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Lo hemos pensado

Plataforma contra la privatización de Canal de Isabel II, denunciamos ante el Defensor del Pueblo las irregularidades encontradas en la contratación de Canal de Isabel II 

Todo el mundo conoce la importancia que la contratación de obras, servicios y suministros supone para el funcionamiento de cualquier empresa, tanto si es pública como privada. Pero no sólo afecta al funcionamiento, también a la cuenta de resultados, es decir, una contratación con buenos precios puede suponer un ahorro importante y, por tanto, una mejor gestión.

Además, si se trata de una empresa pública, como es Canal de Isabel II, S.A., Medios Propios (CYII) cuyo objetivo es la gestión del ciclo integral urbano del agua, la contratación de obras, servicios y suministros supone un capitulo importante de dinero público para su gestión.

Los contratos públicos se realizan al amparo de una normativa que, de cumplirse, garantiza que los procedimientos de contratación se han realizado favoreciendo la concurrencia y salvaguardando la libre competencia. CYII ha de cumplir esta normativa de contratación.

Para la ciudadanía es de suma importancia conocer cómo está realizando la contratación la empresa que está gestionando unos servicios públicos, que además constituyen derechos humanos básicos para la vida, pagados con el dinero de los usuarios de los servicios. Para poder ejercer este control es necesario que los principios de gestión que conforman los derechos humanos al agua y al saneamiento, según establece Naciones Unidas (transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, sostenibilidad económica, social y medio ambiental, así como la participación activa, libre y significativa de la ciudadanía en la gestión de los servicios), se cumplan en todos los territorios del estado español.

La Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid, obliga a CYII a cumplir las exigencias legales sobre transparencia, al objeto de que la ciudadanía pueda comprobar, tanto el cumplimiento de la normativa sobre contratos públicos, como el funcionamiento de la empresa que gestiona un servicio público tan vital que constituye un derecho humano.

La Plataforma contra la privatización de Canal de Isabel II lleva más de una década defendiendo la no privatización de CYII, denunciando las diversas tramas de corrupción existentes en la empresa y proponiendo un nuevo modelo para la gestión del agua en la Comunidad de Madrid, basado en la implantación de los derechos humanos al agua y al saneamiento en nuestra región que suponen, no solamente garantizar el abastecimiento y la depuración de agua, sino también asegurar los principios de gestión que antes hemos mencionado y que sustentan estos derechos.

Ya abrimos el capítulo de la transparencia formulando preguntas a CYII sobre la manera en la que se estaba gestionando el escudo social en relación con el agua en la Comunidad de Madrid cuya respuesta fue que no tenían datos. Ahora abrimos un nuevo capítulo con el Estudio de los Contratos de CYII.

Los datos utilizados para este Estudio se han obtenido de la información incorporada en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (PCPCM). El periodo tenido en cuenta ha sido entre 2019 y 2022, este último año se ha analizado parcialmente debido a que en mayo de 2023, fecha en la que se tomaron los datos, éstos se encontraban actualizados a septiembre de 2022.

Haciendo consultas a la base de datos que se encuentra en el PCPCM hemos obtenido unas tablas en las que consta información de los contratos. Además, en el PCPCM se encuentra una ficha por cada uno de los expedientes con la información de la tramitación y la documentación administrativa obtenida en los procedimientos de contratación.

En primer lugar, echamos en falta un Manual del Usuario que explique los conceptos que se incluyen.

Con carácter general y a la vista de las comprobaciones realizadas se ha detectado, mediante un contraste de una muestra de contratos que supone el 12% sobre el total de abiertos simplificados y negociados sin publicidad, que se encuentran adjudicados, finalizados o resueltos, que en la información de las tablas obtenidas mediante consultas, no existe una coherencia con la información presente en las fichas, lo que introduce una dosis relevante de incertidumbre en las conclusiones y el diagnóstico, que afecta a la disponibilidad de datos, entre otras cuestiones, del número de contratos,  la identificación de adjudicatarios  los importes de adjudicación. Aún así, se consideran de interés los datos obtenidos que, aunque no reflejan la realidad, si nos ofrecen una aproximación.

A continuación se ofrecen datos extraídos de las consultas realizadas a la base de datos, con algunas correcciones por errores apreciados en una primera revisión:

Se puede observar un muy elevado número de contratos menores aunque de escasa cuantía.

Por tanto, la primera conclusión es que la herramienta disponible en el PCPCM no asegura la veracidad y fortaleza de la información disponible en la base de datos que se ofrece, ya que contiene errores y omisiones, como se ha podido comprobar; su contenido no ha sido revisado y contrastado con la información de las fichas. Esto denota un desinterés en el cumplimiento de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, que afecta a la transparencia, al acceso a la información y la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.

Disponer de una herramienta comprensible y fácilmente accesible, que ofrezca la información verdadera y completa para poder conocer la contratación pública de CYII, es indispensable para la rendición de cuentas de la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. Esto es relevante porque el acceso a la información, como se reivindica desde una aproximación de derechos tiene que garantizar su veracidad, así como la claridad indubitable en cuanto a su presentación y contenido.

Es digno de mención, que la información de la base de datos que figura en el PCPCM no tiene ninguna posibilidad de análisis a nivel contable, ya que no figuran los años en los que se comprometen los presupuestos y cuándo se ejecutan los gastos, ni las partidas presupuestarias, lo que imposibilita el seguimiento de las cuentas que como sociedad anónima ha de presentar en los registros públicos. Debido a que no figuran la fecha de inicio y finalización de los contratos y el plazo de ejecución, tampoco permite el seguimiento de la actividad de la empresa a través de la contratación.

Por último, se echa en falta un espacio de información de CYII, que permita, no solo conocer la situación administrativa de los contratos, sino también su evolución temporal (certificaciones, eventuales modificados, etc.).

Entrando de lleno en las irregularidades encontradas, en el caso de los contratos menores que se emplean para gastos de escasa cuantía que vienen a cubrir necesidades puntuales y no precisan de licitación, es decir se conceden a dedo, pero que tienen un límite de importe diferente según el objeto sean obras, servicios o suministros, que no puede superarse.

En este tipo de contratación, que supone, a nuestro modo de ver, un excesivo número, hemos encontrado incumplimientos en relación con la superación de cuantías máximas contratadas por adjudicatarios en 2019 y un posible fraccionamiento en todo el periodo estudiado. Se ha encontrado un importante número de contratos con un objeto similar que podrían haberse agrupado y tramitado mediante contratos con licitación. El fraccionamiento provoca una limitación de la concurrencia y por tanto podría estarse restringiendo la competencia. También hemos observado cuestiones de interés para los trabajadores como son un elevado número de contratos de asistencia técnica cuyas prestaciones podrían hacerse por los técnicos de CYII.

El muestreo de contratos realizado, ha arrojado conclusiones concluyentes en cuanto a que la información que figura en la base de datos del PCPCM presenta carencias de información que suponen la imposibilidad de poder emitir un juicio completo sobre la correcta aplicación de la normativa de contratación.

Las irregularidades de mayor importancia encontradas son, en síntesis:

La falta de datos clave para conocer si el procedimiento de contratación ha sido en base a la legislación adecuada, si la licitación se ha realizado convenientemente, es decir, si no se ha restringido artificialmente la concurrencia, ni la información y documentación relevante que podría ofrecer dudas, en algunos casos, sobre la legalidad del proceso, ya que no se han encontrado algunas de las actas de adjudicación e informes técnicos.

En algunos contratos no es posible saber las fechas de prescripción, lo que dificulta la interposición de acciones legales debido a que en muchos contratos no figura la fecha de formalización y no aparece la publicación en el BOCM de la formalización.

Además, no es posible realizar, en todos los casos, el seguimiento de las actividades contratadas, ya que no siempre se encuentran documentos de las modificaciones, las prórrogas,  las penalizaciones impuestas o el Pliego de Prescripciones Técnicas, en donde se describe detalladamente el objeto del contrato.

El hecho de haber utilizado un procedimiento de contratación inadecuado podría suponer que las licitaciones se han realizado en contra de los principios de igualdad, transparencia y libre competencia y, por tanto, restringiendo artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a determinados empresarios.

La falta de información de la licitación podría constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia, además de suponer una ineficiente utilización de los fondos públicos, ya que al limitar la concurrencia no estaría garantizada la elección de la oferta económicamente más ventajosa.

Tanto las carencias de información como los errores en la consignación de los datos, reflejan un claro incumplimiento de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid y de los principios de transparencia, veracidad, accesibilidad, limitando la participación ciudadana, al dificultar la evaluación de las políticas públicas, en este caso de la contratación de CYII, por tanto del derecho que tiene la ciudadanía a realizar el seguimiento de la empresa que gestiona un bien esencial como es el agua. Además, falsea la rendición de cuentas de la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid y pone en cuestión la adecuación de los presupuestos y la correcta gestión y aplicación de los recursos.

De las irregularidades de información expuestas se deduce que podrían existir malas prácticas en la gestión pública del agua en la Comunidad de Madrid ya que, tanto la utilización frecuente de contratos menores, como la posible falta de transparencia y, por tanto, limitación de la concurrencia de empresas a las licitaciones provocaría ineficiencias en la gestión, debido a que una mayor concurrencia de empresas puede suponer el abaratamiento en la adjudicación de los contratos. Según un estudio realizado, el ahorro que las administraciones públicas obtienen de la utilización de procedimientos de contratación pública, ronda el 18%. El ahorro inaplicado, teniendo en cuenta los totales de los contratos de servicios y suministros con posible fraccionamiento, podría haber supuesto en el periodo estudiado más de 2 millones y medio de euros.

Ello supone que CYII podría estar realizando una gestión inadecuada de un bien público, utilizando prácticas que podrían constituir infracciones a la legislación de defensa de la competencia y, además, podría estar cometiendo reiterados delitos de prevaricación.

Es fundamental que se garantice la transparencia en la gestión de un bien público tan esencial como el agua, también en la contratación pública. Por lo que urge que el gobierno de la Comunidad de Madrid adopte las medidas necesarias para mejorar la herramienta disponible en el PCPCM y la adapte para poner a disposición de la ciudadanía información veraz, completa, comprensible y actualizada mediante la cual sea posible la rendición de cuentas a la que está obligada CYII, por lo que exigimos que se tomen medidas inmediatas para corregir estas irregularidades.

Ponemos de manifiesto la necesidad de que se garantice el cumplimiento de la normativa de contratos por la empresa CYII de manera que se realice de forma justa y eficiente, ya que las irregularidades encontradas podrían estar provocando graves incumplimientos y un gasto innecesario de millones de euros, afectando a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

También la empresa CYII tiene que tomar nota de la falta de transparencia  y ofrecer una información veraz y completa,  comprensible y actualizada que permita a la ciudadanía hacer un seguimiento de la gestión del ciclo integral del agua que facilite la rendición de cuentas y que permita la participación activa, libre y significativa de la ciudadanía en su gestión.

Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos una denuncia ante el Defensor del Pueblo.

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Crisis del agua, conflictos y transición ecosocial

El arroyo estaba seco, por primera vez. Ya no había agua para lavar, ni para bañarse, ni para echar carreras de palos flotando. No había agua que acariciara el cuerpo de Belén.

Extracto del relato “Agua” de María González Reyes[1]

La crisis del agua en el Estado español se reflejó a través de tres imágenes del verano pasado. En la primera de ellas se veía un terreno seco donde debería estar la laguna de Santa Olalla, en Doñana. Históricamente, siempre ha tenido agua y, por primera vez desde que se tienen registros, durante dos veranos seguidos se ha secado totalmente. El «humedal» de las Tablas de Daimiel aparecía en la siguiente imagen y sólo tenía agua en el 10% de toda su superficie. Si conserva algo de lo que fue es porque se mantiene con la respiración asistida que le dan los bombeos y el trasvase desde el río Tajo. Un parche que evita temporalmente su práctica desecación, como ya ocurrió en 2009. Por último, contemplamos un paisaje que tiene agua, pero no vida, la laguna costera del Mar Menor agonizante. La enorme carga de abonos agrícolas que recibe de su entorno ha desencadenado un crecimiento descontrolado de algas que consumen el oxígeno del agua y han provocado diferentes episodios de mortandad de peces y crustáceos.

Se trata de patrimonios naturales de gran valor ecológico que están desapareciendo y simbolizan el grado de deterioro de unos ecosistemas esenciales para la vida, también la humana. Pero lo cierto es que es una situación extendida por todo el territorio, como muestran los múltiples cauces secos de ríos y arroyos que habitualmente han llevado agua. Y también los más de 600 municipios con limitaciones y restricciones de agua para abastecimiento, principalmente en Andalucía y Cataluña, porque las reservas de los embalses estaban bajo mínimos. A ellos se suman varios centenares de pueblos en diferentes puntos de nuestra geografía abastecidos mediante camiones cisterna debido a que sus aguas se encuentran contaminadas por nitratos o plaguicidas, fruto de una agricultura cada vez más intensiva.

Con este panorama, los conflictos que enfrentan el mantenimiento de unos ríos, acuíferos y humedales vivos con los usos del agua están servidos. Como también los conflictos entre los usos del agua. Y estos se multiplican y agudizan, además, al mismo ritmo que avanza la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. No queda otra que buscar las formas para garantizar que los ecosistemas gozan de buena salud y, a la vez, puede disponerse de agua para las personas con criterios de justicia social. Ese es el núcleo de la transición ecológica en la gestión de un bien básico para la vida que es cada vez más escaso.

Los límites del agua

En la mayor parte de la Península Ibérica predomina el clima mediterráneo, es decir, la lluvia no es abundante y, además, cada cierto tiempo se producen sequías que pueden llegar a durar varios años. A estas condiciones climáticas hay que sumar en los últimos tiempos la aceleración de los efectos del calentamiento global. El incremento de las temperaturas, especialmente en primavera y en otoño, cuando hay más precipitaciones, produce un aumento de la evaporación y evapotranspiración de las plantas. Hay, por lo tanto, una mayor transferencia de agua a la atmósfera, que circula por las masas de aire hasta volver a caer en forma de precipitaciones en otras regiones. Con un mismo nivel de lluvias, un poco más irregulares, hay más agua evaporada y menos agua en los cauces y acuíferos, que es la que podemos aprovechar. En los últimos 25 años, los cauces están llevando del orden de un 15 a un 20% menos de agua.

Lo paradójico de la situación es que en este escenario las demandas para actividades económicas están disparadas. Justo al contrario de lo que debería ocurrir para garantizar que exista agua para los ecosistemas y las necesidades de la población. Al igual que en otros sectores, la rentabilidad de las empresas demanda un consumo cada vez más voraz de todo tipo de insumos y recursos. El resultado es que la sobreexplotación está a la orden del día, especialmente en los territorios donde es más limitada su disponibilidad. Como muestra el mal estado de los acuíferos del Segura, Guadiana y las Cuencas Internas de Cataluña, donde más del 50% de estas masas de agua están menguando y se están salinizando, en el caso de que sean litorales. El primer puesto en inviabilidad ecológica corresponde a la cuenca hidrográfica[2] del Segura, cuyo índice de explotación hídrica se sitúa más de tres veces por encima del valor que señala una presión elevada.

El acaparamiento de agua por parte de la ganadería industrial, de grandes empresas embotelladoras de agua y del turismo e infraestructuras de ocio despilfarradoras y elitistas, como los campos de golf y las estaciones de esquí, generan conflictos socioambientales en numerosos territorios. Pero lo cierto es que el principal consumidor es el regadío, que se lleva en torno al 85% del total del agua que se consume[3]. Y son los regadíos intensivos los principales responsables del colapso hídrico al que se encaminan muchos ecosistemas.

La extensión de cultivos de frutas tropicales en Granada y Málaga o los frutos rojos en el entorno de Doñana están esquilmando el agua de estos territorios y muestran su inviabilidad ambiental y social a corto plazo en el marco del cambio climático. También lo hace la conversión de los cultivos que históricamente han sido de secano, como los olivares, viñedos y almendros, al regadío. El crecimiento tiene tal magnitud que el principal regadío por superficie en la actualidad es el olivar, con 875.000 hectáreas; el viñedo no llega a esa cifra, pero ya se están regando casi 400.000 hectáreas, mientras que existen 150.000 hectáreas de campos de almendros en riego. Las autonomías donde más ha aumentado son Castilla-La Mancha y, en segundo y tercer lugar, Andalucía y Extremadura. Las cifras oficiales contemplan el regadío legal, pero hay que tener también en cuenta el ilegal, que se ha venido estimando entre un 5 y un 10% más de superficie. Estimaciones que se quedan cortas en el entorno de las Tablas de Daimiel, donde los pozos ilegales regaban un 30% más de superficie, y algo similar ocurre en Doñana, en el acuífero de Los Arenales (Valladolid), y en el Mar Menor (Murcia). De hecho, los pozos ilegales pueden llegar a captar anualmente en España del orden de 4.000 hectómetros cúbicos anuales, el equivalente a lo que consumen más de 40 millones de habitantes.

En el diagnóstico de la crisis faltaría por apuntar la contaminación generada por la agroindustria, que también limita la disponibilidad del agua, porque la convierte en tóxica. Es así cuando el uso de grandes cantidades de plaguicidas llega a los ríos, como es el caso del herbicida glifosato. Su utilización masiva ha tenido como consecuencia el registro de mediciones superiores a los umbrales establecidos para garantizar la salud ambiental en prácticamente todas las cuencas hidrográficas ─Tajo, Miño-Sil, Cantábrico Occidental y Oriental, Duero, Guadiana, Cuencas Internas Andaluzas, Júcar y Segura─. Y también ocurre con los fertilizantes y los purines de la ganadería industrial, que incrementan la concentración de nitratos en el agua hasta tal punto que la hacen no apta para el consumo humano, como ha ocurrido en varios cientos de municipios.

Falsas soluciones

La vía que históricamente han utilizado los gobiernos para cubrir las crecientes demandas de agua en zonas con lluvias escasas y en épocas de sequía ha sido la construcción de grandes infraestructuras. El desarrollismo español franquista tenía como una de sus políticas de cabecera la construcción de numerosos embalses, que perseguían incrementar la oferta de agua para la agricultura, producir electricidad y contratar a las constructoras cercanas al régimen en condiciones lucrativas. Aumentar el acceso de agua a base de hormigón sigue en la actualidad considerándose la solución para los problemas de escasez. Así queda patente en la extendida alarma ante la falsa demolición de presas y en la reivindicación por parte de gobiernos regionales populistas de más embalses y trasvases para conseguir más agua. El problema es que es una política que ha fracasado a la hora de evitar la crisis en la que estamos actualmente, y cualquier infraestructura que se esté planteando en los últimos años no va a “crear” agua, sino negocio a las constructoras.

Aún con 1.225 grandes embalses[4] construidos, un récord mundial, se siguen exigiendo más a pesar de que los construidos en los últimos años se han mostrado ineficaces y algunos de ellos han sido directamente claros fracasos hidráulicos. Podemos hablar del embalse de San Clemente, en Granada, cuyo suelo permeable e imposibilidad de que el río sobre el que fue edificado pueda llenarlo lo ha hecho inservible. O el proyecto de embalse de Alcolea, en Huelva, que recoge aguas ácidas de la minería, que no es apto ni para el abastecimiento ni para el regadío. A la hora de plantear este tipo de infraestructuras hay que tener en cuenta que ya no están funcionando como almacenes o reservas de agua, sino que prácticamente se han convertido en estaciones de transferencia: el agua según llega se deriva a los regadíos. Se podría decir que estamos “viviendo al día” con el agua, y la razón es que la elevada demanda de la agricultura intensiva no puede ser satisfecha con el recurso decreciente que hay en el país. Si vivimos al día con el agua disponible, en el momento en el que se producen sequías se viven conflictos socioambientales como los que han tenido lugar en estos dos últimos años.

La inutilidad de las nuevas infraestructuras hidráulicas se puede explicar por la llamada espiral de insostenibilidad de las construcciones hidráulicas. Ante una situación de elevada demanda de agua, que no es cubierta con la disponible en cauces y acuíferos, se plantea la construcción de nuevos embalses y trasvases. Si estos proyectos se aprueban, lo que ocurre es que se generan nuevas expectativas y aumenta aún más la demanda. De esta forma, una vez construidas no llegan a cubrir las demandas, porque han crecido considerablemente desde el planteamiento del proyecto hasta su puesta en marcha. Un ejemplo paradigmático en este sentido es el trasvase Tajo-Segura: cuando empezó a funcionar, las demandas de agua para el regadío intensivo en la cuenca del Segura superaban en mucho el agua que llegaba.

La construcción de desaladoras y la modernización de las infraestructuras del regadío también han sido utilizadas para intentar sortear los límites del agua. La primera opción puede servir cuando hay mayor escasez, en una situación de elevada sobreexplotación de ríos y acuíferos o en territorios que no tienen más opción. El impacto ambiental de las salmueras sobre los ecosistemas marinos y el coste económico de su obtención limita mucho sus posibilidades.

La segunda ha conseguido reducir las pérdidas de agua en redes, pero ese volumen ahorrado se ha dedicado a intensificar y ampliar el regadío existente, siguiendo la misma lógica explicada en la espiral de insostenibilidad. Por no decir que favorece a las explotaciones con mayor tecnificación, dificultando aún más la supervivencia de las pequeñas producciones. Las infraestructuras y la modernización del regadío profundizan la insostenibilidad, pero son presentadas como soluciones para no abordar la cuestión central, y de gran complejidad, que permita afrontar la crisis del agua: el decrecimiento de su uso.

Claves para la transición ecológica en el uso del agua

Reducir el consumo de agua en las principales demandas requiere de acciones sociales y políticas en tres conflictos. Uno es el freno y desmontaje de los proyectos de grandes empresas inmobiliarias, turísticas, ganaderas y embotelladoras de agua mineral. Otro es el cierre de todos los pozos ilegales, para impedir que haya empresarios puedan robar varios millones de metros cúbicos anuales, como por ejemplo ocurre en el entorno de Doñana. Y el más complejo es la reducción del regadío hasta situarse en un nivel en que se pueda mantener el caudal ecológico de ríos y acuíferos, el abastecimiento de agua potable para la población y satisfacer de forma permanente esta demanda. Un equilibrio difícil, porque habría que prescindir de aproximadamente un millón de hectáreas de regadío existente para lograr un cierto equilibrio hídrico. La dimensión de la medida tiene, sin duda, una importante repercusión social y laboral.

La Mesa Social del Agua en Andalucía, un espacio de colaboración entre organizaciones ecologistas, sindicales, agrarias, ciudadanas y científicas, ofrece algunas claves a tener en cuenta. Entre ellas, la necesidad de definir prioridades en el decrecimiento del regadío con criterios ambientales y sociales, lo que podría plasmarse en el cierre de las explotaciones más intensivas y orientadas a la exportación. Por ejemplo, los olivares y viñedos en regadío intensivo, que, además, generan muy poco empleo. De hecho, el paso de olivar de secano a este formato de regadío reduce sustancialmente la mano de obra contratada. Igualmente, la reconversión de las hectáreas dedicadas a frutos rojos y frutas tropicales en Andalucía hacia explotaciones agrarias que puedan sostenerse con una cantidad de agua drásticamente menor. La reconversión que se plantea tiene que conseguir un empleo digno a jornaleras y jornaleros, para acabar con la situación de explotación laboral en la que viven actualmente. A la vez, hay que tener cuidado con las operaciones de cesión de derechos de agua que favorecen el mercadeo de agua. Si se reduce el agua que se consume, habría que evitar su venta a otros usuarios: necesitamos que su gestión no sea privada, sino pública.

Otra de las claves es planificar la reducción del regadío a través de un reparto social del agua, esto es, modular las dotaciones para que el agua disponible asegure la supervivencia de las explotaciones agroecológicas y de aquellas que son pequeñas y de baja huella hídrica. Con estas medidas, la idea es minimizar las situaciones en las que no exista disponibilidad de agua, una vez se mantiene el caudal ecológico y el abastecimiento a la población, para las pequeñas producciones. Y, en el caso de que se hayan recortado los usos más intensivos y de grandes empresas y aún así no haya agua para estas producciones familiares, podría afrontarse de manera participativa y colectiva cómo apoyarlas para evitar daños socioeconómicos.

Por el lado de la gestión del abastecimiento y saneamiento del agua, especialmente para evitar restricciones de agua a mucha población durante largo tiempo, se puede plantear la puesta en marcha de sistemas supramunicipales entre los principales sistemas metropolitanos y los pequeños y medianos municipios, para evitar que estos últimos sean más vulnerables a las sequías. Y en cualquier caso, blindar la función social y ambiental del agua sólo puede conseguirse con una gestión pública, transparente, con participación social en la toma de decisiones y rendición de cuentas.

Las medidas dirigidas hacia el decrecimiento/redistribución social del agua disponible deberían haberse puesto en marcha hace bastante tiempo, porque ya no hay recuperación posible tras la degradación o directamente desaparición de parte de los ríos, acuíferos, lagunas y humedales de nuestra geografía. Si no se pone freno a la sobreexplotación, el colapso hídrico que ya se está produciendo en algunas zonas puede extenderse a bastantes más territorios. La pérdida de estos ecosistemas no sólo tiene como consecuencia agravar la crisis de la biodiversidad, también se está destruyendo la naturaleza que provee de un bien básico para la vida humana. Sin los caudales ecológicos que de forma natural llevan los ríos y humedales no se puede disponer de agua de calidad para la alimentación y la salud pública. Y mucho menos para las actividades económicas. Con la desaparición de un humedal, y de la vegetación y fauna que habitan ahí, también deja de haber agua para las personas. La transición ecosocial en el uso de agua pasa, entonces, por aunar la conservación de los ecosistemas, la garantía del derecho humano al abastecimiento y saneamiento del agua y el reparto social del agua disponible para una agricultura y una ganadería agroecológica y familiar.

Notas:

Este texto forma parte de la colaboración entre ESPACIO PUBLICO y ECONOMISTAS SIN FRONTERAS. Fue publicado en el Dossier de Economistas sin Fronteras, número 52ª, invierno 2024.

[1] Yayo Herrero, Marta Pascual, María González Reyes y Emma Gascó, La vida en el centro. Voces y relatos ecofeministas, Madrid, Libros en Acción, 2019.

[2] Terreno que concentra el agua de escorrentía de las lluvias y deshielos a través de arroyos y ríos hacia un curso de agua principal que desemboca al mar.

[3] Es una cifra muy elevada y es sin tener en cuenta los retornos, es decir, el agua que vuelve a los cauces y acuíferos después de que es usada, y que en el caso del regadío es inferior al 10 %.

[4] Se considera gran embalse al que tiene una presa superior a 15 metros de altura. España es el país europeo que cuenta con más embalses y el quinto a nivel mundial.

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De Madrid, el agua

Un mínimo vital

El 8 de mayo de 1561 Felipe II instaló su Corte en Madrid, mayo tenía que ser… A partir de ese momento se inició una búsqueda constante de reservas de agua potable en la incipiente ciudad que, con el crecimiento constante de su población, ya no podía abastecerse con la mera excavación de pozos ni con la explotación de manantiales cercanos. Se creó entonces la Junta de Fuentes con el propósito de utilizar las galerías subterráneas de origen árabe y conducir el agua de los acuíferos a las fuentes públicas de la ciudad. Estas conducciones subterráneas recibieron el nombre de “viajes de agua”, y “aguadores” a quienes distribuían el agua a las casas. Madrid llegó a tener 77 fuentes públicas con 128 caños y 950 aguadores que repartían en cubas el agua equivalente a 2150 m³ diarios. Y así hasta mediados del XVIII en que el agua del subsuelo se agotó…

Los proyectos provisionales que se plantearon para enfrentar ese grave desabastecimiento demostraron ser insuficientes o simplemente fracasaron, hasta que llegado el año 1851, y siendo reina de España Isabel II, se dictó el Real Decreto de 18 de junio, disponiendo la ejecución del proyecto presentado por los ingenieros Rafo y Ribera que apostaron por conducir las aguas del río Lozoya hasta la capital, a través de un canal que llevaría por nombre Canal de Isabel II (CYII). Siete años más tarde, el 24 de junio de 1858, tuvo lugar la inauguración oficial de la llegada de las aguas a Madrid, en la calle ancha de San Bernardo.

Las numerosas infraestructuras hidráulicas necesarias para el abastecimiento en la provincia de Madrid, a las que contribuyeron con su patrimonio decenas de municipios de la región a lo largo de un siglo, procuraron que en 1977 el CYII se convirtiera en una entidad de derecho público. En 1984, pasó a depender de la Comunidad de Madrid y se le encomendó, además de los servicios tradicionales de abastecimiento, la depuración de las aguas residuales y la mejora y conservación de los ríos. Pero con la llegada del Partido Popular al Gobierno de la Comunidad, el CYII inició un proceso de mercantilización y posterior privatización con la constitución de una sociedad con ánimo de lucro, vehículo para que inversores privados pudieran detentar el 49 % de sus acciones, y la Comunidad de Madrid junto con sus municipios el 51 % restante. Los bienes de dominio público pertenecientes al CYII y que integran la Red General de la Comunidad de Madrid fueron adscritos a la sociedad. Como consecuencia de este proceso privatizador se llevó a cabo la ejecución de más de 70.000 cortes de suministro de agua en una situación menos grave que la actual.

Por suerte en 2010 se iniciaron también las movilizaciones ciudadanas en contra de la privatización, las cuales que se extendieron al ámbito municipal, con iniciativas populares, y al ámbito judicial y constitucional, con la interposición de recursos ante los tribunales, alcanzando su punto culminante el 4 de marzo de 2012, con una consulta pública no vinculante convocada por la Plataforma contra la privatización del CYII, la Marea Azul y el movimiento 15M. En dicha consulta los madrileños fueron llamados a manifestarse a favor o en contra de que la titularidad del CYII siguiera siendo completamente pública, y se contó con la participación de 177.685 personas de las que el 99 % se mostró en contra de la privatización. Este hecho, más la crisis financiera y la respuesta social a la escalada de casos de corrupción en que la sociedad anónima del CYII ocupó portadas de periódicos a uno y otro lado del Atlántico, lograron detener temporalmente, hasta nuestros días, el proceso promovido por el partido popular.

Hoy son más y más graves las dificultades que nos asedian respecto a la gestión del ciclo integral del agua. El cambio climático, con el consecuente avance de la sequía, ha acelerado la formulación de propuestas con que debemos dar respuesta a las exigencias actuales y los problemas ingentes que ya no son sólo de abastecimiento de agua, también hay que garantizar su accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad (acceso equitativo); participación en su gestión, transparencia (toma de decisiones participativa, rendición de cuentas sobre la distribución de beneficios, pago de dividendos, honorarios de gestión, etc.); y acceso a la información (facturas detalladas y compresibles, de manera que se pueda establecer una comparación con el precio del agua embotellada); además de la seguridad de poder denunciar los cortes o la denegación del suministro, haciendo uso del beneficio a una justicia gratuita.

Todo ello sin olvidar que las guerras en las que España está involucrada, directa o indirectamente, están provocando continuas oleadas de personas refugiadas que se suman a los colectivos de población vulnerable y marginada (personas sin hogar; personas en asentamientos informales o que habitan en los espacios comunes; personas trabajadoras agrícolas temporeras; nómadas o de culturas minoritarias e itinerantes, sean sedentarias o no), que ya viven en nuestro territorio en condiciones de pobreza, cuando no de miseria, condiciones que se verán incrementadas dramáticamente cuando desaparezcan las medidas del llamado «escudo social» que expiran el 30 de junio de 2022.

De ahí el importante impulso que supuso la iniciativa ciudadana Right2water y que se concretó en una serie de peticiones a la Comisión Europea, entre las que están las de manifestar la vigencia del derecho humano al agua, garantizar el acceso universal de los servicios de agua y saneamiento en todo el ámbito de la Unión Europea, asegurar la continuidad de los servicios para las personas en situación de vulnerabilidad sin que sea posible los cortes de suministro, así como garantizar el acceso a la información y la transparencia en torno a la gestión de los gestores de los servicios, y promover la participación ciudadana.

Esta iniciativa debe intensificarse en el estado español, no sólo trasponiendo la Directiva europea 2020/2184 a escala estatal, sino profundizando, mejorando y adoptando todas las medidas que aseguren la vigencia de esos derechos y garantías en nuestra Comunidad, en concreto los relacionados con el reconocimiento, realización y puesta en práctica del derecho al agua potable como un derecho humano, pues, en este contexto, son las administraciones públicas competentes las que tienen la obligación de cumplirlo, respetarlo y protegerlo, siendo la disponibilidad del agua de consumo humano lo primero que hay que cumplir, respetar y proteger en el sentido de que debe garantizarse el acceso al agua así como su suficiencia para satisfacer las necesidades higiénico-sanitarias de la población.

Por tanto, la prohibición de los cortes del suministro en situaciones de vulnerabilidad económica y social debe estar estrictamente regulada, siendo obligada la aplicación del principio de precaución (imposibilidad de realizar cortes si no se cuenta con información de los servicios sociales correspondientes), así como la dotación neta o de consumo medio de un mínimo vital que debería ser al menos 100 litros de agua por habitante y día, apta para el uso personal y doméstico, y para prevenir enfermedades; con sistemas de suministro alternativos (como dispositivos de tratamiento individuales, depósitos, camiones y cisternas) allí donde se carezca de infraestructuras normalizadas o éstas sean deficientes. Para ello es necesaria la promulgación, en nuestra Comunidad, de una Ley que garantice ese suministro mínimo vital de agua a todos sus habitantes, que involucre a los ayuntamientos como garantes del derecho humano al agua y al saneamiento.

En definitiva, tal y como hicieron nuestros antecesores en 1851, apostando decididamente por hacer frente a los graves problemas de abastecimiento de agua de la población madrileña, debemos con urgencia adoptar las medidas oportunas, responsables y decisivas para afrontar lo que se nos viene encima, que no es precisamente –ojalá lo fuera- el agua que cae del cielo de Madrid…

Liliana Pineda es miembro de Attac.

(Campaña por el derecho humano al agua y al saneamiento de la Red de Agua Pública de Madrid).

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Los abusos de poder en la defensa de la gestión privada del agua

Recientemente la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, entidad caracterizada por su opacidad y sin más actividad demostrada que su oposición a la remunicipalización del agua en Valladolid y la pugna judicial que ha emprendido contra el ayuntamiento de Barcelona, ha conseguido que la alcaldesa de esta ciudad sea investigada por temas que ya fueron descartados por la Justicia al archivar otra querella similar.

También es significativo el recurso presentado por la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) integrada, entre otras, por multinacionales como Abertis, Alsa, Saba o Suez, contra el acuerdo adoptado por el Concello de Arteixo el pasado mes de octubre, en el que se aprobó cambiar la modalidad de la gestión del servicio de abastecimiento, pasando de ser prestado directamente por el Ayuntamiento a que lo haga una empresa de titularidad pública. Asimismo, es relevante que, desde el pasado mes de noviembre, Aguas de Barcelona y CCIES están enviando requerimientos e, incluso, interponiendo recursos ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, que afectan a numerosos ayuntamientos a los que la empresa pública Aguas de Manresa suministra agua, en los que se cuestionan las encomiendas de gestión que estas administraciones realizan con la citada empresa pública y así abrir paso a la gestión privada de este servicio.

Estos casos, que se pueden calificar de actos de intimidación contra ayuntamientos que reivindican la gestión pública del agua, no son circunstanciales ni aislados, sino que se incardinan en una práctica sistemática del lobby privado del agua en defensa de sus intereses empresariales y de las políticas en pro de la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento y contrarias a su remunicipalización y a la gestión pública. Manifiestan un claro posicionamiento ideológico que reivindica las políticas neoliberales, y que no dudan en imponerlo aprovechando los desequilibrios de poder que existen entre las empresas multinacionales y las administraciones locales y los movimientos ciudadanos.

En el último informe que Leo Heller, anterior Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, presentó en 2020 a la Asamblea General de Naciones Unidas, se pone en evidencia que la gestión privada conlleva riesgos relevantes para el disfrute de estos derechos humanos, como consecuencia de la combinación de tres factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder. A partir de la publicación de este informe, Leo Heller pasó de ser un referente para el lobby privado del agua en temas de derechos humanos, a convertirse en la diana de sus críticas más acerbas y en el objeto de una campaña infame de desprestigio tanto a nivel nacional como internacional que llegó, incluso, hasta la presidenta del Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De esta forma, el lobby privado del agua puso en evidencia el poder de influencia que dispone cuando se trata de defender sus intereses económicos y sus posicionamientos ideológicos. Pero este despliegue de medios y capacidad de influencia no es nuevo, sino que se manifiesta continuamente en numerosos aspectos que abarcan los ámbitos político, económico, legislativo, judicial, académico y de los medios editoriales y de comunicación. Siempre en defensa de políticas neoliberales y de la gestión privada de los servicios de abastecimiento y saneamiento, llámese gestión indirecta, privatización o colaboración pública-privada.

Existen numerosos ejemplos de estas prácticas que significan, en los términos que Leo Heller emplea en su informe, claros desequilibrios de poder entre el lobby privado del agua y las administraciones locales y la ciudadanía, y los movimientos y organizaciones que reivindican la gestión pública del agua, y que, en lo sustancial, se concretan en:

  • Su capacidad de relacionarse con el poder judicial al más alto nivel y transmitirle, a través de cursos de formación, el marco conceptual y práctico que justifica la privatización (Convenios entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Agbar entre 2011 y 2015). Las consecuencias de estas formaciones se pueden rastrear en numerosas sentencias favorables a los intereses del lobby privado, emitidas por algunos de los magistrados asistentes a los cursos.
  • La incidencia política para influir en las políticas públicas y en el contenido de leyes estatales en su propio beneficio, como es el caso de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que favorece la privatización de los servicios de agua y limita drásticamente su remunicipalización.
  • La sistemática judicialización de procesos de remunicipalización para obstaculizarlos, cuando no impedirlos, bien directamente, bien a través de asociaciones fantasma o de instituciones afines (Valladolid, Terrassa, Barcelona, Arteixo, Alcázar de San Juan, entre otros).
  • La aplicación de procedimientos judiciales para cuestionar la gestión democrática de aquellos ayuntamientos que defienden la gestión pública del agua. Esta práctica, conocida como lawfare, se ha aplicado singularmente en Valladolid, Terrassa, Alcázar de San Juan y recientemente, como ya se ha puesto en evidencia, en Barcelona, Arteixo y en los ayuntamientos abastecidos por Aguas de Manresa.
  • La utilización de prácticas de presión a los movimientos sociales para impedir la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el modelo de gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Al respecto, son significativos casos como los de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II de Madrid cuando en 2012 se señaló a uno de sus dirigentes y se emprendió una campaña de descrédito hacia su persona y a la propia Plataforma. Más recientemente, fue relevante el boicot realizado entre 2017 y 2019 a través de nueve recursos contra el ejercicio del derecho a la participación en Barcelona para realizar la consulta ciudadana sobre el modelo de gestión en el Área Metropolitana de Barcelona.
  • El impulso y financiación de cátedras de agua en universidades públicas, que son un instrumento fundamental en la generación del conocimiento justificativo, entre otros temas, de las políticas, planteamientos e intereses del lobby privado del agua. Actualmente hay más de once de estas cátedras en universidades de Huelva, Granada, Málaga, Almería, Valencia, Cartagena, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
  • La utilización de medios de comunicación afines y propios para desprestigiar a la gestión pública y democrática del agua, tergiversar el alcance y contenido de los derechos humanos al agua y al saneamiento y colaborar con las campañas de desprestigio, incluso personales, de organizaciones que defienden alternativas a la privatización. Es muy relevante el caso del periódico digital Agora diario del agua, que es un medio digital sin publicidad que lo financie, pero con estrechos lazos con Suez, una de las principales multinacionales del agua. Este periódico digital tiene dos temas recurrentes: defensa numantina de las alianzas público – privadas (la privatización) y una campaña sistemática de desprestigio del actual relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Para llevar a cabo una buena parte de estas actividades de incidencia política y empresarial, el lobby privado cuenta con la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento, otrora prestigiosa entidad dedicada a temas técnicos y profesionales, pero que ahora, junto con la organización de la patronal Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), son la punta de lanza de la defensa y promoción de la gestión privada del agua. Precisamente AGA, en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de la Covid-19, se opuso abiertamente a que el gobierno garantizara los servicios básicos de agua luz y gas y que se prohibieran los cortes de suministro arguyendo que estas medidas ocasionarían un déficit financiero estructural que pondría en peligro la sostenibilidad económica de las empresas. Con este posicionamiento, el lobby dejó claras sus expectativas de primar la consecución del máximo beneficio frente a la salud colectiva, incluso en una situación de crisis sanitaria. Este es, precisamente, otro de los factores identificados por Leo Heller que pueden poner en riesgo el disfrute de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Ante estas manifestaciones del lobby privado del agua de imponer sistemáticamente sus intereses y modelos de gestión privada, la Red Agua Pública (RAP) reivindica los modelos de gestión sin ánimo de lucro, públicos y democráticos basados en los principios y criterios definitorios de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. La RAP se solidariza con los gobiernos municipales que actualmente están sometidos a procedimientos judiciales por defender la gestión pública, y singularmente con Barcelona, Arteixo y los ayuntamientos abastecidos por Aguas de Manresa.

Notas:

*Gonzalo Marín, Miriam Planas y Leandro del Moral son integrantes de la Red Agua Pública.

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La política del agua en las propuestas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Algo más que propaganda?

Cuando a finales del pasado año se anunció la dotación de un fondo europeo para la recuperación económica post-pandemia, la reacción general fue desesperanza, generando grandes expectativas. El fondo se presentó como un cambio de estrategia respecto a la crisis de 2008 que partía del reconocimiento, cuando menos implícito, del fracaso de las políticas de austeridad, proponiendo una importante inyección de fondos públicos. Esta vez a través de los sectores productivos y no directamente a los bancos. El núcleo duro de la nueva estrategia, orientada a la reestructuración tecnológica de la economía, es la transformación digital de la sociedad, acompañada de una transición ecológica y resiliente con la vista puesta en la próxima generación, queda nombre a los fondos (Next Generation Funds).

Sin embargo, también ha suscitado recelos. La posible relajación del control de ejecución presupuestaria y de las evaluaciones del impacto ambiental de las medidas y proyectos, así como su distribución entre todos los sectores y territorios implicados, ha motivado ya manifestaciones que relativizan la capacidad de producir las transformaciones estructurales que se atribuyen a los fondos [1]. El propio volumen de los fondos anunciados y su distribución entre todos los sectores y territorios implicados, obliga a relativizar su capacidad de producir tales transformaciones. Las cuantías anuales asignadas grosso modo a las acciones relacionadas con el agua (no llegan a 900M€) son inferiores a la media anual de lo ejecutado en el conjunto de los Planes Hidrológicos durante el periodo 2015-2019 (1.100M€, aproximadamente) y distan mucho de cubrir los 3.750M€ anuales necesarios para financiar el conjunto de medidas previsto y no ejecutados en los mismos.

Las principales inversiones y reformas que el Estado español tiene previsto acometer con este fondo fueron presentadas en junio pasado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Lo primero que hay que señalar es que los mecanismos de gobernanza y participación puestos en marcha y previstos por el Plan son muy insuficientes: se prevé el diálogo entre administraciones y se pone en marcha una Mesa de Diálogo Social, con organizaciones sindicales y empresariales, pero no hay previsto mecanismo alguno para el diálogo y participación de otros actores de la sociedad civil organizada, entre los cuales se cuenta con entidades cuyos objetivos son, precisamente, impulsar una transición verde y justa, en línea con los objetivos declarados del Plan[2].

En ese sentido, la política del agua ha de ser una pieza fundamental en cualquier estrategia de transición ecológica, dado el deterioro generalizado de los ecosistemas acuáticos y las perspectivas derivadas del cambio climático. El PRTR, el documento que recoge las principales inversiones y reformas que el Estado español tiene previsto acometer con este fondo, se estructura en treinta componentes, el quinto de los cuales Preservación del litoral y recursos hídricos, agrupa los principales ítems relacionados con la política del agua.

Para la realización de los proyectos el Plan se apuesta por un modelo de colaboración público-privada. Aunque no se detalla la forma de esa colaboración, hay que tener presente que, en lo concerniente al sector del agua –un bien común de dominio público- y más específicamente del abastecimiento de agua potable y el saneamiento, dicha colaboración no está exenta de riesgos.

Debido a su carácter de derechos humanos fundamentales, el acceso al agua potable y el saneamiento deben estar garantizados por el estado y protegidos de los riesgos que se derivan de su provisión con fines de negocio. Como ha puesto de manifiesto el relator especial de NNUU para los derechos al abastecimiento y el saneamiento, Leo Heller, la privatización comporta riesgos para el ejercicio de dichos derechos debido a la combinación de tres factores relacionados con el suministro privado de agua y saneamiento: el objetivo empresarial de maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder [3]. En el estado español, el modelo dominante de privatización se articula a través de empresas mixtas, constituidas en la mayor parte de los municipios más poblados por unos pocos grupos empresariales. Los factores señalados por el relator Heller -junto con el de la corrupción que los acompaña (Pokémon, Caso Aquagest, Operación Lezo)- caracterizan la actividad de este sector empresarial también en nuestro país.

El PRTR combina reformas estructurales, sometidas a los lentos ritmos de la tramitación legislativa, con medidas de reactivación de la economía de carácter urgente. Para las segundas la administración y las empresas han acudido a proyectos maduros, que se pudieran poner en marcha en cuanto se dispusieran de la financiación necesaria.

En el caso del agua, el PRTR coincide con la revisión de la segunda generación de planes de gestión de las cuencas hidrográficas que, entre otras cuestiones, comparten la característica común del escaso nivel de ejecución. Según los últimos datos disponibles, a diciembre de 2019, es decir transcurridos dos tercios del periodo de vigencia del plan, se había ejecutado menos de un 10% de las medidas correspondientes a dicho periodo[4].

El anuncio de los planes ha sido recibido como una ocasión para impulsar las medidas ya planificadas, pero pendientes de ejecución. Así, las asociaciones de regantes se han empleado a fondo en una campaña para reclamar las obras de instalación de sistemas de riego localizado, conocidas como modernización y muy cuestionadas por sus efectos rebote de intensificación y/o extensión de los regadíos. A pesar de que el gobierno ha dejado claro que estas obras quedarán excluidas de los fondos, lo cierto es que el ministerio de agricultura (y algunas consejerías) verán incrementados sus recursos presupuestarios a través del PRTR y podrán liberar fondos con destino a la modernización.

Otra medida fundamental de la política de oferta que inspira la planificación hidrológica es la reutilización de aguas residuales urbanas. Aceptada por los regantes –siempre que les resulte a coste cero- cuenta con el apoyo de las constructoras, reunidas en la organización patronal SEOPAN[5], que ven en el ámbito de la depuración de aguas y la reutilización un ámbito de negocio compensatorio del agotamiento de los proyectos de presas y canales. A diferencia de las obras de modernización, éstas sí están incluidas en el PTRT. No hay que olvidar, que el Reino de España abona cada semestre una multa coercitiva de casi 11 M€ por el incumplimiento reiterado de la directiva 91/271/CEE de aguas residuales. Por otro lado, hay que recordar que en el caso de los pequeños y medianos municipios la prestación del servicio de agua presenta deficiencias básicas: no siempre se prestan todos los servicios del ciclo urbano -saneamiento y, principalmente, depuración de aguas; el servicio no es de suficiente calidad- no se cumplen con los estándares de calidad del agua; y, de manera generalizada, no se obtienen ingresos suficientes para cubrir todos los costes asociados al servicio[6].

En un programa que se presenta como de transición hacia una sociedad ecológica y resiliente cabe esperar que los aspectos relacionados directamente con la protección de los ecosistemas y la diversidad biológica que sustentan ocupen un lugar central. El PRTR recoge algunas medidas en éste ámbito sin que se pueda afirmar su centralidad, mucho mejor representada por las ayudas a la trasformación tecnológica de ciertos sectores productivos. Con todo, se reserva una partida (C4.I2; 551.5M€) para muy diversos aspectos relacionados con la biodiversidad que incluye los humedales, pero no los ríos. Sí existe, en cambio, una línea (C5I2) destinada al seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación, de la que cabe presumir una orientación ecológica.

El PRTR incluye entre sus previsiones un conjunto de reformas legislativas encaminadas a adecuar el marco normativo a las necesidades de gestión. Estas propuestas, con ser importantes, son escasamente ambiciosas y, por lo publicado hasta la fecha, de muy escaso alcance. Así, por ejemplo, se anuncia una revisión del canon de vertidos para repercutir a los usuarios urbanos las mayores exigencias en depuración (tratamiento terciario) necesarias para posibilitar la reutilización de las aguas depuradas en la agricultura, pero se renuncia a una revisión en profundidad de los instrumentos para posibilitar de manera eficaz y equitativa la imputación de los costes financieros y ambientales a quien se beneficia de los servicios de dicha reutilización (frecuentemente los usuarios agrarios) o deteriora el medio, respectivamente; es decir, para dar cumplimiento a la DMA.

Sin embargo, existen otras reformas pendientes que no aparecen en la agenda del PRTR. Cabe destacar la ausencia de cualquier referencia a la regulación de los derechos humanos al agua y el saneamiento; pero también, la democratización de la administración del agua, especialmente de las confederaciones hidrográficas, un caso paradigmático de secuestro del regulador desde su misma concepción, que superó la reforma del franquismo de 1978 prácticamente incólume.

La información publicada hasta la fecha es insuficiente para tener una imagen nítida de la aplicación de los fondos. A pesar de ello, situada en el contexto general de la planificación hidrológica y de los graves problemas estructurales de la gestión del agua en nuestro país (deterioro ambiental, distribución asimétrica e injusta de los costos, vulnerabilidad de los sistemas urbanos del agua por falta de inversión, riesgos para los derechos humanos al agua y el saneamiento derivados de la privatización de la gestión, etc.) la información disponible es suficiente para apreciar indicios de divergencia entre la aplicación de los fondos programada y las necesidades prioritarias en la política hídrica, desde el punto de vista de la protección ambiental, el fomento del uso sostenible y la garantía de los derechos humanos fundamentales.

Aun asumiendo la hipótesis de la plena realización de las reformas enumeradas en el PRTR relativas a diversos aspectos normativos de la gestión del agua, resulta difícil aventurar un cambio de rumbo estratégico que reoriente la política de aguas española hacia un modelo de protección ambiental y uso sostenible del agua necesario para frenar la crisis socioecológica. Las referencias retóricas compartidas con las más recientes de la UE –Pacto Verde, Economía circular- pueden inducir a pensar en avances en ese sentido. Pero, con todas las cautelas derivadas de la falta de concreción del documento, es legítimo concluir que no hay un cambio sustancial en el modelo de política del agua consolidado a lo largo del pasado siglo. Insistimos, a falta de conocer la distribución de los fondos entre las diversas acciones mencionadas en el texto y su concreción en proyectos, el subtexto transmite continuidad y no permite aventurar ni actuaciones sobre las causas de los problemas (fuerzas motrices) que supongan una reducción de las presiones sobre los ecosistemas acuáticos, ni una reorientación del modelo de gestión de los abastecimientos y el saneamiento urbanos acorde con el enfoque de gestión de riesgos de la nueva directiva de aguas potables y la protección de los derechos humanos.

De la crisis de 2008 queda aprendida la lección de los costes que sobre el conjunto de la economía tiene la respuesta basada en la transferencia directa de fondos públicos al sector financiero y la austeridad de la mayor parte de la población. La corrección estratégica de la recuperación post-pandemia no parece, sin embargo, apuntar a la superación de una crisis que, más allá de los aspectos coyunturales derivados de la pandemia, tiene su origen en la explotación de los ecosistemas por encima de su capacidad de renovación y asimilación de residuos. En lo que se refiere a los ecosistemas acuáticos y la gestión de los usos del agua, las medidas contenidas en el plan refuerzan, ahora amparadas en una retórica verde, un modelo que erosiona la base biofísica sobre la que se sustenta. La privatización, mercantilización y financiarización del agua ha mostrado sus riesgos en el ámbito de los derechos humanos al acceso al agua y el saneamiento. La extensión de este modelo de negocio privado al riego, mediante la construcción de redes de distribución artificiales y la digitalización de la gestión, producirá cambios profundos en el estado de los ecosistemas acuáticos incompatibles con cualquier transición ecológica posible.

Notas:

*El presente artículo es un resumen de un texto más extenso, que está disponible con el mismo título en la página web de la Fundación Nueva Cultura del Agua https://fnca.eu.

** Francesc La-Roca, Julia Martínez y Leandro del Moral son miembros de la Red Agua Pública y de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

[1] Aportaciones de la FNCA a un análisis preliminar del proyecto de Plan de recuperación, transformación y resiliencia, principalmente desde la perspectiva del agua y los recursos hídricos, 23 abril 2021https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/documentos/documentos/20210423_Aportaciones_FNCA_Fondos_Covid.pdf.

[2] El gobierno de España, junto con otras instituciones ha organizado una serie de Diálogos sobre el futuro. El celebrado en Alacant los días 22 y 23 de noviembre de 2021 bajo el título El futuro del Agua ha motivado un escrito de la Red Agua Pública dirigido al presidente del gobierno en el que se denuncia que no se haya contado con la participación activa de la ciudadanía, ni en su organización ni en la composición de los talleres previstos en esta iniciativa. La exclusión de las organizaciones cívicas que desarrollan actividades en el campo del agua de un programa que concede el protagonismo hegemónico a los intereses privados del sector sesga el debate desde su planteamiento inicial. https://fnca.eu/107-novedades/1568-la-rap-muestra-su-malestar-ante-la-jornada-el-futuro-del-agua-22-11-21

[3] Heller, L. (2020) Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Naciones Unidas. Asamblea General, A/75/208 https://undocs.org/es/A/75/208.

[4] A diciembre de 2019, la inversión ejecutada acumulada desde diciembre de 2015 es de un 19,8% respecto a la prevista para el horizonte de 2021 […]: un 6.7% corresponde a medidas finalizadas, un 1,2% a medidas completadas-periódicas y un 11,9% a medidas que aún estaban en marcha. MITERD (2020) Informe de seguimiento de Planes Hidrológicos y Recursos Hídricos en España. Año 2019. [Avance diciembre 2020]; p. 124.

[5] SEOPAN (2015) Infraestructuras: consideraciones, desafíos y previsiones, Presentación de Julián Nuñez, Presidente de SEOPAN, marzo 2015.

[6] García Rubio, M.A., y González Gómez, F. (2020), Informe temático.  Informe sobre el ciclo integral del agua en pequeños y medianos municipios, Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España. Noviembre de 2020.

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Conversamos con Pedro Arrojo, Relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al agua potable y al saneamiento

El pasado 7 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas designó al profesor Pedro Arrojo como nuevo Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento.

Pedro Arrojo es doctor en Ciencias Físicas y profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, y tiene una larga trayectoria vinculada al agua y al medio ambiente. Emprendió la creación de la Fundación Nueva Cultura del Agua, ha promovido muchas de las movilizaciones contra el trasvase del Ebro y ha sido el primer español en recibir el Premio Goldman de Medioambiente en la categoría Europa.

El nombramiento ha sido recibido con enorme satisfacción por parte de los movimientos sociales y organizaciones defensoras del derecho al gua, que impulsaron y apoyaron su candidatura.

En Espacio Público tenemos hoy el placer de conversar con él.

¿Cómo ha sido el proceso de selección para ser Relator?

En la medida que acaba el doble periodo del mandato de Leo Heller, como Relator de NNUU para los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento, el Consejo de Derechos Humanos abrió una convocatoria a la que nos presentamos a principios de verano unos veinte candidatos y candidatas de todo el mundo. En su momento, acepté la propuesta que me hicieron los movimientos sociales y sindicatos que se coordinan en la RAP (Red Agua Pública) y presenté mi candidatura, a título personal, aunque recibí apoyos sumamente significativos y potentes como los de la Coordinadora de ONG, la EPSU (la Federación Europea de Servicios Públicos, con 8 millones de trabajadores), la FSI (la Internacional de Servicios Públicos, con 20 millones trabajadores de 700 sindicatos a nivel mundial), Federico Mayor Zaragoza (Presidente de la Fundación Cultura de Paz y Director General de UNESCO durante 12 años) y Maude Barlow (dirigente del Consejo de Canadienses y asesora para temas de agua del Secretario General de NNUU), entre otros.

La selección, por fases a lo largo de dos meses, fue dirigida por un Comité de diplomáticos del Consejo de Derechos Humanos de NNUU formado por los representantes de China, Eslovenia, España, Chad y México (el representante español, no obstante, no pudo votar, tal y como establecen las reglas vigentes, para no favorecer a candidatos del propio país). Tras aceptar dieciocho candidaturas, hicieron una primera selección de cinco: una sudafricana, una francesa, un alemán y dos españoles, a los que nos entrevistaron durante una hora, por video-conferencia en inglés. Sobre la base de los méritos y avales presentados y la citada entrevista, el comité de selección propuso a la Presidenta del Consejo una terna con orden priorizado, que tuve el honor de encabezar. Finalmente, la Presidenta presentó mi nombre ante el Pleno del Consejo que votó mi nombramiento.

¿La relatoría implica un alto salario?

El salario es de cero euros, no hay remuneración. Simplemente seguiré recibiendo mi salario como Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza. Dispondré, eso sí, de los medios pertinentes para los viajes y estancias que comporte mi trabajo como Relator de NNUU en el mundo, así como del apoyo de un pequeño equipo en la sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

¿Qué líneas de trabajo y qué acciones tienes pensado acometer en tu mandato como Relator?

Lo único que puedo adelantar es lo esencial de la respuesta que di a la Comisión que evaluó las diversas candidaturas, cuando me preguntaron por cuales serían los principales objetivos de mi mandato si fuera elegido. Destacaría entre ellos:

  • Clarificar y afrontar los riesgos para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento derivados del cambio climático en curso y de pandemias como la que sufrimos hoy con la COVID 19.
  • Desarrollar un informe sobre estos derechos en comunidades indígenas.
  • Afrontar los riesgos e impactos sobre el derecho humano al agua potable derivados de la contaminación tóxica y de la quiebra de la sostenibilidad ambiental de nuestros ríos, lagos humedales y acuíferos.
  • Hacer efectiva la participación de las mujeres en proyectos de agua y saneamiento, en coherencia con la visión de género que promueve ONU Mujeres, especialmente en comunidades vulnerables del medio rural.
  • Avanzar en la defensa efectiva de la seguridad de las defensoras y defensores del agua, del medioambiente y de los derechos humanos en el mundo.
  • Prevenir, desde la participación ciudadana y la transparencia, los riesgos para estos derechos humanos derivados de hacer del agua un negocio.
  • Trabajar por fortalecer el enfoque de Derechos Humanos en UN Water.

En todo caso, mi intención es trabajar objetivos, estrategias e iniciativas con los movimientos sociales, defensores de los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento, así como con Catarina de Albuquerque y Leo Heller que me han precedido en el cargo y con los que he colaborado desde hace más de una década.

Recientemente tu predecesor, Leo Heller, ha presentado un informe demoledor sobre los efectos de la privatización en el agua. ¿Qué opinas de este informe y qué crees que se debe de hacer con él?

Leo Heller ha hecho un trabajo excelente a lo largo de todo su mandato y ha dejado el listón muy alto. El último informe está en esta línea. Se trata de un informe substantivo, riguroso y claro que desarrolla el principio básico de prioridad en el que se basan todos los derechos humanos, que deben garantizarse por encima de las lógicas de mercado y de los intereses particulares, por legítimos que éstos pudieran ser.

Como todos los informes temáticos de los relatores de Derechos Humanos, la proyección práctica de este informe será limitada, en la medida que NNUU no tiene en sus manos los medios que debería tener para asegurar una proyección efectiva y práctica de sus resoluciones o recomendaciones. Son los Gobiernos los que disponen de esas capacidades. Sin embargo esos informes tienen una gran visibilidad y proyectan una poderosa legitimidad ética, social y política.

Ciertamente el informe de Leo Heller refuerza con argumentos sólidos y evidencias prácticas en todo el mundo la coherencia de los movimientos sociales que han venido defendiendo desde hace mucho el reconocimiento efectivo de estos derechos humanos frente a las presiones privatizadoras. En esa línea, lo que debe hacerse es difundir el informe en la sociedad, y muy particularmente entre nuestros representantes políticos, desde el nivel municipal al del parlamento estatal, pasando por parlamentos autonómicos y diputaciones provinciales.

En España, como en la mayoría de países, el derecho humano al agua no está reconocido por ley. ¿Crees que esto debería ser una prioridad política?

Ciertamente es muy importante. Recogimos hace unos años casi dos millones de firmas en la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water, para que la Unión Europea reconociera estos derechos humanos en su legislación. Pero mientras eso se sigue trabajando en Bruselas, sería oportuno y democráticamente saludable reconocer esos derechos en la legislación española. Son cada vez más los países que han ido reconociendo estos derechos en su Constitución y, si algún día nos atrevemos a mejorar la nuestra, sería bueno incorporar esta demanda, que al fin y al cabo, por encima de ideología, viene de Naciones Unidas.

En todo caso, hacer efectivo el reconocimiento de estos derechos humanos no debe esperar a que las leyes en sus diversos niveles lo asuman; cualquier Ayuntamiento, aún en los municipios más pequeños, tiene en sus manos garantizar de forma efectiva esos derechos humanos para todos sus vecinos y vecinas, en la medida que los servicios de agua y saneamiento son una competencia local, según la Constitución vigente.

En la pandemia se ha evidenciado que en España no existen datos oficiales sobre el agua urbana. ¿Crees que esto ha sido y es un problema para gestionar el COVID19?

Ciertamente que no existan datos públicos fiables de forma general es un problema, pero sobre todo es un problema que se pueda cortar el agua a familias que tienen dificultades de pago por vulnerabilidad socio-económica, en la medida que el agua doméstica es la principal vacuna disponible, junto al jabón, frente a la pandemia.

Por otro lado, o no se miden o no se publican los datos de nivel de contagio que se reflejan, de manera fiel (adelantándose incluso en el tiempo), en el análisis de los retornos urbanos. Pero la incidencia de no garantizar el agua potable y el saneamiento como un derecho humano para todo el mundo, aún para quienes tienen dificultades de pago, será mucho más grave cuando la pandemia que nos afecte se contagie por vía digestiva en lugar de por vía respiratoria, como ocurre hoy con la COVID19. Entonces quedará más evidente aún la necesidad de gestionar estos servicios desde la lógica del interés general, al igual que hoy apreciamos y entendemos mejor, gracias a la pandemia, la necesidad de disponer de un poderoso sistema de salud pública.

También la crisis del COVID-19 nos mostró que existían importantes asentamientos de temporeros agrícolas que no tienen agua y que potencialmente no pueden cubrir sus necesidades higiénicas. ¿No crees que eso debería de ser una prioridad política?

Resulta evidente; por aplicación efectiva de los Derechos Humanos que todos decimos defender y que los Gobiernos tienen la estricta obligación de garantizar, sino incluso por la cuenta que nos trae a todos y todas. Obviamente las víctimas en primera línea son esos temporeros y otros sectores vulnerables, pero en última instancia las consecuencias de una pandemia como ésta se acaban extendiendo y afectado a toda la sociedad. El virus en este sentido nos está haciendo sentir nuestra inexorable vulnerabilidad, tanto individual como colectiva, al tiempo que nos ofrece la lección de que sólo desde la solidaridad se le puede combatir eficazmente.

Las ONG y ecologistas han denunciado que el último decreto del gobierno ha sucumbido a la presiones de las multinacionales del agua y de su patronal y como consecuencia en el último decreto de medidas sociales se han caído la garantía de suministros básicos (agua y luz). ¿Detrás de todo esto está la oscura sombra de los lobbys presionando a los gobiernos?

Parece evidente que quienes hacen de la gestión de estos servicios un puro negocio tendrán interés en cobrar a todo el mundo, sea cual sea su situación económica. Pero con ello no sólo me refiero al lobby de empresas privadas en este sector, sino a quienes desde la función pública siguen sin entender que estos servicios deben gestionarse desde la lógica del interés general, bajo la prioridad de garantizar los derechos humanos en juego, por encima de intereses económicos o beneficios empresariales.

Me consta en efecto que esas presiones se han producido, y no me sorprende; pero me choca que desde este Gobierno, que está demostrando una notable sensibilidad social en tiempos tan difíciles como los que vivimos, no se esté reaccionando como sería de esperar, protegiendo los derechos humanos de los más vulnerables en este campo. Yo espero que esto se corrija sin demora.

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La exigibilidad del derecho humano al agua

En el marco de la Cumbre Social por el Clima (Diciembre 2019 – Madrid), tuvimos la ocasión y el placer de charlar con Leo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua potable y al saneamiento (DHA). En nuestra charla surgió una pregunta de calado:

Existe un derecho humano de primera generación, cuya consagración data del siglo XVIII, que ha sido mantenido en la actual Declaración de Derechos Humanos y es reconocido legalmente en todas las legislaciones del mundo; de él derivan acciones jurídicas expeditivas que pueden ejercerse en casi todas las jurisdicciones, incluyendo la jurisdicción penal, y goza en la práctica de más protección que el Derecho Humano a la Vida y que el Derecho Humano a la Libertad, situándose por encima de cualquiera de los derechos denominados de segunda y tercera generación[1], como son el Derecho Humano a la Salud, el Derecho a una Vivienda Digna y, por supuesto, también por encima el Derecho Humano al Medio Ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible[2]. Se trata del Derecho Humano a la Propiedad. Pues bien, la cuestión es: al hilo de la reflexión sobre un movimiento, también de carácter mundial, que lucha por el reconocimiento del Derecho Humano al Agua y que exige que los servicios de potabilización y saneamiento del agua estén disponibles y sean accesibles, seguros, aceptables y asequibles para todas las personas, sin discriminación alguna ¿podemos exigir que este derecho tan fundamental, tan importante para la vida, obtenga una protección legal e institucional similar a la que goza el Derecho Humano a la Propiedad? ¿Es posible obtener esa protección sin añadir su propia exigibilidad a la ristra de exigencias que le atribuimos ya al DHA?”

Lo que a finales del siglo XIX Veblen llamaba “la cultura pecuniaria” hoy lo denominamos la “cultura del lucro”[3]. El lucro constituye una de las reglas axiomáticas del Capitalismo que, desde el principio entra en clara confrontación con la declaración de los Derechos Humanos -salvo con el Derecho Humano a la Propiedad, que sustenta y ensancha el lucro-. Una vez reconocido socialmente y liberado de cualquier obstáculo moral, el lucro se asocia a la gestión de dinero, bienes y servicios públicos (también, por supuesto, a los que están adscritos a la gestión del ciclo urbano del agua), por lo que, cuando el lucro no puede extraerse legalmente -mediante ingeniería institucional-, su ánimo fomenta e impulsa prácticas corruptas e ilegales como la malversación, el cohecho o el tráfico de influencias, llegando al punto en que las empresas más corruptas vienen a ser, también, las más lucrativas[4]. En consecuencia, la propiedad sin ánimo lucro es, para nuestro sistema, una manifestación de cobardía y pereza, que se expresa de manera semejante a como se expone en la Parábola de los Talentos:

«Si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por lo tanto, el talento y dádselo al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene»[5].

La información privilegiada, sumada a la presencia y la discrecionalidad así como a la huida del derecho público en los lugares donde se adoptan las decisiones políticas, es también hoy requisito sine qua non para la generación del lucro. Todas ellas, a la vez, están íntimamente ligadas al advenimiento de grandes corporaciones transnacionales que hoy se extienden como una mancha de grasa en la captación y gestión de dinero, bienes y servicios públicos, como el que se ocupa del ciclo urbano del agua. Si a todas ellas se suman la opacidad en la gestión y el desconocimiento por parte de la ciudadanía de la existencia de prácticas y redes clientelares que posibilitan el lucro, tenemos el cártel servido que reduce o elimina definitivamente el control público por parte de las instituciones, y “no es sencillo arrojar plena luz sobre la financiación ilegal llevada a cabo de manera clandestina o bajo la forma de contratos simulados […]”[6].

Leo Heller

Tal es el caso de las inversiones realizadas con ánimo de lucro por sociedades anónimas en los servicios públicos del sector -admitiendo que, cuanto más “anónima” es una sociedad más lejos estará de los controles y garantías del derecho público-, donde se mezclan actuaciones corruptas e ilegales con operaciones legales, lucrativas y dañinas, contribuyendo a afianzar el camino que siguen otras empresas, incluso estatales y autonómicas, en su estrategia jurídica de confusión de titularidades y gestión -publica/privada- para dificultar al máximo las inspecciones y el control, y alejar a la ciudadanía del «lugar» donde el capital público se mezcla y se transforma en privado.

Hoy en día el conflicto se expresa en las dificultades o la imposibilidad de acceso al agua y al alcantarillado, en los costes y en los cortes del suministro, en la opacidad de su gestión, en la falta de interés por garantizar una buena infraestructura, en la reducción del patrimonio público y en la fragmentación y deterioro del territorio. La dinámica de este fenómeno se puede sintetizar así:

Ánimo de lucro + ingeniería institucional + desregulación + discrecionalidad + información privilegiada + redes clientelares + captación y gestión del servicio público + opacidad en la gestión + descontrol público + impactos ambiéntales + impactos en la salud + subida de tarifas + cortes + denegación de acceso al agua =>lucro + corrupción.

Por tanto, las cuestiones a resolver son las siguientes:

1) ¿Con qué acciones jurídicas contamos para denunciar y prevenir este fenómeno y sus efectos?

2) ¿Es posible que el Derecho Humano al Agua potable y al saneamiento sea un derecho efectivamente exigible, del que deriven acciones jurídicas que puedan ser ejercidas por las personas naturales ante los tribunales ordinarios, con plena legitimación y gratuidad? Es decir, ¿puede el Derecho Humano al Agua potable y al saneamiento llegar a ser tanto o más protegido que el Derecho Humano a la Propiedad (y el lucro) de los accionistas de las empresas que la gestionan?

Creemos que sí… En lo primero estamos.

Liliana Pineda es abogada y presidenta de Attac en Madrid

Notas:

[1] http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28614.pdf.

[2]https://www.ohchr.org/SP/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx.

[3] Citado por José Manuel Naredo en “La Taxonomía del lucro”, Siglo XXI, 2019, Madrid, 2011, pp. 39-44.

[4] Oscar Carpintero “Corrupción y beneficios empresariales”, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, No 135, 2016 pp. 25-37.

[5] Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer (Edición Española), 4ª edición, Bilbao, 2009, pp. 1457-1458.

[6] Javier Pradera, citado por Alberto Vannucci en “Poder, derecho y corrupción”. Ed. Siglo XXI, México, 2011, p. 103.