El mundo, y en particular los países desarrollados, se preparan para conseguir ventajas comparativas en un nuevo escenario de reubicación de las cadenas de valor y de especialización productiva vinculadas a las transiciones ecológicas, digitales y demográficas.

Los Estados de los países del centro se convierten en actores esenciales que refuerzan la relocalización y captación de procesos industriales antes situados en Asía y en regiones periféricas del mundo. Los discursos de “autonomía estratégica” son la expresión de una nueva fase en la globalización impregnada de tensiones geopolíticas que se presentan con múltiples variantes, en unos casos asumiendo su condicionamiento desde bloques regionales y, en otros, impregnados de planteamientos proteccionistas cuando no en la simple defensa de la ley del más fuerte.

Mientras gana relevancia la definición y apuesta por sectores estratégicos, se considera imprescindible reforzar la conexión entre impulsos públicos e interés general. En la UE la extraordinaria relevancia de los fondos públicos del programa Next Generation, acaparados en buena medida por las grandes empresas privadas, es un vector que exige transparencia y control. Las instituciones regulatorias y el sector público están obligados a asegurar transparencia, al tiempo que se esfuerzan por compatibilizar innovación, eficiencia económica y participación de los diferentes entes territoriales implicados.

Pero asegurar el uso adecuado de esos recursos no solo plantea un problema de fiscalización externa desde las instituciones públicas, también plantea un problema interno en el gobierno de los actores económicos para hacer conciliar la eficiencia y el interés general.

Teniendo en cuenta que el valor diferencial que hoy determina la competitividad de las empresas es el de la calidad de sus activos intangibles que descansan en el capital humano, es necesario superar el actual modelo de gestión verticalizado que termina facilitando el monopolio del poder de los primeros ejecutivos. No es razonable que aquellos que se responsabilizan de definir el rumbo de las empresas y de establecer sus objetivos (y los incentivos por cumplirlos) sean los mismos que deciden como presentar los resultados, algo que les garantiza “su éxito” ante los accionistas y el cobro de sus bonus. Se trata de un modelo de gestión monárquico que carece de contrapesos e impide desentrañar las consecuencias a medio y largo plazo de sus decisiones. Su corrección requiere incluir entre los contrapesos la participación de trabajadores y otros stake holders en el gobierno.

Un sector público no siempre en sintonía con el interés general

Si las aportaciones públicas convierten el reto de la transparencia y el control en algo universal, lo es especialmente en el caso de empresas públicas en las que debería implantarse un sistema de gobierno que garantizara su alineamiento con el interés general, algo de lo que no podemos presumir en España.

La experiencia reciente ha demostrado que nuestro modelo de empresa pública es especialmente débil en cuanto a la defensa de los intereses nacionales y excesivamente fácil de adaptar a los intereses partidistas del gobierno de turno. Situaciones como la de Endesa, que, siendo una empresa pública estratégica, de un ámbito tan sensible como la energía, ha terminado por ser una empresa secundaria de ENEL, del sector público de otro país, Italia, pone de manifiesto la extrema idiotez de las ideologías neoliberales y la fragilidad de nuestro sistema público. Mientras Italia, Alemania, Francia Portugal… han garantizado el control público de sus empresas estratégicas de energía, España las supedita a los intereses soberanos de otro país.

Encontrar un blindaje institucional suficiente y adaptado a las normas comunitarias que incorpore en su gobierno a los principales grupos de interés es el reto que hay que superar para alcanzar una cierta consistencia de su funcionamiento. Además de precisar en los estatutos de cada empresa su misión, sería conveniente reforzar sus metas mediante la definición de “contratos de empresa” en los que se acotase el interés público buscado y el control de sus resultados con indicadores globales de creación de valor, y perfilando la participación en el gobierno de aquellos “stakeholders” que sean identificables y representativos en cada caso.

En su ausencia, lo normal es que se instale un sistema viciado de gobierno que descansa en la extraordinaria libertad de las gerencias, algo que se manifiesta de dos modos:  por un lado, un Consejo monopolizado por funcionarios de diversos ministerios, solo preocupados por complementar rutinariamente su nómina con las dietas por asistir al Consejo, que es justo lo contrario de un accionariado activo implicado en un proyecto a largo plazo; por otro, la ausencia de controles internos ex ante que es cubierto solo por lejanas inspecciones burocráticas ex post de IGAE o del Tribunal de cuentas, preocupadas por detalles del “cómo” se hacen las operaciones pero nunca del “qué”.

La mejor conexión entre actores públicos e interés general exige alejarse de ese planteamiento burocrático típico del siglo pasado. Ello pasa por definir un estatuto de empresa pública, con una administración “ad hoc” abierta a la participación de sus interesados que, al tiempo, asegure una administración autónoma y profesional.

La participación de los trabajadores en el gobierno de las empresas públicas

Las empresas públicas, (con participación de capital público de cualquier nivel municipal, regional, estatal) deben estar obligadas a escalar en las máximas cotas participativas y, al tiempo, ser vanguardia en modelos de gestión eficientes, innovadores y profesionales para otorgar la máxima estabilidad y coherencia a los proyectos públicos.

Alcanzar ese objetivo requiere, que las fuerzas sociales interesadas y, en particular los sindicatos, incorporen en su agenda esa ambición política de coogobernanza algo que, desgraciadamente, todavía no se cumple.

De hecho, en España, esa participación existe como resultado de negociaciones directas entre UGT, CCOO y el gobierno de Felipe González, iniciadas en 1986, en plena oleada privatizadora, que consiguió regular la representación de los trabajadores en los Consejos de Administración de todas las empresas públicas. El residuo de esa experiencia sobrevive hoy en ADIF, RENFE, HUNOSA, TRACSA o Navantia, en las que los sindicatos más representativos mantienen, cada uno, un representante en el Consejo de Administración, pero no en otras como puede ser Agencia EFE, grupo MERCASA o Correos.

Aunque falta por hacer un balance global de esa experiencia, se puede afirmar que, en general, esos representantes realizan su labor, limitada a lo que cada uno entiende, de forma aislada y descoordinada de las estructuras sindicales que no terminan de asignarles el valor que tienen. La dificultad de discernir las mejores opciones para materializar su voto entre diferentes y complejas alternativas, con derivadas estratégicas, es uno de los motivos por los que su gestión se convierte en difícil si no cuenta con el apoyo correspondiente. De hecho, esa necesidad, que no solo afecta a los representantes sociales sino a cualquier consejero que actúe en representación de una institución, está cubierta legalmente con la figura de los “asesores de voto” (o Proxi Advisors, regulada por la CNMV). Formalizar la existencia de una estructura de apoyo a los representantes sindicales en los Consejos es imprescindible para que su actuación forma parte de un desarrollo democrático de la actividad productiva al más alto nivel.

Para ello, los sindicatos deberían apostar con más decisión por planteamientos más cercanos a las metas de democratización económica que, de alguna forma, podrían interpretarse como una concreción y prolongación de las políticas de concertación.

La concertación es la lógica que define la gobernanza actual y sería erróneo interpretarlo como un esquema que contradice el conflicto de clases. Significa compartir diagnóstico y construir consensos en torno a lo común, cuando los consensos son posibles, sin que eso limite evidenciar las discrepancias y disensos. A nivel global, esa lógica ha permitido consensuar los ODS; a nivel europeo para lanzar las políticas Next Generation; a nivel español para la reforma del mercado laboral. Y esa lógica es también asumida por los sindicatos a nivel sectorial en los convenios colectivos, que facilitan la máxima racionalización y estabilidad en la transformación del automóvil o la banca, por ejemplo.

Lo paradójico es que, mientras asumen la concertación social a múltiples niveles, cuando se desciende “a nivel de empresa”, los sindicatos parecieran sentirse cómodos defendiendo “solo lo suyo”, es decir, la defensa de “intereses de parte” (condiciones laborales, salarios, empleo) pero nunca cuestionando o interesándose por los rasgos del proyecto empresarial en su conjunto ni por la “dirección del barco”.

Y ello ocurre incluso en las empresas públicas que, por definición, son un instrumento del interés general en el que los trabajadores no son una parte más, sino una de las principales partes interesadas en vigilar que el producto de su trabajo se materialice en la dirección deseada a largo plazo.  Ya es hora de romper con esa lógica tradicional en la que los directivos asumen la empresa “como si fuera propia” y los trabajadores “como si fuera ajena”, algo imposible de entender cuando nos referimos a empresas públicas.

Cambiar la mirada del mundo del trabajo y la misión de los representantes de los trabajadores sería acceder a un nuevo estadio en el que «sus intereses de parte» encuentran un acomodo vigilante mientras muestran interés en participar en el “cómo producir” y “qué producir”.

Ese escenario nos dibuja un proceso de cambio social que nos lleva a repensar la sociedad que queremos. Confrontar el gobierno actual de las empresas con una alternativa que incorpora una nueva institucionalización de los intereses en disputa, debería ser uno de los motivos que marcaran las prioridades estratégicas del mundo del trabajo.

El  pasado sábado 21 de enero volvimos a ver una nueva “foto de Colón” en defensa de la Constitución convocada por aquellos a quien la Carta Magna es una auténtica desconocida para sus propios intereses. La realidad es que a los ideólogos  convocantes, herederos de Torquemada, del Cardenal Cisneros, del duque De Alba, de Fernando VII, de Primo de Rivera, del generalísimo…..lo que menos les importa es el texto constitucional, así como la democracia, simplemente buscan el regreso al poder para recuperar sus históricos privilegios. Estos nuevos constitucionalistas nunca han asumido el principio de Soberanía Popular, contrario a sus intereses, aunque están siempre dispuestos a dar una lección magistral con sus bulos y sofismas ( ahora sobre el plan oculto de Sánchez con ETA y demás independentistas) ……han sido y siguen siendo unos auténticos arquitectos del terror.

Cabe recordar sus opiniones respecto al artículo 128 CE que con tan sólo mencionar se mofan sin pudor alguno recordando Venezuela cada vez que algún miembro del actual gobierno lo ha mencionado. No olvidemos que una de las musas de los convocantes los financia incumpliendo la Ley de Fundaciones representando ,además, una institución condenada judicialmente en diversas ocasiones por sus políticas sobre vivienda pública, incluso evitando cumplir con la ley dilatando la ejecución de dichas sentencias….. y cabe preguntarse, conocerán el art.47 CE ?

Los principales convocantes de este acto son los mismos que bloquean la renovación de CGPJ , sintiéndose orgullosos de tener atada y bien atada la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aludiendo un sin fin de perniciosas excusas …….y cabe preguntarse, conocerán el art 122.3 CE?

Para los nuevos constitucionalistas vivimos bajo el yugo de un gobierno ilegítimo, okupa y que se forra con los impuestos, utilizando todo tipo de embustes …… y cabe preguntarse, conocerán el artículo 99 CE?

Cuando este Gobierno habla de educar en derechos humanos, igualdad y respeto de género, interculturalidad y en la lucha contra la pobreza  gran parte de los convocantes lo tachan de adoctrinamiento de la dictadura progresista ….cabe, también preguntarse, conocerán los convocantes el artículo 27CE?

Llama la atención que los principales convocantes sean los mismos que abogan por la privatización y eliminación de los principales servicios públicos en favor de fondos privados, “buitres”, para el enriquecimiento de la aristocracia financiera, y quién sabe si para el blanqueo de ganancias de algún famoso narcotraficante, especialmente todo lo relacionado con la SANIDAD…. y cabe preguntarse, conocerán el artículo 43CE?

Resulta ofensivo que para una parte importante de los convocantes, una vez más, sobran 26 millones de ciudadanos en este país, whatsappp noviembre 2020. Estos no tienen el más mínimo pudor de declarar que ser fascista es estar en el lado bueno de la historia, declaraciones públicas de Isabel Díaz Ayuso respaldada por el señor Almeida. En estos casos cumple nuestro Jefe del Estado sus obligaciones constitucionales?

Nuestros nuevos constitucionalistas son aficionados a estos actos cargados de mentiras en busca de una rebelión anticonstitucional que les ayude a recuperar sus privilegios, incluyendo sus famosas vacaciones con narcotraficantes….., el resto (los 26 millones de ciudadanos que sobramos) seguiremos día a día intentando lograr una sociedad con una mejor y mayor Justicia Social.

P.D. Recordar a los nuevos constitucionalistas que en la Constitución española de 1978 existe un Título X por el cual la Constitución puede adaptarse a otras nuevas y modernas formas de Estado, no siendo por ello anticonstitucionales…….no sólo existe el artículo 155 en dicho texto!

¿Cómo democratizar las empresas? Para analizar esta cuestión y entender por qué es menos utópico de lo que algunos puedan pensar, contamos con la participación de: 🗣 Roberto Uriarte, diputado al Congreso por Bizkaia de UP 🗣 Ignacio Muro, vicepresidente de la Plataforma por la Democracia Económica 🗣 José Félix Tezanos, presidente del CIS 🗣 Carmen Madorrán Ayerra, profesora de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid Virginia Pérez Alonso, directora de ‘Público’, modera este debate organizado por Espacio Público.

“El futuro es un lugar extraño”, como diría el maestro Josep Fontana en su último libro, y añadiríamos que también es un lugar “amenazante”. Estamos viviendo la descomposición del orden neoliberal, que ha multiplicado los problemas a nivel internacional. Estamos ante la amenaza de la crisis climática, que puede hacer inhabitable gran parte del Planeta, por no hablar de la crisis migratoria, en parte derivada del anterior, la crisis económica y de salud derivada de la pandemia del COVID19 con las restricciones que se han tenido que imponer, crisis internacionales (Ucrania, Taiwan, Nigeria, etc.) cada día más graves, crisis energética, subida de la inflación, reverberaciones del trumpismo por el mundo, crisis existenciales por las cargas de trabajo y la precariedad, etc. El futuro no parece un lugar de optimismo ni de esperanza.

En este marco que se dibuja aparecen dos posturas contrapuestas, una demanda de reformas para solventar los problemas que se dibujan en el horizonte, y otra demanda que exige orden y certidumbre, que es vehiculada hacia posiciones autoritarias. Esta demanda de orden y certidumbre es un intento de buscar en los valores “eternos”, frente a un mundo que gira a demasiada velocidad y que produce cambios difíciles de digerir en todos los planos (laboral, social, económico, etc.), esa promesa de algo a lo que aferrarse que disipe dichos miedos y ansiedades hacia ese futuro extraño y amenazante. Los grupos políticos de la derecha y de la extrema derecha juegan con los conceptos de nación, ley dura, en muchos casos, religión desde su perspectiva ultra, mientras mantienen un sistema económico agonizante para seguir beneficiando a los de siempre. Esto sería una salida autoritaria, un intento de imponer una hegemonía negativa, que trata de evitar que la decadencia del neoliberalismo arrastre las conquistas realizadas por la oligarquía. Estos síntomas mórbidos del sistema neoliberal, que no termina de morir, están provocando una reacción ante su declive que utiliza la violencia verbal y, en algunos casos, física, contra la democracia y los demócratas, en un momento que el nuevo paradigma, si es que se logra imponer, no termina de nacer.

Este movimiento es global. Tiene en la figura de Donald Trump una imagen de lo que hay que hacer, y sus métodos han traspasado fronteras y están siendo imitadas por las extremas derechas populistas, y por los partidos de la derecha que se han ido dejando arrastrar hacia posiciones ultras.

Las derechas internacionales y patrias están usando la estrategia de los neoconservadores de Bush Jr., que luego perfeccionó Trump, de “tensión política”. Partiendo de la base de que el electorado progresista y de izquierdas es más susceptible de abstenerse en unas elecciones, se trata de considerar al gobierno “ilegítimo”, como hizo Trump acusando a Biden de fraude, para comenzar una campaña de acoso y derribo por todos los medios. Desde los medios de comunicación. Desde la Judicatura conservadora con los métodos del “Lawfare”, mintiendo día sí y día también, e incluso llegando a la coacción física, si es necesario. Esta estrategia terminó con el asalto al Congreso de los EEUU, que tuvo la connivencia del Presidente saliente y de parte de las fuerzas de seguridad, lo que fue un atentado contra la democracia sin precedentes.

Dicho de otra manera, la democracia se utiliza de manera instrumental, sin ser realmente un demócrata. Se rompen cualquier consenso constitucional, y se usan cualquier arma a su disposición para lograr derribar al gobierno salido de las urnas.

En el caso español, el consenso del 78 roto por la derecha en 2011, que inició un ataque sin precedentes contra la “constitución material” de la Constitución del 78, empezando por las relaciones laborales, pasando por la Educación y la Sanidad, etc. Dirigido a desguazar el Estado del Bienestar para favorecer los intereses privados, encaminado a socializar las pérdidas de constructoras y bancos hacia la ciudadanía, y con el objetivo de que una minoría saliese reforzada de la crisis del 2008 a costa de la mayoría de la población. La moción de censura exitosa en 2018 desalojó del poder a Rajoy por una alianza amplia de las izquierdas, y parte de las derechas, periféricas, de UP y del PSOE.

A partir de la caída de Rajoy, y la llegada a la Presidencia del PP del neoconservador Pablo Casado, más la subida de VOX en el Congreso, se inició una fase de acoso y derribo al gobierno que ya había inaugurado el defenestrado Albert Rivera. Se acusó al Presidente Sánchez de ser un okupa del poder, por lo que se trataba de instalar la idea de que lo había okupado ilegalmente, que traída aparejada la idea de que el poder es propiedad de la derecha en este país. Nunca hay que olvidar de que la derecha tiene un concepto patrimonialista del poder y que esta es escasamente democrática.

Si Sánchez había llegado al poder de manera ilegal, pactando con la “banda” de bolivarianos, terroristas e independentistas, cualquier método para derribar al gobierno se convierte en bueno. Hemos visto al PP, porque de VOX ya nos lo esperábamos, realizar campañas utilizando bulos como lo de las macrogranjas contra Garzón, apoyando el acoso que duró meses contra Pablo Iglesias, Irene Montero y sus hijos, bloqueando la renovación del CGPJ y otros órganos de Justicia desde los que se ha interferido en la práctica del Ejecutivo y del Legislativo a través de una mayoría conservadora caducada, apoyándose en una ofensiva mediática continua contra el gobierno, tratando de boicotear que España recibiese los fondos europeos (la Comisión Europea apoyó al gobierno sin fisuras), apostaron por derribar al gobierno en plena pandemia, se entrevistaron días antes de la crisis con Marruecos con partidos marroquíes que defienden la anexión de Ceuta y Melilla, escorando hacia la extrema derecha su discurso legitimando el discurso de VOX, dando un tamayazo en Murcia para impedir una moción de censura contra su gobierno, usando un lenguaje incendiario para caldear a su electorado e impedir cualquier tipo de acuerdo, etc. El PP echado al monte. Un PP acomplejado por VOX que le abre camino.

No contento con esto se ha producido en estos días dos hechos aún más graves, si cabe. En Lorca personas vinculadas al PP y a VOX han alentado a los ganaderos a asaltar el ayuntamiento en un momento en el que se estaba votando limitar las macrogranjas. Este movimiento es escuadrismo y nos recuerda peligrosamente a los años 30. Lo que el PP no logra por la vía democrática, lo intenta a través de los juzgados, o, como en este caso, a través de la coacción y la violencia, con el silencio cómplice de parte de los conglomerados de los medios de comunicación, que están jugando un papel nefasto en la defensa de la democracia. Si la izquierda hubiese cometido tal desafuero, o hubiese habido violencia en una manifestación de trabajadores, sería portada en todos los periódicos.

Y para rematar, ayer se producía la votación de la reforma laboral, medida estrella del gobierno. Parte de los socios de la investidura han votado en contra, esperando que el Gobierno tuviese los votos amarrados, por motivos electoralistas, ya que, por ejemplo, ERC, BILDU y el BNG ven con ansiedad las posibilidades electorales de Yolanda Díaz, por lo que han intentado desgastarla y casi se llevan por delante el gobierno de coalición. El PSOE había amarrado su flanco derecho ante la desafección de los antes mencionados y del PNV, esto garantizaba una votación favorable, pero por un margen estrecho. Sin embargo, Teodoro García Egea, Secretario General del PP, tenía preparado un nuevo tamayazo al estilo murciano, logró que los dos diputados de UPN rompiesen la disciplina de partido y votasen no. Sólo un error de un diputado del PP, que se equivocó votando, ha salvado la reforma y al gobierno. Ahora empezarán la campaña de juego sucio para seguir con aquello de “gobierno ilegítimo”.

Lo que está en juego no es derribar el “Régimen del 78”, ni la revolución, lo que está en peligro es la democracia. ERC, el BNG, BILDU y el PNV lo tendrían que tener claro, o sacar alguna conclusión de lo que pasó ayer. El electoralismo se puede llevar por delante la legislatura y darle una oportunidad a que la derecha y la extrema derecha llegue al poder, con un programa autoritario que pretende asaltar el Estado del Bienestar. El PSOE debe aprender a que no hay otra mayoría que la mayoría de la investidura. El giro al centro es una ensoñación. Algunos dirigentes de Podemos deberían de realizar menos aspavientos y crear conflictos innecesarios. El izquierdismo y el tacticismo se nos puede llevar por delante.

En este país sigue habiendo una mayoría de centro-izquierda, aunque no sabemos por cuánto tiempo. La izquierda debe de entender que en una situación de pandemia, y con tantas amenazas en el horizonte, deben de encarnar un proyecto sólido, confiable, que aporte seguridad, con menos tacticismos y más mirada amplia, que vaya a la raíz de los problemas y mejore la vida de la ciudadanía, que reduzca la ansiedad y los miedos. Si no logramos armar ese proyecto y una práctica política más sólida, y menos de política espectáculo, lo que terminaremos perdiendo es la democracia y una oportunidad de oro, que no sabemos cuándo se volverá a repetir, de construir un país más justo socialmente y poder lograr que la gente viva con dignidad.

De la derecha antidemocrática no podemos esperar nada. No fallemos nosotros.

Fotografía: Txemi Martínez

Habrá que dedicar esfuerzos, ahora y previsiblemente en el futuro, para enmendar las numerosas insuficiencias del proyecto de Ley de Memoria Democrática, particularmente en aspectos clave, como la inmunidad concedida a los responsables de los crímenes del franquismo mediante la ley de amnistía del año 77 o el rechazo a las exigencias de reparación jurídica a las víctimas de los tribunales de aquella dictadura.

Hay que dejar muy claras las responsabilidades, para que no se borren de la memoria y para fijar en la agenda de los demócratas una tarea pendiente: el cambio y limpieza de las instituciones heredadas de la dictadura. La vida política española sería hoy muy diferente si el poder judicial, la policía, el ejército, el cuerpo diplomático, y tantos otros ámbitos del aparato del Estado se hubieran sometido a un proceso de democratización radical.

Habría que abordar, por otra parte, un aspecto muy olvidado de la historia española contemporánea, que es imprescindible reivindicar.

A menudo, cuando se habla de recuperación de la memoria, se recuerda obviamente lo que fue y significó la República, la guerra y sus episodios, los campos de concentración, los fusilamientos y la desaparición de más 140.000 personas, el exilio, el régimen de terror, las detenciones, torturas, encarcelamientos… Así ha de ser y hay que apoyar resueltamente a quienes investigan sobre este período. Se evoca también la resistencia antifranquista y la actividad política clandestina, pero en este último aspecto se padece en la práctica una amnesia premeditada y consensuada como parte del pacto de Estado que permitió convertir en demócratas a los cancerberos y partidarios del autócrata y que situó al antifranquismo como el huésped incómodo de un nuevo régimen.

Son pocos los historiadores, periodistas y políticos que han dedicado esfuerzos a estudiar en detalle y a dejar constancia de un fenómeno social trascendental vivido durante los últimos años de la dictadura:

Miles de personas dedicaron una parte muy importante de sus vidas a la militancia en organizaciones clandestinas antifranquistas, quizás minoritarias, pero muy significativas en aquellos años y cuya actividad dio al traste con los planes más continuistas del tardofranquismo. Eran ciudadanas y ciudadanos de ideología diversa pero la mayor parte eran comunistas, que de una u otra manera se arriesgaban a sufrir persecución no solo para conseguir un régimen político de libertades, sino porque vivían y actuaban con la ilusión de lograr, un día u otro, una sociedad igualitaria.

La evaluación del número de personas comprometidas en estas militancias en los años sesenta y setenta sería una buena tarea para historiadores, porque el relato de la Transición ha borrado en buena medida la existencia de esta realidad, sin la cual no se puede entender el proceso de descomposición de la dictadura.

Miles de trabajadores y estudiantes que militaban en organizaciones, que se reivindicaban casi todas ellas partidarias de Marx y de Lenin, como el Partido Comunista de España, Partit Socialista Unificat de Catalunya, Partido del Trabajo de España, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Liga Comunista Revolucionaria, Organización Comunista de España-Bandera Roja, Movimiento Comunista, Organización de Izquierda Comunista, Partido Comunista de España Marxista-Leninista, diferentes escisiones de Euskadi Ta Askatasuna, Partit Socialista d’Alliberament Nacional, Unión do Povo Galego… -la lista podría ser mucho más amplia- cada una de las cuales contaba con organizaciones juveniles, intervenía en el movimiento obrero a través de diferentes tipos de organismos también clandestinos, participaban en el movimiento asociativo vecinal, abordaban de diferente manera la cuestión nacional vasca, catalana, gallega, que reclamaban soberanía en todos los aspectos, buscaban amparo de alguna manera en organismos legales o paralegales, contaban con organización dentro de las prisiones, trabajaban desde el exilio… y todo esto en plena dictadura.

Y a todo este tejido habría que añadir entidades también ilegales no comunistas, como la CNT, el PSOE, la Federación de Partidos Socialistas y otras organizaciones nacionalistas o independentistas que también se veían obligadas a existir en la clandestinidad. Tampoco se puede pasar por alto la existencia del Frente de Liberación Popular (FLP) y sus homólogos en Euskadi y Catalunya, ESBA y FOC, muchos de cuyos militantes se convirtieron más tarde en destacados cuadros de otras organizaciones.

Pero el relato de Transición se centró mucho más en figuras que en colectivos y se ha impuesto de tal manera que muchas personas implicadas en el acontecer de estas entidades han procurado que posteriormente se olvidara su militancia. Había que limpiar los CV de referencias a cualquier veleidad revolucionaria. Muchos temieron lógicamente que su implicación en actividades subversivas les perjudicara social y profesionalmente y una vez quedó claro que el nuevo régimen se encarrilaba sin ruptura de raíz con el franquismo, tuvieron vergüenza, o cierto miedo de que se recordara aquel activismo de color rojo, tan importante en la vida de tantas personas.

Algunos de estos militantes y/o dirigentes desaparecieron de la vida política, del mismo modo que las organizaciones que impulsaron e hicieron crecer. Algunos cambiaron radicalmente, se implicaron en las instituciones, a través de partidos del régimen del 78, o en actividades empresariales de diverso tipo. Otros se reciclaron profesionalmente en diferentes ámbitos, y algunos mantienen más o menos sus ideales de juventud, pero casi todos, se han retirado poco a poco. Entre otros motivos porque los años no perdonan y los imperativos biológicos obligan.

Se acabó el tiempo en el cual se podía reconstruir la historia de los años 30 y 40 a través del testimonio de quienes vivieron la República, la guerra, la represión de los años cuarenta y principios de los cincuenta, el régimen que se asentó sobre el pánico colectivo… Nos quedan, además de algunos repositorios audiovisuales, valiosos textos y discursos de los protagonistas de aquella época, además de abundantes trabajos de los investigadores, pero ya no queda con vida casi nadie que pueda explicar experiencias vividas de aquellos años. Sobre los episodios políticos y la vida clandestina de finales de los años 60 y de los 70 también se ha escrito bastante, pero en la mayor parte de los casos sin referencias a los documentos de entonces y sin entrar en detalle sobre los debates del momento, los objetivos, las estrategias, la vida organizativa, la formación, las implicaciones en la vida cotidiana y familiar de los militantes. Y no deja de resultar significativa la escasa producción literaria y cinematográfica centrada en la resistencia antifranquista.

Hay que destacar el trabajo realizado por asociaciones memorialistas como La Comuna o la ARMH, que han reclamado la creación de un comisionado para atender a las víctimas de la represión franquista y señalan la necesidad de que el Estado se disculpe por “los miles de personas que han muerto ignoradas”. Y hay que poner en valor también el esfuerzo de colectivos y militantes que han elaborado cronologías (1), han recogido y difundido documentación (2), han abierto foros en redes sociales, han escrito y editado libros (3), impulsado campañas sobre el legado de luchas populares compartidas (4), y también el de un reducido número de investigadores y académicos que han tomado la tarea en sus manos. Todos ellos han informado sobre actos e iniciativas reivindicativas de la memoria del movimiento obrero, pero lo que se explica en las escuelas y universidades, lo que se difunde a través de los medios de comunicación, por encima de cualquier otro relato, son los ejes de un discurso según el cual la dictadura se acabó cuando Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Felipe González, Manuel Fraga, Miquel Roca y algunos otros personajes pactaron el inicio de una nueva etapa en la historia del Estado español, con la activa complicidad del rey Juan Carlos, la aprobación de una reforma institucional del régimen del Movimiento franquista, la legalización de los partidos políticos, la convocatoria de elecciones a Cortes generales y el pacto constitucional del 1978.

Se difumina así, con generalizaciones y anécdotas de cariz cortesano, el excepcional esfuerzo realizado por centenares de miles de personas que participaron durante los años 60 y 70 en movilizaciones populares duramente reprimidas por la policía franquista. Se olvidan las huelgas locales y generales, reivindicativas de condiciones de trabajo dignas, que por el simple hecho de realizarse desestabilizaban el régimen franquista; las reclamaciones de amnistía para las víctimas de la legislación penal, social y laboral de la dictadura; las exigencias de legalización de las organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles, feministas, vecinales realmente existentes en la sociedad de aquel momento; las demandas por la vía de la práctica de libertades democráticas plenas y la derogación de toda la legislación que restringía los derechos de huelga, libre expresión, asociación, reunión y manifestación; las reivindicaciones de depuración del ejército, la magistratura, la policía y del conjunto del aparato de Estado, la exigencia de reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Catalunya, Euskadi y Galicia; de convocatoria de asambleas constituyentes, el rechazo a los pactos con la OTAN… Todas estas aspiraciones formaban parte del patrimonio político común de las organizaciones comunistas mencionadas. Todas.

Eran grupos y partidos, algunos de mucho peso, como el PCE y el PSUC, otros con menos implantación, que discrepaban radicalmente sobre formas organizativas, análisis de coyuntura, calendarios y estrategias, que actuaban bajo orientaciones y referencias distintas en política internacional, rivalizaban en su voluntad de hegemonizar y dirigir movimientos reivindicativos en fábricas, centros de enseñanza, asociaciones profesionales, vecinales… pero todas ellas transmitían el mensaje de que, en algún momento, se podría abrir un proceso hacia el socialismo.

Todas formaban parte de la oposición al franquismo y todas deseaban la ruptura de aquel régimen, para dar paso a la democracia, pero los dirigentes de los partidos con mayor influencia optaron por la vía de la reforma. Reforma que exigía un pacto que descartara la ruptura de raíz con el franquismo y una imprescindible capacidad de control sobre lo que se había movilizado hasta entonces, con la contribución decisiva de miles de militantes, disciplinados, muchos de los cuales se encontraban encuadrados en organizaciones con o sin democracia interna, pero dispuestos todos ellos a sacrificar gran parte de su tiempo en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria, preparados para resistir la represión policial y empresarial.

Eran ciudadanos que en sus centros de trabajo o de estudio impulsaban la creación de comisiones y comités, repartían octavillas, confeccionaban carteles y pancartas, se ponían al frente de huelgas, convocaban manifestaciones, muchas de ellas por sorpresa para salvaguardar la seguridad de los participantes, mantenían en funcionamiento imprentas clandestinas, en las que se editaban documentos internos de debate y publicaciones periódicas, que luego había que distribuir a través de redes de confianza, se reunían secretamente e intentaban conocer lo menos posible los datos personales de los asistentes, utilizaban pseudónimos (‘nombres de guerra’) para tratarse entre sí, separaban todo lo posible la actividad política de su tiempo de ocio y vida familiar, para dificultar al máximo la acción de las brigadas político sociales de la policía.

Hay que prestar atención a estas personas, muchas de ellas desilusionadas como consecuencia de la frustración de los objetivos e ideales que determinaron su comportamiento social, familiar, profesional durante unos años clave de su vida, ideas que transmitieron por todos los medios que tenían a su alcance. Hace falta que historiadores y especialistas en ciencias sociales les escuchen para poder reconstruir y recuperar de manera fidedigna la memoria de aquellos años.

Quizás de este modo, rompiendo el silencio, se podrá tomar conciencia social de lo que significa que hoy, por ejemplo, no se pueda investigar la corrupción de la monarquía, o que los tribunales consideren como delictivos los debates parlamentarios sobre el derecho de autodeterminación de Catalunya o que se haya castigado con años de prisión a personas por el hecho de ejercer su derecho a la libre expresión y manifestación.

Notas:

*Manuel Garí es economista y Marià de Delàs periodista

**Fotografía: Txemi Martínez

[1] https://psuc.cat/historia/

[2] https://archivodelatransicion.es/ , https://www.historialcr.info/ , https://pce.es/historia-del-pce/

[3] https://www.publico.es/actualidad/marti-caussa-ruptura-raiz-franquismo.html ,

[3] https://www.publico.es/public/jordi-borja-posa-sediment-deixar-bandera-roja-vida-politica.html , https://www.catarata.org/libro/historia-del-pce_118425/

[4] https://www.omnium.cat/ca/campanyes/lluites-compartides/

Definir la democracia es una reflexión filosófica en sí misma por cuanto su definición varía según sean interpelados su forma de soberanía, sus regímenes electorales o más ampliamente sus contenidos culturales o sociales, sus exigencias teóricas o sus esperanzas altruistas. “Toda elocuencia humana en todas las asambleas de todos los pueblos y en todos los tiempos puede resumirse en esto: la disputa del derecho contra la ley”, escribe Hugo[1], planteando una definición de democracia, a saber la disputa entre lo legal y lo legítimo, lo que no dejar de tener eco en la formulación de Claude Léfort, la “legitimidad de un debate sobre lo legítimo y lo ilegítimo”[2], estos interrogantes, por otra parte, constituyen la reflexión nodal de la desobediencia civil: “la desobediencia civil puede ser definida como un acto público, no violento, decidido de manera consciente, pero político, contrario a la ley y llevado a cabo, normalmente, para producir un cambio en la ley o bien en la política del gobierno. Actuando así, el acto interpela el sentido de la justicia de la mayoría de la comunidad y se declara que, según una opinión reflexionada con madurez, los principios de cooperación social entre dos seres legales no son respetados en la actualidad”[3]. ¿Quiere esto decir, además, que la desobediencia civil constituye el cuestionamiento arquitectónico de la democracia? Sí, en la medida en que obedecer las leyes que el pueblo mismo se ha dado equivale a desobedecer aquellas que juzga incompatibles con su soberanía. Por que la apuesta de la desobediencia civil no es desobedecer por desobedecer sino hacerlo con el único objetivo de mejorar el gobierno (“pero para hablar de ello desde una perspectiva práctica y ciudadana, al contrario de aquellos que se dicen anarquistas, yo no pido, de entrada, “nada de gobierno”, sino, desde el comienzo, un mejor gobierno. Que cada uno haga conocer el tipo de gobierno que ganará su respeto y esto será el primer paso para obtenerlo”[4]) dicho de otra manera, se trata siempre de someter a la reflexión de la conciencia ciudadana la condición bien fundamentada de lo legal. Únicamente el Estado sufre en reconocer esta parte de iniciativa y conciencia ciudadana. Ya en 1835 Tocqueville identificaba este disfuncionamiento de la “centralización” estatal de esta manera: “Ocurre a veces, que la centralización intenta, en su desesperación, llamar a los ciudadanos en su socorro; pero les dice: “Obraréis como yo quiera en tanto que yo quiera y precisamente en el sentido que yo quiera, vosotros os haréis cargo de los detalles sin aspirar a dirigir el conjunto, trabajaréis en las tinieblas y juzgaréis más tarde mi obra por sus resultados”. Y concluye Tocqueville: “No es bajo semejantes condiciones que se obtiene el concurso de la voluntad humana. ¿Por qué? Porque el Hombre está hecho de tal modo que prefiere permanecer inmóvil que marchar sin independencia hacia un objetivo que ignora”[5].

En otras palabras, la desobediencia civil no es un acto de insubordinación desorganizado, sin finalidad precisa, sino antes al contrario la reivindicación de una conciencia esclarecida, de una ciudadanía crítica[6] preparada para razonar con el legislador.

Efectivamente, si el contrato social es tácito[7], entonces todos los ciudadanos, participando a través de la vía de esta disputa entre lo legítimo y lo legal, vivifica lo tácito del contrato y les ofrece la posibilidad de co-construir el mencionado contrato previamente aceptado desde el nacimiento. La desobediencia civil recuerda, de este modo, otra verdad estructural de la democracia, a saber, su carácter inacabado y la necesidad permanente de su profundización[8]. Amartya Sen[9], por su parte, evoca la noción de “incompletud de la justicia” para testimoniar la necesidad de interrogarse sin cesar sobre el hiato entre los principios y las prácticas democráticas, entre el derecho formal y el derecho real. Desde el momento en que considera la aventura del hiato cerrada, el Estado de Derecho se marchita y desde ese momento se contradice haciendo permanentes las desigualdades. Si la democracia está inacabada, es porque percibe constantemente la ausencia que la funda y permanece del lado de su carácter incompleto. La democracia no es, según Sen, un proceso mecánico de agregación de opiniones individuales, sino un proceso de deliberación al cual cada uno está llamado a aportar su contribución activa. En este sentido, el autor no defiende una concepción puntual de la democracia donde una decisión tomada por mayoría sería suficiente para dilucidar los problemas de una vez por todas. Al contrario, su visión va de la mano con una construcción permanente de la sociedad, de sus expectativas y valores. Es necesario entrar en la era de la capacidad constructiva de la democracia real. El valor y la calidad de las normas sociales dependen menos de la calidad de su contenido que de ser el resultado de un ejercicio claramente deliberativo de opinión. La democracia debe ser intrínseca, instrumental y constructiva[10].

El estado no debe, por ello, buscar imponer su versión específica de lo que debe ser hecho en materia de acción pública, si no reconocer y pedir el sentido de la justicia de los actores locales. La justicia, en democracia, se construye a varias manos. Es la obra tanto del colectivo como de lo progresivo. La justicia se construye con el número y el tiempo, no se postula a priori.

Así, lejos de ser un factor de parálisis en la acción pública, el reconocimiento de la pluralidad de diferentes concepciones posibles de la justicia aparece como la condición misma de la aceptabilidad de la decisión pública[11]. Para Jürgen Habermas, la desobediencia civil puede ser una manera de participar en la elaboración de la razón pública en la medida en que “la desobediencia civil incluye actos ilegales, generalmente protagonizados por sus actores colectivos, definidos tanto por su carácter público y simbólico como por el hecho de estar basados en principios, actos que implican, en primer lugar, medios de protesta no violentos y que apelan a la capacidad de razonar y al sentido de la  justicia del pueblo”[12].

La razón pública es una fabricación directamente relacionada con la deliberación pública, lo que muestra que se trata tanto de consenso como de disenso. En tanto que forma privilegiada del conflicto político la figura de la desobediencia civil “garantiza (…) la continuidad con esta convicción de la Teoría Crítica según la cual la realización hegeliana de la razón debe ser comprendida como “un proceso de aprendizaje conflictual en el cual un conocimiento universalizable emerge en el curso de la resolución de problemas aportando mejoras, en este caso contra la resistencia de los grupos dominantes”. Tanto en Jürgen Habermas como en Axel Honneth, la herencia hegeliana se inscribe aquí en el conflicto al corazón mismo de la teoría moral y política: “Frente a patologías sociales resultado de una incapacidad de las sociedades para expresar adecuadamente el potencial racional ya inherente en sus instituciones y sus prácticas, le despliegue de la razón resulta una praxis común que engendra soluciones indisolublemente ligadas a conflictos que hacen posible un aprendizaje”[13]. En este sentido, la desobediencia civil se define como un gesto de apropiación democrático, e incluso de empowerment (empoderamiento) del ciudadano.

Obedecer en democracia supone “consentir” la ley, y este consentimiento es indisociable para el ciudadano de un compromiso político, que reenvía al ejercicio del voto o de manera más permanente, al de la participación democrática por la via de los diferentes dispositivos de consulta y codecisión. Desobedecer civilmente significa entonces, que las condiciones de obtención del consentimiento informado del ciudadano no han sido respetados del modo y manera en que el Estado de Derecho lo requiere.

Durante mucho tiempo se ha creído que consentir en democracia podía asimilarse a un silencio. En efecto, desde Montesquieu, se ha planteado la naturaleza asimétrica de la soberanía del pueblo: desde el comienzo, la soberanía del pueblo se escinde entre “dirigir”, es decir la soberanía indirecta de la representación y “controlar”, es decir la soberanía popular, en el sentido en el que ella vigila y sanciona mediante el ejercicio del voto, o impide mediante el uso de la manifestación, la huelga u otra forma de protesta social. Pierre Rosanvallon define esta última como la soberanía negativa del pueblo[14]. En este contexto, el no-consentir es un ruido (manifestación, impedimentos múltiples) mientras que consentir sigue siendo un silencio. Pero, en un ámbito más contemporáneo, de reivindicación de la autonomización del ciudadano, de ejercicio más continuado (menos intermitente) de la soberanía y de la democracia, consentir necesita ser considerado como un hecho más formalmente explícito.

De este modo, la desobediencia civil puede preceder un consentimiento futuro y encarnar una soberanía más positiva del pueblo, que no esté fundada solo en la sanción o el rechazo, sino en una co-construcción factible. Una soberanía del pueblo, exclusivamente “negativa”, puede ser considerada como una soberanía del eunuco (Hugo), o demasiado anacrónica en un tiempo de reivindicación colectiva (asociaciones y redes) e individual (ciudadano ordinario). La desobediencia civil puede, así, definirse como una herramienta ciudadana de regulación democrática, como es cada vez más común en internet.

A esta idea de positivar la soberanía por esencia negativa del pueblo -dicho de otro modo, vivir su poder de decisión y no solamente su poder de control-, es necesario añadir que la ciudadanía y la sociedad civil se han convertido en vectores y lugares muy cualificados de innovación social y de expertise democrática. Thierry Pech y Marc-Olivier Padis evocan su capacidad de educar al Estado[15]. En efecto, muestran hasta qué punto la sociedad civil es a menudo el garante de la no-discriminación por parte de las instituciones, funcionando como una especie de vigilante. Ciertamente, la sociedad civil tiene un rol clásico de perturbación -modificando el habitual juego de los procedimientos institucionales- pero que rompe el aislamiento de las elites políticas introduciendo en el espacio público los “sujetos huérfanos”, esto es aquellos contra quienes todo conspira para ser colocados al margen. Para la mejora del Estado de Derecho esta capacidad de inclusividad de sujetos es fundamental. Pero el Estado no siempre tiene la posibilidad de efectuar estas diferentes vigilancias estratégicas respecto a sujetos que son importantes para los ciudadanos, pero a menudo son minoritarios. Por eso, la sociedad civil, porque sabe cómo traducir sus experiencias, está en condiciones de ofrecer a la democracia un universalismo concreto, que sin avanzar en el vacío, sea, efectivamente susceptible de nutrir las acciones de desobediencia civil.

En efecto, la desobediencia civil recuerda que la definición de democracia oscila siempre entre su aceptación teórica (modelo) y una más existencial (experiencia). “La idea de un universalismo cerrado del modelo debe ceder el paso a un universalismo abierto de la confrontación de experiencias”[16]. Esta reflexión de Rosanvallon, que se dirige inicialmente a la relación entre Occidente y el resto del mundo, puede también inscribirse en el interior mismo de cada sociedad democrática, en la medida en que cada una de ellas reposa sobre controversias entre la mayoría y las diferentes minorías y marginalidades que la constituyen. No construir un “universalismo democrático de cierre” es, sin dudarlo, vigilar para no occidentalizar el concepto de democracia imponiéndole un modelo en detrimento de otro, pero puede también referirse al consenso y al conformismo impuesto al interior de toda sociedad democrática, especialmente la occidental. En efecto, es importante que la democracia no se convierta en un “objeto de fe” si no que se convierta, más bien, en “un objeto de división y controversias”. En esto estriba su pacto con la libertad de conciencia y de expresión, su lucha contra las formas de censura y de autocensura, y de manera más fundamental, su pacto con la falibilidad en el sentido en el que la democracia no sabría ser dogmática. Apoyándose en John Dewey, Albert Ogien llega incluso a diferenciar entre política y democracia, haciendo de esta última un método de conocimiento. “Lo que se requiere para dirigir y conducir una investigación social exitosa, es un método que se desarrolle sobre la base de relaciones recíprocas entre hechos observables y sus resultados. Esto es, esencialmente, el método que proponemos seguir”, escribía Dewey[17]. Y Ogien concluye: “A este método, Dewey lo denomina: Democracia. Para él, esta palabra no reenvía, pues, a un régimen político definido por una serie de derechos individuales (voto, opinión, huelga etc.) ni por un sistema específico de instituciones (libertad de asociación, separación de poderes, control del legislativo sobre el ejecutivo, justicia independiente, libertad de información). Democracia sirve como expresión para calificar la naturaleza de cualquier procedimiento experimental: espíritu de descubrimiento, libre disposición de las informaciones, discusiones abiertas sobre hipótesis, compartir intuiciones y resultados, etc. La democracia, según la enuncia Dewey, es un proyecto colectivo de producción de conocimientos mediante la acción, a la cual todo individuo interesado por un problema público puede contribuir, con igual competencia, con el fin de aportar una solución satisfactoria desde el punto de vista de las consecuencias previsibles”[18].

Siendo así, se entiende como la desobediencia civil se asimila en Dewey al hecho “de tomar parte de manera responsable, en función de las capacidades de cada cual, a la formación y a la dirección de las actividades del grupo al que se pertenece, y a participar en función de sus necesidades y de los valores que el grupo defiende. Para los grupos esto exige la liberación de las potencialidades de los miembros de un grupo en armonía con los intereses y los bienes comunes”[19].


Nota: Artículo publicado con autorización de la autora y de la Revista Pouvoirs, a ambas Espacio Público les agradece enormemente su generosidad. A sugerencia de la revista la citación correcta del artículo sería la siguiente: Cynthia Fleury, « Formes anciennes et nouvelles de la désobéissance civile », Pouvoirs n°155, Désobéir en démocratie. El artículo ha sido traducido por Pedro Chaves. El traductor ha conservado las notas con las referencias originales dada la naturaleza del artículo. Por último, dada la extensión del artículo y las pretensiones de la inserción en este número de Espacio Público, no se ha traducido la segunda parte del mismo que se puede consultar en la revista y a cuya lectura el traductor anima encarecidamente.

Cinthia Fleury, filósofa y psicoanalista, Profesora en la Universidad Americana de París, miembro del Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE).

[1] Victor Hugo, Le Droit et la Loi, et autres textes citoyens (1841-1851), Paris, 10/18, 2002, p. 15.

[2] Claude Lefort, Essais sur la politique, Paris, Seuil, 1986

[3] John Rawls, Théorie de la Justice (1971), Paris, Seuil, 1987, p 57

[4] Henry David Thoreau, La Désobéissance civile, 1849 (traducción de la autora).

[5] De la démocratie en Amerique, t.1, 1835, chap. “Des effets politiques de la décentralisation administrative aux États-Unis”.

[6] Pippa Norris, Critical Citizens: Global support for Democratic Government, Oxford, Oxford University Press, 1999.

[7] Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762

[8] Pierre Rosanvallon, La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple de France, Paris, Galimard, 2000.

[9] Amartya K. Sen et Martha C. Nussbaum (dir.), The Quality of Life, Oxford, Clarendon Press, 1993; et Amartya K. Sen, The Idea of Justice, Londres, Penguin, 2010.

[10] Cf. Jean-Michel Bonvin, “La démocratie dans l’approche d’Amartya Sen”, L’Économie politique, vol.27, nº 3, 2005, p. 24-37.

[11] Cynthia Fleury, Les Pathologies de la démocratie, Paris, Fayard, 2005

[12] Jürgen Habermas, De l’éthique de la discussion (1991), Paris, Cerf, 1992.

[13] Estelle Ferrarese, “le conflit politique selon Habermas”, Multitudes, vol. 41, nº 2, 2010, p. 196-202, la cita de la primera parte: Axel Honneth, La Société du mépris, Paris, Gallimard, 2006, p.117.

[14] Pierre Rosanvallon, La Contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Paris, Seuil, 2006.

[15] Thierry Pech y Marc-Olivier Padis, Les Multinationales du coeur. La politique des ONG, Paris, Seuil, coll. “La République des idées”, 2004.

[16] Pierre Rosanvallo, Le Parlement des invisibles, Paris, Seuil, 2014. Cf. Ver también su proyecto “Raconter la vie”.

[17] John Dewey, “Le public et ses problèmes” (1927), Hermès, vol, 31, nº 3, 2001, p. 77-91.

[18] Albert Ogien, “La démocratie comme reivindication et comme forme de vie”, Raisons politiques, vol. 57, nº 1, 2015, p. 31-47.

[19] John Dewey, “Le public et ses problèmes”, art. Ya citado.

moderado por:

  • Laura Freixas

    Escritora, Asoc Clásicas y Modernas

  • Paula Pof

    Periodista

Conclusión del debate

Este debate, que se ha desarrolló fundamentalmente en los dos últimos meses del 2014, ha tratado de analizar las causas profundas de un fenómeno socialmente alarmante, cómo es el de la violencia de género. La ponencia de la que arranca la discusión analiza las circunstancias y la lógica que motivaron la promulgación de la ley orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género y sostiene que la violencia no es un problema que afecte sólo al ámbito privado sino que fundamentalmente atañe   al ámbito público y representa una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

Planteada en este ámbito la discusión, muchas de las intervenciones han señalado que no estamos ante un problema propio de un colectivo: las mujeres (puesto que las mujeres no constituyen “un colectivo” y esta consideración sería inaudita en el caso de los hombres) sino ante un problema social frente al que el Estado tiene que tomar medidas efectivas , puesto que todo Poder Público tiene la obligación de garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas..

El centro de la discusión se ha centrado en la igualdad. No hay democracia sin igualdad, y no puede haber igualdad en la sociedad sin democracia (Miguel Lorente). El debate sin embargo desborda el ámbito estrictamente político para adentrarse en las causas profundas que laten en la sociedad y que alimentan el machismo.

La violencia es un concepto adquirido. Frecuentemente, la violencia de los hombres contra las mujeres comienza en la infancia y representa parte de la socialización masculina. Muchos muchachos son socializados en la creencia de que las mujeres y niñas tienen obligaciones con ellos (cuidar de la casa, cuidar de los hijos, tener relaciones sexuales con ellos…).( Francisco Abril ) Este análisis arroja un dato inquietante: que los jóvenes, son más propensos a usar la violencia que cualquier otro grupo. La violencia de los hombres contra las mujeres se ejerce, principalmente, en el espacio privado y las relaciones de pareja y su inicio tiene lugar, muchas veces, en las parejas más jóvenes.

El machismo viene de lejos y se introduce en el inconsciente; este es otro de los aspectos relevantes que ha aportado el debate. La imposición de los esquemas del Patriarcado no sólo se producen por mecanismos sociales, culturales y económicos, sino también, por un entramado de estereotipos de género inconscientes, que se han ido tejiendo a lo largos de las generaciones que nos preceden. Durante la infancia se transmiten, consciente e inconscientemente, tanto por el padre como por la madre, y cristalizan en la adolescencia. (Regina Bayo) Estos aspectos de la subjetividad e identidad sexual no son conscientes, -y precisamente por eso-, se manifiestan con gran fuerza en momentos de cambio o de crisis en la vida de la pareja, como con el nacimiento de los hijos, o ante la pérdida de la estabilidad económica.

El debate deja claro que la violencia machista no se puede entender si se reduce a un problema que ocurre entre dos personas. Las causas hay que buscarlas más bien en un conjunto de dispositivos sociales que provocan que las mujeres sufran constantemente una violencia que es estructural. Se trata de una forma de control que el patriarcado ejerce sobre todas las mujeres (Isabel Serra y Rebeca Moreno)

Uno de los mecanismos por el que se reproduce la dominación es la “violencia simbólica”, que afecta a las mujeres (y a los hombres) de modo que las ciega respecto a la sumisión en la que incurren. Las mujeres están sometidas a un continuo bombardeo de mensajes contradictorios: una publicidad obsesivamente centrada en el cuerpo y en la seducción que reinscribe los clichés de feminidad más conservadores disfrazados de modernidad (Ángeles de la Concha); una exaltación de la libertad sexual que luego en la intimidad se ignora o se castiga; un acceso al mundo del trabajo, a la política y a las profesiones más prestigiosas que resultan luego irreconciliables con una vida familiar en el que la pareja se limita a “ayudar” en temas y ocasiones puntuales; una exaltación de la maternidad que se castiga laboralmente con el despido encubierto o la relegación a puestos de segundo orden; un reconocimiento a la valía profesional que fuerza a renuncias personales…

De este modo, más allá del plano conceptual, pero en relación con el concepto de “feminismo”, luchar contra la violencia machista implica  mejorar las condiciones materiales de las mujeres. La  violencia machista no puede ser entendida como una circunstancia al margen de las condiciones sociales, políticas y económicas en las que se desarrolla

En esta relación entra la violencia y las condiciones sociales están de acuerdo la mayoría de los intervinientes. Si bien algunos entienden que además de eso hay que tener en cuenta el poco amparo real que los juzgados prestan a las mujeres maltratadas. El 55 por ciento de las denuncias se archivan sin más trámites y el resultado final es que no llegan al 40 por ciento los maltratadores condenados (Lidia Falcón). Esta tesis considera que la ley contra la violencia de género es radicalmente insuficiente, entre otros factores, porque solo ampara a las mujeres que tengan vínculos sentimentales con los maltratadores.

Una parte significativa de las intervenciones han subrayado un factor especifico que acompaña a la violencia de género: la víctima, en muchos casos con lazos afectivos con el agresor, es una víctima especial, muy distinta a las víctimas de otros delitos. Se constata que estas agresiones y crímenes son los únicos en los que son las víctimas las que se avergüenzan o esconden y no quienes los perpetran. Todo ello envuelto frecuentemente en un halo de fracaso vital.

No es raro, pues, que las mujeres sean remisas a denunciar. (Eulalia Lledó). A esto se le tiene que sumar la silenciada desprotección en que las mujeres suelen quedar después de denunciar.

La discusión sobre la violencia de género se complementó con un debate en Público TV que moderó la escritora Laura Freixas y en el que participaron la escritora y periodista Lidia Falcón, el psicólogo Pablo Llamas, miembro a su vez de la AHIGE, Ángeles de la Concha, catedrática de lengua inglesa, la ponente Soledad Murillo y el profesor de Derecho Constitucional Octavio Salazar

Ponencia inicial

¿Ha llegado la democracia a la vida privada?

¿Ha llegado la democracia a la vida privada?

Identifico democracia con el mutuo respeto, una regla de la que nos dotamos siempre que aceptemos las distintas formas de vivir. John Rawls definía la justicia en términos de procurar hacer efectivas las “bases sociales del autorespeto”. En el plano personal, el respeto consiste en concederse un valor innegociable. En suma, resistirse a claudicar cuando alguien en nombre de los afectos, pretende amoldar un proyecto vital, por el simple hecho de ser ajeno a sus necesidades particulares. Situaciones demasiado frecuentes en un vínculo de pareja, donde mantener lo propio, desde las amistades, hasta las aspiraciones profesionales, pudieran representar motivo de tensiones, o conflictos más serios.

Sabemos bien que las interacciones sentimentales son extraordinariamente complejas, pero no siempre los desacuerdos recurren a la palabra y menos aún a pactos en los que se explicite lo que cada persona espera de la otra. Todo lo contrario, la pareja también es un escenario de poder. Un poder que no se muestra públicamente, se reproduce en la intimidad de una relación sentimental, se justifica en nombre del amor y requiere de una sistemática expropiación de la identidad. Además, contiene una firme desautorización de todo rasgo de individualidad, recurriendo desde los agravios, hasta los golpes. De hecho, debemos a la teoría feminista haber conceptualizado el poder desde el esquema de subordinación y autoridad, y visibilizado aquellos mecanismos sociales, económicos y culturales que legitiman la desigualdad.

Esta lógica fue clave en la elaboración de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tuve la oportunidad de participar activamente en su elaboración. Fui el primer cargo público en materia de igualdad, pero sin añadir, familia, infancia o juventud entre sus competencias. Sólo igualdad. Razón por la cual las siguientes reflexiones son deudoras de la legislatura de la que formé parte (2004-2008), así como de las negociaciones, o mejor decir, las conversaciones con el ánimo de convencer de la necesidad de una norma a aquellos que serían los responsables de su puesta en marcha. La Ley tuvo su origen en una propuesta por parte de la oposición, en el año 2002 y en sede parlamentaria, que el Gobierno del Presidente Aznar desestimó. Las entonces muy minoritarias, pero constantes, manifestaciones de mujeres cada 25 de noviembre, no dejaban de recordar la urgencia de la medida. Se recuperó la idea y se amplió el campo de su articulado. Para empezar, ya en su exposición de motivos, o tarjeta de presentación de todas las normas, que recomiendo leer para conocer los principios que las inspiran, en la Ley 1/2004 se cita expresamente que la violencia no es un problema que afecte al ámbito privado sino al ámbito público. Y se añade que representa una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Antes de su promulgación, era el concepto violencia doméstica el más usado, desde la jurisprudencia, hasta los medios de comunicación. De esta manera, quedaban fuera de esta definición aquellas mujeres que no convivían con el agresor: tanto jóvenes que sufrían violencia, así como las mujeres maduras que eran amenazadas por su expareja. Esta focalización en la vida afectiva como escenario de violencia, fue muy controvertida por creerse que era reduccionista. De hecho se dudaba de su eficacia, dado que no se recogían todos los tipos de violencia que figuran en la Resolución 48/104 de la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 1993: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada». En cambio la Ley perfila la figura del maltratador en un compañero sentimental, se conviva o no.

Primeras Objeciones a la Ley 1/2004.

Una de las principales dificultades para entender la especificidad de la violencia de género, fue su denominación. En primer lugar, desde el punto de vista nominativo la definición de “género” que aportaba la Ley, fue rechazada por la Real Academia de la Lengua, que advirtió sobre la inutilidad de su uso, eso sí, sin citar ninguna de las múltiples referencias teóricas sobre la aplicabilidad del mismo. Ni lo entendió entonces, ni aún hoy está incorporado; a pesar de mostrarse receptiva ante términos como “friki”, “manga”, entre muchos otros, con más suerte por parte de la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico de la RAE. Esta valoración es mucho más que una anécdota, representa la inquietante estrategia de convertir una categoría de análisis en una extravagancia y, como tal, cualquiera puede desestimarla, negarla o refutarla, sin más. La misma idea que mantienen aún las Universidades españolas, al ubicar los estudios de género, como un conocimiento periférico en la capacitación curricular: master o asignaturas optativas son las únicas opciones. Esta limitación en la oferta educativa repercute en reforzar la subestimación teórica por parte de quienes deben aplicar la Ley, porque de no entender su significado, esta omisión afectará al desarrollo de su práctica profesional y sobre todo, a la eficacia de respuesta a las mujeres maltratadas.

En segundo lugar, fue extraordinariamente complejo desvincular la violencia de género de su interpretación como un asunto privado, un suerte de problema de pareja en el que no es lícito inmiscuirse, salvo que se produzcan actos constitutivos de delito. Pero convertirla en un asunto público fue clave en cada proceso de presentación de la Ley a distintos profesionales, que en un futuro deberían implementarla. Se trataba de recordar que la violencia era consecuencia de una deficitaria aplicación de las políticas de igualdad y esto repercute en las conductas de los agresores y de las víctimas. Bien es cierto, que cada día tenemos la fortuna de contar con rigurosos análisis sobre la materia, donde cada aportación teórica, o práctica, nos ayuda a entender la complejidad del fenómeno; sin embargo es necesario profundizar en aquellos análisis que relacionen violencia, con la posición de inferioridad que se reserva a las mujeres dentro de la estructura social, política o económica de nuestro país. En otras palabras, disponemos de menos ejemplos que vinculen la violencia con el grado de igualdad de trato y que a su vez sean capaces de identificar qué factores de desigualdad provocarían un estado de indefensión de las mujeres. Nos convendría saber ¿con qué recursos personales cuenta una mujer para poder iniciar el difícil proceso de iniciar un proceso judicial? O bien, conocer qué ocurre en el intervalo entre llamar al teléfono de emergencia 016, más de 30.000 llamadas anuales, y la decisión de interponer una denuncia, que representan menos de la mitad. De todo ello informó el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, órgano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya anterior Presidenta Inmaculada Montalbán mostró, en el año 2013, su preocupación por una caída en las denuncias de un 9,6 en los últimos cinco años.

En tercer lugar, hacer entender que no se trata de un problema propio de un colectivo, porque si todo Estado de Derecho tiene la obligación de garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas, con esta obligación constitucional se deberían ver implicadas todas las instancias sociales, y no sólo las áreas de mujer inscritas en cualquiera de las instituciones públicas. Sin embargo, un problema fundamental radica en la extendida interpretación de considerar a las mujeres como un colectivo. Pero ¿qué efectos tiene para las mujeres ser definidas de este modo? Aparentemente parece una definición neutral, carente de consecuencias, pero nada más lejos de la realidad. Primero, porque los colectivos se asimilan a las minorías, es decir, se les adjudica un rasgo particular que les adscribe al grupo en función de su -color, raza, edad, clase social-. Lo cual no ofrecería problemas, sino fuera porque esta operación sólo rige para las mujeres, en ningún caso a los hombres se les concede tal tratamiento diferencial, salvo que posean una particularidad concreta: jóvenes, ejecutivos, jubilados. En cambio, las mujeres siempre son catalogadas como un colectivo en su totalidad. Ni siquiera es preciso adscribirse a un grupo a través de un rasgo concreto, ni por edades, renta, color u orientación sexual. Las mujeres por el hecho de ser mujeres se definen como un colectivo, cuando en nuestro país representan un 50,8% de la población censada (INE. A 1 de enero de 2014).

Esta es la primera estrategia de exclusión, pero lo más inquietante, son las características que se les atribuye como colectivo, cuyo significado común son sus “especiales dificultades”: problemas de conciliación, de autoestima, de trabajo, entre otros. Dificultades que se analizan como inherentes a las mujeres. Es decir, no quedan cuestionadas instancias públicas cuyo funcionamiento y regulación horaria, pudieran representar un serio obstáculo a su participación. O las constantes convocatorias de reuniones, que se convierten en requisitos de una presencia activa, sin olvidarnos de las interminables jornadas diarias que la esfera política, sindical, empresarial reserva para afianzar sus relaciones formales e informales, pero estas pautas de funcionamiento no se cuestionan. Si las mujeres no tienen tiempo es un asunto personal o, lo que es lo mismo, imputable a su organización horaria.

Como personas interesadas en la violencia de género debemos preguntarnos, ¿aceptamos estas definiciones u optamos por seguir haciéndonos preguntas? En suma, ¿las interpretamos como características propias de las mujeres o resultado de una división sexual de funciones, que hombres y mujeres reproducen a través de los roles? Sin embargo, al asimilar al conjunto de las mujeres al repertorio de los colectivos,estas quedan expuestas a ser tratadas desde esta óptica de grupo, definición que opera para los responsables de diseñar políticas sociales. ¿Qué ventajas depara esta clasificación, si estadísticamente las mujeres representan la mayoría de la población? Para empezar a las minorías se les reconoce más por sus “problemas” pendientes de solucionar, que por sus méritos o aportaciones. No olvidemos que las necesidades tienen un tratamiento político distinto que los derechos, sobre las primeras recae la incierta voluntad política de solucionarlas pero siempre estarán cautivas de presupuestos públicos, o del grado de conocimiento sobre igualdad de quienes la incluyen entre sus competencias. Carencia que ni siquiera se tiene pudor de lamentar. El propio Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad reconoció, según sus propias palabras, en una rueda de prensa que no se había leído la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a pesar de formar parte de un gobierno que iniciaría una reforma regresiva de la misma.

Por estas razones, los programas, o medidas son específicas y se orientan a subsanar aquellos supuestos “déficits” que las mujeres presentan. De esta manera se utiliza el término “inserción” en cualquiera de las esferas sociales: laborales, culturales. Pero la respuesta está condicionada por el grado de compromiso de cambio de las instituciones, demasiado refractarias a una revisión de sus procesos. Resulta más sencillo administrar políticas específicas: los programas de diversidad, dentro del capítulo Responsabilidad Social, en la empresa privada, o bien el denominado sector, dentro de la Administración Pública. La misma interpretación motiva que en los foros internacionales se organicen sesiones específicas sobre mujeres. Por ejemplo, en la Unión Europea la agenda de igualdad se ubica en la Comisión de Políticas Sociales, a cuyas sesiones acuden aquellos cargos políticos que la incluyen entre sus responsabilidades pero deben compartirla con otras áreas de trabajo, lo que concentra la igualdad junto a otras competencias como Educación, Salud, Políticas Sociales (Alemania, Grecia, Portugal, Italia Reino Unido, Noruega, Finlandia). Son excepcionales los países en que existen Ministerios de la Mujer en la Administración General del Estado (España hasta el 2010 y Suecia). Si acudimos a los escenarios políticos, observamos al líder de cualquier partido haciendo un acto sólo para mujeres, reproduciendo así la concepción de éstas como colectivo, lo que creará estructuras específicas, mujeres de, feminismos de, a la que se añade el nombre de la formación política.

En todos los casos, se comparte el mismo discurso: la indudable capacidad de las mujeres y su injusta invisibilidad. Tal defensa sobre las virtudes de un colectivo, sería inaudita en el caso de los hombres. Además, fuera de estos marcos de proclamación de excelencia, cuando las agendas públicas o privadas, políticas, traten asuntos claves, como la economía, la protección por desempleo o la administración territorial, estás no tendrán presencia alguna en la toma de decisiones. Evitar esto fue un propósito de La Ley 1/2004, que quiso convertir en un asunto de interés general aquello que se definía como un asunto privado de las mujeres. Por ello, lejos de establecer regulaciones en clave de colectivo específico, se buscó una equivalencia de derechos en el espacio público y para ello, era preciso aportar artículos sobre educación, mercado de trabajo, hasta la creación de nuevas estructuras, como los juzgados especializados de violencia contra la mujer y una fiscalía de violencia de género. O la Delegación Especial contra la Violencia de Género, que creó un observatorio para homologar datos estadísticos, además de crear el teléfono 016.

En cuarto lugar, más que un obstáculo, se trata de lo que fue, bajo mi punto de vista, una pérdida irreparable para aumentar la efectividad de la Ley: no lograr introducir el machismo como un agravante. Del mismo modo, que la xenofobia, el antisemitismo o el racismo son tipificados como tales en el artículo 22.4 del Código Penal. Esta valiente propuesta la hizo la Presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, quien argumentó en una comparecencia en el Congreso, la conveniencia de introducir este tipo de discriminación en el código penal, dado que la Ley 2/2004 sólo agravaba las penas para los delitos de lesiones. Pero nadie, ni siquiera el partido del Gobierno que impulsaba la Ley, aceptó su fundamentación. La negativa fue contundente, lo que demuestra que la violencia se encapsulaba en los problemas de un colectivo específico y no precisaba tratamientos jurídicos más severos para evitarla. Siempre me he preguntado si la presencia de otras discriminaciones directas en la legislación, no habrá dependido de la solidez de alianzas, o de la capacidad de presión, como lobbies, de los colectivos que las padecen.

En quinto lugar, sobre la Ley pesó otra grave acusación: la de beneficiar a las mujeres en detrimento de los hombres, concretamente en relación al artículo 38: Protección contra las amenazas. El debate procesal se basaba en un interrogante: ¿por qué un mismo hecho: amenazar o coaccionar tiene un distinto tratamiento penal, tipificado como delito en el caso de lo realice un hombre con una relación sentimental con la víctima, y no pesa del mismo modo para las mujeres? Esta elevación de la pena fue interpretada como una relación inversa entre legalidad y discriminación, y provocó encendidos argumentos. Sabíamos, como se manifestó en los encuentros de trabajo con médicos forenses que las coacciones y amenazas eran la antesala de las lesiones. Los hombres no vivencian pánico, es cierto que pueden sentir ira, agresividad, pero no miedo y, mucho menos, terror. Pero este aparente “trato de favor” conectaba peligrosamente con el imaginario social sobre que las acciones positivas, o en el ámbito político, las famosas “cuotas” y que a pesar de ser mecanismos garantes de la igualdad, se presentan ante la opinión pública como medidas fraudulentas para favorecer a las mujeres.

Si las mujeres carecen de referentes de autoridad, ¿de qué elementos podrán servirse para reunir las fuerzas suficientes para tomar una decisión? ¿Qué significados les devuelve la vida pública que les doten de la suficiente legitimidad para denunciar una situación insostenible? ¿Acaso no incide en su autoconcepto, la insistente representación de lo femenino a través de la emocionalidad, la nigromancia y sólo con algunas excepciones, son convocadas en el papel de expertas, para hacer aportaciones sobre la economía o la ciencia?

La tarea de una sociedad decente, como diría Martha Nussbaum, es ofrecer a todos sus ciudadanos las mejores condiciones para desarrollar sus capacidades, y esto sólo se logra si colocamos la igualdad no como un mero principio, sino desde el exigente plano de una buena convivencia. Si las mujeres no perciben la igualdad de trato, o como la define Ronald Dworkin, la distribución equitativa de recursos y oportunidades vitales ¿cómo va a marcar límites a quien coacciona su libertad, sobre todo cuando no se trata de cualquier persona, sino de aquel con quien está vinculada afectivamente? Sin embargo, todo el mundo espera que ella dé el primer paso, que la víctima denuncie, como única vía para acceder al sistema de protección. ¿Por qué la fiscalía no actúa de oficio, cuando está autorizada para hacerlo conforme a sus competencias? ¿O todavía se define la violencia de género como un delito privado, y no como un delito público? ¿Qué ocurre entre la denuncia y el final del procedimiento?

Se sigue depositando en la víctima el poder de decisión, en una interacción donde los primeros efectos de la violencia radican en hacer dudar a la víctima de sus propias percepciones. ¿Con qué elementos podrá defenderse y actuar en nombre de su autonomía? Especialmente, cuando la imagen que devuelven las instancias públicas o privadas sobre las mujeres está ligada a sus problemas y no a sus capacidades. De dónde extraerán las mujeres la suficiente autoafirmación para escapar del círculo de la violencia. Quizás esto explique que aún carezcamos de campañas contra la violencia, cuando disponemos de campañas de tráfico con periodicidad bimensual. Son los medios de comunicación quienes informan sobre los episodios de violencia, sobre la crueldad de los asesinatos y, aunque aún esta materia informativa se ubique en la sección de sociedad y no en la sección política, es indudable que han contribuido a mantener este persistente fenómeno.

Una víctima sin similitudes: la mujer maltratada

Las relaciones sentimentales fueron el eje de la Ley, porque su dinámica genera una grave indefensión para la víctima y una certeza de impunidad para el agresor. Sabemos que toda pareja debería estar abierta para aceptar los desacuerdos como un factor saludable propio de la intimidad, porque de no existir diferencias, estaríamos ante un miembro que siempre cede frente a otro que lidera. Uno de los pactos igualitarios en un vínculo afectivo radica en ampliar la libertad del otro, para lograr que la pareja sea una suma de individuos con proyectos propios, no de roles, provistos de identidades y funciones. En nombre del amor, no cabe exigir la pertenencia de otra persona, nadie es propiedad privada de nadie. Muchas mujeres se comportan como si tuvieran un propietario, por lo cual la secuencia de “tenerse” como referencia se vuelve problemática para ellas, como si traicionaran su rol.

Saberse un individuo es mucho más que una afirmación personal, señala el grado de autonomía que puede disfrutar una persona, comprobar si se toma como referencia a la hora de tomar decisiones o bien busca la aprobación. Por ejemplo, en los lenguajes cotidianos detectamos a mujeres, jóvenes o adultas sometiendo sus opciones al consentimiento de sus parejas afectivas. En suma, considerarse sujeto es la máxima protección contra la violencia y precisa de una poderosa voluntad de deslealtad hacia los preceptos de género, un doble vínculo con difícil salida. Si la privacidad, en el sentido positivo de lo «propio» y como elemento constitutivo de la individualidad, es una tarea difícil para cualquiera, lo es aún más para quienes gozan de mayor aceptación, si la renuncia y el sacrificio conforman sus virtudes públicas más valoradas. La habitación propia de Virginia Woolf resulta una brillante metáfora de la decisión a pensarse en singular, libre de toda demanda externa que las encierre en un conflicto de lealtades, entre lo que quiere hacer y lo que debe. En esta línea, Richard Sennett, señala dos tipos de compromiso, aquellos que parten de la decisión y los que encierran un mandato de obligación.

Podríamos afirmar, que la autonomía, entendida como “autogobierno”, como libertad de pensamiento y de acción es la prevención más eficaz contra todo tipo de violencias. Sabiendo, de la dificultad que esto entraña en una relación de pareja. Como señala la socióloga Eva Illouz, todo vínculo sentimental opera sobre “la economía de la escasez respecto a las libres opciones con otros encuentros”. Y añade “qué se puede esperar legítimamente del otro sin quebrantar su libertad”. Ahora bien, si nos centramos en una relación de maltrato no cabe esperar matices: la libertad de movimiento está prohibida. Se reclama una severa división de roles, y cualquier rasgo de individualidad será interpretado como una rebelión inaceptable, ante la cual el castigo sirve de advertencia y alecciona de posibles infracciones.

¿Qué diferencias existen en una víctima de violencia respecto a otras víctimas? Pensemos en un escenario de conflicto. Ante el mismo, un sujeto tiene la posibilidad de huir, pedir ayuda, o responder a la agresión. Ninguno de estos gestos son opciones para una víctima de violencia. La huida es tan complicada, por las dudas y el miedo, que la psicóloga Leonor Walker escribió una estrategia de fuga específica para las mujeres maltratadas. Tampoco pide ayuda, ni lo comparte con sus amistades o con su familia. Volverá clandestinos los agravios y las agresiones que sufre. Incluso aquellos que dejan señales; camuflará sus lesiones y si requieren atención médica los revestirá de accidentes domésticos. Hecho que motivó en la Ley la creación de unos protocolos destinados a los facultativos de atención primaria, quienes se hallaban ante la contradicción deontológica, de dar verosimilitud al testimonio de la paciente, o bien redactar un parte de denuncia ante la evidencia de las agresiones. Porque la denunciar representa para las mujeres maltratadas un rotundo fracaso personal, la constatación de no haber sabido hacerlo de un modo que no provoque iras.

Como investigadora, al realizar grupos de discusión con mujeres maltratadas, coincido con otros que concluyen que el sentimiento de vergüenza, de culpabilidad y fracaso sólo deja de ser paralizante en el caso de que los hijos e hijas puedan sufrir algún riesgo. En esas circunstancias el rol de madre, gana al de esposa, o compañera sentimental, y produce el impulso necesario para solicitar ayuda o asesoramiento. Del resultado de este acompañamiento experto dependerá el tiempo que requiera para sentirse segura e interponer una denuncia. La víctima de violencia es singular por otros motivos. Porque no responde a la agresión, aun viviendo en un régimen de terror cotidiano, ella espera a que las cosas cambien, mientras realiza un autoexamen revisando en qué podría haber fallado. Su discurso culpabilizador coexiste con la rehabilitación del agresor, buscando una explicación a su hostilidad. Siempre serán los agentes externos los responsables de su crueldad: el trabajo, su carácter, su infancia. Michael Foucault señalaba que el miedo es el mejor instrumento de control porque logra que la víctima aprenda a examinar cada gesto que pueda molestar a su agresor. Se inhibe por adelantado anticipándose a las posibles reacciones. El miedo es devastador y anestesia cualquier intento de salida.

Sin analizar estos hechos, sin analizar qué significa la igualdad, los cuerpos y fuerzas de seguridad, trabajadoras y trabajadores sociales, el personal médico, del campo de la psicología, o de la judicatura, fiscalía y abogacía seguirán sin comprender por qué resulta tan lento y penoso para las mujeres maltratadas tomar la decisión de denunciar, o qué causas concurren para que ella retire una denuncia antes de la vista oral. En otros escenarios, como las casas de acogida, o los pisos de emergencia, las directoras se preguntan qué les lleva a preguntar por él una vez que el miedo ha remitido, o qué les incita a querer acordar una cita. Incluso aspectos aún más espinosos, cuando una Orden de Alejamiento se vulnera cada vez que ella abre la puerta o accede a un encuentro, aun sabiendo que éste sea sumamente peligroso. Todas estas vicisitudes provocan que los profesionales, la policía nacional o local, no sepan cómo actuar, aunque el cumplimiento de la Ley es taxativa: vulnerar la Orden de Alejamiento es constitutiva de delito, pero el consentimiento de la víctima les confunde. El resto de los profesionales, saben que a pesar de haber invertido su trabajo, o su asesoramiento acompañado a la víctima, ésta no responde como el resto de las víctimas a su intervención; duda y perdona. Por lo que es lógico, que experimenten una desafección con su tarea, porque no siempre existe reciprocidad entre su empeño y el resultado esperado.

Lo mismo sucede en la familia nuclear de la mujer agredida, o bien están desorientados porque no aciertan sobre cómo influir en su hija, o en su hermana, y porque temen que al advertirla del peligro de una relación tan nociva provoquen, muy a su pesar, la reacción contraria: una encendida defensa del maltratador. Su desorientación es el motivo de demanda al teléfono de emergencia 016, que registra una media de un 23% de sus llamadas a solicitud de familiares y allegados. En otros casos, encontramos aquellas familias que prefieren apelar a la estabilidad de la pareja y minimizan el desastre, por lo que la disuaden de mantener la denuncia y, en muchas ocasiones, le piden que la retire. Lo que constituye uno de los motivos de preocupación para la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas (www.cemabog.org)sobre el papel que juega la familia en la cronificación de la violencia. Pero todas estas aptitudes carecerían de sentido sin relacionar la violencia contra las mujeres con las políticas de igualdad y el género. Por supuesto, sin olvidarnos qué clase de perjuicios persisten para desautorizar la Ley, y lo que es más grave, a las mujeres víctimas de violencia de género, como incoherentes, o tramposas, como sucedió con la difamación sobre las denuncias falsas.

Podría parecer que los valores de la sociedad se renuevan en la medida que se ejercita la democracia, tanto en la esfera pública como privada. Lo que significa enterrar principios de autoritarismo y subordinación hasta convertirlos en aptitudes intolerables. Sin embargo, las encuestas (Barómetros del CIS) demuestran que la igualdad, como principio; es decir como idea es aceptada sin fisuras. Todas las respuestas coinciden en que mujeres y hombres disfrutan de los mismos derechos, ahora bien, cuando la igualdad ha de traducirse en prácticas sociales concretas, en acciones, los parámetros de género muestran enormes resistencias. Persevera la desigualdad en el uso del tiempo. Un solo ejemplo en cuanto al grado de corresponsabilidad familiar: La atención de hijos e hijas (CIS. Marzo, 2014 ) es asumida por las madres en un 82%, seguida de la abuela en un 8,5% y en tercer lugar el padre, con un 4,5%.

La vigencia del término “género”

El término género no debe entenderse sólo en el plano descriptivo de unas diferencias biológicas, sino como una interpretación cultural, un conjunto de expectativas sociales de los roles que han de desempeñar mujeres y hombres. En suma, un código de comportamientos y de convenciones sociales. Está directamente ligado a la división de espacios: lo público y lo privado. La sociedad, si bien parece distribuir jurídicamente la igualdad, nombra como responsables del hogar a las mujeres y como sustentadores principales a los varones. Ante un conflicto dentro de una relación afectiva, cabría saber si nos hallamos ante dos sujetos cuya opinión quiere hacerse valer, o bien son los roles masculinos y femeninos quienes se abren paso en la contienda. ¿En que se apoya cada uno en la discusión, de qué modelos o experiencias se sirven? Los roles son pautas de conducta exigentes y logran ejercer una enorme presión de conformidad, pero a cambio aseguran a quienes se adaptan un tranquilizador sentimiento de legitimidad ante los demás. No hay rupturas ni extrañezas. En definitiva, un código basado en el “deber ser”, en el caso de los roles femeninos más orientados a especializarse en lo ajeno, que en una misma como un marco de referencia vital.

Si la categoría género es útil para entender qué papel juegan los roles, aumenta su capacidad explicativa a la hora de interpretar la dinámica de una relación de maltrato. Por ejemplo, ¿a qué patrones de comportamiento responde permanecer cautiva de una relación de maltrato durante 8 años de promedio? O, el número estadísticamente relevante de hombres que no dudan en declarar que las aman, incluso después de haberles provocado lesiones o la muerte. ¿Qué les lleva a experimentar una culpabilidad subjetiva cuando son ellas las vejadas y agredidas? ¿Por qué no actúan como otro tipo de víctimas, con capacidad para asociarse y demandar adhesiones a la sociedad, con fuerza para denunciar su agresión públicamente, y exigen de manera firme una reparación al daño causado? Son escasas las asociaciones, o su nombre lo dice todo: Asociación Mujeres Supervivientes de Andalucía. La mayoría de las mujeres maltratadas no siguen este modelo, la vergüenza y una enorme sensación de derrota las inhabilita para formar asociaciones, o para reclamar medidas cuando las Administraciones Públicas no actúan con la debida diligencia.

En las relaciones de maltrato el peso de los roles de género no sólo actúan como un elemento desencadenante del conflicto, también sirven para perpetuarlo. Muchos policías se sorprenden sobre el tipo de hechos que el agresor relata como motivo de una paliza, e incluso del asesinato. Las diligencias recogen unos hechos que, aparentemente, carecen de entidad para provocar tan cruel castigo. En principio, pudieran parecer hechos sin importancia, discusiones habituales en el ámbito doméstico. Su perplejidad es sincera. No lo entienden. Lo cual es lógico, porque se trata de algo mucho más importante que el grado de satisfacción respecto a la tarea doméstica; el maltratador persigue verificar un escrupuloso cumplimiento del rol femenino y por supuesto, de no hacerse así su pareja se atendrá a las consecuencias.

Sabemos que el rol de esposa y madre aún están confinados a un desprendimiento de una misma para atender las necesidades ajenas. Y aunque los nuevos estilos de vida han enriquecido las formas de su ejercicio: madre sola, mujeres separadas, o madres con una orientación sexual distinta, sus compromisos de atención son requeridos sin contemplaciones. Resulta muy difícil mantener unos límites a las demandas familiares y, con el mismo empeño a mantener a salvo una relación de pareja, más aún exigir reciprocidad. La figura de la “madre” no sólo alude a quienes efectivamente lo son, sino que se reclama como un atributo definitorio, una cualidad sustancialmente femenina. La maternidad siempre remite a un rol femenino; un hombre se feminiza al adoptarlo y pasa a ser una excepción con una gran valoración positiva. Así es, porque la definición de la paternidad se define por otros rasgos: la trasmisión de apellido y de la principal renta familiar. En cambio, la maternidad es una aptitud de cuidado, de hecho las chicas jóvenes “cuidan” a sus compañeros sentimentales, se ajustan a sus tiempos, a su peculiar forma de ser, o bien se adaptan a sus gustos, o a sus amigos. Y, en la mayoría de los casos, esta atención conlleva la desatención de sus propias amistades, o afecta a su rendimiento. ¿Todavía nos sorprende que en una vista oral, la víctima rectifique su testimonio? Además el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la figura del derecho a la dispensa, o la posibilidad que tiene toda mujer de no declarar contra su marido, aunque éste sea el maltratador y ella la víctima. Ante lo cual el fiscal puede retirar la acusación.

Sostener emocionalmente una relación es definido como logro en el discurso femenino, ello pudiera explicar que más de un 36% de las víctimas se nieguen a declarar contra su marido o compañero sentimental. Lo cual nos indica la tensión de lealtades que operan en un acto procesal de este tipo, donde no siempre los jueces advierten de lo que eso significa. Los resultados son estremecedores, el maltratador sale en libertad y es previsible que ajuste cuentas con su “delatora”. La Memoria Anual de la Fiscal de Sala, Coordinadora de la Violencia contra la Mujer, alerta sobre otras estrategias de desautorización de la víctima, como son los Recursos de Revisión ante la Sala II del Tribunal Supremo. El condenado se querella contra la víctima sosteniendo que su condena sólo se basó en una denuncia, la mujer se presta a declarar y, como resultado de confirmar este supuesto, queda condenada. La propia Memoria reconoce que es preciso estudiar esta forma específica de violencia, porque sabe que los comportamientos de género inciden en el desarrollo procesal. El número de sobreseimientos es el indicador sobre el grado de impunidad de los maltratadores, que desde el año 2005 ha supuesto un incremento de un 158%. Suspender la causa por falta de pruebas, sin iniciar investigaciones de oficio, delata un mal funcionamiento de los órganos de justicia, ante cuyos déficits no parece haber ni un seguimiento y, mucho menos, se activan las medidas correctoras suficientes.

En cuanto a los hombres maltratadores, un debate permanente se centraba sobre la posibilidad de lograr su rehabilitación, o bien dudar de cualquier método eficaz para ello. Este tema, además gravita sobre una posición ética acerca de la capacidad de recuperación de un sujeto. En el caso de los maltratadores, es una condición ineludible que éstos acepten su responsabilidad en la agresión, sin señalar a su pareja como la principal causante de su hostilidad. Y esta dificultad en reconocerse como agresor, es precisamente el obstáculo sobre el que aluden la mayoría de los terapeutas en el tratamiento. Los maltratadores encuentran una extraordinaria dificultad en asumir la responsabilidad de sus acciones, para minimizarlas. Los hombres violentos, ni perciben el pánico ni viven disculpándose. Testimonios de los que son testigos permanentes los cuerpos de policía especializados, que observan su modo de definirse: sujetos que “responden” a una provocación, a una suerte de insubordinación. Del mismo modo, cuando el conflicto remite los maltratadores saben activar la lástima, han vivido del perdón y de las segundas oportunidades que les facilitaba la víctima. Esto ocurre justo en el momento de la ruptura, o cuando se está tramitando una denuncia. Es frecuente hallar testimonios de hombres que reclaman el perdón y apelan al sentimiento de pena, pero sin reconocer la gravedad de lo sucedido, no para rendir cuentas sobre lo arraigado del poder y el narcisismo, sino con la intención de purgarse, de redimirse.

“Yo parecía la victima cuando salí de la cárcel”. Un maltratador que narró en el diario El País (13.03.2011) cómo disciplinó a su mujer, una periodista con carácter independiente, que a pesar de reiteradas agresiones, nunca denunció. Fueron los vecinos, porque los golpes suenan, quienes tomaron la iniciativa. Otras veces, son los vecinos quienes declaran en los reportajes de televisión, la extrañeza ante la detención de un maltratador, puesto que era correcto, e incluso, amable. Sin pensar que el agresor se especializa en quien sabe que seguro mantendrá la espiral de silencio que precisa la violencia. También La Ley contra la Violencia contempla medidas en este campo. Se incluyeron trabajos en beneficio de la comunidad, como parte de la reeducación de maltratadores, una medida aún pendiente de práctica. Sería difícil contabilizar el número de Ayuntamientos que así lo hicieron, pero no cualquier clase de trabajo, sino aquellos cuya naturaleza esté ligada al cuidado, por ejemplo, en la atención de personas dependientes, o en centros de salud, o de mayores. Porque si el poder ha estructurado sus relaciones sentimentales, vivenciarse en la posición de procurar cuidado a los demás, sería un cambio nada desdeñable para ellos.

Sabemos que la identidad masculina se centra en una independencia económica y en aportar la principal renta a la unidad familiar. Su identidad positiva es directamente proporcional a su posición en el mercado de trabajo. ¿Acaso no se vincula la identidad masculina con la esfera laboral? Con tal contundencia como la que conlleva un despido en el que se hace un examen retrospectivo sobre en qué se falló. El cine de Fernando León, en su film Los lunes al sol, muestra la desolación de un grupo de hombres despedidos, cuya conversación se recrea en las anécdotas de su trabajo, única forma de seguir cohesionando al grupo. Otro tema sería reparar en el papel reservado a las mujeres de sus protagonistas. Resignificar la masculinidad, tomar el poder patriarcal como una debilidad y no como un signo de prestigio, es un buen ejercicio que promueven los Grupos de Hombres por la Igualdad, quienes buscan renovar los modos de relación convencional, donde la sentimentalidad mal entendida, requiere de la subordinación sentimental de las mujeres para afianzarse.

Materiales de derribo contra la Ley.

Desde el año 2005 que se crea, siguiendo la Ley 1/2004, el Observatorio Estatal de la Violencia de Género (https://www.msssi.gob.es/) no hay respuestas institucionales firmes a la altura de la gravedad del fenómeno. Incluso, contando con 65 mujeres asesinadas de promedio año, aún persisten ideas que colocan la Ley como sospechosa de no ser ecuánime con los principios de igualdad de trato ante la justicia. Veamos algunas de ellas y aprovechemos para hacernos preguntas sobre los significados que recaen sobre la violencia.

La primera de las difamaciones fue extender la idea de que las mujeres maltratadas incurrían en el delito de falsedad en sede judicial, sosteniendo denuncias falsas, las cuales son constitutivas de delito, conforme a los artículos 456 y 457 del Código Penal. Ante ellas, el juez, como la fiscalía o el Ministerio Público, debe actuar con contundencia. La responsable de contaminar a la opinión pública con estas afirmaciones, fue la Jueza Decana de Barcelona, María Sanahuja que añadía “da la sensación que algunas personas usan la fase de instrucción para tener mejor situación en los casos de separación”. El terreno estaba abonado para fomentar el sentimiento de sospecha sobre las mujeres maltratadas. Nunca presentó datos, o estadísticas que avalaran su afirmación. La cual sigue dando sus frutos, dado que recientemente, un Diputado de UpyD, miembro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, sin aportar dato alguno, pero sabiendo muy bien que se hacía eco de un estereotipo con gran aceptación, volvió a inculpar a las mujeres. Tuvo que ser el Consejo General del Poder Judicial quien recordará en su informe del año 2011 que se produjeron 134.002 denuncias de las cuales sólo 19 fueron falsas, es decir, un 0,01. Pero sabemos bien que los prejuicios no admiten argumentos. En este sentido, cabría hacerse una pregunta: ¿Qué opera en la sociedad española para no contrarrestar esta idea con el elevado número de denuncias? Sin contar que el teléfono de emergencia 016, creado en el año 2005 con el único propósito de asesorar, haya recibido a 1 de enero de 2014, 10.220 consultas, o las 9.475 registradas en el año anterior.

Otra difamación radica en plantear que la Ley es inservible, tan contundente conclusión se expresa sin contar con una evaluación de la misma, como se fijó en la Disposición Adicional undécima. Lamentablemente, sólo se dispone de un informe de un grupo de expertos a iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en abril de 2006, referido sólo a cuestiones técnicas sobre su aplicabilidad. Es necesario emprender una evaluación global, con más años de perspectiva. Y sobre todo, en relación con los mecanismos de coordinación que fijó en su articulado. Por ejemplo, las Unidades de Igualdad de las Subdelegaciones de Gobierno, ubicadas en cada capital de provincia con el objetivo de reunir a jueces, fiscales, cuerpos y fuerzas de seguridad, asociaciones de mujeres. Uno de los primeros recursos que utilizan las mujeres para asesorarse, así como cualquier grupo experto. De esta forma se actuaría en un doble plano: prevención y seguimiento de las víctimas de violencia. Sin olvidar, el ámbito rural que tan estrecho margen de anonimato ofrece a las mujeres que quieren asesorarse o denunciar. Estas unidades dependen de la Vicepresidencia de Gobierno, deberían contar con personal y con medios. ¿Qué objetivos se han cumplido en estas Subdelegaciones, o bien, con a qué tipo de obstáculos se enfrentan?

Lo más cómodo es reproducir la lógica del rival y manifestar que la Ley no funciona y a continuación añadir el número de víctimas como prueba irrefutable de su fracaso. Así es la norma y no su aplicación la responsable de esta pérdida de eficacia. Así se pronunció la Ministra Ana Mato en sede parlamentaria, proponiendo un mecanismo que se ha vuelto el comodín político por excelencia: un Pacto de Estado, un compromiso entre Gobierno y distintos grupos políticos para establecer acuerdos sobre esta materia. Es evidente, que el primer punto debería ser aplicar la Ley, para para ello se ha de contar con un riguroso diagnóstico del grado de cumplimiento de la misma. Sin embargo, la retórica política soporta todo y tiende a poner el cronómetro a cero. Así mientras el Ministerio competente de su seguimiento se inclina por las alianzas, el Ministerio de Justicia estudia reformar el Código Penal introduciendo cambios lesivos para las víctimas de violencia de género. Veamos algunos: determinar una pena de multa para los delitos de violencia, dado que en el caso de ir a prisión el maltratador, esto afecta a los bienes gananciales, e incluso merma la renta familiar. Las vejaciones deberán ser falta y no delito. O el más grave, por contradecir las prescripciones de Naciones Unidas, es utilizar el mecanismo de mediación cuando una de las condiciones para que ésta sea efectiva es que exista una relación de equivalencia en cuanto a la capacidad de negociación, algo imposible si se reconoce que entre una víctima y su agresor, el poder es la pauta interactiva predominante.

Otro argumento sobre la supuesta inutilidad de la Ley, que triunfa entre quienes sospechan de la inutilidad de la misma, es decir que lo más útil es la educación, en una clara invocación a la capacidad de los valores sociales para desechar conductas intolerables en las relaciones de pareja. Sin embargo, aunque la Ley incluyó la posibilidad de que Asociaciones o personas expertas en esta materia, se integrarán en los Consejos Escolares, a 10 años de la promulgación de la norma, aún no se ha aplicado. Si a ello sumamos la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, donde el respeto y la resolución de conflictos formaban parte curricular y aportaba ideas para la didáctica escolar, el escenario se complica. Es cierto que apelar a la educación es totalmente necesario. La educación mixta se implantó en España en 1970, pero a pesar de ello, aún pervive una distinta valoración sobre las conductas de niñas y niños: “los niños no lloran” y “las niñas no deben hablar así”, como expresa Marina Subirats, son signos de una educación que debería introducir materiales de coeducación como forma de corregir estas conductas. Por suerte, contamos con excelentes materiales que versan sobre cómo educar para la igualdad, o impulsan una educación no sexista, que Institutos de la Mujer o asociaciones de profesoras han elaborado. Aun así, el sistema educativo no hace los suficientes esfuerzos en esta línea. Ante ello surge una pregunta: ¿Qué resultados obtendríamos si el sistema educativo hiciera el mismo esfuerzo que cuando logró al desacreditar el hábito de fumar, si insistiera en la importancia del cuidado en el ámbito familiar, así como en un reparto equitativo de las tareas domésticas?

Una forma eficaz de derribo radica en ir degradando la igualdad privándola de recursos. Las políticas de igualdad, son políticas activas y como tal son un asunto económico. Los Presupuestos Generales del Estado y de las Administraciones Públicas han reducido en un 27% los capítulos de gasto destinados a la violencia de género. Sabemos que este mes de noviembre celebrarán muchos actos condenando la violencia, este gesto es gratis y mantiene su capacidad de convocatoria ciudadana, pero y simultáneamente es compatible seguir al pie de la letra la Ley 27/2013 sobre la Racionalización de la Administración Local, que afectará directamente a la prestación de atención a la Violencia de Género. Pero es mucho esperar que las agendas políticas supervisen los efectos de su toma de decisiones, aunque sean lesivas para las trayectorias profesionales y vitales de las mujeres.

Todo cabe en materia de igualdad, por ello mientras se busca un Pacto de Estado cautivo de la buena voluntad de las partes, hay pendientes de aprobación leyes urgentes, como una Ley Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual. O bien, recuperar derechos que se han quebrantado,como que las mujeres hayan dejado de cotizar por cuidados a personas dependientes la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, más conocida como la Ley de Dependencia, ha sido derogada de facto, aunque siga en vigor.

No hay consecuencias, porque lo que no aporten las Administraciones Públicas, como son las prestaciones derivadas de los servicios sociales, bien los pueden cubrir las mujeres, que de hecho no contabilizan el tiempo donado en los cuidados, ni obtienen reconocimiento alguno por parte de los miembros de la familia que se benefician de ello. Si se sigue degradando la igualdad como derecho práctico, no será fácil para una mujer maltratada creer que le asiste el derecho a proteger su dignidad, física o mental, si además sólo es visible para los poderes públicos el 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres.

moderado por:

  • Bonifacio Cañibano

    Periodista

  • Carolina Bescansa

    socióloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid

Conclusión del debate

El debate, que se abrió en noviembre pasado y se ha prolongado durante tres meses, ha promovido 54 intervenciones, además de publicar una ponencia de planteamiento de las cuestiones y dos decenas de documentos relevantes de los analistas y grupos que durante el último año han tomado postura sobre esas cuestiones. Todos los textos continuarán accesibles en la sección de Dossieres de Espacio Público y se invita a leerlos a quienes no lo hayan hecho. Los interesados en esta cuestión –y todos los ciudadanos deberían serlo- encontrarán en estos textos un inventario polémico de las posturas y las vías para construir la mayoría social de cambio que necesitamos urgentemente.

Que esta mayoría de cambio es necesaria nadie lo discute. Que es posible lo cuestionan algunas de las intervenciones, pesimistas respecto al futuro inmediato, pero en todo caso es la hipótesis de trabajo para avanzar y no instalarnos en la lamentación. Es necesario construir una mayoría social de cambio, y en eso estamos.

En este debate algunos llamamos ‘izquierda’ a lo que otros llaman simplemente ‘democracia’. No es cuestión de discutir sobre palabras. Se manipulan las palabras y muchas veces se llama, sea ‘izquierda’ sea ‘democracia’, a cosas que no son tales, que son su negación. La izquierda de verdad y la democracia real son hoy una misma cosa.

Cómo construir esta mayoría necesaria es la cuestión fundamental. Una mayoría en la calle –en las movilizaciones populares- y en las instituciones –en los parlamentos y en los gobiernos de todos los ámbitos-. Si para construir esa mayoría deben confluir, en unidad estratégica, los movimientos populares y las izquierdas políticas organizadas es materia de debate, y hay posiciones diversas sobre ello. Pero hay que preguntarse si es posible construir esa mayoría y que sea realmente de cambio sin esa confluencia. No se produce cambio real sin cambiar las instituciones políticas y para ello no basta con pedirlo a gritos, es preciso intervenir en ellas, es indispensable ganar elecciones y gobiernos. Y elecciones y gobiernos no cambiarán realmente nada sin la movilización popular.

En este foro ha quedado patente la desconfianza que suscitan los partidos políticos, pero también que no puede confundirse a todos en el mismo saco. Junto a muchas personas ajenas a los partidos, en las movilizaciones han participado muchos militantes políticos. De los movimientos populares están surgiendo nuevos partidos, o si se prefiere, nuevas organizaciones políticas, para intervenir en procesos electorales y en las instituciones. Desde el principio y al final, izquierdas políticas y movimientos sociales confluyen en las luchas concretas. Discutimos en este debate cómo hacer que esa confluencia sea posible y más eficaz.

Hoy el debate se cierra en este Foro, pero continúa en la sociedad. El reto de los próximos meses y años seguirá siendo cómo construir una mayoría social de cambio.

Ponencia inicial

¿Cómo lograr una mayoría social de cambio?

¿Cómo lograr una mayoría social de cambio?