Como continuación de otros documentos míos anteriores, dedicados al tema de la desigualdad, ahora os adjunto otro donde expongo algunos datos estadísticos sobre el problema de la distribución de la renta (o riqueza), a la vez que analizo varias respuestas ofrecidas por el pensamiento económico.

He reducido de forma deliberada la cantidad de datos estadísticos, para no agobiar a los lectores, centrándome más bien en los aspectos teóricos de la cuestión. Para quien quiera profundizar más en la primera cuestión, hay disponible un reciente artículo del economista Antonio Sanabria, que aconsejo por su claridad y rigor (en: http://colectivonovecento.org/2014/05/15/algunos-apuntes-sobre-la-situacion-y-evolucion-de-la-desigualdad-economica-en-el-mundo-2/).

Finalmente, quiero felicitar a los trabajadores de Público.es por la covertura informativa desplegada antes y después de las pasadas elecciones europeas, pues ha sido escrupulosamente plural e imparcial a la hora de presentar las distintas opciones de izquierda. Por favor, seguid así y no os convirtáis en correa de transmisión de nadie. Un saludo.

Como viene siendo habitual, ha tenido que ser el profesor Vicenç Navarro el que llame a las cosas por su nombre y pronuncie, con respecto a los trágicos sucesos ocurridos en Ucrania, consentidos y bendecidos por la Unión Europea y Estados Unidos, la palabra maldita: imperialismo.

Tanto en Venezuela hace poco, como ahora en Ucrania, hemos observamos casi la misma trágica situación, el mismo esperpento: dos superpotencias económicas -que se presentan a sí mismas como democráticas y cúspide de la civilización-, la norteamericana y la europea, se esfuerzan por imponer, ora por medios pacíficos ora violentos, tratados de libre comercio que resultan muy favorables a sus intereses. Y la prensa, incluso la sedicente progresista como El País, legitimando los procedimientos golpistas.

La ironía cruel de la historia es que estos hechos se hayan producido precisamente en el presente año, cuando se cumple el centenario de la Primera Guerra Mundial, que como todo el mundo sabe se desencadenó por las rivalidades imperialistas de las potencias europeas. Ello demuestra dos cosas: la primera, que los reaccionarios de toda condición y pelaje se niegan siempre a aprender de la Historia, y son temerarios hasta el absurdo; y la segunda, como dice James Petras, que el imperialismo no es una ‘conspiración’ o un producto de determinado gobierno, sino que es el resultado de una realidad económica estructural determinante.

Aunque en esta ocasión a la Rusia de Putin le asiste la razón, no es menos cierto que este secuaz de las nuevas oligarquías y plutócratas del Este también ha echado mano del imperialismo cuando lo ha creído conveniente (en Chechenia, por ejemplo). Por lo tanto, se le está aplicando una ración de su misma medicina, y no tiene legitimidad moral para oponerse a ella.

Indignado por tales acontecimientos, y preocupado por la deriva autoritaria y antipopular que está asumiendo la Unión Europea, me he decidido a escribir un documento donde analizo el significado del concepto ‘imperialismo’, tanto en su dimensión pasada como actual. Lo he escrito tanto para aclararme a mí mismo con respecto a algunas ideas que han ido surgiendo a socaire del Debate sobre Europa, como por el deseo de poner a disposición de los lectores de Público.es un dossier actualizado sobre la cuestión. Estoy persuadido que el tema vale la pena y que, por desgracia, se oirá de él en más ocasiones.

El pasado 12 de abril el filósofo y escritor Augusto Klappenbach escribió en Público.es un interesante y necesario artículo (‘La desigualdad y la teoría del derrame’), en el que criticaba la creciente desigualdad económica y las justificaciones que se le daba. Digo lo de necesario, porque la teoría económica está preñada de juicios de valor (como cualquier otra disciplina científica, como bien nos ha enseñado Mario Bunge) que deben ser objeto de escrutinio por parte de todo el mundo, y sobre todo por los filósofos.

Sin embargo, Klappenbach reconocía que los estudios económicos excedían sus propias posibilidades, por lo que decidió encarar únicamente los aspectos políticos y culturales de la cuestión. Por ello, he decidido a asumir el reto de examinar el tema desde un punto de vista económico y escribir un documento al respecto, el cual os adjunto para someterlo a vuestra crítica y valoración.

(Nota: quiero aprovechar la ocasión -de forma algo clandestina, es verdad- para rogar a los responsables de Público.es que valoren la oportunidad de editar un suplemento dedicado al País Valenciano. La razón de ello es que la única prensa ‘progresista’ que tenemos por aquí, la que hace de vocero de los intereses del PSOE, está en manos de gente del Opus Dei. No os lo creeréis, pero es verdad. Un saludo y mil gracias.)

A pesar del ruido mediático del tsunami neoliberal que asola Europa, no hay fundamento ético, lógico ni económico para defender que la creciente desigualdad de la riqueza sea irrelevante. En primer lugar, porque un sistema de recursos limitados no puede sostener una escalada infinita de acumulación individual. Llevar una teoría absurda a la práctica es irracional, y resulta muy peligroso en economía. En segundo lugar, un sistema que premia con la acumulación ilimitada de bienes materiales potencia la concentración del poder económico en manos de una minoría que terminará por someter a los demás. A quien le parezca bien que una élite guíe al rebaño debe saber que en ese sistema no estará funcionando la igualdad de oportunidades. Los de la cúspide no serán los mejores en nada que destacar. Si acaso en tener una ambición desmedida y un egoísmo patológico. En tercer lugar, siendo escandalosa la pirámide de la desigualdad de la riqueza lo es mucho más en términos de poder. A través de una tupida malla de intereses y estrategias la cúspide de la pirámide ha multiplicado su dominio hasta adquirir un poder omnímodo y despótico. Todo conduce fatalmente hacia la escalada de la desigualdad, como ha demostrado recientemente Thomas Piketty. La comunidad, la solidaridad, los derechos humanos, la libre información y la democracia valen muy poco frente a la absurda tarea del enriquecimiento infinito de unos pocos.

Un registro público y voluntario de autolimitación de la riqueza en, pongamos, un millón de dólares, nos permitirá mostrar nuestra implicación personal con la idea de que es necesario luchar contra la desigualdad fijando un tope a la riqueza patrimonial de los individuos. Además, con él tendremos la posibilidad de crear una nueva referencia de valor social y difundir este ejemplo de modo que sirva para combatir la legitimación social de la desigualdad y del enriquecimiento sin límite. Se trata de intentar que la mayoría comprenda el error básico de nuestro modelo económico y filosófico, renunciando parcialmente al juego y a la posibilidad de triunfar sin fin en una guerra en la que no creemos y en la que, como conjunto, sólo podemos perder.

¿Es un acto simbólico o un sacrificio personal?

Dado que muy pocos pueden llegar a ser ricos, este límite no supondría ningún sacrificio real para el 99% de la población. Anticipar el compromiso con ese límite supone sólo el sacrificio de un futurible, el abandono de una improbable posibilidad de gran enriquecimiento. Su importancia está en que la aceptación de ese futurible legitima la desigualdad extrema y con ella el deterioro del futuro real que, este sí, no dejará de llegar. El compromiso lleva a cuestionarse esa pretensión, esa ambición decadente y embrutecedora, y si el ejemplo se extendiera, los efectos materiales para el 99% serían beneficiosos.

En el artículo de Fernando Luengo titulado ‘Es necesario distribuir’ (Público.es, 08/05/2014), llama el autor acertadamente la atención sobre el problema de la distribución económica y sus consecuencias. Esta cuestión, sin embargo, no es nueva para el pensamiento económico, ya que ha sido objeto de importantes debates en el pasado. Por ello he creído interesante aportar un documento donde expongo las líneas maestras de la teoría económica al respecto, en un lenguaje claro y asequible para todo el mundo.

Este documento es parte de un estudio más general que estoy realizando sobre el grave problema de la desigualdad económica, y del que ulteriormente iré suministrando más partes del mismo.

Es muy probable que de no haber estado entrado en la UE, el estado de los recursos naturales y las políticas ambientales en España hubiera sido mucho peor que el actual, situación- que dicho sea de paso- dista mucho de ser óptima. La política forestal desbocada de plantar miles de hectáreas de pinos y cultivos forestales, incluso sobre bosques ya existentes, de falta de depuración y de abandono de las aguas dulces a su suerte,de realización de infraestructuras y presas con fuertes impactos sociales y ambientales, por supuesto, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental, de construir en la costa hasta los primeros metros, de sobreexplotación de acuíferos es probable que hubiera seguido… Afortunadamente la UE introdujo una serie de criterios como el “que contamina paga”, el criterio de “prevención”, y una serie de directivas que, poco a poco, han ido ordenando muchas actuaciones y sectores: el impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica, la muy interesante directiva marco de aguas, la red natura, la responsabilidad ambiental, etc. Además ha puesto sobre la mesa fondos regionales para desarrollo rural, para grandes inversiones en depuradoras, etc.. En el aspecto positivo, además, la UE detuvo algunos proyectos “nacionales” bastante delirantes como el trasvase del Ebro, (que no tenía en cuenta el precio del agua, por ejemplo) con su absurdo eslogan de “agua para todos”, o puso pegas, hace ya décadas, a las repoblaciones mono especificas y continuas, (que acaban siendo pasto de las llamas), o multó a España por la falta de depuración de las aguas españolas o llamó la atención, recientemente, por ejemplo con los riegos en el entorno de Doñana. Hoy en 2014 han pasado casi 30 años de política ambiental y se podría hacer un balance de éxitos y fracasos. No es este el lugar para hacerlo. Pero, seguramente el balance ha sido positivo.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, ha habido dos grandes hechos diferenciales que no han entendido y por supuesto no han aplicado las autoridades europeas. No sabemos, si porque no se lo han explicado nuestros gobernantes, o simplemente porque ninguno de los dos estaba muy interesado.

• Por una parte la situación diferencial de los recursos naturales en España y Europa , motivado por la propia dinámica de los ecosistemas del sur de Europa respecto al norte o centro. Por ejemplo, las sequías o largos periodos sin precipitaciones (por cierto, toca ya ahora otra sequía). Cuando en casi toda Europa se habla de agua, se habla de inundaciones, no de sequías. O el grave riesgo de incendios de los ecosistemas mediterráneos con su multifuncionalidad y su elevada biodiversidad. Cuando se habla de bosques se visualizan los centroeuropeos, no los sistemas agrosilvopastorales del sur. La sobreexplotación de los acuíferos tampoco ha sido valorada, o la inexistencia de caudales ecológicos, o la declaración de la Red Natura solo sobre el papel y no sobre el territorio con sus imprescindibles planes y presupuestos. Tampoco se ha valorado la importancia de la población en la gestión de esos ecosistemas y se ha permitido, por ejemplo, el derrumbe de la ganadería extensiva, a pesar de su importancia capital para mantener ecosistemas clave.

• Por otra parte, el “laissez faire”, desde Bruselas respecto a actuaciones nacionales en ocasiones especialmente irreversibles, y que afectan a recursos de toda la Unión Europea, a sabiendas que es mucho más caro recuperar que prevenir. Temas tales como la nueva ley de costas de 2013 , que de hecho va a permitir una privatización (de salinas, dunas, etc.) y un aumento de la urbanización en primera línea de mar, indultando municipios o una isla como Formentera, que permite chiringuitos mayores y deja que los ayuntamientos puedan (en octubre ya eran 100 sobre un total de 473), tener competencias sobre la franja entre 20 y 100 metros y que, indefectiblemente, se verán afectados por inundaciones y temporales, o en la calidad del aire, problema de salud que en las grandes ciudades que ha sido un hecho consentido año tras año, con continuas prorrogas, que afecta a millones y millones de ciudadanos, especialmente poblaciones vulnerables: niños, ancianos, enfermos, mujeres embarazadas,..o inversiones con fuerte impacto ambiental y especialmente no rentables, como las radiales de Madrid, o líneas de AVE sin suficiente número de viajeros.

La política ambiental europea ha presentado hasta ahora sonoros fracasos como el mercado de CO2 , (donde al final el que contamina cobra) o las políticas de residuos (que no han conseguido su reducción), o el incremento del transporte de mercancías por carretera, o la falta de políticas homogéneas en las renovables o estas últimas semanas una política común sobre el fracking..

Sin embargo, es posible imaginar una nueva política de sostenibilidad generadora de empleo. Algunos de los retos para el futuro son tan evidentes como no realizados: la gestión de la demanda, en vez de por el aumento de la oferta, la puesta en marcha de una economía circular, que aplique el criterio de la cuna a la cuna, con el objetivo de residuos cero, que potencie el reciclaje de todos los recursos, también de los urbanos, una apuesta definitiva por las energías renovables buscando el autoabastecimiento y la energía distribuida, (Un millón de tejados solares, como en California, por ejemplo..). Una política ambiental donde se contemplen las diferencias entre ecosistemas y la gestión tradicional de los países miembros, especialmente de los más pobres, que curiosamente van a ser los más afectados por el cambio climático, que apoye la biodiversidad, con los necesarios corredores ecológicos entre espacios protegidos. Que sea realmente preventiva, que inicie de una manera seria la transición energética, una economía baja en carbono, que no apueste por el fracking, -que va en dirección contraria a estas bajas emisiones-, que obligue a las compañías a la transparencia mediante la responsabilidad social corporativa, que inicie el proceso de adaptación al cambio climático de gobiernos y ayuntamientos y finalmente que base sus políticas en indicadores de bienestar.

Para conseguir estos objetivos de sostenibilidad será necesario trabajar por el bien común y no de los de algunas empresas. Y las decisiones deberán basarse en la mejor ciencia disponible y no en la disciplina del partido o en intereses coyunturales a corto plazo. Así, estados, ayuntamientos, empresas, sociedad civil y ciudadanos podrán transitar hacia la era de la sostenibilidad.
NOTAS
https://www.diagonalperiodico.net/global/ataque-comunes-agua.html http://www.fcmanrique.org/recursos/publicacion/situaciondiferencial.pdf
http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/costa.pdf http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2013_Evaluation-of-policy-options-to-reform-the-EU-ETS_934.pdf

Si bien estoy de acuerdo con los postulados generales que contiene el documento “Otra Europa”, quiero insistir en la importancia de un enfoque a medio y largo plazo, de carácter estratégico, que plantee una transformación a fondo del proyecto de construcción europea.
La U.E. se encuentraen una clara situación de estancamiento económico mientras que, en lo político, se ha tensado tanto la cuerda que está al borde de su ruptura o posible fragmentación.Ello hace que desde una perspectiva ciudadana se estén desvaneciendo las expectativas que se crearon el proyecto original, y ello, entre otras razones, por no haber debatido desde el principio “hacia donde queríamos ir”.
Por ello creo que Europa, la Unión Europea y su proyecto de futuro, deben ser rescatados por sus ciudadanos. Estas son algunas de las razones y propuestas:
LA CONSTRUCCION DE EUROPA HA SIDO UN PROYECTO FALLIDO
Desde sus inicios hace sesenta años, el proyecto de integración europea ha sido, por encima de los anhelos de sus pueblos, el reflejo de los intereses de las grandes corporaciones y del capitalismo financiero, que imponen sus leyes.
Si bien la idea de la integración económica apareció tras la II Guerra mundial como la principal salida que pudiera poner fin a las guerras y enfrentamientos seculares entre las potencias europeas, en el origen estuvieron, por encima de todo,la salvaguardia de los intereses económicos, de los grandes holdings del carbón y del acero (CECA) , de la energía nuclear ( EURATOM), del desguace de los servicios públicos para entregarlos a los intereses privados (Directiva de servicios de interés general) o de las de los acuerdos comerciales, junto a EE.UU, frente a terceros países.
Pero la propia naturaleza de la integración de la Unión Europea ha resultado ser un factor permanente de tensiones y crisis. En efecto, sus orientaciones políticas no han sido diseñadas para promover la cooperación real en favor de las personas o de los pueblos europeos, sino que el eje de articulación central ha sido el de impulsar la integración de los mercados nacionales y construir un modelo competitivo con el objetivo de “hacer de Europa el mercado más importante, dinámico e innovador del mundo “(“Estrategia de Lisboa 2000”(Iy II)y “Europa2020”. Los sucesivos pactos o tratados impuestos “desde arriba”-por la Comisión, por el BCE o por el Consejo Europeo-se han encargado de vaciar de contenido las políticas de convergencia económica y de cohesión social que formaban la reivindicada “Europa Social”, acabando así con los restos del llamado “Estado de Bienestar”. De esta manera se han usurpado las conquistas democráticas y sociales de la clase trabajadora europea a lo largo de más de 140 años.
Con el paso del tiempo la U.E.se ha convertido,junto con EE.UU, en uno de los baluartes mundiales del capitalismo neoliberal y de la dominación económica, cuyo principal objetivo,liderado por la banca y las grandes corporaciones, se orienta a la centralización y concentración del capital a escala planetaria. Y ello a costa de la explotación y pérdida de derechos humanos y sociales de sus propios ciudadanos.
UNA UNION EUROPEA EN CRISIS PERMANENTE
La sostenibilidad del proyecto de integración europea ha estado siempre en la cuerda floja, lo que hace poner en duda su futuro. Las crisis más recientes ( burbuja inmobiliaria y subprime, financiera, de la unión monetaria y el euro, de la deuda soberana, de los rescates bancarios, las creadas por las políticas de austeridad) han llevado a Europa a una década de depresión económica y frustración política. Y ello ha sido debido a que estas crisis, provocadas por el sistema y los mercados financieros, han sido consentidas por los gobiernos y por las instituciones europeas, por el BCE y por sus bancos centrales, que siguiendo la política de desregulación han abdicado de sus responsabilidades e iniciativas políticas.
Ante el envite y las estrategias desencadenadas por los detentadores del capital , la respuesta de la U.E. y sus gobiernos ha estado caracterizada por su falta de previsión, por la elaboración de diagnósticos equivocados y por la mala gestión, fruto de su subordinación, cuando no de la complicidad activa, con la gran banca europea y mundial. Al optar por estas políticas, la U.E.ha conculcado los derechos humanos, sociales y económicos de sus ciudadanos; a la vez que ha conformado una integración de carácter asímétrico desde el punto de vista territorial, marcada por las desigualdades económicas y la falta de cohesión social.
Con la firma de los Tratados de Maastricht (1993) y Lisboa (2007-2009) y posteriormente con el Pacto Fiscal (2012),se constitucionalizan estas políticas poniendo fin a la libertad de los países para decidir sus políticas monetarias y fiscales, haciendo que los efectos del ajuste estructural recaigan íntegramente sobre el los trabajadores y el mercado de trabajo.Estas políticas económicas han conducido, a su vez, a un aumento de la polarización social en Europa y a un proceso de reestructuración industrial, en el que la posición de Alemania y otros países del Norte se ha visto fortalecida, mientras se debilitaba la capacidad de producción de los países de la periferia europea. Con ello se ha conformado una estructura jerárquica de dominancia-dependencia entre los diferentes países miembros.
Los resultados de estas políticas europeas son demoledores. Seis años de crisis han llevado al estancamiento económico o a la recesión de varios países, a la vez que no se puede excluir el riesgo de una deflación a largo plazo. Y lo peor, la deuda pública sigue ascendiendo y el desempleo es tan alto en la mayor parte de los países, que las perspectivas de recuperación llevarán muchos años antes de que los ciudadanos perciban alguna mejora significativa en su nivel de vida.
Pero además está la crisis política y de funcionamiento de la Unión y de sus principales instituciones ( Comisión Europea, Parlamento Europeo y BCE ). Se trata de un problema de fondo que es la consecuencia de la falta de un proyecto político democrático integrador, verdaderamente legitimado y con visión de futuro. Es la consecuencia lógica del déficit democrático que pesa sobre la U.E. y de la barrera que existe entre las élites políticas y los ciudadanos.

UNA PROPUESTA ALTERNATIVA. VALORES Y PRINCIPIOS GENERALES
No es posible disociar el debate sobre la construcción europea del debate sobre las políticas europeas que se vienen aplicando día a día por quienes manejan la gobernanza de Europa: en materia de empleo, de armonización social y fiscal, de reparto de ingresos,de servicios públicos… Es partiendo de estas tareas como podemos respondera la cuestión de si es posible cambiar Europa y sus instituciones y cuáles son las posibles alternativas en función de las relaciones de fuerza que condicionan estos posibles cambios.
Partimos de la convicción de que los sistemas sociales pueden cambiarse, pero para ello es necesario cambiar a su vez los objetivos y valores, así como las relaciones de fuerza.

ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE CAMBIO
El mantenimiento de las políticas de austeridad es la opción preferida por los que defienden la actual zona Euro y las elites dirigentes de la periferia. Pero es también la peor opción para la mayor parte de los ciudadanos europeos, y, en particular,para los de los países periféricos.

Frente a esta opción estaría la estrategia reformista, de reforma de esta zona Euro, junto a posibles estrategias rupturistas. Por un lado la alternativa radical (para los países periféricos),consistente ensalirse de la Eurozona, asumiendo los costes económicos y políticos que ello supone, y por otro la estrategia de ruptura constitucional, cuyo objetivo es una drástica transformación social y económica que pase por un cambio en las relaciones de poder y un cambio mayoritario de orientación política.

ALGUNAS PROPUESTAS A CORTO PLAZO EN LA LINEA DEL CAMBIO
(Dadas las limitaciones de este espacio, se hace una exposición resumida de las mismas ).
1. Poner fin de forma inmediata a las políticas de austeridad: son las que están arrastrando a Europa a la recesión, crean una espiral que destruye las economías, crean mayores déficits, deudas y desempleo, al mismo tiempo que fomentan las desigualdades y el enriquecimiento de una minoría.Hay que cancelar o revocar los tratados y regulaciones que imponen la austeridad: el Pacto Fiscal, el Six pack, el Two Pack y el Pacto para la competitividad. La política fiscal europea y la armonización fiscal “hacia arriba “debe ser negociada democráticamente, para evitar el dumping fiscal a nivel europeo.

2. Romper con la dependencia de la deuda.
La deuda pública de varios Estados miembros es fruto de la opciones políticas de las propias instituciones y gobiernos europeos. Además de ilegítima resulta insostenible y no puede ser reembolsada en su totalidad, por lo debe ser objeto de una auditoría transparente y con participación ciudadana, para determinar qué deudas son legítimas y cuáles deben ser cancelados. Entretanto, deben buscarse medidas inmediatas para su reducción en aquellos países sobre- endeudados.
3. Es urgente una reducción radical del sector financiero y de su actividad.
El colapso del sistema bancario mundial y europeo en 2008 fue el resultado de un sistema organizado para beneficiar a accionistas y especuladores a costa de la economía real y en contra del interés público. Por ello, no basta con sanear a la banca o crear una Unión Bancaria de carácter privado. Es necesaria la puesta en marcha de un ente financiero europeo de carácter público que abarque el conjunto del sector bancario, y que esté sujeto a control social, al margen de intereses institucionales, nacionales o de los partidos. Esta entidad debe servir para promover el empleo y la inversión productiva social y ambientalmente sostenible y para dar cobertura a las necesidades de la población.
Esta medida debe ser acompañada con la eliminación dela especulación financiera, el fraude fiscal y los paraísos fiscales y el freno a los movimientos de capital.
4. Contra las desigualdades y la pobreza, por la recuperación de los salarios y los derechos sociales.
Europa es ahora más desigual que en 1970.La crisis y las políticas de austeridad están creando una nueva estratificación social que erosionala cohesión social y ensancha la brecha entre países, y dentro de cada país entre ricos y pobres, a la vez que se disparan los niveles de pobreza.Y dentro de la UE, España es la economía en la que más se ha abierto la brecha.
Por ello hace falta recuperar los niveles salariales de las clases trabajadoras, establecer un salario mínimo suficiente por ley o vinculante por convenios colectivos en cada país y unos ingresos mínimos suficientes para una vida digna. Promover el empleo de calidad y sostenible para todos con unas condiciones de trabajo dignas.
5. El reparto del trabajo y la reducción de la jornada laboral
Una forma de reducir los actuales niveles de desempleo, generando más empleo es la del reparto de trabajo existente y la reducción significativa de la jornada laboral, estableciéndose salarios a un nivel que garantice la capacidad adquisitiva suficiente de las personas. Esta fórmula tiene ya su aplicación en algunos países.
6. Cambiar la políticade alianzasde la UE: No a la Asociación Transatlántica de Comercio e inversión (TTIP).
Este tratado de asociación económico-comercial con Estados Unidos, apoyado por las multinacionales y la élite política,entraña serios peligros para el mantenimiento de las conquistas sociales en Europa. Más allá de los objetivos declarados,este acuerdo tiene una fuerte componente política, ya que pretende invertir la protección reglamentaria social y medioambiental europea, desviar los derechos legales de los ciudadanos hacia las corporaciones y consolidar el liderazgo global europeo y estadounidense dentro de un nuevo orden mundial.
7 .La democracia tiene que ser ampliada a todos los niveles en Europa. La Unión Europea sufre un fuerte déficit democrático y de separación de poderes. Esta situación debe corregirse poniendo coto a la concentración del poder en manos de unos pocos Estados o de instituciones comunitarias que escapan al control ciudadano de sus decisiones, como son la Comisión Europea o el BCE.
Por ello se hace necesaria la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones clave vía referéndums vinculantes.
PROPUESTAS A MEDIO PLAZO
Hacia una estrategia de ruptura constitucional : el rescate democrático de Europa
Europa debe ser rescatada por sus ciudadanos. Los intereses de las grandes corporaciones mercantiles y los bancos no pueden secuestrar la soberanía popular. Son las personas las que tienen que decidir, sin intermediarios, cómo quieren vivir.
Por ello es necesario impulsar y poner en práctica un proyecto europeo de regeneración democrática, que ponga en el centro a las personas y sus derechos, y que haga efectiva el control social de las instituciones, mediante un proceso paulatino de empoderamiento que determine- cuando las relaciones de fuerza lo hagan posible – un nuevo ordenamiento constitucional. Este horizonte solo será posible si se alcanza una amplia alianza entre la sociedad civil europea, los movimientos sociales y las fuerzas políticas progresistas de la U.E.
– Una nueva constitución para Europa:Hay que exigir mediante referéndum, a través de una ILP vinculante, la redacción de un nuevo texto referente a las instituciones europeas y su funcionamiento, que debe sustituir a los anteriores Tratados. Este nuevo texto debe ser redactado por una asamblea elegida democráticamente y, tras un debate en profundidad en cada uno de los países miembros sobre las distintas opciones posibles, debe ser debatido, en cada una de sus etapas, por los parlamentos nacionales.

– Abrir la posibilidad a un orden económico alternativo
Cualquier tratado constitutivo debería respetar los valores fundamentales y los principios democráticos que hemos mencionados anteriormente. Deberían ofrecer el espacio para instrumentar políticas alternativas, en vez de fijar un modelo económico específico, tal como ocurre en el actual Tratado de Lisboa. La elección de cualquier modelo económico y de regulación, debería ser establecido a través de un proceso político democrático, respaldado por referéndum popular a nivel europeo.
NOTAS
Warren Buffet, la tercera fortuna del mundo ha escrito «Hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganado”
Para mayor detalle de algunas de estas propuestas a corto plazo se pueden consultar los documentos “Un manifiesto de los pueblos enhttp://www.altersummit.eu/manifeste/article/the-manifesto ( Atenas junio 2013) y “La Europa de las personas contra la Unión Europea de losmercados”, ( marzo2013) en http://madrid.tomalaplaza.net/2013/02/10/manifiesto-contracumbre-ue/, este último elaborado por el Grupo de trabajo transversal RE-ACCION CIUDADANA de #Acampadasol

He creído conveniente aportar al Debate un documento que escribí hace tiempo para los compañeros de la Plataforma pro Banca Pública, en el que examinaba el marco legal español y europeo relativo a las empresas públicas. Creo que será de interés no sólo para los que, como yo, piensan que la Banca Pública está llamada a desempeñar un papel fundamental en la salida de la crisis (así como impedir en prospectiva la especulación, las estafas financieras y la expulsión criminal de los hipotecados de sus casas), sino también para aquellos que apoyan una revitalización del sector público ‘sans phrase’.

Por otra parte, debo felicitar a Publico.es por haber tenido la perspicacia de entender que un medio de comunicación progresista, a estas alturas del siglo XXI y con una revolución de las telecomunicaciones en curso, no puede limitarse a ser un mero transmisor de noticias (lo que aún sigue siendo necesario), sino que debe también constituirse en una interfaz entre la sabiduría popular y la académica, propiciando el debate y el progreso intelectual en su más alta expresión.

Que sean otros los que indoctrinen las conciencias.

La sociobiología ha descubierto que el hombre al final de la adolescencia fija sus gustos socio-políticos en la forma de una «impronta» que se graba en su psiqué, de modo que, tal como confirman los estudios sociológicos, a partir de la primera votación, el voto del ciudadano suele variar poco dentro del arco parlamentario.
Esta información nos deja entrever la dificultad que tiene la economía (los economistas) para llegar a ser una ciencia políticamente neutral.Pero, si no podemos librarnos de esa condición personal, al menos deberemos hacer un esfuerzo por construir nuestro discurso de modo coherente y fundamentado.
En los foros abiertos de este periódico, a cada paso puede leerse lo del «neoliberalismo imperante», impuesto como «pensamiento único»; y en este mismo foro se ha criticado la tesis que dice que la «globalización» es un proceso inevitable. Pero, yo pregunto, en una humanidad dividida en naciones, ¿hay alguna otra posibilidad de que las relaciones entre ellas se rijan por el principio del libre comercio?
Pero, si a nivel internacional es inevitable el liberalismo, cuando se pretende implantar el modelo socialdemócrata a nivel nacional nos encontraremos con una incoherencia entre modelos, cuyas consecuencias deberá aclarar la economía. Y en este foro predominan los intervinientes que apuntan a una Europa más socialdemócrata.
Pues, a ese respecto creo que puede resultar útil echar un vistazo a la historia de la democracia en Europa. Surgida en el mundo británico, a finales del s.XVII, ha funcionado durante un par de siglos con el «voto censitario», hasta que en el siglo XX , por influencia del marxismo, han aparecido dos modelos nuevos, de una parte la «democracia material» del comunismo de la Europa Oriental y, de otra, la socialdemocracia (del voto universal) de la Europa Occidental. Hemos visto que el modelo comunista fracasó en Europa,y que el modelo socialdemócrata ha funcionado en los Países Nórdicos, pero ha fracasado en los países del Sur de Europa. Desde la perspectiva biológica creo que esa diferencia se debe a que los Nórdicos vienen limitando la reproducción de la población al nivel de su producción económica, mientras que los del Sur, no sólo no han controlado la reproducción de la población, sino que últimamente han abierto la puerta a la inmigración, y resulta que su mundo obrero, a nivel de manufacturas, no puede competir con el mundo obrero oriental. Por tanto, si llegara a implantarse en Europa, es probable que la socialdemocracia volviera a fracasar en nuestro país, a no ser que se lograra ajustar el nivel de «estado de bienestar»a la producción económica disponible, y ello exige resolver el problema de la competitividad de nuestro mundo obrero, pues una economía no puede renunciar al sector exterior que suele suponer el 30 o 40% del PIB. Repárese en que China ha comenzado a funcionar porque ha introducido esas dos medidas: control de la población y mundo obrero muy competitivo a nivel de manufacturas.

En esta Europa que el PP y el PSOE nos presentan como un nuevo El Dorado, el problema de las crecientes desigualdades sociales será, sin duda, un elemento clave de la Agenda política. Es por ello que he creído conveniente aportar un nuevo documento en el que analizo el contenido del concepto «igualdad de oportunidades»

Últimamente está de moda la mixtificación histórica, asumiéndose la idea de que la historia avanza por sí misma e independientemente de la voluntad y de la participación de los seres humanos. Contra este tipo de fatalismo nos alertó hace ya tiempo Karl Marx,, quien dijo al respecto lo siguiente:
“La historia no hace nada; no ‘posee inmensas riquezas’, no ‘libra combates’. Son los hombres reales y vivos los que hacen, poseen y luchan. La ‘historia’ no utiliza a los hombres como medios para conseguir –como si fuese una persona individual- sus propios fines. La historia no es nada más que la actividad de los hombres para la consecución de sus objetivos.” (Karl Marx: Sociología y filosofía social. Textos compilados por Tom Bottomore y Maximilien Rubel, Barcelona, ed. Península, 1978, p. 83.)

A lo que también añadió: “… como dice Vico, la historia humana difiere de la natural por el hecho de que nosotros mismos hacemos la primera pero no la segunda.” (ibídem, p. 83).

Un ejemplo de este tipo de mixtificación lo pudimos observar en el estupendo Debate sobre Europa, promovido por Público.es. Ahí escuchamos a Manuel de la Rocha sostener que la Globalización era una suerte de fuerza histórica arrolladora contra la que nada podía hacerse, salvo reconocer su carácter ineluctable y manejarla de la manera más conveniente posible.

Por lo visto hay que explicarle a Manuel de la Rocha que la Globalización la han impuesto los partidos políticos y los gobiernos que creen, como él mismo, que sólo se pueden solucionar los problemas económicos de la desigualdad y el desempleo creciendo económicamente; crecimiento que vendría de la mano de una apertura comercial y un aprovechamiento de las ventajas comparativas de los respectivos países -como recomendara hace 200 años el economista liberal David Ricardo.

También hay que explicarle a Manuel de la Rocha que el crecimiento económico no es una condición suficiente ni necesaria para crear empleo. Lo primero, porque si el crecimiento de la productividad de la economía es superior a la del producto, el resultado neto es la destrucción de empleo. Y lo segundo, porque con una reducción y redistribución del tiempo de trabajo se podría conseguir el mismo efecto sin tener que crecer.

Tampoco dijo nada Manuel de la Rocha de que esa confianza ciega en las ventajas del comercio internacional fue un subproducto, para los partidos socialdemócratas, de su pérdida de confianza en el papel y la utilidad del Sector Público en la economía. Se empezó con el tópico de Carlos Solchaga de que “… la mejor política industrial es la que no existe” y se terminó con ese otro de Zapatero de que “… es progresista bajar impuestos.”

Por favor, seamos serios y no escondamos las propias responsabilidades históricas ante la gravedad de lo que está ocurriendo. Los promotores de la Globalización tienen nombre y apellidos.

Contra esta suerte de mixtificación histórica el profesor Vicenç Navarro ha escrito varios artículos -magistrales y siempre oportunamente ignorados por sus críticos-, donde señala la responsabilidad de las políticas públicas, promovidas por partidos de derecha y social-liberales (a estos últimos ya no se les puede llamar socialdemócratas), en el advenimiento de la situación actual.

Pero no sólo hay quien mixtifica la historia, sino también los que prefieren simplemente ignorarla. Un ejemplo de ello es el que acaba de manifestar el compañero de Izquierda Unida Eddy Sánchez. Y me voy a permitir polemizar con él, desde el respeto absoluto a su libertad de opinar.

Consideremos la siguiente afirmación suya:

“Alternativas de base exclusivamente nacional de base keynesiana o de planificación centralizada, no son viables. La apuesta por modelos autocentrados alternativos es más fácil en el ámbito europeo que en los estados respectivos.”

Esta afirmación tiene el mismo valor que una profesión de fe católica, ya que no se basa en ningún tipo de evidencia científica disponible. Sólo se basa en la presunción -en un juicio de valor-, de que lo grande es siempre y en todo lugar mejor que lo pequeño. Si eso fuera así, no se entenderían todas las revueltas anticoloniales del siglo XX que terminaron por arrumbar grandes imperios, como el británico.

Además, ¿cómo puede lograrse un modelo ‘auto-centrado’ de desarrollo en la Eurozona cuando lo propio de las relaciones de dependencia es, precisamente, que los pueblos periféricos pierden el control de sus destinos y pasan estos a subordinarse a los países centrales? ¿No resulta más razonable invertir los términos del problema, y buscar el desarrollo ‘auto-centrado’ comenzando por romper esos vínculos neo-coloniales? No faltan ejemplos históricos a este respecto: por poner uno sólo, podemos mencionar el caso de América Latina, totalmente involuntario, que según el economista Denis-Clair Lambert experimentó un despegue económico tras la Gran Depresión de 1930 al cerrarse los mercados internacionales y verse obligada a industrializarse.

Ahora dejaré de lado las lucubraciones históricas y razonaré como un simple militante de izquierdas. ¿Qué se supone que debe hacer el gobierno de Venezuela, abandonar su vía nacional al socialismo e integrarse en la NAFTA, como hizo México? ¿Qué debemos hacer nosotros, cuando Europa y Estados Unidos concluyan sus negociaciones secretas de libre comercio: las aceptaremos?

Como puede verse, las implicaciones políticas del debate son enormes, y me parece del todo inapropiado razonar sobre el asunto con tanta ligereza.

Por supuesto, aprecio en mucho las aportaciones de Manuel de la Rocha y de Eddy Sánchez, pero como dice el adagio latino: Amicus Plato sed magis amica veritas (Amigo de Platón, pero más amigo de la verdad).

La Europa que tenemos se puede mirar desde muchos ángulos. Uno de ellos es el que proponen la mayoría de los partidos políticos que presentan candidatos a las elecciones del Parlamento Europeo. Otros puntos de vista alternativos pueden poner más énfasis en rechazar los avances de la integración o en proponer otra forma diferente de analizar y construir Europa. Pero es difícil conformarse con lo que tenemos.
Europa es impotente en política exterior porque los intereses que defienden los países miembros son muy distintos: la tradición colonial o las estrategias económicas de Reino Unido, Francia, Alemania o España no coinciden. En Ucrania, por ejemplo, el denominador común es tan simple que asusta: incorporar más consumidores, aunque solo sean potenciales, al “gran” mercado europeo y más territorio al área de influencia de la OTAN. Eso parece indicar que además de los objetivos comerciales prevalecen los intereses del sector armamentístico por encima del propósito de evitar una escalada de la tensión que repercutirá negativamente en otros ámbitos.

Europa es incompetente en materia económica porque la gestión de la crisis y las políticas aplicadas están ampliando la brecha estructural entre sus países. Mientras se fortalece la capacidad productiva, tecnológica y exportadora de Alemania, se debilita la estructura productiva del sur del continente y se deterioran sus finanzas públicas y el bienestar de las personas. Pero la incompetencia va más allá. La UE no puede articular ni siquiera las libertades económicas que la sustentan: la libre circulación de personas parece estar en retroceso desde el momento en que algunos Estados expulsan de “sus territorios” a otros ciudadanos comunitarios, alegando la necesidad de mantener saneados sus presupuestos públicos, sin importar los déficits ni las causas del aumento de la deuda pública en los demás países. Mientras tanto, la libre circulación de capitales avanza a nivel mundial, apoyada en la existencia de paraísos fiscales, también dentro de Europa. Y la libre circulación de mercancías no plantea mayores problemas, siempre que beneficie sobre todo a las grandes empresas, y los gobiernos puedan seguir manejando su propia fiscalidad sin que existan objetivos de convergencia hacia un sistema fiscal común más sólido y equitativo.

Europa es insolidaria en materia social porque ni hay una política social europea que aglutine los supuestos “valores” de bienestar y convivencia en democracia, ni existen mecanismos para activar transferencias en favor de una mayor cohesión (que debería ser la base para construir un área económica común de mayor dimensión real). El presupuesto de la UE es demasiado pequeño, está infectado por disputas internas sobre su reparto y sobre las contribuciones que lo configuran y es heredero de una distribución ajena a la realidad que viven hoy los ciudadanos europeos. La cohesión y la solidaridad son meros recuerdos de una época en la que Europa planteaba alternativas al modelo de vida norteamericano.

Europa también es impotente en materia de inmigración. Desde hace años se vive una situación insostenible en algunas “fronteras” europeas, y las instituciones de la UE no son capaces de ofrecer alternativas comunes, más solidarias y eficientes (si por eficiencia entendemos en este caso la posibilidad de obtener mejores resultados actuando conjuntamente que haciéndolo de manera individual). Pero es difícil abstraerse al aumento de las desigualdades a nivel mundial, acentuadas por esta globalización que nos agobia y por la hegemonía que sobre ella ejercen las finanzas, el creciente individualismo, el afán consumista y el crecimiento no sostenible.

Europa además es incompetente en la gestión de su política monetaria, porque bajo el pretexto de mantenerla independiente de los demás objetivos de la política económica se están defendiendo prioritariamente los intereses de los agentes financieros privados, mientras los ciudadanos perciben que ni el euro ni el BCE son instrumentos al servicio de la mayoría de la población. Lamentable imagen la que ofrece Europa si en aras de la ortodoxia recalcitrante renuncia a utilizar en favor del bienestar colectivo todos los instrumentos de política económica que tiene a su alcance.

Europa, asimismo, es cada vez más insolidaria porque los beneficios y los costes de la integración no se reparten de manera equitativa, y porque esa desigualdad ha crecido con la crisis y las políticas de austeridad mal entendida. Todo ello ha acentuando las diferencias de renta entre una minoría privilegiada y una mayoría cada vez más empobrecida y con menor acceso a las políticas públicas de bienestar e igualdad de oportunidades. Lo más llamativo es que las instituciones de la UE colaboran en ese proceso.

Por supuesto que hay muchas formas de ver Europa y su integración, y también la UE y sus instituciones, pero dado que lo que se avecinan son unas elecciones al Parlamento Europeo tendrán que cambiar mucho los discursos de la mayoría de los partidos políticos que presentan candidatos a esas elecciones o será francamente difícil convencer al electorado de que el nuevo Parlamento podrá cambiar la situación actual. No basta con plantear modificaciones estéticas en las instituciones, ni con proponer reformas que se dilatarán en el tiempo porque en Europa todo parece ir casi siempre demasiado lento, y porque Europa es –o debería ser– algo más amplio y plural que la UE. Si no se perfila una idea de ciudadanía que sustente Otra Europa los mensajes oficiales que intentarán transmitirnos serán poco creíbles y seguiremos anclados en una Europa que solo contenta a algunos. Por supuesto que es necesario votar en estas elecciones, pero si después de las elecciones del 25 de Mayo se reúnen los partidos mayoritarios para decidir lo de siempre, la Otra Europa que necesitamos no será posible.

Tal vez los propios ciudadanos tendríamos que tomar conciencia de que nuestra Europa necesita avanzar de manera paralela a la Europa oficial que casi siempre nos presentan, ocultando su impotencia, su incompetencia y su insolidaridad. Quizá de esa forma la participación en las elecciones europeas pueda contribuir a cambiar de algún modo el triste panorama actual. Salvo que miremos a Europa como si solo fuera la UE actual, las galas de eurovisión, el fútbol continental, y las disputas económicas y políticas… en lugar fortalecer la base social necesaria para construir Otra Europa.

1. La gran transición geopolítica y Europa como nueva periferia mundial

El elemento central del escenario pos-crisis al que a nivel global nos dirigimos, se caracteriza por el desplazamiento definitivo del marco de acumulación capitalista del eje conocido como “eje atlántico”, al “eje pacífico”, lo que implica entre otras consecuencias el desplazamiento de Europa de la centralidad del capitalismo mundial hacia una posición más periférica, en la que España quedaría como una formación social dependiente y descentrada, insertada dentro de la gran perdedora de la crisis, la periferia europea.

Dentro de este marco se consolida la realidad de una Europa alemana. Si en el nuevo diseño mundial el papel de Europa es el ser una región exportadora, la potente industria y la fuerza financiera alemana consolidan la acumulación de poder de ese país en el marco de la actual crisis.

Esta especialización exportadora profundiza en las relaciones centro-periferia actual a través de la consolidación de tres áreas de especialización dentro de UE: los países del centro sedes de los grandes complejos industriales, plazas financieras y centros tecnológicos de la UE. Una primera periferia marcada por países especializados en tareas subcontratadas por parte de los países centrales, en manufacturas industriales de baja o media intensidad tecnológica, como son el caso de los países del Este europeo o del automóvil español. Y una segunda periferia basada en la explotación de los recursos naturales o del paisaje del área mediterránea, Báltica o del Adriático, en torno a una especialización turística e inmobiliaria, como es el caso de España.

La consolidación de este marco capitalista requiere de la armonización de las políticas neoliberales en torno a la Troika, que en el caso de nuestro país adquieren un papel central, debido a la necesidad que tiene el bloque de poder en España, de aplicar los programas de ajuste por medio de mecanismos internacionales de imposición. Realidad que permite afirmar que la recomposición del capital financiero e inmobiliario en España, tanto a nivel económico como a nivel político, pasa por el triunfo de los programas de ajuste impulsados desde la UE.

2. El papel de España en la nueva división internacional del trabajo de la UE

En lo que respecta a España, la crisis de la década de los setenta del siglo XX conduce a la internacionalización del capital español el cual establece un nuevo marco de acumulación marcado por la incorporación de España en la UE, concluyendo de esta forma el lento proceso de internacionalización de la economía española iniciado con el llamado desarrollismo de la década de los cincuenta del siglo pasado. La incorporación de España en la UE supone una transformación de la estructura productiva española, que tiene en la fuerte pérdida del sector industrial y el control del mismo a manos del capital extranjero, como uno de sus elementos centrales.

Este control del capital extranjero de los sectores industriales españoles permite a las empresas transnacionales (ETN) diseñar la estructura y la geografía productiva de nuestro país, especialización que genera una desestructuración del tejido productivo, que concluye en una inserción dependiente en la matriz intraindustrial controlada por la ETN.

Proceso cuyas características principales son las siguientes:

1. Reducción significativa del sector industrial de bienes finales de alto valor agregado, que pasan a ser importados.

2. Respecto a las industrias de bienes intermedios pasa a ser adquirida de forma masiva por el capital extranjero, que se integra de forma subordinada en las cadenas de producción transnacional.

3. La industria base queda sometida a una fuerte reducción de capacidad instalada.

4. Solo se expanden las industrias más contaminantes (química) o vinculadas a componentes producidos localmente (alimentación).

Este nuevo marco de acumulación resultante del proceso de internacionalización del capital español, provoca una especialización económica de España como suministrador de servicios, en particular de la rama turística y de servicios personales. Especialización que determina una posición periférica de la economía española en la división internacional del trabajo de la UE.

La crisis económica actual ha puesto de manifiesto las debilidades del modelo económico español y el papel que ha jugado la economía española dentro del espacio europeo en la dinámica internacional del capital. Espacio económico que configura una división social del trabajo que relaciona a países exportadores, que con un fuerte desarrollo industrial y tecnológico ejercen su posición de centro, venden sus productos y obtienen un superávit comercial; con países compradores e importadores netos, que como España, centran su demanda en las exportaciones de los primeros. Demanda que se financia en buena parte a crédito, por capitales de los mismos países que exportan.

Nuestro carácter periférico, en la fase actual, es consecuencia de una determinada inserción en la cadena de valor global marcada por las empresas transnacionales, propietarias mayoritarias de los sectores industriales con mayor capacidad de generación de valor agregado en nuestra economía. Es en el proceso de internacionalización del capital español y la especialización productiva consecuencia de la entrada en la UE, dónde encontramos el marco contemporáneo, de la ya histórica construcción de un capitalismo periférico en nuestro país, resultado del proyecto central de las élites rentistas hegemónicas en nuestro país desde el siglo XIX.

3. La defensa de un modelo de integración europeo al servicio de la recuperación de una alternativa económica pensada “desde dentro”

El proyecto histórico actual de la izquierda transformadora pasa por la construcción de una alternativa dirigida a la superación de nuestra condición periférica en el escenario internacional. Para ello necesitamos defender una alternativa económica capaz de dotar de bases materiales a un nuevo modelo de desarrollo, que en mi opinión pasa por los siguientes ejes:

En primer lugar, una alternativa económica que apueste por un modelo de acumulación autocentrado. Debemos confrontar con las teorías económicas que vinculan íntimamente crecimiento, comercio y librecambio, como la propia idea de desarrollo. El objetivo central de una nueva alternativa debe dirigirse a cubrir los fuertes déficit productivos, territoriales y sociales de nuestro país, objetivo que es incompatible con un modelo económico que tenga como prioridad la orientación exportadora. La alternativa económica que aquí se defiende parte de la necesidad de que el logro de un desarrollo pleno del Estado social en España y la superación del problema del empleo, requiere de una base productiva de base nacional coherente y articulada a nivel territorial (autocentrado). Esto no niega el valor económico del sector exterior, sino que éste pueda ser por sí mismo un sustituto socialmente deseable, a la crisis que sufrimos.
Solo así crearemos las bases materiales para el desarrollo de unos ejes programáticos de carácter inmediato: derecho al trabajo sin precariedad, la construcción de un Estado social avanzado, romper con la dependencia del crédito exterior, la sostenibilidad medio-ambiental y la democracia participativa.
Como segundo criterio, la defensa de un modelo de economía mixta planificada, consistente en una economía regulada en sus grandes orientaciones por sus instituciones sociales, a través de la recuperación de mecanismos de planificación indicativa. Dicho proceso regulador requiere de formas de participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, en especial hacia el control del uso del excedente (donde dirigir la inversión) y en el control de las políticas de innovación (control del uso de las ayudas públicas a la empresa privada). La orientación desde el Estado de una economía de carácter autocentrado, permite la articulación del capital privado (pymes y economía social) con el desarrollo de actividades productivas de base territorial (reconversión ecológica del sector de la construcción, un sistema de transporte ferroviario de proximidad y de transporte de mercancías pleno, la adopción de un patrón basado en las energías renovables) y de generar una infraestructura social (servicios públicos y nuevas tecnologías) e implantación de servicios sociales de atención personal (ley de dependencia ), que rompa con la subordinación del pequeño empresariado nacional, el cooperativismo y la economía social, como sectores auxiliares de la transnacional financiera, de las grandes constructoras o empresas de servicios y de la industria exportadora.
Como tercera característica se apuesta por una revitalización de la política industrial como instrumento de política económica. Para ello es necesaria la adopción de una concepción más avanzada de política industrial, en cuanto al alcance de sus objetivos y de los instrumentos a emplear, desde la asunción de su carácter estratégico y sectorial, por medio de la apuesta por tres elementos constituyentes. En primer lugar, se busca diversificar la estructura sectorial incorporando ramas o segmentos de mayor complejidad tecnológica (vertiente horizontal); en segundo lugar, incrementar el contenido local del producto final, al controlar y dominar más fases del proceso de fabricación final (vertiente vertical); y en tercer lugar, renovar la base técnica y organizativa de las actividades industriales. De esta forma no se trata de defender un marco de intervención ya caduco, sino defender un marco de políticas industriales orientadas al objetivo del desarrollo industrial y del cambio tecnológico de nuestra economía.
En cuarto lugar, defender un programa económico basado en la superación de los desequilibrios territoriales. La herencia recibida del modelo desarrollista como de los efectos actuales de nuestra dependencia del sector inmobiliario, da como resultado una diversificación de áreas geográficas diferentes a nivel de planta productiva. De esta forma se pueden distinguir cuatro áreas económicas. Las correspondientes a una forma propia del capitalismo maduro (financiero), formadas por: Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana. Las correspondientes a áreas de “monocultivo” industrial, turístico o de agricultura exportadora: Baleares, Aragón, La Rioja, Asturias y Murcia. Aquellas integradas bajo un modelo de subproducción de base agraria o ganadera no exportadora: Castilla y León y Galicia. Por último, las áreas de subproducción urbana o agrícola extensiva: Andalucía, Extremadura y Canarias.

Una quinta característica va en relación a una reorientación de la política ligada al sector exterior y en la promoción de exportaciones, por medio de la adopción de una política comercial estratégica, lo que requiere de una política de estado que defina “industrias estratégicas”. Se requiere el desarrollo de instrumentos activos para la conformación de ramas industriales avanzadas, con capacidad de mantener o ganar posiciones hegemónicas en los principales mercados exteriores. Las potencialidades que se desprenden del Sector de bienes de equipo, ramas como el aeroespacial, el de energías renovables o material de transporte permiten sentar las bases para una nueva especialización en las ramas más demandadas a nivel internacional.

En sexto lugar, destaca la necesidad de una reforma fiscal progresiva y de un sector financiero público. Si los puntos expuestos se referían a la forma de producir, en este lo que se defiende es una transformación sustancial de la forma de distribución de la riqueza generada. Apostar por la progresividad y de la suficiencia financiera, deben unirse en lo fiscal a la defensa del carácter estatal del modelo. A esto hay que unir fórmulas de crédito y captación del ahorro desde un sistema financiero público. Elementos centrales para la construcción de una alternativa política que nos permita aislar el peso central que en el capitalismo español tiene la banca privada.

Por último, la alternativa descrita no es viable en un ámbito exclusivamente nacional y requiere un marco europeo para su expansión. Alternativas de base exclusivamente nacional de base keynesiana o de planificación centralizada, no son viables. La apuesta por modelos autocentrados alternativos es más fácil en el ámbito europeo que en los estados respectivos. En potencia, Europa presenta características favorable para el objetivo definido, al contar con un comercio exterior fuera de la región de sólo un 10%, no tener necesidad de inversión externa, contar con una densa estructura productiva, disfrutar de un alto nivel de nivel autónomo de tecnología y de un alta demanda interna.

Defender, por tanto, un nuevo modelo de integración que apueste por una reestructuración de la división del trabajo en Europa, que parta a su vez de una reorientación de la economía hacia los mercados internos, en especial en Alemania, por medio de una política de rentas favorable a las capas asalariadas, para así permitir, una diversificación productiva en los países de la periferia y la obtención de superávit en sus cuentas, que harían posible la superación de los problemas derivados de la deuda.

Una salida que requiere de un importante cambio en la correlación de fuerzas en toda la UE, que ante su imposibilidad inmediata, no agota las estrategias que pueden adoptar un país solo, o un grupo de ellos, así como la de llevar a cabo políticas económicas y fiscales alternativas dentro del margen de maniobra existente en cada país.

El elemento central del escenario pos-crisis al que a nivel global nos dirigimos, se caracteriza por el desplazamiento definitivo del marco de acumulación capitalista del eje conocido como “eje atlántico”, al “eje pacífico”, lo que implica entre otras consecuencias el desplazamiento de Europa de la centralidad del capitalismo mundial hacia una posición más periférica, en la que España quedaría como una formación social dependiente y descentrada, insertada dentro de la gran perdedora de la crisis, la periferia europea.

Me ha parecido muy positiva la última aportación de Fernando Luengo y Lucía Vicent; y coincido plenamente en el diagnóstico que realizan: la crisis actual es, a la vez, sistémica e institucional.

Centrándome en el aspecto de las soluciones, yo ya he planteado dos de gran calado: la salida de la Unión Monetaria y la nacionalización del sistema bancario. No como un fin en sí mismas, sino como medios para apoyar y sostener en el tiempo una intervención masiva del sector público en la economía española.

Como ya he aportado varios documentos sobre estas cuestiones, quisiera abrir ahora un debate sobre la propuesta de la renta básica o renta de ciudadanía, que ha sido una de las reclamaciones de las recientes y maravillosas Marchas por la Dignidad. Como se verá en el documento que aporto, esta interesante iniciativa no está exenta de complejidad; y sin duda es importante tener esto en cuenta de cara a prever y solucionar las dificultades que pueda tener en el camino.

El debate sobre “Otra Europa” al que se nos invita desde Espacio Público está, lógicamente, centrado en la formulación de alternativas. Quienes pensamos que vivimos una situación de emergencia entendemos esta orientación. No debemos descuidar, sin embargo, la reflexión sobre las causas de la crisis, en absoluto cerrada, pues los diagnósticos condicionan crucialmente los caminos de salida de la crisis. Es, precisamente, en este punto donde queremos situar los comentarios que siguen.

La crisis económica es plural, en cuanto a su origen, global, por cuanto que ha afectado al conjunto del mundo capitalista, especialmente a las economías más avanzadas, y sistémica, en lo relativo a sus causas, en la medida en que es el resultado de la quiebra de los mecanismos de acumulación y distribución capitalistas en el periodo de la globalización financiera. La crisis no se circunscribe, en consecuencia, a las economías que habitan la zona euro.

Nuestro diagnóstico es que las causas de fondo de la crisis se encuentran en unos procesos económicos gobernados cada vez más por el dictado de las finanzas, una inequitativa distribución del ingreso y de la riqueza y un espacio productivo y comercial jerarquizado y desigual; todo ello, en un contexto más amplio de dinámicas de crecimiento depredador del entorno físico que las sustenta y de una progresiva oligopolización de los mercados.

Estos factores han caracterizado, con desigual intensidad, dependiendo de las regiones y países considerados, la dinámica económica capitalista desde las últimas décadas y también han atravesado el denominado “proyecto europeo”. Su articulación es lo que, en definitiva, da cuenta de la economía de endeudamiento, cuyo desbordante crecimiento provocó el crack financiero de 2008.

Así pues, para entender los efectos perturbadores de la Unión Económica y Monetaria (UEM) es imprescindible introducir e integrar en el marco interpretativo, en el diagnóstico, los vectores centrales de la dinámica de acumulación y distribución que han impregnado, al menos desde la década de los ochenta del pasado siglo, desde luego mucho antes de la implantación del euro, a los capitalismos europeos. Y es en este contexto más amplio, en esta dinámica capitalista, cuando los responsables comunitarios dan el paso de crear la UEM.

La principal singularidad de esta crisis en Europa tiene que ver con las consecuencias de la creación de un espacio monetario integrado -con las carencias institucionales con que se creó y, sobre todo, con los desequilibrios tanto macroeconómicos como productivos que promovió.
Se abren dos líneas de reflexión para entender las peculiaridades de la crisis europea, complementarias entre sí y, por tanto, ambas necesarias. De un lado, el libre movimiento de capitales –determinante en el impulso de la moneda única y revelador de su configuración institucional- que consagró la UEM, operando en un espacio caracterizado por estructuras productivas y comerciales bien distintas, sin instituciones capaces de supervisar y corregir los desequilibrios asociados al crecimiento de los movimientos transfronterizos de capital, tenía que dar lugar, necesariamente, a la intensificación de las asimetrías entre los países que integran la zona euro. Ello contribuyó de manera crucial a una espiral de endeudamiento -público y, esencialmente, privado-, que se desarrolló aceleradamente desde finales de los años noventa del pasado siglo y que culminó en la crisis financiera.

De otro lado, el referido diseño y la operativa correspondiente han sido funcionales al capital financiero y a las grandes corporaciones, han facilitado el redespliegue productivo y comercial de las empresas transnacionales, ha debilitado la capacidad de intervención de los poderes públicos, ha reforzado la posición prominente del capital frente al trabajo y ha entregado el denominado proyecto europeo a los mercados desregulados Todo ello ha abierto una segura y fructífera vía de enriquecimiento de las oligarquías.

Esta perspectiva, más allá de una dimensión estricta y limitadamente institucional y reconociendo que el euro surgió con un diseño insuficiente e ineficiente, pone el acento en ofrecer una caracterización estructural y sistémica de los procesos de integración monetaria.
En el caso de la economía española, la llegada masiva de flujos financieros –estimulada por el libre movimiento de capitales que consolidó la UEM, la reducción de los tipos de interés reales y las oportunidades de negocio asociadas, sobre todo, al boom inmobiliario- ha estado en la base de los déficit por cuenta corriente, del intenso crecimiento de la deuda privada, de la consolidación de un patrón de especialización productiva sustentado en actividades de medio-bajo perfil tecnológico y valor añadido, de la expansión del sector no comerciable -es decir, de aquél que se articula en torno al mercado interno- y de la propagación de la burbuja inmobiliaria.

Pero también en este caso conviene hacer una puntualización, pues una parte de esta problemática, sobre todo la que tiene que ver con las debilidades de nuestro aparato productivo, precede a la adscripción de nuestra economía a la zona euro y da cuenta de la brecha de productividad y del déficit de competitividad que la separa de los países más avanzados de nuestro entorno. La pertenencia de la economía española a la UEM ha agravado los problemas de fondo y ha contribuido a confinarla en una posición periférica, frágil y dependiente.
Dar por bueno este diagnóstico tiene, al menos, dos implicaciones. La primera es que una alternativa progresista a la crisis económica hace necesario un radical cuestionamiento tanto del entorno institucional como de la lógica económica que subyace en el mismo, pues ambos aspectos están conectados y se refuerzan mutuamente.

El euro no sólo es una moneda compartida por varios países, sino que, desde su origen, ha formado parte inextricable de un entramado institucional (sesgado, más que imperfecto) y de unas lógicas y dinámicas económicas que han estado en la base de una economía crecientemente determinada por las finanzas, que no sólo han ganado en importancia sino que han impuesto su lógica. Defendemos un planteamiento que, en definitiva, sitúa la moneda como expresión de las relaciones sociales y como vehículo de los intereses de la clase dominante.

En segundo lugar, la aceptación de este diagnóstico, supone que superar la crisis significa mucho más que reactivar la economía, por importante que sea este objetivo en un contexto de masivo desempleo. Es imprescindible abordar y resolver los problemas que la provocaron; para ello es obligatorio dotar de mayor complejidad y profundidad a las propuestas de salida de la crisis, que, además de un imprescindible plan de emergencia, dada la gravedad de la situación actual, necesariamente deben situar en la agenda política la problemática estructural que estuvo detrás de la economía del endeudamiento.

Estos asuntos no han estado en la agenda de Bruselas, ni en la de los gobiernos, o han tenido una presencia retórica. No en vano avanzar en esa dirección comporta una revisión en profundidad del proceso de acumulación capitalista y del proyecto comunitario y un cambio sustancial de la actual correlación de fuerzas.

Nada que ver, por lo tanto, con una perspectiva centrada casi de manera exclusiva en las reformas institucionales –por necesarias que sean- o que aísla la moneda de los procesos económicos y de las relaciones de poder que la determinan; o que pretenda hacer caer la responsabilidad de la crisis sobre los trabajadores por una supuesta incontinencia salarial en comparación con la envidiable austeridad alemana, o sobre las familias que habrían vivido por encima de sus posibilidades, o sobre una mala gestión de los recursos públicos, que, siendo cierta, no ha sido la causante del alto endeudamiento acumulado por nuestra economía durante los años anteriores de la crisis.

Coincido plenamente en que la economía debe ser una disciplina que analice cómo mejorar el bienestar colectivo y no el del capital financiero. El texto anima el debate señalando la necesidad de un entramado institucional que conduzca a una mejora en las condiciones sociales y de empleo en la zona que delimita la Unión Europea. En ese sentido se señalan posibles acciones como “reforzar los mecanismos de cohesión, incrementar el presupuesto comunitario o cambiar el modus operandi del BCE, subordinando la política monetaria a objetivos de equidad, pleno empleo y protección social”. Es un enfoque basado en instrumentos y procedimientos, pero en mi opinión previamente a las acciones es preciso reflexionar sobre las fuerzas necesarias para impulsar los cambios y si estos se consideran factibles. Algunos puntos que plantearía al respecto serían:

El objeto de análisis
En mi opinión el debate no debería centrarse en los países o en Europa; el foco de atención creo que deben ser las personas, la situación de desigualdad socioeconómica y por qué se ha agrandado la brecha social en Europa. La desigualdad de renta y patrimonio era ya una realidad entre la ciudadanía de la Unión Europea anteriormente a la crisis y no es únicamente una característica de los países de la periferia, si bien es dónde más ha aumentado a raíz de las políticas de austeridad. Las políticas del Estado de Bienestar han contribuido a mejorar el reparto de la renta y la mejora de las condiciones de vida de la población, pero hay un grupo social con acceso a niveles de renta, relaciones de influencia y patrimonio, y posibilidades de transmisión intergeneracional de sus privilegios, que claramente tiene unas posibilidades vitales diferentes de los demás. Este núcleo de integrantes del capital financiero, con acceso a vehículos y volúmenes de instrumentos financieros lejos del alcance del resto de la sociedad ha perpetuado su posición pese a la crisis. En torno a esos intereses se han diseñado las políticas conservadoras de cada país y las de la Unión Europea. La crisis ha forzado la protección de los intereses del capital financiero a costa del resto de la población: baja inflación para evitar el deterioro de los activos en términos reales, rescates bancarios a medida, intervenciones del BCE para controlar el spread, para dar tranquilidad y animar la recuperación bursátil o políticas fiscales claramente regresivas.

¿Un espacio social común?
La desigualdad entre regiones ha venido marcada por el dominio político de los gobiernos de los países con mayor fuerza industrial y capacidad económica desde el comienzo de la Unión, la idea de un espacio de derechos sociales siempre ha quedado en el debate en un segundo plano a favor de los intereses comerciales. Esos intereses políticos se han alineado con los del capital financiero. La “desarmonización fiscal” es el exponente máximo de la “desunión europea”. ¿Por qué se ha permitido una situación en la que existe una base de declaración de ingresos de multinacionales en Irlanda con un impuesto de sociedades del 12,5% cargando los gastos al resto de los países con mayor tributación societaria? Si la recaudación fuese un objetivo como zona integrada y hubiera un interés en usar esos recursos en beneficio de todos sus ciudadanos ¿por qué no se ha considerado una política europea la lucha el fraude o se han armonizado efectivamente tipos y bases imponibles?. Esa erosión fiscal es similar a la sobreexplotación de los recursos de propiedad común por la búsqueda del interés individual en lugar del colectivo. En este caso, la imposibilidad de alcanzar acuerdos por el dominio político conservador explica la existencia de precios de transferencia y de paraísos fiscales legales dentro de la propia Unión Europea. Con los impuestos sobre el capital sucede algo parecido, se podría haber armonizado al alza la tributación evitando la competencia fiscal a la baja de cada gobierno local.
Desde el punto de vista de las políticas de gasto, nunca ha existido una idea compartida de crear un nivel mínimo europeo en los niveles de protección social, el juego político ha hecho que sean los gobiernos nacionales los que decidan, conviviendo sistemas universales de salud con sistemas de seguridad social con mayor o menor grado de protección, sistemas de producción pública pura con sistemas de conciertos, o financiación pública en mayor o menor grado para las universidades. La oleada privatizadora de los años 80 incidió en los sistemas de protección social de los países de la Unión aumentando la disparidad de los mismos. Con la crisis se ha roto completamente el modelo, acentuándose la desigualdad imperante en los modelos de provisión. Un ejemplo claro es la ampliación o el retraso de la edad para la jubilación, a día de hoy conviven tendencias de reforma antagónicas porque Europa es más que nunca una zona no integrada en términos sociales y políticos.

La correlación de fuerzas
En el actual escenario se ha deteriorado enormemente la capacidad de influencia social de trabajadores y trabajadoras, se ha debilitado la presión sindical y se han generado movimientos sociales que reclaman cambios importantes en el ámbito de la calidad democrática de las instituciones y en la política social. Pero en el entorno europeo dominan las fuerzas conservadoras desde el norte, que con la crisis han visto sembrado el camino para exigir políticas de recortes ante el aumento del déficit y el endeudamiento público. Estos indicadores han evolucionado negativamente por los efectos de la recesión sobre los ingresos tributarios y estabilizadores automáticos como el seguro de desempleo. La escalada del spread, con una componente innegable de especulación, ha sido utilizada de excusa para el ajuste. Interiormente en España, Grecia o Portugal los partidos de orientación económica neoliberal han aprovechado la ocasión para ensayar políticas que en otras épocas hubieran tenido que retirar ante idéntica o menor presión social en las calles. La coordinación de las políticas de protesta en cada país o entre grupos de distintos países, así como el cambio del espectro político vía votaciones son elementos de acción social y posiblemente una vía de cambio, pero necesariamente de largo plazo.

Los objetivos sociales y de crecimiento
Partiendo de la imposibilidad de dar rápidamente la vuelta a la situación social y aplicar los cambios que reclama el texto del debate, cabe plantearse una reflexión adicional sobre los objetivos. Se reclama una activación de políticas a favor del empleo. Pero el empleo debería ser un medio para la obtención de unos salarios acordes a la formación del empleado y el puesto desempeñado, de una estabilidad en el mismo y para alcanzar un reconocimiento social. Ese no es el empleo nuevo que pudiera generar una etapa de recuperación económica espontánea o sin intervención pública; este empleo estaría ligado a una alta tasa de temporalidad, un aumento de la insatisfacción laboral, o de una importante masa de personas sobreeducadas ocupando puestos con salarios mínimos.

El panorama antes y después de la crisis ha cambiado notablemente. En los países de la periferia se está produciendo una pérdida de capital humano, que están emigrando ante la elevada tasa de paro de los jóvenes y la falta de expectativas de empleo futuro, y además se está acumulando un importante masa de parados de larga duración. Las políticas de empleo para procurar un cambio tendrían que estar conectadas con el estímulo de sectores productivos socialmente prioritarios. La economía no autoabastece los puestos de trabajo que permiten el empleo socialmente deseable. Habría que pensar qué tipo de actividades podrían acometerse y qué tipo de empresarios profesionales deberían llevarlas a cabo y de qué manera podría el sector público apoyar estos polos de desarrollo. En esa línea de futuribles habría que empezar por abordar el problema de la formación de los empresarios, las condiciones de otorgamiento de los créditos necesarios para actividades a promover, la implementación de una supervisión prudencial y efectiva de la actividad financiera y el desarrollo y seguimiento de los planes, etc. En el escenario político actual no son cuestiones factibles, porque esta política de recuperación del modelo productivo y social precisa un control y un impulso de fuerzas realmente progresistas dominando el mapa político Europeo.

Totalmente de acuerdo con lo que afirmas. Aunque yo llevaría la crítica aún más lejos.

La política monetaria del Eurosistema no sólo ha sido un desastre, sino que también se ha utilizado como un instrumento de CHANTAJE contra los gobiernos nacionales para imponer medidas antisociales y antipopulares, como denunció en su momento Ernesto Ekaizer en su libro ‘Indecentes’, y que los hechos posteriores han venido a confirmar.

Nótese además que hablo del Eurosistema y no del BCE: esto no es por capricho, pues no es sólo el BCE el que decide la política monetaria. Efectivamente, como ya expuse en el documento que aporté en el Debate sobre el Euro, los órganos de gobierno del Eurosistema son el Comité Ejecutivo y el Consejo de Gobierno:

a) Comité Ejecutivo: realiza la gestión cotidiana del BCE y ejecuta la política monetaria que define el Consejo de Gobierno. Su composición, además del Presidente y del Vicepresidente, será de entre dos y cuatro miembros, nombrados consensuadamente por los gobiernos de los Estados miembros para un período no renovable de ocho años.

b) Consejo de Gobierno: le corresponderá el diseño de la política monetaria y fijará también los criterios para su ejecución por el Comité Ejecutivo. Es el órgano de máxima jerarquía del BCE y estará integrado por todos los miembros del Comité Ejecutivo (cuyos Presidente y Vicepresidente serán comunes a ambos órganos), además de por los gobernadores de los Bancos Centrales de los países pertenecientes a la Unión Monetaria.

Las decisiones se adoptarán, generalmente, por mayoría simple en cada uno de los órganos citados, contando con un voto cada uno de sus miembros. Dado que en la actualidad algo más de dos tercios de los votos del Consejo de Gobierno pertenece a los Bancos Centrales Nacionales, estos tienen una fuerte influencia en las decisiones de política monetaria.

En síntesis, los sucesivos Gobernadores del Banco de España han tenido y tienen todavía su parte alícuota de responsabilidad en este desastre. Sin el apoyo de una burguesía nacional española, ya sea conservadora o social-liberal, esta política monetaria ineficaz y autoritaria no hubiera salido adelante.

Entre nosotros también hay quintacolumnistas. Que se lo pregunten a Joaquín Almunia.

El comportamiento de los Bancos Centrales de EEUU (Reserva Federal) y la UE (BCE) tras la crisis financiera de 2007 ha sido muy diferente en relación con las políticas de expansión fiscal imprescindibles para salir de la recesión.

En el periodo 2007-2012 la Reserva Federal destinó 979 mil millones de $ a financiar a bajo coste la política fiscal expansiva del gobierno de EEUU, comprando directamente bonos del Tesoro. El BCE lo hizo en proporciones muy inferiores, tan solo destinó 201 mil millones de $ a comprar deuda pública de países del euro con problemas de financiación exterior y, al intervenir solo en los mercados secundarios, lo ha hecho a un coste mucho más elevado para el BCE y para los gobiernos de esos países. Los únicos beneficiarios fueron los inversores privados en deuda pública, que obtuvieron altas retribuciones por un supuesto riesgo de impago que luego el propio BCE se encargó de minimizar. Si el BCE hubiera actuado antes, y en los mercados primarios como la Fed, no se hubiera puesto el euro al borde del abismo y el coste del endeudamiento público para los países con problemas de financiación exterior hubiera sido mucho menor, y por tanto no habría habido tanta presión para desarrollar políticas de austeridad fiscal que han agravado la crisis. Además la compra por parte de un Banco Central de deuda publica en mercados secundarios no impulsa la economía real, ya que los propietarios privados de deuda pública utilizan los recursos recibidos para invertir en otros activos mobiliarios, permaneciendo ese dinero en el mundo financiero-especulativo, es decir favoreciendo a los más ricos sin que se incremente el PIB.

La experiencia de EEUU pone de manifiesto que una heterodoxa política monetaria expansiva, como la desarrollada por la Reserva Federal, puesta al servicio de una decidida política fiscal expansiva, ha permitido una recuperación más rápida de la senda del crecimiento económico y, por tanto, de la capacidad de crear de empleo. La expansión histórica del gasto público en los EEUU, hasta superar el 42,5% del PIB en 2009 y 2010, ha sido posible porque la línea divisoria entre la política monetaria y la política fiscal se ha difuminado. Como resultado de estas políticas la recuperación de la demanda nacional ha sido mucho más rápida en EEUU, desde 2010 hasta 2012 ha crecido a una media anual del 2%, mientras en el mismo periodo en la zona euro ha permanecido estancada. Las tasas de desempleo empezaron a descender en EEUU a partir de 2009, estando en la actualidad por debajo del 8%, mientras que el paro en la zona euro no ha dejado de crecer, situándose a finales de 2013 en un 12%.

Resulta evidente, por tanto, que las exigencias de rápida reducción del déficit público en la zona euro por parte del FMI, la Comisión Europea y el BCE solo pueden ahondar la crisis en países como España, donde dichas políticas de austeridad no son capaces de ofrecer ninguna perspectiva de que en un futuro cercano se puedan alcanzar los niveles de empleo y bienestar social que había antes del estallido de la crisis.

Quiero mostrar mi desacuerdo con Iván Ayala cuando manifiesta lo siguiente: “No se trata de crear un sector financiero público, sino configurar un sector con una fuerte regulación marcada por objetivos sociales.”

Después de haber estudiado durante algún tiempo las crisis bancarias, he llegado a la conclusión que una regulación más estricta no es un remedio eficaz contra las mismas. Las razones son las siguientes:

1. La esencia del negocio bancario reside en el apalancamiento, que proporciona rentabilidades superiores al del resto de sectores económicos pero también es la fuente de la fragilidad del sistema bancario.
2. Los bancos evitan la regulación constantemente mediante la producción de nuevos servicios que se salen de la normativa existente. Esto es lo que se conoce como ‘arbitraje regulador’, y su producto más escandaloso es la ‘banca en la sombra’ (shadow banking) que ha estado en el origen de la crisis en USA.
3. Los bancos gastan sumas astronómicas en tareas de lobby para condicionar a las autoridades públicas: así, dos periodistas han sacado a la luz que sólo el sector británico de servicios financieros gastó en lobby más de 92 millones de libras (116 millones de euros) durante 2011 en la esfera política y reguladora (Público.es, 11/07/2012). Los ingleses –tan dados a acuñar neologismos- hablan de ‘crony capitalism’ (capitalismo de amiguetes) para referirse a esta situación.

El modelo por el que yo creo que hay que apostar es el de la Banca Pública. Para persuadir a los lectores de ello, me permito adjuntarles un documento que escribí hace un tiempo para los compañeros de la Plataforma pro Banca Pública (a la cual pertenezco) explicando con detalle la historia y el funcionamiento de este tipo de entidades.

Por otra parte, debo felicitar a Iván por haber llamado oportunamente la atención sobre este tema, que creo merecería el sólo un debate monográfico.

Este texto es un intento de responder al debate con una propuesta centrada exclusivamente en el sector financiero. Aun así, es claro que éste no se puede entender por aislado, sino que está enclavado en el resto de la economía –aunque con gran protagonismo. Por tanto esta separación explícita de la reforma financiera solo se entiende en términos espacio (no podemos hablar de todo) y exposición (centrarse en un sector permite incrementar el detalle).
Propuestas sobre la mesa
Las propuestas del texto de econoNuestra llevan implícitas la aceptación de una “salida europea”. Esta visión tiene en cuenta que una ruptura que implique renunciar a todo el esfuerzo de construcción institucional supondría un coste difícilmente soportable. Las posiciones “europeístas” hay que clasificarlas entorno a las posiciones continuistas o rupturistas, pues en caso contrario se corre el riesgo de amalgamar posiciones muy distintas y contradictorias. Desde la ortodoxia y el expertise de las instituciones europeas la propuesta continuista se basa en crear una Unión Bancaria (UB), alguna agencia estatal que vele por la seguridad financiera, respaldar un nuevo presupuesto con nuevos impuestos a nivel europeo, centralizar más el control de las finanzas públicas y mutualizar el riesgo mediante eurobonos, de forma que un nuevo policy mix pueda ser implementado por el BCE. Probablemente el cambio más profundo que se propone incluso desde las más altas instancias europeas (Lazslo Andor) es que el BCE actúe como prestamista de última instancia intentando convertir al euro en una moneda completa (Boyer, 2013). Esta es una de las propuestas tanto de José Antonio Nieto (primera batalla), como del texto propuesto por el grupo de trabajo “Otra Europa”. Mi percepción es que la modificación del BCE lleva implícita una modificación del sistema financiero en su conjunto.

Determinantes de la UE y sus alternativas

Se hace imperativo a la hora del análisis, contemplar no solo la política económica, sino la economía política, de forma que podamos apreciar los cambios que se han producido con la crisis. Los cambios producidos por la mala austeridad no solo afectan a las políticas que se implementan, también modelan el espacio de alternativas posibles. No tener en cuenta esto sería hablar del contexto metafísico, siempre importante y un caldo de cultivo para nuevas propuestas, pero de escaso valor para determinar el escenario de posibles políticas alternativas en la integración europea. Dos son los elementos cruciales a tener en cuenta, uno es que las instituciones europeas no están dirigidas por ingenieros que modelan la realidad a partir de teorías económicas, sino que son intermediarios políticos entre diferentes percepciones e intereses de los grupos sociales que componen la UE. El segundo elemento, señalado por José Antonio Nieto, es que la UE, con su obstinación en favor de la mala austeridad, ha erosionado –o como propone Boyer, ha destruido- su legitimación democrática frente a los europeos.

¿Es legítimo pensar en una salida Europeísta?

El peligro de no percibir estos dos elementos es la generalización de un justificado rechazo a la integración europea, y un retorno al marco del estado nación sin una coordinación a nivel supranacional. El texto de eN lleva implícita la premisa “es posible modificar la integración europea”, pero no les faltan argumentos a los que propugnan una salida del euro, y por tanto,
una ruptura de la presente integración. No obstante, la actual forma de financiación estatal –dependiente de los mercados financieros-; los movimientos de capital –en gran medida protagonizados por derivados intercambiados en mercados no regulados por los estados-; la revolución tecnológica –que permite nuevos procesos económicos que no necesitan espacios físicos para funcionar; y la globalización del comercio –cuyas sucesivas rondas en la OMC han liberalizado países y regiones al comercio internacional-, entre otros, hacen que cualquier solución –también las progresistas- necesiten componentes de coordinación supranacional capaces de responder a un sistema económico abierto. Dado que la UE no solo es un espacio geográfico, sino un interrelacionado sistema de valores culturales y políticos, no parece descabellado pensar también en una alternativa supranacional europea, por radicales que sean los cambios necesarios en su actual configuración. Y sin embargo, nos parece ineludible la premisa de que la integración diseñada por Jean Monnet ha llegado a sus límites, de forma que cualquier nueva delegación supranacional en favor de las instituciones europeas está en contra de la lógica de los intereses democráticos y de justicia social nacionales. Esta es la tensión latente entorno al debate.

Reforma financiera versus Unión Bancaria

El texto de econoNuestra habla de manera sucinta del sector financiero, y dada la génesis financiera de la presente crisis, es razonable observar la solución propuesta desde instancias europeas: la UB. Parecería razonable utilizar todo el potencial de las instituciones europeas para estabilizar el sector bancario europeo. Tres son los pilares de esta propuesta de UB: una supervisión europea (probablemente por el BCE), un mecanismo de compensación (clearing) y un fondo de solvencia (resolution fund). El sector financiero ha tomado proporciones gigantescas, y además se ha convertido en protagonista económico tanto en el auge como en la tremenda caída, por lo que incluso en el más tibio de los escenarios, requiere una profunda reforma.
El objetivo tradicional del sector financiero ha sido actuar de intermediario entre los ahorradores y la inversión productiva. La transformación que ha sufrido este sector durante los últimos treinta años ha supuesto un cambio en sus fuentes de beneficios. Con los bancos como protagonistas, anteriormente la fuente de beneficios principal provenía de la diferencia entre los tipos de interés del préstamo y de los depósitos. Ahora –con el protagonismo de más inversores institucionales- la fuente de beneficios de los bancos es de manera creciente la actuación por cuenta propia en los mercados financieros y las comisiones. Esto ha erosionado esa función específica que permitía a las inversiones productivas encontrar financiación, sesgando la actividad financiera hacia el cortoplacismo de la banca de inversión. No es una cuestión “heterodoxa”, o de “financiarización” en exclusiva, sino que para que la liquidez fluya desde la autoridad monetaria hasta la inversión, es necesario modificar la actual actividad del sector bancario. La presente no-regulación financiera es una construcción del propio mercado, basada en las necesidades de una actividad hipertrofiada. No veo que la posibilidad de revertir esta tendencia no esté en el corazón de las alternativas. No se trata de crear un sector financiero público, sino configurar un sector con una fuerte regulación marcada por objetivos sociales.

Además, las propuestas de reforma fiscal en el texto de eN, se basan en el supuesto de que un incremento impositivo implica necesariamente un incremento en la recaudación. No obstante hay que tener en cuenta la “liquidez” en términos de Bauman que caracteriza los capitales transnacionales, la irrelevancia de las fronteras para ellos, y la capacidad de utilizar un arbitraje fiscal cuasi instantáneo entre diferentes regiones geográficas. No se afirma aquí que
no haya margen para implementar una reforma fiscal radicalmente redistributiva, sino que se ha de acompañar de otras medidas que permitan asegurar la ingente cantidad de recursos que el sector público tiene que poner en marcha para revertir la tendencia austericida y sobre todo, para poner las bases que nos permitan superar sus efectos acumulados. El sector financiero y su reforma pueden ser una fuente de ingresos que permitan un “radical new deal” europeo, no contemplado por la UB.

1. Actuar sobre el objetivo y función del sector financiero. Durante las últimas décadas, la desregulación del sector financiero ha hecho que la actividad bancaria y financiera en general puedan tener efectos sistémicos del más alto calado. De forma exactamente contraria a cómo se modificó la constitución española en su art. 135 para dar prioridad al pago de la deuda, se deben introducir en sucesivos tratados artículos dónde se estipule el funcionamiento del sector financiero. Estos objetivos deberían incluir ayudar a la estabilidad de precios (también de los activos financieros), a la estabilidad del sistema financiero, mantener una liquidez suficiente en el sistema, impulsar inversión social y sostenible con el medio ambiente físico y ayudar las políticas públicas en la salida de la crisis. No veo razón alguna para sostener que el sector bancario pueda continuar libremente su actividad, o incluso desregularse más aún, dada las concluyentes pruebas empíricas en contra de esta política financiera. En cambio parece lógico regular el sector financiero para que la generación de beneficios en su seno pueda ser socialmente sostenible.

2. Estabilizar el sector financiero mediante la estabilización del sector bancario. Hay numerosas razones para acusar a la peligrosa fragilidad bancaria de la tenue recuperación económica y las tenebrosas perspectivas de la economía. El informe de Cárlos Sánchez Mato y el de Jakob Vestergaard and María Retana son un buen ejemplo de ello. Los actuales estudios oficiales aplicados por la UE para establecer criterios de “seguridad” y de “sostenibilidad” de los balances bancarios se basan en criterios basados en la ponderación de riesgo. No obstante, numerosos estudios empíricos como el de Trillo y Alonso, y diferentes escuelas de pensamiento económico (post-keynesiana, economía de las convenciones, institucionalista, austriaca, etc.) apuntan a las enormes dificultades en el cálculo del riesgo. Este enfoque en realidad ha servido para reducir (no aumentar, que es para lo que dicen que sirven) los requerimientos mínimos de capital al reducir los activos contra los que se calcula el ratio. El espejismo de una economía autoregulada y gestionada por la teoría de la gestión del riesgo (Risk Management) se ha mostrado claramente destructiva. Ha de pensarse en fondos de solvencia financiados por los propios bancos, de forma que se creen incentivos positivos a una mejor gestión del riesgo. Igualmente ha de pensarse en fórmulas para incrementar sustancialmente los requerimientos de capital progresivamente.

3. Creación de un sistema de finanzas público para los europeos, con un fondo común que puede ser financiado por el BEI como algunos propugnan desde Francia, al que poder acceder localmente para financiar proyectos que respondan a criterios de economía ecológica, y a criterios sociales. Este fondo financiaría empresas, particulares y/o otras figuras jurídicas (asociaciones vecinales, grupos legalmente conformados, etc.) y permitiría solventar al menos en parte la incapacidad del sector financiero privado para trasladar la liquidez pública a inversiones productivas. No es solo una cuestión de justicia social, sino de establecer soluciones que palíen la escasez de crédito provocada por la crisis de balances actual no contempladas en la UB.

4. Establecimiento de normas que permitan separar la actividad bancaria particular de la actividad bancaria de inversión. Uno de los factores que están en la base de la desconexión entre sector financiero y sector real es la transformación bancaria comercial en banca de inversión. Estas actividades tienen diferente naturaleza a pesar de tener lugar en el mismo mercado, dado que esta última está dominada por mercados no regulados y derivados financieros, frente a la primera que gira entorno a proyectos empresariales, préstamos hipotecarios y depósitos. Mientras, que de manera general, la banca comercial está centrada en plazos más largos, la banca de inversión está centrada en el corto plazo de actividades principalmente especulativas. Sesgar toda la actividad bancaria hacia la inversión, supone irremisiblemente detraer recursos de la actividad productiva. Pero además incrementa la volatilidad de la economía sesgándola hacia proyectos cortoplacistas de alto rendimiento, e introduce dentro del circuito financiero especulativo salarios, hipotecas y depósitos con el consiguiente incremento de la fragilidad económica. Esta regulación permitiría dotar de mayor solidez al sistema bancario y por ende facilitar la recuperación de sus cuentas.

5. Hacer visibles y transparentes las cuentas bancarias mediante auditorías públicas y democráticas. En Mato (2012) podemos observar un estudio sobre las ayudas recibidas por el sector financiero, el peligro que supone la escasa capitalización de los bancos españoles, y en Vastegaard y Renata (2013) podemos ver otro estudio sobre las necesidades de recapitalización del sector financiero. La actividad bancaria privada no puede resolver la situación de falta de transparencia por sus propios medios, debido a que el reconocimiento por parte de una entidad del verdadero estado de sus cuentas implicaría perder credibilidad frente a sus competidores, lo que le acercaría problemas de solvencia. Es necesario por tanto un impulso del sector público, mediante funcionariado del BCE y/o de diferentes ministerios (industria, economía, hacienda, etc.), transparente, pública y en la medida de lo posible participativa. ¿Acaso tiene más sentido contratar a consultoras externas con un coste desorbitado? Máxime cuando los balances bancarios están plagados de activos inmobiliarios con valores ficticios, muy difíciles de valorar sin un conocimiento del sector en cuestión. Stress tests, o consultoras externas son soluciones que pueden ayudar, pero nunca pueden ser la piedra angular para conocer el estado real de los balances bancarios. No solo es una medida de fundamentos democráticos, también es una medida encaminada a restablecer la confianza en el sector bancario y por tanto facilitar el restablecimiento del crédito.

6. Reducir la deuda y establecer impuestos sobre el patrimonio. La deuda no se puede pagar, lo han admitido ya diversas instancias internacionales (FMI) y europeas, e incluso se han implementado “quitas” de deuda en el caso griego aunque con el efecto total de incrementar la deuda griega. Estas quitas pueden llevarse a cabo bajo diferentes principios. Los “haircut debt” van a ir generalizándose a medida que se haga patente la incapacidad del sector privado (agravado por la mala “austeridad”) para hacer frente a sus deudas. Los actores como la Troika propondrán diversas formas de “quitas” que no resolverán el problema como en el caso griego. Las quitas tienen que ser precedidas de una auditoría en los términos anteriormente señalados, de forma que se identifique tanto la deuda generada por intereses espúreos (aeropuertos vacíos, tráfico de influencias, enriquecimiento personal), como los responsables. Es una medida muy difícil de contrargumentar democráticamente. En segundo lugar, ha de establecerse impuestos sobre el capital (patrimonio), que permitan atacar el problema de raíz. Esta es una combinación de la propuesta de Piketty y Graeber. Esta medida no solo es deseable socialmente, sino que el sector bancario en general se vería beneficiado pues al sanear realmente sus cuentas, podrá dedicar recursos a proyectos productivos, en lugar de retener liquidez para sanear sus balances por la puerta de atrás y transformando deuda pública en privada. Por tanto, mejorará la eficacia de la política monetaria y de los recursos públicos que gestiona el BCE. Además, reducciones faciales de las hipotecas o la generación de tasas moderadas de inflación podrían ayudar en el escenario post-auditoría (Álvarez, Uxó y Luengo 2013).

En la lengua inglesa se denomina ‘juggernaut’ a una fuerza grande y destructiva que es objeto de devoción y de sacrificios humanos. De acuerdo con la Wikipedia, ‘juggernaut’ es una palabra que procede de la anglificación del término sánscrito Yaganatha, que es uno de los nombres por los que se conoce al dios Krisná (avatar del dios Visnú) en la religión hinduista.

Según los relatos de los ingleses en el período en que dominaron la India, los adoradores del dios Yaganatha se lanzaban bajo las ruedas del enorme carro de dieciséis ruedas sobre el cual el ídolo de Krisná era transportado (durante la procesión anual en el festival Ragha Iatra en Puri, una ciudad en el este de la India a orillas del golfo de Bengala), en la creencia de que así alcanzarían la felicidad eterna.

De igual modo, sólo un acto de fe incondicional puede explicar cómo aún haya personas honradas que defiendan la permanencia de nuestro país en el Euro. En efecto, la Unión Monetaria Europea es hoy un obstáculo para la recuperación económica, un elemento de agravación de la recesión y un mecanismo de desposesión y explotación de clase. Y como ha señalad el Premio Nobel Joseph Stiglitz, incluso es un obstáculo para el mismo proceso de construcción europea.

Examinemos la cuestión por partes. Hace pocos días (17/02/2014) el ministro Luis de Guindos cargó contra la política macroeconómica de la Unión Europea, echando en falta políticas fiscales y monetarias de estímulo (que se han mostrado muy útiles en el Reino Unido y en Estados Unidos), viniendo a confirmar el análisis que hice en el Debate sobre el Euro promovido por Público.es. ¡Y cuán amplio ha sido el eco que estas palabras de Guindos han tenido entre comentaristas como Estefanía, Ekaizer y Ontiveros! Aunque lo chusco ha sido que la crítica la dirigiera un político conservador contra el BCE y a la Comisión Europea, formando parte de esta última… el socialista Joaquín Almunia.

Pero esta crítica no resulta sorprendente. Muchos expertos en el tema previeron años atrás que el Euro sería cuestionado ante el surgimiento de crisis asimétricas, pues en ese caso los Estados no podrían hacer uso de las políticas macroeconómicas para estabilizar la economía -no sólo de la política cambiaria, sino también de la monetaria y fiscal. Lo cual resulta aún más dramático en el escenario de la crisis actual, la más grave que ha sacudido al mundo capitalista desde la Gran Depresión de 1929.

Asimismo, el Euro ha empeorado la recesión actual al impedir una financiación de la deuda pública mediante el recurso al Banco Central, obligando a los Estados a reducir el gasto público con la consecuente presión bajista sobre de la demanda agregada. Por no hablar de los efectos negativos sobre la redistribución de ingresos y la provisión de servicios públicos.

También el Euro se ha convertido en un instrumento confiscatorio del capital financiero sobre el capital público: gracias a la prima de riesgo sobre la deuda estatal, la banca europea se está recapitalizando y saliendo a flote de una situación que ella misma provocó.

Cualquiera que conozca la historia económica sabe que la Unión Monetaria Europea, sin un Tesoro público que lo respalde, es insostenible. Un sistema de tipos de cambio fijos –y el Euro lo es, de manera irrevocable- es imposible de conciliar con el enorme desarrollo desigual de las fuerzas productivas (en especial, la ciencia aplicada y la tecnología) entre los diferentes países capitalistas. El hecho de que un país tan potente como Estados Unidos decidiera abandonar el patrón-oro en 1973, temeroso por entonces del empuje de la industria alemana y japonesa, debería convencernos de ello.

Abandonar la Unión Monetaria Europea sería también la mejor muestra de amor al europeismo, entendido éste como un primer paso hacia un internacionalismo solidario y progresista. Pues como ha señalado un agudo periodista, el lema de la Unión Europea, ‘Unidos en la diversidad’, en realidad esconde este otro más cínico: Desunidos en la adversidad. Sería pues un grave error no atender la advertencia de Federico Engels, de que no hay que confundir ‘la confraternización de las naciones’ con ‘el cosmopolitismo hipócrita y egoísta del libre cambio’.

Frente a los que creemos que lo mejor que podemos hacer es abandonar la Eurozona, están quienes piensan que el reto es luchar por transformar la UME en algo distinto a como ha sido hasta ahora, a través de la unión de las fuerzas de la izquierda europea.

El problema de este último argumento, y que a mí particularmente me deja insatisfecho, es que no aporta ninguna prueba de que existan los medios políticos y jurídicos para cambiar los Tratados que rigen la UME. Es decir:

1. ¿Es la izquierda europea lo suficientemente fuerte para acometer este cambio?
2. ¿Permite la regla de la unanimidad alterar los Tratados sin el consentimiento de alguno de los 18 países que integran la UME?
3. Superados los problemas anteriores, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que se lograra este resultado? Si es mucho tiempo, puede que para entonces no quede tejido productivo en nuestro país que defender. A largo plazo, como dijo Keynes, todos estaremos muertos.

Me gustaría que quienes apuestan por seguir en la UME contestaran a estas últimas preguntas de forma razonada y fundamentada, pues con ello conseguirían sin duda convencerme de sus propuestas. Mientras tanto, invocar el miedo a la salida de la UME no es en sí mismo una propuesta inteligente. Como dijo el presidente Franklin D. Roosevelt: «Lo único que debemos temer es el temor mismo.»

Para mí el mayor problema al que nos enfrentamos en esta cuestión no es el de cómo remontar los inconvenientes de la salida del Euro –que los hay-, sino ese otro más inquietante de si nos dejarán abandonarlo. Como he dicho antes, gracias a la crisis de la deuda el capital financiero europeo ha encontrado un filón de Potosí con el que está salvando los muebles, y muy posiblemente opondrá una resistencia feroz a cualquier propuesta en ese sentido. Ello podría ser la antesala de una intensa lucha de clases, fenómeno que algunos daban por olvidado.

La desafección hacia el proyecto europeo es tangible y cuantificable. Según la agencia estadística de la Comisión Europea (Eurostat), la desconfianza de los ciudadanos hacia la Unión ha pasado del 32% en 2007 al 60% en 2012. Esta tendencia es generalizada y más acentuada en los países y segmentos sociales tradicionalmente más europeístas y, con toda certeza, se manifestará en los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán durante la última semana de mayo.
Esta indiscutible desafección no es producto de la crisis –como tendenciosamente pretende transmitirse- sino de las respuestas políticas adoptadas frente a la crisis, que dinamitaron los principales consensos sobre los que se ha cimentado el proyecto europeo desde sus orígenes. Entre todas ellas, una de las más peligrosas –a mi juicio- es la mal denominada nueva gobernanza económica europea.

Las carencias de la gobernanza económica existente se pusieron en evidencia con el estallido de la crisis y agravaron sus consecuencias. La unión monetaria desprovista de unión bancaria, en el seno de una unión económica limitada a instrumentos de coordinación débiles y con una unión política prácticamente inexistente, era una bomba de relojería que sólo necesitaba una convulsión para cebarse. Por lo tanto, reforzar y ampliar la gobernanza de la unión económica era un objetivo ineludible. Pero la nueva gobernanza no sólo no responde a la mayor parte de las exigencias pendientes sino que crea nuevos e importantes problemas.

La nueva gobernanza reduce considerablemente los márgenes de actuación de los gobiernos, toda vez que numerosas atribuciones tradicionalmente competencia de los Estados miembros se han transferido a instancias superiores. Esta recomposición de poderes no debería plantear recelos especiales si no fuera porque:

• Con escasas excepciones, la nueva gobernanza elude o aplaza la mayor parte de los verdaderos problemas que aquejan a la unión económica y monetaria, concentrándose en una lectura rigorista de la estabilidad presupuestaria y su consecuente política de austeridad. Para el control de los presupuestos nacionales se dota de indicadores precisos y de mecanismos de sanción contra los infractores pero desde un sesgo ideológico innegable: es tan importante el cumplimiento de los objetivos como la manera en la que éste se produce. Es decir, el combate contra el déficit o la deuda se aborda desde la reducción del gasto en políticas públicas redistributivas renunciando al incremento de los ingresos mediante, por ejemplo, la lucha contra el fraude o la elusión fiscal. Además, la nueva gobernanza invade campos en los que carece expresamente de competencias como la fijación de salarios o la negociación colectiva.

• La nueva gobernanza es muy poco europea desde la perspectiva de fortalecimiento del proyecto de integración: Es esencialmente intergubernamental y definida sin rubor por los gobiernos de los países acreedores, básicamente Alemania. Así lo perciben la mayor parte de los ciudadanos europeos –nuevamente citando a Eurostat- y hay razones para ello. Por ejemplo, entre los desequilibrios macroeconómicos se incluye el de las balanzas por cuenta corriente y, curiosamente, se penaliza el déficit si supera el 4% pero el superavit sólo a partir del 6%. En todo caso, lo más sorprendente, es que la pieza clave de la nueva gobernanza europea, el “Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UEM”, no sea más que un tratado internacional toda vez que no ha sido firmado ni por todos los Estados miembros de la UE.
• La nueva gobernanza contribuye a deteriorar la calidad de la democracia y no sólo porque su configuración (Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Pacto por el Euro Plus, Six Pack, Fiscal Compact, Two Pack….) la conforme como un precipitado incomprensible incluso para los moderadamente duchos en asuntos europeos. La nueva gobernanza influye decisivamente en las condiciones de vida y de trabajo de los europeos pero sin que éstos puedan influir en su formulación, seguimiento o control. Las decisiones que anteriormente adoptaban los Estados ahora se toman en Europa lo que en sí no es objetable. El problema reside en que el proceso de adopción de decisiones ha basculado desde instituciones políticas emanadas de la participación ciudadana hacia órganos supuestamente técnicos (Banco Central Europeo, Eurogrupo, Troika, Comisión Europea…) con una legitimidad democrática más que indirecta. Porque, no nos engañemos, el Parlamento Europeo tiene un papel irrelevante en todo este proceso y, por ello, la exigua participación prevista en las próximas elecciones no se explica por falta de europeísmo sino por el sentimiento de que el voto influye muy poco en la adopción de decisiones.

En suma, pese a su influencia determinante sobre la vida de los europeos, la nueva gobernanza no da respuesta a los principales problemas de ordenación de la economía europea. Tampoco es muy europea al primar más la cooperación intergubernamental que la integración de sus socios y, lo más grave, supone un retroceso democrático de ingentes proporciones. No se trata de poner en cuestión la pertinencia de situar cada vez más en el ámbito europeo el centro de adopción de decisiones económicas sino de garantizar que éstas se aprueben, se evalúen y se controlen por representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos.

Es evidente que estamos en un periodo en el que los ciudadanos están especialmente indefensos ante los poderes económicos. Aunque pertenecieran a un “Estado aislado”, sin pertenencia a ninguna organización regional, se encontrarían sometidos a una maraña de intereses que hacen imposible la soberanía en asuntos económicos o financieros. Y es que el capital (mercantil, industrial, financiero) disfruta de una libertad que le permite saltarse fronteras y reglas nacionales y está amparado por una legalidad supranacional construida a partir de acuerdos y convenios interestatales de obligado cumplimiento que privilegian los derechos del inversor sobre los del ciudadano.

Parecía que la Unión Europea era un dique contra esa debilidad pero no es así. La UE fue y es la primera experiencia singular de transferencia voluntaria de poder democrático hacia una estancia superior y una gran esperanza para todas las naciones del mundo que soñaban ejercer un contrapoder político al ejercicio de la ley del más fuerte. Pero hoy se encuentra en un momento en que las iniciativas elitistas y tecnocráticas favorables a los grandes lobbies hacen temer por su desnaturalizacion. Identificar sus pros y contras es esencial para orientar el pensamiento estratégico de las izquierdas periféricas, o mejor, de las izquierdas que aspiran a la centralidad de los países perifericos.

¿Pueden los paises del sur defender hoy sus intereses mejor fuera de la UE que dentro? Necesitamos, sin duda, más de otra Europa y menos de «esta» pero no basta con plantear objetivos ideales para que estos se puedan cumplir. Hay que combatir el idealismo de los que al describir “cómo deberían ser las cosas” nos hacen soñar con que acabaremos en esa dirección. No es así, en absoluto es así. Pero tambien hay que combatir el idealismo de los que creen que hoy la resistencia ante el capital se construye mejor desde la trinchera del estado nacional, que “la libertad” que concede disponer de moneda es hoy determinante.

Por eso, más que comentar la propuesta de ideas que nos ofrece EconoNuestra con la que es muy difícil estar en desacuerdo, me parece más eficaz abordar los temas candentes del momento europeo, aquellos que nos acercan al complejo realismo de la situación..

Europa: la desnaturalización de un proyecto

Mientras en las últimas décadas del siglo pasado la solución europea se presentaba como sólida y la única posible, la crisis actual ha convertido a Europa en un avispero y en el centro del problema. Europa representaba entonces dos cosas: una integración voluntaria hacia espacios soberanos de mayor tamaño y un modelo social basados en sólidos consensos entre el capital y el trabajo. Hoy lleva camino de no representar ninguna de las dos.

Aquel club de países voluntarios que defendía un poder institucionalizado y que caminaba desde el consenso hacia la ponderación de cada país, medido en número de votos, capaz de reconocer los desequilibrios del proceso y ofrecer compensaciones a los más débiles (los fondos de cohesión y territoriales), se desliza peligrosamente al terreno de “lo fáctico”, hacia la construcción de una Europa alemana, que impone sus soluciones unilaterales favorables a los acreedores mientras congela el presupuesto y debilita los esquemas compensatorios. Lo que era transferencia voluntaria de soberanía se parece demasiado a una “imposición externa” que homogeniza soluciones tratando como homogéneos (meros deudores), casos disímiles. Lejos de ser una solución única, atractiva e integradora se parece demasiado a la impuesta bajo el imperio romano, los Austrias o a la unión napoleónica.

La institucionalización del poder, retomar la sendas de los equilibrios, es imprescindible para que la UE nos siga siendo útil como instrumento de progreso social a los paises del sur. Esta legislatura, que determinará los consensos socioeconómicos de las próximas décadas, es probablemente, casi la última oportunidad para modificar la ruta. Y esa oportunidad solo podrá surgir, así lo intuyo, desde una gran conmoción, una gran crisis que obligue a cambiar el rumbo.

Crisis de deuda, crisis de confianza

Probablemente en el centro de esa futura conmocion estará el problema de la deuda.

Empieza a ser innegable que, por encima de las políticas de ajuste, la carga de la deuda público-privada es, en los países del Sur, la pieza que hoy bloquea el arranque de la economía productiva y que su solución (quita mas reestructuración de vencimientos) choca con los (des)equilibrios de poder y la ruptura de consensos en una Europa polarizada entre deudores y acreedores.

Paradojicamente es este es único caso en que la UE se aleja de la logica y los principios mercantiles privados. Si cualquier concurso de acreedores conlleva un pacto deudor-acreedor con aplazamientos y quitas para asegurar la capacidad efectiva de pago del deudor, es porque se reconoce el principio del riesgo compartido omnipresente en toda operación financiera. Y tambien porque es la única solución lógica que permite la supervivencia de unos y otros. Sin embargo, ese principio natural se les niega a los países periféricos: aunque estén al borde de la suspensión de pagos, o de la insolvencia, no pueden aspirar a una quita sobre la deuda. Están condenados a asumir todo el peso de la reestructuración aunque el ajuste social sin límite les instale en una depresión del consumo que lastre el desarrollo de la propia UE.

La lógica actual de ajustes pangermánica traslada los costes de saneamiento, aquellos que pagan el pato por operaciones fracasadas, enteramente sobre la periferia, mientras que habla de compartir y mutualizar los segundos, los que generan nuevas oportunidades rentables. Los alemanes y el centro europeo se niega a que sus bancos sufran por sus ligerezas crediticias, mientras aspiran a aprovecharse de nuevos programas europeos, como el Plan Marshall que proponen los sindicatos alemanes, financiados con fondos compartidos.

Libertad de movimientos: fuente de asimetrías y concentración de riqueza

Con esas reglas no hay juego posible porque consagraría una Europa que lejos de propugnar la convergencia económica y social como objetivo, sería fuente esencial de asimetrías. Y, sin embargo esa es precisamente la tendencia dominante.

«El proyecto europeo está en su mejor momento…desde la perspectiva británica» señalaba recientemente Enrique Guerrero, un eurodiputado del PSOE. Efectivamente: esta UE parece mirarse exclusivamente desde la perspectiva del éxito mercantil, pero incluso desde esa perspectiva la UE es hoy un fracaso como indica su pérdida de peso en todos los ámbitos.

La tesis de fondo que hay que combatir es la que hace descansar el progreso, siguiendo la teoría neoclásica, en las bondades de la libertad de comercio, de capitales o del trabajo. Ni vale para el conjunto de las economías del mundo, ni vale para el interior de la UE. Esa tesis es falsa cuando las libertades de unos pocos se anteponen a los derechos de la mayoría. Por un lado, Europa debe recuperar en la OMC y en todas las instancias el debate del dumping social, el derecho a defenderse y condicionar la libertad de movimientos de capitales y mercancias cuando el competidor no comparte las mismas reglas democráticas y sociales. Sin embargo, lejos de hacerlo, la UE importa ese comportamiento mediante la Directiva de Trabajadores Desplazados que facilita que trabajadores polacos o españoles trabajen en Francia o Suiza con arreglo a convenios de sus paises de origen, haciendo dumping social respecto a las normas vigentes en los paises de destino.

¿Qué indica eso? Que el viraje dado por la UE en la última década no es, como en los 90, desregulador, que ya no representa el triunfo de las libertades económicas sin reglas, sino la imposición de una regulación (bancaria, energía, trabajo…) que favorece al poder financiero y la lógica de las grandes corporaciones. Esa es la esencia de la última experiencia europea y es esa dimensión reguladora la que pone en primer plano la politica en su relacion con la economía. Lo que está ocurriendo es que el entramado institucional europeo, con su sabia combinación entre impulsos reguladores/desreguladores, es extremadamente eficaz al favorecer los desequilibrios deseados.

En un debate público de Economistas Frente a la Crisis, un asistente pregunta a la mesa si estaríamos mejor defendidos del oligopolio energético si las competencias regulatorias estuvieran en la UE. La respuesta de Jorge Fabra fue contundente: hoy el poder del lobby eléctrico es mayor en Bruselas que en Madrid. Lo que está ocurriendo es que los lobbies han tomado las instituciones europeas.

Hablemos no obstante de los efectos de las libertades economicas en el espacio interior. Es obvio que la libertad de movimientos del trabajo es escasa en relacion con la del capital. Pero, con todo, cada 100.000 de nuestros ingenieros, informáticos, economistas… empujados al exilio económico (la “movilidad exterior” de la que tanto se enorgullece la miistra Bañez) significa una transferencia de capital humano valorada en 5.000 millones de euros, un 0,5% del PIB. Eso si solo contamos el coste de su formación en nuestras universidades y con nuestros impuestos (los de los parásitos del sur), porque, si contáramos el coste de oportunidad de no tenerlos aquí (menos ahorro, menos consumo, menos innovación) podríamos duplicar fácilmente esa cifra.

Lejos de recibir compensaciones que beneficien a la periferia por estos nuevos desequilibrios estructurales la lógica actual refuerza los mecanismos de transferencia de riqueza desde la periferia al centro. Esa es la realidad.

¿Quién sacará partido de esa situación cuando nuestros mejores profesionales se han desplazado allí para sobrevivir? Se trata de una salida de la crisis que consagra una Europa real de “dos velocidades”, con una distribución de recursos que favorecerá la recuperación del centro a través de programas financiados con fondos compartidos, mientras la periferia es obligada a asumir íntegramente su “pasado oneroso” sin poder contar con las transferencias de renta que homogenizan los derechos por pertenecer al mismo club.

Cambiar el sentido de esos flujos para que sea el centro el que vuelva a compensar a la periferia requiere una lógica federal en la UE (más presupuesto, más transferencias de renta) que los poderes fácticos centrales retrasan sistematicamente.

Solo el contrapoder judicial frena la insana concentración de poderes ejecutivos y legislativos.

¿Debe la izquierda favorecer entonces el alejamiento o la salida de Europa? No tan rápido. Lo que esta situación señala es la importancia de los retos de esta próxima legislatura, la primera en que el Parlamento se fogueará con nuevas competencias entre ellas decidir el nombramiento del presidente de la Comisión.

Ese detalle es solo un indicio de en qué medida el problema es político y especificamente institucional. De hecho, las carencias democráticas de la UE surgen de la no separación de poderes entre ejecutivo y legislativo: el Consejo, esto es el representante de la Europa de los estados, es el que tiene, de hecho el monopolio de la iniciativa lesgislativa y tambien el que concentra, de hecho, el poder ejecutivo.

Sin embargo, la izquierda suele olvidar en sus análisis la importancia que en los momentos presentes adquiere el poder judicial europeo, como fuente autonoma de poder regulador y de contrapoder. En menos de un año el Tribunal de Luxemburgo ha dictado varias sentencias, todas ellas beneficiosas para los ciudadanos. La más conocida ha concedido una sonora victoria al PAH al dictaminar que la legislación española sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios contraviene lo indicado en las directivas de la UE. Hay otras sentencias que han supuesto avances o impedido retrocesos de derechos: el derecho a disfrutar y no perder las vacaciones cuando éstas coinciden con períodos de baja médica; la obligación de computar las cotizaciones de los contratos a tiempo parcial de forma no discriminatoria; la obligacion a tener presente las cotizaciones de trabajadores inmigrantes realizadas en otro país de la UE.

Son sentencias que muestran la importancia de los tribunales europeos en las resistencias democráticas. Como señalaba J Coscubiela en un artículo «en estos momentos la última línea de resistencia legal para evitar el despido libre sin controles que ha impuesto la reforma laboral del PP, la tenemos en la Directiva de la UE sobre este tema. Y espero que pronto podamos disfrutar de jurisprudencia que, interpretando esta normativa europea, ponga límites al poder absoluto que la reforma labora otorga a los empresarios.»

La izquierda no puede construir sus analisis fijándose en una parte del problema e ignorando el resto. Hay que tener en cuenta que la naturaleza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es distinta a la de un tribunal internacional. Solo afecta a sus miembros, su poder emana de la cesion voluntaria de soberania de los Estados y ello le permite ser el garante de un ordenamiento jurídico propio, la fuente de un derecho compartido por la Unión que se ve asistido por los espacios jurídicos nacionales. Por un lado, acepta recursos tanto de los estados como de particulares, por otro, dicta sentencias que tienen carácter vinculante en los Estados miembros.

Decía antes que esta legislatura es quizás la última oportunidad para modificar la ruta. Así lo creo. Pero en el balance final deberán pesar todos los factores y no solo algunos, por muy importante que sean. El problema compartido con todos los ciudadanos del mundo es cómo organizar las resistencias contra el poder omnimodo del capital.

Ignacio Muro Benayas @imuroben

El término Otra Europa alude a una forma de entender la realidad europea distinta a como la presentan las instituciones de la UE y sugiere también un modo diferente de construir Europa. Esa idea ayuda a definir un escenario para encajar propuestas específicas, aunque a algunos no les parezcan realistas. Después habrá que valorarlas, concretarlas e intentar aplicarlas, si existe un respaldo sólido que motive un cambio radical en la acción política. El reto no es fácil, como tampoco lo es el diseño de escenarios alternativos. Pero se necesitan propuestas tendentes a reducir las desigualdades y evitar que los ciudadanos se alejen aún más de la construcción europea.

En la situación actual, las instituciones comunitarias no proporcionan una base suficiente para avanzar en la integración, porque su apoyo y credibilidad se han reducido, y porque están colaborando en una distribución no equitativa de los costes y beneficios de la integración. Si Europa necesita soluciones estructurales será necesario también un “cambio radical en las instituciones”, o buscar caminos alternativos, o conformarse (quien quiera) con lo que ya hay. Desde esta perspectiva, a continuación se plantean tres aspectos que han de ser abordados de manera prioritaria para avanzar hacia Otra Europa. Son “batallas” interrelacionadas y cruciales para el futuro.

Sin embargo, estas tres propuestas preliminares solo adquieren sentido si el Parlamento Europeo va a disponer de capacidad para transformar la situación de la UE y sus instituciones. En pocos meses sabremos si la nueva Eurocámara ayudará a evitar que los beneficiarios fundamentales de la integración sigan siendo las grandes empresas y el poder financiero. Si los cambios no empiezan a ser visibles en el Parlamento, será difícil avanzar hacia Otra Europa desde los fundamentos que ofrece la actual UE, y habrá que buscar otras vías o dejarse llevar por el lento devenir comunitario.

1) Primera batalla: cambiar el funcionamiento del BCE. Si buscamos Otra Europa, el BCE no puede funcionar con el objetivo explícito de controlar la inflación y con el objetivo implícito de ayudar al sector financiero privado. El Tratado de la UE recuerda que el BCE tiene que contribuir al cumplimiento de los objetivos generales de la UE, entre ellos la mejora de los niveles generales de empleo y bienestar, además de la estabilidad fiscal y financiera de los países. Si es difícil cambiar los estatutos, el Parlamento Europeo tendrá que buscar medios para lograr con urgencia que el BCE modifique sus procedimientos e instrumentos de intervención en los mercados y pueda contribuir a los objetivos de política económica (no solo controlar la inflación y regular la estabilidad del sector financiero, sin reparar en costes ni alternativas). No se trata de cuestionar la “independencia” del BCE ni de quitarle importancia a los objetivos de la política monetaria actual. Tampoco se trata de ignorar el peso de Alemania: el euro nació de un pacto político entre los Estados miembros, con Alemania a la cabeza. Se trata de actuar de otro modo y con objetivos públicos más amplios y equitativos, establecidos y controlados con mayor legitimidad democrática, y orientados a apoyar a los gobiernos para mejorar el bienestar general (y no el de una minoría).

Para ello se requiere un Parlamento con capacidad de participar en la gobernanza económica de la UE. El objetivo no es interferir en decisiones técnicas de carácter monetario, cuando estén justificadas y el BCE responda de ellas ante la Eurocámara. Se trata de que el Parlamento apruebe las prioridades y estrategias para la unión económica y monetaria, incluyendo entre ellas instrumentos comunes para sanear las finanzas públicas (déficits y deuda pública). Una mayor integración tiene sentido si los beneficios se reparten equitativamente, y eso no sucede ahora: lamentablemente, el BCE y el euro no se identifican con la defensa de los intereses de la mayoría.

Involucrar al Parlamento en la unión económica y monetaria no será fácil: los intereses creados son muchos, algunos países se muestran contrarios a cambiar la situación actual, y las instituciones prefieren la continuidad, con pequeños cambios funcionales y estéticos. Pero esa transformación es necesaria porque muchos europeos ven el BCE y el euro como instrumentos al servicio de las desigualdades y de unas instituciones que han contribuido a agravar el endeudamiento público en muchos países, forzando la estabilidad fiscal solo por la vía de la reducción del gasto público (ver epígrafe siguiente). Si el Parlamento aspira a mejorar sus niveles de credibilidad debe encontrar, lo antes posible, fórmulas para que el BCE modifique de facto sus pautas de actuación, mientras se busca el modo de cambiar también sus fundamentos jurídicos. El Parlamento no puede seguir quedando relegado de la definición y gestión de los objetivos y medios de acción tanto del BCE como de la unión económica y monetaria.

2) Segunda batalla: la convergencia fiscal en la UE. Se ha hablado mucho de aproximación, armonización, e incluso convergencia de los sistemas fiscales europeos, pero los avances son mínimos. La exigencia de unanimidad bloquea casi todas las iniciativas. En la UE sigue habiendo paraísos fiscales. Las estructuras impositivas apenas convergen, y si lo hacen es en el aumento de la presión fiscal indirecta. Ni siquiera existe consenso para poner en funcionamiento el Impuesto sobre Transacciones Financieras. Para colmo, la mayor aproximación se ha producido por la vía del gasto público, forzando a los países, especialmente a los más débiles, a recortar gastos en aras de una austeridad mal entendida, que en lugar de corregir los problemas de Europa está agravando y ampliando la crisis. Y también está agravando la situación de endeudamiento de muchos países, lo que obliga a plantear una auditoría sobre la deuda, como paso necesario para no introducir aún más desequilibrios estructurales en la UE. En España la deuda exterior se ha disparado tras las ayudas al sector financiero y la insistencia en corregir el déficit público recortando solo gastos, sin buscar nuevas fuentes de ingresos públicos, basadas en una profunda reforma fiscal que evite el fraude y corrija las inequidades actuales, además de crear empleo, lo que ayudaría a resolver los problemas reales de los ciudadanos. Sin duda, una reforma fiscal distinta a la que promueve el gobierno español.

Es cierto que Europa no puede existir al margen de la globalización, y que la actual fase de globalización financiera se ha consolidado (hasta ahora) sobre la hegemonía del neoliberalismo, lo que conlleva privatizaciones, como si no existieran alternativas, y las encubre de forzadas desregulaciones y falsas liberalizaciones. Aunque esos procesos van acompañados de supuestas mejoras de eficiencia y reducción de costes, solo ayudan a una minoría, a costa de recortar políticas públicas que, paradójicamente, sí han demostrado tener efectos positivos en el bienestar colectivo. Pero no es una paradoja, sino una decisión funcional a un modo de entender las políticas públicas como instrumentos al servicio de la acumulación de capital, en lugar de cómo instrumentos para mejorar los niveles de legitimidad de quienes intervienen en las decisiones políticas, incluidas las de ámbito europeo.

La cuestión, de nuevo, es si el Parlamento Europeo tendrá capacidad de actuar sobre la fiscalidad en Europa, más allá de los compromisos actuales, y más allá del temor de los Estados a perder parcialmente “una parcela más” de su soberanía nacional. La pregunta clave es si el nuevo Parlamento contribuirá a una organización federal de Europa, que se pueda fundamentar sobre la base del federalismo fiscal, lo que permitiría ejercer la soberanía compartida según los principios de subsidiariedad y articulación de acciones comunes, reforzando también los criterios de eficacia, equidad y estabilidad. La mayoría de los gobiernos argumentarán que la fiscalidad es una cuestión nacional y no de la UE, pero si el nuevo Parlamento se deja llevar por los compromisos vigentes será imposible hablar de Otra Europa.

Si el Parlamento Europeo es incapaz de abordar los temas fiscales se habrá perdido una batalla decisiva para su credibilidad y para el futuro. En ese caso, tal vez haya que buscar opciones al margen de la actual UE, porque si no se avanza hacia una fiscalidad común en Europa seguirán aumentando las desigualdades, los recelos entre países, la competencia desleal entre gobiernos y empresas de distintos países, los desequilibrios estructurales, la fractura entre sociedad y gobiernos, incluido el comunitario, y la debilidad financiera de la UE (ver epígrafe siguiente). Al Parlamento le corresponde decidir por dónde empezar y con qué ritmo de cambios, porque la idea de la integración no será creíble mientras haya privilegios fiscales y el grueso de la carga impositiva siga recayendo sobre las rentas del trabajo. El Parlamento no lo tiene fácil en estos temas tan alejados de la mecánica comunitaria, pero si las políticas fiscales solo convergen hacia la reducción del gasto público se perderá algo más que una batalla en el ámbito europeo.

3) Tercera batalla: transformar el Presupuesto europeo. Si se habla del presupuesto de la UE parece que se desea abrir la caja de los truenos. Sabemos lo difícil que resulta lograr compromisos presupuestarios, lidiando con países que quieren contribuir menos, otros que aspiran a recibir más, y muchos que hacen demagogia con los temas de financiación y fiscalidad en la UE. Entre otras razones porque prefieren ignorar los reducidos efectos del presupuesto europeo frente al enorme impacto que genera la creación de un espacio común cada vez más abierto, aunque ese proceso no beneficie por igual a todos los sectores económicos y sociales ni a todos los territorios. Pero ningún presupuesto puede eludir su misión redistributiva, y esa es una de las funciones que ahora apenas cumple el presupuesto de la UE.

Una vez más, conviene precisar los términos del debate y las propuestas. No se trata solo de aumentar el presupuesto común, aunque eso sea necesario, ni de corregir algunos de sus gastos, sino de modificar sustancialmente la forma de elaborar el presupuesto, su mecánica de ingresos y gastos, y su incidencia sobre la economía europea. Si el Parlamento asume como inamovible el actual marco presupuestario plurianual habrá que esperar muchos años para transformar la principal herramienta financiera de la UE. El nuevo Parlamento no puede aceptar que el presupuesto se elabore para un horizonte de siete años y a continuación otros siete más, porque en ese caso serán necesarias varias legislaturas para cambiar lo que ahora existe. Y lo que ahora hay es un compromiso contrario a la idea de una UE próxima a sus ciudadanos. Lo que ahora hay no sirve ni para esta ni para Otra Europa.

Tampoco en este caso la batalla es sencilla, porque están presentes los fantasmas de modificar el derecho primario de la UE y cambiar numerosos procedimientos enraizados en la burocracia institucional, tanto en materia de recursos propios como en la estructura de los gastos. La cuestión es si el presupuesto puede considerarse un tema vital para el futuro de la UE, la supervivencia de sus instituciones y la posibilidad de avanzar hacia de Otra Europa. Pero esta es una pregunta que, a su vez, se puede descomponer en varias: ¿Es creíble para los ciudadanos hablar de favorecer la igualdad de oportunidades, si no hay fondos consistentes que apoyen esos programas? ¿Se puede hablar de movilidad, sin un apoyo real a iniciativas que la hagan posible, como los programas Erasmus? ¿Por qué no reforzar proyectos comunes en I+D+i? ¿Es posible avanzar hacia la construcción de una ciudadanía europea y de una política de inmigración común, si cada país sigue estrategias distintas? ¿Tiene sentido hablar de cohesión, sin apoyarla con proyectos establecidos con criterios comunes y cofinanciados con el apoyo del presupuesto europeo? ¿Cómo mejorar la imagen de una política exterior común basada en ampliar mercados, en lugar de en profundizar la integración europea y colaborar en una gobernanza global más equitativa?

Pueden formularse muchas más cuestiones, pero si se desea avanzar en la construcción europea será necesario más y mejor apoyo presupuestario. Sin embargo, ni el presupuesto se ha diseñado pensando en los ciudadanos ni el Parlamento tiene margen real para intervenir, salvo en los procedimientos establecidos (que parecen decisivos pero dependen en la práctica del criterio de “justo retorno”, de los ajustes y “cheques”, y del limitadísimo alcance de los presupuestos rectificativos). Además, el presupuesto está condicionado por la escasez de recursos, y por techos de gasto y compromisos que solo permiten su revisión en el horizonte de varios años. No se trata de que el Parlamento pida un nuevo presupuesto cada año, pero sería muy mala señal que los nuevos eurodiputados se contentasen con el actual marco presupuestario y se conformaran con la idea de posponer al menos una década cualquier reforma financiera de la UE. Así no se puede construir Otra Europa. Así solo tendrá continuidad la triste e injusta situación actual.

Además de lo señalado en el documento de eN, y de las tres notas anteriores, hay muchos temas decisivos para avanzar en la construcción europea por la senda marcada por la actual UE o por un camino más solidario y democrático que inicie Otra Europa. Seguro que habrá más aportaciones para completar estas líneas: aunque algunos las consideren poco realistas, habrá que debatirlas, valorarlas, evaluarlas y quizá aplicarlas. La pregunta final es si con el nuevo Parlamento se podrá avanzar hacia Otra Europa o si los eurodiputados se perderán en la “lenta capacidad de acción de la UE”, justificándose en que “sus atribuciones son muy limitadas” frente a las demás instituciones y gobiernos.

Entraré en esta primera contribución en un asunto al que se hace referencia en el texto, aunque de una manera periférica. Se afirma que las medidas tomadas por los responsables comunitarios son coyunturales; los autores nos proponen una reflexión de más calado, «estructural».

En mi opinión hay bastante confusión en esa distinción, pues las políticas europeas (y las del gobierno español; no es de recibo cargar toda la responsabilidad sobre la existencia de una restricción externa) son verdaderamente estructurales. Es cierto que estas políticas se defienden invocando la coyuntura -el déficit público o el deterioro en la competitividad, dos de los argumentos estelares-, como si, una vez corregidos los desequilibrios macroeconómicos que las justifican, ya estarían creadas las condiciones para la implementación de otras políticas.

Pero, en realidad, el «núcleo duro» de las políticas aplicadas en estos últimos años han llegado para quedarse. Para mí no hay duda de que, en definitiva, la aplicación de otra orientación (digamos, por simplificar, progresista o que favorezca a una mayoría social) depende de las correlación de fuerzas; y ésta nunca había sido tan favorables a los poderosos.

Si el origen de la crisis -que ponía de manifiesto las debilidades y contradicciones del capitalismo financiero-, parecía que representaba una oportunidad a los críticos de ese sistema capitalista, su gestión ha dado al traste con esa esperanza y nos ha devuelto a una dramática realidad: los mercados han tomado el poder, si es que no lo tenían ya, y han impuesto sus condiciones e intereses. Han aprovechado la crisis para promover una amplia y profunda reestructuración del capitalismo: conversión en mercado de amplias parcelas del sector social público, recomposición de las áreas de negocio en beneficio de las grandes corporaciones, financieras y no financieras, profunda alteración de los equilibrios de poder en provecho de las oligarquías económicas y políticas, masiva confiscación de renta y riqueza entre la población para hacer frente a los costes de la crisis y permitir el enriquecimiento de unos pocos y profunda deriva antidemocrática. En esto ha quedado el denominado proyecto europeo. En esta dirección avanzan el capitalismo postcrisis y la nueva Europa. ¿Coyuntura? No, en absoluto.