España

18 enero 202330 enero 2024

¿Existe una bajada en el nivel educativo en España?

En los últimos tiempos hemos vivido un debate sobre la Educación y la implementación de la LOMLOE, que ha generado bandos en torno al rechazo o la aceptación de la ley. Al producirse en las redes sociales y en la prensa, ha generado más ruido que debate, y ha ayudado más a polarizar a los y las docentes que a acercar posturas sobre un asunto tan relevante como es el de la Educación.

En este marco se ha ido produciendo una queja constante de una parte del profesorado sobre la “bajada de nivel” del alumnado en los últimos años. Algunos responsabilizan al propio sistema, incluso se llega a culpar a la LOMLOE que lleva unos meses en vigor, o, implícitamente, al alumnado o a sus familias, considerando que en el pasado había mejores alumnos y alumnas, más motivados y mejor formados que en la actualidad. Esta apreciación tiene un componente cultural de nuestra tradición griega. Los griegos consideraban que vivían en una era en decadencia respecto a la “edad dorada”, dónde los hombres no tenían necesidades, ya que vivían, según Hesíodo, con “el corazón libre de preocupaciones, al margen de las penas y las miserias”; siempre jóvenes, desconocían la enfermedad y la vejez. Pasaban el tiempo en un puro regocijo, ajenos a todos los males, y cuando llegaba la hora de la muerte “parecían sucumbir a un dulce sueño”.

Poseían todo sin necesidad de trabajar o de luchar: “El suelo fecundo producía por sí solo una abundante y generosa cosecha y ellos vivían de sus campos, en la alegría y la paz, en medio de bienes sin cuento”. Ésta concepción de la Historia dónde el pasado, en la mayoría de las ocasiones, es un tiempo mejor y mítico, es recurrente en la Europa de la tradición grecolatina, a la que se le suma el sesgo del superviviente, que sanciona como bueno un sistema educativo porque la persona que da su opinión fue capaz de sobrevivir a dicho sistema, aunque otros muchos no.

En muchos de los análisis que se realizan en las redes sociales, y artículos de prensa, hay una ausencia parcial, o casi total, de análisis sociológicos. Sin embargo, hay dos estudios que no ignoran dicha dimensión, y que han hecho saltar las alarmas; la evaluación diagnóstica realizada en 2022 al alumnado catalán de 6º de Primaria y 4ºESO, y un informe de Esade EcPol y la Fundación Cotec sobre la “Pérdida de aprendizaje tras un año de pandemia: el caso de Euskadi.”

En el caso catalán, revelan una caída generalizada en el aprendizaje de todas las competencias analizadas. Matemáticas ha sido especialmente golpeada, al haber obtenido la peor puntuación desde 2011. En 6º de Primaria el 38,8%, y en 4ºESO el 53,7%, tienen un nivel calificado como medio-bajo o bajo, y disminuye también el número de alumnado con puntuaciones altas, además de que aumentan los que no llegan al aprobado. Los efectos negativos también se han notado en castellano (-2,7 puntos), en inglés (-6,3 puntos), y matemáticas (-9,1 puntos) en 2021 frente a las pruebas de 2020, según el Consell Superior d’Avaluació de Cataluña para el alumnado de 4ºESO. La nota positiva ha sido que en esta evaluación la brecha de género en matemáticas y otras materias científicas se ha acortado.

En el País Vasco, el informe presentado por Esade EcPol y la Fundación Cotec, plantea que ha habido un diferente impacto por el COVID19 en las redes educativas que conforman nuestro sistema de enseñanza. Según el informe, la red más perjudicada ha sido la Pública frente al Concertado-Privado. Recordemos que el País Vasco es de las Comunidades Autónomas con menor alumnado matriculado en la Pública (51,099%), que coincide en mayor medida con el alumnado con mayor complejidad, y algunos sectores de las clases medias, en un claro sistema segregado. Según el informe, el alumnado de la Escuela Pública perdió el equivalente a medio curso de Matemáticas por la pandemia, mientras que el de la Concertada-Privada apenas perdió.

Según los investigadores de dicho informe, la pérdida global de aprendizaje equivalió al 13% del curso escolar, con diferencias significativas entre las dos redes, siendo mayor en la Escuela Pública (30%) que en la Concertada-Privada (2%). Esto se vio reflejado en las distintas materias, como en Matemáticas, dónde la pérdida general fue del 25% de un curso (un 54% en la pública y un 7% en la concertada). Y en Euskera fue del 15% (26,8% en la pública y 6% en la concertada). En castellano se han encontrado pequeñas diferencias tan nimias que concluyeron que no hubo impacto.

Aunque faltan estudios para otras CCAA, si podemos extrapolar los datos, siempre con prudencia, al resto del país. Podemos calcular que el impacto medio en el aprendizaje, provocado por el confinamiento, fue entre un tercio a medio curso, dependiendo del alumno/a en cuestión y su contexto. A esto habría que sumar el tercio que se pierde durante las vacaciones estivales y, en aquellas clases que fueron semipresenciales en el siguiente curso, un avance menor que en aquellas que hubo presencialidad total. Por dar una nota para no autoflagelarnos, en los EEUU el impacto ha sido muy notable, por ejemplo, en Matemáticas, y el COVID19 ha afectado de forma muy negativa en la mayor parte de los países. En España se ha logrado reducir un poco el impacto gracias a la rápida vuelta a los centros educativos.

Por lo tanto, podemos afirmar que el impacto del COVID19 es uno de los causantes de la bajada de nivel que hemos observado en las clases. Ese freno ha sido mucho mayor en el alumnado en los contextos sociales y económicos complejos, que en aquellos estratos sociales acomodados, y ha impactado más en los centros Públicos que en los Concertados-Privados. La explicación es sencilla, por un lado, los padres y madres más acomodados han podido ayudar más a sus hijos e hijas durante el confinamiento con las tareas, presentan espacios más amplios de estudio, ordenadores individuales y más capital cultural para compensar lo que se perdía con la falta de clases presenciales, además de que los centros Concertados-Privados tuvieron menos problemas para pasar a la enseñanza online.

Sin embargo, los centros Públicos, que escolarizan a la mayor parte del alumnado NEAE, inmigrante, y/o de clase social baja, tuvo un 15% de alumnado desconectado, que coincidió con el más vulnerable. Además, al alumnado desaventajado socialmente los progenitores les pudieron ayudar mucho menos, o tenían problemas materiales que no siempre se pudieron compensar, o faltas de competencias en informática que dificultaron las clases, además de medios más precarios para pasar a la enseñanza online. Por no hablar, de que se están encontrando alumnos/as de infantil al que se ha retrasado el comienzo del habla por el uso de las mascarillas por parte de los adultos.

Las escuelas son espacios de socialización y conocimiento. El alumnado más vulnerable necesita más las clases presenciales para poder avanzar en su carrera escolar. Además, las clases semipresenciales no ayudaron en el siguiente curso a lograr recuperar el terreno perdido, y en muchas Comunidades no se han realizado medidas para reforzar los conocimientos que no se adquirieron. Lo que se hizo fue flexibilizar el paso del curso, para que no se viesen perjudicados, y la EBAU, porque el alumnado no llegaba con el mismo nivel.

Otra de las cuestiones que ha afectado a la bajada de nivel, además del daño provocado por el COVID19, que, como afirmamos antes, ha afectado más al alumnado que necesita más la Escuela y está en situación desfavorecida que al acomodado, es la extensión de la pobreza y la exclusión social, que mezclado con la segregación escolar y la existencia de centros gueto, ha empeorado los resultados educativos de varias CCAA, como Madrid en PISA (Comunidad más segregada) o Cataluña (segunda Comunidad más segregada), por ejemplo. La existencia de una doble red segregadora acaba por eliminar los efectos compensadores del alumnado locomotora en las clases más desfavorecidas, hunde resultados, genera centros gueto y de alta complejidad, y acaba provocando un cierre de clase que obstruye la igualdad de oportunidades y acaba con la justicia social.

A esto habría que sumarle el uso excesivo de las pantallas, que compite con las horas de estudio, de descanso, fomenta una menor capacidad de concentración, una menor tolerancia a la frustración ya que el móvil da recompensas inmediatas, una tendencia a abusar del “copiar-pegar” para realizar trabajos, como la pérdida de habilidades relacionadas con la lectoescritura y comprensión lectora, al reducirse las horas de escritura a mano y de lectura. De hecho, un informe de Cáritas alerta que casi el 37% de los adolescentes pasa más de 6 horas con el móvil, uno de cada cinco tiene adicción (siendo más vulnerables el alumnado de clase baja), desarrollando rasgos adictivos más las chicas que los chicos, y aumentando las probabilidades de suspender varias materias a aquellas personas que son adictas o usan más horas el móvil. Por no hablar del impacto en la salud mental, que ha agravado también el COVID19, aumentando en un 26% las tasas de suicidios en adolescentes, y un mayor desarrollo de problemas de ansiedad, depresión, intentos autolíticos, etc.

Las brechas sociales, la existencia de los centros gueto, la extensión de la pobreza en algunos sectores de la sociedad, la segregación escolar, la complejidad (que no asume en su mayoría la Concertada-Privada) escolar de algunos centros, sumada al uso excesivo de las pantallas, a la pandemia y el confinamiento, explican estos resultados. Así lo reconocen, en parte, las autoridades educativas catalanas. Un sistema segregado escolarmente no sólo es injusto socialmente, es ineficiente a la hora de los resultados educativos en pruebas estandarizadas, y fomenta un cierre de clases impidiendo, en gran medida, la movilidad social.

Por lo tanto, cuando hablamos de “bajada de nivel” debemos atender a estos factores sociales e históricos que están afectando a dicha bajada; ya sean de carácter coyuntural, como la pandemia o las pantallas, de carácter estructural, como la pobreza y la exclusión social, cómo de carácter institucional, cómo es la segregación escolar, ya sea por clase social, origen nacional, o género.

Sin tener en cuenta estos factores sociológicos, no sólo se errará en el análisis de los problemas aludiendo a un supuesto “edad dorada” a la griega, y tampoco se podrán tomar medidas contundentes como: un pacto de Estado contra la segregación escolar, medidas para mejorar las competencias en lectoescritura, de reducción de las desigualdades sociales y educativas, favorecer la movilidad social, la igualdad de oportunidades, la Justicia social, y fomentar la cohesión de la sociedad y una democracia robusta y no polarizada en riqueza y oportunidades.

21 diciembre 202230 enero 2024

¿Existe el liberalismo español en el siglo XXI?

Antes de responder a la pregunta del título de este artículo, debemos hacer una reflexión sobre los orígenes del liberalismo.

Si nos atenemos a lo que Francis Fukuyama define en su libro “El liberalismo y sus desencantos” podemos decir que es una doctrina surgida por primera vez en la segunda mitad del siglo XVII y que aboga por la limitación de los poderes de los gobiernos o los Estados mediante las leyes y, en última instancia las constituciones, así como con la creación de instituciones que protejan los derechos de los individuos que viven bajo su jurisdicción.

A menudo, asumimos que los términos liberalismo y democracia son sinónimos, pero en realidad, ambos conceptos se basan en principios diferentes. El concepto de democracia está relacionado con el “gobierno del pueblo”, es decir, gobierno de las mayorías elegido en elecciones multipartidistas, periódicas y libres mediante sufragio universal. En cambio, el liberalismo antepone un sistema de normas formales que restringe los poderes del ejecutivo, incluso aunque este haya sido legitimado mediante unas elecciones.

La verdad es que, a lo largo del tiempo, el liberalismo se hizo demócrata, y la democracia se hizo liberal. Pero en realidad, el liberalismo nunca se ha sentido cómodo con el sufragio universal, pues su modelo fue el voto censitario. De hecho, según la Constitución española de 1837 pactada por los liberales progresistas y moderados, solo podían votar los españoles que pagaran impuestos a Hacienda por valor de “200 reales”, lo que dejaba el censo electoral en el 5% de la población española, y solo hombres. Es importante reseñar que el sufragio femenino en España fue reconocido por primera vez en la Constitución Republicana de 1931.

El liberalismo histórico defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica, fomentando un individualismo consumista en un mundo basado en el crecimiento continuo y la libre competencia, una forma de laissez faire, de acuerdo con las tesis de Adam Smith expresadas en su libro “La riqueza de las naciones”. Pero en el siglo XIX nace una corriente de pensamiento dentro del liberalismo que aboga por los seres humanos y su bienestar, que situaba en el centro el desarrollo social y material del ser humano. Esta corriente se denominó liberalismo social y cada vez se fue distanciando más del liberalismo económico.

En los años 40’s y 50’s empieza a haber posturas a favor de una economía social de mercado, que plantea una sociedad regida por un modelo económico que, basado en la competencia, combine la libre iniciativa con un progreso social asegurado por la capacidad económica, potenciando la corriente del liberalismo social.

Pero aparecen en escena un par de ultraliberales como Ludwing con Mises y Friedrick Hayek, que plantean un nuevo liberalismo clásico, pero mucho más radical. Esta nueva teoría se experimenta a finales de los años 70’s con los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y se pone en marcha en Chile aprovechando la dictadura de Augusto Pinochet en los 80’s llevada a cabo por los “Chicago Boys”, consolidando el nuevo concepto de neoliberalismo, creando una hegemonía de pensamiento y generando una gran brecha económica entre la ciudadanía siempre a favor de los más ricos por medio de la financiarización de la economía.

Podemos estar de acuerdo en que los individuos deberían asumir personalmente la responsabilidad de sus vidas, pero el neoliberalismo crea circunstancias en las que las personas se enfrentan a amenazas fuera de su control. La dominación es primordial para el funcionamiento del liberalismo, y por eso existen grupos que lo defienden como ideología, en particular aquellos que denominamos élite económica.

Desde la perspectiva española, habría que destacar una cierta hipocresía de esos presuntos liberales que siempre abogan por la no intervención del Estado en los asuntos económicos y que todo sea iniciativa privada, pero que, en cuanto surgen problemas buscan la subvención, la ayuda del Estado, etc. fomentando la privatización de beneficios y la socialización de pérdidas.

Adam Smith decía que había que poner límites a los empresarios, ya que si se reunían era para restringir la libertad de mercado y la competencia. El mercado es un mecanismo que puede ser razonablemente eficaz, pero:

1. Siempre que exista competencia.
2. Que no existan desequilibrios potentes de poder, porque en ese momento, el mercado no funciona.

Ahora lo progresista es defender la competencia y la lucha contra los monopolios, y por supuesto, una redistribución económica. Una de las alternativas para lograr este objetivo es crear una Banca Pública y una serie de empresas públicas que sirvan de referencia a la competencia junto a un control de los monopolios.

Otro de los problemas que ha tenido el liberalismo español actual ha sido el choque con la idea de España. Lo liberal, que teóricamente podía haber sido condescendiente con determinadas posiciones periféricas, ha coincidido en España con unas posiciones de cierre de banderas, y esa condescendencia que era una singularidad del liberalismo español que tenía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, actualmente se ha perdido.

A pesar de estas sombras en nuestro liberalismo español, no podemos echar en saco roto las luces de las grandes conquistas alcanzadas en nuestra historia, como fue la introducción del Krausismo o la Institución Libre de Enseñanza, por parte de Francisco Giner de los Ríos, Ramón Carande, además de las aportaciones de muchísimos otros intelectuales del pensamiento republicano como Antonio Machado o Manuel Azaña.

Llegados a este punto, podemos concluir que, en la España de hoy no existe una opción auténticamente liberal. Lo que existe es un neoliberalismo en determinadas fuerzas políticas e intelectuales que pretenden implantar un liberalismo clásico del laissez faire radical que no interesa para nada hoy día.

Resuelta la primera cuestión, planteamos otra pregunta: ¿Es útil el liberalismo hoy? Estamos en una nueva época, vivimos en tiempos de emergencia ecosocial junto a una fase de descomposición de los grandes acuerdos democráticos de posguerra, grandes referentes de avances sociales, y por eso el peligro del fascismo es enorme. Los paradigmas están cambiando y estamos utilizando herramientas que pertenecen al pasado. Tenemos que elegir entre vivir las últimas fases de un modelo que agoniza, o intentar comprender y empujar en la buena dirección el nuevo mundo que se avecina.

¿Estaríamos de acuerdo en que lo importante ahora es tratar de garantizar una vida buena y justa a todas las personas y comunidades en un entorno de proximidad y en un planeta habitable? Esto es en lo que los movimientos de DDHH, multiculturales, feministas y ecologistas vienen confluyendo en los últimos tiempos.

¿Estaríamos de acuerdo en que para conseguir esto, hay que supeditar la economía a los límites de la biosfera y hacer una justa redistribución de la riqueza? Indudablemente, creemos que ese es el camino. El desafío histórico que supone afirmar que tenemos que poner límites a la economía, es algo que pasa por primera vez en la historia a nivel global, y es muy difícil que alguien lo hubiera tenido en cuenta en las teorías anteriores.

Creemos que en España existe una mayoría social no alienada que, aunque no pensemos todos lo mismo, podemos alcanzar un gran acuerdo para superar los retos que tenemos por delante. Es imprescindible un Estado fuerte y democrático, por lo menos para la fase de transiciones, junto con personas y comunidades jugando un papel esencial en este proceso.

En definitiva, la mayoría no alienada queremos paz, y para que exista paz social tiene que haber un Estado de Bienestar construido sobre los ejes de una fiscalidad justa y una buena gestión de los recursos.

Notas:

(1) Síntesis del debate realizado en el seno del Grupo sobre el papel del liberalismo español en la época actual.

10 febrero 202230 enero 2024

Lo que se puede esperar ahora de la mesa de diálogo entre el Gobierno español y el catalán

Dijeron que mantendrían la discreción sobre lo que habían tratado o debían hablar en la mesa de diálogo y que no se pondrían ningún tipo de calendario de reuniones ni de plazos.

Sobre la discreción no cabe duda de que la mantienen estrictamente. Pronto se cumplirán cinco meses desde que Pedro Sánchez se reunió durante dos horas con Pere Aragonès y del posterior encuentro entre delegaciones del Gobierno español y del catalán durante dos horas más, y no han explicado nada en público sobre lo que trataron. Fue un éxito, eso sí. En esta valoración coincidieron todos los que participaron. Lástima que no se pueda saber el motivo.

No sabemos tampoco cuándo será la próxima reunión. La ministra Isabel Rodríguez ya dijo que eso tendría lugar cuando tuvieran algo acordado. En conversaciones discretas, hay que suponer.

Además de la ausencia de perspectivas de solución de los problemas generados por la represión contra el soberanismo catalán, de las inhabilitaciones, de los miles de procedimientos judiciales abiertos contra ciudadanos acusados de querer subvertir el orden centralista, de la incapacidad del progresismo español de hacer posible el retorno de los exiliados, además de las multas, amenazas, detenciones… el Gobierno y el aparato judicial españoles lo que hacen de momento es añadir obstáculos a una hipotética agenda de conversaciones. No dejan de crear problemas nuevos, como la aparición y desaparición de 1.700 millones de inversión pública que no podían servir para otra cosa que para hacer más grande el aeropuerto de Barcelona, el olvido de las lenguas diferentes del castellano en los planes de protección de la industria audiovisual, «solucionado» con una partida anual -¡de 15 millones!- para la producción de contenidos en catalán, vasco y gallego; la recuperación de la política educativa de José Ignacio Wert, la de la españolización de los niños catalanes, con la aplicación de sentencias contra la inmersión lingüística, la retirada de las actas de diputado a personas desobedientes que se han expresado y se expresan públicamente en contra de la represión, en favor de la libertad de expresión y en contra de la extrema derecha implantada en el aparato jurídico y policial del Estado.

«Que se respete la ley», dicen los representantes del Gobierno central y de los partidos nacionalistas españoles, en sintonía con magistrados que, por ejemplo, avalan la competencia de la Junta Electoral para poner límites a la libertad de expresión de los miembros del Govern de la Generalitat, particularmente de su presidente y de cualquier diputado. Para dejarlo claro pasan por alto los resultados de las elecciones y privan de sus derechos a todo aquel que no siga las directrices de aquellos jueces que convierten sus tribunales en agentes activos de la vida política.

Los partidos del gobierno catalán, por su parte, hablan muy a menudo sobre las discrepancias estratégicas que mantienen, pero tampoco se sabe de qué estrategias hablan, porque ni unos ni otros han ofrecido pistas sobre cuál es el camino que tienen previsto ya no para conseguir la independencia de Catalunya, tal como lo proclaman de vez en cuando, sino para obligar el Estado a hablar sobre una ley de amnistía y a reconocer de alguna manera el derecho de Catalunya a decidir su futuro como nación. Mucho menos todavía saben explicar en qué se diferencia la Catalunya del futuro que sueñan unos y otros. Pero más allá de estos «detalles» y de las descalificaciones mutuas constantes que se dedican desde hace cuatro años, con evidente menosprecio del desaliento que generan entre la ciudadanía que les vota sin especial predilección partidaria, sí que expresan diferencias, no demasiado claras, sobre la voluntad de diálogo y la conveniencia de la confrontación con el Estado. Hay que suponer que todos tienen conciencia de que cualquier conflicto, por grave que sea, concluye con negociación, y que si se quiere negociar, aunque sea una tregua, hay que sentarse a hablar y tener contrapartidas, porque en caso contrario, si no se puede ofrecer nada o no se tiene capacidad de incomodar seriamente a la otra parte, no hay pacto posible. El ganador impone su voluntad y el perdedor capitula, o se rinde.

El diálogo real parece en estos momentos paralizado por varios motivos, pero el principal es la pérdida de capacidad de presión por parte del soberanismo catalán. El tiempo de las grandes movilizaciones ha quedado atrás y la gente que desearía recuperar la ilusión que tenía hace unos años no puede ocultar su desencanto. Lo que hay entre los dos partidos independentistas con más representación no es más que una batalla permanente y constante para desgastar a la fuerza de la competencia, para conseguir de este modo, se supone, un grado más alto de presencia en las instituciones.

Quién insistía más en la vía del diálogo, sin embargo, se encuentra fuera del Govern. Son aquellas fuerzas que se identifican como progresistas, pero que consideraron que la movilización de millones de personas en defensa de la República catalana no iba con ellos. Algunos que se reivindican como la izquierda transformadora y que incluso todavía se proclaman a veces como herederos del 15M, no consideraron siquiera la posibilidad de jugar un papel en la extraordinaria movilización soberanista vivida durante la pasada década, que parecía que abría una oportunidad para poner en cuestión el régimen del 78.

Ahora los epígonos de los izquierdistas que a finales de los 70 pactaron la reforma política que dio continuidad a una parte sustancial del legado de la dictadura, entre el cual se encuentra la institución monárquica, toman la palabra para decir que no es el momento (1) de exigir reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Catalunya ni de reclamar un referéndum sobre la forma de Estado. Ya no hablan casi nunca de la «nueva política», ni de la casta, ni de procesos constituyentes, ni de la revolución democrática que decían que teníamos a las puertas. La casta debe haber desaparecido y «la nueva política» debe consistir en el intercambio de cromos, de apoyos parlamentarios y de amenazas de retirada de los mismos para conseguir la aprobación de presupuestos de una u otra institución o la convalidación in extremis de un decreto sobre la reforma laboral. Muy nueva esta forma de hacer política no parece.

Aun así algunos de los que se han reconocido como significados «equidistantes» entre el nacionalismo constitucionalista español y el republicanismo catalán, han empezado a detectar escepticismo sobre la viabilidad de la mesa de diálogo y han hecho una serie de sugerencias a los gobiernos catalán y español para «predisponer a los interlocutores a una negociación exitosa» (2). Expresan preocupación por el posible bloqueo del diálogo y para «avanzar» proponen una agenda de negociación sobre las siguientes cuestiones: inversiones estatales en Catalunya, traspaso de las competencias sobre ferrocarriles de cercanías, algún tipo de compromiso sobre el corredor del Mediterráneo, una reorganización territorial que permita la creación de una unidad administrativa del área metropolitana de Barcelona y un compromiso del Estado para la protección y promoción de la lengua catalana.

Cuesta entender que personajes con experiencia política y conocimiento de la historia y la realidad catalana, a pesar de haberse vuelto negacionistas del derecho a la autodeterminación de Catalunya, puedan imaginar una hoja de ruta para la resolución del conflicto entre Catalunya y el Estado sin tocar temas tales como el déficit fiscal, las competencias en materia de educación, economía, medio ambiente, relaciones laborales, vivienda, seguridad, el respeto por la soberanía del Parlament de Catalunya o la reparación del daño causado a miles de víctimas de la represión contra el independentismo.

Hay «progresistas» que niegan desde hace tiempo la posibilidad de una amnistía y argumentan, como lo hicieron en los años setenta a propósito de la reforma política, que la correlación entre fuerzas políticas no permite que se pongan en cuestión determinados asuntos. Una correlación de fuerzas que, obviamente, cambia en un sentido o en otro a lo largo de la historia y que no se puede modificar a favor de los defensores de los derechos elementales y las libertades democráticas si se trabaja para conseguir la desmovilización y la renuncia al cambio social (3).

Los principales partidos independentistas catalanes dilapidaron con sus rifirrafes la fuerza popular extraordinaria ganada con las movilizaciones que tuvieron lugar entre los años 2011 y 2019. La derecha y los constitucionalistas españoles celebran la desmovilización general del soberanismo catalán. Cuesta imaginar en estos momentos, por ejemplo, la recomposición de una red como la que se tejió en torno a los CDR. Eso tranquiliza al centralismo, no cabe duda. Y no lo disimula. Hoy ninguna organización catalana tiene capacidad de convocatoria de actos reivindicativos como la cadena humana de 400 kilómetros del año 2013, formada por 1.600.000 personas; o la marcha hacia Bruselas del 2017, o la manifestación a Madrid del 2019, o las marchas por la libertad en respuesta a las sentencias del Supremo del mismo año, y mucho menos llamamientos a las urnas como la consulta del 2014 y el referéndum del 2017, en los que participaron millones de personas.

Los dirigentes independentistas no han perdido ocasión para descalificarse mutuamente (4) y el destrozo que han dejado en esta batalla no lo podrán reparar con facilidad, pero aun así la sociedad catalana conserva buena parte de su tejido asociativo. Los demócratas necesitan reforzarlo para cuando irrumpa una nueva oleada de protesta popular y de impugnación del régimen del 78. Una nueva oleada que tarde o temprano llegará, cuando los actores políticos menos se lo esperen, pero entonces habrá que disponer de una sólida red de entidades culturales, sindicales, vecinales, políticas que, para ser eficientes, necesitarán una orientación social responsable y una fuerte vinculación internacional.

Hay que suponer que en algún momento de las próximas semanas o meses el Gobierno del PSOE y de UP hará posible la escenificación de una nueva conversación en mesa de diálogo, con una parte del Gobierno catalán si nada cambia, que a estas alturas, después de haber comprobado de nuevo la capacidad del centralismo de olvidar promesas y de sacar provecho de los efectos de la represión y de la desmovilización del soberanismo, ya pueden prever qué tipo de «concesiones» les ofrecerán en el nuevo encuentro. Alguna nueva «inversión» prometerá el Gobierno de Pedro Sánchez. No faltarán actores que quieran que se asuma como un nuevo éxito del progresismo o como un cambio que hay que apoyar en favor de los intereses de todo el mundo. Los ciudadanos que no viven de rentas se merecen mejoras sustanciales que efectivamente se puedan celebrar.

Notas:

*La foto destacada es de Jordi Bedmar.

(1) Mireia Esteve. Los referéndums que Yolanda Díaz y Ada Colau no ven urgentes. Ara, 7 de febrero de 2022.

(2) Varios autores. ¿Impulsar la mesa de diálogo? El País, 2 de febrero de 2022.

(3) Dossier especial. Por qué pierde la izquierda. Le Monde Diplomatique en español, enero de 2022.

(4) Marc Font y Ferran Espada. La resaca del caso Juvillà vuelve a destapar la falta de una estrategia conjunta del independentismo. Público, 8 de febrero de 2022.

11 octubre 202131 enero 2024

Marruecos en las obras de escritoras españolas

Las nadies de la narrativa española sobre Marruecos (1863-2018)

Fruto de una exhaustiva y paciente indagación de la narrativa española desde 1863 hasta la actualidad, ha nacido este libro de Khadija Karzasi y Yasmina Romero Morales, cuyo propósito es mostrar los títulos de ficción en prosa que versan sobre el tema marroquí, publicados por autoras españolas y en lengua española. De esta forma, el libro analiza las obras (48 novelas y 59 relatos) de 46 autoras españolas, que han ambientado sus trabajos en Marruecos y que fueron publicados entre 1863 y 2018.

Con ello, sus autoras, investigadoras especialistas en la materia y oriundas de España y Marruecos, pretenden contribuir a que se tengan en cuenta estos textos escritos por mujeres y que se conviertan en referentes literarios y culturales en igualdad de condiciones que las de los hombres.

Espacio Público ha tenido la oportunidad de conversar con ellas.

EP. Yasmina, habéis realizado una investigación muy ambiciosa ¿Cuánto tiempo os ha llevado hacerla?

La redacción del trabajo nos ha llevado algunos meses, pero la recopilación de los materiales ha sido una ardua y paciente observación de la narrativa española sobre Marruecos, que nunca ha parado y que va durando ya muchos años. Por supuesto, ha sido una búsqueda más activa en determinadas épocas, en mi caso, por ejemplo, fueron determinante los años de mi formación predoctoral, pero, de manera tangencial, esta búsqueda no se detiene y se alarga ya a toda nuestra vida académica y profesional. Cada día encontramos nuevas autoras, nuevas nadies y las sumamos a la nómina de autoras rescatadas. Tanto la profesora Karzazi como yo somos amantes de esta narrativa y le dedicamos tanto tiempo que forma parte ya de nuestro bagaje no solo literario sino personal.

EP. Yasmina, en la Introducción decís que en vuestro trabajo subyace el planteamiento de Virginia Woolf de que “cuando un tema genera mucha controversia y, desafortunadamente, cualquier cuestión relativa a los sexos suele generarla, no se puede esperar a decir la verdad sino a explicar cómo se llega a profesar tal o cual opinión.” Y que por eso habéis puesto el foco de atención en las nadies de la narrativa española sobre Marruecos. Vuestra investigación tiene una clara orientación feminista puesto que analizáis la obra literaria generalmente invisibilizada de escritoras españolas que han hablado de Marruecos. ¿Habéis contado con ayuda suficiente para hacerla?

Si con ayuda te refieres a ayuda institucional, la respuesta es no. Este proyecto nació de nuestro propio empeño académico y personal. Estábamos cansadas de ver cómo los catálogos generales omitían a estas escritoras españolas que optaban por el tema marroquí para sus ficciones. Las omitían o las nombraban tangencialmente en el mejor de los casos. Estábamos cansadas de comprobar que no había análisis de conjunto, tampoco revisiones críticas, que no se reeditaban sus textos y que apenas ocupaban atención de la crítica especializada. Con todo, injusto sería no agradecer a la Editorial Diwan Mayrit, una editorial especializada en Oriente Medio, África y en libros universitarios que decidió apostar por nuestra idea y publicó el volumen en una cuidadísima edición de la que estamos muy satisfechas. Pero el motivo fue ese, únicamente la necesidad de dar a conocer a estas escritoras poco conocidas. Sobre todo, porque su obra no se ha divulgado lo suficiente. Con ello no queremos decir que los autores, varones, no hayan tenido también dificultad en divulgar sus obras, sino que ellas han comprobado el peso no solo de esos obstáculos compartidos, sino el de uno añadido, el hecho de ser mujeres. Y, como opina Toril Moi, en una sociedad machista que discrimina a las escritoras precisamente porque son mujeres es fácil justificar el estudiarlas como grupo aparte.

EP. Empezáis en 1863 con textos de Cecilia Bölh de Faber y seguís a principios del siglo XX (1909) con Carmen de Burgos para finalizar con la obra de Cristina López barrio Niebla en Tánger publicada en 2017. ¿Qué otras autoras aparecen en el libro?

Aparecen un total de 46 escritoras españolas que ambientaron en Marruecos un conjunto de 107 textos narrativos: 48 novelas y 59 relatos. Un corpus nada desdeñable de más de 10.000 páginas. Por nombrarte alguna, a parte de las que has señalado, Margarita Astray Reguera, una escritora y pianista gallega muy conocida en su época por sus dos vertientes artísticas, pero principalmente por la interpretación musical en la que llegó a ser una figura destacada. Enriqueta O’Neill de Lamo, conocida hoy por ser la madre de la feminista Lidia Falcón y, también, hermana de Carlota O’Neill, pero que por sí misma fue ya una persona singular. Escritora, traductora, guionista, periodista e incluso actriz. Otra autora es Rosa María de Aranda, una escritora que, a diferencia de la mayoría de las demás, sí saboreó el éxito y el reconocimiento en vida. Recibió halagos de otras figuras literarias como Carmen Laforet, quien la consideraba una mujer valiente y transgresora para la época que le tocó vivir. Quedó finalista en premios de la talla del Nadal, Café Gijón, Elisenda de Montcada, Ondas o el Ateneo de Valladolid.

EP. ¿Pensáis que vuestro libro es de alguna forma un ajuste de cuentas contra esta discriminación, contra ese canon parcial e incompleto en el que solo aparecen hombres?

Exactamente. La institución literaria se organiza, desafortunadamente, de una manera sexista y clasista, y esto cala todas las producciones culturales, también esta narrativa española de tema marroquí que, además, es especialmente abundante. Escritores y escritoras han mostrado un interés manifiesto por Marruecos prácticamente desde siempre y hasta la actualidad. De ahí que arabistas como Pedro Martínez Montávez hayan considerado que estamos ante un conjunto literario con entidad y dimensión propias. Y, además, con bastante éxito. Estas novelas y relatos gozaron de gran aceptación en algunos momentos, sobre todo mientras duró el Protectorado, pero también con obras relativamente recientes como El tiempo entre costuras (2009) de María Dueñas. Sin embargo, a pesar de este éxito, son pocos los autores, y muchas menos las autoras, las que han pasado a los anales de la literatura. Entre los privilegiados se suelen recoger los nombres de Ramón J. Sender, José Díaz Fernández, Arturo Barea o Miguel Delibes. En ellas, con suerte se cita a Carmen de Burgos. Esta fue la motivación principal que tuvimos, queríamos prestar atención a estas escritoras españolas, poco conocidas, que relataron a Marruecos.

EP. Yasmina, antes de Las Nadies… publicaste Moras (Plaza y Valdés, 2019), una obra que trata de veintidós escritoras españolas de ficción que se sirvieron de Marruecos para ambientar sus novelas y relatos durante el pasado siglo XX. Y hablas de que la imagen que tiene las españolas de las mujeres marroquíes se aleja mucho de la realidad. ¿Hay demasiados tópicos en la idea que se tiene en España de las mujeres de Marruecos?

Hay muchísimos tópicos sobre las mujeres marroquíes. De ahí el interés de mi trabajo, estudiar las representaciones literarias de las moras (así se denomina a las mujeres marroquíes en estas ficciones). Quería averiguar cómo estas escritoras españolas se las imaginaban o, incluso, cómo no se las imaginaban. Esta es la razón principal por la que no debe sorprender al público lector que estas mujeres imaginadas no armonicen con las verdaderas mujeres marroquíes, las que viven al otro lado del Estrecho, porque en ningún caso Moras ha sido una estrategia para llevar a cabo aproximaciones de tipo factual sobre de las mujeres de Marruecos o de cualquier otro contexto árabe-islámico. Con todo, sí nos acercará a otra realidad, a la de las escritoras que las narran, en la medida que nos aporta inestimable información de contenido ideológico sobre cómo las percibían, las imaginaban y las pensaban.

EP. Khadija, publicaste en 2017 La experiencia de Marruecos en la narrativa española contemporánea, ¿cómo ves que se ha tratado el tema marroquí en la literatura española en general? ¿Y a inversa, cómo se refleja España en la literatura marroquí?

En líneas generales estos textos destapan el imaginario orientalista de la literatura española de tema marroquí y aunque percibimos un implícito y sincero deseo de combatir los clichés, en la mayoría de los casos, los escritores permanecen encerrados en una visión distorsionada y ajena a la realidad marroquí. Lamentablemente, salen a la superficie estereotipos que suponen una manifiesta incapacidad para percibir un Marruecos real, por mucho que los autores españoles de las últimas décadas del siglo XX pretendan reproducir con objetividad lo que perciben. Lo cierto es que sus textos transmiten, más bien, un Marruecos recreado impulsivamente, lastrado por una serie de clichés fuertemente arraigados al subconsciente.

En lo que se refiere a la literatura marroquí con temática española, pues en su mayoría destaca por su hibridez ya que ambienta sus tramas en ciudades fronterizas o proyecta la experiencia migratoria de los propios escritores desde la orilla norte. Sin lugar a duda, novelas como Diario de un clandestino (2008) de Rachid Nini, El séptimo mandamiento (2017) de Husein Majdoubi son un ejemplo claro del choque de culturas que siente el marroquí al pisar tierra española. Su enfrentamiento con el otro diferente es un auténtico terremoto que sacude su conciencia y lo obliga a replantearse sus esquemas de pensamiento. Mención especial requeriría también otra novela fronteriza, Barrio Málaga (2007) de Mohammed Ankar, una novela que se ambienta en el periodo de 1912 y 1956 en un barrio periférico de Tetuán creado durante el Protectorado español con el propósito de albergar a marginales excluidos de la zona urbana de Tetuán. Esto es, miserables campesinos recién llegados, emigrantes españoles procedentes de Málaga, rifeños que huyeron de sus aldeas durante el famoso año de la hambruna, etc. Una novela impactante que encierra la cruda realidad de un espacio marginal pero también fronterizo e híbrido como fue el “Barrio Málaga” y donde no se hace distinción entre el sufrimiento de marroquíes y españoles.

Edición italiana de *Diario de un clandestino* (a la izquierda); Edición árabe de *Barrio Málaga* (a la derecha).

EP. Khadija, ¿crees que es muy diferente el enfoque de las mujeres marroquíes que nos ofrecen las escritoras españolas de las que nos presentan los escritores?

Una de las observaciones que más me impactaron de mi primer libro es la ausencia de la figura femenina como personaje principal en ficciones. Casi no hay rastro de experiencias sentimentales de mujeres marroquíes, por ejemplo, de modo que el mundo femenino aparece ante los ojos del escritor español como un espacio hermético o inaccesible. No obstante, los autores españoles contaron en más de una ocasión experiencias amorosas de personajes femeninos españoles con hombres marroquíes, lo que nos dio a entender que, en realidad, nunca estos escritores han hecho esfuerzo para infiltrarse en el mundo de las mujeres y recrearlo de forma natural. En cuanto a las escritoras españolas, muchas de estas, sin duda alguna con las mejores intenciones, se proclaman como defensoras de la mujer marroquí, no obstante, lo hacen apropiándose de su voz ya silenciada por el patriarcado y por el imperialismo. La pregunta que se impone en este marco y parafraseando a Spivak sería: ¿qué diría la mujer marroquí con su propia voz si tanto la institución patriarcal como la narrativa occidental le permitieran hablar en un espacio dialógico efectivo? Ciertamente, muchas de estas escritoras españolas llevadas por el deseo de denunciar las supuestas atrocidades cometidas contra estos seres dóciles que suponen que son las mujeres, no logran captar la realidad sino que, por el contrario, vierten en sus tramas valoraciones contradictorias y un profundo rechazo a los esquemas socioculturales que, en muchos casos, se interpretan de forma superficial o errónea.

EP. Khadija, ¿te ha sorprendido en especial algún o algunos textos que habéis recogido en el libro?

Quizá el libro que más me ha impactado sea Amira. El destino estaba escrito (2016). Su autora Mara Molla cuenta la historia de Amira, una chica rifeña que, al dar a luz a su primer bebé en Melilla, lo pierde en extrañas circunstancias. En el hospital las enfermeras le hacen creer que su hija nació muerta, pero en realidad la niña fue vendida y trasladada a España. Lo más curioso es que la novela recoge un testimonio vivo de la propia escritora y nos hace revivir en carne propia el abuso que sufrieron muchos bebés vendidos en Marruecos a familias españolas durante los años 70. Mara Molla fue una de estas niñas robadas en Melilla y vendidas en la Comunidad Valenciana.

Yasmina Romero-Morales es Doctora en Estudios Filológicos (Universidad de La Laguna, 2016), Diploma de Estudios Avanzados en Estudios Árabes e Islámicos (Universidad de La Laguna, 2008) y, además, posee dos másteres: uno en Estudios Feministas, Violencia de género y Políticas de Igualdad (Universidad de La Laguna, 2009) y otro en Literatura Comparada y Crítica Cultural (Universidad de Valencia, 2018). Es personal investigador de distintos proyectos nacionales, autonómicos e insulares; investigadora del Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, en Portugal; investigadora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna. En la actualidad, es la presidenta de BETA. Asociación de Jóvenes Doctores en Hispanismo, socia de Clásicas y Modernas, una asociación para la igualdad de género en la cultura y profesora del Departamento de Filología Española de la Universidad de La Laguna.

Khadija Karzasi es Doctora en Filología Española por la Universidad de Valencia en 2004. Actualmente es profesora titular de Literatura Española y Teoría Literaria en la Facultad de Mohammedia. Entre 2013 y 2017 fue directora de la Rama de Estudios Hispánicos. Fue becaria por la AECI en la Universidad de Valencia desde 1998 y 2002 y por el Institut de la Dona, Valencia en 2004. Es autora de Marruecos en la narrativa española contemporánea (Publicia, 2017) y tiene otros trabajos publicados sobre la literatura catalana actual escrita por marroquíes y narrativa española con temática migratoria.

Las nadies de la narrativa española sobre Marruecos (1863-2018) 
Khadija Karzazi y Yasmina Romero Morales
Madrid, Editorial DiwanMayrit, 2021

30 abril 202131 enero 2024

Las casas de Borbón y Saud: una hermandad inaceptable

CAPÍTULO II

Una violación en Ibiza, una cacería en África, venta masiva de armas a Arabia Saudí y el descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi. La herencia que recibe Felipe VI del emérito con los ‘hermanos’ árabes.

Soraya H. tenía 20 años cuando viajó a Ibiza para disfrutar de unas vacaciones. Esta joven modelo hispanoalemana no se imaginaba que aquello iba a cambiar su vida para siempre. La noche del 12 de agosto de 2008, Soraya salió con unas chicas árabes que había conocido el día anterior, fueron a una discoteca de Ibiza y allí empezó a sentirse mal, habían diluido una droga en su bebida. Sus acompañantes la llevaron al lujoso yate Turama que habían alquilado miembros de la familia real saudí. Fue a la embarcación contra su voluntad [mejor dicho, sin su voluntad a causa de la droga que le habían hecho ingerir], tras haber pedido a sus nuevas amigas que la acompañaran al hotel, pero éstas se dirigieron al muelle del puerto. Según recuerda en una entrevista a Público concedida en 2019, allí se encontró una orgía en toda regla y terminó siendo la elegida por el jeque para ser violada.

Casi inconsciente, se vio atrapada en un abuso sexual que denunció. “Recuerdo que estaba como en un sueño, como si alguien estuviera encima y me besara. A la vez sentí un fuerte dolor en mis partes íntimas y en ese momento me desperté, tendida en una cama, en una habitación oscura”, relata esta mujer que hoy tiene 33 años, y quien sigue buscando justicia.

Siempre según el testimonio de Soraya, el jeque que la violó fue el príncipe Al-Waleed. Sí, el mismo que recibió a Corinna en Riad en 2007 cuando viajó en representación del emérito y que aparece en la foto de la discordia con el embajador Manuel Alabart. Soraya denunció al príncipe, al reconocerle en fotografías, y éste se defendió alegando que aquella noche de agosto de 2008 se encontraba en Francia. Pero el testimonio de la joven, quien también presentó una denuncia en Alemania, y el tesón de su madre, pusieron contra las cuerdas al jeque. Y éste le pidió a Juan Carlos de Borbón intermediación ante la justicia balear. Al parecer, el emérito le respondió que aguardara con paciencia y que se impondría la verdad, no le confirmó por escrito que gozaría de su ayuda. Recordemos que en esas fechas se negociaba el contrato del AVE a la Meca.

En definitiva, en marzo de 2012, la Audiencia de Palma archivó la acusación contra Al-Waleed al entender, según el Diario de Mallorca, que la mujer violada había dado distintas versiones de los hechos y en dichos testimonios se habían detectado “contradicciones, omisiones e irregularidades”.

Ante tan buena noticia para el príncipe, el emérito envió una carta a su amigo saudí en la que le expresó su “alegría” y su “felicitación” por la decisión de la justicia balear de archivar el caso, según publicó El País un año después de la abdicación de Juan Carlos.

El año que se archivó la causa fue precisamente cuando trascendió que Juan Carlos había viajado a Botsuana para cazar elefantes en compañía de su amante Corinna. Este nuevo escándalo se conoció porque el entonces rey sufrió una caída y tuvo que ser trasladado de forma urgente a Madrid con una cadera rota. Ese capricho, pues Juan Carlos era un asiduo a las cacerías de animales salvajes, había sido pagado por Mohamed Eyad Kayali, fallecido en 2019 y quien fue durante cuatro décadas el hombre de confianza de los saudíes en España. Como administrador único de Casa Al Riyadh S.L., gestionó el patrimonio de la Casa de Saud en nuestro país; y entre los dueños del conglomerado inmobiliario está el heredero y ministro de Defensa, Mohammed bin Salman.

Por su parte, Al-Waleed, uno de los 20 hombres más ricos del mundo y presidente de Kingdom Holding Company, un gigante con inversiones en multinacionales como Apple, Motorola, Citi o Twitter, es también dueño del 30% de Mixta África, empresa de construcción que opera en Senegal, Argelia y Mauritania. Y se da la circunstancia de que la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarín, condenado por corrupción, tuvieron una pequeña participación en esa firma a través de la polémica Aizoon S.L. Los duques de Palma usaron esta sociedad para desviar parte de las subvenciones que recibieron del Gobierno balear.

Cuando era rey, el emérito pidió perdón por la cacería, pero no lo hizo por las demás fechorías. Escándalo tras escándalo, acabó abdicando en favor de su hijo Felipe el 19 de junio de 2014, pero en esa fecha aún no se conocían públicamente los chanchullos del AVE y otras corruptelas definitivas para arruinar la reputación del ‘campechano’. Fue el 4 de agosto de 2020, en plena pandemia de la covid-19, cuando el emérito comunica que abandona España para evitar que sus líos en paraísos fiscales perjudiquen aún más la maltrecha monarquía. Tras días en paradero desconocido, se supo que había sido acogido por sus amigos jeques, pero en este caso no fueron sus ‘hermanos’ saudíes, sino los de Emiratos Árabes Unidos. Juan Carlos siempre se sintió cómodo en los laberintos musulmanes.

El inmoral negocio de las armas

El reinado de Felipe VI comenzó con la sensación de que ya se podía informar, con libertad, sobre la Casa Real, pero esto es una quimera, pues todo cuanto rodea a la monarquía sigue siendo secreto de Estado, bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista. Y poco se habla de uno de los más lucrativos negocios para España: el armamento. España ha hecho negocios millonarios con la venta de armas a países en guerra o con dictaduras desde el Gobierno de Felipe González, quien en un Consejo de Ministros de 1987 determinó el secretismo oficial en torno a la exportación de este material. Todos los gobiernos sucesivos se han escondido detrás del citado acuerdo para justificar su silencio frente a un negocio lucrativo pero moralmente inaceptable.

La venta y envío de armas desde España a Arabia Saudí ha sido constante y creciente desde que Felipe VI fue proclamado rey. La nación árabe se sirve de este suministro para sus viles guerras en Oriente Medio, como la de Yemen, o para financiar a grupos radicales islámicos y combatir a su principal enemigo: Irán. Es escasa la información que los españoles reciben sobre estos asuntos y ha sido Público uno de los pocos medios que ha hecho, y sigue haciendo, seguimiento de un problema que ha llegado a las instituciones europeas, a partir de las denuncias de Greenpeace y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.

La ruta española de la naviera saudí Bahri se abrió en 2016, catorce meses después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí iniciara los ataques contra los rebeldes hutíes. Para entender este conflicto es importante saber que los hutíes son un movimiento de resistencia que nace contra el Gobierno de Yemen, bajo la influencia de Arabia Saudí. Para iniciar su lucha contra una tiranía integrista, los rebeldes se han valido del apoyo de Irán; y ese es el motivo por el que los saudíes entraron de lleno en una guerra que apoyan EEUU y Emiratos, entre otros estados. Hasta la fecha, según distintas organizaciones humanitarias, han muerto más de 12.000 civiles y al menos cuatro millones de yemeníes han abandonado sus hogares.

Felipe VI y el rey Salmán de Arabia Saudí hablaron el 28 de marzo de 2015, el mismo día que comenzaron los bombardeos sobre las posiciones hutíes en Yemen, y el monarca español expresó su apoyo a la operación Tormenta Decisiva, como se conoce la intervención militar extranjera en Yemen, según notificó la casa real saudí. Desde entonces, más de 30 barcos de la muerte saudíes han arribado a puertos españoles para cargar armas made in Spain. “El custodio de las Dos Mezquitas Sagradas (como también se conoce al reino saudí), agradeció a Felipe VI por sus nobles sentimientos y posturas”, decía el comunicado oficial.

Desde entonces, los acuerdos comerciales referidos a armamento con Arabia Saudí alcanzan los 1.650 millones de euros, siendo España el tercer proveedor europeo de armas, según ha podido saber Público, que no cesa en preguntar al Gobierno por ese trasiego de buques, al igual que diputados de EH Bildu o Unidas Podemos, pero sin respuesta por tratarse de un “secreto de Estado”. Esta relación comercial implica una vulneración del Tratado de Comercio de Armas, tal y como denuncian las ONG, y más teniendo en cuenta que la naviera Bahri, burlando las restricciones al comercio en materia de Defensa, aumentó más de un 300% su beneficio neto hasta los 324 millones de euros solo entre enero y septiembre de 2020, según las pesquisas del periodista Danilo Albin.

No todas las armas que España vende a Arabia Saudí van directamente a la guerra de Yemen, también se dirigen a movimientos radicales islámicos que operan en otros países de Oriente Medio, como Siria o Irak, siempre con la intención de ganarle la partida a la república islámica de los ayatolas.

El rey Felipe VI y el heredero Bin Salmán

Desde que Felipe VI accedió al trono de España y el heredero saudí, Mohammed Bin Salmán, pasó a asumir un gran poder en la sombra, las relaciones entre los dos países se mantienen, aunque con otro perfil, pues es posible que el nuevo Borbón no les considere ‘hermanos’ a los reyes y príncipes saudíes. Pero lo que sí es una realidad es que los negocios y las relaciones se mantienen al máximo nivel. En esto no ha cambiado nada.

La primera reunión entre ambos fue en enero de 2015, cuando Felipe VI viajó a la nación arábiga para mostrar sus condolencias por la muerte del rey Abdalá. En enero de 2017, Felipe VI volvió a Riad; en esta ocasión para asistir a un encuentro empresarial donde se habló públicamente de negocios, del deseo de fortalecer la excelente relación entre ambos países, pero no tocaron asuntos espinosos como derechos humanos y democracia. “España es el tercer importador de productos saudíes de la UE, por delante de otras economías mayores”, dijo en su discurso el rey de España. “Un viaje que siempre guardaré en mi memoria”, matizó.

Y el 12 abril de 2018, Felipe VI recibió en Madrid a Bin Salmán, quien realizaba su primera visita a España para firmar un acuerdo en materia de Defensa, uno más para permitir que el puerto de Sagunto reciba cada cierto tiempo un barco de la muerte.

Sólo un paréntesis: en medio del culebrón del armamento se produjo lo que entre bambalinas se calificó como una torpeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya con Pedro Sánchez en el Gobierno, cuando meses después de la visita del príncipe a Madrid, ésta anunció que dejaba sin efecto un acuerdo para la venta de armas de España a Arabia Saudí por 9,2 millones de euros. Al parecer, los saudíes pidieron la cabeza de la ministra y tuvieron que intervenir en la disputa tanto el emérito como Felipe VI.

La visita de Bin Salmán a España siguió a otra muy relevante. El controvertido príncipe acababa de realizar una gran gira por Estados Unidos, donde se había reunido con magnates de empresas tecnológicas, actores y productores de Hollywood, políticos y representantes de organismos internacionales. Lo hizo para presentar su plan Visión 2030, el mismo que el embajador Manuel Alabart divulgaba en España con bombo y platillo. [aquí puede consultar los antecedentes, en el Capítulo I]. Un plan, aún vigente, que prevé la creación del mayor fondo de inversión soberano del mundo, cifrado en dos billones de dólares; un plan —como ya hemos contado— que busca limpiar la cara del retrógrado régimen saudí.

Para eso cambió su clásica túnica árabe por costosos trajes italianos, buscó proyectar una imagen de modernidad que le permitió copar la codiciada portada de la revista Times, con una entrevista en la que el periodista Karl Vick recordaba que, mientras se producía esa conversación y la sesión de fotos, en Yemen seguían cayendo bombas, y la disidencia y la oposición saudíes sufrían una gran represión, además de seguimiento fuera del país. Este periodista fue de los pocos que cuestionaron al heredero saudí durante su gira estadounidense.

Meses después de esa campaña de maquillaje, el 2 de octubre de 2018, ocurrió uno de los hechos más dramáticos y mediáticos relacionados con la represión que sugería Vick en Times: el asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, cuando fue a recoger un documento necesario para contraer matrimonio. Khashoggi había tenido una relación estrecha con la Casa de Saud: fue su jefe de prensa y después dirigió una televisión pública que se le entregó a dedo por sus buenas relaciones con el poder; pero esos lazos se quebraron. Khashoggi sabía demasiado.

En un artículo publicado en esglobal.org, con motivo del asesinato de Khashoggi, el periodista Javier Martín pone de manifiesto la tiranía del régimen wahabí y en concreto de la estirpe de los Salmán, una rama de la Casa de Saud. El actual rey, Salman ibn Abdulaziz, uno de los mejores amigos del emérito Juan Carlos, y su hijo el heredero, Mohamed bin Salmán, imbuidos por las ideas más conservadoras y grandes protagonistas de intrigas familiares, han endurecido desde 2015 la represión dentro y fuera de Arabia Saudí. Según Amnistía Internacional, desde la llegada al poder de los Salmán, cerca de un centenar de religiosos moderados, periodistas, activistas y otros disidentes han sido encarcelados. Muchos más reciben amenazas y medidas económicas punitivas.

El bloguero Omar al Zahrani, uno de los opositores más conocidos y protagonista del documental El Disidente, en el que se relata cómo se fraguó el asesinato de Khashoggi, vio desde su exilio en Canadá cómo encarcelaron a sus hermanos y 23 amigos suyos por denunciar abusos y contrarrestar una campaña de acoso y derribo del régimen a través de las redes sociales. Ese plan, que consistía en crear tendencia en redes, había sido financiado por Khashoggi mientras preparaba su matrimonio con la investigadora turca Hatice Cengiz, quien sigue pidiendo justicia, más aún después de que el presidente de EEUU, Joe Biden, hiciera público un informe de inteligencia en el que se revela que el heredero Bin Salmán habría aprobado el asesinato de Khashoggi.

El régimen saudí, con el príncipe maquiavélico a la cabeza del plan, espió con el programa Pegasus a Khashoggi, a Omar al Zahrani y a muchos otros disidentes en distintos lugares del mundo, incluso al propio Jeff Bezzos, propietario de Amazon y de The Washington Post, medio en el que escribía artículos de opinión el periodista descuartizado. Además creó un ciberejército de troles, llamados moscas, para desacreditar a usuarios de redes sociales dentro y fuera de Arabia Saudí, poniéndoles en la diana y convirtiéndolos en objetivos. Al Zahrani quiso contrarrestar esa guerra irrestricta con la arquitectura de una red digital de abejas para luchar contra las moscas. Este fue el plan que financió Khashoggi antes de su asesinato y fue lo que convirtió al joven bloguero en el enémigo número uno del régimen de Riad.

Los wahabíes no se conformaron con hacer seguimiento y amenazas a Khashoggi, con detenerle y torturarle, práctica habitual del esquizofrénico régimen, sino que le descuartizaron con una motosierra para poder sacar su cuerpo del consulado a trozos y en bolsas. Todo apunta, y más tras el reconocimiento del Gobierno de EEUU, que el heredero dio la orden; lo que sí es una certeza es que algunos de sus hombres de mayor confianza participaron en la matanza.

El rey de la jet set marbellí, Adnan Khashoggi, tenía en común con el periodista asesinado en 2018 el apellido, el parentesco y también que los dos trabajaron para la Casa de Saud: uno encontró la muerte siendo multimillonario, en un buen hospital de Londres y con edad avanzada; y el otro, con solvencia económica suficiente para financiar a la disidencia saudí en el exterior, fue vilmente asesinado.

Esta muerte formó parte de una caza de brujas más amplia por parte de los Salman para asentar su poder, según explica Javier Martín, pues varios príncipes, entre ellos uno de los aspirantes al trono y el mismo Al-Waleed (el acusado de la violación de Ibiza) fueron detenidos y encerrados durante tres meses en un hotel de lujo de Riad acusados de corrupción, precisamente “en un reino donde el expolio de las arcas públicas es tradición familiar”, según el arabista. Todos fueron liberados cuando admitieron sus culpas y entregaron parte de sus fortunas.

El maquiavélico Bin Salmán, hijo del desalmado rey Salmán, es el mismo que en 2018, meses antes del descuartizamiento de Khashoggi, se alojó en el Palacio del Pardo, fue recibido por Felipe VI en la Zarzuela y cerró un nuevo acuerdo de venta de material de defensa con el Gobierno de España. Como en los mejores tiempos del frenesí marbellí, las revistas y distintos medios de comunicación informaron de las excentricidades del príncipe, convirtiendo todo en anécdotas: un séquito de 400 acompañantes, los restaurantes que hicieron las delicias del paladar del ilustre huésped, estreno de vajillas y menajes, camiones repletos de viandas, los mejores cocineros disponibles día y noche. Eso sí, al palacio del Pardo no entró una gota de alcohol.

Hoy da la impresión de que los medios tienen barra libre para hablar y atacar a la monarquía, pero no es así. A las pruebas me remito. Es cierto que hay más información, muchas veces procedente de fuera de España, pero lo relativo a la realeza sigue siendo “asunto de Estado” y por eso todavía hay secretos insondables. En una reciente presentación del libro La armadura del rey (Roca, 2021), los periodistas Ana Pardo de Vera, Eider Hurtado y Albert Calatrava advirtieron de que la maquinaria para proteger al emérito durante cuarenta años se está reactivando con Felipe VI. La paradoja es que hablar en los medios sobre el emérito es hoy común, porque atacar al patriarca es dejar entrever que sus tropelías son cosas del pasado y que la monarquía de ahora es decente; es animar a pensar que esa forma de reinar no es propia del hijo Felipe y de su esposa, la reina periodista.

(fin)

Notas:

[1] Foto destacada: Los reyes junto al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, durante un encuentro mantenido en Madrid en abril de 2018. EFE.

28 abril 202131 enero 2024

Las casas de Borbón y de Saud: una hermandad inaceptable

CAPÍTULO I

Opacidad, censura, negocios turbios y secretos inimaginables, así se sustentan las amistades del emérito Juan Carlos con los reyes y jeques saudíes. El maquiavélico príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, es ahora el interlocutor de Felipe VI.

La historia de la Casa de Saud se remonta al siglo XVIII, cuando la península arábiga, tierra de palmerales y oasis, estaba habitada por pueblos nómadas dedicados a la ganadería y al comercio.. Eran tiempos de grandes caravanas, también de asaltos y guerras entre tribus nómadas. Fue entonces cuando el patriarca Mohammed acogió en su seno a quien iba a definir el futuro de Oriente Medio, Muhammad Ibn Abdul Wahad, el clérigo que acabaría con el rostro inocente del Islam, al idear y expandir la corriente musulmana más radical, el wahabismo. Un acuerdo matrimonial entre hija e hijo de ambos selló un plan tan ambicioso en lo político, en lo militar, en lo económico y en lo religioso, que pervive hasta hoy.

Dos siglos después, y tras largas disputas entre beduinos, Abdulaziz ibn Saud fundó en 1932 el reino de Arabia Saudí. Era un reformador si se le compara con sus antepasados, pero no se despegó de la doctrina wahabista. Este hábil estratega, educado en Kuwait y rodeado de consejeros británicos, había aprovechado la caída del Imperio Otomano y la Primera Guerra Mundial para tomar poder y afianzar territorio. No confiaba en los británicos, pero acertó al considerar que lo mejor era ser socios y amigos, según explica el arabista y periodista Javier Martín en su libro La casa de Saud (Catarata, 2013). Y de esta manera, gracias al boom petrolero de los años años setenta, el reino wahabí se convirtió en dueño y señor, levantando en el tórrido desierto el imperio del ‘petrodólar’ y pasando, de la noche a la mañana, a ser el mayor productor y exportador de oro negro en el mundo.

Estos detalles no son en vano, pues van a ayudar a entender lo que hoy es Arabia Saudí y, sobre todo, a conocer a quienes van a suceder en el trono al fundador del reino: desde el afamado rey Fahd al actual, Salmán bin Abdulaziz, sin dejar a un lado al heredero: el joven, temible y desalmado Mohamed bin Salmán. El Borbón emérito ha considerado a los dos primeros sus ‘hermanos”, mientras que Bin Salman es ahora el interlocutor de Felipe VI. Así es la herencia real.

Javier Martín recuerda que la Casa de Saud tiene unos 15.000 príncipes y princesas poseedores de grandes fortunas, una estirpe que se ha esmerado en mantener las tradiciones y sobre todo el silencio del pueblo: actualmente hay cientos de opositores y periodistas en prisiones donde la tortura y la muerte son el pan de cada día. El wahabismo ha hecho de Arabia Saudí uno de los países más ultraconservadores, más opresores con las mujeres y con los derechos humanos. Es, además, el régimen que expandió el islamismo radical por el mundo, que financió a Al Qaeda (Osama bin Laden era saudí) y que activó el odio no solo entre Oriente y Occidente, sino entre suníes y chiíes, de ahí buena parte de las disputas con Irán.

Pero el boom del petróleo, las intrigas, la Guerra Fría y el egoísmo occidental han favorecido que el régimen de Riad sea amigo y socio preferente de las grandes potencias —y no tan grandes (como España)—, a cambio de favores. Y Juan Carlos lo supo hacer hasta el punto de que es una de las pocas figuras internacionales que ha tenido el número de teléfono privado de los últimos reyes saudíes. No sólo han guardado grandes secretos entre monarcas, de Estado y privados, sino que se han ayudado hasta límites insospechados, incluso traspasando la legalidad.

La hermandad del emérito con la Casa de Saud venía de la época en la que el Borbón aún no era rey, todo comenzó durante la dictadura de Francisco Franco. De aquella época se sabe, según el relato de Rebeca Quintans en su libro Juan Carlos I: la biografía sin silencios (Akal, 2016), que durante la crisis energética de 1973 el dictador recurrió al entonces príncipe heredero (designado como tal por el propio Franco) para que solicitara a sus amigos saudíes suministro de petróleo. La respuesta no se hizo esperar y España tuvo el crudo que necesitaba bajo el pago de una comisión al Borbón. Pagos, a los que se sumaron créditos a interés cero, que se mantuvieron cuando llegó la democracia. La fortuna del rey de España debió de crecer por millones, sin contar los obsequios, como cacerías africanas, estancias en lujosos palacios y otros agasajos onerosos.

Y es que el emérito sabía engatusar a monarcas sátrapas para intercambiar favores, amistades y dádivas. Al Sha de Persia también le pidió diez millones de dólares, en este caso para financiar la UCD de Adolfo Suárez bajo el pretexto de evitar la llegada al Gobierno del socialista Felipe González y, en teoría, asegurar la democracia. Así se plasma en una carta enviada en 1979 al tirano persa y publicada por Nueva Tribuna. Pero lo que verdaderamente le preocupaba a Juan Carlos era que las primeras elecciones municipales que se iban a celebrar en la incipiente democracia española, ese mismo año, terminaran como las de 1931, que sepultaron la dictadura de Primo de Rivera que había apoyado su abuelo, el rey Alfonso XIII, y que dieron paso a la II República.

El frenesí marbellí

Pero volvamos a cómo se fraguó la hermandad entre el Borbón y los saudíes. Todo se resume en un lugar: Marbella. Y en un hombre: Adnan Khashoggi, nacido en La Meca e hijo de un médico de la Casa de Saud. Este traficante de armas y uno de los hombres más ricos del mundo se convirtió en un referente de la extravagante jet set marbellí durante los años ochenta y, por supuesto, en un amigo cercano del emérito.

Con el auge de la Costa del Sol, el rey Fadh, animado por Adnan Khashoggi, cambió en 1982 su residencia de verano y la trasladó desde Montecarlo a Marbella. Allí se levantó la famosa ‘Milla de Oro’, donde los jeques construyeron mansiones que dejan sin aliento, entre ellas, una réplica exacta en mármol de la Casa Blanca, a la que acudía cada verano el entonces rey Juan Carlos para disfrutar de días de amor y rosas junto a su ‘hermano’ Fahd. Mientras tanto, los medios de comunicación callaban los excesos y el pueblo se alimentaba con las frivolidades de las revistas del corazón, que presentaban esos hechos como un cuento de ‘las mil y una noches’. La sociedad española se adentraba en la democracia, empezaba a gozar de libertades y veía en estos personajes puro entretenimiento.

Este silencio no era casual, tenía sentido al calor del Decreto Ley del 1 de abril de 1977 sobre libertad de expresión, que contemplaba el secuestro administrativo de publicaciones y consideraba delito aquellos actos “que constituyan demérito o menoscabo de la Institución Monárquica o de las personas de la Familia Real”. Este decreto, junto a la imagen de “campechano” que se forjó el emérito y un cierre de filas de los medios de comunicación en defensa de la institución monárquica, sirvió para acallar a la prensa hasta límites insospechados. España se presentaba al mundo como una democracia recién nacida, pero prohibía hablar de lo fundamental: las fechorías, intimidades, negocios y amistades del jefe del Estado.

Un ejemplo del tipo de amigos de Juan Carlos está en los escándalos protagonizados por Khashoggi: desde su participación en el Irangate (venta ilegal de armas a Irán en su guerra contra Irak para financiar a la ‘contra’ nicaragüense) hasta su paso por una cárcel de Estados Unidos tras ayudar al dictador filipino Ferdinand Marcos y su esposa, Imelda, a esconder 100 millones de dólares cuando se marcharon a Hawai con una inmensa fortuna robada. Esa temporada en prisión le hizo perder glamour entre la beautiful people, pero no le alejó de los negocios ni de las conexiones con la alta alcurnia mundial. Murió en un hospital de Londres en 2017 a los 81 años de edad.

En busca de una fortuna sin fin

Y fueron pasando los años, las idas y venidas a Marbella, también a Mallorca, los viajes a Riad, las cacerías, el jolgorio y los gastos millonarios. Dicen que el rey Fahd sólo tuvo dos amigos verdaderos fuera de su país con línea directa: Juan Carlos de Borbón y George Bush. Fueron años en los que florecieron los negocios entre España y Arabia Saudí, siempre con comisiones e intercambio de favores. Esa relación de los saudíes con Marbella se alargó más allá de 2005, fecha en la que murió el rey Fadh y le sucedió Abdalá en el trono. Con el nuevo monarca saudí y su entonces heredero Salmán (hoy rey), el emérito cerró uno de los acuerdos más jugosos y también más polémicos: la concesión a un consorcio de empresas españolas para la construcción del tren de alta velocidad entre la Meca y Medina (450 kilómetros por 6.700 millones de euros), el mayor proyecto ferroviario de España en el exterior, según el Ministerio de Fomento.

A la inauguración, que llegó tras varios años de tensiones entre el consorcio y los saudíes, no asistió ningún alto cargo del Gobierno español, ni siquiera el propio emérito. La razón es que en esa fecha, junio de 2020, Juan Carlos ya estaba en la mira por los millones de euros que supuestamente se había embolsado, y así lo contó Público. El caso llegó a la fiscalía de Ginebra y al Tribunal Supremo de España por delitos de fraude fiscal y blanqueo, al confirmarse que el emérito recibió en 2008 una transferencia desde el Ministerio de Finanzas saudí de 100 millones de euros, de los cuales una parte entregó después a su entonces amante, Corinna Larsen. Un dinero que no declaró, ni se investigó; un dinero que involucró a su hijo, ahora Felipe VI, pues figuraba como segundo beneficiario de la fundación panameña Lucum, constituida para controlar la cuenta del banco suizo Mirabaud a la que fue a parar la millonaria comisión, tal y como reveló el periódico británico The Telegraph a unos españoles ciegos. [En la banca privada panameña, «foundation» es una figura mercantil para un tipo de empresa patrimonial].

Cuando saltó el escándalo, Felipe VI ya era Felipe VI, es decir, su padre había abdicado del trono seis años antes, en 2014, y optó por escenificar una renuncia a esa herencia y retirar la asignación oficial al emérito, una decisión aplaudida por quienes a toda costa solo desean la supervivencia de la monarquía. Pero ese acto tiene distintas lecturas teniendo en cuenta, por un lado, que renunció a esa herencia sólo cuando el escándalo se había hecho público, pese a que sabía anteriormente que era beneficiario; y, por otro, que no se puede renunciar a una herencia mientras el finado está vivo.

Entretanto, resurge un personaje clave, Corinna Larsen, la examante de Juan Carlos I, y quien se coloca en el epicentro del embrollo como receptora de parte del dinero saudí, también porque fue emisaria de Juan Carlos a la nación arábiga para hablar de negocios en su nombre y, para colmo, mantuvo controvertidas conversaciones (por supuesto grabadas) con el excomisario Villarejo, el rey de las cloacas del Estado.

Volvamos al pasado para entender los antecedentes. En 2007, Corinna viajó a Riad como “representante del rey de España”, tal y como informó en aquel momento la agencia oficial de noticias SPA en una nota publicada por el diario Al Riad, dirigido por Turki al Sudairi, primo del monarca saudí. Conocer estos parentescos ayuda a sacar la conclusión de que los medios oficiales de ese país sabían perfectamente cómo debían presentar a la amante del rey y cómo vender la noticia. No fue un error, ni calificar a Corinna como “representante del rey”, ni difundir la foto de la discordia.

La amante celebró una reunión con el príncipe Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, otro de los hombres más ricos del mundo y presidente de Kingdom Holding Company, a la que también asistió el embajador de España, Manuel Alabart. Ante el alboroto causado, Juan Carlos pidió que tanto la información como la imagen se retiraran de los medios saudíes, y el príncipe árabe le pidió a cambio que intercediera a su favor ante la justicia española por una denuncia contra él por violación, de la que hablaremos en el II capítulo de esta historia.

En aquella cita palaciega, siempre según el comunicado oficial, Corinna transmitió a su anfitrión saludos del rey de España, hablaron sobre las relaciones y la amistad entre los dos reinos, discutieron —como si de una embajadora de carrera se tratase— sobre la situación en Oriente Medio y del papel de Arabia Saudí en la región; y lo más importante: avanzaron en la implementación del Fondo de Infraestructura saudí-español, patrocinado por el emérito y Corinna para maquillar negocios. Un año antes, Corinna había acompañado a Juan Carlos a una visita oficial a Riad, donde había sido presentada como “asesora de asuntos estratégicos”.

El tercero que aparece en la foto es el embajador Manuel Alabart, quien tras una larga carrera diplomática y haber representado a España en países como Guinea Ecuatorial, Argentina o México, además de Arabia Saudí, terminó como vicepresidente de Técnicas Reunidas Internacional, una de las catorce empresas que formaron el famoso y desastroso Fondo de Infraestructura saudí-español, liquidado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009.

“Ha habido consenso para que hagamos las cosas con firmeza pero con elegancia para que quede bien Su Majestad” o “Los gestores solo se dedican a cobrar, pero ni hay proyectos ni hay transparencia”. Estas son algunas de las frases que puso por escrito en un correo electrónico el director de Negocio de CajaMadrid, Matias Amat Roca, al informar a su jefe, el presidente de la entidad en esa época, Miguel Blesa, sobre la disolución del fondo.

Pese a todo, incluso al hecho de que Técnicas Reunidas perdió millones por los chanchullos del fondo saudí-español, Alabart ha seguido defendiendo los intereses de la Casa de Saud; un ejemplo es cómo se ha erigido en el defensor y presentador en España del plan conocido como Visión 2030, ideado por el príncipe heredero, ministro de Defensa e interlocutor de Felipe VI, Mohamed bin Salmán, con el que busca limpiar la imagen del reino arábigo mediante un supuesto proceso de modernización en uno de los países más retrógrados del mundo.

La conexión Zanganeh

Corinna Larsen es una de las dos mujeres que más cerca han estado de Juan Carlos en sus negocios sucios; la otra es la iraní Shahpari Zanganeh, tercera esposa del traficante de armas Adnan Khashoggi, personaje clave en los vínculos del emérito con los saudíes y con una gran habilidad para hacer negocios e influir en el poder. Corinna a su lado es un manso cordero.

En su libro Final de partida (La Esfera de la Libros, 2015), la periodista Ana Romero asegura que en la visita oficial de los reyes de España a Arabia Saudí en 2006, Corinna Larsen y Shahpari Zanganeh formaban parte de la delegación. En aquel viaje, en el que también estaba una callada reina Sofía, se gestó el Fondo de Infraestructuras saudí-español, que se terminó creando en 2007 y disolviendo dos años después. Para ese entonces, Juan Carlos había dejado claro a sus ‘hermanos’ saudíes que ambas mujeres eran de su confianza. Zanganeh ha sido intermediaria en distintos negocios entre saudíes y españoles, y una de las grandes comisionistas del AVE a la Meca.

El AVE se adjudicó al consorcio de empresas españolas en 2011 después de varios años de gestiones y pagos de comisiones a unos y a otras. En 2006, Zanganeh se entrevistó con el entonces ministro de Defensa saudí, el príncipe Bin Abdul Aziz, a quien entregó una carta firmada por el emérito, y a partir de entonces se abrió una interlocución clave para cerrar los acuerdos. En 2008, Juan Carlos recibió los famosos 100 millones del rey Abdulá a cambio de acoger en Madrid una conferencia interreligiosa en la que, una vez más, se buscó impulsar una imagen positiva del régimen arábigo. Y a inicios de 2011 Zaganeh firmó el contrato de consultoría con las empresas, entre ellas OHL, Indra, Talgo y Cobra.

Su misión era realizar el análisis de riesgos, de subcontratistas proveedores y de consultores, pero la realidad es que los integrantes del consorcio necesitaban asegurarse una interlocución con las autoridades de Riad, y nadie mejor que la amiga del entonces rey para ello. La cuantía pactada en un principio fue la escandalosa cifra del 2% de la obra, pero meses después se modificó el contrato para pasar a un monto cerrado de 95,78 millones de euros, según El Confidencial.

Cuando en 2018 sale a la luz el escándalo, a raíz de las filtraciones de unos audios en los que Corinna cuenta a Villarejo que el consorcio había recurrido a Zanganeh para amañar la licitación y que el emérito había cobrado parte de esa comisión, las dignas empresas dejan de pagar a Zaganeh. Hasta esa fecha —según El Confidencial—, la iraní había cobrado unos 11 millones de euros, muy por debajo de lo pactado; por eso hizo una solicitud de arbitraje ante la Corte Internacional de París para desde ese estrado defender lo que consideraba le correspondía: casi cien millones de euros.

Pero los acuerdos entre empresas y Zanganeh venían de atrás. Se sabe que al menos desde 2004 se ofrecía como project developer, el título que le gusta usar para definir su trabajo, a distintas compañías. Según reveló Público, la iraní trabajó en Iberdrola entre abril de 2004 y enero de 2005, su labor fue identificar oportunidades de negocio en la región MENA (acrónimo en inglés para Middle East and North Africa, es decir, Oriente Medio y Norte de África), y por ella cobró 18.000 euros. En 2007, la eléctrica española volvió a pedirle asesoría para una operación de exploración de gas en Egipto y Argelia; en este caso ganó 78.000 dólares. Ante tanto escándalo, Zanganeh emitió una nota en la que aseguró que nunca “ha tenido relación económica y financiera con don Juan Carlos I de España en relación con el proyecto del AVE”.

La Justicia dirá… (Continúa en el Capítulo II)

Notas:

[1] Foto destacada: Juan Carlos I junto al Rey Salman Bin Abdulaziz en una foto de archivo. EFE.

moderado por:

Ariel Jerez

Profesor de Ciencia Política (UCM) y Consejero estatal coordinador del Area Consejo del Mundo Rural, la sostenibilidad y la Soberanía Alimentaria de Podemos.
Paloma Bravo

Graduada en Ciencias Politicas (UCM), activista social y estudiantil
Fernando Fernández Such

29 diciembre 201728 febrero 2024

Un mundo rural vivo para una España justa y sostenible

Juantxo López de Uralde

Activista ecologista, coportavoz de Equo y diputado en el Congreso del Grupo Confederal de Unidos Podemos

No recordábamos una temporada de sequía como la que estamos atravesando, que es probable que el año entrante traiga recortes también al consumo doméstico en muchas localidades. La sequía es una realidad que nos amenaza con carácter cíclico, pero en el actual contexto de cambio climático se ve agravada por la inevitable reducción de reservas de agua ante una mayor evaporación (hasta el 20% en épocas estivales) y un crecimiento de pozos ilegales y regadíos insostenibles, sin duda evitables. Nuestro mundo rural está siendo muy afectado por el cambio climático, que refuerza tendencias de por si negativas observadas en las últimas décadas, pero es vital insistir que la desestructuración de mundo rural tiene un impacto negativo para el conjunto de la sociedad. El fracaso de nuestro modelo rural nos afecta a todos, en pueblos y ciudades.

De alguna manera la realidad actual pone también de manifiesto el agotamiento del modelo de producción agropecuaria que se apoya en el paradigma del desarrollismo agroindustrial. La actividad agrícola y ganadera abandonó el equilibrio que tradicionalmente le vinculó al entorno natural, que hoy se acerca más a un modelo fabril de producción de alimentos, con un manejo de los recursos naturales como simples factores de producción, que en un contexto de cambio ambiental está sobreexplotando nuestros campos y acuíferos, y contribuye al vaciado el mundo rural.

Es urgente repensar nuestro mundo rural, el modelo económico organizado desde las ciudades y su realidad territorial. Necesitamos esta reflexión sobre toda una serie de problemas, errores y fracasos ya evidentes, todavía no solventados, muchas veces ni siquiera asumidos ni abordados. En este contexto de crisis social y de proyecto de país, no se puede perder de vista que determinadas iniciativas de política retrógrada que aprovechan las tensiones del proceso independentista, para afirmar una identidad rural conservadora ligada a valores pretendidamente tradicionales, que se sienten amenazados por sectores ecologistas urbanos a los que falazmente denuncian por poner en peligro no solo sus costumbres, sino también sus fuentes de trabajo y supervivencia.

Según muchos analistas, el sentimiento de abandono del mundo rural trabajado por la derecha reaccionaria, explica el aumento del voto a la ultraderecha en países como Alemania y Estados Unidos, y fenómenos como el Brexit. Nos encontramos en la situación paradójica que buena parte de las élites presentes hace décadas en las decisiones adoptadas en las instituciones rurales locales y regionales, hoy no tienen empacho en denunciar la situación como un problema de identidad, con la intención sin duda para ocultar el problema de fondo: el modelo de agro español es altamente concentrador, hace muy ricos a muy pocos, en un territorio escaso como el peninsular tiene altos costes cada vez más insostenibles para la mayoría rural, al tiempo que contribuye a despoblar regiones enteras.

Ante esta situación necesitamos reforzar los puentes entre pueblos y ciudades, abrir nexos entre los tejidos asociativos urbanos y rurales, para pensar un nuevo modelo que garantice los derechos constitucionales de todos los vecinos, sean rurales o urbanos, en todas las comarcas de todos los territorios autonómicos de España. Ante la desertificación que amenaza al 80% de nuestro territorio, solo tendremos futuro como país si somos capaces de hacer emerger una nueva corriente de opinión sostenible, capaz de repensar nuestro modelo de desarrollo, recuperando el pulso en nuestros pueblos y sensibilizando en nuestras ciudades sobre los principios de mitigación y adaptación al cambio climático, en un marco alternativo de una nueva cultura de la sostenibilidad.

El medio rural abarca el 80% del territorio español, pero en él solo vive el 20% de la población, y esa cifra cada vez es menor. No hay nada más insostenible para el futuro del mundo rural que la despoblación. Una realidad que afecta casi un tercio de nuestras comarcas, y con especial incidencia en los pueblos de menos de 5000 habitantes. El libro de Sergio del Molino ha dado nombre a amplias zonas de la España interior: la España vacía, y también ha avivado el debate sobre el potencial de recuperación de muchos de nuestros pueblos, un espacio que pierde población a pasos agigantados. Nos formulamos muchas preguntas ¿Es posible recuperar nuestros pueblos? ¿Cuál debe ser la fórmula para hacerlo?

Estas mismas preguntas se las hicieron antes quienes impulsaron la ley de Desarrollo Sostenible del medio rural. Una ley que pretendió precisamente poner ideas y recursos en marcha, pero que se quedó enterrada en los cajones de un Gobierno cuyo compromiso con el auténtico desarrollo rural no existe. Precisamente desde Unidos Podemos en el Congreso, llevamos dos años trabajando para desempolvarla como primer paso para avanzar hacia la recuperación del medio rural.

El desarrollo rural no ha interesado en España. Basta ver cómo las líneas de ferrocarril que unían nuestras comarcas y vertebraban el territorio se han ido desmantelando, faltas de cualquier presupuesto. La política de transportes ha apostado desde 1992 por las grandes líneas de alta velocidad que unen grandes núcleos urbanos, pero que los pueblos sólo ven pasar, como pasan los meses y los años sin que nadie pase por allí. Es inexplicable que todavía hoy la mayor parte del territorio español no tenga un acceso decente a Internet, herramienta imprescindible para cualquier emprendimiento empresarial. El abandono acarrea también una precarización de los servicios públicos, y todo ello profundiza la sensación de abandono que hoy es dominante en nuestros pueblos.

En lo referido al sistema agropecuario, el Estado lleva décadas impulsando un sistema agroindustrial que promueve las grandes explotaciones y que no solo desincentiva las explotaciones familiares pequeñas y medianas, sino que las desprecia por considerarlas ineficientes, inviables y alejadas del modelo agroexportador que promueve. Esa política continúa amparándose en una PAC que necesita de una revisión profunda de sus postulados, en el horizonte de negociación de la futura reforma partir de 2020. Por hacernos una idea del tipo de agricultura que impulsa la PAC (más allá de la retórica que la rodea) basta decir que el 18,71% de los perceptores cobra el 76,52% de las ayudas. España se está convirtiendo en el país con mayor número de cabezas de porcino por hectárea y con las mayores explotaciones de engorde de porcino, por el simple hecho de que la gran cantidad de residuos que se generan hacen indeseables esas explotaciones en otros países. Es decir, somos receptores de las actividades ganaderas indeseadas, mientras la ganadería extensiva mucho más sostenible sufre de un progresivo abandono por la falta de ayudas y apoyos reales a su mantenimiento. El modelo de macrogranjas se ha extendido del porcino al aviar, y del aviar al ovino de leche, vacuno de carne y al vacuno de leche. Hoy todo el sector lechero en crisis desde que se produjo el desmantelamiento de las cuotas en el 2012, se resiste y trata de sensibilizar a la opinión pública ciudadana contra la Macrogranja de 20.000 vacas que se pretende instalar en el pequeño pueblo de Noviercas en la Soria abandonada. Mientras el Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León, tan solo responden con la cínica pregunta “¿mientras que cumpla la normativa que problema hay?”

Parece que el modelo actual impulsa en España un espacio rural vacío, en el que la industria extractiva pueda moverse a sus anchas. Así, las exiguas poblaciones de algunas comarcas tratan de movilizarse contra grandes proyectos mineros. Este es el caso de la oposición a la mina de uranio de la empresa Berkeley en el Campo Charro salmantino, o las movilizaciones en Ávila contra las minas de feldespato.

Son muchos los proyectos “neocoloniales” de este tipo, que dejarán escasa riqueza local salvo el pelotazo de algún oportunista y dejarán detrás enormes costes ambientales para sufrir y pagar entre todos. La regulación ineficiente y falta de atención pública de los medios de comunicación sobre territorios poco visibles han permitido excesos empresariales con iniciativas de explotación altamente lesivos para nuestros recursos naturales y ecosistemas que antes o después, tendrán que transitar hacia modelos más sostenibles. Solo una voluntad firme de la autoridad pública puede enfrentar la adecuada innovación normativa para luchar contra el fraude, reforzando con recursos la capacidad de inspección y sanción de una Fiscalía Ambiental que necesita mayor autonomía, y planificar nuevas iniciativas de desarrollo local en los territorios afectados por las diversas reconversiones de actividad para garantizar una transición socialmente justa a la sostenibilidad.

Precisamente, en el cuidado y conservación de la riqueza natural y de nuestro patrimonio en biodiversidad para las generaciones venideras tenemos una ventana de oportunidad para revitalizar nuestro mundo rural. Una biodiversidad puede y debe servir como uno de los motores de desarrollo sostenible del mundo rural, ya que el 27% del territorio se encuentra bajo la figura de protección de la red Natura 2000. Pero es necesario entender que esa riqueza natural es la consecuencia de años de interrelación de los habitantes con su medio, y que por tanto solo será posible mantener si revitalizamos el factor humano. El empleo verde y la fiscalidad rural especial, tienen que orientar una política pública de repoblación con mucha mayor coordinación entre los planes de las administraciones europea, estatal, autonómica y local.

En este contexto el debate de la gobernanza de este mundo rural se vuelve esencial. El caciquismo ha sido el mal político y social endémico, extendido todavía en el mundo rural de nuestro país en pleno siglo XX. Mientras 3.200 municipios de España están amenazados por su desaparición y mientras que en 100 zonas rurales, más del 40% de la población supera los 65 años, los gobiernos tanto autonómicos como estatales, solo se esfuerzan en apuntalar las diputaciones como respuesta administrativa, sin avanzar propuestas que pongan el énfasis en el desarrollo local endógeno y participativo de base comarcal.

Estamos convencidos que un mundo rural vivo y sostenible en España es posible. Pero este proyecto nos exige pensar en dos objetivos fundamentales: cómo reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático del que puede considerarse el sector económico más afectado, el agropecuario; y entender la despoblación no solo como problema demográfico, sino de primer orden político democrático, donde mantener el horizonte de igualdad de derechos constitucionales en todo nuestro país, reclama revisar una institucionalidad a todas luces fallida, que debe lograr avanzar en mayores cuotas de coordinación interadministrativa de base comarcal. La noción de “vigilancia ciudadana del territorio” es un factor clave de protección ante excesos empresariales y la corrupción, de fiscalización de la gestión de nuestros recursos naturales, bienes comunes que estamos obligados a pensar como patrimonio público del conjunto del país.

Un proyecto de país justo, socialmente equilibrado, y ecológicamente viable exige una ciudadanía crítica, activa y movilizada. Por eso, con la participación de decenas de entidades, en el marco del Foro Social del Clima que tuvo lugar en el congreso el 14 y 15 de diciembre de 2017, se plantearon algunas propuestas políticas concretas para seguir trabajando:

Lucha activa contra la despoblación rural

Sin gente no es posible el impulso que necesita el mundo rural, por ello la lucha contra la despoblación es clave. Para ello es imprescindible garantizar servicios sociales de calidad, como educación y sanidad; la adopción de medidas fiscales que favorezcan la repoblación rural, mejora de comunicaciones y garantizar servicios como el acceso universal a Internet.

Impulso al desarrollo sostenible del medio rural

Es necesario dar un impulso político a la Ley de Desarrollo sostenible del mundo rural, y garantizar la adecuada financiación de las políticas que promovemos.

Desarrollo de las Comarcas como espacios de gobernanza de futuro

La comarca da respuesta a la gobernanza ligada a un entorno cultural, ecológico, económico y social en el cual las vinculaciones de sus habitantes con el territorio son reales y permite construir el desarrollo sostenible rural por el que abogamos.

Plan de acción contra el cambio climático

Además de las acciones de mitigación y reducción de emisiones, es imprescindible abordar un Plan de Adaptación del medio rural a los impactos del cambio climático. El sector primario es el más afectado por los cambios del clima. Las afecciones pueden ir desde los cambos en las épocas de cultivo, a la disponibilidad de agua.

Apoyo a la protección de la biodiversidad

Consideramos que la biodiversidad es uno de nuestros más importantes recursos, y que puede ser motor de empleo. Para ello es imprescindible que se aborde la activación de la Red Natura 2000, elaborando Planes de Ordenación en todas las reservas, que permitan el impulso de actividades de conservación y divulgación.

Política agroalimentaria al servicio de un nuevo modelo de producción social y sostenible.

Hay que cambiar el paradigma de producción agrícola, fomentando un nuevo modelo que prime y apoye las pequeñas explotaciones frente al modelo actual que se basa en fomentar a las macroexplotaciones en detrimento de lo pequeño y sostenible.

Una nueva Política Pesquera Común

Que prime la pesca artesanal, que genera más y mejor empleo, promoviendo el consumo de pescado de cercanía. Impulso a las reservas marinas para fortalecer las pesquerías. Garantizar la sostenibiidad de os caladores.

Una nueva política de aguas

El cambio climático esta reduciendo la disponibilidad de agua y esto no puede corregirse con grandes infraestructuras, sino con nuevas políticas que promuevan el ahorro y la eficiencia, apoyada en el adecuado cambio tecnológico y una nueva cultura de la sostenibilidad impulsada desde la sociedad civil, que deben velar por un bien común tan vital como este.

Introducir criterios de género que favorezcan el papel de la mujer en el desarrollo rural.

Debe promoverse el papel de la mujer en el mundo rural desde una perspectiva igualitaria en este nuevo modelo, tanto facilitando la diversificación en la actividad agropecuaria como buscando impulsar su protagonismo en la política participativa comunitaria en una política local renovada, factor clave de un nuevo modelo de desarrollo.

Favorecer y promover la ganadería extensiva y los sistemas tradicionales de pastoreo.

Ya que son los que al mismo tiempo garantizan una producción sostenible, el mantenimiento de los ecosistemas naturales y mayor generación de empleo. Pero son necesarias ayudas que permitan un aumento sustancial de la calidad de vida de las personas que trabajan en el sector, para hacerlo más atractivo.

No a los acuerdos globales de libre comercio (TTIP y CETA)

Porque impulsan el modelo agroindustrial más destructivo del medio ambiente, del empelo y de las políticas sociales. A veces la destrucción del medio rural se decide muy lejos

Proteger la biodiversidad cultivada y las variedades de semillas y razas autóctonas.

Especies y variedades autóctonas que son especialmente valiosas por si mismos. Pero en el momento actual de cambio ambiental suponen una riqueza enorme para hacer frente a las alteraciones que puedan producirse .

Prohibir la liberación en el medio ambiente de OMGs

España es el único país de la UE en el que se cultivan comercialmente OGMs. Por Principio de precaución y en tanto en cuanto no este demostrada su inocuidad, estos productos no deberían ser liberados en el medio ambiente.

Juantxo López de Uralde. Activista ecologista, coportavoz de Equo y diputado en el Congreso del Grupo Confederal de Unidos Podemos.

Ariel Jerez. Profesor de Ciencia Política (UCM) y Consejero estatal coordinador del Area Consejo del Mundo Rural, la sostenibilidad y la Soberanía Alimentaria de Podemos.

Fundación Espacio Público

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