En 1971, el economista estadounidense James Tobin propuso el establecimiento de un impuesto a las transacciones en los mercados de divisas como medio de reducir las fluctuaciones en los tipos de cambio. La idea era que la aplicación de una pequeña tasa ─de un 0,5% proponía él─ a cada una de las operaciones disuadiría a los especuladores al resultar especialmente gravosa por el corto plazo y la frecuencia con la que estas se realizan.

En diciembre del 1997, en plena crisis financiera asiática, la organización ATTAC, por medio de un editorial de Ignacio Ramonet en Le Monde diplomatique, reclamaba desarmar los mercados imponiendo un impuesto de amplio espectro a las transacciones financieras (ITF) y la supresión de los refugios ─mal llamados “paraísos”─ fiscales, además del aumento de la tributación de las rentas del capital.

Desde entonces, la idea ha seguido un camino turbulento.

En septiembre de 2011 la Comisión Europea (CE), bajo la presidencia de José Manuel Barroso, presentó una propuesta de Directiva para introducir un ITF ambicioso en los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), con el objetivo de que las entidades financieras y agencias de inversión contribuyeran a la financiación de los gastos que la crisis de 2007-2008 había provocado a los Estados y de reforzar la estabilidad del sector financiero haciendo menos rentables las transacciones especulativas, especialmente las de alta frecuencia. Dicho impuesto se pretendía aplicar a las operaciones realizadas, tanto en mercados organizados como en los no organizados (over the counter), con todo tipo de activos financieros y sus derivados.

En mayo de 2012, el Parlamento Europeo (PE) se pronunció también a favor de la implementación de un ITF, proponiendo algunas enmiendas con respecto a la propuesta original de la CE. Sin embargo, en las reuniones posteriores del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), donde se requiere unanimidad, no fue posible sacar adelante esta iniciativa debido a la oposición frontal de algunos Estados miembros. A consecuencia de ello, el proyecto de establecer un ITF común en toda la UE no progresó.

A pesar de ello, y dado que el Tratado de la UE lo permite, once Estados favorables al ITF (España entre ellos) solicitaron autorización a la CE para proceder a su implantación a través del procedimiento de cooperación reforzada, para ser aplicado exclusivamente en sus respectivos territorios nacionales. Dicha autorización fue formalizada por la CE el 23 de octubre de 2012 y, poco tiempo después, también lo fue por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del PE. Sin embargo, a causa de la presión de los lobbies del sector financiero, este intento quedó varado durante la presidencia de Jean-Claude Juncker.

Unos años más tarde, y ya con la Comisión Europea de Von der Leyen asentada en el Edificio Berlaymont de Bruselas, Alemania presentó otra propuesta para intentar llegar a un acuerdo durante su semestre al frente del Consejo Europeo a finales de 2020. Pero lamentablemente esta tampoco salió adelante.

Igual suerte corrió la petición, realizada por Portugal en 2021, de hacer avanzar el ITF en 10 Estados miembros, también en el marco de la cooperación reforzada, ofreciendo un proyecto interesante que incluía algunos tipos de derivados.

En este estado de cosas, y ante las dificultades para sacar adelante el gravamen de manera conjunta, varios países de la UE, como Bélgica, Grecia, Italia, Francia y España han ido estableciendo sus propios ITF, si bien de un alcance muy limitado con respecto a las propuestas iniciales presentadas en 2011 y 2013 por la CE, lo que se ha traducido en una pobre recaudación ─en España solo 372 millones de euros en 2022, lejos de los 850 previstos anualmente por Hacienda─ y ningún efecto en lo que se refiere a la reducción de la especulación y la estabilización de los mercados.

Pero como bien decía la inolvidable Mercedes Sosa en su famosa canción, todo cambia en este mundo. Y cambia porque las circunstancias y las necesidades también lo hacen.

La crisis multifacética y global que padecemos (climática, energética, sanitaria, económica y social), está conformando un nuevo paradigma propicio al resquebrajamiento de muchos dogmas que hasta hace poco se consideraban inmutables, y ofrece por tanto nuevas oportunidades para el relanzamiento del malogrado impuesto.

La motivación principal de los Estados no sería en este caso la lógica preocupación por la inestabilidad financiera inherente al funcionamiento especulativo de los mercados que pudiera provocar en cualquier momento otro terremoto en la economía mundial equivalente al de 2007-2008 (tal es la irresponsabilidad de los cuadros dirigentes políticos y financieros), sino la urgente exigencia de recursos monetarios para hacer frente a los ingentes gastos originados por presentes y futuras pandemias y las inversiones requeridas para paliar las consecuencias del cambio climático.

En este sentido, la propuesta de Emmanuel Macron de organizar una cumbre del clima junto con Mia Mottley, primera ministra de Barbados, los días 22 y 23 de junio del presente año en Paris, sería un ejemplo de esta nueva visión. El objetivo proclamado de este evento es encontrar nuevos medios para financiar las necesidades de adaptación al clima y las pérdidas y daños de los países más vulnerables con vistas a la COP28 de Emiratos Árabes Unidos en noviembre, donde el ITF forma parte de uno de los 4 pilares (movilizar financiaciones innovadoras) de la cumbre.

Por otro lado, el Parlamento Europeo está actualmente trabajando en un nuevo informe sobre los recursos propios de la UE, los cuales, de acuerdo con la hoja de ruta prevista por la Comisión Europea, deberían incluir el ITF en el marco financiero plurianual revisado que se adoptará este año. El informe se votará en el Pleno a finales de marzo.

Y en la esfera global, las cosas también se mueven.

En Brasil, con motivo de la futura presidencia brasileña del G20 y en la próxima IV Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (FpD), se está generando un nuevo impulso para el resurgimiento del ITF en el bienio 2024-2025.

En Japón, la Global Solidarity Tax Coalition, que reúne 120 organizaciones de la sociedad civil, solicitará que el gobierno japonés proponga, en la cumbre del G7 a celebrar en Hiroshima en mayo, la aplicación conjunta de un Impuesto sobre las Transacciones Monetarias (ITM) como Tasa de Solidaridad internacional. La GSTC organizará la Cumbre del C7, en donde se debatirá sobre cómo conseguir nueva financiación incluyendo el ITF.

El grupo Labour7 (L7), que es la plataforma del G7 para el diálogo con las organizaciones que representan los intereses de la clase trabajadora, integrará la propuesta de ITF en su declaración de 2023, y ha solicitado establecer vínculos con otras organizaciones de la sociedad civil para trabajar conjuntamente en este tema.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) declara que con los mercados financieros en niveles muy altos y la obtención de beneficios excesivos, vuelve el debate sobre el Impuesto a las Transacciones Financieras para hacer frente a la actual crisis alimentaria, los gastos necesarios para el aislamiento de edificios, el transporte público y las energías renovables, para ayudar a los países del Sur global a hacer frente a las pérdidas y daños causados por el cambio climático, para ayudar a los países que acepten detener la deforestación y a los que renuncien a la explotación de sus reservas de gas o petróleo…

La cantidad y diversidad de las actuaciones arriba mencionadas son indicativas de un renovado interés por el ITF como medio de obtener ingresos adicionales en numerosos foros, en particular para la acción por el clima.

Un nuevo Zeitgeist parece asomar por el horizonte. Un espíritu más acorde con la época en la que vivimos que demanda justicia fiscal y climática, y que se eliminen las obscenas desigualdades de riqueza e ingresos que avergüenzan al mundo.

Hay que sacar partido de estos vientos favorables. Y para ello, el gobierno español tiene ahora la oportunidad de jugar un importante papel con la presidencia del Consejo Europeo en el segundo semestre de este año. Ahí Pedro Sánchez tiene dos opciones: no hacer nada, como ha sido la actitud de otras presidencias, o batallar por la implementación en la UE de un ITF ambicioso que cumpla con la misión de reducir, si no fuera posible impedir, los movimientos especulativos de las finanzas y conseguir ingresos sustanciales para aplicarlos a las necesidades sociales y climáticas más perentorias.

Empujemos también desde la sociedad civil en este sentido a través de acciones de concienciación y una labor de educación popular.

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • José Vicente Barcia

    Periodista, Jefe de Gabinete de la Alcaldía de Cádiz y coautor del libro 'Voces del cambio'

Conclusión del debate

En medio de la primera ola de la pandemia y con todo el país en el shock de una crisis desconocida e inesperada, saltó a la opinión pública una idea: reconstrucción. Después de unos primeros tanteos, sobre si nuevos Pactos de la Moncloa, sí, que si Pactos de la Moncloa no, todo se encaminó hacia la apertura en sede parlamentaria de cuatro comisiones sobre la reconstrucción del país. Estos mismos conceptos de reconstrucción y unidad, abrieron en Espacio Público la necesidad de abordar un debate sobre el futuro del país, y también sobre la Unión Europea, durante la pandemia y la postpandemia.

Un magnífico artículo de Leo Moscoso La necropolítica sobre el estado de alarma, nos hizo una descripción muy viva de la pandemia y la crisis sanitaria y de vida, que podía servir como telón de fondo de todo el debate.

Nos encargamos Gabriel Flores y yo mismo de redactar un primer texto de referencia, que se planteaba el siguiente objetivo: “Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía civil.

La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos”, dijimos.

Sabíamos desde el principio que entrábamos en este debate con perspectivas diferentes:

  1. a) La de Gabriel y mía era abordar los temas candentes y posibles en la negociación planteada y hacer propuestas orientadas hacia una salida progresista de la crisis (con todo lo que tenía de cajón de sastre dicha definición).
  2. b) Una visión más global que conducía a un cuestionamiento del marco económico e institucional en el que nos movíamos: UE, Constitución, Capitalismo y avanzaba más en la línea de la lucha por otro mundo diferente y a la vez posible, a un cambio de paradigma como lo definía Jaime Pastor.
  3. c) Había otra orientación que sin situarse totalmente en el cuestionamiento de las soluciones que se podrían dar en el marco de una negociación, apuntaban con intensidad y justeza por poner sobre la mesa los problemas políticos-institucionales que desde la Transición veníamos arrastrando desde el régimen de la transición (Jose Errejón, José Luis Mateos, Ana Barba, Aníbal Garzón).

El alcance del debate

El cuestionamiento más global al carácter excesivamente pragmático y limitativo de la introducción al debate, vino sobre todo de Marià de Delàs, Jaime Pastor y Marga Ferré.

Marià, en su texto que luego iba a ser discutido por Gabriel, nos interrogaba coherentemente:

“¿Es posible empezar a plantear el propósito de recuperar para el patrimonio colectivo aquellos bienes que nunca deberían haber pasado a formar parte del sector privado? ¿Qué ha de pasar para que empecemos a pensar en concreto en una nueva economía, que no esté al servicio del crecimiento sin límites? La reivindicación de “nueva normalidad”, ¿no debe poner en cuestión el beneficio que unos pocos obtienen de los créditos, los seguros, los suministros de energía, la vivienda, la explotación de las telecomunicaciones, los medios de transporte, la construcción de infraestructuras, la fabricación y distribución de medicamentos, la industria militar…?

Se dirá que los que deseen tal cosa no cuentan con la correlación de fuerzas necesaria para llevarla a la práctica. Es probable. Nunca contarán con peso suficiente si nunca lo proponen y lo argumentan para el conjunto de la población”.

Jaime Pastor por su lado señalaba la necesidad de no autolimitarse en el debate.

Si a todo esto sumamos la coincidencia de esa crisis global con la que afecta desde hace tiempo al modelo capitalista español basado en la construcción y el turismo, así como a su régimen, cuya gravedad es reconocida por firmes defensores del establishment (ya sea de forma apocalíptica por la extrema derecha, o en términos menos dramáticos por personajes como el presidente de honor de PRISA, Juan Luis Cebrián) parece evidente que, como ha defendido José Errejón en este debate (“¿Reconstrucción o refundación?”), no tiene justificación autolimitarse en la agenda a promover.

En relación al carácter sistémico de la crisis y reflejando diversas opiniones, José Luis Mateos señalaba: Y sin embargo la crisis existe y más allá de los efectos de la crisis económica sobre la estructura política del país, el descrédito –del régimen- tiene componentes institucionales (Corona, Justicia, FCSE…), jurídico-normativos (sistema electoral no proporcional, involución de las libertades, negación del derecho a decidir, impunidad de las élites, Constitución no garantista de derechos, voto rogado…), económicos y sociales (ruptura del contrato social del 78, enajenación del patrimonio público, identidad institucional con los poderes oligárquicos., corrupción estructural, expansión de la pobreza y la exclusión social…) y hasta un componente de origen histórico (mantenimiento de la impunidad del franquismo). La anterior crisis alumbró la idea de que ya no se trataba de cambiar la Constitución sino de cambiar de Constitución. Idea caída en cierto desuso.

Ha sido también significativa la valoración del consenso en el momento actual desde la necesidad del mismo, a pesar de la dificultad que tanto la tendencia histórica de ella como su momento ultramontano actual, al rechazo explicito de cualquier acuerdo con la derecha por la imposibilidad de ninguna senda común con ella (Marga Ferré, Marià de Delàs, Pastor).

Elementos ambientales

Más allá de los enfoques globales diferentes de la discusión en curso y sin perder el carácter de aportación relevante al mismo, muchas han sido las contribuciones que nos han aportado nuevos elementos y enfoques.

Muy atrayente la descripción del ambiente y el entorno en el que se produce, la virulencia de la crisis, la desarticulación de lo conocido y la incógnita del futuro (José Martí Gómez, Carlos Javier Bugallo). Importante ha sido la aportación de Federico Severino sobre la hegemonía cultural a lograr: “Por eso resultaría razonable dejar de poner nuestros esfuerzos comunicativos en mostrar la bancarrota moral y miseria de la derecha y apostar por una vía positiva, sosegada, que robustezca a una mayoría social en torno a la coalición”.

También el concejal gaditano Paco Cano nos hizo llegar las “ondas largas del 15 M” en la gestación de una salida colectiva a una crisis que nos había tocado a todos y todas desde muchos ángulos: social, sanitario, emocional, económico, laboral, de convivencia…

En el desarrollo del debate, y sobre todo en el correr de las semanas y con el conjunto de hechos de todo tipo con el que hemos convivido desde marzo, las aportaciones han ido creciendo incorporando muchos elementos para el cambio.

Economía y cambio de modelo

Desde el cambio en la economía y en el papel de los trabajadores (Francisco Vázquez García, Ramón Górriz, José Babiano, Roberto Tornamira):

Hablar de reconstrucción sin subsanar los errores del reciente pasado sería una temeridad. Dicho de otro modo: antes de iniciar la reconstrucción hay que sentar las bases de la negociación sobre suelo sólido, derogando, como mínimo, la reforma laboral de 2012 y la de Seguridad Social de 2013, entre otras derogaciones legislativas pendientes desde la moción de censura de 2018 (Tornamira).

Por último, pero no menos importante, este nuevo rumbo destinado a resituar las prioridades poniendo en el centro a la vida humana plantea dos exigencias: una democratización de las relaciones laborales y la reformulación de las libertades democráticas que han quedado dañadas en la medida en que la imposición de las políticas de austeridad necesitaban correlativamente una política autoritaria y represiva frente a la resistencia social, como bien se puso de manifiesto con la Ley Mordaza y su uso para reprimir el derecho de huelga y las protestas obreras.

Nada de esto puede obviar la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las discriminaciones de todo tipo que sufren en el puesto de trabajo, en el mercado laboral y en la sociedad (Górriz y Babiano).

Como dice Antonio Palacián, es la OPORTUNIDAD para avanzar en la participación y la democracia económica como un factor importante de cambio en la cultura empresarial y sindical. 

Gabriel Flores en la discusión con Marià de Delàs sobre el alcance de los cambios de modelo económico señalaba:

Impulsar esos cambios, requiere de unos recursos, estrategia y herramientas específicos; entre ellos, cabe señalar por su importancia la tarea de ensanchar nuestra base fiscal mediante una reforma progresista que solo puede tener resultados a medio plazo y construir una amplia concertación política y social que haga viable esa reforma clave. A corto plazo, es imprescindible contar con los recursos financieros y el arrope institucional que nos ofrece la UE.

No hay contradicción entre la agenda de protección social y la de reactivación y modernización económica, aunque la primera se puede llevar a cabo de forma inmediata y la segunda requiera plazos más prolongados; ambas son compatibles y complementarias, pero la protección social no puede mantenerse indefinidamente sobre el aumento del déficit público, requiere de un cambio de modelo de crecimiento que genere empleos decentes y salarios dignos y ensanche las bases de la recaudación fiscal.

Héctor Maravall, nos situaba el difícil marco de actuación del gobierno y la necesidad de una política decidida y realista para abordar el momento: “Las tareas del gobierno para desarrollar lo que ha denominado “el escudo social”, así como los compromisos anunciados de ayuda a las pymes y autónomos, o los previsibles apoyos a sectores como el turismo o la industria del automóvil, sea cual sea su duración e intensidad, son de una entidad, complejidad y dificultad evidentes. El gobierno tendrá que lograr financiación a corto, medio y largo plazo, en un contexto de frágil mayoría parlamentaria, con una derecha radicalizada al máximo, unos medios de comunicación desfavorables (el último en sumarse ha sido el grupo PRISA y el periódico El País) y una patronal que oscila entre las exigencias de ayudas económicas y el rechazo a cualquier modificación de la reforma laboral”.

El papel central de la UE en este proceso y los cambios que en la misma serían deseables ha sido referencia inexcusable en muchos de los artículos más generales. Severino lo reflejó sintéticamente como: “El Gobierno no debe perder de vista que el despliegue de un portentoso paquete de políticas públicas con el viento de cola de la UE es su ‘unique selling proposition’”.

Otras contribuciones estuvieron íntegramente dedicadas al papel y lugar de la UE, por ejemplo Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate que reflejó la tensión entre necesidad de apoyos comunitarios en la crisis y a la vez la necesidad de romper el inmovilismo institucional y presupuestario en el que se mueve en estos momentos, en otro enfoque Javier Doz, hizo una análisis minucioso de los presupuestos y programas comunitarios, tanto en lo estructural como ante la crisis del COVID 19 y como nos va a afectar a la “reconstrucción” hispana: “Las subvenciones y los créditos están condicionados a su aplicación a programas y proyectos que tengan que ver con los objetivos señalados y con otros como las infraestructuras y equipamientos sanitarios, los planes de I+D+i, la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza. Es decir, con los fondos de NGUE cabe la financiación de una buena parte de las inversiones de los Presupuestos del Estado Español de los próximos tres años. Desde el proceso de transición hacia un sistema energético limpio y renovable o un programa para que todas las familias tengan acceso a Internet y a equipos informáticos hasta un plan de eficiencia energética de las viviendas, pasando por la financiación de cuantos proyectos biomédicos sean necesarios u otros rubros de investigación, programas ampliados de financiación de la innovación en las pymes o de lucha contra la pobreza infantil”.

De lo general a lo particular: Sanidad, Servicios Sociales, Formación, Municipios

Si hay un ámbito en el que el debate ha hecho una aportación de contenidos y propuestas particularmente significativo ha sido en el terreno sectorial, además de las aportaciones escritas sobre el Sistema Nacional de Salud ( Manifiesto por la reconstrucción del SNS), el papel de lo local (Marta Higueras), el papel de la Formación Profesional y el cambio de modelo económico (José Luis Carretero) y los Servicios Sociales (Luis Nogués), donde la discusión tuvo un alcance a retener fue en los debates que se realizaron en TV Publico; el primero sobre el Sistema Sanitario con la participación de referentes tan significativos e influyentes como Carmen Montón, Carmen San José, Mónica García y Fernando Lamata moderado por Joseba Achotegui y el de Servicios Sociales con Patricia Bezunartea, Luis Nogués, Emiliana Vicente y Kena Yuguero moderado por Enrique del Olmo. En dichos debates además de señalar las necesidades que la sociedad española tenía para superar las debilidades preexistentes, se abordaron de forma bastante precisa las políticas a implementar y las barreras a superar. En estas dos enriquecedoras sesiones se hizo una alerta de gran potencia: no sirve sólo diseñar políticas y enunciados adecuados, sino que es imprescindible que sus resultados llegasen a la población en un corto tiempo. La alerta roja que se estaba estableciendo sobre elementos importantes del denominado “escudo social”; ERTES, Ingreso Mínimo Vital, colas del hambre, fortalecimiento urgente del Sistema Nacional de Salud, gestión pública y coordinada de la sanidad, cambio en el modelo de atención a los mayores y particularmente en las Residencias de tercera edad…Todos ellos se manifiestan como problemas perentorios para el que el atávico “vuelva usted mañana” puede ser un elemento de desafección y de caldo de cultivo a las opciones que niegan los derechos y la protección social.

Como dice el título del presente artículo, hacemos una pausa, un interludio en este debate que nos va a acompañar durante el próximo periodo, seguro que este tiempo servirá para afilar análisis, argumentos y propuestas.

 

 

 

Interludio en un debate que no puede acabar

Enrique del Olmo

En medio de la primera ola de la pandemia y con todo el país en el shock de una crisis desconocida e inesperada, saltó a la opinión pública una idea: reconstrucción. Después de unos primeros tanteos, sobre si nuevos Pactos de la Moncloa, sí, que si Pactos de la Moncloa no, todo se encaminó hacia la apertura en sede parlamentaria de cuatro comisiones sobre la reconstrucción del país. Estos mismos conceptos de reconstrucción y unidad, abrieron en Espacio Público la necesidad de abordar un debate sobre el futuro del país, y también sobre la Unión Europea, durante la pandemia y la postpandemia.

Un magnífico artículo de Leo Moscoso La necropolítica sobre el estado de alarma, nos hizo una descripción muy viva de la pandemia y la crisis sanitaria y de vida, que podía servir como telón de fondo de todo el debate.

Nos encargamos Gabriel Flores y yo mismo de redactar un primer texto de referencia, que se planteaba el siguiente objetivo: “Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía civil.

La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos”, dijimos.

Sabíamos desde el principio que entrábamos en este debate con perspectivas diferentes:

  1. a) La de Gabriel y mía era abordar los temas candentes y posibles en la negociación planteada y hacer propuestas orientadas hacia una salida progresista de la crisis (con todo lo que tenía de cajón de sastre dicha definición).
  2. b) Una visión más global que conducía a un cuestionamiento del marco económico e institucional en el que nos movíamos: UE, Constitución, Capitalismo y avanzaba más en la línea de la lucha por otro mundo diferente y a la vez posible, a un cambio de paradigma como lo definía Jaime Pastor.
  3. c) Había otra orientación que sin situarse totalmente en el cuestionamiento de las soluciones que se podrían dar en el marco de una negociación, apuntaban con intensidad y justeza por poner sobre la mesa los problemas políticos-institucionales que desde la Transición veníamos arrastrando desde el régimen de la transición (Jose Errejón, José Luis Mateos, Ana Barba, Aníbal Garzón).

El alcance del debate

El cuestionamiento más global al carácter excesivamente pragmático y limitativo de la introducción al debate, vino sobre todo de Marià de Delàs, Jaime Pastor y Marga Ferré.

Marià, en su texto que luego iba a ser discutido por Gabriel, nos interrogaba coherentemente:

“¿Es posible empezar a plantear el propósito de recuperar para el patrimonio colectivo aquellos bienes que nunca deberían haber pasado a formar parte del sector privado? ¿Qué ha de pasar para que empecemos a pensar en concreto en una nueva economía, que no esté al servicio del crecimiento sin límites? La reivindicación de “nueva normalidad”, ¿no debe poner en cuestión el beneficio que unos pocos obtienen de los créditos, los seguros, los suministros de energía, la vivienda, la explotación de las telecomunicaciones, los medios de transporte, la construcción de infraestructuras, la fabricación y distribución de medicamentos, la industria militar…?

Se dirá que los que deseen tal cosa no cuentan con la correlación de fuerzas necesaria para llevarla a la práctica. Es probable. Nunca contarán con peso suficiente si nunca lo proponen y lo argumentan para el conjunto de la población”.

Jaime Pastor por su lado señalaba la necesidad de no autolimitarse en el debate.

Si a todo esto sumamos la coincidencia de esa crisis global con la que afecta desde hace tiempo al modelo capitalista español basado en la construcción y el turismo, así como a su régimen, cuya gravedad es reconocida por firmes defensores del establishment (ya sea de forma apocalíptica por la extrema derecha, o en términos menos dramáticos por personajes como el presidente de honor de PRISA, Juan Luis Cebrián) parece evidente que, como ha defendido José Errejón en este debate (“¿Reconstrucción o refundación?”), no tiene justificación autolimitarse en la agenda a promover.

En relación al carácter sistémico de la crisis y reflejando diversas opiniones, José Luis Mateos señalaba: Y sin embargo la crisis existe y más allá de los efectos de la crisis económica sobre la estructura política del país, el descrédito –del régimen- tiene componentes institucionales (Corona, Justicia, FCSE…), jurídico-normativos (sistema electoral no proporcional, involución de las libertades, negación del derecho a decidir, impunidad de las élites, Constitución no garantista de derechos, voto rogado…), económicos y sociales (ruptura del contrato social del 78, enajenación del patrimonio público, identidad institucional con los poderes oligárquicos., corrupción estructural, expansión de la pobreza y la exclusión social…) y hasta un componente de origen histórico (mantenimiento de la impunidad del franquismo). La anterior crisis alumbró la idea de que ya no se trataba de cambiar la Constitución sino de cambiar de Constitución. Idea caída en cierto desuso.

Ha sido también significativa la valoración del consenso en el momento actual desde la necesidad del mismo, a pesar de la dificultad que tanto la tendencia histórica de ella como su momento ultramontano actual, al rechazo explicito de cualquier acuerdo con la derecha por la imposibilidad de ninguna senda común con ella (Marga Ferré, Marià de Delàs, Pastor).

Elementos ambientales

Más allá de los enfoques globales diferentes de la discusión en curso y sin perder el carácter de aportación relevante al mismo, muchas han sido las contribuciones que nos han aportado nuevos elementos y enfoques.

Muy atrayente la descripción del ambiente y el entorno en el que se produce, la virulencia de la crisis, la desarticulación de lo conocido y la incógnita del futuro (José Martí Gómez, Carlos Javier Bugallo). Importante ha sido la aportación de Federico Severino sobre la hegemonía cultural a lograr: “Por eso resultaría razonable dejar de poner nuestros esfuerzos comunicativos en mostrar la bancarrota moral y miseria de la derecha y apostar por una vía positiva, sosegada, que robustezca a una mayoría social en torno a la coalición”.

También el concejal gaditano Paco Cano nos hizo llegar las “ondas largas del 15 M” en la gestación de una salida colectiva a una crisis que nos había tocado a todos y todas desde muchos ángulos: social, sanitario, emocional, económico, laboral, de convivencia…

En el desarrollo del debate, y sobre todo en el correr de las semanas y con el conjunto de hechos de todo tipo con el que hemos convivido desde marzo, las aportaciones han ido creciendo incorporando muchos elementos para el cambio.

Economía y cambio de modelo

Desde el cambio en la economía y en el papel de los trabajadores (Francisco Vázquez García, Ramón Górriz, José Babiano, Roberto Tornamira):

Hablar de reconstrucción sin subsanar los errores del reciente pasado sería una temeridad. Dicho de otro modo: antes de iniciar la reconstrucción hay que sentar las bases de la negociación sobre suelo sólido, derogando, como mínimo, la reforma laboral de 2012 y la de Seguridad Social de 2013, entre otras derogaciones legislativas pendientes desde la moción de censura de 2018 (Tornamira).

Por último, pero no menos importante, este nuevo rumbo destinado a resituar las prioridades poniendo en el centro a la vida humana plantea dos exigencias: una democratización de las relaciones laborales y la reformulación de las libertades democráticas que han quedado dañadas en la medida en que la imposición de las políticas de austeridad necesitaban correlativamente una política autoritaria y represiva frente a la resistencia social, como bien se puso de manifiesto con la Ley Mordaza y su uso para reprimir el derecho de huelga y las protestas obreras.

Nada de esto puede obviar la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las discriminaciones de todo tipo que sufren en el puesto de trabajo, en el mercado laboral y en la sociedad (Górriz y Babiano).

Como dice Antonio Palacián, es la OPORTUNIDAD para avanzar en la participación y la democracia económica como un factor importante de cambio en la cultura empresarial y sindical. 

Gabriel Flores en la discusión con Marià de Delàs sobre el alcance de los cambios de modelo económico señalaba:

Impulsar esos cambios, requiere de unos recursos, estrategia y herramientas específicos; entre ellos, cabe señalar por su importancia la tarea de ensanchar nuestra base fiscal mediante una reforma progresista que solo puede tener resultados a medio plazo y construir una amplia concertación política y social que haga viable esa reforma clave. A corto plazo, es imprescindible contar con los recursos financieros y el arrope institucional que nos ofrece la UE.

No hay contradicción entre la agenda de protección social y la de reactivación y modernización económica, aunque la primera se puede llevar a cabo de forma inmediata y la segunda requiera plazos más prolongados; ambas son compatibles y complementarias, pero la protección social no puede mantenerse indefinidamente sobre el aumento del déficit público, requiere de un cambio de modelo de crecimiento que genere empleos decentes y salarios dignos y ensanche las bases de la recaudación fiscal.

Héctor Maravall, nos situaba el difícil marco de actuación del gobierno y la necesidad de una política decidida y realista para abordar el momento: “Las tareas del gobierno para desarrollar lo que ha denominado “el escudo social”, así como los compromisos anunciados de ayuda a las pymes y autónomos, o los previsibles apoyos a sectores como el turismo o la industria del automóvil, sea cual sea su duración e intensidad, son de una entidad, complejidad y dificultad evidentes. El gobierno tendrá que lograr financiación a corto, medio y largo plazo, en un contexto de frágil mayoría parlamentaria, con una derecha radicalizada al máximo, unos medios de comunicación desfavorables (el último en sumarse ha sido el grupo PRISA y el periódico El País) y una patronal que oscila entre las exigencias de ayudas económicas y el rechazo a cualquier modificación de la reforma laboral”.

El papel central de la UE en este proceso y los cambios que en la misma serían deseables ha sido referencia inexcusable en muchos de los artículos más generales. Severino lo reflejó sintéticamente como: “El Gobierno no debe perder de vista que el despliegue de un portentoso paquete de políticas públicas con el viento de cola de la UE es su ‘unique selling proposition’”.

Otras contribuciones estuvieron íntegramente dedicadas al papel y lugar de la UE, por ejemplo Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate que reflejó la tensión entre necesidad de apoyos comunitarios en la crisis y a la vez la necesidad de romper el inmovilismo institucional y presupuestario en el que se mueve en estos momentos, en otro enfoque Javier Doz, hizo una análisis minucioso de los presupuestos y programas comunitarios, tanto en lo estructural como ante la crisis del COVID 19 y como nos va a afectar a la “reconstrucción” hispana: “Las subvenciones y los créditos están condicionados a su aplicación a programas y proyectos que tengan que ver con los objetivos señalados y con otros como las infraestructuras y equipamientos sanitarios, los planes de I+D+i, la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza. Es decir, con los fondos de NGUE cabe la financiación de una buena parte de las inversiones de los Presupuestos del Estado Español de los próximos tres años. Desde el proceso de transición hacia un sistema energético limpio y renovable o un programa para que todas las familias tengan acceso a Internet y a equipos informáticos hasta un plan de eficiencia energética de las viviendas, pasando por la financiación de cuantos proyectos biomédicos sean necesarios u otros rubros de investigación, programas ampliados de financiación de la innovación en las pymes o de lucha contra la pobreza infantil”.

De lo general a lo particular: Sanidad, Servicios Sociales, Formación, Municipios

Si hay un ámbito en el que el debate ha hecho una aportación de contenidos y propuestas particularmente significativo ha sido en el terreno sectorial, además de las aportaciones escritas sobre el Sistema Nacional de Salud ( Manifiesto por la reconstrucción del SNS), el papel de lo local (Marta Higueras), el papel de la Formación Profesional y el cambio de modelo económico (José Luis Carretero) y los Servicios Sociales (Luis Nogués), donde la discusión tuvo un alcance a retener fue en los debates que se realizaron en TV Publico; el primero sobre el Sistema Sanitario con la participación de referentes tan significativos e influyentes como Carmen Montón, Carmen San José, Mónica García y Fernando Lamata moderado por Joseba Achotegui y el de Servicios Sociales con Patricia Bezunartea, Luis Nogués, Emiliana Vicente y Kena Yuguero moderado por Enrique del Olmo. En dichos debates además de señalar las necesidades que la sociedad española tenía para superar las debilidades preexistentes, se abordaron de forma bastante precisa las políticas a implementar y las barreras a superar. En estas dos enriquecedoras sesiones se hizo una alerta de gran potencia: no sirve sólo diseñar políticas y enunciados adecuados, sino que es imprescindible que sus resultados llegasen a la población en un corto tiempo. La alerta roja que se estaba estableciendo sobre elementos importantes del denominado “escudo social”; ERTES, Ingreso Mínimo Vital, colas del hambre, fortalecimiento urgente del Sistema Nacional de Salud, gestión pública y coordinada de la sanidad, cambio en el modelo de atención a los mayores y particularmente en las Residencias de tercera edad…Todos ellos se manifiestan como problemas perentorios para el que el atávico “vuelva usted mañana” puede ser un elemento de desafección y de caldo de cultivo a las opciones que niegan los derechos y la protección social.

Como dice el título del presente artículo, hacemos una pausa, un interludio en este debate que nos va a acompañar durante el próximo periodo, seguro que este tiempo servirá para afilar análisis, argumentos y propuestas.

 

 

 

 

Ponencia inicial

Un debate cargado de presente y de futuro

Un debate cargado de presente y de futuro

Diálogo y negociación para una salida progresista a la crisis

  • Enrique del Olmo

    Sociólogo

  • Gabriel Flores

    Economista

La crisis global y multidimensional de la que el coronavirus ha sido el detonante plantea un nuevo escenario vital que afecta a todos los componentes de las relaciones humanas, sean de índole económica, social, cultural, institucional o geopolítica, incluyendo las que mantiene nuestra especie con la naturaleza de la que somos parte, por mucho que mostremos tanto empeño en deteriorarla, explotarla y recortar la biodiversidad que le sirve de sostén y equilibrio. Nada ni nadie escapa a los impactos de esta gran crisis de inciertos desarrollo y resultados.

Lo que comenzó siendo una crisis sanitaria acabó, a los pocos meses, paralizando la actividad económica, por la obligada decisión de confinamiento de la población, e impactando sobre estructuras sociales, económicas y ecológicas profundamente desequilibradas y vulnerables. Tanto el modelo de capitalismo y globalización neoliberales como la cohesión económica, social y territorial o el medio natural del que depende la vida y la civilización se encontraban ya, antes de la pandemia, deteriorados. Volver atrás, al modelo de crecimiento y a las relaciones y estructuras productivas previas, no resolvería ninguno de los problemas que esta crisis ha desvelado. La tarea a llevar a cabo, por tanto, es doble: defender a la ciudadanía de los impactos destructivos de la pandemia y sus dañinas consecuencias económicas y sociales y superar las causas que han multiplicado el potencial destructivo de esta crisis global.

El análisis del nuevo tiempo que vive nuestro país y el conjunto de la humanidad requiere, sin duda, una mayor perspectiva temporal y un abordaje global de las múltiples causas, tendencias en acción, interrelaciones y potenciales efectos de las crisis desatadas por la pandemia. Sin embargo, la acción política no puede esperar, la sociedad, sus representantes políticos y las instituciones están obligados a actuar en el presente, en defensa de la vida y la salud de la ciudadanía, sus condiciones de trabajo, derechos, libertades y convivencia. Y seguirán tomando decisiones, como en los últimos dos meses, en unas condiciones de incertidumbre radical, mientras sigamos situados en el ojo del huracán de la pandemia y cuando ésta haya pasado y podamos hacer recuento de los destrozos causados y aplicar los planes para reconstruir lo dañado y recuperar la actividad económica. La acción política, el debate y la lucha social o la tarea de gobernar no pueden esperar.

Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía y tengan su ámbito de resolución al alcance de los votos, críticas y movilizaciones de la mayoría social: las administraciones públicas españolas y las instituciones europeas que dependen de las decisiones y el control de la sociedad civil y de sus representantes políticos.

Para iniciar y contextualizar este debate adelantamos algunos puntos de caracterización del momento político que intentamos desentrañar y en el que se inscribe la principal iniciativa política del Gobierno de coalición PSOE-UP, su propuesta de amplios acuerdos al conjunto de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales e instituciones, sin excepciones ni restricciones, para afrontar en común la búsqueda de soluciones a una parte de los grandes retos y problemas que plantea la actual crisis a nuestra sociedad y a nuestro país:

1. Hemos entrado en una nueva fase política en la que perviven lastres e inercias de un largo periodo de crisis e inestabilidad y evidentes problemas de gobernabilidad que se arrastran, al menos, desde 2016. Contamos con la reciente constitución de un gobierno de coalición progresista (una experiencia inédita en la última y larga etapa democrática de nuestra historia colectiva) que se sostiene en un limitado apoyo parlamentario y depende, en las grandes decisiones que exigen mayorías absolutas, de la negociación con un heterogéneo conglomerado de fuerzas políticas y, especialmente, de partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Un gobierno progresista aparentemente débil y una oposición de derechas aún más débil y fragmentada que no tiene ninguna posibilidad de armar una moción de censura viable ni una propuesta alternativa de gobierno.

Casado y Abascal han optado, en una situación tan excepcional como la de la pandemia, por promover la crispación social y la confrontación política para intentar maniatar y romper al gobierno progresista y encubrir esa labor tras la idea de una gran coalición dispuesta a imponer de una vez su versión uniforme, hosca, cerrada e intolerante del nacionalismo español. A pesar de esa oposición de derechas y extremas derechas que no han prestado ningún apoyo a la gobernabilidad o la gestión de la pandemia, acompañando a su desmayado apoyo al Estado de Alarma con brutales e inmorales campañas de acoso, este gobierno de coalición progresista ha construido y sigue reforzando un escudo social que protege a la mayoría social y los empleos, rentas y bienes públicos que sustentan el bienestar de la ciudadanía y el futuro del país.

2. Para abordar en profundidad esta crisis, restañar las tremendas heridas producidas en nuestra sociedad y superar el desastre económico ha aflorado una amplísima demanda social (que todos los estudios de opinión sitúan por encima del 80%) favorable a exigir a las fuerzas políticas que subordinen sus diferencias al bien común en tiempos tan excepcionales y colaboren en la búsqueda y aplicación de las soluciones que cuenten con mayor apoyo porque la sociedad las considera más eficaces y justas. En el mismo sentido somos conscientes que también la capacidad de demanda y de movilización de la sociedad va a ser importante en marcar las agendas de dialogo y las características de las salidas que se den a los diversos problemas.

3. Ese sentimiento de la ciudadanía favorable a la colaboración ha sido acogido y transformado por el presidente del Gobierno en una propuesta de reconstrucción económica y social a todas las fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, instituciones y administraciones públicas (central, autonómica y local). Más allá de las fórmulas que adoptará finalmente esa propuesta, que tendrá que ir acomodándose a las posibilidades reales que determinen el diálogo y las negociaciones en marcha, lo importante es que se abre un nuevo periodo en el que, al tiempo que gana eficacia la lucha contra la pandemia y se refuerzan y amplían las medidas de rescate social y protección del tejido empresarial, se inicia una dinámica de diálogo, negociación, disensos y posibles acuerdos que determinarán el alcance y la naturaleza de los futuros pactos y los apoyos que conseguirán en la ciudadanía. El pasado 11 de mayo, los sindicatos CCOO y UG, las patronales CEOE y CEPYME y el gobierno de coalición progresista abrieron el camino de esa dinámica de diálogo y acuerdo con la firma solemne en el Palacio de la Moncloa de la prórroga hasta el 30 de junio de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por fuerza mayor y la seguridad que ofrecen a millones de trabajadores (que mantendrán sus contratos y una parte sustancial de sus ingresos) y patronal (que se beneficiará de distintas exoneraciones de las cuotas a la seguridad social a cargo de las empresas).

Se demuestra así que las posibilidades de acuerdo existen y que los pactos pueden ser beneficiosos para todas las partes implicadas cuando responden a problemas reales y descansan sobre un justo y equilibrado reparto de los costes que conllevan. Nada tan pedagógico como este acuerdo para deshacer de un plumazo los falsos debates sobre la imposibilidad de alcanzar amplios acuerdos o sobre la inconveniencia de alcanzarlos porque supondrían siempre, al margen de una lectura concreta sobre lo acordado, la preponderancia completa de unos intereses sobre otros. El acuerdo demuestra la responsabilidad y la capacidad de dialogar, ceder y acordar que atesoran los agentes sociales y el gobierno de coalición progresista, incluso en unas condiciones críticas tan excepcionales y con una oposición de derechas que alienta la crispación y promueve la ingobernabilidad.

4. La propuesta y puesta en marcha de esa búsqueda de amplios acuerdos, lejos de suponer una restricción, tiene la pretensión de reforzar la continuidad de la experiencia de cooperación política entre PSOE y UP en las tareas de gobierno y aportar viabilidad a las medidas progresistas. Nadie, en un régimen democrático, tampoco las derechas, puede pretender cambiar la composición de un gobierno legítimamente constituido o maniatar su acción política mediante otro método que no sea el de las urnas. Las negociaciones iniciadas no están encaminadas a formar una nueva coalición gubernamental ni pueden pretender que este gobierno desista en la aplicación de su programa progresista; tampoco, que la oposición renuncie a sus ideas y propuestas o reduzca sus críticas o su labor de control a la acción gubernamental. Los objetivos son otros: explorar las posibilidades de llegar a acuerdos que permitan mejorar la eficacia de la lucha contra el coronavirus y la crisis sanitaria, reforzar el rescate y la protección social, recuperar la actividad económica con la mayor rapidez posible e instalar un nuevo clima político y social que facilite la gobernabilidad del país y una gestión de la crisis que no deje atrás a nadie, asegure un reparto equitativo y justo de sus costes y ofrezca la seguridad y las respuestas urgentes y tangibles que necesita la sociedad.

5. Todos los informes y estimaciones de la evolución económica en lo que queda del año 2020 y datos del desempeño de la economía española y mundial en este corto periodo de tiempo en los que el confinamiento ha impedido gran parte de la actividad económica dan cuenta de la intensa recesión en la que nos adentramos y de la enorme capacidad de destruir empleos, actividad económica y factores productivos de esta crisis. Las últimas previsiones para la economía española realizadas por la Comisión Europea, y publicadas el pasado 6 de mayo, muy parecidas a las que contiene el Programa de Estabilidad 2020-2023 remitido el pasado 30 de abril por el Gobierno de España, señalan un retroceso del PIB en 2020 del 9,4% (solo superado en unas décimas por Italia y Grecia), una tasa de desempleo del alrededor del 19% (solo superada por Grecia), un déficit público cercano al 10% (debido al fuerte aumento del gasto público y a la caída de los ingresos tributarios) y un aumento de algo más de 20 puntos porcentuales de la deuda pública, hasta el 115,5% del PIB.

En resumen, un auténtico desastre económico y social sin parangón histórico en tiempos de paz. Las grandes diferencias con los datos reales acumulados durante las dos recesiones sufridas por la economía española entre 2008 y 2014 son una menor afectación del empleo, gracias a las medidas tomadas por el Gobierno de coalición progresista en defensa del mantenimiento de los empleos, a través de los ERTE, un mayor esfuerzo en las prestaciones a las personas en situación de desempleo y la próxima aprobación de una nueva renta mínima que entrará en vigor y se hará efectiva el próximo mes de junio. Las medidas que se están tomando para afrontar y superar esta nueva crisis global nada tienen que ver con la nefasta estrategia de austeridad y devaluación salarial seguida ante la crisis financiera global que estalló en 2008.

La incertidumbre reinante y la falta de conocimiento sobre la evolución y las posibilidades de encontrar una vacuna o remedio terapéutico que permita controlar y superar la pandemia hacen que los ejercicios de previsión económica más allá de este año 2020 tengan mucho de invención, pero permiten hacerse una idea de la capacidad inmediata de destrucción de factores productivos y crecimiento potencial de la crisis y de la importancia de reducir sus impactos e impedir que se consoliden, para lo que sería necesario contar con la financiación necesaria para impulsar lo más rápidamente posible la actividad económica. No se trataría de limitarse a reconstruir o recuperar el tejido productivo y empresarial y el modelo de crecimiento destruidos o dañados, sino que esa reactivación económica también debe aspirar a dirigir las tendencias y los nuevos factores que surgen de esta situación crítica y que terminarán alumbrando las nuevas estructuras y especializaciones productivas, las actividades, relaciones económicas y empleos del futuro.

6. En el marco de esta crisis sanitaria, social y económica sin precedentes se pondrán sobre el tapete de los debates y posibles acuerdos un gran número de cuestiones que, sin ánimo de agotar los temas a tratar, abarcarían un amplio listado de asuntos:

  • La consolidación y mejora de la Sanidad Pública y el Sistema Nacional de Salud.
  • La puesta en pie y la financiación del cuarto pilar del Estado del Bienestar: el sistema de servicios sociales y políticas públicas de cuidados, con atención especial al sistema de protección a mayores, victimas lacerantes del coronavirus y la desprotección de las autoridades.
  • La protección de los trabajadores y hogares especialmente afectados por la crisis económica y los mayores riesgos de exclusión social. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de los cuidados, actividad desarrollada mayoritariamente por mujeres. Precisamente, uno de los colectivos más desprotegidos y que está en su inmensa mayoría integrado por mujeres es el de las Empleadas de hogar.
  • El impulso de todas las medidas contempladas por la Ley contra la violencia de género con objeto de aumentar la protección de todas las mujeres víctimas de la violencia machista, con la dotación y los medios que sean necesarios. El confinamiento ha vuelto a poner en evidencia de forma dramática la insuficiencia de las medidas actuales.
  • El establecimiento de una renta básica para todas las personas afectadas por el desempleo, la precariedad y la falta de ingresos suficientes.
  • La mejora de la calidad del empleo con las modificaciones de la estructura y la regulación del mercado de trabajo y el fortalecimiento del diálogo social y la negociación colectiva que permitan superar la inestabilidad, precariedad y temporalidad de los empleos. Los ERTE han sido un ejemplo.
  • La protección de las actividades empresariales, especialmente de Pymes y autónomos que conforman el grueso de nuestro tejido empresarial, impidiendo que los problemas de liquidez o financiación acaben en cierres definitivos y desaparición de empleos.
  • La atención a los sectores económicos y productivos especialmente perjudicados por la crisis para favorecer su modernización o reconversión hacia actividades de mayor valor añadido.
  • La reforma en profundidad de la política de vivienda, que se ha convertido en una fuente inagotable de problemas: concentración de la propiedad, dificultades de acceso, inflación de precios, inexistencia de oferta de vivienda social, generalización de los desahucios en el alquiler, transformación de las viviendas de uso residencial en uso turístico…
  • El incremento sustancial de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación que son la base de los nuevos sectores tecnológicos del futuro.
  • El aumento de la inversión destinada a mejorar la calidad de la enseñanza pública y la cualificación y formación continua de los trabajadores.
  • Para terminar este listado de temas, que solo tiene la pretensión de ilustrar algunas de las muchas cuestiones a debate, es necesario mencionar la necesidad de contar con una estructura y políticas fiscales sólidas y de carácter redistributivo que permitan sostener las medidas económicas y sociales a adoptar para recuperar el bienestar y los derechos de la ciudadanía.

En todos estos temas hay que tomar como referencia dos aspectos trasversales, la transición ecológica y las políticas de género, que nuestra sociedad ha ido incorporando mayoritariamente como preocupaciones importantes y que la crisis del COVID-19 ha puesto de nuevo de manifiesto en un sentido contradictorio (ya que se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero y las denuncias de maltrato machista), pero que sirve para que las alertas y preocupaciones relacionadas con esos dos aspectos se pongan sobre la mesa al abordar cualquiera de los temas, cuestiones o reformas que se quieran abordar.

7. En el ámbito europeo, la cuestión central seguirá siendo en los próximos meses una mayor corresponsabilidad de los Estados miembros y las instituciones comunitarias en la lucha contra la pandemia y sus efectos económicos y sociales directos e inmediatos. Y en un futuro próximo, cuando la pandemia esté más controlada, la existencia de un fondo de reconstrucción económica y la aplicación de un plan europeo de inversiones modernizadoras que no se traduzcan en un aumento sustancial de la deuda pública de los Estados miembros, porque muchos ya están altamente endeudados y no pueden fragilizar aún más sus cuentas públicas, ni en una mayor disparidad en los niveles de endeudamiento, porque impedirían la existencia de igualdad de condiciones en la competencia en el mercado único. La austeridad y los recortes no conforman ningún tipo de solución ni pueden volver a ser parte de las recetas impuestas por las instituciones comunitarias para salir de esta nueva crisis. En su lugar, la cooperación entre los Estados miembros y con las instituciones comunitarias en torno a un programa común de lucha contra el cambio climático y un nuevo acuerdo verde de desarrollo económico deben ser los puntos de partida en el impulso de las actividades económicas y los empleos del futuro. Y del reforzamiento de un proyecto de unidad europea en el que sigan vivos los principios de solidaridad y cohesión, económica, social y territorial.

8. Ya veremos qué ritmo y formas toman los primeros pasos y ejemplos del diálogo entre fuerzas políticas, agentes económicos y sociales e instituciones; y qué alcance y en torno a qué temas será posible alcanzar unos acuerdos que permitan superar esta crisis y sus impactos. En todo caso, no se trata tanto de imaginar un mundo nuevo, como de alcanzar acuerdos posibles que permitan mejorar la situación y atemperar o solucionar los graves y urgentes problemas que amenazan las condiciones de vida y trabajo de la población, el futuro del país y nuestra convivencia. El diálogo y los acuerdos que se ponen en marcha no son, ni previsiblemente llegarán a ser, discusiones constituyentes o semiconstituyentes que aborden asuntos relacionados con el régimen político o la estructura territorial del Estado, porque escapan a los afanes de la iniciativa y a las restricciones que impone el mapa político y electoral actual y, cuestión fundamental, a los requerimientos y exigencias que plantea la mayoría social en estos momentos de crisis. Tampoco serán el marco en el que se puedan abordar la crisis territorial o, de forma más explícita, los acuerdos o desacuerdos con el Govern de la Generalitat y las fuerzas independentistas, que ya tienen establecidos sus propios marcos e itinerarios de diálogo y debate, por mucho que hasta ahora hayan resultado poco operativos y tendrán que ser revisados si se pretenden revitalizar. La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos. En todo caso, lo que está por dilucidar es la capacidad de esta iniciativa para aportar soluciones a los problemas que, finalmente, terminen abordándose.

Cada uno de los temas que hemos mencionado u otros que acaben ganando relevancia en el debate público y acaben acordándose obligará a un desarrollo específico de las medidas y de la financiación necesaria para que se lleven a cabo. Es el momento de fortalecer nuestro limitado Estado de Bienestar y revertir el deterioro causado a los bienes públicos, y no sólo por los gobiernos del PP, a partir de los años 90 del siglo pasado. Aumentar el peso y la calidad de los bienes públicos es una demanda ampliamente sentida por la ciudadanía y cuenta a su favor con un amplio consenso social. Hemos conocido una década (la de los 80) de construcción y desarrollo del Estado de Bienestar y cerca de tres décadas en las que prevalecieron las transferencias de rentas y bienes públicos hacia manos privadas e intereses corporativos, descapitalizando de recursos humanos, materiales y financieros los servicios públicos.

Detrás del “tenemos una sanidad de las mejores del mundo”, se ocultaba un sistema frágil que se iba deteriorando: la Salud Pública (que aborda la prevención, vigilancia y promoción) es sólo el 1% del gasto sanitario público y el presupuesto ministerial estaba en 2017 en el mismo nivel que en 2008. Y si hablamos de servicios sociales los parámetros son todavía peores, se han convertido (como se ha visto en la dramática experiencia de las residencias de mayores), casi exclusivamente, en una fuente de negocio privado que ha experimentado un crecimiento anual del 4%, a costa de un deterioro continuo del servicio público. Hoy, las residencias privadas de mayores tienen 271.696 plazas, mientras las públicas apenas alcanzan las 100.000, arrastrando un modelo inaceptable de gestión que ha sido definido como una mezcla “de cuartel, hospital y hotel”. Toda la experiencia de deterioro de los bienes públicos de las últimas décadas nos sitúa ante un problema que no se puede abordar con medidas menores de maquillaje, sino con una inversión decidida en presupuestos y personal que nos acerquen a los porcentajes europeos en gastos e inversiones que fortalezcan los bienes públicos y la protección social.

El debate que ahora iniciamos intenta impulsar el seguimiento y desarrollo de las propuestas y negociaciones sobre el modelo de reconstrucción social y modernización productiva que nuestro país y Europa necesitan. Las intervenciones, obviamente, podrán versar sobre los aspectos más generales o sobre los aspectos sectoriales, transversales o específicos que hemos mencionado o sobre otros que os parezcan de tanta o mayor importancia, pero en todos los casos os pedimos un esfuerzo de síntesis e interacción con las intervenciones que se vayan publicando, para remarcar el carácter de debate y contraste entre diferentes puntos de vista y argumentos.

Probablemente, algunos de los temas que cobren mayor interés social o se conviertan en foco de atención de la opinión pública en los próximos meses no aparezcan en esta intervención inicial. Irán apareciendo a medida que se desarrollen las negociaciones entre fuerzas políticas en la comisión parlamentaria, en las mesas de diálogo social, en los debates entre las administraciones públicas centrales, autonómicas y locales o, incluso, en la preparación y tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2021 (porque, al final, esos PGE serán expresión de los avances o estancamiento de las negociaciones). Por ello, también resultaría muy interesante recibir textos de análisis sobre algunos de los nuevos temas o aspectos de las discusiones y negociaciones que marquen la actualidad.

Nada nos gustaría más que este nuevo debate en Espacio Público permitiera aclarar las diferentes posiciones y cuestiones en juego en este proceso negociador y que las intervenciones y debates contribuyan a articular una salida progresista a la crisis.

moderado por:

  • Gabriel Flores

    Economista

Conclusión del debate

El coronavirus acabó atropellando al mundo y lo dejó maltrecho. La pandemia y el confinamiento han trastocado en los dos últimos meses nuestras vidas y todos nuestros planes. Hemos tenido que acomodarnos a una nueva, incómoda y, en muchos casos, terrible situación.

La catástrofe humanitaria ha supuesto hasta ahora, según los datos a 19 de mayo de 2020 del Coronavirus Resource Center (John Hopskin University), más de 300 mil muertos y cerca de 5 millones de personas contagiadas en todo el mundo. Un macabro recuento provisional de víctimas que nadie sabe cuándo acabará ni qué techo alcanzará. Una auténtica catástrofe que en España ha sido particularmente grave, con 27.709 muertos y 231.606 personas contagiadas hasta el 18 de mayo. Entre las causas que explican la mayor incidencia de la pandemia en nuestro país se pueden apuntar, sin temor a equivocarse, el desbordamiento sufrido por una debilitada y recortada sanidad pública y el mercantilismo rampante en el que quedaron atrapadas las residencias de mayores en muchas Comunidades Autónomas, tras ser entregadas como objeto de negocio a la gestión privada de empresas bien relacionadas con el poder político.

La crisis sanitaria y el confinamiento obligado para impedir el contagio masivo provocaron una parálisis de la actividad económica y modificaron nuestros hábitos y algunos de nuestros miedos, ideas y prioridades. Pueden ser cambios duraderos o un paréntesis temporal, desconocemos la solidez y capacidad de prolongarse en el tiempo de los cambios producidos; nadie puede saber si en las nuevas condiciones de desescalada progresiva en las que desarrollaremos nuestras vidas y trabajos en las próximas semanas, quizás meses, se recuperará la vieja normalidad perdida o primará la emergencia de otra normalidad.

Cuando comenzó el confinamiento, a mediados del pasado mes de marzo, entramos en territorios desconocidos. Espacio Público afrontó esa situación excepcional tomando dos decisiones: aplazar temporalmente la sesión presencial que pretendía dar por concluido el interesante debate que en defensa del derecho a la salud mental se desarrollaba en aquel momento (se intentará reanudar el próximo otoño, antes de celebrar el acto presencial de cierre) y abrir un nuevo debate, “¿Qué nos estamos jugando en esta crisis?”, con el que pretendíamos mantener abierto un canal de comunicación que permitiera alentar la reflexión colectiva y darnos la posibilidad de expresar las preocupaciones, experiencias, temores o sueños de futuro ante la nueva situación.

El artículo inicial de Orencio Osuna, “Ahora y después de la pandemia”, era una invitación a compartir los primeros análisis y percepciones sobre lo que estaba pasando, los retos que planteaba la pandemia y el futuro cargado de incertidumbres en el que nos adentrábamos. En el terreno de las opciones político-estratégicas se señalaban dos posibles derivas a evitar, una “solución asiática”, que combinaría nuevas tecnologías y dominio totalitario, y una “solución neoliberal”, en la que la mano invisible de unos mercados globales sin límites, regulaciones o instituciones multilaterales de arbitraje ofrecerían nuevas y mayores oportunidades a los más aptos o adaptables a los indicadores e incentivos mercantiles, mientras profundizaba el malestar, el desconcierto y nuevas restricciones en los derechos y libertades de la mayoría social. El futuro no está encerrado en esas dos opciones, hay otras alternativas. Hay otros mundos y opciones posibles por explorar y hacer, múltiples formas de encarar la crisis y muy distintas políticas y soluciones que permitirían dar una respuesta progresista y democrática a los desastres ya ocasionados y por venir. Y de eso era de lo que queríamos hablar.

Un mes y medio después de aquel artículo inicial, 37 amigas y amigos de Espacio Público han tenido a bien poner por escrito sus inquietudes, conocimientos o experiencias y hacernos partícipes de sus opiniones y conjeturas sobre la nueva situación, los interrogantes abiertos por las crisis desatadas por el coronavirus y contarnos cómo querían, imaginaban o temían que fuera el futuro que aguarda al final de la pandemia. Ese alto número de intervenciones supone una muestra más del grado de responsabilidad con el que la ciudadanía ha vivido el confinamiento y la importancia que le damos a poder compartir sus reflexiones, debatirlas colectivamente y someter al examen crítico de los lectores nuestras ideas y percepciones sobre la situación.

Gracias a la generosidad de las personas que han intervenido en este debate escrito y nos han hecho partícipes de sus reflexiones, hemos podido conocer y contrastar diferentes opiniones y argumentos sobre lo que nos estamos jugando en esta crisis, tanto en el ámbito de los espacios sociales y los asuntos más cercanos como en aquellos hechos, tendencias o interrogantes más globales y abstractos que trascienden los límites de la ciudad, el país o el proyecto de unidad europea del que formamos parte.

El amplio abanico de temas que nos afectan y preocupan

Todas las intervenciones que nos han llegado han sido publicadas tal cual, sin ningún tipo de cortapisa o restricción, lo que muestra la voluntad de Espacio Público de servir de canal de comunicación libre de toda injerencia y al servicio de la libertad de expresión. Una reflexión colectiva y un debate público que se quieren argumentados, respetuosos y capaces de entender las diferencias y los disensos como componentes naturales y esenciales de los procesos de conocimiento, en lugar de considerarlos un lastre, descortesía o intencionada agresión.

Los temas abordados, como era de esperar, han sido muchos y con miradas muy variadas. En realidad, una panoplia de ideas y propuestas tan heterogéneas como las prioridades o los centros de atención y preocupación de los sectores progresistas y de izquierdas de una sociedad compleja, diversa y abierta a múltiples influencias y condicionantes como la nuestra.

No se me ocurre ningún asunto significativo que haya quedado fuera de esta mirada colectiva que han ido tejiendo y ofreciendo las intervenciones. Imposible resumirlas sin caer en una simplificación excesiva de la riqueza de voces, análisis y matices que expresaban. Quedan ahí, en la web de Espacio Público, a la espera de nuevos lectores que quieran conocer una buena selección de los asuntos que preocupaban a la ciudadanía durante el confinamiento y de las reflexiones a que han dado lugar.

Con la única intención de despertar el interés por su lectura cabe decir que las intervenciones tratan un amplio número de cuestiones que van desde las más globales, como los potenciales cambios geopolíticos que puede favorecer la pandemia, la importancia de las respuestas de la UE en la resolución de los problemas o las similitudes y diferencias en los impactos y evolución de la crisis en Italia y España, hasta experiencias concretas de construcción de redes de solidaridad y autoayuda en Sevilla, en torno a los sectores más vulnerables (jornaleras, inmigrantes, prostitutas), la convivencia en un barrio de Madrid o la llegada del agua y el sostenimiento de un pequeño centro de salud para contener la pandemia en un pueblo de la República de Mali.

También se han tratado diferentes tipos de controversias teóricas, como las nuevas formas que reviste el viejo debate entre seguridad y libertad, las consecuencias del uso depredador que hacemos de los ecosistemas o el contrapeso que debe ejercer una mayor presencia de la sociedad como comunidad a la previsible tendencia al fortalecimiento del Estado.

La iniciativa del Gobierno de coalición progresista de impulsar el diálogo y promover amplios acuerdos entre fuerzas políticas, agentes sociales (como el que ha concluido en el Acuerdo Social en Defensa del Empleo firmado el pasado 8 de mayo por sindicatos, patronales y gobierno de España) o mayores grados de cogobernanza entre administraciones públicas, ha recibido la atención de varios intervinientes que la han valorado con división de opiniones en cuanto a su eficacia, oportunidad o viabilidad.

También han sido objeto de reflexión los impactos de la crisis sobre las desigualdades de renta o de género y la necesidad de reforzar el modelo de protección social, los servicios sociales y los cuidados para conseguir una distribución equitativa del trabajo doméstico y los cuidados entre hombres y mujeres e impedir que la economía de los cuidados sirva como amortiguador de las crisis del sistema a costa del trabajo no remunerado ni valorado y el aislamiento y la subordinación de las mujeres.

Pero, sin duda, el tema que más atención ha concitado es el de las políticas de Salud, el examen del mediocre estado del Sistema Nacional de Salud al que habían conducido las políticas de recorte y privatización, la indefensión en la que se han encontrado los profesionales sanitarios en la lucha contra la pandemia, la necesidad de reforzar la Atención Primaria para tener una mejor sanidad pública, la importancia de los aplausos al personal sanitario como reconocimiento a su entrega y profesionalidad o la necesidad de un fortalecimiento de la sanidad pública y los sistemas nacionales de salud en el que participen instituciones comunitarias y mundiales.

Una nueva fase política y un nuevo debate

Nada está escrito de antemano y mucho de lo por venir dependerá del curso que siga la acción de la ciudadanía. Las clases y grupos sociales o los diferentes centros de poder seguirán manteniendo su pugna en defensa de sus múltiples y contradictorios intereses y objetivos, al tiempo que las fuerzas políticas que los representan intentarán construir una voluntad parlamentaria mayoritaria que permita a las instituciones del Estado traducirla en políticas practicables. En todo caso, se haces necesarias unas condiciones mínimas de estabilidad política y social que den soporte a un proyecto de país que pueda suscitar unos apoyos sociales y parlamentarios más firmes y amplios que los actuales y una gobernabilidad suficiente que permitan llevarlo a cabo.

Comienza una nueva fase de la crisis, en las que las tareas institucionales serán más arduas y de gestión más compleja que las que se han llevado a cabo en los últimos dos meses. Y no solo porque no sabemos si habrá rebrotes y marchas atrás en el control de la pandemia o si se logrará superar la confrontación, el ruido y la crispación reinantes, sino porque las tareas de reactivación de la economía son mucho más complejas que las realizadas hasta ahora para minimizar la pérdida de empleos, rentas y actividades económicas, que dependían fundamentalmente de las posibilidades de contar con la financiación suficiente o endeudarse. En las futuras tareas de reactivación de la economía se necesitarán mucha más financiación y un potente programa de inversiones capaz de dar vida e impulso a los empleos, actividades, industrias y especializaciones de futuro, tanto en la economía española como en la comunitaria.

Hay que definir una hoja de ruta colectiva para la reactivación económica que pasa necesariamente por más gasto público y, por tanto, más déficit y más deuda, porque no solo implicará una gran inversión a largo plazo en la que los retornos irán con retraso respecto a los desembolsos, sino porque implicará también más gastos para asegurar las rentas de más personas desempleadas, acogidas a expedientes de regulación (ERTE) y hogares en situación de pobreza, más préstamos con garantías públicas y más moratorias en el pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social de autónomos en cese de actividad y pequeñas empresas.

Y esos mayores requerimientos de financiación y desequilibrios en las cuentas públicas requieren acuerdo social, cooperación, reducción de la crispación política y social y apoyo y fondos comunitarios. No va a ser una tarea fácil. Y ese es el nuevo tema a debate que os proponemos y que comenzará en los próximos días.

Termino trascribiendo un diálogo a través del tiempo que inició en el siglo V a.C. el dramaturgo griego Eurípides: “Lo esperado no sucede, es lo inesperado lo que acontece”. Lo matizó 25 siglos después el economista inglés Keynes: “Lo inevitable nunca ocurre, siempre sucede lo inesperado”. Y apenas pasó medio siglo para que, en 2012, el novelista italiano Tabucchi añadiera una dosis de escepticismo: “Keynes decía que lo inevitable no sucede nunca y otros piensan que lo inesperado tampoco”.

Sería conveniente mantener la alerta en los próximos meses, no dejarse encerrar por ideas o teorías del pasado y observar con atención los nuevos datos y tendencias que nos proporcione el movimiento real de los acontecimientos. Por si llega otra vez lo inesperado, al menos poder reconocerlo.

Cerramos este debate e iniciamos uno nuevo, más acotado y centrado en la búsqueda, valoración y análisis de las respuestas y medidas políticas que permitan mantener bajo control la pandemia, organizar democráticamente nuestra convivencia e impulsar la reactivación económica a favor de la mayoría social y con la voluntad manifestada reiteradamente por el Gobierno de coalición progresista de que ninguna persona, hogar o sector social se quede atrás. Esperamos contar de nuevo con vuestra participación, apoyo e intervenciones.

Ponencia inicial

¿Qué nos estamos jugando en esta crisis?

¿Qué nos estamos jugando en esta crisis?

Ahora y después de la pandemia

  • Orencio Osuna

    Director de la Fundación Espacio Público

Nos damos una pausa

Y nos disponemos a reflexionar colectivamente sobre qué nos estamos jugando ahora

Covid-19 nos obliga a un replanteamiento de casi todo. Los impulsores de la fundación Espacio Público teníamos previsto dar por concluido el debate sobre el derecho a la salud mental con una sesión presencial, como hemos hecho con todas las cuestiones que hemos sometido a discusión durante los últimos años.

Previmos la convocatoria de un coloquio sobre ese gran tema de nuestra época el pasado día 25 de marzo, con la participación de personas muy cualificadas. Las medidas que se dieron a conocer al conocerse los primeros casos de coronavirus en el Estado español nos obligaron a un cambio de planes. Decidimos aplazar este acto y otro que ya habíamos convocado para el día 12 sobre Catalunya. No nos dimos nuevas fechas, obviamente, a la espera de la evolución de la crisis.

Pensamos en la posibilidad de mantener la discusión por escrito sobre el derecho a la salud mental, teniendo en cuenta el impacto de Covid-19, pero el consejo de gobierno de Espacio Público, reunido en teleconferencia con la asistencia del profesor Joseba Achotegui, autor de la ponencia con la que abrimos la reflexión, decidió “poner en pausa” tal debate. Pensamos que en este momento, en el cual la crisis del coronavirus lo ocupa todo, necesitábamos darnos un tiempo para pensar, para que los propios especialistas e interesados en la materia tengan tiempo para el análisis y la reflexión.

Achotegui y otros miembros del equipo nos hicieron ver que es mejor no favorecer la improvisación y propiciar el tratamiento sobre el impacto del coronavirus en la salud mental con una cierta perspectiva. Volveremos sobre el tema pues, y lo pondremos en conocimiento de todas las personas interesadas en este debate.

Al margen de ello, los impulsores de Espacio Público consideramos que convenía abrir una ventana en nuestra web, un apartado para la reflexión sobre los grandes interrogantes abiertos con la pandemia. Por ese motivo, nos proponemos la publicación de textos breves en torno a las implicaciones del Covid-19 en nuestras sociedades, sobre los efectos de esta devastadora enfermedad en la vida de las personas, en el trabajo, la economía, el medio ambiente, la propia salud, la convivencia, las instituciones, la política…

¿Qué nos estamos jugando en esta crisis?

Ahora y después de la pandemia

«Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía de la enfermedad del insomnio, y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Fue así como les quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas, y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad sólo se transmitía por la boca, y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas por el insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena, que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural, y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir«. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.

Aún no hemos podido metabolizar -como dice el profesor Joseba Achotegui- el shock terrible del coronavirus en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos. Aunque tememos y podemos intuir, que la catástrofe va a afectar a muchos de los modelos y valores sobre los que se asienta nuestra vida personal y social. La angustia, el miedo y la incertidumbre sobre el futuro que nos aguarda, individualmente y como país, pesa como una losa insoportable a la hora de identificar qué nos está pasando y que nos pasará cuando esta pesadilla acabe. Quizás esta siniestra distopía que sufrimos hoy, abra paso mañana a un tiempo de cambios y transformaciones que impida que el feroz capitalismo neoliberal -que domina el sistema mundo sin contrapesos, ni piedad- continúe sometiendo al planeta a una veloz carrera hacia su destrucción, reduciendo a los ciudadanos a meros generadores de plusvalía y figurantes inermes de la codicia de las oligarquías transnacionales. O, por el contrario, que esta crisis facilite la consolidación de un modelo aún más destructivo, en el que la preservación del planeta, los derechos humanos y la democracia, la libertad, la fraternidad y la justicia acaben siendo antiguallas arqueológicas para estudio de hermeneutas y nostálgicos.

Pero a pesar de la negra y espesa niebla de la pandemia, emerge ya una auténtica tormenta de ideas, perspectivas y reflexiones, que como los ciegos del “Ensayo sobre la ceguera” de Saramago, nos pueden ir sirviendo de guías que nos ayuden a desentrañar algunas claves para comprender qué está pasando y qué puede pasar.

Es el caso del coreano Byung Chul Han, en este artículo señala la profundidad del cambio civilizatorio que anuncia la doble utilización de la tecnología, por un lado, como instrumento de dominio totalitario y, por otro, como escudo benefactor ante los males de nuestro tiempo. La utilización del big data, los móviles, las aplicaciones informáticas y las redes sociales en la “solución asiática” de la pandemia -que está resultando probablemente eficiente- nos adentra en un mundo manejado por poderes cada vez más inaccesibles e incontrolables para los ciudadanos. Un arquetipo de sociedad que puede devenir en una horripilante distopía que combine una especie de irrealidad virtual tipo Matrix, con sus añadidos de reino de las fake news totalitarias imaginadas por Orwell en su “1984” y el dominio de los machos alfa y el consumo masivo del “soma” de la felicidad del “Mundo feliz” de Huxley.

Claro que la alternativa de la “solución neoliberal” que propugna el grotesco trío Boris/Trump/Bolsonaro -con su correlato de secuaces- es aún más espantosa: un mundo en el que impere con mano de hierro la milagrosa “mano invisible” del libre mercado sin límites, ni regulaciones, que favorece una suerte de darwinismo social en el que sólo pueden sobrevivir los más aptos. Ante una catástrofe humana como la del covid-19, les trae sin cuidado condenar a muerte a millones de viejos, pobres y enfermos, porque lo más importante no es la vida humana, si no la sagrada “economía”, es decir los intereses del sistema capitalista. Pero a pesar de utilizar los mismos o análogos instrumentos tecnológicos y autoritarios, existe una diferencia entre la “solución neoliberal” de lucha contra el coronavirus y la “solución asiática”: al menos ésta última antepone salvar vidas humanas.

Por supuesto, en toda época la tecnología ha tenido la doble función de fuerza liberadora y de opresión. Se trata de una interacción en la que la sociedad participa y decanta, con revoluciones, reformas o evoluciones. Ahora en España, en la lucha contra la pandemia, lo que debe hacer, a mi juicio, el gobierno de coalición es ganarse a la mayoría de la sociedad con medidas concretas y eficientes, esencialmente que se fortalezca el sistema sanitario y se cree un potente escudo social que proteja realmente a todos los sectores golpeados por la profunda crisis que va a producir inexorablemente.

Para que ello sea posible habrá que liquidar ya el dañino ciclo austericida y tejer las alianzas que empujen a la UE a una política de reconstrucción, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Si no fuese posible ese cambio en la UE, su futuro será una progresiva y muy tensa descomposición y un paso hacia la irrelevancia geopolítica de Europa en la nueva correlación de fuerzas mundial. Sólo así -defendiendo la salud de la población y apoyando a los trabajadores y los sectores más golpeados por la nueva crisis- el gobierno progresista encontrará el apoyo de una ‘respuesta popular’ democrática. De fracasar en esa estrategia, es muy probable que se vaya construyendo una mayoría social y política contraria, que acabe confiando el gobierno a un bloque de fuerzas compuesta por una extrema derecha populista ultra nacionalista y xenófoba, el conservadurismo nacional católico y el catecismo neoliberal. Para ello las derechas usarán todos los recursos, trampas y demagogia a su alcance, pero su fuerza radicará esencialmente en los errores y debilidades de la coalición de gobierno. La batalla no se dirimirá en internet, ni tampoco en las políticas de comunicación y la fabricación de storytelling por parte de los spin doctors de turno.

Esas batallas se ganarán si realmente se apoyan en la realidad de los hechos y en que los compromisos programáticos se gestionen y ejecuten con pericia y determinación. El compromiso de luchar contra el cambio climático; las medidas concretas por una transición energética; la prioridad de financiación para los programas de igualdad de la mujer; el fortalecimiento de los servicios y de las políticas públicas, especialmente la sanidad, la enseñanza, las pensiones, la dependencia, las residencias y la vivienda; una distribución más igualitaria de las rentas y la progresividad fiscal.

Todo ello no ha de ser palabrería, ni postureo, sino decisiones y compromisos concretos. Sin maximalismos, ni retóricas vacuas, sin gesticulaciones estériles, ni pequeñas políticas de campanario. Pero siempre sabiendo cual es la correlación de fuerzas realmente existente y que ésta siempre es cambiante.

Con el objetivo de terminar con la precariedad laboral, la desigualdad y avanzar en los derechos de los trabajadores, desde los sindicatos apelan a la redistribución de la riqueza con la derogación de la reforma laboral y una nueva reforma fiscal. Es una de las conclusiones que se extraen del debate ‘Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores’ organizado por la Fundación 1 de Mayo de CC.OO.

moderado por:

  • Gabriel Flores

    Economista

  • Paloma López Bermejo

    Educadora, sindicalista y política

Conclusión del debate

El modelo neoliberal capitalista y el orden mundial desregulado y cargado de incertidumbres que se sustenta en ese modelo acumulan ineficiencias y desórdenes que se manifiestan en un sinfín de tensiones políticas, étnicas y culturales, pulsiones nacionalistas, crispación social, desajustes económicos y climáticos o conflictos militares en los extrarradios del sistema. La crisis del capitalismo neoliberal se entrecruza, desde hace una década al menos, con una crisis de la democracia y los derechos humanos y con una amenaza climática y ecológica que requiere con urgencia tomar medidas globales, nacionales y locales para empezar a afrontarla de forma inmediata y poder superarla en las próximas décadas, cuando aún es posible.

La tarea de proponer y acordar reformas destinadas a corregir esos desórdenes y disolver esas amenazas debe estar situada en un lugar prioritario de la agenda de la opinión pública y del conjunto de las fuerzas progresistas. Parece aconsejable, si no obligado, intentar definir con más precisión las medidas a aplicar y exigir ritmos más rápidos en su aplicación. Al tiempo, hay que remover los obstáculos que levantan poderes económicos elitistas que no parecen tener ninguna prisa en reducir esos desórdenes mientras puedan aprovecharlos como nuevas fuentes de ganancia y mecanismos para conseguir un mayor sometimiento de la economía, la sociedad y la naturaleza a sus particulares y estrechos intereses a corto plazo.

En nuestro país, mientras tanto, el mucho ruido político y mediático sobre algunos problemas pendientes de solución (el bloqueo político, el encaje territorial de Catalunya, el avance de la extrema derecha posfranquista o los restos de corrupción política institucional) deja fuera del centro de la agenda política cuatro graves problemas:

1) lograr un reparto más equitativo y razonable de la renta para reducir la desigualdad, impedir que se consoliden bolsas de pobreza y exclusión social y facilitar la actividad económica sostenible y la creación de empleos decentes;

2) modificar pautas de consumo y estructuras productivas, a la vez que se propician compromisos nacionales e internacionales efectivos para descarbonizar la economía, reducir las emisiones de CO2 y establecer planes de financiación e inversión que aseguren una transición energética lo más rápida y justa posible, sin que este nuevo ámbito de actividad económica se convierta en pasto del marketing empresarial ni en un nuevo e injusto mecanismo de reparto de los costes que conllevará dicha transición, cargándolos sobre la mayoría social;

3) afianzar la democracia y extender el diálogo y el acuerdo a todas las manifestaciones de las relaciones y la toma de decisiones en ámbitos, como el de las empresas y la gestión y dirección empresarial, que hasta ahora se habían resistido a abrir sus puertas a la democracia;

4) hacer compatible el libre comercio y la libertad de movimientos de las personas con la existencia de mecanismos de regulación y control multilateral que impulsen una globalización inclusiva que evite el dumping social.

La simple enumeración de esos objetivos y tareas nos permiten hacernos una idea de su envergadura y dificultad, de las resistencias que va a generar su puesta en marcha y de la necesidad de un renovado consenso social y amplios acuerdos políticos que permitan empezar a dar pasos en un camino de reformas que será largo y difícil. Se trata, ni más ni menos, que de rehacer un nuevo contrato social capaz de disputar la hegemonía a las elites económicas mundiales y a las fuerzas populistas y neosoberanistas reaccionarias; se trata, en suma, de conseguir que las grandes transformaciones que ya han comenzado se hagan de forma ordenada y no disruptiva, no vayan en detrimento de las grandes mayorías sociales ni contribuyan a reconstruir privilegios basados en identidades nacionales o a dar prioridad a los intereses particulares de elites o sectores que multiplican sus ganancias y su poder gracias a los cambios desordenados que se están produciendo.

Una economía y un orden mundial en transformación que requieren de amplios acuerdos y capacidad para gestionar los cambios en curso y sus ritmos.

Una de las consecuencias políticas más recientes y significativas de la situación de reconfiguración en la que está inmerso el modelo capitalista neoliberal que ha imperado en el mundo durante las últimas décadas, tras su consolidación en los años 80 del pasado siglo, ha sido el giro a la izquierda que parte de la socialdemocracia ha llevado a cabo en los últimos tiempos, con diferente alcance y por distintas vías. Procesos de revisión de su actuación que siguen su curso, adoptando formas más o menos incipientes o desarrolladas, y que han alumbrado programas y propuestas claramente identificables con los valores de izquierdas. Un giro a la izquierda que cuestiona la Tercera Vía, esto es, su anterior colaboración con las derechas en la expansión y gestión del modelo capitalista neoliberal y, tras el estallido de la crisis global de 2008, su apoyo a una estrategia conservadora de austeridad para superar la Gran Recesión que ha sido ineficaz en la consecución de los objetivos que pretendía alcanzar y ha acabado multiplicando desigualdades y precariedad, eliminando derechos laborales y sociales, recortando protección social, deteriorando la oferta de bienes públicos y, en definitiva, haciendo más difícil la vida y el futuro de millones de personas.

Repensar la economía incluye recapacitar sobre las políticas económicas y las llamadas reformas estructurales de desregulación de los mercados impuestas en los últimos años y tratar de integrar y aprender de todas las experiencias y propuestas que cuestionan las políticas de austeridad y devaluación salarial y evidencian su pérdida de apoyos sociales y su ineficacia económica.

Es innegable que se está  produciendo una evolución hacia la izquierda de los programas de partidos socialdemócratas, en el Reino Unido y más recientemente de Alemania, asimismo están adquiriendo un peso creciente otros partidos cercanos a los planteamientos más de izquierda de la socialdemocracia, y en EEUU están ganando espacio las corrientes más progresistas del Partido Demócrata. Al igual que la cooperación de los socialistas portugueses con fuerzas situadas a su izquierda durante la pasada legislatura o la apertura de los socialistas españoles a la negociación de un Gobierno de coalición progresista con UP son algunas de las más importantes expresiones que pueden encontrarse de ese giro a la izquierda que forma parte y evidencia las tensiones generadas por el capitalismo neoliberal.

En el giro progresista de la socialdemocracia y el fortalecimiento político de otras opciones situadas más a la izquierda existen causas y razones similares: aumento de las desigualdades y la pobreza, deformación de la distribución de la renta nacional en detrimento de los salarios, pérdida de poder de negociación de los sindicatos, rápido crecimiento de las emisiones de CO2 e incapacidad o desinterés por reducirlas, extensión de los falsos autónomos y de trabajadores autónomos sin ningún tipo de protección social, retroceso del gasto público social, debilidad de la inversión pública modernizadora, inacción de los Estados y las instituciones comunitarias en la gestión de los cambios productivos, tecnológicos y energéticos o en defensa de los bienes públicos y de los equilibrios ecológicos básicos que son necesarios para sostener nuestro planeta y la propia vida… Tendencias que provocan millones de perdedores desplazados a los márgenes de la sociedad, debilitan la convivencia, fragmentan y convierten en ineficaz el mercado único en Europa o aumentan las divergencias productivas y de rentas entre los socios de la UE y entre los territorios y sectores sociales de cada Estado miembro. Y que, por ser tan negativas, terminan por ser inaceptables en democracia y generan rechazos, malestar y energías que intentan y acabarán consiguiendo cambiar las prioridades y las políticas predominantes desde hace décadas porque no se pueden perpetuar cuando son tan evidentes y destacados sus negativos impactos. El avance del euroescepticismo y de las críticas y resistencias de la ciudadanía al capitalismo neoliberal, tanto a la izquierda como a la derecha del escenario político, son claros indicadores de la crisis en la que seguimos inmersos y de la necesidad de grandes transformaciones que permitan para superarla.

También forman parte de esas tensiones, sobre la misma base de indignación o resignación de la ciudadanía pero desde el otro lado del espectro político, el avance de las derechas populistas y neosoberanistas que representan Trump o Johnson y el cuestionamiento que realizan del orden mundial neoliberal o globalista, del que critican un afán uniformador cosmopolita poco o nada respetuoso con las identidades nacionales y al que denuncian como un peligroso enemigo de sus maneras de entender y reivindicar la soberanía nacional y, sobre todo, como un instrumento de los grandes grupos empresariales transnacionales para imponer sus intereses a la mayoría de las naciones.

Todos los temas mencionados antes y algunos más han formado parte, con mayor o menor fortuna y atención, de las ponencias desarrolladas en el III Congreso de la Fundación 1º de Mayo “Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores” y de las intervenciones que se han sucedido en este Espacio Público que ha acogido las valiosas reflexiones que han permitido esclarecer y profundizar un debate necesario. Forman parte de las preocupaciones de CCOO y del resto de sindicatos de clase porque revelan al mismo tiempo la incapacidad del modelo capitalista neoliberal para responder a las preocupaciones de la sociedad y la existencia de un tiempo nuevo, propicio para que las instituciones públicas nacionales y supranacionales impulsen y gestionen cambios de política económica, legislativos, tecnológicos y sociales en un sentido que suponga la mejora de la situación de las clases trabajadoras y la mayoría social, además de un reparto más equitativo que hasta ahora de los costes y beneficios que supondrán dichos cambios.

Que este proceso de gestión de las transformaciones en curso no va a ser sencillo lo indica claramente el desastre electoral sufrido por el Partido Laborista en las recientes elecciones generales del Reino Unido celebradas el 12 de diciembre. No basta con presentar un programa nítido de izquierdas, claramente diferenciado del de las derechas conservadoras o liberales, para recolectar en forma de votos el descontento de la mayoría social. No es posible superar en una campaña electoral años y décadas de retroceso y pérdida de legitimidad del Estado de Bienestar, el diálogo social y la acción de las instituciones públicas en defensa de la igualdad de oportunidades y de los sectores más desprotegidos y marginados o de la necesidad de impulsar una inversión pública capaz de gestionar los cambios productivos y educativos en beneficio de la mayoría social; menos aun cuando esa pérdida de legitimidad fue interiorizada por los laboristas británicos durante los liderazgos de Blair y Brown y la acción política institucional y los desarrollos teóricos asociados a su tercera vía entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. No se puede revertir en una campaña electoral o con un programa de izquierdas una derrota, la pérdida de legitimidad del Estado de bienestar y de la cultura, los valores y las fuerzas que lo hicieron posible, que se fraguó durante décadas. Sobre todo si la agenda política está centrada desde hace varios años en una cuestión identitaria que ha simplificado el debate, polarizado a la ciudadanía y dificultado la búsqueda de un acuerdo político que pudiera recabar un apoyo más amplio que el que se puede construir en torno a un referéndum que sólo admite una respuesta binaria: Brexit sí o no.

El giro a la izquierda de la socialdemocracia, pese a su trascendencia política y las justificadas esperanzas que suscita, no es suficiente para acometer y gestionar las grandes transformaciones en curso y hacerlas compatibles con las necesidades de bienestar, seguridad y futuro de la mayoría social. Tampoco, para construir una alternativa a las derechas populistas, conservadoras o de extrema derecha, embarcadas en un inquietante objetivo de deconstrucción parcial del modelo capitalista neoliberal que pretende reafirmar sus rasgos más antisociales, insolidarios, xenófobos y competitivos al tiempo que intenta reafirmar identidades y soberanías nacionales formales, mientras deja todas las puertas abiertas a las imposiciones de las grandes potencias sobre la mayoría de los Estados nación.

Tampoco una amplia cooperación política, como la que en España intentan fraguar el PSOE y UP para sostener un Gobierno progresista, que suscita con razón tan amplios apoyos y simpatías es suficiente para impulsar el cambio. Hace falta completar y complementar esa cooperación política con el fortalecimiento del papel de los sindicatos de clase y una mayor presencia de un denso entramado de organizaciones y movimientos sociales enraizados en una ciudadanía viva, activa y consciente de la importancia de la acción colectiva en defensa de los intereses y necesidades que comparte la mayoría social. En este terreno de la organización y movilización social es obligado resaltar, por su decisivo impacto sobre las rentas y las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social trabajadora, la importancia de ensanchar, mediante cambios legislativos adecuados y ejemplos prácticos que se puedan replicar y extender, los marcos del diálogo social entre sindicatos y organizaciones empresariales que es esencial para afianzar la negociación colectiva y revertir las pasadas reformas del mercado laboral que la traban o dificultan. Este es el momento. Ahora es posible construir una nueva voluntad política progresista y rehacer un nuevo contrato social desde la izquierda, contando con las instituciones del Estado para impulsar el cambio posible y hacerlo de una manera ordenada, al servicio de la mayoría social y contando con el concurso de la ciudadanía y las organizaciones que la conforman, defienden y representan.

Una reflexión, un debate y una acción necesarios.

Hay ganas de debatir sobre la sociedad en la que convivimos y trabajamos y sus conexiones con la situación europea y mundial, su mal estado, las no demasiado buenas perspectivas de evolución y las formas en las que repensamos la acción sindical y sociopolítica para abrir nuevas posibilidades a la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social. Dicho de otra forma, existe una clara conciencia de la necesidad de actuar y un profundo interés por contribuir a rehacer el contrato social que la crisis económica y las políticas reaccionarias aplicadas para superarla han hecho estallar.

Los debates, ponencias e intervenciones en este Espacio Público y en el III Congreso sobre la democracia económica que organizó la Fundación 1º de Mayo han puesto en evidencia la necesidad y la importancia de llevar a cabo esa reflexión y repensar la acción sindical y sociopolítica para construir un nuevo acuerdo social que ponga la economía al servicio de la mayoría social, refuerce y amplíe los ámbitos de diálogo social y la negociación colectiva y coloque a las instituciones públicas ante su responsabilidad de llevar a cabo las reformas necesarias para que el complejo proceso de transformación en marcha del modelo capitalista y el orden mundial neoliberales se desarrolle de manera ordenada, pacífica y democrática.

Queremos terminar agradeciendo a la Fundación 1º de Mayo el haber planteado y organizado este debate y a todas las personas e instituciones que han intervenido o colaborado en su realización o difusión y lo han hecho posible. Tanto durante el Congreso realizado los pasados días 14 y 15 de noviembre de 2019, que contó con una veintena de ponentes, alrededor de dos centenares de asistentes y el respaldo y la difusión brindados por Espacio Público, Le Monde Diplomatique en español, Madrid Sindical, Público y CTXT, como a través de los artículos y el debate que durante dos meses ha discurrido en este Espacio Público y en el que ha habido más de cuarenta intervenciones.

Muchas gracias a todas las personas y entidades que han hecho posible este espacio público de reflexión, análisis y encuentro que valoramos como muy provechoso y que necesitará de continuidad para alentar propuestas y reformas que puedan ser llevadas a cabo por un Gobierno progresista. Y muchos ánimos para el camino que tenemos por delante, en el que será imprescindible aunar de nuevo esfuerzos de reflexión y acción para impulsar y apoyar el cambio posible.

Ponencia inicial

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores, conectar la democracia con la economía

  • Gabriel Flores

    Economista

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

Este debate se enmarca en la actividad desarrollada por la Fundación 1 de mayo de CCOO, el III Congreso ‘Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores’. Más información en: http://www.1mayo.ccoo.es/noticia:393539–Repensar_la_economia_con_los_trabajadores

Vivimos tiempos difíciles para la democracia en todo el mundo. No es algo nuevo, ya se han vivido antes, varias veces a lo largo del siglo XX –que no olvidemos es el siglo de la democracia en la larga Historia de la Humanidad- y siempre, hasta ahora, la democracia ha salido fortalecida frente a sus enemigos, las castas privilegiadas, las élites económicas, los latifundistas de capital. ¿Será también así en el siglo XXI? ¿Es el momento de que la democracia entre en territorios, como el de la economía y la empresa, que le estaban vedados? Creemos que sí. Cuando las fuerzas progresistas se han situado en posiciones meramente resistencialistas, el resultado ha sido el retroceso de los derechos sociales y laborales y, como consecuencia, una creciente desigualdad, como ha ocurrido en las últimas décadas.

¿De qué hablamos cuando señalamos que la democracia económica permitirá ampliar y fortalecer sistemas democráticos capaces de proteger la convivencia y el bienestar de la ciudadanía? Este amplio terreno de juego, el de la lucha por consolidar derechos y ampliar la democracia, es el que acota el nuevo debate que acoge Espacio Público en colaboración con la Fundación 1º de Mayo de CCOO.

La Gran Recesión iniciada en 2008 y las políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial impuestas por las instituciones europeas a partir de 2010, siguiendo las recetas neoliberales, han generado como reacción que gran parte de la ciudadanía haya retomado la consciencia de la importancia de contar con libertades, derechos e instituciones que nos permitan defendernos de los depredadores mercados financieros. Aunque, a la vez, también hay que reconocer que algunos sectores sociales han perdido la confianza en las bondades de un sistema democrático que cada vez les ofrece menor protección.

La recurrente explosión de burbujas financieras, fruto de una paulatina pero constante desregulación de los mercados de capitales, ha fragilizado la protección de las relaciones laborales y el derecho del trabajo, acelerando su mercantilización y el ritmo de sustitución de empleos decentes con salarios dignos por trabajos precarios de baja remuneración. La consecuencia de esos procesos, además del paulatino deterioro del Estado de Bienestar, ha sido el aumento de los riesgos de pobreza y exclusión social de una parte importante de la población, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, lo que ha incrementado su desafección hacia los partidos políticos y las instituciones representativas.

Para estos sectores de la sociedad, las distopías han ganado espacio a las utopías cercanas, de forma que la democracia se ha estrechado y ha dejado de ser apreciada, al reducirse drásticamente las alternativas políticas que apuestan por la recuperación, en un futuro previsible, de los empleos, salarios, derechos y bienestar que se han perdido en los últimos años. Muy pocos partidos con posibilidades reales de alcanzar posiciones institucionales tienen la voluntad de gobernar de otra manera para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores poniendo coto a los privilegios de las élites económicas.

Es evidente que las generaciones más jóvenes son las que han sufrido en mayor medida la precariedad laboral y las que tienen un futuro con mayores incertidumbres. Jóvenes que no se sienten interpelados por la experiencia histórica que supuso la era de las tiranías europeas, o la dictadura franquista en España, ni disponen, en muchos casos, de una memoria histórica que les ayude a comprender la ineficacia, inmoralidad e injusticia que suponen los regímenes autoritarios.

En la mayoría de los países capitalistas desarrollados cuyas instituciones democráticas no son capaces de ofrecer suficientes empleos y salarios decentes, se está generando una robusta tendencia hacía una menor identificación de la ciudadanía con los valores democráticos. Los datos de la “Encuesta Mundial de Valores” atestiguan dicha tendencia.

La democracia es una construcción frágil y reciente en términos históricos, una conquista reversible que en los últimos años está sufriendo en Europa y en todo el mundo una campaña de descrédito organizada por poderosos enemigos. Ya no buscan su demolición, su objetivo es más inteligente, es erosionarla hasta reducirla a un cascarón de ceremonias formales que les permitan seguir protegiendo sus egoístas y elitistas intereses.

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores implica proteger lo social frente a unos mercados que reparten de forma tan desigual, como injusta, rentas y riqueza. Supone considerar que el destino de la inversión pública, y de una parte sustancial de la inversión privada, tiene que decidirse teniendo en cuenta los intereses de la mayoría de la población. Esto es, que el poder democrático de la sociedad debe prevalecer sobre el poder económico de las elites en beneficio de la mayoría social, las clases trabajadoras y el planeta que nos acoge. Ello implica movilizar todas las energías existentes y la financiación pública y privada necesarias para apostar por alcanzar el pleno empleo con trabajos y salarios decentes para todas las personas que deseen trabajar, como sucedió en Europa Occidental y EEUU durante los treinta años dorados, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la desigualdad social se redujo de forma importante.

Las elites económicas, el capital financiero y los grandes conglomerados empresariales globales actúan en sentido contrario, concentrando cada vez más poder, riqueza y rentas y utilizándolos para impedir que la sociedad les imponga límites, elimine sus posiciones de monopolio y oligopolio y regule la actividad económica en beneficio de la mayoría social y del planeta, cuya preservación es la condición previa a cualquier tipo de economía y vida. O democratizamos la economía o nos privatizan la política.

¿Cuándo hablamos de democracia económica de qué estamos hablando?

Al referirnos a la democracia económica evocamos dos amplios espacios de intervención que están interrelacionados: el primero se refiere a la participación en la dirección y el control de la gestión de las empresas de las trabajadoras y trabajadores, de los sindicatos que les representan y de las organizaciones sociales vinculadas a su actividad; el segundo, a la participación de los sindicatos representativos y del resto de agentes sociales en la definición y gestión de la política económica, en la identificación de las mejores herramientas disponibles para lograr los objetivos propuestos y en el control y evaluación de sus resultados.

Introducir la dimensión democrática en la gestión de la economía y de la empresa, resituando el papel de las clases trabajadoras en el control de los procesos económicos, más allá del alcance y la práctica de una negociación colectiva que debe ser reforzada, obedece a dos lógicas plenamente interrelacionadas: una colectiva, la de una sociedad interesada en construir sistemas económicos y políticos de pleno empleo, más justos y equitativos; otra individual, la de incrementar la cantidad y calidad de la libertad individual, permitiendo que el desarrollo de la autonomía y libre elección de los individuos sea compatible con los intereses compartidos, la solidaridad y la cohesión social o la preservación del clima y la biodiversidad, que son un patrimonio común de la humanidad.

Impulsar el avance de la democracia económica, también en el ámbito de la igualdad de género, ofrece un horizonte de nuevos derechos, de reformas, a las fuerzas progresistas que permite recuperar la hegemonía cultural, incorporando a la agenda política propuestas de modernización y cambio estructural del sistema económico y de la empresa.

Democratizar las empresas no se reduce a ampliar el ámbito del cooperativismo o la economía social y solidaria, debe extenderse también a las empresas privadas y, en particular, a los grandes grupos empresariales. Esta tarea democratizadora de la economía y la empresa, lejos de desviar la atención sobre la imprescindible democratización de los Estados nación y la propia globalización, la complementan. Difícilmente se puede aspirar a democratizar lo que está más lejano, lo macro, si no somos capaces de abrir caminos para democratizar la actividad empresarial, lo micro, en la que estamos directamente involucrados o forma parte de nuestra vida cotidiana.

La democratización de la economía no se reduce tampoco a incrementar el papel o el peso del capital público y las empresas de participación o propiedad pública, incluida la banca, debe extender su acción a las empresas privadas y, a través de un sistema fiscal más progresivo, a la mayor contribución de las rentas del capital y los grandes patrimonios privados a la modernización económica y el bienestar social.

Disponemos de múltiples experiencias locales, nacionales e internacionales de impulso de la democracia económica. Buenas prácticas de las que aprender y aplicar para que la gestión de las empresas y la economía acaben impregnadas de los mismos valores, normas y prácticas de carácter democrático que rigen en el resto de ámbitos e instituciones de la sociedad. Se trata de identificar esas experiencias, promover su conocimiento y recabar el apoyo social que requiere la experimentación de nuevas formas de democracia en la economía.

Son los consejos de administración de las empresas los que tiene que aprender del funcionamiento de las instituciones democráticas de la sociedad, ya que gracias a ellas hemos construido las sociedades más productivas, igualitarias, incluyentes y libres de la Historia de la Humanidad.

¿Es necesario un Gobierno progresista para abrir el campo de aplicación de la democracia a la economía?

Se ha planteado en Espacio Público este debate sobre la democracia en la empresa y la economía en momentos electorales y políticos especialmente complejos y crispados a los que acompaña una creciente incertidumbre sobre el futuro económico mundial que ya se ha concretado en una desaceleración del crecimiento de la actividad económica y el comercio mundial.

No obstante, el debate sobre la democracia económica rebasa con mucho el cortoplacismo de una campaña electoral en la que los partidos políticos tratan de diferenciarse. No sería apropiado para la reflexión sobre la democracia económica que este debate quedara atrapado en una maraña de argumentos, justificaciones y simplismos de carácter electoral. Pero es ineludible afirmar la conveniencia de un resultado electoral que facilite el próximo 10 de noviembre la formación de un Gobierno progresista abierto a la consideración de las reformas legales, institucionales o estructurales que convienen al avance de la democracia en las empresas y en la economía.

Por eso, es tan importante la voluntad y la experiencia del acuerdo programático y la cooperación de las fuerzas progresistas y de izquierdas portuguesas en la última legislatura (2015-2019) que analiza Francisco Louça en la ponencia que abre este debate en Espacio Público. Una cooperación no exenta de diferencias y disputas que, junto a las innegables mejoras que ha supuesto para el pueblo portugués, nos permite entender algunos de los límites e insuficiencias de la acción gubernamental como único vector de la transformación social. Siendo imprescindible, la acción de un Gobierno progresista no es suficiente para impulsar con éxito el proceso de democratización de la economía y la empresa, ya que este éste tiene que estar acompañado de un largo y complejo desarrollo de la organización y movilización política, sindical, social y cultural.

Entendemos la modernización de una sociedad como su capacidad de actuar de forma conjunta, a través de mecanismos democráticos, en una dirección y, una vez obtenidos los resultados esperados, reorientar su acción hacia otros objetivos.

Por ello, creemos que la democracia económica, en todos los rasgos que la constituyen y que son el objeto de reflexión y análisis de este debate que se ha abierto en Espacio Público, forma parte del núcleo del ilusionante proyecto de modernización del país que las fuerzas progresistas deben ofrecer a la sociedad para renovar estructuras y especializaciones productivas, reforzar la convivencia y ampliar los derechos, libertades y bienestar del conjunto de la ciudadanía.

Después de las elecciones de octubre y del fin de la “geringonça”

  • Francisco Louça

    Político y economista

Hay en Portugal un viejo dicho popular, muy viejo, que dice “de España, ni buen viento, ni buen casamiento”. Las lectoras y lectores de estas notas que viven en España captarán, así lo espero, la existencia de alguna prevención inscrita en la historia y en las percepciones populares de la única nacionalidad ibérica que no ha estado sometida al poder de Madrid a lo largo de la historia del último milenio. Y también lo que este dicho manifiesta. Literalmente, quiere decir que los vientos venidos de España (del este) son raros, pero perjudiciales para la agricultura. Asimismo, recuerda que las bodas entre las casas reales de los dos Estados se tradujeron en problemas dinásticos, diplomáticos y militares. Cuestiones que, de hecho, condujeron al único periodo en el que Portugal estuvo integrado en el reino de Castilla, entre 1580 y 1640. De ahí el “ni buen viento, ni buen casamiento”.

Claro que sobre esto los contemporáneos no tendrán nada más que una divertida curiosidad. Pero el consejo puede ser interpretado de forma moderna, sugiriendo que cada historia tiene su tiempo y su modo, lo cual sirve a ambos lados de la frontera. Y, si me permiten un consejo, tal vez sea mejor que en el debate político español tampoco se imponga alguna simplificación sobre el “ejemplo” o “modelo portugués”, tal y como lo usa de forma interesada en su estrategia el presidente en funciones Pedro Sánchez.

Sería conveniente que en España no se fíen demasiado de los vientos portugueses y tal vez menos aún de las bodas fortuitas que puedan atravesar la frontera. El riesgo de lecturas instrumentales de los acontecimientos específicos de cada país o de estrategias políticas diversas es demasiado grande, sobre todo en tiempos de emociones fuertes y conflictos duros como los que se han vivido o pueden volver a darse en las Cortes en las votaciones sobre el futuro gobierno. Lean por eso estas notas como una simple información o interpretación acerca de lo que han sido estos cuatro años, de las diferencias entre Portugal y España, y también sobre la evolución política tras las recientes elecciones parlamentarias.

Dos países diferentes, dos historias distintas

Comienzo por lo que es obvio para quien lee estas líneas. Hay varias diferencias que imponen modos de realización de la política y de expresión electoral o de las opiniones públicas que son distintas entre Portugal y España. Creo que son, sobre todo, tres.

Primero, Portugal vivió una transición postdictadura marcada por una crisis revolucionaria (de abril de 1974 a noviembre de 1975). La consecuencia más importante, para lo que nos interesa aquí, fue la forma de reconfiguración del sistema político: el principal partido de la derecha en Portugal –el Partido Popular Democrático/Partido Social Demócrata (PSD)– nace de un ala disidente del partido de la dictadura, que estaba en conflicto abierto con el gobierno sobre cuestiones democráticas, y separada de él, a todos los efectos, cuando se llega a 1974. Así, cuando cae la dictadura, la burguesía se reorganizó en torno a este nuevo partido y a otra fuerza reaccionaria, pero con mucho menor peso, el Partido del Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS). El aparato político de la dictadura fue destruido en gran parte. Esto permitió imponer una Constitución que reconocía amplios derechos populares, leyes electorales democráticas y otras reglas. En España, por el contrario, el PP constituye una prolongación tardíamente adaptada del aparato franquista. Como consecuencia de todo esto, el sistema partidario portugués es más abierto. Y, tal vez por eso, el Bloco de Esquerda (BE) fue el primer partido europeo de convergencia de la nueva izquierda, nació en 1999 por razones políticas más que por la fuerza de los movimientos sociales. En España fue necesario, sin embargo, un poderoso movimiento social, años después, para dar origen a Podemos. Así, fue entonces cuestionada en España la alternancia entre la derecha y el centro socialdemócrata. Y fue de repente, mientras que en Portugal este bipartidismo ha sido lentamente desgastado desde la emergencia del Bloco hace veinte años. Hay que señalar, además, que el movimiento social ha sido y es más fuerte en España que en Portugal, con un protagonismo de las luchas sociales (el movimiento feminista o por la vivienda, por ejemplo) que no son comparables con las de mi país.

Segundo, Portugal es un país homogéneo, mientras que España es un mapa de nacionalidades. Eso determina en España múltiples formas de expresión política, bajo la forma de varios partidos y de gobiernos autonómicos o regionales. Éstas, además, formatean al mismo tiempo la amenazadora rigidez del poder central –y hasta el papel de la monarquía y de las Fuerzas Armadas– y una maleabilidad de negociación, que los gobiernos del PSOE y los del PP aprovecharon, con el PNV o con CiU y otras fuerzas. O sea, España tiene un poder central más violento y, en muchas ocasiones, sustentado en negociaciones regionales.

Cómo se acordó la “geringonça”

La tercera particularidad de Portugal es que fuimos más castigados por el programa de austeridad y por la humillación de la presencia gobernante de la troika durante los años del ‘ajuste’, de 2011 a 2014. En España se aplicó la misma orientación –de hecho, está genéticamente inscrita en las reglas del euro–, pero en un contexto de mayor margen de maniobra y preservando el halo de la autoridad política nacional. España es una economía mayor, más desarrollada e integrada, y tiene más poder político en la UE. Para quien lea estas líneas en España, le recordaría que el primer ministro de derechas en Portugal llegó a afirmar después de la firma del Memorándum de la troika en 2011, explícita y valientemente, que su objetivo era “empobrecer Portugal” y que era necesario tomar “medidas más allá del programa de la troika” para demostrar la conformidad nacional con la austeridad y el poder de los acreedores.

Ya se darán cuenta de a dónde quiero llegar con estas tres anotaciones. Si la población portuguesa tenía en 2015 la sensación y la experiencia de un programa de austeridad económicamente destructor, que se asociaba el gobierno de las derechas (PSD-CDS), y se esperaba una solución política, esta solo podía depender de los partidos de izquierda –Bloco y Partido Comunista de Portugal (PCP)– y del de centro –Partido Socialista (PS)–, como resultado de las elecciones parlamentarias de octubre de 2015. Dado que estas condiciones hacían inviable la alternancia tradicional entre la derecha y el centro, que había estado vigente hasta entonces, el “modelo portugués” de acuerdo sobre puntos concretos programáticos para permitir el gobierno de António Costa se impuso entonces por la voluntad aplastantemente mayoritaria de las bases de estos tres partidos.

Ese modelo fue preparado por una osada iniciativa de Catarina Martins, la coordinadora del Bloco, en su debate televisivo, durante la campaña de 2015, con el secretario general del PS, a quien desafió a aceptar condiciones elementales para abrir la puerta a un acuerdo. Eran condiciones básicas: no continuar congelando el valor de las pensiones, renunciar a leyes que facilitaran el despido y no reducir las contribuciones patronales a la seguridad social. O sea, anular tres medidas que entonces constaban en el programa del PS. Por resumir una larga historia, el mismo domingo del recuento electoral ya comenzaron reuniones informales entre los dos partidos para coordinar estas condiciones y otras, como el aumento del salario mínimo, manuales escolares gratuitos o bonos de transporte público a precios bajos, por ejemplo.

En ese proceso, estos partidos no tenían en frente ni una derecha unificada, ni difíciles cuestiones de orden constitucional (como las nacionalidades en España), ni alternativas de acuerdos políticos con otros partidos. En base a los resultados electorales, el PS en 2015 solo tenía dos opciones: o dejaba la derecha (con el 38%) gobernar o, con su 32%, se entendía con los partidos de izquierda (el Bloco, 10%, y el PCP, 8%)[1].  Escogió la “solución portuguesa”.

El modelo portugués

Hubo así un entendimiento, registrado en acuerdos por escrito. No voy a resumirlos, están publicados y fácilmente disponibles. Su peculiaridad más importante era incluir, por un lado, una lista de medidas a cumplir: parar las privatizaciones y revertir las que ya se habían hecho en el sistema de transportes públicos; incrementar en un 20% el salario mínimo; aumentar salarios y pensiones y reducir los impuestos directos sobre trabajo; mejorar la cobertura en la lucha contra la pobreza. Y por otro, dejar a cada partido libertad de posición sobre el resto de temas, como cuestiones europeas y financieras, por ejemplo.

Ni el PS lo propuso ni los partidos de izquierda plantearon su participación en el gobierno. Sé que a partir de aquí tengo que escribir con todo el cuidado del mundo, pues no quiero que ninguna lectora o lector interprete mi testimonio como una sugerencia sobre lo que debería suceder en España. En el nivel de acción política en que me sitúo, y se sitúa quien toma decisiones y participa en el debate público que se quiere determinante, es preciso conocer y vivir los detalles, tener el corazón experimentado y un conocimiento profundo de cada contexto para comprender las dinámicas y las relaciones de fuerzas. Y yo no pretendo ni proponer ni ser leído como alguien que insinúa algún tipo de conclusión para las elecciones políticas españolas. Lo que escribo se refiere únicamente a Portugal: no quisimos entonces formar parte del gobierno y sabíamos, de hecho, que, dada la historia de una convergencia inédita, ese camino era impracticable.

Para ambas partes, la solución encontrada fue la más conveniente. Para el PS, ciertamente, pues podía presentar en la Unión Europea a su gobierno como una continuidad de sus compromisos políticos esenciales. Era solo parcialmente verdad, dado que el PS podía asegurar que cumpliría los objetivos macroeconómicos de reducción del déficit, pero algunas de las medidas más importantes que la UE continuaba intentando concretar quedaron bloqueadas por el acuerdo con la izquierda, como las nuevas leyes para facilitar los despidos o la reducción de los costes de seguridad social a cargo de las empresas. En el momento en que el nuevo gobierno fue amenazado con sanciones europeas –paradójicamente, porque las cuentas del anterior gobierno se habían desviado un 0,3% del PIB en relación con el objetivo de déficit–, esa relación positiva del PS con Bruselas fue utilizada para argumentar en contra de un nuevo enfrentamiento a la griega. Pero era también ventajoso para los partidos de izquierda, que mantuvieron su independencia y pudieron oponerse al gobierno en cuestiones fundamentales, ganando en algunos casos, como cuando el ejecutivo intentó alterar las condiciones de financiación de la seguridad social, y perdiendo en otros, como la financiación de la banca comercial tras una crisis o las modificaciones de la ley laboral para aumentar el periodo de prueba en un empleo.

Pienso que todos hicieron la elección correcta. La izquierda y el PS no tenían un nivel de entendimiento programático y de experiencia de trabajo en común que permitiera una cooperación gubernamental. De hecho, si esta hubiera ocurrido, el gobierno se habría deshecho en pocas semanas: el ejecutivo tomó posesión en noviembre de 2015, e inmediatamente, en diciembre, presionado por la Comisión Europea, vendió un pequeño banco, el BANIF, al Santander, gastando en la operación tres mil millones de euros, lo que la izquierda no aceptó. Si en ese momento hubiera habido ministros de los partidos de izquierda, éstos habrían salido del gobierno y el acuerdo no habría durado un mes. La presencia en el ejecutivo exige una relación de fuerzas determinante, además de capacidad social de movilización inmediata, preparación técnica y una estrategia política coherente. Pero no puede ser un juego de corto plazo, tiene que ser una disputa consistente por la hegemonía social.

Los resultados de la “solución portuguesa”

No me detendré mucho sobre los resultados de la “solución portuguesa”, que son suficientemente conocidos. Ésta se benefició de tres condiciones favorables: petróleo barato, intereses bajos debido a las inyecciones de liquidez del programa de quantitative easing (compra de títulos de deuda pública y privada) del BCE y, además, un cierto aumento de la expansión de la demanda europea en la tímida recuperación que hemos vivido. Esta evolución permitió, por primera vez en los veinte años del euro, una convergencia real con la media europea, una balanza comercial positiva y la reducción de los gastos en la balanza de rentas, gracias a emisiones de deuda de corto y medio plazo con intereses negativos. En consecuencia, la tasa oficial de desempleo se redujo a la mitad (6%); y la subida de los ingresos fiscales y de la seguridad social, la reducción de los gastos del desempleo, más un inadecuado ajuste de la inversión pública permitieron un déficit cercano al 0% en 2019. Todas las valoraciones coinciden en considerar estos resultados como positivos: para las reglas presupuestarias ortodoxas, es un caso notable; para trabajadores y pensionistas, fue un alivio importante; para la presión de los intereses de la deuda soberana, es un éxito, al menos a corto plazo; para la gestión macroeconómica, tiene el beneficio de una expansión, aunque sea limitada.

La audacia de los partidos de izquierda, ante el carácter tan restrictivo de los acuerdos escritos, permitió ir más lejos de estos. En cada presupuesto anual, fueron aprobadas otras medidas que no estaban inicialmente previstas. Ese proceso de presión y negociación fue esencial para extender algunos derechos y para crear nuevas soluciones. Fue así como se definió una tarifa social de la energía a precios bajos para una décima parte de la población nacional; se creó un programa especial para garantizar contratos de trabajo estables a decenas de miles de trabajadores precarios en la Función Pública; hubo aumentos anuales extraordinarios para las pensiones más bajas, se redujo el precio de las matrículas en la universidad pública o se crearon bonos mensuales de transporte público en las grandes ciudades a precios más reducidos (30 euros).

En otras cuestiones, se agravaron los conflictos entre la izquierda y el gobierno. En particular, en la recuperación de la antigüedad laboral congelada de los profesores, en los salarios de los funcionarios públicos o en la gestión público-privada de los hospitales públicos. En algunos casos, estos conflictos y las soluciones alternativas fueron cuidadosamente preparadas para que la izquierda obtuviera resultados. El mejor ejemplo es el de la Ley de Bases de la Salud. Un antiguo coordinador del Bloco de Esquerda, que desempeñó esa función tras mi último mandato, João Semedo[2], elaboró con un fundador del Partido Socialista y su presidente honorario, António Arnaut[3], una ley para reorganizar la estructura y las políticas de salud. Publicaron su propuesta en un libro que obtuvo un notable impacto, orientando el debate en el país. Ese trabajo de confluencia marcó la política portuguesa. El gobierno inicialmente apoyó la propuesta –el primer ministro y varios miembros del gobierno participaron en su presentación–, después decidió presentar una alternativa y le encargó la tarea a una exministra que representaba a la derecha del PS. Después, abandonó esa propuesta y buscó un acuerdo con la izquierda. Luego, presionado por los grupos financieros con intereses en este ámbito, buscó un acuerdo con el principal partido de la derecha. Finalmente, fracasadas todas estas maniobras, acabó por aceptar un acuerdo de última hora con los partidos de izquierda. El resultado es una ley progresista y la existencia de un debate fuerte sobre la experiencia de la gestión privada de los hospitales públicos –hay aun tres hospitales con ese modelo, pero el proyecto era que llegaran a ser diez–. Para el Bloco de Esquerda, este proceso es una demostración política interesante, ya que nunca había sucedido en la política portuguesa. En primer lugar, el que se diese una propuesta común de dirigentes históricos del PS y del Bloco. Y en segundo lugar, el que el Bloco condujese un debate intenso que condicionó al gobierno; mantuviese siempre su coherencia; consiguiese resistir a la presión de las grandes finanzas; y, ante el fracaso del gobierno, impulsase las reglas para un acuerdo que alcanzó la mayoría del parlamento. Toda la política es disputa.

Nunca simplifiquemos lo que es complicado: este era un gobierno minoritario de un partido de centro, el PS; no era un gobierno de izquierdas; tenía una base parlamentaria mayoritaria con acuerdos y compromisos importantes para la población y que fueran cumplidos; respondía a una exigencia inmediata de viraje político y fue, por eso, un camino para responder a la austeridad.

Las tensiones entre el PS y la izquierda

Este proceso ha estado marcado por tensiones y acuerdos y por la aprobación mayoritaria de presupuestos anuales, que consagraban estos difíciles equilibrios. Pero el mapa político de la “solución portuguesa” evolucionó y se complicó, como no podía dejar de suceder.

En esos cuatro años, a pesar de que los dos partidos de izquierdas hayan estado muy alineados en cuestiones presupuestarias, fiscales, económicas y laborales –divergen en cuestiones sociales, el PCP se opone a las propuestas del Bloco a favor de la paridad entre hombres y mujeres o de la legalización de la muerte asistida– y hayan conseguido en conjunto importantes concesiones del gobierno, el PS ha definido respuestas diferentes a los desafíos propuestos por los dos partidos de izquierdas. La estrategia del primer ministro socialista se ha basado en una distinción entre los dos partidos: favorecer al PCP (cuyo electorado se considera muy estanco en relación al del PS) y ser agresivo con el Bloco (que aparecía como un partido con más posibilidades de establecer puentes y diálogo con los electores del PS). Esta decisión política se volvió más agresiva durante la campaña electoral de 2019, en la que el principal enfrentamiento del PS no fue con sus opositores de derechas, sino contra el Bloco, presentado como un obstáculo para alcanzar la mayoría absoluta, lo que podría acarrear una situación de “ingobernabilidad”. El primer ministro usó insistentemente el ejemplo del caso español, argumentando que si el “Podemos portugués” obtuviera un respaldo electoral elevado, se podría dar un impasse en la formación del Gobierno, como en las Cortes españolas.  El Bloco respondió con una campaña firme en contra de la mayoría absoluta y defendió un programa concreto de medidas sociales y económicas para los próximos cuatro años que incluía el aumento del salario mínimo, la recuperación de derechos laborales, medidas para incrementar la oferta de viviendas sociales, propuestas para desarrollar el servicio nacional de salud y de respuesta a la emergencia climática, la nacionalización de empresas de energía y correos y el control público de la banca.

En todo caso, esa política ofensiva del PS durante este periodo ha perjudicado al PCP y favorecido al Bloco: en las elecciones presidenciales de 2016, la candidata del Bloco obtuvo el triple de votos que el candidato del PCP; y en las europeas –en las que en 2014 el PCP consiguió tres escaños y el Bloco solo uno– de 2019 el Bloco volvió a rebasar al PCP, como ya había sucedido en las legislativas de 2015. En las últimas elecciones parlamentarias del pasado 6 de octubre, el PS subió hasta el 37%, pero quedó lejos de su objetivo de mayoría absoluta, el PCP bajó al 6%, perdiendo 5 diputados y obteniendo el peor resultado de su historia, y el Bloque, mantuvo su presencia parlamentaria, con 19 diputados y cerca del 10% de los votos.

¿Por qué no hay una nueva “geringonça”?

La noche que se cerraron las urnas, el 6 de octubre, António Costa, el primer ministro, se felicitó por los resultados y reafirmó que mantendría su compromiso previo, sugiriendo una Geringonça 2.0. En ese sentido presionaba una buena parte de sus electores, además de los del PCP y el Bloco e, incluso, otros sectores de izquierdas (fue elegida también una diputada de un pequeño partido de izquierdas, Livre, y cuatro más de un partido ecologista y animalista, el PAN). Por eso, el PS, que está en minoría en el parlamento, se sintió obligado a negociar con todos esos partidos para la aprobación de un nuevo acuerdo.

Sin embargo, después de estas elecciones se producen dos diferencias esenciales respecto al contexto de 2015. La primera y más importante es que, esta vez, el PS es el partido más votado y no el segundo. Tiene, por tanto, una legitimidad formal diferente y un margen de maniobra mayor, dada la crisis de los dos partidos de la derecha, que cosecharon los peores resultados en varias décadas. La segunda diferencia es que el PCP, en parte presionado por su mal resultado electoral (fue superado por el Bloco incluso en los bastiones históricos de implantación comunista), rehusó alcanzar un acuerdo escrito para la nueva legislatura y anunció su disposición a llevar a cabo negociaciones puntuales sobre leyes y presupuestos, sin ningún tipo de compromiso sobre objetivos a cuatro años. Por el contrario, el Bloco propuso un acuerdo por escrito sobre un plan de inversión pública durante la legislatura, que incluía un programa de vivienda a bajo coste (cien mil casas con alquileres medios de 300 euros), un plan de emergencia para contratar médicos y enfermeras para el Servicio Nacional de Salud, la nacionalización de Correos, la recuperación de derechos laborales recortados por la troika, el aumento de los salarios y medidas para la reducción del tráfico de automóviles o para responder a la emergencia climática.

En respuesta, el PS, que inicialmente aceptó el principio de un acuerdo escrito y negociaciones diferenciadas con los diversos partidos, decidió retractarse cuatro días después de las elecciones, dando por cerradas las conversaciones sobre un acuerdo de legislatura. Significativamente, anunció su rechazo a las propuestas del Bloco a la salida de un encuentro con la principal asociación patronal, que había insistido en la continuidad de las normas laborales de la troika.

La idea de una Geringonça 2.0 duró, de este modo, menos de una semana y fue rechazada por el PS. Habrá, por tanto, un gobierno minoritario que buscará acuerdos puntuales con la izquierda y la derecha, beneficiándose de la crisis de los partidos de la derecha y esperando que las restricciones provocadas por la desaceleración de la economía europea y por los riesgos de la inestabilidad financiera no generen nuevas perturbaciones. Se trata, por consiguiente, de un deslizamiento del gobierno hacia el centro y la derecha en un contexto de mayor tensión con el Bloque de Izquierda y con los movimientos populares y sindicales.

Aún es pronto, en todo caso, para anticipar cuál será la percepción y la respuesta popular a este nuevo contexto. Dependerá en gran medida de movimientos dinámicos como la huelga climática o la huelga feminista, de las nuevas expresiones de la lucha sindical, así como de la relación de fuerzas que resulte de la evolución económica y de las presiones de las instituciones europeas.

Conclusión

Como siempre, nadie tiene la última palabra. Para la izquierda portuguesa, habrá victorias y derrotas y nunca hay victorias fáciles. Es la vida. La política es un ajedrez con muchas variables y muchas de ellas dependen de fuerzas que no controlamos ni anticipamos. Pero cuanto mejor conocemos a nuestra gente y a nuestros adversarios, mejor preparados estamos para responder a las responsabilidades inmensas de los tiempos presentes: garantizar seguridad a quien teme por el empleo y por el salario, disputar la sostenibilidad de la seguridad y de la protección social frente a las finanzas, impedir la uberización y precarización del trabajo, rechazar el individualismo extremo que afirma el programa neoliberal en la vida cotidiana, construir una cultura de movimiento colectivo, intensificar el aprendizaje democrático contra el autoritarismo. Y, si una cosa aprendí con la experiencia de la izquierda en España y sus nacionalidades, fue que es preciso vivir y mostrar una política inclusiva, alegre, movilizadora y sin rencor. Somos gente normal luchando por los nuestros, codo con codo entre todas. Esa es la fuerza de la izquierda.

Notas

*Este texto es una adaptación del artículo publicado en Ctxt en agosto de 2019, actualizado después de las elecciones parlamentarias del 6 de octubre de 2019. 

  1. Al contrario de la convergencia en la izquierda española en una lista unificada entre Podemos e IU, Unidas Podemos, en Portugal los dos partidos, Bloco y PCP, han mantenidos identidades muy distanciadas y poca cooperación entre sí. La propuesta del Bloco de que las reuniones de trabajo de la mayoría parlamentaria incluyeran a los tres partidos fue siempre rechazada por el PCP, que prefirió negociar por separado con el PS y se negaba a cualquier reunión que incluyera el Bloco, dando por lo tanto al PS un espacio más amplio de negociación paralela con los dos partidos de izquierdas.
  2. João Semedo fue miembro del Comité Central del PCP. Tras abandonar el partido en 1991, volvió a su actividad profesional como médico y fue director de un hospital en Oporto. Más tarde se unió al Bloco y fue su coordinador entre 2012 y 2014. Murió en 2018.
  3. António Arnaut fue fundador del PS. Como miembro del gobierno en 1979, fue el ministro responsable de la creación del Servicio Nacional de Salud. Siempre ha sido considerado y venerado como el “padre del Servicio de Salud”. Tanto Semedo como Arnaut fallecieron algunos meses antes de la conclusión del debate legislativo iniciado por la ley que propusieron.

China vive un momento clave de su largo proceso de modernización. En la agenda sobresalen asuntos de muy diversa naturaleza y todos con el denominador común de su profundo calado. Ciertamente, el cambio en el modelo de desarrollo económico es uno de ellos pero también las transformaciones derivadas de un vigoroso proceso de urbanización (que alcanzará al 70 por ciento de la población en la próxima década), los cambios demográficos, la reducción de las desigualdades y la lucha contra la pobreza (de 700 millones al inicio de la reforma a 0 el año próximo, según los objetivos del XIII Plan Quinquenal) o, en otro orden, la consolidación de una nueva legitimidad en torno al imperio de una norma que preceptúa la hegemonía indiscutida del PCCh. Xi Jinping quiere cerrar el ciclo de decadencia arrastrado desde el siglo XIX, aupando a China en todos los ámbitos, confirmando el regreso histórico de la China de siempre.

Toda esa transformación interna se produce en un contexto caracterizado en lo global por la identificación de una oportunidad estratégica que Beijing desea aprovechar al máximo para colmar sus aspiraciones. Si la China de Hu Jintao pedía paso, la de Xi Jinping ha decidido dar el salto a la cima completando las cuatro modernizaciones reivindicadas por Zhou Enlai en 1964 (industria, agricultura, defensa, ciencia y tecnología). Esa ambición, por otra parte, difícilmente evitable en condiciones normales a la vista de las dimensiones de un Estado-continente, genera tensiones y resistencias en otros actores en la medida en que obedece a un proyecto autónomo que con sus activos y contradicciones se resiste a una homologación dependiente de Occidente y determina incertidumbres respecto a su hipotético comportamiento futuro en el orden global.

La vía en curso y elegida complementa la transformación interna con un programa global sin precedentes. Es el fin definitivo de aquella modestia preconizada de Deng Xiaoping en una China que se antoja ya lejana, cuando entonces se situaba en la posición 38ª del ranking global. La China actual, segunda potencia económica desde 2011, capaz de convertir el éxito económico en la esencia de su proyecto, abraza ahora el impulso tecnológico como la clave para liderar el mundo en las próximas décadas. Por otra parte, con la Iniciativa de la Franja y la Ruta tiene a su alcance un poderoso argumento desarrollista para incrementar su presencia e influencia en todo el mundo.

La China híbrida

Cumplidos 98 años y a las puertas de su primer centenario, el PCCh, con más de 90 millones de miembros, ha logrado plasmar un eclecticismo ideológico que tanto se fundamenta en el canon clásico, hoy centrado en la para algunos sorprendente reivindicación del marxismo, como en la singularidad civilizatoria china. Asimismo, persiste en su propósito de consolidar un modelo en permanente evolución pero que se sustenta en la gestión de cuidados equilibrios entre el mercado y la planificación o entre lo público y lo privado, sin renunciar a la orientación de origen, es decir, un proyecto nacional que pretende de signo no liberal.

Siguiendo una vía propia y diferenciada, tantas veces difícil de catalogar y entender desde nuestros parámetros, China aspira a conformar un liderazgo de nuevo tipo trasladando sus incrementadas capacidades económicas y comerciales a la gobernanza global habilitando para ello un conjunto de nuevos acrónimos (desde la Organización de Cooperación de Shanghái a los BRICS o el BAII, etc.) que reflejan sus alianzas prioritarias. Ante ello, mientras Europa duda y Japón se lo piensa, EEUU le señala ya como el principal rival estratégico para preservar su hegemonía.

China también se la juega con Xi Jinping

Iniciado en 2012, el liderazgo de Xi ha supuesto la apertura de una nueva fase política en la China contemporánea. A partir del XIX Congreso, en 2017, el xiísmo ha adoptado carta de naturaleza en el frontispicio ideológico del PCCh, junto al maoísmo y el denguismo.

Eliminado el límite de dos mandatos consecutivos (de cinco años cada uno) y concentrado el máximo poder en sus manos, Xi, considerado como “núcleo” de casi todo, ha acentuado en los últimos años su control sobre la práctica totalidad de los estamentos y procedimientos del aparato partidario-estatal.

Enarbolando la necesidad de un liderazgo fuerte para el actual y decisivo momento histórico, Xi ha prestado enorme atención al fortalecimiento del PCCh, instituido como viga estructural del sistema en todos los ámbitos en permanente estado de alerta. El centralismo y la superación del principio de dirección colegiada han extendido su poder situándole muy por encima de otros dirigentes. Trazando diferentes círculos de lealtades, sus aliados predominan en los principales estamentos, desde el Consejo de Estado a la Comisión Militar Central. Y en el poder provincial, hasta un 85 por ciento de los cuadros dirigentes formarían parte de su red de poder. El culto a la personalidad y la exigencia de lealtad le procuran una imagen omnipotente que, sin embargo, como demuestra la historia de la propia República Popular, pudiera ser engañosa y efímera.  

Un mal paso

Las fragilidades del proceso chino son conocidas. El mayor temor es la vorágine de la inestabilidad política y esta puede tener orígenes diversos: la división en la cúpula del poder, un freno acusado del crecimiento, el fracaso de las reformas clave, el estallido de conflictos sociales, un reventón territorial de cierta magnitud…

La reivindicación nacionalista del sueño chino ofrece un consenso amplio en el PCCh pero subsisten también las diferentes visiones respecto al rumbo de la economía y el modelo final resultante o al ritmo a imprimir en cuestiones clave como la reunificación con Taiwán, la política exterior y las relaciones con EEUU o, en el plano interno, la liquidación de algunas normas esenciales de la vida partidaria instituidas por Deng Xiaoping en los años 80 precisamente para evitar repetir graves errores del pasado.

China y Xi parecen haberlo apostado todo a un último esfuerzo. Pueden haber medido bien sus fuerzas. O no. Las críticas pueden silenciarse apelando a una obligada devoción pero esta puede agrietarse si las cosas se tuercen. Un mal paso, aquí o allá, puede desencadenar una pesadilla en el sueño chino.

moderado por:

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

  • Nalonso

    Profesora en la URJC y miembro de EconoNuestra

Conclusión del debate

«La austeridad es una falacia». Así comenzaba la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de EconoNuestra, Nuria Alonso, un debate organizado por Espacio Público, EconoNuestra y Economistas Frente a la Crisis para analizar y explicar las consecuencias de las políticas de recorte en Europa y sus alternativas.

En el coloquio moderado por el economista Iván Ayala han intervenido además Nacho Álvarez (secretario de Economía de Podemos), Manuel de la Rocha Vázquez (secretario de Economía del PSOE) y Bruno Estrada (miembro de Economistas Frente a la Crisis y adjunto al secretario general de CCOO).

Nuria Alonso se ha referido a la idea del despilfarro del capitalismo que explica la aplicación de esta política de recortes que ha asolado Europa. «La austeridad ha cuajado en la calle, por eso hemos votado lo que hemos votado», ha añadido la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos.

Manuel de la Rocha Vázquez ha abogado por el concepto erróneo de austeridad que los neoliberales «utilizaron para atacar el Estado de Bienestar». Además, el secretario de Economía del PSOE cree que los defensores de esta ideología han utilizado esta idea para avanzar en los recortes y subir los impuestos.

El secretario de Economía de Podemos ha hecho alusión al «robo» de este término por parte de los mandatarios europeos al movimiento ecologista, quienes planteaban una austeridad «sensata, con unos recortes necesarios para hacer frente al consumismo exacerbado».

En cuanto a los efectos, Alonso sostiene que el problema de todo esto es que, con la excusa de vivir por encima de nuestras posibilidades, las autoridades europeas han aprovechado para recortar en los gastos sociales y, al mismo tiempo, ceder ese dinero al sector privado. «La prestación al servicio público ha quedado totalmente mermada».

Bruno Estrada ha mencionado una cartografía de los recortes en la que se analiza la evolución del gasto público de las administraciones públicas entre 2009 y 2014. Este informe, elaborado por CCOO, estimó que se habían recortado 77.000 millones de euros.
Asimismo, el miembro de Economistas Frente a la Crisis considera que «este ajuste salarial ha aumentado las desigualdades entre los españoles».

Estrada cree además que la Unión Europea no tiene los recursos suficientes para paliar este problema económico, lo cual refleja la debilidad de las instituciones europeas. «Eran otras políticas las que se tenían que haber aplicado en Europa», ha zanjado.

«Por supuesto que la austeridad ha sido un éxito. Sin duda, esta política de recortes ha sido utilizada para blindar el capital financiero controlado por un cierto sector de la derecha europea, especialmente de la alemana», ha argumentado Nuria Alonso para explicar los errores que se han cometido a la hora que aplicar estas políticas.

El secretario de Economía del PSOE ha afirmado que hay que valorar el tamaño del sector público para garantizar el Estado de Bienestar. «Hay que luchar en Europa para que se respete la unión monetaria y fiscal, que inyecte dinero público y reduzca el déficit público de forma gradual».

Brexit y austeridad

«Son muchos los gobiernos de la Unión Europea, entre ellos Cameron, que han utilizado estos ajustes para apretar las tuercas a la ciudadanía que tanto ha luchado conseguir los derechos otorgados por el Estado de Bienestar», ha dicho Nacho Álvarez, quien además sostiene que Reino Unido podía haber evitado los recortes, ya que no pertenece a la Unión Monetaria. «Cameron ha hecho recortes porque ha querido», ha aclarado.

Estrada ha hecho referencia a la práctica interesada de estas medidas por parte de los mandatarios europeos y, especialmente, de los líderes ingleses: «Cuando ocurrieron los atentados de París, de repente, Gran Bretaña se olvidó de estas austeridad para invertir en un armamento necesario que eliminara al Estado Islámico».

Álvarez cree que hay que revertir los recortes para solucionar esta situación. «No hay que gastar sin más, sino revertir los recortes que han dejado profundas cicatrices en el Estado de Bienestar».

El secretario de Economía del PSOE confía en la inversión europea de redes transeuropeas que defiendan el bienestar público y actúen contra el cambio climático. También, sostiene que los países con más margen, como Alemania, podrían hacer una inversión más proactiva para ayudar a los estados miembros. En cuanto a España, De la Rocha determina la defensa de las clases trabajadoras como un principio básico para acabar con estas políticas de ajuste.

Por último, la miembro de EconoNuestra, como reflejó en su aportación a través del debate online abierto en Espacio Público en torno a las consecuencias y soluciones de estas políticas de ajuste, ha manifestado la importancia del papel del sector público para terminar con la austeridad. «Hay que regular la actividad privada para revertir la situación porque esta iniciativa no es capaz de hacerlo. Sigo confiando en la defensa del Estado de Bienestar para hacer frente a esta crisis», ha zanjado.

Ponencia inicial

¿Hacia dónde nos conduce la austeridad?

¿Hacia dónde nos conduce la austeridad?

moderado por:

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

  • Albert Recio Andreu

    Economista

Conclusión del debate

Recientemente se ha publicado en Espacio Público, marco habilitado para el debate por el diario Público, el artículo ¿Es posible salir del hoyo del paro? En este artículo señalábamos que las políticas que impone la Troika a los distintos países de la Unión Europea –y muy en particular a los periféricos– están resultando un fracaso a la hora de solucionar el principal problema de nuestras economías: el desempleo. Las políticas de recortes fiscales y devaluaciones salariales no sólo no han ayudado a frenar la destrucción de empleo, sino que durante los últimos dos años han colaborado a que el paro siga aumentando.

Frente a esta orientación de Bruselas y de los distintos gobiernos europeos, el artículo habla de la necesidad de propiciar un giro radical en la política económica. La creación de empleo debe ser la vara que mida el éxito de la política económica. Para ello es necesaria una nueva política fiscal –basada en un fuerte aumento del gasto público y en una reforma que grave más a quien más tiene–. En segundo lugar, se plantaba también la necesidad de incrementar de forma generalizada los salarios y reducir la jornada laboral, como mecanismos para impulsar la demanda agregada, invertir el patrón de distribución de la renta imperante y repartir el empleo. Finalmente, sin quitas significativas sobre la deuda de los hogares –particularmente sobre la deuda hipotecaria de la primera vivienda– difícilmente será posible salir de la actual situación de estancamiento y cuasi deflación, y crear empleo.

Las respuestas y reacciones que han tenido lugar en el foro de Espacio Público ante dicho artículo son muy interesantes. Dedicamos las siguientes líneas a revisar y discutir estas aportaciones.

Trataremos de agrupar estas contribuciones en cuatro grandes líneas de debate: 1) calidad del empleo, 2) sostenibilidad ecológica y renta básica, 3) viabilidad del pleno empleo en la actualidad y, finalmente, 4) democratización de la economía.

Una primera cuestión, ciertamente ineludible cuando hablamos de creación de empleo, remite a la calidad del empleo generado. Difícilmente podremos decir que se ha salido de la crisis de forma beneficiosa para el conjunto de la población –y en particular, de la población trabajadora– si, aunque se cree empleo de forma sostenida, este empleo resulta inestable, de mala calidad y mal remunerado.

La formidable extensión que han alcanzado fenómenos como la precariedad laboral, o la existencia de trabajadores pobres, cuestiona abiertamente lo que otrora fuera el pasaporte básico de ciudadanía en las sociedades occidentales: el trabajo como vehículo de inserción social en una colectividad. Hoy día tener un trabajo ya no es condición suficiente para poder desarrollar una vida relativamente independiente y autónoma, en la medida en que las sucesivas reformas laborales de nuestro ordenamiento jurídico han ido progresivamente traspasando el riesgo económico y empresarial desde los accionistas a los trabajadores. Un giro en la política económica debiera tener en cuenta, por tanto, no sólo la necesidad de crear empleo, sino también la prioridad porque este sea de calidad. Re-regular el mercado de trabajo, aboliendo su “flexibilidad”, contribuiría a resituar el riesgo económico y empresarial en quien la teoría económica lo ha situado históricamente –en el empresario–, garantizando con ello condiciones de trabajo y de vida más estables y dignas.

La segunda línea de debate remite a un tema que ya el artículo original consideraba: la sostenibilidad ecológica. De acuerdo con la teoría de la demanda efectiva, tal cual fue formulada por Kalecki en la década de 1930, un gobierno puede aumentar el nivel de demanda de la economía –y por tanto el nivel de producción de bienes y servicios, y la creación de empleo– siempre y cuando existan recursos ociosos de fuerza de trabajo. En esos casos, los aumentos del gasto público no se transforman en inflación. La batalla por el pleno empleo puede encontrar así en el Estado un instrumento útil, si se pone al servicio de la creación de empleo.

No obstante, y como se señalaba tanto en el artículo original como –con mayor insistencia aún– en algunas aportaciones al debate, no es viable –en términos ecológicos– que el pleno empleo se alcance únicamente, ni principalmente, por la vía de un incremento de la producción.

Frente a la lógica de crecer debe imponerse la lógica de distribuir. Así, además de que la demanda pública se oriente hacia los servicios sociales –intensivos en fuerza de trabajo cualificada, y poco consumidores de energía–, las distintas contribuciones al debate señalan la prioridad por adoptar otras dos medidas: reducciones generalizadas de la jornada laboral y/o una renta básica universal sufragada por una fiscalidad justa y progresiva.

Aunque ambas medidas no son excluyentes entre sí, e incluso pueden reforzarse como vía para construir un modelo alternativo de trabajo, entendemos que una sociedad basada en criterios de igualdad y reciprocidad debería primar el que los incrementos de productividad derivados del avance tecnológico permitan “trabajar menos para trabajar todos”, y avanzar así hacia una sociedad del tiempo libre.

Aun reconociendo la utilidad de una reivindicación como la renta básica para hacer pivotar la lógica desde el crecimiento hacia la distribución, para incrementar sustancialmente el poder de negociación de los trabajadores, y para terminar con la precariedad laboral y la pobreza, consideramos que presenta dos grandes problemas. En buena medida, la aportación del individuo a la sociedad difícilmente puede dejar de ser la base de los derechos colectivos y, además, un ingreso universal garantizado haría inevitable una sociedad dual (por un lado, los “liberados” del trabajo que perciben una renta garantizada y, por otro, los asalariados que, a cambio de elegir trabajar, se ven compensados por una renta superior).

La tercera línea de debate tiene que ver con una pregunta trascendental: ¿es posible el pleno empleo en el marco de la actual zona Euro? Es más, ¿es posible el pleno empleo en sociedades capitalistas?

Hay quien plantea que el giro en la política económica planteado en el artículo original –importante aumento del gasto público, gratuidad y universalización de los servicios públicos, incrementos salariales, reducción de la jornada laboral, quitas sobre la deuda hipotecaria–, en la medida en que no cabe en el actual marco de la zona euro, obliga –antes de nada– a romper con la unión monetaria. Siendo cierto que dichas políticas no caben en la actual conformación del sistema-euro, parece más lógico señalar cuáles deben ser las prioridades en materia de empleo, y desvelar las propias contradicciones de la unión económica y monetaria, que limitarse a identificar la salida de la zona euro como la única solución viable. Diversas “salidas” o “rupturas” de la zona euro son posibles y, desde luego, no todas conducen al pleno empleo. Del mismo modo, la refundación integral del proyecto europeo –que democratice sus instituciones, restituya la soberanía política y garantice la solidaridad interterritorial– no debe excluirse como exigencia política sobre la que articular la política de empleo.

Por otro lado, existe sobrada evidencia empírica, así como fundamentación teórica, para defender que efectivamente el paro resulta consustancial a la sociedad capitalista. ¿Quiere eso decir que no podemos debatir o articular una estrategia para intentar alcanzar el pleno empleo en la situación actual? En primer lugar, se debe ser consciente de que, aunque el pleno empleo no es una realidad que haya existido en las sociedades capitalistas –salvo casos muy puntuales–, las diferencias entre unas economías y otras, y entre unos momentos históricos y otros son enormes: poco tienen que ver las reducidas tasas de paro de las economías desarrolladas durante las décadas de 1950 y 1960, con las experimentadas a partir de 1980, momento en el que empiezan a subir sustancialmente. Poco tiene que ver la tasa de paro que actualmente ostenta la economía española (del 26,6%) con la que presenta la economía alemana (5,4%). Y la política económica –junto a, por supuesto, otros factores económicos– resulta crucial para entender tales diferencias.

Los factores que explican estas diferencias son diversos: entre otros, el grado de desarrollo de una determinada economía, su inserción externa o la dimensión y el vigor de la demanda agregada. En cualquier caso, entre estos factores ocupa un papel importante también la política económica que se aplique. De hecho, en las sociedades capitalistas los factores que explican la oferta y la demanda de trabajo responden a determinantes distintos y, por lo tanto, difícilmente coincidirán y “vaciarán” el mercado. Con ello, el empleo queda, en términos generales, al albur de las exigencias de la rentabilidad empresarial. Precisamente por ello, la exigencia de pleno empleo delimita una batalla política de primer orden entre las distintas clases sociales –centrada en la apropiación que los distintos grupos sociales hacen de la riqueza producida–. En dicho contexto, la política económica resulta un instrumento primordial al servicio de un grupo social u otro.

Y es este argumento el que nos lleva directamente hasta la cuarta cuestión que aparece en el debate: la necesidad de democratizar la economía. De nuevo, aunque la democracia económica no puede ser plenamente alcanzada en el marco del capitalismo, poner la política al servicio del pleno empleo entrañaría avanzar en dicha democratización. No es fácil identificar a qué nos referimos cuando hablamos de “democratizar” un ámbito que, por definición, no es democrático. Resulta evidente sin embargo que aquellas medidas que van en la línea de limitar la gestión de la propiedad privada en aras del bienestar colectivo conllevan incrementos de igualdad, libertad y solidaridad (y, también, de eficiencia económica) que redundan en una mayor democracia. Así, que se regule por ley la calidad del empleo, o que los incrementos de productividad sirvan para reducir el tiempo de trabajo, evidencia cómo la política económica puede contribuir no sólo a la creación de empleo, sino también a la democratización de la economía.

Ponencia inicial

¿Es posible salir del hoyo del paro?

¿Es posible salir del hoyo del paro?

La actual crisis económica ha disparado las cifras de desempleo en Europa, convirtiendo el paro en el principal problema económico y social del momento: en España hemos pasado de 1,8 a 6,1 millones de desempleados entre 2007 y 2013, mientras que en la UE se ha pasado de 16,8 a 26,7 millones durante estos años. La reducción del desempleo debiera ser por tanto el referente que guíe el conjunto de la política económica.

El gobierno español, al igual que las instituciones de Bruselas, defienden su política de recortes del gasto público y de reducción de los salarios como la condición necesaria para que nuestras economías capten financiación externa, ganen competitividad y se produzca con ello la recuperación del crecimiento económico. Se fía la salida de la crisis por tanto al supuesto papel estabilizador que el “saneamiento” del sector público tendrá sobre la inversión privada, así como al motor de las exportaciones.

Sin embargo, comprobamos cómo esta política resulta un autentico fracaso en términos de creación de empleo y de recuperación económica. Los recortes del gasto público no están propiciando una reducción paralela del déficit de las administraciones, ni una recuperación de la inversión privada, en la medida en que los gobiernos han ignorado el papel del multiplicador fiscal: la reducción de las partidas del presupuesto impacta negativamente –y en mayor medida de lo esperado– en la actividad económica, lo que se traduce no sólo en un menor crecimiento económico sino también en una intensa caída de la recaudación y en nuevos gastos (desempleo, ayudas sociales, etc.). En este contexto, la inversión privada se reduce y, con ello, retroalimenta la propia contracción de la demanda agregada.

Por otro lado, los recortes salariales en las empresas no se han traducido en una mejora de las exportaciones capaz de compensar el efecto recesivo que dichos recortes tienen sobre el consumo privado. Es más, cuando estas políticas de “devaluación interna” se aplican de forma simultánea por el conjunto de los socios de la UE, como es el caso, los efectos depresivos se amplifican, en la medida en que el crecimiento de las exportaciones se ve limitado por la política de los vecinos.

Ante este fracaso resulta imprescindible propiciar un giro radical en la política económica. No obstante, una nueva política económica que tome la creación de empleo como referente fundamental debe tener en cuenta que la crisis que vivimos es sistémica y que, además de los aspectos económicos, otras dos cuestiones deben ser consideradas: la dramática situación ecológica que atravesamos y la crisis del actual modelo reproductivo. Necesitamos crear empleo urgentemente y necesitamos hacerlo sin que ello entrañe un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero –que amenazan con hacer inviable la vida en el planeta como consecuencia del calentamiento global–. Y, además, necesitamos también que –desde una perspectiva de género– la nueva política de empleo camine en la dirección de propiciar un reparto efectivo del trabajo familiar.

Señalamos tres posibles pilares en torno a los que hacer pivotar esta nueva política económica: una nueva política fiscal, una nueva política laboral y de rentas y, por último, una nueva estrategia respecto al problema del sobreendeudamiento.

En primer lugar, y tal y como reza el conocido proverbio, para salir del hoyo lo primero es dejar de cavar. Es imprescindible poner fin a la estrategia de austeridad sine die de Bruselas. Los recortes del gasto público deben dar paso a una política de intensa expansión del presupuesto dedicado a servicios públicos. No sólo para reconstruir un “escudo social” que blinde las principales necesidades de la mayoría de la población frente a los efectos de la crisis, sino también porque en un contexto de recesión de balances como el actual, en el que buena parte de los actores privados permanecen constreñidos por el peso de la deuda y por tanto sin capacidad para invertir o consumir, el sector público es el único que puede actuar como motor económico.

La expansión del gasto público debiera centrarse en determinados ámbitos que faciliten la recuperación del empleo y el crecimiento de la renta de los hogares, sin ocasionar con ello un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Resultarían así prioritarios los servicios de atención a la dependencia, la sanidad, la educación o la rehabilitación inmobiliaria, todos ellos intensivos en fuerza de trabajo y de limitado consumo energético. Es más, el propio sector público debiera ser quien impulsase la transición energética necesaria para avanzar hacia una economía sostenible, asegurando tanto las inversiones necesarias para ello como la correspondiente “transición justa” para los trabajadores de los sectores más contaminantes. Además, la financiación de tales políticas debiera producirse fundamentalmente con cargo a una intensa reforma fiscal –que grave más a quien más tiene y que persiga el elevado fraude fiscal de las rentas más elevadas– coordinada a nivel europeo.

El segundo pilar de una política económica verdaderamente encaminada a crear empleo debiera pasar por una reducción generalizada de la jornada laboral, para hacer frente al desafío del desempleo sin comprometer con ello la sostenibilidad del planeta. Así, el reparto del empleo ya no haría necesaria la consecución de elevados ritmos de crecimiento y consumo material para ocupar a la población desempleada. Valga como ejemplo, a pesar de todas las limitaciones que el proyecto presentó, el caso francés: la reducción de la jornada laboral a 35 horas legislada por el gobierno de Jospin supuso la creación de más de un millón de empleos netos durante el bienio 2000-2001 en Francia.

Es más, una política de reparto del empleo, al reducir la jornada laboral diaria, sería la base para el avance en el reparto del trabajo doméstico. Un avance efectivo en la igualdad de género exigiría no obstante inversiones públicas adicionales, posibles en un contexto de nueva fiscalidad como el señalado: permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, así como la universalización de la educación infantil desde los cero años.

En paralelo a la reducción de la jornada laboral, una nueva política de rentas debiera impulsarse. Esta política de rentas tiene que partir del hecho de que en las décadas anteriores hemos asistido a un deterioro del peso de los salarios en el PIB que es necesario contrarrestar, si no queremos que crecientes volúmenes de liquidez alimenten continuamente burbujas inmobiliarias, bursátiles y financieras. Para ello deberían articularse incrementos en los salarios reales superiores al crecimiento de la productividad. Resulta por tanto necesario derogar las últimas reformas laborales, que han quebrado la capacidad de negociación sindical. De hecho, el crecimiento salarial debe coordinarse a nivel europeo, facilitándose incrementos más intensos en las economías del centro para contribuir así a limitar los desequilibrios de balanza de pagos e impulsar la recuperación de la periferia. Esta estrategia de “recuperación liderada por los salarios” vendría a reforzar la política expansiva del gasto público anteriormente mencionada.

Por último, el tercer pilar de la política económica que aquí proponemos pasa por retirar la losa económica que pesa en este momento sobre buena parte de los hogares, acometiendo quitas de las deudas privadas mediante una reducción significativa en el valor facial de las hipotecas. Políticas similares se pusieron en marcha en EE.UU. durante la década de 1930, o en Islandia en el contexto de la crisis actual, y en ambos casos las quitas colaboraron a una recuperación progresiva de la renta disponible de los hogares y, con ello, a la dinamización de la actividad económica.

El saneamiento de las entidades bancarias que una medida de estas características podría conllevar debiera hacerse con cargo a gerentes, accionistas y acreedores, y no con cargo al erario como ha sucedido hasta la fecha en nuestra economía. En cualquier caso, las ayudas públicas que pudiesen hacer falta tras este saneamiento deberían acompañarse de la correspondiente toma de control accionarial de las instituciones financieras por parte del Estado.

El cambio de orientación en la política económica aquí defendido –necesario para que la salida de la crisis se pueda producir en beneficio de la mayoría social– tiene una virtud de la que carece la estrategia actual de Bruselas: mientras que esta última presenta un carácter competitivo que devalúa su implementación, la que nosotros proponemos es de naturaleza netamente cooperativa, de forma que cuantos más países la implementen tanto mejor funcionará. Así, mientras que las “devaluaciones internas” impulsadas por la Troika al aplicarse simultáneamente en varios países refuerzan los efectos depresivos a escala continental, una recuperación liderada por los salarios resultaría tanto más beneficiosa para Europa cuantos más países la llevasen a cabo.

A pesar de ello, hoy por hoy es precisamente en el ámbito supranacional donde una estrategia alternativa como la que aquí se propone encuentra su mayor dificultad: el marco institucional del euro y el diseño de la Unión Económica y Monetaria asfixian la posibilidad de implementar una política económica alternativa. Por ello, para aplicar estas medidas es precisa una refundación integral del proyecto europeo que democratice sus instituciones, restituya la soberanía política y garantice la solidaridad interterritorial. De lo contrario, aquellos gobiernos que, en caso de producirse vuelcos electorales, quieran apostar por aplicar reformas que garanticen verdaderamente el progreso social, el empleo y la defensa de los derechos adquiridos, puede que se vean abocados –para bien o para mal– a la ruptura con la UE y a la salida del euro.

moderado por:

  • Francisco Javier Braña Pino

    Investigador asociado en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

  • Alejandro Inurrieta

1. Punto de partida

Como es sabido el crecimiento del déficit público español ha evolucionado desde tasas negativas en 2006 y 2007 (1) En 2006 y 2007 hubo superávits de las AAPP del 1,84% y 2.23% del PIB respectivamente. a tasas crecientes (p.e., 11,2% del PIB en 2009 o 9,4% en 2012), lo que incide en el crecimiento de la deuda pública (que en la actualidad se sitúa en el 100% del PIB, con su mínimo en 2007 del 36% entre 2000; constituyendo aproximadamente hoy un tercio de la deuda soberana, es decir de la deuda total de España). Este es uno de los efectos económico-financieros más relevantes de la gran recesión en España. La gestión económica y política del mismo ha logrado imponer en el imaginario colectivo de los ciudadanos, con la acrítica colaboración de los medios de comunicación de masas y de no pocos economistas convencionales, dos ideas simplificadoras sobre este hecho central de la recesión actual:

  • a) Que el déficit público (y, por tanto, la deuda pública) es la causa o una de las causas por antonomasia de la gran recesión que sufrimos, obviando de esta manera su complejidad causal. Es lo que podría denominarse como tesis de la “perversión” ideológica tecnocrática. Frente a dicha perversión debemos preguntarnos, en otras cosas, cuál el peso de lo público y de lo privado en dicho déficit. No podemos olvidar que los causantes de la crisis, los llamados mercados, son los que han impuesto la actual razón de Estado según la cual los mercados dirigen la política y el Estado asume el pago de la deuda privada.
  • b) Que este déficit, a duras penas contenido por las políticas de consolidación fiscal o austeridad (de nuevo eufemismos), y la deuda pública creciente, es insostenible per se y, por tanto, su contención exige un inevitable ajuste del gasto público (sobre todo de los bienes preferentes o comunes: educación, sanidad y servicios sociales) y reformas fiscales que contribuyan a su reducción sin poner en cuestión los incentivos de la inversión privada y, particularmente, los intereses del gran capital financiero transnacional. Es la tesis de la “inevitabilidad” del ajuste a la baja o desmantelamiento del Estado de Bienestar.

Ambas tesis, perversión ideológica (encubierta técnicamente) e inevitabilidad subsiguiente de los recortes de prestaciones sociales, es decir, de derechos sociales, son la doble cara complementaria de la gestión política de la gran depresión mediante las llamadas políticas de austeridad que ocultan su verdadero reverso: una combinación de ilusión financiera (en lo ideológico) y de lucha fiscal (en parte latente y en menor medida explícita) en torno al presupuesto de gastos e ingresos, combinación que continúa y completa los ajustes producidos en el mercado de trabajo y en la distribución primaria de la renta.

De ahí que la consideración de la naturaleza económica del déficit público, y de la deuda pública, sea insuficiente para analizar sus causas e impactos y precisemos de una mirada a su naturaleza más profunda, lo que nos invita a una consideración de las dimensiones financieras, económicas, políticas e ideológicas de esta realidad.

En las líneas que siguen, y a modo de esquema tentativo para el debate, planteamos la necesidad de esa visión ampliada y más compleja de la naturaleza económico-política del déficit público y de la deuda pública. El supuesto de partida es que la gran recesión de principios del presente siglo está suponiendo un cambio en profundidad, iniciado en 1980 (aproximadamente) y acelerado desde 1990, en los fundamentos del pacto keynesiano de postguerra, es decir, en la relación salarial (mercado de trabajo) y en la relación social ampliada o sistema de cohesión social (Estado de Bienestar).

Los ajustes de la relación salarial (para recuperar la tasa de beneficio y el poder empresarial) han generado una creciente desigualdad social a la vez que un empobrecimiento relativo de grandes mayorías de ciudadanos (paliado en base al endeudamiento de los hogares) que se completan con un ajuste a la baja o de minimización de los derechos sociales universales que sostenían la relación social o pacto social del Estado de Bienestar, haciendo más frágil el sistema de cohesión social; se trata de dos procesos paralelos que se refuerzan entre si y cuyas modalidades varían entre los distintos Estados de bienestar nacionales. Sólo si se contemplan de manera complementaria ambos procesos de cambio es posible aproximarse a una visión más compleja del déficit público como expresión de los conflictos redistributivos de la sociedad y, en base a ello plantear alternativas plausibles en pro de modelos de crecimiento sostenible en los que el Estado tiene un papel estratégico.

2. La dimensión económico-política del déficit y de la deuda pública

Existe una larga tradición en el análisis económico de considerar la dimensión político-institucional de la Hacienda Pública y de los presupuestos de gastos e ingresos.

Si consideramos la causa o causas del déficit público nos parece un buen punto de partida la tesis de Álvarez, Luengo y Uxó (2013) de que el déficit público es uno de los resultados de una crisis financiera alentada por burbujas y elevados apalancamientos privados en el contexto de un crecimiento desigual interno (España) y externo (la Europa del euro). Según dicha tesis el crecimiento del déficit público tiene uno de sus fundamentos en la asunción por parte del Estado del desastre financiero especulativo, impuesto justamente por quien lo ha provocado (el llamado mercado). Una vez agotado el espejismo de los estímulos fiscales de los años 2008-2009 como intento de retomar una senda de crecimiento especulativo ya imposible, la opción que se impone como inevitable y único mejor camino es saldar la deuda financiera privada a costa del gasto público como condición de la recuperación económica.

Los bajos niveles de déficit público, incluso superávits, de los primeros años de la década pasada eran en gran medida una ilusión fiscal por cuanto una parte importante de los ingresos procedían de manera anormal de la economía inmobiliaria y especulativa. Una vez que dicha economía entra en depresión (a partir de 2008 pero con signos de agotamiento en 2007) se reduce radicalmente la base fiscal de un Estado que había aplicado una política sistemática de rebajas e incentivos fiscales, sobre todo al sector financiero. Con una previa base fiscal debilitada la política aplicada por los gobiernos desde mayo de 2010, y sobre todo a partir de 2012, de asumir la responsabilidad del conjunto de la deuda soberana, conduce de manera inevitable a una crisis fiscal del Estado que, para evitar su bancarrota del país, aplica drásticos ajustes en el gasto público, sobre todo en el gasto social, investigación e infraestructuras.

La política dictada por los mercados impone que los ciudadanos se hagan cargo de parte de la deuda soberana, sobre todo la bancaria, sin consulta previa (2) Recuérdese la reforma del artº 135 de la Constitución, sin referéndum, sobre los límites estructurales del déficit., mediante la reducción del gasto público social, al mismo tiempo que ello proporciona la oportunidad de acelerar la tercera fase de reestructuración del Estado de Bienestar, la fase de la privatización ampliada de servicios colectivos (3) Durante la primera, 1980-1990, la reestructuración fue sobre todo ideológica: el discurso de la inviabilidad futura del Estado de Bienestar; durante la segunda, 1990-2007, la reestructuración consistió en la contención del gasto social y la progresiva apertura a la llamada externalización de la gestión de los servicios y ampliación de la oferta mercantil..

Los bajos niveles de déficit público, incluso superávits, de los primeros años de la década pasada eran en gran medida una ilusión fiscal por cuanto una parte importante de los ingresos procedían de manera anormal de la economía inmobiliaria. Una vez que dicha economía entra en depresión (a partir de 2008 pero con signos de agotamiento en 2007) se reduce radicalmente la base fiscal de un Estado que había aplicado una política sistemática de rebajas e incentivos fiscales. Con una previa base fiscal debilitada la política aplicada por los gobiernos desde mayo de 2010, y sobre todo a partir de 2012, de asumir la responsabilidad del conjunto de la deuda soberana, conduce de manera inevitable a una crisis fiscal del Estado que para evitar su bancarrota aplica drásticos ajustes en el gasto público, de manera llamativa el gasto social, además de recorte del gasto público en investigación e infraestructuras.

Los ciudadanos se hacen cargo de parte de la deuda soberana, sobre todo la bancaria, sin consulta previa, mediante la reducción del gasto público social, al mismo tiempo que ello proporciona la oportunidad de acelerar la tercera fase de reestructuración del Estado del bienestar, la fase de la privatización ampliada de servicios colectivos (3).

Durante todo el segundo período, 1990-2007, una doble ilusión impidió ver en España la catástrofe que se avecinaba. Por una parte, la “ilusión financiera” provocada por la facilidad de acceso al crédito al consumo y a la vivienda, alentada por los excedentes financieros de los países ayer prestamistas, hoy exigentes demandantes del cobro de la deuda pero que, sin duda, también permitía paliar la lenta redistribución negativa de la renta primaria. Por otra parte, la “ilusión fiscal” alentada por los gobiernos – el discurso de la bajada de impuestos o rebajas fiscales – que fue minando la base fiscal del Estado con la eliminación de impuestos, como el del patrimonio, y la progresiva retirada de las grandes fortunas de la base contributiva.

Cuando estas ilusiones estallan el Estado de Bienestar se encuentra con que tiene que asumir la responsabilidad de una parte importante de la deuda privada bancaria y que su base fiscal se ha deteriorado (la crisis no hace sino agravar un proceso ya existente). Como decimos ambas ilusiones son el reflejo ideológico de la deriva de un modelo de capitalismo hiperfinanciero que encuentra su rentabilidad en el endeudamiento especulativo cuyo coste, cuando se hace inmanejable (la especulación siempre estalla), se traslada a los ciudadanos a través del Sector Público que lo traduce en políticas de austeridad salarial y de austeridad en el gasto público, eufemismos ambos que ocultan la socialización de las pérdidas del capital financiero.

3. Hacia dónde dirigir el debate y respuestas factibles de políticas alternativas

En el debate sobre el déficit público parece necesario ampliar el foco del análisis para comprender sus causas y efectos con mayor profundidad. En este sentido cabe:

  • a) Considerar de manera conjunta el análisis de la relación salarial (mercado de trabajo) y la relación social ampliada o sistema de cohesión social (Estado de Bienestar) en la medida en que el gasto público es un factor estructural para un desarrollo equilibrado y, por tanto, es necesario revalorizar el papel estratégico del sector público en el desarrollo de un nuevo modelo de crecimiento sostenible.
  • b) Considerar de manera conjunta la vertiente del gasto público y la vertiente del ingreso o fiscalidad. Los análisis económicos se centran en los recortes y sus impactos sociales y económicos pero en menor medida en el análisis de la crisis de la base fiscal del Estado cuyo deterioro no se explica solamente por el crecimiento negativo de la economía sino también por los cambios institucionales acaecidos a lo largo de las dos últimas décadas que han reducido la base fiscal del Estado, sobre todo la relacionada con el gran capital financiero e inmobiliario.
  • c) Considerar la gestión del déficit como instrumento, no como fin, para salir de la crisis e impulsar un crecimiento reproductivo y sostenible. Reducir el déficit público es un objetivo no cuestionable pero si el modo de su gestión: el modo en que se distribuye la carga, los ámbitos que asumen su reducción (bienes públicos) y los ritmos de su reducción.

Del correcto análisis previo puede promoverse un debate y una respuesta social en torno a objetivos que superen el objetivo de la llamada austeridad por otros que tengan en cuenta:

  • a) La centralidad de los bienes preferentes o comunes como instrumento de respuesta a los riesgos sociales. La lucha contra el déficit no puede servir de pretexto para la transformación del Estado de Bienestar (gestión de riesgos colectivos) en Estado Asistencial (gestión de riesgos individuales). Que los derechos sociales son incuestionables debe ser un principio guía del debate social.
  • b) La importancia de reconstruir la base fiscal del Estado mediante nuevas fuentes de ingresos sobre las grandes fortunas y los beneficios del gran capital financiero. Una vez que la ilusión financiera y fiscal ha sido desvelada es necesaria una nueva reforma fiscal. El problema es que la colusión de intereses del viejo patrimonialismo y el poder financiero transnacional ciegan las vías de una reforma social (y, por tanto, fiscal) necesaria y cohesiva y alientan una indeseable dualización social que tiende a consolidarse en el mercado de trabajo y se amplía al seno del Estado de Bienestar.
  • c) La negociación del calendario de devolución de la deuda en conjunción con el resto de los países del Sur de Europa de modo que sea posible reiniciar el crecimiento económico, aunque sobre nuevas bases de desarrollo sostenible. Plazos nuevos, moratorias y reestructuraciones de la deuda deben ser negociados con los prestamistas de la zona euro por parte de los países del Sur de Europa como vía para retomar el crecimiento y el bienestar.