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Las elecciones de Andalucía: Fin de una forma de hacer política

El PP ha logrado una victoria contundente en las elecciones anticipadas en Andalucía. VOX logró menos de sus expectativas y la izquierda se ha metido un bacatazo importante. Este sería el resumen de una jornada que marca un punto de inflexión en la legislatura en curso. La duda será saber si es un cambio de ciclo, o se queda en una seria advertencia a la coalición de izquierdas que gobierna España. Las anteriores elecciones de 2018 nos invitan a la prudencia, ya que las tres derechas sumaron, y el PSOE arrasó en las generales de 2019, movilizando la izquierda 1 millón más de votos que la derecha.

Es evidente que el marco de la pandemia ha beneficiado al PP, partido gobernante, mientras que el de la inflación y los choques dentro del gobierno central, junto a la guerra, han empeorado las expectativas de la izquierda. Esto se ve reflejado en la abstención, mayoritariamente de izquierdas. Hay un cierto castigo a la izquierda gobernante incapaz de ofrecer un relato coherente que ponga en solfa sus éxitos, y demasiado acostumbrada a generar ruido en un momento, y en un marco, donde la gente reclama seguridad y certezas.

El PP ha logrado repetir los buenos resultados de Arenas en 2012 (1,58 millones de votos), consolidando su hegemonía en el Sur, sustituyendo al PSOE como en Partido Institucional Andaluz. El PP regó con 50 millones de euros a los medios de comunicación. El PP logró, con las encuestas del CENTRA y de los medios antes de la convocatoria electoral, instalar dos ideas: Moreno es un moderado (aunque no tenga nada que ver con sus políticas),  y no hay posibilidades de que la izquierda gobierne.

Con ese marco, que compró mucha gente, incluido muchos dirigentes de la izquierda andaluza, la campaña «que viene VOX», junto con la campaña de Olona, muy sobreactuada, benefició al PP, que es probable que se haya beneficiado de un trasvase de votos del PSOE para frenar a VOX, ya que los votantes percibían que la izquierda no tenía posibilidades de alcanzar el gobierno.

El PP ha logrado con una imagen “centrista”, que poco tiene que ver con las políticas que ha realizado, recuperar parte del electorado que se marchó a VOX en 2019, casi absorber a CS, y superar a toda la izquierda junta. Es un espaldarazo a Feijóo, frente a Ayuso, y un voto de castigo a Sánchez. La campaña de VOX fue un desastre y ha frenado las expectativas de la extrema derecha tras CyL, lo que beneficia al PP como partido alfa de la derecha española, y se beneficiará de cara a las Generales.

Mientras la derecha ha logrado superar en Andalucía los 1,8 millones de votos obtenidos en 2012 (han llegado a los 2,1 millones), la izquierda se ha dejado un millón de sufragios en casa. No logra movilizar a los 700.000 que se dejó en las anteriores elecciones, y se deja más de 260.000 en estas.

La izquierda ha sido incapaz de romper la imagen de moderado y sacar a relucir la agenda antisocial y neoliberal de Moreno. La sensación es que éste no ha tenido oposición (o no ha aparecido en los medios), favorecido por la pandemia, que ha evitado manifestaciones de todo tipo frente a su política neoliberal. Si observamos a las candidaturas de izquierdas el panorama no era alentador y no favorecía un clima para un cambio de gobierno. La gestión de Moreno no había sido contestada en los años anteriores, por lo que no se percibía como mala, y la izquierda no presentaba una alternativa. Bonilla lo ha tenido fácil.

El PSOE apostó por un liderazgo centrista, sevillano y con experiencia de gestión, pero poco consistente. Esto ocurrió porque Susana se empeñaba en querer continuar al frente de la SG y María J. Montero no quería enfrentarse a su antigua compañera, a pesar de ser la mejor apuesta. Escoger a un dirigente vinculado a una época de gobierno anterior, y falto de una ideología clara, no daba la imagen de renovación que hacía falta.

Teresa Rodríguez se opuso, desde la segunda reunión, a sumar en una candidatura conjunta, con la esperanza de reconstruir una suerte de PSA «à la CUP». El resultado es que, a pesar de que saca 2 diputados, ha restado más de lo que ha sumado y ha favorecido la mayoría absoluta del PP. Si sumamos las candidaturas de P.A y AA se han perdido 6 escaños, y hubiesen quedado empatados con VOX, además de evitar la mayoría absoluta del PP. El ciudadano/a común no ha entendido en qué se diferenciaban dos candidaturas que se reclamaban lo mismo (feministas, andalucistas y verdes).

El resultado de Por Andalucía era previsible. Una candidatura hecha a toda prisa (cuando hubo tiempo para realizarla), con un nombre que se podía confundir con el de AA, una candidata desconocida, con todo el sarao del cierre de la candidatura jugando al «chicken game», son los principales motivos que han provocado este resultado. ¿Alguien le daría un voto de confianza para gestionar una Consejería cuando no habían logrado presentar los papeles a tiempo de la coalición?

Por Andalucía vuelve a porcentajes de voto un poco superiores a los de IU en 2008, y si sumamos a AA, que obtiene votos del mismo espacio político, se queda en resultados superiores a IU en 2012, pero lejos de 2018 (4% menos), y de 2015 (8% menos). La confrontación resta, como restó en Galicia. Se vuelven a perder votos y a no obtener trasvase de los votantes socialistas.

En Por Andalucía hubo la posibilidad de colocar a un independiente de prestigio, ampliando el espacio, y haber cerrado gran parte de la coalición en febrero, permitiendo una precampaña larga y obligando al PSOE a moverse. IU y Podemos prefirieron negociar hasta el último minuto para colocar a su candidato/a, con el resultado conocido. Se perdió una oportunidad histórica de salir a la ofensiva y marcar, de nuevo, como en 2014-15, la agenda política.

Se hizo una lectura conservadora tras el bacatazo de CyL, apostando a que se iba a la baja y saliendo a «empatar», con el resultado ya sabido. Profecía autocumplida de manual. La campaña ha sido poco imaginativa. IU ha sido poco permeable a ideas innovadoras de campaña, ni a argumentarios potentes. Se ha hecho una campaña clásica sin tener una gran cantidad de militantes para poder realizarla. La comunicación un desastre, sin capacidad, apenas, de incidir en la agenda. Sólo ha salvado los muebles en los actos la presencia de Yolanda Díaz, que animó un poco la movilización.

Esto es el fin de una forma de hacer política inaugurada en 2014. Campañas poco profesionalizadas, falta de encuestas, negociaciones hasta el último minuto, falta de extensión territorial, no meter publicidad en los medios, amauterismo, programas poco trabajados, coaliciones realizadas, siguiendo a Borges, “más por espanto que por amor”. Si la izquierda alternativa quiere pintar algo, tiene que tratar de revertir estos malos hábitos, así como formar a sus cuadros y realizar precampañas largas, con datos, encuestas, extensión territorial, etc.

El problema no es que Podemos estuviese invisibilizado en campaña o en el nombre. UP lleva dándose bacatazos desde las elecciones autonómicas anteriores (y locales). El problema es la falta de proyecto de país, falta de extensión territorial, calidad de cuadros, conflictos internos (donde ha habido tortas las expectativas de votos han bajado), exceso de ruido en el gobierno central, falta de relato, falta de autocrítica, etc. Es urgente abrir un proceso de reflexión o la historia nos llevará por delante volviendo al bipartidismo. La mayor parte de la ciudadanía no va a votar a una opción política que ande ensimismada en sus batallas internas, y peleada, como ya le pasó al PCE en los 80. Aprendamos de la historia, aprendamos de la experiencia.

Otra cuestión a tener en cuenta. El horizonte de la izquierda no puede ser volver a 2008. Ya en 2008 había problemas serios, no existe la “belle époque”. Hay que avanzar y progresar y significa trascender los marcos resistencialistas. No podemos continuar “defendiendo los servicios públicos” cada día más degradados, ni “defender el Estado del Bienestar”, como si este hubiese sido magnífico previo a la crisis de 2008. Hay que reformar dichos sistemas y explicar su utilidad, como la del pago de los impuestos justos, en suma, dar la batalla ideológica en torno a un proyecto de reformismo fuerte, su suscite consensos de gran parte de la población. Hay que recordar que lo que antes dábamos por hecho (democracia, Estado del Bienestar, etc.) ha sido desacralizado en años de descapitalización, privatizaciones y degradación. La política debe de acercarse más a la ciudadanía y hacerla partícipe, dar argumentos e ideas. Tenemos que construir la  política sobre la sociología española realmente existente, y no sobre la falsa ideología que hace pasar la realidad por nuestro molde mental. Tenemos que estudiar.

Es necesario trascender el espacio de UP, que no deja de ser una coalición electoral. Necesitamos cuidar la cultura de la cooperación y el apoyo mutuo, y dejar de comprar la competitividad y el homo hominis lupus en nuestras organizaciones, que tienen que ser netamente democráticas y fraternalmente republicanas. Hay que reinventarse y lograr ensanchar el espacio y aumentar la militancia. Hay que levantar un proyecto de país, que trascienda unas elecciones, y organizar candidaturas potentes con buenos cuadros. Sabiendo que la mayor parte de los medios de comunicación te es hostil, hay que volver a tejer alianzas con la sociedad civil, con la ciudadanía, con el sindicalismo de clase, con los trabajadores y trabajadoras, y los estudiantes. Esa es la clave del éxito. Sin horizonte de esperanza no hay victoria para la izquierda, sin Perestroika no hay futuro, sin dar seguridad a una vida convulsa y futuro incierto la tendencia es al conservadurismo y a la reacción. Esperemos que el proyecto de Yolanda Díaz lo consiga. A día de hoy, es nuestra única oportunidad.

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La política del agua en las propuestas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Algo más que propaganda?

Cuando a finales del pasado año se anunció la dotación de un fondo europeo para la recuperación económica post-pandemia, la reacción general fue desesperanza, generando grandes expectativas. El fondo se presentó como un cambio de estrategia respecto a la crisis de 2008 que partía del reconocimiento, cuando menos implícito, del fracaso de las políticas de austeridad, proponiendo una importante inyección de fondos públicos. Esta vez a través de los sectores productivos y no directamente a los bancos. El núcleo duro de la nueva estrategia, orientada a la reestructuración tecnológica de la economía, es la transformación digital de la sociedad, acompañada de una transición ecológica y resiliente con la vista puesta en la próxima generación, queda nombre a los fondos (Next Generation Funds).

Sin embargo, también ha suscitado recelos. La posible relajación del control de ejecución presupuestaria y de las evaluaciones del impacto ambiental de las medidas y proyectos, así como su distribución entre todos los sectores y territorios implicados, ha motivado ya manifestaciones que relativizan la capacidad de producir las transformaciones estructurales que se atribuyen a los fondos [1]. El propio volumen de los fondos anunciados y su distribución entre todos los sectores y territorios implicados, obliga a relativizar su capacidad de producir tales transformaciones. Las cuantías anuales asignadas grosso modo a las acciones relacionadas con el agua (no llegan a 900M€) son inferiores a la media anual de lo ejecutado en el conjunto de los Planes Hidrológicos durante el periodo 2015-2019 (1.100M€, aproximadamente) y distan mucho de cubrir los 3.750M€ anuales necesarios para financiar el conjunto de medidas previsto y no ejecutados en los mismos.

Las principales inversiones y reformas que el Estado español tiene previsto acometer con este fondo fueron presentadas en junio pasado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Lo primero que hay que señalar es que los mecanismos de gobernanza y participación puestos en marcha y previstos por el Plan son muy insuficientes: se prevé el diálogo entre administraciones y se pone en marcha una Mesa de Diálogo Social, con organizaciones sindicales y empresariales, pero no hay previsto mecanismo alguno para el diálogo y participación de otros actores de la sociedad civil organizada, entre los cuales se cuenta con entidades cuyos objetivos son, precisamente, impulsar una transición verde y justa, en línea con los objetivos declarados del Plan[2].

En ese sentido, la política del agua ha de ser una pieza fundamental en cualquier estrategia de transición ecológica, dado el deterioro generalizado de los ecosistemas acuáticos y las perspectivas derivadas del cambio climático. El PRTR, el documento que recoge las principales inversiones y reformas que el Estado español tiene previsto acometer con este fondo, se estructura en treinta componentes, el quinto de los cuales Preservación del litoral y recursos hídricos, agrupa los principales ítems relacionados con la política del agua.

Para la realización de los proyectos el Plan se apuesta por un modelo de colaboración público-privada. Aunque no se detalla la forma de esa colaboración, hay que tener presente que, en lo concerniente al sector del agua –un bien común de dominio público- y más específicamente del abastecimiento de agua potable y el saneamiento, dicha colaboración no está exenta de riesgos.

Debido a su carácter de derechos humanos fundamentales, el acceso al agua potable y el saneamiento deben estar garantizados por el estado y protegidos de los riesgos que se derivan de su provisión con fines de negocio. Como ha puesto de manifiesto el relator especial de NNUU para los derechos al abastecimiento y el saneamiento, Leo Heller, la privatización comporta riesgos para el ejercicio de dichos derechos debido a la combinación de tres factores relacionados con el suministro privado de agua y saneamiento: el objetivo empresarial de maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder [3]. En el estado español, el modelo dominante de privatización se articula a través de empresas mixtas, constituidas en la mayor parte de los municipios más poblados por unos pocos grupos empresariales. Los factores señalados por el relator Heller -junto con el de la corrupción que los acompaña (Pokémon, Caso Aquagest, Operación Lezo)- caracterizan la actividad de este sector empresarial también en nuestro país.

El PRTR combina reformas estructurales, sometidas a los lentos ritmos de la tramitación legislativa, con medidas de reactivación de la economía de carácter urgente. Para las segundas la administración y las empresas han acudido a proyectos maduros, que se pudieran poner en marcha en cuanto se dispusieran de la financiación necesaria.

En el caso del agua, el PRTR coincide con la revisión de la segunda generación de planes de gestión de las cuencas hidrográficas que, entre otras cuestiones, comparten la característica común del escaso nivel de ejecución. Según los últimos datos disponibles, a diciembre de 2019, es decir transcurridos dos tercios del periodo de vigencia del plan, se había ejecutado menos de un 10% de las medidas correspondientes a dicho periodo[4].

El anuncio de los planes ha sido recibido como una ocasión para impulsar las medidas ya planificadas, pero pendientes de ejecución. Así, las asociaciones de regantes se han empleado a fondo en una campaña para reclamar las obras de instalación de sistemas de riego localizado, conocidas como modernización y muy cuestionadas por sus efectos rebote de intensificación y/o extensión de los regadíos. A pesar de que el gobierno ha dejado claro que estas obras quedarán excluidas de los fondos, lo cierto es que el ministerio de agricultura (y algunas consejerías) verán incrementados sus recursos presupuestarios a través del PRTR y podrán liberar fondos con destino a la modernización.

Otra medida fundamental de la política de oferta que inspira la planificación hidrológica es la reutilización de aguas residuales urbanas. Aceptada por los regantes –siempre que les resulte a coste cero- cuenta con el apoyo de las constructoras, reunidas en la organización patronal SEOPAN[5], que ven en el ámbito de la depuración de aguas y la reutilización un ámbito de negocio compensatorio del agotamiento de los proyectos de presas y canales. A diferencia de las obras de modernización, éstas sí están incluidas en el PTRT. No hay que olvidar, que el Reino de España abona cada semestre una multa coercitiva de casi 11 M€ por el incumplimiento reiterado de la directiva 91/271/CEE de aguas residuales. Por otro lado, hay que recordar que en el caso de los pequeños y medianos municipios la prestación del servicio de agua presenta deficiencias básicas: no siempre se prestan todos los servicios del ciclo urbano -saneamiento y, principalmente, depuración de aguas; el servicio no es de suficiente calidad- no se cumplen con los estándares de calidad del agua; y, de manera generalizada, no se obtienen ingresos suficientes para cubrir todos los costes asociados al servicio[6].

En un programa que se presenta como de transición hacia una sociedad ecológica y resiliente cabe esperar que los aspectos relacionados directamente con la protección de los ecosistemas y la diversidad biológica que sustentan ocupen un lugar central. El PRTR recoge algunas medidas en éste ámbito sin que se pueda afirmar su centralidad, mucho mejor representada por las ayudas a la trasformación tecnológica de ciertos sectores productivos. Con todo, se reserva una partida (C4.I2; 551.5M€) para muy diversos aspectos relacionados con la biodiversidad que incluye los humedales, pero no los ríos. Sí existe, en cambio, una línea (C5I2) destinada al seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación, de la que cabe presumir una orientación ecológica.

El PRTR incluye entre sus previsiones un conjunto de reformas legislativas encaminadas a adecuar el marco normativo a las necesidades de gestión. Estas propuestas, con ser importantes, son escasamente ambiciosas y, por lo publicado hasta la fecha, de muy escaso alcance. Así, por ejemplo, se anuncia una revisión del canon de vertidos para repercutir a los usuarios urbanos las mayores exigencias en depuración (tratamiento terciario) necesarias para posibilitar la reutilización de las aguas depuradas en la agricultura, pero se renuncia a una revisión en profundidad de los instrumentos para posibilitar de manera eficaz y equitativa la imputación de los costes financieros y ambientales a quien se beneficia de los servicios de dicha reutilización (frecuentemente los usuarios agrarios) o deteriora el medio, respectivamente; es decir, para dar cumplimiento a la DMA.

Sin embargo, existen otras reformas pendientes que no aparecen en la agenda del PRTR. Cabe destacar la ausencia de cualquier referencia a la regulación de los derechos humanos al agua y el saneamiento; pero también, la democratización de la administración del agua, especialmente de las confederaciones hidrográficas, un caso paradigmático de secuestro del regulador desde su misma concepción, que superó la reforma del franquismo de 1978 prácticamente incólume.

La información publicada hasta la fecha es insuficiente para tener una imagen nítida de la aplicación de los fondos. A pesar de ello, situada en el contexto general de la planificación hidrológica y de los graves problemas estructurales de la gestión del agua en nuestro país (deterioro ambiental, distribución asimétrica e injusta de los costos, vulnerabilidad de los sistemas urbanos del agua por falta de inversión, riesgos para los derechos humanos al agua y el saneamiento derivados de la privatización de la gestión, etc.) la información disponible es suficiente para apreciar indicios de divergencia entre la aplicación de los fondos programada y las necesidades prioritarias en la política hídrica, desde el punto de vista de la protección ambiental, el fomento del uso sostenible y la garantía de los derechos humanos fundamentales.

Aun asumiendo la hipótesis de la plena realización de las reformas enumeradas en el PRTR relativas a diversos aspectos normativos de la gestión del agua, resulta difícil aventurar un cambio de rumbo estratégico que reoriente la política de aguas española hacia un modelo de protección ambiental y uso sostenible del agua necesario para frenar la crisis socioecológica. Las referencias retóricas compartidas con las más recientes de la UE –Pacto Verde, Economía circular- pueden inducir a pensar en avances en ese sentido. Pero, con todas las cautelas derivadas de la falta de concreción del documento, es legítimo concluir que no hay un cambio sustancial en el modelo de política del agua consolidado a lo largo del pasado siglo. Insistimos, a falta de conocer la distribución de los fondos entre las diversas acciones mencionadas en el texto y su concreción en proyectos, el subtexto transmite continuidad y no permite aventurar ni actuaciones sobre las causas de los problemas (fuerzas motrices) que supongan una reducción de las presiones sobre los ecosistemas acuáticos, ni una reorientación del modelo de gestión de los abastecimientos y el saneamiento urbanos acorde con el enfoque de gestión de riesgos de la nueva directiva de aguas potables y la protección de los derechos humanos.

De la crisis de 2008 queda aprendida la lección de los costes que sobre el conjunto de la economía tiene la respuesta basada en la transferencia directa de fondos públicos al sector financiero y la austeridad de la mayor parte de la población. La corrección estratégica de la recuperación post-pandemia no parece, sin embargo, apuntar a la superación de una crisis que, más allá de los aspectos coyunturales derivados de la pandemia, tiene su origen en la explotación de los ecosistemas por encima de su capacidad de renovación y asimilación de residuos. En lo que se refiere a los ecosistemas acuáticos y la gestión de los usos del agua, las medidas contenidas en el plan refuerzan, ahora amparadas en una retórica verde, un modelo que erosiona la base biofísica sobre la que se sustenta. La privatización, mercantilización y financiarización del agua ha mostrado sus riesgos en el ámbito de los derechos humanos al acceso al agua y el saneamiento. La extensión de este modelo de negocio privado al riego, mediante la construcción de redes de distribución artificiales y la digitalización de la gestión, producirá cambios profundos en el estado de los ecosistemas acuáticos incompatibles con cualquier transición ecológica posible.

Notas:

*El presente artículo es un resumen de un texto más extenso, que está disponible con el mismo título en la página web de la Fundación Nueva Cultura del Agua https://fnca.eu.

** Francesc La-Roca, Julia Martínez y Leandro del Moral son miembros de la Red Agua Pública y de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

[1] Aportaciones de la FNCA a un análisis preliminar del proyecto de Plan de recuperación, transformación y resiliencia, principalmente desde la perspectiva del agua y los recursos hídricos, 23 abril 2021https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/documentos/documentos/20210423_Aportaciones_FNCA_Fondos_Covid.pdf.

[2] El gobierno de España, junto con otras instituciones ha organizado una serie de Diálogos sobre el futuro. El celebrado en Alacant los días 22 y 23 de noviembre de 2021 bajo el título El futuro del Agua ha motivado un escrito de la Red Agua Pública dirigido al presidente del gobierno en el que se denuncia que no se haya contado con la participación activa de la ciudadanía, ni en su organización ni en la composición de los talleres previstos en esta iniciativa. La exclusión de las organizaciones cívicas que desarrollan actividades en el campo del agua de un programa que concede el protagonismo hegemónico a los intereses privados del sector sesga el debate desde su planteamiento inicial. https://fnca.eu/107-novedades/1568-la-rap-muestra-su-malestar-ante-la-jornada-el-futuro-del-agua-22-11-21

[3] Heller, L. (2020) Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Naciones Unidas. Asamblea General, A/75/208 https://undocs.org/es/A/75/208.

[4] A diciembre de 2019, la inversión ejecutada acumulada desde diciembre de 2015 es de un 19,8% respecto a la prevista para el horizonte de 2021 […]: un 6.7% corresponde a medidas finalizadas, un 1,2% a medidas completadas-periódicas y un 11,9% a medidas que aún estaban en marcha. MITERD (2020) Informe de seguimiento de Planes Hidrológicos y Recursos Hídricos en España. Año 2019. [Avance diciembre 2020]; p. 124.

[5] SEOPAN (2015) Infraestructuras: consideraciones, desafíos y previsiones, Presentación de Julián Nuñez, Presidente de SEOPAN, marzo 2015.

[6] García Rubio, M.A., y González Gómez, F. (2020), Informe temático.  Informe sobre el ciclo integral del agua en pequeños y medianos municipios, Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España. Noviembre de 2020.

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Vox y el mal presagio para las políticas de igualdad

Este artículo se enmarca en el nuevo Espacio Feminista de la Fundación Espacio Público. Este espacio surge desde la necesidad de abrir una ventana inclusiva, con diversas voces, un abanico amplio de temas, desafíos y retos que debe afrontar el feminismo. Además, pretende fortalecer una línea editorial y una agenda específicamente feminista, desde una perspectiva interseccional, que teja redes con mujeres de ámbitos distintos, las acompañe y las apoye.

El politólogo Cas Mudde nos recuerda a menudo que el peligro para las democracias liberales no es tanto la derecha radical sino sus políticas. Nuestra preocupación suele centrarse en el mayor o menor éxito electoral de estos partidos; en si entrarán o no en un gobierno de coalición. Sin embargo, su mera presencia en las instituciones, o a veces incluso solamente en la esfera mediática, es suficiente para que puedan contaminar el debate político, las posiciones de otros partidos e incluso las decisiones de ejecutivos de los que no forman parte. Este escenario se hace más plausible allí donde los partidos tradicionales -y especialmente los de derecha- se abren a establecer una estrategia de colaboración. La adopción de políticas migratorias cada vez más restrictivas y punitivas en muchos países europeos se suele citar como uno de los ejemplos más significativos de esta capacidad de influencia.

Hace tiempo que el feminismo viene advirtiendo que el cuestionamiento de los derechos de las mujeres constituye también un objetivo central para la derecha radical que debe preocupar, y ocupar, a las democracias europeas. Estos partidos comparten una visión de la desigualdad como una realidad importada de otras culturas y que en occidente constituye un fenómeno del pasado. Se presentan como defensores de las mujeres y garantes de su seguridad y libertad, mientras proponen eliminar todo vestigio de políticas públicas que fomenten una transformación de los roles de género. Las medidas de lucha contra la violencia machista representan un objetivo político habitual para estos partidos, dado que contribuyen a dibujar este fenómeno como sustento básico de unas desigualdades estructurales que siguen atravesando las vidas de las mujeres.

No es necesario trasladarse a la Hungría de Orbán para observar los efectos de este tipo de agendas. El ejemplo de Vox resulta paradigmático de una derecha radical con capacidad de socavar las políticas de igualdad a pesar de no ocupar el poder político. Andalucía constituye aquí uno de los casos más interesantes, por tratarse de la primera institución de relevancia en la que obtiene representación; también por reproducir el escenario más favorable para la influencia para este tipo de partidos: un gobierno en minoría formado por fuerzas de centro-derecha con voluntad de colaboración.

La presentación de un candidato como Francisco Serrano para liderar las listas autonómicas representó toda una declaración de intenciones. Su perfil estaba marcado por la oposición a las políticas de lucha contra la violencia de género. Las negociaciones inter-partidistas para apoyar la investidura de Juanma Moreno pusieron pronto sobre la mesa que este sería un ingrediente central para conseguir pactos. Ciudadanos y Partido Popular se habían comprometido a fortalecer el marco legislativo existente, tanto en sus programas electorales como en su acuerdo de coalición, siendo las medidas incorporadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género su punto de referencia.

Es precisamente este compromiso previo, junto con el amplio consenso social y político, lo que hace especialmente atractiva la consecución de concesiones por parte de Vox. Permiten mostrar una posición diferenciada y revelan una clara capacidad de determinar la toma de decisiones del gobierno. En este contexto no resulta sorprendente que los tres acuerdos presupuestarios firmados por estos tres partidos en Andalucía hayan incorporado diferentes medidas para dar desarrollo por primera vez a un teléfono de violencia intra-familiar. Estas actuaciones suponen un intento de volver atrás en el tiempo y recuperar un enfoque en el que la violencia ejercida hacia las mujeres era enmarcada como un asunto doméstico, desprovisto de conexión con la pervivencia de las desigualdades.

Este retroceso no es si no un ejemplo más de la importancia de las políticas de igualdad en la agenda política de la derecha radical y su voluntad de desmantelarlas, también cuando no ocupan el gobierno. Comprender la deriva iliberal de aquellos países donde alcanzan poder y/o influencia requiere poner los derechos de las mujeres en el centro y considerar su garantía como un compromiso irrenunciable. Todo retroceso en este ámbito representa un paso hacia atrás en la calidad de nuestras democracias.

En Europa y en España, la democracia será feminista o no será.

Notas:

*Alba Alonso es doctora en Ciencias Política y profesora de la Universidade de Santiago de Compostela.

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Un documental sobre presas y presos políticos catalanes

El Tribunal Supremo condenó a siete políticas y políticos catalanes y a dos dirigentes de entidades cívicas, a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, por haber impulsado la celebración en Catalunya del referéndum de autodeterminación el 1 de octubre de 2017, en el que participaron 2,3 millones de personas.

El Gobierno español les ha concedido indultos parciales, después de que hayan permanecido entre rejas durante más de tres años y medio, dos de ellos en prisión preventiva.

Durante este tiempo de privación de libertad esas políticas y políticos, elegidos democráticamente, junto a dirigentes de las asociaciones con más afiliados de la sociedad civil catalana (Òmnium Cultural y ANC), han recibido cartas de apoyo de miles de personas. Cartas a la prisión: ventanas entre muros es un documental que recoge una parte de esa correspondencia enviada a las cárceles.

Los autores del documental ponen así de manifiesto “la anomalía democrática que representa en la Europa del siglo XXI” la vulneración de los derechos humanos elementales por parte del poder ejecutivo y judicial español.

En plena “era digital”, de comunicaciones telemáticas inmediatas, la correspondencia en papel de carta, con sobre y sello, ha resultado esencial, porque se convirtió en el principal medio de apertura en las cárceles de ventanas abiertas al mundo, explican autores y productores en un escrito de presentación de su trabajo.

Cartas confidenciales y autorizadas de ciudadanas y ciudadanos anónimos y otras de personajes de relevancia internacional, escritos de presas y presos, y cartas de exiliadas y exiliados, sirven como hilo conductor del documental. Manuscritos redactados en tono íntimo y textos más formales que propician la reflexión sobre “lo que ocurre en Catalunya y sobre la ruptura emocional provocada por la sentencia entre nuevas generaciones, que se ha traducido en centenares de nuevas detenciones de personas que manifiestan en calles y plazas su voluntad de exigir el fin de la represión”.

Los autores del documental se trasladaron además a diferentes lugares de Occitania, Países Bajos, Portugal, España y Catalunya para entrevistar a eurodiputados, activistas y a un abogado especializado en Derechos Humanos, para intentar entender no solo los motivos de la represión sino también los de las miradas hacia otra parte y los silencios frente a los atentados contra las libertades.

‘Cartas a la prisión: ventanas entre muros’ se exhibe en Madrid este jueves 1 de julio, en la Fundación Anselmo Lorenzo (C/ Peñuelas 21).

Montse Bassa, diputada y hermana de una de las condenadas, Dolors Bassa, y Neus Ràfols, directora del documental, se hacen cargo de la presentación del trabajo.

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Entusiasmo

Lo sospechábamos. Al menos desde la época aquella de tanto ex abrupto, codo con codo con lo más granado del entonces existente Partido Popular del País Vasco, en contra del Lehendakari Ibarretxe y de su malograda propuesta soberanista. Éramos muchos los que sospechábamos desde hacía tiempo que el filósofo vasco era, en realidad, de derechas. Muy de derechas. Aunque le está pasando al profesor un poco como al cómico ese que cambia de partido con más frecuencia de lo que exigirían la coherencia y el recato. Cada día era más difícil saber dónde estaba Savater, pero ahora ya lo sabemos: está en el PP. Él mismo lo dice con inusitado entusiasmo.

No es que tenga nada de malo estar con el PP, aunque en España, la verdad, un poco de malo sí tiene alinearse con una derecha como la española que no ha sido capaz de condenar con firmeza los crímenes del franquismo o de rendir el debido tributo a sus centenares de miles de víctimas y a sus deudos. Nuestra todavía mediocre democracia les debe mucho a todos aquellos luchadores antifascistas de las más diversas persuasiones ideológicas. Está un poco feo y no es, que se diga, muy patriota no reconocerlo.

Es cierto que si miramos en la otra dirección, hacia el “centro izquierda”, tampoco lo que asoma por el horizonte tiene mejor pinta. Tiene gracia escuchar a los de la generación que ha monopolizado el poder político y la influencia durante los últimos cuarenta años: ahora quieren pagarles el primer mes de alquiler a los menores de treinta. Aunque es posible que en este momento estén pensando en sus propios hijitos, la verdad es que hace más de cuarenta años que conocían los problemas de la juventud para acceder a la vivienda, y nunca se les había ocurrido mover un dedo y hacer algo para remediarlos. Al contrario, en su partido las hubo incluso partidarias de “agilizar los desahucios”.

Unos y otros tienen mucho en común. En seguida han adoptado ese gesto tan característico de una oligarquía que lleva decenios creyendo que el país es suyo y que quienes no comulgamos con sus planteamientos no tenemos derecho a existir o se nos puede insultar impunemente. Los del “centro izquierda” nos llaman cabezones; los del  “centro-derecha” nos dicen cosas mucho peores. Y ahora el filósofo vasco de derechas llama “cráneos privilegiados” a los que hemos firmado un manifiesto que, entre otras cosas, dice que el último cuarto de siglo de hegemonía electoral del Partido Popular en Madrid ha sido una “época infernal”.

Pero fue, en efecto, una época infernal: regalos fiscales a los ricos, dumping fiscal frente a otros territorios, privatizaciones fraudulentas, recortes y corrupción. Y cuando han llegado los que no se llevaban su quiñón del botín de los fondos públicos en forma de propiedades inmobiliarias, o los que no dejan que las tramas universitarias corruptas les expidan títulos académicos sin haber estudiado, o simplemente cuando han llegado los que no roban en los supermercados, entonces ha llegado Ayuso. Es la expresión perfecta de esa especie de ley de hierro de la sociología de la corrupción: como los negocios exigen cierto pragmatismo y no principios, los corruptos no suelen ser muy fanáticos; de manera recíproca, los muy fanáticos tampoco suelen dejarse corromper. Es lo que tienen las convicciones.

Ayuso marca un cambio de época. Es verdad que presenta un fuerte parecido de familia con el resto de los liberales españoles: les parecen mal las subvenciones y el crédito público barato excepto si son para las personas y empresas de su entorno. Pero al menos está claro que esta luminaria del liberalismo español no trafica con apartamentos en la costa del sol, ni guarda un millón de euros en el altillo de la casa de sus suegros, ni obtiene títulos universitarios por la cara. Tampoco, por lo que parece, roba en los supermercados. Ha traído aviones con material sanitario, y está apoyando a los hosteleros de Madrid, o eso dicen ellos.

Convendrá no olvidar que Ayuso también ha dejado extraviar remesas de material sanitario, o fondos públicos contra la pandemia que no se sabe bien dónde han ido a parar, ha sobre-financiado la construcción de un centro de reclusión de infectados que parece una granja de pollos, y que no habría hecho falta hacer funcionar si se hubieran dotado las plantas vacías, las camas sin ocupar y los contratos del personal sanitario necesario dentro de la red asistencial ya existente. Ha abandonado a su suerte a los mayores que no disponían de un seguro médico privado, y los ha dejado morir sin cuidados dignos en residencias no medicalizadas convertidas en auténticos morideros. Ha dejado marchar a sus consejeros de salud más coherentes y ha nombrado en su lugar a consejeros y vice-consejeros de salud tan necios que ni siquiera han entendido que no son las relaciones sociales voluntarias (familiares) sino las forzosas (transporte hacinado, prestaciones laborales presenciales, etc.) las responsables de los contagios.  Esos políticos mediocres y técnicos ineptos han tenido la desfachatez de contar al pueblo de Madrid la fábula idiota de que el virus se origina espontáneamente en nuestros cuartitos de estar, y que por eso es mucho mejor —¡dónde va a parar!— ir a ver a la abuela en una cafetería. Y lo peor: se ha servido de la tragedia sanitaria que vivimos para enfrentar a los ciudadanos de Madrid con el gobierno de la nación y está dispuesta a gobernar con esa escisión del Partido Popular que es actualmente el mejor remedo del viejo fascismo made in Spain.

Por todas estas cosas, francamente —y de cráneo a cráneo— querría volver a decirle al profesor vasco —no a Gabilondo, sino al otro— que el dilema no es comunismo o libertad, sino democracia o fascismo. Eso es justo lo que hay que recordar, porque algunos estamos hartos de tanta brocha gorda: ni a todos los comunistas les falta compromiso con la democracia, ni todos los campeones de las libertades privadas están libres de connivencia con el fascismo. Lo que socava la fuerza de nuestras democracias son los discursos de odio contra las mujeres, contra el colectivo LGTBI, contra las minorías racializadas o contra los pobres. Si eso no es el fascismo, la verdad es que se le parece mucho. Y esa, la del fascismo, sí que era una mala idea.

Llegados a este punto cabría preguntarnos qué podemos hacer con las convicciones. Si no las tenemos, podemos sentirnos huérfanos de principios y buscarlas. Es posible que algunos (generalmente los que menos presumen de ello) incluso las tengan, pero lo que no podemos hacer con ellas es emplearlas para arrojárselas a nadie a la cara. Si principio es lo que va primero, nuestros principios han de ser la premisa de la acción. De ningún modo pueden ser su objetivo. Estaríamos frente a una cruzada moral y las cruzadas morales sólo conducen hacia esas sociedades fanáticas y rotas en las que todos acaban haciendo lo contrario de lo que dicen y diciendo lo contrario de lo que piensan. Si queremos vivir con principios necesitamos lazos de solidaridad. Es difícil imaginar el entusiasmo sin la fraternidad. Por eso es poco creíble el entusiasmo de un liberalismo que en lugar de la solidaridad prescribe la competencia a degüello entre los seres humanos.

Me parece que fue el poeta William Butler Yeats quien escribió aquello de que mientras los mejores pierden toda convicción, los peores se hinchan de ardor apasionado. Nada más peligroso que un cretino convencido de tener razón. Por ello deberíamos andar con cuidado de tanto lobo solitario del entusiasmo: el método del entusiasmo, que es la esperanza, no puede estar suspendido de la nada, sino que ha de encontrarse radicado en una acción mancomunada. De lo contrario, lo más probable es que lo que tenemos enfrente seguramente no sea un entusiasta sino un exaltado idiota.

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Diálogo sobre Catalunya

Independentistas y federalistas catalanes admiten que la mesa de dialogo con el Gobierno español tardará en llegar

Joan Tardà (ERC), Mireia Vehí (CUP), Laura Borràs (JxCat), Jaume Asens (En común Podamos) y Ferran Pedret (PSC) participaron en el debate en línea «Diálogo sobre Catalunya» organizado por la Fundación ‘Espacio Público’.

La importancia social del referéndum del 1 de octubre, la denuncia de la represión política y judicial durando -y después- de su celebración y la reivindicación del derecho a decidir han sido algunos de los puntos tratados entre políticos que participaron en el debate organizado por la ‘Fundación Espacio Público’ Diálogo sobre Catalunya.

Dirigentes de diferentes formaciones políticas catalanas debatieron sobre las oportunidades y obstáculos que existen en la búsqueda de soluciones al conflicto entre las instituciones catalanas y el Estado español. Ahora bien, en lo que coincidieron de una forma u otra fue en que la mesa de diálogo con el Gobierno exigirá tiempo, y en que a pesar de que en principio tendría que haberse reunido el pasado mes de septiembre, tardará al llegar.

Mientras que la portavoz de la CUP en el Congreso de los Diputados, Mireia Vehí, y la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, pusieron en cuestión la viabilidad actual de la mesa de diálogo, el diputado del PSC en el Parlament de Catalunya, Ferran Pedret, el ex-diputado de ERC, Joan Tardà, y el diputado de En comú Podem, Jaume Asens, defendieron su necesidad actual, cada cual con sus matices.

El referéndum: un punto de inflexión

A pesar de las discrepancias claras sobre la validez del referéndum del 1 de octubre, entre los cinco participantes del debate, hubo consenso en torno a una cuestión: fue un punto de inflexión para el independentismo y en la historia política del Estado español. Borràs insistió en la validez política de la votación masiva, mientras que Pedret, Asens y Tardà destacaron sobre todo su valor histórico y social. «Pasará a la historia como un hecho muy singular en la historia de los derechos sociales y como ejemplo de autoorganización popular. Tengo la impresión de que con el paso del tiempo adquirirá mayor relevancia«, aseveró Tardà. Asens, por su parte, calificó el 1-O como «un momento de empoderamiento social que sentó las bases de algo muy grande«, pero también dijo que se cerró mal con el 27 de octubre, con la DUI.  El diputado señaló tres etapas en la historia reciente de Catalunya: la del Estatut, la del Procé, y la actual, en la cual él apuesta por la recuperación de «los consensos internos de país» y consideró que «un punto de referencia clave será la mesa de diálogo».

Mireia Vehí reclamó una mirada hacia el futuro, más que quedarse en el pasado, y preguntarse por lo que se ha hecho mal para poder avanzar. Puso en entredicho la eficacia de la mesa de diálogo, porque considera que el actual Gobierno español del  PSOE y Unidas Podemos no muestra predisposición para llegar a pactos con el independentismo y para acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación. «La mesa de diálogo no aporta propuestas políticas concretas», afirmo. Hasta ahora, según ella, solo ha traído una foto, elecciones anticipadas y la inhabilitación del presidente de la Generalitat.

Laura Borràs reivindicó la validez del referéndum del 1 de octubre y el mandato que dejó. «El reto actual es poder acabar lo que no culminó», ha afirmó.

Y en en cuanto a la mesa de diálogo dijo que se trata de una ‘mesa fake’, porque existe una negativa a poder hablar del derecho a la autodeterminación. Frente quien pide que se acuda a esta mesa sin posiciones maximalistas, la portavoz de JxCat ha preguntó: «Maximalismo es atender a lo que pide la ciudadanía?» y ha recordo que el 80% de la Sociedad catalana reclama un referéndum pactado.

Los límites de la mesa de dialogo

Ante esas afirmaciones, y siempre en tono moderado y en un clima tranquilo, propio del añorado ‘oasis catalán’, Asens respondió que no cree que la mesa de diálogo sea un fake, habida cuenta de la pelea que hubo entre JxCat y ERC para ver quién la lideraba. «Es evidente que el conflicto no se resolverá en una o dos reuniones: es un conflicto que viene de lejos y va por largo«, reconoció. Además, Asens pidió que se «flexibilicen las posiciones», y apuntó que en la mesa de diálogo no ha de haber “líneas rojas ni tabúes».

En un tono algo más contundente, Pedret matizó que los socialistas no tienen «una idea del diálogo con un sector del independentismo en el que solo se pueda hablar sobre objetivos máximos». El portavoz del PSC en el Parlament de Catalunya  caracterizó las votaciones del 1 de octubre no como un referéndum sino como una gran movilización, como «el momento culminante de acumulación de fuerzas de los independentistas» y calificó el operativo policial como un «absoluto desastre», pero «nos hemos de situar en el presente», pidió.

La mesa de diálogo y la correlación de fuerzas

Siguiendo el hilo del debate, Vehí aseguró que desde el independentismo siempre se ha buscado el diálogo, pero que se han echado en falta «unos tiempos, unas formas, unos objetivos, algún tipo de mediador». Lamentó que UP no tenga más influencia en la mesa de diálogo y, ante la afirmación de Pedret según la cual «lo más importante es sentarse a hablar e intentar desescalar el conflicto político que también existe en la sociedad catalana», Vehí hizo un punto y aparte. «Esto no es Irlanda del Norte, aquí la gente solo pide votar y que se acabe con la persecución política». «Aquí la gente de forma organizada y pacífica reclama un referéndum, derecho a la autodeterminación y amnistía«, señaló.

Por su parte, Asens aseguró que a Unidas Podemos también les gustaría una mesa de diálogo con otra composición, pero dijo que la correlación de fuerzas actual es la que es y que intentan actuar de acuerdo con la misma. «Estamos condenados a entendernos», ha aseguró, pero contestó a Vehí diciendo que la solución al conflicto entre el Estado y Catalunya no es fácil. «Es un problema complejo y de siglos”. Es muy fácil en el plano teórico, pero cuando las hipótesis se ponen en marcha a veces pueden tener efectos contrarios, argumentó.

La necesidad de superar el 50%

Una de las ideas que más enfatizó Tardà en sus intervenciones fue la de la necesidad de encontrar una solución que incluya a las dos mitades de los catalanes: los que son independentistas o soberanistas y la otra mitad que no lo son. «Hace falta que exista un acuerdo y se tienen que ver integradas sus aspiraciones en la fórmula a través de un referéndum. Hace falta metabolizar una solución democrática, cívica y pacífica», insistió.

Asens aseguró que, si no se ha llegado a acuerdos antes ha estado también por «la falta de valentía histórica del PSOE», aunque excluyó al PSC de esta responsabilidad. «Lo más importante en política es avanzar», recalcó. Ante la buena sintonía que se apreciaba entre ERC, Comuns y PSC, Borràs ironizó y puso en cuestión la apuesta de federalista expresada por Pedret. Señaló que “el federalismo es una propuesta oportunista que aparece siempre que se acercan unas elecciones y después desaparece».

La intervención del poder judicial

Ana Pardo de Vera no quiso dar por concluido el debate sin pedir valoraciones sobre el papel del poder judicial en el conflicto, sobre los encarcelamientos, las inhabilitaciones y los miles de personas represaliadas. ¿Puede cambiar la estrategia del poder judicial?

Laura Borràs criticó la ausencia de separación de poderes en el Estado español y señaló que los presos políticos ya llevan más tiempo privados de libertad bajo gobiernos del PSOE que con el PP.

Mireia Vehí denunció que la judicatura le está “echando un pulso al Gobierno», que la Fiscalía sigue el criterio del Ejecutivo y que la represión sigue. Reclamó una ley de amnistía, se refirió a Podemos como «aliados» que «tendrían que presionar» y dijo que esperan su voto a favor para que se pueda tramitar tal ley.

Durante el debate se invocó reiteradamente a la necesidad de atenerse al «principio de realidad» y la diputada de la CUP afirmó que de acuerdo con este criterio habría que entender que los pactos no son posibles sin limpieza de las instancias judiciales.

Joan Tardà reiteró que la negociación con el Estado no será fácil, que exigirá tiempo, movilizaciones y posiblemente acciones de desobediencia.

«El Estado profundo dinamita» el diálogo, según el ex-diputado republicano. La represión se mantendrá, ha pronosticado, porque hay instituciones que se han apuntado al «cuánto peor mejor».

Jaume Asens reiteró su defensa de la reforma del código penal y de los indultos, como vías de solución a los problemas creados por el poder judicial y, en contra de quien reclama amnistía dijo que «no se puede fiar a todo a escenarios improbables«. El diputado de los Comunes aseguró que, «hasta que no llegue el escenario utópico que es la amnistía«, lo que hace falta es conseguir la libertad de los presos y la desjudicialización de la política. Aseguró que «la Fiscalía no es correa de transmisión del Gobierno», pero aun así, refiriéndose a los altos estamentos del poder judicial, recordó a quienes ha que los jueces son el último bastión para evitar avances.

Ferran Pedret aseguró que en el Estado español hay separación de poderes y que «no existe una estrategia de las instituciones judiciales». El diputado del PSC reconoció sin embargo que hay quién juega al «cuánto peor mejor», pero afirmo que esta actitud también la ha visto en algún independentista.

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • José Vicente Barcia

    Periodista, Jefe de Gabinete de la Alcaldía de Cádiz y coautor del libro 'Voces del cambio'

Conclusión del debate
- Ver ponencia inicial

En medio de la primera ola de la pandemia y con todo el país en el shock de una crisis desconocida e inesperada, saltó a la opinión pública una idea: reconstrucción. Después de unos primeros tanteos, sobre si nuevos Pactos de la Moncloa, sí, que si Pactos de la Moncloa no, todo se encaminó hacia la apertura en sede parlamentaria de cuatro comisiones sobre la reconstrucción del país. Estos mismos conceptos de reconstrucción y unidad, abrieron en Espacio Público la necesidad de abordar un debate sobre el futuro del país, y también sobre la Unión Europea, durante la pandemia y la postpandemia.

Un magnífico artículo de Leo Moscoso La necropolítica sobre el estado de alarma, nos hizo una descripción muy viva de la pandemia y la crisis sanitaria y de vida, que podía servir como telón de fondo de todo el debate.

Nos encargamos Gabriel Flores y yo mismo de redactar un primer texto de referencia, que se planteaba el siguiente objetivo: “Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía civil.

La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos”, dijimos.

Sabíamos desde el principio que entrábamos en este debate con perspectivas diferentes:

  1. a) La de Gabriel y mía era abordar los temas candentes y posibles en la negociación planteada y hacer propuestas orientadas hacia una salida progresista de la crisis (con todo lo que tenía de cajón de sastre dicha definición).
  2. b) Una visión más global que conducía a un cuestionamiento del marco económico e institucional en el que nos movíamos: UE, Constitución, Capitalismo y avanzaba más en la línea de la lucha por otro mundo diferente y a la vez posible, a un cambio de paradigma como lo definía Jaime Pastor.
  3. c) Había otra orientación que sin situarse totalmente en el cuestionamiento de las soluciones que se podrían dar en el marco de una negociación, apuntaban con intensidad y justeza por poner sobre la mesa los problemas políticos-institucionales que desde la Transición veníamos arrastrando desde el régimen de la transición (Jose Errejón, José Luis Mateos, Ana Barba, Aníbal Garzón).

El alcance del debate

El cuestionamiento más global al carácter excesivamente pragmático y limitativo de la introducción al debate, vino sobre todo de Marià de Delàs, Jaime Pastor y Marga Ferré.

Marià, en su texto que luego iba a ser discutido por Gabriel, nos interrogaba coherentemente:

“¿Es posible empezar a plantear el propósito de recuperar para el patrimonio colectivo aquellos bienes que nunca deberían haber pasado a formar parte del sector privado? ¿Qué ha de pasar para que empecemos a pensar en concreto en una nueva economía, que no esté al servicio del crecimiento sin límites? La reivindicación de “nueva normalidad”, ¿no debe poner en cuestión el beneficio que unos pocos obtienen de los créditos, los seguros, los suministros de energía, la vivienda, la explotación de las telecomunicaciones, los medios de transporte, la construcción de infraestructuras, la fabricación y distribución de medicamentos, la industria militar…?

Se dirá que los que deseen tal cosa no cuentan con la correlación de fuerzas necesaria para llevarla a la práctica. Es probable. Nunca contarán con peso suficiente si nunca lo proponen y lo argumentan para el conjunto de la población”.

Jaime Pastor por su lado señalaba la necesidad de no autolimitarse en el debate.

Si a todo esto sumamos la coincidencia de esa crisis global con la que afecta desde hace tiempo al modelo capitalista español basado en la construcción y el turismo, así como a su régimen, cuya gravedad es reconocida por firmes defensores del establishment (ya sea de forma apocalíptica por la extrema derecha, o en términos menos dramáticos por personajes como el presidente de honor de PRISA, Juan Luis Cebrián) parece evidente que, como ha defendido José Errejón en este debate (“¿Reconstrucción o refundación?”), no tiene justificación autolimitarse en la agenda a promover.

En relación al carácter sistémico de la crisis y reflejando diversas opiniones, José Luis Mateos señalaba: Y sin embargo la crisis existe y más allá de los efectos de la crisis económica sobre la estructura política del país, el descrédito –del régimen- tiene componentes institucionales (Corona, Justicia, FCSE…), jurídico-normativos (sistema electoral no proporcional, involución de las libertades, negación del derecho a decidir, impunidad de las élites, Constitución no garantista de derechos, voto rogado…), económicos y sociales (ruptura del contrato social del 78, enajenación del patrimonio público, identidad institucional con los poderes oligárquicos., corrupción estructural, expansión de la pobreza y la exclusión social…) y hasta un componente de origen histórico (mantenimiento de la impunidad del franquismo). La anterior crisis alumbró la idea de que ya no se trataba de cambiar la Constitución sino de cambiar de Constitución. Idea caída en cierto desuso.

Ha sido también significativa la valoración del consenso en el momento actual desde la necesidad del mismo, a pesar de la dificultad que tanto la tendencia histórica de ella como su momento ultramontano actual, al rechazo explicito de cualquier acuerdo con la derecha por la imposibilidad de ninguna senda común con ella (Marga Ferré, Marià de Delàs, Pastor).

Elementos ambientales

Más allá de los enfoques globales diferentes de la discusión en curso y sin perder el carácter de aportación relevante al mismo, muchas han sido las contribuciones que nos han aportado nuevos elementos y enfoques.

Muy atrayente la descripción del ambiente y el entorno en el que se produce, la virulencia de la crisis, la desarticulación de lo conocido y la incógnita del futuro (José Martí Gómez, Carlos Javier Bugallo). Importante ha sido la aportación de Federico Severino sobre la hegemonía cultural a lograr: “Por eso resultaría razonable dejar de poner nuestros esfuerzos comunicativos en mostrar la bancarrota moral y miseria de la derecha y apostar por una vía positiva, sosegada, que robustezca a una mayoría social en torno a la coalición”.

También el concejal gaditano Paco Cano nos hizo llegar las “ondas largas del 15 M” en la gestación de una salida colectiva a una crisis que nos había tocado a todos y todas desde muchos ángulos: social, sanitario, emocional, económico, laboral, de convivencia…

En el desarrollo del debate, y sobre todo en el correr de las semanas y con el conjunto de hechos de todo tipo con el que hemos convivido desde marzo, las aportaciones han ido creciendo incorporando muchos elementos para el cambio.

Economía y cambio de modelo

Desde el cambio en la economía y en el papel de los trabajadores (Francisco Vázquez García, Ramón Górriz, José Babiano, Roberto Tornamira):

Hablar de reconstrucción sin subsanar los errores del reciente pasado sería una temeridad. Dicho de otro modo: antes de iniciar la reconstrucción hay que sentar las bases de la negociación sobre suelo sólido, derogando, como mínimo, la reforma laboral de 2012 y la de Seguridad Social de 2013, entre otras derogaciones legislativas pendientes desde la moción de censura de 2018 (Tornamira).

Por último, pero no menos importante, este nuevo rumbo destinado a resituar las prioridades poniendo en el centro a la vida humana plantea dos exigencias: una democratización de las relaciones laborales y la reformulación de las libertades democráticas que han quedado dañadas en la medida en que la imposición de las políticas de austeridad necesitaban correlativamente una política autoritaria y represiva frente a la resistencia social, como bien se puso de manifiesto con la Ley Mordaza y su uso para reprimir el derecho de huelga y las protestas obreras.

Nada de esto puede obviar la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las discriminaciones de todo tipo que sufren en el puesto de trabajo, en el mercado laboral y en la sociedad (Górriz y Babiano).

Como dice Antonio Palacián, es la OPORTUNIDAD para avanzar en la participación y la democracia económica como un factor importante de cambio en la cultura empresarial y sindical. 

Gabriel Flores en la discusión con Marià de Delàs sobre el alcance de los cambios de modelo económico señalaba:

Impulsar esos cambios, requiere de unos recursos, estrategia y herramientas específicos; entre ellos, cabe señalar por su importancia la tarea de ensanchar nuestra base fiscal mediante una reforma progresista que solo puede tener resultados a medio plazo y construir una amplia concertación política y social que haga viable esa reforma clave. A corto plazo, es imprescindible contar con los recursos financieros y el arrope institucional que nos ofrece la UE.

No hay contradicción entre la agenda de protección social y la de reactivación y modernización económica, aunque la primera se puede llevar a cabo de forma inmediata y la segunda requiera plazos más prolongados; ambas son compatibles y complementarias, pero la protección social no puede mantenerse indefinidamente sobre el aumento del déficit público, requiere de un cambio de modelo de crecimiento que genere empleos decentes y salarios dignos y ensanche las bases de la recaudación fiscal.

Héctor Maravall, nos situaba el difícil marco de actuación del gobierno y la necesidad de una política decidida y realista para abordar el momento: “Las tareas del gobierno para desarrollar lo que ha denominado “el escudo social”, así como los compromisos anunciados de ayuda a las pymes y autónomos, o los previsibles apoyos a sectores como el turismo o la industria del automóvil, sea cual sea su duración e intensidad, son de una entidad, complejidad y dificultad evidentes. El gobierno tendrá que lograr financiación a corto, medio y largo plazo, en un contexto de frágil mayoría parlamentaria, con una derecha radicalizada al máximo, unos medios de comunicación desfavorables (el último en sumarse ha sido el grupo PRISA y el periódico El País) y una patronal que oscila entre las exigencias de ayudas económicas y el rechazo a cualquier modificación de la reforma laboral”.

El papel central de la UE en este proceso y los cambios que en la misma serían deseables ha sido referencia inexcusable en muchos de los artículos más generales. Severino lo reflejó sintéticamente como: “El Gobierno no debe perder de vista que el despliegue de un portentoso paquete de políticas públicas con el viento de cola de la UE es su ‘unique selling proposition’”.

Otras contribuciones estuvieron íntegramente dedicadas al papel y lugar de la UE, por ejemplo Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate que reflejó la tensión entre necesidad de apoyos comunitarios en la crisis y a la vez la necesidad de romper el inmovilismo institucional y presupuestario en el que se mueve en estos momentos, en otro enfoque Javier Doz, hizo una análisis minucioso de los presupuestos y programas comunitarios, tanto en lo estructural como ante la crisis del COVID 19 y como nos va a afectar a la “reconstrucción” hispana: “Las subvenciones y los créditos están condicionados a su aplicación a programas y proyectos que tengan que ver con los objetivos señalados y con otros como las infraestructuras y equipamientos sanitarios, los planes de I+D+i, la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza. Es decir, con los fondos de NGUE cabe la financiación de una buena parte de las inversiones de los Presupuestos del Estado Español de los próximos tres años. Desde el proceso de transición hacia un sistema energético limpio y renovable o un programa para que todas las familias tengan acceso a Internet y a equipos informáticos hasta un plan de eficiencia energética de las viviendas, pasando por la financiación de cuantos proyectos biomédicos sean necesarios u otros rubros de investigación, programas ampliados de financiación de la innovación en las pymes o de lucha contra la pobreza infantil”.

De lo general a lo particular: Sanidad, Servicios Sociales, Formación, Municipios

Si hay un ámbito en el que el debate ha hecho una aportación de contenidos y propuestas particularmente significativo ha sido en el terreno sectorial, además de las aportaciones escritas sobre el Sistema Nacional de Salud ( Manifiesto por la reconstrucción del SNS), el papel de lo local (Marta Higueras), el papel de la Formación Profesional y el cambio de modelo económico (José Luis Carretero) y los Servicios Sociales (Luis Nogués), donde la discusión tuvo un alcance a retener fue en los debates que se realizaron en TV Publico; el primero sobre el Sistema Sanitario con la participación de referentes tan significativos e influyentes como Carmen Montón, Carmen San José, Mónica García y Fernando Lamata moderado por Joseba Achotegui y el de Servicios Sociales con Patricia Bezunartea, Luis Nogués, Emiliana Vicente y Kena Yuguero moderado por Enrique del Olmo. En dichos debates además de señalar las necesidades que la sociedad española tenía para superar las debilidades preexistentes, se abordaron de forma bastante precisa las políticas a implementar y las barreras a superar. En estas dos enriquecedoras sesiones se hizo una alerta de gran potencia: no sirve sólo diseñar políticas y enunciados adecuados, sino que es imprescindible que sus resultados llegasen a la población en un corto tiempo. La alerta roja que se estaba estableciendo sobre elementos importantes del denominado “escudo social”; ERTES, Ingreso Mínimo Vital, colas del hambre, fortalecimiento urgente del Sistema Nacional de Salud, gestión pública y coordinada de la sanidad, cambio en el modelo de atención a los mayores y particularmente en las Residencias de tercera edad…Todos ellos se manifiestan como problemas perentorios para el que el atávico “vuelva usted mañana” puede ser un elemento de desafección y de caldo de cultivo a las opciones que niegan los derechos y la protección social.

Como dice el título del presente artículo, hacemos una pausa, un interludio en este debate que nos va a acompañar durante el próximo periodo, seguro que este tiempo servirá para afilar análisis, argumentos y propuestas.

 

 

 

Interludio en un debate que no puede acabar

Enrique del Olmo

En medio de la primera ola de la pandemia y con todo el país en el shock de una crisis desconocida e inesperada, saltó a la opinión pública una idea: reconstrucción. Después de unos primeros tanteos, sobre si nuevos Pactos de la Moncloa, sí, que si Pactos de la Moncloa no, todo se encaminó hacia la apertura en sede parlamentaria de cuatro comisiones sobre la reconstrucción del país. Estos mismos conceptos de reconstrucción y unidad, abrieron en Espacio Público la necesidad de abordar un debate sobre el futuro del país, y también sobre la Unión Europea, durante la pandemia y la postpandemia.

Un magnífico artículo de Leo Moscoso La necropolítica sobre el estado de alarma, nos hizo una descripción muy viva de la pandemia y la crisis sanitaria y de vida, que podía servir como telón de fondo de todo el debate.

Nos encargamos Gabriel Flores y yo mismo de redactar un primer texto de referencia, que se planteaba el siguiente objetivo: “Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía civil.

La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos”, dijimos.

Sabíamos desde el principio que entrábamos en este debate con perspectivas diferentes:

  1. a) La de Gabriel y mía era abordar los temas candentes y posibles en la negociación planteada y hacer propuestas orientadas hacia una salida progresista de la crisis (con todo lo que tenía de cajón de sastre dicha definición).
  2. b) Una visión más global que conducía a un cuestionamiento del marco económico e institucional en el que nos movíamos: UE, Constitución, Capitalismo y avanzaba más en la línea de la lucha por otro mundo diferente y a la vez posible, a un cambio de paradigma como lo definía Jaime Pastor.
  3. c) Había otra orientación que sin situarse totalmente en el cuestionamiento de las soluciones que se podrían dar en el marco de una negociación, apuntaban con intensidad y justeza por poner sobre la mesa los problemas políticos-institucionales que desde la Transición veníamos arrastrando desde el régimen de la transición (Jose Errejón, José Luis Mateos, Ana Barba, Aníbal Garzón).

El alcance del debate

El cuestionamiento más global al carácter excesivamente pragmático y limitativo de la introducción al debate, vino sobre todo de Marià de Delàs, Jaime Pastor y Marga Ferré.

Marià, en su texto que luego iba a ser discutido por Gabriel, nos interrogaba coherentemente:

“¿Es posible empezar a plantear el propósito de recuperar para el patrimonio colectivo aquellos bienes que nunca deberían haber pasado a formar parte del sector privado? ¿Qué ha de pasar para que empecemos a pensar en concreto en una nueva economía, que no esté al servicio del crecimiento sin límites? La reivindicación de “nueva normalidad”, ¿no debe poner en cuestión el beneficio que unos pocos obtienen de los créditos, los seguros, los suministros de energía, la vivienda, la explotación de las telecomunicaciones, los medios de transporte, la construcción de infraestructuras, la fabricación y distribución de medicamentos, la industria militar…?

Se dirá que los que deseen tal cosa no cuentan con la correlación de fuerzas necesaria para llevarla a la práctica. Es probable. Nunca contarán con peso suficiente si nunca lo proponen y lo argumentan para el conjunto de la población”.

Jaime Pastor por su lado señalaba la necesidad de no autolimitarse en el debate.

Si a todo esto sumamos la coincidencia de esa crisis global con la que afecta desde hace tiempo al modelo capitalista español basado en la construcción y el turismo, así como a su régimen, cuya gravedad es reconocida por firmes defensores del establishment (ya sea de forma apocalíptica por la extrema derecha, o en términos menos dramáticos por personajes como el presidente de honor de PRISA, Juan Luis Cebrián) parece evidente que, como ha defendido José Errejón en este debate (“¿Reconstrucción o refundación?”), no tiene justificación autolimitarse en la agenda a promover.

En relación al carácter sistémico de la crisis y reflejando diversas opiniones, José Luis Mateos señalaba: Y sin embargo la crisis existe y más allá de los efectos de la crisis económica sobre la estructura política del país, el descrédito –del régimen- tiene componentes institucionales (Corona, Justicia, FCSE…), jurídico-normativos (sistema electoral no proporcional, involución de las libertades, negación del derecho a decidir, impunidad de las élites, Constitución no garantista de derechos, voto rogado…), económicos y sociales (ruptura del contrato social del 78, enajenación del patrimonio público, identidad institucional con los poderes oligárquicos., corrupción estructural, expansión de la pobreza y la exclusión social…) y hasta un componente de origen histórico (mantenimiento de la impunidad del franquismo). La anterior crisis alumbró la idea de que ya no se trataba de cambiar la Constitución sino de cambiar de Constitución. Idea caída en cierto desuso.

Ha sido también significativa la valoración del consenso en el momento actual desde la necesidad del mismo, a pesar de la dificultad que tanto la tendencia histórica de ella como su momento ultramontano actual, al rechazo explicito de cualquier acuerdo con la derecha por la imposibilidad de ninguna senda común con ella (Marga Ferré, Marià de Delàs, Pastor).

Elementos ambientales

Más allá de los enfoques globales diferentes de la discusión en curso y sin perder el carácter de aportación relevante al mismo, muchas han sido las contribuciones que nos han aportado nuevos elementos y enfoques.

Muy atrayente la descripción del ambiente y el entorno en el que se produce, la virulencia de la crisis, la desarticulación de lo conocido y la incógnita del futuro (José Martí Gómez, Carlos Javier Bugallo). Importante ha sido la aportación de Federico Severino sobre la hegemonía cultural a lograr: “Por eso resultaría razonable dejar de poner nuestros esfuerzos comunicativos en mostrar la bancarrota moral y miseria de la derecha y apostar por una vía positiva, sosegada, que robustezca a una mayoría social en torno a la coalición”.

También el concejal gaditano Paco Cano nos hizo llegar las “ondas largas del 15 M” en la gestación de una salida colectiva a una crisis que nos había tocado a todos y todas desde muchos ángulos: social, sanitario, emocional, económico, laboral, de convivencia…

En el desarrollo del debate, y sobre todo en el correr de las semanas y con el conjunto de hechos de todo tipo con el que hemos convivido desde marzo, las aportaciones han ido creciendo incorporando muchos elementos para el cambio.

Economía y cambio de modelo

Desde el cambio en la economía y en el papel de los trabajadores (Francisco Vázquez García, Ramón Górriz, José Babiano, Roberto Tornamira):

Hablar de reconstrucción sin subsanar los errores del reciente pasado sería una temeridad. Dicho de otro modo: antes de iniciar la reconstrucción hay que sentar las bases de la negociación sobre suelo sólido, derogando, como mínimo, la reforma laboral de 2012 y la de Seguridad Social de 2013, entre otras derogaciones legislativas pendientes desde la moción de censura de 2018 (Tornamira).

Por último, pero no menos importante, este nuevo rumbo destinado a resituar las prioridades poniendo en el centro a la vida humana plantea dos exigencias: una democratización de las relaciones laborales y la reformulación de las libertades democráticas que han quedado dañadas en la medida en que la imposición de las políticas de austeridad necesitaban correlativamente una política autoritaria y represiva frente a la resistencia social, como bien se puso de manifiesto con la Ley Mordaza y su uso para reprimir el derecho de huelga y las protestas obreras.

Nada de esto puede obviar la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las discriminaciones de todo tipo que sufren en el puesto de trabajo, en el mercado laboral y en la sociedad (Górriz y Babiano).

Como dice Antonio Palacián, es la OPORTUNIDAD para avanzar en la participación y la democracia económica como un factor importante de cambio en la cultura empresarial y sindical. 

Gabriel Flores en la discusión con Marià de Delàs sobre el alcance de los cambios de modelo económico señalaba:

Impulsar esos cambios, requiere de unos recursos, estrategia y herramientas específicos; entre ellos, cabe señalar por su importancia la tarea de ensanchar nuestra base fiscal mediante una reforma progresista que solo puede tener resultados a medio plazo y construir una amplia concertación política y social que haga viable esa reforma clave. A corto plazo, es imprescindible contar con los recursos financieros y el arrope institucional que nos ofrece la UE.

No hay contradicción entre la agenda de protección social y la de reactivación y modernización económica, aunque la primera se puede llevar a cabo de forma inmediata y la segunda requiera plazos más prolongados; ambas son compatibles y complementarias, pero la protección social no puede mantenerse indefinidamente sobre el aumento del déficit público, requiere de un cambio de modelo de crecimiento que genere empleos decentes y salarios dignos y ensanche las bases de la recaudación fiscal.

Héctor Maravall, nos situaba el difícil marco de actuación del gobierno y la necesidad de una política decidida y realista para abordar el momento: “Las tareas del gobierno para desarrollar lo que ha denominado “el escudo social”, así como los compromisos anunciados de ayuda a las pymes y autónomos, o los previsibles apoyos a sectores como el turismo o la industria del automóvil, sea cual sea su duración e intensidad, son de una entidad, complejidad y dificultad evidentes. El gobierno tendrá que lograr financiación a corto, medio y largo plazo, en un contexto de frágil mayoría parlamentaria, con una derecha radicalizada al máximo, unos medios de comunicación desfavorables (el último en sumarse ha sido el grupo PRISA y el periódico El País) y una patronal que oscila entre las exigencias de ayudas económicas y el rechazo a cualquier modificación de la reforma laboral”.

El papel central de la UE en este proceso y los cambios que en la misma serían deseables ha sido referencia inexcusable en muchos de los artículos más generales. Severino lo reflejó sintéticamente como: “El Gobierno no debe perder de vista que el despliegue de un portentoso paquete de políticas públicas con el viento de cola de la UE es su ‘unique selling proposition’”.

Otras contribuciones estuvieron íntegramente dedicadas al papel y lugar de la UE, por ejemplo Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate que reflejó la tensión entre necesidad de apoyos comunitarios en la crisis y a la vez la necesidad de romper el inmovilismo institucional y presupuestario en el que se mueve en estos momentos, en otro enfoque Javier Doz, hizo una análisis minucioso de los presupuestos y programas comunitarios, tanto en lo estructural como ante la crisis del COVID 19 y como nos va a afectar a la “reconstrucción” hispana: “Las subvenciones y los créditos están condicionados a su aplicación a programas y proyectos que tengan que ver con los objetivos señalados y con otros como las infraestructuras y equipamientos sanitarios, los planes de I+D+i, la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza. Es decir, con los fondos de NGUE cabe la financiación de una buena parte de las inversiones de los Presupuestos del Estado Español de los próximos tres años. Desde el proceso de transición hacia un sistema energético limpio y renovable o un programa para que todas las familias tengan acceso a Internet y a equipos informáticos hasta un plan de eficiencia energética de las viviendas, pasando por la financiación de cuantos proyectos biomédicos sean necesarios u otros rubros de investigación, programas ampliados de financiación de la innovación en las pymes o de lucha contra la pobreza infantil”.

De lo general a lo particular: Sanidad, Servicios Sociales, Formación, Municipios

Si hay un ámbito en el que el debate ha hecho una aportación de contenidos y propuestas particularmente significativo ha sido en el terreno sectorial, además de las aportaciones escritas sobre el Sistema Nacional de Salud ( Manifiesto por la reconstrucción del SNS), el papel de lo local (Marta Higueras), el papel de la Formación Profesional y el cambio de modelo económico (José Luis Carretero) y los Servicios Sociales (Luis Nogués), donde la discusión tuvo un alcance a retener fue en los debates que se realizaron en TV Publico; el primero sobre el Sistema Sanitario con la participación de referentes tan significativos e influyentes como Carmen Montón, Carmen San José, Mónica García y Fernando Lamata moderado por Joseba Achotegui y el de Servicios Sociales con Patricia Bezunartea, Luis Nogués, Emiliana Vicente y Kena Yuguero moderado por Enrique del Olmo. En dichos debates además de señalar las necesidades que la sociedad española tenía para superar las debilidades preexistentes, se abordaron de forma bastante precisa las políticas a implementar y las barreras a superar. En estas dos enriquecedoras sesiones se hizo una alerta de gran potencia: no sirve sólo diseñar políticas y enunciados adecuados, sino que es imprescindible que sus resultados llegasen a la población en un corto tiempo. La alerta roja que se estaba estableciendo sobre elementos importantes del denominado “escudo social”; ERTES, Ingreso Mínimo Vital, colas del hambre, fortalecimiento urgente del Sistema Nacional de Salud, gestión pública y coordinada de la sanidad, cambio en el modelo de atención a los mayores y particularmente en las Residencias de tercera edad…Todos ellos se manifiestan como problemas perentorios para el que el atávico “vuelva usted mañana” puede ser un elemento de desafección y de caldo de cultivo a las opciones que niegan los derechos y la protección social.

Como dice el título del presente artículo, hacemos una pausa, un interludio en este debate que nos va a acompañar durante el próximo periodo, seguro que este tiempo servirá para afilar análisis, argumentos y propuestas.

 

 

 

 

Ponencia inicial

Un debate cargado de presente y de futuro

Publicado el

Un debate cargado de presente y de futuro

Diálogo y negociación para una salida progresista a la crisis

  • Enrique del Olmo

    Sociólogo

  • Gabriel Flores

    Economista

La crisis global y multidimensional de la que el coronavirus ha sido el detonante plantea un nuevo escenario vital que afecta a todos los componentes de las relaciones humanas, sean de índole económica, social, cultural, institucional o geopolítica, incluyendo las que mantiene nuestra especie con la naturaleza de la que somos parte, por mucho que mostremos tanto empeño en deteriorarla, explotarla y recortar la biodiversidad que le sirve de sostén y equilibrio. Nada ni nadie escapa a los impactos de esta gran crisis de inciertos desarrollo y resultados.

Lo que comenzó siendo una crisis sanitaria acabó, a los pocos meses, paralizando la actividad económica, por la obligada decisión de confinamiento de la población, e impactando sobre estructuras sociales, económicas y ecológicas profundamente desequilibradas y vulnerables. Tanto el modelo de capitalismo y globalización neoliberales como la cohesión económica, social y territorial o el medio natural del que depende la vida y la civilización se encontraban ya, antes de la pandemia, deteriorados. Volver atrás, al modelo de crecimiento y a las relaciones y estructuras productivas previas, no resolvería ninguno de los problemas que esta crisis ha desvelado. La tarea a llevar a cabo, por tanto, es doble: defender a la ciudadanía de los impactos destructivos de la pandemia y sus dañinas consecuencias económicas y sociales y superar las causas que han multiplicado el potencial destructivo de esta crisis global.

El análisis del nuevo tiempo que vive nuestro país y el conjunto de la humanidad requiere, sin duda, una mayor perspectiva temporal y un abordaje global de las múltiples causas, tendencias en acción, interrelaciones y potenciales efectos de las crisis desatadas por la pandemia. Sin embargo, la acción política no puede esperar, la sociedad, sus representantes políticos y las instituciones están obligados a actuar en el presente, en defensa de la vida y la salud de la ciudadanía, sus condiciones de trabajo, derechos, libertades y convivencia. Y seguirán tomando decisiones, como en los últimos dos meses, en unas condiciones de incertidumbre radical, mientras sigamos situados en el ojo del huracán de la pandemia y cuando ésta haya pasado y podamos hacer recuento de los destrozos causados y aplicar los planes para reconstruir lo dañado y recuperar la actividad económica. La acción política, el debate y la lucha social o la tarea de gobernar no pueden esperar.

Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía y tengan su ámbito de resolución al alcance de los votos, críticas y movilizaciones de la mayoría social: las administraciones públicas españolas y las instituciones europeas que dependen de las decisiones y el control de la sociedad civil y de sus representantes políticos.

Para iniciar y contextualizar este debate adelantamos algunos puntos de caracterización del momento político que intentamos desentrañar y en el que se inscribe la principal iniciativa política del Gobierno de coalición PSOE-UP, su propuesta de amplios acuerdos al conjunto de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales e instituciones, sin excepciones ni restricciones, para afrontar en común la búsqueda de soluciones a una parte de los grandes retos y problemas que plantea la actual crisis a nuestra sociedad y a nuestro país:

1. Hemos entrado en una nueva fase política en la que perviven lastres e inercias de un largo periodo de crisis e inestabilidad y evidentes problemas de gobernabilidad que se arrastran, al menos, desde 2016. Contamos con la reciente constitución de un gobierno de coalición progresista (una experiencia inédita en la última y larga etapa democrática de nuestra historia colectiva) que se sostiene en un limitado apoyo parlamentario y depende, en las grandes decisiones que exigen mayorías absolutas, de la negociación con un heterogéneo conglomerado de fuerzas políticas y, especialmente, de partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Un gobierno progresista aparentemente débil y una oposición de derechas aún más débil y fragmentada que no tiene ninguna posibilidad de armar una moción de censura viable ni una propuesta alternativa de gobierno.

Casado y Abascal han optado, en una situación tan excepcional como la de la pandemia, por promover la crispación social y la confrontación política para intentar maniatar y romper al gobierno progresista y encubrir esa labor tras la idea de una gran coalición dispuesta a imponer de una vez su versión uniforme, hosca, cerrada e intolerante del nacionalismo español. A pesar de esa oposición de derechas y extremas derechas que no han prestado ningún apoyo a la gobernabilidad o la gestión de la pandemia, acompañando a su desmayado apoyo al Estado de Alarma con brutales e inmorales campañas de acoso, este gobierno de coalición progresista ha construido y sigue reforzando un escudo social que protege a la mayoría social y los empleos, rentas y bienes públicos que sustentan el bienestar de la ciudadanía y el futuro del país.

2. Para abordar en profundidad esta crisis, restañar las tremendas heridas producidas en nuestra sociedad y superar el desastre económico ha aflorado una amplísima demanda social (que todos los estudios de opinión sitúan por encima del 80%) favorable a exigir a las fuerzas políticas que subordinen sus diferencias al bien común en tiempos tan excepcionales y colaboren en la búsqueda y aplicación de las soluciones que cuenten con mayor apoyo porque la sociedad las considera más eficaces y justas. En el mismo sentido somos conscientes que también la capacidad de demanda y de movilización de la sociedad va a ser importante en marcar las agendas de dialogo y las características de las salidas que se den a los diversos problemas.

3. Ese sentimiento de la ciudadanía favorable a la colaboración ha sido acogido y transformado por el presidente del Gobierno en una propuesta de reconstrucción económica y social a todas las fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, instituciones y administraciones públicas (central, autonómica y local). Más allá de las fórmulas que adoptará finalmente esa propuesta, que tendrá que ir acomodándose a las posibilidades reales que determinen el diálogo y las negociaciones en marcha, lo importante es que se abre un nuevo periodo en el que, al tiempo que gana eficacia la lucha contra la pandemia y se refuerzan y amplían las medidas de rescate social y protección del tejido empresarial, se inicia una dinámica de diálogo, negociación, disensos y posibles acuerdos que determinarán el alcance y la naturaleza de los futuros pactos y los apoyos que conseguirán en la ciudadanía. El pasado 11 de mayo, los sindicatos CCOO y UG, las patronales CEOE y CEPYME y el gobierno de coalición progresista abrieron el camino de esa dinámica de diálogo y acuerdo con la firma solemne en el Palacio de la Moncloa de la prórroga hasta el 30 de junio de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por fuerza mayor y la seguridad que ofrecen a millones de trabajadores (que mantendrán sus contratos y una parte sustancial de sus ingresos) y patronal (que se beneficiará de distintas exoneraciones de las cuotas a la seguridad social a cargo de las empresas).

Se demuestra así que las posibilidades de acuerdo existen y que los pactos pueden ser beneficiosos para todas las partes implicadas cuando responden a problemas reales y descansan sobre un justo y equilibrado reparto de los costes que conllevan. Nada tan pedagógico como este acuerdo para deshacer de un plumazo los falsos debates sobre la imposibilidad de alcanzar amplios acuerdos o sobre la inconveniencia de alcanzarlos porque supondrían siempre, al margen de una lectura concreta sobre lo acordado, la preponderancia completa de unos intereses sobre otros. El acuerdo demuestra la responsabilidad y la capacidad de dialogar, ceder y acordar que atesoran los agentes sociales y el gobierno de coalición progresista, incluso en unas condiciones críticas tan excepcionales y con una oposición de derechas que alienta la crispación y promueve la ingobernabilidad.

4. La propuesta y puesta en marcha de esa búsqueda de amplios acuerdos, lejos de suponer una restricción, tiene la pretensión de reforzar la continuidad de la experiencia de cooperación política entre PSOE y UP en las tareas de gobierno y aportar viabilidad a las medidas progresistas. Nadie, en un régimen democrático, tampoco las derechas, puede pretender cambiar la composición de un gobierno legítimamente constituido o maniatar su acción política mediante otro método que no sea el de las urnas. Las negociaciones iniciadas no están encaminadas a formar una nueva coalición gubernamental ni pueden pretender que este gobierno desista en la aplicación de su programa progresista; tampoco, que la oposición renuncie a sus ideas y propuestas o reduzca sus críticas o su labor de control a la acción gubernamental. Los objetivos son otros: explorar las posibilidades de llegar a acuerdos que permitan mejorar la eficacia de la lucha contra el coronavirus y la crisis sanitaria, reforzar el rescate y la protección social, recuperar la actividad económica con la mayor rapidez posible e instalar un nuevo clima político y social que facilite la gobernabilidad del país y una gestión de la crisis que no deje atrás a nadie, asegure un reparto equitativo y justo de sus costes y ofrezca la seguridad y las respuestas urgentes y tangibles que necesita la sociedad.

5. Todos los informes y estimaciones de la evolución económica en lo que queda del año 2020 y datos del desempeño de la economía española y mundial en este corto periodo de tiempo en los que el confinamiento ha impedido gran parte de la actividad económica dan cuenta de la intensa recesión en la que nos adentramos y de la enorme capacidad de destruir empleos, actividad económica y factores productivos de esta crisis. Las últimas previsiones para la economía española realizadas por la Comisión Europea, y publicadas el pasado 6 de mayo, muy parecidas a las que contiene el Programa de Estabilidad 2020-2023 remitido el pasado 30 de abril por el Gobierno de España, señalan un retroceso del PIB en 2020 del 9,4% (solo superado en unas décimas por Italia y Grecia), una tasa de desempleo del alrededor del 19% (solo superada por Grecia), un déficit público cercano al 10% (debido al fuerte aumento del gasto público y a la caída de los ingresos tributarios) y un aumento de algo más de 20 puntos porcentuales de la deuda pública, hasta el 115,5% del PIB.

En resumen, un auténtico desastre económico y social sin parangón histórico en tiempos de paz. Las grandes diferencias con los datos reales acumulados durante las dos recesiones sufridas por la economía española entre 2008 y 2014 son una menor afectación del empleo, gracias a las medidas tomadas por el Gobierno de coalición progresista en defensa del mantenimiento de los empleos, a través de los ERTE, un mayor esfuerzo en las prestaciones a las personas en situación de desempleo y la próxima aprobación de una nueva renta mínima que entrará en vigor y se hará efectiva el próximo mes de junio. Las medidas que se están tomando para afrontar y superar esta nueva crisis global nada tienen que ver con la nefasta estrategia de austeridad y devaluación salarial seguida ante la crisis financiera global que estalló en 2008.

La incertidumbre reinante y la falta de conocimiento sobre la evolución y las posibilidades de encontrar una vacuna o remedio terapéutico que permita controlar y superar la pandemia hacen que los ejercicios de previsión económica más allá de este año 2020 tengan mucho de invención, pero permiten hacerse una idea de la capacidad inmediata de destrucción de factores productivos y crecimiento potencial de la crisis y de la importancia de reducir sus impactos e impedir que se consoliden, para lo que sería necesario contar con la financiación necesaria para impulsar lo más rápidamente posible la actividad económica. No se trataría de limitarse a reconstruir o recuperar el tejido productivo y empresarial y el modelo de crecimiento destruidos o dañados, sino que esa reactivación económica también debe aspirar a dirigir las tendencias y los nuevos factores que surgen de esta situación crítica y que terminarán alumbrando las nuevas estructuras y especializaciones productivas, las actividades, relaciones económicas y empleos del futuro.

6. En el marco de esta crisis sanitaria, social y económica sin precedentes se pondrán sobre el tapete de los debates y posibles acuerdos un gran número de cuestiones que, sin ánimo de agotar los temas a tratar, abarcarían un amplio listado de asuntos:

  • La consolidación y mejora de la Sanidad Pública y el Sistema Nacional de Salud.
  • La puesta en pie y la financiación del cuarto pilar del Estado del Bienestar: el sistema de servicios sociales y políticas públicas de cuidados, con atención especial al sistema de protección a mayores, victimas lacerantes del coronavirus y la desprotección de las autoridades.
  • La protección de los trabajadores y hogares especialmente afectados por la crisis económica y los mayores riesgos de exclusión social. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de los cuidados, actividad desarrollada mayoritariamente por mujeres. Precisamente, uno de los colectivos más desprotegidos y que está en su inmensa mayoría integrado por mujeres es el de las Empleadas de hogar.
  • El impulso de todas las medidas contempladas por la Ley contra la violencia de género con objeto de aumentar la protección de todas las mujeres víctimas de la violencia machista, con la dotación y los medios que sean necesarios. El confinamiento ha vuelto a poner en evidencia de forma dramática la insuficiencia de las medidas actuales.
  • El establecimiento de una renta básica para todas las personas afectadas por el desempleo, la precariedad y la falta de ingresos suficientes.
  • La mejora de la calidad del empleo con las modificaciones de la estructura y la regulación del mercado de trabajo y el fortalecimiento del diálogo social y la negociación colectiva que permitan superar la inestabilidad, precariedad y temporalidad de los empleos. Los ERTE han sido un ejemplo.
  • La protección de las actividades empresariales, especialmente de Pymes y autónomos que conforman el grueso de nuestro tejido empresarial, impidiendo que los problemas de liquidez o financiación acaben en cierres definitivos y desaparición de empleos.
  • La atención a los sectores económicos y productivos especialmente perjudicados por la crisis para favorecer su modernización o reconversión hacia actividades de mayor valor añadido.
  • La reforma en profundidad de la política de vivienda, que se ha convertido en una fuente inagotable de problemas: concentración de la propiedad, dificultades de acceso, inflación de precios, inexistencia de oferta de vivienda social, generalización de los desahucios en el alquiler, transformación de las viviendas de uso residencial en uso turístico…
  • El incremento sustancial de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación que son la base de los nuevos sectores tecnológicos del futuro.
  • El aumento de la inversión destinada a mejorar la calidad de la enseñanza pública y la cualificación y formación continua de los trabajadores.
  • Para terminar este listado de temas, que solo tiene la pretensión de ilustrar algunas de las muchas cuestiones a debate, es necesario mencionar la necesidad de contar con una estructura y políticas fiscales sólidas y de carácter redistributivo que permitan sostener las medidas económicas y sociales a adoptar para recuperar el bienestar y los derechos de la ciudadanía.

En todos estos temas hay que tomar como referencia dos aspectos trasversales, la transición ecológica y las políticas de género, que nuestra sociedad ha ido incorporando mayoritariamente como preocupaciones importantes y que la crisis del COVID-19 ha puesto de nuevo de manifiesto en un sentido contradictorio (ya que se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero y las denuncias de maltrato machista), pero que sirve para que las alertas y preocupaciones relacionadas con esos dos aspectos se pongan sobre la mesa al abordar cualquiera de los temas, cuestiones o reformas que se quieran abordar.

7. En el ámbito europeo, la cuestión central seguirá siendo en los próximos meses una mayor corresponsabilidad de los Estados miembros y las instituciones comunitarias en la lucha contra la pandemia y sus efectos económicos y sociales directos e inmediatos. Y en un futuro próximo, cuando la pandemia esté más controlada, la existencia de un fondo de reconstrucción económica y la aplicación de un plan europeo de inversiones modernizadoras que no se traduzcan en un aumento sustancial de la deuda pública de los Estados miembros, porque muchos ya están altamente endeudados y no pueden fragilizar aún más sus cuentas públicas, ni en una mayor disparidad en los niveles de endeudamiento, porque impedirían la existencia de igualdad de condiciones en la competencia en el mercado único. La austeridad y los recortes no conforman ningún tipo de solución ni pueden volver a ser parte de las recetas impuestas por las instituciones comunitarias para salir de esta nueva crisis. En su lugar, la cooperación entre los Estados miembros y con las instituciones comunitarias en torno a un programa común de lucha contra el cambio climático y un nuevo acuerdo verde de desarrollo económico deben ser los puntos de partida en el impulso de las actividades económicas y los empleos del futuro. Y del reforzamiento de un proyecto de unidad europea en el que sigan vivos los principios de solidaridad y cohesión, económica, social y territorial.

8. Ya veremos qué ritmo y formas toman los primeros pasos y ejemplos del diálogo entre fuerzas políticas, agentes económicos y sociales e instituciones; y qué alcance y en torno a qué temas será posible alcanzar unos acuerdos que permitan superar esta crisis y sus impactos. En todo caso, no se trata tanto de imaginar un mundo nuevo, como de alcanzar acuerdos posibles que permitan mejorar la situación y atemperar o solucionar los graves y urgentes problemas que amenazan las condiciones de vida y trabajo de la población, el futuro del país y nuestra convivencia. El diálogo y los acuerdos que se ponen en marcha no son, ni previsiblemente llegarán a ser, discusiones constituyentes o semiconstituyentes que aborden asuntos relacionados con el régimen político o la estructura territorial del Estado, porque escapan a los afanes de la iniciativa y a las restricciones que impone el mapa político y electoral actual y, cuestión fundamental, a los requerimientos y exigencias que plantea la mayoría social en estos momentos de crisis. Tampoco serán el marco en el que se puedan abordar la crisis territorial o, de forma más explícita, los acuerdos o desacuerdos con el Govern de la Generalitat y las fuerzas independentistas, que ya tienen establecidos sus propios marcos e itinerarios de diálogo y debate, por mucho que hasta ahora hayan resultado poco operativos y tendrán que ser revisados si se pretenden revitalizar. La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos. En todo caso, lo que está por dilucidar es la capacidad de esta iniciativa para aportar soluciones a los problemas que, finalmente, terminen abordándose.

Cada uno de los temas que hemos mencionado u otros que acaben ganando relevancia en el debate público y acaben acordándose obligará a un desarrollo específico de las medidas y de la financiación necesaria para que se lleven a cabo. Es el momento de fortalecer nuestro limitado Estado de Bienestar y revertir el deterioro causado a los bienes públicos, y no sólo por los gobiernos del PP, a partir de los años 90 del siglo pasado. Aumentar el peso y la calidad de los bienes públicos es una demanda ampliamente sentida por la ciudadanía y cuenta a su favor con un amplio consenso social. Hemos conocido una década (la de los 80) de construcción y desarrollo del Estado de Bienestar y cerca de tres décadas en las que prevalecieron las transferencias de rentas y bienes públicos hacia manos privadas e intereses corporativos, descapitalizando de recursos humanos, materiales y financieros los servicios públicos.

Detrás del “tenemos una sanidad de las mejores del mundo”, se ocultaba un sistema frágil que se iba deteriorando: la Salud Pública (que aborda la prevención, vigilancia y promoción) es sólo el 1% del gasto sanitario público y el presupuesto ministerial estaba en 2017 en el mismo nivel que en 2008. Y si hablamos de servicios sociales los parámetros son todavía peores, se han convertido (como se ha visto en la dramática experiencia de las residencias de mayores), casi exclusivamente, en una fuente de negocio privado que ha experimentado un crecimiento anual del 4%, a costa de un deterioro continuo del servicio público. Hoy, las residencias privadas de mayores tienen 271.696 plazas, mientras las públicas apenas alcanzan las 100.000, arrastrando un modelo inaceptable de gestión que ha sido definido como una mezcla “de cuartel, hospital y hotel”. Toda la experiencia de deterioro de los bienes públicos de las últimas décadas nos sitúa ante un problema que no se puede abordar con medidas menores de maquillaje, sino con una inversión decidida en presupuestos y personal que nos acerquen a los porcentajes europeos en gastos e inversiones que fortalezcan los bienes públicos y la protección social.

El debate que ahora iniciamos intenta impulsar el seguimiento y desarrollo de las propuestas y negociaciones sobre el modelo de reconstrucción social y modernización productiva que nuestro país y Europa necesitan. Las intervenciones, obviamente, podrán versar sobre los aspectos más generales o sobre los aspectos sectoriales, transversales o específicos que hemos mencionado o sobre otros que os parezcan de tanta o mayor importancia, pero en todos los casos os pedimos un esfuerzo de síntesis e interacción con las intervenciones que se vayan publicando, para remarcar el carácter de debate y contraste entre diferentes puntos de vista y argumentos.

Probablemente, algunos de los temas que cobren mayor interés social o se conviertan en foco de atención de la opinión pública en los próximos meses no aparezcan en esta intervención inicial. Irán apareciendo a medida que se desarrollen las negociaciones entre fuerzas políticas en la comisión parlamentaria, en las mesas de diálogo social, en los debates entre las administraciones públicas centrales, autonómicas y locales o, incluso, en la preparación y tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2021 (porque, al final, esos PGE serán expresión de los avances o estancamiento de las negociaciones). Por ello, también resultaría muy interesante recibir textos de análisis sobre algunos de los nuevos temas o aspectos de las discusiones y negociaciones que marquen la actualidad.

Nada nos gustaría más que este nuevo debate en Espacio Público permitiera aclarar las diferentes posiciones y cuestiones en juego en este proceso negociador y que las intervenciones y debates contribuyan a articular una salida progresista a la crisis.

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¿Qué nos estamos jugando en esta crisis?

Reflexionamos sobre la situación de emergencia provocada por el coronavirus, abordando los cambios económicos, sociales, políticos que nos espera en el futuro cercano en este debate de ‘Espacio Público’ moderado por Virginia Pérez Alonso, directora de ‘Público’, y con la participación de Mª Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos y profesora de filosofía del derecho; José Vicente Barcia, jefe de Gabinete de la Alcaldía de Cádiz; y Orencio Osuna, director de la Fundación de Espacio Público.