Gran parte de la izquierda parece a menudo avergonzada de haber defendido en algún momento políticas igualitarias. El esfuerzo que han hecho y hacen numerosos dirigentes de izquierdas para simular que no lo han sido nunca, o que lo son en una medida no demasiado molesta para el poder económico, los ha llevado a asumir como propias las formas de intervenir en política de personas y partidos que tienen o tuvieron a su derecha.

Se pueden encontrar abundantes ejemplos en la historia contemporánea. Alguno, entre los más recientes, se ha puesto de manifiesto entre actores políticos que a principios de la pasada década participaron en la creación de más de una plataforma con voluntad de impugnar el régimen del 78 y que se reivindicaban como adalides de la “nueva política”. Hace un cierto tiempo sin embargo que muchos de ellos cierran filas con quienes habían querido desplazar del poder.

Se resistían a identificar sus nuevas formaciones como partidos políticos, pero querían entrar con fuerza en las instituciones. No tardaron lo más mínimo en dar un golpe de timón a su orientación inicialmente subversiva y no ahorraron gestos para significar que si pasaban a compartir responsabilidades de gobierno con quien habían identificado hasta aquel momento como agentes de la derecha no harían ningún estrago en el sistema.

Hablaron sobre la inutilidad de distinguir entre izquierdas y derechas y se autocensuraron en la utilización de simbología roja y/o republicana. Les parecía, así lo decían, que la tricolor, la roja y lo que representan podían poner la “nueva política” del lado de los “perdedores”. Sobreactuaron con la asunción del concepto “patriotismo” español, con un contenido muy difuso, para no dejarlo como patrimonio de la derecha. Con esta misma intención se solidarizaron significativamente con las aspiraciones corporativas de estamentos militares y funcionariales y elogiaron reiteradamente la tarea de los cuerpos policiales. Aspiraban a “ganar” y pretendían hacerlo con la complicidad de los votantes tradicionales de la izquierda pero también con gestos de comprensión y de asunción de sentimientos reaccionarios. Se trataba, así lo explicaban, de construir “una máquina de guerra electoral”, con una dirección homogénea, basada en liderazgos incuestionables y en la transmisión de mensajes sencillos, alejados de referencias a ideas socialistas y de líneas estratégicas emancipatorias.

Lucha contra «la casta»

Pusieron mucho énfasis sin embargo, durante bastante tiempo, en su voluntad de acabar con las prebendas de unos no muy definidos sectores o estamentos sociales privilegiados. No articulaban discurso sin hablar de la necesidad de luchar contra “la casta”.

En muy poco tiempo obtuvieron resultados espectaculares en las urnas e insistieron en su voluntad de gobernar. Celebraron la ruptura del bipartidismo, porque eso debía servir, dijeron, para aplicar correctamente la Constitución.

Los cargos que consiguieron en algunas instituciones, después de algunas contiendas electorales y de varias disputas, llamaron la atención. Vicepresidencias, en el gobierno del Estado y en algún gobierno autonómico; ministerios, alcaldías en ayuntamientos de las principales capitales, cargos en las mesas y comisiones de los parlamentos… pero el precio para obtenerlos fue el del pacto con fuerzas de la izquierda moderada o socioliberal que inicialmente habían descalificado rotundamente, además de los tratos para conseguir apoyo de algunos actores centristas o directamente derechistas. La “casta” desapareció de su lenguaje, se instalaron en el posibilismo y se esforzaron al demostrar que desde las instituciones, aunque fuera en posiciones subordinadas, se podían conseguir mejoras sustanciales “para la gente”.

Especialmente significativos fueron unos aplausos a la familia real en el Congreso de los Diputados, justificados precipitadamente en nombre de una mejora en el salario mínimo. Hicieron daño a los ojos de no pocos demócratas, pero sirvieron para dejar clara, ‘de facto’, la lealtad al régimen del 78 y la aceptación de la autoridad de una institución hereditaria como la Corona.

Progresismo, ¿en qué sentido?

La aspiración al logro de algún tipo de sociedad socialista, que las izquierdas habían mantenido de diferentes maneras durante muchas décadas, hacía tiempo que había quedado abandonada y cerrada en el armario de las ideas obsoletas. ¿Quién se acuerda de ese anhelo? Los dirigentes y seguidores del partido que se denomina socialista hace mucho tiempo que arrinconaron la idea del cambio social y que dieron por consagrado el libre juego de la oferta y la demanda como «la mano invisible», reguladora incuestionable de las relaciones sociales y económicas. Comparten con la derecha neoliberal la consideración del crecimiento económico y del mercado como axiomas inmutables.

Últimamente, al hablar de sí mismos, a los portavoces “socialistas”, poscomunistas y de las formaciones que habían anunciado la llegada de la “nueva política”, cuando construyen discurso, les gusta identificarse todos juntos como “progresistas”, defensores de proyectos políticos «amplios», de ideas “modernizadoras”, «diferentes» y «nuevas», como si estas expresiones sirvieran para marcar alguna línea estratégica alternativa a las de las fuerzas de la derecha y para generar algún tipo de esperanza colectiva en un futuro socialmente justo.

Cuando hablan de “progresismo”, y lo hacen reiterada y constantemente, convendría que explicaran qué sentido otorgan a esa palabra, porque en las últimas décadas hemos conocido un progreso tecnológico extraordinario y un crecimiento económico casi permanente, acompañado de enormes destrozos en la naturaleza, irreversibles, que atentan contra la supervivencia de gran parte de la humanidad. Predican incansablemente, impúdicamente, en favor del crecimiento económico indefinido, como si los recursos materiales fueran infinitos, como si nuestro planeta lo pudiera aguantar todo.

Sería buena cosa que los “progresistas” se pronunciaran algún día sobre sí es progresista o no el cuestionamiento del derecho ilimitado a la propiedad privada; sobre cómo se puede avanzar hacia la democracia económica, como se puede evitar la concentración progresiva de la riqueza en pocas manos y el empobrecimiento extremo de más y más gente, sobre si hay que cambiar la titularidad de los medios de producción de bienes y servicios esenciales, sobre las garantías públicas de asistencia sanitaria universal igualitaria y de calidad, independiente de los intereses de la industria farmacéutica, de mutuas, hospitales y residencias privadas; sobre cómo hacer efectivo el derecho a la vivienda y a los servicios públicos en condiciones dignas para todo el mundo; sobre si tienen o no voluntad de implantar en algún momento un sistema de enseñanza totalmente pública, para toda la población escolar, separado de cualquier posibilidad de negocio; sobre la manera de garantizar a todas las personas unos ingresos suficientes para poder vivir tranquila y dignamente, sin la angustia de no poder pagar lo que es esencial en cada casa, sobre el derecho efectivo al trabajo estable, no precario y justamente remunerado, sobre el derecho al descanso y al ocio; sobre los derechos de las personas migrantes y refugiadas, sobre si piensan derogar algún día la ley de extranjería. Haría falta que hicieran explícita la voluntad de romper con cualquier sistema de explotación capitalista y/o patriarcal.

El lector ya sabe que podríamos seguir y seguir, y concretar mucho más, pero no se trata de exponer desde aquí, en un pequeño artículo, las líneas de ningún programa político para fuerzas de izquierdas que no tengan vergüenza de serlo, sino de advertir a través de estas notas sobre un fenómeno: el olvido del pensamiento igualitario, el desplazamiento progresivo hacia el neoliberalismo de casi todo el abanico de fuerzas políticas y la adaptación constante de quien había defendido ideas socialistas a los deseos de los acumuladores de poder económico y administrativo.

Crecimiento de la extrema derecha

Los partidos que hoy se autorreconocen como componentes de un bloque “progresista” hacen llamamientos de vez en cuando en favor de la creación de un “cordón sanitario”, para proteger a la sociedad ante el progreso de los extremistas de derechas, aunque a veces algunos de ellos prefieren no confrontar mucho con esta realidad. Atribuyen a menudo este engorde de los ultras a los medios de comunicación y, ocasionalmente, a los directores y jefes de edición de los programas de radio y televisión.

No hay duda de que los medios tienen un papel importante, pero la abundancia de líneas editoriales ultrasesgadas y reaccionarias debe considerarse más como la consecuencia que como la causa. Si la extrema derecha tiene oportunidad de crecer es, sobre todo, porque ante una crisis que parece indefinida la izquierda antigua y nueva se muestra incapaz de ofrecer un horizonte de esperanza y justicia social, unas expectativas de convivencia entre iguales, unas garantías de lucha efectiva contra el machismo en todos los ámbitos públicos y privados, cierta confianza en que nuestros niños y niñas pueden tener en el futuro una vida tranquila y segura, en una sociedad solidaria. Si la ultraderecha gana terreno es porque la izquierda se adapta a un sistema injusto, porque renuncia a su impugnación, por sus deslealtades a la clase trabajadora, a los sectores sociales que dan sentido a la existencia de un tejido asociativo, vecinal, sindical y partidario útil para la defensa de los derechos de las mujeres, de las personas migrantes, de la gente que sufre enfermedades, de las personas mayores, de la infancia.

Nos encontramos de nuevo en tiempos de cálculos y de expectativas electorales y los “progresistas” se ven obligados a pintar un poco de rojo, verde y lila sus discursos. Vuelven a hablar en contra de los ricos, todos se reivindican feministas, algunos recuerdan incluso, alguna vez, que existe lucha entre clases sociales y que las privatizaciones se hicieron en contra del bienestar de la inmensa mayoría de la gente. Evocan la existencia del sector público de la economía y los derechos de las trabajadoras y trabajadores, en una confusa mezcla con los de “las clases medias”. También se expresan alguna vez en contra de la represión, sin atreverse a reconocer, a pesar de la experiencia y las evidencias, que una vez pasen las citas a las urnas seguirán igual de indiferentes ante los atentados contra los derechos fundamentales y las libertades, el empobrecimiento progresivo de la población, las injusticias más flagrantes, la destrucción del medio ambiente…  Poca cosa dicen ya sobre los compromisos adquiridos en sus campañas anteriores, casi nada sobre la ley mordaza, ni sobre la mayor parte de la legislación laboral que prometieron derogar, ni sobre la pobreza energética, los impuestos, la banca, los desahucios…

Siguen, además, imperturbablemente insensibles ante un sistema judicial corrupto, que hace la vista gorda ante episodios corrupción pero que robó años de vida en libertad a dirigentes y activistas, que cometieron “el delito” de impulsar el crecimiento de entidades soberanistas o la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Catalunya. Fueron indultados pero nunca amnistiados, como tampoco lo han sido el resto de encausados y exiliados por sus ideas y actividades en defensa de la soberanía de los pueblos.

La «nueva política» ante la matanza de Melilla

La “nueva política” envejeció a gran velocidad. Las personas que entraron en las instituciones en su nombre derrocharon la ilusión que se había generado en las plazas, en las marchas por la dignidad, las manifestaciones de apoyo a los refugiados, las mareas, y particularmente en las extraordinarias movilizaciones del proceso soberanista catalán. No son pocas las que pusieron sus proyectos personales por encima de los de la ciudadanía, que presentan algunas reformas y mejoras como conquistas históricas, que dan por acabada la precariedad laboral en contra de toda evidencia, menosprecian las tremendas cifras de personas socialmente excluidas y cierran los ojos ante la ruptura de los sistemas de protección.

La deriva política y social hacia la derecha se ha puesto de manifiesto últimamente de forma especialmente dolorosa. La matanza de decenas de personas migrantes a manos de policías marroquíes y españoles en la valla melillense ha sido abiertamente justificada y reiteradamente elogiada por el presidente del Ejecutivo “progresista”, sin que la vicepresidenta y los ministros más izquierdistas de la coalición gubernamental levantaran la voz con claridad para denunciar los asesinatos cometidos como consecuencia del racismo institucional.

Una sociedad políticamente sana se encontraría conmocionada por este atentado, más grave que el del 17A del 2017 en las Rambles de Barcelona, no solo por el número de víctimas sino por la autoría. Las personas con sentimientos humanitarios tendrían que estar exigiendo la dimisión de los gobernantes involucrados, por su incapacidad de controlar fuerzas policiales propias y las relaciones con el régimen del Marruecos.

Las palabras abiertamente xenófobas del presidente del Gobierno español de apoyo a los responsables y autores de la matanza resultan más que preocupantes, pero la reacción tibia y tardía de gobernantes y dirigentes políticos de su izquierda también provoca angustia y desazón. Su ausencia en los actos populares de protesta es sintomática de la deriva «progresista», del mismo modo que resulta relevante en sentido contrario la asistencia y participación de algunos representantes públicos consecuentes con su pensamiento y trayectoria.

Durante la pasada década parecía que los movimientos sociales ponían de moda la democracia, el respeto por las libertades y el valor de la solidaridad, pero la ambición de ocupar espacio dentro de las instituciones modificaron conciencias. Algunas personas sufrieron una auténtica metamorfosis que las llevó a recuperar prácticas que por un tiempo parecía que desaparecían. Fanáticos del posibilismo se obsesionan con el poder administrativo logrado, con los despachos, las subvenciones y el aumento del número de subordinados. Excluyen a discrepantes, expulsan disidentes y como hemos visto recientemente en Andalucía, intentan incluso que quienes habían tenido como compañeros no puedan expresarse en los medios de comunicación y en las calles.

Vuelven las prácticas autoritarias que en algún momento parecía que desaparecían. Vuelven a calumniar y a acusar a quién presenta alternativas en complicidad con la ultraderecha.

Con quién y cuándo hay que enfadarse

Lamentablemente se olvida demasiado a menudo la realidad que hay que confrontar, que es la de la riqueza concentrada cada vez en menos manos, la de la desigualdad social creciente y la de una crisis económica cronificada que siguen pagando quienes no la provocaron.

Para intentar aligerar el sufrimiento de los perdedores de siempre, desde el “progresismo” blando, pero también desde el feminismo anticapitalista y de formaciones revolucionarias, se reivindica con insistencia la ética de las curas, pero no puede ser la única receta. Tal como explicaba Marina Garcés no hace mucho, su aceptación se puede interpretar como que el daño es irreparable. “Nos quieren enfermeras del mundo mientras otros hacen daño. ¿Hasta qué punto nos tenemos que cuidar? ¿Cuándo llegará el momento de enfadarse?”, preguntó la filósofa con enorme pertinencia.

Todavía se pueden detectar entre gente de todas las edades los restos de aquella indignación que nació ante una democracia que no lo es, gente que no quiere saber nada de burócratas ni de luchas intestinas, asqueada ante el caciquismo, las puertas giratorias, las exclusiones, depuraciones, expulsiones, censuras, condenas, amenazas, la represión, las órdenes de guardar silencio…

“Que no nos representan, que no”, se gritó en las plazas y manifestaciones, en tiempos de movilizaciones que llegaron a contar con un gran apoyo popular. Aquella fuerza ya no existe, pero todavía vemos gente que sale a la calle para gritar contra el racismo institucional, para defender el derecho a tener derechos de las personas migrantes, para oponerse al aumento del gasto militar, reclamar la disolución de la OTAN y manifestar su disgusto ante quien revitaliza el atlantismo desde «la nueva política» y afirma que su reunión en la capital del Estado representa un “orgullo y un placer”.

“La política es así” afirman a menudo personas adaptadas al establishment. Las prácticas antidemocráticas y los intercambios de favores “no desaparecerán nunca”, admiten. La respuesta es obvia. Si “es así”, hay que buscar otras maneras de hacerla, para poner los proyectos colectivos y la vida asociativa de los barrios, pueblos y centros de trabajo por encima de cualquier ambición económica, interés burocrático o liderazgo individual. Hay gente que no se resigna y que todavía piensa que otro mundo es posible.