En 1971, el economista estadounidense James Tobin propuso el establecimiento de un impuesto a las transacciones en los mercados de divisas como medio de reducir las fluctuaciones en los tipos de cambio. La idea era que la aplicación de una pequeña tasa ─de un 0,5% proponía él─ a cada una de las operaciones disuadiría a los especuladores al resultar especialmente gravosa por el corto plazo y la frecuencia con la que estas se realizan.

En diciembre del 1997, en plena crisis financiera asiática, la organización ATTAC, por medio de un editorial de Ignacio Ramonet en Le Monde diplomatique, reclamaba desarmar los mercados imponiendo un impuesto de amplio espectro a las transacciones financieras (ITF) y la supresión de los refugios ─mal llamados “paraísos”─ fiscales, además del aumento de la tributación de las rentas del capital.

Desde entonces, la idea ha seguido un camino turbulento.

En septiembre de 2011 la Comisión Europea (CE), bajo la presidencia de José Manuel Barroso, presentó una propuesta de Directiva para introducir un ITF ambicioso en los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), con el objetivo de que las entidades financieras y agencias de inversión contribuyeran a la financiación de los gastos que la crisis de 2007-2008 había provocado a los Estados y de reforzar la estabilidad del sector financiero haciendo menos rentables las transacciones especulativas, especialmente las de alta frecuencia. Dicho impuesto se pretendía aplicar a las operaciones realizadas, tanto en mercados organizados como en los no organizados (over the counter), con todo tipo de activos financieros y sus derivados.

En mayo de 2012, el Parlamento Europeo (PE) se pronunció también a favor de la implementación de un ITF, proponiendo algunas enmiendas con respecto a la propuesta original de la CE. Sin embargo, en las reuniones posteriores del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), donde se requiere unanimidad, no fue posible sacar adelante esta iniciativa debido a la oposición frontal de algunos Estados miembros. A consecuencia de ello, el proyecto de establecer un ITF común en toda la UE no progresó.

A pesar de ello, y dado que el Tratado de la UE lo permite, once Estados favorables al ITF (España entre ellos) solicitaron autorización a la CE para proceder a su implantación a través del procedimiento de cooperación reforzada, para ser aplicado exclusivamente en sus respectivos territorios nacionales. Dicha autorización fue formalizada por la CE el 23 de octubre de 2012 y, poco tiempo después, también lo fue por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del PE. Sin embargo, a causa de la presión de los lobbies del sector financiero, este intento quedó varado durante la presidencia de Jean-Claude Juncker.

Unos años más tarde, y ya con la Comisión Europea de Von der Leyen asentada en el Edificio Berlaymont de Bruselas, Alemania presentó otra propuesta para intentar llegar a un acuerdo durante su semestre al frente del Consejo Europeo a finales de 2020. Pero lamentablemente esta tampoco salió adelante.

Igual suerte corrió la petición, realizada por Portugal en 2021, de hacer avanzar el ITF en 10 Estados miembros, también en el marco de la cooperación reforzada, ofreciendo un proyecto interesante que incluía algunos tipos de derivados.

En este estado de cosas, y ante las dificultades para sacar adelante el gravamen de manera conjunta, varios países de la UE, como Bélgica, Grecia, Italia, Francia y España han ido estableciendo sus propios ITF, si bien de un alcance muy limitado con respecto a las propuestas iniciales presentadas en 2011 y 2013 por la CE, lo que se ha traducido en una pobre recaudación ─en España solo 372 millones de euros en 2022, lejos de los 850 previstos anualmente por Hacienda─ y ningún efecto en lo que se refiere a la reducción de la especulación y la estabilización de los mercados.

Pero como bien decía la inolvidable Mercedes Sosa en su famosa canción, todo cambia en este mundo. Y cambia porque las circunstancias y las necesidades también lo hacen.

La crisis multifacética y global que padecemos (climática, energética, sanitaria, económica y social), está conformando un nuevo paradigma propicio al resquebrajamiento de muchos dogmas que hasta hace poco se consideraban inmutables, y ofrece por tanto nuevas oportunidades para el relanzamiento del malogrado impuesto.

La motivación principal de los Estados no sería en este caso la lógica preocupación por la inestabilidad financiera inherente al funcionamiento especulativo de los mercados que pudiera provocar en cualquier momento otro terremoto en la economía mundial equivalente al de 2007-2008 (tal es la irresponsabilidad de los cuadros dirigentes políticos y financieros), sino la urgente exigencia de recursos monetarios para hacer frente a los ingentes gastos originados por presentes y futuras pandemias y las inversiones requeridas para paliar las consecuencias del cambio climático.

En este sentido, la propuesta de Emmanuel Macron de organizar una cumbre del clima junto con Mia Mottley, primera ministra de Barbados, los días 22 y 23 de junio del presente año en Paris, sería un ejemplo de esta nueva visión. El objetivo proclamado de este evento es encontrar nuevos medios para financiar las necesidades de adaptación al clima y las pérdidas y daños de los países más vulnerables con vistas a la COP28 de Emiratos Árabes Unidos en noviembre, donde el ITF forma parte de uno de los 4 pilares (movilizar financiaciones innovadoras) de la cumbre.

Por otro lado, el Parlamento Europeo está actualmente trabajando en un nuevo informe sobre los recursos propios de la UE, los cuales, de acuerdo con la hoja de ruta prevista por la Comisión Europea, deberían incluir el ITF en el marco financiero plurianual revisado que se adoptará este año. El informe se votará en el Pleno a finales de marzo.

Y en la esfera global, las cosas también se mueven.

En Brasil, con motivo de la futura presidencia brasileña del G20 y en la próxima IV Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (FpD), se está generando un nuevo impulso para el resurgimiento del ITF en el bienio 2024-2025.

En Japón, la Global Solidarity Tax Coalition, que reúne 120 organizaciones de la sociedad civil, solicitará que el gobierno japonés proponga, en la cumbre del G7 a celebrar en Hiroshima en mayo, la aplicación conjunta de un Impuesto sobre las Transacciones Monetarias (ITM) como Tasa de Solidaridad internacional. La GSTC organizará la Cumbre del C7, en donde se debatirá sobre cómo conseguir nueva financiación incluyendo el ITF.

El grupo Labour7 (L7), que es la plataforma del G7 para el diálogo con las organizaciones que representan los intereses de la clase trabajadora, integrará la propuesta de ITF en su declaración de 2023, y ha solicitado establecer vínculos con otras organizaciones de la sociedad civil para trabajar conjuntamente en este tema.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) declara que con los mercados financieros en niveles muy altos y la obtención de beneficios excesivos, vuelve el debate sobre el Impuesto a las Transacciones Financieras para hacer frente a la actual crisis alimentaria, los gastos necesarios para el aislamiento de edificios, el transporte público y las energías renovables, para ayudar a los países del Sur global a hacer frente a las pérdidas y daños causados por el cambio climático, para ayudar a los países que acepten detener la deforestación y a los que renuncien a la explotación de sus reservas de gas o petróleo…

La cantidad y diversidad de las actuaciones arriba mencionadas son indicativas de un renovado interés por el ITF como medio de obtener ingresos adicionales en numerosos foros, en particular para la acción por el clima.

Un nuevo Zeitgeist parece asomar por el horizonte. Un espíritu más acorde con la época en la que vivimos que demanda justicia fiscal y climática, y que se eliminen las obscenas desigualdades de riqueza e ingresos que avergüenzan al mundo.

Hay que sacar partido de estos vientos favorables. Y para ello, el gobierno español tiene ahora la oportunidad de jugar un importante papel con la presidencia del Consejo Europeo en el segundo semestre de este año. Ahí Pedro Sánchez tiene dos opciones: no hacer nada, como ha sido la actitud de otras presidencias, o batallar por la implementación en la UE de un ITF ambicioso que cumpla con la misión de reducir, si no fuera posible impedir, los movimientos especulativos de las finanzas y conseguir ingresos sustanciales para aplicarlos a las necesidades sociales y climáticas más perentorias.

Empujemos también desde la sociedad civil en este sentido a través de acciones de concienciación y una labor de educación popular.