Identifico democracia con el mutuo respeto, una regla de la que nos dotamos siempre que aceptemos las distintas formas de vivir. John Rawls definía la justicia en términos de procurar hacer efectivas las “bases sociales del autorespeto”. En el plano personal, el respeto consiste en concederse un valor innegociable. En suma, resistirse a claudicar cuando alguien en nombre de los afectos, pretende amoldar un proyecto vital, por el simple hecho de ser ajeno a sus necesidades particulares. Situaciones demasiado frecuentes en un vínculo de pareja, donde mantener lo propio, desde las amistades, hasta las aspiraciones profesionales, pudieran representar motivo de tensiones, o conflictos más serios.
Sabemos bien que las interacciones sentimentales son extraordinariamente complejas, pero no siempre los desacuerdos recurren a la palabra y menos aún a pactos en los que se explicite lo que cada persona espera de la otra. Todo lo contrario, la pareja también es un escenario de poder. Un poder que no se muestra públicamente, se reproduce en la intimidad de una relación sentimental, se justifica en nombre del amor y requiere de una sistemática expropiación de la identidad. Además, contiene una firme desautorización de todo rasgo de individualidad, recurriendo desde los agravios, hasta los golpes. De hecho, debemos a la teoría feminista haber conceptualizado el poder desde el esquema de subordinación y autoridad, y visibilizado aquellos mecanismos sociales, económicos y culturales que legitiman la desigualdad.
Esta lógica fue clave en la elaboración de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tuve la oportunidad de participar activamente en su elaboración. Fui el primer cargo público en materia de igualdad, pero sin añadir, familia, infancia o juventud entre sus competencias. Sólo igualdad. Razón por la cual las siguientes reflexiones son deudoras de la legislatura de la que formé parte (2004-2008), así como de las negociaciones, o mejor decir, las conversaciones con el ánimo de convencer de la necesidad de una norma a aquellos que serían los responsables de su puesta en marcha. La Ley tuvo su origen en una propuesta por parte de la oposición, en el año 2002 y en sede parlamentaria, que el Gobierno del Presidente Aznar desestimó. Las entonces muy minoritarias, pero constantes, manifestaciones de mujeres cada 25 de noviembre, no dejaban de recordar la urgencia de la medida. Se recuperó la idea y se amplió el campo de su articulado. Para empezar, ya en su exposición de motivos, o tarjeta de presentación de todas las normas, que recomiendo leer para conocer los principios que las inspiran, en la Ley 1/2004 se cita expresamente que la violencia no es un problema que afecte al ámbito privado sino al ámbito público. Y se añade que representa una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Antes de su promulgación, era el concepto violencia doméstica el más usado, desde la jurisprudencia, hasta los medios de comunicación. De esta manera, quedaban fuera de esta definición aquellas mujeres que no convivían con el agresor: tanto jóvenes que sufrían violencia, así como las mujeres maduras que eran amenazadas por su expareja. Esta focalización en la vida afectiva como escenario de violencia, fue muy controvertida por creerse que era reduccionista. De hecho se dudaba de su eficacia, dado que no se recogían todos los tipos de violencia que figuran en la Resolución 48/104 de la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 1993: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada». En cambio la Ley perfila la figura del maltratador en un compañero sentimental, se conviva o no.
Primeras Objeciones a la Ley 1/2004.
Una de las principales dificultades para entender la especificidad de la violencia de género, fue su denominación. En primer lugar, desde el punto de vista nominativo la definición de “género” que aportaba la Ley, fue rechazada por la Real Academia de la Lengua, que advirtió sobre la inutilidad de su uso, eso sí, sin citar ninguna de las múltiples referencias teóricas sobre la aplicabilidad del mismo. Ni lo entendió entonces, ni aún hoy está incorporado; a pesar de mostrarse receptiva ante términos como “friki”, “manga”, entre muchos otros, con más suerte por parte de la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico de la RAE. Esta valoración es mucho más que una anécdota, representa la inquietante estrategia de convertir una categoría de análisis en una extravagancia y, como tal, cualquiera puede desestimarla, negarla o refutarla, sin más. La misma idea que mantienen aún las Universidades españolas, al ubicar los estudios de género, como un conocimiento periférico en la capacitación curricular: master o asignaturas optativas son las únicas opciones. Esta limitación en la oferta educativa repercute en reforzar la subestimación teórica por parte de quienes deben aplicar la Ley, porque de no entender su significado, esta omisión afectará al desarrollo de su práctica profesional y sobre todo, a la eficacia de respuesta a las mujeres maltratadas.
En segundo lugar, fue extraordinariamente complejo desvincular la violencia de género de su interpretación como un asunto privado, un suerte de problema de pareja en el que no es lícito inmiscuirse, salvo que se produzcan actos constitutivos de delito. Pero convertirla en un asunto público fue clave en cada proceso de presentación de la Ley a distintos profesionales, que en un futuro deberían implementarla. Se trataba de recordar que la violencia era consecuencia de una deficitaria aplicación de las políticas de igualdad y esto repercute en las conductas de los agresores y de las víctimas. Bien es cierto, que cada día tenemos la fortuna de contar con rigurosos análisis sobre la materia, donde cada aportación teórica, o práctica, nos ayuda a entender la complejidad del fenómeno; sin embargo es necesario profundizar en aquellos análisis que relacionen violencia, con la posición de inferioridad que se reserva a las mujeres dentro de la estructura social, política o económica de nuestro país. En otras palabras, disponemos de menos ejemplos que vinculen la violencia con el grado de igualdad de trato y que a su vez sean capaces de identificar qué factores de desigualdad provocarían un estado de indefensión de las mujeres. Nos convendría saber ¿con qué recursos personales cuenta una mujer para poder iniciar el difícil proceso de iniciar un proceso judicial? O bien, conocer qué ocurre en el intervalo entre llamar al teléfono de emergencia 016, más de 30.000 llamadas anuales, y la decisión de interponer una denuncia, que representan menos de la mitad. De todo ello informó el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, órgano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya anterior Presidenta Inmaculada Montalbán mostró, en el año 2013, su preocupación por una caída en las denuncias de un 9,6 en los últimos cinco años.
En tercer lugar, hacer entender que no se trata de un problema propio de un colectivo, porque si todo Estado de Derecho tiene la obligación de garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas, con esta obligación constitucional se deberían ver implicadas todas las instancias sociales, y no sólo las áreas de mujer inscritas en cualquiera de las instituciones públicas. Sin embargo, un problema fundamental radica en la extendida interpretación de considerar a las mujeres como un colectivo. Pero ¿qué efectos tiene para las mujeres ser definidas de este modo? Aparentemente parece una definición neutral, carente de consecuencias, pero nada más lejos de la realidad. Primero, porque los colectivos se asimilan a las minorías, es decir, se les adjudica un rasgo particular que les adscribe al grupo en función de su -color, raza, edad, clase social-. Lo cual no ofrecería problemas, sino fuera porque esta operación sólo rige para las mujeres, en ningún caso a los hombres se les concede tal tratamiento diferencial, salvo que posean una particularidad concreta: jóvenes, ejecutivos, jubilados. En cambio, las mujeres siempre son catalogadas como un colectivo en su totalidad. Ni siquiera es preciso adscribirse a un grupo a través de un rasgo concreto, ni por edades, renta, color u orientación sexual. Las mujeres por el hecho de ser mujeres se definen como un colectivo, cuando en nuestro país representan un 50,8% de la población censada (INE. A 1 de enero de 2014).
Esta es la primera estrategia de exclusión, pero lo más inquietante, son las características que se les atribuye como colectivo, cuyo significado común son sus “especiales dificultades”: problemas de conciliación, de autoestima, de trabajo, entre otros. Dificultades que se analizan como inherentes a las mujeres. Es decir, no quedan cuestionadas instancias públicas cuyo funcionamiento y regulación horaria, pudieran representar un serio obstáculo a su participación. O las constantes convocatorias de reuniones, que se convierten en requisitos de una presencia activa, sin olvidarnos de las interminables jornadas diarias que la esfera política, sindical, empresarial reserva para afianzar sus relaciones formales e informales, pero estas pautas de funcionamiento no se cuestionan. Si las mujeres no tienen tiempo es un asunto personal o, lo que es lo mismo, imputable a su organización horaria.
Como personas interesadas en la violencia de género debemos preguntarnos, ¿aceptamos estas definiciones u optamos por seguir haciéndonos preguntas? En suma, ¿las interpretamos como características propias de las mujeres o resultado de una división sexual de funciones, que hombres y mujeres reproducen a través de los roles? Sin embargo, al asimilar al conjunto de las mujeres al repertorio de los colectivos,estas quedan expuestas a ser tratadas desde esta óptica de grupo, definición que opera para los responsables de diseñar políticas sociales. ¿Qué ventajas depara esta clasificación, si estadísticamente las mujeres representan la mayoría de la población? Para empezar a las minorías se les reconoce más por sus “problemas” pendientes de solucionar, que por sus méritos o aportaciones. No olvidemos que las necesidades tienen un tratamiento político distinto que los derechos, sobre las primeras recae la incierta voluntad política de solucionarlas pero siempre estarán cautivas de presupuestos públicos, o del grado de conocimiento sobre igualdad de quienes la incluyen entre sus competencias. Carencia que ni siquiera se tiene pudor de lamentar. El propio Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad reconoció, según sus propias palabras, en una rueda de prensa que no se había leído la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a pesar de formar parte de un gobierno que iniciaría una reforma regresiva de la misma.
Por estas razones, los programas, o medidas son específicas y se orientan a subsanar aquellos supuestos “déficits” que las mujeres presentan. De esta manera se utiliza el término “inserción” en cualquiera de las esferas sociales: laborales, culturales. Pero la respuesta está condicionada por el grado de compromiso de cambio de las instituciones, demasiado refractarias a una revisión de sus procesos. Resulta más sencillo administrar políticas específicas: los programas de diversidad, dentro del capítulo Responsabilidad Social, en la empresa privada, o bien el denominado sector, dentro de la Administración Pública. La misma interpretación motiva que en los foros internacionales se organicen sesiones específicas sobre mujeres. Por ejemplo, en la Unión Europea la agenda de igualdad se ubica en la Comisión de Políticas Sociales, a cuyas sesiones acuden aquellos cargos políticos que la incluyen entre sus responsabilidades pero deben compartirla con otras áreas de trabajo, lo que concentra la igualdad junto a otras competencias como Educación, Salud, Políticas Sociales (Alemania, Grecia, Portugal, Italia Reino Unido, Noruega, Finlandia). Son excepcionales los países en que existen Ministerios de la Mujer en la Administración General del Estado (España hasta el 2010 y Suecia). Si acudimos a los escenarios políticos, observamos al líder de cualquier partido haciendo un acto sólo para mujeres, reproduciendo así la concepción de éstas como colectivo, lo que creará estructuras específicas, mujeres de, feminismos de, a la que se añade el nombre de la formación política.
En todos los casos, se comparte el mismo discurso: la indudable capacidad de las mujeres y su injusta invisibilidad. Tal defensa sobre las virtudes de un colectivo, sería inaudita en el caso de los hombres. Además, fuera de estos marcos de proclamación de excelencia, cuando las agendas públicas o privadas, políticas, traten asuntos claves, como la economía, la protección por desempleo o la administración territorial, estás no tendrán presencia alguna en la toma de decisiones. Evitar esto fue un propósito de La Ley 1/2004, que quiso convertir en un asunto de interés general aquello que se definía como un asunto privado de las mujeres. Por ello, lejos de establecer regulaciones en clave de colectivo específico, se buscó una equivalencia de derechos en el espacio público y para ello, era preciso aportar artículos sobre educación, mercado de trabajo, hasta la creación de nuevas estructuras, como los juzgados especializados de violencia contra la mujer y una fiscalía de violencia de género. O la Delegación Especial contra la Violencia de Género, que creó un observatorio para homologar datos estadísticos, además de crear el teléfono 016.
En cuarto lugar, más que un obstáculo, se trata de lo que fue, bajo mi punto de vista, una pérdida irreparable para aumentar la efectividad de la Ley: no lograr introducir el machismo como un agravante. Del mismo modo, que la xenofobia, el antisemitismo o el racismo son tipificados como tales en el artículo 22.4 del Código Penal. Esta valiente propuesta la hizo la Presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, quien argumentó en una comparecencia en el Congreso, la conveniencia de introducir este tipo de discriminación en el código penal, dado que la Ley 2/2004 sólo agravaba las penas para los delitos de lesiones. Pero nadie, ni siquiera el partido del Gobierno que impulsaba la Ley, aceptó su fundamentación. La negativa fue contundente, lo que demuestra que la violencia se encapsulaba en los problemas de un colectivo específico y no precisaba tratamientos jurídicos más severos para evitarla. Siempre me he preguntado si la presencia de otras discriminaciones directas en la legislación, no habrá dependido de la solidez de alianzas, o de la capacidad de presión, como lobbies, de los colectivos que las padecen.
En quinto lugar, sobre la Ley pesó otra grave acusación: la de beneficiar a las mujeres en detrimento de los hombres, concretamente en relación al artículo 38: Protección contra las amenazas. El debate procesal se basaba en un interrogante: ¿por qué un mismo hecho: amenazar o coaccionar tiene un distinto tratamiento penal, tipificado como delito en el caso de lo realice un hombre con una relación sentimental con la víctima, y no pesa del mismo modo para las mujeres? Esta elevación de la pena fue interpretada como una relación inversa entre legalidad y discriminación, y provocó encendidos argumentos. Sabíamos, como se manifestó en los encuentros de trabajo con médicos forenses que las coacciones y amenazas eran la antesala de las lesiones. Los hombres no vivencian pánico, es cierto que pueden sentir ira, agresividad, pero no miedo y, mucho menos, terror. Pero este aparente “trato de favor” conectaba peligrosamente con el imaginario social sobre que las acciones positivas, o en el ámbito político, las famosas “cuotas” y que a pesar de ser mecanismos garantes de la igualdad, se presentan ante la opinión pública como medidas fraudulentas para favorecer a las mujeres.
Si las mujeres carecen de referentes de autoridad, ¿de qué elementos podrán servirse para reunir las fuerzas suficientes para tomar una decisión? ¿Qué significados les devuelve la vida pública que les doten de la suficiente legitimidad para denunciar una situación insostenible? ¿Acaso no incide en su autoconcepto, la insistente representación de lo femenino a través de la emocionalidad, la nigromancia y sólo con algunas excepciones, son convocadas en el papel de expertas, para hacer aportaciones sobre la economía o la ciencia?
La tarea de una sociedad decente, como diría Martha Nussbaum, es ofrecer a todos sus ciudadanos las mejores condiciones para desarrollar sus capacidades, y esto sólo se logra si colocamos la igualdad no como un mero principio, sino desde el exigente plano de una buena convivencia. Si las mujeres no perciben la igualdad de trato, o como la define Ronald Dworkin, la distribución equitativa de recursos y oportunidades vitales ¿cómo va a marcar límites a quien coacciona su libertad, sobre todo cuando no se trata de cualquier persona, sino de aquel con quien está vinculada afectivamente? Sin embargo, todo el mundo espera que ella dé el primer paso, que la víctima denuncie, como única vía para acceder al sistema de protección. ¿Por qué la fiscalía no actúa de oficio, cuando está autorizada para hacerlo conforme a sus competencias? ¿O todavía se define la violencia de género como un delito privado, y no como un delito público? ¿Qué ocurre entre la denuncia y el final del procedimiento?
Se sigue depositando en la víctima el poder de decisión, en una interacción donde los primeros efectos de la violencia radican en hacer dudar a la víctima de sus propias percepciones. ¿Con qué elementos podrá defenderse y actuar en nombre de su autonomía? Especialmente, cuando la imagen que devuelven las instancias públicas o privadas sobre las mujeres está ligada a sus problemas y no a sus capacidades. De dónde extraerán las mujeres la suficiente autoafirmación para escapar del círculo de la violencia. Quizás esto explique que aún carezcamos de campañas contra la violencia, cuando disponemos de campañas de tráfico con periodicidad bimensual. Son los medios de comunicación quienes informan sobre los episodios de violencia, sobre la crueldad de los asesinatos y, aunque aún esta materia informativa se ubique en la sección de sociedad y no en la sección política, es indudable que han contribuido a mantener este persistente fenómeno.
Una víctima sin similitudes: la mujer maltratada
Las relaciones sentimentales fueron el eje de la Ley, porque su dinámica genera una grave indefensión para la víctima y una certeza de impunidad para el agresor. Sabemos que toda pareja debería estar abierta para aceptar los desacuerdos como un factor saludable propio de la intimidad, porque de no existir diferencias, estaríamos ante un miembro que siempre cede frente a otro que lidera. Uno de los pactos igualitarios en un vínculo afectivo radica en ampliar la libertad del otro, para lograr que la pareja sea una suma de individuos con proyectos propios, no de roles, provistos de identidades y funciones. En nombre del amor, no cabe exigir la pertenencia de otra persona, nadie es propiedad privada de nadie. Muchas mujeres se comportan como si tuvieran un propietario, por lo cual la secuencia de “tenerse” como referencia se vuelve problemática para ellas, como si traicionaran su rol.
Saberse un individuo es mucho más que una afirmación personal, señala el grado de autonomía que puede disfrutar una persona, comprobar si se toma como referencia a la hora de tomar decisiones o bien busca la aprobación. Por ejemplo, en los lenguajes cotidianos detectamos a mujeres, jóvenes o adultas sometiendo sus opciones al consentimiento de sus parejas afectivas. En suma, considerarse sujeto es la máxima protección contra la violencia y precisa de una poderosa voluntad de deslealtad hacia los preceptos de género, un doble vínculo con difícil salida. Si la privacidad, en el sentido positivo de lo «propio» y como elemento constitutivo de la individualidad, es una tarea difícil para cualquiera, lo es aún más para quienes gozan de mayor aceptación, si la renuncia y el sacrificio conforman sus virtudes públicas más valoradas. La habitación propia de Virginia Woolf resulta una brillante metáfora de la decisión a pensarse en singular, libre de toda demanda externa que las encierre en un conflicto de lealtades, entre lo que quiere hacer y lo que debe. En esta línea, Richard Sennett, señala dos tipos de compromiso, aquellos que parten de la decisión y los que encierran un mandato de obligación.
Podríamos afirmar, que la autonomía, entendida como “autogobierno”, como libertad de pensamiento y de acción es la prevención más eficaz contra todo tipo de violencias. Sabiendo, de la dificultad que esto entraña en una relación de pareja. Como señala la socióloga Eva Illouz, todo vínculo sentimental opera sobre “la economía de la escasez respecto a las libres opciones con otros encuentros”. Y añade “qué se puede esperar legítimamente del otro sin quebrantar su libertad”. Ahora bien, si nos centramos en una relación de maltrato no cabe esperar matices: la libertad de movimiento está prohibida. Se reclama una severa división de roles, y cualquier rasgo de individualidad será interpretado como una rebelión inaceptable, ante la cual el castigo sirve de advertencia y alecciona de posibles infracciones.
¿Qué diferencias existen en una víctima de violencia respecto a otras víctimas? Pensemos en un escenario de conflicto. Ante el mismo, un sujeto tiene la posibilidad de huir, pedir ayuda, o responder a la agresión. Ninguno de estos gestos son opciones para una víctima de violencia. La huida es tan complicada, por las dudas y el miedo, que la psicóloga Leonor Walker escribió una estrategia de fuga específica para las mujeres maltratadas. Tampoco pide ayuda, ni lo comparte con sus amistades o con su familia. Volverá clandestinos los agravios y las agresiones que sufre. Incluso aquellos que dejan señales; camuflará sus lesiones y si requieren atención médica los revestirá de accidentes domésticos. Hecho que motivó en la Ley la creación de unos protocolos destinados a los facultativos de atención primaria, quienes se hallaban ante la contradicción deontológica, de dar verosimilitud al testimonio de la paciente, o bien redactar un parte de denuncia ante la evidencia de las agresiones. Porque la denunciar representa para las mujeres maltratadas un rotundo fracaso personal, la constatación de no haber sabido hacerlo de un modo que no provoque iras.
Como investigadora, al realizar grupos de discusión con mujeres maltratadas, coincido con otros que concluyen que el sentimiento de vergüenza, de culpabilidad y fracaso sólo deja de ser paralizante en el caso de que los hijos e hijas puedan sufrir algún riesgo. En esas circunstancias el rol de madre, gana al de esposa, o compañera sentimental, y produce el impulso necesario para solicitar ayuda o asesoramiento. Del resultado de este acompañamiento experto dependerá el tiempo que requiera para sentirse segura e interponer una denuncia. La víctima de violencia es singular por otros motivos. Porque no responde a la agresión, aun viviendo en un régimen de terror cotidiano, ella espera a que las cosas cambien, mientras realiza un autoexamen revisando en qué podría haber fallado. Su discurso culpabilizador coexiste con la rehabilitación del agresor, buscando una explicación a su hostilidad. Siempre serán los agentes externos los responsables de su crueldad: el trabajo, su carácter, su infancia. Michael Foucault señalaba que el miedo es el mejor instrumento de control porque logra que la víctima aprenda a examinar cada gesto que pueda molestar a su agresor. Se inhibe por adelantado anticipándose a las posibles reacciones. El miedo es devastador y anestesia cualquier intento de salida.
Sin analizar estos hechos, sin analizar qué significa la igualdad, los cuerpos y fuerzas de seguridad, trabajadoras y trabajadores sociales, el personal médico, del campo de la psicología, o de la judicatura, fiscalía y abogacía seguirán sin comprender por qué resulta tan lento y penoso para las mujeres maltratadas tomar la decisión de denunciar, o qué causas concurren para que ella retire una denuncia antes de la vista oral. En otros escenarios, como las casas de acogida, o los pisos de emergencia, las directoras se preguntan qué les lleva a preguntar por él una vez que el miedo ha remitido, o qué les incita a querer acordar una cita. Incluso aspectos aún más espinosos, cuando una Orden de Alejamiento se vulnera cada vez que ella abre la puerta o accede a un encuentro, aun sabiendo que éste sea sumamente peligroso. Todas estas vicisitudes provocan que los profesionales, la policía nacional o local, no sepan cómo actuar, aunque el cumplimiento de la Ley es taxativa: vulnerar la Orden de Alejamiento es constitutiva de delito, pero el consentimiento de la víctima les confunde. El resto de los profesionales, saben que a pesar de haber invertido su trabajo, o su asesoramiento acompañado a la víctima, ésta no responde como el resto de las víctimas a su intervención; duda y perdona. Por lo que es lógico, que experimenten una desafección con su tarea, porque no siempre existe reciprocidad entre su empeño y el resultado esperado.
Lo mismo sucede en la familia nuclear de la mujer agredida, o bien están desorientados porque no aciertan sobre cómo influir en su hija, o en su hermana, y porque temen que al advertirla del peligro de una relación tan nociva provoquen, muy a su pesar, la reacción contraria: una encendida defensa del maltratador. Su desorientación es el motivo de demanda al teléfono de emergencia 016, que registra una media de un 23% de sus llamadas a solicitud de familiares y allegados. En otros casos, encontramos aquellas familias que prefieren apelar a la estabilidad de la pareja y minimizan el desastre, por lo que la disuaden de mantener la denuncia y, en muchas ocasiones, le piden que la retire. Lo que constituye uno de los motivos de preocupación para la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas (www.cemabog.org)sobre el papel que juega la familia en la cronificación de la violencia. Pero todas estas aptitudes carecerían de sentido sin relacionar la violencia contra las mujeres con las políticas de igualdad y el género. Por supuesto, sin olvidarnos qué clase de perjuicios persisten para desautorizar la Ley, y lo que es más grave, a las mujeres víctimas de violencia de género, como incoherentes, o tramposas, como sucedió con la difamación sobre las denuncias falsas.
Podría parecer que los valores de la sociedad se renuevan en la medida que se ejercita la democracia, tanto en la esfera pública como privada. Lo que significa enterrar principios de autoritarismo y subordinación hasta convertirlos en aptitudes intolerables. Sin embargo, las encuestas (Barómetros del CIS) demuestran que la igualdad, como principio; es decir como idea es aceptada sin fisuras. Todas las respuestas coinciden en que mujeres y hombres disfrutan de los mismos derechos, ahora bien, cuando la igualdad ha de traducirse en prácticas sociales concretas, en acciones, los parámetros de género muestran enormes resistencias. Persevera la desigualdad en el uso del tiempo. Un solo ejemplo en cuanto al grado de corresponsabilidad familiar: La atención de hijos e hijas (CIS. Marzo, 2014 ) es asumida por las madres en un 82%, seguida de la abuela en un 8,5% y en tercer lugar el padre, con un 4,5%.
La vigencia del término “género”
El término género no debe entenderse sólo en el plano descriptivo de unas diferencias biológicas, sino como una interpretación cultural, un conjunto de expectativas sociales de los roles que han de desempeñar mujeres y hombres. En suma, un código de comportamientos y de convenciones sociales. Está directamente ligado a la división de espacios: lo público y lo privado. La sociedad, si bien parece distribuir jurídicamente la igualdad, nombra como responsables del hogar a las mujeres y como sustentadores principales a los varones. Ante un conflicto dentro de una relación afectiva, cabría saber si nos hallamos ante dos sujetos cuya opinión quiere hacerse valer, o bien son los roles masculinos y femeninos quienes se abren paso en la contienda. ¿En que se apoya cada uno en la discusión, de qué modelos o experiencias se sirven? Los roles son pautas de conducta exigentes y logran ejercer una enorme presión de conformidad, pero a cambio aseguran a quienes se adaptan un tranquilizador sentimiento de legitimidad ante los demás. No hay rupturas ni extrañezas. En definitiva, un código basado en el “deber ser”, en el caso de los roles femeninos más orientados a especializarse en lo ajeno, que en una misma como un marco de referencia vital.
Si la categoría género es útil para entender qué papel juegan los roles, aumenta su capacidad explicativa a la hora de interpretar la dinámica de una relación de maltrato. Por ejemplo, ¿a qué patrones de comportamiento responde permanecer cautiva de una relación de maltrato durante 8 años de promedio? O, el número estadísticamente relevante de hombres que no dudan en declarar que las aman, incluso después de haberles provocado lesiones o la muerte. ¿Qué les lleva a experimentar una culpabilidad subjetiva cuando son ellas las vejadas y agredidas? ¿Por qué no actúan como otro tipo de víctimas, con capacidad para asociarse y demandar adhesiones a la sociedad, con fuerza para denunciar su agresión públicamente, y exigen de manera firme una reparación al daño causado? Son escasas las asociaciones, o su nombre lo dice todo: Asociación Mujeres Supervivientes de Andalucía. La mayoría de las mujeres maltratadas no siguen este modelo, la vergüenza y una enorme sensación de derrota las inhabilita para formar asociaciones, o para reclamar medidas cuando las Administraciones Públicas no actúan con la debida diligencia.
En las relaciones de maltrato el peso de los roles de género no sólo actúan como un elemento desencadenante del conflicto, también sirven para perpetuarlo. Muchos policías se sorprenden sobre el tipo de hechos que el agresor relata como motivo de una paliza, e incluso del asesinato. Las diligencias recogen unos hechos que, aparentemente, carecen de entidad para provocar tan cruel castigo. En principio, pudieran parecer hechos sin importancia, discusiones habituales en el ámbito doméstico. Su perplejidad es sincera. No lo entienden. Lo cual es lógico, porque se trata de algo mucho más importante que el grado de satisfacción respecto a la tarea doméstica; el maltratador persigue verificar un escrupuloso cumplimiento del rol femenino y por supuesto, de no hacerse así su pareja se atendrá a las consecuencias.
Sabemos que el rol de esposa y madre aún están confinados a un desprendimiento de una misma para atender las necesidades ajenas. Y aunque los nuevos estilos de vida han enriquecido las formas de su ejercicio: madre sola, mujeres separadas, o madres con una orientación sexual distinta, sus compromisos de atención son requeridos sin contemplaciones. Resulta muy difícil mantener unos límites a las demandas familiares y, con el mismo empeño a mantener a salvo una relación de pareja, más aún exigir reciprocidad. La figura de la “madre” no sólo alude a quienes efectivamente lo son, sino que se reclama como un atributo definitorio, una cualidad sustancialmente femenina. La maternidad siempre remite a un rol femenino; un hombre se feminiza al adoptarlo y pasa a ser una excepción con una gran valoración positiva. Así es, porque la definición de la paternidad se define por otros rasgos: la trasmisión de apellido y de la principal renta familiar. En cambio, la maternidad es una aptitud de cuidado, de hecho las chicas jóvenes “cuidan” a sus compañeros sentimentales, se ajustan a sus tiempos, a su peculiar forma de ser, o bien se adaptan a sus gustos, o a sus amigos. Y, en la mayoría de los casos, esta atención conlleva la desatención de sus propias amistades, o afecta a su rendimiento. ¿Todavía nos sorprende que en una vista oral, la víctima rectifique su testimonio? Además el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la figura del derecho a la dispensa, o la posibilidad que tiene toda mujer de no declarar contra su marido, aunque éste sea el maltratador y ella la víctima. Ante lo cual el fiscal puede retirar la acusación.
Sostener emocionalmente una relación es definido como logro en el discurso femenino, ello pudiera explicar que más de un 36% de las víctimas se nieguen a declarar contra su marido o compañero sentimental. Lo cual nos indica la tensión de lealtades que operan en un acto procesal de este tipo, donde no siempre los jueces advierten de lo que eso significa. Los resultados son estremecedores, el maltratador sale en libertad y es previsible que ajuste cuentas con su “delatora”. La Memoria Anual de la Fiscal de Sala, Coordinadora de la Violencia contra la Mujer, alerta sobre otras estrategias de desautorización de la víctima, como son los Recursos de Revisión ante la Sala II del Tribunal Supremo. El condenado se querella contra la víctima sosteniendo que su condena sólo se basó en una denuncia, la mujer se presta a declarar y, como resultado de confirmar este supuesto, queda condenada. La propia Memoria reconoce que es preciso estudiar esta forma específica de violencia, porque sabe que los comportamientos de género inciden en el desarrollo procesal. El número de sobreseimientos es el indicador sobre el grado de impunidad de los maltratadores, que desde el año 2005 ha supuesto un incremento de un 158%. Suspender la causa por falta de pruebas, sin iniciar investigaciones de oficio, delata un mal funcionamiento de los órganos de justicia, ante cuyos déficits no parece haber ni un seguimiento y, mucho menos, se activan las medidas correctoras suficientes.
En cuanto a los hombres maltratadores, un debate permanente se centraba sobre la posibilidad de lograr su rehabilitación, o bien dudar de cualquier método eficaz para ello. Este tema, además gravita sobre una posición ética acerca de la capacidad de recuperación de un sujeto. En el caso de los maltratadores, es una condición ineludible que éstos acepten su responsabilidad en la agresión, sin señalar a su pareja como la principal causante de su hostilidad. Y esta dificultad en reconocerse como agresor, es precisamente el obstáculo sobre el que aluden la mayoría de los terapeutas en el tratamiento. Los maltratadores encuentran una extraordinaria dificultad en asumir la responsabilidad de sus acciones, para minimizarlas. Los hombres violentos, ni perciben el pánico ni viven disculpándose. Testimonios de los que son testigos permanentes los cuerpos de policía especializados, que observan su modo de definirse: sujetos que “responden” a una provocación, a una suerte de insubordinación. Del mismo modo, cuando el conflicto remite los maltratadores saben activar la lástima, han vivido del perdón y de las segundas oportunidades que les facilitaba la víctima. Esto ocurre justo en el momento de la ruptura, o cuando se está tramitando una denuncia. Es frecuente hallar testimonios de hombres que reclaman el perdón y apelan al sentimiento de pena, pero sin reconocer la gravedad de lo sucedido, no para rendir cuentas sobre lo arraigado del poder y el narcisismo, sino con la intención de purgarse, de redimirse.
“Yo parecía la victima cuando salí de la cárcel”. Un maltratador que narró en el diario El País (13.03.2011) cómo disciplinó a su mujer, una periodista con carácter independiente, que a pesar de reiteradas agresiones, nunca denunció. Fueron los vecinos, porque los golpes suenan, quienes tomaron la iniciativa. Otras veces, son los vecinos quienes declaran en los reportajes de televisión, la extrañeza ante la detención de un maltratador, puesto que era correcto, e incluso, amable. Sin pensar que el agresor se especializa en quien sabe que seguro mantendrá la espiral de silencio que precisa la violencia. También La Ley contra la Violencia contempla medidas en este campo. Se incluyeron trabajos en beneficio de la comunidad, como parte de la reeducación de maltratadores, una medida aún pendiente de práctica. Sería difícil contabilizar el número de Ayuntamientos que así lo hicieron, pero no cualquier clase de trabajo, sino aquellos cuya naturaleza esté ligada al cuidado, por ejemplo, en la atención de personas dependientes, o en centros de salud, o de mayores. Porque si el poder ha estructurado sus relaciones sentimentales, vivenciarse en la posición de procurar cuidado a los demás, sería un cambio nada desdeñable para ellos.
Sabemos que la identidad masculina se centra en una independencia económica y en aportar la principal renta a la unidad familiar. Su identidad positiva es directamente proporcional a su posición en el mercado de trabajo. ¿Acaso no se vincula la identidad masculina con la esfera laboral? Con tal contundencia como la que conlleva un despido en el que se hace un examen retrospectivo sobre en qué se falló. El cine de Fernando León, en su film Los lunes al sol, muestra la desolación de un grupo de hombres despedidos, cuya conversación se recrea en las anécdotas de su trabajo, única forma de seguir cohesionando al grupo. Otro tema sería reparar en el papel reservado a las mujeres de sus protagonistas. Resignificar la masculinidad, tomar el poder patriarcal como una debilidad y no como un signo de prestigio, es un buen ejercicio que promueven los Grupos de Hombres por la Igualdad, quienes buscan renovar los modos de relación convencional, donde la sentimentalidad mal entendida, requiere de la subordinación sentimental de las mujeres para afianzarse.
Materiales de derribo contra la Ley.
Desde el año 2005 que se crea, siguiendo la Ley 1/2004, el Observatorio Estatal de la Violencia de Género (https://www.msssi.gob.es/) no hay respuestas institucionales firmes a la altura de la gravedad del fenómeno. Incluso, contando con 65 mujeres asesinadas de promedio año, aún persisten ideas que colocan la Ley como sospechosa de no ser ecuánime con los principios de igualdad de trato ante la justicia. Veamos algunas de ellas y aprovechemos para hacernos preguntas sobre los significados que recaen sobre la violencia.
La primera de las difamaciones fue extender la idea de que las mujeres maltratadas incurrían en el delito de falsedad en sede judicial, sosteniendo denuncias falsas, las cuales son constitutivas de delito, conforme a los artículos 456 y 457 del Código Penal. Ante ellas, el juez, como la fiscalía o el Ministerio Público, debe actuar con contundencia. La responsable de contaminar a la opinión pública con estas afirmaciones, fue la Jueza Decana de Barcelona, María Sanahuja que añadía “da la sensación que algunas personas usan la fase de instrucción para tener mejor situación en los casos de separación”. El terreno estaba abonado para fomentar el sentimiento de sospecha sobre las mujeres maltratadas. Nunca presentó datos, o estadísticas que avalaran su afirmación. La cual sigue dando sus frutos, dado que recientemente, un Diputado de UpyD, miembro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, sin aportar dato alguno, pero sabiendo muy bien que se hacía eco de un estereotipo con gran aceptación, volvió a inculpar a las mujeres. Tuvo que ser el Consejo General del Poder Judicial quien recordará en su informe del año 2011 que se produjeron 134.002 denuncias de las cuales sólo 19 fueron falsas, es decir, un 0,01. Pero sabemos bien que los prejuicios no admiten argumentos. En este sentido, cabría hacerse una pregunta: ¿Qué opera en la sociedad española para no contrarrestar esta idea con el elevado número de denuncias? Sin contar que el teléfono de emergencia 016, creado en el año 2005 con el único propósito de asesorar, haya recibido a 1 de enero de 2014, 10.220 consultas, o las 9.475 registradas en el año anterior.
Otra difamación radica en plantear que la Ley es inservible, tan contundente conclusión se expresa sin contar con una evaluación de la misma, como se fijó en la Disposición Adicional undécima. Lamentablemente, sólo se dispone de un informe de un grupo de expertos a iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en abril de 2006, referido sólo a cuestiones técnicas sobre su aplicabilidad. Es necesario emprender una evaluación global, con más años de perspectiva. Y sobre todo, en relación con los mecanismos de coordinación que fijó en su articulado. Por ejemplo, las Unidades de Igualdad de las Subdelegaciones de Gobierno, ubicadas en cada capital de provincia con el objetivo de reunir a jueces, fiscales, cuerpos y fuerzas de seguridad, asociaciones de mujeres. Uno de los primeros recursos que utilizan las mujeres para asesorarse, así como cualquier grupo experto. De esta forma se actuaría en un doble plano: prevención y seguimiento de las víctimas de violencia. Sin olvidar, el ámbito rural que tan estrecho margen de anonimato ofrece a las mujeres que quieren asesorarse o denunciar. Estas unidades dependen de la Vicepresidencia de Gobierno, deberían contar con personal y con medios. ¿Qué objetivos se han cumplido en estas Subdelegaciones, o bien, con a qué tipo de obstáculos se enfrentan?
Lo más cómodo es reproducir la lógica del rival y manifestar que la Ley no funciona y a continuación añadir el número de víctimas como prueba irrefutable de su fracaso. Así es la norma y no su aplicación la responsable de esta pérdida de eficacia. Así se pronunció la Ministra Ana Mato en sede parlamentaria, proponiendo un mecanismo que se ha vuelto el comodín político por excelencia: un Pacto de Estado, un compromiso entre Gobierno y distintos grupos políticos para establecer acuerdos sobre esta materia. Es evidente, que el primer punto debería ser aplicar la Ley, para para ello se ha de contar con un riguroso diagnóstico del grado de cumplimiento de la misma. Sin embargo, la retórica política soporta todo y tiende a poner el cronómetro a cero. Así mientras el Ministerio competente de su seguimiento se inclina por las alianzas, el Ministerio de Justicia estudia reformar el Código Penal introduciendo cambios lesivos para las víctimas de violencia de género. Veamos algunos: determinar una pena de multa para los delitos de violencia, dado que en el caso de ir a prisión el maltratador, esto afecta a los bienes gananciales, e incluso merma la renta familiar. Las vejaciones deberán ser falta y no delito. O el más grave, por contradecir las prescripciones de Naciones Unidas, es utilizar el mecanismo de mediación cuando una de las condiciones para que ésta sea efectiva es que exista una relación de equivalencia en cuanto a la capacidad de negociación, algo imposible si se reconoce que entre una víctima y su agresor, el poder es la pauta interactiva predominante.
Otro argumento sobre la supuesta inutilidad de la Ley, que triunfa entre quienes sospechan de la inutilidad de la misma, es decir que lo más útil es la educación, en una clara invocación a la capacidad de los valores sociales para desechar conductas intolerables en las relaciones de pareja. Sin embargo, aunque la Ley incluyó la posibilidad de que Asociaciones o personas expertas en esta materia, se integrarán en los Consejos Escolares, a 10 años de la promulgación de la norma, aún no se ha aplicado. Si a ello sumamos la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, donde el respeto y la resolución de conflictos formaban parte curricular y aportaba ideas para la didáctica escolar, el escenario se complica. Es cierto que apelar a la educación es totalmente necesario. La educación mixta se implantó en España en 1970, pero a pesar de ello, aún pervive una distinta valoración sobre las conductas de niñas y niños: “los niños no lloran” y “las niñas no deben hablar así”, como expresa Marina Subirats, son signos de una educación que debería introducir materiales de coeducación como forma de corregir estas conductas. Por suerte, contamos con excelentes materiales que versan sobre cómo educar para la igualdad, o impulsan una educación no sexista, que Institutos de la Mujer o asociaciones de profesoras han elaborado. Aun así, el sistema educativo no hace los suficientes esfuerzos en esta línea. Ante ello surge una pregunta: ¿Qué resultados obtendríamos si el sistema educativo hiciera el mismo esfuerzo que cuando logró al desacreditar el hábito de fumar, si insistiera en la importancia del cuidado en el ámbito familiar, así como en un reparto equitativo de las tareas domésticas?
Una forma eficaz de derribo radica en ir degradando la igualdad privándola de recursos. Las políticas de igualdad, son políticas activas y como tal son un asunto económico. Los Presupuestos Generales del Estado y de las Administraciones Públicas han reducido en un 27% los capítulos de gasto destinados a la violencia de género. Sabemos que este mes de noviembre celebrarán muchos actos condenando la violencia, este gesto es gratis y mantiene su capacidad de convocatoria ciudadana, pero y simultáneamente es compatible seguir al pie de la letra la Ley 27/2013 sobre la Racionalización de la Administración Local, que afectará directamente a la prestación de atención a la Violencia de Género. Pero es mucho esperar que las agendas políticas supervisen los efectos de su toma de decisiones, aunque sean lesivas para las trayectorias profesionales y vitales de las mujeres.
Todo cabe en materia de igualdad, por ello mientras se busca un Pacto de Estado cautivo de la buena voluntad de las partes, hay pendientes de aprobación leyes urgentes, como una Ley Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual. O bien, recuperar derechos que se han quebrantado,como que las mujeres hayan dejado de cotizar por cuidados a personas dependientes la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, más conocida como la Ley de Dependencia, ha sido derogada de facto, aunque siga en vigor.
No hay consecuencias, porque lo que no aporten las Administraciones Públicas, como son las prestaciones derivadas de los servicios sociales, bien los pueden cubrir las mujeres, que de hecho no contabilizan el tiempo donado en los cuidados, ni obtienen reconocimiento alguno por parte de los miembros de la familia que se benefician de ello. Si se sigue degradando la igualdad como derecho práctico, no será fácil para una mujer maltratada creer que le asiste el derecho a proteger su dignidad, física o mental, si además sólo es visible para los poderes públicos el 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres.
Por una vida libre de violencias machistas
12/01/2015
Joanna G Grenzner
Periodista. Experta en género y comunicación de organizaciones
Mientras aumentan los asesinatos machistas, la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género cumple diez años de funcionamiento entre recortes presupuestarios y desmantelamiento de los recursos y dispositivos para prevenir y erradicar las violencias de género. Aunque insuficientes, las políticas y recursos que hoy corren serio peligro son fruto de décadas de trabajo, movilización e incidencia de las redes y organizaciones feministas, que vienen apoyando a las mujeres para salir de relaciones violentas desde la época en que no había protocolos o recursos de atención, y que ahora siguen amortiguando el impacto de las violencias machistas frente a la negligencia institucional, la tolerancia y la indiferencia social. Reconocer y aplicar los saberes y buenas prácticas de gestión feminista es clave para pensar y desplegar colectivamente estrategias de prevención, abordaje y erradicación de las diferentes expresiones de violencia de género desde el ámbito comunitario, social, mediático, legal e institucional.
Una ley con pocos recursos y despliegue limitado
Aunque no incluye expresiones importantes de violencia machista como la violencia sexual, económica e institucional, la trata con fines de explotación económica o sexual o la mutilación genital femenina, y sólo aborda la violenciahacia las mujeres en relaciones estables de parejas heterosexuales, la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género fue un logro histórico y supuso un despliegue importante de recursos al acompañamiento, protección y apoyo de las mujeres en situación de violencia. Desde 2010, la gestión gubernamental neoliberal de la crisis sistémica socava los avances en igualdad y equidad de género de las últimas décadas, incluidas las políticas contra las violencias de género, a golpe de ajustes, reformas y recortes: en los últimos tres años, el Ministerio de Sanidad ha reducido en un 30% los fondos para la lucha contra la violencia machista; desde 2011 el presupuesto de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género se ha recortado en 6,6 millones de euros, y las ayudas para programas de atención psicosocial a mujeres y menores que viven violencia machista en un millón. Ya sabemos que los recortes matan, y las violencias impactan especialmente en las mujeres: en lo que va de año, 45 mujeres han sido asesinadas por hombres maltratadores,( según el recuento del Ministerio de Sanidad, que no incluye a otras víctimas como hijas o hijos, familiares o terceras personas), y más de 80, según organizaciones feministas como Feminicidio.net. En Catalunya, la Comunidad Autónoma donde se denegan más órdenes de protección, 14 mujeres han sido asesinadas en 2014: a dos de las mujeres asesinadas en noviembre, sendos juzgados les habían denegado una orden de protección pese a estar acreditado que vivían en una situación de alto riesgo.
Circuitos de atención que revictimizan a las mujeres
Las organizaciones especializadas llevan una década reclamando que los circuitos de atención y apoyo a mujeres que viven violencia incorporen y desplieguen los recursos previstos en la Ley. El discurso institucional condiciona el apoyo a las mujeres que viven violencia a que denuncien (y más del 70% de las que soportan situaciones de violencia machista no lo hacen), pero las aboca a un circuito policial, judicial e institucional que las desampara y revictimiza: organizaciones como Amnistía Internacional (AI) vienen denunciando que abogadas y abogados de oficio no las acompañan en el proceso, porque los turnos de guardia están saturados por los recortes, no tienen tiempo o formación especializada; que los servicios sociales y circuitos municipales y autonómicos de atención viven un constante desbordamiento y psicólogas y trabajadoras sociales se dejan la piel para intentar responder a las demandas de las mujeres que viven violencia machista, impotentes ante de la falta de recursos y la falta de articulación entre ellos;
que los juzgados de violencia de género están saturados de denuncias y expedientes, con una judicatura sin suficiente formación, donde cala el discurso neomachista, que no aborda los procesos con perspectiva de género; que los procesos judiciales convierten la declaración de las mujeres que denuncian violencia en auténticos interrogatorios, donde se culpabiliza a las que están pidiendo justicia y acompañamiento y que, lejos de empoderar y reforzar a las mujeres, les suponen un calvario, tal como retrata el video La última gota del Colectivo Las Tejedoras. En los últimos siete años, los sobreseimientos de denuncias por violencia de género han aumentado un 158% (en 2011 hubo más absoluciones que condenas) y la concesión de órdenes de protección ha descendido un 12% en todo el Estado. Entre 2011 y 2012, 651 mujeres fueron condenadas en procesos por violencia de género en los que los acusados las contradenunciaron afirmando que mentían. Aunque el propio Consejo General del Poder Judicial corrobora que las denuncias falsas no llegan al 0,1% del total, el bulo que tilda de manipuladoras a las mujeres que viven violencia se amplifica a nivel social e institucional, y no por casualidad: la ofensiva neoliberal que vivimos conlleva la devaluación del estatus social de las mujeres, lo que requiere un discurso misógino que justifique la merma de nuestros derechos. Además, organizaciones como AI alertan de que el anteproyecto de reforma del Código Penal, aprobado en 2013, prevé introducir la mediación en casos de violencia machista, lo que podría llevar a suspender la ejecución de la condena del agresor, o sustituir por una multa la pena de cárcel por ejercer violencia de género, medidas que contravienen la Ley y las recomendaciones feministas para erradicar las violencias de género.
No basta una ley: por una cultura libre de violencias machistas
El 24 de noviembre, Marisa González, abogada de Dones Juristes, planteaba en el Parlament de Catalunya que “crear culturas paralelas para erradicar las violencias machistas hace que las leyes funcionen”, y que el mayor éxito es que la sensibilización y la prevención eviten recurrir a la vía penal. El movimiento feminista cimienta y extiende esas culturas en instancias sociales, comunitarias, económicas, políticas, al romper el silencio y la impunidad y desplegar redes formales e informales que acompañan a las mujeres de forma horizontal y no victimizadora, para que protagonicen su recuperación; al generar conciencia y movilización social y reclamar a las administraciones públicas que desplieguen políticas, leyes y recursos para erradicar esta pandemia. Hay evidencias de que la acción de los movimientos feministas independientes ha sido y es más decisiva en la lucha contra la violencia de género que “la riqueza de las naciones, la izquierda, los partidos políticos, o el número de mujeres políticas”. Con pocos recursos y desde la base, las redes feministas son el motor y pilar de la resiliencia que ayuda a miles, millones de mujeres a salir de relaciones violentas, sobrevivir y seguir sosteniendo vidas, comunidades y sociedades. Para afrontar la actual escalada de violencias machistas, debemos apoyar y multiplicar estos saberes y prácticas en el ámbito familiar, estudiantil, laboral, comunitario, sanitario, legal, institucional: sólo así lograremos el sueño común de construir vidas y relaciones libres de violencia.
Una ley con pocos recursos y despliegue limitado
Aunque no incluye expresiones importantes de violencia machista como la violencia sexual, económica e institucional, la trata con fines de explotación económica o sexual o la mutilación genital femenina, y sólo aborda la violenciahacia las mujeres en relaciones estables de parejas heterosexuales, la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género fue un logro histórico y supuso un despliegue importante de recursos al acompañamiento, protección y apoyo de las mujeres en situación de violencia. Desde 2010, la gestión gubernamental neoliberal de la crisis sistémica socava los avances en igualdad y equidad de género de las últimas décadas, incluidas las políticas contra las violencias de género, a golpe de ajustes, reformas y recortes: en los últimos tres años, el Ministerio de Sanidad ha reducido en un 30% los fondos para la lucha contra la violencia machista; desde 2011 el presupuesto de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género se ha recortado en 6,6 millones de euros, y las ayudas para programas de atención psicosocial a mujeres y menores que viven violencia machista en un millón. Ya sabemos que los recortes matan, y las violencias impactan especialmente en las mujeres: en lo que va de año, 45 mujeres han sido asesinadas por hombres maltratadores,( según el recuento del Ministerio de Sanidad, que no incluye a otras víctimas como hijas o hijos, familiares o terceras personas), y más de 80, según organizaciones feministas como Feminicidio.net. En Catalunya, la Comunidad Autónoma donde se denegan más órdenes de protección, 14 mujeres han sido asesinadas en 2014: a dos de las mujeres asesinadas en noviembre, sendos juzgados les habían denegado una orden de protección pese a estar acreditado que vivían en una situación de alto riesgo.
Circuitos de atención que revictimizan a las mujeres
Las organizaciones especializadas llevan una década reclamando que los circuitos de atención y apoyo a mujeres que viven violencia incorporen y desplieguen los recursos previstos en la Ley. El discurso institucional condiciona el apoyo a las mujeres que viven violencia a que denuncien (y más del 70% de las que soportan situaciones de violencia machista no lo hacen), pero las aboca a un circuito policial, judicial e institucional que las desampara y revictimiza: organizaciones como Amnistía Internacional (AI) vienen denunciando que abogadas y abogados de oficio no las acompañan en el proceso, porque los turnos de guardia están saturados por los recortes, no tienen tiempo o formación especializada; que los servicios sociales y circuitos municipales y autonómicos de atención viven un constante desbordamiento y psicólogas y trabajadoras sociales se dejan la piel para intentar responder a las demandas de las mujeres que viven violencia machista, impotentes ante de la falta de recursos y la falta de articulación entre ellos;
que los juzgados de violencia de género están saturados de denuncias y expedientes, con una judicatura sin suficiente formación, donde cala el discurso neomachista, que no aborda los procesos con perspectiva de género; que los procesos judiciales convierten la declaración de las mujeres que denuncian violencia en auténticos interrogatorios, donde se culpabiliza a las que están pidiendo justicia y acompañamiento y que, lejos de empoderar y reforzar a las mujeres, les suponen un calvario, tal como retrata el video La última gota del Colectivo Las Tejedoras. En los últimos siete años, los sobreseimientos de denuncias por violencia de género han aumentado un 158% (en 2011 hubo más absoluciones que condenas) y la concesión de órdenes de protección ha descendido un 12% en todo el Estado. Entre 2011 y 2012, 651 mujeres fueron condenadas en procesos por violencia de género en los que los acusados las contradenunciaron afirmando que mentían. Aunque el propio Consejo General del Poder Judicial corrobora que las denuncias falsas no llegan al 0,1% del total, el bulo que tilda de manipuladoras a las mujeres que viven violencia se amplifica a nivel social e institucional, y no por casualidad: la ofensiva neoliberal que vivimos conlleva la devaluación del estatus social de las mujeres, lo que requiere un discurso misógino que justifique la merma de nuestros derechos. Además, organizaciones como AI alertan de que el anteproyecto de reforma del Código Penal, aprobado en 2013, prevé introducir la mediación en casos de violencia machista, lo que podría llevar a suspender la ejecución de la condena del agresor, o sustituir por una multa la pena de cárcel por ejercer violencia de género, medidas que contravienen la Ley y las recomendaciones feministas para erradicar las violencias de género.
No basta una ley: por una cultura libre de violencias machistas
El 24 de noviembre, Marisa González, abogada de Dones Juristes, planteaba en el Parlament de Catalunya que “crear culturas paralelas para erradicar las violencias machistas hace que las leyes funcionen”, y que el mayor éxito es que la sensibilización y la prevención eviten recurrir a la vía penal. El movimiento feminista cimienta y extiende esas culturas en instancias sociales, comunitarias, económicas, políticas, al romper el silencio y la impunidad y desplegar redes formales e informales que acompañan a las mujeres de forma horizontal y no victimizadora, para que protagonicen su recuperación; al generar conciencia y movilización social y reclamar a las administraciones públicas que desplieguen políticas, leyes y recursos para erradicar esta pandemia. Hay evidencias de que la acción de los movimientos feministas independientes ha sido y es más decisiva en la lucha contra la violencia de género que “la riqueza de las naciones, la izquierda, los partidos políticos, o el número de mujeres políticas”. Con pocos recursos y desde la base, las redes feministas son el motor y pilar de la resiliencia que ayuda a miles, millones de mujeres a salir de relaciones violentas, sobrevivir y seguir sosteniendo vidas, comunidades y sociedades. Para afrontar la actual escalada de violencias machistas, debemos apoyar y multiplicar estos saberes y prácticas en el ámbito familiar, estudiantil, laboral, comunitario, sanitario, legal, institucional: sólo así lograremos el sueño común de construir vidas y relaciones libres de violencia.
Lo imperceptible de la violencia
07/01/2015
Ángeles De la Concha
Catedrática Filología Inglesa, UNED
El análisis que hace Soledad es muy esclarecedor y pone de relieve las dificultades de todo tipo para poder resolver el problema de la violencia de género que sufren las mujeres. Lo suscribo punto por punto. Lo iría comentando porque no tiene desperdicio pero me parece mejor recomendar su lectura despacio porque habla por sí solo. Plantea con toral claridad y lucidez la problemática que hace tan difícil la empresa de acabar con esta violencia que sufren tantas mujeres y de la que se habla mucho pero contra la que se hace, de verdad, poco.
Por aportar algún dato esperanzador, se van viendo progresos en la educación en materias de género. Afirma Soledad que “en la Universidad española los estudios de género ocupan un lugar periférico en la capacitación curricular, relegados a másteres o asignaturas optativas”, sin embargo se va cobrando conciencia de la necesidad de incorporar al currículo asignaturas de carácter básico o fundamental que proporcionen conocimientos sólidos sobre el tema. En la UNED, donde enseño, en el Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura, por ejemplo, hay una asignatura dentro del módulo de Formación Básica ─Género y Literatura en los Países de habla Inglesa─ obligatoria para todos los estudiantes. Es cierto que en los Departamentos de Estudios Ingleses hay, por lo general, una mayor sensibilización al tema, seguramente porque los estudios culturales y de género disfrutan ya de una larga tradición y una implantación consolidada en las universidades inglesas y norteamericanas y el contacto mutuo y la influencia se hacen notar. Del mismo modo, es normal la integración de la teoría feminista como una instancia crítica más en el estudio de muchas asignaturas en los ámbitos de la literatura, la cultura o el discurso. Todo esto hace que haya un notable número tanto de alumnas como de alumnos que elijan hacer sus trabajos de Fin de Grado desde esta perspectiva.
La literatura es un campo especialmente interesante y productivo para explorar el tema de la violencia de género porque es un arte que, a nivel estético, crea o representa microcosmos de la realidad y explora facetas del pensamiento, los discursos, las preocupaciones existenciales de su tiempo. Y, algo muy importante, la buena literatura, no obviamente el producto de consumo, encierra un importante componente ético. Como afirma el filósofo y crítico Paul Ricoeur en su obra Sí mismo como otro “la literatura constituye un amplio laboratorio donde se ensayan estimaciones, valoraciones, juicios de aprobación o de condena, por los que la narrativa sirve de propedéutica de la ética”.
Afirma Soledad con toda la razón que “es necesario profundizar en aquellos análisis que relacionen la violencia con la posición de inferioridad que se reserva a las mujeres dentro de la estructura social, política o económica de nuestro país”. El problema es que estamos insertos en una cultura saturada de violencia simbólica, una clase de violencia que, como analiza el sociólogo Michel Bourdieu en su obra La dominación masculina, arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales, apoyadas en expectativas colectivas y en creencias socialmente inculcadas; transforma las relaciones de dominación y de sumisión en relaciones afectivas; y tiene más posibilidades de imponerse como única forma de ejercer la dominación y la explotación cuanto más reprobada sea la explotación directa y brutal. Es esta violencia simbólica la que hace que, como indica Soledad, las encuestas (Barómetros del CIS) demuestren que la igualdad, como idea sea aceptada sin fisuras y sin embargo, cuando esta igualdad ha de traducirse en prácticas sociales concretas, en acciones, los parámetros de género muestren enormes resistencias.
El problema es el modo en que esta violencia simbólica afecta a las mujeres de modo que las ciega respecto a la sumisión en la que incurren. Las mujeres estamos sometidas a un continuo bombardeo de mensajes contradictorios. Tanto, que sería tema de un monográfico: una publicidad obsesivamente centrada en el cuerpo y en la seducción que reinscribe los clichés de feminidad más conservadores disfrazados de modernidad; una exaltación de la libertad sexual que luego en la intimidad se ignora o se castiga; un acceso al mundo del trabajo, a la política y a las profesiones más prestigiosas que resultan luego irreconciliables con una vida familiar en el que la pareja se limita a “ayudar” en temas y ocasiones puntuales; una exaltación de la maternidad que se castiga laboralmente con el despido encubierto o la relegación a puestos de segundo orden; un reconocimiento a la valía profesional que fuerza a renuncias personales cuando no a hacérsela perdonar en la intimidad de la pareja…
Las mujeres han escalado puestos de poder real, son una competencia laboral seria y han alcanzado, en ocasiones, una igualdad que a muchos hombres les cuesta aceptar. No estaban acostumbrados a perder y ahora de vez en cuando pierden: poder jerárquico, protagonismo, sentido de superioridad, autoridad indiscutida, juicios por custodias… No es extraño que se resistan, que se alíen, que se defiendan, en último término y a la desesperada, matando. La cultura les ha educado en ser los fuertes, los que mandaban. Todavía no ha conseguido inculcarles que son no superiores sino solo iguales. Queda un largo camino, me temo, y no poco esfuerzo. En esto es en lo que no hay que flaquear.
Feminismo, antropología y marxismo
02/01/2015
Carlos Javier Bugallo Salomón
Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.
En mi primera aportación al Debate di cuenta de cómo el sexismo se fundamenta en una concepción antropológica particular, de carácter naturalista o biologicista; concepción que es también utilizada por el racismo y el clasismo como recurso persuasivo de cara a legitimar otras tantas formas de dominación social.
Pero no basta con explicar y denunciar tales expresiones de pensamiento alienante, pues la crítica negativa sólo sirve para erigir resistencias y es incapaz por sí sola de orientar un nuevo orden de cosas. Necesitamos por ello una concepción antropológica alternativa, un discurso propositivo que afirme una forma diferente de entender la realidad humana, basada en sólidos conocimientos científicos y en una ética humanista.
Creo sinceramente que en el pensamiento marxista puede encontrarse ese tipo de antropología. Y es por ello que he hecho acopio de todas mis notas personales sobre esta cuestión para elaborar un documento donde se explique, en términos sencillos y populares, en qué consiste esta concepción del ser humano: sin apriorismos ni dogmatismos, y sólidamente argumentada.
Si bien es cierto que el feminismo debe defenderse en la sociedad civil y en las instituciones del Estado, lo mismo debe ocurrir en las cátedras del Saber. No olvidemos que toda revolución en la ‘praxis’ ha venido precedida de una revolución en el ‘logos’: tanto en la sabiduría convencional como en el sentido común de la gente.
«Clara no debe ponérselo, porque, a fin de cuentas, él se lo ha pedido por favor»
02/01/2015
Mercedes Bengoechea
Filóloga, Universidad Alcalá. Investigadora en Comunicación y Género
Me parece magnífica la síntesis del recorrido de la ley contra la violencia de género que ha presentado Soledad Murillo. Déjenme que aborde el tema desde una perspectiva diferente a las de los comentarios anteriores, no con ánimo de disentir, sino, por el contrario y humildemente, en un intento de reforzar y complementar el caleidoscopio de visiones ofrecidas.
Para ello partiré de una investigación que se realizó en 2008 en Escocia. El estudio, dirigido por Nancy Lombard, pretendía medir la percepción de distintos grados de violencia por parte de escolares de primaria de Escocia de entre 10 y 12 años(1) . Con ese fin se presentaban al alumnado diversos casos, a partir de los cuales se establecía un debate en clase. Uno de tales casos era el siguiente:
“Clara y Lucas llevan saliendo cuatro meses. A Clara le gusta mucho ponerse vaqueros con una chaleco rosa. Lucas le ha pedido a Clara que no se ponga el chaleco porque otros chicos la miran”.
Permítanme que mencione algunas de las intervenciones de las chicas en el debate:
• Puede que ella se lo ponga para que la miren; entonces es un poco “fresca”.
• A fin de cuentas, Lucas se lo ha pedido por favor.
• Pero sólo llevan saliendo cuatro meses.
• Lucas no tiene derecho a pedírselo porque aún no están casados.
• Lucas no debería pedirle eso, pero si Clara lo ama, no debe hacerle sufrir.
• Clara podría ponerse encima un jersey cuando salga con Lucas y luego quitárselo cuando salga
con sus amigas
• Podría ponérselo menos.
• Debería pensárselo, porque quizá él la deje.
A continuación figuran varios comentarios de los chicos:
• ¿Y por qué está Lucas celoso? Después de todo, es él quien sale con Clara, no los otros
chicos
• Lucas puede dar la impresión de imbécil si Clara está a su lado y los otros la miran.
• ¿Y por qué Lucas no les dice a los otros chicos que no la miren?
• Seguramente Lucas tiene miedo de que Clara vaya a dejarle.
• Si Clara disfruta con que los otros la miren, entonces Lucas tiene derecho a decirle que no
se lo ponga, porque, a fin de cuentas, es su novia.
Una lectura atenta de estas intervenciones nos indica que para los chicos y chicas del estudio, el control de la novia no se sitúa cognitivamente en el marco de abuso emocional, sino del amor. Por sus palabras, deducimos que aceptan como algo “natural” derechos de él y comportamientos inapropiados de ella. Es decir, aceptan el derecho de él al control de la novia; el derecho de él a la propiedad de la mirada sobre la novia; y la negación de la libertad de ella como sujeto autónomo: esto es lo normal cuando él la quiere.
Por otra parte, las intervenciones de los chicos refrendan algo que venimos diciendo desde hace tiempo: que el sexismo (sea o no violento físicamente, y Lucas aquí es sexista) juzga inexorables el sometimiento y la inferioridad femeninas, además de servir a los varones fundamentalmente para obtener experiencias de poder y control, reduciendo así la incertidumbre sobre su propia identidad.
Vemos también que, en general, las intervenciones de las niñas coinciden en dirigir el problema hacia ella. Las niñas ofrecen ideas que se centran casi en exclusiva en que Clara cambie de conducta. Para ellas, el abuso emocional –que no reconocen como tal– es un problema femenino y son las novias quienes deben cambiar o “negociar” su comportamiento. Unos pocos años antes de esta investigación, el Eurobarómetro de 2000 revelaba la percepción por parte de la mitad de la población europea de que las culpables de la violencia machista eran las propias víctimas. La paradoja es que también las propias víctimas se sienten responsables de la violencia contra las mujeres. De hecho, junto a la pederastia, son los únicos delitos en los que las víctimas se sienten culpables. Lo cual está en consonancia cabal con los comentarios vertidos por las chicas escocesas del estudio de Nancy Lombard.
Con toda probabilidad esa investigación daría los mismos resultados en cualquier escuela de España. Los estudios detectan que el acoso a sus parejas y la vigilancia a través de las nuevas tecnologías y los mensajes de móvil por parte de los adolescentes va en aumento. Los datos de un informe realizado por la Universidad Complutense y el Ministerio en 2011 eran aterradores (https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/colecciones) y,lamentablemente, desde entones ha crecido el número de adolescentes procesados por violencia de género. Contamos con un dato escalofriante: casi la mitad de las adolescentes de este país consideran una prueba de amor que su pareja la llame constantemente para controlar su tiempo, que no le permita llevar cierta ropa o salir con cierta gente, que se crea con derechos sobre ella.
¿Cómo es posible que, después de décadas de lucha contra la violencia de género, se mantenga esta percepción del amor unida a los derechos de ellos y las obligaciones de ellas? Podemos aventurar que, pese al acierto del planteamiento básico de la ley contra la violencia de género, hay un aspecto que la ley aborda solo de manera indirecta. Me refiero al entramado cultural, lo que Laura Freixas denominó tan acertadamente nuestra “cultura maltratadora” (http://www.lavanguardia.com/20141119/54419974481/una-cultura-maltratadora-laura-freixas.html).
La ley se centra en la protección de las víctimas que ya lo son y asume el origen indiscutible de la violencia –las relaciones de género en nuestra cultura. Para prevenirla, recomienda campañas de información e invertir en educación. Lo primero se ha llevado a cabo con relativa eficacia. Pese a las excepciones, creo sinceramente que los medios informativos en general han asumido su papel y respondido con responsabilidad histórica a la hora de informar sobre casos de violencia de género. Las políticas educativas, sin embargo, no han sido capaces de ofrecer alternativa a todo el entramado cultural responsable en último término de la violencia. Y es que, aunque existe condena expresa de la violencia física contra las mujeres, no se produce necesariamente una condena de las prácticas sociales, culturales y simbólicas que la sustentan.
Decimos a nuestros jóvenes que no está bien pegar a una chica; sin embargo, en su socialización informal videojuegos, videoclips, películas y series de televisión refuerzan reiterada, insistente y machaconamente la violencia contra las mujeres. Mientras, los medios de comunicación en el resto de sus noticias ensalzan las hazañas masculinas e ignoran las femeninas. La socialización formal, por su parte, mantiene unos contenidos educativos que han cambiado poco o nada: las mujeres permanecen ausentes del currículo (no hay pensadoras, filósofas, científicas, escritoras, pintoras, arquitectas o músicas en los contenidos educativos); la más importante institución religiosa del país continúa sin aceptar el ordenamiento femenino; la Norma lingüística censura expresiones como “niños y niñas” porque «en la palabra “niños” ya están incluidas las niñas, no hace falta mencionarlas expresamente»; las asignaturas con perspectiva de género son absolutamente minoritarias en las facultades y escuelas universitarias; y el canon filosófico-humanístico-literario ni ha variado ni se presenta críticamente. Por ejemplo, la prosa de García Márquez se exalta, presentando como excelso ejemplo estético un rito de dominación tan claro como Memoria de mis putas tristes, donde un anciano intenta, pero no logra, excitarse con una virgen de 12 años, consiguiendo finalmente una erección solo al ver a una criada de rodillas.
Me adelanto a quien pueda pensar que estoy proponiendo prohibir algún texto escolar. En absoluto. Sí propongo que se presenten críticamente. Los textos culturales nos explican a mujeres y hombres lo que somos, lo que podemos ser, lo que podemos imaginar, qué podemos hacer unos con otras y unas con otros y quién tiene poder para disponer sobre el cuerpo y la mente ajenas. Los textos nos hablan de quiénes somos en relación con los otros y las otras; también construyen nuestros deseos, nuestro placer y nuestra subjetividad. No me canso de afirmar que, si no reformulamos estos elementos culturales, analizándolos críticamente, reproduciremos la misma realidad insoportable.
La prevención continúa, pues, siendo la gran tarea a abordar por nuestra sociedad en su conjunto. Y la prevención debe ir unida al desmantelamiento de un entramado formado por artefactos culturales de muy diversa naturaleza, dado que los discursos culturales son el vehículo transmisor de la ideología de la superioridad masculina. Se empieza por dormir a las criaturitas con cuentos como La Bella Durmiente o Blanca Nieves, que mitifican la lujuria necrofílica de príncipes azules sobre mujeres inertes, a merced del varón que pase por allí, para continuar con toda una serie de narraciones, normas y discursos que van enseñando a chicas y a chicos a romper con la posible relación simétrica que pudiera establecerse entre unas y otros y a obtener placer de la anulación de la identidad femenina frente a la masculina en el amor. Ese amor asimétrico que servía de faro a las niñas escocesas del estudio y a cada una de nuestras adolescentes («si Clara le ama, no debe hacerle sufrir»).
No debe olvidarse que la violencia física es sólo el brote extremo de la sistematización de la inferioridad femenina, de su sumisión al hombre, la punta del iceberg de todo un proceso cultural de anulación femenina, en cuyo extremo figura la propia violencia física.
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(1) Nancy Lombard (2008) ‘It’s wrong for a boy to hit a girl because the girl might cry’: Investigating primary school children’s attitudes towards violence against women. In Karen Throsby and Flora Alexander (eds), Gender and Interpersonal Violence. Language, Action and Representation (Basingstone and New York: Palgrave Macmillan). 121-138.
Los peligros teóricos del feminismo
27/12/2014
Carlos Javier Bugallo Salomón
Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.
Me alegra mucho el vuelo que ha tomado la discusión sobre la violencia de género y el feminismo con este Debate promovido por Público.es, al que sin duda le ha prestado mucha fuerza el estupendo Documento programático elaborado por Vicenç Navaro y Juan Torres para Podemos, y al que esperamos le sigan más propuestas desde otras fuerzas de izquierda. Lo bueno de los debates es que no sólo nos permiten avanzar en la comprensión de los problemas sociales, sino también darnos cuenta de nuestras carencias e, incluso, de nuestros errores. Todos sin excepción somos reos de tales culpas.
Desde esta confesión de humildad, me permito lanzar una crítica constructiva a un reciente artículo, publicado en Público.es, y elaborado por las activistas de Podemos Aitana Garí Pérez y Alicia Muñoz Sánchez (“Podemos necesita feminismos”, 26/12/2014), en el que se realiza la siguiente afirmación con la que discrepo: “Igualmente importante es incorporar la forma de deliberar, trabajar y militar de las mujeres feministas, porque es mucho más cooperativa que la usual actividad política masculinizada basada en una competitividad exacerbada”. Y no estoy de acuerdo por dos importantes razones.
En primer lugar, porque hablar de “la usual actividad política masculinizada” supone culpar a TODOS los hombres de una forma de praxis que muchos varones condenamos y de la que no queremos participar.
En segundo lugar, porque este tipo de discurso incurre en una sublimación acerca del comportamiento femenino. En efecto, si bien las mujeres, en cuanto grupo potencial o realmente sometido a los hombres, aprende de esta experiencia a desarrollar un espíritu de independencia, de crítica y de rebelión, no es menos cierto que, al igual que ocurre con los hombres que viven sometidos al yugo del trabajo asalariado, la sumisión también incentiva actitudes de servilismo, arribismo y un egoísmo atroz. Por desgracia ni los hombres ni las mujeres son inmunes a estas debilidades del espíritu.
El feminismo no necesita, para demostrar su verdad y su necesidad, de este tipo de mixtificaciones sobre la mujer, alentando una supuesta superioridad de la mujer sobre el hombre que choca de plano con el mensaje igualitario que muchos defendemos. No obstante, el resto del artículo mencionado me pareció estupendo.
La dinámica del sometimiento
22/12/2014
Julia Pérez
Unión de Asociaciones Familiares. UNAL
Compartimos el planteamiento de Soledad Murillo sobre la violencia de género como manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, así como sus valoraciones sobre la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, sobre los cambios legislativos absolutamente lesivos para las víctimas y la degradación de la igualdad mediante el alejamiento de la coeducación y la privación de recursos.
Nos gustaría detenernos en el asunto de la mediación, en el que somos una organización experta y pionera en España, para expresar con rotundidad que la mediación es incompatible con los casos de violencia de género. La propia naturaleza de la mediación, como vía de gestión pacífica de los conflictos, requiere que ambas partes puedan expresar su voluntad libremente para negociar y esto no es posible cuando la violencia se ha instalado como dinámica de sometimiento, desequilibrando el poder y anulando la voluntad de una de las partes. Un impedimento que no reside ni en el tipo de violencia ni en su grado sino en los efectos psicológicos de quien la padece, ya que le incapacitan para negociar en igualdad de condiciones.
Otra cuestión que resulta de vital importancia es la consideración de los hijos e hijas como víctimas directas de la violencia de género, algo que debería tenerse en cuenta en las medidas y resoluciones judiciales, que a menudo establecen visitas del agresor en puntos de encuentro, incluso en casos de asesinato, con la consiguiente desprotección y grave daño psicológico para los y las menores.
En este sentido, denunciamos la práctica judicial que se está desarrollando en materia de violencia de género en nuestro país y que se debe a la falta de igualdad y a la persistencia del machismo en nuestra sociedad e instituciones. No en vano, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) condenaba recientemente a España por negligencia al no proteger a una mujer víctima de violencia de género y a su hija y recomendaba que se restringieran las custodias y visitas en casos de malos tratos así como que jueces, fiscales, abogados de oficio y equipos psicosociales recibieran formación especializada para eliminar los estereotipos de género con el fin de proteger a las víctimas.
Esto debe ir acompañado por políticas que fomenten la coeducación desde edades tempranas, y no una educación segregada, que no hace sino incidir en los roles de género y menoscabar cualquier posibilidad de construir una sociedad igualitaria y libre de violencia machista.
Las dos caras de la violencia de género
16/12/2014
Carlos Javier Bugallo Salomón
Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.
Seguí el estupendo debate sobre la violencia de género retransmitido por Público.TV, y en él se planteó la disyuntiva de si este gravísimo problema respondía a causas subjetivas u objetivas. En mi opinión a ambas cosas, como ocurre con todo fenómeno social.
Por un lado la violencia de género se sustenta en unas relaciones sociales de dominación objetivas, y que llevan impreso, en dosis variables, el marchamo de la discriminación, la segregación y la exclusión. Por otro lado estas relaciones sociales son resultado, y a la vez causa, de fenómenos cognitivos y emocionales que guían todo comportamiento humano.
En relación con el aspecto cognitivo habría que plantear el papel que instituciones como la familia, la escuela, los medios de comunicación y la Iglesia juegan a la hora de elaborar y propagar los estereotipos y las justificaciones que alimentan la violencia de género.
Y en relación con el aspecto afectivo, este es tan universal y general que transciende (aunque es influido por) las determinaciones del capitalismo y el patriarcado. Como bien ha enseñado Daniel Goleman, tradicionalmente la educación se ha basado muy principalmente en la transmisión de conocimientos y habilidades, habiéndose marginado la comprensión de la vida afectiva de las personas; y quien no conoce y no sabe administrar sus sentimientos, termina siendo víctima de ellos.
En fin, si bien la denuncia y supresión de las relaciones sociales de dominación patriarcal son el camino más eficaz para acabar con la violencia de género, se ve necesario incidir en los aspectos subjetivos de cara a lograr un resultado que sea, a la vez, rápido, completo y permanente. Los instrumentos coactivos y penales, aunque necesarios, no bastan.
El largo camino oculto de la ley de la violencia
15/12/2014
Lidia Falcón
Abogada, escritora y feminista
La campaña continuada de promoción y elogios que el PSOE ha dedicado a publicitar la Ley Orgánica de Medidas Integrales de Violencia de Género –y el nombre ya no es inocente puesto que quien no sea entendido no puede descifrar a que tema se refiere- como el mejor instrumento para proteger a las mujeres maltratadas, ha logrado el efecto deseado: que se considere una legislación perfecta, primera en su género (este sí) y que podría ser perfectamente eficaz si el gobierno comandado por el Partido Popular y una serie de funcionarios machistas no la sabotearan.
Esta argumentación se repite desde hace tres años, sin que las organizaciones mujeres vinculadas al PSOE tengan la honradez de reconocer que después de que la Ley cumpla éste diez años la violencia no ha descendido un ápice desde su implementación. El resto de los partidos de izquierda sienten la más inalterable indiferencia por el tema. Y solamente sectores del Movimiento Feminista que no hemos sido nunca adeptas a la mencionada ley pedimos, insistentemente y sin ningún éxito, una reforma fundamental para hacerla realmente útil en la prevención y punición del delito.
En la defensa de la ley coinciden sospechosamente tanto el PSOE como el PP. El primero porque se atribuye el mérito de haberla redactado y de haberla consensuado con tanto éxito que consiguió hacerla aprobar por unanimidad de todos los partidos. El segundo porque teniendo poca o ninguna voluntad de luchar contra la masacre de las mujeres, ya le va bien una legislación incompleta, mal redactada y de objetivos ambiguos como esta.
Pero el currículum oculto de la norma, que va a tener el dudoso mérito de ser la más inútil de todas las que se han aprobado en el periodo democrático, es mucho más largo y complejo de lo que publicitan sus adeptas y supuestas autoras.
En 1983 regresé de EEUU con un proyecto de ley de violencia, inspirado entonces en la que regía en el Estado de Nueva York, con el propósito de hacerla aprobar en España. Diez años tardamos desde el Partido Feminista que llegara el proyecto a la mesa del Consejo de Ministros, porque los sucesivos gobiernos del PSOE, recién triunfante en las elecciones, ni siquiera quisieron mirarlo. Solo cuando Cristina Alberdi fue Ministra de Asuntos Sociales ella se atrevió a presentar el texto que habíamos elaborado, sin éxito tampoco porque los ilustres ministros socialistas consideraron que con aquellas normas se estaba perjudicando a los hombres. Y se acabó la legislatura.
A partir de ese momento, la indiferencia y el desinterés que por el tema habían mostrado las notables dirigentes del PSOE, se tornó en activismo e impaciencia para impulsar la aprobación de la ley, como uno de los motivos importantes con los que hacer oposición. El proyecto de ley que habíamos elaborado concienzudamente entre el Partido Feminista de Euskadi, el Partit Feminista de Catalunya, el Partit Feminista de Valencia y diversos colectivos feministas con los que nos reunimos y con las aportaciones de abogadas y fiscalas a las que pedimos su consejo, fue tratado por las diputadas del Grupo socialista con el desdén y la displicencia que utilizan contra nosotras. Fueron inútiles nuestros argumentos, el proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados adolecía ya de los defectos que padece la que se aprobó en 2004, cuando habiendo ganado las elecciones Rodríguez Zapatero, en un alarde de feminismo, la asumió y la defendió.
El resultado lo padecemos ahora. La ley aprobada posee una larga, farragosa y flatulenta Exposición de Motivos en la que se describe la llamada violencia de género que da lugar a que el artículo 1 considere que esa violencia es especial y única cuando la ejerce el hombre casado o ajuntado permanentemente con la víctima, por la actitud de preeminencia y opresión que, históricamente, los hombres han adoptado frente a las mujeres. El resultado ha sido que los jueces, con doctrina del Tribunal Supremo incluso, pueden pedirle –y de hecho lo hacen a menudo- a la denunciante que demuestre que el maltrato se ha producido por el desprecio que el marido siente contra ella. Tan difícil prueba de una actitud más que de una conducta, negada por supuesto por el maltratador, lleva a la absolución a la mayoría de los casos. Cómo la Ley no exige que la mujer tenga el asesoramiento legal desde el momento de la denuncia, sino que es el denunciado el que lo debe disfrutar, en la policía y en las declaraciones subsiguientes en los juzgados como a los juicios rápidos la víctima suele ir sola.
El resultado es que el 55% de las denuncias se archiva en el juzgado sin más trámite. Del 45% restante se condena al 70%, mediante una componenda entre el fiscal y el abogado del maltratador. Con lo que únicamente el 38% de los denunciados son condenados, y a penas que no exceden de 2 años, con lo que no se cumplen, sustituidas por una ficción llamada “trabajos en beneficio de la comunidad” que nadie sabe en qué consisten. En un estudio realizado por unas profesoras de la Universidad de Barcelona se sacó la conclusión de que una mujer maltratada solo tiene un 6% de posibilidades de ver a su verdugo en la cárcel.
Añadamos aquí el pecado capital de la Ley: Sólo ampara, como he dicho a la mujer que tenga un vínculo sentimental con el maltratador. Ninguna otra: madre, hermana, cuñada, suegra, hija, vecina, desconocida o prostituta es digna de ser tenida en cuenta para aplicarle los beneficios de la Ley.
En este año, que aún no acaba, 30 mujeres han sido asesinadas por sus hijos, una de ellas lo fue por el marido y el hijo, pero no entraron en el catálogo de víctimas de violencia de género porque la Ley no las incluye. Al ser la madre, y no tener ninguna relación sentimental con el asesino no merecen la protección legal.
Un tío estuvo acosando sexualmente a su sobrina de 13 años hasta que, ante su rechazo, la asesinó. Esa niña no es víctima de violencia de género al no ser ni la esposa ni la pareja estable del criminal.
Los niños asesinados por su padre, como los de José Bretón, las niñas Andrea, Amets y Sara, por mencionar únicamente los más recientes, cuyas madres pidieron repetidas veces protección judicial, sin obtenerla, no eran merecedores del amparo de la Ley, ya que no constituían la pareja del verdugo.
Decenas de mujeres prostituidas son asesinadas cada año por su proxeneta, chulo, macarra o cliente, sin que entren en la fúnebre lista de víctimas de violencia de género, porque ninguna relación sentimental las unía a su asesino.
Cientos de miles de mujeres, adolescentes y niñas son traficadas para la prostitución en España. Los cálculos conservadores dicen que 500.000 cada año entran por todas las fronteras para ser vendidas y esclavizadas en nuestro país y en el resto de Europa. Pero tales delitos no constituyen violencia de género, sino el más específico de trata con fines de explotación sexual, porque al parecer esas mujeres no pueden ser consideradas igual que las demás víctimas de violencia de género.
Una muchacha era víctima del acoso sexual de un vecino que la perseguía en la escalera, en el vestíbulo de la finca y en el ascensor. Después de denunciarlo, únicamente se le condenó a una multa en un juicio de faltas y siguió viviendo en el mismo rellano de la finca donde la joven lo veía cada día. No se dictó orden de alejamiento porque no era víctima de violencia de género.
UGT publica cada año un informe en el que afirma que el 75% de las trabajadoras sufre acoso sexual en el trabajo. Pero estas no son víctimas de violencia de género, por tanto no merecen protección especial.
Por supuesto la violencia económica, la laboral y la institucional no tienen cabida en el texto legal. Así, los jueces y fiscales, los policías y Guardias Civiles que no atienden las denuncias, que se niegan a tramitar los procesos, que archivan las causas de maltrato, que absuelven al acusado por falta de pruebas sin realizar una investigación profunda de la situación de la maltratada, no tienen ninguna responsabilidad en el asesinato de la víctima después de que esta haya acudido en repetidas ocasiones a solicitar el amparo judicial.
Cientos de policías no atienden las denuncias de maltrato interpuestas por las víctimas, a las que aconsejan que no inicien un proceso que destrozará a la familia, llevará a su marido a la cárcel y dejará a los hijos sin padre. Pero esos funcionarios no son responsables de causar violencia alguna a las que acuden en busca de amparo institucional.
Miles de honrados ciudadanos y ciudadanas escuchan desde su casa los golpes y gritos de alguna vecina que es brutalmente apaleada por su marido sin que intervengan para detener la agresión, ni aún telefoneen a la policía escudándose en el anonimato. Cuando la víctima es asesinada se atreven a declarar en la televisión que el crimen “se veía venir dadas las palizas que recibía la mujer”, sin que puedan ser denunciados por denegación de auxilio, delito que sí existe para quien no ayuda a un accidentado en carretera.
Porque ninguna de estas violencias está recogida en la que, con todo descaro, llaman “Ley Integral de Violencia de Género”. Y por tanto no pasan a engrosar el número de víctimas que conmemoramos cada 25 de noviembre.
Miles de esposas son despojadas de su casa y de toda ayuda económica y miles de madres están sufriendo la retirada de la custodia de sus hijos, en procesos de divorcio sentenciados por jueces y juezas machistas, a los que esa espúrea invención del SAP (Síndrome de Alienación Parental) ha convencido de la maldad intrínseca de las mujeres, después de que forenses, psicólogos y asistentes sociales hayan emitido dictámenes aprobando la conducta del marido y repudiado la de la esposa. Pero nadie puede acusar de violencia institucional a tales funcionarios de la Administración de Justicia, simplemente porque tal delito no existe en el articulado de la ley.
Cientos de miles de trabajadoras son despedidas por el empresario cuando quedan embarazadas, cuando no atienden los requerimientos sexuales de su jefe o de otro trabajador con influencia en la empresa o cuando interesa amortizar un puesto de trabajo, y millones de empleadas de todas las clases perciben hasta un 30 y 40% menos de sueldo que sus compañeros varones en el mismo puesto de trabajo. Pero tal discriminación no puede catalogarse como violencia de género.
Pero el defecto más grave que puede atribuirse a la dichosa Ley es que mantiene la exigencia de la carga de la prueba sobre la víctima, del mismo modo que la Ley de Trata con Fines de explotación sexual. Y con tales mimbres es imposible construir el cesto. La ONU ha declarado que “la violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo”. Y como tal, como crimen encubierto que se produce en la intimidad del domicilio común o del prostíbulo es el más difícil de probar. Mientras los sabihondos juristas de este país no cambien el mantra de la presunción de inocencia en estos delitos como han hecho con la ley laboral y, sorprendentemente, con la Ley de Igualdad, no será posible avanzar en la protección de las mujeres.
Al mismo tiempo las estadísticas son engañosas. El número de las que se dicen asesinadas es falso. Las que mueren después de meses de haber sufrido diversas heridas por la mano de su verdugo no se cuentan en esa macabra lista. Las que se suicidan en la desesperación de no encontrar salida a su angustiosa situación no se inscriben en la cuenta. Las que mueren por enfermedades producidas por el maltrato no existen como víctimas de violencia de “género”.
Por supuesto, a los imperativos legales se añaden las carencias económicas y estructurales. En una Administración de Justicia en la que muchos juzgados no tienen fotocopiadora, en los que se amontonan los expedientes en las estanterías, en el suelo, en el váter, en los pasillos, doblados por la humedad y corroídos por las ratas. Donde el agente judicial a veces no puede salir a entregar las citaciones porque no tiene dinero para el autobús. Donde faltan jueces, fiscales, oficiales, trabajadoras sociales, forenses y hasta policías. Donde, debido, a esta timorata distribución territorial de las competencias judiciales se han instalado SEIS sistemas informáticos diferentes en las diferentes Comunidades, que son incompatibles entre sí, es imposible pensar que se va a proteger a las mujeres maltratadas ni aún a administrar justicia.
En comisarías donde el minúsculo vestíbulo impide separar a la víctima del verdugo, donde el agente o el número de la Guardia Civil apenas saber escribir, ni en el ordenador ni a mano, y en unas instituciones donde apenas se dan cursos de preparación al tema, obviado el feminismo como un peligro, es imposible esperar protección para las más indefensas e ignorantes.
En tales condiciones, la realidad siempre es más tozuda que la ideología y los intereses partidarios y electorales, resulta imposible asegurar que la Ley de Violencia de Género es buena y que su recorrido en estos diez años, con 775 asesinadas, ha sido un éxito.
Leyes que no se cumplen
11/12/2014
Soledad Muruaga
Presidenta de la Asociación Mujeres para la Salud. Socióloga., directora de AMS, activista feminista
Como afirma Soledad Murillo, la falta de libertad y de autonomía de las mujeres, son la base de la existencia de la violencia de género que ejercen los hombres contra éstas.
En nuestro país, los datos indican que un 20% de los hombres ejercen violencia contra sus parejas afectivas, mientras sólo un 2% de las mujeres lo hacen. Más del 90% de las víctimas son mujeres, y más del 90% de los agresores son hombres.
Pero está comprobado que, antes de la violencia física, se producen una serie de comportamientos interactivos dentro de la pareja, que son muy difíciles de percibir como violencias. Someter a una mujer, día tras día, a la violencia psicológica consigue provocar en ella inhibición, desconfianza en sí misma, y disminución de su autoestima, además de sentimientos de desvalimiento, confusión, culpa y dudas. La educación sexista que establece la división jerárquica de roles masculino y femenino dentro de una sociedad patriarcal son los causantes de la violencia contra las mujeres o la violencia de género.
Basándome en mi experiencia como psicóloga feminista especializada en el trabajo terapéutico con mujeres víctimas de violencia de género, para que una víctima pueda recuperar su dignidad y autonomía, necesita también reconocimiento social y justicia.
Reconocimiento social significa que la víctima sea creída y reconocida como tal, con todo el respeto por su entorno, por todas las instituciones y por la sociedad. Cuando se pone en duda o se niega la credibilidad de sus vivencias y de sus agresiones, se les está volviendo a victimizar una y otra vez, provocándole nuevos sufrimientos, que pueden superar incluso al producido por la propia agresión.
Las víctimas también necesitan la intervención de un Estado democrático y la existencia de leyes justas que nos protejan a las mujeres de las barbaries de los desalmados; es decir, el reconocimiento legal de la responsabilidad de sus agresores, unido a una reparación por el daño sufrido.
El problema de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, es que no se está aplicando correctamente. No se cumplen aspectos tan importantes como la formación en género a los y las profesionales involucrad@s, ni se educa en igualdad a las niñas y niños en las escuelas , incluso, se ha prescindido de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que trataba, entre otros temas de convivencia y respeto de los derechos humanos, la violencia de género y la igualdad entre hombres y mujeres
Por otro lado, es frecuente que familias con un historial de violencia a menudo acaben en divorcio con custodia de l@s hij@s como tema de litigio.
Determinar qué progenitor debería tener la custodia cuando no se ponen de acuerdo no es fácil. L@s profesionales de los tribunales que no tienen formación de género, fallan demasiadas veces a la hora de reconocer que el litigio por custodia puede convertirse en un vehículo mediante el cual los maltratadores y los abusadores de niños y niñas intenten extender o mantener su control y autoridad sobre sus víctimas tras la disolución del matrimonio.
Uno de principales mitos inventados por los neomachistas contra las madres para retirarles la custodia, es el llamado Síndrome de Alienación Parental
El Dr. Richard Gardner, el creador de este falso síndrome, lo desarrolló mientras trabajaba como asesor para hombres acusados de abusar sexualmente de sus hij@s, y sirve como una teoría de defensa para refutar las denuncias de abuso sexual infantil.
Gardner consideraba que el SAP era un desorden psiquiátrico que aparecía en el curso de las disputas por custodia de un/a menor . Considera a l@s menores como enferm@s y al padre como protector . Por ejemplo cuando una madre muestra su preocupación por los abusos que pueda estar sufriendo su hij@, recomienda conceder la custodia exclusiva al otro progenitor, el que la niña o niño afirmaba que está abusando de ella o él. De esta manera, la cura principal de l@s menores para esta supuesta enfermedad mental es ponerle más tiempo en manos del presunto agresor mientras se les reduce o interrumpe por completo cualquier contacto con el progenitor protector.
En cuanto al tratamiento para la recuperación de los maltratadores, habría que distinguir las diferencias entre los dos modelos de intervención con hombres que ejercen la violencia contra sus parejas: los modelos específicos y los modelos técnicos o inespecíficos.
Los modelos específicos (HEVPA), tienen como eje fundamental la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y la detención, disminución y eliminación de esta violencia, así como de las posibilidades de su reincidencia. Está enfocado a que los hombres asuman la responsabilidad de la violencia ejercida, siendo el componente cognitivo el centro del cambio y de la eficacia del HEVPA. En cambio , los modelos técnicos, aplican metodologías comunes a otras problemáticas, sin considerar la especificidad del fenómeno de la violencia de género, desdibujan la responsabilidad del maltratador, tratando preferentemente el control de su ira, sin cuestionar sus cogniciones machistas sobre las mujeres.
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Lecturas relacionadas sobre violencia de género en LA BOLETINA, www.mujeresparalasalud.org
Relaciones de poder
05/12/2014
Francisco Abril
Presidente de Homes Igualitaris y miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AIHGE)
La violencia de hombres contra mujeres es un problema internacional de salud pública y de derechos humanos. Un 35% de las mujeres del mundo entero han sido víctimas de violencia física y/o sexual, por parte de su pareja o de otros hombres que no son su pareja. Frecuentemente, la violencia de los hombres contra las mujeres comienza en la infancia y representa parte de la socialización masculina. Muchos muchachos son socializados a creer que las mujeres y niñas tienen obligaciones con ellos: cuidar de la casa, cuidar de los hijos/as, tener relaciones sexuales con ellos, aún cuando ellas no quieren. Así, Los hombres, sobre todo jóvenes, son más propensos a usar la violencia que cualquier otro grupo. La violencia de los hombres contra las mujeres se ejerce, principalmente, en el espacio privado y las relaciones de pareja. Su inicio tiene lugar, muchas veces, en las parejas más jóvenes.
Algunos hombres también son víctimas de la violencia machista. Las sociedades patriarcales ponen el énfasis en la competencia entre hombres. Los hombres que no “encajan” en los patrones patriarcales suelen ser insultados, violentados o asesinados. La homofobia es un grave problema en muchas sociedades. La investigación empírica ha constatado la hipótesis de los recursos según la cual el poder es el eje central, explicativo, de la violencia: tener el poder y por tanto pensar que se tiene derecho o ver el poder amenazado.
Los hombres son violentos cuando se sienten amenazados por la pérdida de su status o cuando creen que tienen derecho a mantener su poder mediante la violencia. Esta hipótesis se sustenta en los principios de las sociedades patriarcales donde los hombres dominan a las mujeres y utilizan la violencia (simbólica, física o psicológica) para mantener su dominio. Últimamente, otros estudios destacan, en sentido contrario, la hipótesis del empoderamiento de las mujeres. De esta forma, las mujeres empoderadas y la igualdad de género entre hombres y mujeres reducen la violencia de género. Así la desigualdad de género es un elemento crucial y explicativo de la violencia.
En este sentido, hay estudios que han constatado que la igualdad de género reduce la violencia. Así, las familias no igualitarias y/o dominadas por el padre son a menudo más violentas comparadas con las familias o hogares igualitarios. Además, la violencia contra los/las niños/as es menos frecuente en los hogares igualitarios que en los no igualitarios. De esta forma se destaca que la igualdad de género aparece como el factor principal que reduce la violencia contra los/las niños/as y las mujeres. Por tanto, la igualdad de género es un factor de protección.
El mensaje es claro si se quiere reducir la violencia de género un factor a tener en cuenta es fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. A través, por ejemplo, del empoderamiento de las mujeres y también permitir y ayudar a los chicos y hombres a analizar críticamente los modelos de relaciones de género que les son enseñados.
Más información
Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence OMS Junio 2013
Día contra la Homofobia: El drama silencioso del acoso escolar
La violencia machista sobrevive en las parejas más jóvenes
Holter, G. (2013). Masculinities, gender equality and violence. Masculinities and Social Change , 2 (1), 5181
La cara brutal de la violencia patriarcal
02/12/2014
Eulalia Lledó
Filóloga, investigadora de los sesgos sexistas e ideológicos de la Lengüa
La iluminadora ponencia previa de Soledad Murillo habla de una serie de elementos conformardores de la violencia machista que imprescindiblemente hay que tener en cuenta. Entre otros, afirmar que las relaciones personales, especialmente, las de pareja son relaciones de poder; que este tipo de violencia afecta al ámbito privado y al público; que es erróneo considerar que las mujeres son un colectivo o que sus problemas son inherentes al hecho de ser mujeres, así como la confusión entre derechos y necesidades. Incide en las dificultades para afrontar los procesos judiciales, entre ellas, la percepción de que la denuncia es un gran fracaso, el miedo, o, en otro orden de cosas, por ejemplo, los infundios sobre falsas denuncias
Al hilo de la ponencia, aprovecho el espacio disponible para enumerar sucintamente algunos aspectos ligados a ella o a otros que creo que son interesantes.
* La violencia de género (sigo la terminología de Murillo) es la cara más brutal de la violencia patriarcal. Es un extremo del continuum en que se insertan, por ejemplo, la feminización de la pobreza, los comentarios misóginos o el tratamiento del cuerpo de las mujeres en la publicidad, o que la presencia y el hacer de las mujeres, en general, de las profesionales, en concreto, no tenga apenas representación.
* La violencia de género no es algo que (extendida visión femenina) les pase a “otras”, todas estamos cerca de ella y vivimos en nuestra piel casos más o menos graves. No les pasa a “las mujeres” (extendida visión masculina); desde el momento en que ambos sexos están involucrados, es una violencia que atañe e interpela a todo el mundo. (En un anexo, tres ejemplos ilustrativos de distintos ámbitos inciden en la universalidad y cercanía de este tipo de violencia; el continuum del que se habla en el punto anterior.) Pensar que es una “cosa” o un “problema” de las mujeres, es lo mismo que pensar que la violencia ejercida sobre la población en las guerras es un problema de dicha población y no de los ejércitos ni de las guerras.
* Ligado a la idea de fracaso, se constata que estas agresiones y crímenes son los únicos en los que son las víctimas la que se avergüenzan o esconden y no quienes los perpetran (en el continuum, hay que insertar ataques verbales que tantas veces avergüenzan a las mujeres y no a quienes los emiten; chistes machistas en que si no te ríes es porque no tienes sentido del humor, etc.).
* No es raro, pues, que las mujeres sean remisas a denunciar. A esto, a la sensación de fracaso y culpabilidad (su agresor no es un extraño sino el ser a quien está ligada sentimentalmente), se le tiene que sumar la silenciada desprotección en que suelen quedar después de denunciar.
*Es un lugar común afirmar que las leyes fallan puesto que la violencia es un rayo que no cesa. Nadie espera que las penas, por ejemplo, contra los atracos, los impidan. Las leyes inciden sobre todo en el castigo no en la prevención. Las medidas de prevención son de otro orden.
* Para finalizar, cuando los medios informan de un atraco, de un robo, etc., no postulan que la razón del mismo, que la causa sea, por ejemplo, el hambre o la desesperación. Prescinden de hablar de la causa y se limitan a dar cuenta del delito. Es interesante ver que no se usa el mismo criterio cuando se informa de un maltrato.
Un apunte de lengua. Murillo opta —y explica por qué— por la expresión “violencia de género”; una expresión controvertida. Sin ánimo de criticarla pero para mostrar alguna otra opción y la riqueza que conlleva el debate, en el antes anunciado anexo, se citan una serie de fragmentos altamente interesantes de una ley catalana que, para abordar y explicar este tipo de violencia, opta por la expresión “violència masclista”.
Cuando la igualdad llegue a la democracia
28/11/2014
Miguel Lorente Acosta
Médico, profesor universitario, Delegado del Gobierno para la Violencia de Género
Antes de iniciar mis comentarios quiero felicitar a Soledad Murillo por el texto tan sugerente y estimulante que ha compartido. Me parece muy completo y amplio en el abordaje de las cuestiones planteadas, y centrado en elementos clave, tanto para entender la esencia de las medidas desarrolladas como para comprender las reacciones y críticas que se han levantado ante las iniciativas.
Mi intervención podría iniciarla con otra pregunta planteada alrededor de la que nos traslada Soledad, ¿ha llegado el ejercicio democrático basado en el respeto mutuo a la idea de democracia que tenemos?, o lo que es lo mismo, ¿ha llegado la igualdad a la democracia?
A lo largo de los siguientes párrafos trataré de dar algunas referencias en ese sentido, siempre a partir del texto de Soledad Murillo.
1. DESIGUALDAD Y DEMOCRACIA
Para mí la respuesta a las preguntas que he lanzado antes es clara: aún no hemos traído la democracia a nuestra forma de pensar y sentir la realidad, ni para posicionarnos de manera activa ante ella. Lo que hemos hecho ha sido dotarnos de mecanismos formales para dar sentido a las decisiones adoptadas y justificaciones a lo alcanzado. Pero al igual que se dice de muchas religiones, se trata más de un ritual basado en esa fe ciudadana sobre lo que representa la democracia, que una verdadera democracia.
La democracia, como bien apunta Soledad Murillo, exige la Igualdad como valor y como principio, y una sociedad basada en una cultura construida sobre al desigualdad hombre-mujer y jerarquizada sobre referencias de poder, no puede considerarse democrática en su esencia, ni en su día a día, y menos aún en su “andar por casa”, aunque cumpla con todos sus ritos.
Por eso, los mecanismos dirigidos a conseguir esa democracia del respeto son considerados como un ataque al orden establecido, y por ello la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LIVG), se ve como una injusticia en sí misma y levanta rechazo en todos los sectores: judicial, legislativo, ejecutivo y social, aunque este rechazo se matice formalmente y se manifieste de forma diferente según el momento y sus oportunidades.
No se critica que se actúe contra la violencia de género, lo que se cuestiona es que se haga específicamente sobre las referencias que ha puesto de manifiesto el feminismo al incorporar la perspectiva de género en el análisis de la realidad. En definitiva, lo que revelan estas críticas a la LIVG es la construcción de poder basada en las referencias dada por los hombres, la defensa de los privilegios que proporciona, y la injusticia antidemocrática que supone.
Reducir las violencia de género a las circunstancias domésticas o familiares es una forma de ocultarla en esos contextos y de apartarla de la sociedad y de lo público, pero sobre todo, es negar la mayor, es decir, no reconocer que la desigualdad está en su origen.
Los planteamientos tradicionales del patriarcado intentan mantener las referencias que tantas ventajas y beneficios les han proporcionado a lo largo de la historia, y para ello insisten en varias ideas para apartar el problema de la desigualdad y del espacio público. Dos de estas ideas, comentadas por Soledad Murillo, son:
1. Limitar la violencia de género a un problema privado, y dejar que sea lo privado el que actúe como solución. Se trata de una estrategia cargada de perversidad y similar a la que ha prevalecido siempre a lo largo de la historia. No nace de un planteamiento nuevo, sino de un refuerzo de las referencias históricas que juegan con los contextos y con la propia identidad de hombres y mujeres. Es decir, de las referencias que llevan a las mujeres a considerar que la violencia de género está en su propia actitud y conducta, tal y como se dice desde la propia construcción cultural sobre el tema, y tal y como refuerza el agresor al justificar la violencia. Estas ideas son las que llevan a las mujeres a pensar que la ellas mismas deben “sacrificarse” para salvar la relación y a los hijos e hijas, y las que hacen que la sociedad cuestione o dude sobre la propia decisión de denunciar esta violencia, posición que facilita que se acepte sin a penas cuestionamiento el mito de las “denuncias falsas”.
De hecho en la actualidad, a pesar de todas las políticas y recursos que se han puesto en marcha en los últimos años, las mujeres que denuncian representan el 22% de todos los casos que se producen cada año (Datos de la macroencuesta 2011).
2. Considerar la violencia de género como el problema de un “colectivo”. Y se hace sobre un doble argumento que se refuerzan mutuamente. Por un lado, porque entiende que las mujeres forman parte de un “colectivo”, tal y como explica Soledad Murillo, y por otro, porque no quiere entenderse como un problema de las mujeres en general y de toda la sociedad, sino de “algunas mujeres”. Para estos planteamientos el problema radica en aquellas mujeres que “rompen con sus roles tradicionales” y faltan a esa identidad de mujer elaborada sobre las funciones de “esposa, madre y ama de casa”. Para estos planteamientos las mujeres que no abandonan sus roles, o aquellas otras que asumen responsabilidades fuera del hogar y las compatibilizan con sus funciones de “esposas, madres y amas de casa”, no tienen problemas.
Por lo tanto, según las explicaciones tradicionales de la violencia de género, las mujeres que la sufren “han hecho algo mal”, pues no todas las mujeres la sufren. De este modo refuerzan dos argumentos que continúan pesando en nuestros días: el de la culpa de las mujeres, y el de la “provocación”.
Sobre estos razonamientos las políticas que se ponen en marcha van dirigidas a paliar algunos de los resultados, son “políticas paliativas” que buscan el control de la situación sobre el orden establecido y en consonancia con la actitud crítica de la sociedad en cada momento. Sólo se aborda aquello que quede por encima de un umbral que se establece como límite de lo normal, umbral que es el que permite que continúe la desigualdad, el poder construido sobre ella, y todos los mecanismos de control establecidos para perpetuarlo, entre ellos la violencia contra las mujeres. No interesa ir a las causas de esta violencia y de tantos otros problemas, pues hacerlo significaría tener que abordar de frente la desigualdad y su injusticia social.
Por eso, con relación a las políticas dirigidas a las mujeres, al margen de su fragmentación entre competencias como las de Educación, Salud, Política Social… luego se trata de difuminarlas o esconderlas con argumentos que se presentan como una superación del mensaje clásico de la desigualdad. En esta línea, hace unos años, al hablar de políticas para corregir la desigualdad, desde posiciones conservadoras se dice que “no hay que hablar de desigualdad, sino de discriminación”; y luego puntualizan, “y no de discriminación de género, sino de todas las formas de discriminación, puesto que todas son importantes”. Si nos fijamos, es la mima idea que insiste en que no hay que hablar de violencia de género, sino de todas las formas de violencia. De este modo de nuevo se oculta el origen de la desigualdad y no se hace nada hasta que no se manifieste en determinadas formas de discriminación, las cuales como resultado objetivo deben ser abordadas en su conjunto, no unas sobre otras. La desigualdad hombres-mujeres queda diluida y escondida detrás de determinados resultados que a su vez se sitúan al mismo nivel de otros resultados con causas y circunstancias muy diferentes, las cuales tomarán prioridad según la intensidad del resultado y el valor que se dé en cada momento, no respecto al significado y a los valores que guardan en su origen.
Todo ello lleva a que cuando se ponen en marcha políticas de igualdad sean entendidas como “políticas para las mujeres”, y como la referencia cultural universal es la masculina, en lugar de verlas como una forma de resolver problemas de la sociedad, se entiendan dirigidas para esos “grupos o colectivos” con problemas. La situación llega hasta el límite de que muchos tratan incluso de presentarlas como políticas que “le quitan el dinero” a otras políticas que irían dirigidas a menores, hombres, ancianos, personas discriminadas…
2. IGUALDAD Y DEMOCRACIA
No hay democracia sin igualdad, y no puede haber igualdad en la sociedad sin democracia. Esta es la esencia de la discusión. Podría discutirse cuál es el margen para el resto de principios y valores (libertad, justicia, dignidad…) pero el que determina la esencia de la democracia que llevó a romper con la formalidad de las jerarquías y status que tenían el poder de decisión sobre toda la sociedad, fue el de la igualdad a través de la propia idea de democracia. Sin embargo, esas mismas jerarquías de poder que cedieron espacio en lo formal son las mismas que lo han mantenido en lo funcional y en la organización de la convivencia, de hecho sólo hay ver el tiempo que se ha tardado para que las mujeres pudieran participar de esa propia formalidad a través del voto, y cómo a pesar de la democracia continúa la desigualdad de género en nuestra sociedad.
Los demás valores y principios no pueden ser ocultados fácilmente, es verdad que se intenta y que con frecuencia se limitan, pero contar con una estructura social y unas relaciones de convivencia basadas en la ausencia de igualdad, sólo ha sido posible en una democracia imperfecta a conciencia.
Por eso, cuando Soledad Murillo habla de autonomía como “autogobierno, como libertad de pensamiento y acción”, necesitamos que esa libertad cuente con las referencias de la Igualdad, y que ésta forme parte de las referencias comunes de la sociedad. De lo contrario las posiciones individuales contarán con las referencias de la cultura patriarcal que llevan a que muchos hombres, en nombre de esa autonomía y autogobierno que poseen, ejerzan el control y la violencia sobre las mujeres con las que comparten una relación. Además, esa carencia de referencias comunes en igualdad también aviva el conflicto social potenciado por la desigualdad.
El ejemplo lo tenemos al estudiar los datos de las dos últimas macroencuestas, la de 2006 y la de 2011. Estos estudios sociológicos sobre la realidad de la violencia de género en nuestra sociedad, muestran que en 2006 el número de mujeres que sufrieron violencia fueron aproximadamente 400.000, y en 2011, después de cinco años de LIVG con todos los recursos desplegados, con la especialización de los juzgados, la policía, los equipos forenses, con mayor concienciación y formación, con más protección…. el numero de mujeres maltratadas fue prácticamente 600.000. Es decir, en un momento en el que la respuesta institucional y la conciencia social eran mucho mejores respecto a la violencia de género, se produce un incremento del número de casos. Puede parecer una incoherencia, pero es muy coherente con los cambios que se están produciendo en la sociedad.
La sociedad está viviendo una “transformación asimétrica” en todo lo relacionado con los roles y las identidades de hombres y mujeres. Son las mujeres las que están cambiando y renunciando a los roles tradicionales, no los hombres, y estos cambios en las mujeres, al margen de desorientar a los hombres, que en gran medida los viven como un asalto a sus posiciones y como un cuestionamiento de la propia identidad masculina vinculada a ese espacio de poder desempeñado en lo público, son tomados por algunos como un ataque. Con esa valoración general, cuando estos hombres y estas mujeres conviven en una relación de pareja, el rechazo de las funciones tradicionales de las mujeres trata de ser impuesto por esos hombres por medio del recurso que la cultura les ha dado a lo largo de la historia: la violencia. Esta es al explicación de por qué una sociedad más consciente del problema de la desigualdad y de la violencia de género responde con más violencia, la razón es esa “transformación asimétrica” basada en el cambio de las mujeres sin que los hombres hayan cambiado en el mismo sentido, y con muchos de ellos intentando mantener sus privilegios a través de la violencia.
La parte positiva respecto a otros años es que ahora la mayoría de las mujeres (por encima del 80%) salen de esa violencia no quedan sometidas, aunque lo hacen de forma mayoritaria, alrededor de un 73%, por la separación, no a través de la denuncia.
Otra de las consecuencias de esta “democracia imperfecta a conciencia” precisamente incide en las dificultades que tienen las mujeres para vivir sin violencia. De forma esquemática la realidad es la siguiente, algunas de ellas recogidas por Soledad Murillo:
– La prevalencia de la violencia de género dentro de la pareja en Europa, según el ultimo informe de la OMS (2013), es del 24%, lo cual nos dice que las posibilidades de sufrir algún tipo de violencia de género por las mujeres es alta.
– Las propias referencias culturales dificultarán que la mujer critique la violencia que sufre, y facilitarán que la justifique y que intente sobrellevarla bajo diferentes argumentos.
– Cuando denuncie, si lo hace, al margen de las críticas por hacerlo y por no haber resuelto “en casa” esos trapos sucios, curiosamente manchados con la sangre que ocasionan los golpes del hombre con quien vive, muchos utilizarán la denuncia y algunas de sus decisiones para hablar de “denuncia falsa”.
– A lo largo del proceso sufrirá presiones y vivirá escenas que facilitarán que retire la denuncia.
– Si la denuncia sigue hacia delante, llegado el momento procesal, influirán sobre ella para que no declare contra su pareja, en virtud de lo establecido en el artículo 416 de la LECrim, un artículo que cuando se incluyó en la norma a finales del siglo XIX se hizo con un sentido y finalidad completamente diferente.
– Si supera estos obstáculos, se encontrará con unas circunstancias que están aumentando el número de sobreseimientos.
– Y si el caso llega hasta el final y se celebra un juicio oral, el porcentaje de sentencias no condenatorias, dependiendo del órgano judicial, está entre el 30 y el 40%, aproximadamente. Este resultado luego se utiliza para reforzar la idea de las “denuncias falsas” .
Como se puede ver, un escenario muy complicado para las mujeres que sufren violencia, muy complicado por esos valores que hacen de nuestra democracia un objetivo que supere las formas, no una realidad.
3. LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La LIVG ha demostrado su eficacia en todos y cada uno de los ámbitos en los que actúa, así quedó demostrado en el informe que evaluaba sus cinco primeros años, el cual presenté como Delgado del Gobierno para la Violencia de Género ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, en 2010. Y hoy, con 10 años de recorrido no hay evidencias para decir que su impacto ha sido negativo en alguno de los espacios en los que se adentra.
Siempre se podrá decir que los logros y avances podría haber sido mayores, algo que comparto, pero lo que también podemos afirmar con rotundidad es que su impacto en la sociedad y la situación de las mujeres que sufren la violencia, es mejor que cuando no existía esta ley. De hecho, su valoración positiva ha trascendido nuestras fronteras desde el principio, pero recientemente ha sido premiada y considerada como una de las “mejores legislaciones del mundo” por ONU Mujeres, el World Future Council y la Unión Interparlamentaria.
A pesar de ello, debemos ser más exigentes, pues lo principales problemas que presenta están en su aplicación, que cada vez se aparta más de su espíritu bajo argumentos cargados de imaginación, no de razón, y en su desarrollo, que se está enlenteciendo y recortando al ritmo que sucede con otras medidas e iniciativas dirigidas a los problemas sociales que sufren los ciudadanos y ciudadanas que forman nuestra democracia.
Como propuesta de futuro, creo que ya es el momento de plantear incorporar las otras formas de violencia de género en una misma ley, y decidir cómo articular los recursos y los instrumentos para abordarlas de manera integral. Tenemos que trabajar para erradicar estas violencias y debemos hacerlo sin más retraso y de manera global, aunque para ello tengamos que modificar estructuras y ampliar recursos. El machismo está reaccionando con intensidad ante los avances definitivos de la igualdad, y uno de sus objetivos, tal y como hemos apuntado, es diluir todo lo que nace de la desigualdad entre otros factores y circunstancias para de ese modo no abordar las causas que están en el origen.
La realidad no es un accidente, no sucede desde la nada y por factores desconocidos, la realidad es el resultado de lo que hagamos y de lo que dejemos de hacer. Y si no hacemos lo suficiente por prevenir la desigualdad y la violencia de género que produce, tendremos mujeres cosificadas, agredidas y asesinadas. Así de terrible, así de sencillo…
Por una ley que tenga en cuenta a las personas
26/11/2014
Regina Bayo-Borrás
Psicóloga Clínica. Psicoanalista - Presidenta Comisión de Psicoanálisis (Colegio Oficial de Psicología de Cataluña ) – Plan de Salud Mental ( Ayuntamiento de Barcelona)
Quiero empezar esta aportación al debate de Público sobre la Violencia de Género manifestando gran sintonía con el documento elaborado por Soledad Murillo. De los diferentes vértices que aborda sobre este tema, yo me voy a centrar en los siguientes:
1.- En el que hace referencia a que “las interacciones sentimentales son extraordinariamente complejas.”
Efectivamente, en esta complejidad extraordinaria es necesario no perder de vista algunos aspectos psicológicos que influyen en que se pueda dar “un esquema de subordinación y autoridad” entre los miembros de la pareja. Estos esquemas no sólo se producen por mecanismos sociales, culturales y económicos, sino también, por un entramado de estereotipos de género inconscientes, que se han ido tejiendo a lo largos de las generaciones que nos preceden. Durante la infancia se transmiten, consciente e inconscientemente, tanto por el padre como por la madre, y cristalizan en la adolescencia.Así,pues,transmitidos y recibidos durante la etapa de constitución subjetiva de cada niño y niña, estos esquemas relacionales sobre determinarán –inevitablemente- las conductas relacionales de su vida adulta, reproduciendo –en ocasiones- relaciones de dominio, violencia, abuso y/o malos tratos. Como estos aspectos de la subjetividad e identidad sexual no son conscientes, -y precisamente por eso-, se manifiestan con gran fuerza en momentos de cambio y/o de crisis en la vida de la pareja, como con el nacimiento de los hijos, o ante la pérdida de la estabilidad económica. También pueden darse descompensaciones graves en el varón cuando la mujer toma decisiones que modifican su rol de madre y cuidadora de la familia: al reincorporarse al trabajo, o, ya no digamos, si decide salir de una relación asfixiante y tóxica para su equilibrio emocional.
2.- Investigación: Desde la perspectiva psicológica, los profesionales echamos de menos que no se prioricen también las estrategias terapéuticas (además de las políticas, jurídicas, sociales y sanitarias). Resulta imprescindible atender los aspectos emocionales de las mujeres maltratadas. La mujer maltratada se adapta, se acopla, se aviene y no percibe el maltrato, está tan acostumbrada que es como su medio vital, no conoce otra cosa. De esta manera se sostienen -de manera colusiva- relaciones tóxicas durante decenios, que cuando se intentan “desintoxicar” pueden producir incluso depresión severa. En este sentido hay muchos datos que todavía no se visualizan suficientemente, y que, sin embargo, nos ayudaría a comprender mejor –desde una perspectiva clínica- cómo es que la mujer maltratada soporta la situación de violencia y la llega a perpetuar sin buscar ayuda. También nos interesa conocer la historia previa de la mujer –y del varón- para poder correlacionarlos con su vida actual. La experiencia de asistencia psicológica a mujeres maltratadas nos muestra que una gran mayoría ha tenido una vida “difícil”; han padecido sucesos traumáticos de variada índole, desde abusos sexuales, malos tratos físicos y psicológicos a pérdidas que no han podido ser elaboradas adecuadamente, orfandad, etc.
3.- Perfiles: Hoy en día es muy difícil, por no decir imposible, hablar de características propias de las mujeres, pues no hay un universal que nos defina. El perfil de la mujer maltratada vamos conociéndolo mejor a medida que tenemos más casuística de casos. Muchas que se encuentran en esta situación ya se atreven a consultar; a veces acompañadas de su madre, hermana o incluso hija mayor. Prefieren acudir a un profesional que les entienda y ayude a salir del infierno (palabra muy utilizada para describir lo que están viviendo) antes que denunciar y entrar en procesos judiciales, peritajes, interrogatorios y publicidad. Es cuando los profesionales conocemos la intimidad de esas relaciones violentas y abusivas, cómo se han ido gestando. Descubrimos, con ellas, que la semilla ya apareció durante el noviazgo y germinó con la convivencia. En muchas ocasiones, la maternidad fue el escenario de las eclosiones más violentas. Afortunadamente hemos roto algunos corsés que reducían la libertad de movimiento, de pensamiento y de toma de decisiones.
4.- Defensa: Importante investigar por qué las denuncias se han reducido significativamente en los últimos años: quizá las mujeres no confían demasiado en que ese vaya a ser un procedimiento que las ayude realmente. ¿Cómo entender que una mujer que padece violencia y malos tratos no pueda huir, defenderse o denunciar? Esta cuestión es clave, un eje sobre el que pivotea todo lo demás. Y esta “indefensión aprendida”, que va creciendo en peligrosa espiral hacia el aislamiento social, mantiene a la mujer presa –más que de su maltratador- de sus propios miedos: miedo a equivocarse en su percepción de lo que le está ocurriendo; miedo a las consecuencias de una contestación más activa por su parte; miedo a perder lo que todavía le queda, como por ejemplo, la relación con sus hijos, de perder la vivienda, un cierto lugar social; miedo a ser considerada injusta, egoísta y parcial en sus quejas. De acuerdo con que la fiscalía ha de actuar de oficio, pero teniendo en cuenta el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer, y actuar con su consentimiento. Así como no procede retirar a los hijos de su madre aún cuando ésta no sea una buena relación para ellos (siempre según grados, por supuesto), tampoco se puede criminalizar (en un primer momento) a la persona amada/temida. Conocemos los efectos también en los varones: cuando hay amenaza de abandono por parte de la mujer, su vida corre peligro de autolisis o suicidio.
5.- Hijos: ¿Qué sabemos de los niños que están viviendo la violencia entre sus padres día a día, en un clima de terror sin nombre? ¿Qué seguimientos se están haciendo de su evolución psico-social y educativa? Sabemos cómo las agresiones físicas, sexuales y psicológicas dañan el psiquismo incipiente de los menores, cuya formación y consolidación requiere, al menos, los primeros 15 años de vida. Las experiencias vividas por los hijos pueden equipararse a los traumatismos de guerra, por el terror que generan. Y esas experiencias dejan secuelas psíquicas durante muchos años, por no decir que condicionarán su vida afectiva y social futura. Igualmente, tener una madre aterrorizada, humillada, y despreciada activamente por su pareja.
6.- Prevención: Nos parece imprescindible no cejar en la tarea preventiva con las adolescentes, desactivar las idealizaciones que todavía tienen sobre el amor, en una búsqueda fantasiosa e ingenua de un hombre salvador ¿De qué? ¿De dónde? Cuando nos interesamos por ellas, se abren y hablan de su vida familiar, encontramos que están viviendo relaciones abusivas con sus padres, o de un hermano mayor varón; o que han padecido negligencia parental y/o han sufrido abusos sexuales. Son proclives, entonces, a quedar hechizadas por un amor, tierno al principio, que luego se transforma en posesivo y cruel.
Y con estas observaciones, espero contribuir a seguir reflexionando sobre la violencia machista, acerca de los rasgos psicológicos e inconscientes de las mujeres afectadas, para elaborar una Ley no sólo de las conductas, sino también de y para las personas.
Documentación relacionada:
La democracia será feminista o no será
21/11/2014
Isabel Serra y Rebeca Moreno
Isabel Serra, estudiante y feminista de Podemos. Rebeca Moreno, docente y activista social
Existe un amplio consenso social sobre la gravedad de los casos de violencia machista. De forma general la igualdad «como principio o idea es aceptada sin fisuras», como recalca Soledad Murillo. El asesinato de una media de sesenta mujeres al año en este país es percibido socialmente como un problema de primer orden que aparece en las portadas de la sección de nacional de todos los medios de comunicación: condenamos los hechos, guardamos minutos de silencio y vemos carteles en el metro invitándonos a la tolerancia cero. Es necesario señalar que a este fenómeno no siempre se le ha dado la importancia que le damos hoy. Ha sido el feminismo quien ha señalado el carácter estructural de la violencia machista y su función de control sobre todas las mujeres. Gracias a las feministas se ha emprendido la labor de visibilizarlo y y combatirlo al mismo tiempo. De hablar de los “crímenes pasionales” a nombrar las agresiones como violencia de género o machista hay un gran paso a nivel conceptual. La introducción en la agenda feminista internacional ha sido, sin duda, una victoria del feminismo. Ahora bien, los innegables avances se encuentran también frente a numerosas contradicciones
Desde el feminismo se han planteado numerosas críticas a la Ley Integral Contra la Violencia de Género por insuficiente tanto en sus planteamientos como en su financiación. Aún así, más allá de las deficiencias de la ley hay un problema anterior, se han hecho más esfuerzos punitivos que preventivos. Hasta ahora en el Estado Español los avances que se han hecho en materia de violencia machista son fundamentalmente legislativos y de carácter penalista, cuando probablemente se trata de una problemática que requeriría volcar enormes esfuerzos en el terreno de la prevención de la violencia desde la raíz. Esto ha sido criticado tanto desde el movimiento feminista como desde la judicatura. La jueza Manuela Carmena, por ejemplo, sostiene que “la sociedad actual está llegando a tener una saturación absoluta de leyes ”1. Es este terreno, como en cualquier otro, “para solucionar algo lo primero es ver cuáles son las causas del problema, y si no se analizan las causas no se pasa de esa fase previa porque si no podríamos incurrir en errores importantes». Por otra parte, una ley que no se dota de los mecanismos y la financiación suficiente para poder llevar a cabo su implantación, seguimiento y evaluación queda en papel mojado. Hacer leyes es muy barato, desplegar un programa efectivo (planes integrales realizados a partir de la evaluación de los anteriores) para la prevención de la violencia machista requiere un compromiso político fuerte y una dotación material considerable. Los planes, a diferencia de las leyes, “son mucho más elásticos, más participativos y permiten muchísimo mejor su evaluación”. La violencia machista es un fenómeno profundamente incardinado en nuestra sociedad, forma parte de nuestro proceso de socialización2 y es necesario combatirlo desde su raíz: combatiendo la ideología patriarcal en todos los niveles.
Es por eso que «el problema viene cuando la igualdad ha de traducirse en prácticas sociales concretas, en acciones”, como nos advierte Soledad Murillo. Más allá del compromiso genérico con la «igualdad», cuando tratamos de convertir ese principio en algo que produzca efectos sobre la realidad comienzan las resistencias. Que tenemos derecho a ser iguales en oportunidades es de sentido común, visibilizar los obstáculos que lo impiden es terreno de disputa. Si hablamos de la necesidad de erradicar la violencia machista necesitamos comprender en profundidad ese fenómeno y localizar las herramientas teóricas y políticas que necesitamos para combatirlo.
La R.A.E define el feminismo como el «movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres». Es una explicación sencilla, pero probablemente deje fuera una parte fundamental del problema. El feminismo, no está de más recordarlo, es un movimiento social, político y cultural que ha tenido por objeto la lucha contra el patriarcado. Para Marta Fontenla «El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia3».
Sólo partiendo de un marco conceptual riguroso podemos entender la violencia machista como lo que es: no es algo que ocurre entre dos personas, sino un conjunto de dispositivos que provocan que las mujeres sufran constantemente un violencia que es estructural. Se trata de una forma de control que el patriarcado ejerce sobre todas las mujeres y en muy diversos grados; forma parte del engranaje mismo de nuestras vidas, bien porque la sufrimos directamente, bien porque nos ronda la constante amenaza de poder sufrirla.
El feminismo nos ha enseñado que visibilizar las opresiones es el primer paso para combatirlas. Nos ha enseñado, también, que construir la igualdad sólo es posible a partir de la constatación de la desigualdad y la dominación de unos sobre otras. Para poner en marcha mecanismos que nos permitan tener vidas libres de cualquier violencia necesitamos explicar por qué es imposible tener las mismas oportunidades que los hombres en un contexto patriarcal. Dicho de otra forma, necesitamos el feminismo, necesitamos, casi, estar orgullosas de ser feministas, porque sólo desde el feminismo podemos hacer un análisis completo de la realidad. Más allá de luchar «por la igualdad» necesitamos reivindicar el legado feminista, las luchas que nos han traído hasta aquí y que nos llevarán a mejores lugares. El peligro (aunque también la potencia) de los significantes difusos radica en su ambigüedad. En nombre de la «igualdad» grupos neomachistas tratan de combatir la acción positiva (discriminación positiva), y de paso niegan la violencia machista como una realidad. Como dice Celia Amorós “en el feminismo conceptualizar siempre es politizar. Por eso es tan importante conceptualizar y tratar de conceptualizar bien4”.
De este modo, más allá del plano conceptual, pero en relación con el concepto de “feminismo”, luchar contra la violencia machista implica mejorar las condiciones materiales de las mujeres. La violencia machista no puede ser entendida como una circunstancia al margen de las condiciones sociales, políticas y económicas en las que vivimos. Es necesario, como dice Soledad Murillo «profundizar en la violencia como una relación que se deriva de una posición de inferioridad en una estructura que son los factores de la desigualdad». La igualdad jurídica no será efectiva sin igualdad económica. ¿Cómo se hace eso?, con gasto público, con educación, con profesionales instruídos en cuestiones de violencia de género, con protocolos destinados a las facultades de atención primaria que comprendan por qué una mujer tarda días en denunciar una agresión (o más bien por qué no suelen denunciar), con jueces que sean educados en materia de desigualdad de género. Se hace, también, replanteando la división sexual del trabajo y la discriminación laboral; construyendo un mundo en el que no seamos las mujeres quienes sufrimos en mayor grado la precariedad, quienes nos responsabilizamos del trabajo de cuidar a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestras madres, a las personas dependientes. En este sentido, la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el 20155 va en sentido contrario a las políticas que necesitamos: retrocediendo en progresividad, sin aumentar prácticamente la financiación al “Programa de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” (que sólo alcanza el 55% respecto a 2009), o al programa “Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género”(que sólo alcanza el 77% de lo que tenía en 2009), o sin un aumento significativo del el gasto en ayuda a la dependencia después del gran recorte desde el RD-Ley 20/2012.
Vivimos tiempos de grandes cambios en los que tenemos oportunidades que nunca pensábamos que estarían tan cerca. Se abren procesos constityentes y de deliberación en la ciudadanía, en los movimientos sociales y en todas las fuerzas políticas. De la interacción de estos actores, de las apuestas, de los aciertos y los errores, de las formas de hacer política y de relacionarnos, de si construimos movimientos capaces de empoderar a la ciudadanía y a las mujeres como parte de esta, y de las prioridades que nos marquemos dependerá la posibilidad de construir otra democracia, otro modelo social, económimo y politico y otra forma de vida. Una democracia sustentada en un concepto de ciudadanía inclusivo, que tenga como prioritario combatir los efectos que resultan de la estructura patriarcal (tanto en lo publico como en lo privado), y que sea entendida como el mutuo respeto del que nos habla Soledad Murillo, sólo será posible con el feminismo. Una democracia de ciudadanas y ciudadanos libres (libres de violencia y libres para desarrollar su proyecto de vida) es aquella que garatiza, interviniendo contra los obstáculos que la realidad patriarcal impone, las mismas oportunidades para todo el mundo. La democracia será feminista o no será.
La subversion de los roles
18/11/2014
Pilar Vicente
Escultora. Agente de Igualdad por la UCLM. Agente de detección e intervención en Violencia de Género UCM.
Cuando hablamos de que la violencia de género tiene una raíz social estamos hablando de cómo se construye nuestro yo más simbólico. El que nos lleva a hacer las elecciones trascendentales que irán marcando nuestra vida. Este constructo cultural genera una expectativa del estilo de que las mujeres vamos a cuidar de los hombres, en el aspecto más amplio de la palabra cuidado: te voy a escuchar, te voy a admirar, te voy a lavar y ordenar tu ropa, te voy a proveer de un “hogar digno” bajando y subiendo las persianas para que no se deteriore la tapicería del salón, voy a ser “buenecita”, nunca te voy a expulsar de mi cama, no te voy a decir “no me toques”, no voy a exigir que compartas los cuidados, no te voy a reprochar que seas indiferente al dolor de tu hijo, aunque este dolor provenga de un juguete roto, de algo sin importancia.
El sistema nos prepara así. Es el sistema el que a través de los roles de género nos prepara para la vida. Nos asigna el papel de dominador y dominada y es a través de este papel que nos desarrollamos y crecemos.
El feminismo subvierte este valor. Primero lleva a cabo la reivindicación de la ciudadanía. Una vez lograda esta, y lamentablemente hablamos de los países del “primer mundo”, llevamos a cabo un diagnostico de por qué sucede. Por qué por el hecho de nacer con unos genitales femeninos, ya se te está otorgando el papel de sumisa, cuidadora, docil, emocional, sensible, etc. Y al contrario, el hecho de nacer con una genitalidad masculina te lleva a la obligación de ser un “machote” que tiene derecho a exigir unos cuidados.
Al quedar estos valores subvertidos por el feminismo nos encontramos en una tierra de nadie, donde las mujeres, que solo tienen espacios para ganar, se construyen otras realidades, encuentran espacios de libertad y placer en sí mismas, reconociendo su cuerpo como propio, haciendo del espacio privado algo público, tomando la noche y otras infinitas reivindicaciones que todavía estamos inventando en esta aspiración absurda de querer participar y poseer la mitad de todo, que dice Amelia Valcarcel.
Sin embargo la mayoría de los varones permanecen pasivos, dejando que sus compañeras se conviertan en la “superwoman” que el feminismo y el patriarcado juntos las “obliga” a ser. Una no se desprende del sistema en el que ha sido educada con facilidad. No te libras de los “mandatos” sociales que se te han imbricado en el ADN. La resignificación y reeducación te puede llevar gran parte de tu vida adulta. ¿Cómo vas a ser capaz de dejar que a tus hijxs los cuide el compañero? ¿Acaso el compañero sabe cuidarlos? ¿Cómo vas a poder abandonar al padre de tus hijos? ¿Qué va a ser de él? Y pensando en el otro, en los otros, no nos pensamos nosotras y llegamos a la vida adulta agotadas y con todo por resignificar.
Que sucede si además de lo anterior, que lo soportamos todas, nos encontramos con un “malote”. ¿No han oído esa frase en los últimos meses? “Es que a ella le gustan los malotes”.
No creo que a ninguna mujer le gusten los malotes. Pero si creo que cuando en tu constructo social se ha generado una mala construcción de los afectos, las mujeres no elegimos bien. No puedes elegir bien desde la sumisión. Solo se puede elegir bien desde la igualdad. Y negociar los afectos solo se puede hacer desde la igualdad. Y entender que los hijos no son de nadie y no son una herramienta de cambio y negociación solo se puede hacer desde la igualdad. Pero ¿cómo se te va a ocurrir que puedes negociar algo desde los afectos si se te han enseñado que por amor darías la vida? Y la damos. Vaya si la damos. Nos cuesta muchas cosas el amor romántico a muchas. El “te amaré para toda la vida” “en la salud y en la enfermedad” pero a muchas les cuesta la vida: “hasta que la muerte nos separe”. Según los datos provisionales del MSSSI en su estadística provisional, en lo que llevamos de año, las víctimas mortales por violencia de género son 42. Según las asociaciones de mujeres más 46 . Contamos diferente.
Partiendo de que la igualdad es el principio y no el fin. Cuando todos y todas seamos iguales en derechos y deberes, tendremos el punto de partida para construir una sociedad más justa.
Y habiendo planteado el problema y uno de sus orígenes ¿Qué solución se le puede procurar? El cumplimiento de las Leyes de Igualdad que se hicieron en la legislatura anterior era una buena vía. El que se empodere a las mujeres para que no transijan con el primer maltrato y sepan detener la violencia contra ellas antes de que comience. El que en los currículos escolares se incluyan a las mujeres que tienen nombre propio en la historia de un modo transversal: que las niñas sepan que se puede ser sin ser “a través” o “para”. La educación en ciudanía, en valores de solidaridad donde la tolerancia y no el “bulyling” sean la norma. La construcción de una sexualidad basada en el respeto y la responsabilidad sobre el propio cuerpo y el cuerpo de nuestro/a compañero/a, son principios que marcan las Leyes de Igualdad, Derechos Sexuales y Reproductivos y la Ley de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género.
Esta última, la Ley Orgánica 1/2004 de MPICVG, comienza estableciendo que la violencia de género no pertenece al ámbito privado. Ese es su principio. Sin embargo, una de las primeras declaraciones de nuestra actual ministra de Sanidad fue llamarla violencia doméstica, dejando bien claro desde el principio la falta de comprensión y compromiso necesario para llegar a comprender como se desarrolla y como se puede solucionar. La ONU en Beijing reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Es violencia contra las mujeres el no permitir su libre desarrollo emocional exigiéndoles que se comporten, se porten, caminen, se vistan, hablen, etc. de determinada manera impidiéndoles que se manifiesten y expansionen como su cuerpo les pide. Y no hablo de una exigencia explicita y directa por parte de quienes les rodean. Hablo de una exigencia por parte del medio y del sistema que las lleva a autoexigirse la excelencia intelectual, el cuerpo perfecto, el comportamiento perfecto, los afectos perfectos… Y todo ello para la mirada de los otros. Pero esta ley de Violencia de Género no trabaja sobre esta violencia, trabaja sobre la violencia explicita del compañero con el que convives, con quien amas, ese llamado a “protegerte”, el que más te quiere, el padre de tus hijos e hijas.
Una de las razones por la que esta Ley no pudo denominarse ley de medidas de protección integral contra la violencia sobre las mujeres es que el ámbito de actuación sería tan vasto que tendría que llevarse a cabo una revolución para que esa ley pudiera cumplirse. Por eso tiene el nombre específico de “Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”, Esa especificación de violencia de Género y no violencia contra las mujeres, es la que ha parcelado esta violencia para poder intervenir sobre ella jurídicamente, porque el hecho de intervenir jurídicamente impedirá que los asesinatos cometidos sigan quedando impunes. Pero no podemos olvidar que hay una violencia estructural de mucho más amplio espectro que nos incumbe a todos y todas.
Esta revolución necesaria para el cambio es la revolución no cruenta y silenciosa que está llevando a cabo el movimiento feminista, la única en la historia que es pacífica y que se arranca en 1848, que no se lleva a cabo como las demás revoluciones: No habrá levantamiento armado y todas las muertas serán mujeres pero, como todas las revoluciones para lograr que tenga éxito, necesita la ayuda de todos y todas.
Sexismo, racismo y clasismo
17/11/2014
Carlos Javier Bugallo Salomón
Doctorando en Comunicación e Interculturalidad en la Universidad de Valencia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía. Licenciado en Geografía e Historia.
Felicito a Público.es por su nuevo tema de Debate, tan de rabiosa actualidad e importancia como todos los anteriores.
Dice acertadamente la profesora Soledad Murillo en su Ponencia que «la pareja también es un escenario de poder», que puede estar basado en la subordinación, la autoridad y la desigualdad. Estoy completamente de acuerdo. Desde este convencimiento, hace tiempo me embarqué en la aventura intelectual de investigar qué relaciones de similitud guardaba el sexismo con otras manifestaciones de dominio y de subordinación, como el racismo y el clasismo. Y la verdad es que quedé sorprendido al descubrir cuán semejantes son. Todas ellas, en efecto, comparten un discurso y una praxis muy semejantes. A este complejo ideológico-práctico yo lo denomino, sin demasiada originalidad, ‘racismo’ a secas.
Para ilustrar el fundamento teórico de mi tesis, adjunto un documento que escribí hace tiempo y donde los lectores podrán comprobar cuán verosímil es. Se darán cuenta, asimismo, de que la violencia y la coacción no son más que la manifestación superficial y más evidente de fenómenos ideológicos y sociales más profundos y menos llamativos, pero que son su sustento y su explicación.