El actual marco de relaciones laborales impide dinamizar el modelo productivo

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  Antonio González

  Economista, Vicepresidente Segundo de Economistas Frente a la Crisis.

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  Ignacio Muro Benayas

  Presidente de la Plataforma por la Democracia Económica

La pervivencia de una negociación colectiva debilitada o su actualización, para que sirva como impulso a las nuevas dinámicas productivas, es lo que está en juego en estos momentos.

Recordemos que la negociación colectiva surgió como soporte del Derecho del Trabajo y como mecanismo de defensa ante el desequilibrio en las relaciones entre el empresario y el trabajador individual, que daban lugar a unos resultados de enorme precariedad vital de los asalariados.

Tras un periodo de entreguerras, en los que la confrontación social fue especialmente dura y violenta, la negociación colectiva pasó a formar parte del estatus de institución básica del Estado de Bienestar, continuación imprescindible de la organización de la Democracia y el Estado de Derecho.  Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la negociación colectiva se convirtió, además, en el factor determinante del reparto primario de la renta entre empresarios y trabajadores.

El debilitamiento continuado de la negociación colectiva

El neoliberalismo tuvo desde sus orígenes la obsesión no disimulada de alterar esos equilibrios mediante procesos generalizados de desregulación del mercado de trabajo.

Si nos centramos en España, a lo largo de las últimas décadas, dos han sido los grandes vectores que han inspirado las 18 reformas laborales desarrolladas y, especialmente, las últimas puestas en marcha después de la crisis de 2008.

Por un lado, la reducción drástica y constante de la protección del empleo, facilitando los despidos mediante la descausalización y reduciendo su coste, hasta situar la regulación española, según datos OCDE, entre los niveles más bajos de los países de nuestro entorno europeo.

El segundo de esos vectores trataba de debilitar directamente la negociación colectiva. Después de la crisis del 93, con la excusa de potenciar la autonomía de los agentes sociales, el foco de las reformas se puso en la desregulación normativa, suprimiendo o rebajando los mínimos legales cuya defensa pasaba a descargarse en los convenios colectivos. Después de la crisis del 2008 las reformas cambiaron su objetivo: ahora sí interesaba volver a implantar normas pero con el propósito, apenas disimulado, de limitar directamente la eficacia y capacidad de actuación de a negociación colectiva a través de un conjunto de cambios legales perfectamente estudiados.

Los efectos más lesivos de la actual legislación laboral

La ultractividad o pérdida de vigencia del convenio (sea sectorial o de empresa) un año después de su fecha de finalización, sin necesidad de ser sustituido por uno nuevo, es el primero de esos mecanismos con consecuencias desastrosas para la negociación colectiva. Era fácil suponer que cualquier nuevo acuerdo solo resultará aceptable para la parte empresarial si se rebajan suficientemente las condiciones del anterior:  un propósito claro que persigue desmontar, gota a gota, las mejoras conseguidas en el calor de las luchas de convenios anteriores hasta llegar a un punto cero del que se obligaba a ascender, una y otra vez, las mismas pendientes para volver a conquistar las mismas posiciones.

La reformulación del artículo 41 del ET (referido a la ‘modificación sustancial de condiciones de trabajo’) es el segundo mecanismo de vaciamiento de la capacidad y eficacia de la negociación colectiva. Permite la rebaja de esas condiciones mediante decisión unilateral del empresario, tanto de forma individual como colectiva, y hasta los límites del convenio superior que sea de aplicación. En el caso de no existir tal convenio, los límites de esa disminución podrán desplomarse hasta el nivel mínimo legal.

El tercero de los mecanismos es el que rompe la jerarquía sectorial de los convenios, estableciendo que todo convenio de empresa podrá descolgarse de cualquier convenio de ámbito superior de su sector, y tendrá la facultad de declarar inaplicable aquello que considere le perjudica. Conviene aclarar que anteriormente solo primaba el convenio de empresa si sus condiciones mejoraban, precisaban o aplicaban las del sectorial. Esta sustracción de la capacidad reguladora en el ámbito sectorial constituye otro elemento claramente dirigido a desarbolar la negociación colectiva.

A todo ello, hay que sumar la aparición de fenómenos previos de debilitamiento de los convenios colectivos como la subcontratación desregulada y la precarización contractual.

Unos cambios unilaterales “perfectamente diseñados”

Esos cambios fueron la culminación de un propósito permanente y estructural que utilizó diversos pretextos construidos alrededor de las supuestas rigideces del mercado de trabajo o de un funcionamiento deficiente de la negociación colectiva en España. Las verdaderas razones eran más sencillas: seguir las “recomendaciones” de los círculos empresariales y aprovechar las crisis y el shock causado por el derrumbe del empleo para presentar reformas que iban siempre en la misma dirección: reducir el poder de negociación de los trabajadores y alterar el reparto de los excedentes empresariales.

En la última crisis, el objetivo que lo justificaba era reducir el enorme apalancamiento de las empresas y facilitar su saneamiento, pero el mecanismo seguía siendo el aumentar la transferencia continua de salarios a beneficios y conseguir que las compañías españolas, pese a su inferior nivel tecnológico, alcanzaran unos niveles de ganancias situados entre los mayores de Europa.

Así fue. Mientras en el conjunto de la UE la participación de los beneficios en el Valor Añadido Bruto de las empresas -sociedades no financieras- se redujo entre 2008 y 2019, en España registraba el segundo crecimiento más elevado: los beneficios de las empresas crecieron en prácticamente 40.000 m€, pero los salarios solo lo hicieron en 13.400 m€. El margen de beneficios (en % del valor añadido) de las empresas españolas, es en 2019 superior al promedio de la zona euro, y al de Francia y Alemania.

Un marco de relaciones laborales caro, disfuncional, ineficiente, antiguo y desincentivador del cambio tecnológico.

Las recurrentes reformas laborales han tenido la intención de construir un modelo económico y social “coherente” cuyas consecuencias están visibles en las huellas que han dejado en el sistema productivo y en el conjunto de la sociedad. Cualquier análisis comparado deja patente que sus resultados no han mejorado la productividad y competitividad de nuestra estructura empresarial y que los elevados márgenes de beneficios han servido de dopaje para una gestión rutinaria, sin estímulo alguno para realizar esfuerzos de modernización tecnológica, comercial, organizativa que otros entornos empresariales han debido realizar para sobrevivir.  Un modelo de crecimiento insistentemente basado en niveles de productividad y de salarios muy inferiores han dejado un país destrozado por la precariedad y la desigualdad.

¿Cómo podemos calificar sus rasgos?

1. En primer lugar, se debe resaltar que, en contra de todas las proclamas, se trata de un modelo CARO porque externaliza al Estado y a la sociedad costes brutales de ajuste social que tienen tal dimensión que acentúan los efectos públicos y privados de las crisis.

Es evidente que las reformas laborales de esta década y las anteriores han inducido a las empresas que ajusten preferentemente a través de la destrucción del empleo multiplicando los efectos de las recesiones. Esta evidencia la reconoce un informe del Banco de España de 2012 cuando afirma que “esta reacción del empleo más que proporcional al descenso de la actividad (…), de hecho, generó un efecto amplificador sobre la propia crisis”.

Es caro también porque es un modelo general que no se limita a sectores concretos ni está destinado a corregir desequilibrios con circunstancias concretas (al sector de la construcción ni a la burbuja inmobiliaria) sino que se extiende para todas las ramas de actividad y se agudiza con cada nueva crisis (los efectos de la crisis del 2008 fueron sustancialmente superiores al de la anterior recesión de 1992-1993).

2. Es además un modelo DISFUNCIONAL porque desacopla a nuestra economía con las pautas europeas y nos margina de las nuevas oportunidades surgidas en cada ciclo económico.

Tanto los costes del propio ajuste laboral como su efecto presupuestario son muchos más elevados y costosos que los de nuestros socios. El resultado es que España necesita muchos más años que el resto de los países europeos para estabilizar sus cuentas públicas y los índices de desempleo, un objetivo que puede volverse imposible si las crisis se presentan con una frecuencia de ocho años que es los que viene ocurriendo en las últimas décadas. Volver al 8% de paro cuando se viene de haber superado irresponsablemente un 26%, es mucho más costoso que no haber pasado del 12-14%, como máximo, siguiendo el ejemplo de todos nuestros vecinos.

El desacople en el ciclo productivo se nota también en la evolución de la productividad durante el ciclo. Mientras en la UE la productividad crece con las fases expansivas de la economía y cae durante las recesiones en España ocurre lo contrario. En nuestro patológico sistema la productividad apenas aumenta en los periodos de auge mientras crece fuertemente durante las crisis debido a que la destrucción de empleo es (ilógicamente) mucho más fuerte que la caída de la producción.

3. Es INEFICIENTE porque dificulta la distribución adecuada de los recursos y DESINCENTIVA la adaptación del cambio tecnológico en un momento en que es la variable fundamental que determina la competitividad futura.

Un reciente informe de OCDE titulado «Compendio de indicadores de productividad 2019» ha puesto en evidencia que España es el país desarrollado que mayor cantidad de empleo ha destruido en los sectores de alta productividad entre 2010 y 2017 (483.000, un 2,5% del total).

Nuestro sistema ha intentado convertir la inestabilidad, la precariedad y los bajos salarios, en los únicos incentivos para atraer inversiones y bajar los umbrales de rentabilidad… pero ese camino ha acabado reasignando más y más recursos hacia actividades cada vez más ineficientes, que solo surgen al amparo de los bajos costes laborales, despreciando cambios que favorezcan una organización eficiente de los negocios y una mayor productividad.

La creación, en ese mismo periodo, de 354.000 empleos en sectores de baja productividad, lo que hace es insistir en el mismo círculo vicioso de “bajos salarios / baja productividad” que alimenta un tipo de empleos que volverán a ser fácilmente prescindibles al primer signo de debilitamiento económico.

4. El modelo de relaciones laborales implantado es, por último, VICIADO Y ANTIGUO porque fomenta unos comportamientos empresariales lastrados por la informalidad de la economía sumergida o, lo que es lo mismo, por la ausencia de control público en el incumplimiento de las normas sobre empleo temporal / a tiempo parcial.

El Estado se ha limitado a “legislar”, pero consintiendo y sosteniendo, al mismo tiempo, un esquema de utilización de los contratos temporales basado en una aplicación laxa de las normas (es decir, consintiendo en el fraude) como sinónimo de flexibilidad.

Con ello, el sistema ha educado a una clase empresarial perezosa y omnipotente, reforzada por la unilateralidad absoluta como principio de funcionamiento que ha sacralizado fórmulas, como el despido individual y sin justificación, (o sea, improcedente) para provocar despidos sin la revisión judicial dominante en Europa.

Una oportunidad para el cambio

Es evidente que el desarrollo de nuevas fuerzas productivas identificadas con la economía digital y el cambio tecnológico están reclamando cambios profundos en las relaciones de producción y de trabajo. El teletrabajo, el trabajo de plataformas, la aparición de algoritmos en cada vez más espacios de las relaciones laborales, la regulación de los TRADE y un estatuto de autónomos…

Los cambios reclaman un nuevo paso en el equilibrio entre flexibilidad y seguridad y hay que saber encontrar ese equilibrio en la mejor dirección. Han transcurrido ya 12 años desde el inicio de la anterior crisis, un periodo en el que la sociedad y las leyes, aun actuando con retraso, se han mostrado capaces de apuntar ya soluciones sobre nuevas líneas reguladoras que recogen la mejor tradición democrática.

Probablemente todo ello configure un nuevo texto del Estatuto de los Trabajadores adecuado a los tiempos. Pero difícilmente se podrá construir el futuro sin librarse de las argollas que el actual marco de relaciones laborales impone a la economía española.

 

Reflexiones sobre el mercado de trabajo: problemas, medidas correctoras y cambios legales

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  Belén Cardona

  Catedrática Derecho del Trabajo. Universitat de València

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  Jaime Cabeza

  Catedrático Seguridad Social y Derecho del Trabajo. Universidad de Vigo

1. Precariedad (Temporalidad, parcialidad, límites relaciones laborales)

Se trata, sin lugar a dudas, del haz de problemas sobre el que el mercado de trabajo interno ha tenido un comportamiento más patológico. Como era esperable, el porcentaje de temporalidad había caído por debajo del 21 por 100 al final del segundo semestre de 2020, en tanto que el de parcialidad hasta el 13,4 por ciento. Lo cual es muy característico de épocas de contracción en el empleo, pues el trabajo precario siempre ha actuado de amortiguador, antes de que se destruya empleo indefinido. Pero, a poco que la situación económica mejore, puede pronosticarse un crecimiento nuevo de los contratos temporales y a tiempo parcial, como reflejo habitual de una incipiente recuperación. Es decir, o se acomete con seriedad el reto de eliminar la dualidad del mercado de trabajo, o éste seguirá siendo extremadamente sensible a los cambios de ciclo, con las consecuencias destructivas que se aparejan de este fenómeno.

La temporalidad es necesaria, pero los esfuerzos por controlar el fraude y reconducirla a sus justos términos pasan por medidas contundentes que impliquen a los actores públicos y privados y centralicen la contratación en organismos especializados sometidos a supervisión pública. Asimismo, por reformas legales que solo admitan, además de contratos formativos, dos grandes modalidades: una de sustitución de personas con el contrato en suspenso y otra para afrontar necesidades temporales muy delimitadas de las empresas. Las competencias de los convenios colectivos deben precisarse mejor y restringirse en exclusiva a los de ámbito sectorial. En cuanto a la contratación a tiempo parcial, se ha disparado a partir de 2014 cuando las garantías legales se han relajado, lo que sugiere que el crecimiento obedece a la involuntariedad y al fraude de ley. Urgen medidas correctoras en favor de la voluntariedad y del control del tiempo de trabajo.

Asimismo, es necesaria una redefinición de los límites entre trabajo autónomo y subordinado que debería centrarse en dos aspectos: la posición de dependencia material –como quiera que se adjetive- de la persona que presta servicios ante la beneficiaria de los mismos y la posición material de la misma de poder negociar en el mercado.

2. Autónomos y microempresas.

El colectivo de personas que trabajan autónomamente debe ser protegido eficazmente, pero sin animar proyectos de emprendimiento insuficientemente sólidos. El emprendimiento no puede ser objeto de fomento indiscriminado en un marco plagado de microempresas, que adolece de una sobredimensión numérica de profesionales sin personas empleadas a su cargo. Así pues, las medidas de fomento del autoempleo deben ser muy selectivas, para no abocar a muchos autónomos y autónomas al estrato más vulnerable de la población activa.

No obstante, las obligaciones laborales de los pequeños empleadores deben adaptarse a su situación comparativamente distinta a la mediana y gran empresa, mediante un retorno a la idea clásica de adaptar, en alguna medida, sus obligaciones laborales a la realidad específica en la que desarrollan su actividad profesional, sin que esta línea de actuación tenga que disminuir los derechos de las personas empleadas por ellos.

3. Rentas salariales. Productividad y subida salarial. Cotización. Economía sumergida.

El asunto de los salarios y de las rentas para-salariales es un tema que merece particular atención. La subida del SMI hasta los 950 euros acerca a España al cumplimiento de la Carta Social Europea –SMI no inferior al 60 por 100 del salario promedio-. Sin embargo, este importante incremento ha corrido paralelo al estancamiento absoluto del IPREM, indicador a partir del cual se calculan muchos de los subsidios ligados a la lucha contra la pobreza. Lo cual debe ser corregido cuanto antes.

Por otra parte, dicha subida del SMI ha producido una consecuencia muy destacable: que ha absorbido muchos salarios de convenio y que, en general, las cuantías de la mayoría de las tablas retributivas que afectan a personas trabajadoras razonablemente cualificadas apenas se sitúan ligeramente por encima del SMI. Lo cual se debe a una negociación colectiva que hasta ahora ha congelado cualquier posibilidad de incremento generalizado. Sin duda, las reglas legales de estructura de la negociación colectiva han tenido mucho que ver. En cualquier caso, debe promoverse una revisión al alza de los salarios de convenio, aunque en el contexto de una necesaria moderación salarial, imprescindible hasta que el PIB no vuelva a crecer sostenidamente. Sin esa subida, es muy poco razonable plantear que pueda operarse un incremento de la productividad, que requiere, un mínimo de motivación entre los trabajadores. Que los complementos variables ganen importancia, por lo demás, exige un incremento de la transparencia en su cálculo y devengo, que debe promoverse a través de normas legales que orienten a la negociación colectiva.

4. Contratación y subcontratación. Empresas multiservicio.

Las garantías de los trabajadores de las empresas auxiliares constituyen un asunto central, en un modelo como el español demasiado proclive a la descentralización productiva y a las cadenas de subcontratación. Probablemente, apostar por una equiparación salarial general entre los trabajadores de las empresas subcontratistas y los de las empresas principales sería erróneo, pues produciría una imposibilidad real de sostenimiento de muchas pequeñas empresas. Pero también es cierto que la descentralización productiva no debe basarse casi en exclusiva en el objetivo de reducción de costes, muy principalmente los laborales.

Con estas ideas guía, sí que debe aproximarse la regulación de las empresas multiservicio a las de las empresas de trabajo temporal, quizá con un mayor protagonismo de la negociación colectiva. Al margen de lo cual, la responsabilidad de las empresas principales debe extenderse a los casos de empresas auxiliares que no sean de la propia actividad –vg., limpieza, seguridad, catering, mantenimiento…, donde se ubican los principales nichos de precariedad- y alcanzar no solo las responsabilidades salariales, sino también las indemnizatorias. Es asimismo básico eliminar o poner coto a la utilidad del contrato de obra y servicio para atender contratos mercantiles o administrativos de las empresas auxiliares.

5. Empleo y protección por desempleo. Formación

Las políticas de empleo deben sufrir una auténtica revolución en España, pues se encuentran enquistadas en una lógica propia de hace más de veinte años. La empleabilidad de las personas debe dotarse de instrumentos más eficaces y coherentes. Los servicios públicos de empleo necesitan redimensionarse para atender con eficacia y dedicación a cada persona demandante de empleo. Las Administraciones territoriales tienen que estar más articuladas y coordinadas. El sector privado de la intermediación tiene que ser mucho más colaborativo con el ámbito público y probar su eficacia y eficiencia en el desempeño de su labor, mediante procedimientos verificables. Las políticas de empleo deben ligarse a las políticas demográficas y ser coherentes entre ellas, el reto demográfico de la España vaciada obliga a diseñar y articular estrategias de creación de empleo vinculadas a la promoción del repoblamiento de entornos rurales deshabitados.

España necesita un plan estratégico hacia el pleno empleo que trascienda de la planificación propia de la Estrategia Europea de Empleo. Es crucial dotarse de profesionales del empleo, en número y cualificación suficiente para afrontar uno de los principales retos que tenemos como país.

Por lo que respecta a la protección frente al desempleo y a las políticas pasivas de empleo, hay que reformar profundamente la normativa para conseguir un sistema más equilibrado que ofrezca cobertura armónica, y no sobreprotección a quien no la necesita e infraprotección a las personas vulnerables. El sistema público de prestación y subsidio de desempleo debe dotar de un mínimo de seguridad a las personas, para que puedan emplearse sin incurrir en una espiral de des-profesionalización. Deben eliminarse muchas trampas que disuaden a las personas de aceptar empleos. Los itinerarios individualizados deben existir para todas las personas demandantes de empleo.

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores, conectar la democracia con la economía

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  Gabriel Flores

  Economista

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  Bruno Estrada

  Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

Este debate se enmarca en la actividad desarrollada por la Fundación 1 de mayo de CCOO, el III Congreso ‘Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores’. Más información en: http://www.1mayo.ccoo.es/noticia:393539–Repensar_la_economia_con_los_trabajadores

Vivimos tiempos difíciles para la democracia en todo el mundo. No es algo nuevo, ya se han vivido antes, varias veces a lo largo del siglo XX –que no olvidemos es el siglo de la democracia en la larga Historia de la Humanidad- y siempre, hasta ahora, la democracia ha salido fortalecida frente a sus enemigos, las castas privilegiadas, las élites económicas, los latifundistas de capital. ¿Será también así en el siglo XXI? ¿Es el momento de que la democracia entre en territorios, como el de la economía y la empresa, que le estaban vedados? Creemos que sí. Cuando las fuerzas progresistas se han situado en posiciones meramente resistencialistas, el resultado ha sido el retroceso de los derechos sociales y laborales y, como consecuencia, una creciente desigualdad, como ha ocurrido en las últimas décadas.

¿De qué hablamos cuando señalamos que la democracia económica permitirá ampliar y fortalecer sistemas democráticos capaces de proteger la convivencia y el bienestar de la ciudadanía? Este amplio terreno de juego, el de la lucha por consolidar derechos y ampliar la democracia, es el que acota el nuevo debate que acoge Espacio Público en colaboración con la Fundación 1º de Mayo de CCOO.

La Gran Recesión iniciada en 2008 y las políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial impuestas por las instituciones europeas a partir de 2010, siguiendo las recetas neoliberales, han generado como reacción que gran parte de la ciudadanía haya retomado la consciencia de la importancia de contar con libertades, derechos e instituciones que nos permitan defendernos de los depredadores mercados financieros. Aunque, a la vez, también hay que reconocer que algunos sectores sociales han perdido la confianza en las bondades de un sistema democrático que cada vez les ofrece menor protección.

La recurrente explosión de burbujas financieras, fruto de una paulatina pero constante desregulación de los mercados de capitales, ha fragilizado la protección de las relaciones laborales y el derecho del trabajo, acelerando su mercantilización y el ritmo de sustitución de empleos decentes con salarios dignos por trabajos precarios de baja remuneración. La consecuencia de esos procesos, además del paulatino deterioro del Estado de Bienestar, ha sido el aumento de los riesgos de pobreza y exclusión social de una parte importante de la población, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, lo que ha incrementado su desafección hacia los partidos políticos y las instituciones representativas.

Para estos sectores de la sociedad, las distopías han ganado espacio a las utopías cercanas, de forma que la democracia se ha estrechado y ha dejado de ser apreciada, al reducirse drásticamente las alternativas políticas que apuestan por la recuperación, en un futuro previsible, de los empleos, salarios, derechos y bienestar que se han perdido en los últimos años. Muy pocos partidos con posibilidades reales de alcanzar posiciones institucionales tienen la voluntad de gobernar de otra manera para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores poniendo coto a los privilegios de las élites económicas.

Es evidente que las generaciones más jóvenes son las que han sufrido en mayor medida la precariedad laboral y las que tienen un futuro con mayores incertidumbres. Jóvenes que no se sienten interpelados por la experiencia histórica que supuso la era de las tiranías europeas, o la dictadura franquista en España, ni disponen, en muchos casos, de una memoria histórica que les ayude a comprender la ineficacia, inmoralidad e injusticia que suponen los regímenes autoritarios.

En la mayoría de los países capitalistas desarrollados cuyas instituciones democráticas no son capaces de ofrecer suficientes empleos y salarios decentes, se está generando una robusta tendencia hacía una menor identificación de la ciudadanía con los valores democráticos. Los datos de la “Encuesta Mundial de Valores” atestiguan dicha tendencia.

La democracia es una construcción frágil y reciente en términos históricos, una conquista reversible que en los últimos años está sufriendo en Europa y en todo el mundo una campaña de descrédito organizada por poderosos enemigos. Ya no buscan su demolición, su objetivo es más inteligente, es erosionarla hasta reducirla a un cascarón de ceremonias formales que les permitan seguir protegiendo sus egoístas y elitistas intereses.

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores implica proteger lo social frente a unos mercados que reparten de forma tan desigual, como injusta, rentas y riqueza. Supone considerar que el destino de la inversión pública, y de una parte sustancial de la inversión privada, tiene que decidirse teniendo en cuenta los intereses de la mayoría de la población. Esto es, que el poder democrático de la sociedad debe prevalecer sobre el poder económico de las elites en beneficio de la mayoría social, las clases trabajadoras y el planeta que nos acoge. Ello implica movilizar todas las energías existentes y la financiación pública y privada necesarias para apostar por alcanzar el pleno empleo con trabajos y salarios decentes para todas las personas que deseen trabajar, como sucedió en Europa Occidental y EEUU durante los treinta años dorados, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la desigualdad social se redujo de forma importante.

Las elites económicas, el capital financiero y los grandes conglomerados empresariales globales actúan en sentido contrario, concentrando cada vez más poder, riqueza y rentas y utilizándolos para impedir que la sociedad les imponga límites, elimine sus posiciones de monopolio y oligopolio y regule la actividad económica en beneficio de la mayoría social y del planeta, cuya preservación es la condición previa a cualquier tipo de economía y vida. O democratizamos la economía o nos privatizan la política.

¿Cuándo hablamos de democracia económica de qué estamos hablando?

Al referirnos a la democracia económica evocamos dos amplios espacios de intervención que están interrelacionados: el primero se refiere a la participación en la dirección y el control de la gestión de las empresas de las trabajadoras y trabajadores, de los sindicatos que les representan y de las organizaciones sociales vinculadas a su actividad; el segundo, a la participación de los sindicatos representativos y del resto de agentes sociales en la definición y gestión de la política económica, en la identificación de las mejores herramientas disponibles para lograr los objetivos propuestos y en el control y evaluación de sus resultados.

Introducir la dimensión democrática en la gestión de la economía y de la empresa, resituando el papel de las clases trabajadoras en el control de los procesos económicos, más allá del alcance y la práctica de una negociación colectiva que debe ser reforzada, obedece a dos lógicas plenamente interrelacionadas: una colectiva, la de una sociedad interesada en construir sistemas económicos y políticos de pleno empleo, más justos y equitativos; otra individual, la de incrementar la cantidad y calidad de la libertad individual, permitiendo que el desarrollo de la autonomía y libre elección de los individuos sea compatible con los intereses compartidos, la solidaridad y la cohesión social o la preservación del clima y la biodiversidad, que son un patrimonio común de la humanidad.

Impulsar el avance de la democracia económica, también en el ámbito de la igualdad de género, ofrece un horizonte de nuevos derechos, de reformas, a las fuerzas progresistas que permite recuperar la hegemonía cultural, incorporando a la agenda política propuestas de modernización y cambio estructural del sistema económico y de la empresa.

Democratizar las empresas no se reduce a ampliar el ámbito del cooperativismo o la economía social y solidaria, debe extenderse también a las empresas privadas y, en particular, a los grandes grupos empresariales. Esta tarea democratizadora de la economía y la empresa, lejos de desviar la atención sobre la imprescindible democratización de los Estados nación y la propia globalización, la complementan. Difícilmente se puede aspirar a democratizar lo que está más lejano, lo macro, si no somos capaces de abrir caminos para democratizar la actividad empresarial, lo micro, en la que estamos directamente involucrados o forma parte de nuestra vida cotidiana.

La democratización de la economía no se reduce tampoco a incrementar el papel o el peso del capital público y las empresas de participación o propiedad pública, incluida la banca, debe extender su acción a las empresas privadas y, a través de un sistema fiscal más progresivo, a la mayor contribución de las rentas del capital y los grandes patrimonios privados a la modernización económica y el bienestar social.

Disponemos de múltiples experiencias locales, nacionales e internacionales de impulso de la democracia económica. Buenas prácticas de las que aprender y aplicar para que la gestión de las empresas y la economía acaben impregnadas de los mismos valores, normas y prácticas de carácter democrático que rigen en el resto de ámbitos e instituciones de la sociedad. Se trata de identificar esas experiencias, promover su conocimiento y recabar el apoyo social que requiere la experimentación de nuevas formas de democracia en la economía.

Son los consejos de administración de las empresas los que tiene que aprender del funcionamiento de las instituciones democráticas de la sociedad, ya que gracias a ellas hemos construido las sociedades más productivas, igualitarias, incluyentes y libres de la Historia de la Humanidad.

¿Es necesario un Gobierno progresista para abrir el campo de aplicación de la democracia a la economía?

Se ha planteado en Espacio Público este debate sobre la democracia en la empresa y la economía en momentos electorales y políticos especialmente complejos y crispados a los que acompaña una creciente incertidumbre sobre el futuro económico mundial que ya se ha concretado en una desaceleración del crecimiento de la actividad económica y el comercio mundial.

No obstante, el debate sobre la democracia económica rebasa con mucho el cortoplacismo de una campaña electoral en la que los partidos políticos tratan de diferenciarse. No sería apropiado para la reflexión sobre la democracia económica que este debate quedara atrapado en una maraña de argumentos, justificaciones y simplismos de carácter electoral. Pero es ineludible afirmar la conveniencia de un resultado electoral que facilite el próximo 10 de noviembre la formación de un Gobierno progresista abierto a la consideración de las reformas legales, institucionales o estructurales que convienen al avance de la democracia en las empresas y en la economía.

Por eso, es tan importante la voluntad y la experiencia del acuerdo programático y la cooperación de las fuerzas progresistas y de izquierdas portuguesas en la última legislatura (2015-2019) que analiza Francisco Louça en la ponencia que abre este debate en Espacio Público. Una cooperación no exenta de diferencias y disputas que, junto a las innegables mejoras que ha supuesto para el pueblo portugués, nos permite entender algunos de los límites e insuficiencias de la acción gubernamental como único vector de la transformación social. Siendo imprescindible, la acción de un Gobierno progresista no es suficiente para impulsar con éxito el proceso de democratización de la economía y la empresa, ya que este éste tiene que estar acompañado de un largo y complejo desarrollo de la organización y movilización política, sindical, social y cultural.

Entendemos la modernización de una sociedad como su capacidad de actuar de forma conjunta, a través de mecanismos democráticos, en una dirección y, una vez obtenidos los resultados esperados, reorientar su acción hacia otros objetivos.

Por ello, creemos que la democracia económica, en todos los rasgos que la constituyen y que son el objeto de reflexión y análisis de este debate que se ha abierto en Espacio Público, forma parte del núcleo del ilusionante proyecto de modernización del país que las fuerzas progresistas deben ofrecer a la sociedad para renovar estructuras y especializaciones productivas, reforzar la convivencia y ampliar los derechos, libertades y bienestar del conjunto de la ciudadanía.

Después de las elecciones de octubre y del fin de la “geringonça”

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  Francisco Louça

  Político y economista

Hay en Portugal un viejo dicho popular, muy viejo, que dice “de España, ni buen viento, ni buen casamiento”. Las lectoras y lectores de estas notas que viven en España captarán, así lo espero, la existencia de alguna prevención inscrita en la historia y en las percepciones populares de la única nacionalidad ibérica que no ha estado sometida al poder de Madrid a lo largo de la historia del último milenio. Y también lo que este dicho manifiesta. Literalmente, quiere decir que los vientos venidos de España (del este) son raros, pero perjudiciales para la agricultura. Asimismo, recuerda que las bodas entre las casas reales de los dos Estados se tradujeron en problemas dinásticos, diplomáticos y militares. Cuestiones que, de hecho, condujeron al único periodo en el que Portugal estuvo integrado en el reino de Castilla, entre 1580 y 1640. De ahí el “ni buen viento, ni buen casamiento”.

Claro que sobre esto los contemporáneos no tendrán nada más que una divertida curiosidad. Pero el consejo puede ser interpretado de forma moderna, sugiriendo que cada historia tiene su tiempo y su modo, lo cual sirve a ambos lados de la frontera. Y, si me permiten un consejo, tal vez sea mejor que en el debate político español tampoco se imponga alguna simplificación sobre el “ejemplo” o “modelo portugués”, tal y como lo usa de forma interesada en su estrategia el presidente en funciones Pedro Sánchez.

Sería conveniente que en España no se fíen demasiado de los vientos portugueses y tal vez menos aún de las bodas fortuitas que puedan atravesar la frontera. El riesgo de lecturas instrumentales de los acontecimientos específicos de cada país o de estrategias políticas diversas es demasiado grande, sobre todo en tiempos de emociones fuertes y conflictos duros como los que se han vivido o pueden volver a darse en las Cortes en las votaciones sobre el futuro gobierno. Lean por eso estas notas como una simple información o interpretación acerca de lo que han sido estos cuatro años, de las diferencias entre Portugal y España, y también sobre la evolución política tras las recientes elecciones parlamentarias.

Dos países diferentes, dos historias distintas

Comienzo por lo que es obvio para quien lee estas líneas. Hay varias diferencias que imponen modos de realización de la política y de expresión electoral o de las opiniones públicas que son distintas entre Portugal y España. Creo que son, sobre todo, tres.

Primero, Portugal vivió una transición postdictadura marcada por una crisis revolucionaria (de abril de 1974 a noviembre de 1975). La consecuencia más importante, para lo que nos interesa aquí, fue la forma de reconfiguración del sistema político: el principal partido de la derecha en Portugal –el Partido Popular Democrático/Partido Social Demócrata (PSD)– nace de un ala disidente del partido de la dictadura, que estaba en conflicto abierto con el gobierno sobre cuestiones democráticas, y separada de él, a todos los efectos, cuando se llega a 1974. Así, cuando cae la dictadura, la burguesía se reorganizó en torno a este nuevo partido y a otra fuerza reaccionaria, pero con mucho menor peso, el Partido del Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS). El aparato político de la dictadura fue destruido en gran parte. Esto permitió imponer una Constitución que reconocía amplios derechos populares, leyes electorales democráticas y otras reglas. En España, por el contrario, el PP constituye una prolongación tardíamente adaptada del aparato franquista. Como consecuencia de todo esto, el sistema partidario portugués es más abierto. Y, tal vez por eso, el Bloco de Esquerda (BE) fue el primer partido europeo de convergencia de la nueva izquierda, nació en 1999 por razones políticas más que por la fuerza de los movimientos sociales. En España fue necesario, sin embargo, un poderoso movimiento social, años después, para dar origen a Podemos. Así, fue entonces cuestionada en España la alternancia entre la derecha y el centro socialdemócrata. Y fue de repente, mientras que en Portugal este bipartidismo ha sido lentamente desgastado desde la emergencia del Bloco hace veinte años. Hay que señalar, además, que el movimiento social ha sido y es más fuerte en España que en Portugal, con un protagonismo de las luchas sociales (el movimiento feminista o por la vivienda, por ejemplo) que no son comparables con las de mi país.

Segundo, Portugal es un país homogéneo, mientras que España es un mapa de nacionalidades. Eso determina en España múltiples formas de expresión política, bajo la forma de varios partidos y de gobiernos autonómicos o regionales. Éstas, además, formatean al mismo tiempo la amenazadora rigidez del poder central –y hasta el papel de la monarquía y de las Fuerzas Armadas– y una maleabilidad de negociación, que los gobiernos del PSOE y los del PP aprovecharon, con el PNV o con CiU y otras fuerzas. O sea, España tiene un poder central más violento y, en muchas ocasiones, sustentado en negociaciones regionales.

Cómo se acordó la “geringonça”

La tercera particularidad de Portugal es que fuimos más castigados por el programa de austeridad y por la humillación de la presencia gobernante de la troika durante los años del ‘ajuste’, de 2011 a 2014. En España se aplicó la misma orientación –de hecho, está genéticamente inscrita en las reglas del euro–, pero en un contexto de mayor margen de maniobra y preservando el halo de la autoridad política nacional. España es una economía mayor, más desarrollada e integrada, y tiene más poder político en la UE. Para quien lea estas líneas en España, le recordaría que el primer ministro de derechas en Portugal llegó a afirmar después de la firma del Memorándum de la troika en 2011, explícita y valientemente, que su objetivo era “empobrecer Portugal” y que era necesario tomar “medidas más allá del programa de la troika” para demostrar la conformidad nacional con la austeridad y el poder de los acreedores.

Ya se darán cuenta de a dónde quiero llegar con estas tres anotaciones. Si la población portuguesa tenía en 2015 la sensación y la experiencia de un programa de austeridad económicamente destructor, que se asociaba el gobierno de las derechas (PSD-CDS), y se esperaba una solución política, esta solo podía depender de los partidos de izquierda –Bloco y Partido Comunista de Portugal (PCP)– y del de centro –Partido Socialista (PS)–, como resultado de las elecciones parlamentarias de octubre de 2015. Dado que estas condiciones hacían inviable la alternancia tradicional entre la derecha y el centro, que había estado vigente hasta entonces, el “modelo portugués” de acuerdo sobre puntos concretos programáticos para permitir el gobierno de António Costa se impuso entonces por la voluntad aplastantemente mayoritaria de las bases de estos tres partidos.

Ese modelo fue preparado por una osada iniciativa de Catarina Martins, la coordinadora del Bloco, en su debate televisivo, durante la campaña de 2015, con el secretario general del PS, a quien desafió a aceptar condiciones elementales para abrir la puerta a un acuerdo. Eran condiciones básicas: no continuar congelando el valor de las pensiones, renunciar a leyes que facilitaran el despido y no reducir las contribuciones patronales a la seguridad social. O sea, anular tres medidas que entonces constaban en el programa del PS. Por resumir una larga historia, el mismo domingo del recuento electoral ya comenzaron reuniones informales entre los dos partidos para coordinar estas condiciones y otras, como el aumento del salario mínimo, manuales escolares gratuitos o bonos de transporte público a precios bajos, por ejemplo.

En ese proceso, estos partidos no tenían en frente ni una derecha unificada, ni difíciles cuestiones de orden constitucional (como las nacionalidades en España), ni alternativas de acuerdos políticos con otros partidos. En base a los resultados electorales, el PS en 2015 solo tenía dos opciones: o dejaba la derecha (con el 38%) gobernar o, con su 32%, se entendía con los partidos de izquierda (el Bloco, 10%, y el PCP, 8%)[1].  Escogió la “solución portuguesa”.

El modelo portugués

Hubo así un entendimiento, registrado en acuerdos por escrito. No voy a resumirlos, están publicados y fácilmente disponibles. Su peculiaridad más importante era incluir, por un lado, una lista de medidas a cumplir: parar las privatizaciones y revertir las que ya se habían hecho en el sistema de transportes públicos; incrementar en un 20% el salario mínimo; aumentar salarios y pensiones y reducir los impuestos directos sobre trabajo; mejorar la cobertura en la lucha contra la pobreza. Y por otro, dejar a cada partido libertad de posición sobre el resto de temas, como cuestiones europeas y financieras, por ejemplo.

Ni el PS lo propuso ni los partidos de izquierda plantearon su participación en el gobierno. Sé que a partir de aquí tengo que escribir con todo el cuidado del mundo, pues no quiero que ninguna lectora o lector interprete mi testimonio como una sugerencia sobre lo que debería suceder en España. En el nivel de acción política en que me sitúo, y se sitúa quien toma decisiones y participa en el debate público que se quiere determinante, es preciso conocer y vivir los detalles, tener el corazón experimentado y un conocimiento profundo de cada contexto para comprender las dinámicas y las relaciones de fuerzas. Y yo no pretendo ni proponer ni ser leído como alguien que insinúa algún tipo de conclusión para las elecciones políticas españolas. Lo que escribo se refiere únicamente a Portugal: no quisimos entonces formar parte del gobierno y sabíamos, de hecho, que, dada la historia de una convergencia inédita, ese camino era impracticable.

Para ambas partes, la solución encontrada fue la más conveniente. Para el PS, ciertamente, pues podía presentar en la Unión Europea a su gobierno como una continuidad de sus compromisos políticos esenciales. Era solo parcialmente verdad, dado que el PS podía asegurar que cumpliría los objetivos macroeconómicos de reducción del déficit, pero algunas de las medidas más importantes que la UE continuaba intentando concretar quedaron bloqueadas por el acuerdo con la izquierda, como las nuevas leyes para facilitar los despidos o la reducción de los costes de seguridad social a cargo de las empresas. En el momento en que el nuevo gobierno fue amenazado con sanciones europeas –paradójicamente, porque las cuentas del anterior gobierno se habían desviado un 0,3% del PIB en relación con el objetivo de déficit–, esa relación positiva del PS con Bruselas fue utilizada para argumentar en contra de un nuevo enfrentamiento a la griega. Pero era también ventajoso para los partidos de izquierda, que mantuvieron su independencia y pudieron oponerse al gobierno en cuestiones fundamentales, ganando en algunos casos, como cuando el ejecutivo intentó alterar las condiciones de financiación de la seguridad social, y perdiendo en otros, como la financiación de la banca comercial tras una crisis o las modificaciones de la ley laboral para aumentar el periodo de prueba en un empleo.

Pienso que todos hicieron la elección correcta. La izquierda y el PS no tenían un nivel de entendimiento programático y de experiencia de trabajo en común que permitiera una cooperación gubernamental. De hecho, si esta hubiera ocurrido, el gobierno se habría deshecho en pocas semanas: el ejecutivo tomó posesión en noviembre de 2015, e inmediatamente, en diciembre, presionado por la Comisión Europea, vendió un pequeño banco, el BANIF, al Santander, gastando en la operación tres mil millones de euros, lo que la izquierda no aceptó. Si en ese momento hubiera habido ministros de los partidos de izquierda, éstos habrían salido del gobierno y el acuerdo no habría durado un mes. La presencia en el ejecutivo exige una relación de fuerzas determinante, además de capacidad social de movilización inmediata, preparación técnica y una estrategia política coherente. Pero no puede ser un juego de corto plazo, tiene que ser una disputa consistente por la hegemonía social.

Los resultados de la “solución portuguesa”

No me detendré mucho sobre los resultados de la “solución portuguesa”, que son suficientemente conocidos. Ésta se benefició de tres condiciones favorables: petróleo barato, intereses bajos debido a las inyecciones de liquidez del programa de quantitative easing (compra de títulos de deuda pública y privada) del BCE y, además, un cierto aumento de la expansión de la demanda europea en la tímida recuperación que hemos vivido. Esta evolución permitió, por primera vez en los veinte años del euro, una convergencia real con la media europea, una balanza comercial positiva y la reducción de los gastos en la balanza de rentas, gracias a emisiones de deuda de corto y medio plazo con intereses negativos. En consecuencia, la tasa oficial de desempleo se redujo a la mitad (6%); y la subida de los ingresos fiscales y de la seguridad social, la reducción de los gastos del desempleo, más un inadecuado ajuste de la inversión pública permitieron un déficit cercano al 0% en 2019. Todas las valoraciones coinciden en considerar estos resultados como positivos: para las reglas presupuestarias ortodoxas, es un caso notable; para trabajadores y pensionistas, fue un alivio importante; para la presión de los intereses de la deuda soberana, es un éxito, al menos a corto plazo; para la gestión macroeconómica, tiene el beneficio de una expansión, aunque sea limitada.

La audacia de los partidos de izquierda, ante el carácter tan restrictivo de los acuerdos escritos, permitió ir más lejos de estos. En cada presupuesto anual, fueron aprobadas otras medidas que no estaban inicialmente previstas. Ese proceso de presión y negociación fue esencial para extender algunos derechos y para crear nuevas soluciones. Fue así como se definió una tarifa social de la energía a precios bajos para una décima parte de la población nacional; se creó un programa especial para garantizar contratos de trabajo estables a decenas de miles de trabajadores precarios en la Función Pública; hubo aumentos anuales extraordinarios para las pensiones más bajas, se redujo el precio de las matrículas en la universidad pública o se crearon bonos mensuales de transporte público en las grandes ciudades a precios más reducidos (30 euros).

En otras cuestiones, se agravaron los conflictos entre la izquierda y el gobierno. En particular, en la recuperación de la antigüedad laboral congelada de los profesores, en los salarios de los funcionarios públicos o en la gestión público-privada de los hospitales públicos. En algunos casos, estos conflictos y las soluciones alternativas fueron cuidadosamente preparadas para que la izquierda obtuviera resultados. El mejor ejemplo es el de la Ley de Bases de la Salud. Un antiguo coordinador del Bloco de Esquerda, que desempeñó esa función tras mi último mandato, João Semedo[2], elaboró con un fundador del Partido Socialista y su presidente honorario, António Arnaut[3], una ley para reorganizar la estructura y las políticas de salud. Publicaron su propuesta en un libro que obtuvo un notable impacto, orientando el debate en el país. Ese trabajo de confluencia marcó la política portuguesa. El gobierno inicialmente apoyó la propuesta –el primer ministro y varios miembros del gobierno participaron en su presentación–, después decidió presentar una alternativa y le encargó la tarea a una exministra que representaba a la derecha del PS. Después, abandonó esa propuesta y buscó un acuerdo con la izquierda. Luego, presionado por los grupos financieros con intereses en este ámbito, buscó un acuerdo con el principal partido de la derecha. Finalmente, fracasadas todas estas maniobras, acabó por aceptar un acuerdo de última hora con los partidos de izquierda. El resultado es una ley progresista y la existencia de un debate fuerte sobre la experiencia de la gestión privada de los hospitales públicos –hay aun tres hospitales con ese modelo, pero el proyecto era que llegaran a ser diez–. Para el Bloco de Esquerda, este proceso es una demostración política interesante, ya que nunca había sucedido en la política portuguesa. En primer lugar, el que se diese una propuesta común de dirigentes históricos del PS y del Bloco. Y en segundo lugar, el que el Bloco condujese un debate intenso que condicionó al gobierno; mantuviese siempre su coherencia; consiguiese resistir a la presión de las grandes finanzas; y, ante el fracaso del gobierno, impulsase las reglas para un acuerdo que alcanzó la mayoría del parlamento. Toda la política es disputa.

Nunca simplifiquemos lo que es complicado: este era un gobierno minoritario de un partido de centro, el PS; no era un gobierno de izquierdas; tenía una base parlamentaria mayoritaria con acuerdos y compromisos importantes para la población y que fueran cumplidos; respondía a una exigencia inmediata de viraje político y fue, por eso, un camino para responder a la austeridad.

Las tensiones entre el PS y la izquierda

Este proceso ha estado marcado por tensiones y acuerdos y por la aprobación mayoritaria de presupuestos anuales, que consagraban estos difíciles equilibrios. Pero el mapa político de la “solución portuguesa” evolucionó y se complicó, como no podía dejar de suceder.

En esos cuatro años, a pesar de que los dos partidos de izquierdas hayan estado muy alineados en cuestiones presupuestarias, fiscales, económicas y laborales –divergen en cuestiones sociales, el PCP se opone a las propuestas del Bloco a favor de la paridad entre hombres y mujeres o de la legalización de la muerte asistida– y hayan conseguido en conjunto importantes concesiones del gobierno, el PS ha definido respuestas diferentes a los desafíos propuestos por los dos partidos de izquierdas. La estrategia del primer ministro socialista se ha basado en una distinción entre los dos partidos: favorecer al PCP (cuyo electorado se considera muy estanco en relación al del PS) y ser agresivo con el Bloco (que aparecía como un partido con más posibilidades de establecer puentes y diálogo con los electores del PS). Esta decisión política se volvió más agresiva durante la campaña electoral de 2019, en la que el principal enfrentamiento del PS no fue con sus opositores de derechas, sino contra el Bloco, presentado como un obstáculo para alcanzar la mayoría absoluta, lo que podría acarrear una situación de “ingobernabilidad”. El primer ministro usó insistentemente el ejemplo del caso español, argumentando que si el “Podemos portugués” obtuviera un respaldo electoral elevado, se podría dar un impasse en la formación del Gobierno, como en las Cortes españolas.  El Bloco respondió con una campaña firme en contra de la mayoría absoluta y defendió un programa concreto de medidas sociales y económicas para los próximos cuatro años que incluía el aumento del salario mínimo, la recuperación de derechos laborales, medidas para incrementar la oferta de viviendas sociales, propuestas para desarrollar el servicio nacional de salud y de respuesta a la emergencia climática, la nacionalización de empresas de energía y correos y el control público de la banca.

En todo caso, esa política ofensiva del PS durante este periodo ha perjudicado al PCP y favorecido al Bloco: en las elecciones presidenciales de 2016, la candidata del Bloco obtuvo el triple de votos que el candidato del PCP; y en las europeas –en las que en 2014 el PCP consiguió tres escaños y el Bloco solo uno– de 2019 el Bloco volvió a rebasar al PCP, como ya había sucedido en las legislativas de 2015. En las últimas elecciones parlamentarias del pasado 6 de octubre, el PS subió hasta el 37%, pero quedó lejos de su objetivo de mayoría absoluta, el PCP bajó al 6%, perdiendo 5 diputados y obteniendo el peor resultado de su historia, y el Bloque, mantuvo su presencia parlamentaria, con 19 diputados y cerca del 10% de los votos.

¿Por qué no hay una nueva “geringonça”?

La noche que se cerraron las urnas, el 6 de octubre, António Costa, el primer ministro, se felicitó por los resultados y reafirmó que mantendría su compromiso previo, sugiriendo una Geringonça 2.0. En ese sentido presionaba una buena parte de sus electores, además de los del PCP y el Bloco e, incluso, otros sectores de izquierdas (fue elegida también una diputada de un pequeño partido de izquierdas, Livre, y cuatro más de un partido ecologista y animalista, el PAN). Por eso, el PS, que está en minoría en el parlamento, se sintió obligado a negociar con todos esos partidos para la aprobación de un nuevo acuerdo.

Sin embargo, después de estas elecciones se producen dos diferencias esenciales respecto al contexto de 2015. La primera y más importante es que, esta vez, el PS es el partido más votado y no el segundo. Tiene, por tanto, una legitimidad formal diferente y un margen de maniobra mayor, dada la crisis de los dos partidos de la derecha, que cosecharon los peores resultados en varias décadas. La segunda diferencia es que el PCP, en parte presionado por su mal resultado electoral (fue superado por el Bloco incluso en los bastiones históricos de implantación comunista), rehusó alcanzar un acuerdo escrito para la nueva legislatura y anunció su disposición a llevar a cabo negociaciones puntuales sobre leyes y presupuestos, sin ningún tipo de compromiso sobre objetivos a cuatro años. Por el contrario, el Bloco propuso un acuerdo por escrito sobre un plan de inversión pública durante la legislatura, que incluía un programa de vivienda a bajo coste (cien mil casas con alquileres medios de 300 euros), un plan de emergencia para contratar médicos y enfermeras para el Servicio Nacional de Salud, la nacionalización de Correos, la recuperación de derechos laborales recortados por la troika, el aumento de los salarios y medidas para la reducción del tráfico de automóviles o para responder a la emergencia climática.

En respuesta, el PS, que inicialmente aceptó el principio de un acuerdo escrito y negociaciones diferenciadas con los diversos partidos, decidió retractarse cuatro días después de las elecciones, dando por cerradas las conversaciones sobre un acuerdo de legislatura. Significativamente, anunció su rechazo a las propuestas del Bloco a la salida de un encuentro con la principal asociación patronal, que había insistido en la continuidad de las normas laborales de la troika.

La idea de una Geringonça 2.0 duró, de este modo, menos de una semana y fue rechazada por el PS. Habrá, por tanto, un gobierno minoritario que buscará acuerdos puntuales con la izquierda y la derecha, beneficiándose de la crisis de los partidos de la derecha y esperando que las restricciones provocadas por la desaceleración de la economía europea y por los riesgos de la inestabilidad financiera no generen nuevas perturbaciones. Se trata, por consiguiente, de un deslizamiento del gobierno hacia el centro y la derecha en un contexto de mayor tensión con el Bloque de Izquierda y con los movimientos populares y sindicales.

Aún es pronto, en todo caso, para anticipar cuál será la percepción y la respuesta popular a este nuevo contexto. Dependerá en gran medida de movimientos dinámicos como la huelga climática o la huelga feminista, de las nuevas expresiones de la lucha sindical, así como de la relación de fuerzas que resulte de la evolución económica y de las presiones de las instituciones europeas.

Conclusión

Como siempre, nadie tiene la última palabra. Para la izquierda portuguesa, habrá victorias y derrotas y nunca hay victorias fáciles. Es la vida. La política es un ajedrez con muchas variables y muchas de ellas dependen de fuerzas que no controlamos ni anticipamos. Pero cuanto mejor conocemos a nuestra gente y a nuestros adversarios, mejor preparados estamos para responder a las responsabilidades inmensas de los tiempos presentes: garantizar seguridad a quien teme por el empleo y por el salario, disputar la sostenibilidad de la seguridad y de la protección social frente a las finanzas, impedir la uberización y precarización del trabajo, rechazar el individualismo extremo que afirma el programa neoliberal en la vida cotidiana, construir una cultura de movimiento colectivo, intensificar el aprendizaje democrático contra el autoritarismo. Y, si una cosa aprendí con la experiencia de la izquierda en España y sus nacionalidades, fue que es preciso vivir y mostrar una política inclusiva, alegre, movilizadora y sin rencor. Somos gente normal luchando por los nuestros, codo con codo entre todas. Esa es la fuerza de la izquierda.

Notas

*Este texto es una adaptación del artículo publicado en Ctxt en agosto de 2019, actualizado después de las elecciones parlamentarias del 6 de octubre de 2019. 

1. Al contrario de la convergencia en la izquierda española en una lista unificada entre Podemos e IU, Unidas Podemos, en Portugal los dos partidos, Bloco y PCP, han mantenidos identidades muy distanciadas y poca cooperación entre sí. La propuesta del Bloco de que las reuniones de trabajo de la mayoría parlamentaria incluyeran a los tres partidos fue siempre rechazada por el PCP, que prefirió negociar por separado con el PS y se negaba a cualquier reunión que incluyera el Bloco, dando por lo tanto al PS un espacio más amplio de negociación paralela con los dos partidos de izquierdas.
2. João Semedo fue miembro del Comité Central del PCP. Tras abandonar el partido en 1991, volvió a su actividad profesional como médico y fue director de un hospital en Oporto. Más tarde se unió al Bloco y fue su coordinador entre 2012 y 2014. Murió en 2018.
3. António Arnaut fue fundador del PS. Como miembro del gobierno en 1979, fue el ministro responsable de la creación del Servicio Nacional de Salud. Siempre ha sido considerado y venerado como el “padre del Servicio de Salud”. Tanto Semedo como Arnaut fallecieron algunos meses antes de la conclusión del debate legislativo iniciado por la ley que propusieron.