moderado por:

  • Irene Bassanezi Tosi

    Doctoranda en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en UC3M

Conclusión del debate

Gabriel Flores, economista; Bruno Estrada, economista e Irene Bassanezi Tosi. Coordinadores del debate en Espacio Público.

El pasado 10 de noviembre se inició en Espacio Público el debate sobre “Cambios en el mundo del trabajo y modernización de las relaciones laborales”, que finalizó hace pocos días, tres meses y una veintena de interesantes intervenciones después, con un estupendo y esclarecedor coloquio on line entre representantes cualificados del Gobierno y de los sindicatos mayoritarios que conocen de primera mano los obstáculos que dificultan la negociación sobre la reforma laboral, las fuerzas que intentan que el diálogo social descarrile y los temas que generan mayor disenso entre los agentes sociales.

Aunque han surgido algunas dudas durante los últimos meses, cabe esperar que muy pronto comenzará la negociación tripartita que determinará el alcance y la profundidad de las reformas; aunque no convendría despreciar la posibilidad de que el diálogo y la negociación no desemboquen en un acuerdo.

Los cambios y la modernización de las relaciones laborales son elementos centrales del programa y las tareas del Gobierno de coalición progresista y de las reformas a emprender para recuperar los derechos laborales perdidos y restablecer los equilibrios que son básicos en la negociación colectiva. Si las reformas laborales realizadas tras el estallido de la Gran Recesión en 2008 se produjeron para favorecer las políticas de austeridad y devaluación salarial impuestas a España y el resto de países del sur de la eurozona, ahora se trata de revertir con urgencia los aspectos más lesivos de esas reformas y tratar de acomodar las relaciones laborales a las imprescindibles transformaciones de estructuras y especializaciones productivas guiadas por los objetivos de las transiciones digital y verde propuestas por la Unión Europea. La modernización productiva por hacer exige una modernización de las relaciones laborales que facilite e impulse una renovación del aparato productivo y una mejora de gama de la oferta productiva que multipliquen los empleos decentes y los salarios dignos, pongan coto a la temporalidad y la precarización del empleo y promuevan una distribución de la renta menos desigual entre capital y trabajo.

Aunque el debate sobre la reforma laboral se sustanciará en el diálogo social y la negociación propiciada y dirigida por el Gobierno entre los agentes sociales más representativos de la patronal y los sindicatos, la proyección y la incidencia de esa reforma son también componentes centrales del proyecto progresista de un país inclusivo, sustentado en empleos decentes y bien remunerados que respondan a los intereses y necesidades de la mayoría social.

El debate en Espacio Público lo abrieron dos excelentes ponencias que establecían el marco y los principales acentos que a juicio de sus autores conforman los ejes de la reflexión sobre la reforma y modernización del mercado laboral y alentar el debate público y la reflexión compartida. Queremos saludar y agradecer, en primer lugar, la calidad de las intervenciones suscitadas por este debate y la generosidad de sus autores y autoras al compartir sus conocimientos y exponer sus opiniones a la crítica pública. Y en segundo lugar, animar a la lectura de las intervenciones publicadas a todas aquellas personas interesadas en conocer en profundidad las claves de un debate esencial para el futuro de la economía y del país.

Tal como ponían de manifiesto Ignacio Muro y Antonio González en una de las dos ponencias iniciales, lo que está en juego en el debate de la reforma laboral es en esencia “la pervivencia de una negociación colectiva debilitada o su actualización para que sirva como impulso a las nuevas dinámicas productivas”.

La reforma laboral aprobada unilateralmente en 2012 por el PP, que despreció cualquier tipo de diálogo y negociación con los sindicatos, esgrimía como justificación diversas excusas: reducir el enorme apalancamiento de las empresas, facilitar su saneamiento o liberalizar el mercado laboral, confundiendo a propósito desregulación con flexibilidad. Pero sus objetivos reales eran bien diferentes: reducir el poder de negociación de los trabajadores, devaluar los salarios, alterar la distribución de la renta en contra de los salarios y transferir los costes y riesgos provocados por la Gran Recesión (y por futuras crisis económicas) sobre las plantillas de las empresas, a través del abaratamiento y la descausalización de los despidos y la creación de empleos temporales, precarios, peor remunerados y con menos derechos.

Esas reformas del mercado laboral y la negociación colectiva incrementaron las transferencias de renta a favor de los beneficios empresariales y otras rentas del capital y la propiedad, a costa de los salarios reales, y lograron que los grandes grupos empresariales aumentaran sus tasas de ganancia, que se situaron entre las más altas de Europa. Como contrapartida, el mercado de trabajo se polarizó y la sociedad española sufrió un fuerte aumento de la desigualdad de rentas y patrimonios y mayores tasas de pobreza y riesgos de exclusión social.

Como ponían de manifiesto las dos ponencias iniciales, la antes mencionada de Ignacio Muro y Antonio González y la de Belén Cardona y Jaime Cabeza, los aspectos más lesivos de la actual legislación laboral, fruto de la reforma laboral de 2012 son los siguientes:

  • La ultractividad, o pérdida de vigencia del convenio (sea sectorial o de empresa) un año después de su fecha de finalización, si no se ha sustituido por uno nuevo. Lo que ha tenido consecuencias desastrosas para la negociación colectiva al debilitar enormemente la capacidad de negociación de los trabajadores, ya que facilita la supresión de las mejoras salariales y de condiciones de trabajo conseguidas al calor de las luchas de convenios anteriores.
  • La actual formulación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores sobre la ‘modificación sustancial de condiciones de trabajo’, que se ha convertido también en un eficaz mecanismo de vaciamiento de la capacidad y eficacia de la negociación colectiva. Ya que permite empeorar las condiciones de trabajo existentes, tanto de forma individual como colectiva, mediante una decisión unilateral de la empresa, situando los límites de ese deterioro en el nivel mínimo legal cuando no existe un convenio de ámbito superior.
  • La prevalencia del convenio de empresa, rompiendo la jerarquía de los convenios al establecer que un convenio de empresa podrá descolgarse de cualquier convenio de ámbito superior de su sector y tendrá la facultad de declarar inaplicable aquello que se considere que perjudica a la empresa sin tener que probar ninguna causa que lo justifique.
  • Por último, pero no menos importante, hay que sumar la proliferación de fenómenos como la subcontratación desregulada y la precarización contractual. Ya que se permite que la responsabilidad y las normas acordadas en las empresas principales no se extiendan a las empresas auxiliares que no sean de la misma actividad; por ejemplo, las tareas de limpieza, seguridad, catering o mantenimiento en las que se ubican los principales nichos de precariedad, y que no solo afectan a las responsabilidades salariales, sino también a las indemnizatorias. Es asimismo básico eliminar el uso del contrato de obra y servicio para atender contratos mercantiles o administrativos de las empresas auxiliares, en línea con una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

El último eslabón del debate sobre la reforma laboral promovido por Espacio Público fue el coloquio on line del pasado 4 de febrero, moderado por la directora de Público, Virginia Pérez Alonso, y que contó con la participación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, y el secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Toni Ferrer. A los que agradecemos su intervención en el debate en un momento especialmente delicado del proceso de diálogo social.

Modificar la reforma laboral impuesta por el PP, tan lesiva para los trabajadores y la acción sindical, forma parte del Acuerdo de gobierno progresista entre PSOE y Unidas Podemos y de los programas electorales con el que ambas formaciones políticas se presentaron a las últimas elecciones. Por ello, resultan plenamente justificadas las críticas realizadas por los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios al retraso de más de un año en la convocatoria de la mesa de diálogo social que debe abordar esta reforma, a pesar de que la ministra Díaz anunció hace varios meses su intención de convocarla, sin que hasta la fecha hayan fructificado esas intenciones.

La ministra de Trabajo aclaró en el coloquio que la apuesta del Gobierno de coalición progresista a favor del diálogo social y la negociación entre los actores sociales es inequívoca, al igual que su voluntad de cumplir a lo largo de esta legislatura con el programa de Gobierno que logró hace un año el apoyo de una mayoría parlamentaria legítima y suficiente a la investidura de Sánchez.

Las declaraciones realizadas a principios de diciembre por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez parecían condicionar la modificación de la reforma laboral: “Siempre y cuando los actores sociales quieran esa reforma laboral, el Gobierno está dispuesto a acompañarla”. En el mismo sentido se expresó la ministra de Economía, Nadia Calviño, añadiendo incertidumbre sobre el recorrido de la reforma laboral y la voluntad o capacidad del Ejecutivo o de parte del Ejecutivo de llevar a cabo dicha reforma

No obstante, Yolanda Diaz manifestó que la falta de acuerdo en el proceso de diálogo social entre sindicatos y patronales no eximiría al gobierno de legislar sobre estos aspectos en los términos planteados en la sesión de investidura. Asunto sobre el que también insistió Toni Ferrer, secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Una de las más interesantes conclusiones del coloquio fue la de mostrar que todos los participantes compartían buena parte de los análisis, referencias y objetivos de avance en torno a la reforma laboral y el diálogo social y las negociaciones que confiaban en comenzar cuanto antes. La otra conclusión, también muy remarcable, fue la coincidencia en señalar la complejidad y dificultades de la negociación y la importancia de distinguir entre los aspectos más lesivos que requieren de una reforma urgente y aquellos que requieren esfuerzos más prolongados en el tiempo para cambiarlos.

La amenaza de vetos o imposiciones no es la herramienta adecuada para promover el diálogo, la negociación y los acuerdos en torno a las indispensables reforma laboral y modernización de las relaciones laborales. Pero la inacción, la falta de empeño para impulsar el acuerdo entre los agentes sociales o la dejación de responsabilidades en la tarea de promover y dirigir los cambios que son necesarios tampoco son admisibles. Con el agravante que supondría en este segundo escenario de dejación en la tarea de impulsar la necesaria reforma laboral el desánimo y desafección de millones de votantes progresistas, como ya ocurrió en las elecciones generales de noviembre de 2011, cuando el PSOE perdió más de 4 millones votos y el PP obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso.

Modificar la reforma laboral del PP de 2012 va a ser un tema crucial de esta legislatura que no puede demorarse mucho más tiempo. Y será una prueba decisiva para valorar la utilidad del Gobierno de coalición progresista y su compromiso con los millones votantes que le dieron respaldo y con los partidos que votaron en el Parlamento a favor de la investidura de Sánchez y el programa de gobierno acordado por la coalición gubernamental.

Para la propia credibilidad del gobierno es urgente poner en marcha el diálogo social que modifique la reforma laboral del PP. Y es muy importante que el conjunto de la sociedad esté pendiente del ritmo y los contenidos de la negociación.

Ponencia inicial

Cambios en el mundo del trabajo y modernización de las relaciones laborales

Cambios en el mundo del trabajo y modernización de las relaciones laborales

El actual marco de relaciones laborales impide dinamizar el modelo productivo

  • Antonio González

    Economista, Vicepresidente Segundo de Economistas Frente a la Crisis.

  • Ignacio Muro Benayas

    Presidente de la Plataforma por la Democracia Económica

La pervivencia de una negociación colectiva debilitada o su actualización, para que sirva como impulso a las nuevas dinámicas productivas, es lo que está en juego en estos momentos.

Recordemos que la negociación colectiva surgió como soporte del Derecho del Trabajo y como mecanismo de defensa ante el desequilibrio en las relaciones entre el empresario y el trabajador individual, que daban lugar a unos resultados de enorme precariedad vital de los asalariados.

Tras un periodo de entreguerras, en los que la confrontación social fue especialmente dura y violenta, la negociación colectiva pasó a formar parte del estatus de institución básica del Estado de Bienestar, continuación imprescindible de la organización de la Democracia y el Estado de Derecho.  Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la negociación colectiva se convirtió, además, en el factor determinante del reparto primario de la renta entre empresarios y trabajadores.

El debilitamiento continuado de la negociación colectiva

El neoliberalismo tuvo desde sus orígenes la obsesión no disimulada de alterar esos equilibrios mediante procesos generalizados de desregulación del mercado de trabajo.

Si nos centramos en España, a lo largo de las últimas décadas, dos han sido los grandes vectores que han inspirado las 18 reformas laborales desarrolladas y, especialmente, las últimas puestas en marcha después de la crisis de 2008.

Por un lado, la reducción drástica y constante de la protección del empleo, facilitando los despidos mediante la descausalización y reduciendo su coste, hasta situar la regulación española, según datos OCDE, entre los niveles más bajos de los países de nuestro entorno europeo.

El segundo de esos vectores trataba de debilitar directamente la negociación colectiva. Después de la crisis del 93, con la excusa de potenciar la autonomía de los agentes sociales, el foco de las reformas se puso en la desregulación normativa, suprimiendo o rebajando los mínimos legales cuya defensa pasaba a descargarse en los convenios colectivos. Después de la crisis del 2008 las reformas cambiaron su objetivo: ahora sí interesaba volver a implantar normas pero con el propósito, apenas disimulado, de limitar directamente la eficacia y capacidad de actuación de a negociación colectiva a través de un conjunto de cambios legales perfectamente estudiados.

Los efectos más lesivos de la actual legislación laboral

La ultractividad o pérdida de vigencia del convenio (sea sectorial o de empresa) un año después de su fecha de finalización, sin necesidad de ser sustituido por uno nuevo, es el primero de esos mecanismos con consecuencias desastrosas para la negociación colectiva. Era fácil suponer que cualquier nuevo acuerdo solo resultará aceptable para la parte empresarial si se rebajan suficientemente las condiciones del anterior:  un propósito claro que persigue desmontar, gota a gota, las mejoras conseguidas en el calor de las luchas de convenios anteriores hasta llegar a un punto cero del que se obligaba a ascender, una y otra vez, las mismas pendientes para volver a conquistar las mismas posiciones.

La reformulación del artículo 41 del ET (referido a la ‘modificación sustancial de condiciones de trabajo’) es el segundo mecanismo de vaciamiento de la capacidad y eficacia de la negociación colectiva. Permite la rebaja de esas condiciones mediante decisión unilateral del empresario, tanto de forma individual como colectiva, y hasta los límites del convenio superior que sea de aplicación. En el caso de no existir tal convenio, los límites de esa disminución podrán desplomarse hasta el nivel mínimo legal.

El tercero de los mecanismos es el que rompe la jerarquía sectorial de los convenios, estableciendo que todo convenio de empresa podrá descolgarse de cualquier convenio de ámbito superior de su sector, y tendrá la facultad de declarar inaplicable aquello que considere le perjudica. Conviene aclarar que anteriormente solo primaba el convenio de empresa si sus condiciones mejoraban, precisaban o aplicaban las del sectorial. Esta sustracción de la capacidad reguladora en el ámbito sectorial constituye otro elemento claramente dirigido a desarbolar la negociación colectiva.

A todo ello, hay que sumar la aparición de fenómenos previos de debilitamiento de los convenios colectivos como la subcontratación desregulada y la precarización contractual.

Unos cambios unilaterales “perfectamente diseñados”

Esos cambios fueron la culminación de un propósito permanente y estructural que utilizó diversos pretextos construidos alrededor de las supuestas rigideces del mercado de trabajo o de un funcionamiento deficiente de la negociación colectiva en España. Las verdaderas razones eran más sencillas: seguir las “recomendaciones” de los círculos empresariales y aprovechar las crisis y el shock causado por el derrumbe del empleo para presentar reformas que iban siempre en la misma dirección: reducir el poder de negociación de los trabajadores y alterar el reparto de los excedentes empresariales.

En la última crisis, el objetivo que lo justificaba era reducir el enorme apalancamiento de las empresas y facilitar su saneamiento, pero el mecanismo seguía siendo el aumentar la transferencia continua de salarios a beneficios y conseguir que las compañías españolas, pese a su inferior nivel tecnológico, alcanzaran unos niveles de ganancias situados entre los mayores de Europa.

Así fue. Mientras en el conjunto de la UE la participación de los beneficios en el Valor Añadido Bruto de las empresas -sociedades no financieras- se redujo entre 2008 y 2019, en España registraba el segundo crecimiento más elevado: los beneficios de las empresas crecieron en prácticamente 40.000 m€, pero los salarios solo lo hicieron en 13.400 m€. El margen de beneficios (en % del valor añadido) de las empresas españolas, es en 2019 superior al promedio de la zona euro, y al de Francia y Alemania.

Un marco de relaciones laborales caro, disfuncional, ineficiente, antiguo y desincentivador del cambio tecnológico.

Las recurrentes reformas laborales han tenido la intención de construir un modelo económico y social “coherente” cuyas consecuencias están visibles en las huellas que han dejado en el sistema productivo y en el conjunto de la sociedad. Cualquier análisis comparado deja patente que sus resultados no han mejorado la productividad y competitividad de nuestra estructura empresarial y que los elevados márgenes de beneficios han servido de dopaje para una gestión rutinaria, sin estímulo alguno para realizar esfuerzos de modernización tecnológica, comercial, organizativa que otros entornos empresariales han debido realizar para sobrevivir.  Un modelo de crecimiento insistentemente basado en niveles de productividad y de salarios muy inferiores han dejado un país destrozado por la precariedad y la desigualdad.

¿Cómo podemos calificar sus rasgos?

1. En primer lugar, se debe resaltar que, en contra de todas las proclamas, se trata de un modelo CARO porque externaliza al Estado y a la sociedad costes brutales de ajuste social que tienen tal dimensión que acentúan los efectos públicos y privados de las crisis.

Es evidente que las reformas laborales de esta década y las anteriores han inducido a las empresas que ajusten preferentemente a través de la destrucción del empleo multiplicando los efectos de las recesiones. Esta evidencia la reconoce un informe del Banco de España de 2012 cuando afirma que “esta reacción del empleo más que proporcional al descenso de la actividad (…), de hecho, generó un efecto amplificador sobre la propia crisis”.

Es caro también porque es un modelo general que no se limita a sectores concretos ni está destinado a corregir desequilibrios con circunstancias concretas (al sector de la construcción ni a la burbuja inmobiliaria) sino que se extiende para todas las ramas de actividad y se agudiza con cada nueva crisis (los efectos de la crisis del 2008 fueron sustancialmente superiores al de la anterior recesión de 1992-1993).

2. Es además un modelo DISFUNCIONAL porque desacopla a nuestra economía con las pautas europeas y nos margina de las nuevas oportunidades surgidas en cada ciclo económico.

Tanto los costes del propio ajuste laboral como su efecto presupuestario son muchos más elevados y costosos que los de nuestros socios. El resultado es que España necesita muchos más años que el resto de los países europeos para estabilizar sus cuentas públicas y los índices de desempleo, un objetivo que puede volverse imposible si las crisis se presentan con una frecuencia de ocho años que es los que viene ocurriendo en las últimas décadas. Volver al 8% de paro cuando se viene de haber superado irresponsablemente un 26%, es mucho más costoso que no haber pasado del 12-14%, como máximo, siguiendo el ejemplo de todos nuestros vecinos.

El desacople en el ciclo productivo se nota también en la evolución de la productividad durante el ciclo. Mientras en la UE la productividad crece con las fases expansivas de la economía y cae durante las recesiones en España ocurre lo contrario. En nuestro patológico sistema la productividad apenas aumenta en los periodos de auge mientras crece fuertemente durante las crisis debido a que la destrucción de empleo es (ilógicamente) mucho más fuerte que la caída de la producción.

3. Es INEFICIENTE porque dificulta la distribución adecuada de los recursos y DESINCENTIVA la adaptación del cambio tecnológico en un momento en que es la variable fundamental que determina la competitividad futura.

Un reciente informe de OCDE titulado «Compendio de indicadores de productividad 2019» ha puesto en evidencia que España es el país desarrollado que mayor cantidad de empleo ha destruido en los sectores de alta productividad entre 2010 y 2017 (483.000, un 2,5% del total).

Nuestro sistema ha intentado convertir la inestabilidad, la precariedad y los bajos salarios, en los únicos incentivos para atraer inversiones y bajar los umbrales de rentabilidad… pero ese camino ha acabado reasignando más y más recursos hacia actividades cada vez más ineficientes, que solo surgen al amparo de los bajos costes laborales, despreciando cambios que favorezcan una organización eficiente de los negocios y una mayor productividad.

La creación, en ese mismo periodo, de 354.000 empleos en sectores de baja productividad, lo que hace es insistir en el mismo círculo vicioso de “bajos salarios / baja productividad” que alimenta un tipo de empleos que volverán a ser fácilmente prescindibles al primer signo de debilitamiento económico.

4. El modelo de relaciones laborales implantado es, por último, VICIADO Y ANTIGUO porque fomenta unos comportamientos empresariales lastrados por la informalidad de la economía sumergida o, lo que es lo mismo, por la ausencia de control público en el incumplimiento de las normas sobre empleo temporal / a tiempo parcial.

El Estado se ha limitado a “legislar”, pero consintiendo y sosteniendo, al mismo tiempo, un esquema de utilización de los contratos temporales basado en una aplicación laxa de las normas (es decir, consintiendo en el fraude) como sinónimo de flexibilidad.

Con ello, el sistema ha educado a una clase empresarial perezosa y omnipotente, reforzada por la unilateralidad absoluta como principio de funcionamiento que ha sacralizado fórmulas, como el despido individual y sin justificación, (o sea, improcedente) para provocar despidos sin la revisión judicial dominante en Europa.

Una oportunidad para el cambio

Es evidente que el desarrollo de nuevas fuerzas productivas identificadas con la economía digital y el cambio tecnológico están reclamando cambios profundos en las relaciones de producción y de trabajo. El teletrabajo, el trabajo de plataformas, la aparición de algoritmos en cada vez más espacios de las relaciones laborales, la regulación de los TRADE y un estatuto de autónomos…

Los cambios reclaman un nuevo paso en el equilibrio entre flexibilidad y seguridad y hay que saber encontrar ese equilibrio en la mejor dirección. Han transcurrido ya 12 años desde el inicio de la anterior crisis, un periodo en el que la sociedad y las leyes, aun actuando con retraso, se han mostrado capaces de apuntar ya soluciones sobre nuevas líneas reguladoras que recogen la mejor tradición democrática.

Probablemente todo ello configure un nuevo texto del Estatuto de los Trabajadores adecuado a los tiempos. Pero difícilmente se podrá construir el futuro sin librarse de las argollas que el actual marco de relaciones laborales impone a la economía española.

 

Reflexiones sobre el mercado de trabajo: problemas, medidas correctoras y cambios legales

  • Belén Cardona

    Catedrática Derecho del Trabajo. Universitat de València

  • Jaime Cabeza

    Catedrático Seguridad Social y Derecho del Trabajo. Universidad de Vigo

1. Precariedad (Temporalidad, parcialidad, límites relaciones laborales)

Se trata, sin lugar a dudas, del haz de problemas sobre el que el mercado de trabajo interno ha tenido un comportamiento más patológico. Como era esperable, el porcentaje de temporalidad había caído por debajo del 21 por 100 al final del segundo semestre de 2020, en tanto que el de parcialidad hasta el 13,4 por ciento. Lo cual es muy característico de épocas de contracción en el empleo, pues el trabajo precario siempre ha actuado de amortiguador, antes de que se destruya empleo indefinido. Pero, a poco que la situación económica mejore, puede pronosticarse un crecimiento nuevo de los contratos temporales y a tiempo parcial, como reflejo habitual de una incipiente recuperación. Es decir, o se acomete con seriedad el reto de eliminar la dualidad del mercado de trabajo, o éste seguirá siendo extremadamente sensible a los cambios de ciclo, con las consecuencias destructivas que se aparejan de este fenómeno.

La temporalidad es necesaria, pero los esfuerzos por controlar el fraude y reconducirla a sus justos términos pasan por medidas contundentes que impliquen a los actores públicos y privados y centralicen la contratación en organismos especializados sometidos a supervisión pública. Asimismo, por reformas legales que solo admitan, además de contratos formativos, dos grandes modalidades: una de sustitución de personas con el contrato en suspenso y otra para afrontar necesidades temporales muy delimitadas de las empresas. Las competencias de los convenios colectivos deben precisarse mejor y restringirse en exclusiva a los de ámbito sectorial. En cuanto a la contratación a tiempo parcial, se ha disparado a partir de 2014 cuando las garantías legales se han relajado, lo que sugiere que el crecimiento obedece a la involuntariedad y al fraude de ley. Urgen medidas correctoras en favor de la voluntariedad y del control del tiempo de trabajo.

Asimismo, es necesaria una redefinición de los límites entre trabajo autónomo y subordinado que debería centrarse en dos aspectos: la posición de dependencia material –como quiera que se adjetive- de la persona que presta servicios ante la beneficiaria de los mismos y la posición material de la misma de poder negociar en el mercado.

2. Autónomos y microempresas.

El colectivo de personas que trabajan autónomamente debe ser protegido eficazmente, pero sin animar proyectos de emprendimiento insuficientemente sólidos. El emprendimiento no puede ser objeto de fomento indiscriminado en un marco plagado de microempresas, que adolece de una sobredimensión numérica de profesionales sin personas empleadas a su cargo. Así pues, las medidas de fomento del autoempleo deben ser muy selectivas, para no abocar a muchos autónomos y autónomas al estrato más vulnerable de la población activa.

No obstante, las obligaciones laborales de los pequeños empleadores deben adaptarse a su situación comparativamente distinta a la mediana y gran empresa, mediante un retorno a la idea clásica de adaptar, en alguna medida, sus obligaciones laborales a la realidad específica en la que desarrollan su actividad profesional, sin que esta línea de actuación tenga que disminuir los derechos de las personas empleadas por ellos.

3. Rentas salariales. Productividad y subida salarial. Cotización. Economía sumergida.

El asunto de los salarios y de las rentas para-salariales es un tema que merece particular atención. La subida del SMI hasta los 950 euros acerca a España al cumplimiento de la Carta Social Europea –SMI no inferior al 60 por 100 del salario promedio-. Sin embargo, este importante incremento ha corrido paralelo al estancamiento absoluto del IPREM, indicador a partir del cual se calculan muchos de los subsidios ligados a la lucha contra la pobreza. Lo cual debe ser corregido cuanto antes.

Por otra parte, dicha subida del SMI ha producido una consecuencia muy destacable: que ha absorbido muchos salarios de convenio y que, en general, las cuantías de la mayoría de las tablas retributivas que afectan a personas trabajadoras razonablemente cualificadas apenas se sitúan ligeramente por encima del SMI. Lo cual se debe a una negociación colectiva que hasta ahora ha congelado cualquier posibilidad de incremento generalizado. Sin duda, las reglas legales de estructura de la negociación colectiva han tenido mucho que ver. En cualquier caso, debe promoverse una revisión al alza de los salarios de convenio, aunque en el contexto de una necesaria moderación salarial, imprescindible hasta que el PIB no vuelva a crecer sostenidamente. Sin esa subida, es muy poco razonable plantear que pueda operarse un incremento de la productividad, que requiere, un mínimo de motivación entre los trabajadores. Que los complementos variables ganen importancia, por lo demás, exige un incremento de la transparencia en su cálculo y devengo, que debe promoverse a través de normas legales que orienten a la negociación colectiva.

4. Contratación y subcontratación. Empresas multiservicio.

Las garantías de los trabajadores de las empresas auxiliares constituyen un asunto central, en un modelo como el español demasiado proclive a la descentralización productiva y a las cadenas de subcontratación. Probablemente, apostar por una equiparación salarial general entre los trabajadores de las empresas subcontratistas y los de las empresas principales sería erróneo, pues produciría una imposibilidad real de sostenimiento de muchas pequeñas empresas. Pero también es cierto que la descentralización productiva no debe basarse casi en exclusiva en el objetivo de reducción de costes, muy principalmente los laborales.

Con estas ideas guía, sí que debe aproximarse la regulación de las empresas multiservicio a las de las empresas de trabajo temporal, quizá con un mayor protagonismo de la negociación colectiva. Al margen de lo cual, la responsabilidad de las empresas principales debe extenderse a los casos de empresas auxiliares que no sean de la propia actividad –vg., limpieza, seguridad, catering, mantenimiento…, donde se ubican los principales nichos de precariedad- y alcanzar no solo las responsabilidades salariales, sino también las indemnizatorias. Es asimismo básico eliminar o poner coto a la utilidad del contrato de obra y servicio para atender contratos mercantiles o administrativos de las empresas auxiliares.

5. Empleo y protección por desempleo. Formación

Las políticas de empleo deben sufrir una auténtica revolución en España, pues se encuentran enquistadas en una lógica propia de hace más de veinte años. La empleabilidad de las personas debe dotarse de instrumentos más eficaces y coherentes. Los servicios públicos de empleo necesitan redimensionarse para atender con eficacia y dedicación a cada persona demandante de empleo. Las Administraciones territoriales tienen que estar más articuladas y coordinadas. El sector privado de la intermediación tiene que ser mucho más colaborativo con el ámbito público y probar su eficacia y eficiencia en el desempeño de su labor, mediante procedimientos verificables. Las políticas de empleo deben ligarse a las políticas demográficas y ser coherentes entre ellas, el reto demográfico de la España vaciada obliga a diseñar y articular estrategias de creación de empleo vinculadas a la promoción del repoblamiento de entornos rurales deshabitados.

España necesita un plan estratégico hacia el pleno empleo que trascienda de la planificación propia de la Estrategia Europea de Empleo. Es crucial dotarse de profesionales del empleo, en número y cualificación suficiente para afrontar uno de los principales retos que tenemos como país.

Por lo que respecta a la protección frente al desempleo y a las políticas pasivas de empleo, hay que reformar profundamente la normativa para conseguir un sistema más equilibrado que ofrezca cobertura armónica, y no sobreprotección a quien no la necesita e infraprotección a las personas vulnerables. El sistema público de prestación y subsidio de desempleo debe dotar de un mínimo de seguridad a las personas, para que puedan emplearse sin incurrir en una espiral de des-profesionalización. Deben eliminarse muchas trampas que disuaden a las personas de aceptar empleos. Los itinerarios individualizados deben existir para todas las personas demandantes de empleo.

moderado por:

  • Gabriel Flores

    Economista

  • Paloma López Bermejo

    Educadora, sindicalista y política

Conclusión del debate

El modelo neoliberal capitalista y el orden mundial desregulado y cargado de incertidumbres que se sustenta en ese modelo acumulan ineficiencias y desórdenes que se manifiestan en un sinfín de tensiones políticas, étnicas y culturales, pulsiones nacionalistas, crispación social, desajustes económicos y climáticos o conflictos militares en los extrarradios del sistema. La crisis del capitalismo neoliberal se entrecruza, desde hace una década al menos, con una crisis de la democracia y los derechos humanos y con una amenaza climática y ecológica que requiere con urgencia tomar medidas globales, nacionales y locales para empezar a afrontarla de forma inmediata y poder superarla en las próximas décadas, cuando aún es posible.

La tarea de proponer y acordar reformas destinadas a corregir esos desórdenes y disolver esas amenazas debe estar situada en un lugar prioritario de la agenda de la opinión pública y del conjunto de las fuerzas progresistas. Parece aconsejable, si no obligado, intentar definir con más precisión las medidas a aplicar y exigir ritmos más rápidos en su aplicación. Al tiempo, hay que remover los obstáculos que levantan poderes económicos elitistas que no parecen tener ninguna prisa en reducir esos desórdenes mientras puedan aprovecharlos como nuevas fuentes de ganancia y mecanismos para conseguir un mayor sometimiento de la economía, la sociedad y la naturaleza a sus particulares y estrechos intereses a corto plazo.

En nuestro país, mientras tanto, el mucho ruido político y mediático sobre algunos problemas pendientes de solución (el bloqueo político, el encaje territorial de Catalunya, el avance de la extrema derecha posfranquista o los restos de corrupción política institucional) deja fuera del centro de la agenda política cuatro graves problemas:

1) lograr un reparto más equitativo y razonable de la renta para reducir la desigualdad, impedir que se consoliden bolsas de pobreza y exclusión social y facilitar la actividad económica sostenible y la creación de empleos decentes;

2) modificar pautas de consumo y estructuras productivas, a la vez que se propician compromisos nacionales e internacionales efectivos para descarbonizar la economía, reducir las emisiones de CO2 y establecer planes de financiación e inversión que aseguren una transición energética lo más rápida y justa posible, sin que este nuevo ámbito de actividad económica se convierta en pasto del marketing empresarial ni en un nuevo e injusto mecanismo de reparto de los costes que conllevará dicha transición, cargándolos sobre la mayoría social;

3) afianzar la democracia y extender el diálogo y el acuerdo a todas las manifestaciones de las relaciones y la toma de decisiones en ámbitos, como el de las empresas y la gestión y dirección empresarial, que hasta ahora se habían resistido a abrir sus puertas a la democracia;

4) hacer compatible el libre comercio y la libertad de movimientos de las personas con la existencia de mecanismos de regulación y control multilateral que impulsen una globalización inclusiva que evite el dumping social.

La simple enumeración de esos objetivos y tareas nos permiten hacernos una idea de su envergadura y dificultad, de las resistencias que va a generar su puesta en marcha y de la necesidad de un renovado consenso social y amplios acuerdos políticos que permitan empezar a dar pasos en un camino de reformas que será largo y difícil. Se trata, ni más ni menos, que de rehacer un nuevo contrato social capaz de disputar la hegemonía a las elites económicas mundiales y a las fuerzas populistas y neosoberanistas reaccionarias; se trata, en suma, de conseguir que las grandes transformaciones que ya han comenzado se hagan de forma ordenada y no disruptiva, no vayan en detrimento de las grandes mayorías sociales ni contribuyan a reconstruir privilegios basados en identidades nacionales o a dar prioridad a los intereses particulares de elites o sectores que multiplican sus ganancias y su poder gracias a los cambios desordenados que se están produciendo.

Una economía y un orden mundial en transformación que requieren de amplios acuerdos y capacidad para gestionar los cambios en curso y sus ritmos.

Una de las consecuencias políticas más recientes y significativas de la situación de reconfiguración en la que está inmerso el modelo capitalista neoliberal que ha imperado en el mundo durante las últimas décadas, tras su consolidación en los años 80 del pasado siglo, ha sido el giro a la izquierda que parte de la socialdemocracia ha llevado a cabo en los últimos tiempos, con diferente alcance y por distintas vías. Procesos de revisión de su actuación que siguen su curso, adoptando formas más o menos incipientes o desarrolladas, y que han alumbrado programas y propuestas claramente identificables con los valores de izquierdas. Un giro a la izquierda que cuestiona la Tercera Vía, esto es, su anterior colaboración con las derechas en la expansión y gestión del modelo capitalista neoliberal y, tras el estallido de la crisis global de 2008, su apoyo a una estrategia conservadora de austeridad para superar la Gran Recesión que ha sido ineficaz en la consecución de los objetivos que pretendía alcanzar y ha acabado multiplicando desigualdades y precariedad, eliminando derechos laborales y sociales, recortando protección social, deteriorando la oferta de bienes públicos y, en definitiva, haciendo más difícil la vida y el futuro de millones de personas.

Repensar la economía incluye recapacitar sobre las políticas económicas y las llamadas reformas estructurales de desregulación de los mercados impuestas en los últimos años y tratar de integrar y aprender de todas las experiencias y propuestas que cuestionan las políticas de austeridad y devaluación salarial y evidencian su pérdida de apoyos sociales y su ineficacia económica.

Es innegable que se está  produciendo una evolución hacia la izquierda de los programas de partidos socialdemócratas, en el Reino Unido y más recientemente de Alemania, asimismo están adquiriendo un peso creciente otros partidos cercanos a los planteamientos más de izquierda de la socialdemocracia, y en EEUU están ganando espacio las corrientes más progresistas del Partido Demócrata. Al igual que la cooperación de los socialistas portugueses con fuerzas situadas a su izquierda durante la pasada legislatura o la apertura de los socialistas españoles a la negociación de un Gobierno de coalición progresista con UP son algunas de las más importantes expresiones que pueden encontrarse de ese giro a la izquierda que forma parte y evidencia las tensiones generadas por el capitalismo neoliberal.

En el giro progresista de la socialdemocracia y el fortalecimiento político de otras opciones situadas más a la izquierda existen causas y razones similares: aumento de las desigualdades y la pobreza, deformación de la distribución de la renta nacional en detrimento de los salarios, pérdida de poder de negociación de los sindicatos, rápido crecimiento de las emisiones de CO2 e incapacidad o desinterés por reducirlas, extensión de los falsos autónomos y de trabajadores autónomos sin ningún tipo de protección social, retroceso del gasto público social, debilidad de la inversión pública modernizadora, inacción de los Estados y las instituciones comunitarias en la gestión de los cambios productivos, tecnológicos y energéticos o en defensa de los bienes públicos y de los equilibrios ecológicos básicos que son necesarios para sostener nuestro planeta y la propia vida… Tendencias que provocan millones de perdedores desplazados a los márgenes de la sociedad, debilitan la convivencia, fragmentan y convierten en ineficaz el mercado único en Europa o aumentan las divergencias productivas y de rentas entre los socios de la UE y entre los territorios y sectores sociales de cada Estado miembro. Y que, por ser tan negativas, terminan por ser inaceptables en democracia y generan rechazos, malestar y energías que intentan y acabarán consiguiendo cambiar las prioridades y las políticas predominantes desde hace décadas porque no se pueden perpetuar cuando son tan evidentes y destacados sus negativos impactos. El avance del euroescepticismo y de las críticas y resistencias de la ciudadanía al capitalismo neoliberal, tanto a la izquierda como a la derecha del escenario político, son claros indicadores de la crisis en la que seguimos inmersos y de la necesidad de grandes transformaciones que permitan para superarla.

También forman parte de esas tensiones, sobre la misma base de indignación o resignación de la ciudadanía pero desde el otro lado del espectro político, el avance de las derechas populistas y neosoberanistas que representan Trump o Johnson y el cuestionamiento que realizan del orden mundial neoliberal o globalista, del que critican un afán uniformador cosmopolita poco o nada respetuoso con las identidades nacionales y al que denuncian como un peligroso enemigo de sus maneras de entender y reivindicar la soberanía nacional y, sobre todo, como un instrumento de los grandes grupos empresariales transnacionales para imponer sus intereses a la mayoría de las naciones.

Todos los temas mencionados antes y algunos más han formado parte, con mayor o menor fortuna y atención, de las ponencias desarrolladas en el III Congreso de la Fundación 1º de Mayo “Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores” y de las intervenciones que se han sucedido en este Espacio Público que ha acogido las valiosas reflexiones que han permitido esclarecer y profundizar un debate necesario. Forman parte de las preocupaciones de CCOO y del resto de sindicatos de clase porque revelan al mismo tiempo la incapacidad del modelo capitalista neoliberal para responder a las preocupaciones de la sociedad y la existencia de un tiempo nuevo, propicio para que las instituciones públicas nacionales y supranacionales impulsen y gestionen cambios de política económica, legislativos, tecnológicos y sociales en un sentido que suponga la mejora de la situación de las clases trabajadoras y la mayoría social, además de un reparto más equitativo que hasta ahora de los costes y beneficios que supondrán dichos cambios.

Que este proceso de gestión de las transformaciones en curso no va a ser sencillo lo indica claramente el desastre electoral sufrido por el Partido Laborista en las recientes elecciones generales del Reino Unido celebradas el 12 de diciembre. No basta con presentar un programa nítido de izquierdas, claramente diferenciado del de las derechas conservadoras o liberales, para recolectar en forma de votos el descontento de la mayoría social. No es posible superar en una campaña electoral años y décadas de retroceso y pérdida de legitimidad del Estado de Bienestar, el diálogo social y la acción de las instituciones públicas en defensa de la igualdad de oportunidades y de los sectores más desprotegidos y marginados o de la necesidad de impulsar una inversión pública capaz de gestionar los cambios productivos y educativos en beneficio de la mayoría social; menos aun cuando esa pérdida de legitimidad fue interiorizada por los laboristas británicos durante los liderazgos de Blair y Brown y la acción política institucional y los desarrollos teóricos asociados a su tercera vía entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. No se puede revertir en una campaña electoral o con un programa de izquierdas una derrota, la pérdida de legitimidad del Estado de bienestar y de la cultura, los valores y las fuerzas que lo hicieron posible, que se fraguó durante décadas. Sobre todo si la agenda política está centrada desde hace varios años en una cuestión identitaria que ha simplificado el debate, polarizado a la ciudadanía y dificultado la búsqueda de un acuerdo político que pudiera recabar un apoyo más amplio que el que se puede construir en torno a un referéndum que sólo admite una respuesta binaria: Brexit sí o no.

El giro a la izquierda de la socialdemocracia, pese a su trascendencia política y las justificadas esperanzas que suscita, no es suficiente para acometer y gestionar las grandes transformaciones en curso y hacerlas compatibles con las necesidades de bienestar, seguridad y futuro de la mayoría social. Tampoco, para construir una alternativa a las derechas populistas, conservadoras o de extrema derecha, embarcadas en un inquietante objetivo de deconstrucción parcial del modelo capitalista neoliberal que pretende reafirmar sus rasgos más antisociales, insolidarios, xenófobos y competitivos al tiempo que intenta reafirmar identidades y soberanías nacionales formales, mientras deja todas las puertas abiertas a las imposiciones de las grandes potencias sobre la mayoría de los Estados nación.

Tampoco una amplia cooperación política, como la que en España intentan fraguar el PSOE y UP para sostener un Gobierno progresista, que suscita con razón tan amplios apoyos y simpatías es suficiente para impulsar el cambio. Hace falta completar y complementar esa cooperación política con el fortalecimiento del papel de los sindicatos de clase y una mayor presencia de un denso entramado de organizaciones y movimientos sociales enraizados en una ciudadanía viva, activa y consciente de la importancia de la acción colectiva en defensa de los intereses y necesidades que comparte la mayoría social. En este terreno de la organización y movilización social es obligado resaltar, por su decisivo impacto sobre las rentas y las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social trabajadora, la importancia de ensanchar, mediante cambios legislativos adecuados y ejemplos prácticos que se puedan replicar y extender, los marcos del diálogo social entre sindicatos y organizaciones empresariales que es esencial para afianzar la negociación colectiva y revertir las pasadas reformas del mercado laboral que la traban o dificultan. Este es el momento. Ahora es posible construir una nueva voluntad política progresista y rehacer un nuevo contrato social desde la izquierda, contando con las instituciones del Estado para impulsar el cambio posible y hacerlo de una manera ordenada, al servicio de la mayoría social y contando con el concurso de la ciudadanía y las organizaciones que la conforman, defienden y representan.

Una reflexión, un debate y una acción necesarios.

Hay ganas de debatir sobre la sociedad en la que convivimos y trabajamos y sus conexiones con la situación europea y mundial, su mal estado, las no demasiado buenas perspectivas de evolución y las formas en las que repensamos la acción sindical y sociopolítica para abrir nuevas posibilidades a la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social. Dicho de otra forma, existe una clara conciencia de la necesidad de actuar y un profundo interés por contribuir a rehacer el contrato social que la crisis económica y las políticas reaccionarias aplicadas para superarla han hecho estallar.

Los debates, ponencias e intervenciones en este Espacio Público y en el III Congreso sobre la democracia económica que organizó la Fundación 1º de Mayo han puesto en evidencia la necesidad y la importancia de llevar a cabo esa reflexión y repensar la acción sindical y sociopolítica para construir un nuevo acuerdo social que ponga la economía al servicio de la mayoría social, refuerce y amplíe los ámbitos de diálogo social y la negociación colectiva y coloque a las instituciones públicas ante su responsabilidad de llevar a cabo las reformas necesarias para que el complejo proceso de transformación en marcha del modelo capitalista y el orden mundial neoliberales se desarrolle de manera ordenada, pacífica y democrática.

Queremos terminar agradeciendo a la Fundación 1º de Mayo el haber planteado y organizado este debate y a todas las personas e instituciones que han intervenido o colaborado en su realización o difusión y lo han hecho posible. Tanto durante el Congreso realizado los pasados días 14 y 15 de noviembre de 2019, que contó con una veintena de ponentes, alrededor de dos centenares de asistentes y el respaldo y la difusión brindados por Espacio Público, Le Monde Diplomatique en español, Madrid Sindical, Público y CTXT, como a través de los artículos y el debate que durante dos meses ha discurrido en este Espacio Público y en el que ha habido más de cuarenta intervenciones.

Muchas gracias a todas las personas y entidades que han hecho posible este espacio público de reflexión, análisis y encuentro que valoramos como muy provechoso y que necesitará de continuidad para alentar propuestas y reformas que puedan ser llevadas a cabo por un Gobierno progresista. Y muchos ánimos para el camino que tenemos por delante, en el que será imprescindible aunar de nuevo esfuerzos de reflexión y acción para impulsar y apoyar el cambio posible.

Ponencia inicial

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores, conectar la democracia con la economía

  • Gabriel Flores

    Economista

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

Este debate se enmarca en la actividad desarrollada por la Fundación 1 de mayo de CCOO, el III Congreso ‘Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores’. Más información en: http://www.1mayo.ccoo.es/noticia:393539–Repensar_la_economia_con_los_trabajadores

Vivimos tiempos difíciles para la democracia en todo el mundo. No es algo nuevo, ya se han vivido antes, varias veces a lo largo del siglo XX –que no olvidemos es el siglo de la democracia en la larga Historia de la Humanidad- y siempre, hasta ahora, la democracia ha salido fortalecida frente a sus enemigos, las castas privilegiadas, las élites económicas, los latifundistas de capital. ¿Será también así en el siglo XXI? ¿Es el momento de que la democracia entre en territorios, como el de la economía y la empresa, que le estaban vedados? Creemos que sí. Cuando las fuerzas progresistas se han situado en posiciones meramente resistencialistas, el resultado ha sido el retroceso de los derechos sociales y laborales y, como consecuencia, una creciente desigualdad, como ha ocurrido en las últimas décadas.

¿De qué hablamos cuando señalamos que la democracia económica permitirá ampliar y fortalecer sistemas democráticos capaces de proteger la convivencia y el bienestar de la ciudadanía? Este amplio terreno de juego, el de la lucha por consolidar derechos y ampliar la democracia, es el que acota el nuevo debate que acoge Espacio Público en colaboración con la Fundación 1º de Mayo de CCOO.

La Gran Recesión iniciada en 2008 y las políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial impuestas por las instituciones europeas a partir de 2010, siguiendo las recetas neoliberales, han generado como reacción que gran parte de la ciudadanía haya retomado la consciencia de la importancia de contar con libertades, derechos e instituciones que nos permitan defendernos de los depredadores mercados financieros. Aunque, a la vez, también hay que reconocer que algunos sectores sociales han perdido la confianza en las bondades de un sistema democrático que cada vez les ofrece menor protección.

La recurrente explosión de burbujas financieras, fruto de una paulatina pero constante desregulación de los mercados de capitales, ha fragilizado la protección de las relaciones laborales y el derecho del trabajo, acelerando su mercantilización y el ritmo de sustitución de empleos decentes con salarios dignos por trabajos precarios de baja remuneración. La consecuencia de esos procesos, además del paulatino deterioro del Estado de Bienestar, ha sido el aumento de los riesgos de pobreza y exclusión social de una parte importante de la población, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, lo que ha incrementado su desafección hacia los partidos políticos y las instituciones representativas.

Para estos sectores de la sociedad, las distopías han ganado espacio a las utopías cercanas, de forma que la democracia se ha estrechado y ha dejado de ser apreciada, al reducirse drásticamente las alternativas políticas que apuestan por la recuperación, en un futuro previsible, de los empleos, salarios, derechos y bienestar que se han perdido en los últimos años. Muy pocos partidos con posibilidades reales de alcanzar posiciones institucionales tienen la voluntad de gobernar de otra manera para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores poniendo coto a los privilegios de las élites económicas.

Es evidente que las generaciones más jóvenes son las que han sufrido en mayor medida la precariedad laboral y las que tienen un futuro con mayores incertidumbres. Jóvenes que no se sienten interpelados por la experiencia histórica que supuso la era de las tiranías europeas, o la dictadura franquista en España, ni disponen, en muchos casos, de una memoria histórica que les ayude a comprender la ineficacia, inmoralidad e injusticia que suponen los regímenes autoritarios.

En la mayoría de los países capitalistas desarrollados cuyas instituciones democráticas no son capaces de ofrecer suficientes empleos y salarios decentes, se está generando una robusta tendencia hacía una menor identificación de la ciudadanía con los valores democráticos. Los datos de la “Encuesta Mundial de Valores” atestiguan dicha tendencia.

La democracia es una construcción frágil y reciente en términos históricos, una conquista reversible que en los últimos años está sufriendo en Europa y en todo el mundo una campaña de descrédito organizada por poderosos enemigos. Ya no buscan su demolición, su objetivo es más inteligente, es erosionarla hasta reducirla a un cascarón de ceremonias formales que les permitan seguir protegiendo sus egoístas y elitistas intereses.

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores implica proteger lo social frente a unos mercados que reparten de forma tan desigual, como injusta, rentas y riqueza. Supone considerar que el destino de la inversión pública, y de una parte sustancial de la inversión privada, tiene que decidirse teniendo en cuenta los intereses de la mayoría de la población. Esto es, que el poder democrático de la sociedad debe prevalecer sobre el poder económico de las elites en beneficio de la mayoría social, las clases trabajadoras y el planeta que nos acoge. Ello implica movilizar todas las energías existentes y la financiación pública y privada necesarias para apostar por alcanzar el pleno empleo con trabajos y salarios decentes para todas las personas que deseen trabajar, como sucedió en Europa Occidental y EEUU durante los treinta años dorados, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la desigualdad social se redujo de forma importante.

Las elites económicas, el capital financiero y los grandes conglomerados empresariales globales actúan en sentido contrario, concentrando cada vez más poder, riqueza y rentas y utilizándolos para impedir que la sociedad les imponga límites, elimine sus posiciones de monopolio y oligopolio y regule la actividad económica en beneficio de la mayoría social y del planeta, cuya preservación es la condición previa a cualquier tipo de economía y vida. O democratizamos la economía o nos privatizan la política.

¿Cuándo hablamos de democracia económica de qué estamos hablando?

Al referirnos a la democracia económica evocamos dos amplios espacios de intervención que están interrelacionados: el primero se refiere a la participación en la dirección y el control de la gestión de las empresas de las trabajadoras y trabajadores, de los sindicatos que les representan y de las organizaciones sociales vinculadas a su actividad; el segundo, a la participación de los sindicatos representativos y del resto de agentes sociales en la definición y gestión de la política económica, en la identificación de las mejores herramientas disponibles para lograr los objetivos propuestos y en el control y evaluación de sus resultados.

Introducir la dimensión democrática en la gestión de la economía y de la empresa, resituando el papel de las clases trabajadoras en el control de los procesos económicos, más allá del alcance y la práctica de una negociación colectiva que debe ser reforzada, obedece a dos lógicas plenamente interrelacionadas: una colectiva, la de una sociedad interesada en construir sistemas económicos y políticos de pleno empleo, más justos y equitativos; otra individual, la de incrementar la cantidad y calidad de la libertad individual, permitiendo que el desarrollo de la autonomía y libre elección de los individuos sea compatible con los intereses compartidos, la solidaridad y la cohesión social o la preservación del clima y la biodiversidad, que son un patrimonio común de la humanidad.

Impulsar el avance de la democracia económica, también en el ámbito de la igualdad de género, ofrece un horizonte de nuevos derechos, de reformas, a las fuerzas progresistas que permite recuperar la hegemonía cultural, incorporando a la agenda política propuestas de modernización y cambio estructural del sistema económico y de la empresa.

Democratizar las empresas no se reduce a ampliar el ámbito del cooperativismo o la economía social y solidaria, debe extenderse también a las empresas privadas y, en particular, a los grandes grupos empresariales. Esta tarea democratizadora de la economía y la empresa, lejos de desviar la atención sobre la imprescindible democratización de los Estados nación y la propia globalización, la complementan. Difícilmente se puede aspirar a democratizar lo que está más lejano, lo macro, si no somos capaces de abrir caminos para democratizar la actividad empresarial, lo micro, en la que estamos directamente involucrados o forma parte de nuestra vida cotidiana.

La democratización de la economía no se reduce tampoco a incrementar el papel o el peso del capital público y las empresas de participación o propiedad pública, incluida la banca, debe extender su acción a las empresas privadas y, a través de un sistema fiscal más progresivo, a la mayor contribución de las rentas del capital y los grandes patrimonios privados a la modernización económica y el bienestar social.

Disponemos de múltiples experiencias locales, nacionales e internacionales de impulso de la democracia económica. Buenas prácticas de las que aprender y aplicar para que la gestión de las empresas y la economía acaben impregnadas de los mismos valores, normas y prácticas de carácter democrático que rigen en el resto de ámbitos e instituciones de la sociedad. Se trata de identificar esas experiencias, promover su conocimiento y recabar el apoyo social que requiere la experimentación de nuevas formas de democracia en la economía.

Son los consejos de administración de las empresas los que tiene que aprender del funcionamiento de las instituciones democráticas de la sociedad, ya que gracias a ellas hemos construido las sociedades más productivas, igualitarias, incluyentes y libres de la Historia de la Humanidad.

¿Es necesario un Gobierno progresista para abrir el campo de aplicación de la democracia a la economía?

Se ha planteado en Espacio Público este debate sobre la democracia en la empresa y la economía en momentos electorales y políticos especialmente complejos y crispados a los que acompaña una creciente incertidumbre sobre el futuro económico mundial que ya se ha concretado en una desaceleración del crecimiento de la actividad económica y el comercio mundial.

No obstante, el debate sobre la democracia económica rebasa con mucho el cortoplacismo de una campaña electoral en la que los partidos políticos tratan de diferenciarse. No sería apropiado para la reflexión sobre la democracia económica que este debate quedara atrapado en una maraña de argumentos, justificaciones y simplismos de carácter electoral. Pero es ineludible afirmar la conveniencia de un resultado electoral que facilite el próximo 10 de noviembre la formación de un Gobierno progresista abierto a la consideración de las reformas legales, institucionales o estructurales que convienen al avance de la democracia en las empresas y en la economía.

Por eso, es tan importante la voluntad y la experiencia del acuerdo programático y la cooperación de las fuerzas progresistas y de izquierdas portuguesas en la última legislatura (2015-2019) que analiza Francisco Louça en la ponencia que abre este debate en Espacio Público. Una cooperación no exenta de diferencias y disputas que, junto a las innegables mejoras que ha supuesto para el pueblo portugués, nos permite entender algunos de los límites e insuficiencias de la acción gubernamental como único vector de la transformación social. Siendo imprescindible, la acción de un Gobierno progresista no es suficiente para impulsar con éxito el proceso de democratización de la economía y la empresa, ya que este éste tiene que estar acompañado de un largo y complejo desarrollo de la organización y movilización política, sindical, social y cultural.

Entendemos la modernización de una sociedad como su capacidad de actuar de forma conjunta, a través de mecanismos democráticos, en una dirección y, una vez obtenidos los resultados esperados, reorientar su acción hacia otros objetivos.

Por ello, creemos que la democracia económica, en todos los rasgos que la constituyen y que son el objeto de reflexión y análisis de este debate que se ha abierto en Espacio Público, forma parte del núcleo del ilusionante proyecto de modernización del país que las fuerzas progresistas deben ofrecer a la sociedad para renovar estructuras y especializaciones productivas, reforzar la convivencia y ampliar los derechos, libertades y bienestar del conjunto de la ciudadanía.

Después de las elecciones de octubre y del fin de la “geringonça”

  • Francisco Louça

    Político y economista

Hay en Portugal un viejo dicho popular, muy viejo, que dice “de España, ni buen viento, ni buen casamiento”. Las lectoras y lectores de estas notas que viven en España captarán, así lo espero, la existencia de alguna prevención inscrita en la historia y en las percepciones populares de la única nacionalidad ibérica que no ha estado sometida al poder de Madrid a lo largo de la historia del último milenio. Y también lo que este dicho manifiesta. Literalmente, quiere decir que los vientos venidos de España (del este) son raros, pero perjudiciales para la agricultura. Asimismo, recuerda que las bodas entre las casas reales de los dos Estados se tradujeron en problemas dinásticos, diplomáticos y militares. Cuestiones que, de hecho, condujeron al único periodo en el que Portugal estuvo integrado en el reino de Castilla, entre 1580 y 1640. De ahí el “ni buen viento, ni buen casamiento”.

Claro que sobre esto los contemporáneos no tendrán nada más que una divertida curiosidad. Pero el consejo puede ser interpretado de forma moderna, sugiriendo que cada historia tiene su tiempo y su modo, lo cual sirve a ambos lados de la frontera. Y, si me permiten un consejo, tal vez sea mejor que en el debate político español tampoco se imponga alguna simplificación sobre el “ejemplo” o “modelo portugués”, tal y como lo usa de forma interesada en su estrategia el presidente en funciones Pedro Sánchez.

Sería conveniente que en España no se fíen demasiado de los vientos portugueses y tal vez menos aún de las bodas fortuitas que puedan atravesar la frontera. El riesgo de lecturas instrumentales de los acontecimientos específicos de cada país o de estrategias políticas diversas es demasiado grande, sobre todo en tiempos de emociones fuertes y conflictos duros como los que se han vivido o pueden volver a darse en las Cortes en las votaciones sobre el futuro gobierno. Lean por eso estas notas como una simple información o interpretación acerca de lo que han sido estos cuatro años, de las diferencias entre Portugal y España, y también sobre la evolución política tras las recientes elecciones parlamentarias.

Dos países diferentes, dos historias distintas

Comienzo por lo que es obvio para quien lee estas líneas. Hay varias diferencias que imponen modos de realización de la política y de expresión electoral o de las opiniones públicas que son distintas entre Portugal y España. Creo que son, sobre todo, tres.

Primero, Portugal vivió una transición postdictadura marcada por una crisis revolucionaria (de abril de 1974 a noviembre de 1975). La consecuencia más importante, para lo que nos interesa aquí, fue la forma de reconfiguración del sistema político: el principal partido de la derecha en Portugal –el Partido Popular Democrático/Partido Social Demócrata (PSD)– nace de un ala disidente del partido de la dictadura, que estaba en conflicto abierto con el gobierno sobre cuestiones democráticas, y separada de él, a todos los efectos, cuando se llega a 1974. Así, cuando cae la dictadura, la burguesía se reorganizó en torno a este nuevo partido y a otra fuerza reaccionaria, pero con mucho menor peso, el Partido del Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS). El aparato político de la dictadura fue destruido en gran parte. Esto permitió imponer una Constitución que reconocía amplios derechos populares, leyes electorales democráticas y otras reglas. En España, por el contrario, el PP constituye una prolongación tardíamente adaptada del aparato franquista. Como consecuencia de todo esto, el sistema partidario portugués es más abierto. Y, tal vez por eso, el Bloco de Esquerda (BE) fue el primer partido europeo de convergencia de la nueva izquierda, nació en 1999 por razones políticas más que por la fuerza de los movimientos sociales. En España fue necesario, sin embargo, un poderoso movimiento social, años después, para dar origen a Podemos. Así, fue entonces cuestionada en España la alternancia entre la derecha y el centro socialdemócrata. Y fue de repente, mientras que en Portugal este bipartidismo ha sido lentamente desgastado desde la emergencia del Bloco hace veinte años. Hay que señalar, además, que el movimiento social ha sido y es más fuerte en España que en Portugal, con un protagonismo de las luchas sociales (el movimiento feminista o por la vivienda, por ejemplo) que no son comparables con las de mi país.

Segundo, Portugal es un país homogéneo, mientras que España es un mapa de nacionalidades. Eso determina en España múltiples formas de expresión política, bajo la forma de varios partidos y de gobiernos autonómicos o regionales. Éstas, además, formatean al mismo tiempo la amenazadora rigidez del poder central –y hasta el papel de la monarquía y de las Fuerzas Armadas– y una maleabilidad de negociación, que los gobiernos del PSOE y los del PP aprovecharon, con el PNV o con CiU y otras fuerzas. O sea, España tiene un poder central más violento y, en muchas ocasiones, sustentado en negociaciones regionales.

Cómo se acordó la “geringonça”

La tercera particularidad de Portugal es que fuimos más castigados por el programa de austeridad y por la humillación de la presencia gobernante de la troika durante los años del ‘ajuste’, de 2011 a 2014. En España se aplicó la misma orientación –de hecho, está genéticamente inscrita en las reglas del euro–, pero en un contexto de mayor margen de maniobra y preservando el halo de la autoridad política nacional. España es una economía mayor, más desarrollada e integrada, y tiene más poder político en la UE. Para quien lea estas líneas en España, le recordaría que el primer ministro de derechas en Portugal llegó a afirmar después de la firma del Memorándum de la troika en 2011, explícita y valientemente, que su objetivo era “empobrecer Portugal” y que era necesario tomar “medidas más allá del programa de la troika” para demostrar la conformidad nacional con la austeridad y el poder de los acreedores.

Ya se darán cuenta de a dónde quiero llegar con estas tres anotaciones. Si la población portuguesa tenía en 2015 la sensación y la experiencia de un programa de austeridad económicamente destructor, que se asociaba el gobierno de las derechas (PSD-CDS), y se esperaba una solución política, esta solo podía depender de los partidos de izquierda –Bloco y Partido Comunista de Portugal (PCP)– y del de centro –Partido Socialista (PS)–, como resultado de las elecciones parlamentarias de octubre de 2015. Dado que estas condiciones hacían inviable la alternancia tradicional entre la derecha y el centro, que había estado vigente hasta entonces, el “modelo portugués” de acuerdo sobre puntos concretos programáticos para permitir el gobierno de António Costa se impuso entonces por la voluntad aplastantemente mayoritaria de las bases de estos tres partidos.

Ese modelo fue preparado por una osada iniciativa de Catarina Martins, la coordinadora del Bloco, en su debate televisivo, durante la campaña de 2015, con el secretario general del PS, a quien desafió a aceptar condiciones elementales para abrir la puerta a un acuerdo. Eran condiciones básicas: no continuar congelando el valor de las pensiones, renunciar a leyes que facilitaran el despido y no reducir las contribuciones patronales a la seguridad social. O sea, anular tres medidas que entonces constaban en el programa del PS. Por resumir una larga historia, el mismo domingo del recuento electoral ya comenzaron reuniones informales entre los dos partidos para coordinar estas condiciones y otras, como el aumento del salario mínimo, manuales escolares gratuitos o bonos de transporte público a precios bajos, por ejemplo.

En ese proceso, estos partidos no tenían en frente ni una derecha unificada, ni difíciles cuestiones de orden constitucional (como las nacionalidades en España), ni alternativas de acuerdos políticos con otros partidos. En base a los resultados electorales, el PS en 2015 solo tenía dos opciones: o dejaba la derecha (con el 38%) gobernar o, con su 32%, se entendía con los partidos de izquierda (el Bloco, 10%, y el PCP, 8%)[1].  Escogió la “solución portuguesa”.

El modelo portugués

Hubo así un entendimiento, registrado en acuerdos por escrito. No voy a resumirlos, están publicados y fácilmente disponibles. Su peculiaridad más importante era incluir, por un lado, una lista de medidas a cumplir: parar las privatizaciones y revertir las que ya se habían hecho en el sistema de transportes públicos; incrementar en un 20% el salario mínimo; aumentar salarios y pensiones y reducir los impuestos directos sobre trabajo; mejorar la cobertura en la lucha contra la pobreza. Y por otro, dejar a cada partido libertad de posición sobre el resto de temas, como cuestiones europeas y financieras, por ejemplo.

Ni el PS lo propuso ni los partidos de izquierda plantearon su participación en el gobierno. Sé que a partir de aquí tengo que escribir con todo el cuidado del mundo, pues no quiero que ninguna lectora o lector interprete mi testimonio como una sugerencia sobre lo que debería suceder en España. En el nivel de acción política en que me sitúo, y se sitúa quien toma decisiones y participa en el debate público que se quiere determinante, es preciso conocer y vivir los detalles, tener el corazón experimentado y un conocimiento profundo de cada contexto para comprender las dinámicas y las relaciones de fuerzas. Y yo no pretendo ni proponer ni ser leído como alguien que insinúa algún tipo de conclusión para las elecciones políticas españolas. Lo que escribo se refiere únicamente a Portugal: no quisimos entonces formar parte del gobierno y sabíamos, de hecho, que, dada la historia de una convergencia inédita, ese camino era impracticable.

Para ambas partes, la solución encontrada fue la más conveniente. Para el PS, ciertamente, pues podía presentar en la Unión Europea a su gobierno como una continuidad de sus compromisos políticos esenciales. Era solo parcialmente verdad, dado que el PS podía asegurar que cumpliría los objetivos macroeconómicos de reducción del déficit, pero algunas de las medidas más importantes que la UE continuaba intentando concretar quedaron bloqueadas por el acuerdo con la izquierda, como las nuevas leyes para facilitar los despidos o la reducción de los costes de seguridad social a cargo de las empresas. En el momento en que el nuevo gobierno fue amenazado con sanciones europeas –paradójicamente, porque las cuentas del anterior gobierno se habían desviado un 0,3% del PIB en relación con el objetivo de déficit–, esa relación positiva del PS con Bruselas fue utilizada para argumentar en contra de un nuevo enfrentamiento a la griega. Pero era también ventajoso para los partidos de izquierda, que mantuvieron su independencia y pudieron oponerse al gobierno en cuestiones fundamentales, ganando en algunos casos, como cuando el ejecutivo intentó alterar las condiciones de financiación de la seguridad social, y perdiendo en otros, como la financiación de la banca comercial tras una crisis o las modificaciones de la ley laboral para aumentar el periodo de prueba en un empleo.

Pienso que todos hicieron la elección correcta. La izquierda y el PS no tenían un nivel de entendimiento programático y de experiencia de trabajo en común que permitiera una cooperación gubernamental. De hecho, si esta hubiera ocurrido, el gobierno se habría deshecho en pocas semanas: el ejecutivo tomó posesión en noviembre de 2015, e inmediatamente, en diciembre, presionado por la Comisión Europea, vendió un pequeño banco, el BANIF, al Santander, gastando en la operación tres mil millones de euros, lo que la izquierda no aceptó. Si en ese momento hubiera habido ministros de los partidos de izquierda, éstos habrían salido del gobierno y el acuerdo no habría durado un mes. La presencia en el ejecutivo exige una relación de fuerzas determinante, además de capacidad social de movilización inmediata, preparación técnica y una estrategia política coherente. Pero no puede ser un juego de corto plazo, tiene que ser una disputa consistente por la hegemonía social.

Los resultados de la “solución portuguesa”

No me detendré mucho sobre los resultados de la “solución portuguesa”, que son suficientemente conocidos. Ésta se benefició de tres condiciones favorables: petróleo barato, intereses bajos debido a las inyecciones de liquidez del programa de quantitative easing (compra de títulos de deuda pública y privada) del BCE y, además, un cierto aumento de la expansión de la demanda europea en la tímida recuperación que hemos vivido. Esta evolución permitió, por primera vez en los veinte años del euro, una convergencia real con la media europea, una balanza comercial positiva y la reducción de los gastos en la balanza de rentas, gracias a emisiones de deuda de corto y medio plazo con intereses negativos. En consecuencia, la tasa oficial de desempleo se redujo a la mitad (6%); y la subida de los ingresos fiscales y de la seguridad social, la reducción de los gastos del desempleo, más un inadecuado ajuste de la inversión pública permitieron un déficit cercano al 0% en 2019. Todas las valoraciones coinciden en considerar estos resultados como positivos: para las reglas presupuestarias ortodoxas, es un caso notable; para trabajadores y pensionistas, fue un alivio importante; para la presión de los intereses de la deuda soberana, es un éxito, al menos a corto plazo; para la gestión macroeconómica, tiene el beneficio de una expansión, aunque sea limitada.

La audacia de los partidos de izquierda, ante el carácter tan restrictivo de los acuerdos escritos, permitió ir más lejos de estos. En cada presupuesto anual, fueron aprobadas otras medidas que no estaban inicialmente previstas. Ese proceso de presión y negociación fue esencial para extender algunos derechos y para crear nuevas soluciones. Fue así como se definió una tarifa social de la energía a precios bajos para una décima parte de la población nacional; se creó un programa especial para garantizar contratos de trabajo estables a decenas de miles de trabajadores precarios en la Función Pública; hubo aumentos anuales extraordinarios para las pensiones más bajas, se redujo el precio de las matrículas en la universidad pública o se crearon bonos mensuales de transporte público en las grandes ciudades a precios más reducidos (30 euros).

En otras cuestiones, se agravaron los conflictos entre la izquierda y el gobierno. En particular, en la recuperación de la antigüedad laboral congelada de los profesores, en los salarios de los funcionarios públicos o en la gestión público-privada de los hospitales públicos. En algunos casos, estos conflictos y las soluciones alternativas fueron cuidadosamente preparadas para que la izquierda obtuviera resultados. El mejor ejemplo es el de la Ley de Bases de la Salud. Un antiguo coordinador del Bloco de Esquerda, que desempeñó esa función tras mi último mandato, João Semedo[2], elaboró con un fundador del Partido Socialista y su presidente honorario, António Arnaut[3], una ley para reorganizar la estructura y las políticas de salud. Publicaron su propuesta en un libro que obtuvo un notable impacto, orientando el debate en el país. Ese trabajo de confluencia marcó la política portuguesa. El gobierno inicialmente apoyó la propuesta –el primer ministro y varios miembros del gobierno participaron en su presentación–, después decidió presentar una alternativa y le encargó la tarea a una exministra que representaba a la derecha del PS. Después, abandonó esa propuesta y buscó un acuerdo con la izquierda. Luego, presionado por los grupos financieros con intereses en este ámbito, buscó un acuerdo con el principal partido de la derecha. Finalmente, fracasadas todas estas maniobras, acabó por aceptar un acuerdo de última hora con los partidos de izquierda. El resultado es una ley progresista y la existencia de un debate fuerte sobre la experiencia de la gestión privada de los hospitales públicos –hay aun tres hospitales con ese modelo, pero el proyecto era que llegaran a ser diez–. Para el Bloco de Esquerda, este proceso es una demostración política interesante, ya que nunca había sucedido en la política portuguesa. En primer lugar, el que se diese una propuesta común de dirigentes históricos del PS y del Bloco. Y en segundo lugar, el que el Bloco condujese un debate intenso que condicionó al gobierno; mantuviese siempre su coherencia; consiguiese resistir a la presión de las grandes finanzas; y, ante el fracaso del gobierno, impulsase las reglas para un acuerdo que alcanzó la mayoría del parlamento. Toda la política es disputa.

Nunca simplifiquemos lo que es complicado: este era un gobierno minoritario de un partido de centro, el PS; no era un gobierno de izquierdas; tenía una base parlamentaria mayoritaria con acuerdos y compromisos importantes para la población y que fueran cumplidos; respondía a una exigencia inmediata de viraje político y fue, por eso, un camino para responder a la austeridad.

Las tensiones entre el PS y la izquierda

Este proceso ha estado marcado por tensiones y acuerdos y por la aprobación mayoritaria de presupuestos anuales, que consagraban estos difíciles equilibrios. Pero el mapa político de la “solución portuguesa” evolucionó y se complicó, como no podía dejar de suceder.

En esos cuatro años, a pesar de que los dos partidos de izquierdas hayan estado muy alineados en cuestiones presupuestarias, fiscales, económicas y laborales –divergen en cuestiones sociales, el PCP se opone a las propuestas del Bloco a favor de la paridad entre hombres y mujeres o de la legalización de la muerte asistida– y hayan conseguido en conjunto importantes concesiones del gobierno, el PS ha definido respuestas diferentes a los desafíos propuestos por los dos partidos de izquierdas. La estrategia del primer ministro socialista se ha basado en una distinción entre los dos partidos: favorecer al PCP (cuyo electorado se considera muy estanco en relación al del PS) y ser agresivo con el Bloco (que aparecía como un partido con más posibilidades de establecer puentes y diálogo con los electores del PS). Esta decisión política se volvió más agresiva durante la campaña electoral de 2019, en la que el principal enfrentamiento del PS no fue con sus opositores de derechas, sino contra el Bloco, presentado como un obstáculo para alcanzar la mayoría absoluta, lo que podría acarrear una situación de “ingobernabilidad”. El primer ministro usó insistentemente el ejemplo del caso español, argumentando que si el “Podemos portugués” obtuviera un respaldo electoral elevado, se podría dar un impasse en la formación del Gobierno, como en las Cortes españolas.  El Bloco respondió con una campaña firme en contra de la mayoría absoluta y defendió un programa concreto de medidas sociales y económicas para los próximos cuatro años que incluía el aumento del salario mínimo, la recuperación de derechos laborales, medidas para incrementar la oferta de viviendas sociales, propuestas para desarrollar el servicio nacional de salud y de respuesta a la emergencia climática, la nacionalización de empresas de energía y correos y el control público de la banca.

En todo caso, esa política ofensiva del PS durante este periodo ha perjudicado al PCP y favorecido al Bloco: en las elecciones presidenciales de 2016, la candidata del Bloco obtuvo el triple de votos que el candidato del PCP; y en las europeas –en las que en 2014 el PCP consiguió tres escaños y el Bloco solo uno– de 2019 el Bloco volvió a rebasar al PCP, como ya había sucedido en las legislativas de 2015. En las últimas elecciones parlamentarias del pasado 6 de octubre, el PS subió hasta el 37%, pero quedó lejos de su objetivo de mayoría absoluta, el PCP bajó al 6%, perdiendo 5 diputados y obteniendo el peor resultado de su historia, y el Bloque, mantuvo su presencia parlamentaria, con 19 diputados y cerca del 10% de los votos.

¿Por qué no hay una nueva “geringonça”?

La noche que se cerraron las urnas, el 6 de octubre, António Costa, el primer ministro, se felicitó por los resultados y reafirmó que mantendría su compromiso previo, sugiriendo una Geringonça 2.0. En ese sentido presionaba una buena parte de sus electores, además de los del PCP y el Bloco e, incluso, otros sectores de izquierdas (fue elegida también una diputada de un pequeño partido de izquierdas, Livre, y cuatro más de un partido ecologista y animalista, el PAN). Por eso, el PS, que está en minoría en el parlamento, se sintió obligado a negociar con todos esos partidos para la aprobación de un nuevo acuerdo.

Sin embargo, después de estas elecciones se producen dos diferencias esenciales respecto al contexto de 2015. La primera y más importante es que, esta vez, el PS es el partido más votado y no el segundo. Tiene, por tanto, una legitimidad formal diferente y un margen de maniobra mayor, dada la crisis de los dos partidos de la derecha, que cosecharon los peores resultados en varias décadas. La segunda diferencia es que el PCP, en parte presionado por su mal resultado electoral (fue superado por el Bloco incluso en los bastiones históricos de implantación comunista), rehusó alcanzar un acuerdo escrito para la nueva legislatura y anunció su disposición a llevar a cabo negociaciones puntuales sobre leyes y presupuestos, sin ningún tipo de compromiso sobre objetivos a cuatro años. Por el contrario, el Bloco propuso un acuerdo por escrito sobre un plan de inversión pública durante la legislatura, que incluía un programa de vivienda a bajo coste (cien mil casas con alquileres medios de 300 euros), un plan de emergencia para contratar médicos y enfermeras para el Servicio Nacional de Salud, la nacionalización de Correos, la recuperación de derechos laborales recortados por la troika, el aumento de los salarios y medidas para la reducción del tráfico de automóviles o para responder a la emergencia climática.

En respuesta, el PS, que inicialmente aceptó el principio de un acuerdo escrito y negociaciones diferenciadas con los diversos partidos, decidió retractarse cuatro días después de las elecciones, dando por cerradas las conversaciones sobre un acuerdo de legislatura. Significativamente, anunció su rechazo a las propuestas del Bloco a la salida de un encuentro con la principal asociación patronal, que había insistido en la continuidad de las normas laborales de la troika.

La idea de una Geringonça 2.0 duró, de este modo, menos de una semana y fue rechazada por el PS. Habrá, por tanto, un gobierno minoritario que buscará acuerdos puntuales con la izquierda y la derecha, beneficiándose de la crisis de los partidos de la derecha y esperando que las restricciones provocadas por la desaceleración de la economía europea y por los riesgos de la inestabilidad financiera no generen nuevas perturbaciones. Se trata, por consiguiente, de un deslizamiento del gobierno hacia el centro y la derecha en un contexto de mayor tensión con el Bloque de Izquierda y con los movimientos populares y sindicales.

Aún es pronto, en todo caso, para anticipar cuál será la percepción y la respuesta popular a este nuevo contexto. Dependerá en gran medida de movimientos dinámicos como la huelga climática o la huelga feminista, de las nuevas expresiones de la lucha sindical, así como de la relación de fuerzas que resulte de la evolución económica y de las presiones de las instituciones europeas.

Conclusión

Como siempre, nadie tiene la última palabra. Para la izquierda portuguesa, habrá victorias y derrotas y nunca hay victorias fáciles. Es la vida. La política es un ajedrez con muchas variables y muchas de ellas dependen de fuerzas que no controlamos ni anticipamos. Pero cuanto mejor conocemos a nuestra gente y a nuestros adversarios, mejor preparados estamos para responder a las responsabilidades inmensas de los tiempos presentes: garantizar seguridad a quien teme por el empleo y por el salario, disputar la sostenibilidad de la seguridad y de la protección social frente a las finanzas, impedir la uberización y precarización del trabajo, rechazar el individualismo extremo que afirma el programa neoliberal en la vida cotidiana, construir una cultura de movimiento colectivo, intensificar el aprendizaje democrático contra el autoritarismo. Y, si una cosa aprendí con la experiencia de la izquierda en España y sus nacionalidades, fue que es preciso vivir y mostrar una política inclusiva, alegre, movilizadora y sin rencor. Somos gente normal luchando por los nuestros, codo con codo entre todas. Esa es la fuerza de la izquierda.

Notas

*Este texto es una adaptación del artículo publicado en Ctxt en agosto de 2019, actualizado después de las elecciones parlamentarias del 6 de octubre de 2019. 

  1. Al contrario de la convergencia en la izquierda española en una lista unificada entre Podemos e IU, Unidas Podemos, en Portugal los dos partidos, Bloco y PCP, han mantenidos identidades muy distanciadas y poca cooperación entre sí. La propuesta del Bloco de que las reuniones de trabajo de la mayoría parlamentaria incluyeran a los tres partidos fue siempre rechazada por el PCP, que prefirió negociar por separado con el PS y se negaba a cualquier reunión que incluyera el Bloco, dando por lo tanto al PS un espacio más amplio de negociación paralela con los dos partidos de izquierdas.
  2. João Semedo fue miembro del Comité Central del PCP. Tras abandonar el partido en 1991, volvió a su actividad profesional como médico y fue director de un hospital en Oporto. Más tarde se unió al Bloco y fue su coordinador entre 2012 y 2014. Murió en 2018.
  3. António Arnaut fue fundador del PS. Como miembro del gobierno en 1979, fue el ministro responsable de la creación del Servicio Nacional de Salud. Siempre ha sido considerado y venerado como el “padre del Servicio de Salud”. Tanto Semedo como Arnaut fallecieron algunos meses antes de la conclusión del debate legislativo iniciado por la ley que propusieron.

moderado por:

  • Ariel Jerez

    Profesor de Ciencia Política (UCM) y Consejero estatal coordinador del Area Consejo del Mundo Rural, la sostenibilidad y la Soberanía Alimentaria de Podemos.

  • Paloma Bravo

    Graduada en Ciencias Politicas (UCM), activista social y estudiantil

  • Fernando Fernández Such

  • Juantxo López de Uralde

    Activista ecologista, coportavoz de Equo y diputado en el Congreso del Grupo Confederal de Unidos Podemos

No recordábamos una temporada de sequía como la que estamos atravesando, que es probable que el año entrante traiga recortes también al consumo doméstico en muchas localidades. La sequía es una realidad que nos amenaza con carácter cíclico, pero en el actual contexto de cambio climático se ve agravada por la inevitable reducción de reservas de agua ante una mayor evaporación (hasta el 20% en épocas estivales) y un crecimiento de pozos ilegales y regadíos insostenibles, sin duda evitables. Nuestro mundo rural está siendo muy afectado por el cambio climático, que refuerza tendencias de por si negativas observadas en las últimas décadas, pero es vital insistir que la desestructuración de mundo rural tiene un impacto negativo para el conjunto de la sociedad. El fracaso de nuestro modelo rural nos afecta a todos, en pueblos y ciudades.

De alguna manera la realidad actual pone también de manifiesto el agotamiento del modelo de  producción agropecuaria que se apoya en el paradigma del desarrollismo agroindustrial. La actividad agrícola y ganadera abandonó el equilibrio que tradicionalmente le vinculó al entorno natural,  que hoy se acerca más a un modelo fabril de producción de alimentos, con un manejo de los recursos naturales como simples factores de producción, que en un contexto de cambio ambiental está sobreexplotando nuestros campos y acuíferos, y contribuye al vaciado el mundo rural.

Es urgente repensar nuestro mundo rural, el modelo económico organizado desde las ciudades y su realidad territorial. Necesitamos esta reflexión sobre toda una serie de problemas, errores y fracasos ya evidentes, todavía no solventados, muchas veces ni siquiera asumidos ni abordados. En este contexto de crisis social y de proyecto de país, no se puede perder de vista que determinadas iniciativas de política retrógrada que aprovechan las tensiones del proceso independentista, para afirmar una identidad rural conservadora ligada a valores pretendidamente  tradicionales, que se sienten amenazados por sectores ecologistas urbanos a los que falazmente denuncian por poner en peligro no solo sus costumbres, sino también sus fuentes de trabajo y supervivencia.

Según muchos analistas, el sentimiento de abandono del mundo rural trabajado por la derecha reaccionaria, explica el aumento del voto a la ultraderecha en países como Alemania y Estados Unidos, y fenómenos como el Brexit. Nos encontramos en la situación paradójica que buena parte de las élites presentes hace décadas en las decisiones adoptadas en las instituciones rurales locales y regionales, hoy no tienen empacho en denunciar la situación como un problema de identidad, con la intención sin duda para ocultar el problema de fondo: el modelo de agro español es altamente concentrador, hace muy ricos a muy pocos, en un territorio escaso como el peninsular tiene altos costes cada vez más insostenibles para la mayoría rural, al tiempo que contribuye a despoblar regiones enteras.

Ante esta situación necesitamos reforzar los puentes entre pueblos y ciudades, abrir nexos entre los tejidos asociativos urbanos y rurales, para pensar un nuevo modelo que garantice los derechos constitucionales de todos los vecinos, sean rurales o urbanos, en todas las comarcas de todos los territorios autonómicos de España. Ante la desertificación que amenaza al 80% de nuestro territorio, solo tendremos futuro como país si somos capaces de hacer emerger una nueva corriente de opinión sostenible, capaz de repensar nuestro modelo de desarrollo, recuperando el pulso en nuestros pueblos y sensibilizando en nuestras ciudades sobre los principios de mitigación y adaptación al cambio climático, en un marco alternativo de una nueva cultura de la sostenibilidad.

El medio rural abarca el 80% del territorio español, pero en él solo vive el 20% de la población, y esa cifra cada vez es menor. No hay nada más insostenible para el futuro del mundo rural que la despoblación. Una realidad que afecta casi un tercio de nuestras comarcas, y con especial incidencia en los pueblos de menos de 5000 habitantes. El libro de Sergio del Molino ha dado nombre a amplias zonas de la España interior: la España vacía, y también ha avivado el debate sobre el potencial de recuperación de muchos de nuestros pueblos, un espacio que pierde población a pasos agigantados. Nos formulamos muchas preguntas ¿Es posible recuperar nuestros pueblos? ¿Cuál debe ser la fórmula para hacerlo?

Estas mismas preguntas se las hicieron antes quienes impulsaron la ley de Desarrollo Sostenible del medio rural. Una ley que pretendió precisamente poner ideas y recursos en marcha, pero que se quedó enterrada en los cajones de un Gobierno cuyo compromiso con el auténtico desarrollo rural no existe. Precisamente desde Unidos Podemos en el Congreso, llevamos dos años trabajando para desempolvarla como primer paso para avanzar hacia la recuperación del medio rural.

El desarrollo rural no ha interesado en España. Basta ver cómo las líneas de ferrocarril que unían nuestras comarcas y vertebraban el territorio se han ido desmantelando, faltas de cualquier presupuesto. La política de transportes ha apostado desde 1992 por las grandes líneas de alta velocidad que unen grandes núcleos urbanos, pero que los pueblos sólo ven pasar, como pasan los meses y los años sin que nadie pase por allí. Es inexplicable que todavía hoy la mayor parte del territorio español no tenga un acceso decente a Internet, herramienta imprescindible para cualquier emprendimiento empresarial. El abandono acarrea también una precarización de los servicios públicos, y todo ello profundiza la sensación de abandono que hoy es dominante en nuestros pueblos.

En lo referido al sistema agropecuario, el Estado lleva décadas impulsando un sistema agroindustrial que promueve las grandes explotaciones y que no solo desincentiva las explotaciones familiares pequeñas y medianas, sino que las desprecia por considerarlas ineficientes, inviables y alejadas del modelo agroexportador que promueve. Esa política continúa amparándose en una PAC que necesita de una revisión profunda de sus postulados, en el horizonte de negociación de la futura reforma partir de 2020. Por hacernos una idea del tipo de agricultura que impulsa la PAC (más allá de la retórica que la rodea) basta decir que el 18,71% de los perceptores cobra el 76,52% de las ayudas.  España se está convirtiendo en el país con mayor número de cabezas de porcino por hectárea y con las mayores explotaciones de engorde de porcino, por el simple hecho de que la gran cantidad de residuos que se generan hacen indeseables esas explotaciones en otros países. Es decir, somos receptores de las actividades ganaderas indeseadas, mientras la ganadería extensiva mucho más sostenible sufre de un progresivo abandono por la falta de ayudas y apoyos reales a su mantenimiento. El modelo de macrogranjas se ha extendido del porcino al aviar, y del aviar al ovino de leche, vacuno de carne y al vacuno de leche. Hoy todo el sector lechero en crisis desde que se produjo el desmantelamiento de las cuotas en el 2012, se resiste y trata de sensibilizar a la opinión pública ciudadana contra la Macrogranja de 20.000 vacas que se pretende instalar en el pequeño pueblo de Noviercas en la Soria abandonada. Mientras el Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León, tan solo responden con la cínica pregunta “¿mientras que cumpla la normativa que problema hay?”

Parece que el modelo actual impulsa en España un espacio rural vacío, en el que la industria extractiva pueda moverse a sus anchas.  Así, las exiguas poblaciones de algunas comarcas tratan de movilizarse contra grandes proyectos mineros. Este es el caso de la oposición a la mina de uranio de la empresa Berkeley en el Campo Charro salmantino, o las movilizaciones en Ávila contra las minas de feldespato.

Son muchos los proyectos “neocoloniales” de este tipo, que dejarán escasa riqueza local salvo el pelotazo de algún oportunista y dejarán detrás enormes costes ambientales para sufrir y pagar entre todos. La regulación ineficiente y falta de atención pública de los medios de comunicación sobre territorios poco visibles han permitido excesos empresariales con iniciativas de explotación altamente lesivos para nuestros recursos naturales y ecosistemas que antes o después, tendrán que transitar hacia modelos más sostenibles. Solo una voluntad firme de la autoridad pública puede enfrentar la adecuada innovación normativa para luchar contra el fraude, reforzando con recursos la capacidad de inspección y sanción de una Fiscalía Ambiental que necesita mayor autonomía, y planificar nuevas iniciativas de desarrollo local en los territorios afectados por las diversas reconversiones de actividad para garantizar una transición socialmente justa a la sostenibilidad.

Precisamente, en el cuidado y conservación de la riqueza natural y de nuestro patrimonio en biodiversidad para las generaciones venideras tenemos una ventana de oportunidad para revitalizar nuestro mundo rural. Una biodiversidad puede y debe servir como uno de los motores de desarrollo sostenible del mundo rural, ya que el 27% del territorio se encuentra bajo la figura de protección de la red Natura 2000. Pero es necesario entender que esa riqueza natural es la consecuencia de años de interrelación de los habitantes con su medio, y que por tanto solo será posible mantener si revitalizamos el factor humano. El empleo verde y la fiscalidad rural especial, tienen que orientar una política pública de repoblación con mucha mayor coordinación entre los planes de las administraciones europea, estatal, autonómica y local.

En este contexto el debate de la gobernanza de este mundo rural se vuelve esencial. El caciquismo ha sido el mal político y social endémico, extendido todavía en el mundo rural de nuestro país en pleno siglo XX. Mientras 3.200 municipios de España están amenazados por su desaparición y mientras que en 100 zonas rurales, más del 40% de la población supera los 65 años, los gobiernos tanto autonómicos como estatales, solo se esfuerzan en apuntalar las diputaciones como respuesta administrativa, sin avanzar propuestas que pongan el énfasis en el desarrollo local endógeno y participativo de base comarcal.

Estamos convencidos que un mundo rural vivo y sostenible en España es posible. Pero este proyecto nos exige pensar en dos objetivos fundamentales: cómo reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático del que puede considerarse el sector económico más afectado, el agropecuario; y entender la despoblación no solo como problema demográfico, sino de primer orden político democrático, donde mantener el horizonte de igualdad de derechos constitucionales en todo nuestro país, reclama revisar una institucionalidad a todas luces fallida, que debe lograr avanzar en mayores cuotas de  coordinación interadministrativa de base comarcal. La noción de “vigilancia ciudadana del territorio” es un factor clave de protección ante excesos empresariales y la corrupción, de fiscalización de la gestión de nuestros recursos naturales, bienes comunes que estamos obligados a pensar como patrimonio público del conjunto del país.

Un proyecto de país justo, socialmente equilibrado, y ecológicamente viable exige una ciudadanía crítica, activa y movilizada. Por eso, con la participación de decenas de entidades, en el marco del Foro Social del Clima que tuvo lugar en el congreso el 14 y 15 de diciembre de 2017, se plantearon algunas propuestas políticas concretas para seguir trabajando:

  • Lucha activa contra la despoblación rural

Sin gente no es posible el impulso que necesita el mundo rural, por ello la lucha contra la despoblación es clave. Para ello es imprescindible garantizar servicios sociales de calidad, como educación y sanidad; la adopción de medidas fiscales que favorezcan la repoblación rural, mejora de comunicaciones y garantizar servicios como el acceso universal a Internet.

  • Impulso al desarrollo sostenible del medio rural

Es necesario dar un impulso político a la Ley de Desarrollo sostenible del mundo rural, y garantizar la adecuada financiación de las políticas que promovemos.

  • Desarrollo de las Comarcas como espacios de gobernanza de futuro

La comarca da respuesta a la gobernanza ligada a un entorno cultural, ecológico, económico y social en el cual las vinculaciones de sus habitantes con el territorio son reales y permite construir el desarrollo sostenible rural por el que abogamos.

  • Plan de acción contra el cambio climático

Además de las acciones de mitigación y reducción de emisiones, es imprescindible abordar un Plan de Adaptación del medio rural a los impactos del cambio climático. El sector primario es el más afectado por los cambios del clima. Las afecciones pueden ir desde los cambos en las épocas de cultivo, a la disponibilidad de agua.

  • Apoyo a la protección de la biodiversidad

Consideramos que la biodiversidad es uno de nuestros más importantes recursos, y que puede ser motor de empleo. Para ello es imprescindible que se aborde la activación de la Red Natura 2000, elaborando Planes de Ordenación en todas las reservas, que permitan el impulso de actividades de conservación y divulgación.

  • Política agroalimentaria al servicio de un nuevo modelo de producción social y sostenible.

Hay que cambiar el paradigma de producción agrícola, fomentando un nuevo modelo que prime y apoye las pequeñas explotaciones frente al modelo actual que se basa en fomentar a las macroexplotaciones en detrimento de lo pequeño y sostenible.

  • Una nueva Política Pesquera Común

Que prime la pesca artesanal, que genera más y mejor empleo, promoviendo el consumo de pescado de cercanía. Impulso a las reservas marinas para fortalecer las pesquerías. Garantizar la sostenibiidad de os caladores.

  • Una nueva política de aguas

El cambio climático esta reduciendo la disponibilidad de agua y esto no puede corregirse con grandes infraestructuras, sino con nuevas políticas que promuevan el ahorro y la eficiencia, apoyada en el adecuado cambio tecnológico y una nueva cultura de la sostenibilidad impulsada desde la sociedad civil, que deben velar por un bien común tan vital como este.

  • Introducir criterios de género que favorezcan el papel de la mujer en el desarrollo rural.

Debe promoverse el papel de la mujer en el mundo rural desde una perspectiva igualitaria en este nuevo modelo, tanto facilitando la diversificación en la actividad agropecuaria como buscando impulsar su protagonismo en la política participativa comunitaria en una política local renovada, factor clave de un nuevo modelo de desarrollo.

  • Favorecer y promover la ganadería extensiva y los sistemas tradicionales de pastoreo.

Ya que son los que al mismo tiempo garantizan una producción sostenible, el mantenimiento de los ecosistemas naturales y mayor generación de empleo. Pero son necesarias ayudas que permitan un aumento sustancial de la calidad de vida de las personas que trabajan en el sector, para hacerlo más atractivo.

  • No a los acuerdos globales de libre comercio (TTIP y CETA)

Porque impulsan el modelo agroindustrial más destructivo del medio ambiente, del empelo y de las políticas sociales. A veces la destrucción del medio rural se decide muy lejos

  • Proteger la biodiversidad cultivada y las variedades de semillas y razas autóctonas.

Especies y variedades autóctonas que son especialmente valiosas por si mismos. Pero en el momento actual  de cambio ambiental suponen una riqueza enorme para hacer frente a las alteraciones que puedan producirse .

  • Prohibir la liberación en el medio ambiente de OMGs

España es el único país de la UE en el que se cultivan comercialmente OGMs. Por Principio de precaución y en tanto en cuanto no este demostrada su inocuidad, estos productos no deberían ser liberados en el medio ambiente.

Juantxo López de Uralde. Activista ecologista, coportavoz de Equo y diputado en el Congreso del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Ariel Jerez. Profesor de Ciencia Política (UCM) y Consejero estatal coordinador del Area Consejo del Mundo Rural, la sostenibilidad y la Soberanía Alimentaria de Podemos.

moderado por:

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

  • Nalonso

    Profesora en la URJC y miembro de EconoNuestra

Conclusión del debate

«La austeridad es una falacia». Así comenzaba la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de EconoNuestra, Nuria Alonso, un debate organizado por Espacio Público, EconoNuestra y Economistas Frente a la Crisis para analizar y explicar las consecuencias de las políticas de recorte en Europa y sus alternativas.

En el coloquio moderado por el economista Iván Ayala han intervenido además Nacho Álvarez (secretario de Economía de Podemos), Manuel de la Rocha Vázquez (secretario de Economía del PSOE) y Bruno Estrada (miembro de Economistas Frente a la Crisis y adjunto al secretario general de CCOO).

Nuria Alonso se ha referido a la idea del despilfarro del capitalismo que explica la aplicación de esta política de recortes que ha asolado Europa. «La austeridad ha cuajado en la calle, por eso hemos votado lo que hemos votado», ha añadido la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos.

Manuel de la Rocha Vázquez ha abogado por el concepto erróneo de austeridad que los neoliberales «utilizaron para atacar el Estado de Bienestar». Además, el secretario de Economía del PSOE cree que los defensores de esta ideología han utilizado esta idea para avanzar en los recortes y subir los impuestos.

El secretario de Economía de Podemos ha hecho alusión al «robo» de este término por parte de los mandatarios europeos al movimiento ecologista, quienes planteaban una austeridad «sensata, con unos recortes necesarios para hacer frente al consumismo exacerbado».

En cuanto a los efectos, Alonso sostiene que el problema de todo esto es que, con la excusa de vivir por encima de nuestras posibilidades, las autoridades europeas han aprovechado para recortar en los gastos sociales y, al mismo tiempo, ceder ese dinero al sector privado. «La prestación al servicio público ha quedado totalmente mermada».

Bruno Estrada ha mencionado una cartografía de los recortes en la que se analiza la evolución del gasto público de las administraciones públicas entre 2009 y 2014. Este informe, elaborado por CCOO, estimó que se habían recortado 77.000 millones de euros. 
Asimismo, el miembro de Economistas Frente a la Crisis considera que «este ajuste salarial ha aumentado las desigualdades entre los españoles».

Estrada cree además que la Unión Europea no tiene los recursos suficientes para paliar este problema económico, lo cual refleja la debilidad de las instituciones europeas. «Eran otras políticas las que se tenían que haber aplicado en Europa», ha zanjado.

«Por supuesto que la austeridad ha sido un éxito. Sin duda, esta política de recortes ha sido utilizada para blindar el capital financiero controlado por un cierto sector de la derecha europea, especialmente de la alemana», ha argumentado Nuria Alonso para explicar los errores que se han cometido a la hora que aplicar estas políticas.

El secretario de Economía del PSOE ha afirmado que hay que valorar el tamaño del sector público para garantizar el Estado de Bienestar. «Hay que luchar en Europa para que se respete la unión monetaria y fiscal, que inyecte dinero público y reduzca el déficit público de forma gradual».

Brexit y austeridad

«Son muchos los gobiernos de la Unión Europea, entre ellos Cameron, que han utilizado estos ajustes para apretar las tuercas a la ciudadanía que tanto ha luchado conseguir los derechos otorgados por el Estado de Bienestar», ha dicho Nacho Álvarez, quien además sostiene que Reino Unido podía haber evitado los recortes, ya que no pertenece a la Unión Monetaria. «Cameron ha hecho recortes porque ha querido», ha aclarado.

Estrada ha hecho referencia a la práctica interesada de estas medidas por parte de los mandatarios europeos y, especialmente, de los líderes ingleses: «Cuando ocurrieron los atentados de París, de repente, Gran Bretaña se olvidó de estas austeridad para invertir en un armamento necesario que eliminara al Estado Islámico».

Álvarez cree que hay que revertir los recortes para solucionar esta situación. «No hay que gastar sin más, sino revertir los recortes que han dejado profundas cicatrices en el Estado de Bienestar».

El secretario de Economía del PSOE confía en la inversión europea de redes transeuropeas que defiendan el bienestar público y actúen contra el cambio climático. También, sostiene que los países con más margen, como Alemania, podrían hacer una inversión más proactiva para ayudar a los estados miembros. En cuanto a España, De la Rocha determina la defensa de las clases trabajadoras como un principio básico para acabar con estas políticas de ajuste.

Por último, la miembro de EconoNuestra, como reflejó en su aportación a través del debate online abierto en Espacio Público en torno a las consecuencias y soluciones de estas políticas de ajuste, ha manifestado la importancia del papel del sector público para terminar con la austeridad. «Hay que regular la actividad privada para revertir la situación porque esta iniciativa no es capaz de hacerlo. Sigo confiando en la defensa del Estado de Bienestar para hacer frente a esta crisis», ha zanjado.

Ponencia inicial

¿Hacia dónde nos conduce la austeridad?

¿Hacia dónde nos conduce la austeridad?

En 2014, el profesor de la Universidad de Brown, Mark Blyth, editó un libro cuyo título llevaba incorporada su tesis: Austeridad. Historia de una idea peligrosa (editorial Crítica). Por él fue galardonado con el premio Hans Matthöfer a la mejor publicación económica del año en lengua alemana, que concedía la Fundación Ebert, muy cercana al Partido Socialdemócrata (SPD). Blith fue a Berlín a recoger el premio. Pero antes contó en un artículo lo que había pensado al enterarse de que se lo habían concedido: que a pesar de la impresión que se tenía en EEUU y en otras partes, en Alemania «había un movimiento que rehuía el planteamiento de que la austeridad es la única manera de resolver la crisis de la eurozona, al menos entre los socialdemócratas» y que lo más trágico de esta crisis era que «el centro-izquierda de toda Europa no sólo ha aceptado, sino que en muchos casos ha apoyado activamente unas políticas que no han hecho más que perjudicar a su supuesto núcleo de votantes.

El discurso con el que Blith recibió el premio se tituló, no menos expresivamente que el libro, Alegato contra la austeridad. Acabar con el paraíso del acreedor, en el que resaltaba la ironía de ser distinguido con un galardón «en un país que parece, al menos en el nivel de las élites, moralmente insensible al mensaje del libro que se premia hoy». Lo terminó como lo había empezado, con un mensaje a los socialdemócratas: «… lo importante es que recuperen su voz, no sólo su memoria histórica. Su porcentaje de votos no cae porque hagan lo que está haciendo la CDU [la democracia cristina germana]. Cae porque si todo lo que hacen es eso, ¿por qué debería votarles alguien? Espero que la lectura de mi libro le recuerde al SPD una cosa: que la razón de su existencia es hacer algo más que simplemente permitir un paraíso para el acreedor en Europa». Alguien había dicho que, en relación con las políticas de austeridad, los conservadores y los socialdemócratas europeos se han parecido a Twwedledum y Tweedledee, los gemelos de Alicia a través del espejo.

Sin embargo, no hace mucho tiempo la idea de la austeridad había sido una visión lúcidamente progresista. Hace tan sólo unas décadas la austeridad parecía uno de los instrumentos centrales para impugnar desde la raíz un modelo de crecimiento basado en el derroche y en el desaprovechamiento de los recursos naturales, una herramienta para sentar las bases de la sustitución del consumismo más exacerbado y para luchar contra el cambio climático, considerado poco a poco el problema más grave de la humanidad. ¿En qué momento esta idea fuerza de una austeridad progresista se transformó en algo tan diferente como ha sido la política económica dominante aplicada en Europa -especialmente en Europa del Sur- durante la Gran Recesión? ¿Qué tiene que ver la una con la otra?

Unos meses antes del estallido de la primera crisis del petróleo, en la década de los setenta del siglo pasado, el Club de Roma, una organización no gubernamental fundada en 1968, encargó al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) un informe que se tituló Los límites del crecimiento. En él se mantenía que si el incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantenían sin variación, la Tierra alcanzaría los límites absolutos de crecimiento todo lo más en un siglo. Se argumentaba que en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial [población y producto per cápita] no eran sostenibles, por lo que se exigían políticas de austeridad. Veinte años después, en 1992, se actualizó de aquel informe bajo el título de Más allá de los límites del crecimiento, y en 2004 se publicó una versión integral de los dos textos anteriores, titulada Los límites del crecimiento: 30 años después.

El testigo del Club de Roma a favor de una austeridad transformadora y redistributiva lo recogió en la izquierda el partido intelectualmente más imaginativo que ha existido en el pasado inmediato: el Partido Comunista italiano (PCI), liderado por ese personaje fascinante llamado Enrico Berlinguer. En un opúsculo titulado Austeridad (editorial Materiales), Berlinguer contestaba a cuestiones como por qué antes de la crisis del petróleo la izquierda no hablaba de la austeridad como posible estrategia superadora del capitalismo, y desde mitad de los años setenta sí; o por qué la política de austeridad transformadora era algo radicalmente distinto de una política de rentas y de una política de estabilización económica pese a que presentasen apariencias comunes. No dejaba de ser sintomático que Berlinguer desarrollara las ideas de su opúsculo sobre la austeridad en dos asambleas muy distintas: ante una convención de intelectuales y ante un grupo de obreros comunistas. Intelectuales y obreros eran las dos piezas básicas del proyecto del PCI, el único partido occidental a la izquierda de la socialdemocracia que estuvo a punto de gobernar (hasta que llegó Syriza, en Grecia)

Berlinguer, uno de los creadores de los conceptos de eurocomunismo y del compromiso histórico, explicaba que la austeridad, según los contenidos y las fuerzas que la encaucen, puede utilizarse como instrumento de depresión económica, de represión política y de perpetuación y agrandamiento de las injusticias sociales, o como ocasión para la implantación de un modelo de crecimiento económico y social nuevo, para un riguroso sometimiento del Estado, para una profunda transformación social, para la defensa y expansión de la democracia. Así, una política de austeridad transformadora no sería una política de nivelación a la baja hacia la pobreza o la indigencia, ni ha de proponerse como objetivos la mera supervivencia de un sistema que había entrado en crisis. Por el contrario, había de tener como finalidad la justicia, la eficacia y una moralidad nueva, conceptos u´tiles pero demasiado genéricos para la actualidad.

Esta es la interpretación del concepto de austeridad arrebatado a la izquierda. Concebida como lo hizo Berlinguer, aunque una política de austeridad implique (necesariamente, por su propia naturaleza) determinadas renuncias y sacrificios concretos, adquiría al tiempo un significado renovador y devenía en un acto de libertad para los sometidos a viejas subordinaciones y a intolerables marginaciones, creaba solidaridades y «al ir acaparando un consenso creciente, [se convertía] en un amplio movimiento democrático al servicio de una tarea de transformación social».

Berlinguer planteaba hace casi 40 años (1977) un dilema muy actual: o nos abandonamos al curso actual de los acontecimientos dejándonos caer peldaño a peldaño por la escalera de la decadencia, de la barbarización de la vida y, más temprano que tarde, de una involución política, o por el contrario se afronta la versión redistributiva de la austeridad. Ello implicaría restricciones de ciertos bienes a los que nos hemos acostumbrado, renunciar a ciertas ventajas adquiridas aunque nunca en el terreno de la protección social. «Estamos convencidos de que no es absoluto cierto que la sustitución de determinadas costumbres actuales por otras más austeras y no derrochadoras, vayan a conducir a un empeoramiento de la calidad y de la humanidad de la vida. Una sociedad más austera puede ser una sociedad más justa, menos desigualdad, realmente libre, más democrática, más humana». En definitiva, se adelantaba a nuestros tiempos con una versión de la austeridad muy distinta a la austeridad autoria de nuestros días.

La mejor definición técnica de austeridad la de Blyth en su libro: es una forma de deflación voluntaria por la cual la economía entra en un proceso de ajuste basado en la reducción de los salarios, el descenso de los precios y un menor gasto público, todo enfocado a una meta: la de lograr la recuperación de los índices de competitividad, algo cuya mejor y más pronta consecución exige (supuestamente) el recorte de los Presupuestos del Estado y la disminución de la deuda y el déficit. Adoptar este paquete de medidas generaría de modo teórico una mayor confianza empresarial, dado que el gobierno habría dejado tanto de copar el mercado inversor, al absorber todo el capital disponible mediante la emisión de la deuda, como de incrementar la deuda nacional, ya excesivamente grandes de por sí.

Frente a la visión de la austeridad progresista se ha expandido durante la Gran Recesión, sobre todo en la Unión Europea, otra modalidad de austeridad que en el lenguaje académico se ha denominado «austeridad expansiva». Arranca de un trabajo de los profesores italianos de la Universidad de Harvard, Alberto Alesina y Silvia Ardagna («Tales of Fiscal Adjustment») publicado en 1998, que defiende lo siguiente: independientemente del nivel inicial que pudiera tener la deuda, todo ajuste fiscal que base sus objetivos en recortar el gasto y vaya acompañado de una moderación salarial y de un proceso de devaluación tendrá carácter expansivo. Resumiendo: los recortes de hoy provocarán el crecimiento de mañana. Los que se quedan por el camino son considerados algo así como los «daños colaterales» de la austeridad expansiva.

Este texto fue actualizado en 2009, en la coyuntura más baja de la Gran Recesión («Large Changes in Fiscal Policy). Los autores toman nueve ejemplos de otras tantas contracciones expansivas, para concluir que los ajustes fiscales de éxito se fundamentan por entero en la introducción de un conjunto de recortes en el gasto, acompañados de una reducción tributaria. Ambos artículos conforman el corpus teórico inicial de esta tipología de austeridad, y han sido objeto de disecciones, añadidos, comprobaciones y refutaciones en el mundo académico y de los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, ha sido la propia realidad (lo sucedido en los países de Europa del Sur) la que ha desacreditado y debilitado las tesis de Alesina y Ardagna, cooptadas durante todo este tiempo por Alemania y su glacis, así como por sus principales aliados, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Si se analizan las porciones de «austeridad expansiva» que se han administrado en Europa, no precisamente en dosis homeopáticas, se concluirá que ha habido menos crecimiento que antes, pero sobre todo que no se ha reducido la deuda pública, ni se ha protegido a las poblaciones en tiempos difíciles. Más pobres, más desiguales, más desempleados, más precarios, y menos protegidos: se ha manifestado un profundo y prolongado declive (con efectos estructurales), que continuará durante mucho tiempo, en sectores mayoritarios de la sociedad, más vulnerables cuanto más desfavorecidos han sido por la gestión de la crisis económica..

Un informe publicado en octubre de 2012 por los analistas de perspectivas de la economía mundial del FMI llegaba a la conclusión de que en la aplicación de esa austeridad expansiva se habían subestimado de modo generalizado los multiplicadores fiscales negativos de la eurozona, de modo que los efectos de tal política económica (las devaluaciones salariales, los recortes en el gasto público, el incremento del paro…) se ampliaron en todos los sectores de la economía, llegando en algunos casos a quedar sobrevalorados en un 150% de lo previsto.

El momento de gloria de Alesina y Ardagna llegó a su fin -por ahora- en el punto en el que el nada sospechoso FMI recordó que si se aplican a las economías reales y a la vida de las personas tales dosis de esta modalidad de austeridad será «una idea peligrosa» (*) Serían risibles, si la austeridad expansiva no hubiera tenido consecuencias tan dolorosas, las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, de que «nos hemos pasado cuatro pueblos» aplicando esa política).. El profesor de la Universidad de Brown, como antes Steve Keen (**) La parte más asombrosa del extraordinario libro La economía desenmascarada (editorial Capitán Swing) del profesor australiano Steve Keen -premio Revere Award de la Real World Economics Review por haber sido el economista que con más contundencia advirtió de la crisis- quizá sea aquella en la que su autor describe la penetración de la ortodoxia neoclásica en la docencia -libros de texto, profesorado, cátedras,…-, servicios de estudio, programas de investigación, organismos multilaterales, etcétera. Cuando analiza la falta de autocrítica de las ideas expuestas, con resultados tan nocivos, Keen subraya: «Llegué a la conclusión de que la razón por la que manifestaban estas conductas tan poco intelectuales, tan ideológicas y en apariencia tan destructivas desde el punto de vista social, no tenía que ver con patologías personales superficiales sino que era de naturaleza más profunda. Lo que ocurría es que la forma en que habían sido formados les había inculcado las pautas de comportamiento de los fanáticos, más que de intelectuales desapasionados». Pero este es otro debate. y otros, se duele de la ausencia de autocrítica y de la falta de responsabilidades ante errores tan graves como el de los multiplicadores fiscales sobrevalorados, que tantos sacrificios superfluos han generado: «No obstante, y a pesar de que el FMI haya perdido la fe en la austeridad, esto no significa que sus defensores no estén tratando de encontrar nuevos ejemplos de su (presunto) funcionamiento positivo. Hay demasiadas reputaciones en juego, y demasiado es también el capital político invertido, como para permitir que unos simples e inoportunos hechos vengan a interponerse en el camino de esta ideología».

Este es parte del estado de la cuestión sobre la austeridad.

moderado por:

  • Alejandro López de Miguel

    Periodista de Público

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

Conclusión del debate

En el debate sobre el Tratado Trasatlántico de Libre Comercio (TTIP) hemos tenido el honor de contar con verdaderas firmas de prestigio durante los dos largos meses en que ha estado abierto el foro de “Espacio Público” para discutir este asunto. Un lujo. Estamos convencidos que toda aquella persona interesada en entender qué es exactamente el TTIP, por qué se trata de un tema tan controvertido y cuál es la envergadura de los asuntos que están en juego obtendrá cumplida respuesta si recurre a la lectura de las intervenciones que hemos ofrecido en nuestra web durante las últimas semanas y que ahora quedan aquí para quien en cualquier momento tenga interés en consultarlas.

Gracias a la moderación de Lourdes Lucía y Alejandro López de Miguel, hemos conseguido contar con el abanico más amplio de firmas posible. Desde Susan George, autora de la ponencia, a Cecilia Malmström, Comisaria Europea de Comercio y cuya postura está en las antípodas de la que defiende la ponente, presidenta de honor de Attac y presidenta en la actualidad del Transnational Institute de Ámsterdam.

Entre los europarlamentarios que representan a España en Bruselas han intervenido en nuestro debate sobre el TTIP Lola Sánchez (Podemos); Jordi Sebastià (Compromís-Primavera Europea); Marina Albiol (Izquierda Unida); Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE); Santiago Fisas (PP) y Maite Pagazaurtundúa (UPyD). Cecile Olivet y Hilde van der Pas han escrito en nombre del Transnational Institute y Liliane Spendeler como directora de Amigos de la Tierra. También hemos contado con la aportación de instituciones como Business Europe o Corporate Europe Observatory (el Observatorio de los lobbies en Bruselas). También han realizado aportaciones representantes políticos y sindicales de todos los colores, lo que ha permitido que el debate haya sido muy vivo y, a nuestro juicio, sumamente clarificador.

Fue muy interesante el “Cara a cara” que, como colofón a todo lo que se estaba exponiendo en el Foro, mantuvieron el 22 de octubre de 2015 en el plató de “Espacio Público” moderado por Juan Tortosa, la eurodiputada Marina Albiol, de Izquierda Unida, y el diputado del Partido Popular José López Garrido. También el debate presencial moderado por Lourdes Lucía en el que, una semana después intervinieron, con el aforo completo, Juan Fernando López Aguilar (PSOE); Lola Sánchez (Podemos); Cuca Hernández (Attac); Antonio Espinosa (Ciudadanos); Sol Sánchez (Unidad Popular) y Luis Rico (Ecologistas en Acción)

Parte de las intervenciones que han tenido lugar en el debate en la web de “Espacio Público”, incluída la ponencia de Susan George, aparecen publicadas en el número especial que “Le Monde diplomatique” dedicó en Octubre al TTIP y a otros tratados internacionales como TISA o NAFTA.

Pensamos que por mucho que se hable del TTIP y de cuáles pueden ser sus consecuencias, siempre será poco dado el secretismo con el que, desde hace dos años, se llevan las negociaciones en Bruselas y la escasísima repercusión que esas conversaciones están teniendo en la mayor parte de los medios de comunicación. En este Foro hemos querido aportar nuestro humilde granito de arena. Un punto y seguido, porque muy probablemente, y más pronto que tarde, habremos de volver sobre ello.

Ponencia inicial

Sólo la ciudadanía puede frenar la grave amenaza del TTIP

Sólo la ciudadanía puede frenar la grave amenaza del TTIP

moderado por:

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

Conclusión del debate

La decisión de abrir en nuestra web un debate sobre Renta Mínima Garantizada surgió a raíz de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puesta en marcha por CCOO y UGT con la intención de reunir 500.000 firmas y presentarla en el Parlamento (en el que surja de las próximas elecciones, por supuesto).

La idea, que Carlos Bravo expone en la ponencia inicial, es asegurar recursos económicos básicos a todas las personas residentes legales en España, en edad laboral, que queriendo trabajar no pueden hacerlo, que hoy no tienen prestaciones de desempleo y carecen de recursos que les permitan vivir con dignidad.

Según datos del INE, recuerda Bravo, actualmente hay 2.151.000 personas que se encuentran en esta situación y viven en hogares con una renta per cápita inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, 5.837 euros anuales, por lo que podrían ser beneficiarios de esta prestación. Estas personas viven en hogares conformados por un total de 6 millones de personas, de los que cerca de 2 millones son niños.

La Prestación que proponen los sindicatos ascendería a una cuantía mínima equivalente al 80% del IPREM (426 euros/mes) y se vería incrementada para los beneficiarios con hijos y familiares a cargo. Para garantizar su universalidad la proponen como una prestación de la Seguridad Social en su ámbito no contributivo, cuya financiación debería garantizarse vía impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado. El coste sería de 11.000 millones de euros.

Nada más publicar la ponencia, el debate empezó fuerte porque Daniel Raventós, presidente de la Red Renta Básica y miembro de ATTAC, nos remitió la primera aportación, que tituló de una manera directa y nada ambigua: “La miseria de una renta mínima garantizada, ¿estamos hablando en serio? –se preguntaba.

Para Raventós, la renta mínima garantizada (RMI) es un desastre porque , aunque respecto a la situación que tenemos actualmente, algo ayudaría a algunas personas, respecto a lo que se sería necesario para paliar la terrible situación de millones de personas la RMI es menos que insuficiente. Mientras la Renta Básica (RB) permite, según el presidente de la Red que la defiende, eludir las llamadas trampas de la pobreza y del paro, para él a RMI es un subsidio condicionado. “La RB se garantiza ex-ante, la RMI, en caso de poder tener acceso a ella, ex-post” – escribe, como podrán comprobar cuando se detengan a leer su aportación completa.

¿Qué propuesta fortalece más la posición de los trabajadores al negociar su salario?

José María Herreros, del Observatorio Renta Básica de ATTAC Madrid, la defiende argumentando que la RB permite que las necesidades fundamentales, como disponer de un ingreso con el que hacer frente a los costes de la vida diaria, no dependan necesariamente de un mercado laboral que persigue objetivos diferentes y distantes de lo que es la justicia social. Además, fortalece la posición de trabajadores y los empodera a la hora de cualquier negociación, ya que permite ‘decir no’ a condiciones laborales abusivas.

Tal vez sea ésta una de las razones –“provoca” Herreros- por la que desde el mundo sindical se ha mirado siempre con recelo la RB, pensando que restaría importancia a la acción sindical cuando sería justamente lo contrario pues no solamente reforzaría los derechos laborales sino que también permitiría o facilitaría el reparto del empleo existente y pondría en valor el trabajo que existe y que el mercado ni considera ni tiene en cuenta.

En cambio Miguel Laparra, de la Universidad Pública de Navarra, cree que el debate no es entre una propuesta de renta mínima de inclusión o una renta básica universal. Según él, el éxito de la implantación de una renta mínima garantizada será un avance significativo hacia un modelo de protección social más inspirado en derechos universales como la renta básica (aunque sea por diversas vías) y que seguramente deberá construirse progresivamente.

Cive Pérez, partidario también de la Renta Básica nos recuerda que, por definición, tanto las rentas mínimas de inserción como los subsidios por desempleo están sujetos a la condición de que el perceptor no efectúe ningún tipo de trabajo remunerado. Lo que significa que si a un perceptor de la ayuda se le ofrece la oportunidad de efectuar algún pequeño trabajo se enfrenta a un tremendo dilema: si acepta el trabajo perderá el subsidio y volverá a la pobreza; si rechaza el trabajo mantendrá el subsidio, pero como su cuantía está por debajo del umbral de pobreza, seguirá sumido en ésta. No estamos hablando, por supuesto, de un empleo bien remunerado, sino de alguna actividad eventual que le permitiera complementar el magro ingreso del subsidio.

Esto conduce a una situación dramática, según Cive Pérez, porque los perceptores de una renta de este tipo, lograda tras superar arduos trámites administrativos, no pueden permitirse el lujo de perder esa ayuda por una eventualidad pasajera. Por ejemplo, aceptar un empleo de tiempo parcial o completo cuyo salario neto, aproximándose al nivel del beneficio neto, suponga para el interesado la pérdida de la totalidad del beneficio.

Y pone un ejemplo: si a una persona que percibe un subsidio de 55 se le ofrece un salario de 100, que una vez efectuada la retención fiscal se queda en 90, es normal que lo rechace ya que el hecho mismo de trabajar genera costos adicionales (transporte, comida fuera de casa, guarderías, etc) que anulan el diferencial de beneficio obtenido con la venta de tiempo vital.

Carlos Susias, presidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), escribe en su aportación que “desde las Administraciones Locales y el Tercer Sector de Acción Social se debería trabajar más para ampliar el conocimiento de los mecanismos de Sistema de Rentas Mínimas y de sus características entre las personas en situación de pobreza y exclusión social, ya que aún falta desarrollar una mayor conciencia de sus derechos. Un buen sistema de rentas mínimas, enmarcado en un pacto contra la pobreza que funcione, añade, puede ser la mejor carta de presentación para una Renta Básica… y así sí se puede esperar su necesaria llegada”.

Ventajas e inconvenientes

La ensayista Carolina del Olmo, por su parte, expone cuál es a su juicio la ventaja fundamental de la Renta Básica frente a otras formas –como la que proponen CCOO y UGT- de intentar garantizar un ingreso mínimo a quienes lo necesitan. Y lo explica así: al ser incondicionada, desaparecen los trámites y papeleos, en ocasiones tan complejos que, según reconoce la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, sólo un 10 por ciento de los expedientes que reciben para tramitar la Renta Mínima de Inserción (RMI) llegan completos.

La mayoría de los efectos beneficiosos de una RB para la erradicación de la pobreza y la redistribución de la renta se pueden conseguir, a juicio del sociólogo José Antonio Noguera, con mucho menos dinero de lo que parece y con reformas viables. Hay alternativa tanto a las medidas tímidas e incompletas como a la huida hacia adelante. Una renta garantizada que ponga a toda la población por encima del umbral de la pobreza monetaria es perfectamente viable y financiable, y se puede plantear de forma técnicamente más exigente que la propuesta sindical, asegura.

María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de Filosofía del Derecho, considera que la RMI y la RB no se plantean objetivos muy distintos, pero técnicamente, están en las antípodas, y esto no es baladí, escribe. La distancia entre ellos es insalvable por lo que hace a sus presupuestos antropológicos (según se niegue más o menos la sociabilidad humana), su concepción del trabajo asalariado (un espacio transformado más o menos emancipatorio), su visión de la libertad como no dominación (a lo Kant o a lo Rousseau), su mayor o menor confianza en los individuos aislados o asociados, su mayor o menor preocupación por la protección de los bienes comunes, y sus distancias calculadas del sistema capitalista/crecentista.

Contra los tópicos

El economista Lluís Torrens considera que el ochenta por ciento de la población sale ganando con la combinación de renta básica y una fiscalidad del IRPF sencilla y transparente que permite calcular los efectos individuales.
Si el fraude se redujera, el tipo medio bajaría significativamente o se podrían aplicar compensaciones ad-hoc para estas clases medias aparentemente perjudicadas que ahora están el top de la pirámide de ingresos. Hace Torrens especial hincapié en el, a su juicio, inmenso valor emancipador que tiene una renta básica: la posibilidad de que los jóvenes o las mujeres dependientes se vayan de casa cuando deseen, con una asignación de partida para emprender su proyecto vital, y sin tener que declararse pobres.
“Cualquier cabeza de familia –añade- sería feliz pagando un poco más a cambio de poder liberar a sus hijos adultos de la obligación de permanecer eternamente en el hogar materno; cualquier jubilado sería feliz de no ver a sus nietos sentados en su mesa cada día únicamente porque sus hijos no tienen recursos para ponerles la mesa en casa”.

El Impuesto Negativo sobre la Renta (INR)

José Antonio Herce, profesor de Economía en la Complutense madrileña, considera que para conseguir los efectos deseables de una RB o de una RMI sin caer en ninguno de sus efectos indeseables, es mucho más eficaz y eficiente un esquema de Impuesto Negativo sobre la Renta (INR). Los elementos de tal esquema ya existen en todos los ordenamientos de imposición personal del mundo y solo con un elemento adicional de transferencia para quien cumpla una sencilla condición dinámica de ingresos se lograría el resultado deseado. Además, el aparato administrativo necesario para su operación ya existe y no sería precisa ninguna adaptación costosa para adaptarlo a la funcionalidad requerida por un esquema de este tipo.

El INR es simplemente un esquema de impuesto sobre la renta (proporcional a tipo único, o progresivo, lo mismo da) en el que la existencia universal de un mínimo exento determina una transferencia al contribuyente exento del pago del impuesto por un importe equivalente a la diferencia entre dicho mínimo exento y sus ingresos efectivos. Así de simple. Quien esté 1 euro por debajo del mínimo exento recibe un euro (puede hacerse por tramos casi continuos) y quien esté 1 euro por encima del mínimo exento paga los impuestos que le corresponda a ese euro. Solo se pagan impuestos por el exceso de renta más allá del mínimo exento, de forma que, en su caso, no se pierde toda la transferencia si antes se estuviese debajo del mínimo. El esquema, incluso con un tipo único (que a muchos asusta, inexplicablemente) puede hacerse tan progresivo como se desee o la sociedad admita, solo con ajustar el mínimo exento.

La Renta Garantizada de Ciudadanía

Sobre este asunto habla en el debate Diosdado Toledano, representante en Catalunya de la Comisión Promotora de la ILP de Garantía Ciudadana. Razona por qué este derecho es fundamental para superar la pobreza en Catalunya y garantizar la dignidad de las personas se encuentra en una etapa decisiva para su aprobación como Ley. La propuesta de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), tras superar una larga carrera de obstáculos a lo largo de dos años y medio, desde la aceptación de esta Iniciativa Legislatura Popular (ILP) por la Mesa del Parlament a principios de 2013, acaba de entrar en la fase de ponencia, debate de enmiendas y votación.

¿En que se fundamenta la reclamación de este derecho? En el redactado del artículo 24.3 del Estatut d’Autonomía de Catalunya aprobado en 2006, que dice textualmente: “Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen”.

Sobre la aceptación social de las propuestas

Desde un punto de vista del sistema general de protección, las prestaciones a los mayores y a los trabajadores (estos cada vez menos) continúan siendo la parte fuerte del sistema. Nos lo recuerda en su aportación Guillermo Fernández Maíllo, miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA para explicar que seguimos teniendo un sistema excesivamente asimétrico. Un sistema que los jóvenes entienden claramente injusto hacia ellos. El volumen económico de nuestro sistema de prestaciones asistenciales, aún siendo cuantitativamente importante, es muy ineficaz en términos de reducción de la pobreza comparativamente con los países de nuestro entorno. Necesitamos con urgencia, reclama Maíllo, acometer el incremento de la renta por diversas vías porque estamos consolidando una fractura social que no nos imaginamos las consecuencias que tendrá en el largo plazo. En el corto no se puede permitir que las discusiones de este espacio de reflexión se anulen entre sí. Todas deben sumar, desde distintas experiencias y formas de ver la realidad. Los ciudadanos llevan mucho tiempo esperando.

En su segunda intervención, Daniel Raventós replica a quienes piensan que la RB no es la mejor alternativa para enfrentarnos de forma inmediata al contexto de emergencia social en la que nos encontramos y se pregunta: Si en situaciones de mayor bonanza económica y social no era una medida “inmediata” y tampoco lo es en una situación de emergencia social como la actual, ¿será la Renta Básica alguna vez una medida a tener en cuenta?

A quienes sostienen que la Renta Básica tiene menos aceptación social que, por ejemplo, la Renta Mínima de Inserción, Raventós les replica que “la aceptación social es algo que varía muchísimo. Hace solamente un año, ya no digamos tres, ¿había alguien que pensase que las nuevas alcaldesas de Barcelona y Madrid, mero ejemplo, tenían mucha aceptación social? Una de las buenas formas para que algo que no goza de mucha aceptación social consiga tenerla cabo de no mucho tiempo… es aportando razones.
La escritora María Pazos también interviene en el debate y afirma que necesitamos discutir a fondo los principios de la política social en democracia y cómo aplicarlos efectivamente. “A cada persona según sus necesidades y de cada persona según sus posibilidades”, un planteamiento algo distinto a darle a cada persona una cantidad y que se las arregle como pueda.
Pero estos debates no son los que estamos manteniendo –escribe Pazos-. “En cambio, continúa, nos enfrascamos en otros en los que, curiosamente, no salen a relucir esos principios en torno a los que se forjó un pacto social en la segunda mitad del siglo XX. Diferentes premisas que se confrontan sin explicitarse y convierten la conversación en un diálogo de sordas/os. Lo que es más triste, este escollo nos está haciendo perder un tiempo precioso para debatir las medidas urgentes de política social”. Y remata su intervención con este lamento: “Al final yo también he terminado hablando de la Renta Básica. ¡Qué pena!”.

Como colofón al debate en la web, Público TV emitió por streaming el jueves 25 de junio un coloquio moderado por Juan Tortosa en el que, además del ponente, Carlos Bravo, los participantes fueron Miguel Laparra, José Antonio Herce, María Eugenia Rodríguez Palop, Lluís Torrens, Guillermo Fernández Maíllo y Daniel Raventós, todos ellos autores de distintas aportaciones durant4e el tiempo que el debate se mantuvo abierto en nuestra página web.

Ponencia inicial

Completar las redes de protección social, una necesidad

Completar las redes de protección social, una necesidad

Alejar a la economía de la recesión no es lo mismo que sacar a las personas de la crisis. A pesar de los datos de crecimiento económico de los últimos trimestres, la cifra de demandantes de empleo supera con creces los 5,5 millones de personas, de ellos más de la mitad son mujeres, y el número de desempleados de larga duración se sitúa cerca de los 3 millones de personas.

De no hacer nada, la recuperación económica terminará provocando una salida de la crisis que va a dejar atrás a cientos de miles de personas, muchas de ellas trabajadoras y trabajadores cuyas edades, cualificaciones, etc., han dejado de ser interesantes para las empresas. La garantía del acceso al derecho al trabajo para todos y todas es una prioridad de los sindicatos, y por ello venimos proponiendo políticas económicas y laborales radicalmente diferentes a las impuestas hasta ahora, pero hasta que se concrete la recuperación del empleo, hasta que este empleo sea de calidad y de estabilidad económica real a las personas y, en cualquier caso, con carácter estructural, debemos garantizar protección social a quienes no la tienen.

Las reformas de la protección por desempleo, lejos de haberse adaptado al actual mercado de trabajo y de dar respuestas al elevado desempleo y subempleo estructural, han estado guiadas por el objetivo de la reducción del gasto, lo que ha derivado en una reducción de más de 25 puntos porcentuales en los índices de cobertura del desempleo. No sólo se ha precarizado el mercado laboral sino también la prestación por desempleo. Se ha restringido el número de beneficiarios y la duración y cuantía de su percepción.

El conjunto del actual sistema de protección social, siendo importante, se ha visto claramente sobrepasado por la crisis y los recortes, de modo que crecen las lagunas de desatención. El número de hogares en los que todos sus miembros carecen de cualquier tipo de renta laboral (salario, desempleo, subsidios, pensiones,…) no ha parado de crecer y ya alcanza los 771.000. El riesgo de pobreza alcanza a 1 de cada 4 personas y se concentra mayoritariamente en las personas en desempleo. Tristemente, la pobreza infantil ya no es sólo un problema de los países en vías de desarrollo.

En el siglo XXI un Estado moderno y desarrollado como el español debe cuidar de todos sus ciudadanos, ampliando y completando los sistemas de protección social. Tiene el deber de intervenir en la economía para frenar el empobrecimiento que está sufriendo a parte muy importante de nuestra sociedad. La reducción de la pobreza, y la integración social y laboral, deben ser objetivos prioritarios para los poderes públicos. Todos los ciudadanos y ciudadanas deben tener garantizada una adecuada protección social pública.

Por ello, CCOO y UGT hemos propuesto mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) la creación de una Prestación de Ingresos Mínimos que asegure unos recursos económicos básicos a todas las personas residentes legales en España, en edad laboral, que queriendo trabajar no pueden hacerlo, que hoy no tienen prestaciones de desempleo y carecen de recursos que les permitan vivir con dignidad. Según datos del INE, actualmente 2.151.000 personas se encuentran en esta situación y viven en hogares con una renta per cápita inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, 5.837 euros anuales, por lo que podrían ser beneficiarios de esta prestación. Estas personas viven en hogares conformados por un total de 6 millones de personas, de los que cerca de 2 millones son niños.

La Prestación de Ingresos Mínimos que proponemos UGT y CCOO ascendería a una cuantía mínima equivalente al 80% del IPREM (426 euros/mes) y se vería incrementada para los beneficiarios con hijos y familiares a cargo. Para garantizar su universalidad la hemos propuesto como una prestación de la Seguridad Social en su ámbito no contributivo, cuya financiación debe garantizarse vía impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Se trata de una prestación común para todo el Estado, compatible con las competencias en materia de asistencia social de las comunidades autónomas. Es una propuesta ambiciosa, sin duda, pero realizable. Con un coste mínimo en el momento actual, de extrema necesidad para millones de personas, de 11.000 millones de €, que irían a consumo inmediato en su totalidad y, con ello, ayudarían a mejorar la actividad económica y generarían, en consecuencia, ingresos adicionales al Estado que facilitarían su financiación. Su coste estructural sería, una vez fuera de la crisis, inferior, pero seguiría siendo necesario para evitar los vacíos de cobertura de nuestros sistemas de protección social. Hoy son mayores, pero existen siempre.

Esta Prestación se configura así como un pilar fundamental de una política económica y social basada en la lucha contra la pobreza, ya que garantiza el acceso a la protección social de una parte importante de la población que en la actualidad no está siendo amparada por ninguna prestación. El objetivo es el de completar nuestro actual sistema de protección social y dar respuesta a las necesidades esenciales de millones de personas castigadas por la crisis y por las erróneas políticas económicas aplicadas.

Para lograr la creación de esta Prestación de Ingresos Mínimos, CCOO y UGT junto a otros colectivos sociales, impulsamos una Iniciativa Legislativa Popular que requerirá de una importante movilización social, a la que desde aquí invitamos a todos cuantos compartan con nosotros el objetivo de garantizar una protección social pública suficiente para todas las personas y una salida social y justa de la crisis.

moderado por:

  • Manuel Garí

    Economista

  • Juan Tortosa

    Periodista

Conclusión del debate

Cuando la calefacción o el aire acondicionado se convierten en un lujo

¿Es necesario repensar la definición de pobreza energética?¿Desciende la esperanza de vida cuando se pasa demasiado frío o demasiado calor? ¿Es posible disminuir las facturas del consumo básico de energía en las familias y al mismo tiempo generar empleo? ¿Hasta cuándo va a continuar la escalada de precios de la electricidad, del gas…? ¿Es el “bono social”, tal y como está pensado, una solución?

Durante casi dos meses, Espacio Público ha mantenido en su web un debate a partir de estas preguntas que Rodrigo Moretón planteaba en su ponencia de arranque sobre la “Pobreza Energética”, un fenómeno cada vez más preocupante en nuestro país. “No debemos entender la pobreza energética como una realidad independiente del proceso de pobreza y desigualdad que se está produciendo en nuestro país”, sostiene Moretón, y en ello abunda también Cote Romero cuando apunta en su comentario que “el confort térmico es una cuestión clave que afecta a la salud de las personas (agrava enfermedades pre-existentes, por ejemplo), pero esto no impide hacer un análisis más exhaustivo de la definición de la pobreza energética: la falta de acceso a servicios de primera necesidad genera una profunda desigualdad y exclusión social”.

Guillermo Fernández Maíllo, de Cáritas y la Fundación FOESSA, expone cómo “las estrategias para la supervivencia, en el espacio de la exclusión, llegan a hacer perder la posibilidad de un proyecto vital” y por su parte Laia Ortiz, portavoz de ICV, plantea que “la mejor política para prevenir la pobreza energética sería realizar una auditoría de la deuda eléctrica, promocionar más y mejor las renovables, facilitar y promover el autoconsumo y, en definitiva, recuperar el control público y ciudadano de un sector vital para la economía que ayude a garantizar unas condiciones de vida dignas a millones de familias en este país”.

El debate presencial para cerrar el ciclo tuvo lugar el martes 28 de abril en la sede de ECOOoo. Participaronm Jorge Morales, Cote Romero, Jorge Fabra, Rosa Martínez, Rodrigo Moretón y José Vicente Barcia.

«La pobreza tiene nombre y apellidos», comenzó diciendo Barcia como moderador de la charla. “Cada vez son más los españoles que sufren pobreza energética: 4 millones de personas se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno en 2012”.

«Ya nadie se cree los cuentos chinos de las eléctricas» explicaba por su parte Jorge Morales, ingeniero y empresario defensor de un nuevo modelo energético. «Deberíamos plantear un nuevo modelo que tuviera en cuenta una definición personalizada, para que cada caso o familia pagara lo que le correspondiera sin seguir normas absurdas, y habría que definir quién está pagando esta pobreza energética», criticaba Morales. Según el ingeniero, «las empresas no están pagando el bono social, sino todos los ciudadanos en las desmedidas facturas».

«La pobreza energética es una situación insostenible e invisible«, señalaba Rosa Martínez, coportavoz de Equo, ecologista y ecofeminista. «Es muy difícil cuantificar cuánta gente da de comer a sus hijos latas en lugar de cocinar o hacen que hagan los deberes en la biblioteca porque en su casa no tienen luz», incidía.

Para la ecologista, existe una «clara falta de voluntad política por solucionar este problema, que cada vez afecta a más españoles». «Hay soluciones técnicas y tecnológicas suficientes como para hacer frente a la pobreza energética, empezando por construir o rehabilitar los edificios que no sean ecoeficientes», explicaba.

«No es normal que las empresas paguen menos que las familias» incidía Jorge Fabra, economista y referente en el ámbito de la regulación eléctrica. Fabra recuerda que según los datos de Eurostat del año 2013, todos los sectores españoles, desde el segmento industrial hasta el doméstico pagan más por sus facturas que el resto de la Unión Europea. «Por ejemplo, las rentas medias de nuestro país pagan un 26% más que la media de los europeos», citó.

A lo que se sumaba Cote Romero, directora de Ecooo: «La pobreza energética genera exclusión social y puede provocar hasta la muerte”. «La Organización Mundial de la Salud ha sacado un informe sobre cómo el 30% de las muertes en invierno es por no tener en el hogar la temperatura adecuada«.

«El problema energético ha empezado a tener importancia y peso en la sociedad por la actual coyuntura política y de crisis que estamos viviendo», decía por otro lado Rodrigo Moretón, investigador en el Instituto de Energía Solar, miembro del Círculo de Economía, Energía y Ecología de Podemos (3E) y firmante de la Ponencia. “Es un modelo social, medioambiental y económicamente insostenible”. Según Moretón, la energía solar fotovoltaica podría ser algo «peligroso o directamente un enemigo» para las grandes compañías, porque se trata de algo que proporciona independencia y autonomía a los ciudadanos».

«¿Nacionalización sí o no?». En este punto todos los miembros de la mesa parecían estar de acuerdo: «No es necesario siempre y cuando las grandes compañías cumplan y respeten los derechos de los ciudadanos, cosa que actualmente no hacen”.

Ponencia inicial

¿A quién enriquece la pobreza energética?

¿A quién enriquece la pobreza energética?

Desde un punto de vista térmico, los últimos años no han destacado por valores extremos. Las temperaturas invernales se han mantenido en torno a los 8ºC de media, que es lo habitual. Sin embargo, la sensación térmica social ha cambiado y se tiene la percepción de que los inviernos están siendo especialmente crudos. El cambio fundamental es que antes de la crisis el frío estaba fuera, pero poco a poco se ha ido metiendo en las casas. Así se ha normalizado y extendido el concepto de pobreza energética.

La primera vez que se formuló esta idea fue en 1973 con el objetivo de medir las consecuencias sociales que la “crisis del petróleo” estaba teniendo sobre la población. La definición inicial de pobreza energética se hace desde una perspectiva “térmica”, bien medida como proporción de los hogares que no pueden mantener la temperatura media en invierno entre 18ºC y 21ºC (Organización Mundial de la Salud, 1987), bien como aquellos que gastan más de un 10 por ciento de sus ingresos en asegurar el confort térmico. Además se identificaron tres factores primarios a partir de lo que se explicaba la renta de las familias, la eficiencia energética de las viviendas y los precios de la energía.

Han pasado cuarenta años desde que se propuso esta definición y en este tiempo han cambiado los patrones culturales y tecnológicos de acceso energético. Además, las condiciones socioeconómicas que marcan esta crisis son muy diferentes a las que se vivieron en los años setenta. Surge aquí una primera cuestión:

¿Es necesario repensar la definición de pobreza energética?

Por un lado, habría que incorporar todos los consumos que tienen las familias como el agua, el gas, la electricidad e incluso el acceso a internet, sin reducir el campo a lo “térmico”. Por otro, sería necesario añadir a los factores primarios la cultura energética -los hábitos- que hasta ahora solo se han tenido en cuenta como elemento para incentivar el consumo. Incorporar nuevos insumos (factores de producción) es clave, ya que marcan los puntos sobre los que dirigir el desarrollo de políticas que consigan revertir la situación.

Más allá de como la definamos, no debemos entender la pobreza energética como una realidad independiente del proceso de pobreza y desigualdad que se está produciendo en nuestro país. Se trata simplemente de una mirada desde una perspectiva “energética” a un problema estructural. Las familias que se encuentran bajo el umbral de la pobreza sufren pobreza energética, pero se hace difícil pensar que pudiese haber personas en pobreza energética que no se encuentren en un proceso de exclusión.

Desde que la crisis empezase en el año 2008 la pobreza se ha hecho más extensa. La Encuesta de Condiciones de Vida (INE) de 2013 reconoce una tasa de pobreza del 21,6% de la población de nuestro país (10 millones de personas). El informe de la Fundación FOESSA presentado recientemente amplía ese número a 11,7 millones de personas porque incorpora más factores, además de la renta. Por último el propio INE, al aplicar el indicador AROPE de la UE (que mezcla renta, número de empleos en los hogares y privación), llega hasta los 13 millones (28% de la población) en el año 2013.

En los últimos cinco años, el umbral de la pobreza ha pasado para una persona de 7.576,8 euros a 7.182,1. Una familia compuesta por dos adultos y dos menores ese techo estaba en 2010 en 15.911,2 euros; a finales de 2014 se había reducido hasta loa a 15.082, casi mil euros menos. En resumen, los “pobres” son ahora “más pobres”. La pobreza se ha hecho más crónica también porque la desigualdad se ha disparado –el índice Gini que mide la desigualdad se encuentra en los niveles de 1986- y hace que las personas que están en situación de pobreza tengan menos posibilidades de salir de su situación.

El gasto energético de las familias

Para conocer cuál es el gasto energético de las familias, lo mejor es acudir a la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) y comparar los datos del año 2006 con los de 2011. Son años en los que se ha producido un significativo cambio en el peso de las partidas de la economía de los hogares. Las que más crecieron fueron los alquileres (45%), la electricidad, el gas y otros combustibles (45%) y los servicios relacionados con la vivienda -como el agua- (31%). De media se pasó de dedicar un 4,6% del presupuesto doméstico a la energía y los suministros a un 6,5%.

Estas variaciones se deben a dos elementos diferentes. El primero es el notable incremento del precio de los insumos (materias primas) energéticos. La electricidad ha incrementado su precio en un 59,7 % entre 2006 y 2013 según el Instituto Energético de Galicia (INEGA); el precio efectivo del gas ha subido un 25% desde el año 2005. También lo ha hecho el agua y pueden servir de ejemplo los datos del Observatorio del Precio del Agua (Agència Catalana de l’Aigua) que reconoce que el precio medio que se paga por metro cúbico en Cataluña —sin las tasas municipales— se ha incrementado casi en un 44% entre 2008 y principios de 2012.

El segundo factor al que atribuir el aumento del presupuesto doméstico para la energía tiene que ver con la propia gestión de la economía familiar. La reducción de renta obliga a ajustar los gastos y a priorizar unas partidas sobre otras. Se toman decisiones que, en función de la situación serán más o menos drásticas. A la hora de atarse el cinturón una familia comenzará, por lo general, reduciendo sus costes variables: menos gasto en ocio, en ropa… Luego pasará a reducir todo lo que pueda sus costes fijos. Más tarde decidirá prescindir de aquellos servicios que parecen más superfluos, posiblemente internet.

Este proceso acaba trasladando a coste variable –del que se puede prescindir- la mayor parte de partidas que antes se consideraban coste fijo. Cuando ya no quede de donde reducir, llegará el momento de renunciar a la calefacción, o restringirla; después llegará el turno de prescindir del agua caliente –alterando sus hábitos de higiene-. Y por último, muy posiblemente, hasta se deje de usar la cocina y se apueste microondas. Al final empezará a jugar con su “tesorería” y se producirá una dinámica de pagos intermitentes de facturas para poder mantener el servicio –Un 9,2% de familias tuvo ya en 2013, según el INE, dificultades para pagar el agua, la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad, la comunidad… y tuvieron que dejar pendientes recibos hasta poder pagarlos… o no. El proceso desembocará inevitablemente en el corte de los suministros y por último, si no se puede pagar la vivienda, en una dinámica de exclusión acelerada: el desahucio y todo lo que lleva aparejado. Son precisamente los Alquileres y las hipotecas, la partida que más ha crecido en la Encuesta de Presupuestos Familiares.

Las dos compañías eléctricas que gestionan el 80% del suministro doméstico (Endesa e Iberdrola) realizaron en 2013, tal y como recogen sus memorias, 931.263 desconexiones. Si se hace una extrapolación al 20% restante, el dato resultante es que se “cortó la luz” a más de un millón de hogares, el 5% de los usuarios domésticos. Teniendo en cuenta el tamaño medio de los hogares españoles estaríamos hablando de 3,6 millones de personas. La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) calcula que se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace cuatro años. De estos, se llegan a ejecutar aproximadamente un 60%, es decir, 300.000. Podríamos tener datos similares con otros suministros domésticos como el gas.

En este contexto de pobreza es donde hay que interpretar los datos que la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) aporta en su informe sobre pobreza energética del año 2014: Un 9% de familias se declaran incapaces de mantener su vivienda caliente (4 millones de personas) y un 12% gasta más de un 10% de sus ingresos en confort térmico (7 millones de personas). Aunque el informe es de 2014, los datos son de 2012.

El descenso de la esperanza de vida

El resultado de esta espiral negativa es que empeora las condiciones de vida de millones de personas y las instala en una desigualdad estructural. En el año 2007 se realizó un estudio sobre la esperanza de vida en la ciudad de Madrid con resultados llamativos. Un varón residente en el Barrio de Salamanca vive 78,9 años frente a los 71,3 años de uno residente en el Barrio de Orcasur. Esta diferencia de 7,6 años se produce en una distancia de 15 kilómetros. Siete años después, y con una crisis de por medio, lo que ha ocurre es que además de que las condiciones de vida son más difíciles (más frío, menos higiene, peor alimentación,…) es necesario trabajar más para llegar a fin de mes. Según la Fundación 1º de Mayo, el 12,3% de los trabajadores se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Han de trabajar más horas para alcanzar una renta mínima. La suma de ambos elementos hace que hoy la distancia entre Orcasur y el Barrio de Salamanca supere, con toda seguridad, esos 7,6 años de diferencia en la esperanza de vida. Esta es la consecuencia real de la pobreza energética.

Hasta el momento, para paliar esta situación se ha utilizado el Bono Social recogido en la Ley 24/2013. Se trata de un descuento del 25% de la factura eléctrica para aquellos hogares con una potencia contratada inferior a 3kW, pensionistas con más de 60 años que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, familias numerosas y también aquellas otras en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo. Casi dos millones y medio de hogares se beneficiaron del Bono Social en 2013, la mayor parte por tener menos de 3 Kw de potencia. Es interesante ver que, desde el año 2009, el número de personas inscritas ha disminuido en medio millón, lo que no parece lógico cuando la situación social ha empeorado y los gastos en energía crecen tal y como indica la Encuesta de Presupuestos Familiares. Y llama la atención el crecimiento de las solicitudes de las familias numerosas, que llegan a los 162.000 hogares.

¿Es el Bono social tal y como está pensado una solución?

A la luz de los datos parece que no. En primer lugar, no está llegando a la gente que más lo necesita; gran parte de las familias numerosas que lo solicitan no parecen estar entre las que menos renta tienen y un porcentaje no despreciable de los que tienen menos de 3 Kw de potencia contratados –a los que se les aplica sin solicitarlos- son segundas residencias vacacionales. En segundo lugar, el problema se circunscribe a la electricidad cuando lo generan también otros muchos factores. Lo que también ocurre es que la población vulnerable no está accediendo todo lo esperado al sistema, pero no por una mejora de su renta.

¿Es posible disminuir la factura en necesidades básicas de las familias y generar empleo simultáneamente?

En este momento las políticas de eficiencia energética están pensadas como inversiones a realizar en el marco de mejoras de viviendas –apoyo a cambio de ventanas, cambio de calderas, electrodomésticos eficientes,…- o edificios –grandes intervenciones en fachadas subvencionadas parcialmente-. Pero este tipo de políticas seguramente va a contribuir a aumentar la “desigualdad energética”: son cada vez más ineficientes los que más lo necesitan y cada vez más eficientes los que menos lo requieren.

Un cambio en la política es posible si se decide invertir en mejorar las viviendas de los hogares pobres. Se trataría no sólo de inversiones en edificios –que son elevadas para la rentas de los hogares y requieren cofinanciación y acuerdo de todos los vecinos-, sino también poner en marcha pequeñas intervenciones en viviendas particulares a fondo perdido sobre elementos de poco coste como lámparas de bajo consumo, perlizadores de agua, aislamiento de ventanas mediante aislantes adhesivos, termostatos… Se trata de hacer una política macro como suma de muchas intervenciones micro.

En términos sociales esto podría permitir, por un lado, generar un nicho para una mano de obra que no requiere una altísima cualificación y que facilitaría reengancharse tras haber sido expulsada del mercado de trabajo –muchos de la construcción- y por otro, una intervención en hogares vulnerables que incrementaría su renta de forma estable como consecuencia del ahorro producido. En términos energéticos, este tipo de actuaciones son menos eficientes en las viviendas que las que se realizan globalmente en los edificios, pero muchas intervenciones micro sumadas –y posibles- son más eficientes que pocas intervenciones globales –poco factibles a día de hoy-.

¿Es posible disponer de un sistema de precios diferenciados?

Las grandes compañías multinacionales suministradoras de insumos tienen parte de su negocio en otros lugares. En algunos países latinoamericanos, por ejemplo, existen tarifas diferenciadas en función de la renta. Plantear una propuesta de tarifas en función de algunos tramos de renta es una posibilidad que al menos habría que explorar.

Es posible un replanteamiento del Bono Social para resolver el problema de aquellas familias más vulnerables. Sería más eficiente si se tratase de un sistema por el cual, siempre en función de la renta, se solicitase una mejora en la eficiencia de la vivienda que reduciría establemente las facturas y además generaría empleo. Esto debería ampliarse también a otros insumos (gas, internet, agua, electricidad y podría acompañarse de la implantación de un sistema de tarifas en función de la renta. No hay que olvidar en ningún momento que otro de los temas que está presente permanentemente en el análisis es el coste de la energía

¿Se puede mantener la escalada de los precios de la energía?

El cambio de la política sobre la energía en este momento es una buena herramienta para luchar contra la pobreza de forma estructural. La Estrategia Europea 2020 marca como desafíos fundamentales, entre otros, el cambio climático y el aprovisionamiento energético y como objetivos el empleo, la educación y la pobreza. Estos conceptos se traducen en líneas de financiación de fondos europeos (FSE y FEDER fundamentalmente) que pueden ser orientados en estos campos y sobre los que se está en proceso de decisión.

Temas abiertos para debatir, hay. Y posibilidades financieras para abordarlos, también.

moderado por:

  • Orencio Osuna

    Director de la Fundación Espacio Público

  • Bonifacio Cañibano

    Periodista

Conclusión del debate

Este debate sobre el sindicalismo, que se ha mantenido vivo durante algunos meses, ha abordado múltiples cuestiones que resulta imposible resumir en unos folios, de modo que nos centraremos en algunas de las más destacadas. Una parte de las intervenciones han resaltado el valor histórico que han tenido los sindicatos a la hora de conseguir no solo condiciones de trabajo más dignas para la clase obrera, sino también su contribución en la introducción y mejora de los derechos sociales y la democracia, haya llegado esta a un grado de desarrollo mayor o menor. Este es un apunte significativo, especialmente en el contexto español, donde los sindicatos se implicaron directamente en la lucha contra la dictadura y desempeñaron un papel relevante en su desaparición. ¿Dónde estaríamos ahora sin la lucha sindical? ¿cuales serían las condiciones de trabajo sin la presencia de miles de sindicalistas en las empresas? Estaríamos más cerca de Singapur que de Suecia (Héctor Maravall). Esta corriente, la que ha resaltado en el debate el papel histórico de los sindicatos, se pregunta también por las causas por las que los sindicatos , sobre todo los mayoritarios , tienen una imagen tan devaluada ante la ciudadanía

Titulamos el debate “los sindicatos en tiempos neoliberales” para encuadrar la situación actual de los sindicatos, que soportan, como el conjunto de los ciudadanos la agresión frontal del capitalismo “sin complejos”, empeñado en desmantelar toda forma de resistencia de las clases populares, y entra esas formas muy especialmente la resistencia de los sindicatos . A resaltar esta agresión han contribuido numerosas intervenciones. En el marco de la agresión del capitalismo neoliberal contra “la resistencia”, sitúan muchos de los intervinientes la mala imagen de los sindicatos que finalmente se ha instalado en la sociedad. “Hay que estar ciego para no ver que, más allá de hechos o conductas reprobables de algunos de sus miembros; más allá de errores o carencias, tal campaña guarda relación directa con el hecho de que los sindicatos constituyen el principal obstáculo frente al desarrollo de las políticas en curso, cuyo fondo, aquí y en Europa, es desarbolar el modelo social construido tras el final de la Segunda Guerra Mundial” (Julián Ariza)

Es también en este contexto donde se sitúa la represión policial y judicial contra los sindicalistas por parte del Gobierno, que ha recurrido sin dudarlo a métodos que difícilmente se compadecen con el sistema democrático. Más de trescientos sindicalistas de las formaciones mayoritarias están procesados y les ocurre lo mismo a varios centenares más de las formaciones minoritarias “se ha producido un brutal y sistemático ataque contra los sindicatos más representativos y mayoritarios, con participación de empresarios, policía, jueces y fiscales y poderosos medios de comunicación. Esta triada perversa, está socavando, no sólo la credibilidad de los sindicatos, sino hasta el propio Derecho Constitucional de Huelga, que tan costoso fue para los trabajadores conquistarlo en la Dictadura. Utilizando una vía indirecta y basándose en el apartado 3 del art. 315. Un apartado, antigualla del C. P. franquista que quedó en el Código Penal vigente, tras su revisión en el año 1995. Basándose en él, están penalizando a los participantes en los piquetes informativos” (Eduardo Saborido)

No han faltado las intervenciones que han subrayado los errores tácticos, los abandonos de su cometido o la falta de honestidad de algunos comportamientos sindicales. “El sindicato “gestoría” que resuelve mi tema sin importarme lo que tengo al lado. El sindicato gestoría o incluso el sindicato empresa que tiene a su servicio gestores y que se comporta como una auténtica empresa en el mercado capitalista que nos envuelve. Que vende el producto: seguros de vida, seguros si te pones enfermo, viajes, vacaciones, cuotas súper-rebajadas…que también despide a sus trabajadores como otra cualquier empresa.” (Ángela Sánchez)

Todos estos factores han contribuido a la actual crisis del sindicalismo, porque en este debate hay un amplio consenso en la aceptación del que el sindicalismo atraviesa una crisis importante; pero también hay consenso a la hora de señalar las causas objetivas de esa crisis, que van más allá de los comportamientos sindicales y que se enraízan en el cambio vertiginoso que se ha producido en la organización del trabajo y en el modelo de producción.

Joan Coscubiela lo señalaba en su exposición: Al sindicalismo le esta desapareciendo el hábitat que lo vio nacer: el estado-nación, la sociedad industrialista, la empresa integrada, las condiciones de trabajo homogéneas, fruto de la organización fordista del trabajo incluso el empresario tradicional, que ahora no tiene en muchas ocasiones cara, y que es sustituido con frecuencia por un ejecutivo que gestiona unos fondos posiblemente multinacionales que conforman el capital de la empresa. Han desaparecido del paisaje habitual, salvo excepciones, las grandes empresas y prolifera el minifundismo empresarial y los pequeños centros de trabajo donde es cada vez más difícil organizar a los trabajadores. A los sindicatos les ha pasado como al oso panda, que están desapareciendo los bosques de bambú en los que vivía y de los que se alimentaba , ejemplarizaba Coscubiela en el debate en Público TV, que ha cerrado el debate virtual.

Esta es quizás la cuestión más inquietante que se ha planteado y para la que no hay respuestas fáciles en este momento gramsciano en el que el viejo sindicalismo no se ha ido todavía y el nuevo no ha llegado aún. Emergerá una nueva forma de organización sindical, porque en la medida en que mutan los poderes empresariales mutarán también las formas de resistencia frente a ellos (Ignacio Muro).

Con una clase obrera profundamente fragmentada y dispersa, con la inmensa mayoría de los trabajadores en precario, con una patronal crecida y corrupta, con los viejos partidos obreros, que han dejado de ser obreros, los sindicatos están abocados a asumir funciones que van más allá de los intereses de sus afiliados y que van más allá de concebir los centros de trabajo como el núcleo fundamental de la lucha. En estas circunstancias , “sencillamente no es posible hacer sindicalismo exclusivamente desde los centros de trabajo y ha llegado el momento de organizar a los trabajadores fuera de las fábricas “(Leo Moscoso).

Una nueva organización de los sindicatos mutando hacia una forma de organización social, que desborde el propio centro de trabajo, ha sido una posición claramente defendida por una parte significativa de los intervinientes “Porque el problema principal es que el empleo ya no es mecanismo de integración, es sinónimo de precariedad y pobreza. Y es por ello que la lucha quizá no pase por defender el empleo, sino por defender la vida, la dignidad no del empleo, sino de nuestro día a día” (Ignacio Martín)

Algunos de los que sostienen este planteamiento contemplan que la huelga general de consumo sería ahora mucho más factible y eficaz que la huelga general del trabajo, que ha sido tradicionalmente la forma de resistencia sindical más contundente, pero que en el ecosistema del minifundismo empresarial, es difícilmente ejecutable .

Ponencia inicial

Los sindicatos en tiempos neoliberales

Los sindicatos en tiempos neoliberales

Me piden que introduzca el debate sobre sindicalismo y de entrada constato la dificultad de poder hacer una reflexión serena entre tanto ruido de fondo. Pero me decido a intentarlo, porque el tema se lo merece.

Para comenzar conviene recordar que, como en muchos otros temas, esta reflexión sale marcada por un estado de opinión publicada muy consolidado, y eso es una dificultad añadida.

Conviene también constatar que en el debate sobre “sindicalismo hoy” se entrecruzan al menos tres planos, que debemos tener presente y diferenciar al mismo tiempo.

El primero y más estructural se refiere a la “crisis” de transformación del sindicalismo y las dificultades de adaptación a un entorno que la globalización ha puesto “patas para arriba”. Un proceso que se inició hace cuatro décadas y que a otros sindicalismos les pilló crecidos y consolidados, pero al español le pilló naciendo y cogiendo posiciones.

El segundo, algo más coyuntural, se refiere a las dificultades sobrevenidas, que en algunos casos adoptan forma de impotencia, para responder a los efectos de esta crisis, a las necesidades, a las expectativas depositadas y a las exigencias de los trabajadores.

Y el tercero y no menor, hace referencia a la incidencia que en el debate social tiene la ofensiva que los poderes económicos y sus representantes políticos han lanzado para derribar o debilitar cualquier contrapoder social, aprovechando la oportunidad que les brinda la crisis. Y entre los medios utilizados, además del debilitamiento institucional y legal, nos encontramos con la destrucción interesada de la legitimidad social del sindicalismo, de su reputación pública. Destruir las formas colectivas de organización y su capacidad de actuar como contrapesos sociales deviene clave para imponer la hegemonía económica, política y sobre todo ideológica del capitalismo financiero.

Analizar la incidencia de estos tres planos, sin negarlos ni magnificarlos me parece la clave para una reflexión útil, que huya de las certezas de lo conocido o de las respuestas fáciles. Por eso me ha parecido que la mejor fórmula para introducir el debate es la de la duda. No dar por seguro ni compartido nada y por el contrario plantearse muchas preguntas, incluso la más básica.

¿De qué hablamos, cuando hablamos de sindicalismo, hoy?

La pregunta puede parecer naíf, pero estoy en condiciones de afirmar que ni en el seno del sindicalismo organizado la respuesta es pacífica y no solo porque a lo largo de la historia del sindicalismo se han producido cambios muy notables.
Hoy, en las primeras décadas del siglo XXI la palabra sindicalismo describe realidades tan distintas, como la de la organización sindical de los sherpas nepalíes, la organización de las trabajadoras del textil en Bangladesh, los sindicatos de algunos países europeos implicados en diferentes formas e intensidades en la gestión del Estado Social. A todo le llamamos sindicalismo, sin olvidar las formas patológicas que adquiere en determinados países y sectores, en los que se llama sindicalismo a organizaciones que no trabajan por la emancipación de los trabajadores, sino por su control social.

Por eso en este intento de reflexión utilizaré Europa como punto de referencia, con algunas incursiones globales sin las cuales hoy no es posible entender nada.

Si hoy en España hacemos la pregunta ¿Qué son los sindicatos? nos podemos encontrar con las siguientes respuestas espontaneas – aunque no tanto-.

Organizaciones a las que el Estado les encomienda la función de defender a los trabajadores. Instituciones públicas financiadas por el Estado para que realicen determinadas funciones, como negociación colectiva, asesoramiento. Organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores.

En mis experimentos de estar por casa con esta pregunta, incluso entre personas con responsabilidad sindical, la respuesta espontanea que menos sale es la que a mi entender mejor define a las organizaciones sindicales.

El sindicalismo nació, se convirtió en protagonista social del siglo XX y debe continuar siendo así en el siglo XXI, un “espacio de auto organización de los trabajadores para la defensa de sus intereses “

¿Estamos de acuerdo? ¿Continúa siendo así? ¿Y esto como se concreta, aquí y hoy?, teniendo en cuenta la profunda transformación de todos los elementos que alumbraron el sindicalismo como forma de organización social. Entre ellos, el sujeto histórico – la clase obrera- el hábitat económico y social en que se desarrolló. O sea la economía industrial,la sociedad industrialista, la empresa integrada, el Estado Nación.

La respuesta a esta pregunta es clave, porque de ella se desprenden otras preguntas determinantes.

¿Cuál es la misión del sindicalismo hoy?

¿Es el sindicalismo una organización para los trabajadores o de trabajadores?

¿Cómo organizar a colectivos, cada vez más amplios que no tienen vínculo permanente con una empresa, que es el hábitat natural del sindicalismo?

¿Cómo generar conciencia y prácticas de cooperación entre colectivos de trabajadores en un modelo productivo que tiende a la descentralización y a la competencia entre trabajadores?

¿Cómo dar respuesta a la estrategia del capitalismo financiero global? resumida en la frase “repartiros el salario y los derechos entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan y de redistribuirlos fiscalmente, ni hablar

¿De dónde nace la legitimidad del sindicalismo” ¿Y cómo se mide esta legitimidad?

¿Debe el sindicalismo asumir funciones que vayan más allá de los intereses de sus afiliados? ¿Y si es así, cuales, en qué condiciones?

¿Las funciones del sindicalismo se limitan a la mejora de las condiciones de trabajo o abarcan otros aspectos sociales?

¿Qué relación debe tener el sindicalismo con otras formas de organización social de los trabajadores fuera del lugar de trabajo?

¿Qué puede aprender o desaprender el sindicalismo de esas formas de organización social?

¿Debe el sindicalismo asumir las funciones de representación política del conflicto social? ¿Y si es así con que limites?

¿Es viable un sindicalismo propio del Estado Nación en el marco de una economía globalizada?

¿Cuál es el papel de la comunicación en el funcionamiento del sindicalismo, en su legitimidad social?

¿Es hoy el sindicalismo un instrumento útil para la lucha social y para el objetivo de la igualdad? ¿Y cómo se mesura?

Las preguntas son inacabables y este espacio se queda pequeño, pero aunque pueda parecerlo no son preguntas teóricas. Se las plantean cada día, consciente o inconscientemente, decenas de miles de hombres y mujeres sindicalistas. Y responden como siempre con la práctica, no exenta de muchas contradicciones y callejones sin salida, también de notables éxitos, no siempre reconocidos, ni tan siquiera por sus protagonistas.

Ninguna de estas preguntas tiene respuesta fácil ni única. Lo que si sería deseable es que no respondiéramos a ellas con una cosa y su contrario a la vez.

Para explicarme, nada mejor que algunos ejemplos de afirmaciones muy repetidas por parte de trabajadores, sindicalistas, empresarios, sociedad y opinión publicada.

Por parte de trabajadores cosas como “Los sindicatos solo se preocupan de sus afiliados, por eso yo no me afilio” Para a continuación decir “Los sindicatos no me resuelven el problema”

Por parte de sindicalistas cosas como: “No queda más remedio que aceptar la doble escala salarial para trabajadores de nuevo ingreso, si no queremos que los trabajadores actuales nos tumben el convenio o el Comité. Para a continuación constatar el riesgo que esos jóvenes vean al sindicato como algo ajeno.

Por parte de las empresas afirmaciones como: “Los trabajadores y los sindicatos deberían implicarse más en el futuro de la empresa”, para a continuación decir que la participación de trabajadores y sindicatos en la organización de la empresa es un estorbo. Que eso es facultad exclusiva del empresario

Por parte de la sociedad: “Yo, como trabajadora de sanidad o de educación tengo derecho a hacer huelga”, para días después olvidarse que una huelga en los transportes públicos ocasiona perjuicio a los usuarios. Por supuesto el ejemplo puede ser perfectamente en dirección inversa.

Por parte de la opinión publicada: Los sindicatos deben modernizarse y no atender solo al salario directo, sino ofrecer servicios, para a continuación decir que los sindicatos no deben hacer estas funciones. O en sentido contrario, que si deben realizarlas,exigiendoles además que la atención a los inmigrantes, el asesoramiento jurídico o la formación que deben hacer los sindicatos debe ser universal a todos los trabajadores/as y financiado solo con los recursos de los afiliados.

Si he destacado estas contradicciones frecuentes, de las que nadie estamos exentos, es para poner de manifiesto la complejidad del debate. Y para intentar huir de respuestas fáciles a algunas preguntas clave.

Apunto algunas de mis reflexiones a lo largo de estos años. Sin ninguna pretensión ni sistémica ni omnicomprensiva. Simplemente para intentar que el debate pueda estructurarse

¿ESTA EN CRISIS EL SINDICALISMO?

Creo que las organizaciones sindicales son conscientes que el sindicalismo sufre una profunda crisis de transformación, fruto de los cambios que en la economía, en la sociedad, en las estructuras sociales ha provocado la globalización. Al sindicalismo le sucede lo que a otras formas de organización social y política del siglo XX; Le está desapareciendo el hábitat que lo hizo nacer: sociedad industrialista – no me refiero solo a empresa y economía- estado nación, empresa integrada, condiciones de trabajo homogéneas fruto de las formas fordistas y tayloristas de organización del trabajo.

En todo caso, la pregunta importante es si las respuestas que está dando el sindicalismo llevan a una transformación útil y regeneradora o son simplemente conservacionistas.

¿CUÁL ES LA MISIÓN DEL SINDICALISMO HOY?

¿Continúa siendo la de ser un espacio de auto organización de los trabajadores para la defensa de sus intereses? O bien en el sindicalismo también han impactado los cambios en las categorías sociales que llevan a considerar al ciudadano como usuario, como consumidor

Es importante destacar el concepto de “auto organización” o sea la voluntad de los trabajadores de ser parte activa del sindicato y no esperar a que sean otros los que les resuelvan su papeleta y ellos solo dedicarse a esperar resultados y exigir.

Este concepto de sujeto activo, choca con una cultura dominante hoy y que avanza en el conjunto de la sociedad. El paso de la condición de ciudadanos a la de usuarios o clientes. Un tránsito cultural que impregna el Estado social – convirtiendo derechos en bienes- que afecta a la política – de la economía de mercado a la sociedad de mercado y la política de mercado, donde los ciudadanos son clientes de la política. Y por supuesto al sindicalismo, al que muchos trabajadores no ven como un espacio de auto organización, sino como un proveedor de servicios y protección.

Sin duda, las formas de organización del sindicalismo no son ajenas a estas concepciones. El debate y el conflicto entre “sindicalismo de trabajadores o sindicalismo para trabajadores” lleva varias décadas entre nosotros.

Que pueden hacer los sindicatos para ser “de trabajadores y no para trabajadores”. Supongo que disponer de una cultura y formas organizativas que lo faciliten. Aunque lo que antaño fue la asamblea de grandes centros de trabajo, ahora en un contexto de fuerte dispersión productiva resulta mucho más complejo.

SINDICALISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES.

¿Hay alguna experiencia positiva de los movimientos sociales que pueda ser útil para el sindicalismo? Creo que sí. La capacidad de la PAH para ser al mismo tiempo espacio de ayuda mutua y soporte emocional, mecanismo de solución de problemas individuales e impugnación del sistema, es un buen referente. Entre otras cosas porque esta es exactamente la manera en que nació el sindicalismo. ¿Qué son sino las primeras luchas mineras y los fondos de ayuda mutua? ¿Han desaparecido estas prácticas del sindicalismo actual? Mi percepción es contradictoria. Se mantienen en muchos ámbitos, donde el sindicalismo continua jugando este papel de protagonismo de los trabajadores y es más difuso en otros.

¿Y de que depende? De muchas cosas. Si el objeto de la lucha es muy cercano, los objetivos muy homogéneos y las formas de comunicación con los trabajadores son directas, es mucho más fácil el sindicalismo de trabajadores. Aunque no se conozca, porque es una realidad invisibilizada por los medios, estas prácticas son frecuentes y cotidianas hoy. Pero conviven con otras expresiones del sindicalismo, donde la amplitud de los afectados, la dispersión y heterogeneidad de intereses, dificultan estas formas de protagonismo de los trabajadores y además propician que la realidad llegue a los trabajadores y a la sociedad de manera muy “intermediada” por los medios de comunicación. El caso más evidente el de los procesos de concertación social de un lado o el de las huelgas generales de otro.

Una última pregunta. ¿Se evalúa al sindicalismo con el mismo rasante que a otras formas de organización social?

¿Alguien hace responsable a sus protagonistas de que determinados movimientos sociales hayan sido muy activos en la reivindicación y la resistencia, pero ello no se haya trasladado a triunfos tangibles? Creo que no y así debe ser.
¿Se utiliza este mismo criterio para las movilizaciones sindicales? No lo parece, creo que el grado de exigencia de utilidad concreta es diferente. ¿Por qué razones?

Me atrevo a sugerir algunas. Las formas de trabajo y su traslación a la sociedad aparecen en ocasiones muy institucionalizadas y esa imagen lleva a los trabajadores a criterios de exigencia propios de las instituciones y no de organizaciones sociales. Además los poderes, incluidos los mediáticos, no suelen preocuparse de movimientos que nacen, actúan y desaparecen. Lo que de verdad les preocupa es que estos movimientos adquieran formas estables de organización, sean sindicatos o sean la PAH. Y un tercer factor más doméstico y muy antiguo en la cultura de la izquierda es la hipercriticidad con todo aquello que no se controla. En todo caso insisto que cada una de estos interrogantes tiene respuestas – si es que las tiene- muy complejas.

¿QUE PAPEL DEBE DESARROLLAR EL SINDICALISMO?

SINDICATO CONFLICTO, SINDICATO NEGOCIACIÓN

Planteo esta pregunta, porque está presente en el debate, pero es posiblemente la que me resulta más vacía. Es casi como preguntar a un niño a quien quiere más, a su padre o a su madre. O como preguntar, cuál de los dos pulmones es más importante para la persona.

La propia esencia del sindicalismo conlleva la convivencia de este binomio de dos caras que cuando una de las dos falta el resultado pierde su esencia. De hecho más que dos, son cuatro las patas. Capacidad de identificar los problemas y la reivindicación que aúne fuerzas, capacidad de ejercer el conflicto, capacidad de convertir la fuerza del conflicto en propuestas y por ultimo capacidad de convertir todo ello en acuerdo útil.

Y si lo he traído a colación es porque desde fuera del sindicalismo se suele negar esta dualidad. Los que niegan el conflicto social como parte de su estrategia de deslegitimación social. Y los que niegan la negociación y los acuerdos como forma también de deslegitimación. Aunque en ocasiones partan de posiciones ideológicamente muy confrontadas, ambas formas de deslegitimar el sindicalismo tienen en común la no comprensión de cuál es su función.

¿TIENE LEGITIMIDAD SOCIAL EL SINDICALISMO? ¿CÓMO SE MIDE?

Esta pregunta tiene tantas respuestas como universos a los que se formule. No es lo mismo formularla, como hace el CIS, al conjunto de la sociedad, incluidos empresarios, que hacerlo solo a los asalariados. La propia configuración del universo ya contribuye a una imagen del sindicalismo como institución pública y no como organización de trabajadores. Y por supuesto condiciona el resultado de la respuesta

En todo caso es evidente que en los últimos años la legitimación social del sindicalismo está sufriendo una importante erosión débil. Y ello a pesar que sus niveles de afiliación y representatividad son iguales o mejores que otras formas de organización social.

Desde su nacimiento el sindicalismo se legitima a partir de los trabajadores y a través de dos mecanismos, el de la afiliación y el de la representatividad.

En cada país hay un modelo distinto, en el nuestro prima legalmente el de la representatividad, pero también cuenta el de la afiliación.

Si analizamos la UE, el proceso es de pérdida de afiliación en las últimas décadas. No así en España que ha vivido, hasta la llegada de la crisis y la reducción de 3,5 millones de ocupados, uno de los procesos de crecimiento de la afiliación más intensos de toda la Confederación Europea de Sindicatos. Los tópicos e imágenes estereotipadas sobre afiliación son muchos e imposibles de debatir aquí.
Sugiero la lectura de los Informes de la Fundación 1 de mayo coordinados por Pere J Beneyto o los trabajos del Observatorio de la Afiliación del Centro de Estudios (CERES) de CCOO de Catalunya, coordinados por Ramón Alós y Pere Jodar.

En todo caso constatar que niveles de afiliación que oscilan entre el 15% y el 18 % no son despreciables en un entorno de fuerte precariedad y rotación y una cultura,la española, refractaria al asociacionismo. Y que aguanta muy bien la comparación con otras formas de organización social y política.

En el terreno de la representatividad, la celebración de elecciones sindicales cada 4 años comporta niveles de legitimación directa por parte de los trabajadores muy importantes. Ello sin olvidar algunos problemas importantes. Las elecciones están previstas para empresas a partir de 10 trabajadores o de seis o más, en un país en que el 78% de las empresas tienen solo hasta cinco trabajadores.

Otro factor de distorsión es que las elecciones sindicales otorgan una gran legitimidad democrática y social a los sindicatos, pero generan algunos efectos colaterales no deseados. En la medida que nuestra legislación hace depender la capacidad de actuar como sindicato, y sobre todo la de negociar convenios, de la representatividad electoral, ello comporta un desincentivo a la afiliación como elemento de vínculo estable entre trabajadores y sus sustitución por un vínculo delegativo como el voto. Osea, propicia el sindicato para trabajadores y no de trabajadores que comporta la afiliación. Y además es el responsable de importantes confusiones y contradicciones. Especialmente la de cuáles son los destinatarios de la acción del sindicato, solo los afiliados o también todos los trabajadores. Y si son todos los trabajadores, ¿con que recursos se sufragan los costes de funcionamiento, organización y acción? ¿Solo con los que aportan los afiliados para que se beneficien todos los trabajadores? ¿O con recursos públicos? atendiendo a la naturaleza de las funciones públicas que desarrollan, como la negociación de convenios de eficacia general a los que la Ley otorga la naturaleza de norma jurídica con capacidad para obligar.

Es este el debate que debe hacerse a mí entender sobre modelo sindical o formas de financiación. Lo que se hace hoy en algunos medios está entre la trampa, la manipulación o el acoso.

¿ES VIABLE EL SINDICALISMO NACIONAL EN UN CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN?

El sindicalismo ejercido solo entre las paredes del estado nación, en un contexto de economía globalizada, tiene las mismas limitaciones, expresa las mismas contradicciones que las de todas las formas sociales o institucionales fruto de una economía y una política nacional.

Que no son otras que el profundo desequilibrio de fuerzas que genera el conflicto entre una economía globalizada, con una hegemonía del capitalismo financiero y unas organizaciones sindicales limitadas al ámbito del estado nación.

Pero pasar de la teoría a la práctica parece ser algo más complejo. Sobre todo porque la estrategia de fuerte competitividad entre empresas y países, que comporta este modelo económico, dificulta la puesta en marcha de estrategias de cooperación entre trabajadores, entre sindicatos. También porque en muchos países, los sindicatos, como otras organizaciones e instituciones viven el espejismo de que es posible la defensa del Estado Social en un solo país. Es un espejismo interesado a partir de concepciones legítimas de conservación de los derechos existentes. Pero que sea humanamente comprensible no significa que sea operativo o útil.

En todo caso conviene tomar nota de lo que significa que tanto a nivel de Europa, como Mundial y a pesar de estas dificultades, las organizaciones que agrupan a los sindicatos (la CES y la CSI) sean los espacios de organización europea y social que más esfuerzos están haciendo para la construcción del sindicalismo global.

Estoy seguro que en el debate aparecerán formas concretas de cooperación sindical y también de espacios o instrumentos de trabajo conjunto entre sindicalismo y otros sujetos sociales, como las ONG.

¿ES UTIL EL SINDICALISMO HOY?

Para intentar responder a esta pregunta conviene hacerse otras con carácter previo.

¿Existe hoy la necesidad de continuar luchando contra las desigualdades sociales o a favor de la transformación social?

Desgraciadamente de un lado y afortunadamente de otro, la crisis ha hecho desaparecer el falso imaginario de la desaparición de las clases sociales. El aumento brutal de la desigualdad y de la pobreza ha tumbado todos los espejismos de una sociedad sin conflicto social, sobre la que se ha construido la hegemonía conservadora. Una hegemonía ideológica que adquirió su momento culmen en la construcción tatcheriana del “capitalismo popular”, tan real como prepotente e imprudentemente menospreciada por la izquierda europea.

Posiblemente la mejor respuesta a esta pregunta esté en otra pregunta.

¿Qué debe hacer el sindicalismo para continuar siendo útil a los trabajadores del siglo XXI? Y útil a los objetivos que dan razón a su existencia.

INTERROGANTES DE COMPLEJA RESPUESTA.

Este son los grandes interrogantes a los que los sindicalistas intentan dar respuesta cada día, no siempre con éxito. Y todos tienen en común el reto de como transformar las formas de ser, organizar, actuar en una realidad profundamente transformada en relación a la que alumbró el sindicalismo.

Me refiero a cómo organizar sindicalmente a los precarios, como conseguir trabajar en un entorno de empresas pequeñas o micro, muy periféricas en la organización del trabajo en un proceso productivo profundamente descentralizado, marcado por la externalización de riesgos y costes hacia los de debajo de la pirámide.
Cómo construir cohesión en un entorno económico y social que camina hacia la desvertebración. Cómo cohesionar a los trabajadores, evitando la tendencia natural al corporativismo y al mismo tiempo a la externalización de los ajustes desde los más protegidos – que son al mismo tiempo los más organizados- hacia los más desprotegidos – que son también los menos organizados-.
En este contexto de desagregación, ¿se puede construir sindicalismo solo desde el centro de trabajo? ¿Existen alternativas a la organización en el centro de trabajo que no comporten la perdida de la propia naturaleza del sindicato? ¿Les corresponde esta función a las organizaciones sindicales?
Como construir sindicalismo global en el marco de una estrategia competitiva salvaje que apuesta por el conflicto entre países, empresas y trabajadores.

Aunque no siempre salga a la luz y no siempre se destaque por parte de los medios, estas son preguntas que el sindicalismo organizado se plantea a nivel teórico y a las que está intentando – me consta – dar respuesta cotidiana. Pero mucho me temo que la respuesta solo se verá con el tiempo y posiblemente de ello dependa la capacidad del sindicalismo para continuar teniendo como lo tiene un papel clave en la organización social del siglo XXI.

EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN.

He dejado para el final el papel de la comunicación que, como en otros temas, deviene clave.

La comunicación resulta determinante para dotar al sindicalismo de formas organizativas nuevas en un tejido productivo desvertebrado y un sujeto social no cohesionado. También para llegar a los trabajadores en todas aquellas funciones que se refieren a realidades amplias y que van más allá de los centros de trabajo. También para reforzar la legitimidad social del sindicalismo

Hoy uno de los grandes problemas del sindicalismo estriba en las dificultades para la comunicación directa con los afiliados y trabajadores en general, en espacios territoriales y temporales que nada tienen que ver con la economía y la sociedad industrialista.

Y los actuales medios de comunicación no solo no son útiles a estas necesidades sino que son un factor distorsionador. No sucede solo con el sindicalismo, la capacidad de los medios de comunicación de intermediar en exclusiva entre las organizaciones y las personas a las que se dirigen conceden a estos medios un gran poder que ejercen en función de los intereses económicos de sus propietarios si son medios privados y de sus controladores – desgraciadamente – si son públicos.

Construir nuevas formas de autocomunicación de masas que permitan formas organizativas y de comunicación que garanticen la independencia de las personas y las organizaciones, deviene el gran reto del siglo XXI. No solo para el sindicalismo, en general para cualquier forma de organización social que pretenda jugar una función de contrapeso o contrapoder social.

moderado por:

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

  • Iván H. Ayala

    Investigador asociado al ICEI y miembro de econoNuestra

Conclusión del debate

Las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo han sido un momento importante en la construcción europea. Los siete años de crisis han puesto a prueba la idea común de Europa y no parece que sea tan sólida como se creía a la vista de los resultados electorales. Es precisamente la percepción de que necesitamos Otra Europa la que ha hecho que se abriese durante dos meses este debate.

El punto de partida ha sido un documento elaborado por EconoNuestra. A modo de resumen se pueden destacar tres puntos fundamentales. En primer lugar la relación entre la Europa económica y la Europa social. La economía debe estar al servicio de una propuesta de construcción del estado del bienestar y de reducción de las desigualdades; estas últimas se están acrecentando tanto en los que se refiere a los ciudadanos de cada país como en términos regionales, con una polarización centro-periferia cada vez más acentuada ¿queremos una Europa de las finanzas o de los ciudadanos?

El segundo punto es el modelo económico ¿qué sistema financiero? ¿Nos sirve este Euro? ¿Cuál debe ser el papel del Banco Central Europeo? ¿Qué hacemos con la deuda? ¿Necesitamos una fiscalidad común? A estas preguntas se suman las que vienen del modelo productivo. Se ponen sobre la mesa la sostenibilidad, el paro, la precarización laboral…

El último punto es la construcción política ¿qué entramado institucional necesitamos? ¿Cómo mantener la soberanía? ¿Están funcionando las instituciones europeas? ¿Generan Confianza? Es precisamente la falta de confianza la que genera desafección y hace que no haya una idea de ciudadanía común y que se esté lejos de tenerla.

El debate se ha desarrollado por dos vías que han estado en permanente interrelación: las intervenciones escritas en el ágora de la página web y las mesas redondas retransmitidas por streaming. Han sido 25 las intervenciones escritas y 3 los debates en vivo. El primero fue un cara a cara entre Fernando Luengo (EconoNuestra) y Manuel de la Rocha (Economistas Frente a la Crisis); el segundo fue un seminario promovido conjuntamente con la Universidad Complutense de Madrid en el que participaron Josep Borrell, Ángel González Martínez-Tablas, Emilio Ontiveros y Juan Francisco Martín Seco. El último, una mesa redonda con la participación de Yayo Herrero, Fernando Luengo, Pablo Padilla, Pedro Chaves y Santos Ruesga. Los tres actos se encuentran disponibles en el archivo de Espacio Público.
Un debate sobre un tema tan amplio y complejo está lleno de matices, pero en un intento de sistematizar el intercambio diríamos que se ha centrado en dos bloques . El primero se refiere a la construcción del proyecto europeo:

1. ¿Nos encontramos ante problemas estructurales o coyunturales ¿Se trata de ajustar algunas instituciones y su funcionamiento o es cuestión del diseño y de la orientación del mismo? Estas preguntas se traslucen a lo largo del debate, ya sea en los temas económicos o sociales y las aportaciones van hacia el carácter estructural del problema.

2. No se trata sólo de cómo están diseñada la Europa actual, sino también de si son suficientes las instituciones: Parlamento europeo y Banco Central Europeo son claros ejemplos de esta insuficiencia. En este sentido también se echan en falta políticas conjuntas en aspectos tan cruciales como la fiscalidad o los presupuestos.

3. ¿Se ha quedado el proyecto europeo a la mitad? ¿Ha perdido impulso? Da la sensación de que en estos momentos hay “poco proyecto” y que los pasos que se dieron inicialmente con fuerza ahora son tibios e indecisos ¿tal vez el proyecto era sólo la integración económica y de una determinada dirección ideológica?

Hay un segundo bloque que tiene que ver con las consecuencias:

1. Hay una importante asimetría territorial que ha terminado en la Europa de dos velocidades. Hay centralidad y periferia en casi todos los aspectos: políticos, financieros, productivos, de movilidad humana,…

2. Existe una desigualdad creciente que empieza a pasar de ser efecto a ser causas de nuevos problemas que pueden romper el proyecto. El peso de la Europa económica hace que apenas se piense en la Europa social.

3. El binomio economía financiera-economía productiva se ha desequilibrado hacia la primera. Esto ha llevado a que la influencia del sector financiero en las decisiones políticas sea cada vez mayor.

4. La falta de centralidad de la economía productiva ha hecho que el paro haya crecido. Además no se ha introducido el elemento sostenibilidad en el sistema.

El resultado es un proceso de desconfianza y desafección crecientes que se ha instalado en la ciudadanía europea y que les lleva a preguntarse ¿merece la pena esta Europa? ¿Es mejor bajarse de este tren u otra Europa es posible?

Ponencia inicial

Otra Europa

Otra Europa

Las elecciones al Parlamento Europeo son una buena ocasión para debatir sobre los límites y las posibilidades, las ventajas y los inconvenientes de la integración europea. Sin pretensiones de abarcar todos los temas posibles, desde el grupo de trabajo de EconoNuestra (eN) “Otra Europa” queremos aportar elementos para ese debate, más allá del estricto ámbito electoral que viviremos con creciente intensidad hasta el 25 de Mayo.

Europa necesita soluciones estructurales, porque sus problemas son estructurales. Las medidas económicas coyunturales que se están adoptando contribuyen a empeorar la situación y a deteriorar aún más las condiciones de vida de la mayoría de la población, como sucede en España. Por ello apostamos por Otra Europa y no por la mera reforma de la actual Unión Europea (UE).

1. Al hablar de Europa no se puede hablar solo de la UE

1.1. Europa es más que un entramado institucional. Europa es una realidad más amplia y plural. La construcción europea exige respetar las diferencias y reforzar las similitudes; fomentar la igualdad, desde la solidaridad; distribuir con equidad los costes y las ventajas de la integración, reservando un papel regulador básico para las políticas públicas ejercidas desde la UE y sus Estados miembros. El creciente distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones europeas muestra que los avances de la integración en Europa no van por buen camino.

Las instituciones actuales sólo son funcionales a un modelo que fomenta los desequilibrios y refuerza los privilegios de unas élites que se oponen al bienestar de la mayoría de los ciudadanos.

1.2. El debate sobre Europa debe incluir también su inserción en la economía mundial y su papel en las relaciones internacionales. Europa es un territorio con un alto grado de apertura al exterior. La globalización ha incrementado las relaciones de Europa con el resto del mundo, pero a la vez han aumentado las desigualdades entre países. Por ello avanzar en la construcción europea implica, entre otras consideraciones, plantearse cómo cambiar las reglas que gobiernan las relaciones económicas mundiales, cómo mejorar el papel regulador de los organismos internacionales, y cómo trabajar activamente en favor de la reducción de las desigualdades en el mundo. En consecuencia, es necesario actuar más allá de los límites geográficos de Europa porque, en las actuales circunstancias, globalización y bienestar parecen términos cada vez más incompatibles.

2. La UE no puede ser fundamentalmente un club económico

2.1. Pedimos otra economía para Otra Europa. El discurso dominante es el discurso ortodoxo neoliberal, que se ha impuesto como “pensamiento único” y con el que cada vez se identifican menos ciudadanos. Como discurso alternativo proponemos hablar de la economía nuestra, de activar políticas en favor del empleo, de no asumir las restricciones laborales y salariales que nos imponen, de favorecer el bienestar y la igualdad de oportunidades. Los datos de coyuntura económica se utilizan demasiadas veces para ocultar los problemas que de verdad importan, que son los problemas estructurales y los problemas de la mayoría de los ciudadanos.

Es obligado debatir sobre el carácter de las políticas macroeconómicas y su impacto microeconómico, sobre la obligación de cambiar la estrategia integradora emprendida por el euro y la unión monetaria, sobre las reformas fiscales y la mejora del presupuesto europeo, pero es más importante aún conocer cómo afectan esos temas a las personas. Porque el bienestar también depende del marco de legitimidad democrática y de transparencia. Y depende del buen funcionamiento de las redes construidas por la ciudadanía para participar en la vida política y social, y para mejorar su participación en la actividad económica, más allá de los parámetros que reflejan los indicadores económicos convencionales. Por ello, consideramos necesario abrir un debate profundo sobre el crecimiento económico y sus efectos sobre el bienestar, el empleo, la igualdad y el medio ambiente.

2.1.1. Es necesario corregir el desigual reparto de las ventajas y costes de la integración. Este es un tema central, puesto que esas ventajas y costes no se reparten por igual. Desde la UE, como actor con capacidad de implementar políticas públicas, hay que reforzar los mecanismos de cohesión para combatir las disparidades sociales, territoriales, sectoriales. Además, es indispensable equilibrar la estructura productiva europea en todos sus ámbitos, prestando especial atención a las actividades sectoriales y geográficas más vinculadas a la creación y mantenimiento del empleo. También hay que modificar e incrementar sustancialmente el presupuesto comunitario para reforzar los fondos estructurales, las políticas de cohesión y las iniciativas destinadas a fomentar la participación ciudadana y el control democrático. Algunas ideas pueden ayudar a entender la necesidad de actuar en favor de un reparto equilibrado de los costes y beneficios de la integración europea:

– La libre movilidad no es una realidad en la actual UE. Muchos ciudadanos solo perciben como real la libre movilidad internacional de los capitales.

– La unión monetaria, en su actual formulación y fase de desarrollo, no ha sido un instrumento de cohesión económica y política. No ha servido para avanzar de forma equilibrada y con equidad en la integración europea, sino para ahondar en las desigualdades entre países y personas. El ‘modus operandi’ del BCE (Banco Central Europeo) solo es eficiente para los intereses del sector financiero, no para el conjunto de la ciudadanía. Si la unión bancaria sigue el mismo camino muchos europeos se alejarán aún más las instituciones de la UE.

– El euro no puede ser contemplado como un símbolo fallido de la integración europea. La moneda no puede estar al servicio de unos pocos. Los objetivos de la política monetaria deben estar subordinados a la consecución de la estabilidad, la equidad, el pleno empleo y la protección social de todos los ciudadanos de la UE.

– La integración fiscal no puede ser una falacia. No puede limitarse a la aproximación de ciertas figuras fiscales sujetas a mecanismos de votación que impiden avanzar en la convergencia y la progresividad de los sistemas fiscales. Es necesaria una profunda reforma fiscal, a la vez que una armonización fiscal a escala europea que permita la financiación de las políticas públicas sostenibles, es decir, de políticas que reposen sobre sistemas fiscales consistentes, equitativos y capaces de combatir el fraude. La integración europea difícilmente podrá avanzar en una senda de equidad y estabilidad mientras existan amplias bolsas de fraude fiscal, paraísos fiscales y redes de blanqueo de dinero, dentro y fuera del espacio europeo.

2.1.2. Es urgente que el BCE modifique su forma de intervención en los mercados financieros. Las funciones del BCE y de la unión monetaria no pueden consistir solo en el control de la inflación y en ayudar al sector financiero. La política económica ha de buscar la estabilidad y la eficacia global y social. Sin embargo, Europa y sus gobiernos han apostado por una austeridad mal entendida, ignorando que la política económica puede ser contracíclica. En la UE se ha olvidado que la creación de empleo ha de ser la principal prioridad política y que el empleo contribuye al equilibrio fiscal.

Además, en la UE no será posible reforzar los criterios de equidad de las políticas públicas sin un control democrático de las instituciones que gobiernan su economía y sus finanzas. Por ello, el Parlamento Europeo debe vigilar que las actuaciones del BCE contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la integración europea. Con carácter urgente, el BCE debe modificar su forma de intervención en los mercados, para apoyar de manera clara las políticas públicas destinadas a reactivar la actividad y el empleo. A continuación, el Parlamento Europeo habrá de buscar un modo de encajar esos cambios funcionales del BCE en el ordenamiento jurídico común.

2.2. Es preciso reforzar los valores sociales y políticos que sustenten una economía al servicio de las personas y en pro del bienestar colectivo.

2.2.1. No se puede construir Europa sin esperanza. Sin la esperanza de que la integración atiende los problemas reales de las personas. Queremos una Europa solidaria, en la que se pueda mejorar la educación y la sanidad, y se puedan atender los problemas de la inmigración, la pobreza y el hambre en Europa y en el mundo. En la que se pueda fomentar la investigación y aumentar las inversiones en actividades que mejoren el bienestar, protejan el medio ambiente y ayuden a evitar las guerras en el mundo.

2.2.2. Los ciudadanos no pueden percibir Europa como un conjunto de instituciones sin una sólida base de legitimidad democrática. Y eso puede ser válido para el BCE, pero también podría aplicarse al Parlamento Europeo si su capacidad de acción no mejora sustancialmente. De hecho, el Parlamento quedará muy mermado ni no puede actuar en materia fiscal y presupuestaria, más allá de los compromisos y restricciones plurianuales actualmente existentes. Se trata de ampliar el concepto de democracia en Europa y de retomar los planteamientos federales desde una perspectiva que incluya el federalismo fiscal. Ello exigirá las necesarias reformas de la fiscalidad comunitaria y de los sistemas fiscales de los países miembros, como estrategia para hacer compatible en Europa una ordenación territorial más acorde al sentir de los distintos pueblos que la componen.

3. La amenaza de la no-Europa y la amenaza de la soberanía

3.1. Europa no puede construirse sobre el miedo a perder la soberanía nacional o regional, ni sobre el miedo a que deje de existir la actual UE. La integración tendrá sentido si avanza hacia una Europa política y social, en la que la unión económica y monetaria esté al servicio del bienestar colectivo. La unión monetaria nació de un acuerdo político y solo culminará si el conjunto de Estados se muestran dispuestos a compartir su soberanía como requisito para avanzar hacia una unión económica y monetaria. Y para progresar en la unión económica se requiere un avance sustantivo en la complementariedad de los sistemas fiscales, lo que es imposible con los actuales procedimientos de decisión de la UE en materia fiscal.

3.2. La UE y sus instituciones han de cambiar radicalmente, si el objetivo es avanzar hacia un modelo de soberanía compartida. Las grandes decisiones no pueden adoptarse solo de manera intergubernamental, bajo la presión de los Consejos Europeos. Si se pide a los ciudadanos elegir un Parlamento, representativo de los pueblos de Europa, los eurodiputados han de conjugar la proximidad a sus electores y la preservación de objetivos comunes para el conjunto de ciudadanos de la UE. Es difícil que esa combinación de intereses pueda sustentarse solo sobre el marco de representatividad que ofrecen los partidos políticos nacionales. Europa es una realidad más amplia y plural y necesita apoyarse también sobre la configuración de grupos y redes supranacionales, que refuercen un modelo de soberanía compartida.

En la UE es prioritario acabar con el lastre de la deuda y la situación de endeudamiento que atenaza a muchos de sus países, y que son el resultado de opciones y políticas económicas equivocadas: las políticas de austeridad mal entendida. Se trata de una situación cuyo origen y posterior evolución plantea tantas dudas que resulta obligado exigir una auditoría de la deuda de los países europeos.

3.3. No habrá Otra Europa sin consolidar una ciudadanía común. No se puede hablar de ciudadanía europea si no hay recursos para garantizar la igualdad de oportunidades, con independencia del lugar de nacimiento. Todavía es necesario suprimir muchas fronteras internas y no construir nuevas barreras artificiales, preservando como valor esencial la diversidad.

4. Otra Europa

El objetivo de avanzar en la construcción de Otra Europa requiere propuestas específicas, que habrán de formularse y debatirse con rigor y serenidad. Desde el grupo de trabajo planteamos algunas líneas de acción preliminar.

4.1. Reclamamos un debate claro y exhaustivo sobre las alternativas de reforma, ruptura y nuevo proceso constituyente en Europa, incluyendo como primer paso la unión monetaria y el euro. ¿Tiene sentido avanzar por el actual camino, si una mayoría de los ciudadanos ven el euro y el BCE como instrumentos al servicio de los intereses financieros? ¿No sería más lógico modificar con urgencia el funcionamiento de facto del BCE, mientras se acuerda cómo modificar sus fundamentos jurídicos?

4.2. Europa vinculada al mundo. Europa depende en exceso de un contexto mundial infectado por el neoliberalismo. En él, la soberanía se disipa porque la absorben y diluyen los mercados. Europa no puede aislarse del mundo, pero tampoco puede sobrevivir aislada: ni aislada siendo un reducto de bienestar ni aislada de la obligación de contribuir a reformar el desorden mundial. Si sometemos a los organismos internacionales a un control democrático riguroso su capacidad de acción podrá ser útil para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos.

4.3. Hay que reclamar valores humanos, frente a la idea de que los riesgos de vivir en sociedad han de afrontarse de manera individual. Apostamos por la solidaridad como base del progreso y por combatir las desigualdades, por encima de los intereses de las minorías codiciosas y usureras. Buscamos poner énfasis en los valores que pueden sustentar la construcción europea, tomando distancias del neoliberalismo y del revestimiento ideológico que proporciona para la defensa de intereses individuales.

4.4. Necesitamos una sociedad civil más participativa y solidaria, que exija a los políticos el cumplimiento de sus promesas, que evite la endogamia de los partidos políticos. Reclamamos que el Parlamento Europeo participe en la construcción de Otra Europa, no solo con votaciones simbólicas y recomendaciones de carácter no vinculante.

4.5. Buscamos un debate que convierta la economía en economía nuestra, no en la economía de otros. Que convierta la economía en un instrumento en favor del bienestar de la mayoría y no en beneficio de una minoría. Proponemos un debate que exija al BCE y a las instituciones comunes unas políticas distintas. El debate no puede centrarse solo en las instituciones de la UE, sino en la Europa real y la Europa posible: en la Otra Europa.

Pensamos que las reformas de los sistemas fiscales y de los símbolos más visibles de la integración europea, como el BCE o los objetivos de facilitar la movilidad y la igualdad de oportunidades en Europa, pueden ayudar a la construcción de una Europa en la que las políticas públicas, incluidas las implementadas por la UE, contribuyan al bienestar. Otra economía es posible, lejos del paradigma de crecimiento económico y financiarización que hasta ahora ha prevalecido. Reclamamos un cambio radical que permita la construcción de Otra Europa. Exigimos un debate sobre estos temas.

moderado por:

  • Antonio Sanabria

    Profesor Economía Aplicada. Universidad Complutense Madrid

  • Iván H. Ayala

    Investigador asociado al ICEI y miembro de econoNuestra

Planteamiento

El objetivo de esta ponencia es enmarcar y ordenar una discusión abierta sobre la problemática actual y el futuro de la eurozona. Nos parece que la discusión que planteamos debe tener como objetivo final dar respuestas – aunque sean éstas provisionales e inseguras – a las dos preguntas siguientes: ¿va a sobrevivir el euro?, ¿debe sobrevivir el euro?

Para responder a la primera pregunta hemos imaginado los escenarios posibles en cada una de las dos alternativas: que el euro se disuelva o que se consolide. Los escenarios – descritos en el epígrafe 3 – son las situaciones resultantes de las posibles formas de resolver lo que consideramos el problema central de la eurozona, que describiremos muy brevemente en el apartado 2. En el apartado 4 se formulan las cuestiones sobre las que debería centrarse la discusión y de cuyas respuestas depende la probabilidad atribuible a cada uno de los dos escenarios.

La segunda pregunta ¿merece el euro sobrevivir? debe responderse teniendo en cuenta:

  • a) la probabilidad atribuible a cada escenario;
  • b) la estimación de las consecuencias económicas, sociales y políticas que su materialización comportaría;
  • c) los valores y preferencias políticas de quienes se pronuncian sobre esta cuestión.

Esquema de la crisis

Comenzaremos por hacer un breve esbozo de cómo se ha producido y ha evolucionado la crisis de la eurozona.

La primera idea es que la crisis debe ser entendida como resultado no de un choque exógeno, sino de la propia dinámica interna de la UME derivada de un diseño defectuoso. Es decir, que una perturbación externa – la crisis en los Estados Unidos – pudo precipitarla pero que, en cualquier caso, se había producido sin ella.

El mecanismo central de la crisis sería: las tasas de inflación diferentes entre los países del Norte y los países del Sur han provocado una pérdida de competitividad de los segundos respecto de los primeros generadora de los déficits comerciales de aquellos y de la consiguiente acumulación de deuda externa. Expuesto de otro modo, el exceso de ahorro del bloque Norte financia sus déficits comerciales al bloque Sur, haciendo posible así que éste absorba su excedente de producción.

Sobre cómo se generaron los diferenciales de inflación entre el bloque Sur y el bloque Norte existen tres explicaciones no excluyentes:

  • a) flujo masivo de capitales del Norte a los países del Sur, que se produce al desaparecer el riesgo de variación del tipo de cambio por la creación del euro y que provocó euforia financiera y burbujas en éstos;
  • b) inadecuación del tipo de interés único que marca el Banco Central Europeo a las necesidades de países diferentes, resultando excesivamente bajo para unos – Sur – y demasiado alto para otros – Norte –, apareciendo, en consecuencia, en los primeros una inflación más elevada que en los segundos;
  • c) Podríamos denominarlo neomercantilismo alemán y es una estrategia que consiste en que Alemania resuelve su problema de insuficiencia de la demanda interna promocionando sus exportaciones mediante la contención acordada con los sindicatos del crecimiento de salarios y precios.

Mientras los déficits comerciales persisten, la deuda externa crece pero – por el estallido de las burbujas, por la eclosión de la crisis en los Estados Unidos o porque la deuda había alcanzado un nivel de saturación –, el deseo de endeudarse de familias y empresas y la voluntad de prestar de los acreedores cesaron. El colapso del crédito bancario, el derrumbe del sector de la construcción y la incertidumbre provocaron una contracción de las economías del Sur y, por la activación de los estabilizadores automáticos, el incremento de los déficits públicos, el crecimiento de la deuda pública y, para contenerlo, las medidas de austeridad aún en vigor. El endeudamiento público ha compensado el desendeudamiento privado y los organismos oficiales – BCE, ESM, EFSF y FMI – han cubierto posteriormente la retirada de los prestamistas privados.

El doble problema de la UME es ahora cómo eliminar (¿pagar?) el stock de deuda externa acumulada y el problema de conseguir que, sin recesión, en los países del Sur desaparezcan sus déficits corrientes – el flujo – para que el crecimiento de la deuda externa cese. La eliminación de las políticas de austeridad, la conversión de los déficits de los países del Sur en superávits y el estímulo de la demanda interna de Alemania lograrían reequilibrar la eurozona y restaurar su tasa de crecimiento.

Los escenarios

El futuro que podemos imaginar se bifurca en dos alternativas: ruptura del euro y continuidad del euro, surgiendo, según nuestra visión, cuatro posibles escenarios en caso de ruptura y tres escenarios si el euro sobrevive. Los escenarios de ruptura son:

Ruptura acordada del euro

Las condiciones de ruptura, fundamentalmente la redenominación de las deudas, se negociarían y se acordarían entre los países miembros y las autoridades de la UME.

Colapso financiero

Se produciría si, por elevarse mucho la prima de riesgo, la deuda se hace explosiva y, al no intervenir el BCE con fuerza suficiente, se llega al default de uno o varios países del Sur y a su salida del euro, aun en contra de su voluntad.

Ruptura por decisión de uno o varios países del Sur

Para eludir las tensiones sociales o por victoria electoral de un partido anti-euro el país decide abandonar la eurozona. En este caso y en el anterior serían los países que abandonen los que adoptarían una nueva moneda que podemos denominar euro débil porque inmediatamente se devaluaría.

Salida unilateral de Alemania

En este escenario es Alemania el país que decide salirse del euro y crear una moneda nueva para eludir la carga de subvencionar a los países del Sur. Esta moneda experimentaría una apreciación respecto al euro normal y podríamos llamarla euro fuerte.

Los escenarios de la continuidad del euro son:

Revaluación de Alemania

Alemania aceptaría una tasa de inflación más elevada que la de los países del Sur, permitiendo a éstos recuperar su competitividad, obtener superávits exteriores y controlar el crecimiento o reducir su deuda externa.

Devaluación de los países del Sur

Mediante la devaluación interna, es decir, logrando los países del Sur tasas de crecimiento de salarios y precios inferiores a las registradas en los países del Norte, se invertiría la situación que originó la crisis y los países del Sur podrían obtener superávits comerciales y reducir su endeudamiento.

Conversión de los países periféricos en un gigantesco “mezzogiorno”

En este caso no se produciría devaluación interna o lo haría con mucha lentitud. Subsistirían los déficits externos e internos de los países periféricos y los superávits simétricos de Alemania. La deuda externa generada sería asumida, mediante monetización, por el BCE o condonada. Sería necesario un flujo continuo de transferencias de Norte a Sur. La UME se convertiría en la transfer union tan indeseable para los alemanes.

Cuestiones-guía para la discusión

Las cuestiones en torno a las que proponemos desarrollar la discusión serían:

  • 1. ¿Considera factible y probable una ruptura acordada del euro?
  • 2. ¿Puede considerarse que la devaluación interna es una política eficaz para que los países del Sur recuperen su competividad?
  • 3. ¿Respondería Alemania a la posible devaluación interna de los países del Sur con políticas de limitación del crecimiento salarial para preservar su actual ventaja competitiva?
  • 4. ¿Soportarán los países del Sur el desempleo elevado y las consiguientes tensiones sociales durante los largos períodos necesarios para lograr la devaluación interna?
  • 5. ¿Es la suavización o supresión de las políticas de austeridad la solución o una contribución a la solución de los problemas de la eurozona? ¿Son necesarias las medidas de austeridad para impulsar la devaluación interna?
  • 6. ¿Contribuyen las reformas que se proponen y que se aplican a restaurar el crecimiento económico de los países del Sur?
  • 7. ¿Aceptarán los mercados financieros proseguir con las compras de la deuda pública de los países del Sur siendo dudosa la solvencia de éstos pero estando respaldados por el compromiso del BCE de hacer “todo lo necesario”?
  • 8. ¿Considera que Alemania aceptará tasas de inflación más elevadas que las de los países periféricos para facilitar la recuperación de la competitividad de éstos?
  • 9. ¿Estará dispuesta Alemania, para garantizar la supervivencia del euro, a realizar las transferencias necesarias para que el Sur no colapse, es decir, a aceptar que la UME es, de hecho, una transfer union?
  • 10. ¿Puede la eurozona tener un superávit comercial permanente con el resto del mundo procurando mantener una paridad baja del euro?
  • 11. ¿Bastará que un país salga del euro para que, por contagio, se produzca la desintegración total de la eurozona?
  • 12. ¿Qué indicadores debemos observar para juzgar si la crisis de la eurozona se está superando o se está agravando? ¿Cómo se están comportando esos indicadores?
  • 13. ¿Se creará un mecanismo de autocorrección en la eurozona por el cual las autoridades de la UME – influidas por Alemania – suavicen las exigencias de austeridad impuestas a los países del Sur ante:
    • a) La excesiva contracción de las economía del Sur, que merma las posibilidades de exportación del bloque Norte; y
    • b) El riesgo de que en un país se alcance una tensión social excesiva o una deriva electoral anti-euro que provoque el abandono del país con la reacción de contagio que ello podría implicar?
  • 14. ¿Es plausible que Alemania prefiera la salida del euro como rechazo al papel de “donante” que le correspondería en la posible transfer union?
  • 15. ¿Cómo es previsible que evolucionen el crecimiento económico, el empleo y la calidad de la democracia en los escenarios más probables de cada una de las alternativas: disolución o permanencia del euro?

moderado por:

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

  • Albert Recio Andreu

    Economista

Conclusión del debate

Recientemente se ha publicado en Espacio Público, marco habilitado para el debate por el diario Público, el artículo ¿Es posible salir del hoyo del paro? En este artículo señalábamos que las políticas que impone la Troika a los distintos países de la Unión Europea –y muy en particular a los periféricos– están resultando un fracaso a la hora de solucionar el principal problema de nuestras economías: el desempleo. Las políticas de recortes fiscales y devaluaciones salariales no sólo no han ayudado a frenar la destrucción de empleo, sino que durante los últimos dos años han colaborado a que el paro siga aumentando.

Frente a esta orientación de Bruselas y de los distintos gobiernos europeos, el artículo habla de la necesidad de propiciar un giro radical en la política económica. La creación de empleo debe ser la vara que mida el éxito de la política económica. Para ello es necesaria una nueva política fiscal –basada en un fuerte aumento del gasto público y en una reforma que grave más a quien más tiene–. En segundo lugar, se plantaba también la necesidad de incrementar de forma generalizada los salarios y reducir la jornada laboral, como mecanismos para impulsar la demanda agregada, invertir el patrón de distribución de la renta imperante y repartir el empleo. Finalmente, sin quitas significativas sobre la deuda de los hogares –particularmente sobre la deuda hipotecaria de la primera vivienda– difícilmente será posible salir de la actual situación de estancamiento y cuasi deflación, y crear empleo.

Las respuestas y reacciones que han tenido lugar en el foro de Espacio Público ante dicho artículo son muy interesantes. Dedicamos las siguientes líneas a revisar y discutir estas aportaciones.

Trataremos de agrupar estas contribuciones en cuatro grandes líneas de debate: 1) calidad del empleo, 2) sostenibilidad ecológica y renta básica, 3) viabilidad del pleno empleo en la actualidad y, finalmente, 4) democratización de la economía.

Una primera cuestión, ciertamente ineludible cuando hablamos de creación de empleo, remite a la calidad del empleo generado. Difícilmente podremos decir que se ha salido de la crisis de forma beneficiosa para el conjunto de la población –y en particular, de la población trabajadora– si, aunque se cree empleo de forma sostenida, este empleo resulta inestable, de mala calidad y mal remunerado.

La formidable extensión que han alcanzado fenómenos como la precariedad laboral, o la existencia de trabajadores pobres, cuestiona abiertamente lo que otrora fuera el pasaporte básico de ciudadanía en las sociedades occidentales: el trabajo como vehículo de inserción social en una colectividad. Hoy día tener un trabajo ya no es condición suficiente para poder desarrollar una vida relativamente independiente y autónoma, en la medida en que las sucesivas reformas laborales de nuestro ordenamiento jurídico han ido progresivamente traspasando el riesgo económico y empresarial desde los accionistas a los trabajadores. Un giro en la política económica debiera tener en cuenta, por tanto, no sólo la necesidad de crear empleo, sino también la prioridad porque este sea de calidad. Re-regular el mercado de trabajo, aboliendo su “flexibilidad”, contribuiría a resituar el riesgo económico y empresarial en quien la teoría económica lo ha situado históricamente –en el empresario–, garantizando con ello condiciones de trabajo y de vida más estables y dignas.

La segunda línea de debate remite a un tema que ya el artículo original consideraba: la sostenibilidad ecológica. De acuerdo con la teoría de la demanda efectiva, tal cual fue formulada por Kalecki en la década de 1930, un gobierno puede aumentar el nivel de demanda de la economía –y por tanto el nivel de producción de bienes y servicios, y la creación de empleo– siempre y cuando existan recursos ociosos de fuerza de trabajo. En esos casos, los aumentos del gasto público no se transforman en inflación. La batalla por el pleno empleo puede encontrar así en el Estado un instrumento útil, si se pone al servicio de la creación de empleo.

No obstante, y como se señalaba tanto en el artículo original como –con mayor insistencia aún– en algunas aportaciones al debate, no es viable –en términos ecológicos– que el pleno empleo se alcance únicamente, ni principalmente, por la vía de un incremento de la producción.

Frente a la lógica de crecer debe imponerse la lógica de distribuir. Así, además de que la demanda pública se oriente hacia los servicios sociales –intensivos en fuerza de trabajo cualificada, y poco consumidores de energía–, las distintas contribuciones al debate señalan la prioridad por adoptar otras dos medidas: reducciones generalizadas de la jornada laboral y/o una renta básica universal sufragada por una fiscalidad justa y progresiva.

Aunque ambas medidas no son excluyentes entre sí, e incluso pueden reforzarse como vía para construir un modelo alternativo de trabajo, entendemos que una sociedad basada en criterios de igualdad y reciprocidad debería primar el que los incrementos de productividad derivados del avance tecnológico permitan “trabajar menos para trabajar todos”, y avanzar así hacia una sociedad del tiempo libre.

Aun reconociendo la utilidad de una reivindicación como la renta básica para hacer pivotar la lógica desde el crecimiento hacia la distribución, para incrementar sustancialmente el poder de negociación de los trabajadores, y para terminar con la precariedad laboral y la pobreza, consideramos que presenta dos grandes problemas. En buena medida, la aportación del individuo a la sociedad difícilmente puede dejar de ser la base de los derechos colectivos y, además, un ingreso universal garantizado haría inevitable una sociedad dual (por un lado, los “liberados” del trabajo que perciben una renta garantizada y, por otro, los asalariados que, a cambio de elegir trabajar, se ven compensados por una renta superior).

La tercera línea de debate tiene que ver con una pregunta trascendental: ¿es posible el pleno empleo en el marco de la actual zona Euro? Es más, ¿es posible el pleno empleo en sociedades capitalistas?

Hay quien plantea que el giro en la política económica planteado en el artículo original –importante aumento del gasto público, gratuidad y universalización de los servicios públicos, incrementos salariales, reducción de la jornada laboral, quitas sobre la deuda hipotecaria–, en la medida en que no cabe en el actual marco de la zona euro, obliga –antes de nada– a romper con la unión monetaria. Siendo cierto que dichas políticas no caben en la actual conformación del sistema-euro, parece más lógico señalar cuáles deben ser las prioridades en materia de empleo, y desvelar las propias contradicciones de la unión económica y monetaria, que limitarse a identificar la salida de la zona euro como la única solución viable. Diversas “salidas” o “rupturas” de la zona euro son posibles y, desde luego, no todas conducen al pleno empleo. Del mismo modo, la refundación integral del proyecto europeo –que democratice sus instituciones, restituya la soberanía política y garantice la solidaridad interterritorial– no debe excluirse como exigencia política sobre la que articular la política de empleo.

Por otro lado, existe sobrada evidencia empírica, así como fundamentación teórica, para defender que efectivamente el paro resulta consustancial a la sociedad capitalista. ¿Quiere eso decir que no podemos debatir o articular una estrategia para intentar alcanzar el pleno empleo en la situación actual? En primer lugar, se debe ser consciente de que, aunque el pleno empleo no es una realidad que haya existido en las sociedades capitalistas –salvo casos muy puntuales–, las diferencias entre unas economías y otras, y entre unos momentos históricos y otros son enormes: poco tienen que ver las reducidas tasas de paro de las economías desarrolladas durante las décadas de 1950 y 1960, con las experimentadas a partir de 1980, momento en el que empiezan a subir sustancialmente. Poco tiene que ver la tasa de paro que actualmente ostenta la economía española (del 26,6%) con la que presenta la economía alemana (5,4%). Y la política económica –junto a, por supuesto, otros factores económicos– resulta crucial para entender tales diferencias.

Los factores que explican estas diferencias son diversos: entre otros, el grado de desarrollo de una determinada economía, su inserción externa o la dimensión y el vigor de la demanda agregada. En cualquier caso, entre estos factores ocupa un papel importante también la política económica que se aplique. De hecho, en las sociedades capitalistas los factores que explican la oferta y la demanda de trabajo responden a determinantes distintos y, por lo tanto, difícilmente coincidirán y “vaciarán” el mercado. Con ello, el empleo queda, en términos generales, al albur de las exigencias de la rentabilidad empresarial. Precisamente por ello, la exigencia de pleno empleo delimita una batalla política de primer orden entre las distintas clases sociales –centrada en la apropiación que los distintos grupos sociales hacen de la riqueza producida–. En dicho contexto, la política económica resulta un instrumento primordial al servicio de un grupo social u otro.

Y es este argumento el que nos lleva directamente hasta la cuarta cuestión que aparece en el debate: la necesidad de democratizar la economía. De nuevo, aunque la democracia económica no puede ser plenamente alcanzada en el marco del capitalismo, poner la política al servicio del pleno empleo entrañaría avanzar en dicha democratización. No es fácil identificar a qué nos referimos cuando hablamos de “democratizar” un ámbito que, por definición, no es democrático. Resulta evidente sin embargo que aquellas medidas que van en la línea de limitar la gestión de la propiedad privada en aras del bienestar colectivo conllevan incrementos de igualdad, libertad y solidaridad (y, también, de eficiencia económica) que redundan en una mayor democracia. Así, que se regule por ley la calidad del empleo, o que los incrementos de productividad sirvan para reducir el tiempo de trabajo, evidencia cómo la política económica puede contribuir no sólo a la creación de empleo, sino también a la democratización de la economía.

Ponencia inicial

¿Es posible salir del hoyo del paro?

¿Es posible salir del hoyo del paro?

La actual crisis económica ha disparado las cifras de desempleo en Europa, convirtiendo el paro en el principal problema económico y social del momento: en España hemos pasado de 1,8 a 6,1 millones de desempleados entre 2007 y 2013, mientras que en la UE se ha pasado de 16,8 a 26,7 millones durante estos años. La reducción del desempleo debiera ser por tanto el referente que guíe el conjunto de la política económica.

El gobierno español, al igual que las instituciones de Bruselas, defienden su política de recortes del gasto público y de reducción de los salarios como la condición necesaria para que nuestras economías capten financiación externa, ganen competitividad y se produzca con ello la recuperación del crecimiento económico. Se fía la salida de la crisis por tanto al supuesto papel estabilizador que el “saneamiento” del sector público tendrá sobre la inversión privada, así como al motor de las exportaciones.

Sin embargo, comprobamos cómo esta política resulta un autentico fracaso en términos de creación de empleo y de recuperación económica. Los recortes del gasto público no están propiciando una reducción paralela del déficit de las administraciones, ni una recuperación de la inversión privada, en la medida en que los gobiernos han ignorado el papel del multiplicador fiscal: la reducción de las partidas del presupuesto impacta negativamente –y en mayor medida de lo esperado– en la actividad económica, lo que se traduce no sólo en un menor crecimiento económico sino también en una intensa caída de la recaudación y en nuevos gastos (desempleo, ayudas sociales, etc.). En este contexto, la inversión privada se reduce y, con ello, retroalimenta la propia contracción de la demanda agregada.

Por otro lado, los recortes salariales en las empresas no se han traducido en una mejora de las exportaciones capaz de compensar el efecto recesivo que dichos recortes tienen sobre el consumo privado. Es más, cuando estas políticas de “devaluación interna” se aplican de forma simultánea por el conjunto de los socios de la UE, como es el caso, los efectos depresivos se amplifican, en la medida en que el crecimiento de las exportaciones se ve limitado por la política de los vecinos.

Ante este fracaso resulta imprescindible propiciar un giro radical en la política económica. No obstante, una nueva política económica que tome la creación de empleo como referente fundamental debe tener en cuenta que la crisis que vivimos es sistémica y que, además de los aspectos económicos, otras dos cuestiones deben ser consideradas: la dramática situación ecológica que atravesamos y la crisis del actual modelo reproductivo. Necesitamos crear empleo urgentemente y necesitamos hacerlo sin que ello entrañe un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero –que amenazan con hacer inviable la vida en el planeta como consecuencia del calentamiento global–. Y, además, necesitamos también que –desde una perspectiva de género– la nueva política de empleo camine en la dirección de propiciar un reparto efectivo del trabajo familiar.

Señalamos tres posibles pilares en torno a los que hacer pivotar esta nueva política económica: una nueva política fiscal, una nueva política laboral y de rentas y, por último, una nueva estrategia respecto al problema del sobreendeudamiento.

En primer lugar, y tal y como reza el conocido proverbio, para salir del hoyo lo primero es dejar de cavar. Es imprescindible poner fin a la estrategia de austeridad sine die de Bruselas. Los recortes del gasto público deben dar paso a una política de intensa expansión del presupuesto dedicado a servicios públicos. No sólo para reconstruir un “escudo social” que blinde las principales necesidades de la mayoría de la población frente a los efectos de la crisis, sino también porque en un contexto de recesión de balances como el actual, en el que buena parte de los actores privados permanecen constreñidos por el peso de la deuda y por tanto sin capacidad para invertir o consumir, el sector público es el único que puede actuar como motor económico.

La expansión del gasto público debiera centrarse en determinados ámbitos que faciliten la recuperación del empleo y el crecimiento de la renta de los hogares, sin ocasionar con ello un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Resultarían así prioritarios los servicios de atención a la dependencia, la sanidad, la educación o la rehabilitación inmobiliaria, todos ellos intensivos en fuerza de trabajo y de limitado consumo energético. Es más, el propio sector público debiera ser quien impulsase la transición energética necesaria para avanzar hacia una economía sostenible, asegurando tanto las inversiones necesarias para ello como la correspondiente “transición justa” para los trabajadores de los sectores más contaminantes. Además, la financiación de tales políticas debiera producirse fundamentalmente con cargo a una intensa reforma fiscal –que grave más a quien más tiene y que persiga el elevado fraude fiscal de las rentas más elevadas– coordinada a nivel europeo.

El segundo pilar de una política económica verdaderamente encaminada a crear empleo debiera pasar por una reducción generalizada de la jornada laboral, para hacer frente al desafío del desempleo sin comprometer con ello la sostenibilidad del planeta. Así, el reparto del empleo ya no haría necesaria la consecución de elevados ritmos de crecimiento y consumo material para ocupar a la población desempleada. Valga como ejemplo, a pesar de todas las limitaciones que el proyecto presentó, el caso francés: la reducción de la jornada laboral a 35 horas legislada por el gobierno de Jospin supuso la creación de más de un millón de empleos netos durante el bienio 2000-2001 en Francia.

Es más, una política de reparto del empleo, al reducir la jornada laboral diaria, sería la base para el avance en el reparto del trabajo doméstico. Un avance efectivo en la igualdad de género exigiría no obstante inversiones públicas adicionales, posibles en un contexto de nueva fiscalidad como el señalado: permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, así como la universalización de la educación infantil desde los cero años.

En paralelo a la reducción de la jornada laboral, una nueva política de rentas debiera impulsarse. Esta política de rentas tiene que partir del hecho de que en las décadas anteriores hemos asistido a un deterioro del peso de los salarios en el PIB que es necesario contrarrestar, si no queremos que crecientes volúmenes de liquidez alimenten continuamente burbujas inmobiliarias, bursátiles y financieras. Para ello deberían articularse incrementos en los salarios reales superiores al crecimiento de la productividad. Resulta por tanto necesario derogar las últimas reformas laborales, que han quebrado la capacidad de negociación sindical. De hecho, el crecimiento salarial debe coordinarse a nivel europeo, facilitándose incrementos más intensos en las economías del centro para contribuir así a limitar los desequilibrios de balanza de pagos e impulsar la recuperación de la periferia. Esta estrategia de “recuperación liderada por los salarios” vendría a reforzar la política expansiva del gasto público anteriormente mencionada.

Por último, el tercer pilar de la política económica que aquí proponemos pasa por retirar la losa económica que pesa en este momento sobre buena parte de los hogares, acometiendo quitas de las deudas privadas mediante una reducción significativa en el valor facial de las hipotecas. Políticas similares se pusieron en marcha en EE.UU. durante la década de 1930, o en Islandia en el contexto de la crisis actual, y en ambos casos las quitas colaboraron a una recuperación progresiva de la renta disponible de los hogares y, con ello, a la dinamización de la actividad económica.

El saneamiento de las entidades bancarias que una medida de estas características podría conllevar debiera hacerse con cargo a gerentes, accionistas y acreedores, y no con cargo al erario como ha sucedido hasta la fecha en nuestra economía. En cualquier caso, las ayudas públicas que pudiesen hacer falta tras este saneamiento deberían acompañarse de la correspondiente toma de control accionarial de las instituciones financieras por parte del Estado.

El cambio de orientación en la política económica aquí defendido –necesario para que la salida de la crisis se pueda producir en beneficio de la mayoría social– tiene una virtud de la que carece la estrategia actual de Bruselas: mientras que esta última presenta un carácter competitivo que devalúa su implementación, la que nosotros proponemos es de naturaleza netamente cooperativa, de forma que cuantos más países la implementen tanto mejor funcionará. Así, mientras que las “devaluaciones internas” impulsadas por la Troika al aplicarse simultáneamente en varios países refuerzan los efectos depresivos a escala continental, una recuperación liderada por los salarios resultaría tanto más beneficiosa para Europa cuantos más países la llevasen a cabo.

A pesar de ello, hoy por hoy es precisamente en el ámbito supranacional donde una estrategia alternativa como la que aquí se propone encuentra su mayor dificultad: el marco institucional del euro y el diseño de la Unión Económica y Monetaria asfixian la posibilidad de implementar una política económica alternativa. Por ello, para aplicar estas medidas es precisa una refundación integral del proyecto europeo que democratice sus instituciones, restituya la soberanía política y garantice la solidaridad interterritorial. De lo contrario, aquellos gobiernos que, en caso de producirse vuelcos electorales, quieran apostar por aplicar reformas que garanticen verdaderamente el progreso social, el empleo y la defensa de los derechos adquiridos, puede que se vean abocados –para bien o para mal– a la ruptura con la UE y a la salida del euro.

moderado por:

  • Francisco Javier Braña Pino

    Investigador asociado en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

  • Alejandro Inurrieta

1. Punto de partida

Como es sabido el crecimiento del déficit público español ha evolucionado desde tasas negativas en 2006 y 2007 (1) En 2006 y 2007 hubo superávits de las AAPP del 1,84% y 2.23% del PIB respectivamente. a tasas crecientes (p.e., 11,2% del PIB en 2009 o 9,4% en 2012), lo que incide en el crecimiento de la deuda pública (que en la actualidad se sitúa en el 100% del PIB, con su mínimo en 2007 del 36% entre 2000; constituyendo aproximadamente hoy un tercio de la deuda soberana, es decir de la deuda total de España). Este es uno de los efectos económico-financieros más relevantes de la gran recesión en España. La gestión económica y política del mismo ha logrado imponer en el imaginario colectivo de los ciudadanos, con la acrítica colaboración de los medios de comunicación de masas y de no pocos economistas convencionales, dos ideas simplificadoras sobre este hecho central de la recesión actual:

  • a) Que el déficit público (y, por tanto, la deuda pública) es la causa o una de las causas por antonomasia de la gran recesión que sufrimos, obviando de esta manera su complejidad causal. Es lo que podría denominarse como tesis de la “perversión” ideológica tecnocrática. Frente a dicha perversión debemos preguntarnos, en otras cosas, cuál el peso de lo público y de lo privado en dicho déficit. No podemos olvidar que los causantes de la crisis, los llamados mercados, son los que han impuesto la actual razón de Estado según la cual los mercados dirigen la política y el Estado asume el pago de la deuda privada.
  • b) Que este déficit, a duras penas contenido por las políticas de consolidación fiscal o austeridad (de nuevo eufemismos), y la deuda pública creciente, es insostenible per se y, por tanto, su contención exige un inevitable ajuste del gasto público (sobre todo de los bienes preferentes o comunes: educación, sanidad y servicios sociales) y reformas fiscales que contribuyan a su reducción sin poner en cuestión los incentivos de la inversión privada y, particularmente, los intereses del gran capital financiero transnacional. Es la tesis de la “inevitabilidad” del ajuste a la baja o desmantelamiento del Estado de Bienestar.

Ambas tesis, perversión ideológica (encubierta técnicamente) e inevitabilidad subsiguiente de los recortes de prestaciones sociales, es decir, de derechos sociales, son la doble cara complementaria de la gestión política de la gran depresión mediante las llamadas políticas de austeridad que ocultan su verdadero reverso: una combinación de ilusión financiera (en lo ideológico) y de lucha fiscal (en parte latente y en menor medida explícita) en torno al presupuesto de gastos e ingresos, combinación que continúa y completa los ajustes producidos en el mercado de trabajo y en la distribución primaria de la renta.

De ahí que la consideración de la naturaleza económica del déficit público, y de la deuda pública, sea insuficiente para analizar sus causas e impactos y precisemos de una mirada a su naturaleza más profunda, lo que nos invita a una consideración de las dimensiones financieras, económicas, políticas e ideológicas de esta realidad.

En las líneas que siguen, y a modo de esquema tentativo para el debate, planteamos la necesidad de esa visión ampliada y más compleja de la naturaleza económico-política del déficit público y de la deuda pública. El supuesto de partida es que la gran recesión de principios del presente siglo está suponiendo un cambio en profundidad, iniciado en 1980 (aproximadamente) y acelerado desde 1990, en los fundamentos del pacto keynesiano de postguerra, es decir, en la relación salarial (mercado de trabajo) y en la relación social ampliada o sistema de cohesión social (Estado de Bienestar).

Los ajustes de la relación salarial (para recuperar la tasa de beneficio y el poder empresarial) han generado una creciente desigualdad social a la vez que un empobrecimiento relativo de grandes mayorías de ciudadanos (paliado en base al endeudamiento de los hogares) que se completan con un ajuste a la baja o de minimización de los derechos sociales universales que sostenían la relación social o pacto social del Estado de Bienestar, haciendo más frágil el sistema de cohesión social; se trata de dos procesos paralelos que se refuerzan entre si y cuyas modalidades varían entre los distintos Estados de bienestar nacionales. Sólo si se contemplan de manera complementaria ambos procesos de cambio es posible aproximarse a una visión más compleja del déficit público como expresión de los conflictos redistributivos de la sociedad y, en base a ello plantear alternativas plausibles en pro de modelos de crecimiento sostenible en los que el Estado tiene un papel estratégico.

2. La dimensión económico-política del déficit y de la deuda pública

Existe una larga tradición en el análisis económico de considerar la dimensión político-institucional de la Hacienda Pública y de los presupuestos de gastos e ingresos.

Si consideramos la causa o causas del déficit público nos parece un buen punto de partida la tesis de Álvarez, Luengo y Uxó (2013) de que el déficit público es uno de los resultados de una crisis financiera alentada por burbujas y elevados apalancamientos privados en el contexto de un crecimiento desigual interno (España) y externo (la Europa del euro). Según dicha tesis el crecimiento del déficit público tiene uno de sus fundamentos en la asunción por parte del Estado del desastre financiero especulativo, impuesto justamente por quien lo ha provocado (el llamado mercado). Una vez agotado el espejismo de los estímulos fiscales de los años 2008-2009 como intento de retomar una senda de crecimiento especulativo ya imposible, la opción que se impone como inevitable y único mejor camino es saldar la deuda financiera privada a costa del gasto público como condición de la recuperación económica.

Los bajos niveles de déficit público, incluso superávits, de los primeros años de la década pasada eran en gran medida una ilusión fiscal por cuanto una parte importante de los ingresos procedían de manera anormal de la economía inmobiliaria y especulativa. Una vez que dicha economía entra en depresión (a partir de 2008 pero con signos de agotamiento en 2007) se reduce radicalmente la base fiscal de un Estado que había aplicado una política sistemática de rebajas e incentivos fiscales, sobre todo al sector financiero. Con una previa base fiscal debilitada la política aplicada por los gobiernos desde mayo de 2010, y sobre todo a partir de 2012, de asumir la responsabilidad del conjunto de la deuda soberana, conduce de manera inevitable a una crisis fiscal del Estado que, para evitar su bancarrota del país, aplica drásticos ajustes en el gasto público, sobre todo en el gasto social, investigación e infraestructuras.

La política dictada por los mercados impone que los ciudadanos se hagan cargo de parte de la deuda soberana, sobre todo la bancaria, sin consulta previa (2) Recuérdese la reforma del artº 135 de la Constitución, sin referéndum, sobre los límites estructurales del déficit., mediante la reducción del gasto público social, al mismo tiempo que ello proporciona la oportunidad de acelerar la tercera fase de reestructuración del Estado de Bienestar, la fase de la privatización ampliada de servicios colectivos (3) Durante la primera, 1980-1990, la reestructuración fue sobre todo ideológica: el discurso de la inviabilidad futura del Estado de Bienestar; durante la segunda, 1990-2007, la reestructuración consistió en la contención del gasto social y la progresiva apertura a la llamada externalización de la gestión de los servicios y ampliación de la oferta mercantil..

Los bajos niveles de déficit público, incluso superávits, de los primeros años de la década pasada eran en gran medida una ilusión fiscal por cuanto una parte importante de los ingresos procedían de manera anormal de la economía inmobiliaria. Una vez que dicha economía entra en depresión (a partir de 2008 pero con signos de agotamiento en 2007) se reduce radicalmente la base fiscal de un Estado que había aplicado una política sistemática de rebajas e incentivos fiscales. Con una previa base fiscal debilitada la política aplicada por los gobiernos desde mayo de 2010, y sobre todo a partir de 2012, de asumir la responsabilidad del conjunto de la deuda soberana, conduce de manera inevitable a una crisis fiscal del Estado que para evitar su bancarrota aplica drásticos ajustes en el gasto público, de manera llamativa el gasto social, además de recorte del gasto público en investigación e infraestructuras.

Los ciudadanos se hacen cargo de parte de la deuda soberana, sobre todo la bancaria, sin consulta previa, mediante la reducción del gasto público social, al mismo tiempo que ello proporciona la oportunidad de acelerar la tercera fase de reestructuración del Estado del bienestar, la fase de la privatización ampliada de servicios colectivos (3).

Durante todo el segundo período, 1990-2007, una doble ilusión impidió ver en España la catástrofe que se avecinaba. Por una parte, la “ilusión financiera” provocada por la facilidad de acceso al crédito al consumo y a la vivienda, alentada por los excedentes financieros de los países ayer prestamistas, hoy exigentes demandantes del cobro de la deuda pero que, sin duda, también permitía paliar la lenta redistribución negativa de la renta primaria. Por otra parte, la “ilusión fiscal” alentada por los gobiernos – el discurso de la bajada de impuestos o rebajas fiscales – que fue minando la base fiscal del Estado con la eliminación de impuestos, como el del patrimonio, y la progresiva retirada de las grandes fortunas de la base contributiva.

Cuando estas ilusiones estallan el Estado de Bienestar se encuentra con que tiene que asumir la responsabilidad de una parte importante de la deuda privada bancaria y que su base fiscal se ha deteriorado (la crisis no hace sino agravar un proceso ya existente). Como decimos ambas ilusiones son el reflejo ideológico de la deriva de un modelo de capitalismo hiperfinanciero que encuentra su rentabilidad en el endeudamiento especulativo cuyo coste, cuando se hace inmanejable (la especulación siempre estalla), se traslada a los ciudadanos a través del Sector Público que lo traduce en políticas de austeridad salarial y de austeridad en el gasto público, eufemismos ambos que ocultan la socialización de las pérdidas del capital financiero.

3. Hacia dónde dirigir el debate y respuestas factibles de políticas alternativas

En el debate sobre el déficit público parece necesario ampliar el foco del análisis para comprender sus causas y efectos con mayor profundidad. En este sentido cabe:

  • a) Considerar de manera conjunta el análisis de la relación salarial (mercado de trabajo) y la relación social ampliada o sistema de cohesión social (Estado de Bienestar) en la medida en que el gasto público es un factor estructural para un desarrollo equilibrado y, por tanto, es necesario revalorizar el papel estratégico del sector público en el desarrollo de un nuevo modelo de crecimiento sostenible.
  • b) Considerar de manera conjunta la vertiente del gasto público y la vertiente del ingreso o fiscalidad. Los análisis económicos se centran en los recortes y sus impactos sociales y económicos pero en menor medida en el análisis de la crisis de la base fiscal del Estado cuyo deterioro no se explica solamente por el crecimiento negativo de la economía sino también por los cambios institucionales acaecidos a lo largo de las dos últimas décadas que han reducido la base fiscal del Estado, sobre todo la relacionada con el gran capital financiero e inmobiliario.
  • c) Considerar la gestión del déficit como instrumento, no como fin, para salir de la crisis e impulsar un crecimiento reproductivo y sostenible. Reducir el déficit público es un objetivo no cuestionable pero si el modo de su gestión: el modo en que se distribuye la carga, los ámbitos que asumen su reducción (bienes públicos) y los ritmos de su reducción.

Del correcto análisis previo puede promoverse un debate y una respuesta social en torno a objetivos que superen el objetivo de la llamada austeridad por otros que tengan en cuenta:

  • a) La centralidad de los bienes preferentes o comunes como instrumento de respuesta a los riesgos sociales. La lucha contra el déficit no puede servir de pretexto para la transformación del Estado de Bienestar (gestión de riesgos colectivos) en Estado Asistencial (gestión de riesgos individuales). Que los derechos sociales son incuestionables debe ser un principio guía del debate social.
  • b) La importancia de reconstruir la base fiscal del Estado mediante nuevas fuentes de ingresos sobre las grandes fortunas y los beneficios del gran capital financiero. Una vez que la ilusión financiera y fiscal ha sido desvelada es necesaria una nueva reforma fiscal. El problema es que la colusión de intereses del viejo patrimonialismo y el poder financiero transnacional ciegan las vías de una reforma social (y, por tanto, fiscal) necesaria y cohesiva y alientan una indeseable dualización social que tiende a consolidarse en el mercado de trabajo y se amplía al seno del Estado de Bienestar.
  • c) La negociación del calendario de devolución de la deuda en conjunción con el resto de los países del Sur de Europa de modo que sea posible reiniciar el crecimiento económico, aunque sobre nuevas bases de desarrollo sostenible. Plazos nuevos, moratorias y reestructuraciones de la deuda deben ser negociados con los prestamistas de la zona euro por parte de los países del Sur de Europa como vía para retomar el crecimiento y el bienestar.