Un debate cargado de presente y de futuro

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • José Vicente Barcia

    Periodista, Jefe de Gabinete de la Alcaldía de Cádiz y coautor del libro 'Voces del cambio'

Diálogo y negociación para una salida progresista a la crisis

  • Enrique del Olmo

    Sociólogo

  • Gabriel Flores

    Economista

La crisis global y multidimensional de la que el coronavirus ha sido el detonante plantea un nuevo escenario vital que afecta a todos los componentes de las relaciones humanas, sean de índole económica, social, cultural, institucional o geopolítica, incluyendo las que mantiene nuestra especie con la naturaleza de la que somos parte, por mucho que mostremos tanto empeño en deteriorarla, explotarla y recortar la biodiversidad que le sirve de sostén y equilibrio. Nada ni nadie escapa a los impactos de esta gran crisis de inciertos desarrollo y resultados.

Lo que comenzó siendo una crisis sanitaria acabó, a los pocos meses, paralizando la actividad económica, por la obligada decisión de confinamiento de la población, e impactando sobre estructuras sociales, económicas y ecológicas profundamente desequilibradas y vulnerables. Tanto el modelo de capitalismo y globalización neoliberales como la cohesión económica, social y territorial o el medio natural del que depende la vida y la civilización se encontraban ya, antes de la pandemia, deteriorados. Volver atrás, al modelo de crecimiento y a las relaciones y estructuras productivas previas, no resolvería ninguno de los problemas que esta crisis ha desvelado. La tarea a llevar a cabo, por tanto, es doble: defender a la ciudadanía de los impactos destructivos de la pandemia y sus dañinas consecuencias económicas y sociales y superar las causas que han multiplicado el potencial destructivo de esta crisis global.

El análisis del nuevo tiempo que vive nuestro país y el conjunto de la humanidad requiere, sin duda, una mayor perspectiva temporal y un abordaje global de las múltiples causas, tendencias en acción, interrelaciones y potenciales efectos de las crisis desatadas por la pandemia. Sin embargo, la acción política no puede esperar, la sociedad, sus representantes políticos y las instituciones están obligados a actuar en el presente, en defensa de la vida y la salud de la ciudadanía, sus condiciones de trabajo, derechos, libertades y convivencia. Y seguirán tomando decisiones, como en los últimos dos meses, en unas condiciones de incertidumbre radical, mientras sigamos situados en el ojo del huracán de la pandemia y cuando ésta haya pasado y podamos hacer recuento de los destrozos causados y aplicar los planes para reconstruir lo dañado y recuperar la actividad económica. La acción política, el debate y la lucha social o la tarea de gobernar no pueden esperar.

Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía y tengan su ámbito de resolución al alcance de los votos, críticas y movilizaciones de la mayoría social: las administraciones públicas españolas y las instituciones europeas que dependen de las decisiones y el control de la sociedad civil y de sus representantes políticos.

Para iniciar y contextualizar este debate adelantamos algunos puntos de caracterización del momento político que intentamos desentrañar y en el que se inscribe la principal iniciativa política del Gobierno de coalición PSOE-UP, su propuesta de amplios acuerdos al conjunto de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales e instituciones, sin excepciones ni restricciones, para afrontar en común la búsqueda de soluciones a una parte de los grandes retos y problemas que plantea la actual crisis a nuestra sociedad y a nuestro país:

1. Hemos entrado en una nueva fase política en la que perviven lastres e inercias de un largo periodo de crisis e inestabilidad y evidentes problemas de gobernabilidad que se arrastran, al menos, desde 2016. Contamos con la reciente constitución de un gobierno de coalición progresista (una experiencia inédita en la última y larga etapa democrática de nuestra historia colectiva) que se sostiene en un limitado apoyo parlamentario y depende, en las grandes decisiones que exigen mayorías absolutas, de la negociación con un heterogéneo conglomerado de fuerzas políticas y, especialmente, de partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Un gobierno progresista aparentemente débil y una oposición de derechas aún más débil y fragmentada que no tiene ninguna posibilidad de armar una moción de censura viable ni una propuesta alternativa de gobierno.

Casado y Abascal han optado, en una situación tan excepcional como la de la pandemia, por promover la crispación social y la confrontación política para intentar maniatar y romper al gobierno progresista y encubrir esa labor tras la idea de una gran coalición dispuesta a imponer de una vez su versión uniforme, hosca, cerrada e intolerante del nacionalismo español. A pesar de esa oposición de derechas y extremas derechas que no han prestado ningún apoyo a la gobernabilidad o la gestión de la pandemia, acompañando a su desmayado apoyo al Estado de Alarma con brutales e inmorales campañas de acoso, este gobierno de coalición progresista ha construido y sigue reforzando un escudo social que protege a la mayoría social y los empleos, rentas y bienes públicos que sustentan el bienestar de la ciudadanía y el futuro del país.

2. Para abordar en profundidad esta crisis, restañar las tremendas heridas producidas en nuestra sociedad y superar el desastre económico ha aflorado una amplísima demanda social (que todos los estudios de opinión sitúan por encima del 80%) favorable a exigir a las fuerzas políticas que subordinen sus diferencias al bien común en tiempos tan excepcionales y colaboren en la búsqueda y aplicación de las soluciones que cuenten con mayor apoyo porque la sociedad las considera más eficaces y justas. En el mismo sentido somos conscientes que también la capacidad de demanda y de movilización de la sociedad va a ser importante en marcar las agendas de dialogo y las características de las salidas que se den a los diversos problemas.

3. Ese sentimiento de la ciudadanía favorable a la colaboración ha sido acogido y transformado por el presidente del Gobierno en una propuesta de reconstrucción económica y social a todas las fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, instituciones y administraciones públicas (central, autonómica y local). Más allá de las fórmulas que adoptará finalmente esa propuesta, que tendrá que ir acomodándose a las posibilidades reales que determinen el diálogo y las negociaciones en marcha, lo importante es que se abre un nuevo periodo en el que, al tiempo que gana eficacia la lucha contra la pandemia y se refuerzan y amplían las medidas de rescate social y protección del tejido empresarial, se inicia una dinámica de diálogo, negociación, disensos y posibles acuerdos que determinarán el alcance y la naturaleza de los futuros pactos y los apoyos que conseguirán en la ciudadanía. El pasado 11 de mayo, los sindicatos CCOO y UG, las patronales CEOE y CEPYME y el gobierno de coalición progresista abrieron el camino de esa dinámica de diálogo y acuerdo con la firma solemne en el Palacio de la Moncloa de la prórroga hasta el 30 de junio de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por fuerza mayor y la seguridad que ofrecen a millones de trabajadores (que mantendrán sus contratos y una parte sustancial de sus ingresos) y patronal (que se beneficiará de distintas exoneraciones de las cuotas a la seguridad social a cargo de las empresas).

Se demuestra así que las posibilidades de acuerdo existen y que los pactos pueden ser beneficiosos para todas las partes implicadas cuando responden a problemas reales y descansan sobre un justo y equilibrado reparto de los costes que conllevan. Nada tan pedagógico como este acuerdo para deshacer de un plumazo los falsos debates sobre la imposibilidad de alcanzar amplios acuerdos o sobre la inconveniencia de alcanzarlos porque supondrían siempre, al margen de una lectura concreta sobre lo acordado, la preponderancia completa de unos intereses sobre otros. El acuerdo demuestra la responsabilidad y la capacidad de dialogar, ceder y acordar que atesoran los agentes sociales y el gobierno de coalición progresista, incluso en unas condiciones críticas tan excepcionales y con una oposición de derechas que alienta la crispación y promueve la ingobernabilidad.

4. La propuesta y puesta en marcha de esa búsqueda de amplios acuerdos, lejos de suponer una restricción, tiene la pretensión de reforzar la continuidad de la experiencia de cooperación política entre PSOE y UP en las tareas de gobierno y aportar viabilidad a las medidas progresistas. Nadie, en un régimen democrático, tampoco las derechas, puede pretender cambiar la composición de un gobierno legítimamente constituido o maniatar su acción política mediante otro método que no sea el de las urnas. Las negociaciones iniciadas no están encaminadas a formar una nueva coalición gubernamental ni pueden pretender que este gobierno desista en la aplicación de su programa progresista; tampoco, que la oposición renuncie a sus ideas y propuestas o reduzca sus críticas o su labor de control a la acción gubernamental. Los objetivos son otros: explorar las posibilidades de llegar a acuerdos que permitan mejorar la eficacia de la lucha contra el coronavirus y la crisis sanitaria, reforzar el rescate y la protección social, recuperar la actividad económica con la mayor rapidez posible e instalar un nuevo clima político y social que facilite la gobernabilidad del país y una gestión de la crisis que no deje atrás a nadie, asegure un reparto equitativo y justo de sus costes y ofrezca la seguridad y las respuestas urgentes y tangibles que necesita la sociedad.

5. Todos los informes y estimaciones de la evolución económica en lo que queda del año 2020 y datos del desempeño de la economía española y mundial en este corto periodo de tiempo en los que el confinamiento ha impedido gran parte de la actividad económica dan cuenta de la intensa recesión en la que nos adentramos y de la enorme capacidad de destruir empleos, actividad económica y factores productivos de esta crisis. Las últimas previsiones para la economía española realizadas por la Comisión Europea, y publicadas el pasado 6 de mayo, muy parecidas a las que contiene el Programa de Estabilidad 2020-2023 remitido el pasado 30 de abril por el Gobierno de España, señalan un retroceso del PIB en 2020 del 9,4% (solo superado en unas décimas por Italia y Grecia), una tasa de desempleo del alrededor del 19% (solo superada por Grecia), un déficit público cercano al 10% (debido al fuerte aumento del gasto público y a la caída de los ingresos tributarios) y un aumento de algo más de 20 puntos porcentuales de la deuda pública, hasta el 115,5% del PIB.

En resumen, un auténtico desastre económico y social sin parangón histórico en tiempos de paz. Las grandes diferencias con los datos reales acumulados durante las dos recesiones sufridas por la economía española entre 2008 y 2014 son una menor afectación del empleo, gracias a las medidas tomadas por el Gobierno de coalición progresista en defensa del mantenimiento de los empleos, a través de los ERTE, un mayor esfuerzo en las prestaciones a las personas en situación de desempleo y la próxima aprobación de una nueva renta mínima que entrará en vigor y se hará efectiva el próximo mes de junio. Las medidas que se están tomando para afrontar y superar esta nueva crisis global nada tienen que ver con la nefasta estrategia de austeridad y devaluación salarial seguida ante la crisis financiera global que estalló en 2008.

La incertidumbre reinante y la falta de conocimiento sobre la evolución y las posibilidades de encontrar una vacuna o remedio terapéutico que permita controlar y superar la pandemia hacen que los ejercicios de previsión económica más allá de este año 2020 tengan mucho de invención, pero permiten hacerse una idea de la capacidad inmediata de destrucción de factores productivos y crecimiento potencial de la crisis y de la importancia de reducir sus impactos e impedir que se consoliden, para lo que sería necesario contar con la financiación necesaria para impulsar lo más rápidamente posible la actividad económica. No se trataría de limitarse a reconstruir o recuperar el tejido productivo y empresarial y el modelo de crecimiento destruidos o dañados, sino que esa reactivación económica también debe aspirar a dirigir las tendencias y los nuevos factores que surgen de esta situación crítica y que terminarán alumbrando las nuevas estructuras y especializaciones productivas, las actividades, relaciones económicas y empleos del futuro.

6. En el marco de esta crisis sanitaria, social y económica sin precedentes se pondrán sobre el tapete de los debates y posibles acuerdos un gran número de cuestiones que, sin ánimo de agotar los temas a tratar, abarcarían un amplio listado de asuntos:

  • La consolidación y mejora de la Sanidad Pública y el Sistema Nacional de Salud.
  • La puesta en pie y la financiación del cuarto pilar del Estado del Bienestar: el sistema de servicios sociales y políticas públicas de cuidados, con atención especial al sistema de protección a mayores, victimas lacerantes del coronavirus y la desprotección de las autoridades.
  • La protección de los trabajadores y hogares especialmente afectados por la crisis económica y los mayores riesgos de exclusión social. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de los cuidados, actividad desarrollada mayoritariamente por mujeres. Precisamente, uno de los colectivos más desprotegidos y que está en su inmensa mayoría integrado por mujeres es el de las Empleadas de hogar.
  • El impulso de todas las medidas contempladas por la Ley contra la violencia de género con objeto de aumentar la protección de todas las mujeres víctimas de la violencia machista, con la dotación y los medios que sean necesarios. El confinamiento ha vuelto a poner en evidencia de forma dramática la insuficiencia de las medidas actuales.
  • El establecimiento de una renta básica para todas las personas afectadas por el desempleo, la precariedad y la falta de ingresos suficientes.
  • La mejora de la calidad del empleo con las modificaciones de la estructura y la regulación del mercado de trabajo y el fortalecimiento del diálogo social y la negociación colectiva que permitan superar la inestabilidad, precariedad y temporalidad de los empleos. Los ERTE han sido un ejemplo.
  • La protección de las actividades empresariales, especialmente de Pymes y autónomos que conforman el grueso de nuestro tejido empresarial, impidiendo que los problemas de liquidez o financiación acaben en cierres definitivos y desaparición de empleos.
  • La atención a los sectores económicos y productivos especialmente perjudicados por la crisis para favorecer su modernización o reconversión hacia actividades de mayor valor añadido.
  • La reforma en profundidad de la política de vivienda, que se ha convertido en una fuente inagotable de problemas: concentración de la propiedad, dificultades de acceso, inflación de precios, inexistencia de oferta de vivienda social, generalización de los desahucios en el alquiler, transformación de las viviendas de uso residencial en uso turístico…
  • El incremento sustancial de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación que son la base de los nuevos sectores tecnológicos del futuro.
  • El aumento de la inversión destinada a mejorar la calidad de la enseñanza pública y la cualificación y formación continua de los trabajadores.
  • Para terminar este listado de temas, que solo tiene la pretensión de ilustrar algunas de las muchas cuestiones a debate, es necesario mencionar la necesidad de contar con una estructura y políticas fiscales sólidas y de carácter redistributivo que permitan sostener las medidas económicas y sociales a adoptar para recuperar el bienestar y los derechos de la ciudadanía.

En todos estos temas hay que tomar como referencia dos aspectos trasversales, la transición ecológica y las políticas de género, que nuestra sociedad ha ido incorporando mayoritariamente como preocupaciones importantes y que la crisis del COVID-19 ha puesto de nuevo de manifiesto en un sentido contradictorio (ya que se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero y las denuncias de maltrato machista), pero que sirve para que las alertas y preocupaciones relacionadas con esos dos aspectos se pongan sobre la mesa al abordar cualquiera de los temas, cuestiones o reformas que se quieran abordar.

7. En el ámbito europeo, la cuestión central seguirá siendo en los próximos meses una mayor corresponsabilidad de los Estados miembros y las instituciones comunitarias en la lucha contra la pandemia y sus efectos económicos y sociales directos e inmediatos. Y en un futuro próximo, cuando la pandemia esté más controlada, la existencia de un fondo de reconstrucción económica y la aplicación de un plan europeo de inversiones modernizadoras que no se traduzcan en un aumento sustancial de la deuda pública de los Estados miembros, porque muchos ya están altamente endeudados y no pueden fragilizar aún más sus cuentas públicas, ni en una mayor disparidad en los niveles de endeudamiento, porque impedirían la existencia de igualdad de condiciones en la competencia en el mercado único. La austeridad y los recortes no conforman ningún tipo de solución ni pueden volver a ser parte de las recetas impuestas por las instituciones comunitarias para salir de esta nueva crisis. En su lugar, la cooperación entre los Estados miembros y con las instituciones comunitarias en torno a un programa común de lucha contra el cambio climático y un nuevo acuerdo verde de desarrollo económico deben ser los puntos de partida en el impulso de las actividades económicas y los empleos del futuro. Y del reforzamiento de un proyecto de unidad europea en el que sigan vivos los principios de solidaridad y cohesión, económica, social y territorial.

8. Ya veremos qué ritmo y formas toman los primeros pasos y ejemplos del diálogo entre fuerzas políticas, agentes económicos y sociales e instituciones; y qué alcance y en torno a qué temas será posible alcanzar unos acuerdos que permitan superar esta crisis y sus impactos. En todo caso, no se trata tanto de imaginar un mundo nuevo, como de alcanzar acuerdos posibles que permitan mejorar la situación y atemperar o solucionar los graves y urgentes problemas que amenazan las condiciones de vida y trabajo de la población, el futuro del país y nuestra convivencia. El diálogo y los acuerdos que se ponen en marcha no son, ni previsiblemente llegarán a ser, discusiones constituyentes o semiconstituyentes que aborden asuntos relacionados con el régimen político o la estructura territorial del Estado, porque escapan a los afanes de la iniciativa y a las restricciones que impone el mapa político y electoral actual y, cuestión fundamental, a los requerimientos y exigencias que plantea la mayoría social en estos momentos de crisis. Tampoco serán el marco en el que se puedan abordar la crisis territorial o, de forma más explícita, los acuerdos o desacuerdos con el Govern de la Generalitat y las fuerzas independentistas, que ya tienen establecidos sus propios marcos e itinerarios de diálogo y debate, por mucho que hasta ahora hayan resultado poco operativos y tendrán que ser revisados si se pretenden revitalizar. La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos. En todo caso, lo que está por dilucidar es la capacidad de esta iniciativa para aportar soluciones a los problemas que, finalmente, terminen abordándose.

Cada uno de los temas que hemos mencionado u otros que acaben ganando relevancia en el debate público y acaben acordándose obligará a un desarrollo específico de las medidas y de la financiación necesaria para que se lleven a cabo. Es el momento de fortalecer nuestro limitado Estado de Bienestar y revertir el deterioro causado a los bienes públicos, y no sólo por los gobiernos del PP, a partir de los años 90 del siglo pasado. Aumentar el peso y la calidad de los bienes públicos es una demanda ampliamente sentida por la ciudadanía y cuenta a su favor con un amplio consenso social. Hemos conocido una década (la de los 80) de construcción y desarrollo del Estado de Bienestar y cerca de tres décadas en las que prevalecieron las transferencias de rentas y bienes públicos hacia manos privadas e intereses corporativos, descapitalizando de recursos humanos, materiales y financieros los servicios públicos.

Detrás del “tenemos una sanidad de las mejores del mundo”, se ocultaba un sistema frágil que se iba deteriorando: la Salud Pública (que aborda la prevención, vigilancia y promoción) es sólo el 1% del gasto sanitario público y el presupuesto ministerial estaba en 2017 en el mismo nivel que en 2008. Y si hablamos de servicios sociales los parámetros son todavía peores, se han convertido (como se ha visto en la dramática experiencia de las residencias de mayores), casi exclusivamente, en una fuente de negocio privado que ha experimentado un crecimiento anual del 4%, a costa de un deterioro continuo del servicio público. Hoy, las residencias privadas de mayores tienen 271.696 plazas, mientras las públicas apenas alcanzan las 100.000, arrastrando un modelo inaceptable de gestión que ha sido definido como una mezcla “de cuartel, hospital y hotel”. Toda la experiencia de deterioro de los bienes públicos de las últimas décadas nos sitúa ante un problema que no se puede abordar con medidas menores de maquillaje, sino con una inversión decidida en presupuestos y personal que nos acerquen a los porcentajes europeos en gastos e inversiones que fortalezcan los bienes públicos y la protección social.

El debate que ahora iniciamos intenta impulsar el seguimiento y desarrollo de las propuestas y negociaciones sobre el modelo de reconstrucción social y modernización productiva que nuestro país y Europa necesitan. Las intervenciones, obviamente, podrán versar sobre los aspectos más generales o sobre los aspectos sectoriales, transversales o específicos que hemos mencionado o sobre otros que os parezcan de tanta o mayor importancia, pero en todos los casos os pedimos un esfuerzo de síntesis e interacción con las intervenciones que se vayan publicando, para remarcar el carácter de debate y contraste entre diferentes puntos de vista y argumentos.

Probablemente, algunos de los temas que cobren mayor interés social o se conviertan en foco de atención de la opinión pública en los próximos meses no aparezcan en esta intervención inicial. Irán apareciendo a medida que se desarrollen las negociaciones entre fuerzas políticas en la comisión parlamentaria, en las mesas de diálogo social, en los debates entre las administraciones públicas centrales, autonómicas y locales o, incluso, en la preparación y tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2021 (porque, al final, esos PGE serán expresión de los avances o estancamiento de las negociaciones). Por ello, también resultaría muy interesante recibir textos de análisis sobre algunos de los nuevos temas o aspectos de las discusiones y negociaciones que marquen la actualidad.

Nada nos gustaría más que este nuevo debate en Espacio Público permitiera aclarar las diferentes posiciones y cuestiones en juego en este proceso negociador y que las intervenciones y debates contribuyan a articular una salida progresista a la crisis.

 

 

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Presentamos el documento sobre la Refundación del Sistema Nacional de Salud, que han elaborado profesionales del sector de gran relevancia y experiencia. Dicho documento ha sido remitido al Presidente del gobierno, Pedro Sánchez y a la Comisión para la reconstrucción social y económica presidida por Patxi Lopez. Los primeros firmantes son Jesús Gutiérrez Morlote, Manuel García Encabo, Fernando Lamata, Pedro Sabando Suárez, Juan José Rodríguez Sendín, Roberto Sabrido y Ramón Gálvez Zaloña. Dicho documento motiva hacia nuevas aportaciones y visiones sobre una de las discusiones centrales del momento actual.

Por su extensión e importancia pueden encontrar en su totalidad en el enlace de la parte inferior.

Refundacion SNS – Documeto y firmantes

Intervenciones
  • Francisco Vázquez García

    Filósofo e historiador, catedrático de la Universidad de Cádiz

    Mucho se está hablando en estos meses acerca de la crisis sanitaria encarnada por la pandemia de la covid19 y de la subsiguiente crisis económica. Poco se ha dicho sin embargo sobre la crisis civilizatoria que este proceso pandémico revela y contribuye a agravar. El Coronavirus es un signo más del colapso del orden político e ideológico que ha regido nuestras vidas desde la década de 1980. Este orden “neoliberal” o “neopropietarista”, como prefiere llamarlo Thomas Piketty, se ha puesto en evidencia en algunos de los episodios más trágicos de la debacle sanitaria que hemos vivido: las carencias y...
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