La encuesta sobre la monarquía de la Plataforma de Medios Independientes [PMI] manifestó la potencia del periodismo que practica la colaboración con el público y entre distintos medios. Como señalaba en la ponencia inaugural y en el primer resumen que hice de este debate, la PMI ofrece información como bien común; es decir, que se elabora y sostiene de forma mancomunada. La PMI sería un germen del Cuarto Poder en Red que quisiera promover este debate, abierto hace más de dos meses y que ha contado con 26 intervenciones. Nuestro agradecimiento a los autores y una primera conclusión: sigue abierto con una enorme vitalidad y urge concretarlo en iniciativas futuras de la PMI.

UN DEBATE CARGADO DE FUTURO

La mayoría de las intervenciones -como las de Carolina Bescansa, Cristina Flesher o Miren Gutiérrez- constataban la precariedad del apoyo social a la Corona, además de una clara fractura territorial y generacional. Sin embargo, no existe (aún) una mayoría social republicana suficiente. Y el proyecto republicano -como señalaban Felipe Gómez-Pallete, Paz Torres y Gabriel Flores- carece de hegemonía en el campo institucional y mediático. Así lo demuestran el retrato de la monarquía en el cine y la televisión –que diseccionaron Manuel Palacio, Vicente J. Benet y Sara Martín– o la Prensa de la que se ocuparon Fernando Ruíz, Marià de Delàs, Manuel Garí, Carlos J. Bugallo o J.L. F. del Corral. La indignación moral que expresaron Alfons Cervera o Manuel Chaparro se explica con la crisis de la mediación periodística que identificó Sánchez-Cuenca, el análisis de Paula Pof sobre el estado de la enseñanza de la profesión o la apuesta de David G. Marcos por una emancipación comunicativa alcanzable, claro está, a través de una comunicación emancipadora.

El relato periodístico predominante, desvelaba Josep Lluís Fecé, contrapone el orden al caos: identifica el primero con la monarquía y el segundo con la república. La estrategia de defensa monárquica minimiza y blanquea las corrupciones de La Zarzuela limitándolas al periodo reinante del ex-monarca (que queda, así, impune) y pretende eximir a su familia extensa, la consorte y el hijo heredero.

A pesar de la endeble solidez jurídica –demostrada de forma ejemplar por Carlos López-Keller Álvarez– este relato de la prensa cortesana blinda a la Corona. Para ello, airea los trapos sucios (sólo los de Juan Carlos I) de forma parcial, inconexa y discontinua. Con espasmos -según las urgencias de la regularización y la prescripción de los delitos– los tertulianos y editorialistas escenifican un escándalo moral que escamotea la rendición de cuentas.

Pero resulta imposible blanquear toda la colada de palacio. Los errores “puntuales” y “personales”, los pecados “veniales” y los fallos “menores” “del pasado” cobran verdadero alcance y magnitud cuando periodistas de la talla de Esther Rebollo hacen inventario; en su caso de los desmanes e intercambios de favores entre la casa de Borbón y la de Saud. Una auténtica pesadilla de 1.000 y una noches de farra compartida, connivencia y expolio de las arcas públicas.

UNA LÍNEA EDITORIAL COMPARTIDA PARA LA PMI

Sato Díaz, ex-director de Cuarto Poder, tomó la palabra cuando, por desgracia, cerró “su” medio… Ahora tenemos opción de recuperarlo desde la PMI en un Cuarto Poder en Red, Sato ;-) La urgencia cotidiana impidió tomar aliento y perspectiva a otros compañeros y compañeras. Quien escribe y Marià Delàs advertimos del riesgo de la irrelevancia para los medios sesgados por el “minifundismo” e “indiferentes” a la periferia. El gran Juan Tortosa denunció los vínculos entre “precariedad y sectarismo” y desafió el corporativismo que tapa vergüenzas propias y ajenas de connivencia con el poder. Considerando estas contribuciones y que los medios de la PMI mantienen líneas editoriales próximas, me permito señalar tres principios con los que funcionar en el futuro. Se trata de avanzar en el modelo de plataforma digital, que respete la autonomía de cada medio, pero dándoles la capacidad de influencia que solo pueden lograr si colaboran entre ellos y con sus públicos.

(1) Rehuir el proselitismo y (2) el reduccionismo del proyecto republicano o de reforma constitucional a la celebración de un referéndum. Porque (3) el periodismo, a diferencia de los gabinetes de relaciones públicas y la mercadotecnia electoral, no recluta votantes ni supedita su independencia a una meta partidaria. Aspira a que la razón democrática prevalezca sobre la razón de Estado y su Jefatura. ¿Cabe más alta misión?

El periodismo independiente no imparte doctrina ni directrices. Hace, en cambio, pedagogía democrática. Sin sermones ni arengas. Facilitando que la población ejerza sus derechos. Informar consiste en abrir debates, transmitir y repartir conocimiento; es decir, poder. En democracia el Pueblo lo ejerce sin tutela y apenas censura, investido del derecho a decidir. La titularidad de este derecho libera a la ciudadanía de la servidumbre y el vasallaje. La democracia universaliza la autodeterminación y el autogobierno, en el nivel personal y colectivo; extendiéndolos a la plebe.

Este marco ofrece potencial emancipador y democratizador. Y se mantiene vivo sólo si el derecho a decidir no se limita a celebrar un referéndum sobre la Corona o o la configuración territorial del Estado. En el Manifiesto por un nuevo republicanismo, sosteníamos que “la soberanía real (con minúsculas, pero inconmensurable) es, ante todo, alimentaria, tecnológica, científica y humanista”. Ese master frame –marco o encuadre general– para ser un “sueño eficaz” englobaría otros marcos y objetos de debate más concretos. Podría llegar a abordar cambios en la Jefatura y la organización territorial del Estado. Pero rebasa esos objetivos con creces: “[para el nuevo republicanismo] la paz se cifra en la defensa inalienable de los derechos humanos, dentro y fuera de las fronteras. Y se articula en los derechos sociales, el compromiso cívico y los cuidados mutuos”. “Dentro y fuera de las fronteras” son las seis palabras clave de la cita.

El periodismo independiente no es proselitista ni adoctrinador. Guarda distancia crítica respecto a programas políticos concretos y los desborda. Un medio informativo no es un púlpito para impartir dogmas. Ni una plataforma de relaciones y campañas públicas. Menos aún, una trinchera de combate ideológico o cultural. Un medio independiente lo es porque atiende a la agenda de su público. Le pregunta por sus preferencias, como hizo la PMI con la monarquía, y abre debates sin prefigurar el resultado.

PERIODISMO INDEPENDIENTE EN VEZ DE PROSELITISMO REPUBLICANO.

La encuesta de la PMI anuncia aires de cambio, pero no augura un tsunami republicano. En todo caso, se instaló en Cataluña y podría desatarse en Euskadi. En el resto de las autonomías, el republicanismo carece (por ahora) de respaldo institucional y social para forzar un cambio. Quizás resulta prematuro gritar “Abajo el Rey”. El desenlace de una consulta resulta incierto y sus consecuencias últimas, más que problemáticas.

No olvidemos que el 48% de los encuestados apostaban por un presidente “elegido directamente y con amplios poderes”. Muchos menos (28%) que quienes lo preferirían elegido por “el Parlamento y con pocos poderes”. Por desgracia, el presidencialismo duro casa bien con el militarismo. También con la ultraderecha de Vox, la muleta del destropopulismo o trumpismo que ha tomado las riendas del PP. Recordemos también que las FAS, bajo mando supremo del Rey, figuran en la encuesta de la PMI como la institución que despierta más confianza. Recibe una valoración de 6,3 sobre 10, frente al 3 de los partidos políticos. ¿Podría, entonces, el “viejo” republicanismo acelerar una involución democrática?

El imaginario de la II República carece de arraigo transversal y articulación institucional. A la amnesia oficial y la distorsión de la memoria histórica, se suma la instrumentalización, en no pocas ocasiones doctrinaria y sectaria, del legado republicano. Peleas intestinas no resueltas en quienes se arrogan “la izquierda” o el “progresismo”, escasa auto-crítica y demasiadas exclusiones (la del anarquismo, la más evidente) minan el frente republicano. Y lo debilitan en las guerras culturales que la (ultra)derecha disputa en bloque. Frente al negacionismo y la equidistancia guerracivilista, el memorialismo republicano quizás ofrece un exceso de melancolía. Su panteón de figuras, los credos y las filiaciones siguen todavía en disputa.

El periodismo, instalado en narrar el presente y el pasado próximo, debiera proyectarse hacia el futuro, rescatando figuras con carga emancipatoria en el presente. Las pioneras en la igualdad y la participación femeninas en la esfera pública serían un buen ejemplo. Desacralizar y desembalsamar el legado republicano requiere autocrítica e imaginación. Precisa una re(creación) distribuida y plural que actualice el proyecto de una III República, proyectando un futuro abierto a toda la ciudadanía.

¿Hará la PMI un editorial conjunto el próximo 8M para “Salvar a la Princesa Leonor”? Sería una vía para acercar el nuevo republicanismo a todas a aquellas que se niegan a verse reducidas a un papel reproductivo. Desvincularía el amor de los linajes (con)sanguíneos y liberaría a la heredera de la Corona de un matrimonio concertado por el pedigree y el patrimonio. ¿Recogerá firmas la PMI para que, coincidiendo con el próximo 23-F, se derogen la Ley de Secretos Oficiales, la Ley Mordaza o el Decreto Ley que permite suspender webs y cerrar internet sin autorización judicial previa? Son el marco legal que impide cuestionar la Corona y su blindaje constitucional.

Se trataría, entonces, de ir construyendo el escenario y acercando la hora de decidir sin ira, sin urgencias, sin miedo, sin tabúes y sin complejos (como la ultra-derecha). Pero desde el respeto democrático. Es decir, aportando toda la información y todas las voces relevantes, con un enfoque que nos conecta con las democracias de nuestro entorno donde la monarquía es una anomalía. Y donde el exilio republicano colaboró en derrotar las dictaduras nazifascistas. Se trataría, pues, no de guillotinar periodísticamente a los Borbones sino de avanzar hacia un sistema político-informativo en el cual se les pueda fiscalizar y, si está justificado, cesar, sin que por ello se tambalee todo el marco institucional.

El relato del nuevo republicanismo exige informar (insisto, no arengar) con el retrovisor del pasado, pero encendiendo las luces largas: mirando hacia delante, por caminos no trillados y sobrevolando las fronteras territoriales, ideológicas e identitarias; sin nostalgia ni melancolía. La controversia, que se solapó a nuestro debate, sobre figuras atravesadas de contradicciones y manipuladas por el franquismo, como fue Unamuno, también pueden promover un republicanismo laico (sin dogmas ni santorales) más allá de los iconos clásicos que son objetivo de la (ultra)derecha.

El republicanismo necesita disputar un relato con marcos discursivos renovados, plurales y compartidos. Abiertos a sectores desafectos. Y nunca reactivo a las guerras memorialistas. Es preciso denunciar las provocaciones sin responder a ellas de forma inmediata y automática. Buscan anclar el debate en divisiones fraticidas y en la idea del fracaso colectivo que han reactualizado con la pandemia. Civilizar el discurso público, en el sentido de desmilitarizarlo y anclarlo en los derechos humanos y civiles, es la tarea más urgente.

No habiendo, por ahora, mayoría social suficiente y decantada por la III República, ni memoria histórica, cultura política y periodística propicias, habría que tejerlas en red. Una PMI con medios distintos pero de líneas editoriales convergentes impulsan agendas temáticas y debates prohibidos. La deliberación mediática-social previa y los sujetos que se construyen en el camino importan más que las convocatorias o consultas electorales.

ANTES DE RECLAMAR UN REFERÉNDUM, FACILITEMOS UNA UNA DELIBERACIÓN QUE LO HAGA INEVITABLE Y DESBORDE SU ALCANCE.

Ante una consulta ciudadana, una periodista no diseña ni realiza la campaña. Puede y hasta debe desvelar sus preferencias, como hacen algunos medios y profesionales de la PMI. Además de ser un gesto de honestidad intelectual, previene al público ante posibles sesgos. Las campañas son competencia de los spin doctors, fontaneros y publicistas del poder. Un/a periodista, en cambio, se debe al público y le sirve como contrapoder. Examina la consistencia de esas campañas: el apoyo popular, los intereses en juego y las consecuencias que se derivan de una u otra opción. Sin adoctrinar ni sumar prosélitos, el medio independiente ofrece una plataforma para debatirla. Y, para no incurrir en el sectarismo, intenta que todas las partes se expresen y una mayoría transversal alcance consensos inclusivos. Es decir, apela e intenta sumar el mayor número de gentes y perfiles.

La ideología, el credo o la identidad del informador no suponen problema alguno. Lo peligroso sería que, desde la indefinición y el interés propio, adoptase los del dueño o el anunciante del medio en el que trabaja. Un informador profesional es consciente de sus sesgos. Los explicita ante sí mismo y su público. Y se previene frente a ellos aplicando un protocolo profesional para que la subjetividad no condicione los temas que aborda o las fuentes que consulta. Recelar de sí mismo, del jefe de redacción, de sus correligionarios o de su tribu urbana es una actitud periodística elemental. Y se traduce en prácticas profesionales antagónicas a las del publicista. Este último sirve a su cliente la versión que demanda; ya sea un eslogan para una campaña o una noticia que, en realidad, es publicidad o propaganda encubierta.

La función deliberativa de la prensa tiene más recorrido y conjuga más intereses públicos en juego. El debate sobre la Jefatura del Estado se vincula inevitablemente al de un Estado unitario o plurinacional. Por tanto también a una reforma de la Constitución, que en la encuesta de la PMI apoyaba un aplastante 72 % (frente al menguado 14%, que no la considera necesaria). El objeto y el alcance de la reforma no están claros entre los encuestados. ¿Modernizar o jubilar a la monarquía? ¿Para eliminar las Comunidades Autónomas o darles carácter federal? Para el periodista independiente solo cabe anteponer los electorados (en plural) a las estrategias partidistas.

La deliberación debiera importar más que el resultado del referendo. Porque la calidad del debate determina el carácter democrático del resultado. Al periodismo independiente le compete facilitar una deliberación que resulte en consultas a la busca de nuevos consensos. Normalizarían el derecho a disentir y a seguir alcanzando acuerdos que, de forma forzosa, se entienden temporales y que necesitan renovarse cada cierto tiempo. Esa es la propuesta del patriotismo constitucional, formulado por Jürgen Habermas y secuestrado por la (ultra)derecha constitucionalista.

Antes de reclamar un referéndum, recordemos los tres precedentes con que contamos (además de las “elecciones” y “refrendos” del franquismo). El Referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política sirvió (según reconoció el propio Adolfo Suárez) para introducir la monarquía “por la puerta de atrás” en 1976. El referéndum de 1978 la blindó en la Constitución, haciendo casi imposible reformarla. Y el de la OTAN resultó una tomadura de pelo y un fiasco. El PSOE pasó de pedir el No al Sí. El PP recorrió el camino inverso, solicitando el No. Y los ministros de Defensa del PSOE y PP gestionaron el resultado sin problemas. Desde 1986 seguimos en la OTAN vulnerando las condiciones del referéndum. Por tanto, convocar una consulta sobre la monarquía no garantiza la coherencia partidista ni el cumplimiento de un mandato popular que, además, no está decantado. Por último, el bloque republicano de las izquierdas y los nacionalismos periféricos no tiene un relato sólido y compartido en comparación con el “Dios, Patria y Rey” que une a la (ultra)derecha.

Plantear una reforma constitucional cosmética de la Corona parece la opción menos arriesgada para los partidos clásicos del bipartidismo. Representa la opción gatopardista, al estilo de Lampedusa (cambiar para que todo siga igual) y Felipe González (gato blanco, gato negro, lo que importa es que el rey felino cace ratones republicanos y separatistas). Pero ¿satisfará a los votantes socialistas con pulsión republicana? ¿Renunciará el PP a patrimonializar la Constitución y la bandera rojigualda? ¿Y Vox, a emplearlas como martillo de independentistas, etarras y bolivarianos?

La ultraderecha (post)franquista odiaba a Juan Carlos I por traicionar al Movimiento Nacional cuyos principios había jurado. Años después, el aznarismo se alió con medios y periodistas conservadores para conspirar contra él. Contrapusieron su figura a la de su padre, Don Juan, intentando que cediese el trono a Felipe VI. La derecha sostenía entonces que el juancarlismo, hermanado con el felipismo, aseguraba la continuidad de los gobiernos socialdemócratas acosados por la corrupción en los años 90.

Ahora que se habla tanto de polarización, cabe recordar que fue entonces cuando arrancó la estrategia de la “crispación”, como señalaba Juan Tortosa en su texto. Uno de sus principales muñidores, Luis María Anson, la definió como “una operación de acoso y derribo que efectivamente hicimos, y la hicimos muy bien». Resulta difícil expresar con mayor rigor y descaro la relación de los medios conservadores con los Borbones: gestionan las cloacas y esto les da una enorme ventaja frente a los republicanos vetados en la corte.»Para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado», añadió Anson. El aventurismo destropopulista es, por tanto, capaz de girar su agenda 360º, según capitalice y rentabilice la polarización. Todo indica que un referéndum inminente le daría alas; al menos, al sur del Ebro.

ANTEPONER LA RAZÓN DEMOCRÁTICA A LA RAZÓN DE ESTADO(S).

¿De qué proyecto nacional sería Felipe VI seña de identidad? Esta es la pregunta-nudo gordiano. ¿Lo desanudará el gatopardismo, el unionismo involucionista o el enfoque plurinacional? Estas, y por este orden, parecen ser las posibles salidas. La primera ofrece un vuelo corto en el horizonte que proyecta la sociedad civil. Que la Corona representase la plurinacionalidad exigiría a La Zarzuela, al nacionalismo español y a los periféricos una refundación radical, a largo-medio plazo. Y, por último, el club de Visegrado demuestra que la UE no es un club exclusivo para democracias. La debacle socioeconómica tras la pandemia y la parálisis de reformas estructurales podría convertir a España en la Bulgaria del Sur de Europa. Enric Juliana advertía de esa posibilidad en el foro de CTXT que debatió la encuesta de la PMI sobre la monarquía.

La ansiedad y el dolor social provocados por la COVID-19 son caldo de cultivo de antagonismos y aventuras destropopulistas. El proyecto republicano y plurinacional, que abrazaría la PMI, requiere una transversalidad y una mayoría electoral de las que carece la actual coalición de Gobierno. Los aliados independentistas no comparten proyecto nacional y cohesionan el unionismo, también arraigado en el PSOE o el PCE. La posibilidad de que J.M Aznar o un émulo de Bolsonaro presidiese la III República española no justifica cerrar el debate o renunciar al referéndum. Al contrario, abrir la deliberación y normalizar el derecho a decidir, aplicándolo a cuestiones políticas de menor entidad, serían las vías más democráticas para conjurar el riesgo de degradación o involución. No es este el espacio donde concretar estas medidas. Y, en todo caso, implica una tarea de reflexión colectiva que supera este espacio.

Una cosa está clara: las actuales posiciones partidarias y los apoyos sociales al marco constitucional están cambiando. El objeto de la consulta y el demos que decida serán disputados. En lugar de supeditarse a los planteamientos partidarios actuales, el periodismo independiente debería promover debates que los superasen, (re)tejiendo una memoria y una cultura política democráticas. Insisto, el marco discursivo general (master frame) podría ser el derecho a decidir. Podría aplicarse a la Jefatura del Estado, el modelo territorial y/o una nueva Constitución. Pero debates previos o en paralelo ampliarían y aplicarían el derecho a decidir a otros planos mucho más mundanos; por ejemplo, la soberanía alimentaria, energética y tecnológica. Esta agenda a refrendar tiene un impacto cotidiano sobre la vida de la ciudadanía muy superior a la ultrapasada soberanía nacional.

No es misión de periodistas priorizar la razón del Estado ni de ninguna otra “comunidad imaginada” que se esgrima como fundamento de nuevos estados nacionales. Esto implica no plegarse a estrategias ni tacticismos electorales. Como demostró la encuesta de la PMI, hay que sentar las bases del diálogo público y ampliar el derecho a decidir hasta donde sea posible. Normalizar la autodeterminación individual y colectiva – el primer principio democrático – es la misión periodística por excelencia. Exige, como advierte el maestro Martín Caparrós, contarle al lector lo que no quiere oír ni saber. He intentado seguir su consejo.

Faltaría proponer prácticas periodísticas e iniciativas concretas para seguir abriendo la esfera pública. He apuntado algunas, pero no soy quién para prescribir cómo orientar las redacciones. Me limito pues a señalar esta tarea pendiente de la PMI y les emplazo a la conversación que cerrará este debate.

El lunes 10 de mayo a las 17:00 nos reuniremos con Miguel Mora, director de Contexto, y Patricia López, periodista de investigación de Público. Repasaremos la cobertura preelectoral en Madrid y el legado comunicativo del 15M. ¿Fue posible informar con independencia sobre las candidaturas en liza? ¿Qué queda del revulsivo quincemayista tras diez años de existencia? El 15M pretendía tejer con los periodistas una red de contrapoder informativo, basado en la colaboración entre medios independientes y la ciudadanía. La encuesta sobre la Corona fue ejemplo de ello, así como esta información sobre las tramas económicas, policiales y mediáticas de la Comunidad Autónoma de Madrid elaborada entre CTXT y Público. Una vez más, el debate está abierto a su participación. Financiemos, pues, los medios de la PMI, co-produzcamos sus agendas y viralicemos contenidos. Basten tres ejemplos de cómo hacerlo factible.

En paralelo a este debate y en colaboración con El Salto, convertimos un Trabajo Final de Grado de Periodismo (habrá más) en piezas de investigación; en este caso sobre la financiación fraudulenta de los medios de la Alt-Right y la (ultra)derecha por parte de la CAM. Desde Luzes de Galiza y en colaboración con Público, celebramos la segunda edición del festival Abril Republicano. Y en junio ofreceremos un Taller de Seguridad Digital para Periodistas. Porque la soberanía tecnológica es condición necesaria para proteger las fuentes, la investigación en curso y, por tanto, su independencia. Periodismo ciudadano de investigación, cultura popular y autonomía tecnológica. Tres pilares del Cuarto Poder en Red en el 10º aniversario del 15M.

Una violación en Ibiza, una cacería en África, venta masiva de armas a Arabia Saudí y el descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi. La herencia que recibe Felipe VI del emérito con los ‘hermanos’ árabes.

Soraya H. tenía 20 años cuando viajó a Ibiza para disfrutar de unas vacaciones. Esta joven modelo hispanoalemana no se imaginaba que aquello iba a cambiar su vida para siempre. La noche del 12 de agosto de 2008, Soraya salió con unas chicas árabes que había conocido el día anterior, fueron a una discoteca de Ibiza y allí empezó a sentirse mal, habían diluido una droga en su bebida. Sus acompañantes la llevaron al lujoso yate Turama que habían alquilado miembros de la familia real saudí. Fue a la embarcación contra su voluntad [mejor dicho, sin su voluntad a causa de la droga que le habían hecho ingerir], tras haber pedido a sus nuevas amigas que la acompañaran al hotel, pero éstas se dirigieron al muelle del puerto. Según recuerda en una entrevista a Público concedida en 2019, allí se encontró una orgía en toda regla y terminó siendo la elegida por el jeque para ser violada.

Casi inconsciente, se vio atrapada en un abuso sexual que denunció. “Recuerdo que estaba como en un sueño, como si alguien estuviera encima y me besara. A la vez sentí un fuerte dolor en mis partes íntimas y en ese momento me desperté, tendida en una cama, en una habitación oscura”, relata esta mujer que hoy tiene 33 años, y quien sigue buscando justicia.

Siempre según el testimonio de Soraya, el jeque que la violó fue el príncipe Al-Waleed. Sí, el mismo que recibió a Corinna en Riad en 2007 cuando viajó en representación del emérito y que aparece en la foto de la discordia con el embajador Manuel Alabart. Soraya denunció al príncipe, al reconocerle en fotografías, y éste se defendió alegando que aquella noche de agosto de 2008 se encontraba en Francia. Pero el testimonio de la joven, quien también presentó una denuncia en Alemania, y el tesón de su madre, pusieron contra las cuerdas al jeque. Y éste le pidió a Juan Carlos de Borbón intermediación ante la justicia balear. Al parecer, el emérito le respondió que aguardara con paciencia y que se impondría la verdad, no le confirmó por escrito que gozaría de su ayuda. Recordemos que en esas fechas se negociaba el contrato del AVE a la Meca.

En definitiva, en marzo de 2012, la Audiencia de Palma archivó la acusación contra Al-Waleed al entender, según el Diario de Mallorca, que la mujer violada había dado distintas versiones de los hechos y en dichos testimonios se habían detectado “contradicciones, omisiones e irregularidades”.

Ante tan buena noticia para el príncipe, el emérito envió una carta a su amigo saudí en la que le expresó su “alegría” y su “felicitación” por la decisión de la justicia balear de archivar el caso, según publicó El País un año después de la abdicación de Juan Carlos.

El año que se archivó la causa fue precisamente cuando trascendió que Juan Carlos había viajado a Botsuana para cazar elefantes en compañía de su amante Corinna. Este nuevo escándalo se conoció porque el entonces rey sufrió una caída y tuvo que ser trasladado de forma urgente a Madrid con una cadera rota. Ese capricho, pues Juan Carlos era un asiduo a las cacerías de animales salvajes, había sido pagado por Mohamed Eyad Kayali, fallecido en 2019 y quien fue durante cuatro décadas el hombre de confianza de los saudíes en España. Como administrador único de Casa Al Riyadh S.L., gestionó el patrimonio de la Casa de Saud en nuestro país; y entre los dueños del conglomerado inmobiliario está el heredero y ministro de Defensa, Mohammed bin Salman.

Por su parte, Al-Waleed, uno de los 20 hombres más ricos del mundo y presidente de Kingdom Holding Company, un gigante con inversiones en multinacionales como Apple, Motorola, Citi o Twitter, es también dueño del 30% de Mixta África, empresa de construcción que opera en Senegal, Argelia y Mauritania. Y se da la circunstancia de que la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarín, condenado por corrupción, tuvieron una pequeña participación en esa firma a través de la polémica Aizoon S.L. Los duques de Palma usaron esta sociedad para desviar parte de las subvenciones que recibieron del Gobierno balear.

Cuando era rey, el emérito pidió perdón por la cacería, pero no lo hizo por las demás fechorías. Escándalo tras escándalo, acabó abdicando en favor de su hijo Felipe el 19 de junio de 2014, pero en esa fecha aún no se conocían públicamente los chanchullos del AVE y otras corruptelas definitivas para arruinar la reputación del ‘campechano’. Fue el 4 de agosto de 2020, en plena pandemia de la covid-19, cuando el emérito comunica que abandona España para evitar que sus líos en paraísos fiscales perjudiquen aún más la maltrecha monarquía. Tras días en paradero desconocido, se supo que había sido acogido por sus amigos jeques, pero en este caso no fueron sus ‘hermanos’ saudíes, sino los de Emiratos Árabes Unidos. Juan Carlos siempre se sintió cómodo en los laberintos musulmanes.

El inmoral negocio de las armas

El reinado de Felipe VI comenzó con la sensación de que ya se podía informar, con libertad, sobre la Casa Real, pero esto es una quimera, pues todo cuanto rodea a la monarquía sigue siendo secreto de Estado, bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista. Y poco se habla de uno de los más lucrativos negocios para España: el armamento. España ha hecho negocios millonarios con la venta de armas a países en guerra o con dictaduras desde el Gobierno de Felipe González, quien en un Consejo de Ministros de 1987 determinó el secretismo oficial en torno a la exportación de este material. Todos los gobiernos sucesivos se han escondido detrás del citado acuerdo para justificar su silencio frente a un negocio lucrativo pero moralmente inaceptable.

La venta y envío de armas desde España a Arabia Saudí ha sido constante y creciente desde que Felipe VI fue proclamado rey. La nación árabe se sirve de este suministro para sus viles guerras en Oriente Medio, como la de Yemen, o para financiar a grupos radicales islámicos y combatir a su principal enemigo: Irán. Es escasa la información que los españoles reciben sobre estos asuntos y ha sido Público uno de los pocos medios que ha hecho, y sigue haciendo, seguimiento de un problema que ha llegado a las instituciones europeas, a partir de las denuncias de Greenpeace y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.

La ruta española de la naviera saudí Bahri se abrió en 2016, catorce meses después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí iniciara los ataques contra los rebeldes hutíes. Para entender este conflicto es importante saber que los hutíes son un movimiento de resistencia que nace contra el Gobierno de Yemen, bajo la influencia de Arabia Saudí. Para iniciar su lucha contra una tiranía integrista, los rebeldes se han valido del apoyo de Irán; y ese es el motivo por el que los saudíes entraron de lleno en una guerra que apoyan EEUU y Emiratos, entre otros estados. Hasta la fecha, según distintas organizaciones humanitarias, han muerto más de 12.000 civiles y al menos cuatro millones de yemeníes han abandonado sus hogares.

Felipe VI y el rey Salmán de Arabia Saudí hablaron el 28 de marzo de 2015, el mismo día que comenzaron los bombardeos sobre las posiciones hutíes en Yemen, y el monarca español expresó su apoyo a la operación Tormenta Decisiva, como se conoce la intervención militar extranjera en Yemen, según notificó la casa real saudí. Desde entonces, más de 30 barcos de la muerte saudíes han arribado a puertos españoles para cargar armas made in Spain. “El custodio de las Dos Mezquitas Sagradas (como también se conoce al reino saudí), agradeció a Felipe VI por sus nobles sentimientos y posturas”, decía el comunicado oficial.

Desde entonces, los acuerdos comerciales referidos a armamento con Arabia Saudí alcanzan los 1.650 millones de euros, siendo España el tercer proveedor europeo de armas, según ha podido saber Público, que no cesa en preguntar al Gobierno por ese trasiego de buques, al igual que diputados de EH Bildu o Unidas Podemos, pero sin respuesta por tratarse de un “secreto de Estado”. Esta relación comercial implica una vulneración del Tratado de Comercio de Armas, tal y como denuncian las ONG, y más teniendo en cuenta que la naviera Bahri, burlando las restricciones al comercio en materia de Defensa, aumentó más de un 300% su beneficio neto hasta los 324 millones de euros solo entre enero y septiembre de 2020, según las pesquisas del periodista Danilo Albin.

No todas las armas que España vende a Arabia Saudí van directamente a la guerra de Yemen, también se dirigen a movimientos radicales islámicos que operan en otros países de Oriente Medio, como Siria o Irak, siempre con la intención de ganarle la partida a la república islámica de los ayatolas.

El rey Felipe VI y el heredero Bin Salmán

Desde que Felipe VI accedió al trono de España y el heredero saudí, Mohammed Bin Salmán, pasó a asumir un gran poder en la sombra, las relaciones entre los dos países se mantienen, aunque con otro perfil, pues es posible que el nuevo Borbón no les considere ‘hermanos’ a los reyes y príncipes saudíes. Pero lo que sí es una realidad es que los negocios y las relaciones se mantienen al máximo nivel. En esto no ha cambiado nada.

La primera reunión entre ambos fue en enero de 2015, cuando Felipe VI viajó a la nación arábiga para mostrar sus condolencias por la muerte del rey Abdalá. En enero de 2017, Felipe VI volvió a Riad; en esta ocasión para asistir a un encuentro empresarial donde se habló públicamente de negocios, del deseo de fortalecer la excelente relación entre ambos países, pero no tocaron asuntos espinosos como derechos humanos y democracia. “España es el tercer importador de productos saudíes de la UE, por delante de otras economías mayores”, dijo en su discurso el rey de España. “Un viaje que siempre guardaré en mi memoria”, matizó.

Y el 12 abril de 2018, Felipe VI recibió en Madrid a Bin Salmán, quien realizaba su primera visita a España para firmar un acuerdo en materia de Defensa, uno más para permitir que el puerto de Sagunto reciba cada cierto tiempo un barco de la muerte.

Sólo un paréntesis: en medio del culebrón del armamento se produjo lo que entre bambalinas se calificó como una torpeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya con Pedro Sánchez en el Gobierno, cuando meses después de la visita del príncipe a Madrid, ésta anunció que dejaba sin efecto un acuerdo para la venta de armas de España a Arabia Saudí por 9,2 millones de euros. Al parecer, los saudíes pidieron la cabeza de la ministra y tuvieron que intervenir en la disputa tanto el emérito como Felipe VI.

La visita de Bin Salmán a España siguió a otra muy relevante. El controvertido príncipe acababa de realizar una gran gira por Estados Unidos, donde se había reunido con magnates de empresas tecnológicas, actores y productores de Hollywood, políticos y representantes de organismos internacionales. Lo hizo para presentar su plan Visión 2030, el mismo que el embajador Manuel Alabart divulgaba en España con bombo y platillo. [aquí puede consultar los antecedentes, en el Capítulo I]. Un plan, aún vigente, que prevé la creación del mayor fondo de inversión soberano del mundo, cifrado en dos billones de dólares; un plan —como ya hemos contado— que busca limpiar la cara del retrógrado régimen saudí.

Para eso cambió su clásica túnica árabe por costosos trajes italianos, buscó proyectar una imagen de modernidad que le permitió copar la codiciada portada de la revista Times, con una entrevista en la que el periodista Karl Vick recordaba que, mientras se producía esa conversación y la sesión de fotos, en Yemen seguían cayendo bombas, y la disidencia y la oposición saudíes sufrían una gran represión, además de seguimiento fuera del país. Este periodista fue de los pocos que cuestionaron al heredero saudí durante su gira estadounidense.

Meses después de esa campaña de maquillaje, el 2 de octubre de 2018, ocurrió uno de los hechos más dramáticos y mediáticos relacionados con la represión que sugería Vick en Times: el asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul, cuando fue a recoger un documento necesario para contraer matrimonio. Khashoggi había tenido una relación estrecha con la Casa de Saud: fue su jefe de prensa y después dirigió una televisión pública que se le entregó a dedo por sus buenas relaciones con el poder; pero esos lazos se quebraron. Khashoggi sabía demasiado.

En un artículo publicado en esglobal.org, con motivo del asesinato de Khashoggi, el periodista Javier Martín pone de manifiesto la tiranía del régimen wahabí y en concreto de la estirpe de los Salmán, una rama de la Casa de Saud. El actual rey, Salman ibn Abdulaziz, uno de los mejores amigos del emérito Juan Carlos, y su hijo el heredero, Mohamed bin Salmán, imbuidos por las ideas más conservadoras y grandes protagonistas de intrigas familiares, han endurecido desde 2015 la represión dentro y fuera de Arabia Saudí. Según Amnistía Internacional, desde la llegada al poder de los Salmán, cerca de un centenar de religiosos moderados, periodistas, activistas y otros disidentes han sido encarcelados. Muchos más reciben amenazas y medidas económicas punitivas.

El bloguero Omar al Zahrani, uno de los opositores más conocidos y protagonista del documental El Disidente, en el que se relata cómo se fraguó el asesinato de Khashoggi, vio desde su exilio en Canadá cómo encarcelaron a sus hermanos y 23 amigos suyos por denunciar abusos y contrarrestar una campaña de acoso y derribo del régimen a través de las redes sociales. Ese plan, que consistía en crear tendencia en redes, había sido financiado por Khashoggi mientras preparaba su matrimonio con la investigadora turca Hatice Cengiz, quien sigue pidiendo justicia, más aún después de que el presidente de EEUU, Joe Biden, hiciera público un informe de inteligencia en el que se revela que el heredero Bin Salmán habría aprobado el asesinato de Khashoggi.

El régimen saudí, con el príncipe maquiavélico a la cabeza del plan, espió con el programa Pegasus a Khashoggi, a Omar al Zahrani y a muchos otros disidentes en distintos lugares del mundo, incluso al propio Jeff Bezzos, propietario de Amazon y de The Washington Post, medio en el que escribía artículos de opinión el periodista descuartizado. Además creó un ciberejército de troles, llamados moscas, para desacreditar a usuarios de redes sociales dentro y fuera de Arabia Saudí, poniéndoles en la diana y convirtiéndolos en objetivos. Al Zahrani quiso contrarrestar esa guerra irrestricta con la arquitectura de una red digital de abejas para luchar contra las moscas. Este fue el plan que financió Khashoggi antes de su asesinato y fue lo que convirtió al joven bloguero en el enémigo número uno del régimen de Riad.

Los wahabíes no se conformaron con hacer seguimiento y amenazas a Khashoggi, con detenerle y torturarle, práctica habitual del esquizofrénico régimen, sino que le descuartizaron con una motosierra para poder sacar su cuerpo del consulado a trozos y en bolsas. Todo apunta, y más tras el reconocimiento del Gobierno de EEUU, que el heredero dio la orden; lo que sí es una certeza es que algunos de sus hombres de mayor confianza participaron en la matanza.

El rey de la jet set marbellí, Adnan Khashoggi, tenía en común con el periodista asesinado en 2018 el apellido, el parentesco y también que los dos trabajaron para la Casa de Saud: uno encontró la muerte siendo multimillonario, en un buen hospital de Londres y con edad avanzada; y el otro, con solvencia económica suficiente para financiar a la disidencia saudí en el exterior, fue vilmente asesinado.

Esta muerte formó parte de una caza de brujas más amplia por parte de los Salman para asentar su poder, según explica Javier Martín, pues varios príncipes, entre ellos uno de los aspirantes al trono y el mismo Al-Waleed (el acusado de la violación de Ibiza) fueron detenidos y encerrados durante tres meses en un hotel de lujo de Riad acusados de corrupción, precisamente “en un reino donde el expolio de las arcas públicas es tradición familiar”, según el arabista. Todos fueron liberados cuando admitieron sus culpas y entregaron parte de sus fortunas.

El maquiavélico Bin Salmán, hijo del desalmado rey Salmán, es el mismo que en 2018, meses antes del descuartizamiento de Khashoggi, se alojó en el Palacio del Pardo, fue recibido por Felipe VI en la Zarzuela y cerró un nuevo acuerdo de venta de material de defensa con el Gobierno de España. Como en los mejores tiempos del frenesí marbellí, las revistas y distintos medios de comunicación informaron de las excentricidades del príncipe, convirtiendo todo en anécdotas: un séquito de 400 acompañantes, los restaurantes que hicieron las delicias del paladar del ilustre huésped, estreno de vajillas y menajes, camiones repletos de viandas, los mejores cocineros disponibles día y noche. Eso sí, al palacio del Pardo no entró una gota de alcohol.

Hoy da la impresión de que los medios tienen barra libre para hablar y atacar a la monarquía, pero no es así. A las pruebas me remito. Es cierto que hay más información, muchas veces procedente de fuera de España, pero lo relativo a la realeza sigue siendo “asunto de Estado” y por eso todavía hay secretos insondables. En una reciente presentación del libro La armadura del rey (Roca, 2021), los periodistas Ana Pardo de Vera, Eider Hurtado y Albert Calatrava advirtieron de que la maquinaria para proteger al emérito durante cuarenta años se está reactivando con Felipe VI. La paradoja es que hablar en los medios sobre el emérito es hoy común, porque atacar al patriarca es dejar entrever que sus tropelías son cosas del pasado y que la monarquía de ahora es decente; es animar a pensar que esa forma de reinar no es propia del hijo Felipe y de su esposa, la reina periodista.

(fin)

Opacidad, censura, negocios turbios y secretos inimaginables, así se sustentan las amistades del emérito Juan Carlos con los reyes y jeques saudíes. El maquiavélico príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, es ahora el interlocutor de Felipe VI.

La historia de la Casa de Saud se remonta al siglo XVIII, cuando la península arábiga, tierra de palmerales y oasis, estaba habitada por pueblos nómadas dedicados a la ganadería y al comercio.. Eran tiempos de grandes caravanas, también de asaltos y guerras entre tribus nómadas. Fue entonces cuando el patriarca Mohammed acogió en su seno a quien iba a definir el futuro de Oriente Medio, Muhammad Ibn Abdul Wahad, el clérigo que acabaría con el rostro inocente del Islam, al idear y expandir la corriente musulmana más radical, el wahabismo. Un acuerdo matrimonial entre hija e hijo de ambos selló un plan tan ambicioso en lo político, en lo militar, en lo económico y en lo religioso, que pervive hasta hoy.

Dos siglos después, y tras largas disputas entre beduinos, Abdulaziz ibn Saud fundó en 1932 el reino de Arabia Saudí. Era un reformador si se le compara con sus antepasados, pero no se despegó de la doctrina wahabista. Este hábil estratega, educado en Kuwait y rodeado de consejeros británicos, había aprovechado la caída del Imperio Otomano y la Primera Guerra Mundial para tomar poder y afianzar territorio. No confiaba en los británicos, pero acertó al considerar que lo mejor era ser socios y amigos, según explica el arabista y periodista Javier Martín en su libro La casa de Saud (Catarata, 2013). Y de esta manera, gracias al boom petrolero de los años años setenta, el reino wahabí se convirtió en dueño y señor, levantando en el tórrido desierto el imperio del ‘petrodólar’ y pasando, de la noche a la mañana, a ser el mayor productor y exportador de oro negro en el mundo.

Estos detalles no son en vano, pues van a ayudar a entender lo que hoy es Arabia Saudí y, sobre todo, a conocer a quienes van a suceder en el trono al fundador del reino: desde el afamado rey Fahd al actual, Salmán bin Abdulaziz, sin dejar a un lado al heredero: el joven, temible y desalmado Mohamed bin Salmán. El Borbón emérito ha considerado a los dos primeros sus ‘hermanos”, mientras que Bin Salman es ahora el interlocutor de Felipe VI. Así es la herencia real.

Javier Martín recuerda que la Casa de Saud tiene unos 15.000 príncipes y princesas poseedores de grandes fortunas, una estirpe que se ha esmerado en mantener las tradiciones y sobre todo el silencio del pueblo: actualmente hay cientos de opositores y periodistas en prisiones donde la tortura y la muerte son el pan de cada día. El wahabismo ha hecho de Arabia Saudí uno de los países más ultraconservadores, más opresores con las mujeres y con los derechos humanos. Es, además, el régimen que expandió el islamismo radical por el mundo, que financió a Al Qaeda (Osama bin Laden era saudí) y que activó el odio no solo entre Oriente y Occidente, sino entre suníes y chiíes, de ahí buena parte de las disputas con Irán.

Pero el boom del petróleo, las intrigas, la Guerra Fría y el egoísmo occidental han favorecido que el régimen de Riad sea amigo y socio preferente de las grandes potencias —y no tan grandes (como España)—, a cambio de favores. Y Juan Carlos lo supo hacer hasta el punto de que es una de las pocas figuras internacionales que ha tenido el número de teléfono privado de los últimos reyes saudíes. No sólo han guardado grandes secretos entre monarcas, de Estado y privados, sino que se han ayudado hasta límites insospechados, incluso traspasando la legalidad.

La hermandad del emérito con la Casa de Saud venía de la época en la que el Borbón aún no era rey, todo comenzó durante la dictadura de Francisco Franco. De aquella época se sabe, según el relato de Rebeca Quintans en su libro Juan Carlos I: la biografía sin silencios (Akal, 2016), que durante la crisis energética de 1973 el dictador recurrió al entonces príncipe heredero (designado como tal por el propio Franco) para que solicitara a sus amigos saudíes suministro de petróleo. La respuesta no se hizo esperar y España tuvo el crudo que necesitaba bajo el pago de una comisión al Borbón. Pagos, a los que se sumaron créditos a interés cero, que se mantuvieron cuando llegó la democracia. La fortuna del rey de España debió de crecer por millones, sin contar los obsequios, como cacerías africanas, estancias en lujosos palacios y otros agasajos onerosos.

Y es que el emérito sabía engatusar a monarcas sátrapas para intercambiar favores, amistades y dádivas. Al Sha de Persia también le pidió diez millones de dólares, en este caso para financiar la UCD de Adolfo Suárez bajo el pretexto de evitar la llegada al Gobierno del socialista Felipe González y, en teoría, asegurar la democracia. Así se plasma en una carta enviada en 1979 al tirano persa y publicada por Nueva Tribuna. Pero lo que verdaderamente le preocupaba a Juan Carlos era que las primeras elecciones municipales que se iban a celebrar en la incipiente democracia española, ese mismo año, terminaran como las de 1931, que sepultaron la dictadura de Primo de Rivera que había apoyado su abuelo, el rey Alfonso XIII, y que dieron paso a la II República.

El frenesí marbellí

Pero volvamos a cómo se fraguó la hermandad entre el Borbón y los saudíes. Todo se resume en un lugar: Marbella. Y en un hombre: Adnan Khashoggi, nacido en La Meca e hijo de un médico de la Casa de Saud. Este traficante de armas y uno de los hombres más ricos del mundo se convirtió en un referente de la extravagante jet set marbellí durante los años ochenta y, por supuesto, en un amigo cercano del emérito.

Con el auge de la Costa del Sol, el rey Fadh, animado por Adnan Khashoggi, cambió en 1982 su residencia de verano y la trasladó desde Montecarlo a Marbella. Allí se levantó la famosa ‘Milla de Oro’, donde los jeques construyeron mansiones que dejan sin aliento, entre ellas, una réplica exacta en mármol de la Casa Blanca, a la que acudía cada verano el entonces rey Juan Carlos para disfrutar de días de amor y rosas junto a su ‘hermano’ Fahd. Mientras tanto, los medios de comunicación callaban los excesos y el pueblo se alimentaba con las frivolidades de las revistas del corazón, que presentaban esos hechos como un cuento de ‘las mil y una noches’. La sociedad española se adentraba en la democracia, empezaba a gozar de libertades y veía en estos personajes puro entretenimiento.

Este silencio no era casual, tenía sentido al calor del Decreto Ley del 1 de abril de 1977 sobre libertad de expresión, que contemplaba el secuestro administrativo de publicaciones y consideraba delito aquellos actos “que constituyan demérito o menoscabo de la Institución Monárquica o de las personas de la Familia Real”. Este decreto, junto a la imagen de “campechano” que se forjó el emérito y un cierre de filas de los medios de comunicación en defensa de la institución monárquica, sirvió para acallar a la prensa hasta límites insospechados. España se presentaba al mundo como una democracia recién nacida, pero prohibía hablar de lo fundamental: las fechorías, intimidades, negocios y amistades del jefe del Estado.

Un ejemplo del tipo de amigos de Juan Carlos está en los escándalos protagonizados por Khashoggi: desde su participación en el Irangate (venta ilegal de armas a Irán en su guerra contra Irak para financiar a la ‘contra’ nicaragüense) hasta su paso por una cárcel de Estados Unidos tras ayudar al dictador filipino Ferdinand Marcos y su esposa, Imelda, a esconder 100 millones de dólares cuando se marcharon a Hawai con una inmensa fortuna robada. Esa temporada en prisión le hizo perder glamour entre la beautiful people, pero no le alejó de los negocios ni de las conexiones con la alta alcurnia mundial. Murió en un hospital de Londres en 2017 a los 81 años de edad.

En busca de una fortuna sin fin

Y fueron pasando los años, las idas y venidas a Marbella, también a Mallorca, los viajes a Riad, las cacerías, el jolgorio y los gastos millonarios. Dicen que el rey Fahd sólo tuvo dos amigos verdaderos fuera de su país con línea directa: Juan Carlos de Borbón y George Bush. Fueron años en los que florecieron los negocios entre España y Arabia Saudí, siempre con comisiones e intercambio de favores. Esa relación de los saudíes con Marbella se alargó más allá de 2005, fecha en la que murió el rey Fadh y le sucedió Abdalá en el trono. Con el nuevo monarca saudí y su entonces heredero Salmán (hoy rey), el emérito cerró uno de los acuerdos más jugosos y también más polémicos: la concesión a un consorcio de empresas españolas para la construcción del tren de alta velocidad entre la Meca y Medina (450 kilómetros por 6.700 millones de euros), el mayor proyecto ferroviario de España en el exterior, según el Ministerio de Fomento.

A la inauguración, que llegó tras varios años de tensiones entre el consorcio y los saudíes, no asistió ningún alto cargo del Gobierno español, ni siquiera el propio emérito. La razón es que en esa fecha, junio de 2020, Juan Carlos ya estaba en la mira por los millones de euros que supuestamente se había embolsado, y así lo contó Público. El caso llegó a la fiscalía de Ginebra y al Tribunal Supremo de España por delitos de fraude fiscal y blanqueo, al confirmarse que el emérito recibió en 2008 una transferencia desde el Ministerio de Finanzas saudí de 100 millones de euros, de los cuales una parte entregó después a su entonces amante, Corinna Larsen. Un dinero que no declaró, ni se investigó; un dinero que involucró a su hijo, ahora Felipe VI, pues figuraba como segundo beneficiario de la fundación panameña Lucum, constituida para controlar la cuenta del banco suizo Mirabaud a la que fue a parar la millonaria comisión, tal y como reveló el periódico británico The Telegraph a unos españoles ciegos. [En la banca privada panameña, «foundation» es una figura mercantil para un tipo de empresa patrimonial].

Cuando saltó el escándalo, Felipe VI ya era Felipe VI, es decir, su padre había abdicado del trono seis años antes, en 2014, y optó por escenificar una renuncia a esa herencia y retirar la asignación oficial al emérito, una decisión aplaudida por quienes a toda costa solo desean la supervivencia de la monarquía. Pero ese acto tiene distintas lecturas teniendo en cuenta, por un lado, que renunció a esa herencia sólo cuando el escándalo se había hecho público, pese a que sabía anteriormente que era beneficiario; y, por otro, que no se puede renunciar a una herencia mientras el finado está vivo.

Entretanto, resurge un personaje clave, Corinna Larsen, la examante de Juan Carlos I, y quien se coloca en el epicentro del embrollo como receptora de parte del dinero saudí, también porque fue emisaria de Juan Carlos a la nación arábiga para hablar de negocios en su nombre y, para colmo, mantuvo controvertidas conversaciones (por supuesto grabadas) con el excomisario Villarejo, el rey de las cloacas del Estado.

Volvamos al pasado para entender los antecedentes. En 2007, Corinna viajó a Riad como “representante del rey de España”, tal y como informó en aquel momento la agencia oficial de noticias SPA en una nota publicada por el diario Al Riad, dirigido por Turki al Sudairi, primo del monarca saudí. Conocer estos parentescos ayuda a sacar la conclusión de que los medios oficiales de ese país sabían perfectamente cómo debían presentar a la amante del rey y cómo vender la noticia. No fue un error, ni calificar a Corinna como “representante del rey”, ni difundir la foto de la discordia.

La amante celebró una reunión con el príncipe Al-Waleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, otro de los hombres más ricos del mundo y presidente de Kingdom Holding Company, a la que también asistió el embajador de España, Manuel Alabart. Ante el alboroto causado, Juan Carlos pidió que tanto la información como la imagen se retiraran de los medios saudíes, y el príncipe árabe le pidió a cambio que intercediera a su favor ante la justicia española por una denuncia contra él por violación, de la que hablaremos en el II capítulo de esta historia.

En aquella cita palaciega, siempre según el comunicado oficial, Corinna transmitió a su anfitrión saludos del rey de España, hablaron sobre las relaciones y la amistad entre los dos reinos, discutieron —como si de una embajadora de carrera se tratase— sobre la situación en Oriente Medio y del papel de Arabia Saudí en la región; y lo más importante: avanzaron en la implementación del Fondo de Infraestructura saudí-español, patrocinado por el emérito y Corinna para maquillar negocios. Un año antes, Corinna había acompañado a Juan Carlos a una visita oficial a Riad, donde había sido presentada como “asesora de asuntos estratégicos”.

El tercero que aparece en la foto es el embajador Manuel Alabart, quien tras una larga carrera diplomática y haber representado a España en países como Guinea Ecuatorial, Argentina o México, además de Arabia Saudí, terminó como vicepresidente de Técnicas Reunidas Internacional, una de las catorce empresas que formaron el famoso y desastroso Fondo de Infraestructura saudí-español, liquidado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009.

“Ha habido consenso para que hagamos las cosas con firmeza pero con elegancia para que quede bien Su Majestad” o “Los gestores solo se dedican a cobrar, pero ni hay proyectos ni hay transparencia”. Estas son algunas de las frases que puso por escrito en un correo electrónico el director de Negocio de CajaMadrid, Matias Amat Roca, al informar a su jefe, el presidente de la entidad en esa época, Miguel Blesa, sobre la disolución del fondo.

Pese a todo, incluso al hecho de que Técnicas Reunidas perdió millones por los chanchullos del fondo saudí-español, Alabart ha seguido defendiendo los intereses de la Casa de Saud; un ejemplo es cómo se ha erigido en el defensor y presentador en España del plan conocido como Visión 2030, ideado por el príncipe heredero, ministro de Defensa e interlocutor de Felipe VI, Mohamed bin Salmán, con el que busca limpiar la imagen del reino arábigo mediante un supuesto proceso de modernización en uno de los países más retrógrados del mundo.

La conexión Zanganeh

Corinna Larsen es una de las dos mujeres que más cerca han estado de Juan Carlos en sus negocios sucios; la otra es la iraní Shahpari Zanganeh, tercera esposa del traficante de armas Adnan Khashoggi, personaje clave en los vínculos del emérito con los saudíes y con una gran habilidad para hacer negocios e influir en el poder. Corinna a su lado es un manso cordero.

En su libro Final de partida (La Esfera de la Libros, 2015), la periodista Ana Romero asegura que en la visita oficial de los reyes de España a Arabia Saudí en 2006, Corinna Larsen y Shahpari Zanganeh formaban parte de la delegación. En aquel viaje, en el que también estaba una callada reina Sofía, se gestó el Fondo de Infraestructuras saudí-español, que se terminó creando en 2007 y disolviendo dos años después. Para ese entonces, Juan Carlos había dejado claro a sus ‘hermanos’ saudíes que ambas mujeres eran de su confianza. Zanganeh ha sido intermediaria en distintos negocios entre saudíes y españoles, y una de las grandes comisionistas del AVE a la Meca.

El AVE se adjudicó al consorcio de empresas españolas en 2011 después de varios años de gestiones y pagos de comisiones a unos y a otras. En 2006, Zanganeh se entrevistó con el entonces ministro de Defensa saudí, el príncipe Bin Abdul Aziz, a quien entregó una carta firmada por el emérito, y a partir de entonces se abrió una interlocución clave para cerrar los acuerdos. En 2008, Juan Carlos recibió los famosos 100 millones del rey Abdulá a cambio de acoger en Madrid una conferencia interreligiosa en la que, una vez más, se buscó impulsar una imagen positiva del régimen arábigo. Y a inicios de 2011 Zaganeh firmó el contrato de consultoría con las empresas, entre ellas OHL, Indra, Talgo y Cobra.

Su misión era realizar el análisis de riesgos, de subcontratistas proveedores y de consultores, pero la realidad es que los integrantes del consorcio necesitaban asegurarse una interlocución con las autoridades de Riad, y nadie mejor que la amiga del entonces rey para ello. La cuantía pactada en un principio fue la escandalosa cifra del 2% de la obra, pero meses después se modificó el contrato para pasar a un monto cerrado de 95,78 millones de euros, según El Confidencial.

Cuando en 2018 sale a la luz el escándalo, a raíz de las filtraciones de unos audios en los que Corinna cuenta a Villarejo que el consorcio había recurrido a Zanganeh para amañar la licitación y que el emérito había cobrado parte de esa comisión, las dignas empresas dejan de pagar a Zaganeh. Hasta esa fecha —según El Confidencial—, la iraní había cobrado unos 11 millones de euros, muy por debajo de lo pactado; por eso hizo una solicitud de arbitraje ante la Corte Internacional de París para desde ese estrado defender lo que consideraba le correspondía: casi cien millones de euros.

Pero los acuerdos entre empresas y Zanganeh venían de atrás. Se sabe que al menos desde 2004 se ofrecía como project developer, el título que le gusta usar para definir su trabajo, a distintas compañías. Según reveló Público, la iraní trabajó en Iberdrola entre abril de 2004 y enero de 2005, su labor fue identificar oportunidades de negocio en la región MENA (acrónimo en inglés para Middle East and North Africa, es decir, Oriente Medio y Norte de África), y por ella cobró 18.000 euros. En 2007, la eléctrica española volvió a pedirle asesoría para una operación de exploración de gas en Egipto y Argelia; en este caso ganó 78.000 dólares. Ante tanto escándalo, Zanganeh emitió una nota en la que aseguró que nunca “ha tenido relación económica y financiera con don Juan Carlos I de España en relación con el proyecto del AVE”.

La Justicia dirá… (Continúa en el Capítulo II)

En 1868, durante la revolución de La Gloriosa que dio origen a la Primera República, los hermanos Bécquer, Valeriano y Gustavo, hicieron 89 acuarelas satíricopolíticas con fuertes tintes eróticos -alguien diría que pornográficas- ridiculizando a la reina Isabel II y su corte de amantes: ministros, obispos, militares, todos personajes reales de la época. Firmaron con el seudónimo SEM. La revista satírica de la época Gil de Blas que acogió algunos de los trabajos de los hermanos, reconoció la autoría, rindiéndoles homenaje. La mayor parte de las acuarelas permanecieron como fondo de una colección privada. En 1986, el libreto completo fue adquirido por la Biblioteca Nacional y hasta 1991 no fue publicada esta obra al completo. Lo hizo la editorial El Museo Universal, en una bella edición bajo el título: Los borbones en pelota.

El libro levantó cierta polémica. Al fin y al cabo, ridiculizaba y denunciaba la frivolidad de la vida política en medio del desastre nacional, de lo que algunos han calificado de pornografía política de un antepasado del rey gobernante. Las acuarelas recuerdan a alguna portada de la revista El Jueves que también escoció y fue objeto de persecución censora por la justicia en 2007, por representar a los entonces príncipes practicando sexo para cobrar el “cheque bebé” que había aprobado el gobierno. El dibujo de Guillermo Torres era hasta inocente y púdico comparado con el colorido y la exuberancia de las láminas de los hermanos Bécquer.

El rapeador Hasél tampoco se inspiró en el poeta del romanticismo y su hermano para hacer sus canciones, de haberlo hecho tal vez su injustificable condena habría sido más elevada y seguramente, de haber incluido a la cúpula eclesial, estaría penando también en los infiernos. Eso sí, se puede tener peor o mejor gusto en las formas de cuestionar, como mayor o menor habilidad artística, pero eso no es lo que se juzga. En estos asuntos, y sobre gustos musicales me quedo con la FRAC, Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz.

Parece que por mucho tiempo que pase los asuntos de la corona siguen siendo tabú. Si se trata de evitar que volvamos a tener una “Gloriosa”, lo primero que se debería pedir es decencia y ética a quienes, a falta de un sometimiento a la justicia, son objeto de crítica, burla, sátira… La monarquía parlamentaria es impropia de estos tiempos, extemporánea en sus privilegios y en su forma heredada de enquistarse en el poder sin ningún referendo por parte de la ciudadanía.

La encuesta publicada en octubre del año pasado por la Plataforma de Medios Independientes (PMI) realizada con contribuciones voluntarias -ya que el CIS, pagado con los impuestos de todas las personas contribuyentes, se niega a preguntar-, viene a demostrar que sin que exista, como pretenden algunos, una conspiración contra la monarquía y aún hurtando un debate legítimo en los medios de información públicos y privados, un elevado porcentaje de la población se manifiesta en contra de este modelo de representación florero del Estado.

¿Qué preocupa, el fin de la monarquía o la restitución de la república? Se aceptó lo que se aceptó en la Constitución del 78 porque había urgencia por salir de una España tan en blanco y negro como el NODO. Una España mariana, beata, represora de la mujer (sin derechos) y de cualquier disidencia política. El debate que en su día no se dio es hoy necesario en el sentir de la calle: según la encuesta aludida un 40,9% de la población es favorable a la república, frente a un 34,9 de convencidos monárquicos, el resto anda entre el “no sé” (12,9%), el voto en blanco y la falta de interés.

No es una cuestión de orden ideológico, como se quiere hacer ver, sino de coherencia, de sometimiento de todas las personas que habitan el país a los mismos principios, oportunidades, derechos y obligaciones. Algo que, como vemos, no ocurre en un cargo no electo y cuando se producen desaguisados escandalosos en la jefatura confusa unipersonal-familiar del Estado, una anomalía democrática, un anacronismo histórico.

Desde el derecho comparado no hay lecciones que sirvan. El cuestionamiento a las monarquías se justifica, más aún, ante sus desatinados comportamientos sociales y políticos, la amoralidad de sus enriquecimientos aún contando con elevadísimos salarios y todos los gastos cubiertos por los estados. Todo ello provoca el escándalo entre sus “súbditos”. No hay país que se salve. Un repaso a las agendas de actividades privadas de las casas reales descubre que viven en un mundo paralelo y que verdaderamente creen que su privilegiada situación les da, por derecho histórico, privilegios negados al resto de los mortales.

Les sostiene, desde el imaginario de una parte de la población, una idea histórica de la tradición que es perversa, que se impone al estado de derecho, un tradicionalismo medieval promovido por una lectura temporal que se asienta en trasnochadas visiones patrias donde importan más las banderas, himnos y toda una simbología apelativa a emociones que pretenden ser valores sustitutivos-complementarios de solidaridad y justicia social. Una racionalidad neblinosa que se maneja desde la disonancia cognitiva del conflicto emocional y la razón, la instalación en la zona de confort, los intereses espurios y los silencios cómplices.

Falta debate. Falta el debate sobre ideas coloniales instaladas en el imaginario para facilitar el oportuno proceso decolonial, un tránsito que vincule la acción política y la legitimidad de la justicia con el bien común. No podemos seguir aplicando vacunas que no funcionaron, ni funcionan. El mundo ha cambiado y hay quien no parece darse cuenta, los problemas de hoy exigen respuestas diferentes, nuevas. En estas circunstancias, la mediocracia de complicidades económico-políticas hurta el relato a sus protagonistas y crea narrativas desde tribunas a las que la ciudadanía no tiene acceso. Que hoy haya medios de información que banalicen este debate, solo puede ser reflejo de intereses económico-políticos y en algunos casos hasta religiosos en el seno de sus consejos de administración.

¿Cuál es hoy el valor de la independencia, dónde reside esta? El ejercicio periodístico se hace complejo cuando tiene que navegar entre intereses espurios y el servilismo al poder. Cuando ciertos medios viven afanados por conducir “al rebaño desconcertado” (siguiendo las tesis de oportunistas de Lippmann y desarrolladas por Bernays), por encauzar la opinión pública disfrazando la realidad o poniendo en el debate asuntos lejanos a los verdaderos intereses del común -algo en lo que también hay acuerdo con cierta clase política dedicada a administrar sillones y favores- está claro que cualquier propuesta de transición o transformación por fundamentada y necesaria que sea está negada. La disidencia, como la entropía, son estados naturales y no reconocerlo impide opciones verdaderas de consenso y enquistan los conflictos.

Los cuentos de príncipes, princesas, reyes y reinas son parte del imaginario popular, de un anhelo ilusorio de triunfo sobre el mal, de una suerte de tómbola que algún día le puede corresponder a la heroína o al héroe plebeyo. Pero hoy es inadmisible seguir viviendo del cuento porque la estética performista debe ir acompañada de la ética.

«No ver el mundo con los ojos del adversario era la primera condición para poder desarrollar un espacio político y social de contestación al orden existente». Josep María Antentas escribía esto sobre la apuesta del periodista y militante revolucionario Miguel Romero ‘Moro’, fundador de la revista Viento Sur, por construir comunicación emancipadora frente a la desinformación de los medios convencionales.

Hacer propia esta hipótesis requiere de dos premisas. La primera es intencional, esto es, la propia voluntad de subvertir un (des)orden actual por ser considerado absolutamente cruel e irracional para con los valores de justicia social, igualdad y libertad. En general, el propósito por cambiar de base un mundo desgarrado cuyo rumbo y cuadro de mando no se orientan hacia la optimización social del goce de la vida colectiva.

La segunda premisa podría ser a la vez conceptual y metodológica. Requiere dejar de pensar la composición mediática y los dispositivos de producción y reproducción ideológica como elementos deshistorizados. Una mirada crítica a la concepción liberal de los medios de comunicación permite desembarazarse de supuestos falsos como que “la realidad es solo y tal como se muestra” o que “los intercambios entre productor y consumidor se producen en condiciones de objetividad e igualdad”[1].

Ante este marco conceptual, en línea con la propuesta que apellida el presente foro, asumiremos uno metodológico: el de la dualidad de poderes. Esto es, la idea de construir un contrapoder de fuerza propia, arraigado al sustrato de los sectores oprimidos que persiguen su liberación frente a la clase dominante. Y aquí es donde encontramos la fuerza motriz de una hipótesis revolucionaria de referencia para una práctica política y comunicativa emancipadora.

Poder y comunicación

Partiendo cada uno de su especificidad, no puede entenderse la composición mediática (espacio comunicativo) sin la arena pública (espacio político). Considero que la propuesta lanzada a este foro -independencia periodística, contrapoder mancomunado- gana en riqueza si la concebimos desde una articulación más ambiciosa en la que la comunicación pueda servir, no únicamente para el ejercicio efectivo del derecho a la información, sino para la contribución a la conquista de otros derechos.

El deterioro en la percepción de la labor de los medios de comunicación por parte de la ciudadanía ha venido empeorando a lo largo de los últimos años. Según el CIS, con la crisis del coronavirus la imagen de los medios de comunicación empeoró hasta un 47,7% [2]. Vemos cómo una situación de anemia democrática atraviesa de lleno esa cadena helicoidal en forma de ADN que constituyen periodismo y poder.

Ante esto, conviene combinar análisis y acción. Por un lado, debemos profundizar en la elaboración colectiva de diagnósticos sobre las tendencias y estrategias del poder que han derivado en este déficit en la función pública del periodismo. De otro, debemos explorar, probar fórmulas, aprender y perseverar en estrategias para esa visión informativa que busca contribuir a la emancipación.

Las estrategias del poder

Según datos de Global Wealth Report, el 1% de la población relativo a las personas más ricas del mundo tendrían ya más del 45% de la riqueza total[3]. La creciente desigualdad se produce bajo el paraguas de un proceso sostenido de acumulación y concentración del capital que en lo comunicacional se traduce en un exceso de concentración de la propiedad de los medios. Cada vez más poder en menos manos. Los datos previos a la pandemia ya señalaban que el 58% de los medios de comunicación en el Estado español está controlado por sólo tres compañías[4].

Por su parte, el horizonte democratizador que profetizaban los sueños ciberoptimistas con la extensión del uso de Internet quedó truncado. Como en otros tantos episodios y temporadas de esta serie llamada capitalismo, capacidad y viabilidad técnica no supusieron un progreso mecanicista. Sin embargo, los fenómenos de clickbait o de la jibarización comunicativa, entre otros, reflejan un elemento dimensional de la nueva temporalidad que irrumpe con la digitalización, y un pánico a ser efímeros alimenta el tiránico monstruo de la inmediatez. Nuevamente, cantidad no es sinónimo de calidad en el volumen de producción mediática.

Tampoco escapan a esta crisis las condiciones de las personas trabajadoras relacionadas con la comunicación y la información. La flexiseguridad, la uberización y, en definitiva, la precarización laboral y social limitan considerablemente las posibilidades materiales de periodistas y comunicadores que pretenden frenar y revertir el sentido de esta rueda de hámster.

Se suman entre los obstáculos a imaginar otro tipo de comunicación las regulaciones orientadas a la limitación de la libertad de expresión por parte de poderes represivos (Ley Mordaza, Decretazo digital, etc.), o el abandono (e incluso persecución) desde la administración hacia experiencias de medios libres y comunitarios.

Pistas para una estrategia de emancipación

A diferencia de la irrupción de nuevos sectores y demandas en la esfera pública que tuvo lugar en el ciclo 15M, el momento actual parece marcado por una sensación de pasivización (y desafección) política y una actitud defensiva (frente a la ofensiva neoliberal autoritaria).

Romper con esta inercia se vuelve fundamental para los objetivos a medio y largo plazo de los medios independientes. La sostenibilidad de un contrapoder mancomunado de información está condicionada por que tengan lugar nuevas experiencias de autoorganización y cristalización de espacios ligados al movimiento popular. Será clave, por tanto, la simbiosis entre dispositivos de producción política y comunicativa. Poner a disposición de los movimientos transfeministas, ecologistas, antirracistas, etc. los altavoces y herramientas de difusión de los que se dispongan. Necesitamos favorecer y revitalizar espacios comunitarios para la información, fomentar medios que se articulen con las luchas y movilizaciones, que se piensen desde los lugares de conflicto social.

Habrá que seguir remando, y en muchos momentos deberá ser contracorriente, hacia el rumbo que señala la experiencia de la PMI. Apuntando a la dovela central de los arcos que sostienen hoy estructuras de privilegio como la monarquía, el poder judicial o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aún sin depurar, o la propia arquitectura mediática que (re)produce su ideología dominante día tras día.

Habremos también de impregnar la importancia de lo comunicativo en los movimientos, de incorporar esta visión estratégica en la práctica militante y activista para la disputa hegemónica. Deberemos construir lo que Moro llamaba “disenso eficaz”, encontrar sinergias en la tríada política -movimiento- comunicación para transformar la sociedad.

Notas:
[1]Martínez, “Medios de comunicación, democracia y emancipación social” – https://vientosur.info/medios-de-comunicacion-democracia-y-emancipacion-social/

[2]La pandemia pasa factura a los políticos y a la prensa: un 60% tiene peor imagen del Gobierno, según el CIS – https://www.eldiario.es/sociedad/47-espanoles-preocupado-efectos-coronavirus-salud-consecuencias-economicas_1_6403262.html

[3]The Global wealth report – https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html

[4]Alerta por el exceso de concentración mediática en España – https://www.elnacional.cat/es/cultura/alerta-exceso-concentracion-mediatica-espana-periodismo-libertad_101078_102.html

Hablar en España de periodismo veraz, plural, independiente y al servicio de los ciudadanos es una quimera. Se trata de un debate con multitud de matices, pero hay cuestiones tan evidentes en el sector más tradicional de los medios de comunicación que acreditan una crisis del buen periodismo, del periodismo democrático, entendido éste como el altar de la investigación independiente, como la obligación de dar la voz a los olvidados y evitar que la orientación informativa y editorial las impongan los intereses mercantiles de una minoría en el escaparate (portadas) de sus medios.

Hay diferencias en el periodismo nacional, autonómico o local; entre periódicos, radios y televisiones y entre medios públicos y privados, que exceden los apuntes generales de este artículo. Y también un cúmulo de matices en función de la profesionalidad de los equipos, de la desigual rentabilidad económica de cada medio y de la diferente interferencia de los accionistas de cada empresa periodística. Nada es igual en unos que en otros, pero la degradación es un hecho bastante general. Y en esa degradación influyen la pérdida de peso de los profesionales más independientes, la cada vez menor presencia de sindicatos o asociaciones de periodistas que han hecho dejación de sus funciones, el individualismo del profesional y su falsa convicción de que organizarse penaliza su supuesta libertad. La autocensura marca, aunque a veces no haya consciencia de ello. También la constatación de que no ha sido posible crear un mecanismo de financiación del periodismo que compatibilice la rentabilidad de las empresas con el mantenimiento de los principios de veracidad, pluralidad, independencia y servicio a los intereses de la mayoría de ciudadanos.

Mi contribución a este debate se reduce, sin ánimo de exhaustividad, a subrayar los siguientes aspectos que dificultan el buen periodismo:

1º) Existe una precariedad laboral creciente que inunda las redacciones de los medios. El siglo XXI se ha caracterizado por una rebaja desconocida de las condiciones laborales, acentuada a partir de la crisis de 2008. Los expedientes de regulación de empleo y la pérdida de derechos adquiridos han menguado las redacciones.

2ª) De forma paralela ha existido una creciente ‘nómina’ de colaboradores que han sustituido a una parte de las plantillas estables con retribuciones a la baja para rebajar costes.

3ª) Se constata un uso escandaloso de becarios como redactores, ignorando o reduciendo el carácter de formación de estos estudiantes de Periodismo.

4º) Hay en general un exceso de horas extraordinarias, de volumen diferente en cada tipo de medio, que se hacen y que nunca se pagan. Todos estos aspectos de precariedad, superior en los medios a otros sectores económicos, han sido muy poco controlados por la Inspección de Trabajo en sus campañas anuales. La vista gorda es un hecho.

5º) Se trabaja con una muy escasa formación especializada en áreas tan importantes como el derecho, la economía, las finanzas. Hay una visión cortoplacista del trabajo en las redacciones.

6º) El recurso a las informaciones de agencias de prensa suple la falta de medios profesionales. Sobre estos “teletipos” se trabaja adornando sus contenidos y a veces disimulando u ocultando la fuente.

7º) Existe una tendencia decreciente a la selección de los temas por parte de los redactores en una organización cada vez más jerarquizada y menos horizontal. La información es utilizada cada vez más como mercancía.

8º) Es un hecho el blindaje de los anunciantes, mayor en un contexto de caída publicitaria y poco diversificada.

9º) Hay un poderío creciente de las fuentes de información (políticos, consultores, empresarios) sobre el medio y sus criterios de selección, que conviven con la tendencia decreciente a contrastar noticias y a facilitar análisis en profundidad, debido a la inmediatez con la que se trabaja, a la falta de recursos y al escaso debate plural en las redacciones.

10º) La nula transparencia de las complejas estructuras de poder de las empresas periodísticas y sus vinculaciones accionariales, que practican en este ámbito lo contrario de lo que predican en sus editoriales, dificulta el conocimiento en profundidad de a quién, cómo y en qué medida sirve el trabajo del medio de comunicación. Son poco proclives a “desnudarse” ante los lectores, a pesar de que en muchas ocasiones su cuenta de resultados contabiliza ayudas públicas. En ocasiones son grupos ajenos al sector que ven la presencia en los medios como una forma de poder y/o de obtener sinergias competitivas para sus otros negocios.

11º) La elección del director de turno y la proyección editorial-ideológica que transmiten son determinantes en el objetivo de los mensajes, en la orientación y en la organización de las informaciones. Existe una tendencia más o menos clara por la que la línea editorial sintoniza con ideologías próximas a quienes tienen capacidad o posibilidad de contribuir a financiar el medio: un discurso único. Y por el contrario, el medio se ve en la necesidad de combatir a quienes cuestionan los principios ideológicos o políticos de los potenciales financiadores. De ahí que todo aquel que se desmarca de manera contundente del ideario político del medio es considerado enemigo. El caso de Podemos y su líder Pablo Iglesias en la prensa más conservadora daría para una colección de tesis.

12º) Las subvenciones o patrocinios de administraciones públicas y de otras entidades condicionan los contenidos de los medios y les obligan a que las agendas de ministerios, gobiernos autonómicos o ayuntamientos ocupen espacios relevantes muy por encima de lo que merecerían por su interés o importancia si estas ayudas fueran inexistentes.

13º) Se aprecia en algunos medios una apariencia de neutralidad y/o pluralidad, pero hay aspectos que interesan al ciudadano en los que se profundiza menos, bien por el coste de investigación, por no espantar a los anunciantes o por no molestar a un segmento de lectores acorde con la ideología del medio. Pocas veces la pobreza y sus causas llenan portadas, pocas veces se informa en detalle del desorbitado enriquecimiento de los banqueros, brilla por su ausencia la falta de democracia en el mundo laboral (resistencia atroz a cambiar las reformas laborales), son excepciones dignas de mención la de quienes han investigado sobre la titularidad empresarial de las residencias privadas donde han fallecido ancianos por la covid. También se informa con poca profundidad de los escándalos de las empresas del Ibex más allá de lo que marca la agenda judicial… Sobra comentar el histórico silencio de los medios a la corrupción de la Casa Real con Juan Carlos I y el blindaje informativo sobre cualquier anomalía del rey Felipe VI.

14º) La presencia en los medios de los líderes políticos o sindicales más críticos con el sistema es residual cuando plantean cuestiones que afectan a la mayoría. Basta recordar cómo fue desacreditada la última decisión de subir el salario mínimo interprofesional. Se desató un frente común contra esta medida, con supuestos estudios que acreditaban el impacto negativo en el empleo.

El buen periodismo, entendido como servicio a la mayoría, es una quimera en España si hablamos de lo que se ha venido en clasificar como los grandes medios. El aire fresco que traen los medios alternativos todavía llega a pocas personas y su mantenimiento es complicado. El reciente final de cuartopoder y la desaparición de otros de marcado carácter local no invitan al optimismo, a no ser que se apueste por la cooperación o la integración. Lograr ingresos publicitarios para medios críticos con el sistema es una empresa harto difícil.

La generación actual está asistiendo a un choque colosal entre dos formas de ejercer el periodismo: por un lado tenemos a la prensa de papel, mayoritariamente conservadora y sin credibilidad en sus líneas editoriales; por otro lado tenemos la nueva prensa digital, mayoritariamente progresista y que se esfuerza, con mayor o menor éxito, en ganarse una reputación. ¿Quién ganará la partida?

No tengo las claves para responder a la pregunta planteada, pero deseo apuntar algunas ideas filosóficas que creo servirán para enfocar el problema adecuadamente y que deben ponerse al servicio de una posterior indagación, de naturaleza empírica, que estudie las tendencias periodísticas observables e infiera las extrapolaciones más plausibles.

Planteemos la cuestión directamente: ¿cómo se critica al viejo periodismo y se le supera? Una forma simplista y miope de responder a la cuestión sería: haciendo periodismo de forma totalmente diferente de como lo hace la prensa tradicional. Es decir mediante un infantil decreto de la voluntad se niega simplemente lo existente y se proclama una realidad completamente nueva, sin que se explique cómo ha de realizarse la transición ni de dónde han extraerse los materiales de esa otra nueva realidad.

Planteado el problema en estos términos, podemos situarlo en un plano más general o filosófico: ¿cómo se critica una práctica social, sea periodística o de otra índole?

Esta es una cuestión que ha estado en el centro de profundas discusiones en el pensamiento marxista, y que me parece oportuno exponerlas aquí para iluminar el tema que se expone.

En primer lugar hay que decir que el marxismo clásico entendía la crítica a la manera hegeliana, es decir, como un elemento de su teoría de la dialéctica. Fue Engels quien afirmó: «Marx y yo fuimos, sin duda, casi los únicos en conservar la dialéctica [hegeliana] en nuestra concepción materialista de la naturaleza y de la historia»[1]. A Engels también le debemos la siguiente declaración:

«Negar, en dialéctica, no es simplemente decir que no, o declarar que una cosa no existe, o destruirla de un modo cualquiera. […] Yo debo no sólo negar, sino también superar (Aufheben) de nuevo la negación. Yo debo constituir la primera negación de tal suerte, que la segunda sea o llegue a ser posible. ¿Y cómo? Según la naturaleza específica de cada caso particular. Si aplasto un grano de cebada, si pisoteo un insecto, efectúo la primera negación, pero hago imposible la segunda. Cada género de cosas implica, por tanto, una forma particular de negación, de la cual resulte un desenvolvimiento, y lo mismo en cada género de representaciones y de conceptos»[2].

Más tarde, desarrollando las ideas de Engels, Henri Lefrebvre expuso lo siguiente:

“En la superación, lo que resulta superado se encuentra abolido, suprimido, en un sentido. Y, sin embargo, en otro sentido, lo superado no deja de existir, no cae en la pura y simple nada; al contrario, lo superado se encuentra elevado a un nivel superior. Pues ha servido de etapa, de mediación para obtener el “resultado” superior; y, ciertamente, la etapa atravesada no existe ya en sí misma, aisladamente, tal como era con anterioridad, sino que persiste a través de su negación, en el resultado.

Así, el niño se continúa en el hombre, no tal y como fue, no “en tanto que niño”, y, sin embargo, en el recuerdo y la memoria, en el carácter de un hombre, se encuentran el niño y la vida de la infancia superados.
[…] En el devenir del pensamiento y de la sociedad, el movimiento “en espiral” se comprueba aún más profundamente: el retorno sobre lo superado para dominarlo y profundizarlo, y elevarlo de nivel al liberarlo de sus límites (de su unilateralidad)»[3].

En la literatura marxista aparece enunciada tal hipótesis como “ley de la negación de la negación”. Según otro autor moderno, István Mészáros, tanto Engels como Marx estuvieron de acuerdo en entender de la forma que acabamos de enunciar esta ley de la dialéctica, lo cual contradice la visión que la Escuela de Francfort ha querido conferir a la negatividad, sustraída de cualquier rasgo positivo.

En conclusión: Quienes defienden la práctica de un periodismo nuevo, renovado desde una orientación progresista, deben hacer balance de qué elementos del viejo periodismo ven necesario conservar, y cuáles otros habría que sustituir y por qué medios. Que el periodismo de la prensa actual de papel se nos presente amarillista y humillado por la tutela del poder financiero, no quita que haya vivido momentos de gloria gracias a unos métodos de investigación y unas técnicas de comunicación que en parte hoy conservan su validez. Quienes aspiren a superarlo (Aufheben) en un sentido dialéctico, también habrán de demostrar que son capaces de la misma entrega, arrojo y heroísmo que viejos reporteros de antaño demostraron al desafiar las reglas y las órdenes de los poderosos.

Notas:
[1]Federico Engels: Anti-Düring, Barcelona, ed. Avant, 1987, p. 20.

[2]Federico Engels: ídem, pp. 153 y s.

[3]Henri Lefebvre: Lógica formal, lógica dialéctica, Madrid, ed. Siglo XXI, 1970, p. 267 y 278

[4]István Mészáros: “Negación”, en Tom Bottomore (dir.): Diccionario del pensamiento marxista, Madrid, ed. Tecnos, 1984, pp. 569 y s.

Quien tenga estómago para ello, puede consultar en algunos de los libros escritos por Pedro J. Ramírez a lo largo de su vida cómo se jacta de haber sido mentor y tutor de Aznar antes que este llegara al poder. Luis María Anson, en cuya densa trayectoria profesional figuran la presidencia de la Agencia Efe o la dirección de ABC, poseía ya un amplio currículum de conspirador cuando encabezó con Pedro Jota y Camilo José Cela en Marbella el verano de 1994 la fundación de AEPI (Asociación de Periodistas Independientes), un grupo de comunicadores beligerante con la situación política de aquellos años que acabó siendo conocido como el sindicato del crimen.

Dada su falta de respeto a la libertad de expresión, los sucesivos gobiernos de Felipe González habían ido acumulando méritos suficientes durante los años “socialistas” para acabar enfadando seriamente a un amplio porcentaje de miembros de la profesión periodística. Comunicadores con indiscutible poder e influencia en distintos medios no pudieron disimular su frustración cuando, en las elecciones de 1993, el Partido Popular no consiguió llegar al poder tras cuatro intentos consecutivos fallidos. Fue entonces cuando surgió la idea de fundar la AEPI, una iniciativa que acabó reuniendo a escritores y periodistas que, por uno u otro motivo, parecían tener cuentas pendientes con el PSOE (José Luis Balbín, Pablo Sebastián, José Luis Martín Prieto, José María García, Antonio Herrero, Federico Jiménez Losantos, José Luis Gutiérrez…) Este fue el germen del momento periodístico tan canalla que casi treinta años después vivimos en nuestro país.

El pretexto esgrimido para el nacimiento de aquella asociación fue que había que regenerar el sistema. En su declaración de intenciones, denunciaban «el daño a la libertad de expresión que causan el Gobierno y los grupos de presión afines». La fórmula empleada para conseguir sus objetivos fue elevar la crítica y aumentar los niveles de crispación, ¿les suena? Nombro a según qué gerifaltes de entonces, pero la lista de periodistas con aspiraciones suele engordar, y mucho, a medida que repasas los escalafones y las nóminas de asesores ministeriales y tertulianos radiofónicos o televisivos. Esto en cuanto a los medios privados porque, como se sabe, los nombramientos de los responsables de los medios públicos son designaciones políticas que, cuando han recaído -escasas veces- en profesionales teóricamente neutrales, han derivado en convulsos episodios con desenlaces traumáticos.

Como sin duda ocurre en la mayoría de oficios, en el mundo del periodismo hormiguea una fauna muy variada en la que coexisten quienes entienden la profesión como una manera de ser útil y mejorar las cosas, y quienes no tienen reparo alguno en utilizarla como trampolín para prosperar en la vida. El carácter de escaparate que posee la profesión periodística y las posibilidades de relacionarse que brindan permiten que los carentes de escrúpulos la usen como palanca para dar el salto al mundo de la política, los negocios o las relaciones públicas.

En los cargos intermedios de las empresas informativas, buena parte de quienes alguna vez fueron ardientes defensores de la libertad de expresión se convierten, apenas acceden a uno de esos puestos, en celosos represores de los profesionales que quedan a sus órdenes. Nunca entendí la falta de compañerismo ni la actitud de esos especímenes cuyo empeño consiste en subir a costa de machacar a sus compañeros. Y sostengo que hay ciertas cosas que un periodista no debería hacer nunca. No entiendo a quienes tratan a sus colegas como rivales, ni a quienes niegan un teléfono, un dato o un contacto a un compañero, ni al que hace suyas las guerras entre empresas. Un periodista no debe aspirar a que la empresa para la que trabaja le agradezca o valore su esfuerzo. Y tampoco es bueno que pierda la perspectiva creyéndose que pertenece al círculo político, económico o cultural en el que se mueve. Por mucho que le guste su oficio, quizás debiera no despistarse y recordar siempre que se trata solo de un trabajo. Y, por lo general, mal pagado.

Los poderosos, que tienden a creerse inexpugnables, no dan crédito cuando ven publicados aquellos asuntos que les conciernen y que ellos creían estar manejando con discreción. ¿Cómo se han podido enterar?, es lo primero que se preguntan. Acto seguido, desconcertados unas veces, indignados otras, deciden contraatacar pero ¿contra quién actúan? ¿Contra la persona que les ha sido desleal y ha filtrado sus tejemanejes? ¿Contra sus asesores? No. Resulta más práctico intentar intimidar al mensajero para que detenga la publicación de aquello que les perjudica, u optar por la querella judicial si no tienen suerte con sus presiones. Siembran así la duda sobre lo publicado y, de paso, intimidan al autor de la información no grata con la amenaza de obligarle a afrontar un contencioso.

En el caso de los grandes rotativos españoles, hablar de prensa libre es prácticamente una quimera. Las primeras páginas de los periódicos no se elaboran con criterios profesionales. No es verdad que el tema de apertura por el que se apuesta en las primeras páginas sea el que más interesa a los ciudadanos. No es verdad que se piense en el lector antes que en la empresa a la que perteneces cuando la elaboras. No hay director en sus cabales que se atreva a abrir con el escándalo de una empresa que inserta publicidad en su periódico, por mucha documentación solvente de la que disponga. Si esto funciona así en las empresas periodísticas privadas, lo que ocurre en las públicas es, como cabe imaginarse, mucho más descorazonador.

Mil veces que lo repitamos serán pocas: los políticos no quieren medios de comunicación plurales porque no creen en ellos, lo que buscan son órganos de propaganda, instrumentos útiles para impartir doctrina. Les molesta la libertad de expresión, abominan de las opiniones libres y ni entienden ni quieren la crítica. De ahí su obsesión por influir o mandar en periódicos, radios y televisiones donde, dicho sea de paso, la mayoría de sus profesionales trabajan en condiciones precarias. Por otra parte, la solidaridad entre los profesionales de la información nunca fue excesiva, por mucho que el tufillo corporativista del oficio pueda despistarnos. Tiempo atrás, cuando los periodistas hubieran podido tener fuerza para reclamar unidos ventajas de tipo laboral, casi nunca lo hicieron. Así que ahora que las condiciones de trabajo de cualquier joven que se incorpora a un medio dejan mucho que desear porque los contratos son efímeros, inciertos y precarios, resulta más impensable aún que el criterio profesional pueda imponerse al empresarial en el trabajo periodístico.

Si el dueño de una empresa de autobuses se empeña en que sus conductores circulen por la autopista en sentido contrario, a ninguno de ellos se le ocurriría cumplir esa orden, pero en periodismo nos ordenan cosas así y las hacemos. Tenemos más miedo a quedarnos sin trabajo que a jugarnos nuestro prestigio profesional. Los medios no pueden sobrevivir si no se venden ejemplares o no cuentan con audiencia, es verdad, pero siendo la información un bien necesario e imprescindible, habrían de ser los medios públicos quienes garantizaran a los ciudadanos esa información servida sin adjetivos y sin enfoques manipuladores.
Está demostrado que el criterio de la rentabilidad y de la audiencia a toda costa no desemboca precisamente en contenidos dotados del mínimo carácter de utilidad o servicio. El periodista ha de aprender a convivir con esa incómoda sensación que produce que alguien te haga llegar recados cuando no le gusta lo que has publicado, tiene que estar dispuesto a pagar el precio de la represalia, a reinventarse muchas veces en su vida y a correr el riesgo de que, en un momento dado, no existan publicaciones dispuestas a atreverse a difundir el resultado de sus investigaciones.

El papel de los medios en según qué conjuras y el comportamiento que en ellas mantienen algunos profesionales del periodismo, por no hablar de cómo actúan ciertos tertulianos, pide a gritos la existencia urgente de un tribunal ético. En Gran Bretaña, George Monbiot, periodista de The Guardian, fue condenado en el 2013 a tres años de trabajo social por retuitear una calumnia. Afirmó que Alistair McAlpine, político conservador, había abusado sexualmente una docena de veces de un joven en los años setenta. La emisión de un documental sobre el mismo falso asunto en la BBC acabó costándole el puesto a su director, y a la cadena le supuso una multa de 185.000 libras. Otro mundo.

Ofrezco unas notas cartográficas para navegar en coberturas periodísticas independientes sobre la Corona española. Lo hago sin mayor pretensión que aclarar términos y conceptos, en una labor que tal vez sea útil como brújula en los procelosos mares de lo real, lo regio, la realidad, la regularidad y la regularización.

A. Sucesión y herencia.

1. Según la Constitución, “la Corona de España es hereditaria en los sucesores” de Juan Carlos de Borbón (art. 57.1). En consecuencia, la Corona española se adquiere por herencia. Según el Código Civil, los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte (art. 657).

2. La abdicación rompe el carácter hereditario de la Corona y cuestiona la propia naturaleza sucesoria de la Monarquía, al atribuir consecuencias hereditarias respecto a una persona que no ha fallecido. Aunque la Constitución anuncia una Ley Orgánica para regular el tratamiento legal de las abdicaciones, renuncias y cualquier duda sobre el orden de sucesión a la Corona (art. 57.5), lo cierto es que esta Ley Orgánica no ha llegado a dictarse nunca. Las dudas y vicisitudes relativas a la Corona –incluyendo, por ejemplo, un eventual divorcio del Rey– se irán resolviendo caso por caso según se vayan planteando.

3. Según el Código Civil, nadie puede aceptar o repudiar una herencia sin que haya muerto la persona a quien haya de heredar (art. 991). Si alguien declara que renuncia a la herencia del padre estando este vivo, tal anuncio no tiene efecto jurídico ni es en modo alguno vinculante. De igual forma, el Código Civil aclara que la herencia no se puede aceptar o repudiar “en parte, a plazo, ni condicionalmente” (art. 990). La herencia o se acepta o se repudia; no se puede ser “un poco” heredero.

B. Juan Carlos de Borbón abdica.

4. El 2 de junio de 2014 Juan Carlos de Borbón comunicó a las Cortes su voluntad de abdicar. Esta comunicación se plasmó en dos consecuencias normativas: la más importante, la aprobación por las Cortes de una Ley Orgánica el 18 de junio siguiente (L.O. 3/2014) cuyo único artículo refiere, en presente, que “Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España”. La Ley Orgánica cuida las palabras: Juan Carlos deja de ser Rey de España por voluntad propia; las Cortes se limitan a publicar en Ley su decisión de abdicar. De la misma forma, ni la L.O. 3/2014 ni ninguna otra designarán a Felipe VI como nuevo Rey de España. La Corona se adquiere por herencia, no por Ley.

5. La segunda consecuencia fue la aprobación por el Gobierno del Real Decreto nº 470/2014, de 13 de junio, según el cual se acuerda que Juan Carlos y Sofía continuarán “vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título” de rey y reina. Conservarán el tratamiento de Majestad, pero los honores que recibirán no serán los propios de los Reyes de España. En el orden de “precedencia” (esto es, el protocolo) Juan Carlos y Sofía estarán por debajo de los hijos de Felipe.

6. El nombre correcto de la normativa emanada del Gobierno no es Decreto sino “Real” Decreto. Se publican en el Boletín Oficial del Estado redactados en primera persona bajo un “dispongo” y se firman por el Rey.

7. Por tanto, Juan Carlos y Sofía no son Reyes de España; simplemente se les permite “usar” el título de rey y reina con carácter honorífico. Se les permite “usar” un título que no poseen ni, en consecuencia, pueden transmitir a nadie. El Real Decreto no les designa en ningún momento “reyes eméritos” ni emplea ninguna fórmula semejante.

8. Por insólito que parezca, Juan Carlos es rey por decreto del Gobierno. No sería preciso ni siquiera una ley para privarle de este título; bastaría otro decreto para que dejase de serlo.

C. Constitución monárquica de 1978.

9. La Constitución es fruto de un poderoso ejercicio de transacción, más que de transición, que ha dejado frases incomprensibles para las doctrinas clásicas de la Teoría del Estado. En la disyuntiva entre soberanía nacional o popular, la Constitución se resistirá a dejar los viejos postulados de la soberanía nacional para decir, en una solución de compromiso, que “la soberanía nacional reside en el pueblo” (art. 1.2). Aunque los poderes “emanen” del pueblo, se ejercen por y en nombre del Rey, representante de la Nación soberana.

10. La Constitución blinda de manera completa y definitiva a la Monarquía, consagrada no tanto como forma de gobierno sino como “forma política del Estado español», nada menos (art. 1.3). De hecho, la reforma de la Constitución es relativamente sencilla –como vimos en 2011 con la reforma del art. 135, impuesta por Europa– salvo si se pretenden modificar los derechos fundamentales o la regulación de la Corona (art. 168). En estos casos, la reforma sería tan compleja que, técnicamente, la Constitución debe considerarse inmodificable en estos particulares.

11. Es el Rey quien promulga las leyes y firma los decretos, quien nombra y separa a los miembros del Gobierno y quien convoca elecciones y disuelve las Cortes (art. 62). Por esa razón el Rey no puede ser nombrado por las Cortes ni designado por ley. El poder del Rey precede al poder de las Cortes. No es el pueblo el que nombra a su Rey. Tras la vacancia del trono, la Corona pasa a otra persona y es en ese momento cuando, según la Constitución, el heredero es proclamado Rey “ante las Cortes Generales” (art. 61) pero no “por” las Cortes Generales. Las preposiciones también juegan su papel institucional.

D. Inviolabidad e irresponsabilidad.

12. De manera específica, según la Constitución la Justicia “se administra en nombre del Rey” y no en nombre del Pueblo (art. 117.1). La inviolabilidad del Rey de España sería, por tanto, una manifestación de este poder originario. En la Constitución la persona del Rey “es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” (art. 56.3) ni puede, por tanto, ser convocado nunca ante la Justicia, en la medida en que la Justicia se administra en su propio nombre. Aunque el tenor de la Constitución es confuso, y cabría interpretar que limita la inviolabilidad únicamente a los actos que el Rey realizase en su condición de Monarca, se ha consolidado la interpretación de que la persona del Rey es completamente irresponsable. ‘Princeps legibus solutus’. Por definición, el soberano no está vinculado por la ley; si lo estuviera, no sería soberano.

13. Sofía, la Reina de España, no ha abdicado. Aunque la Constitución atribuya el título de reina a la esposa del rey, en realidad la Corona es, por esencia, un órgano o dignidad unipersonal. La Reina consorte, o en su caso el consorte de la Reina, ni asume cometidos constitucionales (art. 58) ni le alcanza la inviolabilidad de su esposo; únicamente se mantendrá en el trono mientras su cónyuge ostente la Corona.

14. Tras la abdicación, Juan Carlos ha perdido la inviolabilidad y puede ser investigado y encausado en teoría como cualquier otro ciudadano, aunque únicamente por los hechos que haya cometido después de dejar la Corona. Los delitos que haya podido cometer Juan Carlos siendo Rey de España no pueden ser perseguidos, como tampoco pueden serle reclamados los beneficios ilícitos que haya obtenido en su comisión.

15. Sin embargo, si a día de hoy Juan Carlos utilizara o transmitiera bienes procedentes de un delito previo, o realizara cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, estaría cometiendo hoy un delito de blanqueo de capitales, previsto en el art. 301 del Código Penal. Para la comisión de este delito no es necesario que el ilícito del cual provengan los bienes blanqueados haya sido objeto de condena.

E. Regularizar lo irregular.

16. Según la normativa fiscal, cuando a un ciudadano se le descubre un patrimonio que haya ocultado a Hacienda, este incremento patrimonial se le incluirá en la base liquidable, como ganancia no justificada, correspondiente al último ejercicio fiscal no prescrito. Esto es importante. Hacienda presumirá que este patrimonio oculto lo ha ganado el contribuyente (como renta sujeta a imposición) cuatro años antes y le girará una declaración complementaria. Esta presunción, recogida en el art. 39.2 de la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, busca evitar que los defraudadores se acojan a la excusa de que el patrimonio descubierto lo habrían ganado mucho tiempo atrás, en un ejercicio ya prescrito, y así evitar pagar el impuesto por la renta no declarada.

17. De esta forma, todo el dinero que se le descubra ahora a Juan Carlos se presumirá que lo ha ganado en 2017, cuando ya no era inviolable y debía declarar la renta obtenida, por ser residente en España. Si la cuota resultante de incrementar la base imposible superase los 120.000 € Juan Carlos habría cometido un delito.

18. No obstante, el Código Penal establece que si el contribuyente defraudador decide regularizar su situación con Hacienda y paga la totalidad de lo que debe voluntariamente, siempre que lo haga antes de ser investigado, no será perseguido. Para que este pago tenga efectos liberatorios es necesario que sea enteramente voluntario; esto es, que se realice antes de que Hacienda le haya informado al contribuyente que le está investigando, antes de que lo denuncie ante la Justicia o antes de que un Fiscal o un Juez “realicen actuaciones que le permitan” al contribuyente “tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias” contra él (art. 305.4). La redacción pretende ser exhaustiva, pero no evita los huecos de unas prácticas confusas: mientras Juan Carlos no tenga conocimiento “formal” de que le están investigando, mientras Hacienda no le envíe una carta comunicándoselo, podrá gestionar unas regularizaciones aparentemente (solo en apariencia) voluntarias.

19. Estas regularizaciones, con todo, se enfrentan al problema anticipado con anterioridad en el punto 15: aunque quiera regularizar, Juan Carlos no puede pagar a Hacienda con un dinero que provenga de un delito ni con un dinero que tenga oculto o del que no pueda justificar su origen. No lo puede hacer porque (a) podría cometer un delito de blanqueo de capitales si el dinero proviene de una conducta ilícita (por ejemplo, un cohecho en una transacción internacional) y, además (b), porque se arriesgaría a que Hacienda le abriese una nueva investigación para conocer el origen del dinero con el que ha pagado su anterior deuda fiscal. Si Juan Carlos quisiera pagar su deuda fiscal con dinero suyo, Hacienda le preguntaría por el origen del dinero.

20. El 26 de febrero de 2021 el abogado de Juan Carlos de Borbón comunicó que su cliente había regularizado su situación con Hacienda y pagado 4.395.901,96 €, aclarando específicamente que lo había hecho “sin requerimiento previo de clase alguna”. Según se publicó con posterioridad, el dinero con el que pagó esta deuda fiscal no era de Juan Carlos; se lo habrían prestado unos amigos.

F. Epílogo: el abuelo y la nieta.

21. Juan Carlos puede usar el título de rey, a secas. El Real Decreto 470/2014 no le atribuye el título de Rey “de España”, que la Constitución reserva para el Jefe del Estado (art. 56.2). En consecuencia, Juan Carlos es rey, pero no lo es de España. Es el rey de ningún país; el rey de un no-sitio. Resulta tentador imaginarlo arrancándose por rancheras: “yo sé bien que estoy afuera…”.

22. El 31 de octubre de 2005 nació en Madrid una niña, nieta de Juan Carlos. Todos los españoles, salvo ella, pueden si no decidir, al menos soñar su propio destino. Ella no; la “Forma política del Estado español” ha decidido su futuro: su educación, su dedicación laboral, su domicilio y su lugar de enterramiento.

En Alcoi (Alacant), donde las fiestas de Moros y Cristianos animan buena parte de la vida social de la ciudad, no solo se celebran estas en abril, por Sant Jordi, sino que también se festeja el Mig Any (Medio Año) en octubre, cuando han pasado seis meses y faltan otros tantos para que la música y las bandas se vuelvan a adueñar de las calles. La pandemia ha parado todo esto, claro, pero quizás de mis raíces alcoyanas extraiga esta extraña superstición de que seis meses significan algo. No tengo yo muy claro el qué, pero allá voy.

Me alegra escribir este artículo en estas fechas, cuando se cumplen (el 12 de abril) seis meses desde que la Plataforma de Medios Independientes (PMI) publicamos la encuesta más completa sobre la monarquía de las últimas décadas. Cuando faltan otros seis meses (para el 12 de octubre) para que quizás buena parte de la corte se grabe en vídeo repitiendo hasta la saciedad eso de: “¡Viva el rey!”. Y para que alguien, con buen oído, dé la vuelta al audio y toreros, folklóricas y adalides de las derechas vuelvan a hacerse virales proclamando eso de “yer le aviv”.

La felicidad es doble por volver a escribir y publicar, ando huérfano de páginas, todavía resuena el réquiem en mi cabeza por cuartopoder, el medio de comunicación en el que me he curtido como periodista, en el que he aprendido casi todo lo que sé, el cual ponía punto y final a sus 11 años y algún día de historia el pasado 31 de marzo. Por ello, tener la oportunidad de aportar mi granito de arena a este debate generado en Espacio Público es, para mí, emotivo.

Y más cuando para participar solo tengo que cerrar los ojos y recordar cómo fueron algunos de los pasajes sobre los que se forjó esta PMI y ese proyecto conjunto tan concreto: consultar a la ciudadanía lo que el CIS se negaba a hacer sobre un tema que está en el debate público y ofrecer a nuestras audiencias algo tan importante como son los datos (la prestigiosa socióloga Belén Barreiro se pondría al frente de la encuesta) y las interpretaciones plurales que cada medio, cada periodista, quiso dar de los mismos en torno a diferentes perspectivas o puntos de vistas geográficos logrando un análisis tan plural que, a mi juicio, deberá ser estudiado en las facultades de Periodismo.

No es momento de repetir todo lo que se escribió y se dijo sobre la encuesta en aquel momento, todavía está reciente y basta, para encontrarlo, un simple vistazo a través del buscador en Internet. Recordamos, no obstante, las claves (frente a la amnesia colectiva): había una mayoría que en un supuesto referéndum se decantaría por la república frente a la monarquía (40,9%-34,9%); y, por otro lado, la institución monárquica tiene tres problemas principales en cuanto a su aceptación social. En primer lugar, es una institución vinculada claramente a las derechas, su popularidad se escalabra entre votantes de izquierdas. En segundo lugar, es una institución cada vez menos reconocida entre las generaciones más jóvenes. En tercer lugar, hay una gran diferencia geográfica en cuanto al sentimiento monárquico (Madrid, Castillas, Andalucía…) y republicano (Catalunya y Euskadi, principalmente).

La encuesta supuso un proyecto necesario para unos medios de comunicación que han explicado lo que acontece hoy, que asumieron con valentía, pero más allá de lo que en términos sociológicos, históricos o políticos tuvo de valor, también aportó algo que considero que hay que resaltar: una colaboración necesaria, una forma de hacer en común y un ejemplo para el propio periodismo. Quiero decir, cuando desde los poderes se nos dijo que un tema no interesaba, que sobre un tema no iba a preguntar el CIS (las instituciones) y que la ciudadanía no iba a tener acceso a los datos sobre ello, nos pusimos en marcha para romper con esta inercia, nos dejamos la obediencia de lado y manos a la obra.

Además, desde la PMI pensamos que la mejor forma de saber si interesaba un tema así (frente a la predicción de Tezanos) era que fuera la propia ciudadanía la que diera soporte al proyecto. Organizamos un grupo en el que estaban representados todos los medios participantes para coordinar una campaña de crowdfunding que duraría varias semanas. Nuestro objetivo, sin embargo, se consiguió en horas, algo más de un día. Estaba claro, el asunto interesaba. La sociedad quería, al menos, debatir y ser escuchada sobre la Jefatura del Estado y el modelo de Estado. ¿Qué locura era esta?

Siempre he pensado que una buena forma de garantizar el derecho a la información de una sociedad es garantizar el pluralismo. Hay teorías que, para conseguir esto, hablan de los tres tercios: que una parte de los medios de comunicación sean públicos; otra parte, privados; otra, comunitarios, es decir, que la sociedad civil, el tejido asociativo, tenga también sus canales para difundir su información y que su visión del mundo y la sociedad tenga cabida en la misma. Quizás, en ese momento, hicimos, en cierto modo, esa labor, ya que planteamos un tema a la ciudadanía, corroboramos que interesaba y nos pusimos a trabajar para satisfacer esa inquietud. Hicimos, por decirlo de alguna manera, un trabajo comunitario. En común desde distintos medios de comunicación y en común con la propia sociedad.

Como conclusión para aportar a este debate me quedo con esa voluntad que expresamos a través de este trabajo conjunto: cuando el poder político (la institución pública, el Gobierno) nos decía que sobre la monarquía mejor no preguntar, que no interesaba a la gente, demostramos lo evidente: es un tema que sí interesa, un debate abierto. Y, además, ofrecimos datos e interpretaciones sobre el mismo desde distintas perspectivas. Y subrayo: en estos tiempos convulsos de discursos únicos o dominantes, qué importantes son la cooperación y la colaboración que multiplican la pluralidad de voces, el debate y, en definitiva, la democracia. Frente al ruido, respeto. Eso hicimos y eso es, desde mi experiencia, la PMI.

La figura de la periodista va construyéndose a lo largo de la historia hasta que se percibe su notable responsabilidad social. En ese momento se concretan las obligaciones y responsabilidades de esta profesión, pasando de las aulas informales de la redacción y las tertulias a las enseñanzas regladas y la expedición de títulos. Siguiendo su desarrollo es interesante cuestionar si esta formalización se supedita a intereses que escapan, incluso colisionan, con la labor social del periodismo.

La profesionalización comienza con los primeros centros de enseñanza y la Ley de Prensa de 1938, que pusieron la información al servicio del Estado franquista. Un momento en el que nacen la radio y la televisión, los periódicos alcanzan tiradas de miles de ejemplares diarios y el periodismo se convierte en una actividad nuclear de las sociedades modernas. El debate entre oficio o profesión terminó inclinándose hacia el lado de una profesionalización que exigía una formulación académica específica y una titulación que definen qué es un periodista, cómo debe formarse y a qué objetivos debe atender. Esta formación ha ido mutando al compás de los momentos sociopolíticos y económicos de cada Estado y sociedad.

Con la Ley de Prensa de 1938 el franquismo hace de este periodismo reglado una institución al servicio de la propaganda del nuevo régimen, adecuándolo perfectamente a la teoría y la práctica de los sistemas totalitarios: censura previa, sistemas de consignas, designaciones de directores o asignación de cupos de papel. También en su formación, ya que el artículo 16 de la ley establecía la organización académica de los estudios.

Treinta años después, la ley fue actualizada en 1966 por Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, implementando mecanismos arbitrarios a disposición del Estado para prohibir y cerrar publicaciones contra la línea oficial. Fue aún en el franquismo cuando los estudios de Periodismo alcanzaron rango de carrera universitaria. Una fórmula defendida, en no pocos espacios, para evitar el férreo control político del régimen en la formación de estos profesionales. En 1972 nace la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y desde ese momento, las facultades tratarán de crear un espacio científico y profesional, que muta del férreo control ideológico totalitario al control “blando” de los mercados, con una entrada paulatina y constante de la empresa privada.

El análisis de la cuestión plantea al menos la duda respecto de si la formación tiene realmente como único objetivo el bien general y la capacitación técnica. O si, además, se dirige de modo consciente hacia el desarrollo de un sector periodístico eficaz para el mantenimiento y reproducción del orden social y político existente. Y que, además, resulte más productivo en términos económicos. La labor de la periodista, históricamente y en la actualidad, se ha enfrentado a una serie de factores externos como su uso político, el avance tecnológico, la competencia, las nuevas fórmulas de negocio y los cambios sociales, políticos, económicos, etc. ¿Cómo se refleja esto en su enseñanza?

El funcionamiento del cuarto poder es parte imprescindible de nuestra salud democrática. El manoseado “derecho a la información” sirve como control y contrapeso de nuestros representantes políticos. Es garantía y posibilidad de participación política, planteando nuevas ideas y debates. Pero la historia ha reflejado más bien un uso de la academia para su control, por una parte, y para formatear al profesional perfecto que demanda el sector privado. Graduadas/os más flexibles, más adaptables, más polivalentes, y más competitivos. Un sujeto que en su puesto de trabajo debe maquetar o introducir las fotos, trabajar tanto en radio como en prensa o televisión, editar cortes de voz o imagen, escribir sobre casi cualquier campo en tiempo récord y sin pisar ninguna rana editorial.

La reformulación de los estudios de periodismo han pasado por atender estas demandas adaptándose a los intereses del mercado. Desplazando las asignaturas teóricas en favor de las más prácticas y dando un mayor protagonismo en la orientación, evaluación y contenidos a la empresa privada. Todo ello en paralelo a la aceptación y normalización de un mercado laboral cuanto menos precario.

La pauperización de las condiciones laborales de los periodistas, producto de la aplicación de políticas neoliberales vinculadas a la concentración económica, mediática y tecnológica, no sólo han mermado el prestigio y la fortaleza de la profesión sino que han normalizado la mala remuneración. A ella se suman, mermas en las condiciones de trabajo, más inseguridad y flexibilidad, presiones de distintas naturalezas, falta de autonomía en el trabajo y un ambiente laboral tensionante. Condiciones que ya no sólo afectan a periodistas recién salidas de la facultad.

Existe un ‘problema social’ en la empresa informativa: prioriza el aspecto comercial. Obliga a convertir las informaciones en anuncios; haciéndolas inservibles para ahondar en la actualidad. Muchos medios apenas pueden mantenerse solventes con las actuales dificultades económicas. Operan como empresas comerciales competitivas. Sus directores venden noticias y, tras la máxima ganancia, dejan que su criterio informativo se torne en financiero. Así, el periodista se convierte en un mercenario informativo a la caza de números positivos. En el primer año de carrera nos convencieron de que el periodismo se debe a la sociedad y evoluciona con ella pero, ¿cuán cercano se encuentran realmente el periodismo y su formación de la sociedad?

La profesionalización-formación tiene argumentos irrefutables. Pero no puede derivar en la creencia de que por sí sola conjura el peligro de la parcialidad. Pensadores como Michel Foucault argumentan que las disciplinas académico-científicas surgieron en el siglo XIX, en el marco de la sociedad burguesa y de los estados liberales. Así estos dispusieron de instituciones y dispositivos de supervisión y control –disciplinarización– de la producción del conocimiento y de las competencias de cada campo del saber y de la actividad humana.

La participación social en democracia depende de la información derivada de un profesional formado en las instituciones del propio sistema. Desde ahí ejerce como mediador principal entre la ciudadanía y la esfera política. Que el profesional monopolice esta función y los canales para ejercerla puede suponer un problema. Especialmente, si actúa supeditado a los parámetros que mantienen ese sistema y que acotan su actividad a aquellos que pueden permitirse ser partícipes del mismo.

La apuesta por la profesionalización y formación conlleva un criterio de verificación válido, pero la noción de ciencia, de disciplina y los valores a ella asociados son un producto histórico. Sabemos que la instrumentalización, incluso adiestramiento, de la periodista obedece a fines políticos y de mercado. No solo en regímenes autoritarios, también en democracias capitalistas. Las demandas del sistema y la lógica del beneficio determinan la actividad, el perfil y la formación de una profesional cuya labor social es imprescindible en el ejercicio de nuestros derechos. Es necesario entonces cuestionar todo: la academia, la forma en que el periodismo se mimetiza con el entorno, su relación, las estructuras sociales que lo validan y su influencia.

La desaparición de Cuartopoder, uno de los 16 componentes de la Plataforma de Medios Independientes que preguntó a la ciudadanía sobre la monarquía española, es una cruda metáfora de la realidad política y económica, y también de los medios de comunicación. El cierre resalta la pertinencia del debate en torno al binomio independencia periodística – contrapoder mancomunado. Debate en el que, dado que no soy experto en comunicación, mi opinión es la de un usuario que pretende discernir en los mensajes que circulan entre episteme y doxa. O sea, diferenciar la verdad asociada a los hechos de los que se informa de la interpretación y opiniones que suscitan.

Parece que resulta difícil lograrlo con unos medios que durante décadas han silenciado las fechorías del monarca, convierten en noticia de portada una foto de Díaz Ayuso en su paseo dominical, exhiben el espantapájaros del bolivarianismo, insultan a los discrepantes, incurren en calumnias, callan ante el atropello antidemocrático del parlamento andaluz para poner sordina a las voces díscolas de 11 parlamentarios de izquierda, azuzan los odios nacionalistas españolistas contra la ciudadanía catalana, transforman en expertos universales a tertulianos y “famosos” o confunden al telespectador con el ruido multicolor de mil imágenes, voceríos y “última hora” del espectáculo permanente. Es una muestra de cinismo que la mayor parte de medios afirmen que en el Reino de España se puede ser republicano respetando las leyes, pero ocultan que cambiar esa Constitución de 1978 exige unos requisitos antidemocráticos prácticamente insalvables si no media un proceso destituyente de ruptura democrática.

La mayoría de los medios en simbiosis con las redes sociales y el juego político oligárquico hegemónico se retroalimentan en bucle vicioso. A una sociedad cuya ciudadanía ha quedado reducida al papel de espectadora pasiva ante una representación política autonomizada que acapara la escena, se corresponden unos medios que alimentan sentimientos frente a las razones y que hablan más de los protagonistas políticos que de los intereses reales de sus representados. Todo ello se completa con un eurocentrismo exacerbado que ignora los cambios que se han producido en un mundo globalizado que ha situado el centro de gravedad mundial a miles de kilómetros.

Desiderátum

¿Qué me gustaría encontrar en un medio de comunicación? Que sea útil para discernir el qué, cómo y dónde ocurrió a la vez que criba con honestidad y veracidad la relevancia de los hechos objeto de información. Ello puede posibilitar la creación de vínculos entre los individuos mediante el desarrollo de los hilos de la razón, el sentido y la memoria, tres ingredientes necesarios, aunque no suficientes, para la emancipación humana. En la sociedad de clases, patriarcal, ecocida y desigual bajo el dictado del mercado y la ley de la ganancia privada, los medios de comunicación si quieren estar al servicio de la mayoría social no pueden perder la capacidad de indagación, asombro e indignación para poner en evidencia las lógicas del poder. Lo que exige de una profesionalidad basada en la independencia, la constancia y la suficiencia ajenas a la superficialidad, la irresponsabilidad y la venta al mejor postor.

Los medios no pueden ser cautivos de sus propietarios ni en la actual sociedad ni en una futura de mujeres y hombres libres e iguales. Desde hace décadas en diversos ámbitos han surgido propuestas muy interesantes como la que en 2008 Mediapart y Reporteros sin fronteras formularon en el “Llamamiento desde la colina” por una prensa libre e independiente. La lógica de todas ellas es diseminar el poder en los medios de comunicación, evitar la concentración, mancomunar esfuerzos, dar voz y voto a profesionales y usuarios, favorecer el pluralismo, conjurar el miedo al Leviatán estatal y su burocracia, pero también al del auténtico poder, el del capital.

Precisamente ahora que se cumple el 150 aniversario de la Comuna de Paris, cabe señalar la importancia de la existencia de una prensa pluralista y libre de ataduras. Durante los 72 días que duró el primer gobierno en manos de la mayoría popular, las medidas sociales y democráticas fueron acompañadas, como no podía ser de otra manera, de lo que se denominó la política de “información instantánea”. Surgieron 70 periódicos y revistas, proliferaron los murailles y affiches escritos por quien tuviera algo que decir, aún con faltas de ortografía, experiencia que Rimbaud celebró y que en opinión de Kristin Ross permitió el surgimiento de un nuevo espacio social(1). Efectivamente, entonces y hoy, los medios de comunicación juegan un papel esencial en nuestra comprensión de la realidad y en la configuración de la esfera pública.

Para Alexis de Tocqueville la prensa era un garante de la protección de la libertad; aún más, era el sostén de la civilización. Si la prensa libre es un indicador y una condición para la existencia de una sociedad democrática ¿de quién debe protegernos? El jurista francés afirmó que de la centralización y la burocracia gubernamental y por ello debía estar en manos de la sociedad. Sí, pero la cosa era y es algo más complicada ya que la sociedad civil no es un todo homogéneo y una minoría determina la voluntad estatal. No es Marx ni Bakunin, sino Adam Smith quien escribió “el estado civil, en cuanto instituido para asegurar la propiedad, se estableció realmente para defender al rico del pobre”(2).

Al servicio de su majestad

Ello nos remite a una pregunta central: ¿a quién sirven los medios de comunicación? Tanto sean de propiedad privada como pública en las actuales condiciones, están al albur de intereses minoritarios. No es que los medios de comunicación en nuestro país sean monárquicos, es que la monarquía asegura mejor que otras fórmulas los intereses que defienden. Cabe señalar que José María Aznar (ayudado por sus secuaces) fue un estratega muy útil para los intereses del capital inmobiliario, financiero y eclesiástico usando dinero público y el BOE a favor de medios de comunicación afines al frente de los cuales se situaron “periodistas” de dudosa catadura ética.

Pero el alcance de la pregunta va más allá de los confines de la derecha neoliberal posfranquista pues mayoritariamente los medios de comunicación, salvando ejemplares excepciones, juegan un papel en la difusión de los mitos ideológicos del neoliberalismo. Prueba de ello en nuestro país fue la acrítica aceptación de los postulados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento o la filosofía, poquedad y tipo de reparto previsto de los Fondos Europeos “Next Generation”. Además, esos mismos medios se encargan de seleccionar y reclutar el personal político afín y funcional a esos mitos. Construyen y destruyen portavocías políticas o sociales frente a la voluntad de los restos de liquidación de las organizaciones populares o de los partidos políticos. Díaz Ayuso es un caso emblemático por más que cueste creerlo.

Con ello los medios de comunicación de masas más importantes contribuyen a la banalización de la cosa pública y a hacer realidad el temor de Hannah Arendt en su ¿Was ist Politik? respecto a la desaparición de la política por la vía de su falta de significado. El trumpismo periodístico, muy presente en nuestro país, es un activo agente de ese movimiento. Y, lo que es más grave, esos medios acaban jugando el papel de Herr Vogt señalado por Marx en la Contribución a la crítica de la economía política, el de pseudo demócratas al servicio de intereses espurios, ocultados e inconfesables.

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(1). Ross, Kristin. El surgimiento del espacio social. Rimbaud y la Comuna de Paris. Akal, 2018.

(2). Smith, Adam. La riqueza de las naciones. (Libro 5, Cap. 1, parte2). Fondo de Cultura Económica, México 1982.

El día que muere Franco, ante el vacío de medios comprometidos con la democracia, -salvo pocas revistas como Triunfo, Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo, y las humorísticas Hermano Lobo y Por Favor-, la única fuente de información que tuvo la población fue la prensa extranjera. En 1975 todavía faltaba un año para que saliese El País y Diario 16, 19 años para la llegada de El Mundo, y 15 años para que emitiesen los primeros canales privados, Tele Cinco y Canal +.

Lo que hoy es el universo de los tertulianos, columnistas y activistas digitales con dedicación plena al fake, el alarmismo y la desestabilización, en aquellos tiempos se llamaba el “bunker”; eran activistas ligados al esquema de valores impuesto por los vencedores en la guerra civil.

El diario El Alcázar fue el portavoz de los principales bastiones del búnker franquista. En 1977 sale a la calle El Imparcial, un diario que se convierte en uno de los principales órganos de expresión de la extrema derecha. El semanario Heraldo Español nace en 1980 “porque España está en peligro. Porque estamos al borde del abismo y en una decisiva situación límite”. Faltaban unas semanas para que tuviera lugar el intento de golpe de Estado del 23-F.

Entre los articulistas figuraban Ignacio Merino “Hamlet”, Fernando Latorre “Merlín”, Vizcaíno Casas, Ángel Palomino, Antonio Izquierdo, Miguel Ors, Ismael Medina, el dibujante Manuel Summers, y Ángel López Montero, quien sería defensor de Tejero en el proceso por el 23-F.

Algunos militares, normalmente en situación de reserva, escribieron en los diarios utilizando un seudónimo. Uno de los que tenía más seguidores era “Sertorio”, primero en El Alcázar, luego en Pueblo, en El Imparcial y finalmente en Heraldo Español. Otros seudónimos fueron “Hispanicus”, “G. Campanal”. “Jerjes” y “Sparos” fueros seudónimos utilizado por Luis Cano Portal, quien fuera general jefe de Estado Mayor de la I Región Militar. También destacaron las firmas del teniente general en la reserva Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil y la del colectivo “Almendros”, en el que hubo algunos integrantes que luego participaron en el 23- F.

Y es que, como señala el historiador José Luís Rodríguez, la extrema derecha había elaborado una imagen catastrofista del cambio político. En el terreno de los discursos, las imágenes e inventarios catastrofistas acabaron derivando en una serie de declaraciones apocalípticas, amenazantes, y llamadas a la violencia, al igual que en los años treinta. Una vez fracasada la vía electoral, el único recurso para triunfar era la estrategia de la tensión.

Hoy, en la sociedad del espectáculo, el exhibicionismo y la posverdad, no se estilan los seudónimos, se considera una necedad. Muchas cadenas de televisión compiten entre sí para plantear la mayor barbaridad y captar así la atención del espectador. Injurias al presidente del Gobierno, soflamas xenófobas, enaltecimiento del golpismo, reivindicación del franquismo…

Guillermo Fernández y Iago Moreno resumen el panorama digital de la extrema derecha en el artículo Así funcionan las Redes de la ultraderecha en tiempos de pandemia, en el que distinguen cuatro segmentos de actividad: las estructuras partidarias que distribuyen consignas a través de Telegram; el de los tabloides, que fabrican bulos o filtraciones. Y un tercero formado por creadores de opinión, a través de Twitter e influencers.

De la misma manera que revisar el pasado sirve para entender el presente, imaginar el futuro es calificar el presente y detectar como tenemos que cambiarlo para mejorar. Por eso el recuerdo de nuestro pasado es una herramienta valiosa y puede desatar grandes tormentas. Pero, ¿quién dijo que las tormentas son malas?

Ahora es tiempo de reorganizar el futuro y, para hacerlo con eficacia, se podría partirde una autocrítica a los contenidos, las estrategias, los tiempos y las formas que nos han llevado a dónde estamos.

Aquí van algunas dudas, reflexiones y sugerencias, -sueltas y desordenadas-, que junto a otras muchas invito a que les demos vueltas de cara a tener los deberes hechos antes de encarar propuestas organizativas mancomunadas como las que, con mucho acierto, nos propone el catedrático Víctor Sampedro encaminadas a la construcción de una suerte de contrapoder mediático, alternativo al mundo de la “pseudoinformación”.

• A veces nos olvidamos de que la mayor parte de los medios de comunicación del estado español, no son ya faros que iluminan el camino político para sus suscriptores, lectores y masa social. Con el fin del bipartidismo pasaron los tiempos en que un editorial electoral de La Vanguardia, El País o La Voz de Galicia, añadía una caudalosa intención de voto en sus territorios o en el país en general.
• A veces nos olvidamos de que hemos llegado tarde a la comprensión del carácter sistémico de la crisis en los medios de comunicación. No nos imaginamos a tiempo el escenario digital, ni detectamos el hecho de que Internet está destruyendo el modelo de negocio que siempre sostuvo al periodismo.
• A veces nos olvidamos de que muchos mensajes y silencios informativos se cocinan fuera de los medios de comunicación. Desde el silencio a la deforestación en el Amazonas al silencio sepulcral que rodea el caso de Julian Assange, el canal suministrador, al margen del sistema de obtención, de información veraz y alternativa más importante del siglo XXI. En España, ¿dónde se decide el trato informativo hacia la Casa Real? ¿Dónde se decide que los medios silencien las intromisiones e irregularidades de una parte de la judicatura?
• A veces nos olvidamos de que nos centramos demasiado en los cambios tecnológicos en detrimento de los contenidos informativos. Priorizamos las “demandas” informativas del mercado y descuidamos los productos que demanda la sociedad.
• A veces nos olvidamos de que las mensajerías (Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, Signal, Snapchat, WhatsApp, Zoom, Tik Tok…) han ampliado el espacio de nuestra libertad de expresión, pero han multiplicado las capacidades de manipulación de las mentes y de vigilancia de los ciudadanos
• A veces nos olvidamos de que las redes sociales no cambian los devenires históricos, sólo son herramientas. Los llamamientos en las redes para provocar los levantamientos en los países árabes, no sirvieron para debilitar las autocracias, sino todo lo contrario. O que aplicaciones de mensajería como Discord o Gab, fuesen copadas por las organizaciones más siniestras de Estados Unidos. En España no fuimos capaces de imaginar que Twitter, Youtube, Instagram o Tik Tok llegasen a ser herramientas lideradas con destreza por los reorganizadores políticos del rancio neofranquismo.

¿Por dónde empezamos?

• Es vital marcar una agenda informativa que frene la inercia de fomentar un ambiente que facilita oxígeno a la extrema derecha, al insistir en un clima político incierto, inseguro en el que se enfatiza la impotencia y el desapego de la política.
• Las mujeres comunicadoras son muchas, pero no mandan. En un estudio presentado recientemente en el Col·legi de Periodistes de Catalunya se explica que las mujeres solamente representan un 13,4 por ciento de los puestos de dirección en los medios de comunicación de Cataluña. Estos datos deben corregirse con urgencia, especialmente por el momento de cuestionamiento demagógico del papel del feminismo, y el acoso que algunos medios y la extrema derecha acometen hacia la lucha de las mujeres por sus derechos.
• Los comunicadores tenemos la oportunidad y los medios para intentar impulsar una regeneración del comportamiento parlamentario e informativo. Que la política sea el marco para que los conflictos sociales, territoriales o de libertades no sean resueltos en otras esferas.
• Es necesario frenar la degradación del tono político y periodístico. Huir de las faltas de respeto, alusiones sarcásticas, comentarios vejatorios y los “zascas en toda la boca”. Lo que empezó siendo una buena idea está siendo ya una herramienta de destrucción social usada por todos y contra todos, todo el tiempo.
• Recordemos, finalmente, que lo más importante ahora es la capacidad que podamos tener y mostrar de colaborar con otros.

¿Tiene el periodismo una misión especial para consolidar la institución monárquica? No debería. ¿Y para erosionar su credibilidad? En mi opinión, tampoco. El compromiso del periodismo es en primer lugar con los lectores, pero se extiende inmediatamente al conjunto de la ciudadanía y a la democracia, porque el periodismo ofrece bienes públicos esenciales, al permitir que fluyan la libertad de expresión y el derecho a una información veraz. Incluso constitucionalmente (art. 20 CE), la faena esencial del periodismo es elaborar y proporcionar información veraz, contrastada y contextualizada para que sea interpretable y sirva a la ciudadanía para dotarse de criterios y opiniones lo más fundamentados posible sobre los asuntos públicos que se dirimen y sustancian en el debate político. Veraz también, por supuesto, en todo lo que se refiere a la institución monárquica y, por tanto, a las actuaciones irregulares del rey y la familia real. ¿Son esas las funciones que desarrolla el periodismo realmente existente en nuestro país? No o, si se prefiere una respuesta menos rotunda, no en todos los casos ni en muchos temas.

La monarquía fue restaurada por la dictadura franquista en sucesivos pasos que culminaron con la proclamación en 1975 de Juan Carlos I como Rey por unas Cortes franquistas que respetaron escrupulosamente la legalidad franquista y la voluntad del dictador. En 1978, el rey Juan Carlos añadió una nueva apoyatura legal y democrática a su currículum, tras la ratificación de la Constitución en referéndum por la mayoría de la ciudadanía. Y en 1981 se graduó como rey constitucional al ayudar a desbaratar un chapucero golpe de estado, después de haber contribuido por activa y por pasiva a la desestabilización del gobierno Suárez y dejar hacer a tramas militares golpistas. Tales episodios proporcionaron a la monarquía y a su titular una protección extendida que supera con mucho el lógico amparo legal que les otorga el articulado constitucional, tanto por parte del poder judicial como de los sucesivos gobiernos democráticos y los medios de comunicación. Que tal protección extra tuviera algún tipo de justificación en su momento no significa que su persistencia hasta el día de hoy pueda considerarse un rasgo democrático o que ayuda a la consolidación del sistema democrático; más bien, lo contrario.

Ese fenómeno de rara continuidad entre el régimen dictatorial y el nuevo orden democrático convirtió a nuestro país en una excepción entre los países del sur de Europa (Portugal, Grecia y España) que siguieron diferentes trayectorias en sus transiciones de la dictadura a la democracia en los años setenta del pasado siglo. Y permite vislumbrar parte de las insuficiencias o zonas oscuras (no sometidas a suficientes controles por parte de las instituciones democráticas ni de la opinión pública) que han acompañado el discurrir de nuestro sistema democrático durante las últimas cuatro décadas. Insuficiencias que han vuelto a mostrarse con especial crudeza a lo largo del último año, con el tratamiento informativo tan peculiar recibido por el rey Juan Carlos en la huida de sus responsabilidades con Hacienda y la ciudadanía, en sus cuitas con el rey Felipe VI y el resto de la familia real o en las sucesivas operaciones de salvamento mediático de la figura y trayectoria del rey Juan Carlos.

Identificar las insuficiencias democráticas es un paso imprescindible para definir qué medidas permitirían superarlas y contribuirían a que la democracia eche raíces nuevas en la sociedad actual y sea considerada por las generaciones que no tuvieron la oportunidad de pronunciarse en 1978 como una herramienta útil para resolver los nuevos problemas y atender las nuevas necesidades de la ciudadanía. Pero, en lugar de esa acción regeneracionista y democrática, se sigue presentando a la monarquía y la Constitución de 1978 como antiguallas intocables o productos facturados por una transición modélica que no pueden cuestionarse sin debilitar el propio sistema democrático. La mayoría de los medios de comunicación sigue instalada en la propaganda y el blindaje de la institución monárquica frente a toda crítica. El periodismo no ha ejercido su imprescindible función de control externo y transparencia a través de la información. O no siempre ni en todos los casos.

Insuficiencias democráticas y periodísticas forman un matrimonio bien avenido que facilita la pervivencia de zonas de impunidad y el blindaje de temas y personajes frente a la información. Así, se ha logrado evitar durante años que el periodismo diera cuenta de las andanzas del rey o de las muy diferentes opiniones que muestra la ciudadanía sobre la monarquía, como si la Corona pudiera perdurar al margen del debate democrático, convertida en una institución incuestionable e indiscutible. Dicho matrimonio explica también parte de las grandes dificultades para reconocer las deficiencias de nuestro sistema democrático. Y parte de los obstáculos para afrontarlas. Tal situación obliga a prestar atención no sólo a los déficits particulares que presenta la monarquía en términos de transparencia, funcionamiento o reputación, sino también a las carencias del periodismo: desde la revisión de los saberes y valores que se adquieren en las facultades y escuelas universitarias de Periodismo a las estructuras empresariales que sustentan y producen la información, pasando por los tertulianos que, aunque se identifican como periodistas, son profesionales de la intoxicación o la profusión en las redacciones de la temporalidad, la precariedad o el uso irregular de becarios, trabajadores en prácticas y autónomos. Carencias que suponen obstáculos añadidos a la autonomía de la labor periodística y facilitan la subordinación de las tareas informativas a intereses privados empresariales o de otro tipo.

Hay periodistas que realizan muy bien su trabajo en casi todos los medios y hay periodistas y periódicos infames que se diferencian poco de mafias dispuestas a hacer caja con su capacidad de presionar, propagar bulos y mentiras o crear sospechas infundadas. El buen periodismo no se reduce a los componentes de la Plataforma de Medios Independientes (PMI), su composición e incidencia son mucho más amplios y diversos. Tampoco me parece una buena idea apuntalar la creencia de que el desarrollo de iniciativas por parte de la PMI es la vía principal para desarrollar el periodismo que pugna por ofrecer una información veraz. Por mucho que sea obligado reconocer que la iniciativa de la encuesta sobre la monarquía emprendida por los 16 medios que comparten dicha Plataforma haya tenido una incidencia notable y sea un buen ejemplo de experiencias de cooperación que merecen continuidad.

Mi impresión es que para impulsar el periodismo veraz y de calidad y pueda cumplir sus funciones esenciales (proporcionar una información veraz y servir de control externo sobre las instituciones y la acción política) y contribuir a superar las insuficiencias de nuestro sistema democrático, sería necesario ampliar los focos de atención inicialmente planteados (República y PMI) en este debate de Espacio Público e incorporar la reflexión sobre las reformas que atañen a los múltiples aspectos que relacionan información, derechos democráticos y libertades: las estructuras empresariales del sector periodístico, para introducir la democracia en su gestión y preservar la autonomía de la profesión periodística; los planes de estudio de los grados de Periodismo, para reforzar los valores éticos en el tratamiento de la información; las funciones de los colegios profesionales de periodistas, para evitar las malas prácticas; los derechos laborales en un sector en el que la concentración de la oferta informativa se combina con la proliferación del minifundismo empresarial, la informalidad y las nuevas ofertas informativas sin ningún tipo de control que permiten las nuevas tecnologías. En todos estos aspectos, la regulación pública puede establecer incentivos y restricciones que contribuyan a preservar el derecho de la opinión pública a una información veraz.

Numerosas encuestas revelan la mucha desconfianza que generan en la ciudadanía pilares democráticos tan esenciales como el Parlamento, los partidos políticos o los medios de comunicación, que son peor valorados que la propia institución monárquica. Sería conveniente, por ello, no tener una mirada excesivamente sesgada hacia la monarquía cuando intentemos identificar las limitaciones de nuestro sistema democrático. Ni creer que todo avance en la superación de las insuficiencias democráticas pasa por la sustitución de la monarquía por un régimen republicano.

Las corporaciones digitales no solventarán el sistema de desinformación que han creado. Y la solución no vendrá de manos de la tecnología. Las promesas democratizadoras de Internet dependen de la existencia de un periodismo mancomunado que, en el debate que nos concierne, sea capaz de desmontar el relato oficial que identifica la Corona con el sistema democrático y la República con el desorden.

No hace mucho, durante uno de los confinamientos, asistí a un webinar sobre desinformación. Lo organizaba una universidad española en el marco de su oferta formativa oficial, en este caso, periodismo. Resultó ser un taller sobre una herramienta que permitía detectar fakes… Herramienta y profesor cedidos “gratuitamente” por Google. Para Alphabet los fake y la desinformación son simples cuestiones técnicas que podemos solucionar gracias a su herramienta y a su impresionante archivo de imágenes. En la demostración los asistentes al taller, perdón webinar, podíamos observar cómo mediante un simple click una fotografía periodística en la que veíamos un avión comercial, según el pie de foto, estacionado en un aeropuerto de una importante ciudad europea era falsa: ese aeropuerto no era el citado, sino otro y por si fuera poco, de otro país. ¡Salvados, gracias Google!

Ignoro si los seminaristas del webinar habían asistido, con anterioridad o en paralelo, a otros seminarios o cursos sobre otros aspectos relacionados con la desinformación o sobre las influencias que ejercen las grandes corporaciones mediáticas, incluidas las GAFAM, en las agendas mediáticas. En caso afirmativo, la demostración del vendedor (disculpen, del profesor) de Google les habrá sido de gran utilidad, pues deja muy clara cuál es la visión de Alphabet sobre las cuestiones relacionadas con la desinformación: se trata de una cuestión técnica. En caso contrario, una buena parte de los asistentes podrían terminar un curso sobre periodismo digital asumiendo acríticamente lo que Eugeny Morozov denomina solucionismo tecnológico, en este caso aplicado a la desinformación.

La anécdota me lleva a la idea expresada por Marià de Delàs en este foro: Internet nació para democratizar la comunicación de masas; podríamos decir que sus inicios fueron contemporáneos de los movimientos contraculturales de finales de los 60. Pero de esa Internet democratizadora, horizontal e igualitarista ya sólo queda un radicalismo contracultural perfumado, perfectamente compatible, que encaja con los lifestyles más integrados en el sistema. Internet se ha convertido en el mejor escaparate de los fenómenos descritos por Thomas Frank en La conquista de lo cool.

Más allá de los debates a propósito de las informaciones que sobre los asuntos relacionados con la monarquía española ofrecen los medios de comunicación llamados de referencia, me parece importante situarlos en los términos propuestos en este foro por Víctor Sampedro: sin unos medios de comunicación independientes y, muy importante, mancomunados – que no significa libres de opiniones u opciones políticas, en ocasiones, opuestas – no habrá una verdadera discusión pública sobre ése o sobre cualquier otro tema.

La existencia de unos medios independientes que actúen como un efectivo contrapoder, por supuesto también en la red, depende en primera instancia de los periodistas. Aunque también los centros que se dedican a la enseñanza de la profesión podrían echar una mano. Podríamos empezar, por ejemplo, dejando de fomentar las diversas formas de solucionismo tecnológico. También podríamos continuar analizando los numerosos casos de periodismo cool (por ejemplo esa fragancia radical que emanan programas como Au rouge vif nº 5) a través de los cuales se configuran frames o relatos – como prefieran – que sitúan a la monarquía española no ya en oposición a una república, sino en relación al Orden y a la estabilidad del sistema.

En lugar de los webinars de Google, propongo un Master o seminarios centrados exclusivamente en el cuadrado que aparece en la parte inferior derecha (a veces lo hace en la superior) de la pantalla durante las emisiones de La Sexta. En él, se suceden en bucle, en vivo y en directo imágenes de una furgoneta de la Guardia Urbana en llamas que dan paso a otras de Puigdemont en Bruselas. Mientras, en el plató, los tertulianos debaten sobre unas declaraciones de Pablo Hasél… ¡de hace seis años! o sobre la (pen)última ocurrencia del patriarca de los Borbones. Lo que sea con tal de blanquear al hijo. Al fin, y al cabo, se trata de construir un relato, merci Monsieur Greimas, que funcione a partir de la oposición “orden (o sistema) y desorden (o antisistema)» en el que cabe todo, desde un rapero mediocre hasta un indepe con flequillo. Vamos a necesitar, además de medios independientes, algo más que un móvil 5G o abrir una cuenta en alguna red social para informar sobre el próximo 15 M que se avecina.

La confianza que sienten los ciudadanos y la credibilidad que ofrecen las instituciones son las dos caras de una misma moneda que viene devaluándose de manera progresiva. La gran recesión de 2008 y la pandemia de COVID-19 han actuado de catalizadores de un fenómeno que, por sus dimensiones y consecuencias, se ha convertido en uno de los principales rasgos distintivos del primer cuarto del siglo XXI. Tal proceso de desconfianza y deterioro institucional daña gravemente la arquitectura y el funcionamiento de los regímenes democráticos y, por consiguiente, dificulta la consecución del fin último de la acción política: el cuidado de lo común y el de los miembros de la comunidad.

No puede darse una sociedad sin confianza ni un universo sin gravedad. La confianza es la interacción fundamental que conforma todo proyecto de vida en común. Su quiebra menoscaba la convivencia, genera desconcierto y multiplica los conflictos. ¿Cómo enderezar el rumbo de esta tendencia? Y, en particular, ¿cómo pueden la monarquía y los medios de comunicación españoles recuperar la reputación que han perdido? Para responder a esta cuestión, partimos del siguiente postulado: los recursos tradicionalmente utilizados para ganarse la confianza de los diferentes grupos de interés se han agotado; es necesario imaginar nuevas fuentes de credibilidad.

No es lo mismo justificar que cumplimos que demostrar que mejoramos

La transparencia, en muy poco tiempo, se ha convertido en un viejo constructo que actúa como guardián del statu quo, en lugar de erigirse en principio vertebrador de una acción organizada que inspire confianza. Y la obligación de informar se ha circunscrito a la rendición de cuentas, lejos de la idea de accountability; tan lejos, que nuestro idioma aún no dispone de un término equivalente. Limitarse a esta forma de actuar (publicitar información del pasado en los acartonados portales de transparencia) ya no inspira confianza. Es menester ampliar la mirada hacia el futuro para —sin dejar de publicar los datos con los que justificamos que cumplimos las leyes en vigor— mostrar de qué modo, con qué medidas concretas, nos comprometemos a: 1) mejorar permanentemente nuestros procesos y 2) revitalizar periódicamente tanto los valores como las presunciones básicas que inspiran la visión y la misión que nos animan.

Se trata de incorporar el futuro en las ecuaciones que rigen el funcionamiento de las organizaciones humanas. Pues esta idea es aplicable tanto a las instituciones como a las organizaciones formales que las sustentan. Y tienen su fundamento en un principio que Javier Gomá formula así: «La realidad se halla regida por el principio fundamental de la imperfección». Se trata de un postulado que, además, emana de (y es coherente con) la idea de que la democracia «es ante todo el régimen que no se cansa de preguntarse por él mismo»1. Mejorar permanentemente procesos y someter a revisión valores y estrategias es, en fin, una necesidad que se deriva del «carácter estructural de la indeterminación democrática y [del] hecho de que la democracia es por consiguiente un régimen inestable, en continua exploración de sus aporías»2.

La cultura del cumplimiento legislativo ha sido, es y será esencial para el progreso de las sociedades, pero olvidar la necesidad de mejorar permanentemente pone en peligro el futuro. Esta es la amenaza de las propuestas que —al eludir la complejidad enriquecedora y adulta que entraña la superación permanente— apuestan por empezar desde cero una y otra vez, es decir, por el simplismo infantil de la demolición y vuelta a empezar. Esta estrategia populista e ignorante del valor de las instituciones ha merecido recientemente el acertado título de La tentación nihilista.

En la vida de las organizaciones humanas de todo tipo se dan innumerables motivos de mejora permanente, muy concretos o locales, asociados a la parte más visible del quehacer cotidiano, esto es, los sistemas y procesos. Y existen también otros que, por su envergadura estratégica —valores, principios y presunciones básicas—, no requieren ser mejorados asiduamente pero sí debatidos de forma periódica, cada equis años, lustros o décadas, porque —no hace falta ser sabio para saberlo— todo lo que no se mantiene se deteriora, sea un concepto, un coche o una Constitución.

No es este el lugar para detallar los métodos y protocolos de actuación aplicables a cada uno de estos dos ámbitos. Pero sí es el momento de recordar las buenas prácticas que, a este respecto, se realizan en otras latitudes. Elegimos el caso de Nueva Zelanda, país que ocupa los primeros puestos en los rankings internacionales sobre calidad democrática o IDH. Su gobierno, presidido hoy por Jacinda Arden, ha adoptado desde hace tiempo el pensamiento sistémico y la mejora continua como ejes vertebradores de su actuación. Ni el pensamiento sistémico significa pensar en tal o cual sistema, ni la mejora continua equivale a la transparencia y la rendición de cuentas tal como todavía hoy se practican en nuestro país. No, no es lo mismo justificar que cumplimos que demostrar que mejoramos.

Zarzuela: pasado, presente y futuro

Diversos expertos consultados por el autor de Zarzuela, un búnker en el momento más difícil para el Rey hablan de «las medidas que tomó Felipe VI, como la normativa sobre regalos a favor de los miembros de la Familia Real o un código de conducta del personal que trabaja en La Zarzuela». Estas medidas «se celebraron mucho, pero la sociedad demanda algo más. Hay un déficit de transparencia y comunicación. La sociedad ha evolucionado y no se tolera una desconexión con la realidad y la ciudadanía (…). La estrategia [de La Zarzuela] — concluye el autor— es lanzar un mensaje de futuro, hacia delante y no hacia el pasado, al que prefieren dar carpetazo».

Ahora bien, si la puesta en funcionamiento de esta estrategia se limitara a «mostrar de manera pública el compromiso de la heredera [la princesa Leonor] y, por ende, de la institución», entonces, en nuestra opinión, la monarquía parlamentaria española como forma de Estado se encaminaría de forma irreversible hacia su final. Porque la ciudadanía ya no vincula el futuro de la institución monárquica al connatural mecanismo hereditario sino al funcionamiento moderno de la organización que la sustenta. Por ello, si se aspira a que la percepción que la ciudadanía tenga de la institución sea de modernidad y de futuro, la solución pasa, no por la heredera, sino por cómo la organización, es decir, la Casa del Rey, haga público su compromiso con los modernos mecanismos de mejora institucional permanente. Tal es la práctica institucional que recomendamos, no porque la creamos la mejor y la primera a adoptar, sino porque la sabemos condición sine qua non.

Desconocemos si una Ley de la Corona regularía o no sobre la transparencia de la institución. Si así fuera, los máximos responsables de la organización —el círculo de colaboradores más cercanos que rodea a Felipe VI— deberían influir para que la Casa del Rey quedara vinculada a la interpretación moderna de transparencia y accountability. La monarquía daría ejemplo, saldría fortalecida y, como elemento clave de la arquitectura institucional de España, fortalecería a su vez la democracia, su mejor contribución posible al servicio de lo común, el fin último de todo.

Medios de comunicación: arquitectura institucional y estructura de mediación

España se encuentra entre los países en los que más se desconfía de los medios de comunicación de masas, según el reconocido Edelman Trust Barometer (Edición 2021, pág. 45). Para mejorar esta situación, proponemos las siguientes medidas inspiradas en lo expuesto hasta aquí.

Los medios de comunicación, entendidos como institución en un sistema democrático, desempeñan el papel de vigilantes independientes del poder. Desde esta óptica, creemos que los medios no deberían limitarse a denunciar el comportamiento del así llamado rey emérito, que también; deberían ampliar su denuncia a la forma anacrónica con que la institución interpreta y practica la transparencia y la rendición de cuentas. Y por la misma razón, deberían los medios aplicarse a sí mismos igual recomendación, cosa que está muy lejos de suceder como resulta de dominio público.

Considerados como parte de las estructuras de mediación, los medios «se encargan de encauzar el debate público, contribuyendo así a la formación de la opinión sobre los asuntos comunes». En este segundo plano, creemos que los medios deberían hacer pedagogía del populismo, no como un problema sino «como una forma de respuesta a los conflictos contemporáneos»3. Y no con el afán de derrotarlo a golpe de sentimientos (no hay peor cuña que la de la misma madera), sino para confrontarlo a la razón.

Y es que hoy, en España, son los populismos la mayor amenaza para la monarquía:

o Los de izquierdas, por su estrategia de borrón y cuenta nueva con la que quieren ampliar el tablero de la acción política, sustituyendo cunas por urnas

o Los de derechas, por el proverbial inmovilismo suicida con que creen asegurarse agendas y prebendas

o Los mediopensionistas (nacionalistas), por la deslealtad con que persiguen el poder que otorga la soberanía a la que legítimamente aspiran

Urnas, prebendas e independencia, ¿qué tiene que ver todo esto con la consecución del fin último de la acción política? Sin gravedad no hay universo y sin confianza no hay sociedad. Y, hoy, la credibilidad está por los suelos. Fortalecer las instituciones y, con ello, la democracia es el verdadero reto que comparten la monarquía y el periodismo con la vista puesta en el bien común y el bienestar de todos los ciudadanos.

Felipe Gómez-Pallete y Paz de Torres son fundadores de la Asociación por la Calidad y Cultura Democráticas nacida al amparo del Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital.

1 Pierre Rosanvallon, El siglo del populismo (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2020), 239.
2 Ibidem, nota 1, pág. 26.
3 Ibidem, pág. 26.

Si el cine revela algo del funcionamiento profundo de las ideas y las mentalidades que definen a una sociedad, podemos plantearnos tres fases de la gestión de la memoria de la guerra civil y la dictadura franquista en España. Fases que llegan hasta la actualidad y que implican una reflexión que parte de las producciones de la cultura de masas y se pueden proyectar hacia la legitimación simbólica y el devenir de nuestras instituciones políticas. El primer momento correspondería a la Transición. A pesar de lo que se afirma en ocasiones, se habló mucho de la guerra y de la dictadura en aquellos años, de manera directa o indirecta. En El desencanto (1976), Jaime Chávarri invitaba al espectador a penetrar hasta los rincones oscuros de los traumas familiares como condensación de un sistema represivo y totalitario. Por su parte, en Informe general (1977), Pere Portabella ofrecía un panorama vibrante de las contradicciones de una sociedad en mutación para construir un intenso documento fílmico. Pero quizá la más destacada de todas fue La vieja memoria (1979), de Jaime Camino. Su propio título recogía ya una declaración de intenciones ante el valor de esa memoria del pasado. Las voces superpuestas de personajes como Pasionaria, Líster o Gil Robles entre otros, narraban, en algunos casos todavía desde el exilio, la secuencia implacable de los acontecimientos vividos en los años treinta. La presencia y testimonio de estos protagonistas de la historia definía una premisa del momento: era necesario hablar libremente del “viejo” pasado, investigarlo y difundirlo.
Sin embargo, el presente y el futuro requerían de nuevas dinámicas que permitieran un enorme proyecto de transformación social sin sentirse condicionados por él. Además, en los años 70, la memoria, vinculada al testimonio y la preminencia de la voz de las víctimas, todavía no estaba considerada como una fuente decisiva de conocimiento histórico. De hecho, la propia historiografía marxista, hegemónica en aquellos años, supeditaba el sufrimiento individual a la visión general del enfrentamiento de clases e ideologías.
La centralidad de la memoria de las víctimas se comenzaría a asentar a partir de los años 80, bajo la enorme influencia de la película Shoah de Claude Lanzmann, que supondría, en gran parte, un giro epistemológico en el pensamiento de la historia en el cine. Los años situados en torno a la ley de memoria histórica del 2007 ya revelaron el carácter central de esa visión traumática y, en gran medida, emocional de la construcción del pasado vinculada a la experiencia de las víctimas y su testimonio. Sin embargo, el abundante número de películas de esos años incluyó de manera recurrente el recurso a un filtro literario que, en cierto modo, sirviera para dotar de entidad a ese peso memorístico.
El punto de partida fue Land and Freedom (Ken Loach, 1995) y a ella le siguieron películas como La lengua de las mariposas (José Luis Cuerda, 1999), Los girasoles ciegos (José Luis Cuerda, 2008) Libertarias (Vicente Aranda, 1996), Las 13 rosas (Emilio Martínez Lázaro, 2007) o incluso El laberinto del fauno (Guillermo de Toro, 2006) o Soldados de Salamina (David Trueba, 2003), entre muchas otras. Salvo algunas excepciones, como la película de Trueba basada en Javier Cercas, la manera de plantear el pasado de una manera acorde al sufrimiento individual se tradujo en una simplificación melodramática de los hechos de acuerdo con la tradición cinematográfica más elemental.
En la mayoría de los casos, se trataba de trazar un perfil nítido de unas víctimas plenamente humanizadas y heroicas enfrentadas a perpetradores concebidos casi siempre desde la caricatura y la representación del mal absoluto. En cierto modo, este planteamiento ofrecía una reparación simbólica en el plano emocional a los espectadores que acudían a verlas, sobre todo hijos y nietos de represaliados que intentaban comprender los silencios entre los que habían crecido. Pero su esquematismo las hacía insuficientes como medio de conocimiento. En cualquier caso, reflejaban la impresión de una sociedad en la que se sentían consolidadas las instituciones y que se celebraba a sí misma como superadora de un pasado violento.
En esa estela podemos situar el gran proyecto sobre el que se pretendió construir un relato heroico del proceso de democratización del país, poniendo en el centro del mismo de su pilotaje a la Monarquía en la serie La Transición (Elías Andrés y Victoria Prego, primera difusión en 1995)
De la “memoria histórica” de hace más de una década hemos pasado a la “memoria democrática”, sobre la que el gobierno actual pretende legislar. No podemos detenernos en el salto conceptual que implica el cambio de términos, pero observamos en algunas películas recientes una concepción más madura a la hora de aproximarse al pasado. Desde luego, no eluden apelar a la dimensión emocional, aunque rebajando convenientemente la vertiente melodramática y caricaturesca del modelo anterior.
El éxito de la amalgamada y algo derivativa de El silencio de otros (Almudena Carracedo y Robert Bahar) devuelve el testimonio de las víctimas a la centralidad del conocimiento de los acontecimientos históricos, en gran medida como hacen algunos programas televisivos y también algunos documentales de los últimos años.
Esta posición no está exenta de problemas importantes, que afectan sobre todo al uso de la voz testimonial en muchos discursos audiovisuales, empleándola como verdad incuestionable y sentimentalizada sobre la que no se opera una auténtica reflexión.
En cualquier caso, también observamos en películas mainstream como Mientras dure la guerra (A. Amenábar, 2019) o productos televisivos totalmente comerciales como Lo que escondían sus ojos (Telecinco) una necesidad de eludir la caricatura de trazo grueso para entrar en matices que abren al espectador a la complejidad de los acontecimientos relatados.
También el relato heroico de la transición y la modernización del país en los fastos del 92 se va demoliendo en películas de indudable interés como El año del descubrimiento (Luis López Carrasco, 2020). La necesidad de hacer útil el conocimiento del pasado a nuestra sociedad presente debe partir precisamente de esa complejidad.
En cierto modo, se trata de eludir el desasosegante final que nos muestra (no haré spoiler) La trinchera infinita (Jon Garaño, J. M. Goneaga y A. Arregi, 2019). Una auténtica memoria democrática debe tener, en resumidas cuentas, un carácter fundacional que permita construir el presente asumiendo la carga, plural y llena de contradicciones, del pasado.

El cine, la televisión están al margen de la disyuntiva entre la realidad y los discursos falsos o verdaderos que pretenden dar razón de esa realidad. Un film o una serie son artefactos compleja y artificialmente construidos, en los que interviene un actor que da una impronta, una puesta en escena que remarca aspectos del relato, una música que refuerza las emociones del espectador… Y además, cuando se trata de personas del siglo XX, los públicos contrastan esas imágenes de las ficciones con otras que han ido adquiriendo de la ‘realidad’ las tomas documentales. En suma, el audiovisual crea imágenes y representaciones que circulan en el espacio público. Y con ellas los ciudadanos, en ocasiones, se socializan. Está fuera de la ecuación si las imágenes de las ficciones fílmicas o televisivas son reales o falsas. Muestran imágenes que se utilizan por los distintos públicos, según unos antecedentes o posturas que guían o incluso determinan su lectura. Por ejemplo, con frecuencia las ficciones que han mostrado al rey emérito le enseñan como fumador, en ocasiones compulsivo como en ‘Sofía’ (Antonio Hernández, Antena 3, 2011), aspecto éste de su carácter inencontrable en las imágenes documentales.
En suma, como se suele decir en el pacto comunicativo que establece la obra audiovisual con el espectador: “Esta película es una ficción. Basada en personajes y hechos reales” (‘El Rey’, Alberto San Juan y Valentín Álvarez, 2018). Cada uno rellena esa frase como considera.
Resulta interesante observar las imágenes de los reyes españoles. Pensemos un instante en ‘El Halcón del mar’, una película de Hollywood de 1940 dirigida por Michael Curtiz e interpretada por Errol Flynn. El film narra las aventuras marítimas de un sosias del capitán Francis Drake, nombrado Sir por la monarquía inglesa y considerado pirata innoble por los libros de texto de muchas generaciones de españoles. Se puede creer que la visión que allí nos dan de Felipe II, el rey español por excelencia, está más cercano por su fecha de producción a un retrato de Hitler en su obcecación de combatir a los ingleses que al rey español de la Casa de Austria. Al menos eso se puede creer desde la península ibérica en donde el film ni se presentó a censura.
Soy de los que cree que si algo va a cambiar en TVE podría empezar por proyectar el film, con o sin debate de expertos. Pero claro, si pensamos en reyes españoles con buena prensa, es decir con buenos comentarios en los procesos de socialización que se arman en las aulas, en el top está el Borbón Carlos III. ¿Y dónde sale Carlos III?, más allá de la canción escrita por Sabina y Serrat sobre la Puerta de Alcalá: ¿Cómo esposible que el rey ilustrado no haya merecido ni un simple biopic de segundo rango?. Bueno, algo hay como en ‘Esquilache’ de Josefina Molina (1989) donde, por cierto, no se da un retrato muy amable del rey. La ausencia fílmica de Carlos III habla mucho de cómo circula la idea de la monarquía en España.
Fijémonos en cómo se ha ido plasmando la figura del actual rey emérito. Se tardaron unos veinte años desde el comienzo de su reinado para para que aparezcan las primeras imágenes de Juan Carlos en ficciones. Son apariciones episódicas parcialmente al margen de su actividad política central como ocurre en ‘El amor perjudica seriamente la salud’ (Manuel Gómez Pereira, 1996). Después de esa fecha inicial la industria del cine no va a ser muy pródiga en representaciones del rey; lo hace en ’23 F: La película’ (Chema de la Calle, 2010). Y desde luego en la adaptación de la obra teatral ‘El Rey’ de Alberto San Juan y Valentín Álvarez (2018) producida en un tiempo en que Juan Carlos ha abdicado y ya se perciben nítidamente los puntos oscuros de su biografía y los hilos que conectan al emérito con el franquismo.
Resulta llamativo que Fernando Cayo, el actor que interpreta la figura de Juan Carlos en ’23 F: La película’ también lo había hecho en ‘Los últimos días de Franco’ (Roberto Bodegas, Antena 3, 2008) y en el biopic televisivo de Suarez (‘Adolfo Suárez, El presidente’, Sergio Cabrera, Antena 3, 2009).
Por su parte, Fernando Gil lo ha encarnado en ‘El rey’ (Norberto López Amado, Tele 5, 2014) o ‘Alfonso, el príncipe maldito’ (Álvaro Fernández Armero, Tele 5, 2010), y hasta hizo de Felipe de Borbón en ‘Felipe y Letizia’ (Joaquín Oristrell, Tele 5, 2010).
Dan que pensar esos monocordes interpretativos. En televisión destacan hasta tres representaciones mayores del emérito.
Producida por la emisora pública, ’23 F. El día más difícil del rey’ (Silvia Quer, 2009, TVE) puede ser considerado el relato oficial por excelencia. Habrá que recordar que el telefilm ganó el premio Ondas, el premio Gaudí, el Premio Nacional de Televisión y hasta alguno internacional, a pesar de que su calidad técnica es difícilmente aguantable diez años después de su estreno.
Las emisoras privadas han producido ‘Sofía’ y sobretodo ‘El Rey’ (Norberto López Amado, Tele 5, 2014,) que a día de hoy es el relato que ha conseguido mayor audiencia sobre la vida del anterior jefe de Estado (unos 2.5 millones de espectadores). Rodada con anterioridad a la abdicación de Juan Carlos se guardó en los cajones y no se emitió hasta que ésta se produjo: transmite imágenes muy duras contra Franco y no excesivamente benignas de quien luego decidió abandonar España.

Las manifestaciones provocadas por la condena de cárcel de Pablo Hasél por injurias a la corona (y enaltecimiento del terrorismo) ponen de relieve la brecha creciente en España entre ciudadanía y monarquía reflejada por la encuesta Plataforma de 16 Medios Independientes (PMI). Y es otro ejemplo de una iniciativa mancomunada al debate sobre la monarquía. Como suele suceder con tantos buenos relatos mediáticos, la complejidad del asunto se reduce con gran claridad narrativa a una contienda entre dos personajes: por un lado, el Rey Emérito millonario, de quien sus mejores amigos no pueden justificar muy bien su repentina desaparición del territorio nacional, y a quienes no le tienen tanto aprecio acusan de huir de España cercado por la justicia. Por el otro lado, un rapero que canta canciones incómodas cuya temática incluye insultos dirigidos a la institución de la monarquía en general y a la familia real en particular.

La yuxtaposición entre las dos figuras centrales de este relato deja claro de manera incontrovertible la brecha que existe entre casa real y ciudadanía y su problemática relación con la democracia española. No es por falta de afecto al Rey Emérito, aunque queda claro que la estima ha caído en los últimos años, ni de gratitud por su papel en la transición a la democracia. Ni siquiera responde a un sentimiento necesariamente republicano. No. El problema surge del evidente doble estándar ante la justicia de las dos figuras: la impunidad del Rey Emérito que huye con aquella “fortuna opaca” (Goliat), y nueve meses de cárcel para el rapero (David) cuyo delito consiste en expresar sus opiniones sobre el primero en una canción. La patente y absurda injusticia de la situación queda tan visible como la desnudez del emperador en el cuento de Hans Christian Andersen. Y revela también la tensión latente en el corazón de las monarquías democráticas.

Mientras en la calle una parte de la ciudadanía expresa su rabia ante una injusticia evidente, en los medios de comunicación algunos apartan la vista de la injusticia de la condena y la ira ciudadana para centrarse en condenar los disturbios y los destrozos de mobiliario urbano. Mientras en la calle algunos ciudadanos se movilizan para expresar su desacuerdo con la condena de Hasél, en las redes circulan videos de policías a porrazos con manifestantes indefensos. No es un buen “look” para una democracia. Entretanto, los medios críticos independientes seguirán sacando a la luz los escándalos del Émerito y los relacionados con la familia real.

En realidad, el “crimen” de Hasél va mucho más allá de simplemente insultar al Rey (entre otras cosas, llamándole “basura mafiosa” a quien “tomará su palacio la revolución”). La canción Juan Carlos el Bobón no solo arremete contra la monarquía y la familia real, pero también contra la pobreza, la desigualdad, la corrupción, y el gobierno del PSOE/Podemos. Y deja en evidencia la hipocresía del doble estándar de la justicia española y de nuestro afán por hablar de derechos humanos mientras mantenemos relaciones con países que decapitan a los ciudadanos por hechos como ser homosexuales o por criticar… a sus reyes. Pero más allá de la letra, en cierta medida irrelevante, la situación de Hasél nos deja con una sensación incómoda y nos hace pensar. Aunque nos pueda parecer un espanto de canción (o no) no deja de suscitar una pregunta incómoda, ¿realmente te pueden caer 9 meses de cárcel por cantar una canción? Pues sí, fíjate. ¿Por injurias a la corona? Pues sí. No sé tú, pero yo de pequeña aprendí la canción de Franco, Franco que tiene el culo blanco, y lo cantaba a voces. También incluye una mención a la Reina Sofía, pero como esta se limita a lavar con lejía, igual no cuenta como injurias a la corona. O será que no cuenta porque lo dejamos de cantar antes de llegar a la edad penal.

El problema de querer proteger a la corona mediante el artículo 491 o la Ley Mordaza es que el remedio es peor que la enfermedad. Usar a la justicia para sancionar a alguien por insultar al Rey o las instituciones del Estado –como en el caso de Hasél o Valtònyc– lejos de fortalecer a estas instituciones, demuestra su debilidad, ya que no parecen poder resistir canciones ni insultos. Además, la condena ha asegurado que la canción llegue a una audiencia infinitamente mayor a la que hubiese llegado. Yo no conocía la obra de Hasél antes de su condena. Ahora sí la conozco, y he escuchado la canción de Juan Carlos el Bobón, cosa que no hubiese sucedido si no lo hubieran condenado. Como yo, unos cuantos más (unos 800 mil en You Tube). Es un auto-gol por excelencia.

Los verdaderos culpables de la actual situación son aquellos partidos que, a pesar de comprometerse con su derogación, no han acabado con la Ley Mordaza , ni con la ley de injurias a la corona (PP, PSOE, Ciudadanos, I’m talking to you). Ahí realmente está la clave de todo. Solo asegurando la auténtica libertad de expresión, que incluye la libertad de expresar precisamente aquellas opiniones que preferiríamos no oír, se puede hablar de democracia. Chomsky lo dijo muy bien en el documental Manufacturing Consent: “Goebbels estaba a favor de la libertad de expresión para aquellas opiniones que le gustaban. Stalin también. Si realmente estás a favor de la libertad de expresión, entonces estás a favor de la libertad de expresión para precisamente aquellas opiniones que detestas. Si no, no estás a favor de la libertad de expresión”. La verdad es que el caso Hasél es solo un ejemplo particularmente flagrante y reciente de unas restricciones intolerables a la libertad de expresión encarnadas en la Ley Mordaza desde su aprobación y que ha dejado a cientos de españoles con juicios, multas, y penas por expresar su opinión públicamente. El caso Hasél ofrece al gobierno de Pedro Sánchez otra oportunidad para acabar con esta ley tan criticada por los defensores de los derechos humanos. La pelota está en su tejado.

Irónicamente, aquellos que quieren salvar “el oxímoron de la monarquía democrática” harían bien en apoyar la derogación de la Ley Mordaza y despenalizar los delitos de opinión, que no tienen cabida en una democracia. Apostar por la democracia le salió muy bien al Rey Emérito, otorgándole muchos años de aquiescencia. Harían bien los que apoyan la monarquía en repetir la jugada. Por lo que se ve en la calle, soplan vientos de fervor democrático. En el clima actual, solo retirando la inmunidad de los reyes a las “injurias a la corona” y asegurando la libertad de expresión de todos podrá quizás la monarquía sobrevivir en una relación incómoda, pero viable, con la ciudadanía y la democracia. Al menos por un tiempo.

Esta colaboración me pilla intentando reflexionar y escribir sobre lo que entiendo que es el signo característico de nuestro tiempo, la crisis generalizada de las estructuras de mediación que, durante décadas, organizaron y articularon la vida política y cultural de los países. Fenómenos tan distintos como la polarización y fragmentación política, la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación, el auge de las tesis conspirativas y el cuestionamiento de los expertos son, a mi juicio, resultado de esta crisis de la mediación.
Las estructuras de mediación sirven (o servían) para introducir algo de orden en las opiniones y preferencias de la ciudadanía. Los partidos políticos tienen encomendada la función de procesar, filtrar y seleccionar las preferencias de los electores, mientras que los medios de comunicación se encargan de encauzar el debate público, contribuyendo así a la formación de la opinión sobre los asuntos comunes. Cuando la gente no confía en los políticos y recela de los medios, la mediación se quiebra y la sociedad se vuelve más imprevisible y caótica. Asimismo, el papel de los mediadores expertos queda en suspenso. La intervención de economistas, politólogos, sociólogos, filósofos o escritores se percibe con sospecha, como una pieza más dentro de un engranaje político-mediático. El impacto de las nuevas tecnologías de comunicación, por lo demás, abre posibilidades alternativas de control de los políticos y de construcción de consensos.
Este problema de cuestionamiento generalizado de la tarea de los mediadores ha acabado afectando también a las encuestas de opinión. Son muchas las personas que consideran que las encuestas, lejos de contribuir al conocimiento sobre la sociedad y el estado de la opinión pública, no son más que recursos retóricos que utilizan partidos y medios para perseguir sus intereses. En el caso más extremo, puede haber dudas sobre si la propia encuesta es inventada, o si la muestra no es representativa del conjunto de la sociedad. Un peldaño por debajo se encuentran los recelos por la posible tendenciosidad del estudio; así ocurre, por ejemplo, cuando la formulación de las preguntas induce un cierto tipo de respuesta.
A mi juicio, el mayor problema de las encuestas no es ninguno de los anteriores. Casi nunca se inventan o fabrican las encuestas en el despacho de políticos o periodistas; por su parte, cuando se manipulan las preguntas, es relativamente fácil descubrirlo y denunciarlo. En realidad, el mayor peligro de las encuestas de opinión estriba en el mal uso del poder de definir las preguntas y los temas objeto de estudio. El mediador, en este caso, es un organismo público (el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS) o un medio de comunicación. Y en España hemos sido testigos de cómo se ha producido una clara colusión de los mediadores para evitar que se pregunte en las encuestas por ciertos asuntos. De todas las omisiones, la más llamativa es, sin duda, la de la monarquía. A pesar de los escándalos que han sacudido a la institución, y de algunas tomas de partido impropias de un monarca parlamentario (como el discurso del 3 de octubre de 2017), ni el CIS ni los grandes medios de comunicación han querido descubrir lo que piensa la sociedad española al respecto. La actitud parece ser la de que cuanto menos sepamos sobre lo que piensa la gente, mejor.
El valor principal de la encuesta realizada por la Plataforma de Medios Independientes (PMI) gracias al crowfunding ha sido romper esa colusión de los grandes medios de comunicación, que se resistían a saber sobre una cuestión fundamental de la política española. De esta manera, la PMI ha mostrado que se puede saltar por encima de los mediadores tradicionales con el apoyo de la gente. Han sido los propios ciudadanos quienes, mediante contribución económica personal, han tenido que paliar la desidia y el miedo de las élites hacia la opinión pública de su propio país.
Curiosamente, los resultados de la encuesta no eran “explosivos” ni mucho menos. Hemos aprendido que la monarquía ha sufrido un desgaste importante, que la sociedad está muy dividida sobre la conveniencia de mantener esta institución, que el apoyo al rey se ha hundido completamente en País Vasco y Cataluña, que la opinión pública atribuye a Felipe VI posiciones derechistas, pero que su valoración popular no es mala, desde luego muy superior a la de su padre, un personaje amortizado. También hemos descubierto que hay un acuerdo muy amplio en cuanto a las propuestas de mayor transparencia y control de la Casa Real. De la encuesta, de hecho, resulta bastante fácil extraer propuestas de reforma para salvar la institución.
Tras este precedente, será difícil que en el futuro los grandes medios y el CIS puedan seguir controlando los temas por los que se pregunta a la gente. Ya no podrán imponer el silencio sobre los temas que les incomodan.

COMENTARIOS DE LA MODERACIÓN I.

16 medios publicaron el pasado 12 de octubre una encuesta sobre la Corona ante el silencio de cinco años del CIS. El micro-mecenazgo que la hizo posible y su publicación conjunta suponen un hito del periodismo español. Hace hablar a la sociedad, antes de dirigirse a ella en su nombre. Y desborda el bloqueo oficial del debate público sobre un tema tan crucial para el futuro de la democracia española, su modelo constitucional y territorial.

Ya sea por el frenético ritmo de trabajo, la auto-explotación y la precariedad, frutos del “minifundismo” que señalaba Marià de Delàs, la PMI no parece apreciar la transcendencia de su labor. Tampoco la colaboración en red que podría desplegar en el futuro. En conversaciones privadas, me comentaban que la encuesta apenas había sido recogida por otros medios y que había recibido más trolleos que elogios en las redes. ¿Qué esperaban?

Los medios españoles no comparten principios ni protocolos profesionales. Y cifrar el impacto de una noticia en la visibilidad que recaba en redes supone guiarse por una vorágine de métricas que resultan ajenas y casi siempre opuestas al valor periodístico.

El debate que hemos organizado en Público es un foro para poner en valor la PMI, proyectando nuevas dinámicas de trabajo que garanticen la independencia periodística y su sostenibilidad económica. Llamarse “plataforma” supone adoptar una arquitectura comunicativa que facilita la escalabilidad.

Señalaba Javier de Rivera que “alcanzado cierto umbral, las posibilidades de facturación crecen exponencialmente mientras los costes lo hacen aritméticamente, generando oportunidades de rentabilidad nunca vistas”. Y añade Javier: “la clave está en lograr una ventaja competitiva que te permita ser el primero en capitalizar una base de usuarios suficiente como para que el efecto red –el valor agregado de una red con muchos nodos– deje fuera de juego a cualquier competidor”.

Charlando con mi icono (del punk, el periodismo y viceversa), Xosé Manuel Pereiro – codirector con Manuel Rivas de la prodigiosa Luzes de Galiza – concluíamos que estamos en un periodo semejante al que vivimos tras la Constitución de 1978 y el 23F de 1981. No porque encaremos un proceso constituyente (va a ser que no) o una involución democrática (está por ver).

Como entonces, ahora puede producirse un cierre institucional y un angostamiento del espacio público que aboque a los medios de la PMI a la marginalidad y la irrelevancia. Por tanto, a la desaparición de muchos de ellos. Toda monarquía, señalaba Miren Gutiérrez, busca la opacidad. Y la actual, según Carolina Bescansa, es impune porque es invulnerable política y mediáticamente. Antes, aún teníamos energía para montar una banda punk (en el caso de Pereiro, Radio Océano: sin esto, vuestra discoteca está tullida). Ahora, Josito, meu, como moito tocaríamos la flauta dulce, en plan “perrofla” que dicen nuestros hijos.

La Corona, lógicamente, es gatopardista: que todo cambie para seguir igual, al menos en cuanto a la sucesión (el leitmotiv de la monarquía). Para ello despliega una doble estrategia. Desagua las corruptelas del pasado con filtraciones controladas por la Casa Real. Y se las brinda a ciertos medios de ambos lados del espectro ideológico (es evidente cuáles son). Y, simultáneamente, se adoptan medidas pactadas previamente para “purgar” los delitos fiscales del ex-monarca.

La primera línea de defensa monárquica busca la insensibilización progresiva y la consiguiente impunidad institucional que generan los escándalos enmarcados como cuestiones privadas. Sara Martín nos lo recordaba, en referencia la inocua, a pesar de salvaje, cobertura de la Casa Real Británica que hace la prensa sensacionalista de allí.

Por otra parte, la expiación de culpas se restringe al ex-monarca (como, antes se intentó con Urdangarín). Felipe VI no tiene nada que declarar (ni a Hacienda ni a los medios), porque renunció a la herencia paterna Y así lo afirma, siendo la corona que luce el más importante legado. ¿Y Juan Carlos I? Se “exilia” con el epíteto de “emérito”, cuando, en vez de huir de la represión o la indigencia, escapa de los tribunales de justicia y, sobre todo, del de la opinión público.

Tras la encuesta y siendo consciente de su entidad, la PMI podría haberse planteado iniciativas que serían factibles con una articulación mínima; por ejemplo, publicar un editorial conjunto en el aniversario del 23F exigiendo la desclasificación de los secretos oficiales. Estos y la “ley mordaza” son el bozal de las investigaciones de calado sobre la monarquía y las cloacas del Estado que están en curso. Y, en la misma línea, se echa en falta un posicionamiento semejante ante las vulneraciones a la libertad de expresión y de manifestación que se están normalizando. En algún caso, no solo no ha avanzado un frente común, sino que se han reproducido descalificaciones para arrogarse la excelencia profesional en exclusiva. Nada beneficia más a los pseudoperiodistas, que sigamos consumiendo en trifulcas internas nuestras energías; en vez de sumarlas en aras del bien común.

El ex-monarca, como señalaba A. Cervera, teme: “un espacio [público] donde el cinismo no cotiza, ni la doblez, ni el pago bajo mano: el medio es de quien lo apoya para que no entren a saco los del dinero bruto, los que están acostumbrados a que las voces sean suyas, los que entre la verdad y la mentira construyen un andamiaje periodístico en que la una y la otra son lo mismo.” A estas alturas resulta evidente que la colaboración en el seno de la PMI debe sustituir a la competencia, porque los públicos y sus múltiples militancias se complementan con agendas que se solapan. Por tanto, hay líneas de investigación y contenidos periodísticos de sobra para trabajar en común, federando competencias y compartiendo carteras de publicidad.

Este apresurado resumen de lo hasta ahora debatido aquí, recuerda a los sectores monárquicos la necesidad de acometer reformas estructurales. No hay maquillaje indeleble, que aguante para siempre. Y sugiere a la PMI la imperiosa necesidad de tejer una plataforma colaborativa e independiente (también del sectarismo y doctrinarismo). Al servicio de la exigua, pero contundente, mayoría republicana que desveló la encuesta. En caso contrario, seguiremos los pasos de quienes nos precedieron: hacer avanzar una democracia que acaba siendo “Patrimonio Nacional”. Sí, propiedad y usufructo de “los de siempre”.

¿Por dónde empezar? Miras afuera, por la ventana o por donde sea, y si no apartas enseguida la nariz se te mete el virus como un suspiro. No es el Covid, para nada es el Covid. Es otro. Intentas cerrar la ventana, como hacía la gente en Los pájaros, la película de Alfred Hitchcock que nos sigue llenando, después de tantos años, de una inquietud insoportable. Así y todo, hay que revisar los posibles agujeros de la casa. Quien la tenga. El techo antiguo. La puerta que da a la terraza, donde la lavadora y la caldera. El hueco insignificante entre el suelo y la puerta de entrada. La rendija del calefactor que una vez sirvió de refugio a un ratolín que acabó huyendo para no arder en llama viva cuando llega el invierno.

Afuera todo se ha convertido en una pesadilla. Lo que pasa no es lo que pasa sino lo que nos dicen que pasa. Así desde hace mucho tiempo. Todo es como si anduviera vestido de uniforme. “A la voz de firmes se produce devastación”, escribe Wislawa Szymborska. Pues es lo que hay, lo que habita en un sitio sometido, lo que esconde esa bárbara vocación de inventar lo que nos pasa y convertirlo en un cuento chino. No se les pone cara de fake news, ni se les arruga un centímetro de piel cuando esconden en sus pliegues la risa terrorista del cinismo, ni notan ninguna sequedad en la lengua con la que golosamente paladean la mentira.

Lees lo que escriben. Escuchas lo que dicen. Ves los ojos que se miran entre ellos, como en una nada disimulada complicidad aterradora. Asistes a su bacanal de complicidades a destajo. Dan miedo. Se juntan para firmar acuerdos que serán como aquellos juicios sumarios de la victoria fascista en que se condenaba con absoluta indefensión por unos delitos que nunca fueron cometidos. Les darán la vuelta a las palabras para que, cuando nos lleguen, no percibamos que las han pervertido como abruptos depredadores de la inocencia. Chuparán el gaznate de la verdad y lo que quede será un revoltijo de trapos, como si la verdad fuera una prenda de ropa metida violentamente a dar vueltas en la centrifugadora.

Tienen nombre y apellidos. Inda, Bustos, Claver, Marhuenda, Quintana, Herrera, Ramírez, Losantos y sus etcéteras, amarrados a la violencia de la tergiversación con el empuje de quien les paga y bien sus alborozos paranoides. Sus cabeceras también los tienen, nombres y apellidos digo. No se esconden para lanzar la bomba. Salen en las tertulias de la televisión y de la radio. Disponen de amplias columnas en los diarios y revistas en papel, en los diarios y revistas digitales, hasta se nota su influencia en los boletines oficiales de algunos enclaves autonómicos. Nunca perdieron el poder.

“Hoy, un ejército de historiadores no cualificados trabaja para borrar la historia antifascista y legalizar otras versiones. Vivimos en el vertedero de la basura histórica”: no habla de nuestro país, sino del suyo, la escritora yugoslava Dubravka Ugresic. Pero podría servir lo que dice para el nuestro. Y aparte de esos falsos historiadores, podemos añadir, entre otros que no salen pero están, los de esos periodistas que aparecen al comienzo de este párrafo. El vertedero del periodismo decente. No sé si el periodismo indecente es periodismo. Pero ahí está, cobrada a tanto la pieza cazada en sus redes de un despotismo nada ilustrado -aunque tanto da, si es despotismo- porque la ilustración es abrirnos a la luz y no a la oscuridad de piedra donde se refocila el minotauro.

Hay otro periodismo. Bueno, si es que finalmente el otro también lo es, por más que sea turbio. Un pacto democrático por la lectura crítica, por un acercamiento de conciencias, igualmente críticas, a un lado y otro de lo escrito, de lo dicho, de lo que se ve a ratos confuso porque no siempre se consigue la claridad del foco. La lealtad a lo que nunca debería olvidar la democracia: si hay algún consenso que valga la pena es el que se asienta en la divergencia. El respeto a lo otro, a lo diferente. También diferente el pacto que antes les decía.

El lector y la lectora que descubren un espacio donde el cinismo no cotiza, ni la doblez, ni el pago bajo mano: el medio es de quien lo apoya para que no entren a saco los del dinero bruto, los que están acostumbrados a que las voces sean suyas, los que entre la verdad y la mentira construyen un andamiaje periodístico en que la una y la otra son lo mismo. No resulta fácil construir otro andamiaje: el de la independencia. No depender más que de lo común, de algo que se parezca mucho a lo público porque es de interés público y común lo que se cuenta, la mano que teclea, los ojos que miran, la voz que no tiembla porque la razón está de su parte.

Aunque a ratos haya gente que la ahogaría con la mordaza de una ley que no hay manera de que desaparezca de nuestras pesadillas. Desnudar de una puñetera vez la monarquía y dejar al aire su desfachatez insultantemente heredada, desatascar los desagües de las cloacas policiales y las de esa justicia que cada vez se parece más a un fortín de las derechas que confunden aposta la justicia con la desvergüenza. Poner cifras a las cuentas trucadas de esa política que no es servicio público sino un cruelísimo festín de intereses particulares. Entrar a saco en una Constitución que es la del miedo acumulado durante cuarenta años de franquismo, andar sin remilgos y a cara descubierta con quienes son expulsados de sus casas porque las mafias disfrutan impunemente de una ley que las protege. Exigir en cada línea que escribamos la urgencia a vida o muerte de que el trabajo sea un derecho no atufado por la precariedad. Sacar de las cuentas de la vieja esa cuadratura del círculo que son las vergonzantes y anacrónicas inmatriculaciones de la iglesia. Escarbar sin descanso en el cenagal donde políticas gubernamentales de paripé están hundiendo a quienes llegan a nuestras costas pensando que aquí habrá algo distinto y mejor que en sus países de origen (qué vergüenza lo de Canarias, ¿no?). Seguir haciendo senda por el derecho que tienen las mujeres a tener un mundo que a ellas y sólo a ellas pertenece. Condenar a esos que desde las derechas (me da igual que se llamen derechas a secas que con otros apellidos) señalan a las mujeres como culpables de que las asesinen. Ser decentes, joder, sólo eso: ser decentes en la vida y, como es el caso ahora, en esta sección de Espacio Público, también cuando hacemos periodismo.

El periodismo decente, digo. Lo otro será, en todo caso y como dice Wislawa Szymborska, todo el mundo firmes y abocarnos a la devastación. Pues eso.

En España el rey es jurídicamente inviolable. Así lo impuso la dictadura, primero, y el artículo 56.3 de la Constitución, después. Sin embargo, a lo largo de muchas décadas, el rey Juan Carlos y su familia han demostrado ser inviolables no sólo desde el punto de vista jurídico, también política y mediáticamente. No cabe otra conclusión revisando los ominosos silencios de los medios de comunicación y el Congreso ante las muchas actividades empresariales del rey y su familia, dudosamente compatibles con la Constitución y con el ordenamiento fiscal y tributario.

Desde el Ferrari recibido de las manos de Javier de la Rosa en representación del grupo KIO o las batidas en Rusia organizadas por grandes oligarcas del petróleo para matar osos borrachos, hasta el marquesado otorgado a su amigo Villar Mir apenas dos años después de recibir 4.2M € en una fundación próxima, el tráfico de influencias, la cuenta Soleado, Arturo Fasana, el caso Noos, el pobre elefante, las tarjetas black de las peluquerías de la infanta y la reina Sofía, el AVE a la Meca, la máquina de contar billetes o Corina, mediáticamente presentada como bellísima amante del rey, en tanto que única descripción disponible para opacar su papel de principal comisionista en los negocios en los que el monarca hendía su mordida. Del machismo implícito a la fabulación hablaré otro día.

La inviolabilidad jurídica del rey y su familia bien podría denominarse impunidad, esa condición de la que han gozado y siguen gozando tantos corruptos en nuestro país. Pero a diferencia de los políticos corruptos, los miembros de la familia real corruptos gozan, también, de impunidad política y mediática. Quizá no esté demás recordar la condena en 1981 a un año de cárcel por injurias contra la corona al director de Punto y Hora en Euskal Herria, un año de cárcel para A. Otegui en 2005 por el mismo delito, el secuestro de la revista El Jueves en 2007 y posterior multa por su viñeta humorística sobre los actuales reyes, las condenas a un año de prisión a los raperos Valtonyc y Hasél y, con menos recorrido mediático pero no menos cierta, la condena de la Audiencia Nacional en 2018 a una multa de 900€ a un ciudadano anónimo por llamar al rey “corrupto malparido” en su muro de Facebook.

Hace unos meses, la Plataforma de Medios Independientes puso fin al apagón de información sociológica sobre la monarquía que el CIS impuso hace cinco años de forma total y hace décadas de manera parcial. En 2013 tuve la oportunidad de dirigir una encuesta en la que abordamos la cuestión monárquica también de forma abierta y metodológicamente rigurosa. Los datos que cosechamos entonces y los ofrecidos por la encuesta de 2020 son consistentes: la imagen y el prestigio de la monarquía están gravemente dañados, aunque esos daños no se transformen linealmente en apoyos republicanos. La monarquía no cuenta con el respaldo ni específico ni genérico de las generaciones más jóvenes y cada vez lo tiene más difícil entre los mayores. A pesar de que ningún partido político ni ningún medio de comunicación generalista está promoviendo explícitamente la forma republicana del Estado, en una eventual consulta, ambas mayorías estarían hoy empatadas. La monarquía no está hundida, pero sí tocada; muy tocada.

En las últimas semanas hemos presenciado un debate declarativo entre los principales líderes políticos y los principales periodistas del país sobre la naturaleza plena -o no- de la democracia española. Escuchando las declaraciones de unos y otras no he podido evitar recordar el texto de J. Pérez Royo, La reforma constitucional inviable. En él, esta cabeza privilegiada del constitucionalismo español, afirma: “Un Estado no puede vivir indefinidamente de la legitimidad constituyente originaria, por muy fuerte que esta sea. El paso del tiempo inevitablemente debilita dicha legitimidad y puede llegar a hacerla desaparecer. Esta es la razón por la que las constituciones tienen cláusulas de reforma. (…). En España no se ha hecho uso de la reforma constitucional prácticamente nunca a lo largo de toda su historia constitucional. Es la asignatura de la historia constitucional de la que la sociedad española no se ha examinado todavía. Y se resiste a hacerlo. Y cuanto más se resista, mayor es el riesgo de descomposición de su sistema político y de su ordenamiento constitucional. No porque los problemas con los que tiene que enfrentarse la sociedad española sean inmanejables, sino porque acabarán siéndolo si no se les hace frente”.

Y concluyo citando ahora a Manuel Azaña. En 1939, el presidente de la república escribía en su ensayo Las causas de la Guerra de España: “La instalación de la República en abril de 1931 sorprendió no solamente a la corona y los valedores del régimen monárquico, sino a un buen número de republicanos. El régimen monárquico se hundió por sus propias faltas, más que por el empuje de sus enemigos.” Quién sabe. Quizá a las y los republicanos de la III nos pasará lo mismo que a los republicanos de la II y la instauración de la república nos pille a todas por sorpresa. Ojalá.

Hubo un tiempo en el que se generalizó la idea según la cual Internet vino para democratizar la comunicación de masas. Supuestamente, los medios tradicionales entraban en crisis porque perdían la capacidad de decidir lo que se conocía y lo que no. “Quien no publica es porque no quiere”, dijeron algunos ingenuos “descubridores” de la red, porque en ella cabía todo. Es verdad. Hace ya mucho tiempo que cualquiera que disponga de un dispositivo con acceso a internet puede publicar. Otro problema es que lo publicado no quede automáticamente apagado en el fondo de la red y solo resulte visible para el propio autor y para un recortado círculo de “amigos” o “fans”.

Lo que se presentó como un proceso de liberalización de la información, a favor de millones de personas potencialmente interesadas en dar a conocer fragmentos significativos de la realidad, que los grandes medios silencian, trajo consigo, en la práctica, una concentración mucho mayor de poder mediático, que quedaba en manos de los ‘buscadores’ y de unas pocas redes sociales, condicionadas por el mundo de las finanzas, y absolutamente ajenas a cualquier mecanismo de control democrático.

Víctor Sampedro nos invita a reflexionar colectivamente sobre las oportunidades que tiene hoy en día el periodismo independiente para conseguir información útil, seleccionarla, procesarla profesionalmente y difundirla. Es una invitación al debate sobre la posibilidad de construir algo parecido a un “contrapoder mediático”, alternativo al mundo de la “pseudoinformación”.

Tarea nada fácil propone Sampedro, si se tiene en cuenta que el cultivo del periodismo se realiza en gran parte en régimen de minifundismo. Equipos pequeños trabajan sometidos a condiciones impuestas por un puñado de redes sociales y bajo los designios de un ente omnipotente, omnipresente y pretendidamente omnisciente, que no es el Dios del catecismo, sino una empresa privada que, tal como denunció Julian Assange(1) y evidenció Edward Snowden, trabaja en colaboración con el Departamento de Estado norteamericano, y nos vigila a todos, salvo a los ciudadanos chinos, aparentemente.

Julian Assange, Ignacio Ramonet (2) y otros intelectuales advierten desde hace tiempo sobre el poder de cuatro compañías tecnológicas, que cuentan con mayor influencia económica y política que potentes estados nación. “Somos ciudadanos del final de una sociedad industrial y del inicio de una sociedad digital”, en la cual se libran y se librarán batallas “para ver quién controla la información y de quién serán los datos”, explica Genís Roca en una entrevista publicada recientemente en el diario Públic. Topamos también aquí, como nunca hemos dejado de topar, con el “derecho a la propiedad”, que con tanta frecuencia esgrimen los enemigos de la democracia.

En el ámbito privado, siempre cuesta entrever de qué manera se puede exigir a los medios que sostiene el poder financiero que se comporten con respeto a los valores democráticos. Se diría que todo depende de las convicciones éticas que puedan tener sus propietarios o sus representantes y del nivel de autonomía que consigan los profesionales que trabajan en ellos, siempre y cuando se sientan comprometidos colectiva e individualmente con la obligación de proporcionar información fiable y contenidos respetuosos con toda la población.

La propiedad pública de los medios, por otra parte, no garantiza su independencia del poder económico ni su compromiso con la defensa de los intereses de la población frente a estructuras corruptas del Estado, pero su existencia permite eventualmente que algunas cadenas difundan contenidos de calidad, alejados de la basura que tan a menudo se suministra desde el sector privado. Alimentan además la esperanza de que un día u otro pueden empezar a tener que escuchar sistemáticamente a la población antes de “pretender representarla”.

Actualmente las radios, televisiones y webs de titularidad pública, si atendieran a criterios periodísticos y de servicio público, deberían, por ejemplo, dejar constancia de los “vientos de cambio” que soplan en contra de la institución monárquica a los que alude Sampedro en el arranque de este debate. Lejos de hacer tal cosa, RTVE no se cortaba ni se corta en la difusión de imágenes y palabras edulcoradas sobre la actividad del rey. Pocos indicios hay de que la renovación de su Consejo de Administración vaya a corregir esa enfermiza tendencia a deformar la realidad.

Habrá que poner más voluntad política de impugnación y, sobre todo, persistencia, porque la resignación no es una buena receta para soportar el progresivo deterioro del panorama mediático. Convendría que quienes aspiran a un cambio social favorable a la mayoría trabajaran sobre un escenario de garantías de ejercicio efectivo del derecho a difundir y obtener información útil y fiable.

La encuesta publicada por 16 medios independientes, agrupados en una plataforma, la PMI, el pasado 12 de octubre, reveló que gran parte de la población entiende que la monarquía no tiene sentido en una democracia. Fueron muchos los que intentaron ocultar la información que aportaba esa encuesta. Si significativo fue su silencio mucho más lo fue la vergonzosa campaña de exaltación de la corona que organizaron para contrarrestar la difusión de los datos que no pudieron impedir.

Ya más recientemente, el pasado 25 de febrero, los partidos nacionalistas españoles, unos ultras y otros liberal conservadores, impidieron que prosperara una iniciativa republicana destinada a poner punto final a la inviolabilidad de la figura del rey.

Dos días antes, solo partidos republicanos e independentistas, prácticamente todos ellos de la periferia, declinaron la invitación a acompañar al rey en el acto de conmemoración del 40 aniversario del golpe militar de 1981. Exigieron “luz y taquígrafos” sobre lo que ocurrió aquel 23 de febrero y sobre la operación de Estado organizada para reforzar y blindar los pilares del régimen del 78. No quisieron ser cómplices del maquillaje de una institución monárquica corrupta, dedicada a proteger a los privilegiados y que pasa sin pudor por encima de los derechos de la ciudadanía.

La defensa de uno de esos derechos elementales, el de la información, exigirá en el futuro la concurrencia de muchas voluntades y un esfuerzo descomunal, porque el problema al que hay que hacer frente es mucho mayor que el que representa la jefatura de un Estado. La crisis de los medios es internacional.

En el Estado español, la Plataforma de Medios Independientes (PMI) insinuó tan solo el inicio de uno de los posibles recorridos, que necesariamente serán largos. Con la publicación de la mencionada encuesta esos medios consiguieron dar un paso que asustó a los desinformadores. Luego se propusieron compartir más iniciativas. Para que la difusión de aquel estudio no quede tan solo como el recuerdo de una experiencia puntual ejemplar convendría que esas y otras cabeceras, de raíz y audiencia diversas, estabilizaran el trabajo en plataforma y miraran hacia la periferia, para crecer fuera de Madrid. Podrían además ponerse de nuevo en campaña para exigir conjuntamente algo que necesita la ciudadanía y que nos ahorraría el gesto hipócrita de los defensores de la corona cada vez que se publica una noticia escandalosa: la desclasificación de los secretos que guarda el Estado relacionados con las actividades de la casa real. Esa información, esos datos, nos pertenecen a todos.

Notas:
(1) Julian Assange. Cuando Google encontró a Wikileaks. Clave intelectual, 2014
(2) Ignacio Ramonet. El imperio de la vigilancia. Clave intelectual, 2015

Los miembros de las familias reales están entre las personas que más atención mediática despiertan en todo el mundo. Los paparazzi compiten por ilustrar los hechos más triviales sobre la monarquía, símbolo de glamour y poder. A pesar de eso, y de depender el erario, las familias reales están también entre los grupos de personas más protegidas del escrutinio público incluso en países con monarquías constitucionales que ofrecen limitados poderes discrecionales a sus monarcas, como Reino Unido, Holanda o España.

Por ejemplo, poco sabemos de la fortuna de la reina Isabel de Inglaterra, excepto que está entre las mujeres más ricas del mundo. Además, la reina presionó con éxito al gobierno para que cambiara un proyecto de ley con el fin de ocultar su riqueza privada al público, según documentos descubiertos por The Guardian. Y apenas se ha hablado del caso Machangulo entorno a la decisión en 2007 del príncipe heredero holandés Willem-Alexander y su esposa, la princesa Máxima, de invertir en un proyecto de desarrollo en Mozambique.

En España, donde reinó un pacto de silencio en los medios informativos desde que ésta se restableció en 1975, la información sobre la familia real se ha censurado sistemáticamente. Un ejemplo es la decisión de 2007 del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo de secuestrar la revista humorística El Jueves por injurias a la Corona para evitar que se difundiera una portada en la que aparecía una caricatura del rey Felipe VI y la reina Letizia teniendo relaciones sexuales. En 2011, La Zarzuela decidía que sólo cámaras sin micrófonos podrían acercarse a la familia real.

Sin embargo, varios escándalos, filtraciones y el surgimiento de nuevos medios erosionaron ese silencio a partir de los 2010s.

Por un lado, el llamado “caso Urdangarin” y la imputación de la Infanta Cristina (2010-2013), el accidente con un rifle de caza del entonces menor Froilán Marichalar (2012), y el safari del rey Juan Carlos con su amante en Botsuana, en uno de los peores momentos de la crisis económica española (2012), fueron dando lugar a cambios importantes en una cobertura que hasta entonces había sido respetuosa, positiva y amable.

Por otro lado, los cables de WikiLeaks que Público difundió en España también aportaron datos sobre el ahora rey emérito y sus relaciones con las estructuras de poder de Estados Unidos. Se supo que un documento secreto del Departamento de Estado de EEUU de 1975 indicaba que el gobierno estadounidense apostaba por Juan Carlos como sucesor de Franco pese a que la monarquía no contaba con apoyo popular en España. Las informaciones difundidas por Público remarcaron además que tanto el entonces secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger, como Juan Carlos callaron ante los últimos fusilamientos decretados por Franco.

Y finalmente, además de Público (2007), medios como eldiario.es (2012) y Vozpopuli.com (2011) comenzaron a publicar noticias y comentarios sobre el caso Urdangarín, la posibilidad de una república, y la censura de los medios, la mayor parte en un tono neutral o negativo. Estos diarios abrieron la puerta a coberturas más críticas.

Las cosas han cambiado, pero algo tienen en común monarquía y medios periodísticos: generan falta de confianza, envueltos en una sospecha generalizada hacia las instituciones.

Para recuperar la credibilidad de los medios, viene bien recordar cuáles son los principios del periodismo. No hay mejor compendio que el libro Los elementos del Periodismo de Bill Kovach y Tom Rosenstiel. Dice así: La primera obligación del periodismo es la verdad de los hechos; su primera lealtad es para la ciudadanía; su método es la disciplina de la verificación; quienes lo practican deben mantener independencia respecto a quienes son objeto de su escrutinio, y debe servir como monitor independiente del poder.

¿Por qué hay que aplicar estos principios escrupulosamente a la cobertura de la familia real? Porque, mientras no haya una república, el rey desempeña las tareas de jefe del Estado y su familia depende de fondos públicos y de patrimonio nacional que deben ser sometidos al escrutinio con transparencia y seriedad. Esperamos comportamientos ejemplares por parte de unos y vigilancia por parte de otros.

Para comprender mejor cuáles deberían ser los límites de la crítica al poder, del tipo que sea, desde un entorno ciudadano y mediático nacional habría que tener en cuenta cómo funcionan otros entornos parecidos. Me referiré aquí al llamativo caso de la monarquía británica desde ángulos diferentes: por un lado la legalidad, por el otro la representación en los medios. Defino su caso como llamativo porque, como comentaré, esta longeva monarquía sobrevive sin miedo a la crítica pese a que ésta es constante.

Como trasfondo histórico, hay que mencionar que los británicos ejecutaron al Rey Charles I en 1649, tras una cruenta guerra civil que llevó al poder al líder parlamentario militar Oliver Cromwell. Una vez el Lord Protector falleció en 1658, tras cinco años comandando un régimen republicano, los británicos se apresuraron a restaurar la monarquía en 1660. La Revolución Gloriosa de 1688, un siglo antes de la Revolución Francesa, derrocó al conservador Rey James II e impuso la monarquía parlamentaria que persiste aún hoy con Elizabeth II (reinante desde 1952).

El republicanismo existe en el Reino Unido pero tiene un apoyo ínfimo. Las revelaciones este mes por parte de The Guardian –medio que hizo campaña a favor de la República en 2001– de que la Reina ha vetado más de 1000 leyes contrarias a sus intereses económicos, ha despertado un modesto debate sobre si debería ser la última monarca británica. Es improbable que este debate avance, aunque cabe la opción de que Elizabeth Windsor sea de hecho la última Reina del Reino Unido si la independencia de Escocia avanza hacia una nueva república.

La legislación británica no contempla el delito de lesa majestad. Curiosamente sigue vigente la Treason Felony Act de 1848, según la cual se puede condenar a una persona de por vida por pedir la abolición de la monarquía, si bien no se ha aplicado esta ley desde 1849. La legislación escocesa abolió en 2010 la sección 51 de la Criminal Justice and Licensing (Scotland) Act, referida a los delitos de sedición y difamación del monarca o miembros de su familia. Según parece no se aplicaba desde 1715.

En suma, los británicos son libres de criticar a su Reina y a la familia real dentro de un pacto implícito que varía según las circunstancias. No hay tolerancia hacia el insulto directo, ni parece que los británicos sean dados a este estilo de crítica, pero la Reina y su círculo deben aceptar la sátira y la representación en ficción por muy falsa que sea. En este sentido cabe señalar que aunque la popular serie de Netflix The Crown (2016-) ha sido objeto de duras críticas por no ajustarse a la realidad factual, no es una excepción entre los muchas obras audiovisuales sobre la actual Royal Family. Sorprende mucho más la virulencia satírica de series como The Windsors (2016-) o Spitting Image (1984-1996, 2020). En un episodio reciente de esta última se veía a la Reina reuniendo a su familia para organizar sus actividades, imitando una escena con los mafiosos de la serie Succession (HBO, 2018-).

Esta doble estrategia consistente en permitir que la crítica anti-monárquica se canalice hacia la ficción y hacia la sátira le funciona bien a la familia Windsor. Son personas extremadamente privilegiadas, con un nivel de riqueza impensable en otras monarquías, y con vidas tocadas por el escándalo con frecuencia (sexual más que relacionado con la corrupción). Pese a ello, pocos ciudadanos piensan en una República británica (o inglesa), quizás porque ya tienen suficiente con la sucesión de Primeros Ministros que han ocupado el número 10 de Downing Street. Entre una República encabezada por Boris Johnson y una monarquía con Elizabeth II, e incluso el menos popular Charles III, la opción está clara. Al menos, medios progresistas como The Guardian airean de tanto en tanto en debate sin que nadie acabe en la cárcel –y hasta ahora el Parlamento británico no ha sido ocupado por una turba furiosa-.

La monarquía británica mantiene, así pues, una relación notablemente estable con la ciudadanía. En cuanto a los medios, no le afecta la postura de diarios pro-República como The Guardian pero sí el escrutinio carroñero de la prensa amarilla, los poderosos tabloids. Estos han expuesto sin remordimientos los escándalos que más han afectado a los Windsor –desde las conversaciones eróticas entre Charles y Camilla a las conexiones entre el Príncipe Andrew y el pedófilo Jeffrey Epstein– y han contribuido con su constante persecución al Megxit, la salida de la familia real del Príncipe Harry y su esposa americana Meghan Markle. Mientras la pareja batalla por defender su intimidad, medios como el Daily Mail los atacan sin piedad, fijando así una visión conservadora más mercenaria que crítica, y sin jamás rozar el republicanismo.