En mi anterior contribución al Debate, referida al tema de los servicios públicos, quise hacer hincapié en que no sólo el liberalismo económico (tanto de derechas como de izquierda) es un enemigo declarado de los servicios públicos, sino también, y quizás en mayor medida, la rutina, la mediocridad y la corrupción en la gestión de esos servicios.

Quiero ahora aportar unas reflexiones adicionales en torno a un servicio público que cada vez tiene más predicamento, y que servirá para ilustrar y ampliar lo dicho. Me refiero a la propuesta de crear una Banca Pública, que ya no es sólo una propuesta nacional, sino que, como nos revela el caso de Andalucía, lo es también autonómica.

En primer lugar se ha constatado que la idea ha sido muy bien acogida por todas las fuerzas progresistas españolas. Primero fue defendida, a través de la Plataforma por la Banca Pública, por compañeros de Attac y de Izquierda Unida; luego, fue planteada por Vicenç Navarro y Juan Torres en el documento económico para Podemos; incluso el líder de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapia, la ha apoyado públicamente.

Pero si la idea ha prendido con tanta rapidez no se debe únicamente a lo razonable de la misma, y a su indudable utilidad, sino también por el trabajo infatigable que desde la Plataforma por la Banca Pública hemos realizado para defenderla y justificarla. Aquí no ha habido improvisación ni amateurismo.

Me explico. Cuando hace pocas semanas se puso en contacto conmigo el grupo político de Compromís, y para conocer de primera mano las ideas de la Plataforma sobre este tema, tuve la ocasión de proporcionarle al diputado nacional Joan Baldoví -y luego a su asesor económico Paco Simó-, los siguientes documentos elaborados por miembros de la Plataforma: 1) borrador de los estatutos de una futura Banca Pública elaborado por José Santos Pulido, inspector retirado del Banco de España; 2) catálogo de las ayudas públicas recibidas por la banca privada, elaborado por Carlos Mato; 3) cuestionario de seguimiento de los avatares seguidos por Bankia, elaborado por mi amigo Juan Sotres (antiguo consejero de Caja Madrid); 4) dos documentos elaborados por mí, sobre la historia de las Cajas de Ahorro españolas y de la Banca Pública. Me satisface poder hacer público que, pocos días después, desde el grupo político de Compromís me informaron que habían aprobado apoyar la creación de una Banca Pública en el País Valenciano, aunque el modelo lo decidirían ellos.

En fin, quiero concluir con el que es mi grito de guerra particular:

El tiempo de los discursos se ha acabado: empieza el de los programas y el de la acción.

El tema propuesto en el Foro Público es una buena oportunidad para aproximarnos a una serie de aspectos que sobrevuelan por nuestras ciudades pero que en rara ocasión terminan por asentarse en lo concreto. Las sugerencias que encontramos en el texto inicial de Jordi Borja, son suficientes como para encontrar caminos y bifurcaciones que enriquezcan el debate, aproximaciones desde múltiples enfoques y puntos de vista para abarcar, posiblemente, lo inabarcable.

El nivel de debate político se ha incrementado en nuestra sociedad y eso ha conducido a un enriquecimiento colectivo como no veíamos desde hace tiempo. Hay un amplio sector social que ha redescubierto la política, especialmente la juventud, que se ha incorporado sin complejos a agitar las banderas de la democracia, la participación y la movilización frente a la injusticia producida por la Crisis (en mayúsculas, como nos justifica Varoufakis).

Y en este clima llegan unas elecciones municipales y autonómicas en donde parece reivindicarse un derecho a la ciudad. Es el momento de hablar de modelos de ciudad, de instituciones abiertas, de la transparencia al servicio de la ciudadanía, del fin de la especulación, de equipamiento públicos para la cohesión social, etc. Viejas nociones que sacuden el polvo de algunos sillones e incomodan a oportunistas, y quizá por eso, las próximas elecciones sean de gran importancia.Pero para que eso ocurra, debemos situarnos en el contexto en el que se dan.

La reciente aprobación de la “Ley Mordaza” genera un retroceso en libertades y derechos cívicos que nos retrotrae seguramente más de cuarenta años en nuestra historia, pero también es un considerable ejemplo del desconcierto en el que se encuentra la sociedad española. No descubro gran cosa si afirmo que una de las principales formas de dominación impuestas durante la globalización ha sido la asimilación de los discursos hegemónicos por parte de la clase trabajadora, especialmente la de los sectores medios de la clase. Estos discursos ejercen sobre el conjunto de la sociedad un complejo sistema de sometimiento y coerción que dejan ocultos algunos elementos al mezclarse con la vida cotidiana. Este discurso se construye a partir de la idea del prestigio, y en el que la posición social es determinada por aspectos que el individuo no puede controlar en absoluto. La ciudad es uno de esos instrumentos, y por ello el discurso urbano actual es un poderoso instrumento de control y sumisión que adopta diferentes formas: precios inmobiliarios excluyentes, segregación espacial por nivel de renta, homogeneidad de usos en la periferia, fin de la complejidad urbana, imagen normalizada, centros urbanos “disneaylandizados”, etc.

Las condiciones urbanas que han resultado de la globalización y en las que en Madrid se ven claramente sus efectos, requieren de la producción de un discurso urbano que supere el carácter ideológico de la urbanística y permita la recomposición de una clase social preparada y dispuesta para la emancipación social. El discurso es el primer escalón de una larga batalla que solo puede ser finalizada con la conversión de la ciudad en el espacio de la vida común, en donde las relaciones con el entorno natural sean la base del cambio de relaciones de producción y de relación entre clases e individuos. Parejo al discurso, la intervención inmediata sobre las ciudades es una prioridad para facilitar las condiciones que den lugar a un cambio urbano y social de mayor profundidad. Por eso, debemos plantear la pregunta de si es posible esta ciudad bajo el capitalismo. O de otra manera, si es posible producir otro modelo de ciudad bajo el capitalismo.

Indudablemente, estos planteamientos no pueden ser solventados de un plumazo, pero solo el hecho de plantearlos ya nos indica que debemos reflexionar sobre ellos y buscar los argumentos que justifiquen unas decisiones u otras. Superar definitivamente al capitalismo no puede ser una retórica ortodoxa, ni tampoco la excusa para no plantear respuestas concretas.

El capitalismo, y su necesidad de acumulación sin fin, es la causa de la sobreproducción de espacio que hemos vivido en las dos últimas décadas, realizada a través de un endeudamiento colectivo que ha supuesto el expolio de lo público, incrementado con las recientes pérdidas patrimoniales realizadas con la venta de suelo para financiar ayuntamientos y la enajenación de viviendas del parque público de viviendas (en el caso de Madrid, el IVIMA y la EMVS).

El capitalismo y su búsqueda del beneficio económico están detrás de la desregulación patrimonial contemplada en la última reforma de la Ley de Patrimonio, que ha llevado a la pérdida de edificios históricos y entornos urbanos como los de Canalejas y Plaza de España. Esta ley permite indirectamente la normalización de la memoria democrática, desterrando cualquier referencia a la clase trabajadora y aupando los valores del prestigio y el ascenso social a categoría natural, y por tanto, forzosamente asimilable por la sociedad.

El capitalismo es la causa del reforzamiento simbólico de la ciudad de la mercancía, con la omnipresencia del turismo en los espacios urbanos centrales, consiguiendo con ello un espacio donde la fantasmagoría de la mercancía regula la vida cotidiana.

Como decimos, este modelo de ciudad es el que se ha impuesto en Madrid, y aunque no es el único, sí demuestra la urgencia por cambiar los parámetros del discurso, ya que tras 25 años de gobiernos liberales en el Ayuntamiento de Madrid, al menos dos generaciones no han conocido otras políticas. Este tiempo transcurrido supone un evidente agotamiento del Partido Popular como principal defensor de estas políticas y al frente del gobierno municipal desde 1998, pero también de otras formaciones políticas que no han sabido o no han podido responder al autoritarismo del “partido único” de Madrid. Tampoco se aprecia que las nuevas formaciones, al margen de una recurrente apariencia participativa y una cierta operación de maquillaje político, estén aportando los elementos para ese cambio. En esencia, sigue habiendo un vacío en cuanto a la producción de un discurso urbano diferente, lo que lleva a la ausencia de un proyecto para Madrid, de una idea clara de cómo debe ser la ciudad y de cuál es el papel que debe jugar en los momentos actuales, y esto repercute necesaria y negativamente en la ciudadanía y en la clase trabajadora madrileña.

Lo que parece más grave es que la ausencia de proyecto de ciudad es un proyecto en sí mismo, pues mientras no haya otro rumbo desde las instituciones y desde el movimiento ciudadano, el capital seguirá produciendo la ciudad que más le conviene para sus intereses, y la muestra la tenemos en los sucesivos anuncios de “nuevas operaciones” que salpican los diarios locales y nacionales desde hace algunos meses.

Esta situación debe ser reorientada por la clase trabajadora madrileña. Debemos poner nuestros esfuerzos colectivos en la producción de un discurso para Madrid. Recuperar la ciudad para la ciudadanía no puede ser una retórica, tampoco un esfuerzo para cambios de apariencia. Recuperar Madrid es construir el futuro de la mayoría, es trazar el camino para la clase trabajadora y la ciudadanía que sufre las consecuencias de la Crisis. Hemos de huir de los formalismos, de la tecnocracia, debemos construir un modelo urbano donde alojar las ilusiones hechas propuestas, donde establecer los límites de un futuro por construir colectivamente. Por eso el modelo urbano de Madrid debe ser aquel que produzca una ciudad que se distancie de la segregación social, que reduzca la desigualdad social y territorial en la ciudad. Un modelo urbano que busque insaciablemente nuevas formas de vida, necesariamente incompatibles con el capitalismo.

Si atendemos a esta perspectiva, las propuestas concretas serán visualmente menos importantes, pero colectivamente más trascendentes. Por ello, una ciudad donde se reubique la industria y colonice el no-espacio para darle la vitalidad del empleo, para vincular el trabajo a la vida, a la residencia, al comercio próximo, a la calle en la que es posible la Fiesta (sí en mayúsculas) opuesta a la coerción del mercantilismo, la ocupación y apropiación de lo público por la clase trabajadora. La calle recuperada a través de la Rehabilitación de los barrios, bajo la noción de la habitabilidad y las formas de vida, de la reducción del consumo energético, de los espacios de uso colectivo, de poner en valor la memoria colectiva. La rehabilitación integral de barrios y edificios como elemento imprescindible para la integración del entorno natural y la ciudad.

También reapropiarnos de lo destruido de nuestra memoria, para reinventarlos, para dotarlos de nuevos usos que den empleo, que reduzcan los desequilibrios sociales, que atiendan las necesidades de los barrios más vulnerables. Apropiarnos de los espacios militares abandonados para nuevos equipamientos, apropiarnos de los edificios industriales para nueva industria y para la ciencia, apropiarnos del Patrimonio olvidado para dotarlo de nueva vida, apropiarnos de espacios naturales mercantilizados para un ocio al margen del mercado, para disfrutar colectivamente de lo que nunca debimos abandonar.

También apropiarnos de lo que duele, de lo que nos duele en la Memoria, de lo que produce un discurso normalizador. Por ello, no es posible un nuevo modelo urbano sin apropiarnos del pasado democrático, sin desterrar definitivamente lo que contribuye al olvido y apropiarnos de ello para ensalzar la Paz, la Democracia, la Libertad colectiva.

Producir un discurso urbano es una ambición compleja, difícil, pero no imposible. Sin un discurso urbano emancipador, difícilmente se construirá una ciudad para las mayorías, para la clase trabajadora.

Remito un nuevo documento donde hablo de los servicios públicos, tema este que debería ser central en todo discurso progresista.

Como expongo en este documento, para que existan servicios públicos no es condición necesaria que sean suministrados por el Estado. Tampoco resulta suficiente esta titularidad estatal si queremos unos servicios públicos eficaces, eficientes y de calidad, pues el modo en que se realice la gestión será un factor condicionante de vital importancia. Por ello, y como bien ha enfatizado el economista Fernando Prieto (“En España no existe evaluación de políticas públicas”, Público.es, 06.03.2014), se hace imprescindible la existencia de centros independientes de EVALUACIÓN de políticas públicas que chequeen constantemente el rendimiento de estos servicios. Pues si bien los servicios públicos operan al margen de los criterios de rentabilidad (total o parcialmente) de las empresas privadas, ello no quiere decir que actúen de cualquier modo o se abandonen a la irracionalidad.

Por lo tanto hay que exigir la evaluación constante y sistemática de las políticas públicas, y con la mayor implicación social posible: de los usuarios y de los trabajadores. Al mismo tiempo, se debería incorporar la nueva estrategia de control de calidad de las organizaciones conocida como ‘benchmarking’ (evaluación comparativa), y que consiste, según la Wikipedia, en buscar las mejores practicas que se pueden encontrar fuera o a veces dentro de una organización, en relación con los métodos, procesos de cualquier tipo, productos o servicios, siempre encaminada a la mejora continua. La ‘benchmarking’ implica aprender de lo que esta haciendo el otro y entonces adaptar sus propias prácticas según lo aprendido, realizando los cambios necesarios; pero no se trata sólo de copiar una buena practica, sino que debe efectuarse una adaptación a las circunstancias y características propias.

Así pues la divulgación y comunicación de las diferentes experiencias municipales en el área de los servicios públicos, debe ser una tarea ineludible: un Ayuntamiento no puede ser una mónada aislada, un ente que flota en el vacío. Pero esto es sólo la mitad del camino. De la EMULACIÓN hay que pasar a la COOPERACIÓN, aprovechando las mejoras de eficiencia económica que proporcionan las economías de escala y la división del trabajo entre municipios distintos pero próximos.

En resumen, la defensa de los servicios públicos no será más que un cliché vacío y un objetivo sin porvenir si no dotamos a estos servicios de una operatividad real y progresiva, que la haga superior a los servicios suministrados según las reglas del mercado. A este respecto, resulta conveniente recordar a la escuela económica de la ‘Public Choice’ (Elección Pública), que a pesar de su carácter conservador, proporciona una auténtica verdad que podemos aprender de ella: la alternativa a los ‘fallos del mercado’ no es la intervención pública sin más, sino una intervención pública con mejores resultados.

Uno de los tópicos que más recurrentemente se escuchan cuando se habla de política municipal es que en este ámbito las grandes líneas ideológicas y programáticas son irrelevantes, puesto que se trataría de ejercer el gobierno local desde la perspectiva de la “gestión” como elemento característico de actuación.

No es sólo que eso haya sido siempre falso, sino que desde la perspectiva actual de cambio de ciclo político, las candidaturas ciudadanas de unidad popular que concurrimos a las elecciones municipales de este mes tenemos muy claro que el acceso a los ayuntamientos debe hacerse desde la intención de introducir reformas institucionales y políticas de profundo calado que pongan a las administraciones locales al servicio de los intereses de la mayoría social.

Si analizamos el ciclo político que nos ha traído a la actual situación de deterioro democrático y de las condiciones de vida de las clases populares podemos fácilmente comprobar que los municipios han sido instituciones clave en el secuestro de los bienes comunes, su expolio y su puesta a disposición de las élites económicas y financieras.

Esto en A Coruña lo sabemos bien. Durante décadas sucesivos gobiernos del PSOE primero y del PP después han puesto lo común al servicio de unas élites económicas que se han sentido tan a gusto con los primeros como con los segundos. Tanto el uso privativo del territorio como la utilización de las cajas de ahorros para el enriquecimiento —en muchos casos corrupto— de unos pocos son paradigmáticas en este sentido.

Amparados en las distintas leyes del suelo estatales y autonómicas se han diseñado desarrollos urbanísticos que han expulsado a vecinos de sus lugares de vida y socialización, se han llevado por delante núcleos de población tradicionales y los han sustituido por barrios desconectados de la trama urbana y en los que sólo muy lentamente es posible tejer comunidad. Todo eso aderezado por un proceso de gentrificación acelerado en el centro de la ciudad y de 20.000 viviendas vacías al tiempo que se prevén 25.000 nuevas, pasto previsible de la especulación.

Todo esto no habría sido posible si aquellas instituciones financieras que debían estar al servicio del bien común no hubiesen servido como catalizador de inversiones especulativas que han utilizado el territorio de la ciudad y el acceso a la vivienda para extraer rentas de las clases populares en un proceso claro de redistribución inversa.

Naturalmente si hablamos ahora de nueva política y queremos trascender el márquetin electoral debemos dotar de contenidos programáticos claros nuestras propuestas. Estos deben ir, a mi juicio, por tres vías que pueden incidir directamente en la gestión municipal: el radicalismo democrático, el establecimiento de prioridades claras y la creación de un modelo inclusivo de ciudad. Las dos primeras líneas pueden llevarse a cabo en el corto plazo. La tercera implica una visión y un desarrollo de políticas con la vista puesta en el horizonte.

Si queremos realmente recuperar los Ayuntamientos debemos proponer un método de gobierno responsable, democrático y transparente. El contraste con la situación actual es nuevamente definitorio: programas electorales sistemáticamente incumplidos, el mandato representativo como excusa para dar la espalda a las demandas ciudadanas, que no se interrumpen durante cuatro años, y la opacidad como estrategia previa para la corrupción sistémica. Debemos, pues, proponer formas de gobierno y gestión participativa.

Los Consejos Sociales deben servir para, junto con el tejido asociativo y los actores sociales de cada ciudad, diseñar líneas políticas generales y crear foros de discusión de las políticas sectoriales (seguridad, movilidad, protección social, etc). Por otro lado, en una ciudad como A Coruña, la puesta en marcha de las juntas de distrito y la capacidad de decisión descentralizada en los barrios, aplicando métodos participativos y de cogestión. En tercer lugar, fórmulas de diseño de los presupuestos y de los planeamientos urbanísticos participativos, donde esta participación se entienda como capacidad de iniciativa de la ciudadanía y no como reacción frente a lo propuesto por la institución.

Ayuntamiento y ciudad gobernando juntos. Esto no supone, ni mucho menos, abdicar de las responsabilidades de quienes hayan sido elegidos, ni presentarse a las elecciones sin un programa de gobierno, sino entender el ejercicio del cargo de una manera colaborativa, no dirigista.

La responsabilidad debe implicar rendición de cuentas. Es necesario utilizar los mecanismos participativos para explicar las decisiones que se han tomado y ofrecer evaluaciones de las mismas. También establecer mecanismos que aseguren el cumplimiento de los compromisos adquiridos, de modo que quienes no cumplan puedan ser censurados o, incluso, revocados.

Por último, transparencia en la gestión. Toda la información debe ser pública y accesible a la ciudadanía. Sólo así, poniendo una lupa encima de los representantes, los vecinos y vecinas podrán controlar las actuaciones realizadas y asegurarse que la actuación de aquéllos es honesta.

La segunda línea tiene que ver con las prioridades. Ciertamente, y ya se ha dicho en este debate, las reformas legislativas han limitado las capacidades de los municipios. Esto no significa que no se puedan hacer cosas. En nuestra ciudad hemos visto cómo se suprimían o privatizaban servicios básicos para la ciudadanía mientras se encontraba dinero para obras faraónicas de escasa utilidad social.

Para llenar el bolsillo de los de siempre acaban apareciendo fondos. Revertir este modo de actuar está en nuestras manos. Debemos priorizar los servicios públicos de calidad, apostando por la remunicipalización de los mismos, y su gestión desde puntos de vista no mercantilizados, el gasto social y la lucha contra el desempleo.

La tercera línea tiene más que ver con el modelo de sociedad que queremos, y esto implica pensar a largo plazo. Primero, a través del planeamiento urbanístico y la regeneración de los espacios en la ciudad. Debemos crear las condiciones para evitar operaciones especulativas y de gentrificación, y procurar barrios cohesionados territorial y socialmente. Además, hay que apostar también por las economías locales, dejando de poner infraestructuras al servicio de grandes áreas comerciales en las periferias, y apoyar las iniciativas que surgen desde abajo.

La función del Ayuntamiento en este caso debe ser poner la tierra y regar la semilla. La planta ya existe, están en todas esas propuestas que surgen en la propia ciudad, de economía social, de colaboración, de emprendimiento cultural, ético, etc. El gobierno de la ciudad simplemente debe apostar por la inteligencia colectiva que ya existe y poner las condiciones para que se desarrolle.

No creo que podamos esperar de estas elecciones municipales que sean el pistoletazo de salida inmediato a un proceso constituyente. Sí creo, sin embargo, que pueden servir para recuperar la esperanza e impulsar eso que llamamos «nuevo ciclo político». Un ciclo político que debe servirnos para sentar las bases de una sociedad más justa, movida por valores diferentes de la pura y simple mercantilización de nuestras condiciones de vida, y con respeto a la diversidad cultural y territorial. En eso andamos, en A Coruña y en otros muchos lugares.

Plantea Borja (2015), en la ponencia que da pie a este debate, que “el contenido específico de la “nueva política” es la participación, la iniciativa popular, la movilización social” (parr. 10). No cabe duda de que esto es cierto, nadie puede negarlo, pero siendo este conjunto de actuaciones «necesarias» para caracterizar esa nueva política que empieza a prefigurarse en los estertores del Régimen del 78, por sí solas no son «suficientes».

La pieza clave para transformar el proceso destituyente impulsado por la ciudadanía en una acción de gobierno con voluntad constituyente, es la recuperación de la intervención directa en los ámbitos estratégicos de la economía por parte de aquellas instituciones que representen legítimamente los intereses de la sociedad civil.

Como bien apunta Borja, perder el miedo a los grandes proyectos, al proyecto (político) con mayúsculas, es condición sine qua non de la nueva política. Si algo caracteriza a nuestros viejos gobernantes es, por encima de siglas y etiquetas ideológicas, su entendimiento de la política como mera gestión de lo existente. «There is no alternative», que diría Margaret Thatcher.

Sin embargo, los últimos años de luchas y movilizaciones han servido para ampliar el horizonte de lo posible; imaginando, primero, y construyendo, después, alternativas viables a una realidad que, hasta hace poco tiempo, se nos mostraba como inamovible. Las conquistas de la PAH, la paralización del proceso de privatización de la sanidad madrileña liderada por la Marea Blanca o la victoria de los vecinos de Gamonal constituyen algunos de los episodios fundacionales de esa nueva política que ha empezado a abrirse paso y pretende, ahora, dar el salto a las instituciones.

Cualquier proyecto político verdaderamente nuevo debe estar comprometido, por supuesto, con la defensa de los derechos sociales por los que se han movilizado cientos de miles de ciudadanos. Pero, además, debe recuperar la tan denostada «planificación» como uno de los elementos centrales de la acción política.

En el ámbito de la política municipal, la planificación política está indisociablemente ligada a la planificación urbana. Si los ayuntamientos todavía conservan competencias sobre algún ámbito, ese es, precisamente, la ordenación del territorio. Así pues, la nueva política municipalista no puede renunciar a tener un proyecto de desarrollo urbano propio, un Proyecto de ciudad.

En las últimas tres décadas se han ido consolidando, hasta hacerse hegemónicos, los postulados neoliberales que defienden la superior eficiencia del Mercado frente al Estado en la asignación de recursos y funciones sobre el territorio; un dogma que se ha utilizado para justificar la “necesaria” limitación del papel del gobierno de la ciudad. Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera agravada por ésta, han demostrado que limitar, e incluso retirar, el control público sobre cualquier actividad económica conduce ineludiblemente al desastre.

Si no existen controles públicos o estos son muy laxos, los mecanismos de producción del espacio urbano tienden a profundizar las desigualdades entre personas y áreas geográficas. Esto es, cuando no están sometidos al control público, los procesos de conformación del medio urbano se orientan, como sostiene Secchi (2015), hacia la redistribución regresiva de los recursos en favor de los grupos que concentran un mayor poder económico y político.

En este sentido, para construir una ciudad que no sitúe los intereses de las oligarquías por encima del bien común, es imprescindible desarrollar una acción de gobierno decidida a limitar los privilegios de esas minorías. Esto resulta particularmente difícil en las sociedades occidentales contemporáneas, regidas por un complejo entramado burocrático diseñado para favorecer los intereses de las clases dominantes. De ahí que los investigadores interesados en la planificación urbanística y en las políticas sociales puedan entender que, en las actuales circunstancias, queda muy poco espacio para cualquier planteamiento transformador que no pase por prácticas revolucionarias (Soja, 2014).

Sin embargo, como señala Harvey (2003), “la globalización neoliberal sin trabas ha creado tal «torbellino de contradicciones en el escenario mundial, que ha abierto inconscientemente diversos caminos hacia una política progresista y universalizadora»” (p. 94). En este contexto, la recuperación de la política como instrumento al servicio de las mayorías aparece como el único camino posible para la recuperación de la polis.
No cabe duda de que no es tarea fácil, pero no estamos solos. Cuando casi nos habían convencido de que la Historia había llegado a su fin y la Revolución era cosa de otros tiempos, cientos de miles de indignados de todo el mundo salieron a la calles y ocuparon las plazas para recordarnos que el restablecimiento de la democracia pasa por la reapropiación del espacio urbano y la defensa incondicional del derecho a la ciudad.

Pero la movilización es solo el primer paso. Para superar las lógicas neoliberales de ocupación del territorio y recuperar la ciudad como espacio de integración y convivencia colectiva es imprescindible reivindicar, sin complejos, la existencia de planes integrales de desarrollo metropolitano –gestionados por las instituciones democráticas y sometidos a un permanente control ciudadano– que estén al servicio del bienestar colectivo y sean capaces de orientar el proceso de producción del espacio urbano hacia una redistribución justa de los beneficios que éste genera.

La ciudad es un territorio esencialmente conflictivo y, en gran medida, las decisiones de gobierno exigen un posicionamiento entre intereses enfrentados. Es imprescindible poner en práctica una decidida política redistributiva a partir de la reasignación –directa o indirecta– de los recursos y plusvalías generadas por el proceso de urbanización. Pero aplicar esta política supone confrontar con los principales operadores que intervienen en la producción del tejido urbano y con los propietarios de suelo; pero también con buena parte del aparato burocrático del propio Estado así como, y muy especialmente, con aquellos órganos que pretenderán seguir tutelando la acción de los Ayuntamientos.

No hay atajos ni soluciones mágicas. Solo una ciudadanía comprometida con un proyecto democrático de cambio y una firme voluntad política de hacerlo posible. Ese es el camino.

Referencias bibliográficas

Borja, J. (2015, Abril). Municipalismo: Cómo cambiar las ciudades. Público, edición digital. Recuperado el 1 Mayo, 2015 de www.espacio-publico.com/municipalismo-como-cambiar-las-ciudades
Harvey, D. (2003). Espacios de Esperanza. Madrid: Akal (C. Piña, trad.). Edinburgh: Edinburgh University Press (Obra original publicada en 2000).
Secchi, B. (2015). La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Madrid: Catarata (T. Arenillas y F. López, trads.). Gius: Laterza & Figli (Obra original publicada en 2013).
Soja, E. (2014). En busca de la justicia espacial. Valencia: Tirant Humanidades.

En Memorias de la casa muerta Dostoieviski pinta un fresco de Siberia que genera perplejidad: un lugar maravilloso en el que vivir si se sabe entender el sentido de la vida. La ironía sirve de frontispicio para un relato sórdido de un lugar donde solo es posible sobrevivir.

España no es Siberia, pero muchos lugares de nuestra geografía se han convertido en invivibles, en insostenibles, ajenos. La enfermedad llamada capitalismo ha generado excrecencias y síntomas de su paso en muchos órdenes, en el urbanismo de manera particularmente intensa. Hay lugares donde la situación ya es solo gestionable, simplemente no es reversible. La destrucción de los hábitats naturales y la creación de un urbanismo depredador, pensado para el coche y ajeno a cualquier vida comunitaria, tiene difíciles soluciones. El desolador paisaje del alicatado hasta la playa de la costa mediterránea es un ejemplo de este despropósito que reconoce visos de criminalidad medioambiental.

En esto, como en otras cosas, el bipartidismo imperfecto que nos ha mal gestionado desde la transición tiene su responsabilidad. El mainstream apenas reconoce diferencias según gobernasen unos u otros. Solo en los lugares en los que alguna fuerza de izquierda alternativa condicionó el gobierno del PSOE es posible observar un urbanismo más orientado hacia la comunidad, sin tampoco tirar cohetes. Pero de pronto, lugares en los que se ha construido vivienda social; en los que los planes de urbanismo no han arrasado con el patrimonio histórico; donde no se ha construido en todo sitio y lugar y se han respetado, incluso conservado, parajes naturales; donde se han preservado playas que nos recuerden lo que una vez debió ser la naturaleza en su más hermosa expresión; donde la corporación municipal se ha preocupado por los más desfavorecidos y ha gastado recursos en política social; donde se ha intentado integrar la diferencia para generar una nueva convivencialidad etc… en fin, todas estas pequeñas cosas son un mundo frente a los lugares donde se ha quebrado el estado de derecho fruto de la colisión entre un poder político corrupto y un poder económico tan o más corrupto. Y donde los resultados de esa colusión mafiosa han dejado ciudades para llorar.

Y, quizá, lo que sea peor, en un país como éste, donde las culturas cívicas de las que hablaba Tony Judt, resultado virtuoso del estado social, nunca lograron consolidarse, el legado moral de esta devastación ideológica es una sociedad que vive las instituciones con desconfianza, prevención o como un espacio de enriquecimiento personal. Nada bueno podrá construirse desde esa visión ajena de lo común.

Si recorremos nuestra geografía encontraremos la triste realidad de sectores populares sumados como palmeros al desenfreno urbanístico y la depredación ecológica. Los miles de euros que llegaban a casa todos los meses justificaban el apoyo a los ladrones que gobernaban el municipio. La democracia convertida en un espacio de solidaridad mafiosa. La victoria de los poderes salvajes de los que habla Ferrajoli.

Por eso, no convertir deseos y posibilidades comienza a ser un ejercicio de importancia. No creo que estas elecciones sean los preliminares del fin del bipartidismo que morirá, inexorablemente, en las próximas generales. No es porque no sea una perspectiva tan deseable como saludable, es porque no es verdad. El bipartidismo es mucho más que la coincidencia estratégica de dos partidos políticos. El bipartidismo en España es un régimen que incluye otros actores, instituciones y valores. La crisis del mismo no es su fin y antes de darlo por muerto convendría saber con qué pensamos sustituirlo.

Cuando parecía que el ascenso de Podemos preludiaba un horizonte de cambio social y político cualitativo, podíamos pensar que esa expectativa resultaba, cuando menos, estimulante. Ahora que las encuestas dicen que Podemos está ya por detrás del PP, PSOE y Ciudadanos, merece la pena que reflexionemos sobre este punto tan importante: ¿qué queremos? Y no menos importante: ¿quiénes creemos que debemos llevar adelante el programa del cambio?

Ninguna de esas dos cosas está bien construida en estas elecciones municipales y autonómicas. Los cálculos electoreros de unos y de otros han impedido consolidar un programa de cambio que fuera más allá de las siglas. Y la diversidad de fuerzas que se presentan hacen ilegible el protagonista del cambio: ni un partido, ni una coalición de varios, ahora mismo un batiburrillo de opciones que producen más melancolía que entusiasmo. La ilusión por el cambio ha retrocedido espectacularmente desde las elecciones europeas, mejor ser conscientes de esta situación.

El municipalismo de izquierdas y con perspectiva transformadora es una opción, una necesidad diría. Y en ese programa no todo vale: no comparto la idea de que el nuevo urbanismo deba cargarse, así sin más, miles de pueblos que sobran y hasta las provincias. Lo siento, en mi perspectiva, la idea de una identidad vinculada al territorio me parece esencial, y eso no es incompatible con una gestión de los servicios y los recursos supramunicipal, quieran los municipios o no.

La participación puede ser un slogan, una técnica o bien una perspectiva de gestión alternativa de los municipios desde las necesidades de la gente.

Y eso sin olvidar una reforma que ofrezca a los municipios posibilidades económicas reales de gestionar con suficiencia sus obligaciones.

Creo que las elecciones ofrecen un espacio por el que el viento del cambio puede colarse y sacudir las ajadas estructuras del régimen bipartidista, pero no esperaría demasiado de estas elecciones. Sería suficiente con que llegase alto y claro el voto de castigo a una gestión corrupta y mafiosa; sería suficiente con que sintiésemos que se restituye el estado de derecho y las auditorías de las deudas municipales mandan a la cárcel a una buena cantidad de personajillos; estaría muy bien con que el resultado pedagógico de este desempeño fuera construir una cultura cívica donde se restituya a lo público el lugar que le corresponde y donde la idea de “lo común” le gane la partida al “qué hay de lo mio”.

Si algo de esto pasa, habremos hecho una pequeña revolución (perdón por la expresión).
Quizá, como en algún cuento fantástico, esto baste para que Siberia retroceda y aparezcan paisajes más amables y acogedores. Así no nos volveremos a ver obligados a cantar las excelencias de una vida imposible en un lugar imposible.

No hace mucho tuve la ocasión de ver en la televisión al economista y tertuliano José Carlos Díez, y escuchar cómo le espetaba a Juan Carlos Monedero que el Estado debe abstenerse de planificar. Como sin duda sabrá todo estudiante de ciencias políticas, la formulación de políticas públicas aprobadas en las asambleas legislativas (centrales o subcentrales) normalmente se ve acompañada, en su implementación por parte de las administraciones públicas, de diferentes PLANES DE ACTUACIÓN. De manera que la afirmación de este inefable e histriónico economista no sólo revela su supina ignorancia de cómo trabaja el Estado, sino también el carácter doctrinario de su ideología. Este personaje parece una versión moderna de aquellas “Preciosas ridículas” que tan bien retratara Molière.

Además de esto, no son muchas las personas que saben o tienen en cuenta que la actividad planificadora es una innovación política que nació en las ciudades, y en la forma de planificación urbana; aparece ya en las civilizaciones antiguas, pero cobra particular relevancia en la época contemporánea debido a la revolución industrial y a las subsiguientes innovaciones técnicas en el campo de las comunicaciones, que traerán consigo congestión, suburbios, especulación inmobiliaria, insalubridad y fealdad paisajística, entre otras cosas. La planificación urbana se impuso como reacción a estos desagradables hechos y con el objetivo de erradicarlos, pero no de forma aislada sino en todos sus aspectos. De ahí el uso de la planificación unificada de toda el área metropolitana.

Es por ello que deseo atraer la atención de los lectores sobre esta cuestión, pues considero que la planificación debe ser, junto con la ‘democracia participativa’, un instrumento esencial del ‘nuevo’ municipalismo. Pero como yo no soy urbanista, me limito a aportar un documento que he escrito sobre la planificación económica, tema este que ha suscitado numerosos debates y que podrá ayudar, creo yo, a la problemática de la planificación urbana.

Coincido con mis colegas en que éste es el momento de pensar la política desde otros márgenes, de recuperar la democracia y la vocación cívica. Sin embargo, las instituciones tradicionales y las nuevas formas de hacer política deben convivir al menos por el momento, mientras se diseña un modelo de democracia participativa, que sea sustancialmente, y no “retóricamente”, diferente.

Con la mirada en ese nuevo modelo de democracia participativa, que recoja el espíritu de crítica surgido desde el 15M, y que también invite a los “ausentes” a ser copartícipe de las decisiones y de las responsabilidades de la gestión de lo común, se ha trabajado desde la ciudadanía en diversos movimientos, organizaciones y compromisos.

Creo que hasta ahora se ha horadado en el escenario de la individualidad de la ciudad, en las pequeñas parcelas de las luchas de barrio y en grandes batallas como las libradas por la PAH, especialmente llevando un debate cívico al escenario de la confrontación de la arena legislativa.

Sin embargo, discrepo del enfoque de prolegómeno, o introducción excesiva, que las elecciones locales y regionales están teniendo en la escena política general, porque el modelo de pueblo, ciudad, localidad o región que tendríamos que estar discutiendo en cada caso, pierde fuerza e interés, en el marco del debate general de la crisis del sistema político, de la corrupción y del fin del bipartidismo. Porque el lugar sí importa, y cómo se construye y se modifica también.

Desde luego, el modelo de ciudad es un modelo político, articulado con el modelo de organización del Estado, y de otras escalas políticas como la Unión Europea y el escenario global, pero la crisis no ha impactado en todos los municipios por igual. Existen ciudades y barrios golpeados por la crisis con más dureza que otros, donde la gestión de la crisis social es más urgente o donde el tejido social es más endeble.

Hay otros en los que la corrupción y la deuda no están presentes y la crisis de gobernabilidad no existe, o donde la capacidad de respuesta a la crisis está siendo mayor desde la ciudadanía. Y también existen ciudades y barrios donde la quiebra es tal que parece difícil proponer algún modelo alternativo de organización y gestión de lo público.

Así, surgen muchas preguntas más centradas en cada escala local como:

¿Cómo se puede sustituir el urbanismo neoliberal del ciclo expansivo de la economía por un urbanismo social en un contexto de contención de las inversiones públicas o privadas?

¿Qué instrumentos vamos a utilizar, los planes de urbanismo, los planes estratégicos, los consorcios, la gestión mancomunada, las alianzas público-privadas transparentes?

¿Cómo vamos a gestionar la reducción de emisiones contaminantes concentradas en ciertos barrios, lugares, e incluso parques?

¿Es posible preservar lógicas locales y/o aprender a articularlas con el turismo y la innovación?

¿Hay espacios públicos que se podrían auto/gestionar para generar espacios comunes de corresponsabilidad?

¿Qué margen -en definitiva- queda entre la crisis, la austeridad, las demandas ciudadanas que reclaman mejores servicios de proximidad y la gestión de los bienes y recursos comunes?

Preguntas todas fragmentadas, que requieren de un debate localizado y complejo al mismo tiempo.

….pero este debate en la calle, yo no lo oigo tanto como quisiera.

Por ejemplo, si analizamos la propuesta del Partido Popular “Aún queda mucho por hacer. Manifiesto electoral local: Un compromiso con los ayuntamientos”, vemos cómo el modelo de las ciudades y localidades que proponen ocupa un lugar secundario, mientras que en primer lugar, es el proyecto nacional de recuperación el que ocupa el objetivo prioritario del partido. Así, dice textualmente: “Nuestra meta no sólo es la recuperación, sino la transformación económica y social de la Nación, encaminándonos con paso firme y rumbo decidido hacia la prosperidad. Estamos construyendo un nuevo futuro para España.” (p.4) Y el “ajuste municipal” se percibe como un logro para las cuentas españolas; “El camino recorrido por los ayuntamientos, pasando del déficit al superávit en solo dos años, ha contribuido a la consolidación fiscal y al saneamiento de las cuentas públicas españolas. España se merece unos ayuntamientos modernos (…) una administración municipal que tenga una relación cercana y sencilla con el ciudadano (p. 9)”.

Por ejemplo, en Madrid, según el Avance del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Madrid, se ha conseguido reducir el presupuesto del Ayuntamiento al mismo que tenía la ciudad en 2004, pero sigue habiendo una deuda financiera de más de 6.000 millones de euros. El Plan de Ajuste que se ha cumplido únicamente en dos años como en muchos otros ayuntamientos, ha servido únicamente para reducir el personal, el patrimonio y la capacidad de prestación de servicios. Esto significa que aunque en parte podido cumplir con el ajuste presupuestario exigido por el Gobierno Central, sin embargo, este proceso tiene unas implicaciones que plantean un panorama muy complejo para los próximos cuatro años, y de eso no se habla.

El debate público en relación a la candidatura del PP en Madrid está centrado en los casos de corrupción y en el debate abstracto general, y un poco en la elaboración de las listas. Pero el debate del modelo de la ciudad se reduce a un asunto doméstico que tiene que ver con las demandas individuales de los vecinos, a los que la candidata de Madrid, pregunta “individualmente” en su sillón televisivo como si de un programa a la carta pudiera hacerse.

Mientras, siguiendo una estrategia que parece ya caduca en el contexto de la crisis, el candidato del Partido Socialista, Antonio Carmona, continúa ofreciendo propuestas megalómanas para ubicar Madrid en la jerarquía de ciudades mundiales, a través de un nuevo modelo económico “endógeno” basado en convertir Madrid en la capital mundial de la lengua española, teniendo su sede en el “Palacio” del Español, en el antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi, justo en el mismo espacio que reclama un colectivo de vecinos de Arganzuela (EVA) como un posible espacio co-gestionado, después de haber estado abandonado durante más de una década.

Desde luego, yo creo que Ahora Madrid ha sido una opción muy valiente, mostrando desde el principio su programa, en el que se ha trabajado uniendo distintas voces en múltiples espacios, y cuya legitimidad también ha emanado del proceso de primarias. Aunque sabemos que hay que detallar más cómo, con qué prioridad, y a qué coste.

Además, quizás por los tiempos electorales que obligan a defender posiciones generales, pareciera que también la discusión del modelo estuviera desdibujándose, dando prioridad a la difusión del proyecto en sí, más que a la discusión del modelo de ciudad y cómo financiarlo, porque el primer objetivo es convencer de que sí es posible cambiar el modelo de ciudad de Madrid y hacer las cosas de otra manera.

Sin duda, las posibilidades de gestión de lo público local con los niveles de deuda y ajuste presupuestario son pocas. Por ello, debemos ser imaginativos también en la discusión sobre cómo hacerlo, para qué y para quién en cada localidad, ya sea rural o urbana.

Tras un largo periodo de movilizaciones sociales, como no se había visto en la historia reciente de nuestro país, llega un ciclo electoral en el que iniciativas políticas novedosas parecen dar cauce a los anhelos de cambio de buena parte de la ciudadanía. Tras décadas de desafección política y desencanto, de acudir a las urnas con la «pinza en la nariz», llega la sonrisa y la alegría de seguir avanzando en los cambios que hagan de nuestro país y de nuestras ciudades lugares dignos en los que vivir.

Las elecciones locales y autonómicas de mayo son la próxima estación de este ciclo que culminará en noviembre con las elecciones generales. Tienen una enorme trascendencia, no solo porque en ellas se expresará la irrupción de la nueva política en el terreno institucional, sino porque precisamente es en el ámbito municipal donde existe la posibilidad concreta de demostrar que es posible democratizar la democracia y hacer las cosas de otro modo.

Es en el ámbito municipal donde se sitúa en buena medida la posibilidad de profundizar la democracia y mejorar las condiciones de vida de la gente. Lo local es un ámbito preferente para la distribución de la riqueza a través del salario indirecto que se concreta en equipamientos y servicios públicos de calidad y la adopción de medidas que hagan más transparente y funcional la estructura de la administración pública.

La esperada «segunda descentralización», que debía otorgar más recursos y competencias a los municipios, no solo se ha postergado a lo largo de los años, sino que ha sufrido en el último periodo un importante retroceso con la aprobación de la denominada «Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local». Eso nos enseña que el impulso electoral de mayo ha de tener su continuidad en noviembre para que el empuje democratizador se vea reforzado e impulsado a todos los niveles.

Madrid lleva más de 25 años gobernada por un entramado de intereses políticos y financieros que ha pasado por encima de las necesidades de las mayorías sociales y nos ha dejado un panorama inaceptable en muchos aspectos: desequilibrio social y territorial, una deuda que nos hipoteca, unos índices de pobreza que sitúan al 4% de las familias de Madrid (300.000 personas) en situación de extrema pobreza, una democracia y unas instituciones desgastadas por el uso clientelar de quienes las han gobernado. Un modelo en el que la ciudadanía quedaba excluida de «la cosa pública» en favor de las élites políticas y económicas y que está representado principalmente por el Partido Popular. Un modelo agotado que no tiene nada más que ofrecer a la ciudadanía.

Frente a él, se presenta una nueva forma de hacer las cosas, la posibilidad del cambio encarnado en las elecciones locales por las candidaturas ciudadanas como Barcelona En Comú o Ahora Madrid.

Nuestra historia ya nos ha enseñado que, en términos democráticos, la existencia de una sociedad civil organizada y activa es una garantía irrenunciable y que por lo tanto no debemos poner todas las esperanzas de cambio en el proceso electoral. Pero también hemos visto que el empuje de la sociedad civil demasiadas veces ha chocado contra el muro de unas instituciones sordas que no han querido ni han sabido dar cauce a las demandas y a la creatividad ciudadanas.

Hemos visto los límites y hemos aprendido que es necesario entrar en las instituciones para tener la capacidad de cambiar las reglas del juego, de modo que respondan a los intereses de las mayorías, regeneren la democracia y corrijan la desigualdad creciente que se sufre en nuestras ciudades.

Recuperar las instituciones y la democracia para los ciudadanos parece ser el impulso de la nueva política y las formaciones que la encarnan. Una nueva política que reivindica la movilización y la participación ciudadanas como elementos de identidad. Pero, como dice Jordi Borja (referencia obligada a la hora de pensar el derecho a la ciudad y a esta como escenario para la construcción de la democracia), esta nueva política deberá concretarse en contenidos, en proyectos de ciudad, de transformación del modelo urbano, en soluciones concretas a problemas del día a día, en un proyecto de gobierno a medio y largo plazo. Buena parte de estos contenidos concretos que dan sustancia a la marca «nueva política» se expresan en programas que han sido elaborados con la participación de miles de personas. Medidas que hacen referencia a los problemas a los que se han tenido que enfrentar en su día a día estas personas como vecinos y vecinas de Madrid, pero que también se alimentan del saber que atesoran como profesionales y como técnicos.

El contenido de la «nueva política» aterriza en el ámbito municipal con medidas concretas para hacer transparente la administración pública, para revitalizar la economía a través del apoyo a la pequeña y mediana empresa y la economía social, de la actuación sobre la ciudad consolidada mediante la rehabilitación urbana integral, de la revisión de los procesos de externalización (privatización) de la gestión de los servicios públicos, de medidas contundentes contra los desahucios y que garanticen el derecho a la vivienda y un largo etc.
Los gobiernos locales que van a surgir de las próximas elecciones municipales de la mano de las candidaturas ciudadanas expresaran la posibilidad de cambio y de mejorar las condiciones de vida, la participación política, el equilibrio social y territorial. Asumiendo sus responsabilidades como gobierno y su compromiso de escucha constante.

Las instituciones locales, deben convertirse en cauce y motor de la creatividad, la energía y la capacidad de emprendimiento de la ciudadanía, nunca más un muro contra el que éstas se estrellan. Deben dejar de ser un laberinto de intereses y mecanismos herméticos fuera del alcance de las mayorías para convertirse en garantes de los derechos ciudadanos, la participación y la transparencia.

El ejemplo de la periodista Mariló Montero ha servido para ilustrarnos dos verdades apodícticas, irrefutables. Una, que se puede ser un mal profesional sin que ello tenga consecuencias practicas -en forma de reproche o despido-, siempre y cuando uno tenga buenos padrinos políticos. Otra, que en un mismo cuerpo u organismo pueden convivir dos ‘almas’ distintas, incluso opuestas.

La segunda lección es la que me interesa comentar aquí. Y viene a cuento porque creo que es un ya un clamor que en el PSOE conviven dos ‘almas’ políticas: una reaccionaria y otra progresista. Sólo los espíritus maniqueos son incapaces de darse cuenta de esta contradicción flagrante, imposible de reconciliar, que se da en el interior del partido socialista español. En Cataluña hemos visto cómo se ha resuelto tal contradicción: con la ruptura y la división. Es esta una ley universal de la dialéctica: las contradicciones que no se superan mediante una síntesis creativa, conllevan el desorden, la entropía y, finalmente, el sometimiento de una fuerza por la otra o la ruptura.

Una última manifestación del espíritu reaccionario que campea a sus aires dentro del PSOE, lo hemos encontrado leyendo la intervención del diputado Francisco Ramos Antón. Aconseja este diputado olvidarnos de determinar democráticamente la política económica de la nación, y limitarnos –resignadamente- a volcar nuestras esperanzas en la política municipal. Y lo hace ni más ni menos que tergiversando las enseñanzas del gran economista Dani Rodrik, que si bien enseña que la globalización está reñida con la democracia, no aconseja olvidarnos de esta última, sino… LIMITAR EL ALCANCE DE LA GLOBALIZACIÓN.

Hubo un tiempo en que desde el PSOE se aleccionaba a los trabajadores y a los sindicatos a pelear por convenios más justos, pero dejando la política nacional a los partidos políticos. Ahora se nos dice que peleemos por llevar la democracia a los ayuntamientos, pero que nos olvidemos de hacer lo mismo en las Cortes Generales; ya se encargarán el PSOE y sus compinches del IBEX 35 de ello. Tomamos nota.

El conocido trilema de Rodrik, que propone la incompatibilidad de globalización, democracia y soberanía nacional, deja una “salida” para la democracia y su profundización en el ámbito y en el espacio político local.

Dani Rodrik afirma que puede haber globalización y democracia -en instituciones supraestatales-, pero sin soberanía nacional, de ahí la deriva soberanista de las nuevas políticas emergentes y sus marcas.Puede haber también globalización y soberanía nacional pero ésta deberá ejercerse en coherencia con los imperativos de la globalización y no de la ciudadanía. Es también posible que exista democracia y soberanía nacional, pero eso exige poner coto y cambiar de signo la globalización.

En este escenario, la incapacidad de los actores políticos estatales para enfrentar los efectos de una crisis global – más en el caso de los países de la zona euro de la UE- es una de las causas de la pérdida de confianza ciudadana y del vínculo democrático con sus electores.

Queda un margen para la democracia, la participación y la implicación ciudadana con lo público en el espacio local. Es difícil, pero es posible, siempre que no interfiera los intereses materiales de la globalización.

Los obstáculos no son pocos. Habrá que reinventar el modelo de individuo obstinado en su individualidad, fruto maduro de la cultura neoliberal. Habrá que equilibrar las políticas paliativas de urgencia centradas en las personas, con las políticas preventivas centradas en las relaciones y sus desequilibrios: en las desigualdades y sus causas. Habrá que combatir un modelo de transparencia que oculta la información tras una plétora de irrelevancia. Habrá que denunciar un modelo de gobierno abierto que nace esclerotizado en la cultura del “participa y calla”. Pero es posible.

Por eso la reforma local del PP ha pretendido achicar el espacio político de lo local. Para limitar el derecho ciudadano al gobierno de proximidad a su mínima expresión. Como hizo con los derechos laborales de los trabajadores y con los sindicatos en la reforma laboral.

El hecho de que las administraciones locales sean las únicas que cumplen, y con creces, los objetivos de déficit público demuestra la capacidad de control que tiene el Gobierno sobre el mundo local en el Estado de las Autonomías. Por tanto la reinvención democrática de lo local exige la recuperación de una autonomía local que el gobierno del PP ha tenido secuestrada con la reforma local y sus amenazas, y con la legislación sobre estabilidad presupuestaria, sin entrar en otras circunstancias constituyentes de nuestro modelo de régimen local.

Respecto al debate sobre la planta local, ninguna objeción a la adaptación del modelo institucional a las nuevas realidades geográfica, económica y social, pero la clave no pueden ser las escalas de eficiencia, como plantea el PP, sino el vínculo ciudadano que convierte la política local en política de proximidad.

Aquí todo el que tiene una ocurrencia pretende acabar con unos miles de municipios –que funcionan- para crear otros más grandes -que nadie sabe si van a funcionar- y ahorrar unos miles de millones, que nadie sabe de dónde salen, porque los pueblos -que son la unidad básica de gasto- iban a seguir en su sitio, demandando servicios públicos. A partir de aquí la supramunicipalidad basada en la cooperación voluntaria de los municipios es la clave ¡Como siempre, la política! Sin mediaciones, es decir sin diputaciones.

Los datos sobre la deuda de los municipios demuestran que en la evaluación de las escalas de eficiencia encontramos más deseconomías derivadas del tamaño de las grandes ciudades que del inframunicipalismo. En todo caso, en este debate Jordi Borja escribe desde Cataluña y yo desde Castilla y León, donde las 2.224 entidades locales menores que forman parte de 441 de sus 2.248 municipios tienen unos costes de transformación de los servicios públicos que prestan, que en personal no llegan al 4 por ciento, según datos recientes del Consejo de Cuentas de esta Comunidad. ¿Alguien puede igualarlo?

Finalmente, la política. En mi partido, comprometido con la política de proximidad como ninguno, en mi opinión, he visto muchos municipalistas que dejaban de serlo en cuanto prometían el cargo de ministro o director general. Hay excepciones.

A los partidos emergentes, los que aún existen como marca en el espacio creado por la desafección, la indignación y el recuerdo de una movilización que han contenido, explícitamente no les interesa la política local salvo como escalón para la gran política, aquella que parece imposible en la lógica del trilema de Rodrik. Si su objetivo prioritario desde el punto de partida fuera mantenerse en el poder con la coartada del tiempo de maduración de sus políticas, olvidarían pronto la diferencia entre el éxito electoral –mantenerse en el poder- y el éxito político –mejorar la vida de la ciudadanía y sus oportunidades-.

El PP no gobierna las instituciones, tampoco las locales, sino que las ocupa para evitar lo posible. A los nacionalistas siempre les resulta molesta cualquier competencia con el gobierno nacional.

Los primeros ayuntamientos democráticos dieron credibilidad al modelo político de la transición, centrados en la dignificación de las condiciones materiales del espacio público. Los que salgan de las próximas elecciones municipales están llamados a reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones y a dar credibilidad al proyecto de regeneración democrática, dignificando las condiciones sociales y de convivencia en el espacio público local, mediante el ejercicio de las competencias hipotecadas por la reforma local.

En la maleta de las grandes reformas no hay que olvidar constitucionalizar el derecho al gobierno local y el espacio político de las competencias locales, para que no se lo lleve el viento. De momento los programas-marco para las elecciones municipales –también el del PP- declaran fallida la reforma local.

Lo que hace irreversibles las políticas no es el tiempo, sino la proximidad, por eso en Madrid o Barcelona pueden cerrarse servicios locales que nadie ha cerrado en una ciudad media o pequeña.

Respecto a las actuaciones llamadas “potentes”, referidas al urbanismo, creo que hay tiempo para pensar y para engramarlas en las políticas sociales, para que pierdan potencialidad especuladora y ganen capacidad transformadora en la nueva política local.

Por lo demás, el escenario político tiende al mismo esquema del origen de la transición, de las primeras elecciones locales, con dos partidos a la derecha y otros dos a la izquierda. La extracción de candidatos de la empresa, y la llamada sociedad civil –el mercado- en la derecha y de las plataformas y movimientos sociales en la izquierda también se repite. La memoria es buen recurso para conocer el futuro.

Nadie duda de la importancia de las elecciones municipales en el ciclo histórico-político que estamos por vivir. La analogía (o el deseo) de reeditar en otro espacio-tiempo las municipales del 31 nace de la necesidad de ser capaces de lograr un punto de inflexión que reescriba el guión de lo establecido. El contexto general y en mayor o menor medida el contexto local, así lo demandan.

En el estado han coincidido durante los últimos años, de manera simultánea o superpuesta, una crisis sistémica con un agotamiento evidente del régimen del 78. La primera, donde no hay inocentes en las decisiones tomadas o consentidas, nos ha traído a la estación término en la que nos encontramos. Un nuevo capitalismo feudal donde la precarización es el nuevo título nobiliario y en el que tener la suerte de poder trabajar no te garantiza poder vivir con dignidad.

El segundo presenta una sintomatología diversa, caracterizada por una crisis de representación (bipartidismo con un apoyo electoral del 50por ciento), una crisis de credibilidad de las principales instituciones, pérdida de soberanía (que no está decantada hacia una construcción política superior) y la evidencia de corrupción estructural.

En este año, donde el ciclo electoral no es inocente nos jugamos, por lo tanto, la posibilidad de poder abrir, o no, un proceso de procesos constituyentes en las diferentes naciones del estado donde poder decidirlo todo. Las municipales pueden ser el caballo de Troya si éste, además de con madera, se construye con unidad popular.

En este contexto general, los ayuntamientos han estado literalmente intervenidos. Según datos oficiales, la deuda pública a finales del 2014 alcanzó el 97,7por ciento del PIB. La parte imputable a las corporaciones locales fue del 3,7por ciento. El gobierno central y las autonomías son los socios mayoritarios de esta herencia.

A pesar del rol de socios minoritarios de los ayuntamientos en el desastre que deja la austeridad, éstos han sufrido decisiones del gobierno central que han finiquitado la autonomía local, han abierto campo de negocio a la iniciativa privada y han potenciado entes opacos y clientelares como las Diputaciones.

En el menú de medidas impuestas destaca el plan de pago a proveedores made in Montoro (para refinanciar a la banca con unas condiciones indignas), la imposibilidad de contratar trabajadores públicos (en muchos casos incluso de reponer bajas y jubilaciones) y la reforma de la ley de administración local que llegó para introducir criterios de rentabilidad en la prestación de servicios sensibles (sociales, educativos, culturales) y que convirtió a las Diputaciones en el primo de zumosol que no pasa por las urnas.

En este contexto general podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, que el PP ha realizado una privatización partidaria de los ayuntamientos bajo la coartada del necesario cambio conservador, y mientras Roma arde.

Luego están los contextos locales. En Galiza los conocemos bien, en su capital a modo de ejemplo (Santiago de Compostela) mucho mejor. Por esta ciudad han pasado los últimos cuatro años tres alcaldes de PP y actualmente hay un gobierno en el que la mayoría de concejales y concejalas no han pasado por las urnas. Malas prácticas, corruptelas, condenas por corrupción, el servicio público utilizado como tapadera de ambiciones personales y todo el desprecio del mundo por la rendición de cuentas forman parte de la realidad que hemos vivido.

Por lo tanto, entre el contexto general y los contextos locales, como diría el cantante, nos sobran los motivos para la unidad popular que dé respuesta a esta situación y provoque un punto de inflexión en el relato de los que siempre perdemos. Resistir es volver a perder. Hoy tan solo podemos ganar. Para conseguirlo hay que definir lugares de encuentro donde los tiempos vengan marcados por mecanismos de participación y un programa de mínimos.

En esa necesaria respuesta es importante asentar la nueva casa de lo local en tres pilares. Un nuevo municipalismo que vaya mas allá de las fronteras administrativas y que sea el que reparta costes y comparta servicios públicos con el entorno (servicios sociales, movilidad, emergencias, modelo de ciudad), la necesidad de redefinir el rol institucional del ayuntamiento en su relación con otros estamentos (no le toca a un ayuntamiento pedirle al apóstol que baje el paro o disminuya la corrupción) y un innegociable compromiso ético en el gobierno con una coparticipación de la ciudadanía en la construcción del relato de lo público, recuperando servicios externalizados que se tienen mostrado como nichos de corrupción.

Estas medidas tan solo tienen una finalidad. Restaurar el bien común y llevar a cabo una devolución democrática de los ayuntamientos a su verdadero dueño, la ciudadanía. En esa pelea, muchos y muchas estamos.

Si en mi primera intervención he hablado de los aspectos políticos del ‘nuevo’ municipalismo, ahora me gustaría hacerlo sobre los aspectos económicos. Pero lo haré desde una perspectiva muy concreta y parcial: el del federalismo fiscal, que es una disciplina que forma parte de la Economía del Sector Público.

Para ello remito a los lectores de Público.es el enlace de una publicación on-line, llamada ‘El Salmón Contracorriente’, donde acaba de aparecer un artículo mío sobre el tema.

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Federalismo-fiscal

Colaboro habitualmente con este medio dedicado a la economía alternativa y heterodoxa, muy creativo y, en mi opinión, de gran interés.

Por último, quisiera enviar un consejo a todas aquellas personas jóvenes y honestas que se incorporan a la lucha política en la próxima cita electoral. Que tengan en cuenta esta maravillosa frase que he leído, hoy mismo, escrita de la mano de José Luis Villacañas, uno de los intelectuales más interesantes de nuestro país: «Se tarda mucho en formarse y muy poco en perderse». Ánimo y a cambiar el país.

Las ciudades, en oposición a los estados, han sido las verdaderas vertebradoras de la idea de Europa y son las responsables de mantener aún vivo el pulso de su identidad. La cultura, el comercio o la generación de ideas se crean y trasmiten desde las urbes. Las ciudades tienen un impulso propio, una dinámica, que las hace difícilmente controlables desde el poder, desde el poder de los estados.

Las ciudades, a lo largo de la historia, y a pesar de su fragilidad, han sido una organización más perdurable que las naciones o los estados. Las ciudades perduran, los estados cambian, se transforman o desaparecen. La resistencia de las ciudades a los envites de la historia, su capacidad de asimilar los cambios geoestratégicos y económicos de su entorno, las convierten en organismos con resiliencia, la capacidad que tienen algunos seres vivos de sobreponerse a períodos de dolor emocional y de situaciones adversas.

Las ciudades europeas, y la mayoría de las ciudades de todo el mundo, se han creado de forma más o menos espontánea, por agregación y por atracción. Las ciudades son atractores, polos evolutivos reales, más allá de leyes, patrias e imperios. La idea de libertad, de democracia nace en la ciudad y se trasmite al estado, no al revés.

Es por esta razón que las elecciones municipales son las elecciones más importantes a las que se enfrenta un ciudadano, porque del gobierno que surja de su elección, determinará en gran medida su futuro personal, su confort diario, el acceso a los servicios básicos, su calidad de vida.

Si existe un ente capaz de oponerse a las políticas asfixiantes de los estados y sus gobiernos, estos son el del gobierno de las ciudades. Las ciudades son libres, por eso algunos partidos políticos intentan, ingenuamente, controlarlas y dominarlas para sus intereses particulares.

La mayor parte de los partidos políticos tradicionales, incluidas las nuevas fuerzas emergentes como Podemos y Ciudadanos y las diversas plataformas que se han generado, basan su estrategia de cara a las elecciones municipales en consignas de elecciones generales, no locales, y eso, a mi parecer, es un lamentable error, un error que pagarán los ciudadanos.

Una alcaldía es, seguramente, el cargo más digno y noble de quien aspira a trabajar para la mejora de calidad de la vida de sus vecinos, no un trampolín para sus intereses particulares, o los de su formación política. Michel de Montaigne fue nombrado alcalde, un poco a su pesar, de su ciudad, Burdeos. Durante el tiempo que ejerció el cargo, intentó moderar las tensiones religiosas entre sus convecinos, católicos y protestantes. Montaigne declinó siempre ocupar otro tipo de cargos públicos de más vuelo, ni compensación alguna por sus consejos: No he recibido nunca ningún bien de la liberalidad de los reyes, ni pedida ni merecida, y no he recibido ningún pago de los pasos que he hecho a su servicio. Que tomen nota los alcaldables.

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Este texto pertenece a «El azar y la necesidad», el blog que Jaume Grau mantiene en Público, donde se puede leer desde el pasado 11 de abril

Saludo con entusiasmo el nuevo tema de Debate que nos propone Público.es, muy necesario de cara a los próximos comicios del mes de Mayo.

Está claro que Jordi Borja propone en su Ponencia, como ‘instrumento’ esencial de la ‘nueva política’ en ciernes, una renovación y mejoramiento de nuestra democracia actual, objetivo al que el municipalismo puede contribuir decisivamente. Quien conoce la Historia sabe que esto último es verdad. Las ciudades han sido, desde muy antiguo, focos constantes de innovaciones, tanto políticas como culturales. En la Edad Media, por ejemplo, se decía ‘que el aire de la ciudad lo hace a uno libre’, y fue en las comunas italianas del Renacimiento donde florecieron la cultura republicana y las nuevas formas de democracia directa. También las Universidades y la Banca Pública fueron un invento municipal medieval. Así pues, no despreciemos lo que la política local pueda aportar.

Permítaseme, antes de continuar, un inciso. Lo que convierte la decadencia política del PSOE en una auténtica tragedia, y no sólo un fenómeno coyuntural, es que además de ser ya la tercera fuerza política, parece que está en franca retirada en los grandes núcleos urbanos y encuentra su reservorio de votos en las zonas rurales. Si estoy en lo cierto, esta sería una constatación empírica de enorme preocupación para cualquier partido político.

Retomando mi hilo argumental, me gustaría destacar que si los municipios, comunas o ciudades tienen esta capacidad innovadora no es por casualidad, sino precisamente por la proximidad e intensidad de los contactos humanos que permite la escala razonable –en la mayoría de los casos- de la administración local. En otras palabras, es la cercanía y permeabilidad del gobierno local con respecto a las iniciativas y demandas de una sociedad civil amplia y diversificada lo que hace de él un laboratorio permanente de innovación política.

Para finalizar, decir que hace pocas semanas terminé de escribir un documento donde expongo, según mi parecer, por dónde deben encaminarse las propuestas de una democracia participativa, y cuáles son las virtualidades y límites de tal propuesta. Lo adjunto como archivo aparte para que sirva de contribución a la cuestión del municipalismo y la democracia, que es el tema que parece que más preocupa a Jordi Borja -y reconozco que a mí mismo.

Al leer el texto de Jordi Borja la primera sensación que uno tiene es ¿Cómo tanto y de tanto calado, en tan poco? Superado el primer impulso de ser un “palmero” de la contribución de Jordi, paso a anotar algunas pinceladas que me parecen especialmente relevantes. Quizás teñidas con una visión demasiado madrileña, pero no por ello menos universal.

Empiezo por el “socializar políticamente las elecciones”. No hay que cansarse de repetir una y otra vez lo que señala Borja “El adversario principal es el PP”. El rechazo a todos los aspectos de crisis del sistema se va a canalizar en las elecciones de mayo, pero la primera pieza que hay que desmontar electoralmente es el poder municipal y autonómico del PP, de sus “jefes” empresariales y de sus cómplices.

No vale ocultarse en la crítica general al sistema, éste tiene una pieza determinante a día de hoy que es el Partido Popular, punto de conexión institucional en donde se agrupan todos los intereses que han destruido nuestras ciudades como lugar de encuentro y convivencia democrática.

La ciudad de Madrid es el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. Un Madrid entregado a los especuladores, que destina ingentes cantidades de dinero público a grandes empresas. Empresas que igual se dedican a construir una torre de oficinas que a gestionar escuelas infantiles o centros sociales. Un Madrid que sólo ha entendido el progreso como un permanente ejercicio de construcción de edificios, eso sí, cada vez más grandes.

Un Madrid que sólo entiende por proyectos colectivos grandes efemérides montadas para que unos pocos se forren y la mayoría asista a un espectáculo de fuegos artificiales que dura unos breves momentos. Madrid ha perdido su alma. El Madrid oficial va por un lado y el Madrid real va por otro. Pero como dicen Saskia Sassen, “la ciudad sobrevive físicamente a toda clase de regímenes políticos y crisis económicas” Madrid resiste.

Por todo lo sucedido desde el año 2010, lo que tenemos por delante no es un mero cambio de gobierno, es mucho más, es un cambio sistémico, un cambio de la Administración, un cambio de modelo de gestión y un cambio de ciudad. Es, entre otras cosas, pasar del gobierno proveedor al gobierno relacional, aquél que es capaz de poner en valor todas las potencialidades que anidan en la ciudad y a las que aplastan el pillaje económico y la burocratización institucional.

Hay que recuperar el Espíritu del 79, que no es la añoranza oportunista de Tierno Galván y la “movida”, sino el de aquella gente que entró en los ayuntamientos sin tener nada, y que se volcó con pasión en construir nuestras ciudades con entrega y honestidad.

Un segundo tema al que me referiré brevemente es el de la reorganización del mapa territorial. No podemos obviar algo fundamental la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, hecha para quebrar la autonomía municipal y vender ante Bruselas la desaparición de 4.000 municipios y aprovechar para avanzar en la privatización del servicio público y la apertura de nuevos nichos de negocio con los que beneficiar a sus amigos a través de las obsoletas diputaciones.

Lo primero que tienen que hacer las nuevas corporaciones es declarar la “insumisión” ante esa ley que ya de por sí se aplica poco (cientos de recursos de inconstitucionalidad), incluso por el PP… En contra del discurso dominante, el problema no son los municipios sino la falta de un pleno desarrollo de la autonomía municipal, de una financiación adecuada sin recurrir el uso del suelo como implantó “la madre de la burbuja”, la Ley Rato de 1997 -Todo es urbanizable”- y la voracidad de unas Comunidades Autónomas.

Unas autonomías que pudieron ser vanguardia de un nuevo tipo de administración pública, pero que se convirtieron en la reproducción a mayor escala de los viejos vicios y en la base fundamental de clientelismo y de las transferencias de rentas de lo público a los especuladores privados. Hay que reafirmar el municipio como base de la construcción de ciudadanía y convivencia democrática, como impulsor de una nueva forma de gobierno y también como vanguardia del cambio de vida de las personas, como ocurrió en la década de los ochenta.

De especial interés es la reflexión sobre la “nueva política” La marca existe y el producto no, señala Jordi y tiene razón. La preparación de las municipales y autonómicas y los procesos posteriores van a ser determinantes en la profundidad del cambio general que va a experimentar el país en estos momentos. Los procesos de agrupamientos locales para configurar listas y alternativas han sido muy complicados y, en muchos casos, frustrantes.

La aparición de tics de la “vieja política”, entre ellos el sectarismo muchas veces endémico, ha llevado a situaciones sin salida. La decisión de Podemos (que no entro a cuestionar) de no concurrir a los comicios locales, a pesar de ser el referente político más evidente de la nueva política, ha aportado aún más complejidad, fragmentación y dificultad al proceso.

Es falso eso de ser “carteros de los ciudadanos”. La actividad de los representantes necesita una clara autonomía (aunque sea con todos los límites legítimos: limitación de mandatos, revocaciones, evaluación del desempeño…) porque como dice de nuevo nuestro ponente: “Los ciudadanos tienen derecho a participar, criticar, proponer y apoyar, pero no el deber”.

Desde luego el tiempo político ha cambiado, la brecha abierta a partir del 15-M existe, el surgimiento de Podemos ha cambiado el tablero político, corroborado después por la aparición de Ciudadanos, pero el sistema ha logrado recomponerse: la abdicación de Juan Carlos, el atemperamiento de la reivindicación catalana, la bajada de la movilización social, la tregua preelectoral en los recortes y la entrada en cauces electorales hace que lo que era viento de cola sea ahora calma chicha, con un nuevo escenario sin duda, pero obligando como nunca a lo nuevo a gestionar el escenario.

No sirven sólo las denuncias generales o el deseo e ilusión por un nuevo sistema bajo control de la ciudadanía, que sigue siendo algo imprescindible. Hay que dar respuestas y, como acertadamente concluye su ponencia Borja, actuar y aprovechar el “shock” del cambio de administración, porque “lo que no se plantea al inicio del mandato, difícilmente se va a hacer más tarde”.