Este artículo se enmarca en el nuevo Espacio Feminista de la Fundación Espacio Público. Este espacio surge desde la necesidad de abrir una ventana inclusiva, con diversas voces, un abanico amplio de temas, desafíos y retos que debe afrontar el feminismo. Además, pretende fortalecer una línea editorial y una agenda específicamente feminista, desde una perspectiva interseccional, que teja redes con mujeres de ámbitos distintos, las acompañe y las apoye.

El politólogo Cas Mudde nos recuerda a menudo que el peligro para las democracias liberales no es tanto la derecha radical sino sus políticas. Nuestra preocupación suele centrarse en el mayor o menor éxito electoral de estos partidos; en si entrarán o no en un gobierno de coalición. Sin embargo, su mera presencia en las instituciones, o a veces incluso solamente en la esfera mediática, es suficiente para que puedan contaminar el debate político, las posiciones de otros partidos e incluso las decisiones de ejecutivos de los que no forman parte. Este escenario se hace más plausible allí donde los partidos tradicionales -y especialmente los de derecha- se abren a establecer una estrategia de colaboración. La adopción de políticas migratorias cada vez más restrictivas y punitivas en muchos países europeos se suele citar como uno de los ejemplos más significativos de esta capacidad de influencia.

Hace tiempo que el feminismo viene advirtiendo que el cuestionamiento de los derechos de las mujeres constituye también un objetivo central para la derecha radical que debe preocupar, y ocupar, a las democracias europeas. Estos partidos comparten una visión de la desigualdad como una realidad importada de otras culturas y que en occidente constituye un fenómeno del pasado. Se presentan como defensores de las mujeres y garantes de su seguridad y libertad, mientras proponen eliminar todo vestigio de políticas públicas que fomenten una transformación de los roles de género. Las medidas de lucha contra la violencia machista representan un objetivo político habitual para estos partidos, dado que contribuyen a dibujar este fenómeno como sustento básico de unas desigualdades estructurales que siguen atravesando las vidas de las mujeres.

No es necesario trasladarse a la Hungría de Orbán para observar los efectos de este tipo de agendas. El ejemplo de Vox resulta paradigmático de una derecha radical con capacidad de socavar las políticas de igualdad a pesar de no ocupar el poder político. Andalucía constituye aquí uno de los casos más interesantes, por tratarse de la primera institución de relevancia en la que obtiene representación; también por reproducir el escenario más favorable para la influencia para este tipo de partidos: un gobierno en minoría formado por fuerzas de centro-derecha con voluntad de colaboración.

La presentación de un candidato como Francisco Serrano para liderar las listas autonómicas representó toda una declaración de intenciones. Su perfil estaba marcado por la oposición a las políticas de lucha contra la violencia de género. Las negociaciones inter-partidistas para apoyar la investidura de Juanma Moreno pusieron pronto sobre la mesa que este sería un ingrediente central para conseguir pactos. Ciudadanos y Partido Popular se habían comprometido a fortalecer el marco legislativo existente, tanto en sus programas electorales como en su acuerdo de coalición, siendo las medidas incorporadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género su punto de referencia.

Es precisamente este compromiso previo, junto con el amplio consenso social y político, lo que hace especialmente atractiva la consecución de concesiones por parte de Vox. Permiten mostrar una posición diferenciada y revelan una clara capacidad de determinar la toma de decisiones del gobierno. En este contexto no resulta sorprendente que los tres acuerdos presupuestarios firmados por estos tres partidos en Andalucía hayan incorporado diferentes medidas para dar desarrollo por primera vez a un teléfono de violencia intra-familiar. Estas actuaciones suponen un intento de volver atrás en el tiempo y recuperar un enfoque en el que la violencia ejercida hacia las mujeres era enmarcada como un asunto doméstico, desprovisto de conexión con la pervivencia de las desigualdades.

Este retroceso no es si no un ejemplo más de la importancia de las políticas de igualdad en la agenda política de la derecha radical y su voluntad de desmantelarlas, también cuando no ocupan el gobierno. Comprender la deriva iliberal de aquellos países donde alcanzan poder y/o influencia requiere poner los derechos de las mujeres en el centro y considerar su garantía como un compromiso irrenunciable. Todo retroceso en este ámbito representa un paso hacia atrás en la calidad de nuestras democracias.

En Europa y en España, la democracia será feminista o no será.

Notas:

*Alba Alonso es doctora en Ciencias Política y profesora de la Universidade de Santiago de Compostela.