Como letrada de Transparencia Urbanística y de Acción Cívica contra la corrupción, con más de veinte años de lucha en este ámbito, saludo la Sentencia del Tribunal Supremo 769/2022, que confirma la condena a los responsables de la asociación ilícita en el llamado «CASO UNION». Una macrocausa de corrupción desarrollada en la isla de Lanzarote y que comprende los delitos propios de la corrupción urbanística y de la contratación pública. Entre los condenados está el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín Martín, que entró por primera vez en prisión en 1998 y que ha sido condenado en ocho ocasiones.

No ha sido fácil. La sentencia del Tribunal Supremo avala la instrucción, éste es el mayor de los éxitos. Y no es baladí, pues desde el primer minuto en que la operación Unión estalla los corruptos han atacado por agua, tierra y aire a todo aquel que se enfrentara al sistema infestado de corrupción imperante en la isla: recurrieron autos, providencias y hasta diligencias de ordenación, se alegó nulidad de las grabaciones, nulidad de la intervención telefónica, nulidad de las resoluciones por carencia de firma, se alegó indefensión por no tener acceso a las piezas de convicción o a los autos, conexión de antijuricidad, parcialidad de la Sala, resoluciones dictadas en periodo vacacional, delito provocado…

Esta macrocausa se inició mediante auto de fecha 6 de julio de 2008, que acordó la incoación de las Diligencias Previas 697/2008 en virtud de atestado instruido por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por los posibles delitos de prevaricación administrativa, cohecho, malversación de caudales públicos, fraude, asociación ilícita, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil y estafa. Han pasado catorce años desde que se inició la instrucción y ahora solo queda por oficiar la pieza Jable de las 12 piezas en que se dividió esta macrocausa.

¿Cómo se desarrolló esta trama? Queda muy claro en la sentencia del Tribunal Supremo (que ratifica la dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas en el Rollo 91/2015), en la que se detalla que entre el mes de abril del año 2007 y el mes de mayo del año 2009, los condenados saquearon las instituciones públicas mediante la simulación de procesos de contratación, fraccionamientos de contratos fraudulentos, doble facturación por pago de servicios no prestados, información privilegiada en la licitación, etc… Antes o después de la contratación se exigía el cobro de comisiones, que iban del 8% al 20% y que suponían una auténtica extorsión para las empresas que pretendían contratar con el Ayuntamiento.

Esta es la primera condena por asociación ilícita en un entramado de corrupción de Canarias. Y en palabras del representante del Ministerio Fiscal, Javier Ródenas, «Esto sobrepasa el concepto mismo de la corrupción. Todo tenía que pasar por la mirada carcelaria de un recluso. No hay artículo del Código Penal que recoja este nivel delictivo, esa sumisión». Era tal la ascendencia del llamado “jefe” de la trama de corrupción que en su celda se encontró la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Arrecife, los Planes Generales de media isla, pliegos de condiciones de contratación, además de numerosa correspondencia que evidenciaba con meridiana claridad que los concejales no eran más que subalternos del líder Dimas Martín, que desde la propia cárcel daba instrucciones a sus subordinados.

Entre los condenados se encuentran el interventor y el jefe de la oficina técnica de Arrecife, además de los empresarios que participaron en el fraude de la contratación y en el pago de comisiones ilegales. Como buena trama de corrupción que se precie, no falta el sector empresarial, ni el funcionarial ni la financiación del partido. En la isla de la preservación del paisaje y de la cultura de la defensa del territorio, en una Reserva de la Biosfera, el panorama completo que las 12 piezas dibuja es desalentador en términos de salud democrática y madurez social.

Fuera de la instrucción se organizó una campaña de desprestigio y persecución mediática, social y profesional que afectó al juez instructor, al fiscal, a la Unidad Operativa de la Guardia Civil y al que creyeron eslabón más débil, la acusación popular representada por la Asociación Transparencia Urbanística. Dicha campaña de acoso solo paró con las demandas al honor y las numerosas condenas.

Los alertadores observamos el desembarco de los grandes despachos especializados en defender a los corruptos, ex fiscales o ex magistrados que dejan la toga para especializarse en las grandes tramas de corrupción. Escuchamos a los catedráticos de renombre impartiendo doctrina como peritos de los grandes corruptos. Aprendimos de normas de reparto, de composición de las Salas, de nombramientos de los altos cargos de los órganos de la justicia, atendimos a las comisiones de servicios, a la designación de jueces sustitutos, a las causas de recusación y de abstención…y todo el atrezzo propio de la corrupción sistémica.

El Tribunal Supremo dicta una Sentencia que condena en firme a nueve personas. Es muy de celebrar pero la corrupción continúa. La acción judicial no es suficiente, por sí sola nunca pone fin a nada, no desvela nada, apenas resuelve nada. Las personas que llevamos años soportando la carga de denunciar la corrupción sabemos perfectamente que este esfuerzo no es más que un grano de arena en un pequeño montículo del que cada día se sacan toneladas de piedras. Esta sentencia no es más que la punta del iceberg que permite atisbar la gran masa de corrupción que ha colonizado nuestras instituciones públicas y que parasita la estructura del Estado.

Sin combatir la corrupción imperante será imposible enfrentar el cambio de paradigma que la crisis energética, social, medioambiental y del clima nos exige. Lamentablemente, el Gobierno no ha sido capaz de trasponer satisfactoriamente la Directiva Europea 2019/1937 de protección al denunciante y, ahora, la parte mayoritaria de este Gobierno plantea abiertamente reformar el delito de malversación, reforma que podría derivar en un incremento impune del dispendio público.

Como abogada del turno de oficio constato a diario que la justicia es fuerte con el débil y débil con el poderoso. Y como letrada de Transparencia Urbanística y de Acción Cívica contra la corrupción puedo afirmar que no es que el sistema esté corrupto, es que la corrupción es el sistema.