El  pasado sábado 21 de enero volvimos a ver una nueva “foto de Colón” en defensa de la Constitución convocada por aquellos a quien la Carta Magna es una auténtica desconocida para sus propios intereses. La realidad es que a los ideólogos  convocantes, herederos de Torquemada, del Cardenal Cisneros, del duque De Alba, de Fernando VII, de Primo de Rivera, del generalísimo…..lo que menos les importa es el texto constitucional, así como la democracia, simplemente buscan el regreso al poder para recuperar sus históricos privilegios. Estos nuevos constitucionalistas nunca han asumido el principio de Soberanía Popular, contrario a sus intereses, aunque están siempre dispuestos a dar una lección magistral con sus bulos y sofismas ( ahora sobre el plan oculto de Sánchez con ETA y demás independentistas) ……han sido y siguen siendo unos auténticos arquitectos del terror.

Cabe recordar sus opiniones respecto al artículo 128 CE que con tan sólo mencionar se mofan sin pudor alguno recordando Venezuela cada vez que algún miembro del actual gobierno lo ha mencionado. No olvidemos que una de las musas de los convocantes los financia incumpliendo la Ley de Fundaciones representando ,además, una institución condenada judicialmente en diversas ocasiones por sus políticas sobre vivienda pública, incluso evitando cumplir con la ley dilatando la ejecución de dichas sentencias….. y cabe preguntarse, conocerán el art.47 CE ?

Los principales convocantes de este acto son los mismos que bloquean la renovación de CGPJ , sintiéndose orgullosos de tener atada y bien atada la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aludiendo un sin fin de perniciosas excusas …….y cabe preguntarse, conocerán el art 122.3 CE?

Para los nuevos constitucionalistas vivimos bajo el yugo de un gobierno ilegítimo, okupa y que se forra con los impuestos, utilizando todo tipo de embustes …… y cabe preguntarse, conocerán el artículo 99 CE?

Cuando este Gobierno habla de educar en derechos humanos, igualdad y respeto de género, interculturalidad y en la lucha contra la pobreza  gran parte de los convocantes lo tachan de adoctrinamiento de la dictadura progresista ….cabe, también preguntarse, conocerán los convocantes el artículo 27CE?

Llama la atención que los principales convocantes sean los mismos que abogan por la privatización y eliminación de los principales servicios públicos en favor de fondos privados, “buitres”, para el enriquecimiento de la aristocracia financiera, y quién sabe si para el blanqueo de ganancias de algún famoso narcotraficante, especialmente todo lo relacionado con la SANIDAD…. y cabe preguntarse, conocerán el artículo 43CE?

Resulta ofensivo que para una parte importante de los convocantes, una vez más, sobran 26 millones de ciudadanos en este país, whatsappp noviembre 2020. Estos no tienen el más mínimo pudor de declarar que ser fascista es estar en el lado bueno de la historia, declaraciones públicas de Isabel Díaz Ayuso respaldada por el señor Almeida. En estos casos cumple nuestro Jefe del Estado sus obligaciones constitucionales?

Nuestros nuevos constitucionalistas son aficionados a estos actos cargados de mentiras en busca de una rebelión anticonstitucional que les ayude a recuperar sus privilegios, incluyendo sus famosas vacaciones con narcotraficantes….., el resto (los 26 millones de ciudadanos que sobramos) seguiremos día a día intentando lograr una sociedad con una mejor y mayor Justicia Social.

P.D. Recordar a los nuevos constitucionalistas que en la Constitución española de 1978 existe un Título X por el cual la Constitución puede adaptarse a otras nuevas y modernas formas de Estado, no siendo por ello anticonstitucionales…….no sólo existe el artículo 155 en dicho texto!

¿Cómo democratizar las empresas? Para analizar esta cuestión y entender por qué es menos utópico de lo que algunos puedan pensar, contamos con la participación de: 🗣 Roberto Uriarte, diputado al Congreso por Bizkaia de UP 🗣 Ignacio Muro, vicepresidente de la Plataforma por la Democracia Económica 🗣 José Félix Tezanos, presidente del CIS 🗣 Carmen Madorrán Ayerra, profesora de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid Virginia Pérez Alonso, directora de ‘Público’, modera este debate organizado por Espacio Público.

“El futuro es un lugar extraño”, como diría el maestro Josep Fontana en su último libro, y añadiríamos que también es un lugar “amenazante”. Estamos viviendo la descomposición del orden neoliberal, que ha multiplicado los problemas a nivel internacional. Estamos ante la amenaza de la crisis climática, que puede hacer inhabitable gran parte del Planeta, por no hablar de la crisis migratoria, en parte derivada del anterior, la crisis económica y de salud derivada de la pandemia del COVID19 con las restricciones que se han tenido que imponer, crisis internacionales (Ucrania, Taiwan, Nigeria, etc.) cada día más graves, crisis energética, subida de la inflación, reverberaciones del trumpismo por el mundo, crisis existenciales por las cargas de trabajo y la precariedad, etc. El futuro no parece un lugar de optimismo ni de esperanza.

En este marco que se dibuja aparecen dos posturas contrapuestas, una demanda de reformas para solventar los problemas que se dibujan en el horizonte, y otra demanda que exige orden y certidumbre, que es vehiculada hacia posiciones autoritarias. Esta demanda de orden y certidumbre es un intento de buscar en los valores “eternos”, frente a un mundo que gira a demasiada velocidad y que produce cambios difíciles de digerir en todos los planos (laboral, social, económico, etc.), esa promesa de algo a lo que aferrarse que disipe dichos miedos y ansiedades hacia ese futuro extraño y amenazante. Los grupos políticos de la derecha y de la extrema derecha juegan con los conceptos de nación, ley dura, en muchos casos, religión desde su perspectiva ultra, mientras mantienen un sistema económico agonizante para seguir beneficiando a los de siempre. Esto sería una salida autoritaria, un intento de imponer una hegemonía negativa, que trata de evitar que la decadencia del neoliberalismo arrastre las conquistas realizadas por la oligarquía. Estos síntomas mórbidos del sistema neoliberal, que no termina de morir, están provocando una reacción ante su declive que utiliza la violencia verbal y, en algunos casos, física, contra la democracia y los demócratas, en un momento que el nuevo paradigma, si es que se logra imponer, no termina de nacer.

Este movimiento es global. Tiene en la figura de Donald Trump una imagen de lo que hay que hacer, y sus métodos han traspasado fronteras y están siendo imitadas por las extremas derechas populistas, y por los partidos de la derecha que se han ido dejando arrastrar hacia posiciones ultras.

Las derechas internacionales y patrias están usando la estrategia de los neoconservadores de Bush Jr., que luego perfeccionó Trump, de “tensión política”. Partiendo de la base de que el electorado progresista y de izquierdas es más susceptible de abstenerse en unas elecciones, se trata de considerar al gobierno “ilegítimo”, como hizo Trump acusando a Biden de fraude, para comenzar una campaña de acoso y derribo por todos los medios. Desde los medios de comunicación. Desde la Judicatura conservadora con los métodos del “Lawfare”, mintiendo día sí y día también, e incluso llegando a la coacción física, si es necesario. Esta estrategia terminó con el asalto al Congreso de los EEUU, que tuvo la connivencia del Presidente saliente y de parte de las fuerzas de seguridad, lo que fue un atentado contra la democracia sin precedentes.

Dicho de otra manera, la democracia se utiliza de manera instrumental, sin ser realmente un demócrata. Se rompen cualquier consenso constitucional, y se usan cualquier arma a su disposición para lograr derribar al gobierno salido de las urnas.

En el caso español, el consenso del 78 roto por la derecha en 2011, que inició un ataque sin precedentes contra la “constitución material” de la Constitución del 78, empezando por las relaciones laborales, pasando por la Educación y la Sanidad, etc. Dirigido a desguazar el Estado del Bienestar para favorecer los intereses privados, encaminado a socializar las pérdidas de constructoras y bancos hacia la ciudadanía, y con el objetivo de que una minoría saliese reforzada de la crisis del 2008 a costa de la mayoría de la población. La moción de censura exitosa en 2018 desalojó del poder a Rajoy por una alianza amplia de las izquierdas, y parte de las derechas, periféricas, de UP y del PSOE.

A partir de la caída de Rajoy, y la llegada a la Presidencia del PP del neoconservador Pablo Casado, más la subida de VOX en el Congreso, se inició una fase de acoso y derribo al gobierno que ya había inaugurado el defenestrado Albert Rivera. Se acusó al Presidente Sánchez de ser un okupa del poder, por lo que se trataba de instalar la idea de que lo había okupado ilegalmente, que traída aparejada la idea de que el poder es propiedad de la derecha en este país. Nunca hay que olvidar de que la derecha tiene un concepto patrimonialista del poder y que esta es escasamente democrática.

Si Sánchez había llegado al poder de manera ilegal, pactando con la “banda” de bolivarianos, terroristas e independentistas, cualquier método para derribar al gobierno se convierte en bueno. Hemos visto al PP, porque de VOX ya nos lo esperábamos, realizar campañas utilizando bulos como lo de las macrogranjas contra Garzón, apoyando el acoso que duró meses contra Pablo Iglesias, Irene Montero y sus hijos, bloqueando la renovación del CGPJ y otros órganos de Justicia desde los que se ha interferido en la práctica del Ejecutivo y del Legislativo a través de una mayoría conservadora caducada, apoyándose en una ofensiva mediática continua contra el gobierno, tratando de boicotear que España recibiese los fondos europeos (la Comisión Europea apoyó al gobierno sin fisuras), apostaron por derribar al gobierno en plena pandemia, se entrevistaron días antes de la crisis con Marruecos con partidos marroquíes que defienden la anexión de Ceuta y Melilla, escorando hacia la extrema derecha su discurso legitimando el discurso de VOX, dando un tamayazo en Murcia para impedir una moción de censura contra su gobierno, usando un lenguaje incendiario para caldear a su electorado e impedir cualquier tipo de acuerdo, etc. El PP echado al monte. Un PP acomplejado por VOX que le abre camino.

No contento con esto se ha producido en estos días dos hechos aún más graves, si cabe. En Lorca personas vinculadas al PP y a VOX han alentado a los ganaderos a asaltar el ayuntamiento en un momento en el que se estaba votando limitar las macrogranjas. Este movimiento es escuadrismo y nos recuerda peligrosamente a los años 30. Lo que el PP no logra por la vía democrática, lo intenta a través de los juzgados, o, como en este caso, a través de la coacción y la violencia, con el silencio cómplice de parte de los conglomerados de los medios de comunicación, que están jugando un papel nefasto en la defensa de la democracia. Si la izquierda hubiese cometido tal desafuero, o hubiese habido violencia en una manifestación de trabajadores, sería portada en todos los periódicos.

Y para rematar, ayer se producía la votación de la reforma laboral, medida estrella del gobierno. Parte de los socios de la investidura han votado en contra, esperando que el Gobierno tuviese los votos amarrados, por motivos electoralistas, ya que, por ejemplo, ERC, BILDU y el BNG ven con ansiedad las posibilidades electorales de Yolanda Díaz, por lo que han intentado desgastarla y casi se llevan por delante el gobierno de coalición. El PSOE había amarrado su flanco derecho ante la desafección de los antes mencionados y del PNV, esto garantizaba una votación favorable, pero por un margen estrecho. Sin embargo, Teodoro García Egea, Secretario General del PP, tenía preparado un nuevo tamayazo al estilo murciano, logró que los dos diputados de UPN rompiesen la disciplina de partido y votasen no. Sólo un error de un diputado del PP, que se equivocó votando, ha salvado la reforma y al gobierno. Ahora empezarán la campaña de juego sucio para seguir con aquello de “gobierno ilegítimo”.

Lo que está en juego no es derribar el “Régimen del 78”, ni la revolución, lo que está en peligro es la democracia. ERC, el BNG, BILDU y el PNV lo tendrían que tener claro, o sacar alguna conclusión de lo que pasó ayer. El electoralismo se puede llevar por delante la legislatura y darle una oportunidad a que la derecha y la extrema derecha llegue al poder, con un programa autoritario que pretende asaltar el Estado del Bienestar. El PSOE debe aprender a que no hay otra mayoría que la mayoría de la investidura. El giro al centro es una ensoñación. Algunos dirigentes de Podemos deberían de realizar menos aspavientos y crear conflictos innecesarios. El izquierdismo y el tacticismo se nos puede llevar por delante.

En este país sigue habiendo una mayoría de centro-izquierda, aunque no sabemos por cuánto tiempo. La izquierda debe de entender que en una situación de pandemia, y con tantas amenazas en el horizonte, deben de encarnar un proyecto sólido, confiable, que aporte seguridad, con menos tacticismos y más mirada amplia, que vaya a la raíz de los problemas y mejore la vida de la ciudadanía, que reduzca la ansiedad y los miedos. Si no logramos armar ese proyecto y una práctica política más sólida, y menos de política espectáculo, lo que terminaremos perdiendo es la democracia y una oportunidad de oro, que no sabemos cuándo se volverá a repetir, de construir un país más justo socialmente y poder lograr que la gente viva con dignidad.

De la derecha antidemocrática no podemos esperar nada. No fallemos nosotros.

Fotografía: Txemi Martínez

Habrá que dedicar esfuerzos, ahora y previsiblemente en el futuro, para enmendar las numerosas insuficiencias del proyecto de Ley de Memoria Democrática, particularmente en aspectos clave, como la inmunidad concedida a los responsables de los crímenes del franquismo mediante la ley de amnistía del año 77 o el rechazo a las exigencias de reparación jurídica a las víctimas de los tribunales de aquella dictadura.

Hay que dejar muy claras las responsabilidades, para que no se borren de la memoria y para fijar en la agenda de los demócratas una tarea pendiente: el cambio y limpieza de las instituciones heredadas de la dictadura. La vida política española sería hoy muy diferente si el poder judicial, la policía, el ejército, el cuerpo diplomático, y tantos otros ámbitos del aparato del Estado se hubieran sometido a un proceso de democratización radical.

Habría que abordar, por otra parte, un aspecto muy olvidado de la historia española contemporánea, que es imprescindible reivindicar.

A menudo, cuando se habla de recuperación de la memoria, se recuerda obviamente lo que fue y significó la República, la guerra y sus episodios, los campos de concentración, los fusilamientos y la desaparición de más 140.000 personas, el exilio, el régimen de terror, las detenciones, torturas, encarcelamientos… Así ha de ser y hay que apoyar resueltamente a quienes investigan sobre este período. Se evoca también la resistencia antifranquista y la actividad política clandestina, pero en este último aspecto se padece en la práctica una amnesia premeditada y consensuada como parte del pacto de Estado que permitió convertir en demócratas a los cancerberos y partidarios del autócrata y que situó al antifranquismo como el huésped incómodo de un nuevo régimen.

Son pocos los historiadores, periodistas y políticos que han dedicado esfuerzos a estudiar en detalle y a dejar constancia de un fenómeno social trascendental vivido durante los últimos años de la dictadura:

Miles de personas dedicaron una parte muy importante de sus vidas a la militancia en organizaciones clandestinas antifranquistas, quizás minoritarias, pero muy significativas en aquellos años y cuya actividad dio al traste con los planes más continuistas del tardofranquismo. Eran ciudadanas y ciudadanos de ideología diversa pero la mayor parte eran comunistas, que de una u otra manera se arriesgaban a sufrir persecución no solo para conseguir un régimen político de libertades, sino porque vivían y actuaban con la ilusión de lograr, un día u otro, una sociedad igualitaria.

La evaluación del número de personas comprometidas en estas militancias en los años sesenta y setenta sería una buena tarea para historiadores, porque el relato de la Transición ha borrado en buena medida la existencia de esta realidad, sin la cual no se puede entender el proceso de descomposición de la dictadura.

Miles de trabajadores y estudiantes que militaban en organizaciones, que se reivindicaban casi todas ellas partidarias de Marx y de Lenin, como el Partido Comunista de España, Partit Socialista Unificat de Catalunya, Partido del Trabajo de España, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Liga Comunista Revolucionaria, Organización Comunista de España-Bandera Roja, Movimiento Comunista, Organización de Izquierda Comunista, Partido Comunista de España Marxista-Leninista, diferentes escisiones de Euskadi Ta Askatasuna, Partit Socialista d’Alliberament Nacional, Unión do Povo Galego… -la lista podría ser mucho más amplia- cada una de las cuales contaba con organizaciones juveniles, intervenía en el movimiento obrero a través de diferentes tipos de organismos también clandestinos, participaban en el movimiento asociativo vecinal, abordaban de diferente manera la cuestión nacional vasca, catalana, gallega, que reclamaban soberanía en todos los aspectos, buscaban amparo de alguna manera en organismos legales o paralegales, contaban con organización dentro de las prisiones, trabajaban desde el exilio… y todo esto en plena dictadura.

Y a todo este tejido habría que añadir entidades también ilegales no comunistas, como la CNT, el PSOE, la Federación de Partidos Socialistas y otras organizaciones nacionalistas o independentistas que también se veían obligadas a existir en la clandestinidad. Tampoco se puede pasar por alto la existencia del Frente de Liberación Popular (FLP) y sus homólogos en Euskadi y Catalunya, ESBA y FOC, muchos de cuyos militantes se convirtieron más tarde en destacados cuadros de otras organizaciones.

Pero el relato de Transición se centró mucho más en figuras que en colectivos y se ha impuesto de tal manera que muchas personas implicadas en el acontecer de estas entidades han procurado que posteriormente se olvidara su militancia. Había que limpiar los CV de referencias a cualquier veleidad revolucionaria. Muchos temieron lógicamente que su implicación en actividades subversivas les perjudicara social y profesionalmente y una vez quedó claro que el nuevo régimen se encarrilaba sin ruptura de raíz con el franquismo, tuvieron vergüenza, o cierto miedo de que se recordara aquel activismo de color rojo, tan importante en la vida de tantas personas.

Algunos de estos militantes y/o dirigentes desaparecieron de la vida política, del mismo modo que las organizaciones que impulsaron e hicieron crecer. Algunos cambiaron radicalmente, se implicaron en las instituciones, a través de partidos del régimen del 78, o en actividades empresariales de diverso tipo. Otros se reciclaron profesionalmente en diferentes ámbitos, y algunos mantienen más o menos sus ideales de juventud, pero casi todos, se han retirado poco a poco. Entre otros motivos porque los años no perdonan y los imperativos biológicos obligan.

Se acabó el tiempo en el cual se podía reconstruir la historia de los años 30 y 40 a través del testimonio de quienes vivieron la República, la guerra, la represión de los años cuarenta y principios de los cincuenta, el régimen que se asentó sobre el pánico colectivo… Nos quedan, además de algunos repositorios audiovisuales, valiosos textos y discursos de los protagonistas de aquella época, además de abundantes trabajos de los investigadores, pero ya no queda con vida casi nadie que pueda explicar experiencias vividas de aquellos años. Sobre los episodios políticos y la vida clandestina de finales de los años 60 y de los 70 también se ha escrito bastante, pero en la mayor parte de los casos sin referencias a los documentos de entonces y sin entrar en detalle sobre los debates del momento, los objetivos, las estrategias, la vida organizativa, la formación, las implicaciones en la vida cotidiana y familiar de los militantes. Y no deja de resultar significativa la escasa producción literaria y cinematográfica centrada en la resistencia antifranquista.

Hay que destacar el trabajo realizado por asociaciones memorialistas como La Comuna o la ARMH, que han reclamado la creación de un comisionado para atender a las víctimas de la represión franquista y señalan la necesidad de que el Estado se disculpe por “los miles de personas que han muerto ignoradas”. Y hay que poner en valor también el esfuerzo de colectivos y militantes que han elaborado cronologías (1), han recogido y difundido documentación (2), han abierto foros en redes sociales, han escrito y editado libros (3), impulsado campañas sobre el legado de luchas populares compartidas (4), y también el de un reducido número de investigadores y académicos que han tomado la tarea en sus manos. Todos ellos han informado sobre actos e iniciativas reivindicativas de la memoria del movimiento obrero, pero lo que se explica en las escuelas y universidades, lo que se difunde a través de los medios de comunicación, por encima de cualquier otro relato, son los ejes de un discurso según el cual la dictadura se acabó cuando Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Felipe González, Manuel Fraga, Miquel Roca y algunos otros personajes pactaron el inicio de una nueva etapa en la historia del Estado español, con la activa complicidad del rey Juan Carlos, la aprobación de una reforma institucional del régimen del Movimiento franquista, la legalización de los partidos políticos, la convocatoria de elecciones a Cortes generales y el pacto constitucional del 1978.

Se difumina así, con generalizaciones y anécdotas de cariz cortesano, el excepcional esfuerzo realizado por centenares de miles de personas que participaron durante los años 60 y 70 en movilizaciones populares duramente reprimidas por la policía franquista. Se olvidan las huelgas locales y generales, reivindicativas de condiciones de trabajo dignas, que por el simple hecho de realizarse desestabilizaban el régimen franquista; las reclamaciones de amnistía para las víctimas de la legislación penal, social y laboral de la dictadura; las exigencias de legalización de las organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles, feministas, vecinales realmente existentes en la sociedad de aquel momento; las demandas por la vía de la práctica de libertades democráticas plenas y la derogación de toda la legislación que restringía los derechos de huelga, libre expresión, asociación, reunión y manifestación; las reivindicaciones de depuración del ejército, la magistratura, la policía y del conjunto del aparato de Estado, la exigencia de reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Catalunya, Euskadi y Galicia; de convocatoria de asambleas constituyentes, el rechazo a los pactos con la OTAN… Todas estas aspiraciones formaban parte del patrimonio político común de las organizaciones comunistas mencionadas. Todas.

Eran grupos y partidos, algunos de mucho peso, como el PCE y el PSUC, otros con menos implantación, que discrepaban radicalmente sobre formas organizativas, análisis de coyuntura, calendarios y estrategias, que actuaban bajo orientaciones y referencias distintas en política internacional, rivalizaban en su voluntad de hegemonizar y dirigir movimientos reivindicativos en fábricas, centros de enseñanza, asociaciones profesionales, vecinales… pero todas ellas transmitían el mensaje de que, en algún momento, se podría abrir un proceso hacia el socialismo.

Todas formaban parte de la oposición al franquismo y todas deseaban la ruptura de aquel régimen, para dar paso a la democracia, pero los dirigentes de los partidos con mayor influencia optaron por la vía de la reforma. Reforma que exigía un pacto que descartara la ruptura de raíz con el franquismo y una imprescindible capacidad de control sobre lo que se había movilizado hasta entonces, con la contribución decisiva de miles de militantes, disciplinados, muchos de los cuales se encontraban encuadrados en organizaciones con o sin democracia interna, pero dispuestos todos ellos a sacrificar gran parte de su tiempo en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria, preparados para resistir la represión policial y empresarial.

Eran ciudadanos que en sus centros de trabajo o de estudio impulsaban la creación de comisiones y comités, repartían octavillas, confeccionaban carteles y pancartas, se ponían al frente de huelgas, convocaban manifestaciones, muchas de ellas por sorpresa para salvaguardar la seguridad de los participantes, mantenían en funcionamiento imprentas clandestinas, en las que se editaban documentos internos de debate y publicaciones periódicas, que luego había que distribuir a través de redes de confianza, se reunían secretamente e intentaban conocer lo menos posible los datos personales de los asistentes, utilizaban pseudónimos (‘nombres de guerra’) para tratarse entre sí, separaban todo lo posible la actividad política de su tiempo de ocio y vida familiar, para dificultar al máximo la acción de las brigadas político sociales de la policía.

Hay que prestar atención a estas personas, muchas de ellas desilusionadas como consecuencia de la frustración de los objetivos e ideales que determinaron su comportamiento social, familiar, profesional durante unos años clave de su vida, ideas que transmitieron por todos los medios que tenían a su alcance. Hace falta que historiadores y especialistas en ciencias sociales les escuchen para poder reconstruir y recuperar de manera fidedigna la memoria de aquellos años.

Quizás de este modo, rompiendo el silencio, se podrá tomar conciencia social de lo que significa que hoy, por ejemplo, no se pueda investigar la corrupción de la monarquía, o que los tribunales consideren como delictivos los debates parlamentarios sobre el derecho de autodeterminación de Catalunya o que se haya castigado con años de prisión a personas por el hecho de ejercer su derecho a la libre expresión y manifestación.

Notas:

*Manuel Garí es economista y Marià de Delàs periodista

**Fotografía: Txemi Martínez

[1] https://psuc.cat/historia/

[2] https://archivodelatransicion.es/ , https://www.historialcr.info/ , https://pce.es/historia-del-pce/

[3] https://www.publico.es/actualidad/marti-caussa-ruptura-raiz-franquismo.html ,

[3] https://www.publico.es/public/jordi-borja-posa-sediment-deixar-bandera-roja-vida-politica.html , https://www.catarata.org/libro/historia-del-pce_118425/

[4] https://www.omnium.cat/ca/campanyes/lluites-compartides/

Definir la democracia es una reflexión filosófica en sí misma por cuanto su definición varía según sean interpelados su forma de soberanía, sus regímenes electorales o más ampliamente sus contenidos culturales o sociales, sus exigencias teóricas o sus esperanzas altruistas. “Toda elocuencia humana en todas las asambleas de todos los pueblos y en todos los tiempos puede resumirse en esto: la disputa del derecho contra la ley”, escribe Hugo[1], planteando una definición de democracia, a saber la disputa entre lo legal y lo legítimo, lo que no dejar de tener eco en la formulación de Claude Léfort, la “legitimidad de un debate sobre lo legítimo y lo ilegítimo”[2], estos interrogantes, por otra parte, constituyen la reflexión nodal de la desobediencia civil: “la desobediencia civil puede ser definida como un acto público, no violento, decidido de manera consciente, pero político, contrario a la ley y llevado a cabo, normalmente, para producir un cambio en la ley o bien en la política del gobierno. Actuando así, el acto interpela el sentido de la justicia de la mayoría de la comunidad y se declara que, según una opinión reflexionada con madurez, los principios de cooperación social entre dos seres legales no son respetados en la actualidad”[3]. ¿Quiere esto decir, además, que la desobediencia civil constituye el cuestionamiento arquitectónico de la democracia? Sí, en la medida en que obedecer las leyes que el pueblo mismo se ha dado equivale a desobedecer aquellas que juzga incompatibles con su soberanía. Por que la apuesta de la desobediencia civil no es desobedecer por desobedecer sino hacerlo con el único objetivo de mejorar el gobierno (“pero para hablar de ello desde una perspectiva práctica y ciudadana, al contrario de aquellos que se dicen anarquistas, yo no pido, de entrada, “nada de gobierno”, sino, desde el comienzo, un mejor gobierno. Que cada uno haga conocer el tipo de gobierno que ganará su respeto y esto será el primer paso para obtenerlo”[4]) dicho de otra manera, se trata siempre de someter a la reflexión de la conciencia ciudadana la condición bien fundamentada de lo legal. Únicamente el Estado sufre en reconocer esta parte de iniciativa y conciencia ciudadana. Ya en 1835 Tocqueville identificaba este disfuncionamiento de la “centralización” estatal de esta manera: “Ocurre a veces, que la centralización intenta, en su desesperación, llamar a los ciudadanos en su socorro; pero les dice: “Obraréis como yo quiera en tanto que yo quiera y precisamente en el sentido que yo quiera, vosotros os haréis cargo de los detalles sin aspirar a dirigir el conjunto, trabajaréis en las tinieblas y juzgaréis más tarde mi obra por sus resultados”. Y concluye Tocqueville: “No es bajo semejantes condiciones que se obtiene el concurso de la voluntad humana. ¿Por qué? Porque el Hombre está hecho de tal modo que prefiere permanecer inmóvil que marchar sin independencia hacia un objetivo que ignora”[5].

En otras palabras, la desobediencia civil no es un acto de insubordinación desorganizado, sin finalidad precisa, sino antes al contrario la reivindicación de una conciencia esclarecida, de una ciudadanía crítica[6] preparada para razonar con el legislador.

Efectivamente, si el contrato social es tácito[7], entonces todos los ciudadanos, participando a través de la vía de esta disputa entre lo legítimo y lo legal, vivifica lo tácito del contrato y les ofrece la posibilidad de co-construir el mencionado contrato previamente aceptado desde el nacimiento. La desobediencia civil recuerda, de este modo, otra verdad estructural de la democracia, a saber, su carácter inacabado y la necesidad permanente de su profundización[8]. Amartya Sen[9], por su parte, evoca la noción de “incompletud de la justicia” para testimoniar la necesidad de interrogarse sin cesar sobre el hiato entre los principios y las prácticas democráticas, entre el derecho formal y el derecho real. Desde el momento en que considera la aventura del hiato cerrada, el Estado de Derecho se marchita y desde ese momento se contradice haciendo permanentes las desigualdades. Si la democracia está inacabada, es porque percibe constantemente la ausencia que la funda y permanece del lado de su carácter incompleto. La democracia no es, según Sen, un proceso mecánico de agregación de opiniones individuales, sino un proceso de deliberación al cual cada uno está llamado a aportar su contribución activa. En este sentido, el autor no defiende una concepción puntual de la democracia donde una decisión tomada por mayoría sería suficiente para dilucidar los problemas de una vez por todas. Al contrario, su visión va de la mano con una construcción permanente de la sociedad, de sus expectativas y valores. Es necesario entrar en la era de la capacidad constructiva de la democracia real. El valor y la calidad de las normas sociales dependen menos de la calidad de su contenido que de ser el resultado de un ejercicio claramente deliberativo de opinión. La democracia debe ser intrínseca, instrumental y constructiva[10].

El estado no debe, por ello, buscar imponer su versión específica de lo que debe ser hecho en materia de acción pública, si no reconocer y pedir el sentido de la justicia de los actores locales. La justicia, en democracia, se construye a varias manos. Es la obra tanto del colectivo como de lo progresivo. La justicia se construye con el número y el tiempo, no se postula a priori.

Así, lejos de ser un factor de parálisis en la acción pública, el reconocimiento de la pluralidad de diferentes concepciones posibles de la justicia aparece como la condición misma de la aceptabilidad de la decisión pública[11]. Para Jürgen Habermas, la desobediencia civil puede ser una manera de participar en la elaboración de la razón pública en la medida en que “la desobediencia civil incluye actos ilegales, generalmente protagonizados por sus actores colectivos, definidos tanto por su carácter público y simbólico como por el hecho de estar basados en principios, actos que implican, en primer lugar, medios de protesta no violentos y que apelan a la capacidad de razonar y al sentido de la  justicia del pueblo”[12].

La razón pública es una fabricación directamente relacionada con la deliberación pública, lo que muestra que se trata tanto de consenso como de disenso. En tanto que forma privilegiada del conflicto político la figura de la desobediencia civil “garantiza (…) la continuidad con esta convicción de la Teoría Crítica según la cual la realización hegeliana de la razón debe ser comprendida como “un proceso de aprendizaje conflictual en el cual un conocimiento universalizable emerge en el curso de la resolución de problemas aportando mejoras, en este caso contra la resistencia de los grupos dominantes”. Tanto en Jürgen Habermas como en Axel Honneth, la herencia hegeliana se inscribe aquí en el conflicto al corazón mismo de la teoría moral y política: “Frente a patologías sociales resultado de una incapacidad de las sociedades para expresar adecuadamente el potencial racional ya inherente en sus instituciones y sus prácticas, le despliegue de la razón resulta una praxis común que engendra soluciones indisolublemente ligadas a conflictos que hacen posible un aprendizaje”[13]. En este sentido, la desobediencia civil se define como un gesto de apropiación democrático, e incluso de empowerment (empoderamiento) del ciudadano.

Obedecer en democracia supone “consentir” la ley, y este consentimiento es indisociable para el ciudadano de un compromiso político, que reenvía al ejercicio del voto o de manera más permanente, al de la participación democrática por la via de los diferentes dispositivos de consulta y codecisión. Desobedecer civilmente significa entonces, que las condiciones de obtención del consentimiento informado del ciudadano no han sido respetados del modo y manera en que el Estado de Derecho lo requiere.

Durante mucho tiempo se ha creído que consentir en democracia podía asimilarse a un silencio. En efecto, desde Montesquieu, se ha planteado la naturaleza asimétrica de la soberanía del pueblo: desde el comienzo, la soberanía del pueblo se escinde entre “dirigir”, es decir la soberanía indirecta de la representación y “controlar”, es decir la soberanía popular, en el sentido en el que ella vigila y sanciona mediante el ejercicio del voto, o impide mediante el uso de la manifestación, la huelga u otra forma de protesta social. Pierre Rosanvallon define esta última como la soberanía negativa del pueblo[14]. En este contexto, el no-consentir es un ruido (manifestación, impedimentos múltiples) mientras que consentir sigue siendo un silencio. Pero, en un ámbito más contemporáneo, de reivindicación de la autonomización del ciudadano, de ejercicio más continuado (menos intermitente) de la soberanía y de la democracia, consentir necesita ser considerado como un hecho más formalmente explícito.

De este modo, la desobediencia civil puede preceder un consentimiento futuro y encarnar una soberanía más positiva del pueblo, que no esté fundada solo en la sanción o el rechazo, sino en una co-construcción factible. Una soberanía del pueblo, exclusivamente “negativa”, puede ser considerada como una soberanía del eunuco (Hugo), o demasiado anacrónica en un tiempo de reivindicación colectiva (asociaciones y redes) e individual (ciudadano ordinario). La desobediencia civil puede, así, definirse como una herramienta ciudadana de regulación democrática, como es cada vez más común en internet.

A esta idea de positivar la soberanía por esencia negativa del pueblo -dicho de otro modo, vivir su poder de decisión y no solamente su poder de control-, es necesario añadir que la ciudadanía y la sociedad civil se han convertido en vectores y lugares muy cualificados de innovación social y de expertise democrática. Thierry Pech y Marc-Olivier Padis evocan su capacidad de educar al Estado[15]. En efecto, muestran hasta qué punto la sociedad civil es a menudo el garante de la no-discriminación por parte de las instituciones, funcionando como una especie de vigilante. Ciertamente, la sociedad civil tiene un rol clásico de perturbación -modificando el habitual juego de los procedimientos institucionales- pero que rompe el aislamiento de las elites políticas introduciendo en el espacio público los “sujetos huérfanos”, esto es aquellos contra quienes todo conspira para ser colocados al margen. Para la mejora del Estado de Derecho esta capacidad de inclusividad de sujetos es fundamental. Pero el Estado no siempre tiene la posibilidad de efectuar estas diferentes vigilancias estratégicas respecto a sujetos que son importantes para los ciudadanos, pero a menudo son minoritarios. Por eso, la sociedad civil, porque sabe cómo traducir sus experiencias, está en condiciones de ofrecer a la democracia un universalismo concreto, que sin avanzar en el vacío, sea, efectivamente susceptible de nutrir las acciones de desobediencia civil.

En efecto, la desobediencia civil recuerda que la definición de democracia oscila siempre entre su aceptación teórica (modelo) y una más existencial (experiencia). “La idea de un universalismo cerrado del modelo debe ceder el paso a un universalismo abierto de la confrontación de experiencias”[16]. Esta reflexión de Rosanvallon, que se dirige inicialmente a la relación entre Occidente y el resto del mundo, puede también inscribirse en el interior mismo de cada sociedad democrática, en la medida en que cada una de ellas reposa sobre controversias entre la mayoría y las diferentes minorías y marginalidades que la constituyen. No construir un “universalismo democrático de cierre” es, sin dudarlo, vigilar para no occidentalizar el concepto de democracia imponiéndole un modelo en detrimento de otro, pero puede también referirse al consenso y al conformismo impuesto al interior de toda sociedad democrática, especialmente la occidental. En efecto, es importante que la democracia no se convierta en un “objeto de fe” si no que se convierta, más bien, en “un objeto de división y controversias”. En esto estriba su pacto con la libertad de conciencia y de expresión, su lucha contra las formas de censura y de autocensura, y de manera más fundamental, su pacto con la falibilidad en el sentido en el que la democracia no sabría ser dogmática. Apoyándose en John Dewey, Albert Ogien llega incluso a diferenciar entre política y democracia, haciendo de esta última un método de conocimiento. “Lo que se requiere para dirigir y conducir una investigación social exitosa, es un método que se desarrolle sobre la base de relaciones recíprocas entre hechos observables y sus resultados. Esto es, esencialmente, el método que proponemos seguir”, escribía Dewey[17]. Y Ogien concluye: “A este método, Dewey lo denomina: Democracia. Para él, esta palabra no reenvía, pues, a un régimen político definido por una serie de derechos individuales (voto, opinión, huelga etc.) ni por un sistema específico de instituciones (libertad de asociación, separación de poderes, control del legislativo sobre el ejecutivo, justicia independiente, libertad de información). Democracia sirve como expresión para calificar la naturaleza de cualquier procedimiento experimental: espíritu de descubrimiento, libre disposición de las informaciones, discusiones abiertas sobre hipótesis, compartir intuiciones y resultados, etc. La democracia, según la enuncia Dewey, es un proyecto colectivo de producción de conocimientos mediante la acción, a la cual todo individuo interesado por un problema público puede contribuir, con igual competencia, con el fin de aportar una solución satisfactoria desde el punto de vista de las consecuencias previsibles”[18].

Siendo así, se entiende como la desobediencia civil se asimila en Dewey al hecho “de tomar parte de manera responsable, en función de las capacidades de cada cual, a la formación y a la dirección de las actividades del grupo al que se pertenece, y a participar en función de sus necesidades y de los valores que el grupo defiende. Para los grupos esto exige la liberación de las potencialidades de los miembros de un grupo en armonía con los intereses y los bienes comunes”[19].


Nota: Artículo publicado con autorización de la autora y de la Revista Pouvoirs, a ambas Espacio Público les agradece enormemente su generosidad. A sugerencia de la revista la citación correcta del artículo sería la siguiente: Cynthia Fleury, « Formes anciennes et nouvelles de la désobéissance civile », Pouvoirs n°155, Désobéir en démocratie. El artículo ha sido traducido por Pedro Chaves. El traductor ha conservado las notas con las referencias originales dada la naturaleza del artículo. Por último, dada la extensión del artículo y las pretensiones de la inserción en este número de Espacio Público, no se ha traducido la segunda parte del mismo que se puede consultar en la revista y a cuya lectura el traductor anima encarecidamente.

Cinthia Fleury, filósofa y psicoanalista, Profesora en la Universidad Americana de París, miembro del Comité Consultivo Nacional de Ética (CCNE).

[1] Victor Hugo, Le Droit et la Loi, et autres textes citoyens (1841-1851), Paris, 10/18, 2002, p. 15.

[2] Claude Lefort, Essais sur la politique, Paris, Seuil, 1986

[3] John Rawls, Théorie de la Justice (1971), Paris, Seuil, 1987, p 57

[4] Henry David Thoreau, La Désobéissance civile, 1849 (traducción de la autora).

[5] De la démocratie en Amerique, t.1, 1835, chap. “Des effets politiques de la décentralisation administrative aux États-Unis”.

[6] Pippa Norris, Critical Citizens: Global support for Democratic Government, Oxford, Oxford University Press, 1999.

[7] Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762

[8] Pierre Rosanvallon, La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple de France, Paris, Galimard, 2000.

[9] Amartya K. Sen et Martha C. Nussbaum (dir.), The Quality of Life, Oxford, Clarendon Press, 1993; et Amartya K. Sen, The Idea of Justice, Londres, Penguin, 2010.

[10] Cf. Jean-Michel Bonvin, “La démocratie dans l’approche d’Amartya Sen”, L’Économie politique, vol.27, nº 3, 2005, p. 24-37.

[11] Cynthia Fleury, Les Pathologies de la démocratie, Paris, Fayard, 2005

[12] Jürgen Habermas, De l’éthique de la discussion (1991), Paris, Cerf, 1992.

[13] Estelle Ferrarese, “le conflit politique selon Habermas”, Multitudes, vol. 41, nº 2, 2010, p. 196-202, la cita de la primera parte: Axel Honneth, La Société du mépris, Paris, Gallimard, 2006, p.117.

[14] Pierre Rosanvallon, La Contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Paris, Seuil, 2006.

[15] Thierry Pech y Marc-Olivier Padis, Les Multinationales du coeur. La politique des ONG, Paris, Seuil, coll. “La République des idées”, 2004.

[16] Pierre Rosanvallo, Le Parlement des invisibles, Paris, Seuil, 2014. Cf. Ver también su proyecto “Raconter la vie”.

[17] John Dewey, “Le public et ses problèmes” (1927), Hermès, vol, 31, nº 3, 2001, p. 77-91.

[18] Albert Ogien, “La démocratie comme reivindication et comme forme de vie”, Raisons politiques, vol. 57, nº 1, 2015, p. 31-47.

[19] John Dewey, “Le public et ses problèmes”, art. Ya citado.