Desde hace ya algunos años los movimientos negacionistas del cambio climático (o retardistas de sus soluciones) ven un supuesto «enemigo del sistema» a  la Agenda 2030 de NNUU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por supuesto que sea un slogan completamente falso no les impide continuar la demagogia contra una Agenda que se conformó en su origen para consensuar caminos para transitar hacia una sociedad más equilibrada en lo ambiental y más equitativa en lo social . Contra esto es la arremetida de estos negacionistas de nuevo cuño post fascista porque lo que realmente temen es una sociedad ecosocialmente más igualitaria.

Sin embargo es una paradoja sorprendente el acusar de los supuestos grandes males que acucian a nuestra sociedad a algo que realmente no se está aplicando tal y como debiera, pues lo realmente preocupante es la falta de aplicación de la Agenda 2030 que amenaza con convertirla en un mar de buenas intenciones que terminan en papel mojado.

Esto es lo que podría deducirse fácilmente si tomamos en consideración el último Informe de evaluación sobre su operatividad realizado por Naciones Unidas, promotor de la Agenda. En efecto, ya en mitad de camino desde 2015 en que se enunciaron los citados ODS de la Agenda 2030, sus resultados son manifiestamente mejorables, “sonando una música” ya pasada como fue el fracaso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio instrumento análogo implementado anteriormente .

La propia evaluación de NNUU indica que: “Los últimos datos y evaluaciones a nivel mundial de los organismos custodios dibujan un panorama preocupante: de las aproximadamente 140 metas que pueden evaluarse, la mitad presentan desviaciones moderadas o graves de la trayectoria deseada. Además, más del 30% de estas metas no experimentaron ningún avance o, peor aún, retrocedieron por debajo de la línea de base de 2015. Esta evaluación subraya la urgente necesidad de intensificar los esfuerzos para garantizar que los ODS mantengan su rumbo y avancen hacia un futuro sostenible para todos”.

La inobservancia en la puesta en marcha de las  acciones expresadas en la Agenda 2030 y que en si justificarían su existencia, está trayendo graves consecuencias en las personas y el planeta. Algunas las vemos a continuación:

Seguirá un aumento de la pobreza extrema que podría llegar a 1000 millones de personas en 2030 con una brecha de desigualdad entre pobres y ricos cada vez más amplia. El deterioro ambiental se intensifica con permanentes incrementos de emisiones de CO2 que agudizan la crisis climática de consecuencias devastadoras para la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los recursos hídricos (el cambio climático es un multiplicador de amenazas) y ello podría conducir a un aumento de conflictos y crisis humanitarias agravando la situación actual de desplazados y refugiados ambientales.

Poner en marcha las acciones que impregnan la Agenda 2030 no se puede quedar en enganchar en nuestro vestuario un hermoso pin, sino en impregnar en nuestro cerebro y en nuestra voluntad la necesidad de cambiar nuestro modelo desarrollista. Debemos hacerlo así si no queremos que la Agenda 2030 se asemeje a las cínicas Cumbres por el clima con sus “evoluciones” involutivas y sus “esperanzas” desesperanzadas, acercándose a las políticas lampedusianas (“cambiar” todo para que nada cambie) tan usadas en temas ambientales. Un riesgo real de que la Agenda 2030 se convierta pues en la Agenda 3020, es decir, que sus objetivos cifren resultados 90 años más tarde, si es que seguimos en el Planeta Tierra.

Llamando a la acción

Para que esto no ocurra y revertir la actual situación se precisan acciones urgentes de los gobiernos estatales y locales, así como incrementar las exigencias en debida diligencia a las entidades privadas. Entre las medidas clave se incluyen:

  • Aumentar la inversión para una transición ecológica real de la economía: los gobiernos y las instituciones financieras internacionales deben aumentar significativamente la inversión en los ODS.
  • Fortalecer la cooperación internacional: es necesario un mayor compromiso y coordinación entre los países para abordar desafíos globales. Esto implica que los países desarrollados deben cumplir e incrementar sus compromisos de ayuda oficial al desarrollo y apoyar a los países en desarrollo contemplando la condonación de deuda.
  • Reducir las desigualdades: se deben implementar políticas que promuevan la inclusión social y económica, empoderen a las mujeres y las niñas y protejan a los más vulnerables.
  • Abordar la crisis climática con urgencia: se requieren acciones ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y construir resiliencia para adaptación al cambio climático. Esto implica amplias medidas fiscales que graven la producción energética con fuentes fósiles así como la disminución drástica programada de financiación de la Banca Internacional y la eliminación de subsidios a la producción (incluyendo la nuclear).
  • Promover la paz y la seguridad: la prevención de conflictos y la resolución pacífica de disputas son esenciales para el desarrollo sostenible, eliminando las inversiones en material bélico.

El reto real es, sin dobles morales, si estamos dispuestos a este cambio. La sociedad civil tiene (tenemos) un papel crucial que desempeñar para exigir cuentas a gobiernos y empresas y para movilizar a las comunidades para la acción.

El tiempo se agota para alcanzar los ODS. Se necesita un cambio radical en la forma en que pensamos y actuamos. Todos tenemos un papel que desempeñar para construir un futuro más sostenible y equitativo. Los gobiernos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y las personas individuales deben unirse y actuar con urgencia si no queremos que la Agenda 2030 se convierta en la Agenda 3020.

Traducción: Nuria del Viso

Recogemos en este artículo las intervenciones de Eileen Crist y de Lyla Mehta en el foro online sobre población «The Population Debate Revisited», organizado por Great Transition Initiative (GTI) en agosto de 2022[1]. Las autoras representan dos posiciones paradigmáticas de los debates sobre población: Crist defiende la necesidad de reducción de la población mundial mientras que Mehta aboga por poner el foco en cuestiones de poder, de distribución y de cómo se genera socialmente el concepto de escasez.

Menos es más

EILEEN CRIST

Me gustaría empezar agradeciendo a Ian Lowe el haber preparado el escenario para un animado intercambio. Mi comentario está motivado por la consideración normativa de superar el rencor que rodea la cuestión de la población. Abogo por replantear ciertos aspectos de la población de forma que se demuestre de forma incontestable que poner fin al crecimiento demográfico y reducir gradualmente el número de seres humanos sirve para el bienestar de todos a largo plazo.

Desvincular la política de inmigración de la cuestión demográfica. Resulta ventajoso enfocar la población como una cuestión global, excluyendo el discurso de la inmigración de las cuestiones de población. Cuando se proponen medidas de restricción de la inmigración como medio para hacer frente a la superpoblación, el debate sobre la población se paraliza en medio de acusaciones de racismo, xenofobia y similares. Podemos unirnos para abogar por la búsqueda activa de ciertos derechos humanos que reviertan el crecimiento de la población (cuestión que abordaré más adelante), sin que la inmigración se convierta en un obstáculo. El espacio me impide exponer los argumentos contra la restricción de la inmigración como política demográfica, pero los he publicado en otro lugar[2].

Los derechos de los niños, el empoderamiento de las mujeres, la libertad reproductiva y la educación sexual integral son el camino. Evitar empantanar el debate sobre la población con la política de inmigración no es una mera táctica. La transición hacia una población mundial más reducida y sostenible es posible mediante el mismo conjunto de transformaciones en todas las sociedades: tolerancia cero a las «novias infantiles»; educación hasta (al menos) la enseñanza secundaria para las niñas; empoderamiento de las mujeres, es decir, acceso a la educación superior, a un empleo significativo y a carreras de liderazgo; servicios de planificación familiar y opciones anticonceptivas voluntarias; y eliminación de las barreras físicas, sociales y culturales que las impiden. A estos derechos humanos establecidos relacionados con la población, debemos añadir la educación sexual integral (ESI), que puede desempeñar un papel importante en el decrecimiento de la población. La ESI reduce la tasa de embarazos no deseados, además de otros notables beneficios para la calidad de vida[3].

Los derechos de las niñas y las mujeres son fundamentales para la transición a una población más reducida. Cuando las mujeres reciben educación y se empoderan por lo general eligen tener menos hijos o no tenerlos, independientemente de su origen. Cuando las mujeres son libres de elegir su destino reproductivo aflora lo que Martha Campbell ha llamado su «deseo latente» de tener menos hijos[4]. Hay una razón evolutiva para ello: el embarazo y la maternidad son un reto para el cuerpo de las mujeres. Tener muchos hijos, sobre todo a partir de la pubertad y de forma muy seguida, está relacionado con un aumento de la mortalidad materna.

Las presiones sexistas del pronatalismo coercitivo están presentes no solo en el mundo en desarrollo. Ya sea de forma sutil o expresa, las normas socioculturales a favor de la maternidad están muy extendidas en el Norte y el Sur del mundo. Las presiones pronatalistas sobre las mujeres merecen ser expuestas y confrontadas[5].

El consumo es el problema, la población lo aumenta. Un marco estándar que requiere un replanteamiento es la yuxtaposición de «consumo» y «población» como variables de impacto distintas. Este dilema engañoso lleva a la gente a elegir cuál es el problema. Es comprensible que muchos opten por castigar el consumo excesivo de los ricos mientras desestiman el tamaño y el crecimiento de la población. Este dilema es ofuscante. El consumo excesivo es el problema; el crecimiento de la población hace que el consumo aumente y acabe por rebasar los límites.

Para entenderlo mejor, imaginemos una situación hipotética. Si los seres humanos fueran «respiradores», es decir, capaces de satisfacer sus necesidades energéticas únicamente con la respiración, y se inclinaran por la simplicidad voluntaria, el número de seres humanos apenas importaría. La Tierra podría albergar a muchos miles de millones de minimalistas respiratorios. Volviendo a la realidad, todas las personas necesitan comer y a la mayoría le gusta hacerlo al menos dos veces al día. Más aún, todo el mundo debería comer más de una vez al día y tomar buenos alimentos. En una civilización global electrificada e interconectada, la gente consume, por supuesto, muchas más cosas que alimentos. En este artículo, me centro en la cuestión de la población sobre todo a través de la lente de la alimentación.

El sistema alimentario (producción, consumo, transformación y comercio) se ha convertido en la principal causa de deterioro ecológico a todos los niveles: extensión del uso de la tierra y de los océanos, colapso de la biodiversidad, pérdida y degradación del suelo, agotamiento del agua dulce, cambio climático y contaminación de la tierra, los ecosistemas de agua dulce, los mares costeros y la atmósfera[6].

¿Podemos dejar de enmarcar la Revolución verde como un «logro técnico»? Me gustaría que abandonáramos el obligado guiño deferente a la revolución verde. A pesar de las buenas intenciones originales, los beneficios a corto plazo y los impresionantes rendimientos, la revolución verde ha desatado una caja de Pandora de daños desastrosos. Sus monocultivos destruyen la biodiversidad. Los agroquímicos ponen en peligro la biodiversidad del suelo, la vida de las plantas y los insectos, las aves y otros animales, incluidas las personas[7]. Los fertilizantes sintéticos desmantelan la biodiversidad del suelo; exacerban el cambio climático, contaminan el aire, la tierra, el agua dulce, las aguas subterráneas y los estuarios; y pueden provocar eventos de mortalidad masiva de la fauna. Mientras que la cantidad de alimentos se ha disparado (por ahora), la calidad de los mismos (especialmente los que se imponen a las personas sin poder) ha caído en picado. Más de 2.000 millones de personas (tanto subalimentadas como sobrealimentadas) sufren carencias de micronutrientes[8].

La revolución verde ha respaldado el crecimiento explosivo de la población humana. La existencia de casi la mitad de la población está en deuda con las tecnologías de la revolución verde, sobre todo con los fertilizantes[9]. Es un trato fáustico. Los efectos de la revolución verde en la biosfera están aumentando en los niveles interrelacionados mencionados anteriormente. El glifosato está en la lluvia. La contaminación por nitrógeno es una catástrofe creciente que pasa desapercibida, ya que la mayoría de los ojos están puestos en el carbono[10]. Los monocultivos son más vulnerables a un clima que cambia rápidamente.

Aunque se necesita inmediatamente una mejor gestión de los insumos de la revolución verde, el restablecimiento de la salud de la biosfera y de la humanidad no tiene por qué plantearse como un ejercicio de control de daños de un sistema de producción de alimentos intrínsecamente perjudicial. La solución profunda consiste en abandonar esta forma de producir alimentos, junto con la reducción gradual del número de personas hasta llegar a un punto en el que todas las personas puedan recibir alimentos sanos: alimentos producidos de forma ecológica y ética, no contaminados por biocidas y ricos en nutrientes procedentes de suelos sanos y regenerados.

El cultivo de alimentos no es un problema de ingeniería que deban resolver los tecnócratas con planes de eficiencia y microgestión. Cultivar alimentos es el arte de los agricultores en diálogo con la abundante fertilidad de la Tierra.

Menos es más: una población de unos 2.000 millones es mejor para todos y a largo plazo. La Tierra conoce la fertilidad, y los agricultores saben cómo trabajar con ese don para alimentar a la gente. Deberíamos prescindir del tropo de «alimentar al mundo». No hay que alimentar a los seres humanos, sino nutrirlos con alimentos hechos con amor por los animales y la tierra, cultivados por la calidad más que por la cantidad, y elaborados por los agricultores en una relación ingeniosa con la naturaleza que los rodea.

Entonces, ¿a cuántas personas puede alimentar la Tierra? Esta pregunta requiere una aclaración muy importante. ¿En qué tipo de planeta? Los guardianes de la Tierra sostienen que la opción virtuosa y prudente es un planeta en el que se conserve la biodiversidad, la abundancia de poblaciones no humanas, la complejidad ecológica, la vivacidad del comportamiento (como las culturas animales y las migraciones) y el potencial evolutivo. Todo ello requiere la conservación a gran escala de la tierra y los mares, el fin de la deforestación tropical, la proliferación de proyectos de renaturalizaciónz y restauración ecológica, y la eliminación gradual de los agroquímicos y otros contaminantes. Una amplia protección de la naturaleza salvaje y de los «paisajes intermedios» agrodiversos (donde se producen los alimentos) son sinérgicas, siempre que los paisajes intermedios sean subsistema modesto del planeta en lugar de invadirlo.

Cuando David Pimentel hizo el cálculo de cuántas personas pueden ser mantenidas con equidad a base de alimentos orgánicos, diversos y mayoritariamente vegetales, y al tiempo proteger generosamente la naturaleza salvaje, el resultado rondaba los 2.000 millones[11]. Esta cifra no es absoluta ni una «solución rápida”[12], sino que ofrece una visión a medio y largo plazo que debe abordarse con prontitud y ambición dentro de un marco de derechos humanos, junto con muchas otras transiciones que exige nuestra situación.

¿Qué elegirá la humanidad? Además de necesitar alimentos sanos, la mayoría de los habitantes del mundo moderno también quieren –entre otras cosas– ordenadores personales, frigoríficos, control de la temperatura interior, tecnologías de entretenimiento, medios de transporte y un conjunto material de servicios sanitarios, educativos y de otro tipo. Podemos dejar de lado si se trata de lujos industriales, de comodidades buscadas o de manifestaciones del potencial de nuestra especie que vale la pena mantener en formas alteradas y reducidas. En lo que sí podemos estar de acuerdo es en que las comodidades modernas no deberían ser un privilegio ilimitado de los ricos, sino una prerrogativa de todos los que las deseen a niveles moderados y justos.

A este respecto, el estilo de vida moderno se está extendiendo, lo que subraya el argumento: debemos ser muchos menos, si la humanidad también desea habitar un planeta biológicamente vibrante. Si, por el contrario, la humanidad deriva hacia la conversión de la Tierra en una colonia de recursos, ese planeta empobrecido podría –durante un periodo indeterminado– «alimentar» a muchos miles de millones de humanos, mientras se embolsarán las riquezas los Amazon, grandes almacenes, corporaciones agroquímicas, grandes farmacéuticas y el complejo militar-industrial. Si pudiéramos votar, ¿no elegiría la humanidad un planeta vivo en lugar de uno colonizado? En esta encrucijada nos encontramos.

Contra el alarmismo demográfico

LYLA MEHTA

Más que un «elefante en la habitación», como sostiene Ian Lowe, el tema de la población y el neomaltusianismo están vivitos y coleando. Ejemplos recientes son la película de David Attenborough Una vida en nuestro planeta, que aborda cómo los seres humanos están invadiendo el mundo y de las amenazas de la población para el medio ambiente; los grupos de reflexión de Washington que establecen vínculos entre los llamados refugiados climáticos, la escasez y la superpoblación; e incluso el príncipe Guillermo del Reino Unido afirma que la población de África es una amenaza para la vida salvaje y la conservación.

Lamentablemente, seguimos en un mundo en el que el pensamiento neomaltusiano establece vínculos simplistas entre el aumento de la población, el cambio climático, los conflictos y la escasez de recursos. Son evidentes los vínculos con la «tragedia de los comunes» de Hardin cuando el ecologismo y el pensamiento sobre el desarrollo en general interpretan una serie de cuestiones que van desde la pobreza mundial y el desarrollo económico, el cambio medioambiental, la conservación e incluso la seguridad nacional y mundial a través de la lente de la superpoblación y la escasez. Esto ha tendido a dar lugar a narrativas tecnoautoritarias que se dirigen desproporcionadamente a los pobres y marginados del “mundo mayoritario”, que en consecuencia suelen enfrentarse a una serie de acciones draconianas, por ejemplo, el desplazamiento, la desposesión, el control de los cuerpos –especialmente, de las mujeres pobres no blancas– y la biopolítica.

Así, esta fijación con la superpoblación desvía la atención de cuestiones más cruciales como la forma en que se distribuye el poder en la sociedad, la desigualdad de género, la discriminación étnica y de casta, las condiciones comerciales injustas, la planificación estatal, las tecnologías centralizadoras, los acuerdos de tenencia, la degradación ecológica, etc. Además, tenemos que vincular los debates sobre la población con las cuestiones relativas a los modelos desiguales y sesgados de consumo, y de asignación y distribución de recursos.

Gran parte de mi trabajo anterior se ha centrado en la escasez y los límites. El concepto de escasez –es decir, la suposición de que las necesidades y los deseos son ilimitados y los medios para conseguirlos son escasos– es el principio básico de la economía moderna. Pero esta noción ha hecho que la escasez se convierta en un discurso totalizador tanto en el Norte como en el Sur global. El «miedo» a la escasez ha hecho que esta se convierta en una estrategia política para los grupos poderosos. Como argumentó el difunto Steve Rayner, la propagación del miedo a la disminución de los recursos del planeta ha servido en gran medida para mantener a los pobres en la pobreza y enriquecer a los que ya son ricos[13]. Por eso, en trabajos anteriores, junto con varios colaboradores, he argumentado que la escasez no es una condición natural; el problema radica en cómo vemos la escasez y en las formas en que se genera socialmente[14]. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en las cuestiones fundamentales de la asignación de recursos, el acceso, el derecho y la justicia social, en lugar de recurrir a nociones simplistas universalizadoras de la escasez.

Como sabemos por los informes recientes y pasados del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición y también del PNUD, hay suficiente comida y agua para todos[15]. Sin embargo, a nivel mundial, el problema del hambre crónica existe y se ha intensificado durante la pandemia. En los países ricos, los perversos regímenes de subvenciones han llevado a la generación de excedentes, y los pobres comen alimentos envasados baratos. El hambre y la obesidad son dos caras de la misma moneda. Actualmente hay una explosión de bancos de alimentos en el Reino Unido, y cerca del 8% de la población sufre inseguridad alimentaria[16]. La malnutrición y el hambre en el Reino Unido no se deben a la superpoblación, sino a la austeridad, los recortes, el aumento de la pobreza y la desigualdad.

A pesar de estas cuestiones, el miedo a la escasez y la superpoblación sigue siendo un medio para desviar la atención de las causas de la pobreza y la desigualdad que pueden implicar a los políticamente poderosos. Por ello, Marie Sneve Martinussen, diputada noruega del Partido Rojo, en un reciente acto sobre los Límites del Crecimiento +50 en Oslo instó de forma elocuente a no centrarnos en la tragedia de los comunes, sino en la «tragedia de los pocos», es decir, en el papel que desempeñan los poderosos, los ricos y las élites, en la perpetuación del crecimiento obsesionado por el PIB, el consumo y la destrucción del medio ambiente. Del mismo modo, el movimiento por el decrecimiento reclama que los límites al consumo/crecimiento se apliquen en gran medida a los países ricos y a las élites de todo el mundo, y no a los grupos y países pobres y vulnerables.

Los discursos sobre el número de personas y la necesidad de control de la natalidad suelen hacer recaer todas las esperanzas y expectativas en las mujeres. Invariablemente, los objetivos son las mujeres negras y morenas de Asia, África y América Latina, a las que se considera que tienen demasiados hijos. Rara vez se apunta a las mujeres blancas de los países ricos, a sus bebés, o incluso a las huellas de carbono o ecológicas de las familias blancas en el mundo minoritario.

El 24 de junio de 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el derecho constitucional al aborto en el país, lo que supuso un día muy trágico para los derechos de la mujer y los derechos humanos. ¿Cómo podemos siquiera hablar de cuestiones de población cuando se niegan derechos tan básicos a las mujeres? Aunque no existen prohibiciones similares en muchos otros países, sigue habiendo muchos obstáculos socioculturales y económicos en torno a los derechos reproductivos de las mujeres, que siguen estando moldeados por prejuicios y leyes masculinas discriminatorias. En el contexto de Estados Unidos, cada vez se reconoce más que la falta de acceso al aborto afectará en gran medida a las inmigrantes, las comunidades indígenas, las mujeres de color, las personas discapacitadas, etc. Gran parte del discurso antiabortista estadounidense es racista y puede vincularse a la supremacía blanca. Por lo tanto, es importante ser conscientes de que las políticas de crecimiento demográfico y de control de la población tienden a no tener en cuenta el género ni la etnia y, por lo tanto, corren el riesgo de reproducir procesos coloniales y racializados de razonamiento y discriminación.

En resumen, en lugar de hablar del crecimiento de la población, centremos nuestra atención en avanzar hacia la consecución de la igualdad de género, la justicia climática, los procesos justos de asignación y distribución de recursos y los procesos de desarrollo que sean sostenibles y socialmente justos en el Norte y el Sur. Esto es lo que realmente importa y contribuiría en gran medida a mejorar el bienestar humano y planetario que permitirá a todos los seres –humanos y no humanos– florecer y prosperar.

Notas:

*Este texto forma parte de la colaboración entre ESPACIO PUBLICO y FUHEM ECOSOCIAL. Fue publicado en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 160, invierno 2022/2023, pp. 25-33.

Eileen Crist es profesora asociada emérita del Departamento de Ciencia y Tecnología en la Sociedad de la Universidad Virginia Tech y editora asociada de la revista Environmental Issues. Entre sus obras figura Abundant Earth: Toward an ecological civilization (University of Chicago Press, 2019).

Lyla Mehta es profesora del Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex, profesora visitante de Noragric en la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, y autora, entre otras obras, de Water, Food Security, Nutrition and Social Justice (Rouledge, 2019).

[1] El debate íntegro de GTI. Agradecemos a GTI el permiso para la reproducción de estos textos.

[2] Eileen Crist, «Decoupling the Global Population Problem from Immigration Issues», The Ecological Citizen vol. 2, núm. 2, 2019, pp. 149–151.

[3] Mona Kaidbey y Robert Engelman, «Nuestros cuerpos, nuestro futuro: difundir una educación sexual integral», en Educación ecosocial. Cómo educar frente a la crisis ecológica. La situación del mundo, capítulo 12, FUHEM Ecosocial/ Icaria, 2017, pp. 189-201.

[4] Martha Campbell y Kathleen Bedford, «The Theoretical and Political Framing of the Population Factor in Development», Philosophical Transactions of the Royal Society B 364, núm. 1532, 2009, pp. 3101–3113.

[5] Nandita Bajaj, «Abortion Bans Are a Natural Outgrowth of Coercive Pronatalism», Ms. Magazine, junio de 2022.

[6] Walter Willet, Johan Rockström, Brent Loken et al., «Food in the Anthropocene: The EAT-Lancet Commission on Healthy Diets from Sustainable Food Systems», The Lancet, vol. 393, núm. 10170, 2019, pp. 447–492.

[7] Joel K. Bourne, «The Global Food Crisis: The End of Plenty», National Geographic Magazine, junio de 2009.

[8] Walter Willet, Johan Rockström, Brent Loken et al., 2019, op. cit.; Paul Ehrlich y John Harte, «Food Security Requires a New Revolution», International Journal of Environmental Studies vol. 72, núm. 6 (2015), pp. 908-920; Richard Manning, «Hidden Downsides of the Green Revolution: Biodiversity Loss and Diseases of Civilization»Mother Earth News, 22 de abril de 2014.

[9] Hannah Ritchie y Max Roser, «Fertilizers»OurWorldInData.org, 2020.

[10] Fred Pearce, «Can the World Find Solutions to the Nitrogen Pollution Crisis?»Yale Environment 360, 6 de febrero de 2018; Eileen Crist, «Got Nitrogen?», The Ecological Citizen (editorial), vol. 5, núm. 1, 2021, pp. 3–10.

[11] David Pimentel et al., «Will Limited Land, Water, and Energy Control Human Population Numbers in the Future?», Human Ecology vol. 38, núm. 5, 2010, pp. 599–611.

[12] Corey Bradshaw y Barry Brook, «Human Population Reduction Is Not a Quick Fix for Environmental Problems», PNAS, vol. 111, núm. 46, 2004, pp. 16610–16615.

[13] Steve Rayner, «Foreword», en Lyla Mehta (ed.), The Limits to Scarcity, Routledge, Londres, 2010, pp. x–xvi.

[14] Lyla Metha (ed.), 2010, op. cit.; Lyla Mehta, Amber Huff y Jeremy Allouche, «The New Politics and Geographies of Scarcity», Geoforum, núm. 101, mayo de 2019, pp. 222–230.

[15] Programa de Desarrollo de las Naciones Unidad (PNUD), Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua, PNUD, Nueva York, 2006.

[16] Departamento británico de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Reino Unido), United Kingdom Food Security Report 2021: Theme 4: Food Security at Household Level, 22 de diciembre de 2021.

El arroyo estaba seco, por primera vez. Ya no había agua para lavar, ni para bañarse, ni para echar carreras de palos flotando. No había agua que acariciara el cuerpo de Belén.

Extracto del relato “Agua” de María González Reyes[1]

La crisis del agua en el Estado español se reflejó a través de tres imágenes del verano pasado. En la primera de ellas se veía un terreno seco donde debería estar la laguna de Santa Olalla, en Doñana. Históricamente, siempre ha tenido agua y, por primera vez desde que se tienen registros, durante dos veranos seguidos se ha secado totalmente. El «humedal» de las Tablas de Daimiel aparecía en la siguiente imagen y sólo tenía agua en el 10% de toda su superficie. Si conserva algo de lo que fue es porque se mantiene con la respiración asistida que le dan los bombeos y el trasvase desde el río Tajo. Un parche que evita temporalmente su práctica desecación, como ya ocurrió en 2009. Por último, contemplamos un paisaje que tiene agua, pero no vida, la laguna costera del Mar Menor agonizante. La enorme carga de abonos agrícolas que recibe de su entorno ha desencadenado un crecimiento descontrolado de algas que consumen el oxígeno del agua y han provocado diferentes episodios de mortandad de peces y crustáceos.

Se trata de patrimonios naturales de gran valor ecológico que están desapareciendo y simbolizan el grado de deterioro de unos ecosistemas esenciales para la vida, también la humana. Pero lo cierto es que es una situación extendida por todo el territorio, como muestran los múltiples cauces secos de ríos y arroyos que habitualmente han llevado agua. Y también los más de 600 municipios con limitaciones y restricciones de agua para abastecimiento, principalmente en Andalucía y Cataluña, porque las reservas de los embalses estaban bajo mínimos. A ellos se suman varios centenares de pueblos en diferentes puntos de nuestra geografía abastecidos mediante camiones cisterna debido a que sus aguas se encuentran contaminadas por nitratos o plaguicidas, fruto de una agricultura cada vez más intensiva.

Con este panorama, los conflictos que enfrentan el mantenimiento de unos ríos, acuíferos y humedales vivos con los usos del agua están servidos. Como también los conflictos entre los usos del agua. Y estos se multiplican y agudizan, además, al mismo ritmo que avanza la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. No queda otra que buscar las formas para garantizar que los ecosistemas gozan de buena salud y, a la vez, puede disponerse de agua para las personas con criterios de justicia social. Ese es el núcleo de la transición ecológica en la gestión de un bien básico para la vida que es cada vez más escaso.

Los límites del agua

En la mayor parte de la Península Ibérica predomina el clima mediterráneo, es decir, la lluvia no es abundante y, además, cada cierto tiempo se producen sequías que pueden llegar a durar varios años. A estas condiciones climáticas hay que sumar en los últimos tiempos la aceleración de los efectos del calentamiento global. El incremento de las temperaturas, especialmente en primavera y en otoño, cuando hay más precipitaciones, produce un aumento de la evaporación y evapotranspiración de las plantas. Hay, por lo tanto, una mayor transferencia de agua a la atmósfera, que circula por las masas de aire hasta volver a caer en forma de precipitaciones en otras regiones. Con un mismo nivel de lluvias, un poco más irregulares, hay más agua evaporada y menos agua en los cauces y acuíferos, que es la que podemos aprovechar. En los últimos 25 años, los cauces están llevando del orden de un 15 a un 20% menos de agua.

Lo paradójico de la situación es que en este escenario las demandas para actividades económicas están disparadas. Justo al contrario de lo que debería ocurrir para garantizar que exista agua para los ecosistemas y las necesidades de la población. Al igual que en otros sectores, la rentabilidad de las empresas demanda un consumo cada vez más voraz de todo tipo de insumos y recursos. El resultado es que la sobreexplotación está a la orden del día, especialmente en los territorios donde es más limitada su disponibilidad. Como muestra el mal estado de los acuíferos del Segura, Guadiana y las Cuencas Internas de Cataluña, donde más del 50% de estas masas de agua están menguando y se están salinizando, en el caso de que sean litorales. El primer puesto en inviabilidad ecológica corresponde a la cuenca hidrográfica[2] del Segura, cuyo índice de explotación hídrica se sitúa más de tres veces por encima del valor que señala una presión elevada.

El acaparamiento de agua por parte de la ganadería industrial, de grandes empresas embotelladoras de agua y del turismo e infraestructuras de ocio despilfarradoras y elitistas, como los campos de golf y las estaciones de esquí, generan conflictos socioambientales en numerosos territorios. Pero lo cierto es que el principal consumidor es el regadío, que se lleva en torno al 85% del total del agua que se consume[3]. Y son los regadíos intensivos los principales responsables del colapso hídrico al que se encaminan muchos ecosistemas.

La extensión de cultivos de frutas tropicales en Granada y Málaga o los frutos rojos en el entorno de Doñana están esquilmando el agua de estos territorios y muestran su inviabilidad ambiental y social a corto plazo en el marco del cambio climático. También lo hace la conversión de los cultivos que históricamente han sido de secano, como los olivares, viñedos y almendros, al regadío. El crecimiento tiene tal magnitud que el principal regadío por superficie en la actualidad es el olivar, con 875.000 hectáreas; el viñedo no llega a esa cifra, pero ya se están regando casi 400.000 hectáreas, mientras que existen 150.000 hectáreas de campos de almendros en riego. Las autonomías donde más ha aumentado son Castilla-La Mancha y, en segundo y tercer lugar, Andalucía y Extremadura. Las cifras oficiales contemplan el regadío legal, pero hay que tener también en cuenta el ilegal, que se ha venido estimando entre un 5 y un 10% más de superficie. Estimaciones que se quedan cortas en el entorno de las Tablas de Daimiel, donde los pozos ilegales regaban un 30% más de superficie, y algo similar ocurre en Doñana, en el acuífero de Los Arenales (Valladolid), y en el Mar Menor (Murcia). De hecho, los pozos ilegales pueden llegar a captar anualmente en España del orden de 4.000 hectómetros cúbicos anuales, el equivalente a lo que consumen más de 40 millones de habitantes.

En el diagnóstico de la crisis faltaría por apuntar la contaminación generada por la agroindustria, que también limita la disponibilidad del agua, porque la convierte en tóxica. Es así cuando el uso de grandes cantidades de plaguicidas llega a los ríos, como es el caso del herbicida glifosato. Su utilización masiva ha tenido como consecuencia el registro de mediciones superiores a los umbrales establecidos para garantizar la salud ambiental en prácticamente todas las cuencas hidrográficas ─Tajo, Miño-Sil, Cantábrico Occidental y Oriental, Duero, Guadiana, Cuencas Internas Andaluzas, Júcar y Segura─. Y también ocurre con los fertilizantes y los purines de la ganadería industrial, que incrementan la concentración de nitratos en el agua hasta tal punto que la hacen no apta para el consumo humano, como ha ocurrido en varios cientos de municipios.

Falsas soluciones

La vía que históricamente han utilizado los gobiernos para cubrir las crecientes demandas de agua en zonas con lluvias escasas y en épocas de sequía ha sido la construcción de grandes infraestructuras. El desarrollismo español franquista tenía como una de sus políticas de cabecera la construcción de numerosos embalses, que perseguían incrementar la oferta de agua para la agricultura, producir electricidad y contratar a las constructoras cercanas al régimen en condiciones lucrativas. Aumentar el acceso de agua a base de hormigón sigue en la actualidad considerándose la solución para los problemas de escasez. Así queda patente en la extendida alarma ante la falsa demolición de presas y en la reivindicación por parte de gobiernos regionales populistas de más embalses y trasvases para conseguir más agua. El problema es que es una política que ha fracasado a la hora de evitar la crisis en la que estamos actualmente, y cualquier infraestructura que se esté planteando en los últimos años no va a “crear” agua, sino negocio a las constructoras.

Aún con 1.225 grandes embalses[4] construidos, un récord mundial, se siguen exigiendo más a pesar de que los construidos en los últimos años se han mostrado ineficaces y algunos de ellos han sido directamente claros fracasos hidráulicos. Podemos hablar del embalse de San Clemente, en Granada, cuyo suelo permeable e imposibilidad de que el río sobre el que fue edificado pueda llenarlo lo ha hecho inservible. O el proyecto de embalse de Alcolea, en Huelva, que recoge aguas ácidas de la minería, que no es apto ni para el abastecimiento ni para el regadío. A la hora de plantear este tipo de infraestructuras hay que tener en cuenta que ya no están funcionando como almacenes o reservas de agua, sino que prácticamente se han convertido en estaciones de transferencia: el agua según llega se deriva a los regadíos. Se podría decir que estamos “viviendo al día” con el agua, y la razón es que la elevada demanda de la agricultura intensiva no puede ser satisfecha con el recurso decreciente que hay en el país. Si vivimos al día con el agua disponible, en el momento en el que se producen sequías se viven conflictos socioambientales como los que han tenido lugar en estos dos últimos años.

La inutilidad de las nuevas infraestructuras hidráulicas se puede explicar por la llamada espiral de insostenibilidad de las construcciones hidráulicas. Ante una situación de elevada demanda de agua, que no es cubierta con la disponible en cauces y acuíferos, se plantea la construcción de nuevos embalses y trasvases. Si estos proyectos se aprueban, lo que ocurre es que se generan nuevas expectativas y aumenta aún más la demanda. De esta forma, una vez construidas no llegan a cubrir las demandas, porque han crecido considerablemente desde el planteamiento del proyecto hasta su puesta en marcha. Un ejemplo paradigmático en este sentido es el trasvase Tajo-Segura: cuando empezó a funcionar, las demandas de agua para el regadío intensivo en la cuenca del Segura superaban en mucho el agua que llegaba.

La construcción de desaladoras y la modernización de las infraestructuras del regadío también han sido utilizadas para intentar sortear los límites del agua. La primera opción puede servir cuando hay mayor escasez, en una situación de elevada sobreexplotación de ríos y acuíferos o en territorios que no tienen más opción. El impacto ambiental de las salmueras sobre los ecosistemas marinos y el coste económico de su obtención limita mucho sus posibilidades.

La segunda ha conseguido reducir las pérdidas de agua en redes, pero ese volumen ahorrado se ha dedicado a intensificar y ampliar el regadío existente, siguiendo la misma lógica explicada en la espiral de insostenibilidad. Por no decir que favorece a las explotaciones con mayor tecnificación, dificultando aún más la supervivencia de las pequeñas producciones. Las infraestructuras y la modernización del regadío profundizan la insostenibilidad, pero son presentadas como soluciones para no abordar la cuestión central, y de gran complejidad, que permita afrontar la crisis del agua: el decrecimiento de su uso.

Claves para la transición ecológica en el uso del agua

Reducir el consumo de agua en las principales demandas requiere de acciones sociales y políticas en tres conflictos. Uno es el freno y desmontaje de los proyectos de grandes empresas inmobiliarias, turísticas, ganaderas y embotelladoras de agua mineral. Otro es el cierre de todos los pozos ilegales, para impedir que haya empresarios puedan robar varios millones de metros cúbicos anuales, como por ejemplo ocurre en el entorno de Doñana. Y el más complejo es la reducción del regadío hasta situarse en un nivel en que se pueda mantener el caudal ecológico de ríos y acuíferos, el abastecimiento de agua potable para la población y satisfacer de forma permanente esta demanda. Un equilibrio difícil, porque habría que prescindir de aproximadamente un millón de hectáreas de regadío existente para lograr un cierto equilibrio hídrico. La dimensión de la medida tiene, sin duda, una importante repercusión social y laboral.

La Mesa Social del Agua en Andalucía, un espacio de colaboración entre organizaciones ecologistas, sindicales, agrarias, ciudadanas y científicas, ofrece algunas claves a tener en cuenta. Entre ellas, la necesidad de definir prioridades en el decrecimiento del regadío con criterios ambientales y sociales, lo que podría plasmarse en el cierre de las explotaciones más intensivas y orientadas a la exportación. Por ejemplo, los olivares y viñedos en regadío intensivo, que, además, generan muy poco empleo. De hecho, el paso de olivar de secano a este formato de regadío reduce sustancialmente la mano de obra contratada. Igualmente, la reconversión de las hectáreas dedicadas a frutos rojos y frutas tropicales en Andalucía hacia explotaciones agrarias que puedan sostenerse con una cantidad de agua drásticamente menor. La reconversión que se plantea tiene que conseguir un empleo digno a jornaleras y jornaleros, para acabar con la situación de explotación laboral en la que viven actualmente. A la vez, hay que tener cuidado con las operaciones de cesión de derechos de agua que favorecen el mercadeo de agua. Si se reduce el agua que se consume, habría que evitar su venta a otros usuarios: necesitamos que su gestión no sea privada, sino pública.

Otra de las claves es planificar la reducción del regadío a través de un reparto social del agua, esto es, modular las dotaciones para que el agua disponible asegure la supervivencia de las explotaciones agroecológicas y de aquellas que son pequeñas y de baja huella hídrica. Con estas medidas, la idea es minimizar las situaciones en las que no exista disponibilidad de agua, una vez se mantiene el caudal ecológico y el abastecimiento a la población, para las pequeñas producciones. Y, en el caso de que se hayan recortado los usos más intensivos y de grandes empresas y aún así no haya agua para estas producciones familiares, podría afrontarse de manera participativa y colectiva cómo apoyarlas para evitar daños socioeconómicos.

Por el lado de la gestión del abastecimiento y saneamiento del agua, especialmente para evitar restricciones de agua a mucha población durante largo tiempo, se puede plantear la puesta en marcha de sistemas supramunicipales entre los principales sistemas metropolitanos y los pequeños y medianos municipios, para evitar que estos últimos sean más vulnerables a las sequías. Y en cualquier caso, blindar la función social y ambiental del agua sólo puede conseguirse con una gestión pública, transparente, con participación social en la toma de decisiones y rendición de cuentas.

Las medidas dirigidas hacia el decrecimiento/redistribución social del agua disponible deberían haberse puesto en marcha hace bastante tiempo, porque ya no hay recuperación posible tras la degradación o directamente desaparición de parte de los ríos, acuíferos, lagunas y humedales de nuestra geografía. Si no se pone freno a la sobreexplotación, el colapso hídrico que ya se está produciendo en algunas zonas puede extenderse a bastantes más territorios. La pérdida de estos ecosistemas no sólo tiene como consecuencia agravar la crisis de la biodiversidad, también se está destruyendo la naturaleza que provee de un bien básico para la vida humana. Sin los caudales ecológicos que de forma natural llevan los ríos y humedales no se puede disponer de agua de calidad para la alimentación y la salud pública. Y mucho menos para las actividades económicas. Con la desaparición de un humedal, y de la vegetación y fauna que habitan ahí, también deja de haber agua para las personas. La transición ecosocial en el uso de agua pasa, entonces, por aunar la conservación de los ecosistemas, la garantía del derecho humano al abastecimiento y saneamiento del agua y el reparto social del agua disponible para una agricultura y una ganadería agroecológica y familiar.

Notas:

Este texto forma parte de la colaboración entre ESPACIO PUBLICO y ECONOMISTAS SIN FRONTERAS. Fue publicado en el Dossier de Economistas sin Fronteras, número 52ª, invierno 2024.

[1] Yayo Herrero, Marta Pascual, María González Reyes y Emma Gascó, La vida en el centro. Voces y relatos ecofeministas, Madrid, Libros en Acción, 2019.

[2] Terreno que concentra el agua de escorrentía de las lluvias y deshielos a través de arroyos y ríos hacia un curso de agua principal que desemboca al mar.

[3] Es una cifra muy elevada y es sin tener en cuenta los retornos, es decir, el agua que vuelve a los cauces y acuíferos después de que es usada, y que en el caso del regadío es inferior al 10 %.

[4] Se considera gran embalse al que tiene una presa superior a 15 metros de altura. España es el país europeo que cuenta con más embalses y el quinto a nivel mundial.

¿Qué cambio económico y social se puede realizar y con qué recursos? ¿Cómo combatir la concentración de la riqueza, las desigualdades, las amenazas de las guerras y la depredación del planeta? ¿Cómo afrontar los nuevos retos que plantea la crisis energética en el Estado español y en la Unión Europea? ¿Cómo construir un modelo de sociedad más justo de “buen vivir” para todas y todos?

Para analizar estos temas contamos con la participación de técnicos, investigadores, ecologistas, periodistas, economistas, analistas, y responsables del gobierno, que aportaron diagnósticos y propuestas.

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • Marià de Delàs

    Periodista

Transición ecológica: una cuestión de justicia global y supervivencia

  • Cristina Narbona

    Vicepresidenta Primera del Senado. Presidenta del PSOE

 1. Introducción

Hace cincuenta años se celebró en Estocolmo la primera reunión de Naciones Unidas dedicada a los problemas ambientales (1). Los gobiernos escandinavos fueron los más activos a la hora de introducir tales cuestiones en la agenda internacional: sus ciudadanos estaban ya entonces concienciados y preocupados por el fenómeno de la peligrosa “lluvia ácida”, consecuencia de actividades muy contaminantes en los países de su entorno, en particular en el Reino Unido.

Ese mismo año se publicó “Los límites del crecimiento”, un informe del Club de Roma(2), encargado a diecisiete científicos del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), que predecía un colapso ambiental generalizado a finales del presente siglo, si no cambiaban profundamente las pautas de producción y de consumo del modelo económico dominante. En 2020 se habían cumplido ya buena parte de sus pronósticos, que fueron rotundamente descalificados como catastrofistas durante mucho tiempo.

Diez años antes, se había publicado “Primavera silenciosa”, de la bióloga estadounidense Rachel Carson (3). Este libro -una contundente denuncia de los riesgos de los pesticidas químicos sobre la salud- produjo un importante efecto en la opinión pública norteamericana, con efectos muy relevantes: algunos años después, se prohibía el DDT en EEUU, y se creaba la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Estos tres hechos constituyen, según mi opinión, hitos fundamentales en el inicio de lo que hoy denominamos la “transición ecológica” de la economía. Por “transición ecológica” entendemos la transformación gradual del sistema productivo, de forma que se reduzca el consumo de recursos naturales así como todo tipo de contaminación, y que se preserven y restauren los ecosistemas, hasta alcanzar una situación compatible con el mantenimiento de los principales equilibrios ecológicos.

Ello exige el uso de nuevas tecnologías, pero también un cambio substancial en los hábitos de vida, y por lo tanto un esfuerzo colectivo de máxima responsabilidad.

Los avances de la ciencia y de la concienciación ciudadana, han sido determinantes para conocer cada vez mejor los efectos de la acción humana sobre la salud del planeta -y sobre las correspondientes consecuencias para la salud de todos los seres vivos-, así como para transmitir este conocimiento a la opinión pública, incentivando su implicación.

El problema más grave es sin duda la lentitud en el necesario cambio de paradigma económico, teniendo en cuenta la velocidad de las alteraciones en los ecosistemas, -muy superior a la prevista hasta hace poco por la comunidad científica- que comportan ya situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular para los ciudadanos más desfavorecidos y para los países más pobres.

La resistencia al citado cambio es el resultado de la concentración de poder económico y mediático en muy pocas manos, lo que conlleva una gran capacidad para cuestionar la realidad de los problemas ambientales, de forma que la opinión pública llega a creer que tales problemas no son tan graves y que son, en todo caso, el precio ineludible del progreso económico y social. Todavía demasiadas personas están convencidas de que, si aumenta el PIB, se está generando riqueza y bienestar. Afortunadamente cada vez hay más baja evidencia de esta peligrosa falacia (4).

Todo lo anterior remite a la imprescindible aproximación ética al tema objeto de esta ponencia: quienes se ven más perjudicados por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, son precisamente quienes menos han contribuido a provocar dichos procesos.

En África, en el Sudeste asiático, en buena parte de América Latina y en las pequeñas islas del Pacífico, se sufren severas y crecientes hambrunas, sequías, inundaciones, elevación del nivel del mar… así como gravísimos episodios de contaminación del suelo, del aire y del agua causados por la acumulación de residuos, muchos de ellos tóxicos, procedentes de los países más ricos del planeta. Una reciente investigación (5) sobre el aumento de las exportaciones de residuos electrónicos desde el mundo más desarrollado hacia los países más pobres, pone de manifiesto la cara oscura de la supuesta “economía limpia” de la que presumimos en nuestro entorno… La transición ecológica constituye por tanto una cuestión de justicia, de “equidad global”, cada vez más evidente: el consumismo exagerado y el cortoplacismo del modo de vida occidental, afectan en particular a aquellos países de los que obtenemos materias primas -pensemos simplemente en la deforestación acelerada de la Amazonia, o en los recursos mineros que se extraen con serias consecuencias para la salud de los mineros-, y que convertimos también en nuestros vertederos.

Un ejemplo: la Unión Europea y Estados Unidos generan más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de China, durante los procesos de fabricación de productos que después se consumen en nuestros países.

Cuando hablamos de “transición ecológica”, tenemos por lo tanto que añadir “justa”, es decir acompañada por medidas específicas para evitar consecuencias sociales indeseables tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

2. Lo que la ciencia nos dice

La comunidad científica venía alertando de los riesgos ambientales mucho antes de que éstos aparecieran en la agenda política internacional. Tanto el cambio climático como el agujero en la capa de ozono habían sido identificados durante la primera mitad del siglo XX como la consecuencia de determinados gases de efecto invernadero (GEI ), en el primer caso, y de ciertas substancias químicas en el segundo. Asimismo, eran ya conocidos en esa época muchos de los efectos de la contaminación sobre la salud humana, y, de hecho, en muchos países occidentales se promulgaron leyes sobre calidad del aire y del agua potable, antes de que existieran compromisos al respecto a nivel supranacional.

La ciencia fue incorporándose gradualmente como soporte de decisiones políticas nacionales e internacionales: el caso más importante fue la creación en 1988 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPPC), impulsado por el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) y por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que está compuesto por centenares de expertos en diferentes disciplinas, apoyados por el trabajo de aproximadamente cinco mil especialistas. Los informes periódicos del IPCC -el último en 2021-(6) han ido reflejando el avance de la ciencia en la comprensión del proceso de calentamiento global, con hallazgos recientes que confirman la gravedad de la denominada “emergencia climática”. Hoy conocemos mucho mejor, por ejemplo, la relación entre el océano y la atmósfera, que actúa como acelerador del cambio climático, aumentando la frecuencia y la intensidad de huracanes e inundaciones; y también la progresiva pérdida de capacidad del océano como sumidero de GEI, a causa del aumento de la temperatura y de la contaminación en nuestros mares. Sabemos ya que la desaparición de la capa de permafrost en las regiones más próximas al Polo Norte está liberando ingentes cantidades de metano (uno de los más dañinos GEI) y provocando una peligrosa inestabilidad de los suelos, en áreas donde se ubican instalaciones industriales e incluso plantas de energía nuclear.

Lo más relevante es que -a pesar de la dificultad, reconocida por los científicos, para predecir el momento en que el calentamiento global produce efectos irreversibles-, existe un alto consenso sobre la inminencia de ese momento de “no retorno” en numerosos procesos de la vida en nuestro planeta.

La ciencia nos alerta también sobre la conexión entre el cambio climático, la degradación de los suelos, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, conexión que agrava la evolución de cada uno de estos procesos.

El equipo de científicos del Instituto para la Resiliencia de Estocolmo lleva varios años profundizando en el concepto de los “límites planetarios”, que entre otras cosas permite estimar el momento de “no retorno” anteriormente aludido, en un total de nueve procesos básicos para la supervivencia de la especie humana. (7)

El conocimiento científico ha permitido -además del diagnóstico sobre los desafíos ecológicos- el desarrollo de nuevas tecnologías más eficientes y menos contaminantes, (cruciales para la transición energética gracias al coste decreciente de las energías renovables y de la electrificación del transporte), así como de las denominadas “soluciones basadas en la naturaleza” (por ejemplo, los llamados “filtros verdes” como alternativa a las depuradoras convencionales).

De todo ello se deduce la importancia de tener en cuenta los avances de la ciencia y de la tecnología en la toma de decisiones tanto en el ámbito del sector público como del sector privado: se trata de cuestiones que afectan ya a la salud y a la seguridad de la especie humana, y que por supuesto condicionarán la calidad de vida de las generaciones futuras.

3. La concienciación ciudadana

Toda actuación humana conlleva un impacto sobre el medio ambiente. Nuestra “huella ecológica“ depende de miles de decisiones diarias: aunque esas decisiones pueden tomarse de forma más o menos sostenible, dependiendo de la regulación y de los incentivos establecidos por la legislación, hay una evidente responsabilidad individual en nuestra alimentación, nuestros modos de transporte, nuestros hábitos de consumo… e incluso en nuestras preferencias a la hora de votar a unas opciones políticas o a otras. Y es obvio que no se puede poner permanentemente a un policía detrás de cada ciudadano para comprobar la sostenibilidad de sus actos.

Hoy día las nuevas tecnologías de la comunicación permiten acceder con facilidad a toda la información disponible sobre las causas y las consecuencias de los problemas ambientales; y permiten también compartir esta información con millones de personas, facilitando un auténtico activismo global. Es una buena noticia, ya que sin una implicación mucho más generalizada de la ciudadanía en el necesario cambio de paradigma económico, dicho cambio no será viable o, en todo caso, se producirá demasiado tarde, cuando hayamos superado el punto de “no retorno” en los denominados “límites planetarios”. Los ciudadanos pueden, con sus decisiones sobre lo que consumen, cómo se mueven o cómo votan, influir significativamente en las empresas y en los gobiernos.

Desde la acción pública se puede, y se debe, incentivar la participación pública para avanzar en la concienciación ciudadana en materia ambiental. Un buen ejemplo es la puesta en marcha de la Asamblea Ciudadana por el Clima, prevista en la ley sobre cambio climático, compuesta por cien personas representativas de nuestra sociedad en términos sociales, de género y territoriales, que han presentado recientemente al gobierno sus primeras recomendaciones. (8)

4. Cómo se puede incidir desde la política para acelerar la transición ecológica. El caso de España.

Lo primero que cabe decir es que no sirve de nada promover la transición ecológica desde un ámbito específico del gobierno (local, nacional o supranacional), si no se interiorizan sus objetivos y sus condicionantes en todas y cada una de las áreas de la acción pública. De nada sirve, por ejemplo, que se incentive el ahorro y la eficiencia en el consumo de agua, si desde la política agrícola se continúa fomentando la expansión del regadío, incluso con acuíferos sobreexplotados; de nada sirve exigir responsabilidad ambiental a las empresas dentro de nuestras fronteras, si dichas empresas, gracias a los tratados de comercio y de inversión internacional, pueden deslocalizar parte de su producción hacia países con una regulación ambiental laxa… La coherencia entre las diferentes políticas es crucial para avanzar de verdad en la transición ecológica. Esa coherencia resulta menos compleja de conseguir si quien tiene la responsabilidad en materia de transición ecológica está en un nivel jerárquico superior respecto a los responsables de otras políticas sectoriales. Por eso, la decisión de crear una vicepresidencia para la transición ecológica en el gobierno de Pedro Sánchez, con capacidad para orientar decisiones de distintos ministerios, constituye un hito muy notable que debería ser replicado en las administraciones territoriales.

A nivel europeo se cuenta también con una de las vicepresidencias de la Comisión Europea con análogas competencias.(9)

Existen numerosas medidas útiles para promover el uso de tecnologías más limpias y eficientes, así como para fomentar comportamientos individuales más responsables, comenzando por la educación. Las generaciones más jóvenes ya están aprendiendo, desde muy pequeños, las consecuencias de nuestros actos sobre nuestro entorno natural; las normas vigentes sobre el curriculum educativo exigen reforzar este conocimiento, asociado al aprendizaje de valores éticos fundamentales para que esos niños y niñas sean en el futuro ciudadanos responsables respecto de su propio comportamiento y a la vez exigentes frente a empresas y a gobiernos.

El acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental son derechos incorporados a nuestra legislación desde 2006 (10), año en el que también se creó la Fiscalía especial de Medio Ambiente y Urbanismo, que cuenta actualmente con más de 170 fiscales dedicados a la prevención y persecución de los delitos ecológicos y urbanísticos.(11)

España ha consolidado un potente liderazgo a escala internacional en materia de energías renovables, gracias a una prolongada acción política desde la década de los noventa, interrumpida sólo durante las etapas de gobierno del Partido Popular, que llegó a eliminar los correspondientes incentivos en 2012, provocando entre otras cosas la pérdida de 80.000 puestos de trabajo. Actualmente se está desarrollando una ambiciosa hoja de ruta, el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC) (12), para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris sobre reducción de las emisiones de GEI, hasta alcanzar la plena descarbonización de nuestra economía en el año 2050. El PNIEC contempla además un calendario de cierre de las centrales nucleares, establecido de forma que dicho cierre se produzca cuando esté plenamente garantizado el suministro alternativo de electricidad.

El transporte (terrestre, marítimo y aéreo) es uno de los sectores donde resulta más difícil reducir la correspondiente contaminación, al consumir casi exclusivamente combustibles fósiles, causantes tanto del cambio climático como de importantes problemas de salud. La Comisión Europea está avanzando en el establecimiento de normas que, entre otras cosas, prohibirán la venta de vehículos que utilicen gasolina o diesel a partir de 2035, impulsando con potentes incentivos el vehículo eléctrico, así como el uso de biocombustibles y del transporte público.

Una de las cuestiones más complejas para el éxito de la transición ecológica en España es la política del agua, ya que todavía parte de la opinión pública (en particular en el medio rural) sigue convencida de que la simple construcción de embalses o conducciones garantiza sin límite los recursos hídricos. Lamentablemente, el cambio climático comporta ya una drástica reducción de precipitaciones que se acentuará en los próximos años, y que obliga a cambiar el enfoque de oferta hasta hoy dominante. Las condiciones climáticas exigen un replanteamiento de las actividades agrícolas y ganaderas para una mejor adaptación al cambio climático, a partir de una reducción del uso del agua para regadío, que supone en la actualidad más del 80% del consumo total del agua.

Es urgente además evitar la contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos, así como la consideración de los denominados “caudales ecológicos”, es decir del establecimiento de un volumen de agua no destinable a ningún uso consuntivo, para preservar la biodiversidad fluvial y la necesaria aportación de sedimentos y de agua dulce en las desembocaduras de los ríos, para garantizar también la estabilidad del litoral así como la biodiversidad marina.

Actualmente se están tramitando los nuevos planes hidrológicos de todas las cuencas hidrográficas, para adaptarlos a las exigencias de la Comisión Europea.

Por último,- sin perjuicio de muchas otras medidas – cabe destacar la importancia de la preservación y restauración de la biodiversidad marina, objeto de Estrategias ya aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dichas estrategias deben contribuir tambien tanto a la fijación de población en el medio rural como a la garantía de suministro de alimentos y a la prevención de enfermedades. La pandemia del COVID 19 ha puesto de manifiesto la estrecha relación existente entre nuestra salud y la salud de los ecosistemas: más del 70% de las enfermedades infecciosas son la consecuencia de alteraciones en los mismos. (13).

La existencia de los fondos europeos Next Generation supone una extraordinaria oportunidad para impulsar la transición ecológica en España, ya que el 40% de los 140.000 millones de euros concedidos a nuestro país tienen que destinarse precisamente a dicha transición. Y, lo que no es menos importante, la aplicación de la totalidad de los fondos tiene que cumplir el principio de “no regresión ambiental”, es decir que no podrán financiar inversiones que resulten perjudiciales para el medio ambiente.

Vivimos, por lo tanto, un momento excepcionalmente positivo en términos de compatibilidad entre economía y ecología. Pero no cabe ignorar el avance de planteamientos negacionistas respecto del cambio climático o de la Agenda 2030  -esa hoja de ruta, comprometida por nuestro Gobierno, que integra objetivos económicos, sociales y medioambientales con un acertado enfoque holístico-.

Notas:
(1) Cumbre de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1972. www.un.org
(2) Club de Roma, “Los límites del crecimiento”, D. Meadows y otros, Fondo de Cultura Económica, 1972.
(3) R. Carson “Primavera Silenciosa” Editorial Crítica, 1962.
(4) “Más allá del PIB”, Banco Mundial, 2021.
(5) UNICEF: "Medio ambiente e infancia” 2022 www.unicef.org.
(6) IPCC: “Sexto Informe”, 2021 www.ipcc.es , 9 agosto 2021.
(7) Instituto para la Resiliencia de Estocolmo. “Planetary bounderies”, Nature 2009.
(8) Asamblea Ciudadana para el Clima. www.asambleaciudadanadelcambioclimatico.es
(9) Frans Timmermans, Vicepresidente para el Pacto Verde Europeo.
(10) Ley 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
la participación y la justicia en materia ambiental.
(11) Incorporada en la Ley 10/2006 de 28 de abril por la que se modifica la Ley 43/2003 de Montes.
(12) Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 www.miteco.es.
(13) Fernando Valladares: “La ciencia tiene que aprenderse a hacer valer”. Ethic, 31 marzo 2022.