Asesinos convictos y confesos saldrán a la calle gracias a una ley aprobada por el Congreso –dominado por partidos de la ultraderecha y ex militares responsables o acusados de ser cómplices de masacres y violación de los derechos humanos- y sancionado por Dina Boluarte, quien accedió a la presidencia gracias a que ese Congreso destituyó al presidente electo, Pedro Castillo, con ayuda de las Fuerzas Armadas (FAA), las Fuerzas Policiales (FFPP) y los partidos de ultraderecha.

La decisión, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), beneficiará alrededor de 700 militares involucrados en violaciones a los derechos humanos entre 1980 y el 2000 y quedarán impunes, si la norma se aplica. Esta ley de impunidad afectaría a 156 casos con sentencia firme y 600 procesos judiciales en curso.

Esta amnistía también beneficiaría a responsables de casos emblemáticos como:

  • Pativilca, donde seis campesinos fueron secuestrados y ejecutados por el grupo Colina.
  • Manta, en el que mujeres y adolescentes campesinas fueron víctimas de violación sexual por parte de militares.
  • Barrios Altos, con la masacre de 15 personas durante una “pollada” (reunión festiva) comunitaria.
  • Esterilizaciones forzadas, que afectaron a miles de mujeres indígenas sin su consentimiento.

Perú, de la mano de la ultraderecha, es el alumno aventajado de Netanyahu. No respeta a los organismos internacionales. La comisionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, ha lamentado la promulgación de la ley que da impunidad a ex militares y policías y advirtió que Perú acumula más de 20 desacatos a la Corte IDH.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha expresado su consternación por la reciente aprobación de una ley dirigida a policías, militares y grupos de autodefensa implicados en violaciones a los Derechos Humanos durante el periodo de conflicto interno. La ley ha sido calificada de una afrenta a las víctimas.

Impunidad para violar derechos humanos

Dina Boluarte se siente cómoda porque ha promulgado una ley que beneficia a asesinos sabiendo que estamos en un contexto donde la impunidad para asesinos y genocidas está asegurada. Tal es su seguridad que no tuvo ningún rubor en saludar ante las cámaras a Juan Rivero Lazo, responsable del grupo Colina, un grupo paramilitar creado en las entrañas del régimen de Fujimori y que realizó ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas y asesinatos. A Dina Boluarte no le salpica la sangre derramada por un asesino.

La ley -que busca eximir de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía implicados en crímenes cometidos durante el conflicto armado interno- se aprueba cuando se hace público que la Marina habría ejecutado a cinco niños y una mujer embarazada que se escondían en una cueva en el paraje de Ayamachay, anexo de Churulla, en el distrito de Tambo, provincia de La Mar. Durante una diligencia forense liderada por la Primera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho, se recuperaron los restos óseos de ocho integrantes de la familia Amao Limaquispe, presuntamente ejecutados por efectivos de la Marina de Guerra del Perú en noviembre de 1984.

Los cuerpos fueron hallados en dos fosas contiguas ubicadas. El trabajo fue realizado por el fiscal provincial Milton Felices Prado, con apoyo del Equipo Forense Especializado (EFE), y contó con la presencia de familiares y posibles testigos del hecho. Según el informe fiscal, los restos se encontraron desordenados, posiblemente alterados por fauna carroñera, junto con prendas de vestir y objetos personales.

La masacre habría ocurrido el 8 de noviembre de 1984, cuando marinos habrían descubierto a la familia escondida en una caverna bajo una roca. Las víctimas habrían sido alineadas y ejecutadas con disparos de arma de fuego. Los fallecidos fueron identificados como Mariano Amao Gutiérrez; su esposa Elena Limaquispe Vargas, en estado de gestación; y sus hijos María (15), Abraham (13), Daniel (10), Amador (6), Alejandro (4) y Hermemlinda (2).

Con la ley aprobada en el Congreso -en donde se sienta el congresista, José Daniel Williams Zapata que en agosto de 1985 participó en la masacre de Accomarca-  este hecho quedará impune.

La aprobación de esta ley, que da impunidad a genocidas que cometieron delitos bajo el régimen de Fujimori, coincide con la denuncia hecha por el semanario Hildebrandt en sus trece; 1.200 expedientes digitalizados entre los que se encontraban casos que involucraban a Keiko Fujimori, la fiscal suprema Patricia Benavides y magistrados vinculados a la red de los Cuellos Blancos, han sido borrados desde dentro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Objetivo: limpiar al fujimorismo de cara a las elecciones

Todos estos movimientos apuntan a “limpiar” al fujimorismo para llegar en buenas condiciones a las elecciones que están apañando a su medida. Uno de los datos que avalan este plan anti derechos humanos es el papel del congresista y vicealmirante en retiro, Jorge Montoya. La ley de la impunidad fue una iniciativa del congresista Jorge Montoya que el 13 de marzo de 1999 firmó el acta de sujeción que Vladimiro Montesinos hizo suscribir a altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, avalando el golpe del 5 de abril de 1992. El objetivo del acta de sujeción era garantizar impunidad a los jefes militares del régimen de Alberto Fujimori ante los procesos judiciales por violaciones de los derechos humanos.

La ley de impunidad para asesinos también beneficiará a Dina Boluarte cuando salga de la presidencia.

Mientras el Congreso aprueba leyes en favor de genocidas y violadores de los derechos humanos, los índices de extorsión en la capital se elevan.

En siete años, este delito creció más de 3.000 % en la capital. En apenas siete años, Lima Metropolitana pasó de registrar una denuncia por extorsión al día a más de treinta, según cifras del Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (SIDPOL-PNP) al 31 de julio de 2025.

El fenómeno, que alcanzó un récord de 69 denuncias diarias en junio, refleja cómo este delito se ha normalizado como parte del paisaje urbano y golpea tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresas.

Entre enero y julio de este año, las denuncias por extorsión aumentaron un 54,5 % respecto al mismo periodo de 2024. Aunque a mediados del año pasado hubo un breve descenso, desde entonces el crecimiento ha sido sostenido, alcanzando picos nunca antes registrados.

El régimen de Dina Boluarte, que tiene tan sólo un 2% de aceptación, blinda al terrorismo de Estado pero no da solución a los principales problemas del país.

El pasado 29 de julio -en la 29 Feria Internacional del Libro (FIL) en Lima- se debió presentar el libro “Revolución en los Andes. Un balance del MRTA” de Víctor Polay Campos.

La Cámara Peruana del Libro, que es la entidad organizadora de la FIL de Lima, fue la que decidió cancelar la actividad de presentación del libro. El pretexto para tomar esta decisión fue el fuerte rechazo de la opinión pública y a las críticas que surgieron por la posibilidad de que se diera una plataforma a una persona sentenciada por terrorismo en un evento cultural de relevancia nacional.

La editorial Achawata, que publicó el libro y había programado la presentación en la FIL 2025, lamentó la decisión y la consideró un acto de censura.

Hasta aquí los hechos. En Perú el Gobierno encabezado por Dina Boluarte no garantiza la libertad de expresión. Deja hacer a los altavoces que niegan las libertades: la ultraderecha, militares y estamento policial.

Comparto los comentarios de Gabriela Wiener, que junto con Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, es una de las comentaristas del libro en la contratapa. “La FIL se echó para atrás y los defensores de la libertad de expresión no saldrán esta vez, como no salieron los terruqueadores cuando Fujimori y Montesinos sacaron libros, y el del primero, condenado por crímenes de lesa humanidad, se presentó en la misma FIL”.

La censura es parte del escenario que se quiere preparar desde la ultraderecha cómplice de genocidio para evitar que Víctor Polay –que escribió el libro en la prisión- disfrute de la libertad en enero de 2026 después de estar sentenciado a 35 años de cárcel en la Base Naval del Callao.

La mejor forma de combatir ideas que se consideran erróneas o dañinas suele ser a través del debate abierto, la crítica y la presentación de argumentos alternativos.

La censura es una criminalización de la disidencia. Polay cumple condena, quiere pedir perdón y quiere explicar sus errores, los errores del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Pero la democracia, pilar fundamental de las libertades, le impide que se pronuncie.

Escuchar no equivale asumir sus planteamientos

Escuchar a los actores no equivale a asumir sus perspectivas, sino a reconocer que el conocimiento histórico no puede construirse sobre omisiones deliberadas.

Ejercer la libertad es hablar con franqueza, audacia y sin inhibiciones, incluso la verdad incómoda o crítica, especialmente en asuntos públicos.

Los filósofos griegos abordaron la importancia de la palabra, el debate y la verdad. En Las Fenicias, Eurípides decía: “Esto es la esclavitud: no decir lo que se piensa”.

Impedir la presentación de un libro puede ser un precedente peligroso pero el Gobierno de Dina Boluarte no está por la labor de defender las libertades y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Muy por el contrario.

Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 muchas personas salieron a protestar contra Dina Boluarte. La respuesta fue la muerte de más de medio centenar de personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión.

Recientemente un evento cultural fue suspendido por la polémica alrededor de una obra. El Festival «Saliendo de la Caja», organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), fue suspendido por críticas a la obra «María Maricón». Una pieza teatral/performance que generó controversia por parte de la comunidad católica y otros grupos que consideraron que utilizaba de manera «incorrecta» o irrespetuosa la imagen de la Virgen María.

Recordemos que la Inquisición confiscaba y prohibía la difusión de textos, impidiendo de facto cualquier acceso o discusión pública de esas obras. Libros de pensadores ilustrados o reformistas (como algunos autores franceses) figuraban en los «Índices de libros prohibidos» y su posesión o lectura podía acarrear graves consecuencias. Libros como los estudiados en la obra “Lecturas prohibidas. La censura inquisitorial en el Perú tardío colonial” de Pedro Guibovich documentan esta realidad.

Coacciones al mundo de la cultura

¿Qué se puede esperar de un Estado que hace desaparecer los cadáveres de Abimael Guzmán y Miguel Rincón?

A día de hoy, son muchos y muchas las personas vinculadas al mundo de la cultura y de las artes populares que están siendo acosadas y perseguidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, por ejercer sus libertades.

Fanny Palacios Izquierdo, con un hermano que sigue desaparecido, es una destacada pintora con más de tres décadas como artista plástica que en la actualidad está siendo acosada por la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE).

Otro referente de la pintura peruana y retratista del Che Guevara, Bruno Portuguez, también está siendo acosado por los esbirros del régimen de Dina Boluarte.

Entre la población es evidente que hay miedo. Pero también es verdad que existe un puñado, un núcleo de personas comprometidas por la vigencia de los derechos fundamentales que están dispuestas a pensar críticamente y encarar a este régimen negacionista de las libertades.

Las gentes de la cultura y las artes en Perú no están solas. Tienen el apoyo y la solidaridad de sus pares en otros países de Abya Yala y Europa.

#PeruEnDictadura #guerrainterna #DDHH #Terruqueo #impunidad #peru #fujimori #mrta

El 25 de junio se cumplieron dos años del fallecimiento de Hugo Blanco, referente del movimiento campesino e indígena de Perú y Abya Yala.

A lo largo de sus 88 años de vida, Hugucha -como le llamamos los y las más cercanas- participó en diversas acciones en favor del campesinado. Desde huelgas de hambre hasta cortes de carreteras, manifestaciones y encierros. Cuando ejerció de diputado tachó de genocida al general Clemente Noel, acusado de la desaparición de 53 personas en 1983. El Congreso lo suspendió por cuatro meses y Hugucha se puso a vender café por las calles de Lima. Sufrió las consecuencias de defender y apoyar a los y las más débiles. Cárcel, torturas y destierros. Pero también recibió la solidaridad de su gente, de su pueblo y la comunidad internacional.

Fotografía de Pepe Mejía

En 1962, Hugo Blanco fue apresado por liderar un levantamiento de campesinos. El gobierno de entonces al mando del general Ricardo Pérez Godoy lo condenó a pena de muerte y su movimiento en Chaupimayo y Mesacancha fue reprimido salvajemente a sangre y fuego. Desde Francia surgió la campaña internacional con apoyo de la sección sueca de Amnistía Internacional y con pronunciamientos de Sartre y Simone de Beauvoir bajo el lema “¡Hugo Blanco ne doit pas mourir!”: ¡Hugo Blanco no debe morir!

Uno de los más reconocidos especialistas en movimientos sociales de América Latina, Franck Gaudichaud, califica a “Hugo Blanco, un actor mayor de la política revolucionaria latinoamericana del siglo XX”.

Un legado político y vital

Pero Hugucha no solamente fue un activista sino que nos dejó un legado político y vital.

Las reflexiones que nos transmitió en vida van desde el concepto del buen vivir al ecosocialismo.

En la trayectoria de Hugo hay un hecho transcendental. El hacendado Bartolomé Paz ordenó grabar con un hierro candente sus iniciales en el trasero de un campesino indígena. Ese hecho marcó el sentido de su vida.

En el gamonalismo -un sistema semifeudal heredado de la colonia- cada hacendado permitía que el campesino cultivara un pedazo de tierra; como pago éste debía trabajar en la hacienda y realizar toda clase de labores para el patrón: sembrar sus tierras, trabajar como sirviente doméstico (pongo) en la casa del señor, vender sus productos al hacendado a los precios que el mismo decidía, entre una extensa lista de abusos.

Desde el sindicato en Chaupimayo, en 1960, Hugo Blanco impulsó la huelga como instrumento que convirtió en un cuestionamiento directo a la estructura feudal de la tierra.  Con la consigna “tierra o muerte”, los y las campesinas de las haciendas lograron rebasar a la dirigencia de la Federación de Trabajadores del Cusco. La tierra para quien la trabaja.

Las entradas y salidas de la cárcel fueron habituales. En una oportunidad el ministro del interior de turno le remitió un ataúd.

En el discurso de Hugo Blanco hay principios del zapatismo, del movimiento indígena y de las luchas por el medioambiente. La agresión del neoliberalismo a la naturaleza es mucho más grave. Y la principal víctima de esa agresión son los pueblos indígenas. Por eso es que se jugó la vida en las luchas ambientales, por los avances del movimiento indígena y el fortalecimiento de los principios que no solamente defienden a la madre tierra sino también una forma de organización democrática. Hugo decía: “donde hay pueblos indígenas hay comunidades y en ellas se están construyendo también las bases de una nueva sociedad”.

Fotografía de Pepe Mejía

El rol de los gobiernos

Para Hugo Blanco la mayoría de los gobiernos favorecen la acción depredadora de las grandes empresas. A través de los ejércitos y policías reprime, castiga, asesina, a los defensores de la naturaleza.

En la represión colaboran las mayorías parlamentarias, los poderes judiciales y las fiscalías. Los grandes medios de comunicación están en manos de las transnacionales o de sus sirvientes, mienten y cantan loas a los depredadores, e insultan, calumnian y reclaman represión contra los defensores de la naturaleza.

¿Qué es el actual sistema denominado “democrático” existente hoy en el mundo? Teóricamente el pueblo elige a sus gobernantes, pero la verdad no es así. Para ser candidato se debe cumplir requisitos que cuestan mucho dinero. También en la campaña electoral hay que invertir mucho dinero. Los grandes medios de comunicación están en manos de los poderosos. Los candidatos prometen cualquier cosa, cuando son elegidos hacen lo contrario y no sucede nada.

El sistema permite que los representantes de los intereses del pueblo lleguen a los parlamentos, pero en minoría, de modo que sus proposiciones no son aprobadas por la mayoría que está al servicio del capital transnacional.

El sistema no permite ni permitirá que la mayoría parlamentaria esté en manos de la mayoría oprimida.

En el documento “Construyamos un mundo nuevo” Hugo Blanco señala que “Los gobiernos denominados “progresistas”, que precisamente han llegado al gobierno por la presión extra institucional del pueblo empobrecido, tienen actitudes de rebeldía contra los intereses del gran capital, pero no rompen con el sistema antidemocrático y capitulan ante las transnacionales, las que por otra parte usan el boicot para recuperar el poder total”.

Las poblaciones indígenas

La cosmovisión indígena entiende que la naturaleza es nuestra madre y que debemos vivir en su seno en armonía con todos sus componentes, que son seres vivientes, incluyendo los ríos y las montañas.

Somos rezagos de la cultura original de la humanidad, colectivista, solidaria, respetuosa de la naturaleza. La cultura neoliberal –subraya Hugo Blanco- preconiza el individualismo y el egoísmo en grado sumo, la jerarquía social, en la que unos mandan y otros obedecen. Quienes mandan tienen en sus manos el dinero y la fuerza. La razón de su vida es la obtención de más dinero. Para cumplir con este “sagrado mandamiento” deben aplastar a la humanidad y a la naturaleza.

Colectivismo

La organización comunal indígena es verdaderamente democrática, manda la colectividad, no el individuo, la máxima autoridad es la asamblea. Hay parcelas individuales y cultivos colectivos para beneficio colectivo. En las parcelas individuales también se trabaja colectivamente en forma rotatoria.

Solidaridad

La ética capitalista educa en el egoísmo extremo, en la competencia, no en la solidaridad. Es importante quien tiene más dinero.

La ética indígena es completamente opuesta, tú eres mi otro yo, me siento mal si el otro está mal, estoy alegre si el otro también lo está. Los indígenas zapatistas dicen: “No existe el yo sino el nosotros”.

En una de las múltiples conversaciones que mantuve con Hugo me contó que una vez, un antropólogo europeo, puso bastante fruta al pie de un árbol y les dijo a varios niños que corrieran hacia el árbol y que el primero que llegara se quedaba con toda la fruta.

Los niños se tomaron de la mano, corrieron todos juntos y disfrutaron colectivamente de la fruta. Cuando el antropólogo les preguntó por qué habían hecho eso, si el más veloz se podía haber quedado con toda la fruta, los niños respondieron que si uno de ellos se quedaba sin fruta todos hubieran sufrido.

Entre esos niños indígenas no existe ni asomo el bullying de la sociedad “civilizada”.

Cuando un indígena amazónico caza un animal grande, no lo sala para conservarlo, convoca a sus vecinos para que todos coman. Su vivienda es una choza colectiva.

En las comunidades indígenas existe el trabajo colectivo para beneficio colectivo. En quechua de Cusco Mink’a, en Colombia Minga. Inclusive cuando ya existen las parcelas individuales, estas se trabajan colectivamente en forma solidaria (Ayni en quechua cusqueña).

La felicidad no la da el dinero

El ecosocialismo es un mundo donde el tiempo sea para vivir no para producir y consumir. Un mundo que no será como yo quiera sino como la humanidad que lo construya lo decida.

El capitalismo fomenta una sociedad que debe producir y producir, para luego consumir y consumir.

En una oportunidad, estando con Hugucha en el hostal Santa Catalina en Lima, me comentó esta historia.

Un hacendado le pidió a un indígena amazónico que talara una parte del bosque para convertirla en terreno cultivable, como recompensa le daría un machete. El indígena aceptó y realizó el trabajo tan bien y tan rápido que el hacendado quedó gratamente impresionado, le pagó con el machete y le ofreció un negocio redondo: que talara una extensión que era la cuarta parte de la anterior y le daría otro machete.

El indígena le miró extrañado y le dijo: “Si sólo tengo una mano derecha, ¿para qué necesito otro machete?” y se fue, no quería “progresar”, sólo quería vivir.

A los indígenas quechuas de la sierra peruana nos les interesa cultivar el producto que más dinero les produzca. Su orgullo agricultor consiste en cultivar la mayor cantidad posible de especies, y de ellas, la mayor cantidad posible de variedades.

El taita Hugucha utilizaba mucho las metáforas, anécdotas, historias y leyendas. En una ocasión, mientras tomaba su desayuno de agua con harina de coca, cañihua y kiwicha en un cuarto que le había puesto a su disposición la Confederación Campesina del Perú (CCP) en Cusco, me contó:

“Si yo a una mujer o a un niño que está vendiendo en el suelo un producto escaso, le pregunto cuánto cuesta cada porción, me lo dice. Y le digo que le compraré todo sin pedirle que me baje el precio. Y ella o el niño me dice: “No”, le pregunto por qué, me responde “Si te vendo todo a ti ¿qué venderé al resto?” Vender, para esa persona, no es sólo una forma de obtener dinero, es también una relación social”.

Fotografía de Pepe Mejía

Cómo liberarnos

La fuerza de los enriquecidos/as es su dinero. La fuerza de los y las de abajo es que somos más.

Hugo era un convencido de la autoorganización. “Para hacer efectiva nuestra lucha debemos organizarnos en forma local contra un ataque concreto. Así lo estamos haciendo en la lucha contra las minas, contra las extracciones de petróleo…”

El próximo paso es entrelazar las luchas a escala regional y estatal. También tenemos que tener en cuenta que las y los oprimidos de todo el mundo tenemos el mismo interés de luchar por la naturaleza y por nuestra vida. Por tanto, debemos de enlazarnos internacionalmente.

Por ejemplo. ¿Por qué oponerse a una hidroeléctrica? Parece un sin sentido porque las hidroeléctricas producen energía para miles de personas. Pero los impactos medioambientales y poblacionales de una hidroeléctrica son graves: desplazamiento de personas, muerte de animales, cambios en los sistemas hídricos río abajo y río arriba, alteración del ecosistema. La pregunta es: ¿vale la pena?

En la cuenca del Marañón una megahidroeléctrica es superflua porque la densidad poblacional es baja. Según el gobierno, la máxima demanda eléctrica en todo el país para 2025 será de 12.000 megavatios. El periodista David Hill señala que sólo las 20 presas sobre el Marañón producirán más de 12.400 megavatios, sin incluir la capacidad eléctrica de las represas ya operativas. Entonces, ¿para qué tanta electricidad? Esa energía no se dirige a facilitar luz y corriente eléctrica a la población sino a las grandes empresas mineras. Yanacocha la primera de ellas.

La solución no está en el cambio de actitud de las personas, tampoco está en que todo el mundo apaguemos las luces un día determinado, ni que dejemos de tirar bolsas de plástico en el campo. Todo eso está muy bien, pero mientras nosotras lo hacemos, las grandes empresas en forma gigantesca y brutal siguen atacando al planeta. El problema no será resuelto mientras las empresas tengan libertad para deteriorar el medio ambiente. Y no se resolverá mientras no desaparezca el sistema capitalista.

La suerte de la humanidad no puede estar en manos de un puñado de compañías multinacionales sino de la humanidad en su conjunto.

El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori ejecutó un golpe de estado en Perú. Las instituciones democráticas fueron secuestradas facilitando la privatización de las empresas públicas. La oposición fue duramente reprimida violando los más elementales derechos humanos. La corrupción y el narcotráfico se expandieron en las entrañas de las precarias instituciones.

33 años después, el fujimorismo sigue presente de la mano de Dina Boluarte. Aunque Boluarte no disolvió el Congreso, su gobierno ha sido acusado de adoptar medidas autoritarias y de limitar la democracia.

Hay varios paralelismos entre el autogolpe de Fujimori en 1992 y las acciones de Dina Boluarte en su gobierno.

En cuanto a las violaciones de derechos humanos, en ambos casos, se han denunciado abusos graves por parte de las fuerzas del orden, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y represión violenta de protestas.

Por otro lado, está la estigmatización de opositores. Tanto Fujimori como Boluarte han sido señalados por deslegitimar las protestas y acusar falsamente de “terrorista” a los y las manifestantes.

En cuanto a los estados de emergencia. Fujimori justificó sus acciones bajo el argumento de combatir el “terrorismo”. Boluarte, por su parte, ha impuesto estados de emergencia para controlar las protestas, lo que ha generado críticas por el uso excesivo de la fuerza.

En tiempos de Fujimori se generalizó el soborno a periodistas, empresarios y políticos. Los pagos se grababan en videos que después se convirtieron en pruebas fehacientes. La corrupción se generalizó aprovechando la golosa tarta de la privatización de empresas públicas.

Con Dina Boluarte la corrupción se mantiene. Las coimas se impulsan desde las distintas bancadas de partidos políticos instalados en el Congreso.

Aprueban leyes en favor del crimen organizado

Dina Boluarte, con el apoyo del fujimorismo, ha aprobado la Ley 32108 y la Ley 31990, que, según analistas, debilitaría la persecución penal de casos de corrupción protagonizados por partidos políticos y beneficiaría indirectamente al crimen organizado.

El fujimorismo ha sido señalado en varias ocasiones por posibles vínculos con el crimen organizado en Perú.

Además, investigaciones periodísticas han relacionado al fujimorismo con casos de lavado de dinero y narcotráfico, como el caso de Joaquín Ramírez, exsecretario general del partido.

Algunas figuras del fujimorismo han sido señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Óscar Medelius, excongresista fujimorista, fue abogado de Gerson Aldair Gálvez Calle, alias «Caracol», líder de la banda criminal «Barrio King».

El pasado 10 de febrero, en el distrito limeño de Carabayllo, Medelius -que planificó y organizó la masiva falsificación de firmas que permitió la reelección de Fujimori en el año 2000 y cobró 70 mil dólares mensuales del asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos- recibió 20 balazos.

El experto en terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, Jaime Antezana Rivera, señaló que la presencia de Medelius en Carabayllo no era fortuita. Según explicó, este distrito podría estar relacionado con el accionar de un grupo conocido como “Los injertos del norte”, liderado por un individuo apodado “El Monstruo”. Antezana sugirió que las disputas por terrenos y el tráfico de tierras podrían estar detrás del asesinato, aunque no se descartan otros posibles móviles.

En los últimos años el ex congresista del fujimorismo se interesó en los negocios de la construcción y minería.

Otro caso es el de Luis Calle Quirós. Este empresario, que aportó a la campaña de Keiko Fujimori en 2011, fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como líder de una organización dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Pero el caso más sonado ha sido el protagonizado por Kenji Fujimori, hijo de Alberto Fujimori, hermano de Keiko, lideresa del partido fujimorista Fuerza Popular. En 2013 se encontraron más de 100 kilos de cocaína en los almacenes de la empresa Limasa, de la cual Kenji Fujimori era accionista aunque había renunciado a la empresa en 2011.

Las relaciones del fujimorismo con VOX

Por último. Las relaciones con la ultraderecha internacional. El acercamiento de Alberto Fujimori y Dina Boluarte a sectores de la ultraderecha internacional tiene matices distintos, pero ambos han sido señalados por adoptar posturas conservadoras en ciertos aspectos.

El fujimorismo, liderado por Keiko Fujimori, ha establecido vínculos con el partido ultraderechista Vox de Santiago Abascal. Estas conexiones se han fortalecido a través de reuniones y colaboraciones como las organizadas por la Fundación Disenso, el think tank de Vox.

Keiko Fujimori, líder del fujimorismo, ha sido la figura más destacada en establecer relaciones con militantes de Vox. En septiembre de 2021 se reunió en Lima con líderes de Vox, donde discutieron temas como la lucha “contra el comunismo y la defensa de la democracia”.

Por otro lado, el poder judicial en Perú ha sido señalado en ocasiones por decisiones que parecen favorecer al fujimorismo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional anuló el juicio por el caso «Cócteles» (cenas organizadas para recibir aportes irregulares de diversas empresas), beneficiando a Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular.

En Perú, se han documentado casos de corrupción dentro del sistema judicial que han beneficiado indirectamente a organizaciones criminales. Esto incluye jueces o fiscales que han sido cooptados por redes delictivas, ya sea mediante sobornos o intimidación, lo que debilita la capacidad del sistema para actuar con independencia y eficacia.

En su alianza con el fujimorismo, el régimen de Dina Boluarte deja hacer o facilita la impunidad. Todo esto en un país que, con datos de 2023, tiene 1 millón 922 mil personas en condiciones de extrema pobreza.

Un 31,4% de la población peruana se encuentra en riesgo de caer en situación de pobreza.

La práctica fujimorista de Dina Boluarte muestra una aprobación de alrededor del 3%, una cifra que representa un registro negativo en su mandato, según encuestas como las de Datum publicadas en diciembre de 2024.

La corrupción, el aumento de las desigualdades y el aumento de la actividad del crimen organizado han puesto a Dina Boluarte, aliada del fujimorismo, en la picota. La desaprobación alcanza niveles muy altos, superando el 90% a nivel nacional.

Gustavo Gutiérrez (Lima, 8 de junio de 1928-22 de octubre de 2024), filósofo y teólogo peruano, es el inspirador de la Teología de la Liberación, una de las corrientes más influyentes en el siglo XX.

El padre Gutiérrez, premio Príncipe de Asturias 2003 de Comunicación y Humanidades, es una figura clave en la conciliación de la fe cristiana y el compromiso con la justicia social. Desde la situación de los y las empobrecidas -en un contexto de capitalismo dependiente y violencia institucionalizada- le nace la conciencia clara de que la pobreza y sus causas son inaceptables.

La Teología de la Liberación, que parte de una crítica a la herencia colonial, remueve los cimientos de la sociedad consumista e individualista que ha generado el modelo neoliberal, la neocolonización, lo cual incomoda a los poderosos. Explica la Teoría de la Dependencia para entender mejor las desigualdades que existen a escala mundial. Critica a los nuevos faraones, césares y Herodes. La riqueza, el mercado, la seguridad nacional, el Estado, la fuerza militar y ese cristianismo occidental que avala a los poderosos.

Sus inicios

Recordemos que la Teología de la Liberación surge en América Latina en las décadas de 1960-70, en un contexto de marcada desigualdad económica y social.

La región enfrentaba altos niveles de pobreza y explotación, con gran parte de la riqueza concentrada en manos de élites y controlada por multinacionales extranjeras, especialmente en sectores como minería y agricultura. Políticamente, muchos países estaban gobernados por dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos en el marco de la “guerra fría”, con el objetivo de frenar el avance del comunismo.

Las dictaduras reprimieron los movimientos populares y luchas sociales, creando un clima de violencia y opresión. Religiosamente, la Iglesia Católica, bajo el liderazgo de Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger, buscaba una restauración doctrinal conservadora frente a las interpretaciones progresistas y comprometidas socialmente del Concilio Vaticano II. Este ambiente crítico impulsó a teólogos como Gustavo Gutiérrez a desarrollar una teología que respondiera a las necesidades de lxs empobrecidxs, articulando la fe cristiana con la lucha por la justicia social y la liberación.

Para Gustavo Gutiérrez la pobreza no es una fatalidad sino una injusticia. «La pobreza es para la Biblia un estado escandaloso que atenta contra la dignidad humana y, por consiguiente, contrario a la voluntad de Dios».

Por otro lado, la Teología de la Liberación reivindica la experiencia de las Comunidades Eclesiales de Base como fermento de esa construcción colectiva, comunitaria, dispuesta a la acción social. Su trabajo ha sido fundamental para conectar la fe con la lucha por la justicia social y los derechos humanos. Aunque no lo cite directamente, en el pensamiento del filósofo Karl Jasper, Gustavo Gutiérrez ha sido “uno de los hombres decisivos de la humanidad”.

En las Comunidades Eclesiales de Base, que son los nudos de imbricación con el pueblo, aprendemos y desarrollamos el valor de la madre tierra que nos regala la planta símbolo de esperanza, resistencia, belleza y alegría. Nos ejercita en las luchas comunitarias frente a la deforestación, las guerras, el individualismo, el odio al extranjerx, al empobrecidx, al expolio de los pueblos, a las necropolíticas de fronteras, a los genocidios como Gaza.

Pero también nos sumerge en el humanismo más activo. Acuerpándonos, acompañándonos, sonriendo y amándonos. La sensibilidad a flor de piel.

La Teología de la Liberación sigue vigente

Para Gutiérrez, esta corriente propone una nueva lectura del Evangelio, que sigue la estela del Concilio Vaticano II realizado entre 1962 y 1965, así como la Conferencia Episcopal celebrada en Medellín en 1968.

En los últimos 50 años, la Teología de la Liberación ha evolucionado para abordar nuevas formas de opresión y realidades enriqueciéndose con las aportaciones de la teología feminista, denunciando las prácticas sexistas y el patriarcado tanto en la sociedad como en la Iglesia, y defendiendo los derechos y la dignidad de las mujeres. También ha asumido una dimensión ecológica, inspirada por él ecocidio y el clamor por la «liberación de la tierra», promoviendo una espiritualidad de cuidado y sostenibilidad. La lucha de los pueblos originarios ha ganado la centralidad, integrando sus cosmovisiones y resistencias frente al extractivismo y la pérdida de territorios.

Por otro lado, la Teología de la Liberación se ha enfocado en los derechos de las personas migrantes y refugiadxs, enfatizando la hospitalidad y justicia frente a las políticas de exclusión y las nuevas formas de esclavitud y colonización.

La Teología de la Liberación se ha diversificado abordando la interseccionalidad de las opresiones y la decolonialidad, profundizando en el diálogo interreligioso y adaptándose a los desafíos globales como la inteligencia artificial, la globalización y las desigualdades tecnológicas, manteniendo su compromiso con lxs más vulnerables.

Una corriente teológica que no solo interpreta el mundo, sino que apuesta por transformarlo, porque como señaló Gustavo Gutiérrez: A Dios, en primer lugar, se le contempla al mismo tiempo que se pone en práctica su voluntad, su Reino, solamente después se le piensa (…) Contemplar y practicar es en conjunto un acto primero, hacer teología es un acto segundo (1986).

La Teología de la Liberación es una propuesta de vida, abierta, que facilita el diálogo en confianza con cualquier otra propuesta, fuera esta mundana, como el existencialismo, el marxismo, el liberalismo, o fuera religiosa.

Michael Löwy, sociólogo y filósofo marxista franco-brasileño, sostiene que «el cristianismo de liberación ha sembrado una semilla en el caldo de cultivo de la cultura política y religiosa latinoamericana, que seguirá creciendo y floreciendo en las próximas décadas, y que aún depara muchas sorpresas». En su rechazo de un statu quo inaceptable y en su militancia paciente y reflexiva al lado de lxs oprimidxs, la Teología de la Liberación tiene aún una importante contribución que hacer” no solo en los sures, sino también desde el clamor de las periferias del Norte global.

Mientras haya empobrecidxs habrá Teología de la Liberación, hasta que todas las vidas importen.    


Diversos colectivos de base están organizando un homenaje al filósofo y teólogo, Gustavo Gutiérrez, uno de los precursores de la Teología de la Liberación. Una de las corrientes más influyentes en el siglo XX y en plena vigencia. Se hará una aproximación a los principales vectores de esta corriente teológica: que lxs empobrecidxs sean gestores de su propio destino, su imbricación con los referentes culturales y políticos de los pueblos originarios y su denuncia de la injusticia social.
Se retransmitirá y se conectará con distintos lugares de Abya Yala, entre ellos con el Instituto Bartolomé de las Casas, uno de los símbolos de resistencia y nueva generatividad de la Teología de la Liberación hoy.

Gustavo Gutiérrez: memoria y liberación
Día: Sábado 25 de enero
Hora: 17.00 (hora península ibérica)
Lugar: San Carlos Borromeo.
c/Peironcely 2. Cercanías: Asamblea/Entrevías

Secuestran el cadáver y se apropian de las cenizas. Responsable: la dictadura en Perú.

El pasado 11 de diciembre, a los 73 años, Miguel Rincón Rincón murió en prisión debido a una enfermedad terminal y sin recibir la atención médica necesaria.

Miguel Rincón, ex-militante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), llevaba preso 29 años en la Base Naval del Callao, una prisión militar sin condiciones adecuadas para presos civiles.

Desde hace varios meses, Miguel Rincón presentó problemas de salud graves que necesitaban atención hospitalaria oportuna y continua. Sin embargo, las instituciones del Estado fueron negligentes y limitaron sistemáticamente su derecho a la atención en salud, incumpliendo además su deber de cuidado con una persona interna.

Desde que se notificó su deceso, la familia solicitó respeto al derecho a despedirse de su familiar y poder darle una sepultura digna. Sin embargo, la familia pasó tres días en la puerta de la morgue del Callao, sin recibir respuesta.

Al tercer día, la Fiscalía de la Nación de Perú se pronunció para negarles todo: no se les permitirá darle sepultura, tampoco presenciar la cremación ni guardar las cenizas de su familiar fallecido. La dictadura alega el cumplimiento de la Ley 31352 que otorga al Estado la potestad de disponer del cuerpo, cremarlo, y que las cenizas “sean dispersas en tiempo y lugar reservados”. Es decir, el Estado peruano ha legalizado la desaparición forzada y procederá de esta forma con el cuerpo de Miguel Rincón, violando así sus derechos fundamentales.

La Ley 31352 –promulgada y firmada por el presidente Pedro Castillo actualmente en prisión- atenta contra los derechos fundamentales de las familias de las personas condenadas, dándoles un trato discriminatorio y humillante que no se justifica en sus fundamentos.

Alberto Fujimori, responsable de graves violaciones a los derechos humanos y acusado de ejecuciones extrajudiciales durante el asalto a la embajada de Japón tomada por el MRTA, falleció rodeado de sus familiares y recibió sepultura casi con honores de Estado.

Rincón, independientemente que estemos de acuerdo o no con sus métodos, combatió las desigualdades.

Fujimori a través de sus políticas económicas defendió las desigualdades privatizando empresas públicas en complicidad con José María Aznar, quien nos llevó a la guerra con Irak.

Ambos, Fujimori y Aznar, han manifestado su desprecio por la vida y la condición humana.

La actual dictadura -que tiene a más de 70 personas asesinadas por ejercer su libertad de expresión en las calles- ha demostrado fehacientemente su inhumanidad. Dina Boluarte desprecia a las víctimas de la represión. La comunidad internacional, y el gobierno de Pedro Sánchez, calla o mira a otro lado.

El pasado 11 de diciembre, el ministro de Educación de Perú, Morgan Niccolo Quero Gaime, dijo lo siguiente: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”.

El desprecio de la condición humana no tiene precio ni horizonte con Dina Boluarte como cabeza visible de una dictadura que ha demostrado su menosprecio por la vida.