El título de la maravillosa película de Bertrand Tavernier, Ça commence aujourd’hui, (‘Todo empieza hoy’), que narra la lucha por la dignidad de la gente trabajadora en un pequeño pueblo francés, es una valiosa y útil expresión para poner el acento en las necesidades de hoy. Las conquistas y avances se necesitan hoy, no mañana. Los ataques a los derechos de las clases populares y los retrocesos en las condiciones de vida se producen ahora. No son cosa de mañana.

Por eso es tan importante lo que ocurre hoy en Francia. Importante para su población, pero también para el futuro inmediato de las clases subalternas del resto de la Unión Europea. Desde la Comisión Europea se avanzan nuevas líneas de austeridad acordes con los intereses del gran capital en el capítulo de pensiones, que condicionan las políticas de cada uno de los países miembros, para imponer ampliaciones del número de años de trabajo cotizados necesarios para la jubilación, el retraso de la edad para retirarse de la vida laboral y para cambiar las cuantías a percibir, en función de la correlación de fuerzas entre clases sociales y entre gobernantes y gobernados en cada país. Frente a esa estrategia conjunta de los de “arriba”, la resistencia de las y los asalariados se da país a país y con escasas si no nulas muestras de solidaridad internacional.

Las movilizaciones que tienen lugar en Francia representan un movimiento histórico, por la dimensión y composición de las manifestaciones, su generalización en todas las ciudades, su duración, la unidad de las organizaciones del movimiento obrero y de las organizaciones sindicales, la convergencia con sectores ecologistas, feministas y rurales, expresión de la profundidad del malestar social y del hartazgo que existe en amplias capas de la población contra el Gobierno.

Trabajadoras y trabajadores, jóvenes y no tan jóvenes, estudiantes y personas jubiladas conforman una mayoría social apabullante en contra de la reforma del sistema de pensiones que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el gobierno de Élisabeth Borne quieren imponer. Un cambio que implica el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años y un incremento de los años de cotización para conseguir pensión completa.

Miles de personas se manifiestan en Perpinyà contra la reforma de las pensiones (6 de abril 2023). Foto de Marià de Delàs.

Las encuestas coinciden en señalar que la mayor parte de la ciudadanía francesa no solo rechaza las condiciones para acceder a la jubilación que quiere mantener Macron sino que comparte preocupación por el hecho de que este político demuestra absoluta falta de respeto por un valor fundamental de la República que preside: el régimen de libertades.

Llevan tres meses de movilizaciones. Las cifras de personas que han participado en las manifestaciones en ciudades grandes y pequeñas de Francia son las más importantes de las últimas décadas. Han salido a la calle millones de personas, pero hasta el momento el Gobierno no solo no ha cedido ni un palmo sino que ha utilizado y utiliza las herramientas más duras de su arsenal administrativo y represivo para intentar que la revuelta se extinga.

La voluntad de aprobar la reforma a cualquier precio condujo a la primera ministra a utilizar un artículo de la Constitución francesa, el 49.3, que permite aprobar un cambio legislativo sin mayoría parlamentaria. Las amenazas del ministro de Interior, Gérald Darmanin, ha pretendido que la Liga por los Derechos humanos deje de recibir la financiación pública a la que tiene derecho, el escándalo por la contaminación del agua potable con clorotalonil, las nuevas revelaciones sobre la violencia empleada por la gendarmería en Sainte-Soline durante la movilización contra las megapresas … son indicadores de los estrechos límites (¡incluso en Francia! y no digamos en otras latitudes) de las libertades y derechos políticos en un contexto de neoliberalismo autoritario. Lo que se libra en Francia es algo más que una batalla social.

La actuación más y más violenta de la policía ha reforzado la exasperación de una ciudadanía que se siente cada vez más excluida de la vida política. Parece que el gobierno francés haya decidido tratar a la clase trabajadora del mismo modo que lo hizo Margaret Thatcher y que está dispuesto a cualquier cosa menos a retroceder. Observan la generalización de las asambleas, las manifestaciones, las huelgas y los bloqueos de carreteras y medios de transporte, pero esperan que la tormenta social pase de largo, y si en algún momento la situación les parece insoportable optan por incrementar la violencia policial y recurren a las detenciones.

El futuro del sistema de pensiones preocupa y mucho, pero el descontento social va mucho más allá. La gente también sale a las calles con confianza en la posibilidad de ganar, porque ve la necesidad de defender la democracia y su derecho a intervenir en la vida política más allá del tiempo de elecciones. La reforma de las pensiones concentra, “la mayor parte de mecanismos que hoy la ciencia política identifica como alimento del resentimiento social, que nutre así a los partidos de la derecha radical”, afirman los investigadores Bruno Palier y Paulus Wagner (1). “Si el movimiento pierde, la ultraderecha llegará al poder”, explicó recientemente en conferencia en Barcelona una militante anticapitalista francesa.

Las protestas se han generalizado y eso ha sido así porque existen más motivos junto al rechazo a la subida de la edad de jubilación (2). Se reclaman mejoras salariales, incremento de las prestaciones para los parados, servicios públicos de calidad, cambio de políticas en relación a las personas migrantes, medidas en favor de una transición ecológica justa… “No habrá pensiones en un planeta muerto”, dicen los jóvenes anticapitalistas, que explican cómo “ante el productivismo degenerado, que impacta sobre los ecosistemas y pone en peligro la sostenibilidad de nuestra existencia, lo que se nos propone es trabajar más tiempo”. Hace apenas unos días se viralizó un significativo video en el que se puede ver a una joven que baila al frente de una manifestación, al ritmo de una canción y un mensaje. “Pensiones, clima, un mismo combate. No hay jubilación en un planeta quemado”, repite Mathilde Callart, militante de un movimiento ecosocial nacido en el País Vasco.

En algunos países de Europa se han organizado concentraciones de solidaridad ante embajadas y consulados, convocadas por organizaciones de izquierdas, pero la rebelión de los trabajadores franceses pasa más bien desapercibida en los medios de comunicación. Coincidiendo con la movilización francesa y sin relación aparente pero sí efectiva, porque corresponde a una misma reacción ante la pérdida de derechos y condiciones de vida, en Alemania se produjo una gran huelga para desbloquear las negociaciones del convenio colectivo del sector del Transporte.

Ante esto cabe hacerse varias preguntas relevantes ¿Qué han hecho los sindicatos de cada país en solidaridad con los franceses? ¿Qué ha hecho la Confederación Europea de Sindicatos? La respuesta a la doble pregunta es: nada a la altura de los problemas y del momento actual. CCOO y UGT han enviado mensajes de aliento a la lucha de las y los huelguistas franceses y de denuncia de la brutal represión gubernamental, pero no se ha dado ni un solo paso práctico para sostenerla y para coordinar las estrategias de resistencia ante el incierto futuro. Parece hoy altamente improbable o inimaginable que las centrales sindicales europeas piensen en la articulación de algún tipo de campaña conjunta en defensa de los derechos elementales de trabajadoras y trabajadores, que cambie la correlación de fuerzas actual.

En el Estado español solo algún sindicato minoritario y alguna organización anticapitalista se han esforzado en la convocatoria de actos para explicar lo que pasa en Francia y para hacer ver la excepcionalidad que representa esa revuelta para la historia de las movilizaciones populares en el continente europeo.

Sobre el territorio francés, en las manifestaciones multitudinarias, que se reproducen en todo tipo de poblaciones, se expresa rechazo contra la criminalización del movimiento sindical, así como una clara determinación a mantener la movilización. “No nos rendiremos” (On lache rien) se escucha una y otra vez en boca de huelguistas y manifestantes, que ven en el mantenimiento de la actual y excepcional unidad sindical la fórmula para hacer retroceder al Gobierno. La ‘Intersyndicale’, que agrupa a trece organizaciones de personas asalariadas y de defensoras de la juventud, confía en que la protesta no se debilitará, en que se mantendrán las asambleas, huelgas, bloqueos y manifestaciones, sin ceder a las “invitaciones” a la paz social que expresa la primera ministra y sin confianza en lo que pueda resolver un Consejo Constitucional –comienza sus deliberaciones el 14 de abril- tradicionalmente significado por anteponer intereses de los poderosos por encima de necesidades sociales.

La victoria o derrota de este movimiento dejará profundas huellas en Francia y en toda Europa en un momento en el que la inflación generalizada, la guerra en Ucrania y ahora de nuevo en otros países, y el recrudecimiento de la competencia entre potencias económicas y militares pueden determinar un rumbo u otro para el movimiento popular. Las clases subalternas tienen ante sí el desafío de hacer presente su participación cualitativa en las decisiones, reconstruir su identidad y conciencia de clase ante los desafíos del siglo XXI y asumir de nuevo un papel activo ante la cuestión del poder.

De inmediato sabremos cómo se resuelve la cuestión en el plano legal, y, más importante, cómo se plasman los avances del movimiento social en las calles y en las empresas, que hagan posible el predominio de una alternativa política capaz de acabar con el macronismo, hacer frente al ascenso de la derecha e iniciar un nuevo marco constituyente democratizador y superador de las limitaciones de la Vª República. Quizás, ¡ojalá!, estemos ante un nuevo “tiempo de las cerezas” que desde Francia aliente al continente.

Notas:

(1) Benoit Bréville. Un peuple debut. Dossier: Retraites, l’onde choc. Le Monde Diplomatique, nº 829 Abril 2023.

(2) Antoine Larrache. Una semana movida ¿para ir hacia la victoria? Viento Sur, 1 abril 2023.

Hasta un total de catorce partidos han llegado a un pacto espurio, en un intento por dar salida a las protestas ciudadanas. El acuerdo lleva un pomposo enunciado: Por la paz y una nueva constitución. Desbordados por la explosión social que cuestiona el sistema político implantado desde la dictadura, la constitución de 1980, el pacto garantiza la continuidad del orden neoliberal, con un nuevo etiquetado. Salvo el Partido Comunista y Humanista, la coalición gobernante Chile Vamos, nicho del pinochetismo, pasando por socialistas, democristianos, radicales, Partido por la Democracia, hasta Revolución Democrática y Convergencia Social, se coaligan. Son las tres coaliciones que dan vida al Chile actual y están presentes en las instituciones. Su objetivo, romper el espinazo de las movilizaciones sociales que han ido creando sus propias estructuras, débiles pero capaces de cuestionar el orden. De ellas han surgido los cabildos abiertos, mesas de debates, y una organización sin liderazgos, su gran debilidad para negociar con el poder constituido. Estudiantes, jubilados, profesionales, trabajadores, sectores medios, el movimiento feminista, el pueblo Mapuche participan en la elaboración de propuestas para llamar a una Asamblea Constituyente. Es una explosión de rebeldía generalizada. Un hartazgo a tanta injusticia social, corrupción, mentiras y  la total sordera de una elite política que durante décadas se ha desentendido de las consecuencias de un modelo concentrador y excluyente, justificando la desigualdad bajo el argumento de responder a una distribución equitativa acorde a las leyes del mercado.

Las multitudinarias manifestaciones, que no han podido ser aplacadas, aspecto a considerar si se tiene en cuenta la dureza de la represión, demuestra que la violencia no es suficiente para debilitar los movimientos sociales que han decidido resistir como parte de sus reivindicaciones democráticas por una Asamblea Constituyente, los derechos del pueblo Mapuche y el fin del ciclo neoliberal. Como dato, sirva la encuesta realizada por la Universidad de Chile. En ella se observa una doble matriz. Por un lado la amplitud de la población que acude a las manifestaciones, sus demandas por un cambio de régimen y por otro la pérdida de confianza en las instituciones políticas del Estado. Así, un 55,3% de la población dice haber participado de alguna forma de la protesta: cacerolazos, marchas, concentraciones o apoyo en las redes sociales. El 87,8% cree que los cambios de gabinete no solucionan los problemas actuales, otro 80,3% de los encuestados, considera necesario redactar una nueva constitución y más del 90% pide una reforma en el sistema de pensiones, salud, educación y el mercado laboral. En la contraparte, la desafección y descrédito de los partidos. La consulta pedía una valoración de 1 a 10 en el nivel de confianza en los principales puestos de representación política. El resultado no puede ser más desalentador. El presidente de la república obtiene un 2,8; los ministros 2,6; parlamentarios 2,5 y los partidos un 2,4. Curiosamente, los encuestados valoraban positivamente el cuerpo de Bomberos con un 9,3, seguidos de las ONGs con 7,2, las Juntas de Vecinos con un 6,3, los Hospitales un 6,2, las Universidades llegan al 6,1, y el Instituto de Derechos Humanos se queda con 6.0.  

El miedo sacude al poder. El gobierno, con aval de una gran parte de la oposición, opta por la fuerza bruta. La violencia como arma política en manos del Estado se ejerce sin contemplaciones, recordando los peores días de la dictadura, además de su falta de entendederas del porqué de las protestas ciudadanas. Hasta el 6 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta 6,362 detenidos, 23 muertos, 2,365 heridos, 400 por arma de fuego, 774 por perdigones, 1.104 por gases o golpes, 217 presentan pérdidas oculares. Se acumulan 246 querellas por torturas, 58 por violaciones y abusos sexuales.

Gobierno y oposición, no logran apaciguar a la ciudadanía bajo el exclusivo uso de la fuerza bruta. Se criminalizan las protestas y centran la atención en los llamados puntos negros o zonas oscuras. Presentar un país en manos de delincuentes que asaltan supermercados, violan la propiedad privada, rechazan el dialogo, rompen la convivencia, siembran el caos y la destrucción. Son las bases para traer a colación la amenaza de un levantamiento popular. Es la guerra. El presidente de Renovación Nacional, partido de Sebastián Piñera, Mario Desbordes, declara el 13 de noviembre: “solo quedan uno o dos días” para un acuerdo que ponga término al levantamiento popular. El gobierno amenaza con implantar el Estado de sitio, dando todo el poder a las fuerzas armadas y de paso, agita la bandera de un ruido de sables, lo cual obliga a tomar decisiones urgentes. Manuel Cabieses director de Punto Final señala: “El rumor del peligro golpista -real o supuesto- surgió cuando el presidente de Renovación Nacional, sentenció que sólo quedaban uno o dos días para pacificar el país. Se estima que este ex teniente de carabineros y ex funcionario de la Gendarmería, mantiene una relación privilegiada con las instituciones armadas. La maniobra, en todo caso, permitió a los desprestigiados partidos recuperar protagonismo. Lo hizo mediante la suplantación de identidades. Las masas populares y las organizaciones sociales -que tuvieron fugaz aparición con la mesa de Unidad Social- fueron suplantadas por partidos situados en el peldaño más bajo de la estima ciudadana. Horas después del pacto de gobierno-oposición, el pueblo salió otra vez a las calles reiterando sus demandas democráticas y fue reprimido con extrema dureza”.

Bajo el paraguas de un push militar, gobierno y oposición, el 15 de noviembre, al borde de un ataque de nervios, firman el documento “Por la paz y una nueva constitución”. En el que dicen recoger las principales reivindicaciones de las protestas y llaman a la desmovilización, esgrimiendo la necesidad de una paz para convocar a un plebiscito sobre la reforma constitucional. Incluso tiene fecha: abril de 2020. En la consulta, los ciudadanos deberán responder a dos preguntas: ¿Quiere Usted una nueva constitución?; y ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución. Convención constitucional o Convención mixta? La segunda, esconde la trampa para garantizar un cambio a lo gatopardo. Serán las fuerzas políticas, mismas que firmaron el pacto quienes tengan la mayoría de constituyentes. La elección se realizará por el actual sistema parlamentario y listas electorales, con lo cual las tres grandes opciones: Chile Vamos, Nueva Mayoría y el Frente Amplio se repartirán los delegados, desplazando del escenario a quienes desde abajo y en los cabildos abiertos han cuestionado el orden vigente. Es decir la continuidad del orden neoliberal. La traición se ha consumado.

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso militante de Convergencia Social junto a 72 correligionarios, presentan su renuncia, al partido, poniendo en evidencia lo espurio de la firma: “El Acuerdo de Paz social, y una nueva Constitución, firmado por diferentes partidos políticos nacionales, es contrario, en esencia a las demandas que las diferentes y diversas manifestaciones han enunciado en la calle. Su construcción se realizó por un conjunto de directivas partidarias y parlamentarios que no representan la voluntad mayoritaria de la movilización, excluyendo, en definitiva a ese Chile que despertó. (…) Las decisiones tomadas por las instancias superiores del partido, nos indican que este no constituye el espacio que permite impulsar de forma adecuada la política de transformaciones democráticas que requiere el momento actual. Es por ello que a través de esta carta comunicamos nuestra renuncia a Convergencia social”.

La criminalización de las protestas y el rechazo a las demandas de una Asamblea Constituyente con delegados electos desde abajo y cuya labor sea recoger las propuestas de los cabildos abiertos, será deslegitimado. Primero por la imposibilidad de ser elegidos bajo la actual ley electoral y en segundo lugar, esgrimiendo el ruido de sables que acompañara todo el proceso. Así, la espada de Damocles, de las fuerzas armadas con su autonomía frente al poder político, penderá sobre la cabeza de los chilenos y serán los cancerberos del orden neoliberal nacido del golpe de Estado de 1973. Sin embargo, la historia es imprevisible. Los grandes cambios sociales no se detienen ni con la ignominia ni con la traición. Tal y como el presidente Allende lo señaló en su último discurso: “el proceso social no va a desaparecer porque desaparece un dirigente. Podrá demorarse, podrá prolongarse, pero a postre no podrá detenerse (…) La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. (…) este es un momento duro y difícil: es posible que nos aplasten. Pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor”.

moderado por:

  • Orencio Osuna

    Director de la Fundación Espacio Público

Conclusión del debate

El debate organizado por Espacio Público a partir de una ponencia inicial del profesor Vicenç Navarro, ha contado con un total de 106 aportaciones -más numerosos archivos con documentos adjuntos- escritas por responsables políticos, historiadores, economistas, constitucionalistas,sociólogos y numerosos lectores del diario Público. Todos estas intervenciones así como el debate que se realizó en streaming en Público TV, podrán ser consultados en adelante en los Dossieres de Espacio Público.

La gran pluralidad de perspectivas políticas e ideolólogicas, la diversidad de disciplinas académicas, la complejidad de las cuestiones implicadas en la reivindicación del derecho a decidir, o la propia variedad de procedencias territoriales de las intervenciones que ha suscitado el debate, muestran a las claras la trascendencia política del asunto a discusión que hemos propuesto, así como la heterogeneidad de sus numerosas implicaciones. También hay que destacar que, aunque la polémica suscita una gran pasión intelectual, politica y emocional en todos los rincones de la sociedad catalana y española, existe entre la izquierda y los intervinientes una gran capacidad de respeto, diálogo y civismo democrático. Talante del que carece, por cierto, la derecha uniformadora y excluyente que se se rasga las vestiduras ante el sacrílegio del separatismo e invoca como razón suprema la sagrada e inviolable unidad de la España Una , Grande y Libre o que se aferra a una Constitución inamovible e irreformable, per secula seculorum.

Hemos abordado en este foro de discusión durante estos últimos meses uno de los debates de más trascendencia que para su presente y futuro tienen ante si los ciudadanos catalanes, pero también para el conjunto de los ciudadanos españoles. Tanto si el derecho a decidir, que reclama la mayoría de la sociedad catalana, desembocase en la creación de un estado independiente de incierto destino, como en un estado federal o confederal que reconozca efectivamente la plurinacionalidad del estado español, o ,incluso, en una reacción autoritaria recentralizadora -como la que propugnan sectores de la derecha española más uniformadora-, la vastedad del impacto de cualquiera de estas salidas abriría un nuevo tiempo para la totalidad de la sociedad española.

Un asunto, en definitiva, de capital importancia que debería afrontarse sin dramatismo ni histerismos, sin apelaciones al choque entre patriotismos viejos o posmodernos, con comprensión mutua de los intereses y opciones colectivos en presencia y, sobre todo, y por encima de todo, con espíritu de ciudadanos libres y democráticos. En la convicción de que en la sociedad española de hoy- asaltada, golpeada y saqueada por poderes fuera del control de la soberanía popular- el único método legítimo para organizar la convivencia es de la práctica de la democracia y el respeto a la voluntad libre y democrática de los ciudadanos.

Somos conscientes que estamos ante los primeros momentos de una dinámica política que fluye hacia importantes acontecimientos en los próximos meses-quizás años- y que tendrán momentos decisivos, como la próxima Diada del 11 de Septiembre, la consulta convocada por el gobierno de la Generalitat el 9 de Noviembre o, incluso, posibles reformas de la Constitución del 78, y que, en consecuencia, no podemos cerrar este foro de discusión definitivamente.

Espacio Público abrirá en el mes de septiembre una nueva fase de este debate conectado al calendario del proceso abierto en Catalunya, pero también relacionándolo con el nuevo ciclo político que supone la abdicación de Juan Carlos I, la sucesión de Felipe VI y las propuestas de cambios profundos que exige una gran parte de la sociedad española.

Moderador.
Orencio Osuna

Ponencia inicial

Catalunya y el derecho a decidir

Catalunya y el derecho a decidir

  • Vicenç Navarro

    Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

En contra de lo que ha estado enfatizando la sabiduría convencional definida por el establishment español (la estructura de poder político y mediático que define los parámetros de lo que debe creerse en el país), la Transición de la dictadura a la democracia no fue un proceso modélico, fruto de un consenso entre iguales, entre los herederos de los vencedores (las derechas, ultraderechas en el abanico político europeo) y los herederos de los vencidos (las izquierdas y otras fuerzas democráticas) de lo que se llama en España la Guerra Civil. En la versión oficial de la Transición, esta se presenta como una ruptura con el anterior Estado dictatorial, habiéndose establecido, como resultado de tal Transición, un Estado democrático homologable a cualquier democracia existente en la Europa occidental. Y la Constitución de este nuevo Estado se presenta como el resultado de aquel consenso entre iguales, estableciendo el marco jurídico donde la democracia española se ha ido desarrollando.

Esta versión de la Transición es profundamente errónea y no se corresponde con los hechos ocurridos en aquel periodo. Lejos de ser ejemplar, aquel proceso estuvo dominado por las mismas fuerzas que controlaban el Estado dictatorial, y que lideraron y dirigieron aquel cambio. Las fuerzas conservadoras controlaban todas las ramas y aparatos del Estado, así como la gran mayoría de medios de información del país, mientras que las izquierdas acababan de salir de la clandestinidad. No fue un pacto entre iguales ni tampoco fue una ruptura con el Estado anterior. En realidad fue una abertura de aquel Estado para incorporar a las izquierdas en un nivel subalterno, sometidas a una ley electoral que claramente las desfavorecía. Presentar la Constitución como un producto consensuado entre iguales, sin admitir que estuviera condicionada por las fuerzas que dominaban la Transición, es una frivolidad propagandística promovida primordialmente por las derechas y, en ocasiones, por aquellos sectores de las izquierdas gobernantes que se adaptaron rápidamente a aquel Estado.

Las consecuencias de aquel proceso inmodélico: la limitadísima democracia, el escaso bienestar social y el no reconocimiento del derecho a decidir

Las consecuencias de aquel dominio conservador son enormes. Una de ellas es la limitadísima capacidad de decisión de la ciudadanía en los quehaceres de la gobernanza del país. Democracia en España quiere decir votar cada cuatro años (dentro de un sistema electoral poco representativo) a partidos políticos que carecen de democracia interna, gobernados por élites que se eternizan, con escasa transparencia y que, por su opacidad, son fácilmente coaptables por parte de intereses financieros y económicos. La Transición inmodélica favoreció esta visión de la democracia, que reduce la política al “politiqueo entre sus dirigentes”. Formas de democracia directa, tales como referéndums (ni consultivos siquiera), son difíciles cuando no imposibles de realizar.

Esta limitadísima democracia, dentro de un Estado heredado del anterior con escasa renovación, explica varios hechos. Uno, es el enorme subdesarrollo del Estado del Bienestar en España. Treinta y cinco años después de iniciarse la democracia, España continúa teniendo uno de los gastos públicos y uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). He escrito extensamente sobre este tema (ver Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, 2002). Esta subfinanciación se está incluso acentuando más como consecuencia de las políticas de austeridad (lo que quiere decir de recortes del gasto público), orientadas a privatizar los servicios públicos del Estado del Bienestar. Desde 2008, los gobiernos españoles, argumentando erróneamente que no hay otra alternativa, están debilitando y/o desmontando el Estado del Bienestar. Utilizan para justificar este desmantelamiento el argumento que el Estado español ha perdido soberanía y tiene que seguir la normativa dictada por la Troika, a fin de poder mantenerse en el euro. He escrito extensamente mostrando la falta de evidencia que apoye estos argumentos. En realidad, tanto la banca como la gran patronal están consiguiendo lo que siempre desearon: el debilitamiento del mundo del trabajo, la privatización del Estado del Bienestar y la reducción de los salarios. Las políticas públicas realizadas por los gobiernos centrales y la mayoría de los gobiernos autonómicos han sido responsables de tales hechos.

El tema nacional tampoco se ha resuelto

Otra consecuencia del dominio de los herederos de los vencedores de la Guerra Civil en el proceso de transición fue la incorporación a la Constitución de la visión de España que tenían sus antepasados, que se definieron a sí mismos como los “nacionales”. Esta visión negaba la plurinacionalidad de España, oponiéndose a reconocer las distintas naciones que constituyen el país, imponiendo un Estado uninacional centrado en el establishment político y mediático existente en Madrid. En realidad, el Estado de las Autonomías (el “café para todos”) era la manera de negar esta plurinacionalidad, permitiendo una descentralización administrativa en un marco normativo claramente centralizado. Un indicador de esta centralización es el sistema radial de transporte. Lleva un poco más de dos horas ir en tren de Barcelona a Madrid, pero algo más de seis horas para ir de Barcelona a Bilbao, que es la misma distancia. Esta visión uninacional de España está escrita en la Constitución, la cual asigna al Ejército (sucesor del que había llevado a cabo un golpe militar contra un Estado democrático) la misión de defender la unidad de España (una cláusula única entre las constituciones en Europa), estando bajo la dirección del Monarca, jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Estas fueron unas cláusulas que el Monarca y el Ejército impusieron, como han admitido protagonistas de aquella Transición.

Esta negación del carácter plurinacional ha sido una constante en el periodo democrático. Y su último ejemplo son los “cepillazos” y
“vetos” al último Estatuto, iniciado por el gobierno tripartito en Catalunya presidido por Maragall (y más tarde por Montilla), que habían intentado redefinir España, sustituyendo la visión de España heredera del golpe militar por una España plural y pluricéntrica. El fracaso de este proyecto fue lo que no dejó otra alternativa a Catalunya que conseguir la movilización popular exigiendo el reconocimiento de Catalunya como una nación soberana, con pleno derecho a decidir su futuro, considerando la independencia como una alternativa entre otras. La gran mayoría de la población catalana (el 75% según las últimas encuestas) está de acuerdo con que se realice un referéndum sobre el futuro que la población desea para Catalunya.

Democracia significa el derecho a decidir

Los dos polos opuestos del nacionalismo –el españolista, que es el nacionalismo más extremo, dominante y asfixiante, y el catalanista- quieren presentar este derecho a decidir como equivalente a la petición de secesión de Catalunya del Estado español. Esta interpretación interesada no corresponde a la realidad. El número de personas que desean ejercer el derecho a decidir es mayor que el que desea la separación de Catalunya del Estado español. Catalunya podría ser un Estado soberano dentro de un Estado federal español. En realidad, históricamente la gran mayoría de fuerzas políticas de las izquierdas, tanto catalanas como españolas, han deseado esta forma de Estado federal, dentro del cual cada nación pueda decidir su futuro. Los “nacionales” fascistas llamaban “separatistas” a los catalanes –como el President Companys– que deseaban un Estado catalán dentro de una federación española. No eran anti España (como se los acusa), sino que eran voces que pedían una redefinición de lo que era España y su Estado.

Es importante subrayar que incluso los partidos políticos de izquierdas españoles pidieron durante la clandestinidad el derecho a decidir (se llamaba autodeterminación) de las distintas naciones (tan recientemente como en el Congreso de Octubre de 1974 de Suresnes, el PSOE subrayaba que “la definitiva solución del problema de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada nacionalidad y región pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español” (Resolución sobre nacionalidades y regiones). Y más tarde, en el 27 Congreso del PSOE en diciembre de 1976, se aprobó que “el Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán en pie de igualdad el Estado federal que preconizamos… La Constitución garantizará el derecho de autodeterminación”, manteniendo que “el análisis histórico nos dice que en la actual coyuntura la lucha por la liberación de las nacionalidades… no es opuesta, sino complementaria con el internacionalismo de la clase trabajadora”). Fue durante la Transición que las izquierdas españolas abandonaron este compromiso, aceptando la condición impuesta por la Monarquía y por el Ejército, convirtiéndose en las grandes valedoras de aquella Constitución.

Los cambios en Catalunya (y en España)

El nacionalismo españolista es profundamente excluyente y define como antiespañoles a aquellos que tienen otra visión de España. Su rigidez e intolerancia explica el gran incremento de independentistas como rechazo a este nacionalismo españolista. Y este rechazo incluye a amplios sectores de la población catalana que se siente española, y también de izquierdas. Desean separarse del Estado español sin ser independentistas, pues no creen que este Estado español se pueda convertir en un Estado democrático plurinacional, con mayor democracia representativa, enriquecida con formas de democracia directa, con plena diversidad de ideologías en los medios y cuyas políticas públicas tengan mayor sensibilidad social. En realidad, este Estado español tampoco es percibido como representativo por parte de la mayoría de la ciudadanía española, que está de acuerdo con el lema del movimiento 15-M “no nos representan”. Es urgente y necesario que se establezcan alianzas a los dos lados del Ebro para facilitar el rechazo a este Estado.

El problema que se presenta en Catalunya no es si se permitirá o no la consulta. Este no es el problema mayor, por extraño que ello parezca. De una manera u otra, si la mayoría de la población en Catalunya lo desea, la consulta se realizará, ya sea legal o ilegalmente. El problema es la Transición hacia la otra Catalunya deseada por la mayoría de la población, sea esta independiente o no. Lo que está claro es que la mayoría de la población catalana quiere otra Catalunya. Pero cómo llegar a ella es un punto esencial. En España ya existe el ejemplo de que las fuerzas políticas que dominaron la Transición, dominaron también el producto resultado de esta Transición. Pues lo mismo podría ocurrir en Catalunya. El rechazo al Estado español, que es distinto al rechazo a España (un sentimiento este muy minoritario en Catalunya) no es suficiente para garantizar una Catalunya más justa, más solidaria y más democrática. Y ahí está el auténtico reto. Fuerzas conservadoras y neoliberales que, aliadas con sus homólogas en el Estado español, han aprobado las reformas que han acentuado el deterioro tan notable de la Catalunya social, continúan teniendo gran influencia política y mediática en Catalunya, controlando los medios públicos de la Generalitat, instrumentalizándolos abusivamente. Mucho se ha hablado de esta instrumentalización por parte de las fuerzas independentistas. Pero el abuso ha sido igual de intenso en la promoción del neoliberalismo. El programa “Lliçons d’Economia” de TV3 promueve las teorías del economista ultraliberal de la casa (que predeciblemente es independentista), que quiere desmantelar el Estado del Bienestar y privatizar los servicios públicos y las pensiones en Catalunya, medidas que dañarían enormemente a las clases populares de Catalunya. Mientras, las izquierdas son sistemáticamente excluidas de estos medios. Últimamente están apareciendo movimientos político-sociales –como el Procés Constituent– que se están expandiendo por toda Catalunya y que están movilizando a la población para presentar otra alternativa, estimulando que los partidos de izquierdas hagan un frente común, alternativo, exigiendo una Catalunya popular.

Esta agitación en Catalunya es paralela a la gran agitación social contra el Estado español, un Estado que se ve instrumentalizado por los poderes financieros y económicos, que utilizan Europa para conseguir sus objetivos. De ahí el enorme valor de los movimientos iniciados por el 15-M, que cuestionan la sabiduría convencional que nos ha llevado a una situación claramente desfavorable para las clases populares. Ello explica el enorme descrédito del Estado y su pérdida de legitimidad. Este establishment se aferra a la Constitución (tal como vimos hacer a Felipe González en Salvados) como el instrumento legal que le permite salvaguardar sus intereses, confundiendo ley con legitimidad. Las clases populares están indignadas y no perciben a las instituciones políticas como sensibles a sus demandas y reivindicaciones. De ahí la gran urgencia e importancia de movimientos político-sociales que presionen para forzar una segunda Transición, que permita el paso de una democracia sumamente limitada, a una democracia auténticamente participativa y representativa que hoy no existe en España.