con la transformación del mundo es repensar la economía y la empresa —que fundamentalmente es un espacio de poder— desde la democracia, ya que lo más relevante para generar...
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  • Mónica Melle Hernández

    Profesora de Economía Financiera y miembro de Economistas Frente a la Crisis

    La transformación digital está alterando el mundo empresarial y laboral, con efectos en la calidad de los empleos, los costes de producción y la productividad de las empresas. Para conseguir un crecimiento económico sostenido y sostenible que permita avanzar hacia una sociedad más inclusiva e igualitaria, resulta clave mejorar la productividad de nuestra economía. Uno de los argumentos que motivaron la reciente reforma laboral fue precisamente el de aumentar la baja productividad estructural de nuestra economía. Sin embargo, entre 1995 y 2018 la productividad creció en promedio un 0,8%, pero en 2017 ya se estancó, y en 2018 y 2019...
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  • Carlos Javier Bugallo Salomón

    Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.

    ¿Qué es el cooperativismo? El cooperativismo nació en el mismo medio social, en la misma época, de la misma miseria proletaria y de la misma opresión, bajo el impulso del mismo espíritu que el sindicalismo y el socialismo. Expresa las mismas profundas aspiraciones y la misma concepción de la vida. Pero lo que distingue el cooperativismo de las demás formas de acción es su medio de acción, que se basa en la creación de empresas para sustituir la figura del empresario, y así escapar a la explotación de las empresas privadas con las que tenían relación como trabajadores, clientes o...
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  • Antonio Palacián

    Economista, Director INDOR (Internacionalización y Desarrollo de Organizaciones)

    Hay que ser contundentes, no será posible recuperar la influencia necesaria de las organizaciones sindicales sin apostar por la participación del trabajador en el nuevo contexto donde se desenvuelve la empresa. Un entorno cada vez más abierto, más diverso, más líquido, que requiere organizarse de otra forma para participar en la creación de espacios más focalizados en la gestión empresarial. El germen de un nuevo sindicalismo puede pasar por impulsar “Lab” experimentales centrados en la micro, como por ejemplo han realizado los recientes premios nobel de economía, para luchar contra la pobreza huyendo de los grandes planes macro. Hace varios...
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  • Daniel Raventós

    Editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC

    Me invitan a participar en este “debate abierto” de Espacio Público sobre “Repensar la economía con los trabajadores y trabajadoras”. Voy a apuntar una parte de lo que me parece más interesante de un debate con este título. Los tiempos cambian y algunos miran a otro lado. Es habitual el miedo a los cambios. Y los sindicatos, con los enormes méritos que tienen, no son precisamente la “vanguardia” del cambio intelectual. Quizás no les corresponda, pero sí sería deseable algo más de flexibilidad. Pertenezco a CCOO desde hace 40 años, he participado en estructuras de dirección en distintos momentos y...
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  • Andreu Missé

    Periodista y socio fundador de la revista Alternativas Económicas

    La concentración de empresas, la digitalización, la creación de gigantes tecnológicos y financieros, con poderes superiores a los de los estados, han supuesto un aumento de la desigualdad y la eliminación de muchos derechos laborales. La aparición de un nuevo tipo de empresas como las plataformas tecnológicas, especialmente en el reparto de comida, transporte y alojamiento, con empleados sin vinculación laboral, ha comportado un aumento de trabajadores sin derechos, como los falsos autónomos. Este proceso y el aumento de la robotización han conducido a una notable caída de la afiliación sindical. La consecuencia ha sido una debilitación de la capacidad...
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