Yo me imagino que en la próxima edición de “¿Quién quiere ser millonario?” la última pregunta será: ¿Usted se siente más catalán o más español? Manrique titulaba su artículo “respuestas de un demócrata español…” y otros muchos ponentes han hecho referencia a expresiones del tipo “yo como catalán creo…yo soy español, pero…”.
El problema de las identidades nacionales es que difícilmente puede uno escapar de ellas. La clase políticamente dominante en Cataluña y en España han predefinido los términos y el imaginario colectivo a partir del cual todos los demás vamos a entablar el debate.
No nos extrañe pues que después de dos décadas de “pujolismo” y la intensificación del conflicto nacional en los últimos años haya cambiado el concepto de “catalanidad” incluso en Cataluña. La lucha de los barrios obreros contra el franquismo y los diferentes cantautores protesta dieron un cierto aire “progre” al catalanismo.
Hoy ya no. Y ese es un problema troncal. El liderazgo de CIU y la sumisión de ERC están haciendo entrar el discurso catalanista en una situación de enroque: en una afirmación identitaria estrictamente en la cuestión nacional.
Eso le va muy bien al “establishment” catalán (ahora se lleva más llamarlos casta) porque permite la creación de un estado dotado de un contenido nacional trascendente: 1714-2014 ¡La historia de un pueblo! (y a partir de aquí se construye el relato de siempre: que si el timbaler del Bruc, que si Jaume I, que si Macià, Comapanys, Pujol… obviamente excluyendo del relato otras cosas más espinosas como el pistolerismo de la burguesía catalana, la huelga de la Canadenca, las reiteradas traiciones de la burguesía catalana a su propio pueblo, la convivencia con el franquismo, la convivencia con el PP, etc.).
Este es hoy un problema importante. De un bando (CIU, ERC, etc.) y del otro (PP. C’s) intentan capitalizar electoralmente las contradicciones que surgen de esa disputa de identidades. “Quieren romper a las familias” dicen algunos que saben que la gente que no es nacida en Catalunya (o que sí lo es pero tiene familiares en el resto del Estado) es probable que les cause un sentimiento de rechazo algunos de los comentarios surgidos del catalanismo. El famoso mejor unidos, España antes rota que roja, etc. marcan un terreno propicio para plantear el conflicto político en términos de identidad.
La crítica no puede surgir como reafirmación de la propia identidad, sino como rechazo a toda opresión.
¿No hay una flagrante contradicción democrática en la constitución de 1978? ¿En su forma de Estado?, ¿en su ideal de España única e indivisible? ¿En el mero hecho de aceptar la bandera nacional? ¿En el hecho de poner constantemente en duda la legitimidad de la educación en una lengua que no sea la lengua patria?
Ahí es donde reside el potencial democrático de los diferentes procesos constituyentes que se están gestando. Y residen ahí porque la crisis de régimen es también

Estimado Sr.:

Le invito encarecidamente a que repase aportaciones mías al debate –que son varias y que creo no se ha tomado la molestia de leer- para poder entender el sentido de mis palabras.

Por lo demás, si Ud. cree que las personas de izquierda no debemos dejarnos distraer « por eso de la ‘democracia’», entonces es que no tenemos nada en común, y sobre esta base no hay diálogo y debate posible.

Reciba un cordial saludo mío.

La frase en la que yo interpreté que usted se definía abiertamente como no demócrata es esta: «cabe recordar que los más eminentes clásicos griegos ya previeron el fracaso de la democracia de los hombres libres, que, por cierto, era más restrictiva en el voto que la que actualmente nos rige». Faltaría que nos aclarase si considera a esos ilustres pensadores del pasado como un oráculo infalible, si defiende una restricción del derecho al voto y con qué criterio, o en términos más generales si preconiza una forma de gobierno superior a la democracia y cuál es.

Cuando dice usted que la industria catalana es «patrimonio de todos los españoles», ¿está proponiendo colectivizarla? Porque que yo sepa en realidad es solo patrimonio de sus accionistas, sea cual sea la nacionalidad de estos. Y también que yo sepa, en «el paso natural del resto de España hacia Europa» ya hay actualmente una frontera, desde el Cantábrico al Meditarráneo.

Por último, a la hora de determinar si una colectividad es o no un «pueblo» o «nación», ¿qué considera usted más determinante que la propia voluntad presente de sus miembros? ¿Las doctrinas que para usted son «tesis establecida»? Es decir, ¿su opinión de usted?

Sr. Burgallo, aunque obviamente no soy aludido, al leer su comentario no he podido por menos que intervenir para hacerle entender cuál es la razón por la que muchos nos oponemos “al derecho a decidir” de los catalanistas. Para empezar le diré que es completamente arbitrario distinguir “pueblos” en esta Piel de Toro, en la que no cabe apreciar etnias cuando vas por la calle, tanto menos cuanto que las gentes llevan siglos migrando de unas regiones a otras, de modo que en Cataluña la mayor parte de la gente es de otras regiones de España. Pero, si, tergiversando la historia, se ha convencido a mucha gente de la existencia de tales “pueblos”, se pregunta Vd. si se les puede imponer una convivencia cuando quieren ser independientes. A lo que le respondo que los catalanistas pueden considerarse “no españoles” o incluso marcianos, si así lo sienten, pero que ello no les da derecho a apropiarse de una industria nacional que se ha ido acumulado en esa región con el esfuerzo de todas las demás, ni les da derecho a poner una frontera que a los demás españoles, (incluidos los valencianos) nos corta el paso natural hacia Europa.
Hablando de las razones de fondo de los catalanistas , me sorprende que teóricos de izquierda que siempre han sabido captar el fondo económico de todos los conflictos, ahora se dejen distraer por eso de la “democracia” y el supuesto derecho de los “pueblos” a separarse de su nación histórica. ¿Por qué cree Vd. que los “vascos” y “catalanes” del otro lado de los Pirineos, que esos sí han podido mantener la supuesta “pureza étnica”, no piden la independencia?.

Si, Vd. considera que está lejos de la democracia quien se opone a que los independentistas «decidan» apropiarse de una industria que considera patrimonio de todos los españoles y «decidan» situar una frontera en el paso natural del resto de España hacia Europa, pues ¿qué le voy a decir? las consideraciones subjetivas son libres, pero la lógica no se ve por ninguna parte, a no ser que ser demócrata implique dejarse expoliar y marginar.

Referente al papel que juega la religión en la definición cultural histórica de un pueblo, le diré que es tesis establecida en antropología cultural, y que esa diferencia de tradición religiosa sigue siendo sello de identidad política para muchas naciones actuales. Pero, si Vd. considera que los catalanistas se consideran «pueblo» o «nación» desde que lo han decidido democráticamente en las últimas elecciones, pues me parece que es Vd. el que no entiende el sentir de los catalanistas.

Aunque las dos intervenciones del día de hoy sobre el Derecho a Decidir, y expuestas por A. Klappenbach y L. Falcón, son de jaez muy distintos (uno es matizado y tolerante, y el otro no), les voy a contestar por igual.

Por muchas vueltas que le demos a la cuestión, siempre se llegará, inevitablemente, al mismo punto: ¿se puede imponer la convivencia a un pueblo si éste desea vivir de forma independiente? Es cierto que este es un problema que no involucra en sí mismo una problemática de clase; pero pensar que a la izquierda sólo deben preocuparle los problemas económicos es, en mi opinión, un craso error. Y nadie mejor que Lidia Falcón debería saberlo, ella que ha acumulado muchos méritos en su lucha feminista por el reconocimiento del derecho al divorcio.

Además, invocar al marxismo contra el derecho a decidir de los pueblos es una interpretación espuria del mismo, como sabe toda persona medianamente informada al respecto.

Entiendo que usted se declaraba no demócrata en el último párrafo de su primera intervención en esta ponencia. Disculpe si le malinterpreté.

«Que todo adversario del derecho a decidir es no demócrata» yo no lo he dicho. Hablaba de «otros» adversarios, no de todos. Lo que sí sostengo es que un adversario del derecho a decidir que se crea sinceramente demócrata está muy lejos de comprender realmente qué significa «democracia».

Si usted no es demócrata, es comprensible que para usted la «trayectoria histórica que sirve para dibujar la identidad cultural histórica de una población» cuente más que su voluntad presente. De lo contrario es que no ha entendido nada.

Me refiero, evidentemente, a la desafección de una mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya hacia el actual ordenamiento constitucional votado hace casi 4 décadas y sólo por quienes hoy tienen más de 57 años. ¿Existe esa desafección?. ¿Es un fenómeno pasajero?. ¿Tiene solución con el mantenimiento del actual status-quo?. Calibrar y valorar bien las respuestas a estos interrogantes es imprescindible si realmente se quiere dar una salida positiva al actual conflicto de relaciones entre Catalunya y el estado.Hay desafección, no es un fenómeno pasajero y apelar a la legalidad vigente no es la solución. Ignorar la ruptura emocional de una mayoría de los catalanes hacia España es un grave error. Para muchos catalanes España no es su nación, su nación es Catalunya. Así las cosas, a lo máximo que se puede aspirar es a compartir un estado común si se pactan las condiciones de un real acomodo de Catalunya en España.

Con el debate y votación, el pasado 8 de abril, en el Congreso se formalizo el anunciado rechazo a la petición del Parlament de poder realizar una consulta sobre el futuro de Catalunya. Con distintos argumentos PP y PSOE han coincidido en la misma votación. El único partido de ámbito estatal que ha dado su apoyo al derecho a decidir ha sido IU. Se podría afirmar que democráticamente el Congreso negaba la posibilidad de pactar la celebración de una consulta legal que el mismo Tribunal Constitucional reconocía como posible. Algunos pueden pensar que asunto votado, problema zanjado. Pues no. El problema sigue estando ahí y se va agravando. No es difícil de entender que para los sectores soberanistas la votación del Congreso se vivió como una imposición de una mayoría parlamentaria española frente a los acuerdos de otra mayoría en el Parlament de Catalunya. Estos son les efectos de la desafección, no sentirse comprometidos en un proyecto común de Estado reglado por el manto de una Constitución. El alejamiento es de tal calibre que ni la invocación a la legalidad vigente ni la apelación a la legitimidad democrática de las decisiones del Congreso, sirven para resolver el conflicto de relaciones presente. ¿Es sostenible en el tiempo la actual situación? No, urge una solución.

¿Por qué no se autoriza una consulta legal y democrática? Porque no quiere conocerse la respuesta, que no sería otra que de rechazo a la actual situación del autogobierno de Catalunya y seguramente de una mayoría que apuesta por la independencia. ¿La actual Constitución es un escudo real para negar esta petición? No, es un escudo formal. El artículo 2 que proclama la unidad e indivisibilidad de la patria fue una exigencia en el 78 y hoy es más que nada un deseo constitucional. En el estado más plural de Europa, como muy bien recordó, en el debate en el congreso, Joan Herrera, la unidad se forja y se gana periódicamente. ¿Hay alguna constitución que contemple la separación de una de sus partes? Si, los Tratados de la Unión Europea. ¿Puede alguien imaginarse España sin Catalunya? Seguro que muchos ciudadanos y ciudadanas del resto del Estado, no, pero les garantizo que una inmensa mayoría de catalanes y catalanas tampoco se imagina, ni quiere, seguir igual.

Como federalista creo que la solución es federal y que aún estamos a tiempo. ¿Federalista? Sí. Parafraseando a Indalecio Prieto cuando afirmaba que era socialista a fuer de liberal, soy federalista a fuer de izquierdista. Cuando uno pretende aportar su granito de arena a la transformación de la sociedad, opino que no puede desentenderse de nada ni de nadie. La transformación social de Catalunya, la superación del actual sistema de injusticia e inequidad es una batalla imposible de ganar sin darla al igual en España y en Europa. Y en una realidad globalizada, como la actual, también en el escenario internacional. Por otra parte, opino que en una realidad determinada por la globalización, los necesarios procesos de agregación, que solo pueden ser viables desde una lógica federalista, forman parte del conflicto histórico. Los de segregación son conflictos corporativos.

Una solución federalista exige tener contrapartes en el Estado. Hay que abrir un debate con quienes se reclaman parte del federalismo en España para decirles que una solución federalista solo será aceptada en Catalunya si incorpora el derecho a decidir. Dicho de otra manera, la relación está tan deteriorada que para poder convencer de la posibilidad de seguir juntos, aunque solo sea funcionalmente y con pocos sentimientos por el medio, esto solo es posible si se reconoce el derecho al divorcio territorial. La relación solo se podrá reconstruir, y no será fácil, desde el reconocimiento a este derecho de separación. E insistiendo en los símiles familiares, una gran mayoría de la sociedad catalana, hoy, ya no acepta la patria potestad del Estado. O bien optan por emanciparse (la independencia) o por restablecer una relación de pareja, o sea bilateral, que solo será posible reformando la Constitución.

Dialogar y consensuar una agenda común, no solo para abordar el mal llamado problema catalán, sino para abordar el fin del régimen que nace con la Transición democrática, el impasse europeo y la apuesta por una salida alternativa a la crisis. El conflicto de relaciones, seguro que tiene raíces históricas, pero es indudable que se ha exacerbado con la crisis de legitimidad y la degradación de nuestro sistema democrático. Se ha radicalizado por los efectos de la crisis y las políticas de austeridad y su acompañamiento autoritario. Es pues necesario definir una agenda común que nos permita impulsar no una segunda transición sino una primera ruptura democrática con el viejo régimen, que nace con la Constitución del 1978.

Agradecido por su felicitación, pero me pregunto en que universidad ha estudiado Vd. esa lógica que le permite concluir que todo adversario del derecho a decidir es no demócrata, sobre todo cuando lo que mi argumentación central dice es que a lo que se oponen dichos adversarios ( y yo con ellos) es a que los independentistas «decidan quedarse con una propiedad industrial que consideran parte del bien común de toda la nación española». En cuanto a que «me recuerda» que la identidad de religión es cosa del pasado, le diré que mi argumento así la presenta, como trayectoria histórica que sirve para dibujar la identidad cultural histórica de una población.

Le agradezco su sinceridad al declararse abiertamente como no demócrata, a diferencia de otros adversarios más hipócritas del derecho a decidir. Permítame recordarle que la «identidad de religión» es cosa del pasado aunque les pese a los nostálgicos de los genocidas del «tanto monta» y del fascista bajo palio, y felicitarle a usted y a los estudiantes universitarios por su jubilación.

Las diferentes reacciones al debate parlamentario sobre la “consulta catalana” han sido tan previsibles como se esperaba. Nada nuevo. Incluso la lectura interesada y exagerada de algunos medios de comunicación que, lejos de escuchar los argumentos, interpretan unilateralmente el sentido y la intención del voto de unos y otros. Entre ellos, el mío. Compromís votamos sí a la propuesta presentada por el Parlament de Catalunya para que se permita legalmente una consulta ciudadana. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Quién teme a la democracia?
Desde algunos sectores se intenta derivar el debate hacia una vertiente legal. Es, obviamente, una excusa. Y muy mala, por cierto. Las leyes, por suerte, evolucionan. Y lo que hoy no es legal, mañana puede serlo. Que le pregunten, si no, a Montoro y a los defraudadores amnistiados. Tan peregrino argumento, el que la consulta ciudadana no puede realizarse porque no tiene cabida legal en el ordenamiento jurídico, es de un inmovilismo aterrador. Y tan poco consistente como hipócrita. Porque esos diputados y esas diputadas (recordemos: el poder legislativo) que lo defienden, tienen como misión aprobar, modificar o suprimir leyes. ¿O no consiste en eso su trabajo? Desde esa perspectiva, por poner un ejemplo, las mujeres no podrían votar, ya que, en su momento, no era “legal”. De hecho, no hubiera habido ningún avance social en siglos. No, no es una cuestión de legalidad: si las leyes no permiten algo sensato, justo, hay que cambiarlas.
Sorprende también la recurrente llamada al respeto a la Constitución. Esa que recoge principios tan mancillados como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, a un sistema fiscal progresivo y justo o a la revalorización de las pensiones y que fue modificada por los dos partidos mayoritarios de la noche a la mañana para dar cobertura a las exigencias de la troika y a los intereses financieros. La misma que consagra que la soberanía reside en el pueblo. ¿De verdad reside en el pueblo? Porque de eso se trata, de democracia, de darle la voz al pueblo y, por supuesto, de escucharlo. De saber cual es la voluntad de la mayoría de la ciudadanía y de actuar en consecuencia, evitando que se imponga lo que creen unos pocos. Es cierto que esos pocos, la mayoría parlamentaria española PP-PSOE, están legitimados por las urnas, como también se viene repitiendo hasta la saciedad, como un “no hay más que hablar”. Pero supongo que igual de legitimada que la mayoría parlamentaria catalana que cree que hay mucho que hablar y que está convencida y dispuesta a escuchar a la ciudadanía.
El derecho a decidir no es nuevo. El propio estado español, como miembro de las Naciones Unidas, firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece, en su artículo 1, que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”. Y es aquí donde nos encontramos con el problema real: el reconocimiento de Catalunya como pueblo, como nación, que el estado español le niega desde hace tres siglos. De igual manera que nos lo niega a nosotros, el pueblo valenciano. Una realidad que, desde Compromís, estamos decididos a seguir combatiendo, de la misma manera que estaremos siempre al lado de cualquier propuesta que plantee darle la voz al pueblo, individual o colectivamente. Porque, en definitiva, y copiando el título de un artículo que parafraseava a un presidente de los Estados Unidos, “es la democracia, estúpidos”.

[…] Soy de las que comparte la idea de que los medios de comunicación públicos no están siendo aquí instrumento de democracia de calidad. No están atendiendo suficientemente las necesidades democráticas, ni haciendo efectivos satisfactoriamente los principios y valores que deberían respetarse en una controversia de tanta complejidad.  […]

Hemos asistido al debate parlamentario sobre el referendum» catalán, y lo que hemos podido ver, al menos es mi impresión, que los políticos separatistas les tienen comida la moral a los constitucionalistas. ¿Será que los argumentos de los separatistas son tan fuertes, o será que los separatistas son temibles por el poder político adquirido?

Primero: Argumentos de los independentistas:
1. España es un estado plurinacional.
El argumento pretende que España es un caso aparte en el conjunto de las naciones europeas, cuando lo cierto es que todas ellas se han ido formando por integración de territorios y reinos anteriores. Pero, es que en el caso español, ocurre que las regiones separatistas ni siquiera coinciden con ninguno de tales reinos previos. Desde la época romana, los habitantes de Cataluña vienen formando una unidad política y cultural con los habitantes del resto de España, tal como se manifiesta en el carácter romance de sus lenguas, la identidad de religión, etc.
2. Origen del separatismo.
Un dato empírico a resaltar es que en toda partes del mundo ocurre que las regiones separatistas coinciden con regiones que han acumulado más riquezas que el resto, sea riqueza natural o sea riqueza industrial. Que este sea el caso de los separatismos españoles puede percibirse en el hecho de que «vascos» y «catalanes» del otro lado de los Pirineos no vienen pidiendo independencia ( -como me decía un profesor francés- allá por los años 70- no sea que se la concedan).
Pero, como es sabido, la industrialización de las naciones modernas siempre se hace de modo que se polarice en determinadas regiones, a costa de otras. Lo que, siguiendo un criterio aristotélico, no cabe admitir es que esa riqueza industrial sea de catalanes y vascos, porque forma parte del «bien común» de todos los españoles.
3. El paso de la autonomía a la independencia.
Mientras España estuvo fuera de la UE, los separatistas sólo hablaban de autonomía, porque España erar para ellos como un coto privado en el que vender sus productos, pero cuando hemos entrado en la EU y se han suprimido las barreras arancelarias, entonces han pasado a reivindicar la independencia, sea «de buen rollo» ( hace falta tener cara), o sea esgrimiendo los derechos del «pueblo catalán», como si los habitantes de Cataluña fueran los tártaros de Crimea, siendo así que son mayormente del resto de España.

Segundo: El poder de los partidos nacionalistas periféricos.
Me parece claro que con esos argumentos no se pueden poner a nadie contra las cuerdas. Por tanto, el acogotamiento que han mostrado los constitucionalistas sólo puede deberse al miedo al poder que los separatistas adquieren en la constitución del 78, que en caso de que no haya mayorías absolutas les convierte en árbitros de la política. Por tanto, reforma de la constitución del 78 ya, pero para relegar a los independentistas, en tanto que defensores de su región, a la cámara de representación territorial que debe ser el senado.

[…] d'abril 2014 La professora de Ciència Política de la UAB Ana Sanz demana a “Abans de decidir s’ha de debatre” (“Público”, 9 d’abril) que el debat sobre la independència de Catalunya […]

Sr. Mario Ortega:
En efecto, quien más motivos tiene para quejarse del régimen transicional postfranquista es Andalucia, junto con Extremadura, «Castilla-La Mancha» (nombre inventado a la hora del «café para todos», y no fue el único) así como, en general, las zonas más pauperizadas del reino borbónico español. Sin embargo, no son pocos los ciudadanos de estos lugares que se dejan embaucar por el «populismo» anticatalanista y antivasco cuando en realidad la principal causa de su «asfixia» se ubica en el «centro», o sea, Madrid. Los mismos que colaron la reforma del artículo 135 de la Constitución transitoria del 78, no sin cierta alevosía, han escenificado una especie de «Santiago y cierra España» con similares mayorías parlamentarias.
Añado a su escrito que, además, del modelo federal se encuentra el modelo confederal (Confederación Helvética, por ejemplo) que es más descentralizado y más democrático aún, pues contempla plenamente el que se ha dado en denominar «derecho a decidir», sin restricciones.
Asimismo, y sin ir más lejos, en nuestra «patria» (¿cuál de ellas? podría uno preguntarse) disponemos de un intelectual de la talla de Francisco Pi i Margall para ilustrarnos al respecto, a quien pocos se atreven a mencionar como si fuera una especie de tabú.

Vicenç Navarro arranca este debate presentando la transición española como un proceso “inmodélico” y me pregunto si cabe la posibilidad, ni siquiera teórica, de que exista un proceso político “modélico”. Y al mezclar Navarro la transición española con el debate sobre la posible secesión de Catalunya y el derecho a decidir no vale sino plantearse también si este proceso político está siendo o no modélico.
Comparto las ideas relativas a la crisis de régimen y el plantear los marcos del problema más allá de las fronteras españolas. Y no puedo sino compartir una mirada generacional. La Constitución de 1978 se puede reformar de cabo a rabo siguiendo, eso sí, el procedimiento que ella misma indica para cada caso. Porque de eso se trata en democracia, ¿no?, que la legalidad no sea algo de lo que uno dispone a su gusto. Y razones para la reforma constitucional las hay, empezando por la revisión de la forma monárquica y el “acomodo” conseguido por la Iglesia católica.
En Cataluña, el gobierno de CiU -en uso de sus competencias- avanza firme en el debilitamiento del estado de bienestar, con el respaldo de una ERC derechizada y que apoya la acción política al frente de la Generalitat casi sin fisuras. La población catalana comparte con la española una gran desafección política, pero ello no impide que, parte muy importante de ella, se sienta y muestre muy ilusionada con la aspiración de un estado independiente. A partir de un discurso vacío de contenido social, cree que mediante la política puede conseguir ese objetivo casi “mágico”. Y no parece tener intención de pasar factura a quienes, avanzando en el llamado proceso de transición nacional y obsesionados por ir conformando las estructuras de estado, también avanzan en esos otros procesos de transición que van minando, por ejemplo, la educación y la sanidad públicas catalanas. Una vez conseguido el nuevo estado, ya hablaremos del resto, sostienen.
¿Queremos que Cataluña se separe de España y se convierta en un nuevo estado? Pues está claro que una parte de los catalanes quiere emprender ese rumbo. Pero eso, ¿eso se puede decidir democráticamente con prisas y de cualquier manera? Pues no. Y esto es lo que realmente me preocupa de este proceso, ese punto que ya lo muestra claramente inmodélico: la ausencia de un debate público de calidad en relación a esa cuestión que algunos quieren decidir con tanta urgencia.
En una democracia tenemos que poder encontrar dos dimensiones: participación y debate público. La democracia nos interpela a todos, tiene que hacerse pensando y con la participación de todos. Y tenemos que poder debatir públicamente sobre los temas importantes y a los que damos relevancia colectiva. Y todo ello en condiciones mínimas de igualdad. Me preocupa que aquellos que imponen premuras sobre la consulta no nos den ninguna pista sobre cómo se tiene que organizar el debate público previo a la decisión colectiva. Porque habrá que hacerlo, ¿no? Este aspecto es más importante si cabe en una sociedad poco acostumbrada a que se la pregunte sobre temas concretos, y con un marco legal insuficiente desde algunos puntos de vista. Además, como los que piden “la” consulta defienden en su gran mayoría esa y solo esa consulta, y mayormente también sólo contemplan un escenario en que el resultado final sea aquel que ellos desean, pues todo se lía aún más.
A medida que avanza el conflicto, la cuestión de la independencia de Cataluña copa los medios, especialmente aquellos que tienen una línea editorial e informativa más marcada al respecto. Soy de las que comparte la idea de que los medios de comunicación públicos no están siendo aquí instrumento de democracia de calidad. No están atendiendo suficientemente las necesidades democráticas, ni haciendo efectivos satisfactoriamente los principios y valores que deberían respetarse en una controversia de tanta complejidad.
Y ese debate democráticamente imprescindible debería empezar en Cataluña, pues somos nosotros los que estamos llamados a decidir, según los partidarios de la consulta. Y no es que niegue al Parlament el carácter de ágora legítima, no, pero, nos guste o no, hoy en día los medios son los intermediarios de lujo en el proceso político, los que conforman principalmente nuestro espacio público de deliberación. Por ello considero que es urgente que el tema de la independencia se empiece a singularizar y que, cuando se hable de ella, se vele escrupulosamente por hacer efectivos los principios de información veraz y neutral, y de pluralismo político y social. Como mínimo, los medios públicos debieran ser el lugar donde los distintos posicionamientos se visualicen y, desde el respeto y el reconocimiento mutuo, se puedan encontrar y conversar públicamente. Ejemplo de lo contrario son esas tertulias en medios públicos, conformadas con vaya usted a saber qué criterios de pluralismo, y en las que mañana, tarde y noche se empieza hablando de cualquier tema de actualidad y, no se sabe cómo, se acaba siempre hablando de la cuestión de la independencia.
Para decidir necesitamos antes debates serios, rigurosos y, sobre todo, responsables.

No sé qué suerte de espejismo ha fraguado qué casta dirigente desde va para un siglo que reclama con las cuentas de vidrio solariegas, a sus siervos, su terruño y sus ganados por el mero egoísmo de disponer de un coto reducido, pero privado, sobre el que ejercer su tiranía basada en ¿la tradición?, ¿el tipismo?
El hambre, la injusticia y la pobreza no suenan bien ni mejor en ningún idioma ni acento. La opresión y el dominio no son más dulces por imponerse en la lengua ancestral. La ley injusta, la desigualdad no es más deseable por sufrirla del poder cercano de un paisano que te desprecia en la lengua local.
El pueblo trabajador es más fuerte cuantos más seamos. Pienso en el continente europeo. Si no entendemos esto deberemos volverlo a considerar hasta tenerlo claro. Puede que los agitadores de pendones y banderas hablen la misma lengua de nuestros ancestros pero eso no los hace ser como tú y como yo que aspiramos a ganarnos la vida con nuestro trabajo sin pisar el cuello a propios o ajenos. Llámense castellanos, gallegos, extremeños, vascos, catalanes, andaluces o el nombre que según Américo Castro dijo, nos dieron allende nuestras fronteras para identificarnos a todos: españoles.

¿Conocen algo más chocante que un andaluz haciendo de andaluz, o siendo más andaluz que otro andaluz? O castellano, o vascuence… Podemos imitarnos, exagerar acentos, reírnos de nosotros mismos, de cómo decimos que somos. Sabiendo que, uno a uno, así no somos, que así no es nadie, salvo en el sainete o en la broma que queremos representar.
¿Se pondrán de acuerdo delincuentes de diversos pueblos y orígenes para dar un golpe o necesitarán ser comarcanos? Y los ateos de una región tendrán más en común con los ateos del resto de pueblos o paradójicamente con los creyentes de las diversas deidades de su geografía local. ¿Querrá la gente decente, honrada y trabajadora tener más cerca a sus semejantes sean de donde sean, hayan nacido donde hayan nacido o a lo mejor sorprendentemente desean la vecindad de paisanos aunque éstos sean gente sin escrúpulos, incultos, delincuentes y violentos?

[…] Ortega / Mi aportación al debate sobre el derecho a decidir en Cataluña abierto por Vicenç Navarro en Diario […]

Esta tarde se debate en el Congreso sobre el derecho a decidir en Cataluña. El grupo constitucionalista cerrará filas, las mismas filas que cerró con la reforma del artículo 135 de la CE.

El grupo constitucionalista prefiere que la soberanía resida en el gobierno de Gran Coalición de Merkel (como si aquí gobernaran juntos populares y Socialistas). El grupo constitucionalista español, que no tiene empacho en ponerse de acuerdo en reformar la constitución para garantizar el pago de miles de millones ilegítimos a la banca acreedora, le parece patriótico que la soberanía española resida en la Troika o en el Bundestag alemán.

Yo no estoy con Mas ni con Esquerra, no es eso, pero es evidente que Cataluña existe como Pueblo, esto es, como comunidad con identidad política propia, es lo que se viene llamando nación. Y los pueblos deben poder decidir en libertad, con debates democráticos amplios y plurales, lo que desean. Es tan sencillo como eso.

Andalucía, sin idioma propio, también tiene una fuerte identidad política. Es tan fuerte que no requiere ni lengua propia. Es una identidad mestiza y trascendente, otra gramática.

En Andalucía tampoco podemos decidir, en el actual marco constitucional, sobre derechos laborales, política agraria y pesquera, educación, derecho a la vivienda, sanidad, política energética, empleo público, mercado interior, estructura, poder y competencias municipales, políticas de comunicaciones y movilidad, déficit, y un largo etc,. Se manifiesta a diario porque cuando nuestro gobierno decide, con cualquier atisbo de legislación progresista o de izquierdas, e incluso aberrante, para un ecologista como yo que está en contra de la minería y de la reapertura de Aznalcóllar, es inmediatamente amenazado o recurrido ante el TC por el centralismo del PP. y surge una campaña feroz de la carcundia mediática.

Cuando el gobierno andaluz dice, “nos asfixian” es literal, “nos asfixian”, y quieren mantener una estructura económico política que perpetúe el proceso histórico que decidió situar a Andalucía como el territorio desigual.

Por eso no entiendo la escasísima beligerancia de los movimientos políticos, sociales, ecologistas y sindicales andaluces demandando nuestro derecho a decidir, si no así, a lo grande, al menos en las cuestiones concretas (derechos laborales, política energética, educación…). Hay excepciones.

Yo no me sentiré un ápice español, mientras no pueda decir que soy Andaluz y ciudadano de la República Federal de España (Y si Portugal quiere, pues República Ibérica”). Juntos sí, pero queriendo, y en justicia equidad y solidaridad.

Las co­sas no pue­den se­guir igual en­tre Ca­ta­lun­ya y Es­pa­ña: es­ta es la con­clu­sión más re­pe­ti­da hoy en cual­quier con­ver­sa­ción so­bre la ac­tua­li­dad en nuestro pais. Las ma­ni­fes­ta­cio­nes del 11 de sep­tiem­bre del 2010 en res­pues­ta a la sen­ten­cia del TC, del 2012 por el de­re­cho a de­ci­dir, y la ca­de­na humana del 2013 por la in­de­pen­den­cia son más que elo­cuen­tes. Expresan cla­rí­si­ma­men­te unos mismos sen­ti­mien­tos de dig­ni­dad he­ri­da, aunqué adornados de las más va­ria­dos anhelos de cam­bio. Los dic­tá­me­nes de se­rios con­se­jos con­sul­ti­vos, las po­si­cio­nes po­lí­ti­cas de lí­de­res po­lí­ti­cos, las edi­to­ria­les de los periódicos nos ilus­tran a diario so­bre las múl­ti­ples fa­ce­tas del pro­ble­ma. To­dos creen te­ner ra­zón, y más aún, es­tán con­ven­ci­dí­si­mos de con­se­guir plenamente lo que postulan, simplemente porqué lo desean fervientemente.Ante tanto fervor, me permito avan­zar al­gu­nas con­si­de­ra­cio­nes des­de una po­si­ción lai­ca, ale­ja­da de cual­quier fun­da­men­ta­lis­mo, y des­de mi ex­pe­rien­cia en la pon­de­ra­ción del pe­so re­la­ti­vo de los valores morales y sentimentales en li­ti­gio (ca­ta­la­nis­mo y es­pa­ño­lis­mo). En mi opi­nión, los ar­gu­men­tos apor­ta­dos hasta ahora se pue­den agru­par en dos pa­ra­dig­mas.
En pri­mer lu­gar es­tán to­dos los que quie­ren rein­ter­pre­tar, to­do el caudal de le­ga­li­dad, creada, acu­mu­la­da y vi­gen­te en Ca­ta­lun­ya, Es­pa­ña, la UE y en el De­re­cho In­ter­na­cio­nal. En efec­to, des­de una le­gi­ti­mi­dad in­dis­cu­ti­ble (el prin­ci­pio de­mo­crá­ti­co), ex­plo­ran, ana­li­zan y pro­po­nen la cir­cun­va­la­ción o su­pera­ción de una le­ga­li­da­d con­tra­dic­to­ria, al me­nos for­mal­men­te, con la pre­ten­sión po­lí­ti­ca que les ani­ma, que re­pi­to es le­gí­ti­ma. Esta pre­ten­sión no es otra que el de­re­cho a de­ci­dir, in­clui­da la se­pa­ra­ción, pero con­ce­bi­da co­mo un nue­vo tipo de pac­to si­na­lag­má­ti­co en el que si una de las par­tes la pro­cla­ma (Cataluña y/o una mayoria de catalanes) la otra par­te no tie­ne más re­me­dio que acep­tar­la. En se­gun­do lu­gar es­tán to­dos los que, agi­tan­do ame­na­za­do­ramente y res­tric­ti­va­men­te la pro­li­ja y com­ple­ja le­ga­li­dad vi­gen­te, pre­ten­den bien sea ne­gar la exis­ten­cia del pro­ble­ma, bien sea mi­ni­mi­zar su al­can­ce y trans­ver­sa­li­dad, lle­gan­do in­clu­so a re­cha­zar su mis­ma le­gi­ti­mi­dad.
Am­bas po­si­cio­nes, lle­va­das a la exa­cer­ba­ción, tie­nen aquel tufo de ver­dad ab­so­lu­ta que las convierte, cuan­to más pu­ras y du­ras se pos­tu­lan, en más frá­gi­les. Del com­ba­te entre las ver­da­des úni­cas, la his­to­ria ya ha mos­tra­do que nun­ca ha sa­li­do ga­nan­do una so­la e indemne.
Asi,pa­re­ce que para algunos, hoy só­lo sea po­si­ble de­nun­ciar el ma­les­tar de los ca­ta­la­nes an­te las im­pro­pias po­lí­ti­cas de los su­ce­si­vos go­bier­nos de Es­pa­ña, co­mo son : el bru­tal des­equi­li­brio fis­cal, la agre­sión lin­güís­ti­ca, el abu­so de la ra­dia­li­dad en las in­fra­es­truc­tu­ras via­rias y del AVE, la au­sen­cia de po­lí­ti­ca in­dus­trial pa­ra Ca­ta­lun­ya o, peor to­da­vía, la an­ti­po­lí­ti­ca in­dus­trial, si tam­bién se ca­li­fi­can los trein­ta úl­ti­mos años de de­mo­cra­cia en Ca­ta­lun­ya y en Es­pa­ña co­mo un pu­ro fra­ca­so, una im­po­si­ción úni­ca­men­te es­pa­ño­la y una vía es­té­ril, le­si­va y com­ple­ta­men­te im­prac­ti­ca­ble pa­ra los ca­ta­la­nes ya que no les ha lle­va­do a la cum­pli­da li­be­ra­ción. Pero, re­sul­ta igualmente pa­té­ti­co leer y oír a es­tos cam­peo­nes es­pa­ño­les del in­mo­vi­lis­mo que, en nom­bre de una pretendida mo­der­ni­dad y efi­cien­cia pos­na­cio­nal, se de­cla­ran no na­cio­na­lis­tas, ig­no­ran­do que, co­mo el Mr. Jour­dain de Mo­liè­re, ha­blan en pro­sa sin sa­ber­lo.
Co­mo es na­tu­ral, en­tre le­gi­ti­mis­tas y le­ga­lis­tas a ul­tran­za, ca­ben una se­rie de pos­tu­ras in­ter­me­dias hoy por hoy aún di­fí­ci­les de va­lo­rar. Por eso, de nue­vo ha­bría que in­ten­tar una apro­xi­ma­ción prag­má­ti­ca, in­ter­me­dia y lai­ca en­tre las dos po­si­cio­nes que en to­do ca­so de­be­ría: a) re­co­no­cer el pro­ble­ma y las fuer­zas en pre­sen­cia, b) de­li­mi­tar­lo evi­tan­do en lo po­si­ble a los me­ta­fí­si­cos po­pu­lis­tas en am­bos sen­ti­dos, c) apor­tar las so­lu­cio­nes acor­da­das y pactadas. Pro­du­ce ca­si ru­bor re­cor­dar que es­te mo­dus ope­ran­di no es más que la vie­ja/nue­va po­lí­ti­ca de las ne­go­cia­cio­nes, de los acuer­dos y pac­tos que fi­nal­men­te cris­ta­li­zan, más que en fun­ción de la ra­zón o an­ge­lis­mo de ca­da po­si­ción, co­mo re­sul­ta­do de la vo­lun­tad de re­co­no­ci­mien­to y res­pe­to del otro y, por en­ci­ma de to­do, de la co­rre­la­ción de fuer­zas en pre­sen­cia. La ne­go­cia­ción ten­dría que iden­ti­fi­car las po­lí­ti­cas has­ta aho­ra le­si­vas pa­ra Ca­ta­lun­ya (fis­cal, len­gua y cul­tu­ra, in­fra­es­truc­tu­ras, in­dus­trial, et­cé­te­ra) y de­ta­llar las pro­pues­tas de mo­di­fi­ca­ción .Ahora bién, lo que resulta más im­por­tan­te to­da­vía, este acuer­do y la pro­pues­ta de cam­bio ten­drían que ser vo­ta­dos por la ciu­da­da­nía de Ca­ta­lun­ya tal co­mo de­mo­crá­ti­ca y ma­si­va­men­te ha re­cla­ma­do, pues ha ex­pre­sa­do cla­ra­men­te que quie­re participar en la decisión de su fu­tu­ro.Por ello, los ne­go­cia­do­res deberían so­pe­sar es­me­ra­da­men­te el pa­que­te de­mo­crá­ti­co que, en su ca­so, so­me­trían a la vo­lun­tad ma­yo­ri­ta­ria de los ciudadanos de Ca­ta­luña. Aquí apa­re­ce de nue­vo, en to­da su vir­tualidad, la co­rre­la­ción de fuer­zas en pre­sen­cia. En re­su­mi­das cuen­tas, pri­me­ro de­be­ría pro­du­cir­se el acuer­do, des­pués la va­li­da­ción po­pu­lar por vo­ta­ción di­rec­ta y so­la­men­te al fi­nal la im­ple­men­ta­ción y el desa­rro­llo ju­rí­di­co.
En efec­to, pro­po­ner las más va­ria­das pro­pues­tas ju­rí­di­cas (en­tre otros, el art. 92 CE, el art.152.2 CE, una nue­va dis­po­si­ción adi­cio­nal 5.ª, has­ta lle­gar a re­for­mas federalistas de la cons­ti­tu­ció­n) sin un pre­vio acuer­do po­lí­ti­co que de­li­mi­te el al­can­ce y el sen­ti­do de ca­da mo­di­fi­ca­ción es, en mi opi­nión, aña­dir to­da­vía más in­cer­ti­dum­bre y rui­do a un pro­ble­ma que, to­dos lo sa­be­mos, es com­ple­jo y en­ve­ne­na­do. Cual­quie­ra de los re­me­dios ju­rí­di­cos es, en el mo­men­to de for­mu­lar­lo, una ca­ja va­cía de con­te­ni­do po­lí­ti­co. ¿Quién lo lle­na­rá? ¿Có­mo? A la in­cer­ti­dum­bre del pac­to al­can­za­ble des­de la más o me­nos má­gi­ca fór­mu­la ju­rí­di­ca, ha­bre­mos aña­di­do la in­se­gu­ri­dad del desa­rro­llo le­gis­la­ti­vo y la apro­ba­ción fi­nal del su­pues­to re­me­dio ju­rí­di­co. Por eso una dis­cu­sión ju­rí­di­ca y for­mal co­mo la que es­ta­mos con­si­de­ran­do tie­ne un pun­to de irreal, in­clu­so de re­gus­to bi­zan­tino. Ar­gu­men­tar úni­ca­men­te so­bre so­lu­cio­nes ju­rí­di­cas (tan­to si se tra­ta del bi­na­rio sí/no al Es­ta­do pro­pio co­mo si exa­mi­na­mos las di­ver­sas pro­pues­tas fe­de­ra­lis­tas, con­fe­de­ra­lis­tas, cons­ti­tu­cio­na­lis­tas) con­du­ce inevi­ta­ble­men­te a una con­fron­ta­ción di­co­tó­mi­ca, em­po­bre­ce­do­ra o in­cier­ta, o las dos co­sas, en­tre le­gi­ti­mi­dad y le­ga­li­dad. En el fon­do, na­die ga­na con es­tos no­mi­na­lis­mos ju­rí­di­cos. Só­lo se pro­fun­di­zan las di­fe­ren­cias de for­ma ca­da vez más dog­má­ti­ca. De he­cho, nos zam­bu­lli­mos en los po­pu­lis­mos más irra­cio­na­les (no­so­tros bue­nos/ellos ma­los o vi­ce­ver­sa), y en de­fi­ni­ti­va en­tra­mos en un com­ba­te en el que ga­nar se­ría co­mo ne­gar al otro.
Es­cal­da­do de dog­ma­tis­mos me per­mi­to, mo­des­ta­men­te, su­ge­rir a los vo­lun­ta­rio­sos lí­de­res de la mag­ní­fi­ca mo­vi­li­za­ción cí­vi­ca y po­lí­ti­ca que vi­ve Ca­ta­lun­ya un po­co me­nos de fun­da­men­ta­lis­mo y un po­co más de lai­ci­dad po­lí­ti­ca. Ave­za­do a se­guir de­fen­dien­do res­tos de gran­des uto­pías, me per­mi­to vol­ver a re­cor­dar que la po­lí­ti­ca, co­mo la na­tu­ra­le­za, tie­ne ho­rror al va­cío y la sem­pi­ter­na co­rre­la­ción de fuer­zas nun­ca, nun­ca de­ja de ac­tuar. Con in­de­pen­den­cia de la ra­zón de las par­tes.

Por cuestiones de demora en el registro, llego un poco tarde a este foro, aún así, he decidido remitir este breve comentario.
En el frontispicio de su escrito pone el profesor Navarro la tesis habermasiana, según la cual un contrato no es válido si las partes contratantes no están en pie de igualdad. Pues bien, suponiendo que el ponente sea capaz de citar algún tipo de contrato ( que yo sepa Habermas no lo ha hecho) que cumpla esa condición, quiero decirle que la conclusión lógica de su argumentación no pasa necesariamente por la medida de la igualación, sea previa o «a posteriori», de los participantes en el contrato, antes bien existe la alternativa lógica de no admitir al contrato en pie de igualdad a quienes no están en pie de igualdad. Y me parece que en un contrato de carácter democrático (como el que el Sr. Navarro reivindica, es decir, el de «un hombre u voto») los catalanistas nunca pueden tener el mismo peso que el resto de los españoles.
El segundo argumento de fondo que propone tiene ver con la ideología. En efecto, ocurre que quien defiende una ideología está persuadido de que la bondad de su modelo político ya ha sido suficientemente probada, de suerte que, si en algún caso fracasa, tiene que ser porque no es auténtico. Pues bien, si trasladamos esa argumentación al campo de la ciencia, cualquier científico diría que la lógica científica va en sentido contrario: un modelo, sea científico o político, siempre está en cuestión ante la realidad empírica. Y, siguiendo la norma de moda, el Sr. Navarro habla de la democracia, como si durante toda su historia hubiera sido » la democracia del voto universal e igualitario», siendo así que ese es un modelo socialdemócrata, de reciente implantación, que lógicamente deberá demostrar su bondad en la experiencia histórica.
En fin, yendo a los hechos, pretender que nuestra democracia ha fracasado porque los partidos de izquierda y los nacionalismos periféricos no han tenido suficiente peso en el diseño de la constitución del 78 y en esta etapa democracia, me parece que es tesis que se riñe con la realidad, ya que los gobiernos han sido mayormente de izquierdas, y que el estado de las autonomías es un modelo que se ha impuesto en la sociedad hispana frente al estado centralizado, tipo francés, ( sin consulta democrática al respecto), debido al desmedido peso que cobraron los nacionalismos periféricos.
Terminando mi intervención digo que, a mi parecer, la teoría política que se refleja en los medios de comunicación está falta de perspectiva histórica ( por no hablar perspectiva biológica) a la hora de juzgar los méritos y deméritos de la democracia. Y, a ese respecto, cabe recordar que los más eminentes clásicos griegos ya previeron el fracaso de la democracia de los hombres libres, que, por cierto, era más restrictiva en el voto que la que actualmente nos rige.

No soporto más encajes de difícil catadura ético-política (¿hay alguna diferencia para la izquierda?) en los análisis acerca de la ‘cuestión catalana’. Cataluña existe en nuestros labios, como en el corazón, desde que tenemos uso de razón pública. Y Cataluña también ha estado en los labios de la democracia española, como un constante mantra en estos 35 años, siempre en la misma clave.
Aquellos que desde la izquierda española somos sensibles a las aspiraciones soberanistas, como cuestión esencial en cuanto a la configuración de un Estado en el que los derechos de los ciudadanos/as están por encima de cualquier otra consideración, no entendemos el trazo grueso y la falta de concreción de apuestas que, en cambio, sí que pueden modificar de forma muy concreta las relaciones y estructuras de poder entre los diferentes pueblos de España.

Algunos vemos poco más que demagogia absolutamente falta de miras en el manejo político de la cuestión catalana, tanto desde las opciones soberanistas como desde las opciones “sordas” de la derecha española (que anida bastante más allá que dentro del PP).

El debate de fondo, infinitamente más trascendental y que es evitado con someras alusiones victimistas sobre la pobreza, las balanzas fiscales catalanas o el legítimo derecho a decidir, o, de otra parte, los clamores contra el separatismo, la deslealtad y el egoísmo voraz catalán, es el de la contraposición brutal entre dos conceptos de pueblo-nación que, en cambio, llevan en su propio concepto y desarrollo, el mismo concepto de ciudadanía para sus gentes: un germen de intereses económicos… y para de contar.

El concepto de ciudadanía social que en España está siendo masacrado, no es contrarestado por ninguna alternativa desde Cataluña: ¿de qué estamos hablando entonces?

Las izquierdas federalistas, y hablo en nombre propio y en primera persona del plural, tradicionalmente hemos primado la evidente necesidad de implantar el derecho a decidir y la identidad nacional de clase, tal y como la denominamos, sobre los manidos ‘hechos diferenciales’ del casposo nacionalismo soberanista conservador (contestado con no menos caspa desde el españolismo retrógrado incapaz de dialogar y salir de su capa ideológica y económica).

¿Esos hechos diferenciales son mencionados ahora? Apenas; pero tenemos memoria. Hablemos claro. El derecho a decidir catalán de hoy está siendo colmado en su camino de perlas que aluden tanto a la indefensión social de una mayoría que sufre los efectos de la crisis, y curiosamente la falta de soberanía, como a la pérdida de calidad de vida de las clases medias catalanas, también como consecuencia de ambos factores, unidos e indisociables: crisis y España. Aquellos hechos diferenciales no cuentan más que como tramoya. El pulso es, y era, económico.

De modo que al ethnos, olvidado, sustituido después por un concepto nacional del demos, el soberanismo catalán hoy tiende a una especie de pathos doloroso vinculado al dinero (y todo en menos de 50 años)

Y por otro lado tenemos a la mediocracia política españolista, satisfecha y ciertamente feliz de ir alargando calendarios; hablar de esencias “nacionales”, difíciles de definir; del imperio de la Ley que usan y desusan según conveniencia; de no romper consensos históricos (¿se crea alguno nuevo?, ¿hay solución de continuidad?); de superar etapas de un pasado en el que el nacionalismo no pinta nada (estas suposiciones dan risa); y de la inconsistencia del encaje del soberanismo en el contexto internacional, pero a base de amenazas veladas y nada sutiles (ellos pueden comer, ladrar y morder al mismo tiempo).

De modo que, en base a esta inconsistencia en los argumentos de derecho de los que quieren impedir la consulta, y aunque miramos con cariño (y necesidad) a estas legítimas y necesarias sinergias soberanistas; inevitablemente, entramos en conflicto las izquierdas de carácter federalistas no tanto con el fin, sino con la claridad del fondo y, sobre todo, con la burda excusa encontrada en las formas.

Como andaluz, además, desde cuya izquierda el horizonte y el prisma de las “esencias” nacionalistas y soberanistas de los pueblos de España ni muchísimo menos se minimiza o deja de atender, si entendemos en cambio que la historia, que va por barrios, como la renta o el acceso a determinados servicios, hace mella en gran parte de las conciencias de muchos ciudadanos/as españoles de hoy en día, y en un mismo sentido: no podemos jugar a anteponer conceptos de igual aspiración, como la libertad y la igualdad, en tiempos de dolor social, tanto en un escenario como en el contrario. Sirve de excusa para hablar de lo importante: el sistema nos hace sangrar; y el sistema es compartido por Madrid y por Barcelona.

Por lo tanto, lo que más molesta de la relación política actual entre España y Cataluña (si es que se contraponen), no es tanto la legítima aspiración de un pueblo a su autodeterminación, ni siquiera el victimismo frentista y arrojadizo extensible a ambas partes, sino la falta de un proyecto creíble, de argumentos sólidos, de calendarios, de ánimo de diálogo y la falta de consistencia de argumentos y proyectos… Eso, y el triste enroque del Gobierno de España en la nada… Nada.

Ante las dos preguntas previstas en la formulación de la consulta soberanista catalana yo contestaría sin dudar: Sí, a la primera; y, siendo catalán, quizás, a la segunda; quizás si me explican ustedes, ambos, y desde el consenso, los cómo, cuándo, cuánto y cuántos, quiénes, resultado de qué y aspiración hacia dónde, consecuencias, alianzas, incertidumbres, planos aclarados, sombras de enfrentamientos… Política de la que ninguna opción está ejerciendo.

En fin, reivindicar la vía política y el consenso en la construcción de un espacio común sin tantas espadas colgando sobre las cabezas de los “separatistas” que rompen la divina unidad de España, ni gruesos discursos clavados como cruces sobre el centralismo españolista que esquilma las arcas, y las vidas, de los ciudadanos catalanes.

¿A qué modelo se aspira? ¿Cambiará las reglas de la impostada democracia (de mercado) española? ¿Remedará su sistema antisocial y salvará su deriva hacia el máximo bien de una minoría? ¿Plantará cara y una alternativa social y solidaria sobre la mesa? ¿Se piensa en el resto de pueblos del Estado? ¿Qué papel jugaríamos?

Es insufrible el demagógico paseo de los intereses ciudadanos por intereses políticos que obvian el amplio espectro de inquietudes, aspiraciones, frustraciones, sociales, pero también humanas, colectivas pero también personales, que siente y padece el pueblo catalán (y que podría ser el andaluz, el gallego, el vasco… con sus idiosincrasias nacionales, de clase). ¿Y cuál es ese interés compartido?

Una aspiración a ser y vivir mejor, siendo y viviendo más como uno mismo (y también por sus propios medios); una aspiración lógica y que guardamos muchos más, pero llena de trampas en su enunciado actual, en el incompleto planteamiento de hoy.

¿Os imagináis que en junio de 2010, en vez de derogar los artículos del Estatuto Catalán aprobado por los ciudadanos catalanes en referéndum, se nos hubiera ocurrido pensar y decir que lo que había que cambiar era la Constitución, y que además se hubiera hecho? La vida nos enseña que nada permanece, que todo cambia, que todo evoluciona, que todo progresa; que el inmovilismo no lleva a ninguna parte, excepto al propio inmovilismo.

La Constitución es inadecuada porque no dejó previsto un proceso de evolución al mismo ritmo que la sociedad y sus demandas. La Constitución tendría que haber reflejado las mejoras sociales, la obtención de mayores libertades, la situación política y social de los territorios. Se han estado haciendo malabarismos jurídicos para no cambiar la Constitución.

Tenemos que desaprender el concepto de Estado-Nación tal y como lo conocemos jurídica y geográficamente, incluso sentimentalmente, me refiero a “la roja”, por ejemplo. De esto se trata, decidir cambiar todo, tal y como señala Joan Herrera.

En una Europa Federal de los Pueblos ¿cuántos Pueblos pueden formar parte? Si todos estamos de acuerdo que las leyes y normas de convivencia europeas influyen y son de obligado cumplimiento sobre sus Pueblos o Estados-Nación en un 70% ¿cuál es el problema de que surjan más socios, sea por adición o por subdivisión de los existentes?

Y sí, muchos pensamos que el problema son las competencias de los Estados-Nación. ¿Qué sobra? a lo mejor sobran los Estados-Nación, o los sentimientos de Nación y el modelo de Estado. ¿Puede haber Estados Federales, compuestos de diferentes Naciones o Pueblos dentro de una Europa Federal? ¿Europa puede ser federal al cuadrado? No parece muy científico y lo que parece es poco práctico, así nos vemos como nos vemos.

El modelo de Estado-Nación actual (el que nos queda entre los Pirineos, en el o el Mediterráneo, en el o el Atlántico, Portugal, el Cantábrico, Marruecos y el Peñón) no es capaz de garantizar nada a sus habitantes, y menos con unos políticos-administradores poco fiables, que practican el inmovilismo como ideología, la involución como método y el enfrentamiento entre la diversidad de sus pobladores como sustentación y ostentación del poder.

Es incuestionable que hay que cambiar la Constitución, es necesario que evolucione. Es incuestionable que hay que cambiar el modelo organizativo y asociativo entre y de los territorios y sus poblaciones y pobladores. Creo que es mejor hacerlo juntos que separados, si no somos capaces es que no valemos, ni hacia dentro ni hacia fuera.

“Construir la democracia significa asegurar que aquellos que son afectados por las decisiones de sus gobernantes tengan una justa participación en la elaboración de las mismas.” (J. Dewey)

Con acuerdos y consensos, solidaridad y cooperación todo es posible. Entonces a lo mejor conseguimos tener una auténtica Europa Federal de los Pueblos, solidaria, social y libre, de abajo a arriba y horizontal.

Señor Jáuregui: yo también daba por concluida mi aportación pero me he sentido impelido a responder a su intervención, pues a mi entender está llena de falsedades y posibles intentos de manipulación. Al igual que Pedro Muñoz Moreno, con cuya respuesta estoy en líneas generales de acuerdo, desarrollo mi respuesta en documento adjunto. Voy citando lo que usted expresó y respondiendo punto por punto:

> Mi oposición al Derecho a decidir no tiene solo fundamentos de legalidad. Por supuesto estos son importantes porque, en Democracia, las formas son el fondo.

Discrepo. Las formas son las formas y el fondo es el fondo. Lógicamente en una democracia bien articulada las formas deberían servir al fondo. Ahora bien, en la deficiente democracia en la que vivimos, algunas de las formas parecen creadas a propósito contra el fondo, contra el principio mismo del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

> Quienes desprecian el valor de las leyes y las exigencias de su cumplimiento en todo proceso político (por muy transformador o rupturista que sea), es que no conocen el sentido básico de la democracia.

Yo no desprecio las leyes, pero tampoco las adoro como a una deidad intocable. Si una ley es injusta, es legítimo desobedecerla. El sentido básico de la democracia es, en ausencia de un consenso más amplio, la toma de decisiones por mayoría, respetando a la vez los derechos de las minorías. No es el cumplimiento ciego de una Constitución que impone condiciones que en la práctica imposibilitan una transformación profunda, por más que fuera en su día aprobada en referéndum (hace ya 35 años, como un conjunto indivisible y siendo la alternativa harto incierta). Por otra parte, por proceso «rupturista» entiendo precisamente uno que implique una ruptura de la legalidad vigente, no su reforma mediante los procedimientos en ella misma previstos.

> ¿Cuáles son esos requisitos legales? Primero, debemos aclarar una peligrosa confusión. La consulta no es solo una consulta. En la práctica es el inicio de la secesión.

Si acaso, solo si gana el doble sí. ¿O cómo justifica usted que el mero hecho de que se celebre es «el inicio de la secesión»?

> Porque, aunque la consulta no sea vinculante jurídicamente –como proclaman sus promotores-, nadie negará que es políticamente determinante. Es decir, su resultado constituiría un mandato democrático inapelable que define un único camino de acción: la materialización de un deseo colectivo, en el supuesto de que esa fuera la respuesta.

De modo que si se permite al pueblo catalán expresar su «deseo colectivo» de independizarse ello constituiría «un mandato democrático inapelable», y en consecuencia usted propone impedir esa expresión para que así, aunque la mayoría de los catalanes quieran la independencia, podamos darnos por no enterados y hacer caso omiso de su deseo…

(Continúa, texto completo en el archivo adjunto).

Pensaba haber concluido mi aportación al debate, por haber dicho ya lo básico de cuanto pienso al respecto. Pero una afirmación tuya me hace volver a intervenir, puesto que me siento directamente aludido por esa afirmación. Dices:

“Quienes desprecian el valor de las leyes y las exigencias de su cumplimiento en todo proceso político (por muy transformador o rupturista que sea), es que no conocen el sentido básico de la democracia.”

Quizás en Democracia (con mayúsculas) las formas sean el fondo como afirmas, yo no lo sé puesto que nunca he tenido la suerte de vivir en una Democracia (y ya rondo el medio siglo). Pero lo que no es de recibo es que afirmes lo anterior, puesto que existen muchos tipos de democracia y, si se me permite la redundancia, algunas más democráticas que otras: La directa, la mixta o participativa y la puramente representativa. Y aún, dentro de la representativa nos encontraríamos la que nace del mandato imperativo y la que no está sujeta a ese mandato. Ya no hablamos de sistemas de elección, de reparto de la representación, etc.

El resto del comentario se encuentra en el archivo adjunto

[…] Este es un espacio de debate, abierto a todos los que se interesan por el cambio social y la emancipación.  […]

Mi oposición al Derecho a decidir no tiene solo fundamentos de legalidad. Por supuesto estos son importantes porque, en Democracia, las formas son el fondo. Quienes desprecian el valor de las leyes y las exigencias de su cumplimiento en todo proceso político (por muy transformador o rupturista que sea), es que no conocen el sentido básico de la democracia.
¿Cuáles son esos requisitos legales? Primero, debemos aclarar una peligrosa confusión. La consulta no es solo una consulta. En la práctica es el inicio de la secesión. Porque, aunque la consulta no sea vinculante jurídicamente –como proclaman sus promotores-, nadie negará que es políticamente determinante. Es decir, su resultado constituiría un mandato democrático inapelable que define un único camino de acción: la materialización de un deseo colectivo, en el supuesto de que esa fuera la respuesta.
¿Por qué no es posible una consulta auto determinista en España? La respuesta tiene una lógica jurídica aplastante: Porque no la reconoce nuestra Constitución; porque la soberanía es de la ciudadanía española, y esa decisión nos corresponde a todos, porque luego habría que extenderla a otros territorios y, porque ningún país serio introduce en su ordenamiento jurídico una disposición tan profundamente desestabilizadora, que le condene a su demolición.
Pero, mi argumentación principal frente a esa reivindicación es que ésa no es la forma de decidir una cosa tan importante.
1º) Porque un pueblo no decide su destino de manera tan traumática, tan coyuntural, de un día para otro, obligado a optar entre los extremos de un péndulo identitario lleno de soluciones intermedias, mayoritariamente compuesto de sentimientos compartidos.
La consulta del Derecho a Decidir se plantea única y exclusivamente en términos de obtener un Sí o un No a la independencia de Cataluña, con intención, naturalmente, de que venza el Sí porque, incluso los que reivindican el Derecho a decidir sin ser independentistas tendrán que apoyarla, para no sumarse al No que defenderán las llamadas fuerzas españolistas.
2º) Porque el elector, no decide realmente, es decir, el ciudadano desconoce en sus verdaderas dimensiones, las consecuencias de una opción extrema y antagónica. Porque, si vence el No, ¿Quiere eso decir que los problemas que expresan los ciudadanos catalanes a favor del autogobierno deben quedar postergados y merecen el castigo de su desprecio por haber votado no a la independencia? Y si vence el Sí, resultará imprescindible empezar después a negociar las consecuencias de esa decisión extrema y las formas de materializar ese deseo. ¿No sería necesario volver a preguntar después, una vez conocidas esas circunstancias (peso de la deuda, reparto del patrimonio, marco comercial, entramado europeo en su caso, etc.), para saber si de verdad los catalanes desean y deciden ese marco de independencia?
3º) Porque una consulta autodeterminista interna, siempre conlleva una fractura social. El Sí y el No, es como un cuchillo que divide a la población en bandos antagónicos. Obligados a decidir, los ciudadanos y sus instituciones cívicas y sociales (familia, amigos, colegios profesionales, centros de trabajo, etc.), sufren una tensión ontológica sobre su ser o no ser, sin olvidar que la pretensión nacionalista favorable a la independencia, por naturaleza, ambiciona la homologación nacionalista de su población. Desconocer el carácter impositivo de ese movimiento, es cerrar los ojos para negar el sol. ¿Haremos extranjeros en nuestro propio país a nuestros vecinos de ayer?
4º) Porque las consultas autodeterministas, son, en sí mismas, profundamente desestabilizadoras. ¿Cuánto duran sus efectos? ¿Cuántas veces se pueden repetir o revocar estas decisiones? El hecho de que la aspiración a la secesión sea legítima, no nos impide calificarla como moralmente mala. Al margen del soporte social que obtenga, la secesión produce objetivamente efectos sociales muy perjudiciales para una amplísima ciudadanía, dentro y fuera de Cataluña. Dentro, ya está dicho. Fuera, en la ruptura con una historia española común, con unas familias únicas, con unas relaciones económicas y comerciales, culturales y sociales, de enormes sinergias recíprocas. Mala para un proyecto europeo común posible.
Por eso, creo que en el tema catalán hay que buscar otras salidas, otras soluciones. Para mí, lo primero es reconocer que en Cataluña hay un conjunto de reivindicaciones ampliamente sentidas sobre su status económico, autonómico, cultural y político, que debemos atender en una negociación seria y profunda de su marco jurídico y político de relación con el Estado. Coincide que eso se suma a diferentes problemas de funcionamiento de nuestro modelo territorial autonómico que reclaman una solución urgente e integral de nuestro Título VIII: la conversión del Senado en una cámara federal, la clarificación federal de las competencias, la institucionalización de los hechos singulares (lengua, financiación, etc.), la participación federal en los asuntos europeos, etc. etc.
En segundo lugar, lo que procede es que abordemos una negociación de todos estos problemas. Hagámoslo en una ponencia para la reforma de nuestra Constitución que aborde otros ajustes de tiempo y de contexto (Europa, la crisis, Internet, la regeneración democrática, etc.), en un texto que ha servido magníficamente en este período de nuestra democracia pero, que necesita una modernización, importante, y una renovación de su legitimación social.
Una reforma de nuestra Constitución nos ofrece una oportunidad única para abordar, de verdad, los problemas reales de Cataluña porque, a diferencia de la frustrada experiencia con la reforma del Estatut, estamos hablando de recoger en nuestra Carta Magna, la forma de ser y estar Cataluña en el Estado. De manera que, aquél Estatut que refrendó el pueblo de Cataluña en 2006, no podría ser declarado inconstitucional. Estamos hablando de una Nueva Constitución que debería ser pactada con las fuerzas mayoritarias de Cataluña, porque su refrendo posterior lo hace imprescindible. Estamos hablando de darnos una nueva oportunidad de seguir viviendo juntos en la solución previa de los contenciosos que ahora tenemos.
El final de esta Legislatura es un tiempo propicio para este proyecto, tan ambicioso como necesario. Quedan dos años hasta las próximas elecciones generales y la disolución de las Cámaras bien podría coincidir con la aprobación del nuevo texto constitucional.
El Derecho a Decidir cobra así y aquí, pleno fundamento. Los catalanes votarían a sus representantes en las Cortes. Votarían después la nueva Constitución en un Referéndum, junto a todos los españoles y decidirían, después, ellos solos, el marco jurídico-político estatutario, su propia Constitución, resultado de este marco singular negociado paralelamente.
Para mí, eso es decidir. Eso es decisión razonada y legal.

Siento que esta artificial España antaño ferviente católica, ha ido sustituyendo la religión fanática por el nacionalismo (a veces también fanático). Desgraciadamente este no es un mal endémico sino que el siglo XX es la Historia de millones de innecesarias muertes en nombre de banderas, himnos y «naciones». España no ha aprendido la lección y parece condenada a sufrir los mismo males.
Catalunya, pero también el Estado español, tratan al Estado (unos el que ya tienen, y otros el que desearían tener) como un fin en sí mismo, olvidándose de las personas más que para hacerlas instrumentos de esa supuesta gran meta final. Entonces cabe preguntarse entre tanta política de «Nation Building» a los dos lados del Ebro ¿para qué un Estado?
La respuesta debería ser para el bienestar y la felicidad de las personas, de los ciudadanos. Sin embargo, cada discurso político a una orilla o a la otra de este telón de acero que quieren que el Ebro sea, va en una línea completamente opuesta: El Estado como suprema meta, cueste lo que cueste, le pese a quien le pese.
Tan solo me tranquiliza, y no demasiado, que no parezca posible una Yugoslavia española en que se muera por banderas y no se levante uno de la silla por personas. No obstante si bien la batalla no se libra con armas, el Parlament de Catalunya está más preocupado en el tema de la independencia que en promover el bien de los catalanes. Apenas han legislado este último año y han debatido en el hemiciclo cómo mejorar las pensiones, cómo acabar con la pobreza, cómo aliviar el asfixiante paro, cómo ayudar a personas dependientes… No, por el contrario se han estrujado el pensamiento en cómo celebrar un referéndum, en qué preguntas hacer; temas estos, que si bien tienen cierta importancia política, no son el fin de la Política con mayúsculas: el Bien de las personas.
Mi reflexión pues, no va contra Catalunya y su voluntad de autogobierno, sino contra el absurdo de los nacionalismos entendidos como «amor» a una nación por encima de cualquier cosa que lleva al odio (negar que existe tanto en Catalunya como en el resto de España es engañarnos). Entiendo la voluntad de autogobierno como un patriotismo constitucional parecido al descrito por la gran figura de Jürgen Habermas. El nacionalismo no ha de ser de base cultural como el catalán, sino un patriotismo de principios, de valores, de justicia.
En el momento que desde Barcelona y Madrid se aparte este nacionalismo intransigente, como por definición es el nacionalismo, y se empiece a hablar de personas, de principios, etc. el acuerdo podrá darse. Se podrá construir un lugar dónde a ambos lados del Ebro se sientan identificados los ciudadanos con unos valores. Si, y solo si, fracasa esta negociación (que no s sha hecho bajo estos paradigmas) sobre principios universales, debería plantearse en Catalunya el derecho de autodeterminación para buscarse éstos este patriotismo constitucional.

No me siento cómodo opinando sobre Cataluña, es un universo emotivo en donde se ha mezclado tanto elemento que cuesta trabajo pasar incólume. Ayuda a mi incomodidad mi condición de andaluz de nación y mi empatía con los catalanes. Para colmo, cuando ya tenía pensado qué escribir, se ha conocido la sentencia última del Tribunal Constitucional, leída con tanta pasión como ausencia de sangre fría para llegar a conclusiones que no tengan nada que ver con las agitaciones estratégicas, legítimas aunque a veces inconsistentes y poco sinceras, de las posiciones encontradas, combativas, sean de una parte o de otra. Comienzo diciendo que creo que los catalanes, como cualquier otro pueblo, deben y pueden ser consultados para saber democráticamente qué quieren, y el marco jurídico debe contribuir a que esta manifestación de democracia sea posible y si no lo es, tiene que serlo, ya que, en mi opinión, un texto constitucional, que sería el caso, no puede ser un corsé que limite los derechos, un reductor democrático, dice Rosanvallon, sino un contenedor que articule las aspiraciones de todos aquellos que viven bajo su paraguas.
Es estéril entrar en el universo emotivo o racional de aquellos ciudadanos de un país que quieren ser independientes. No tiene tratamiento, excepto el poder constatar por las vías demócraticas que representan la mayoría suficiente para que sus aspiraciones políticas sean viables en el marco del diálogo y el entendimiento, sin descartar algo mucho más elevado en política, no al alcance de todos, como la seducción y la ilusión compartida por algo nuevo . No somos originales en ese sentido, ni es una patología propia e irrepetible. No voy a entrar en razones históricas o metajurídicas, no me interesan, en todo caso cada uno tendrá las suyas, pero si decir, como se ha dicho, que aspiraciones semejantes han sido experimentadas en otros lugares del planeta y, excluyendo el ejemplo de las violentas o no democráticas, han tenido y tendrán desigual fortuna, siendo las más notorias las de Canadá, Escocia, pero también, Montenegro o el Sudán. Hay grupos políticos que siempre han querido y quieren ser independientes del estado del que forman parte, y conviven, esperan o desesperan en sus intentos, hasta que de pronto, o se desvanece su aspiración o surge una convulsión histórica que los catapulta. En Cataluña cuesta trabajo hoy, desde fuera claro, distinguir entre aquellos absolutamente convencidos y perseverantes y aquellos otros que han sido empujados por una sucesión de errores propios o ajenos, con la percepción más o menos correcta de lo que nos pasa a todos, que algo nos pasa. Sobre los independentistas tengo poco que decir, sólo expresar mi respeto a sus ideas y desear que lo que sea que tenga que hacerse se haga desde el diálogo,el acuerdo y la legalidad, presente o latente. Me interesa más la aparente mayoría de catalanes que piensan de otra manera, aunque de momento, caminen juntos por la misma trocha. De ellos nunca he entendido que sus máximas aspiraciones como pueblo, deban ser incompatibles con las aspiraciones de los demás, con el deseo de los otros de serlo todo también. Nunca sufrí tanto, políticamente, como cuando, con la perspectiva, y llamemos rigor ajeno, de Herrero de Miñón, se construía esa teoría que pretende que, por razones metaconstitucionales e históricas, una historia, los catalanes sean catalanes y los andaluces resto peninsular, de Castilla se entiende. Eso se intentó y fracasó ya en 1978. Es decir que para afirmar lo propio se niegue lo ajeno. Pero para ser entendido hay que entender a los demás y, quizá, la fuente de la incomprensión, desde aquí, que no somos ni queremos ser arietes del centralismo y menos del nacionalismo español, sea ese elitismo político que se transmite. Sin embargo, se está consiguiendo que la incomprensión se transforme en indiferencia, según demuestra el CIS, a pesar de la gesticulación, a veces grosera, de Mas. Les resultará sorprendente la historia de los otros. A un buen y desesperado «amic» consolaba con la sentencia: no te preocupes, le dije, el artículo uno del proyecto de Constitución Federal de Andalucía de 1883, también sería hoy inconstitucional. «Andalucía es soberana», decían mis inconstitucionales atrevidos antepasados. También recordábamos la alianza y complicidad histórica entre federalistas a lo grande andaluces y catalanes . Como sorprendente para algunos, con la lluvia fina que cae desde el recentralismo, conocer que según una encuesta del Centro de Estudios Andaluces, publicada en febrero de este año, el 60% de los andaluces quieren seguir siendo autónomos y es más, casi el 24% quieren más autogobierno, el 6% la independencia, aunque también piensan el 60% que el actual sistema de financiación beneficia a los ricos. El estado común, si estamos dispuestos a compartirlo, puede y debe ser mejor, y la sentencia ahora conocida, quizá sin pretenderlo, abre caminos, para que estemos todos mas cómodos en el, incluso para que quien quiera salga de mejor manera. Pero no es de recibo que se confunda el estado con los gobiernos, los pueblos con ellos, las justas aspiraciones con la negación y falta de respeto a las de los otros.

En primer lugar decir que estoy de acuerdo en la necesidad de reforma (en mi caso, pienso que cambio total) de la CE, y que dicho cambio debe nacer de una voluntad de consenso y de un acuerdo mutuo. Porque la lealtad mutua es, en cualquier caso, posterior al acuerdo, y consistiría en el respeto y asunción de tal acuerdo.

Me parece muy bien que pidas eso, aunque no comprendo como se puede defender ese consenso y lealtad mutua por parte de alguien que pertenece a un partido que en la anterior legislatura actuó fuera de los parámetros que ahora reclama. Y me refiero, claro a la modificación del artículo 135 CE, ¿Qué lealtad hubo con sus votantes y con el pueblo soberano? No hablo de legalidad, hablo de soberanía, consenso, etc. Recordemos que en las dictaduras también existen leyes y se suele cumplir la legalidad vigente.

Lo que me remite a la legitimidad (que no legalidad) de la CE, ley fundamental que no cuenta con ese consenso actualmente y que ha sido, reiteradamente, usada con deslealtad (y no me refiero al tema soberanista). Esa norma máxima no cuenta con siquiera una minoría de respaldo (contrastado) y si que sabemos que existen grupos significativos que se oponen a su actual configuración: soberanistas (no confundir con independentistas, republicanxs federalistas, libertarixs, partidarixs de una democracia totalmente participativa. Ni siquiera sabemos cuáles son los consensos que hay que buscar, referido a los aspectos que tú consideras fundamentales (y que a otrxs nos parece fundamental lo contrario), como es el caso de realizar la reforma (o reconstitución) en el marco de la UE.

Del resto del comentario sólo destacaré un párrafo, por cuanto expone las radicales diferencias de concepto que tenemos ambos de “democracia”:

“El derecho a decidir como se presenta por los nacionalistas es una falacia. Los ciudadanos ya deciden cuando hay elecciones(…)”

Lo que es una absoluta falacia es decir que “lxs ciudadanxs ya deciden cuando hay elecciones”, lxs ciudadanxs no deciden nada, ¿o es que quizás lxs ciudadanxs decidieron los recortes y subidas de impuestos que nos impone Rajoy? ¿Decidieron priorizar el pago de la deuda por encima de los servicios esenciales del Estado (la famosa modificación del artículo 135)?

Esa afirmación tendría algún viso de validez si existiera el mandato imperativo referido al cumplimiento del programa electoral (que atención, el propio TC considera que el cumplimiento del programa electoral, no se puede considerar como un mandato imperativo y por tanto exigir ese cumplimiento no vulnera la CE). Si existieran mecanismos de participación y control al margen de los partidos políticos (referéndums revocatorios, vinculantes, ILP sin censura parlamentaria, etc). Si existiera una proporcionalidad real entre lo que vota la ciudadanía y lo que encontramos en el Congreso. Pero eso no existe, lo cual quiere decir que lxs ciudadanxs no pintamos nada en este marco constitucional. Y ya es hora de cambiarlo completamente.
Saludos Co

No hay que ser muy avispado, para percibir que nuestra Constitución tiene que ser puesta al día, debido a las graves tensiones regionales (tema finaciación, lengua, educación, competencias, etc).
Para ello, yo creo que la única solución es ir a un Estado Federado, que no significará que se «rompa» España.
Simplemente será otra forma de organización de la nación, y si nó veanse los ejemplos de Alemania y Estados Unidos (y especialmente en ésta última, llama la atención el fuerte sentimiento de pertenecer a la nación USA….). Pero para ello nuestros políticos tienen que ser :
-valientes
-no anteponer sus intereses partididistas a corto plazo
-generosos
-en definitiva : realistas.

En respuesta a Luis Ángel Hierro, debo decir que me sorprende el monumental error, en cuanto a conceptos políticos se refiere, en el que basa toda la estructura de su argumentación. Y me intento explicar:

1º La soberanía es la capacidad o poder de dar las leyes que rigen la convivencia.
2º Una diferencia substancial entre dictadura y democracia, es la manera en que la soberanía se manifiesta. Así, mientras en una dictadura la soberanía la detenta un sector (mayor o menor) del conjunto social mediante imposición sobre el resto, en una democracia la soberanía se establece por mutuo acuerdo del conjunto, es decir voluntariamente, sin imposición. Por ejemplo, en el caso de una dictadura, la soberanía puede ser retenida por un individuo (Franco, Hitler, etc.) sustentado por un pequeño sector, o puede ser retenida por un determinado sector con su propia fuerza, como el caso de la dictadura del proletariado marxista-leninista, imponiendo las leyes a los demás sectores.

Dicho esto, es evidente que:

a) La Constitución define España como estado democrático. En consecuencia la soberanía debe nacer de una voluntad de acuerdo mutuo, no de una imposición.
b) La Constitución FUE consensuada por la mayoría de grupos políticos y adoptada mediante acuerdo voluntario por la mayoría de la Sociedad. Pero tal acuerdo en la actualidad no es manifiesto y no está refrendado por la mayoría
c) En la actualidad, tales acuerdo mutuo y consenso no existen, puesto que hay sectores muy significativos que no reconocen la soberanía según está establecida en la Constitución.

Por tanto si tal acuerdo mutuo ha dejado de existir (la Constitución no está refrendada por la mayoría y existen sectores muy significativos contrarios al consenso anterior), y dado que España se define como democracia y no como una dictadura, sólo cabe someter a la soberanía popular cual es el nuevo acuerdo que se establece. Y en esas circunstancias, el Pueblo de Catalunya puede decidir si acepta un nuevo acuerdo con el resto o no. Lo contrario supone una imposición y por tanto, contrario a la definición de democracia que la Constitución le confiere al Estado español.

Un cordial saludo.

La democracia y sus instituciones deben adaptarse a la realidad de la sociedad en que se desarrollan, y que esas mismas instituciones han ayudado a cambiar. Esta afirmación hoy en España, significa huir del inmovilismo y la mitificación de la Constitución del 78, pero también de los deseos de recentralización o autodeterminación. Y tener claro, que los procesos de cambio constitucional que hay que realizar deben partir de la igualdad de los ciudadanos, de la realidad histórica y social de España, de su plena integración en la Unión Europea, y de un escenario de lealtad mutua, donde haya voluntad de consenso y respeto a las leyes.
Nadie puede negar que la crisis económica ha agudizado, y puesto al descubierto, un deterioro de nuestras instituciones, que es muy grave para España y que es necesario corregir con sosiego y con prontitud. Dentro de las reformas constitucionales que hay que realizar, una urgente y especialmente importante es la que tiene que ver con la organización territorial del Estado.
Y aquí, aunque las posturas de los principales actores políticos parecen indicar su imposibilidad a corto y medio plazo, la realidad separatista, desde la Diada de 2012, y la necesidad de garantizar derechos iguales a todos los ciudadanos van a provocar avances, que ahora parecen muy lejanos, sobre la base de un Estado Federal.
Pero esta urgencia y necesidad, no puede hacernos olvidar que el mayor problema de la sociedad española en su conjunto es la desigualdad, que va incrementándose, día a día, por culpa de la codicia de las élites económicas, y de las políticas que realizan los gobiernos del PP y CIU, en este caso con apoyo de ERC que antepone la bandera a la igualdad.
En este punto, hay que destacar:
• La aptitud del Gobierno del PP. Por una parte, descalifica a quienes plantean reformas constitucionales y se reafirma en su voluntad de no querer ni siquiera hablar de posibles cambios. Y por otra, realiza reformas estructurales que recortan derechos de los ciudadanos recogidos en la Constitución.
• El fracaso de CIU, en unas elecciones autonómicas adelantadas y planteadas con la intención de afianzar su poder para el desafío soberanista, ha aumentado la tensión social y la inestabilidad en Cataluña. Artur Mas, que podía haber asumido su error y garantizar la gobernabilidad, abandonando su deriva soberanista y pensando en los problemas reales de los catalanes, ha preferido, continuar en su empeño con un pacto CIU-ERC, un pacto anti-natura que complica aún más las cosas.
• Existen muchas maneras de entender España, pero todas ellas tienen que estar dentro de un marco y una concepción democrática. Esa fue la base de una Transición que ha traído democracia y prosperidad a España, y que ahora necesita revisarse para hacer efectivos los derechos que en la Constitución aparecen y que no son una realidad en la vida de las personas.
• El derecho a decidir como se presenta por los nacionalistas es una falacia. Los ciudadanos ya deciden cuando hay elecciones, y deben poder participar en más momentos, con nuevos cauces, pero siempre desde la legalidad. En una circunstancia donde la política y sus instituciones están muy cuestionadas, es importante destacar la masiva participación que hubo en las últimas elecciones autonómicas catalanas, con un 69,5 por ciento de participación. Una participación que no cumplió el objetivo de confrontación que pretendían algunos al convocarlas.
• La izquierda no debe presentarse como la auténtica defensora de ninguna tierra o tribu. La izquierda y el PSOE tienen que dar, y están dando, una respuesta socialdemócrata a la crisis para que no sigan pagando los ciudadanos, con más paro y recortes de derechos, los desmanes de las élites económicas. Y dentro de esas respuestas, hay que cerrar el modelo territorial del Estado, dentro de un federalismo cooperativo, que garantice la igualdad de todos los españoles en cualquier parte del territorio. Todo con un objetivo, conseguir más progreso, igualdad y justicia social para todos los ciudadanos españoles, y sin ningún tipo de privilegios.
La reforma hacia una España federal, que plantea el PSOE, es la evolución natural del Estado autonómico. Por tanto, la constitucionalización del Estado autonómico, esto es, llevar a la Constitución el modelo de organización territorial, se plantea desde un federalismo que debe ser el modelo definitivo de organización territorial. ¿Por qué? Porque da las mejores soluciones para resolver las cuestiones de igualdad, identidad y cohesión para todos los ciudadanos, y para Cataluña y otras comunidades autónomas.
Es evidente que habrá que incorporar a la Constitución el actual mapa autonómico con sus actuales denominaciones, y reconocer aquellos hechos diferenciales y singularidades simbólicas que forman parte de nuestra pluralidad histórica, cultural y política. Pero la clave está en establecer:
• La garantía de igualdad efectiva de todos los españoles en sus prestaciones básicas. Esto significa acabar con las fronteras invisibles en las prestaciones, y facilitar el acceso de todos los ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos, a los servicios y prestaciones que le corresponden, independientemente de su lugar de residencia y del sitio de España en el que se encuentre.
• Un reparto competencial claro y cerrado, donde se suprima el artículo 150.2 que prevé la delegación de competencias del Estado. Ya no será necesario al existir un listado de competencias exclusivas del Estado y establecer en los Estatutos de Autonomía las competencias restantes.
• Una reforma del Senado para convertirlo en una verdadera Cámara de representación territorial.
• Un nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autonómicas, que constitucionalice los principios en los que debe basarse el sistema de financiación, las competencias normativas y de gestión de las CCAA, el listado de los impuestos cedidos, total o parcialmente y su modelo de reparto.
• Un cambio del control constitucional de las reformas estatutarias, siendo preceptivo que sea previo a cualquier celebración de referéndum, cuando éste sea obligado por la ley.

Frente al conflicto permanente y a la tensión a la que están llevando a la sociedad, unos con el anuncio de la consulta y otros adelantando debates en el Congreso de los Diputados para intentar conseguir un puñado de votos en las Elecciones Europeas, hay una oportunidad para comenzar una etapa de diálogo, que permita avanzar hacia mayores cotas de bienestar para todos los ciudadanos adaptando la Constitución a la nueva realidad de la sociedad española en su conjunto.
Se puede y debe hablar de todo. Pero hay que decir la verdad a los ciudadanos. La Constitución se puede cambiar, se tiene que cambiar, y para eso está el título X de la misma, bajo el epígrafe “De la reforma constitucional”. Cambios, los necesarios con diálogo y consenso, pero cumpliendo la ley. Que, en resumen, significa que decidimos todos. No vale inflamar la calle para luego entrar en ambigüedades calculadas, para conseguir privilegios o el mayor número de votos, ya sea este un deseo de CIU o del PP.

El Sr. Luis Ángel Hierro, entre otras arrogancias «jurídicas», menciona el «derecho de secesión». Tal derecho, como tal, no existe, sino que es un derivado o consecuencia lógica del derecho de libre determinación de los pueblos, reconocido plenamente en el derecho internacional.

El derecho de libre determinación (autodeterminación) de los pueblos para que no pueda ser escamoteado o vaciado de contenido implica, entre otras cosas, el supuesto «derecho de secesión» si la situación concreta lo requiere. Por ejemplo, si el derecho de libre determinación de los pueblos para hacerse efectivo exige en un caso particular (Catalunya, País Vasco, Escocia, Quebec, Sáhara o Tibet, por mencionar algunos casos significativos en la actualidad) la «secesión», dicha secesión es un contenido necesario y básico del derecho de libre determinación, sin el cual este derecho sería irrealizable en aquellos casos en que al pueblo que se «autodetermina» o se «determina libremente» se le impida por la fuerza ejercer dicho derecho.

Así pues, libre determinación (autodeterminación) no siempre implica «secesión»; sólo en aquellos casos en que el pueblo en cuestión decida crear voluntaria y democráticamente un Estado con un territorio propio.

Y pasando del derecho al hecho, Luis Ángel Hierro afirma que » … Cataluña ni es una colonia, ni está ocupada militarmente, ni se discrimina a su población…». Sin entrar al detalle en estos requisitos para que se pueda ejercitar el derecho de autodeterminación, según el Sr. Hierro, ni en si es una «colonia» o si su «población» (que no es sinónimo de «pueblo») es discriminada, lo que me llama la atención especialmente es lo de la «ocupación militar» ¿Quién ocupa militarmente Catalunya? ¿Los cascos azules de la ONU? ¿La OTAN? ¿Las fuerzas armadas catalanas? Excúsenme la ironía.

¿Cuál es el problema de que Artur Mas plantee planes alternativos para el caso (harto probable) de que el gobierno central trate de impedir la celebración del referéndum? ¿Así que «no hay otra propuesta mejor que pactar el derecho a decidir» con quienes niegan ese derecho y han demostrado sobradamente que no están dispuesto a pactar?

Lo que es de «destacar» en la posición de IU es la flagrante contradicción de «defender el derecho a decidir» pero a la vez rechazar la posibilidad de una declaración unilateral de independencia y pretender que todo se haga conforme a la legalidad. Si para ejercer su voluntad el pueblo catalán necesita el beneplácito de las instituciones centrales, entonces no tiene realmente derecho a decidir. Efectivamente, «las ambigüedades calculadas o los miedos electorales ya no sirven», y me gustaría que IU e ICV se lo aplicaran de verdad. El derecho a decidir se ejerce, no se mendiga.

Dice usted que «la cuestión de fondo es si se avanza hacia un estado federal, plurinacional y solidario o se retrocede hacia un estado centralista y uniformizador» (curiosamente «olvida» la opción de la independencia). Para mí la cuestión de fondo es más bien si se avanza hacia una democracia más auténtica o se sigue retrocediendo hacia una «democracia» meramente formal, represiva, trucada y vacía, en manos de los poderes fácticos. En la cuestión que nos ocupa, si el pueblo catalán puede votar libremente con igualdad de oportunidades para todas las opciones, o si quienes no quieren la independencia juegan abierta o disimuladamente con la ventaja que les proporciona la legalidad vigente y la correlación de fuerzas en Madrid. Pero el mismo dilema se puede aplicar a otras decisiones quizás más cruciales para los intereses de todos los pueblos de las Españas.

¿Apuestan IU e ICV por el régimen de la transición, si acaso con reformas «pactadas», o por una ruptura democrática constituyente?

Es habitual en política hacer piruetas con las palabras para no decir directamente lo que se pretende. Eso es lo que ocurre con el eufemismo “derecho a decidir”, que es un concepto inexistente en el derecho constitucional y que en Cataluña muchos utilizan para evitar referirse al “derecho de secesión”, habida cuenta que no pueden hablar de “derecho de autodeterminación”, puesto que Cataluña ni es una colonia, ni está ocupada militarmente, ni se discrimina a su población.

En términos jurídicos la pregunta a responder es bien sencilla ¿a quién corresponde en España el derecho de secesión? La mayor parte de las constituciones federales atribuyen la decisión al conjunto de la federación, cuando no a la totalidad de los Estados, aunque existe algún caso excepcional como Canadá donde su Tribunal Constitucional ha fijado la posibilidad de obtener la secesión mediante un referéndum unilateral más un pacto. En España no existe derecho de secesión y la soberanía, que es la única que puede crear ese derecho, reside en el pueblo español, por tanto el derecho de secesión pasa inevitablemente por una modificación constitucional que lo cree y su refrendo en toda España. Jurídicamente la cuestión es así de simple.

Ahora bien que esté zanjada la cuestión jurídica no significa que lo esté el problema político. Desde mi punto de vista España tiene dos problemas estructurales por resolver que afectan a Cataluña. El primero, que afecta al “fuero”, es definir una estructura territorial estable del Estado y el segundo, el “huevo”, es solventar el agravio comparativo que supone el régimen foral.
En cuanto al primero, el nacionalismo español y el catalán mantienen posturas antagónicas. Los primeros, herederos del centralismo absolutista, defienden la centralización política y siempre que acceden el gobierno de España intentan desandar parte de lo andado en materia de descentralización. Para los segundos, su ideal de España es un sistema confederal asimétrico en el que Euskadi y Cataluña y el resto de España sean tres estados que hablen de tú a tú, y utilizan la Generalitat y sus votos en el Congreso de los Diputados para la permanente reivindicación. Desde mi punto de vista, la solución intermedia se encuentra en definir constitucionalmente un Estado Federal y concretarlo. Para ello la derecha españolista debe aceptar la irreversibilidad de la descentralización y constitucionalizarla y el nacionalismo catalán debe poner fin al victimismo y al revindicacionismo permanente. Este último también debe asumir que jamás ganara una batalla territorial defendiendo la asimetría y teniendo como único aliado territorial al nacionalismo vasco. Sin esas renuncias la solución del problema político es casi inviable.

En cuanto al segundo problema, el “huevo” de la financiación, nos encontramos de nuevo ante dos posturas bien contrarias. Por una parte están los partidos nacionales, que entienden el sistema foral vasco y navarro como una excepción necesaria que produce un privilegio fiscal asumible y por otra el nacionalismo catalán y el catalanismo que exigen que Cataluña sea otra excepción y que desarrollan un discurso incendiario de explotación fiscal totalmente falso. Para solucionar el problema, los primeros deben entender que la estabilidad de España exige la ausencia de privilegios económicos territoriales sin excepciones y los segundos deben asumir que no van a conseguir un privilegio que pasa por desmantelar fiscalmente al Estado o dejar sin recursos al resto de Comunidades Autónomas. En este aspecto lo necesario es un plan a largo plazo de convergencia en financiación per cápita, disminuyendo la financiación de las forales y aumentando las de las no forales hasta conseguir un equilibrio. Sin ese plan tampoco es viable la solución del problema político.

Pues bien, a pesar de que es difícil del alcanzar un acuerdo, la realidad es que existe un punto intermedio factible y que lo que sobran son los políticos mediocres y populistas y los discursos extremistas y falaces que lo impiden. Necesitamos políticos con sentido de Estado y que no vayan ni de sobrados ni de farol, algo que brilla por su ausencia en la actualidad. Los Sres. Rajoy y Mas deben dejar de jugar con los ciudadanos y deben recordar que el sentimiento pertenencia nacional, sea del ámbito que sea, es tan arraigado y tan manipulable que quienes lo utilizan trabajan en riesgo permanente de explosión, como demuestra el hecho de que el nacionalismo esté en el origen de la mayoría de las guerras sufridas por Europa en el último siglo.

Tal vez por eso siempre he preferido hablar de personas antes que de territorios, aunque sea consciente de que en determinados momentos como ahora es inevitable hablar de territorios.

La compleja situación política catalana y la no menos compleja e incierta relación España- Catalunya viene determinada por la sentencia del Tribunal Constitucional ( TC ) sobre el nuevo Estatuto de Autonomia de Catalunya ( EAC). Una sentencia cuyas consecuencias van más allá de Catalunya pues cierra la via evolutiva del Estado de las Autonomias hacia un estado federal en el actual marco constitucional.
La reforma del EAC tenia fundamentalmente 3 objetivos : incluir un titulo sobre derechos y libertades inexistente en el EAC de 1979, incorporar competencias e instrumentos para resolver nuevos retos que “no existían” hace 30 años ( inmigración, medio ambiente, nuevas tecnologías de la información, UE,…) y lograr una mayor comodidad del encaje de Catalunya en España. No era un EAC para romper lazos sino para mejorarlos y fortalecerlos. Era, eso si, un claro avance en una perspectiva federal.
En el curso de su elaboración y debate parlamentario , demasiado largo y tedioso, el PP y la derecha social y mediatica lanzaron una gran ofensiva contra el EAC al grito “España se rompe”. La izquierda social y política del estado calló. Llegando algunos dirigentes del PSOE a compartir argumentario con el PP como también lo hizo algún máximo responsable sindical estatal.
La izquierda fue incapaz, no quiso o no supo, o ni quiso ni supo,entre otras razones por miedo electoral, ante el “España se rompe” ofrecer una propuesta de Estado Federal explicando que el EAC era una paso firme en esa dirección. La confrontación política se dio entre la derecha estatal y Catalunya. La izquierda desaparecida,sin dar batalla, y con ella la propuesta federal. El error fue pensar que la suerte del EAC era sólo una cuestión catalana cuando lo que estaba en juego era el modelo de estado.
Llegó la sentencia. Choque de legitimidades. La legitimidad democrática que la sociedad catalana expresó en el referéndum y la legitimidad institucional ( evidentemente también democrática) del TC aunque erosionada por todo el “culebrón” del propio TC.
Pero la sentencia significó también un menosprecio a la voluntad y dignidad de los hombres y mujeres que depositaron esperanzas en el nuevo EAC como instrumento de mejora de las condiciones de vida y como nuevo marco convivencial entre Catalunya y España.
¿Cómo superar el choque de estas dos legitimidades o como salir del “cul de sac”en que se encuentra Catalunya después de la sentencia? Esa es la cuestión.
No se me ocurre mejor respuesta que escuchar lo que piensa la ciudadanía y que su voluntad oriente el futuro de Catalunya y su relación con España. Esta es ,por otro lado, la opinión de la gran mayoría de la población catalana.Todos los sondeos situan alrededor del 75% el porcentaje personas que considera necesaria la consulta.
Cuestión distinta es el sesgo que en algunos aspectos toma este proceso.El contenido de la pregunta (que no es de mi total agrado pues no contempla de forma explicitala opción federal), las posibles vías de consulta, las prioridades de las acciones a realizar, la independencia como solución mágica que hace desaparecer los conflictos y los intereses de clase o el aluvión de victimismo a que se nos somete.entre otros.
Los procedimientos para determinar la ubicación de Catalunya en España, o fuera de ella, no es un problema jurídico es un problema político que tiene soluciones jurídicas como han afirmado desde Rubio Llorente hasta Francesc de Carreras desde Roca Junyent hasta Herrero de Miñon. No es que no se puede es que no se quiere.
No se quiere. El PP está inmerso en un dinámica recentralizadora y expresa nostalgia de un Estado unitario.Todos los proyectos de ley están atravesados por un eje centralista y uniformizador. Desde la ley Wert hasta la ley Arsal pasando por la distribución injusta de los objetivos de déficit entre la Administración Central y las CCAA,
Además ha bloqueado la aplicación y desarrollo de los Estatutos de Autonomia de segunda generación. Frenando el traspaso de nuevas competencias o no reuniendo las comisiones bilaterales correspondientes.
Por su parte el gobierno catalán va dando tumbos. Su presidente ha dicho de todo y lo contrario de todo. Consulta legal. Elecciones plebiscitarias, Consulta aunque no esté pactada. Declaración unilateral de independencia etc…Tomando iniciativas, a menudo, que en lugar de favor el escenario para la consulta lo perjudican.
No podemos omitir, también, las dificultades que plantea el hecho que los dos grandes partidos no estén en una dinámica evolutiva hacia un estado federal. Unos el PP por lo dicho anteriormente. Otros , el PSOE, porque no defiende políticamente el EAC como una propuesta federal modernizadora del estado y que en la actualidad mantiene, a mi entender, posiciones insuficientes aunque valoro que por primera vez plantee la reforma constitucional.
A pesar de esta dura realidad no hay otra propuesta mejor que PACTAR EL DERECHO A DECIDIR, como con buen sentido común se ha hecho en Escocia. Un derecho a decidir que no deriva ni de 1714, ni del supuesto expolio fiscal. Sino que es consecuencia de la voluntad de mayor autogobierno y reconocimiento nacional de Catalunya que,hoy, expresa una mayoría de la sociedad catalana y que se ha visto bloqueado.
Después de 30 años de Estado Autonómico es evidente la necesidad de un salto cualitativo y no sólo en Catalunya. Las propias reformas de los Estatutos de CCAA gobernadas por el PP así lo evidencian.
La izquierda estatal, política y social, no puede repetir el error de callar ( a destacar la posición de IU de defender el derecho a decidir) y ha de ser consciente que la cuestión de fondo es si se avanza hacia un estado federal, plurinacional y solidario o se retrocede hacia un estado centralista y uniformizador.
En cualquier caso, no hay duda que, el desenlace de la actual problemática catalana determinará en buena medida el modelo de estado futuro. Los silencios prudentes, las ambigüedades calculadas o los miedos electorales ya no sirven. Ni sirvieron.

A medida que se está comprobando que la decisión del Parlament catalán de convocar una consulta sobre su futuro sigue adelante, la beligerancia desde gran parte de los medios de comunicación y los principales partidos de ámbito estatal se intensifica apoyándose en una permanente referencia a un fundamentalismo constitucional, generalmente acompañado de una mitificación de la “Transición”; en argumentos primordialistas que se remontan a un remoto pasado (como también lo hacen sectores significativos del nacionalismo catalán) o, en fin, en que se quedarían fuera de “Europa”.

Esas respuestas revelan una torpe ceguera ante una realidad incuestionable: sea cual sea la interpretación histórica y al margen de lo que digan la Constitución o, en el futuro, la UE, hoy en Catalunya no es únicamente el segmento de la ciudadanía que se siente solo o principalmente catalán el que está reivindicando el derecho a decidir sino que lo son también muchos otros que, aun sintiéndose catalanes y españoles, han llegado a la conclusión de que la relación con el Estado español ha llegado a un bloqueo tal que hace imposible estar juntos en las condiciones actuales. Consideran, por tanto, que es necesaria esa consulta para replantearse las mismas bien mediante la constitución de un Estado independiente (que para muchos y muchas catalanas debería ser una República catalana), bien a través de una fórmula federal abierta, de Estado libre asociado o confederal; obviamente, esto último, de salir mayoritariamente, obligaría a una reforma constitucional y al consiguiente referéndum a escala estatal, algo a lo que se niega resueltamente la derecha española.

Ante este panorama una parte significativa de la izquierda social y política española comparte las críticas al nacionalismo excluyente del PP e incluso reconoce algún déficit en el proceso que condujo a la elaboración de la Constitución del 78, pero no por ello considera que debe defender el reconocimiento del derecho a decidir de Catalunya y solo asumiría una propuesta federal tímidamente plurinacional mediante una reforma constitucional. Este sector –incluso el que ha sido corresponsable de los recortes, como es el caso del PSOE- aduce ahora que lo principal es la lucha contra la desigualdad social y los recortes, mientras que descalifica la demanda catalana por el hecho de que sea Artur Mas quien pretende estar a la cabeza de esa reclamación. Ignoran (¿deliberadamente?) que aun siendo cierto que la fuerza política que representa Mas gobierna actualmente en esa Comunidad y también se ha caracterizado por aplicar una dura política de recortes, es todo un movimiento transversal a la sociedad catalana, con una pluralidad de corrientes y propuestas –también contra los recortes-, el que está en pie y no va a ceder en su presión a favor de la consulta del próximo 9 de noviembre. Son ese movimiento y esa demanda, que cuestionan la cultura política heredada de la “Transición”, los que han dejado obsoleta la dinámica pactista y funcional al régimen, en cuyo marco había actuado hasta ahora CiU en sus relaciones con el PSOE y el PP. No sorprende, por eso mismo, que una parte significativa de la burguesía presente en esa Comunidad esté distanciándose de Mas.

Pero lo peor es que esa izquierda española y, sobre todo, muchas gentes de abajo–incluso entre el conjunto de activistas vinculados al 15M, a las mareas y a las luchas feministas, obreras o vecinales ahora en curso- no acaban de comprender que esa demanda del derecho a decidir tiene mucho que ver con las que ellos y ellas están reclamando frente a la Troika y a un régimen en profunda crisis de legitimidad, con mayor razón ahora que gobierna el PP ultraneoliberal y ultraconservador de Rajoy. ¿Acaso exigencias como referendos vinculantes, derogatorios o revocatorios no han sido reivindicaciones del 15M? ¿O consultas como las organizadas en Madrid sobre la privatización del agua o la sanidad no lo han sido de las mareas? ¿No están reclamando muchas mujeres su derecho a decidir sobre su propio cuerpo frente a un gobierno que se lo niega? Se nos dirá que no se trata de lo mismo pero no es así: es una reivindicación de democratización de la política en torno a distintas demandas la que se está compartiendo frente a quienes tienen miedo a que sean los pueblos los que decidan. Por eso mismo estamos convencidos de que la celebración de la consulta del 9 de noviembre en Catalunya, de llevarse a cabo, supondría una brecha abierta en este régimen y un estímulo para que no sólo allí sino en otros lugares del estado se abrieran nuevas oportunidades para avanzar hacia una “democracia real” frente al despotismo austericida y neocentralista que se nos quiere imponer. La posibilidad de iniciar proceso(s) constituyente(s) desde abajo también podría aparecer en ese contexto como algo viable y factible.

Existe también gente amiga que apuesta por un nuevo “patriotismo” español, pretendiendo así trasladar miméticamente experiencias relativamente exitosas en América Latina sin tener en cuenta las notables diferencias históricas y geopolíticas ni, sobre todo, su deseada rehabilitación de ese concepto sin una previa denuncia del papel opresor que el nacionalismo español ha ejercido dentro de su propio Estado sobre otros pueblos. Recordando lo que dijera Joaquim Maurín en el Ateneo de Madrid el 8 de junio de 1931 (“Creemos que Cataluña debe separarse, pero no de España sino del Estado. Cuando Cataluña, Vasconia y Galicia se hayan lanzado sobre el estado, entonces se reedificará la auténtica unidad nacional”), estos “patriotas” españoles deberían reconocer que la única vía para reconstruir una idea nacional-popular de lo español pasa por el respeto previo al derecho a decidir su futuro de quienes no se sienten reconocidos en pie de igualdad dentro de este Estado.

Hay, en fin, quienes responden diciendo que está bien que en Catalunya, Euskal Herria o Galiza se reivindique el derecho a decidir, pero que ésa es su tarea. En el resto del Estado lo que correspondería, en su opinión, es centrarse en otras cuestiones puesto que no existe ese “problema”. Olvidan que no solo este tema está en el centro de la agenda política en todo el Estado sino que, además, esos pueblos necesitan voces que hagan toda la pedagogía posible para contrarrestar el discurso hegemónico –político y mediático- que se resiste a reconocer otras identidades nacionales diferentes de la española y que amenaza con la confrontación -e incluso la suspensión de la precaria autonomía, hoy ya amenazada por el chantaje del pago de la deuda- con la mayoría de la sociedad catalana.

En mi último comentario, titulado «Democracia, autodeterminación y «autodecisión» tras la descolonización», comienzo diciendo:
«En el proceso de descolonización de los años 60 y 70 del pasado siglo …»
En realidad, quiero decir:
«En el proceso de descolonización de los años 50 y 60 del pasado siglo …»

Gracias por su amable y clarificadora respuesta. Quiero de todas formas expresar discrepancias y matices respeco a algunas de sus afirmciones:

«Los nacionalistas catalanes han planteado una salida de forma unilateral, con todo decidido, en un trágala»: En comentarios anteriores he dado argumentos por los que considero legítima una salida unilateral. Por otra parte, ¿qué significa «todo decidido» si se propone un referéndum en el que se puede votar «no»?

«Al parecer, el caso tiene poco que ver con Quebec y con Escocia»: Esto lo veo como responsabilidad exclusiva del bloque «anticonsulta».

«Compartir la lengua es sólo eso, compartir la lengua; no la renta, (…) ni el programa político»: ¿Y qué impide defender la lengua y a la vez un programa político de izquierda radical?

«ICV, EUiA, CUP. Desde el momento que siguen el proyecto de Mas de vez de combatirlo, van a tener muy difícil impulsar una política distinta.»: Comparten (no «siguen») el proyecto de Mas de hacer un referéndum, y en el caso de CUP, el de la independencia (de forma mucho más clara y rotunda que él). ¿Por qué habrían de combatir algo con lo que están de acuerdo? ¿Acaso hay que llevar la contraria en todo a los adversarios políticos?

«Más aún si hubiera un proceso constituyente bajo la hegemonía de la derecha catalanista (…). Y eso coloca a esas fuerzas de izquierda en peores condiciones que las que hubo en la transición (…).»: La hegemonía en el proceso constituyente dependerá de lo que voten los catalanes en su momento. Y difícilmente la izquierda puede estar en peores condiciones que las de la transición, cuando el mero advenimiento de la democracia formal era una conquista por la que valía la pena renunciar a muchas aspiraciones, en la esperanza de poder conquistarlas después a través de las urnas, y con un ejército netamente franquista dispuesto a abortar el proceso si se pisaban ciertas líneas rojas.

Catalunya y España se encuentran en una encrucijada. El problema es mutuo, catalán y español. El Tribunal Constitucional decidió tras su sentencia sobre el Estatut de Catalunya mandar fuera del marco Constitucional a una gran mayoría de catalanes que tras esa sentencia ya no se sienten reconocidos en la Constitución actual. Alguien pensó en el PP que tumbando al Estatut se mandaría callar a la ciudadanía de Catalunya. Fue al revés: aquella sentencia instaló una bomba de relojería contra la propia Constitución y aceleró el cuestionamiento del pacto del 78.
Hoy la ciudadanía de Catalunya, en su gran mayoría, quiere poder decir libremente y en una consulta su futuro político. Las encuestas muestran un apoyo abrumador a la consulta, que se fundamenta ya no sólo en querer rediscutir a fondo la relación con el resto de España, sino también en una corriente de fondo de repolitización de la sociedad que vuelve a cuestionarlo todo porque quiere volver a ser protagonista. Lo que hoy acontece en Catalunya tiene una expresión propia, singular. Pero también comparte corriente de fondo con parte de lo que acontece en las llamadas mareas ciudadanas en el resto de España.
Quiero empezar afirmando que la defensa inequívoca de ICV del derecho a decidir no emana de la tradición, ni de las guerras sucesorias dinásticas, ni del expolio fiscal. El derecho a decidir que defiende ICV no es romántico, ni crematístico. Es republicano. Es porque la gran mayoría del pueblo de Catalunya se ha expresado en favor de un nuevo pacto ciudadano que defendemos el derecho inalienable a poder votarlo y construirlo. En estos tiempos en que la ciudadanía reclama poder participar y decidir el futuro de sus vidas ante los ataques del capitalismo neoliberal, el empoderamiento ciudadano es urgente y necesario
Y es este sentido republicano del derecho a decidir el que hace que para nosotros sea incuestionable, por ejemplo, que en la futura consulta sobre el futuro de Cataluña pueda participar todo el mundo que viva en Catalunya independientemente de su estatus jurídico, legal e independientemente de su origen o de su identidad nacional.
Tengo que reconocer que observo, a veces con envidia, cómo evolucionan las cosas en otros lares, por ejemplo en Escocia. Y digo envidia no sólo por la posibilidad que tendrán los escoceses en unos meses de decidir en la urnas su futuro, sino también por el sosiego, la pausa y el debate en profundidad sobre la cuestión. Los mecanismos políticos que se han encontrado en Escocia para canalizar la situación sobre el futuro del estatus político son, creo, un buen modelo. En ICV nos gustaría que ante el debate agresivo y amenazante que rodea la discusión sobre el futuro político de Catalunya por parte de la derecha más rancia, y ante la negativa del PP de permitir ejercer el voto a la ciudadanía de Catalunya, pudiéramos encontrar una vía política y un debate a la escocesa.
Pero si el caso escocés muestra un buen camino, también es justo señalar que la trayectoria de España y Catalunya y su marco constitucional son de otra naturaleza, y su situación hoy también. La gran diferencia entre ambos casos, desde mi puto de vista, es que en el Reino Unido no hay una crisis de régimen, como sí existe en España. La crisis catalana en mi opinión es en este momento la expresión más grande, pero no la única, del hundimiento del pacto constitucional del 78.
La forma política que nació con la Transición está agotada. Las crisis constitucionales españolas en los últimos 150 años siempre han tenido tres características muy definidas: una crisis social profunda, un desprestigio de la forma de estado monárquica, y una incapacidad del Estado para responder a las demandas de las naciones que lo componen. Tres expresiones que se reproducen hoy, y que nos permiten afirmar que el marco constitucional español ha entrado en una grave crisis.
Esto tiene que ver también con las circunstancias históricas que rodearon aquel pacto. Yo, que soy de una generación que nació ya en democracia, participo en política desde el convencimiento de que quiero poder discutir lo que entonces se decidió. Quiero opinar sobre el modelo de país que se construyó entonces. Y aclaro: no supone esto de ninguna manera renegar de lo que hicieron los que lideraban el PCE y el PSUC en aquella época. Si yo hubiera estado en su lugar en este contexto histórico y con esa correlación de fuerzas hubiera actuado de la misma manera. Pero han pasado más de 30 años, y el mundo, España y Catalunya han cambiado.
Mi generación quiere reabrir debates que el constituyente del 78, que redactó el texto bajo la amenaza de las armas, no pudo afrontar: el modelo social y económico constitucional, la forma de estado y el derecho a decidir de las naciones que lo componen. Sobre esto es sobre lo que queremos hoy, en 2014, volver a hablar.
Entender los orígenes de esta crisis constitucional es esencial para encontrar las respuestas adecuadas a la misma. También para aquellos que creemos en la construcción de una España de tipo federal. El federalismo hoy sólo será creíble si apuesta por un nuevo régimen constitucional. Quien pretenda construir el federalismo como una balsa de náufragos del régimen bipartidista del 78 no convencerá. Si el federalismo del PSOE no tiene hoy ninguna credibilidad es porque está construido como salida en falso, como retoque meramente cosmético del régimen político actual. Un federalismo lampedusiano, que pretende cambiarlo todo para que todo quede igual.
Vale el mismo argumento para CiU. Convergència es un pilar del 78, la más viva expresión catalana de los vetos de la Transición. Es por eso que nunca será hegemónica en un nuevo marco político. El tiempo de su hegemonía ha pasado, a pesar de las piruetas de Artur Mas tratando de evitarlo.
La izquierda de mi generación no puede ni debe convivir con este naufragio. El federalismo hoy en España sólo se construye reabriendo el que se vetó al 78: república, nuevo modelo económico y derecho a decidir. Pero si el PSOE actúa hoy como baluarte del pacto del 78, es justo reconocer que en España hay voces de otra índole: Izquierda Unida, o el mismo Ignacio Fernández Toxo, han apostado abiertamente por el agotamiento del régimen constitucional actual.
En ICV creemos que hay vías legales para que la consulta del 9 de noviembre se pueda celebrar, y así lo esperamos. Pero tampoco somos ilusos: un proceso de autoderminación en Catalunya supondría el punto final a este marco constitucional.

¿Qué significa hoy soberanía en Europa?
A la vista de las elecciones europeas, hay otro elemento de este debate que no podemos obviar: el del signifcado de la soberanía en el siglo XXI. El debate sobre el futuro de Catalunya y España se encuentra hoy enmarcado también por nuestras relaciones con Europa. Formamos parte hoy de la eurozona, y esto, en cuestiones de soberanía, lo cambia absolutamente todo.
La eurozona ha vivido en estos últimos años un auténtico proceso deconstituyente. La pérdida de soberanía monetaria, que nosotros defendimos en su momento, tal como se ha articulado ha desencadenado una pérdida de soberanía popular sin que hayamos construido todavía la soberanía europea.
Para que se me entienda: la Troika maneja como quiere nuestro derecho laboral o el futuro de nuestras pensiones y no rinde cuentas ya a nadie, ni aquí ni en Europa. Hemos llegado incluso a modificar esta misma Constitución tutelados por un poder tecnocrático europeo. El proceso deconstituyente europeo se desarrolla a partir de un federalismo europeo de tipo autoritario que ha violentado la soberanía popular. Este proceso, además, es paralelo a la pérdida de soberanía que ante los mercados han sufrido las viejas naciones europeas.
La relación con Europa y con los mercados financieros es hoy clave para entender la soberanía. No habrá soberanía popular sin una Europa democrática y ciudadana. El estado- nación ya no controla los mercados, la Europa actual construye la tecnocracia. Europa es una necesidad y a la vez un peligro.
Querer construir la soberanía ciudadana pasa hoy por ser consciente de estas cosas. Lo digo sobre todo por cómo algunos especulan alegremente hoy en Catalunya sobre la salida de la Unión Europea o del euro, o por como algunos presumen al otro lado del Ebro de la inviolable soberanía española. Nuestra pertenencia a la UE, y sobre todo a la zona euro, merecen que este debate sea tomado algo más serio, más allá de las peleas de bar a las que nos tienen acostumbrados Margallo , Barroso y Artur Mas.
Fue interesantísimo seguir el debate sobre el futuro de la Libra en Escocia. Seguir en la Libra significa para Escocia una independencia sin soberanía monetaria ni fiscal, es decir, una independencia muy particular. Pero los escoceses saben que esto es mejor a la alternativa de lanzar una nueva moneda o, aún peor, encuadrar Escocia en la eurozona, lo que supondría dejar de depender de Londres para pasar a depender de Berlín.
Necesitamos aquí en Cataluña y en España debatir más estas cosas .Yo tengo la modesta ambición de introducir estos elementos nuevos sobre lo que significa la soberanía hoy, ahora que se acercan las elecciones europeas. Solamente afrontando de forma seria todos estos debates podremos encontrar una salida política al conflicto que hoy rodea Catalunya y España. Entre el independentismo mágico y exprés de algunos, y aquellos que creen que negando la consulta y dando un mazazo judicial a la voluntad ciudadana todo volverá a ser como antes, debemos ser capaces de dejar que la ciudadanía pueda debatir y elegir libremente su futuro como se hace en otras partes del planeta. Y a la izquierda nos toca en todo caso construir juntos un proyecto nuevo para este país que permita superar lo que nos fue negado 35 años atrás, siendo conscientes que nuestra batalla principal en cuestiones de soberanía y poder ciudadano se sitúa hoy en Europa.

Gracias por la atención prestada. Respecto a su texto, tengo los acuerdos y desacuerdos, que indico a continuación.

1. JAPM: “¿Acaso tiene mejores proyectos la izquierda del resto de España?” De acuerdo. No los tiene. Y eso forma parte de este y de otros problemas.

2. Intransigencia. Admito que hay intransigencia, mediocridad y ceguera en el Gobierno de Rajoy para hacer frente a este problema político. Pero no olvido que los nacionalistas catalanes han planteado una salida de forma unilateral, con todo decidido, en un trágala. Ambos gobiernos -de Rajoy y de Mas- actúan como dos cabras, buscando el topetazo que les dé la victoria sobre un adversario, no convencido, sino derrotado. Al parecer, el caso tiene poco que ver con Quebec y con Escocia.

3. JAPM: “¿Hay que renunciar a las señas de identidad?” Depende. ¿A unas señas de identidad o a un programa político? En todo caso, ¿a qué señas de identidad hay que renunciar? ¿A las que fijan CiU, Mas y ERC, porque hablan catalán? Eso es como decir que fuera de Cataluña hay que aceptar las señas de identidad que prescribe el PP, porque habla en castellano. Compartir la lengua es sólo eso, compartir la lengua; no la renta, ni la situación social, ni los intereses, ni las aspiraciones, ni la ideología, ni el programa político.

4. Acuerdo. El PSOE ha sido un gran beneficiario del sistema bipartidista surgido de la transición y ha aplicado medidas económicas de corte neoliberal. Pero eso no evita lo otro, que Mas ha sido un precursor de tales medidas contra la población de Cataluña, en particular contra los asalariados y los estratos bajos de la clase media. Eso es lo que nunca olvido de la política de Mas -contra quién dirige sus recortes-, porque le emparenta económicamente con el PP; al fin y al cabo forman parte de la misma (deteriorada) élite política y financiera que ha gobernado España (y Cataluña) desde la transición.

5. ICV, EUiA, CUP. Desde el momento que siguen el proyecto de Mas de vez de combatirlo, van a tener muy difícil impulsar una política distinta, de clase, si aspiran a eso. Más aún si hubiera un proceso constituyente bajo la hegemonía de la derecha catalanista, que quedará legitimada durante años por haber traído, con la independencia, la libertad y la democracia a Cataluña, haber defendido su cultura, su identidad, su riqueza, etc, frente a la España opresora y ladrona. Y eso coloca a esas fuerzas de izquierda en peores condiciones que las que hubo en la transición, en que la dictadura presentaba un notable grado de erosión producido por una larga etapa de lucha de masas en contra. Cosa que ahora en Cataluña no sucede, ya que, astutamente, Mas ha sabido orientar la indignación popular contra el Gobierno de Rajoy, para eludir sus responsabilidades en la actual situación de Cataluña, que es similar a la del resto de España.

En el proceso de descolonización de los años 60 y 70 del pasado siglo, las potencias coloniales (Estados europeos, sobre todo) pusieron todo tipo de trabas a la emancipación de las colonias. Sin embargo, durante ese periodo un gran número de dichas colonias consiguieron «independizarse» tras cruentas guerras. No les salió gratis. Al convertirse en miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas y, además, ser mayoritarios lograron que su Asamblea General adoptara textos mucho más favorables a sus intereses, como por ejemplo, los textos adoptados en su seno relativos a los derechos humanos.

Entre los derechos que más dificultades encuentran para abrirse camino, debido a los obstáculos y trabas que interponen a su reconocimiento y ejercicio por parte de las antiguas potencias coloniales y la nuevas grandes superpotencias, como EE.UU., Rusia, China y los Estados europeos pertenecientes a la OTAN, figuran los denominados derechos colectivos, entre ellos el derecho de libre determinación (o de «autodeterminación», o de «autodecidir», o como se le quiera llamar), que pretenden aplicar según les convenga por intereses geoestratégicos.

Así, por ejemplo, durante la desmembración de la antigua Yugoslavia no pusieron ninguna pega a la aplicación de dicho derecho. Otro tanto respecto de la ex-URSS. En ninguno de estos casos se podría alegar el «requisito» de estar «colonizado», y en cuanto al requisito de no gozar de un sistema democrático ¿las antiguas potencias coloniales no eran «democráticas»? Si se hubiera permitido a estas antiguas potencias coloniales «democráticas» interpretar el requisito de la democracia a su manera la mayoría de África seguiría estando colonizada como hace un siglo.

El hecho de que un régimen político reconozca, al menos formalmente, los derechos humanos fundamentales y las libertades públicas no impide estar legitimado para reivindicar dichas libertades o derechos en el supuesto de que se nieguen ilegítimamente, sino más bien todo lo contrario. Incluso los de nuevo cuño, aunque todavía no se hayan incorporado formalmente al ordenamiento jurídico político (Constitución) interno del Estado en cuestión (en este caso, España). Más bien constituyen una ocasión idónea para reformar y completar dicho ordenamiento jurídico político (constitucional) en un sentido democrático, y no al revés, tal y como se ha ido avanzando en el contexto internacional bajo la égida de Naciones Unidas y sus organismos especializados en derechos humanos en el periodo postcolonial.

En cambio, no es el caso de otros órganos como el Consejo de Seguridad, donde cinco grandes potencias gozan del privilegio de veto, el cual utilizan a su antojo todas y cada una de ellas, no solo Rusia o la ex-URSS. De hecho, sigue siendo EE.UU., digno sucesor de las antiguas potencias coloniales, quien más abusa de tal privilegio cuando por otros medios (más o menos «inconfesables») no consigue imponer su voluntad a Estados insumisos en el contexto internacional.

Vayamos ahora a aquello que se pretende poder decidir en la movilización catalana: se trata de poder decidir sobre la integración o separación de Cataluña en el estado español, y, en su caso, sobre el modo y las condiciones de formar parte de España.

Para negar el Dd, como principio, se argumenta que no hay derecho a decidir cualquier cosa; que ningún demócrata aceptaría que se sometiera a decisión el derecho a la vida o la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Pero nadie sostiene que el Dd sea ilimitado y su ámbito, universal. El Dd forma parte de un cuerpo de principios y valores compartidos socialmente que no pueden ser puestos en cuestión sin disolver el vínculo social mismo. La cuestión no es si se puede decidir cualquier cosa, sino si se puede decidir esto.

Se argumenta también contra la aplicación del Dd a este caso por reducción al absurdo, generalizándolo a cualquier población –provincia, comarca, municipio, barrio…-. No habría que dejarse enredar en discusiones sobre tales hipótesis imaginarias, que constituyen argumentos sofísticos. Lo que un sujeto colectivo puede decidir depende del sujeto: podrá decidir de aquello que esté en el ámbito de sus capacidades reales, que pueda ejecutar. No tiene sentido cuestionar si una ciudad (o una comarca, o un islote…) tiene derecho a constituirse en Estado independiente, porque carece de la entidad necesaria para ello. Por el contrario, si el colectivo tiene entidad y capacidad suficiente para aquello sobre lo que quiere decidir, sea cual sea ese colectivo, tiene el derecho a decidir sobre ello. En suma, en el ámbito de la política, toda comunidad tiene derecho a decidir sobre todo aquello que pueda ser (o dejar de ser), realizar o dejar de realizar…

Se dice que la integración de Cataluña en España ya se decidió, por los propios catalanes y por el resto de los españoles, cuando se aprobó la Constitución. Y así fue, por más que algunos votaran en contra, muchos se abstuviesen y otros votasen a favor con muchos reparos, atendiendo a las circunstancias del momento. Pero que se haya decidido en un sentido hace treinta y cinco años no implica que no pueda volver a plantearse la cuestión y volver a decidirse sobre ella. De hecho, aparte de los catalanes, muchos españoles –según las encuestas, la mayoría- son hoy partidarios de reformar la Constitución en aspectos sustantivos, entre ellos el de la forma política de la relación entre los pueblos de España y la entidad que se les reconoce. Y si se pone entre paréntesis este asunto, muchos que votaron en 1978 y, muy mayoritariamente, quienes entonces no habían nacido o eran demasiado jóvenes, queremos replantear hoy aspectos muy importantes de la Constitución, desde la forma de Estado a las relaciones con la Iglesia, las facultades y responsabilidades de los políticos o los principios del sistema electoral; lo que representará un verdadero proceso constituyente, sea cual sea la forma que tome. Y reivindicamos el derecho a decidir sobre ello.

Algunos, más aficionados a la retórica, niegan la mayor: la cuestión no puede ni siquiera plantearse, porque España es indisoluble, la unidad de España es el bien supremo que no puede ponerse en cuestión. No hay nada de qué discutir, vienen a decir. Es la afirmación de la inmutabilidad del núcleo constitucional. Pero no hay nada en una constitución que sea inmutable por ser parte de ella, por estar inscrito en ella. Una constitución que proclama su propia inmutabilidad es una petición de principio: si ha sido instituida, no es inmutable. Inmutable sería solo –para los seres humanos- el derecho divino (o el ‘derecho natural’ como derecho divino), si tal hubiera. Y no vale reconocer la mutabilidad en teoría, estableciendo unos procedimientos que, si se atiende a ellos, la hagan inmutable en la práctica. Las disposiciones del título X de la CE fueron redactadas por políticos que pretendían clausurar con siete llaves cualquier posibilidad de cambiar en el futuro lo que ellos habían establecido. No puede reconocerse legitimidad a tal pretensión.

Se dice también que los catalanes no pueden decidir ellos solos sobre algo que afecta directamente también al resto de los españoles. Y sin duda es muy razonable. Pero no es eso lo que está en discusión. De lo que se trata aquí es de que los catalanes manifiesten si su voluntad es permanecer unidos a España y cómo, o separarse constituyendo un Estado independiente. Y esto es lo que no hay modo democrático de negarles, y en lo que los demás españoles no tenemos nada que decidir. Si –lamentablemente, en mi opinión- los catalanes manifestasen con una mayoría suficiente su voluntad de separarse de España y decidieran iniciar el proceso de constituirse en Estado independiente, se haría necesario discutir y negociar multitud de cuestiones, porque los problemas y los intereses afectados serían muchos, y todo ello tendría que ser objeto de negociaciones y decisiones en la que tendríamos que participar todos y llegar a acuerdos entre las partes. Pero eso no es lo que se discute ahora.

A lo que no se tiene derecho es a decidir por los demás, a privar a los demás del derecho a decidir por sí mismos. Carece de sentido remitir la decisión a la voluntad de otro colectivo distinto de aquél cuya voluntad se trata de expresar, sea uno ajeno a aquél o que lo englobe. El conjunto de los españoles no pueden decidir sobre la voluntad de los catalanes (ni, por supuesto, sobre la voluntad de vascos, gallegos, andaluces o asturianos…). Podrán y deberán decidir, si llega el caso, sobre las condiciones en que se ejerce la voluntad expresada, en la medida en que les afecte. En esa medida, la voluntad de unos y otros, cuando sea contradictoria, solo puede resolverse con la negociación y el acuerdo entre las partes.

La integración o separación de un territorio en un Estado no es metafísica, es un hecho histórico, una situación actual que resulta de un proceso político pasado, con una génesis y un desarrollo más o menos armónico o conflictivo para quienes han participado en ello. La decisión de que se habla se refiere a la modificación de esa situación, es decir, a la actualización de las decisiones fundacionales –explícitas o implícitas, pacíficas o forzadas- de la integración (o la separación) actual, que se replantea como cuestión. A lo que se refiere el Dd es a la posibilidad de tal replanteamiento.

Sin entrar en la forma y las condiciones de tal replanteamiento, ¿cómo negar ese derecho? ¿Cómo dejar de reconocer que no puede forzarse indefinidamente a permanecer formando parte de una comunidad a quienes, de un modo consistente y mantenido, manifiestan su voluntad de no participar en ella? Quienes queremos una España plurinacional y federal, y a la nación catalana en España, lo argumentaremos y defenderemos, pero hemos de aceptar, ante todo, que son los catalanes quienes tienen la última palabra sobre ello.

En el debate actual se confunden, o se identifican, ‘derecho a decidir’ (Dd) y ‘derecho de autodeterminación’ (Da). Es una confusión interesada, sobre todo desde la perspectiva de las clases dominantes, tanto catalanas como españolas. Pero desde una perspectiva de izquierdas, tanto catalana como española, es importante dejar bien claro que Dd no es sinónimo de Da. Da, en sentido estricto, es un derecho que pertenece al ámbito del derecho internacional, claramente especificado en su definición, sus sujetos y sus condiciones de aplicación, un derecho cuya aplicación inmediata al caso de Cataluña, en su sentido estricto, es discutible, lo que induce a unos a negarlo y a otros a propugnarlo sin nombrarlo.

El Dd se refiere a algo más básico y de aplicación más generalizada que el Da: remite al derecho de todos a decidir sobre el modo como organizan su vida en común.

[Por cierto, hay que notar que la ‘vida en común’, la existencia de una ‘comunidad’ es previa al Dd de sus miembros: quienes viven en común, quienes forman una comunidad, tienen el Dd cómo se organizan, qué comparten en común, qué objetivos asumen colectivamente. Al mismo tiempo, sin embargo, la propia vida en común, la existencia de la comunidad, es inseparable de la decisión de constituirse como tal y de permanecer tal. Lo que es pura fantasía es la idea de unos individuos preexistentes a la sociedad que, como tales individuos y dotados (¿por Dios?) de unos derechos individuales, se reunirían un buen día para decidir vivir en común, formar una comunidad…]

Da y Dd pertenecen a planos de la filosofía política distintos: el Da al plano de los derechos específicos, formalmente definidos y delimitados; el Dd al plano de su base, del fundamento de la política democrática y de los derechos políticos.

El Dd podría decirse que es un derecho preconstitucional –en el sentido de previo a cualquier constitución-, porque es el derecho a constituirse en sociedad, a darse una constitución y formar una sociedad política. Por eso ni siquiera es propiamente un ‘derecho’ en el mismo plano que los derechos que las constituciones proclaman y reconocen a sus ciudadanos. Pero es, en este sentido, el derecho político fundamental.

El Dd está fuera de los límites de la democracia (constituida), precisamente porque está en sus fundamentos (constituyentes), en los valores básicos compartidos que están en su base, sobre los que se funda toda constitución democrática: la convicción de que los asuntos del común deben someterse a la decisión colectiva. Por eso no tiene sentido apelar a los ‘límites de la democracia’ para negar el Dd; el Dd no está ni dentro ni fuera de los ‘límites’ de la democracia, sino en sus ‘fundamentos’.

El Dd puede identificarse, en último término, con la democracia: el Dd significa que las decisiones han de tomarse por procedimientos democráticos; Dd es igual a ‘derecho a decidir democráticamente’. El Dd se identifica con el ejercicio de la democracia. Y puede decirse también que el Dd está en las raíces de la democracia; en ese sentido, es realmente un ejercicio de democracia radical.

Ese ejercicio aparece en nuestro debate restrictivamente, circunscrito a la única cuestión de la independencia de Cataluña. El Dd alcanza a toda la organización pública y todo acto de gobierno; todo lo fundamental –y no solo las identidades nacionales y la estructura del Estado- debe ser decidido democráticamente. La identificación del Dd con el Da es reduccionista, y desde la izquierda hay que combatir ese reduccionismo. El Dd es un principio político de ámbito general, mucho más amplio que el específico Da. El Dd es el principio que ampara la reivindicación de una serie de derechos democráticos específicos que no están hoy reconocidos: el derecho a la revocación de las representaciones políticas, el derecho a ser consultado –y la obligación por parte de los gobiernos de consultar al pueblo- en decisiones de importancia estratégica, etc. Las democracias representativas –y en particular la democracia española- limitan el Dd al simple derecho a elegir los representantes que decidirán; pero eso es solo el primer paso, el más elemental, del derecho democrático a decidir.

El Dd tiene una estrecha relación con la idea de ‘soberanía’. La soberanía reside donde reside el Dd; decir ‘soberanía’ es tanto como decir ‘sujeto de decisión’, Dd. En una monarquía –en el sentido estricto de la etimología del término, que desaparece en las llamadas ‘monarquías constitucionales’, que no son verdaderas monarquías, sino variantes más o menos imperfectas de la democracia- la soberanía reside en el monarca; en una democracia, reside en el pueblo. Así el Dd: en la monarquía solo el monarca tiene el derecho último a decidir; en la democracia, el Dd es del pueblo.

Hay también una analogía fecunda entre Dd y ‘legitimidad’: la idea del Dd es al sistema democrático como la idea de legitimidad es al sistema legal. Ambas ideas son análogas en el sentido de que, así como la legitimidad no puede legislarse, el Dd no puede realizarse en un acto político. La legitimidad no es propiamente la legislación, como el Dd no es propiamente un ‘derecho’: una y otro subyacen respectivamente a las leyes y a los derechos políticos.

Por eso, el problema que se plantea con la reivindicación catalana –o vasca- del Dd es un problema político, no jurídico.

De las balanzas fiscales se ha escrito mucho; sobre los criterios técnicos con los que se elaboran y de su idoneidad como documento estadístico para reflejar los flujos económicos entre las Comunidades Autónomas y el Estado central. Yo no soy un experto en el tema, por lo que no entraré en estas cuestiones. Pero sí me considero capacitado para hablar del valor ‘pedagógico’ de las mismas.

Me explico. La burguesía catalana ha iniciado, desde hace ya un tiempo, una campaña de agitación política sobre esta cuestión, con el fin de persuadir al pueblo catalán del ‘expolio’ a que somete el Estado central a Cataluña. Ahora bien, ¿por qué detener ahí el escrutinio, la crítica razonada? ¿por qué no llevar la duda inquisitiva hacia esos otros estados contables que son los balances y las cuentas de resultados de las empresas capitalistas? Así los trabajadores/as catalanes podrían descubrir cuántos ERE’s han sido fraudulentos, cuantas bajadas de sueldos han sido oportunistas, y cuántas amenazas han sido meras bravatas. Incluso, yendo aún más lejos, los/as trabajadores catalanes podrían preguntarse cómo es posible que los empresarios, que adelantan un capital para comprar medios de producción y fuerza de trabajo (sí, porque la mano de obra es una mercancía como cualquier otra), al final terminan aumentando ese capital con un beneficio. Tal vez descubrirían, como lo hicieron otros economistas en el pasado, que aquí se encuentra la fuente de otro ‘expolio’ no menos vituperable.

Aprendamos del ejemplo que nos señala la burguesía catalana.

La intransigencia de PP, PSOE y UPyD está resultando una poderosa «máquina de hacer independentistas», y cuando los instrumentos políticos del capital actúan con aparente «torpeza» me resulta sospechoso. Puede haber detrás una estrategia deliberada.

Se ha hablado bastante de cómo esta polémica en torno al derecho a decidir y la independencia está sirviendo para distraer la atención de cuestiones más graves (económicas, sociales y ecológicas) que afectan a las clases populares de todo el estado. Lo está utilizando CiU con la complicidad de ERC en Cataluña, pero también (y de ello se habla menos) el bloque PP-UPyD-PSOE allí donde dominan. En este aspecto, los intereses de estos dos bloques aparentemente enfrentados coinciden.

Otro posible objetivo es que, frente al crecimiento de la izquierda, la magnitud de la crisis territorial sirva para justificar ante la población la constitución de gobiernos de concentración «nacional» (CiU-ERC en Cataluña y PP-PSOE con o sin UPyD en «España»), disminuyendo el daño que supondrían en elecciones posteriores especialmente para el partido más «progresista» de cada bloque.

Más sombría sería la hipótesis de que se quiera conducir el proceso hacia un desarrollo con violencia, a través de una intervención policial y/o militar del gobierno central contra las instituciones catalanas.

Ante esta sospecha de «unidad de intereses» escondida de las derechas y las «pseudoizquierdas» independentistas y unionistas, propongo una unidad opuesta, consciente y abierta, de todos los grupos de izquierda «auténtica», por encima de que su objetivo «ideal» sea la independencia o la (con)federación. Una unidad por la revolución económica, social y ecológica como cuestión más esencial para los intereses de la inmensa mayoría de la población y de las generaciones futuras, pero que también ponga encima de la mesa la ruptura democrática constituyente como medio para favorecer dicha revolución y para garantizar el derecho de autodeterminación, y como cuestión menor pero aún así significativa el fin de la monarquía (símbolo a fin de cuentas del pasado, de los privilegios injustificados y de la unidad impuesta).

Y una unidad que diga alto y claro desde el principio que no va a tolerar ningún tipo de imposición por la fuerza, sino que respondería a ella con una huelga general indefinida en todo el estado y una movilización total hasta el cese de la agresión, la dimisión del gobierno y la convocatoria inmediata de elecciones.

Con su negativa a una consulta el bloque «constitucional» se está situando en una posición radicalmente antidemocrática y no meramente nacionalista «centrípeta» sino imperialista, por lo que no se puede descartar una alianza circunstancial entre la izquierda y las burguesías nacionalistas «centrífugas», sin olvidar que no se puede confiar ciegamente en estas últimas y sin transigir con sus políticas antisociales.

En primer lugar quiero aclarar que nací en Madrid y que 37 años de mi vida residí en Castilla, 6 en Baleares, 2 en Andalucía y los 2 últimos en Suecia. Nunca en Cataluña.

Si por disolver «el ente jurídico español» entiendes que los territorios del actual reino de España pasen a no formar parte de ningún estado, sabes tan bien como yo que en el estadio actual de la humanidad es una quimera. Cuando hablas de «oponerse» a la independencia de Cataluña, hablas de defender su permanencia junto con el resto del actual reino de España en un único estado, como lo muestra a las claras tu pregunta: «¿Es solidario provocar la independencia de un territorio cuando este hecho supone la precarización de las condiciones de vida de los habitantes del resto del territorio no independizado?».

El deterioro de las condiciones de vida hace tiempo que se está produciendo y continuará mientras un territorio esté gobernado por los partidos burgueses (como mínimo PP, UPyD, PSOE-PSC, CiU, Ciutadans y muy probablemente ERC). Frente a esto hay tres vías de acción complementarias, todas necesarias. Una al margen de las instituciones, construyendo alternativas desde abajo: cooperativas integrales, redes de apoyo mutuo, medios de información independientes, etc. Otra en la lucha sindical y en la calle. Y la tercera en la política institucional, en el desafío de vencer en las urnas a los partidos del sistema.

La independencia de Cataluña puede hacer un poco menos improbable esa victoria al propiciar procesos constituyentes tanto en ella misma como en el resto. Supondría el fin «de facto» de la Constitución de 1978, que «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española», y una derrota ejemplar del bloque de partidos burgueses españolistas PP-UPyD-PSOE y de la visión distorsionada y manipulada de Cataluña (y de Euskadi) que han sembrado en el resto del estado.

Por supuesto que la solidaridad ha de ser un acto libre. Decir «tienes que ser solidario conmigo antes que con nadie más» es manipulación, tratar de imponerlo entra ya en el terreno de la extorsión. ¿Por qué ser solidario por igual con todos los pueblos del mundo en función de sus necesidades «chirría escandalosamente y más bien denota ciertar animadversión hacia tus vecinos, (…) egoísmo y hostilidad»? No estarás usando «vecinos» para no decir «compatriotas españoles»? Girona no está mucho más lejos de Eslovenia que de Huelva, ni de Polonia, Bulgaria o Libia que de Canarias.

Si la izquierda castellana, andaluza, canaria, etc. quiere de verdad apostar por una vía federal o confederal, ha de empezar por atreverse no solo a reconocer el derecho de autodeterminación, sino a emprender una labor educativa frente a las décadas de manipulación del «bloque constitucionalista», y a formar abiertamente y sin complejos un frente común con las izquierdas independentistas (Bildu, CUP, BNG…) para ir hacia una ruptura democrática con el régimen de la Transición.

La Carta de las Naciones Unidas consagra en su Capítulo I sobre propósitos y principios, el Artículo 1, párrafo 2: “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”.

La correlación de fuerzas políticas y sociales en 1978 impidió desarrollar en el texto constitucional la plurinacionalidad del Estado y el derecho de autodeterminación de los distintos pueblos de España, al igual que consagró importantes derechos como los de trabajo, educación, salud, vivienda, aunque no desarrolló los mecanismos de garantía jurídica y política para su cumplimiento. Sí lo hizo con el derecho de propiedad privada, la Monarquía o los privilegios de la religión católica.

Esas limitaciones del texto constitucional estaban presididas por el optimismo del momento. La caída de la dictadura y el advenimiento de la democracia no podían menos que suponer un progreso político, social y económico que se creía imparable. De ahí la existencia de un texto que emanaba un espíritu constitucional abierto y que sólo se interpretaba como una oportunidad de evolución positiva. Entonces no se vislumbraba la realidad deconstituyente actual, liderada por la derecha heredera del franquismo.

Evidentemente la posibilidad de desarrollar de forma flexible la Constitución y el conjunto del bloque constitucional donde se insertan los Estatutos de Autonomía presidió la elaboración de los Estatutos de segunda generación, realizando una interpretación federalizante de la misma. Hoy sabemos que esa tendencia hubiese podido aportar una estabilidad importante a la arquitectura constitucional, ya que la estabilidad es flexibilidad e interpretación actualizada, mientras que el inmovilismo genera conflicto y enfrentamiento como nos demuestra la historia reciente.

La sentencia del Tribunal Constitucional (T.C.) contra el Estatut de Catalunya en el verano del 2010 no sólo supuso un jarro de agua fría para los federalistas, sino la constatación de que la derecha ya lideraba la interpretación de la crisis política económica y social. Constató también que el PSOE no luchaba por una alternativa real sino, más bien, por seguir formando parte del modelo bipartidista instaurado paralelamente al pacto de la transición, sellado por la monarquía borbónica, y disfrutar así de las ventajas que ello ofrecía.

Para el éxito de una visión progresista y federal de España, o la izquierda se apoya en una propuesta ambiciosa de ‘proyecto constituyente’ para nuestro país, del cual se derive una reforma constitucional, o se imponen las propuestas de regresión constitucional que la derecha proclama obedeciendo a un calculado programa conservador que se lidera desde FAES.

El Partido Popular intentó, y consiguió, utilizar al Tribunal Constitucional como ariete contra una lectura federalizante de la Constitución de 1978. Realizó una campaña previa de acoso y derribo contra ese texto estatutario para conseguir un puñado de votos sembrando la discordia y el enfrentamiento entre los pueblos de España. Esa sentencia del T.C. contra un Estatut refrendado por el pueblo de Catalunya está en el origen del conflicto de legitimidades que entonces se produjo y que hoy persiste. Esto ha derivado en una crisis profunda del modelo de Estado de las Autonomías que ha persistido durante 35 años.

Hay que construir desde la izquierda un discurso federal autónomo de la derecha y con capacidad propia de proponer un Nuevo País basado en un federalismo que respete la libertad de los pueblos.

Hemos asistido a la ‘reforma constitucional express’ ejecutada por el PSOE y el PP bajo el dictado del FMI, el BCE y la Comisión Europea, es decir, la troika. Decidieron cambiar en plano mes de agosto el artículo 135 que despliega e impone las políticas de recortes y austeridad frente a los derechos sociales y la prestación de servicios públicos de calidad.

También hemos contemplado, no sin nuestra oposición con todas las fuerzas de que disponemos, los reiterados acuerdos de sucesivos gobiernos del PSOE y del PP -con el apoyo perpetuo de CiU- aprobando rebajas de impuestos a las grandes fortunas y capitales que han desfiscalizado y empequeñecido al Estado español, reduciéndolo a extremos irreconocibles que no garantizan el ‘Estado Social’ al que se refiere el Artículo 1.1 de la Constitución.

Hemos soportado la corrupción en algunos partidos políticos, que ha hecho saltar por los aires el precepto constitucional de estar en un ‘Estado de Derecho’ del que también habla esa misma Constitución.

Desde IU y desde EUiA defendemos la necesidad de que el Estado Social, la República, una plena democracia y la transparencia, así como el Estado Federal Plurinacional y el derecho de autodeterminación, estén presentes en el texto constitucional; pero, sobre todo, que se cumplan.

Es una realidad que más del 80% de la ciudadanía de Catalunya aboga por el ejercicio del derecho a decidir. Ese derecho no es propiedad de los nacionalistas sino de todos los demócratas. Por ello, los no nacionalistas y los no independentistas, como nosotros, lo defendemos, por respeto democrático.

Además, el derecho a decidir debe responder también a una voluntad de control democrático de decisiones que tienen que ver con el modelo económico y social del que nos dotamos, no sólo al debate territorial. Sólo los cambios constituyentes basados en una verdadera ‘ruptura democrática’ del orden existente puede garantizar un nuevo horizonte común basado en la unión libre de los distintos pueblos que componen este proyecto común por el que vale la pena sumar, llamado España.

Decía en mi anterior intervención que ser no nacionalista era estar en contra de las naciones que existen actualmente. Efectivamente, por eso tengo que adherirme inevitablemente a tu propuesta de disolver la nación española, aunque yo más bien hablaría del ente jurídico español, por aquello de que no reconozco naciones. Coincido contigo en que no hay muchos no nacionalistas, pero mi reflexión iba orientada al deber ser de los valores izquierdistas, independientemente de los apoyos concretos que cada opción obtenga en la realidad.
Lo que quería aportar al debate se contenía en la pregunta que dejaba en el aire y que reformulada sería. ¿Es solidario provocar la independencia de un territorio cuando este hecho supone la precarización de las condiciones de vida de los habitantes del resto del territorio no independizado?.
Viene a cuento porque en el debate en torno a la independencia de Cataluña se enfrentan las tesis que le auguran o un porvenir económico envidiable o una ruina incontestable. Como mis conocimientos de economía no dan para tanto no puedo posicionarme. Pero no he escuchado las posiciones en cuanto al futuro económico del resto del territorio. Entiendo, con una lógica simplista y ya digo que sin análisis económico ninguno, que si un territorio con un desarrollo por encima de la media abandona el conjunto, el resto sufrirá un descenso en sus condiciones de vida. Si esto fuera así, que no lo sé, querría decir que la independencia agravaría la desigualdad y la precariedad de los habitantes del conjunto del territorio y eso no es una política a seguir por las izquierdas en ningún caso.
Tu respuesta viene a ser «yo no tengo la culpa», la misma respuesta que se da desde los sectores nacionalistas españoles cuando desde Cataluña se quejan del maltrato histórico o cultural.
Por último, tampoco me parece de izquierdas abandonar a su suerte a otros pueblos con menos recursos o medios y suponer que todos están en las mismas condiciones para luchar contra el capital.
Igualmente esa concepción de que yo soy solidario con quien me da la gana y en África se vive peor, chirría escandalosamente y más bien denota cierta animadversión hacia tus vecinos y tiñe al nacionalismo de egoísmo y hostilidad incompatibles con los valores de izquierdas.
Para que sea de izquierdas un nacionalista tiene primero que aceptar que no en todos los casos tiene que prevalecer su concepción nacionalista sobre sus valores de izquierda o dicho de otra forma: la independencia de Cataluña no va a provocar, en todos los casos, un movimiento progresista y transformador y en esos casos es que debería oponerse a la misma.

Mucho de lo que pienso ha sido ya dicho en este extenso y rico debate. A riesgo de repetir cuestiones ya planteadas, resumiré mi posición, de manera lo más esquemática posible, en algunos puntos que me parecen importantes.

1. El derecho a decidir comporta una actualización del derecho republicano de autodeterminación

El derecho de autodeterminación aparece históricamente como la facultad de una comunidad política de decidir de manera libre su estatuto jurídico. Este derecho a replantear el contrato social en su conjunto remite al menos a Rousseau y tiene claras connotaciones republicano democráticas. Su objetivo es garantizar la autonomía individual y colectiva. De ahí que se predique de la comunidad como tal, pero también de cada uno de sus miembros de pleno derecho.
El derecho a decidir no puede considerarse sino una actualización de este derecho clásico. Tal como se formula hoy, el derecho a la autodeterminación apela a la posibilidad de que los miembros de una comunidad política puedan definir, a través de mayorías claras y libremente conformadas, cuál es el marco jurídico por el que desean regirse. Para apoyar este derecho, como es evidente, no hace falta ser nacionalista. Basta con aceptar algunos principios republicanos y democráticos elementales.

2. El derecho de autodeterminación tiene un contenido evolutivo y connotaciones diferentes en diferentes contextos.

Como todo derecho, el derecho de autodeterminación no presenta un contenido único a través del tiempo. Es una respuesta a una situación de presión externa que impide u obstaculiza la expresión plenamente libre de la voluntad de los miembros de una comunidad política. Sin embargo, va variando de acuerdo al contexto histórico.
El derecho de autodeterminación nace con las revoluciones modernas, en el marco de las luchas contra la arbitrariedad monárquica. Una de sus primeras manifestaciones es la independencia, como ocurre en los Estados Unidos. Independencia que es presentada, justamente, como expresión de auto-gobierno, de self-government.
En Europa, atraviesa varios momentos. Sus primeros reconocimientos jurídicos y políticos se remontan a inicios del siglo XX. El derecho de autodeterminación desempeña un papel central en las reivindicaciones democráticas que siguen a la caída de imperios multinacionales derrotados durante la guerra (como el austro-húngaro).
Tras la segunda posguerra, el derecho de autodeterminación se consolida y se juridifica. El marco de este proceso es el ascenso de los movimientos de liberación nacional y de los procesos de descolonización. El derecho de autodeterminación es reconocido en los dos grandes Pactos de derechos humanos de 1966. En ocasiones, Naciones Unidas lo reconoce a los pueblos en situación de sujeción colonial. Otras veces, en cambio, se configura como un derecho universal reconocido a todos los pueblos sin distinción. Sus implicaciones prácticas son claras: incluye el derecho a la independencia, pactada o no, y a otros tipos de estatutos jurídicos, como la libre asociación o la integración en un Estado ya existente.

3. La vigencia actual del derecho de autodeterminación aparece ligada al principio democrático.

En los últimos tiempos, el derecho de autodeterminación ha admitido múltiples variantes y fundamentos jurídicos. En algunos casos ha sido reconocido explícitamente en la Constitución (por ejemplo en la ley fundamental etíope, de 1994). Otras veces se vincula a construcciones jurídicas específicas, no contempladas expresamente en el texto constitucional, pero fundadas en el principio democrático. Es el caso del Dictamen del Tribunal Supremo de Canadá sobre Quebec. O del Acuerdo entre los Gobiernos de Escocia y de Reino Unido que ha permitido pactar una consulta por la independencia.
En otras palabras: el derecho de autodeterminación no solo se reconoce hoy a los pueblos en situación colonial. También se admite: a) cuando hay una situación de agravio reiterada (como el desconocimiento o la negación de la personalidad lingüística, cultural, jurídica, de una comunidad política); o b) cuando existe una demanda subjetiva fuerte, esto es, una voluntad clara y mayoritaria, libremente conformada, de ejercerlo.
Desde esta perspectiva, una vez más, el llamado derecho a decidir de los miembros de una comunidad no es sino una actualización del derecho de autodeterminación. Que apela no solo ni tanto a los agravios del pasado como a la existencia de una voluntad presente, clara y mayoritaria, de ponerlo en práctica a través de una consulta o de un referéndum.

4. En el caso de Cataluña (aunque no solo), la reivindicación del derecho de autodeterminación está lejos de ser una invención reciente.

Las primeras reivindicaciones del derecho de autodeterminación se retrotraen a inicios del siglo XX. Y son una respuesta a lo que se podría llamar el “problema español”. Es decir, a la incapacidad del Estado, de dar encaje a la diversidad cultural, lingüística, jurídica, existente en su territorio. Esta incapacidad se ha expresado de manera muy clara en diferentes momentos: durante el Estado monárquico y centralista del siglo XIX, durante el franquismo y, con modulaciones, después de la transición a la monarquía parlamentaria.
La reivindicación del derecho de autodeterminación ha sido especialmente fuerte en Cataluña, primero, y luego en el País Vaco, Galicia y otros territorios. El punto de partida de esta exigencia es doble. Desde un punto de vista objetivo, el reconocimiento de estas tierras como “pueblos” a partir de los mismos criterios que Naciones Unidas utiliza cuando habla de “pueblo francés” o de “pueblo alemán” (esto es, territorio, características lingüísticas y culturales, etcétera). Desde un punto de vista subjetivo, la existencia de expresiones reiteradas de auto-identificación como tales.
El Proyecto de Estatuto de Cataluña de 1931, conocido como Estatuto de Núria, ya hacía referencia en su Preámbulo al “derecho que tiene Cataluña, como pueblo, a la autodeterminación”. Con una participación del 75%, fue aprobado con un 99% de los votos.
Durante el Proceso constituyente de 1977-1978 el derecho a la autodeterminación de los pueblos, comenzando por el de Cataluña y el País Vasco, fue una reivindicación de la mayoría de partidos de oposición democrática al franquismo (incluidos el PSOE y el PCE). Y también estuvo presente en los debates constituyentes. Hubo varios intentos de reconocimiento de España como un Estado con diversidad de pueblos. El entonces diputado Francisco Letamendía llegó a plantear una enmienda con una vía concreta, democráticamente intachable, para que cualquier “territorio autónomo” pudiera ejercer el derecho de autodeterminación.
A pesar de la aprobación de la Constitución, el derecho de autodeterminación no ha dejado de exigirse, tanto en Cataluña como en Euskadi o Galicia. Así ocurrió en la Declaración de Barcelona, de 1988. Así lo ha hecho, en múltiples ocasiones, el propio Parlamento de Cataluña, con mayorías cualificadas, desde 1989 hasta la Declaración de soberanía y por el derecho a decidir de 2013. Y así ha ocurrido, en las calles, en las consultas municipalistas a favor de la independencia y en numerosas manifestaciones a favor del derecho de autodeterminación.

5. El derecho de autodeterminación (y el derecho a decidir) tienen cabida en la Constitución, pero no en el Régimen constitucional

El derecho de autodeterminación, ciertamente, no se incorporó en la Constitución de 1978. Pero esto no se debió a la voluntad libre de los actores que protagonizaron su gestación. Obedeció, más bien, a la resistencia del Ejército y de otros poderes fácticos vinculados a la dictadura franquista.
Los artículos 1 y 2 que el Gobierno invoca hoy contra la consulta catalana tuvieron en su origen redacciones muy diferentes a la que hoy existe en la Constitución. Estas redacciones eran favorables a la consideración de España como un Estado con diferentes pueblos y con voluntades de autogobierno también diversas. Al final, como recuerdan los propios “padres constituyentes”, el propio Ejército presionó para que incluyeran categorías como la “soberanía nacional” o la “indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
Es verdad que, a pesar de todo, el Título VIII y una interpretación abierta de la Constitución, permitían un importante grado de autogobierno de las “nacionalidades y regiones” constituidas en Comunidades Autónomas. En la práctica, sin embargo, estos niveles de autogobierno se han debido más a la presión de las “periferias” que a una convicción pluralista de los partidos mayoritarios que han gobernado el aparato estatal.
Hoy, con la Constitución en la mano, existen diferentes vías jurídicas para que pueda acordarse una consulta o un referéndum de autodeterminación. Es más, hay buenas razones para sostener que el Gobierno tiene el deber de impulsar y garantizar esta consulta, así como de proponer alternativas que resulten viables dentro del marco constitucional. A ello lo obliga, al menos, el principio democrático recogido en el artículo 1.1 y el mandato de promoción de la participación que le impone el artículo 9.2. Si algo no lo permite, en realidad, no es la Constitución, sino el Régimen constitucional. Esto es, lo que los últimos gobiernos y un Tribunal Constitucional deslegitimado han hecho de la Constitución de 1978, cerrando, de manera acaso irreversible, sus interpretaciones más democratizadoras.

6. El incumplimiento reiterado del deber de garantizar una consulta democrática de autodeterminación permite exigir su realización por otras vías pacíficas

A diferencia de los gobiernos de Canadá o el Reino Unido, el Gobierno central no ha optado, en su relación con las autoridades catalanas, por una interpretación democrática de la Constitución. Por el contrario, ha emitido negativas reiteradas a cualquier tipo de diálogo en torno a la consulta, ha propuesto reformas constitucionales recentralizadoras e incluso ha amenazado con suspender la autonomía catalana en una aplicación dudosa del artículo 155. El PSOE tampoco se ha desmarcado claramente de esta línea de actuación.
Este incumplimiento reiterado del deber de promoción del principio democrático solo deja a los partidos, a las fuerzas sociales y a las personas que viven en Cataluña y que quieren una consulta (más del 75%, según las últimas encuestas) una sola posibilidad: ejercer su derecho a la autodeterminación de manera pacífica y con las máximas garantías posibles y apelar a la comunidad internacional y a otras fuerzas sociales y políticas del Estado para hacerlo valer.

7. El ejercicio del derecho de autodeterminación (y del derecho a decidir) es una oportunidad para la radicalización democrática, no solo en Cataluña.

Como se ha dicho ya, el ejercicio del derecho de autodeterminación puede conducir a diversos estatutos jurídicos: a la conformación de un nuevo Estado o de una República independientes y/o o al establecimiento de renovados vínculos federales y confederales con otras unidades territoriales. En Cataluña, de hecho, una parte importante de las personas que apoyan la independencia lo hace porque considera que es la única manera para pactar nuevas fórmulas federales o confederales, de abajo hacia arriba, cooperativas y en igualdad de condiciones, con otras comunidades políticas dentro y fuera del Estado.
Dicho esto, es evidente que el ejercicio del derecho de autodeterminación no solo abre posibilidades ampliar el autogobierno externo, rompiendo con una estructura estatal conservadora. También supone una oportunidad para ampliar la autodeterminación interna. Esto es, los espacios de decisión individual y colectiva en las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales de la propia comunidad donde se plantea.
Esta oportunidad puede frustrarse por muchas razones. Pero si lo hace por la prevalencia de las posiciones recentralizadoras, negadoras de la plurinacionalidad, el resultado será un retroceso democrático profundo. No solo en Cataluña sino en el conjunto del Reino de España. Por el contrario, si el derecho a decidir se abre camino, puede ser un impulso decisivo para llevar adelante rupturas republicanas y procesos constituyentes que hoy pueden parecer lejanos y que sin embargo son más necesarios que nunca.

En el archivo adjunto dejo el comentario completo, donde se cuestiona la legitimidad de la actual Constitución (y por tanto los dudas sobre el derecho a decidir que algunxs plantean), se cuestiona el hecho de que en este caso concreto, la soberanía (el derecho a decidir) corresponda al conjunto de lxs españolxs, y sobre la visión que sobre el proceso de autodeterminación tenemos algunxs desde la izquierda, aunque en este punto el comentario de Carlos Javier Bugallo «Marxismo y nacionalismo» ha explicitado mucho mejor el planteamiento que yo realizaba.

No puedo sino estar de acuerdo con la caracterización que hace de «ser de izquierdas». En cambio, la que hace de «ser nacionalista» me parece una burda caricatura tendenciosa. Preocuparnos sobre todo de nuestro entorno inmediato es sabio y realista, entronca con el lema «pensar globalmente y actuar localmente». Y «ensalzar la diferencia» puede equivaler a valorar y defender la diversidad, no a hacer valer ningún privilegio. Si «ser nacionalista es mantenerse alejado de los otros para no compartir nuestras riquezas ni sus infortunios», ¿cuántos «no nacionalistas» hay en España? ¿Cuánta gente sinceramente dispuesta a compartir riquezas e infortunios con los congoleños o los haitianos?

¿De verdad todos o siquiera un 5% de los que en España se autocalifican de «no nacionalistas» son contrarios a las naciones que existen actualmente? Hagamos entonces un pacto: disolvamos la nación española y que en el mismo acto los catalanes renuncien a la suya.

Y aquí viene la explicación de por qué se puede ser independentista sin ser nacionalista. Porque sintiéndose hermano de todo el género humano y trabajando por el sueño del «Imagine» de Lennon, uno puede ser realista y constatar que aún va a seguir habiendo estados por bastante tiempo, y que la clase trabajadora tendrá más posibilidades de tener influencia cuanto más próximos sean esos estados, sin renunciar a la solidaridad INTERnacional (aún no «anacional» o «posnacional»). En las circunstancias actuales un estado único mundial sería la antesala de una distopía sin ningún contrapoder.

Si Cataluña y/u otras partes del actual reino de España se independizan, lo que quede (que no tendrá por qué llamarse España y espero que no sea un reino) tendrá recursos naturales y humanos sobrados para que toda su población viva con toda dignidad económica y social. Si así no ocurre no será culpa del pueblo trabajador de ningún territorio independizado, sino de la burguesía local y el gran capital mundial, y a ellos habrá que enfrentarse, codo a codo con los proletarios de todo el mundo.

¿En qué sino en una concepción nacionalista española se justifica que los catalanes estén obligados a ser más solidarios con los extremeños o los canarios que con los sicilianos o los argelinos?

Es lógico que para la izquierda sea mucho más difícil tener un proyecto porque su vocación es mucho más difícil que la de la derecha. Mantener las estructuras de poder y los privilegios como están es coser y cantar. En cambio, ponernos de acuerdo en qué futuro diferente queremos y en las estrategias para vencer la resistencia de quienes controlan el poder económico, las armas y los medios de comunicación y además tienen infiltrados en nuestras filas es un verdadero desafío. En ese sentido, si la izquierda catalana solo tiene «proyectos vagos, modestos y confusos»,. ¿acaso los tiene mejores la izquierda del resto de España?

Si «la población asalariada de origen inmigrante» es «poco proclive a atender la llamada del catalanismo intransigente» y sin embargo buena de parte de ella se está empezando a decantar por la independencia, ¿no será que la intransigencia no está en el catalanismo y sí en el unionismo que se niega incluso a escuchar qué tienen que decir los habitantes de Cataluña?

Decir que «el discurso sobre la defensa de las señas de la identidad catalana representa el intento de imponer una única manera de concebir Cataluña» me parece profundamente falaz. ¿Hay entonces que renunciar a las señas de identidad? ¿Quién está acusando de «malos catalanes» a quienes en el planeado referéndum voten no a la independencia? Otra cosa muy diferente es acusar, no ya de «malos catalanes», sino de «malos demócratas», a quienes insisten en que no hay nada que votar porque es ilegal, acusación que de hecho comparto.

Por supuesto que CiU no tiene la intención de corregir las desigualdades sociales, pero si ERC está apoyando a la burguesía, tanto o más lo está haciendo el PSOE-PSC. Por supuesto que ICV, EUiA y CUP no van a tener fácil cambiar las cosas en una Cataluña independiente, pero ¿lo iban a tener mejor dentro del actual estado español? Al menos con la independencia tendrá que haber un proceso constituyente en mucho mejores condiciones que las que hubo en la transición, por experiencia democrática y por la desaparición de la amenaza de involución que representaba el ejército franquista.

Ya hemos visto y existe un consenso entre la izquierda y muchos demócratas no necesariamente de izquierdas, de la necesidad de cambio profundo de la democracia española. Así pues, quizás ha llegado el momento de que los demócratas españoles comiencen a reconocer que seguir negando el derecho a decidir de los catalanes solo refuerza el poder establecido encarnado por el tándem PP-PSOE y es el principal obstáculo para elaborar un discurso creíble y nuevo, centrado en devolver a las personas el poder que realmente tienen para tomar decisiones que les afectan, y que van desde la necesidad de redefinir el papel de los partidos políticos, el ejercicio de la democracia directa, la estructura territorial o la garantía de los derechos civiles, dicho de otra forma, en una situación como la planteada por el pueblo catalán, los demócratas españoles quizás deberían utilizar este hálito de cambio para plantear una reforma real de la constitución que permita un nuevo encaje territorial, recuperar derechos civiles, recuperar los derechos sociales y construir una democracia de mayor calidad que la que actualmente padecemos. En definitiva, igual que Catalunya avanza hacia su definición de forma democrática, España debe iniciar el camino de su refundación democrática, de no ser así, el conflicto está más que servido, y una vez el conflicto Catalunya-España esté iniciado, ya nadie sabrá donde (ni como) acabará.
De hecho el discurso que planteo no es muy diferente al que plantea al Sr. Herrera, con una diferencia fundamental, en mi propuesta considero necesario no solo el derecho a decidir sino la apuesta clara por la independencia, y no solo de la sociedad catalana, sino de los demócratas españoles, considero que ha llegado el momento que desde España se alcen ya voces que defiendan de forma abierta la independencia de Catalunya, no solo para apoyar la construcción de un nuevo estado, lo que por si solo ya sería un saludable ejercicio de democracia, sino para apoyar que este nuevo estado sea más social, democrático y justo que el que actualmente existe, pero sobre todo para generar una situación e crisis en España que permita una reformulación de la democracia. La historia nos ensaña que los cambios se producen en momentos concretos, habitualmente en situaciones de crisis, que bien pueden tener un origen económico, la mayoría de la veces, o como en el caso que nos ocupa el conflicto tiene su origen en una crisis territorial. La derecha española ya está utilizando esta crisis para reforzar el discurso centralista aglutinando a su alrededor y bajo el amparo ideológico de la agresión a al unidad nacional, está llevando a cabo toda una serie de reformas profundamente antisociales. Este discurso claramente nacionalista español sin fisuras ya se está cobrando sus primeras victimas, veamos sino que ha pasado con el partido socialista navarro, o con el propio PSC, y como las pulsiones centralizadoras están condicionado la aparición de partidos populistas como UPyD o directa

España tal y como hoy la vemos ha acabado constituyéndose en un estado de muy baja calidad democrática, con amplios espacios de corrupción, una clase política muy alejada de la realidad social, una pérdida alarmante de derechos civiles y sociales, una estructura jurídica más dirigida a atenazar los derechos individuales que a garantizar la defensa de los derechos de la persona y los colectivos, y finalmente una dinámica económica que nos está llevando de forma rápida a una mayor desigualdad social y a un empobrecimiento generalizado de las clases medias, con un abandono creciente de las capas sociales más débiles.

Ante este panorama si se quiere apocalíptico, pero que viene refrendado por las múltiples manifestaciones (mareas), el análisis de los índices de pobreza: general, infantil, energética, desahucios; o las leyes que vemos que cada día se aprueban o propones: ley del aborto, ley de justicia universal, ley mordaza, ley de tasas, ley de educación, ley de régimen local, por nombrar solo algunas, la respuesta ciudadana ha sido ejemplar pero limitada e ineficaz en el contexto español, donde en ningún caso se ha podido alcanzar un consenso político transversal para poner en píe una alternativa a este estado de cosas. La pregunta pertinente es ¿quién es el culpable?. El motivo de esta ponencia no es en modo alguno dar respuesta a esta pregunta. La cuestión es otra, porque y aquí es donde quiero centrar el debate, una parte de la actual población española, ha sabido encontrar un “banderín de enganche” que aglutina todas estas reivindicaciones, obviamente me refiero a Catalunya y el actual proceso “revolucionario” que su pueblo está desarrollando.
La tesis que sustento es la siguiente, el pueblo de Catalunya de forma trasversal ha comprendido de forma mayoritaria que el actual modelo de estado es completamente ineficaz para dar repuestas a los problemas que tienen (tenemos) planteados como sociedad, y el descontento generalizado se ha materializado en un mensaje bien sencillo, “queremos poder decidir nuestra relación con el resto del estado”. De hecho eso exactamente es lo que quieren: poder decidir. Otra cosa es sí finalmente habrá una ruptura, es decir si veremos una República Catalana Independiente, o algún tipo de relación distinta que ya veremos cual es, lo que es seguro es que la relación Catalunya-España ya nunca será la misma; y aún otra cosa es que tipo de democracia se construirá en Catalunya.
Pero este reto que plantea el pueblo catalán ¿podría o debería ser utilizado por España para mejorar ella misma?.
Ya hemos visto y existe un consenso entre la izquierda y muchos demócratas no necesariamente de izquierdas, de la necesidad de cambio profundo de la democracia española. Así pues, quizás ha llegado el momento que los demócratas españoles comiencen a reconocer que seguir negando el derecho a decidir de los catalanes solo refuerza el poder establecido encarnado por el tándem PP-PSOE y es el principal obstáculo para elaborar un discurs

Quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda este debate para hacer algunos comentarios sobre la relación entre el marxismo no estanilista (la tradición intelectual a la que yo me adhiero) y el nacionalismo. Estas reflexiones no serán ni sistemáticas ni profundas, por lo que son más bien una invitación para que otros intervinientes en el debate las amplíen y, en su caso, las corrijan.

En primer lugar, casi todo lo que voy a decir ya ha sido dicho de una u otra manera por otros comentaristas, incluido el ponente, lo cual me ha hecho dudar sobre si intervenir o no. Pero al final he decidido que las explicaciones que daré aportan otro punto de vista, de quienes desde Catalunya participamos en política sin estar adscritos a esas instituciones que monopolizan la vida política del país (y entiéndase este último término con la amplitud que se quiera).

Así, comenzaré por decir que el derecho a decidir, contrariamente a lo que expone Miquel Iceta, existe. Cosa bien diferente es que sea reconocido como tal o que todo el mundo tenga la misma concepción sobre el mismo. De hecho, en cierta manera, el derecho a decidir sería coincidente con la soberanía popular. Es soberano quien da las leyes sin recibirlas de otro, y la Constitución española reconoce que la soberanía nacional reside en el Pueblo español. Otra cosa es, que en la práctica el sistema representativo que rige en España, haga que dicha soberanía sea usurpada por los políticos profesionales, como demuestra el hecho de que el PP gobierne con un programa diferente a aquél con que se presentó a las elecciones, o la propia modificación de la Constitución en su artículo 135 sin tener en la más mínima consideración dicha soberanía popular. Por tanto si quien decide las leyes es el soberano, y si la soberanía, aunque sea nominalmente, reside en el conjunto del pueblo español, el derecho a decidir es un derecho de todo el pueblo español. Naturalmente, esta concepción abarca, como ha dicho Martiño Noriega (y han apuntado otros) el derecho a decidirlo todo, y no únicamente sobre la cuestión nacional

Ahora bien, ¿todas las decisiones deben ser tomadas por el conjunto del pueblo español? Quienes defienden la unidad de España, así lo interpretan, aunque dicha interpretación contradiga el funcionamiento real de la sociedad. Dicha interpretación se fundamenta en la mención constitucional de la “indisoluble unidad de la Patria” que, como bien ha explicado el profesor Navarro en su ponencia, es fruto de la Transición como herencia del franquismo de “una, grande y libre”. Lo que nos lleva a cuestionar dos cosas: la primera la legitimidad de la actual Constitución y la segunda la concepción centralista de soberanía nacional en contraposición a la realidad y al derecho a decidir que muchos demandamos.

En cuanto al primer punto, cabe recordar que la Constitución vigente, contrariamente a lo que suelen esgrimir los dos grandes partidos patrios, no ha sido refrendada por la mayoría del pueblo español. La Constitución fue refrendada en su día por la mayoría del pueblo español, pero en la actualidad tiene el refrendo de únicamente el 21,46 % de los españoles (datos de julio de 2013), y únicamente un 36,39 % de los españoles vivos con derecho a voto tuvieron la oportunidad de elegir si refrendarla o no.
Por cuestiones de espacio, seguiré en otro comentario con otras cuestiones.

En este debate hay dos cuestiones que han sido ya enunciadas por diversos participantes y que formuladas como preguntas serían:
¿Es de izquierdas ser nacionalista?
¿Es posible ser independentista sin ser nacionalista?
Mi respuesta a ambas preguntas es NO; por lo menos en este contexto nuestro de la independencia de Cataluña.
Para argumentar el primer No, tenemos que preguntarnos qué es ser de izquierdas y qué es ser nacionalista.
Ser de izquierdas es fundamentalmente creer en la igualdad de los hombres y mujeres, independientemente donde vivan, a qué se dediquen, su estado, su sexo, su raza, su dinero o su formación. Ser de izquierdas es querer derechos y libertades iguales para todos. Ser de izquierdas es ser solidario con los desposeídos, desfavorecidos y discriminados. Ser de izquierdas es apuntarse a todas las luchas en favor de la justicia estén aquí o allá.
Ser nacionalista es defender primeramente lo nuestro, preocuparnos sobre todo o exclusivamente de nuestro entorno inmediato, hacer valer privilegios y prebendas, ensalzar la diferencia. Ser nacionalista es mantenerse alejado de los otros para no compartir nuestras riquezas ni sus infortunios. Ser nacionalista es querer tener un gobierno propio para poder descolgarse de cualquier lucha que no les favorezca especialmente o que implique un esfuerzo importante. Es decir, valores totalmente contrapuestos.
La izquierda catalana, abrumadoramente secesionista, defiende su posición con la etiqueta de la identidad. Etiqueta incomprensible para los demás, que sin abjurar de nuestro cariño por la tierra en que nacimos pretendemos un mundo sin fronteras, sin caciques locales y sin privilegios por razón de nacimiento.
Desde algunos sectores se acusa de nacionalista español y por lo tanto de derechas, a todo aquel que se manifiesta en contra de la independencia de Cataluña. Afirmación falaz porque el no nacionalista, por definición, es contrario a las naciones y por consiguiente no puede estar a favor de la aparición de una nueva y si estar en contra de las que existen actualmente.
Es así que se ha creado un imaginario que asigna al llamado nacionalismo español un carácter cavernario y filofascista y contrariamente el nacionalismo catalán aparece como algo moderno y progresista. No le quito algo de razón a ese argumento, pero desde la izquierda se deberían tender puentes y atemperar diferencias y no exacerbar los discursos.
En cuanto a la segunda pregunta planteada, la respuesta afirmativa supone o una carencia de criterio absoluta, el si por el si, por ser radical, o un claro comportamiento egoísta e insolidario, buscando solamente el interés personal o de grupo, incompatible con valores de izquierda.
Por último, dejo una pregunta en el aire:
En el supuesto caso que el proceso de independencia ocasionase un serio perjuicio en lo económico y en lo social a las mujeres y hombres que siguiesen viviendo en la parte de España no independizada. ¿Cuál sería la posición de la izquierda catalana?

Una actitud generalizada en los países de capitalismo «desarrollado» (antiguas potencias coloniales y ahora «neocoloniales»), y en particular en lo que se refiere a la doctrina jurídica dominante en dichos países, consiste en interpretar de manera restrictiva y taxativa todo reconocimiento formal de nuevos derechos humanos y de modo aún más restrictivo su ejercicio efectivo.

Es el caso por ejemplo de EEUU, que ni siquiera reconoce los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos, dando así la espalda al consenso logrado por la comunidad internacional desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), y corroborado en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, aprobados por dicha Asamblea, órgano que hoy por hoy posee la mayor legitimidad para representar dicha comunidad internacional. Dichos Pactos, por ser formalmente convenciones o tratados internacionales, al ser ratificados por los Estados miembros se incorporan al ordenamiento jurídico interno de dichos Estados, lo que supone, entre otras cosas, la invalidez jurídica de toda norma que contradiga lo dispuesto en dichos Pactos. Esa es la razón por la que EEUU no tiene ninguna intención de ratificar dichos pactos y, de hecho, solo reconoce una parte del conjunto de los derechos humanos, en principio, exclusivamente los individuales, negando los colectivos.

Por su parte, los Estados europeos aunque sí reconocen formalmente dichos pactos y, con ello, los derechos económicos, sociales y culturales, de hecho, a la hora de su ejercicio efectivo quedan muy mermados en comparación con los derechos civiles y políticos de carácter individual. Son derechos discriminados en la práctica, contraviniendo abiertamente la reiterada insistencia de las Naciones Unidas en afirmar que los derechos sociales y colectivos son tan derechos, tan humanos y tan fundamentales como los civiles y políticos de carácter individual. Ejemplo de ello son las políticas abiertamente antisociales que están llevando a cabo actualmente, y no es casualidad que sean dichos derechos (sanidad y educación, principalmente) las principales víctimas de los «recortes» que se están aplicando, con el pretexto de la crisis que ellos mismos han desencadenado. Interpretación restrictiva de tales derechos, tanto en su contenido como en su alcance, negándolos incluso (caso de EE.UU.) en vez de ampliarlos y generalizarlos a todo el mundo, tal y como debe entenderse desde un punto de vista democrático y social, evitando que su efectividad se reduzca a los sectores más privilegiados. Así pues, los Estados «desarrollados» en el sentido económico del término no lo son tanto en el sentido humano y social. No es el único caso en que los Estados más ricos y poderosos se desmarcan del consenso logrado por la comunidad internacional por medio de Naciones Unidas si no les conviene.

Enlace:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140837

El régimen político salido de los pactos de la Transición hace tiempo que está agotado; peor, por falta de decisión para reformarlo se está pudriendo, hiede. Y ante la parálisis de los dos grandes partidos que pueden abordar las reformas y la deriva autoritaria del Gobierno, los nacionalistas catalanes han decidido no esperar más. Mientras España está institucionalmente paralizada, Cataluña ha echado políticamente a andar e, impelida por los nacionalistas, se dirige hacia un objetivo que muchos ciudadanos catalanes creen posible alcanzar.

Desterrado el insensato optimismo del Gobierno, que contempla España como “asombro del mundo”, y en ausencia de una explicación verosímil sobre lo que somos hoy como país y lo que podemos llegar a ser el día de mañana, Artur Mas tiene un proyecto político que ofrecer; más aún, tiene un sueño que ha sabido transmitir a un número creciente de catalanes: el sueño de compartir un destino común y mejor que el insatisfactorio presente.

Mas ofrece una salida política a los catalanes, en un país en que la recesión económica, la crisis institucional, el deterioro de las élites y la desafección ciudadana exigen reformas prontas y profundas, pero que está empantanado por el inmovilismo del Partido Popular y la debilidad del PSOE, los partidos que, por ahora, podrían acometerlas.

Ante esa pasividad, Mas insta a los catalanes a buscar una salida propia; si España carece de soluciones ante la crisis, Cataluña intenta hacer algo. El derecho a decidir de los catalanes aparece como respuesta a la indolente actitud del gobierno español, que ni decide ni deja decidir.

El relato de Mas apela al inconformismo, a rebelarse contra un poder que se presenta como opresivo, expoliador (España nos roba) y lejano; es un revulsivo para la resignación, que convoca a sumarse a la emoción colectiva de erigir una nación, atrayente objetivo que implica ilusión, generosidad y grandeza.

La propuesta de lograr la independencia para Cataluña es una operación audaz y ambiciosa por sus consecuencias geopolíticas, pues no sólo trata de producir cambios en Cataluña y en España, sino de que podría generar una conmoción en la Unión Europea y en la propia Europa, al dar aliento a otros movimientos secesionistas. Quizá por esa razón el sueño de Mas ha despertado el interés de los nacionalistas más intransigentes, al conferirles el papel de pioneros en una reconfiguración del continente que rompa con el modelo de los Estados y tenga como base regiones que se reclamen como naciones.

Frente a esto, ¿qué ofrecen las izquierdas catalanas? Poca cosa, pues, con proyectos vagos, modestos y confusos, dejan ver sus esfuerzos para no quedar fuera de la movilización social y de las críticas al Gobierno central, que son tan agradecidas por el electorado catalán, pero ese apoyo a las tesis nacionalistas les aleja de su teórica base social, compuesta en buena parte por la población asalariada de origen inmigrante, que es poco proclive a atender la llamada del catalanismo intransigente.

Las izquierdas catalanas parten del fracaso reciente del Gobierno tripartito, donde el PSC, ICV y EUiA, se vieron arrastrados por la pugna entre ERC y CiU por ver quién radicalizaba más sus exigencias cuando se elaboraba el nuevo Estatut, cuya azarosa tramitación ha influido negativamente en la situación.

Con el PSC sumido en una profunda crisis y ERC apoyando claramente a la burguesía que CiU representa, quedan ICV, EUiA y CUP para defender las necesidades de las clases subalternas, en particular de los asalariados y de la población que depende del Estado del bienestar.

El miedo a quedar descolgadas de un proceso, y de un derecho (a decidir), que no cuestionan, ha llevado a estas izquierdas a apoyar el discurso de trazo grueso de Artur Mas, que de modo interesado no distingue entre España y el Partido Popular, acentúa las diferencias culturales y amontona agravios ciertos o presuntos para intentar borrar las desigualdades sociales dentro de Cataluña, una de las zonas más ricas de España donde ha crecido la pobreza a causa precisamente de las medidas neoliberales aplicadas por Mas.

Al contrario, debería ser un objetivo prioritario de la izquierda llevar a la gente la idea de que el discurso sobre la defensa de las señas de la identidad catalana, hipotéticamente amenazada por el centralismo castellano, representa el intento de imponer una única manera de concebir Cataluña, que responde al patrón de los nacionalistas que separa a los buenos catalanes -los que se ajustan a ese patrón- de los malos catalanes, calificados de españolistas, opresores o de cosas peores, por el simple hecho de no compartir esas señas, prescritas por un programa político excluyente. Y, por otro lado, hacer ver que la defensa de una identidad común a todos los catalanes oculta las profundas diferencias que dividen a la sociedad catalana, las mismas, por cierto, que en el resto de España, y que hablar la misma lengua no equivale a tener la misma renta y las mismas oportunidades para abrirse camino en la vida, porque, cada día, a impulsos de la globalización y de la crisis, la Cataluña imaginada, unida por la lengua y la cultura en un proyecto político, se aleja más de la Cataluña real, donde fronteras invisibles separan a los catalanes ricos de los que no lo son; a los bien situados de los que no encuentran su lugar; a los jóvenes que tienen un futuro prometedor de los que no tienen ninguno; a quienes pasan de unas empresas a otras, protegidos por contratos blindados, de quienes permanecen largos años en el paro; a los que dilapidan el dinero en gastos superfluos de quienes precisan la asistencia del menguante Estado social para sobrevivir, etc, como sucede en el resto de España y, con diferencias, en el resto de Europa.

El proyecto de separarse de España no indica que CiU tenga la intención de corregir estas desigualdades, pues el Gobierno de Mas ha sido precursor en adoptar las medidas de austeridad selectiva (siempre hacia abajo) que las han acentuado, y que después ha aplicado Rajoy. Y el deseo de que el futuro Estado catalán permanezca dentro la Unión Europea, sometido a las políticas neoliberales dictadas por Merkel, el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, no augura nada bueno para los trabajadores y sus familias en la futura Cataluña independiente y revela que a Artur Mas le interesa participar en un mercado común antes que apostar por una Europa social.

Si Mas quiere separar Cataluña de España no es con la intención de mejorar la suerte de los asalariados. Y esa debería ser la principal preocupación de los partidos de la izquierda.

El debate federalista que plantea el PSOE y parte de los demócratas españoles suena a tardío e impostado mientras no se asuma que España no es indisoluble. Ese mito está detrás de la incapacidad para que emerja un sentimiento federal, que solo considera la unidad como el resultado de la voluntad de estar juntos algo que sabemos existe en Extremadura o Andalucía pero puede que no en Cataluña o el País Vasco. Para ser federal, a la España futura le sobra “patria indivisible” algo que la izquierda ha jaleado también, elevándolo incluso a la categoría de “principio” con argumentos de pacotilla, como el que afirma que la izquierda es internacionalista.

En realidad son solo mensajes de usar y tirar. Cuando el PSOE extremeño critica al PSC, suele alardear de realizarlo en defensa de unos principios que proclama superiores al agiornamiento electoralista del otro; en realidad lo hace porque le da votos presentarse como antinacionalista catalán. Lo que se presenta como argumentos universales son solo ardides particulares.

La ausencia de una actitud crítica con la Transición es una de las razones que impide un pensamiento autónomo que lleva a enredarse hoy con el “derecho a decidir”. La izquierda debe enfrentarse con el nacionalismo pero no puede hacerlo desde un entramado institucional que remacha una y otra vez, con música y letra militar, “la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Soy toledano pero si fuera catalán me provocaría un rechazo espontáneo, una invitación a romper el molde. Buena parte de la izquierda asume como virtud eterna lo que fue necesidad coyuntural impuesta por los poderes fácticos.

Se puede defender la unidad de España, aceptar la posibilidad de separación y oponerse “al derecho a decidir”. Pero, en paralelo, hay que respetar la existencia de sentimientos nacionales en buena parte de la ciudadania catalana y potenciar una idea de España como nación de naciones, mas propia que la de estado plurinacional.

Sin la posibilidad de separarse es imposible que surja el sentimiento voluntario de estar juntos. Ese principio, basado en la unión voluntaria, está, en contra de lo que se suele decir, muy extendido entre las clases populares, representado en la expresión: «si quieren irse que se vayan». Solo falta dotarle de racionalidad y darle la vuelta para que sea una invitación franca a quedarse. ‘Un matrimonio no se arregla porque alguien declare ilegal el divorcio’, nos recordaba un artículo del Financial Times en el que se reclamaba que España deje votar a los catalanes y deje de enredarse en “legalismos sin sentido”.

Esa referencia al divorcio le servia a Jose María Ruiz Soroa para criticar el “derecho a decidir” como una idea borrosa. Aunque “casarse o divorciarse es una decisión unilateral de cada sujeto, difícilmente podrá sostenerse que una parte tiene el derecho a definir unilateralmente su estatus dentro de un matrimonio”. Cataluña debe poder votar si quiere independizarse, votar sí o no en un referéndum pactado (la pregunta, los tiempos, los resultados) pero no puede decidir sola la forma en que se une al resto de España. Esa decisión tiene que ser, necesariamente votada y compartida por todos.

La ausencia de una posición clara en los demócratas españoles sobre ese principio está impidiendo enfrentarse al nacionalismo independentista y está en el origen de la confusión propiciada por Mas y sus socios al reclamar el “derecho a decidir”. Esa es la esencia de la democracia y coincide con el planteamiento que Cameron, como primer ministro del Reino Unido, ha hecho a Escocia. Mientras es legítimo plantear la secesión y la independencia como decisión unilateral no lo es el modo en que uno pertenece unido a otros, eso corresponde a las normas comunes del club.

Zapatero acertó en intentar abrir una vía evolutiva federal desde la Constitución y pagaremos caro no haberla seguido, aunque erró al decir que “aceptaría cualquier decisión que aprobará el parlamento catalán” porque la vida en común requiere normas comunes. Cataluña solo puede integrarse en España participando de unas pautas compartidas que corresponde decidir a todos los españoles. Pero tiene derecho a votar si quiere independizarse mediante una consulta legal.

No quiero entrar en un sesudo debate jurídico sobre el derecho a decidir de un territorio o si el derecho de autodeterminación de la nación catalana encaja en el marco del derecho internacional. En mi opinión, si un pueblo, de manera mayoritaria, demuestra una clara voluntad en una determinada dirección, resulta a la postre, imposible, frenar esa aspiración, salvo que sea a través del uso de la fuerza, algo que nos podría llevar a un laberinto de imprevisibles consecuencias.

Les quiero hablar desde mi posición y experiencia de ciudadano que vive en el sur de España. Un manchego que ha escuchado repetidamente en boca de numerosas personas de mi tierra frases hechas que forman parte del acervo común de una gran parte de las personas que viven por estos lares: “En Cataluña no te dejan hablar en castellano”, “los catalanes reciben más recursos públicos que el resto de españoles”, etc. Sin embargo, no se trata de un discurso natural, sino aprehendido de los mensajes lanzados machaconamente por el poder político y los medios de masas que lo sustentan.

Terminado el régimen dictatorial y constituido el Estado autonómico, pronto se organizaron verdaderos reinos de taifas, con una fuerte estructura de poder caciquil, a cuyo mando se situaron barones que han abonado el sustrato ya existente con el anterior régimen, para practicar un discurso basado en la defensa de sus territorios frente a los privilegios y el trato desconsiderado de Cataluña con el resto de España. Baste recordar la dialéctica empleada por políticos como Juan Carlos Rodriguez Ibarra o José Bono, o el discurso negacionista de lo catalán practicado por los gobernantes valencianos.

Esta senda anti-catalana ha sido adoptada como elemento estratégico central por parte del Partido Popular durante sus años de oposición al Gobierno de Zapatero, con el único objetivo de proceder al asalto del poder, cuya consecuencia última fue el recorte al Estatut aprobado en referéndum. La dinámica recentralizadora del actual Gobierno, atrapado por su anterior discurso, que ante cualquier mínimo gesto hace aguas por su derecha, y la torpe dialéctica de ministros como Wert, queriendo españolizar a los catalanes, junto a la indignación provocada por las políticas de recortes de derechos económicos y sociales, no sólo del gobierno español, sino también del catalán, ha provocado el aumento de la desafección de una gran parte de los catalanes hacia el Estado español y la búsqueda de salidas al actual marco de referencia institucional.
Mucho se habla de aspectos controvertidos como el régimen de competencias o de financiación. Sin embargo, en mi opinión, estamos principalmente ante un problema de afectividad, que sólo se solucionaría con un giro radical en el discurso oficial, al que se han apuntado de manera irresponsable la inmensa mayoría de gobernantes y partidos políticos, convenientemente azuzados por una gran parte de los medios de comunicación y que ha sido asimilado como propio por una buena parte de la ciudadanía española. No niego que pueda haber una responsabilidad catalana, pero tengo que hablar de la realidad que directamente conozco.

Negar el derecho a decidir es como negar el derecho a respirar. No se soluciona ni con dictámenes jurídicos ni con posicionamientos numantinos. Lo primero que hay que hacer es crear un verdadero vínculo de afectividad positivo. Pero claro, eso requeriría un partido del Gobierno y una oposición que cambiara las claves de su discurso territorial, aunque les ocasionara desmembramientos en sus propias estructuras. Todo pasa por creerse y verbalizar lo que realmente es España: un conjunto de pueblos con diferentes idiomas y tradiciones de los que nos deberíamos sentirnos orgullosos. A partir de ahí, ofertar un nuevo marco territorial de relaciones en el Estado español, basados en el respeto, que no se utilice como arma arrojadiza, abordando, con objetividad, cuestiones competenciales y de financiación.

No se trata de impedir el derecho a decidir del pueblo catalán, sino de construir un nuevo sentido común que nos permita relacionarnos en un marco de afectividad recíproca. Niego identificarme con los símbolos de la España una, grande y libre, que la derecha quiere extender al conjunto de la ciudadanía. Deberíamos ver con naturalidad que formamos parte de un Estado plurinacional con una inmensa riqueza lingüística y cultural, interconectado entre sí y enriquecido por nuevas culturales. Partiendo de unas condiciones básicas de igualdad y bienestar común, no sólo en todo el Estado español, sino al menos en Europa, las diversas fórmulas de relación competencial o presupuestaria no debería darnos miedo.

Los problemas cotidianos de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña no son muy distintos de los que tienen los que viven en Valencia, Albacete, Córdoba o Valladolid. Los mismos que quieren imponer sus símbolos quieren imponer las políticas de austericidio para perjuicio del 90% de la población. Es necesario hacer un esfuerzo conjunto de todas las personas, vivan donde vivan, para darle la vuelta a este régimen y eso sólo se consigue desde la radicalidad democrática y la participación ciudadana.

Estamos asistiendo en estos momentos a una fuerte bronca política entre los actuales gobiernos de Catalunya y España. Según parece los catalanes han dicho: hasta aquí hemos llegado, ahora queremos caminar solos.

Previamente, se han sucedido varias llamadas de atención hacia la progresiva incomodidad y mal encaje en su convivencia político-administrativa con el resto de las comunidades españolas. Y, mientras recibía buenas palabras y atractivas propuestas de futuro, y no muy lejos Escocia miraba con creciente interés hacia Europa, se inició un proceso de reforma estatutaria que sería cuidadosamente frustrado (por el TC). Por ello, el president de la Generalitat se ha sentido autorizado para proferir su órdago: vamos a celebrar una consulta como primer paso de un proceso independentista.

En su intervención ante las Cortes constituyentes, en 1932, Ortega y Gasset ya advertía: “el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que solo se puede conllevar”. En aquél entonces “conllevar” se entendió como autonomía y el problema catalán se denominó el “Estatuto catalán”. El perfil de la incomodidad que Catalunya hoy presenta tal vez no haya variado sustancialmente; pero sí lo ha hecho el contexto jurídico político en el que gestionar “el problema”.

A partir de la Carta de las Naciones Unidas (Art. 1 y 55) y de los Pactos Internacionales de los Derechos Civiles y Políticos (Art. 1) y de los Derechos Económicos, sociales y Culturales (Art.1) se establece como derecho colectivo, fundamental y universal de todos los pueblos el derecho de libre autodeterminación. Se proclamaba un derecho humano que era colectivo y que implicaba el derecho de un pueblo o nación a fundar un Estado independiente. En el mundo de las finanzas buitre y depredación sin límite en que se ha convertido nuestro planeta, la promoción y la defensa efectiva del cumplimiento de los derechos humanos y, en general, la ética fundada en el respeto de la dignidad humana, resultan inconvenientes y asunto a ser permanentemente cuestionado sutil o descaradamente. Es quizá por eso que cueste a veces hacer entender que un derecho humano, un derecho fundamental, se ejerza colectivamente. Que el paradigma de lo humano deba ser necesariamente el individuo aislado, en la solitaria y exclusiva responsabilidad de sus actos como individuo, y no el colectivo (comunidad o pueblo que constituye) es más una perspectiva cultural (la nuestra, occidental) que una constatación antropológica que mire mejor en el espacio y en el tiempo.

En la Resolución del 16 de diciembre de 1952 leemos: “el derecho de los pueblos y naciones a disponer de sí mismos es una condición previa del goce de todos los derechos fundamentales”.

En el Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (Helsinki 1975), en su Principio VIII “Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos” leemos: “… todos los pueblos tienen siempre el derecho, con plena libertad, a determinar cuando y como lo deseen, su condición política interna y externa, sin injerencia exterior, y a proseguir, como lo estimen oportuno, su desarrollo político, económico, social y cultural …” Dada la importancia de la Conferencia, el elenco de estados firmantes y el objeto de la misma, sorprende la relevancia dada a este principio así como su expresión contundente que quiere evitar toda ambigüedad. Se consolida aquí, definitivamente, el derecho de libre determinación de los pueblos en Europa, no sólo en colonias de ultramar.

El ejercicio del derecho de autodeterminación es relativamente reciente y ha tenido lugar mayormente en procesos de descolonización y se han ido acompañado de resoluciones que han propiciado cierto marco normativo para su ejecución. Pero la ausencia de regulación de un (joven) derecho, considerando pueblos no coloniales, no puede argumentarse como negación del mismo. Existe una práctica de hechos consumados, secesiones, en Europa no contestada por la comunidad internacional, y, en todo caso, avalada por sentencias como la que indica que “declaraciones unilaterales de independencia” … “han de ser consideradas conformes con el orden jurídico internacional” (Tribunal Internacional de Justicia, 22.7.10/Kosovo).

Negar la existencia de un marco jurídico suficiente (en el D.I.) para que un comunidad que se considera pueblo (voluntad de pertenencia, cultura e idioma propio), que además es pacífica, altamente desarrollada, ocupa un territorio definido y posee probada capacidad de gestión, decida mayoritariamente constituirse en nuevo estado, es mirar a otro lado, no querer ver una realidad como la que, en estos momentos, se presenta, terca, desde Catalunya.

No estamos hoy en los tiempos en que Ortega y Gasset nos exhortaba a conllevarnos como mejor fórmula de convivencia. Ahora existe el divorcio. Y el divorcio no necesita de acuerdo entre las partes; al igual que la secesión de una parte de un estado en la Europa de la segunda mitad del s. XX. Así: Lituania, Letonia, Estonia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Eslovaquia, Montenegro, Kosovo.
¿Qué podría imposibilitar el añadir a la lista a Escocia, o a Catalunya? Ambos pueblos forman parte del espacio europeo y no son ni más feos ni menos capaces que los mencionados antes, además de probadamente pacíficos y decididamente europeístas.

Pero, elegida la vía, celebrada la consulta, tomada la decisión, aparecen las verdaderas dificultades. Tras la bendición jurídica hay que proceder a la ejecución. Problema: ¿por dónde cortamos? No se trata de una cuestión de meras delimitaciones geográficas que fijen sobre ellas espacios que, de manera natural e inmediata, contienen la nueva realidad nacional. Sobre un territorio como los mencionados, crece una maraña de haberes, relaciones, compromisos, transacciones… que, al igual que lo que ocurre con algunos tumores, dicha red de sustento es tan tupida que hace extremadamente difícil y lesiva su resección.

En 1932 Ortega no disponía de la institución jurídica denominada “derecho de autodeterminación” para poder contar en su reflexión sobre el problema catalán con un instrumento que, acaso en aquél momento, fuese de más fácil ejecución. Y por eso nos invitaba a conllevarnos (resignadamente) pues insistía en que el problema catalán no tenía solución. Hoy sabemos que sí, que tiene una solución impecable: el ejercicio de la libre determinación por parte del pueblo catalán. Lo que en su momento no era seriamente practicable por medios pacíficos (por ausencia de marco jurídico) y no pudo ser, ahora lo es; pero su ejecución ha quedado muy comprometida (para ser llevada a feliz término) por su costo excesivo. Quitar el tumor, es bueno, pero matar al enfermo, cuestiona la oportunidad y eficacia final de la medida.

Aunque se presenta con mucha firmeza el empeño en convocar a los catalanes a un inminente e irrenunciable referéndum que dé inicio al proceso (en su caso), tal vez, por su costo, sea una medida que juega (hoy) un papel más bien coyuntural en un forcejeo político que viene ya de lejos. Acaso, esta consideración aclara el verdadero sentido de la oferta del presidente catalán al gobierno español que recogía la prensa recientemente (El País, 12.2.14): la posibilidad de un plan alternativo a la independencia, una “oferta de estado” que mereciese su consideración y estuviese completamente avalada (partidos políticos mayoritarios, la Corona y los Tribunales Supremo y Constitucional).

El derecho de autodeterminación es una realidad jurídica que no admite contestación, y su ejercicio pudiera resultar ser, hoy, en pueblos europeos muy desarrollados, especialmente complejo y difícil, hasta el punto de tener que considerar si merece su coste ante las bondades pretendidas. Pero este asunto, en todo caso, será decisión exclusiva de los votantes del pueblo que se autodetermina en el referéndum que dé inicio al proceso. Pretender, por parte de algunas fuerzas políticas, que, en el caso catalán, en dicho referéndum deben votar también vascos, extremeños, andaluces, etc. es intentar negar torpemente el derecho de autodeterminación de un pueblo argumentando que carece de suficiente soberanía para ejercerlo. Como si la soberanía de un pueblo fuese cuestión del logro de cierta masa crítica para existir, y que, sin esa cota, dicho pueblo careciese de la entidad y reconocimiento jurídico en el que acontece su soberanía. Pero, quién podría legítimamente determinar (en este supuesto absurdo) dónde se establece el listón salvo el propio pueblo que desea ejercer su derecho.

Pretender negar el derecho mediante el argumento de que la Constitución española no lo contempla, es mala fe o no querer entender la entidad y el alcance de este derecho. El rango jurídico de un derecho fundamental es superior a las provisiones de una constitución de un país perteneciente a la comunidad internacional que se pretende un estado de derecho. Si la Constitución no lo contempla, pues, simplemente debería contemplarlo, o al menos no pretender impedirlo; cámbiese pues. Cámbiese, y no necesariamente con la nocturnidad y alevosía con las que ya se ha cambiado, mediante rápido y eficaz acuerdo de los dos grandes partidos, para garantizar la prioridad del cobro de intereses generados en España por parte de bancos extranjeros.

A quienes pretenden esconderse detrás de la Constitución española para no tener que afrontar una propuesta secesionista habría que recordarles el dictamen del Tribunal Supremo del Canadá (1998) sobre el referéndum para la independencia de Quebec. Por mucho que nos guste, la Constitución española tiene ya unos años, la mayoría (actual) de los españoles no la ha votado y el mundo y la soberanía de los estados han cambiado muy significativamente desde su aprobación, en su momento, por una gran parte de los españoles. Es oportuno, además de necesario, revisarla en profundidad. En todo caso, la legitimidad de su rango jurídico es y será siempre inferior a la de la libre expresión directa, en referéndum, de la democrática voluntad soberana de un pueblo, aunque dicho pueblo forme parte de un magnífico estado dotado de una no menos magnífica Constitución.

Otro indicio de la conveniencia de un cambio de la Constitución española del 78, además del hecho de su edad es el fiasco que supuso la resolución del T.C. en contra de la voluntad del pueblo catalán (cuando negociaba su estatuto). Sin duda que aquí encontramos parte sustancial de la justificación del actual forcejeo político que lidera el presidente de la Generalitat. El recurso de inconstitucionalidad (reforma del estatuto) no puede estar legitimado en la propia Constitución como acto posible dentro del proceso de reforma estatutaria cuando ha sido refrendado por el Parlament de Catalunya, pues cuestionaría la constitucionalidad de la propia Constitución negando la legitimidad del Parlamento de Catalunya constitucionalmente constituido. Es evidente que la voluntad de un pueblo no va a depender del criterio de un Tribunal sobre si es o no una nación, y que esta consideración compete exclusivamente a una libre manifestación democrática de sus ciudadanos al respecto.

En síntesis: el proyecto de secesión es practicable porque el marco jurídico lo permite y la comunidad internacional reconoce el nuevo estado y, por razones de interés común, colabora (habitualmente) en su consolidación.

La posibilidad o no de creación de un nuevo estado en el concierto internacional no reside en supuestas dificultades jurídicas o de reconocimiento. Reside, en todo caso, en el proceso de su ejecución; en, en primer lugar, en la voluntad política implicada en él y en la capacidad de mantener dicha voluntad frente a las dificultades que se presentarán en el intento de su consecución. (En términos platónicos depende del valor (fuerza preservativa) del pueblo que lo pretenda) También, en segundo lugar, de la oposición que pueda encontrar por parte de su estado de origen y de la coyuntura de intereses implicados en el proceso que afecten a terceros estados. Así, por ejemplo, nadie cuestiona la legitimidad, la decisión firme y el valor probado por parte del pueblo saharaui en el logro definitivo de su constitución como estado independiente del Reino de Marruecos que lo ocupa ilegalmente ante la ostensible dejación de sus responsabilidades por parte de España como potencia colonizadora. En este caso es evidente que la firme oposición de Marruecos, Francia y España por razón de importantes intereses económicos (pesca, minería, e importantes reservas de petróleo) todavía no ha hecho posible la independencia de la RASD.

Una vez decidido dar inicio al proceso se plantea el cómo. Hay dos opciones: de mutuo acuerdo, o de manera unilateral. Aunque lo sensato y lo que presenta un menor costo es el mutuo acuerdo y la negociación pactada de los términos de transferencia de titularidades y compromisos (¿Escocia?), en ocasiones, la miopía e inmadurez políticas pueden hacer casi imposible el acuerdo civilizado (¿Catalunya?) y las opciones se reduzcan finalmente a una: declaración unilateral de independencia.
Un planteamiento alternativo a la constitución de un nuevo estado y al logro de una independencia formal, pero que busca disponer sustancialmente de la capacidad de autogobierno que hoy, ante una futura UE como pleno ente político-administrativo, no mero mercado común, se permite en este contexto, pudiera ser, acaso, la vía de la autonomía progresiva (País Vasco) Leemos en la proclamación del Parlamento Vasco de 1990 (PNL): …”la estrategia estatutaria y la profundización en el autogobierno a través del pleno y leal desarrollo de todos y cada uno de los contenidos del Estatuto representan para los ciudadanos vascos el marco válido para la resolución progresiva de los problemas de la sociedad vasca, así como para avanzar en la construcción nacional de Euskadi” Y aclara: …”la construcción nacional es un proceso dinámico, gradual y democrático, integrado por el conjunto de decisiones, incluidas, en su caso, las de carácter plebiscitario, que el Pueblo Vasco vaya adoptando a lo largo de su historia.”

En este caso el presupuesto es que el ejercicio del derecho de autodeterminación no se canjea o sustituye por techos de autonomía; simplemente, se va ejecutando parcialmente y gradualmente sin un horizonte acotado que lo encorsete.

Llegados hasta aquí la pregunta es: autodeterminación sí, pero autodeterminación ¿para qué?
Si pueblos como Escocia y Catalunya desean constituirse en estados independientes que van a continuar siendo miembros de la UE y en perfecto maridaje con los estados de quienes se separan, ¿cuál es la novedad que anime a ejecutar la secesión? O, planteado de otra manera: ¿en qué medida van a cambiar a mejor las condiciones de vida de los ciudadanos (en su gran mayoría) de los nuevos estados?
La pregunta es pertinente: la UE que, aunque en realidad ha devenido más bien en un club de mercaderes sin escrúpulos que en el ilusionante proyecto político de construcción de un futuro común para todos los pueblos de Europa que se ha estado vendiendo durante años, se manifiesta con vocación de avanzar hacia una definitiva unión política que borre más y más los restos de las soberanías nacionales. Si vamos a desembocar en las mismas fronteras, misma moneda, misma política exterior, misma incapacidad de gestión propia de los graves problemas derivados de la “crisis” que padecemos, etc., ¿qué novedad expresa el nuevo estado independiente en cuanto tal?

Otro es el caso de pueblos como el saharaui, para los saharauis el hecho de convertirse en un nuevo estado con pleno acceso a su territorio y a sus recursos naturales es simplemente una cuestión de supervivencia como pueblo.

La autodeterminación de los pueblos es, siempre ha sido, un asunto político. Las aparentes dificultades jurídicas siempre esconden intereses concretos. El último bastión de los negacionistas es la supuesta incapacidad de la UE para admitir a los estados recién nacidos. No es creíble que la UE no pueda reconocer (de forma casi-inmediata) nuevos estados de la UE a pueblos que ya son miembros de hecho. Hay espacio para hacerlo sin violar el Tratado (A.48.7) si es que hay voluntad política. Y, por el contrario, sí que hay precedentes de violación efectiva del Tratado cuando determinados intereses han orientado la voluntad política de la UE para hacerlo: concesión a Marruecos de un status de relación formal privilegiada con la UE incompatible con la situación de los derechos humanos en el país.

Qué duda cabe de que con unos partidos políticos que, en general, además de haber dejado de atender a la voluntad de la sociedad a la que pretenden representar, son corruptos e incompetentes; con un poder judicial conchabado con el poder y que persigue con saña a quien se atreve a mirar hacia atrás e intenta recuperar la dignidad perdida en las fosas de la posguerra española; unos sindicatos acomodados, en ocasiones corruptos, y que han perdido su objetivo; un fraude fiscal gigantesco y consentido; una estructura administrativa hipertrofiada (triplica a la alemana que además atiende al doble de habitantes) al servicio de la clase política… muchas personas se planteen honestamente intentar constituir una nueva realidad administrativa, en forma de nuevo estado, que al menos por tamaño pudiera estar más cerca de los intereses de los ciudadanos. Entre otras consecuencias podrían tener lugar:
-Nuevas oportunidades asociadas al cambio (regeneración y optimización de estructuras de gestión; optimización de estrategias y propuestas para la solución de problemas económicos; desaparición de la monarquía; posibilidad de crear estructuras de contra-poder y control popular…)
-Cambio de ley electoral; listas abiertas; candidatos por circunscripción.
-Mayor control de las decisiones políticas por un mayor acercamiento y acceso a la gestión política y administrativa.

El problema puede ser que nos dispongamos a cambiar de perro, ya que el animal no nos respeta (en España los asalariados pagan más de 90% de la recaudación anual y reciben menos del 50% de la renta) y que después de muchos esfuerzos nos percatemos de que, en realidad, sólo hemos conseguido cambiar de collar: el animal sigue sin respetarnos.

Coincido básicamente con muchas de las cuestiones expuestas por el profesor Vicenç Navarro en su ponencia “Catalunya y el derecho a decidir”. La sacro-santa concepción del Estado-Nación de un bipartidismo en crisis (PP-PSOE) y el corsé constitucional que se utiliza como arma arrojadiza para el proceso de toma de decisión de Catalunya (y por extensión y como vacuna para futuros procesos en Euskal Herria y Galiza), carece a día de hoy de credibilidad. Este pobre argumentario asentado en pseudo consensos resecos de la mal llamada transición hace aguas .La reforma express pactada del artículo 135 de la Constitución demostró que la Constitución era todo menos inmutable y negar el derecho a decidir de la realidades nacionales (asentadas en cuestiones objetivas históricas y en la voluntad de existir de manera diferenciada de su ciudadanía en el presente) buscando un ámbito de decisión superior (Estado) es negar lo innegable (que un pueblo pueda decidir democráticamente su futuro).

La expresión derecho a decidir empleada como sinónimo de derecho de autodeterminación es un eufemismo que intenta evitar los ecos de la segunda de las expresiones, sobre todo como contraposición débil al concepto fuerte y legalmente reconocido de autodeterminación. Derecho a decidir, en cualquier caso si, pero también sobre otros aspectos de la vida social: sobre la relación de nuestras naciones con el resto del mundo, sobre la forma de Estado o de no Estado (que nunca es un concepto neutro) que queremos, sobre los recortes de los servicios públicos, sobre el derecho a la vivienda, sobre el derecho a la propiedad privada de los medios de producción, sobre la supresión de las fronteras para los condenados de la tierra o sobre si la riqueza social pertenece al empresario o a las clases trabajadoras.
La dicotomía Estado-Nación y los procesos de toma de decisión y de emancipación nacional que justifican el debate que tenemos en este foro por el proceso catalán no serán los únicos que se pongan en juego en este final de ciclo y en un hipotético proceso constituyente. En ningún caso está escrito que la salida del Estado a la actual versión del capitalismo conduzca a un sistema político mas cálido, que respecte la pluralidad y la capacidad de decidir de los pueblos. La solución autoritaria está encima de la mesa: del «Estado de malestar» a un totalitarismo parlamentario con una presidencia de tecnócratas, recentralización a la carta, más pensamiento único.

Situados en este contexto, emerge la cuestión del federalismo, del soberanismo y de la independencia y lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿para qué? ¿Soberanismo para qué? ¿Independencia para qué? ¿Federalismo para qué? Si estas preguntas no las dotamos de contenido corremos el riesgo de ser pueblos que cuando alcancemos el objetivo legítimo de decidir por nosotros mismos, sin intermediarios, no recordemos cual es la finalidad de nuestra soberanía. Una de las respuestas a esta cuestión está en ser capaces de manera colectiva de sintetizar una salida social a la crisis con el derecho innegociable de las naciones del Estado a decidir por ellas mismas. No debemos equivocarnos de enemigo. Escoger aliados que compartan esta cosmovisión puede tener una importancia fundamental.
 
Los procesos de emancipación nacional no se pueden reducir a una misma lógica. Debemos escapar del cliché «nacionalismo periférico-bueno». No estamos exentos incluso de que algún proceso de autodeterminación de las naciones sin estado pueda connotarse en coordenadas de apartheid.
 No olvidando esto (la necesidad de vincular los valores de izquierda con los procesos de emancipación, la importancia de no olvidar uno de los motores del movimiento de la historia como es la lucha de clases), yo soy de los convencidos de que el federalismo (en su acepción confederal) no es incompatible con posiciones soberanistas e independentistas. Dicho esto, también creo, por practicar la honestidad, que es el nacionalismo español (o el imperialismo español) el que está cerrado a cualquier posibilidad de vía confederal para el Estado. La síntesis de Castelao sigue  resultando pertinente. Madrid, España, son los verdaderos separatistas. No existe ninguna posición identitaria más reaccionaria, etnocida y contraria a la diversidad que la que mantiene los poderes fácticos del Estado español. Cerrada la vía confederal, queda como opción una posición de máximos asentada en la reivindicación de la independencia. La síntesis si la hay, tiene que llegar de esta dialéctica. Que cada sujeto político colectivo (Catalunya, Euskal Herria, Galiza…), decida como quiere relacionarse con los otros. La respuesta a este proceso la tenemos que dar colectivamente entre todos. La mayoría social agredida, el ejército de los menos que son los mas, los pueblos que no renuncian en este mundo globalizado a ser, a existir y a incidir en el curso de la historia.

Me parece una falacia recurrir al internacionalismo «socialista» para defender la integridad territorial del actual estado español. El internacionalismo como llamada a la solidaridad y unidad de acción de los trabajadores de todos los países de ningún modo implica que todos los estados hayan de fundirse en uno ni que el fraccionamiento de un estado capitalista sea necesariamente negativo para los intereses de la clase obrera. Así, ser internacionalista no es incompatible con ser nacionalista, aparte de que se puede ser independentista sin ser nacionalista.

La afirmación de que las izquierdas vasca, catalana y gallega han sido «abducidas» por el nacionalismo y están atadas «al carro conducido por las burguesías nacionales» me parece una falta de respeto. ¿No pueden haber adoptado libre y conscientemente, obviamente con riesgo de equivocarse, las posturas que han considerado más acordes con sus principios y/o más estratégicas para alcanzar sus objetivos? ¿Realmente han renunciado a «un proyecto basado en la igualdad social y los derechos comunes para los trabajadores»? Si hay una «izquierda» que a mi entender lo ha hecho es el PSOE.

Me parece una manipulación hablar de «pinza entre la derecha catalana y el españolismo en la discusión del derecho a decidir». El «españolismo» niega a los catalanes tal derecho y el catalanismo lo afirma, y lo hace con más claridad, convicción y coherencia cuanto más a la izquierda se sitúa. Tampoco creo justo afirmar que los independentistas presentan el derecho a decidir y la independencia «como un paquete único». Evidentemente respetarán un «no»del pueblo catalán a la independencia, mientras que el «españolismo» le niega la posibilidad misma de expresarse.

Por otra parte, «ser beligerante en Cataluña frente al independentismo» me parece un planteamiento equivocado que solo puede convencer más a los independentistas de que tienen razón, aparte de que solo veo legítimo hacerlo desde Cataluña, desde Madrid me atrevería a calificarlo de imperialismo. Algo bien diferente sería promover un debate abierto sobre las ventajas e inconvenientes en las circunstancias actuales de la independencia y el federalismo «desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y las clases populares».

Entre las fuerzas políticas parlamentarias de ámbito estatal, solo IU defiende el derecho a decidir, el resto se ha posicionado radicalmente contra la democracia. Y aun así la propia IU no ha adoptado con valentía la postura que acertadamente apunta Dolors Comas de ver en la actual movilización de la sociedad catalana una oportunidad para una ruptura democrática hacia «una sociedad más justa, republicana, en la que los lazos sean fruto de una elección y no de una imposición».

He seguido con atención el debate de Público sobre el derecho a decidir que lanzó en un magnífico artículo el Doctor Navarro, como siempre, punto de referencia obligado para la distintas sensibilidades de la izquierda. Querría aportar mis reflexiones.

No soy independentista, no seré independentista pero la vida es muy complicada y es probable que en un referéndum votara sí a la independencia. En la manifestación contra la sentencia al Estatuto del Tribunal Constitucional del año 2010, allí, a la misma manifestación, se vio que la vía autonomista se había acabado. Si el federalismo quería continuar existiendo haría falta que se definiera un nuevo relato, una nueva hoja de ruta. Era lógico pensar que el día siguiente todas las fuerzas vivas que se reclamaban por el federalismo -de España y de Cataluña- reunirían toda la capacidad intelectual de sus entornos y plantearían un gran debate sobre la nueva etapa que se abría. No ha sido así. No se ha sido capaz de proponer una tercera vía. ¿Y qué podía ser la tercera vía? La propuesta de un estado catalán federado a España así de claro. Alerta federalismo, de abajo arriba. Esto quiere decir una propuesta de ruptura del modelo actual. Había que hacer la propuesta de una república catalana con una lista de elementos que se quieren compartir con el estado español. En realidad esto podía suponer una mano extendida al diálogo con los independentistas. En el contexto del siglo XXI no hay demasiadas diferencias entre un Estado catalán federado a España y un Estado catalán federado a Europa (Ahora no discutimos ni fronteras, ni moneda y apenas del ejército). Se podría haber propuesto paralelamente que el apoyo al derecho a decidir fuera acompañado del compromiso que hubiera tres opciones: quedarse igual, estado catalán federado e independencia. Esto hubiera obligado a los partidarios de quedarse igual a optar por la fórmula federal. Ya es tarde. Hay que recordar, como muy bien señala Vicenç Navarro, que la tercera vía fracasó cuando no se aceptó la versión del Estatuto de septiembre del 2005 o, ya con toda seguridad, en 2010 con la sentencia contra el Estatuto. En aquel momento con una gran visión de estadista Felipe González y la línea editorial de El País escribieron que no pasaba nada. No tiene ninguna razón Enrique Álvarez cuando se refiere al Pacto del Tinell. ¿Es que acaso hay una norma no escrita que diga que la izquierda catalana tiene prohibido hacerse con el poder? Tampoco entiendo porque critica que un partido catalán propicie aislar un partido, el PP, que ha recogido firmas y que ha realizado una campaña contra todo un pueblo de España. ¿Que se supone que tendrían que hacer los partidos catalanes? Veo que acabo defendiendo a CiU y prometo acto seguido irme a confesar.
Además a los federalistas se nos ha acabado la paciencia. Han pasado casi 40 años de un olvidado punto de la Asamblea de Cataluña: el derecho a la autodeterminación de los pueblos, subscrito por todas las fuerzas democráticas sin excepción. ¿Y si lo ejercemos ya?

De acuerdo con esto, puede haber federalistas que creemos que ha llegado la hora de contribuir a la ruptura democrática tan deseada y, por lo tanto, que es el momento de subscribir la necesidad de iniciar un proceso constituyente. La alternativa significa hoy una opción monárquica inmersa en una crisis institucional sensacional: crisis de la monarquía, crisis del Tribunal Constitucional, crisis en el aparato de justicia, espionajes masivos, crisis de los partidos, crisis económica, corrupción en la cúpula del partido del gobierno, falta de alternativa real, etc.

Los federalistas, es decir, los que nos inspiramos en la tradición republicana federal de Ramon Xauradó, Abdó Terrades, Narcís Monturiol y que culmina en Pi i Margall, no sólo podemos aceptar accidentalmente la proclamación de la república catalana, sino que nos la podemos arrogar como propia sin ningún tipo de duda. Así lo hizo Lluís Companys, por ejemplo. Por lo tanto, no hay que ser independentista para estar a favor que el pueblo catalán abre un proceso constituyente: cualquier demócrata tiene de estar necesariamente a favor. Los conflictos se pueden resolver de muchas maneras. Si queremos resolverlos por la vía pacífica y democrática, esto sólo se puede hacer, en este caso, preguntando a los catalanes. Son las reglas de juego de la libertad y la democracia.

Los que en las encuestas del CEO optábamos por un estado catalán federado en España, una opción que hace unos años era necesariamente una fuerza sofisticada y escogerla requería una cierta cultura política, fluctuamos entre el 21% y el 35%.

No es poca gente. Llega el futuro, no sabemos qué nos deparará, pero la gente de izquierdas, toda la gente, tiene que entender que no puede esperar que la historia lo escriban los otros y que esto tenga buen fin. El futuro es un país extraño pero queremos estar en él.

El debate ha de atenerse a unas reglas sobre la extensión de las aportaciones para preservar el equilibrio entre los participantes en este foro. Sin embargo, a tenor del interés de cada escrito, el tope de caracteres puede ser flexibles, a criterio del moderador. Junto a esa flexibilidad existe, en las reglas de funcionamiento de Espacio Público, la posibilidad de aportar tantas ponencias, artículos o documentos como se quiera relacionados con el objeto del debate, que pueden ser accesibles para todos los participantes a través de los correspondientes enlaces.

No podemos entender lo que pasa en Cataluña sin situarlo en el contexto de la crisis económica, moral y política actual. Al malestar que sin duda sienten todos los españoles ante una Monarquía caduca y obsoleta y ante unas instituciones políticas deterioradas por la corrupción y la falta de legitimidad, se suma el malestar de un pueblo que ve frenadas sus aspiraciones de autogobierno desde posiciones inmovilistas y también hostiles por parte del gobierno y las estructuras del Estado. El gobierno del PP agudiza este malestar: es autoritario, represivo, provocador, está destrozando el Estado social y amenazando la salud del Estado de derecho. Y está efectuando una recentralización profunda. Todos estos ingredientes resultan explosivos hoy en Cataluña.
Cuando se trata el “problema catalán” suele ponerse en primer plano los agravios económicos, pero hay algo más detrás. La sentencia del Tribunal Constitucional, las constantes incomprensiones y las provocaciones del gobierno del PP hacen que la mayor parte del pueblo catalán se sienta herido en su dignidad, pisoteado y humillado. Y ha dicho basta. Y esto no es fácil de arreglar, porque atañe a dimensiones muy profundas: es una cuestión de reconocimiento y de dignidad. Esto es sustancial para entender la enorme base popular que, desde opciones federalistas o independentistas, no quiere que se mantenga la situación actual.
Se equivocan quienes piensan que el pujante independentismo es una mera expresión de la burguesía o es instrumentalizado por ella. El capital no tiene patria, como dijo Marx. Quiero remarcar algo que no suele tenerse en cuenta: se puede ser independentista y no ser nacionalista y es el caso de muchos sectores de la sociedad catalana, especialmente de izquierdas. Es insatisfacción, es hartazgo, es haber sobrepasado el límite de lo que se puede soportar. Es soñar con un país más democrático, más social, en el que las luchas sociales no sean interferidas por las luchas de banderas, conscientes de que ésta es una baza que juega CiU para ocultar sus vergüenzas. Y es una respuesta al hipernacionalismo español, cada vez es más agresivo y que es una verdadera fábrica de independentistas.
El nacionalismo catalán tiene una base cívica más que étnica, pues es fruto de cómo se ha construido la sociedad catalana. El lema “es catalán quien vive y trabaja en Cataluña” ha funcionado durante muchos años. Los principales partidos de izquierda, el PSUC durante la dictadura y el PSC después, con su ascendencia en la clase trabajadora, consiguieron evitar la fragmentación de la clase obrera y la fractura social en función del origen de cada uno. El caso es que se ha conseguido construir en Cataluña un solo pueblo que integra personas con orígenes e identidades diversas. Unidad y diversidad forman parte del modelo social existente.
Sé que la percepción de una parte de los españoles respecto a Cataluña no es ésta e interesadamente se ha difundido la idea de que existe un conflicto lingüístico permanente. Algunos piensan además que se trata de un nacionalismo étnico, pero éste no es ni mucho menos el predominante. Insisto en que predomina el nacionalismo cívico, el basado en valores e instituciones comunes y en que cualquier persona forma parte de la nación con independencia de sus orígenes. Curiosamente, quien hizo gala de un prodigioso etnicismo fue Susana Díaz en su reciente visita a Cataluña. Apelando a los sentimientos de los catalanes nacidos en Andalucía reclamó: “que no nos obliguen a escoger nuestra identidad. Si Cataluña se separa, qué les diremos a los catalanes cuyos padres vinieron de fuera: que son hijos de extranjeros?” En Cataluña manejamos muy bien las identidades múltiples porque esto forma parte de nuestra cotidianeidad, pero la presidenta de la Junta de Andalucía no parece ser consciente de ello. ¿Y qué decir de esta condición de extranjería retrospectiva que dramatiza la supuesta elección de identidades y que se basa en la idea de una condición (eterna) de andalucidad que se perpetúa ininterrumpidamente? Este tipo de premisas sí que contribuye a crear fracturas sociales por razón de origen; esto sí que divide en lugar de hermanar.
Es urgente sumar fuerzas para plantar cara al PP y conseguir un cambio profundo en el sistema político español, un cambio de régimen. Véanse las movilizaciones de Cataluña como una oportunidad y no como un obstáculo. Necesitamos construir alianzas para lograr una sociedad más justa, republicana, en la que los lazos entre Cataluña y España sean fruto de una elección y no de una imposición. Negar el ejercicio del derecho a decidir forma parte de esta imposición y no veo en qué base democrática se sustenta.

Deseo preguntar a los organizadores de este espacio de debate público si sería posible presentar mi propia ponencia, con más de 3000 caracteres, dado que los comentarios tienen como límite esta cantidad.

En el debate y la acción política respecto al encaje de la cuestión nacional en España siempre se tiene la sensación de haber llegado tarde al movimiento real de la sociedad. El tema nacional es posiblemente uno de los aspectos de la vida social, política e institucional más sujeto a posibles simplificaciones, manipulaciones e instrumentalizaciones. En esto se han mostrado como unos maestros consumados las derechas conservadoras tanto “españolistas” como “nacionalistas”. Y tenemos que decir con total contundencia que las izquierdas han sucumbido totalmente a ese juego, siendo incapaces de mostrar un discurso propio y alternativo a todo tipo de nacionalismos rompiendo incluso con su propia matriz histórica del internacionalismo por encima de fronteras y banderas.
La izquierda tanto en Catalunya, como en Euskadi, como en Galicia, como en Andalucía o las dos Castillas ha sucumbido a las diversas alas del nacionalismo comprando de una forma u otra la mercancía “nacional”. La izquierda en las nacionalidades históricas (empecemos por reafirmar con firmeza la existencia de ellas) ha ido siendo abducida por las ”izquierdas ” nacionalista, no se podía ser de izquierdas sin ir al carro de la radicalización nacional, ya fuese el campo abertzale en Euskadi, Esquerra en Cataluña o el Bloque en Galicia, así se invirtió completamente la tendencia que iba del nacionalismo hacia el internacionalismo socialista en la década de los 70, con un proyecto solidario y federativo, al recorrido inverso: afirmación de las fronteras, “vasquización” “catalanización” o “gallegización” de las izquierdas autóctonas, hasta conducirnos al punto actual de atadura completa al carro conducido por las burguesías “nacionales”. Hoy en el marco de una ofensiva sin precedentes contra los trabajadores y las clases medias, estos ven su “salida” en la radicalización de la diferencia nacional. A diferencia de la izquierda obrera de los años 30 donde la perspectiva planteada por los diversos sectores (PSOE, CNT, POUM, PSUC e incluso Esquerra) apuntaba a la Federación de los pueblos ibéricos, primando la solidaridad social… (Por ejemplo, la ERC de Companys nunca fue independentista sino federalista por mucho que ahora quieran contar otra cosa) nuestra izquierda fue disgregando la base de un proyecto basado en la igualdad social y los derechos comunes para los trabajadores, primando la segregación, lo que se ha visto reflejado incluso en el aislamiento en algunos casos respecto a las grandes movilizaciones del Estado (huelgas generales).

Pero si esto ha sido así en las izquierdas de las nacionalidades, a nivel del resto de las CCAA no se ha combatido de forma clara y contundente el “españolismo” reaccionario y centralista, al contrario se ha evitado todo gesto de solidaridad con las naciones, ante el temor de ser considerado pro catalanas o pro vascos. En lugar de apostar hace mucho tiempo por la España plurinacional y federal, se ha convertido este guiño federal en un requiebro oportunista hecho a toda velocidad y de mala gana. El timo del nuevo Estatut, incluido el haber permitido el toreo del Tribunal Constitucional acabo de colmar la paciencia del pueblo catalán, la pasión por la “defensa de la unidad de España” incluido el cepillado del Estatut o los llamamientos al gran acuerdo con el PP para defender la unidad nacional de algunos significados dirigentes del PSOE han acabado de destruir la poca credibilidad de la alternativa federal de la dirección socialista.

Ni en las nacionalidades, ni en el resto de España se ha sido capaz de luchar pedagógicamente por los derechos nacionales y a la vez por la unidad solidaria de los trabajadores estuviesen en el lugar que estuviesen.

De ahí la incapacidad para ahora salir de la pinza entre la derecha catalana y el españolismo en la discusión del derecho a decidir. Se han unido conscientemente dos cuestiones que responden a problemas diferentes y nadie ha mostrado un especial interés en deslindarlo, al contrario tanto unos (CiU, ERC) como otros (PSOE, PP, UDP y Ciutadans) han estirado la falacia al máximo. El derecho a decidir y la independencia se presenta como un paquete único. La derecha catalana los mezcla para encubrir su feroz ataque a los derechos sociales escudándose en el robo que España perpetra en Cataluña y mientras el establishment español une un derecho democrático a la fractura de Cataluña y España, política que tantos réditos les da en el resto de “España”. Sin embargo la realidad es otra cosa. El derecho a decidir es un derecho democrático colectivo que es demandado por la mayoría amplísima de los habitantes de Cataluña. Esta es la realidad, el resto: leyes, aspectos jurídicos, son elementos a modificar si se reconoce está voluntad de la mayoría de Cataluña. Es una maniobra torticera presentar el derecho a decidir como la afirmación de independencia. Esta es una segunda batalla donde desde mi punto de vista la izquierda y los progresistas deberíamos estar claramente en contra ofreciendo una salida federal de acuerdo entre partes y no la ruptura y la desigualdad, pero eso requiere ser beligerante en Cataluña frente al independentismo y en España frente al centralismo Esto sólo se puede hacer desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores y las clases populares.

En Cataluña la cuestión de la independencia está hasta en la sopa, la escudella, el aperitivo y los postres, alojado el sí o no, al parecer ilegalmente, en la médula de la opinión pública y privada. Ser independentista en Cataluña, o defender la rocosa unidad patria en España, es poseer la “hegemonía moral”, término acuñado por Antoni Puigverd en La Vanguardia, la razón metafísica más allá de toda discusión. Aquí y allá pintan bastos para las ideas federales de moralidad patriótica más laica y relativa.
Una hegemonía ganada desde el centro del campo del vocabulario, del donde dije digo, digo Diego, con tres conceptos, derecho a decidir, autodeterminación e ilegal.
El derecho a decidir se concreta sin decidir. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? y si la respuesta es positiva, ¿quiere que ese Estado sea independiente?, dos preguntas que ni deciden ni refrendan una decisión ya tomada. Aunque ya no se lleve lo de preguntar no es ofender, la consulta, con todo el valor colectivo y político que se quiera, no deja de ser la certificación con urna de una opinión. «Es un referéndum de autodeterminación», tensa Felipe González en Salvados, «es ilegal», proclama Rajoy en todas partes. Ni puedo ni quiero, miente a medias, porque su «no puedo» es porque no quiero, atranco la puerta de la Constitución y me trago la llave.
La ilegalidad del querer opinar catalán es discutible, porque hasta el Constitucional admite como opinión sin valor jurídico que Cataluña es una nación. Ninguna constitución puede sustituir al deseo de estar juntos, porque además de texto es símbolo de un acuerdo a largo plazo, de un consenso estructural que debería gobernar los hechos y los gestos, que debería tejer equilibrios más plurales en el Tribunal Constitucional, que soporta mal actos tan hostiles al espíritu constitucional como la recogida pepera de firmas contra el Estatut.
España históricamente lleva mal toda diversidad que no pase por el o todos moros o todos cristianos. No basta que los socialistas digan que es una nación de naciones, si no indican qué naciones forman la nación. Bastaría ver los resultados electorales y aceptar que cuando se tiene un tejido propio de partidos es porque se tiene una personalidad política diferente, sin necesidad de consultar a abogados del Estado. Sería saludable una consulta en toda España. Se abriría de una vez el melón del debate político con luz y taquígrafos y se conocería la opinión de todos, en concreto de los más implicados: los catalanes.
Algunos, que ni somos ni seremos independentistas, creemos que impedir la consulta con el portazo del Congreso de Diputados, no solo no evita el avance de los partidarios de la ruptura sino que eterniza el debate y pone en segundo plano el pan nuestro de cada día. El sí dibuja una España que confía en su atracción y poder de cohesión, el no huele a miedo a saber y da combustión para seguir con el estelado bullir de la olla y convertir la fiebre en crónica.

El derecho de libre determinación debe estar al alcance de todos los pueblos, sin discriminación, tanto si están colonizados como si no. Sería absurdo e injusto que un pueblo tuviera derecho a la libre determinación solo si está colonizado y, en cambio, otro que soporta otro tipo de dominación que no sea el colonial (los tipos de dominación y sometimiento de pueblos y naciones no se reducen a la «colonización») simple y llanamente se le niegue porque su constitución «democrática» no lo reconoce formalmente y, de este modo, se le impida ejercerlo. Lo relevante, desde el punto de vista de los derechos humanos y de la democracia, es que no se esté sometido a una fuerza coactiva que impida el libre ejercicio de la propia voluntad legítimamente. Cada cual tiene derecho elegir y «decidir» por sí mismo tanto si vive bajo un sistema democrático como si no. Insisto, sería absurdo y grotesco que alguien no pudiera ejercer un derecho humano fundamental, reconocido universalmente, por el hecho de tener la «suerte» de vivir en un país que se dice «democrático» y que, sin embargo, no reconoce dicho derecho de libre determinación. Tan injusto como negar dicho derecho (en el sentido jurídico del término) por el hecho de no vivir bajo un sistema «democrático» y que, además, o no reconozca abiertamente los derechos humanos (caso de EE.UU. respecto de los derechos sociales y colectivos), o aun reconociéndolos los restrinja de tal manera a la hora de ejercitarlos que los vacíe totalmente de contenido y los haga prácticamente irreconocibles.

El tema da para mucho. No solo se plantea en España respecto de Catalunya o el País Vasco. Hay incluso sentencias del Tribunal de La Haya en casos como Timor del Este (y ahora mismo no recuerdo si sobre el Sáhara, que es un caso muy similar). En mi opinión, los saharauis tienen el mismo derecho a autodeterminarse que los timorenses y, asimismo, los catalanes y los vascos, los escoceses y los galeses (a los irlandeses les costó muchos años de guerra y «terrorismo»), los kosovares, los tibetanos y los quebequenses, etc., cada uno de ellos sometidos a distintos tipos de dominación.

Un ejemplo reciente de que los Estados más poderosos y privilegiados interpretan y aplican a su arbitrio el derecho de libre determinación de los pueblos según sus particulares intereses económicos y geoestratégicos, lo encontramos en su apoyo y promoción exclusivamente a aquellos pueblos que consideran sus «aliados», como por ejemplo el reconocimiento unilateral y precipitado de Croacia en la ex-Yugoslavia, contribuyendo no poco a desencadenar la sangrienta guerra civil en dichos territorios, o posteriormente el Kosovo, caso este último en el que el Estado español trató de oponerse. Evidentemente, el «peso específico» de España frente a EE.UU. en el contexto internacional actual es escaso y quien manda, manda; nunca mejor dicho en lo que se refiere al Estado español respecto del Estado norteamericano.

El Sr. Héctor Maravall comienza su ponencia afirmando que «la izquierda de tradición socialista y comunista nunca hemos sido nacionalistas». Y lo hace, además, en primera persona. Es decir que si yo me identifico con la tradición socialista y comunista, y a la vez nacionalista (catalán, o vasco, o gallego, o español, o saharaui o tibetano, etc.), según el Sr. Maravall no puede ser, pues no encaja en la «tradición socialista y comunista». Sr. Maravall: hay que ser más modesto. Su afirmación acerca de «la izquierda de tradición socialista y comunista» es una opinión tan subjetiva y tan respetable como cualquier otra que opine lo contrario. No tiene Vd. derecho a hablar en primera persona. Vd. no es el portavoz de «la izquierda de tradición socialista y comunista». Si yo me encuadrara dentro de la «la izquierda de tradición socialista y comunista» tengo perfecto derecho a ser nacionalista, internacionalista, federalista, confederalista, independentista, soberanista, etc. Ya se acabaron los tiempos en que el partido de la «patria obrera» decidía por todos los comunistas y socialistas del mundo como había que ser, definirse e identificarse.

El título de la intervención corresponde con el de un artículo que publiqué hace tres meses. Creo que sigue siendo claramente de actualidad y por ello me he animado a compartirlo en este foro de discusión con pequeños retoques (ver el artículo en los enlaces).

Me gustaría hacer dos precisiones que podrían ayudar a entender el contenido del artículo. Primera, interpreto el actual conflicto como la expresión de un choque de nacionalismos y creo que discutir la cuestión en términos estrictamente jurídicos es insuficiente. Segundo, personalmente me identifico con la posición de Izquierda Unida en este tema.

En los últimos meses el debate sobre el derecho a decidir ha sido central en la política en general, hasta el punto de haberse convertido en uno de los elementos de centrales de la necesaria renovación de la política y por tanto uno de los ejes de un nuevo proceso constituyente cara a una nueva democracia que por fuerza será plurinacional.

Siguiendo el rastro de tres artículos publicados por mí en los últimos meses intentare aportar algún elemento, si puede ser novedoso, al debate.

Para acabar con un epílogo necesario con dudas y certezas.

Soberanismo Cívico

Yo no soy nacionalista. Soy soberanista (entendida la soberanía como aquella que afecta a la ciudadanía en sus libertades, sean individuales y/o colectivas -nacionales-).

En Galicia, de manera recurrente, se ponen como ejemplo de la fuerza del nacionalismo a Euskadi y Catalunya, pero se oculta conscientemente que tanto en un caso como en el otro existen diversas fuerzas nacionales, dos en el caso de Euskadi (PNV y Amaiur) y cuatro en el caso de Catalunya (CiU, ERC, ICV y CUP; dejemos en cuarentena al PSC), como es lógico en función de sus diversas visiones sociales (eso que en la literatura clásica se llamaba ‘lucha de clases’).

La izquierda debe saber leer la realidad en su complejidad en base a tres ejes complementarios e igualmente importantes: el social sobre las coordenadas izquierda y derecha, el nacional relacionado con las coordenadas autogobierno y dependencia, y el democrático configurado sobre las coordenadas arriba y abajo; situándose claramente en un polo en cada una de las tres coordenadas y desde lo local hasta el global.

El gran acierto de AGE fue precisamente conectar con la sociedad al ofrecerle algo diferente sobre el nuevo paradigma de la izquierda transformadora en el que la antigua dicotomía nacionalismo/españolismo se superase alrededor de un proyecto político nacional.

Abordamos una crisis sistémica global, una reconstrucción del modelo europeo sobre los pilares del neoliberalismo y un proceso de agotamiento del modelo constituyente español; que requieren de alianzas políticas y electorales pivotadas sobre un programa democrático, construido desde la izquierda sobre cada respectivo sustrato nacional.

En ese sentido, el soberanismo tiene que interpretarse no como un elemento de afirmación ideológica estéril sino como un elemento más de radicalidad democrática y de aglutinador cívico de las personas frente a los oligopolios, y por lo tanto como un elemento central de la nueva izquierda.

Nada que ver con el nacionalismo ideologicista, bien sea en su versión populista de ‘izquierdas’ o bien en su versión social-liberal.
¿El federalismo murió? ¿Y la democracia?

Soy de los que ha defendido durante años la propuesta federalista (asimétrica) como fórmula que había servido para avanzar en el autogobierno de las naciones que componen la realidad del Estado español y a su vez preservar los niveles de redistribución de la riqueza y del bienestar social.

Solución federal o confederal, ya que en derecho comparado muchas veces la diferencia no está en el nivel de autogobierno del que ésta se dota sino en el origen del propio proceso: si va desde el centralismo hacia la descentralización o viceversa.

Alguien podrá decir, con razón, que el modelo autonómico en su lectura más abierta cuenta con rasgos federalizantes, pero del mismo modo tendrá que aceptarse que el modelo salido de la transición choca y hace aguas en dos aspectos fundamentales:

El primero es que para ser federal (o confederal) debería partir de la residencialización de la soberanía en las naciones y no en el Estado, en las partes y no en el todo, y estos frutos de un acuerdo federal cederían aquellas funciones legislativas o ejecutivas que consideraran.

El segundo, ligado con el primero, concerniente en definir cuáles son los entes que se federan. Y aquí el modelo salido de la transición es puro artificio. No son sólo las naciones del Estado las que conforman la estructura territorial del conjunto, sino también una cantidad de regiones administrativas heredadas de un modelo territorial del franquismo, superpuesto al modelo provincialista decimonónico.

Así que sería muy difícil a día de hoy decidir quién se federa y como, con la consiguiente problemática de retirar las competencias actuales a regiones que no formaran parte de este proceso federal constituyente; los que no tienen conciencia de colectivo nacional pero que no estarían dispuestos a devolver competencias hoy adquiridas.

La posibilidad federal murió desde el momento en que la fuerza llamada a liderar esa bandera desde el centro, el PSOE, no lo hizo y pactó con la derecha los términos jurídicos y políticos de un Estado neocentralista y uniformizador durante el breve gobierno de Calvo Sotelo y los primeros años de los gobiernos de Felipe González.

Fue el único dirigente realmente federalista, Pascual Maragall, quien convenció al PSOE de la posibilidad de la senda federal, vía reforma estatutaria, y fue precisamente la frustración causada por los recortes a la modificación del Estatut de Catalunya los que enterraron de golpe la vía federalista como solución de vertebración para un Estado español plural.

Llegados a este punto, la única solución pasa por apuestas soberanistas que tengan modelos de cooperación política desde la existencia de mecanismos de Estado propio.

¿Eso es la independencia? Sí, eso es la independencia pero entendiendo que el modelo ‘Estado-nación’ surgido a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX entró en crisis y que vivimos en un mundo global donde existen intersecciones económicas y políticas que hacen inviable un modelo de Estado independiente como hace medio siglo.

Debemos partir de la soberanía cívica, de la soberanía colectiva, como personas que se expresan en soberanías estratégicas, sean estas energética, alimentaria, cultural… para conformar espacios de cosoberanía, tal como ya apuntaba el conocido como ‘plan Ibarretxe’ en su día.

La crisis está siendo una excusa para que la derecha lance un discurso ideológico recentralizador, ocultando que la deuda fundamental es privada y que la pública se concentra fundamentalmente en el Estado y en los ayuntamientos. Cabe recordar que los países rescatados o en crisis aguda como Grecia, Portugal, Irlanda o Italia no son precisamente estados descentralizados sino todo el contrario. Su crisis, igual que la nuestra, no tiene que ver con el modelo político administrativo territorial sino con un modelo económico basado en la dependencia oligopólica y en el capital especulativo.

Cada vez parece más evidente que la crisis no es solamente económica, sino también política, y sitúa con fuerza el fin de un ciclo. El agotamiento de entramado jurídico-político surgido en la transición y que estuvo tutelado por fuerzas ‘fácticas’ muy poderosas que impidieron ir más allá.

Derecho a decidir todo

La ‘crisis’ catalana tiene mucho que ver con la decepción ciudadana de la reforma del Estatut, en las trabas iniciales, en las dificultades de negociación bilateral para desarrollarlo y en la sentencia amputadora del Constitucional.

Las intenciones de CiU son otras. Resulta clarificadora la respuesta de Artur Mas a propósito de la posibilidad de salida de la UE expresando su desinterés por este tema siempre que Catalunya siguiera en el euro. O sea, algo así como una zona franca, una Andorra o Mónaco en tamaño medio. Esta posibilidad, sin entrar en su realización o no, simplemente no sería una nación soberana sino una Euro-Vegas con élites con tratamientos fiscales especiales y un contingente de siervos de nuevo cuño.

Pero hoy existe una ciudadanía propietaria del proceso, dispuesta a no ceder el protagonismo a ningún partido en concreto y consciente de que una vez puestos a decidir debe hacerlo sobre todo.

Ese es el gran ejemplo para la izquierda en general y para la izquierda de las naciones periféricas sin Estado en particular: el ejemplo del soberanismo cívico. De constituirse en un colectivo nacional de ciudadanos y ciudadanas dispuesto a batallar por la radicalidad democrática como un elemento máximo de decisión colectiva sobre los asuntos políticos.

No se trata de un nacionalismo esencialista sino de un republicanismo democrático de carácter nacional, capaz de construir transversalidades sobre un soberanismo político donde se sientan igualmente cómodos aquellas personas que le dan una solución federalista o independentista a la cuestión.

La falla catalana no es solo una cuestión nacional sino que es la placa tectónica sobre la que se reflejan la reubicación estructural de un entramado político-institucional agotado. Se trata de una reestructuración democrática y nacional de nivel constituyente donde se están jugando los pilares territoriales de la propia democracia.

Epílogo. Algunas certezas y dudas finales.

Certezas:

• El futuro democrático, e incluso de sociedad moderna, de España va a estar condicionada con la capacidad y la voluntad de resolver en positivo las contradicciones de su carácter plurinacional
• Asistimos a un final de ciclo político donde el derecho a decidir como ADN de la democracia es un elemento central para las fuerzas democráticas.
• Relacionado con lo anterior, asistiremos –ya lo estamos haciendo– a un proceso constituyente en el que la correlación de fuerzas determinará qué modelo político tendremos en el próximo periodo.
• La izquierda va a tener que incorporar los elementos de radicalidad democrática y de soberanismo cívico si quiere liderar el proceso en marcha.
• A pesar de la deriva neoliberal del proyecto europeo, sigue muy vigente la sentencia de Ortega y Gasset de: ‘España es el problema, Europa la solución’

Dudas:

• ¿Las élites españolas estarán a la altura del reto democrático o por el contrario, como siempre en la historia de España, acabaran enrocándose sobre sí mismas?
• ¿Asistiremos a un proceso de reconfiguración del Estado español en clave plurinacional, incluida la revisión de los entes que se federan, o asistiremos a un nuevo mapa geográfico sin Catalunya y sin Euskadi?
• ¿La sociedad civil catalana será capaz de seguir liderando el proceso soberanista o por el contrario se impondrá el proyecto liberal en lo económico y limitado en lo democrático del gobierno de Artur Mas?

Pronto saldremos de dudas

Un buen amigo, hablando de las dificultades que surgen en la convivencia en pareja, entre amigos e incluso en el trabajo, siempre hace un mismo comentario, fruto de la observación y la experiencia: “Cuando alguien quiere volar dale el doble de cuerda”. Es, sin duda alguna, una actitud inteligente, que parte de la escucha, la comprensión y el respeto. Vienen a mi memoria estas palabras, cargadas de sabiduría, cuando pienso en la actitud del Gobierno del Estado español y las dos formaciones mayoritarias -PP y PSOE- cada vez que Euskadi y Catalunya reivindican el derecho que les asiste a decidir su futuro.

Todas las personas tenemos sueños y aspiraciones; los pueblos, también. Se podrán compartir o no, se entenderán o no, pero nadie está autorizado para negarlos. Aún recuerdo la impotencia que sentía cuando siendo coordinador general de Izquierda Unida en Euskadi me acusaban, como si fueran delitos y yo un peligroso delincuente, de actuar como un lunático independentista, un soberanista que merecía ser condenado o un nacionalista radical, próximo a la izquierda abertzale, por defender el derecho a decidir. Nunca tuve la oportunidad de explicar el porqué las personas y los pueblos del mismo modo que podemos pensar igualmente podemos decidir.

Quienes niegan este derecho niegan la esencia misma de la democracia, aunque cínicamente apelen a ella para legitimar su intransigencia. Coartar la voluntad de las personas y los pueblos es un gran error. Sólo se logra alejarles aún más, cuando no perderles. Euskadi y Catalunya tienen que ver reconocido su derecho a ser aquello que su ciudadanía desee, pero no únicamente como naciones que lo son, sino también, y sobre todo, como comunidades que se preocupan por el desempleo, los recortes, las privatizaciones, los abusos,…. Cometemos un gran error si creemos que el derecho a decidir se agota en un referéndum para determinar si somos un pueblo independiente o no,…

Afortunadamente, decidir es muchas más,… Y por eso le tienen tanto miedo, y unos y otros, en definitiva los mismos, cierran filas para impedir su ejercicio. Decidir Implica poder decir no a quienes nos imponen la reforma laboral, el copago sanitario, la explotación de la juventud, la marginación de muchas mujeres, el trato a las personas inmigrantes, el olvido de la tercera edad,… Por ello, me inquietan tanto quienes vetan el derecho de Catalunya a decidir su futuro el próximo mes de noviembre como quienes impulsan políticas regresivas siguiendo los dictados del FMI, el Banco Central Europeo o la Comisión Europea. Ni unos ni otros están en esa izquierda que añoro, en la que tanto confío, aunque no siempre sepa estar a la altura que a me gustaría.

El asunto que incita a esta reflexión es tan complejo y suscita tantas incertidumbres que la honestidad intelectual exige algunas explicaciones previas sobre mi biografía política e intelectual, porque no creo que haya una idea aséptica, amparada por una coherencia total, separada de las percepciones condicionadas por las experiencias y proyectos de cada interviniente en el debate. Resumiendo: me considero una persona de izquierdas que ha militado y milita en partidos de izquierda y que ha sido y es activista en diversos movimientos cívicos, culturales y sindicales; igualmente me considero un valencianista intensamente influido por la simpatía hacia al catalanismo, pero no un nacionalista; finalmente, mi actividad profesional ha provocado que haya debido intentar racionalizar todo ello en libros, artículos, debates o conferencias y, si bien ello habrá servido para refrenar algunos ímpetus, no me dota de una imparcialidad ni de una pericia definitivas para abordar la cuestión que nos ocupa. Dicho esto comenzaré por exponer algunas ideas en las que se enfatiza el análisis desde el País Valenciano para adentrarme luego en alguna consideración más general.

Para comprender las distorsiones que el asunto adopta entre valencianos hay que tener en cuenta algunos aspectos de la Transición, aunque hay precedentes en épocas anteriores:

– Desde los años 60 y de la mano, esencialmente, de Joan Fuster, emerge un nuevo valencianismo, moderno, crítico, que impugna los estrechos límites del valencianismo regionalista, conservador, que se agotaba en sí mismo al negarse a cuestionar su relación con el conjunto de España. Este valencianismo que, para muchos, será directamente una forma de nacionalismo, es, en su esencia, catalanista y considera que decirnos valencianos es nuestra forma de llamarnos catalanes, lo que se deduce, en la obra fusteriana, de una brillante interpretación de la historia compartida por catalanes y valencianos que conduce a una identidad cultural basada sobre todo en hablar la misma lengua. Este esquema desembocaría en la reivindicación de unos Països Catalans. Sin embargo esta construcción siempre tuvo puntos débiles, como la ambigüedad teórica sobre la esencia de esos Països y ante el dualismo valenciano con zonas histórica y lingüísticamente no catalanas o, sobre todo, su despreocupación por convencer a la mayoría de la sociedad de un relato que podía ser intelectualmente consistente, pero que contradecía demasiadas cosas consideradas reales por la tradición regionalista. En cualquier caso esta corriente fue fundamental para armar ideológicamente el bloque de progreso que consiguió mayorías en la Transición, impregnando el mundo sindical, universitario, artístico, etc.

– La derecha valenciana reaccionó con un visceral anticatalanismo con una defensa cínica e inculta de las señas de identidad regionalizadas y del provincialismo, así como con el rechazo de la lengua propia. En esa estrategia llegarán a la amenaza y la agresión, un terrorismo de baja intensidad que estableció un clima de crispación –la denominada Batalla de Valencia- que limitó los éxitos de la izquierda y rompió muchas expectativas de modernización social. Si bien no consiguieron derrotar electoralmente a la izquierda, si lograron aislar a los movimientos más renovadores dentro de ésta, así como un encastillamiento del valencianismo catalanista, demasiado convencido de tener razón como para intentar persuadir de su utilidad y que, muchas veces, prefirió dimitir de la acción política para sumergirse en el victimismo y alimentar un autocompasivo imaginario de la derrota.

Las consecuencias de esta dialéctica han perdurado por décadas y, a los efectos del actual debate, cabe recordar:

– En la izquierda perduraron corrientes de simpatía minoritarias hacia Catalunya y el catalanismo como no se dan en otras partes de España –aparte de Baleares-, y aunque algunas fuerzas –PSOE- han sido en exceso prudentes, otras –ahora, en especial, Compromís- han seguido manteniendo su voluntad de vincularse de alguna manera –casi siempre de manera incierta- con lo que acontece en el Principat. Ello no elude algún problema. Así, la crítica redundante a las fuerzas catalanistas que se olvidan sistemáticamante del País Valenciano o la falta de simetría y diálogo entre partidos valencianos y catalanes. Por otra parte la izquierda política y social, aunque con distinto énfasis, sigue defendiendo cuestiones de interés común que retroalimentan la simpatía, sobre todo la defensa de la lengua y medios de comunicación propios.

– En la derecha el anticatalanismo se constituyó como una parte sustancial y perdurable de su relato. O sea: lo que se fue expandiendo por toda España de la mano de algunos intelectuales y periodistas y, después, con fiereza impropia de una fuerza democrática, del PP, fue antes ensayado, una y otra vez, en el País Valenciano. Hay que advertir, no obstante, que la llegada al poder del PP en la Generalitat Valenciana hizo que moderara sus invectivas, pues el conflicto permanente no era algo que interesara a los nuevos gobernantes. Por eso el anticatalanismo devino en una ideología disponible, silenciada en sus aristas más estridentes pero abierta en el apoyo a entidades reaccionarias y mostrada en el escaso interés por la enseñanza o la comunicación en la lengua propia. Ideología disponible que se activaba con energía cuando los intereses electorales lo aconsejaba. Así sucedió con los ataques al Estatut Catalá o asociado a las demandas del trasvase del Ebro. Al grito de “els catalans ens furtan tot!” se adoptaron resoluciones extemporáneas, se debilitó la trama cívica cultural, se menospreció –hasta su reciente cierre- a RTVV y se introdujeron pintorescas cláusulas en la reforma del Estatut valenciano, para no ser menos que los catalanes.

Es bastante plausible que la derecha valenciana reaviva el discurso anticatalanista según avancen las demandas soberanistas. Pero hay que matizar. En los últimos días asistimos a la enésima confrontación lingüístico-identitaria entorno a la definición de “valenciano” que ha hecho la Acadèmia Valenciana de la Llengua y que establece su unidad con el catalán, lo que ha motivado airados bramidos del PP, con el President de la Generalitat a la cabeza –en castellano, no sabe hablar valenciano-catalán- y un kafkiano cruce de dictámenes jurídico y filológicos. Lo de siempre. Bueno, no exactamente: no han faltado voceros que hacen el coro pero, en comparación con otras épocas, no hay, al menos por ahora, una ola de anticatalanismo callejero. Lo que probablemente quiere decir que el pueblo valenciano, inmerso en un amargo despertar y sabiéndose arrastrado a una crisis especialmente humillante por el desenfreno de corrupción y despilfarro, no está por trastocar sus inquietudes cotidianas con este nuevo zafarrancho anticatalanista que tampoco se ha atrevido a mezclar el Diccionario con el soberanismo catalán. A ello, seguramente, hay que sumar la inesperada convulsión, trasversal, que ha supuesto el cierre de RTVV, que ha dejado sin algunos argumentos clásicos y sin aliados históricos al PP. Son indicios, dispersos y nada definitivos, de un cierto cambio de corriente.

¿Y la izquierda? Posiblemente, por lo indicado antes, entre las personas que se definen de izquierdas -algo distinto de los alineamientos electorales estrictos- las corrientes de comprensión o, al menos, de atención ante el fenómeno soberanista son mayores que en otros lugares. Pero las fuerzas políticas, como tales, no se han pronunciado. El PSOE coincide con la propuesta de su organización federal. EU y Compromís no se han definido de manera oficial y notoria, aunque algunos militantes, sobre todo de Compromís, hayan mostrado su apoyo a las tesis soberanistas, mientras que otros han manifestado su escepticismo o, al menos, traten de refrenar lo que se contempla como alegrías innecesarias. Puntualmente, alguna organización cultural ha expresado su apoyo incondicional y, en el plano anecdótico, en València, siguiendo la inercia del mimetismo de otras épocas, se convocó un acto para reivindicar el Derecho a decidir del pueblo valenciano.

¿Qué viene a demostrar todo esto? Pues que es imposible hacer un análisis político sobre el asunto, en tierras valencianas, sin incurrir en contradicciones. Demasiado peso de la historia, demasiado intento de negociar lo que un día se consideró innegociable, demasiada manipulación de lo que debería estar reservado al ámbito de lo académico, demasiada confusión entre la legitimidad de las ideas y la creencia irracional en su automática evidencia generalizada. Esas contradicciones, no obstante, no tienen por qué eternizarse, al fin y al cabo la misma demanda de independencia, asumida por una buena parte de la sociedad catalana, es una novedad. Y sobre esta polémica de base identitaria se sobreponen los nubarrones de la crisis, anclando decisivamente en la más cruda realidad todos los movimientos importantes susceptibles de politización.

En ese marco, mi opinión es que lo peor que le podría ocurrir al valencianismo de estirpe catalanista es la independencia de Catalunya, por varias razones:

– El establecimiento de una frontera entre España y Catalunya supone ponerla también entre ésta y el País Valenciano, con todas las cortapisas que eso supondría, al menos durante largo tiempo.

– El mantenimiento de la unidad de la lengua sería mucho más difícil: además del rechazo genérico a lo catalán que previsiblemente se produciría, las dificultades para el mercado cultural y la ruptura de algunos proyectos comunes repercutirían sobre la parte más débil de la lengua, aunque ésta se fortaleciera en una Catalunya independiente.

– Las diversas versiones de españolismo existente en el País Valenciano se reforzarían, incluidas las que tienen asiento en un pensamiento de izquierdas, y el valencianismo político perdería capacidad de desarrollo al tener que ponerse a la defensiva.

Por todas estas razones puedo entender algunas alegrías de algunos nacionalistas valencianistas que ven en la independencia catalana una suerte de redención vicaria, pero me parece que eso sólo se defiende desde un idealismo ideológico vacuo y no desde lecturas políticas mínimamente pragmáticas. Por supuesto, quien diga esto puede inmediatamente verse sometido a una pregunta: ¿y defendería una independencia global de los Països Catalans? Pero es una pregunta trampa, porque la realidad es que la reivindicación del Derecho a decidir catalán excluye al País Valenciano y esa demanda en el País Valenciano es prácticamente inexistente y si se produjera el hecho refrendatario el resultado más que previsible sería una masacre para cualquier valencianismo catalanista. Sea cual sea el camino que se tome, siempre hay que partir de una realidad: el nacionalismo político catalán está asentado sobre una base amplísima de catalanismo cultural, más difuso, pero muy coherente y penetrante en todas las capas de la sociedad; en el País Valenciano el nacionalismo es casi inexistente porque no hay un valencianismo difuso, coherente y penetrante. La tarea de los valencianistas sigue siendo la de hacer crecer esa base, insoslayablemente en conjunción con otros valores progresistas; que de ahí surja un nacionalismo catalanista con vocación mayoritaria, es algo que estaría por ver, pero tan lejos que permanece más allá de cualquier horizonte político: es un simple ensueño metafísico.

Hechas estas observaciones en clave valenciana me voy a permitir algunas reflexiones sobre el debate en Catalunya. Vaya por delante una declaración genérica: intuitivamente no estoy a favor de la independencia de Catalunya, por dos razones. La primera es tan intensa como intelectualmente débil: mi costumbre vital es pertenecer a una realidad geográfico-cultural-estatal que incluye a Catalunya y si se produjera la independencia lo viviría con una sensación de pérdida; ese sentimiento debe ser compartido por centenares de miles de españoles que no son anti-catalanistas, porque los más reaccionarios, supongo, se sentirán, en el fondo, aliviados si se produjera la secesión; de estos españoles moderadamente procatalanes no se está hablando y pueden constituir un segmento político significativo. La otra razón va unida a mi perspectiva valenciana, pero ahora lo argumento de una manera más amplia: Catalunya aporta al conglomerado español elementos muy significativos, por su historia y cultura, de progresismo: tradiciones de civismo, pluralismo y europeísmo están muy aferradas a la idea de Catalunya, por lo que tiendo a pensar que, sin ella, esos valores se debilitarían en España, y todo ello al margen de la reaccionaria política actual de CiU en lo socio-económico.

¿Significa ello que les niegue el Derecho a decidir? Vamos por partes. Significa, inicialmente, que tengo un Derecho evidente a decirle a los catalanes estas cosas, sin que tenga que verme afectado a priori por las opciones limitadas que pueden tener los catalanes. Incluso puedo reconocer, sin quebranto de la coherencia, que si fuera catalán, quizás, fuera independentista y, desde luego, estaría por un Derecho a decidir, aunque ya no esté tan seguro de las opiniones que tendría sobre la legitimidad de las diversas fórmulas posibles para ejercerlo. Si ello es así es porque creo llegar a entender algunas reacciones del pueblo catalán, sometido a desprecios, marginación y humillaciones en los últimos años, por parte de los partidos dinásticos españoles y por otras élites jurídicas, mediáticas, etc.

No creo que el mal se originara en la Transición, porque no creo que debamos usar la Transición como una plantilla inversa que automáticamente explica todo lo que va mal, igual que el relato principal de la Transición la ahoga en celebraciones y homenajes y la presenta como suma de todas las bondades sin atisbo de error. Pero el modelo que salió de la Transición –aunque yo hubiera preferido el reconocimiento de la plurinacionalidad y un sistema de federalismo asimétrico- era, seguramente, lo que mejor se podía conseguir de acuerdo con la correlación de fuerzas existente, incluyendo en esa correlación los deseos mayoritarios del nacionalismo catalán pues, como pisieron explícitamente de manifiesto Roca y Pujol, el redactado final satisfacía plenamente sus aspiraciones que, desde luego, nunca incluyeron un sistema federal. En todo caso la cuestión no es que debamos conformarnos con el resultado del consenso constituyente porque no había otra cosa: al menos en este caso el mecanismo desbloqueó el uniformismo españolista heredado, abrió puertas a nuevas experiencias y posibilitó unas estructuras que han funcionado de manera razonable durante mucho tiempo, contribuyendo decisivamente a la construcción del Estado social en España. Los ataques indiscriminados al modelo autonomista sirven ahora a los que pretenden una nueva centralización del Estado en nombre del invisible pero omnipresente nacionalismo español, arrasando, de paso, servicios y prestaciones públicas.

No creo, pues, que haya que pensar en un pecado original, sino en un desarrollo poco original, nada creativo, de la relación entre hechos diferenciales y Estado autonómico, que culminó con la burla que fue la sentencia del TC sobre el Estatut. También creo que hay que buscar las razones en la ausencia de imaginación y voluntad para establecer un sistema de financiación más justo y una política de infraestructuras más adecuada. Y, en definitiva, me parece, la crisis actúa como gran detonante del proceso, al menos en dos sentidos: A) sirve al discurso que simplifica las contradicciones y crea un enemigo externo al que achacar políticas de ajuste, lo que es una verdad a medias; y B) el independentismo permite ofrecer un horizonte de acción política a decenas de miles de personas, mientras que en el resto de España ese estímulo desaparece, ahogado en buena medida por un arbitrismo populista –de derechas o de izquierdas- o por la desesperanza causada por la política bipartidista y la corrupción.

Es desde estas premisas como podemos preguntarnos sobre el “Derecho a decidir”. Y aquí tengo que reconocer que tengo un sesgo profesional que me dificulta empatizar con algunas opiniones, aunque, espero, mis prejuicios académicos no me cieguen sobre argumentos sólidos. Y es que, quizá, aquí nos encontramos con un problema añadido: carecemos de unos términos adecuados que, a la vez, expresen el nuevo relato de la realidad implícito en la demanda soberanista y que impidan una polisemia que conduce al diálogo de sordos, aunque, claro, esto deja de ser un problema cuando los que pueden dialogar no quieren dialogar, porque han llegado, racionalmente o no, de buena fe o no, a la conclusión de que no cabe el diálogo. Los nacionalistas catalanes no han caído en la trampa de invocar el Derecho a la autodeterminación, figura respetada y respetable en el Derecho Internacional, pero que, saben, no sería de aplicación al caso español/catalán: por más vueltas que le den Catalunya no es una colonia. Otra opción hubiera sido la de emplear el término “secesión”, pero esta palabra está muy cargada semánticamente y el gran ejemplo histórico, el de EE.UU., tiene una connotaciones francamente desagradables. Pero es que, además, en el discurso implícito del soberanismo no se plantea una ruptura del Estado sino un alejamiento definitivo y total de él, lo que parece lo mismo pero no lo es, al menos si se trata de congregar apoyos y, en la propia Catalunya, esos matices pueden ser importantes para cosechar unas decenas de miles de votos decisivos: una cosa es ser independiente y otra llevar a votar a personas que mantienen vínculos afectivos muy intensos con España y no quieren que su ausencia les cause demasiados quebrantos. Así ha sido reconocido por la propia Generalitat cuando ha aludido, en documentos oficiales, al proceso soberanista como una realidad que pretende estrechar lazos “en libertad” con España, partiendo de la base que los catalanes no son antiespañolistas, lo que, seguramente, es cierto, al menos predicado de una mayoría.

Derecho a decidir, pues. Pero la elegancia formal del concepto ha tenido tanto éxito que puede acabar por desvirtuar su contenido. Derecho a decidir, también, de las mujeres respecto a su maternidad, se ha inscrito inmediatamente, con toda justicia en este caso, en el friso de las actuales reivindicaciones. Derecho a decidir de los vecinos de un barrio frente a una decisión urbanística. Derecho a decidir, tal es la expansividad de este Derecho, sobre cualquier cosa que, a la vez, A) suponga la activación de un sujeto que se constituye, precisamente, en el ejercicio de tal Derecho y B) el uso del mismo como desafío a una autoridad a la que se reconoce legitimidad pero de la que se discrepa en una o en una serie de decisiones. La pregunta inmediata es: ¿cuál es el límite de ese Derecho? La respuesta se complica porque no está en la Constitución y ni siquiera lo podemos deducir analógicamente de los Derechos constitucionales realmente existentes. Sería, parece, un Derecho sin derecho, ajurídico y fundado en una base ética. Eso está muy bien, pero la experiencia nos indica que hay algunos peligros en esas construcciones y, el principal, es que los límites no se pueden objetivar, sino que sólo pueden ponerse por los que enuncian y se refugian en el mismo Derecho, que, lógicamente, estarán poco interesados en limitarlo. (Obsérvese que en otras invocaciones al Derecho a decidir, actualmente en circulación, sí que hay principios constitucionales que pueden usarse: la dignidad de la persona como fundamento del orden social del artículo 10.1, o la igualdad material propugnada en el artículo 9.2… otra cosa es que tengan menos resonancia en el marketing político).

Sin duda la unicidad de la soberanía atribuida al pueblo español será siempre un argumento sólido para los que no aceptan ninguna posibilidad de proceso independentista, ya que, se mire como se mire, éste supone una vulneración de la Constitución. Y una vulneración política encabezada, tal y como están las cosas, por un órgano del Estado constitucional, la Generalitat catalana, algo distinto de las violaciones constitucionales cotidianas a cargo de poderes fácticos de todo tipo. Puestas así las cosas la cuestión hay que reconducirla a un descarnado horizonte político: en el Derecho no hay solución. El problema es que parece que en el diálogo político tampoco. Pero insistir en ese diálogo es lo único sensato, con dos salidas posibles:

– La aceptación común de una tercera vía (con)federal, que exigiría una reforma constitucional, antes de la celebración de una votación refrendataria.

– Un pacto para la celebración del referéndum que incluya las preguntas, más bien extrañas, en conjunto, planteada por la mayoría parlamentaria catalana.

Personalmente me muestro favorable a la primera, pero soy poco optimista, ya que las dos partes en conflicto no la desean, mientras que la segunda es el resultado del deseo de una de las partes. Puestos en esta tesitura sólo cabe tratar de evitar que el conflicto adquiera tintes dramáticos con, por ejemplo, brotes de violencia más o menos explícita o gestos de crispación extrema como desobediencia civil generalizada, boicots, etc. Sin embargo soy consciente de que toda apelación a la cordura ya es casi inútil, y no porque crea que son irracionales los actores, sino porque ambos actores principales –emblematizados en los partidos mayoritarios de Catalunya y España- tienen suficientes recursos de racionalidad: si unos usan la democracia constitucionalizada, otros arguyen la esencia misma de una democracia descarnada. Los dos tienen razón. O parte de razón.

La cuestión se sitúa, políticamente, en la gestión del tiempo. Si los soberanistas son capaces de mantener su proyecto en sucesivos momentos electorales pueden acabar ganando. Si los dirigentes españoles son capaces de soportar la presión sin, a la vez, alentar nuevos soberanistas con sus desplantes e insultos, pueden acabar por desanimar a parte del electorado catalán. Me parece que lo están haciendo notablemente mejor los soberanistas catalanes: el nacionalismo catalán es más dúctil, más moderno que el españolista.

Llegado el caso, la celebración de un referéndum sería insoslayable. Me parece que la petición de delegación de la convocatoria de referéndum consultivo formulada por la Generalitat morirá parlamentariamente sin efecto alguno. Pero no deja de ser curioso el mecanismo, ya que había una vía más sencilla: solicitar la convocatoria de ese referéndum directamente por el Gobierno con la autorización del Congreso, ya que la Constitución establece ese modelo de referéndum sin ordenar taxativamente que deba servir para la totalidad del territorio español, es verdad que el artículo 92.1 de la Constitución dice que serán consultados “todos los ciudadanos”, pero cabe una interpretación flexible que acepte que la consulta es a “todos” los de un territorio determinado. Y tanto más cuando ese territorio no está arbitrariamente delimitado sino que es el de una Comunidad Autónoma con personalidad propia y, además, de las que se interpreta como “nacionalidades históricas”, a la luz de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda. Si no se ha intentado seguir ese procedimiento es, supongo, porque la Generalitat desea ser la promotora directa de la consulta, pero no debería ser un obstáculo definitivo, llegado el caso, permitir que fuera el Gobierno del Estado el organizador. Aunque las posibilidades de que, hoy por hoy, eso suceda, son escasas.

El prestigioso constitucionalista Rubio Llorente ha planteado la fórmula del doble referéndum: uno catalán y otro posterior, si el primero hubiera ofrecido una mayoría clara, de todos los ciudadanos españoles que, tomando nota de la voluntad real catalana, se pronunciaran por favorecer una reforma constitucional en la que se pactara la independencia o algún tipo de fórmula mixta que ahora es difícil de prever. Ciertamente me parece lo más sensato, aunque hay que reconocer que este procedimiento llevaría años. Pactar la totalidad del proceso sería necesario, pero muy complicado. Y siempre queda la peor de las posibilidades: que el segundo referéndum desautorizara al primero, o, incluso, que superados los dos referéndums encallara la difícil reforma constitucional, que debería seguir el procedimiento “agravado”.

En todo caso no está de más reconocer y advertir a la ciudadanía de esta complejidad, no siendo lícito la simplificación del asunto o la pintura de la situación en términos de buenos y malos. La descripción de los catalanes como traidores es una peligrosa estupidez que, por ejemplo, se contradice con aquello que tantas veces se dijo a propósito de ETA: “en ausencia de violencia se puede hablar de todo y ninguna puesta está cerrada”. Pero tampoco puede invocarse la superioridad moral genérica de un Derecho a decidir cuando hay más que sobradas sospechas de que, en caso de derrota de las tesis independentistas, los nacionalistas soberanistas comenzarían, el día después, a planificar la siguiente consulta. Sea como sea o hay un cambio inesperado en las alternativas o esa consulta, cuyos resultados deberían ser acatados por todos, es la única salida posible. No tanto por un principio democrático difícil de establecer en sus perfiles como porque es la única salida razonable. Y mejor confiar en los dictados de la razón que en los impulsos de los principios.

Lo primero saludar la iniciativa de Espacio Público. A pesar de la importancia del tema a tratar, no son habituales los ámbitos de debate, que desde una visión estratégica, profundicen en el debate de la cuestión nacional, y en concreto, del derecho a decidir.

La izquierda transformadora demuestra un importante déficit político y teórico en estos momentos, que choca con el importante potencial electoral que presenta. Para evitar cualquier tipo de abstracción en las reflexiones que se desprenden de la lectura del texto propuesto por el profesor Navarro, el presente artículo se estructura en cuatro apartados a modo de tesis.

La formación de la naciodalidad catalana moderna y su necesaria revisión teórica

“El nacionalismo es anterior a la nación, no son las naciones las que hacen a los estados y al nacionalismo, es a la inversa”. Esta famosa definición realizada por el historiador británico Eric Hobsbawm en su famoso ensayo Naciones y nacionalismos desde 1780, sirve de marco teórico para el presente texto. Según dicho marco, los movimientos nacionalistas contemporáneos serían una expresión política propia del nacimiento y desarrollo del mercantilismo y el posterior capitalismo a partir del siglo XVII.
La “nación catalana” sería expresión del ideario político del movimiento nacionalista nacido en Cataluña en el siglo XIX, y del particular desarrollo del proceso de industrialización trunco seguido en España, de las pérdida de las colonias en 1898 y en definitiva, sirve de reacción a la incapacidad de la burguesía en España de liderar un proceso de industrialización y de construcción de un estado capitalista moderno.

Cabría preguntarse ¿cuáles son los factores que han permito hablar de una nacionalidad catalana moderna?. Históricamente desde la izquierda marxista catalana se ha hablado de tres:

• La formación de un espacio económico diferenciado que ha permitido generar una dinámica de acumulación propia. Frente al predominio de un capitalismo basado en la explotación extranjera de recursos naturales y de obras públicas que derivan en una formación social atrasada de base agraria y rentista, en la Cataluña del siglo XIX se desarrolla una acumulación industrial endógena.
• La industrialización en Cataluña explica el surgimiento de una estructura de clases también diferenciada, cuya característica principal es la aparición de una clase obrera industrial numérica y políticamente muy superior a la del resto del España, así como una burguesía moderna, productiva y de carácter nacional.
• La persistencia de una cultura popular basadas en la lengua catalana y en las formas de psicología colectiva provenientes de una historia popular que adquieren carácter de diferencia nacional con el desarrollo económico posterior.

Esto genera una dinámica conflictiva entre la construcción de un Estado burocrático, centralista bajo hegemonía latifundista, y una Cataluña anticentralista, opuesta al dominio de los oligopolios y de los latifundistas, que tiene como protagonista a la clase obrera y sectores populares catalanes, junto a una burguesía nacional antilatifundista y opuesta al centralismo.

Según este marco conceptual, es dentro del capitalismo y de las diferentes formas en la que se desenvuelve en España, donde encontramos el surgimiento de la llamada “cuestión nacional”. Este es el esquema aún vigente dentro de importantes sectores de la izquierda, esquema que debería afrontar una pregunta, ¿dichos factores siguen vigentes dentro de la globalización capitalista?.

Este es un tema complejo que podría servir de base para una actualización del pensamiento de la izquierda transformadora en relación al debate nacional en España, análisis que excede al presente texto. Así que con una mera intención de marcar posición, opino que en la fase actual del capitalismo hablar de burguesías nacionales es un error, no creo que en España ni en Cataluña exista un sector de la burguesía capaz de sostener un proyecto endógeno, autocentrado; más bien al contrario, en mi opinión, los intereses dominantes de la burguesía son fundamentalmente transnacionales. Esto permite explicar la creciente “convergencia” de intereses entre los bloques de poder en Cataluña y España, la superación deliberada del pasado industrial catalán y la adopción de un patrón inmobiliario y financiero como en el resto del estado. Elementos que permiten afirmar, que el nacionalismo hegemónico en Cataluña (CiU) se ha erigido como la “tercera” pata del bipartidismo en España.

La cuestión nacional en el marco de la globalización

La crisis de mediados de los setenta y principios de los ochenta del siglo pasado en España desembocan en la plena internacionalización de nuestra economía con la entrada en la UE. Proceso hegemonizado por una alianza de sectores liberales antifranquistas y sectores provenientes de la propia dictadura que marcan el proceso de inserción en la globalziación y en la construcción de una economía de base financiera e inmobiliaria, bajo una organización territorial basada en las CC.AA. y el dominio de un bipartidismo imperfecto, como elementos característicos del estado surgido de la denominada Transición.

En este marco para los partidos españoles, la cuestión nacional quedaba diluida en un proceso supranacional exitoso como era la UE, mientras que para los nacionalistas hegemónicos en Cataluña, el viejo Estado nación español quedaba obsoleto, y la consecución de la independencia vendría de la mano de la conocida como “Europa de los pueblos”. A pesar de las diferencias, ambas posiciones políticas coincidían es la máxima de “más integración menos estado”, elemento básico para entender el pacto entre el bipartidismo y el nacionalismo conservador catalán. La UE como fórmula para un estado mínimo neoliberal en España y en Cataluña.

La crisis actual es la crisis del esquema heredado de la Transición. La reconfiguración de la división internacional del trabajo marca el paso de España de un país semi-periférico a la periferia total dentro de la nueva Europa pos-crisis. Esta realidad obliga a replantearse muchos postulados tradicionales dentro de nuestro pensamiento político. En este nuevo escenario internacional ¿qué significa independizarse?. Ser un estado más dentro de la Europa alemana actual, sometido a un fuerte proceso de especialización exportadora, que marcaría la desindustrialización en Cataluña y la adopción de un patrón de economía de servicios turísticos y de atención personal, sometido a un fuerte proceso de desfiscalización, de dumping medioambiental y laboral acentuado. Tengo serias dudas que un Estado catalán independiente sería la forma de estado idóneo para superar el carácter periférico que la globalización en Europa depara a los países del sur. Si entendemos la Troika como la herramienta de homogenización de políticas de ajuste estructural en el espacio europeo, tenemos que tener en cuenta también, que esas políticas responden al interés de nuestro bloque de poder, que los intereses rentistas inmobiliarios o financieros requieren de una España periférica, esquema que comparte también CiU para Cataluña.

La independencia y el debate de la “utilidad”

El profesor Navarro nos invita a responder a una pregunta en mi opinión central: ¿qué modelo económico y qué forma de estado necesitamos para superar los déficit heredados de la Transición?. Para el ponente la Transición y la actual Constitución marcan un modelo caracterizado por una democracia limitada, escaso bienestar social y la negación de nuestro carácter plurinacional. El ponente avanza e induce otro debate interesante. Esos límites son de imposible solución dentro del marco actual, requiriendo un nuevo proceso constituyente que abriese la posibilidad de un cambio real superador de los déficit heredados de la Transición, que sin nombrarlo, parece decantarse por una opción federal. Para que dicha dinámica de ruptura democrática se abra es necesario el reconocimiento del “derecho a decidir”, lo que antes conocíamos como derecho de autodeterminación. Tesis que comparto y defiendo.

Dicho lo anterior, cabría preguntarse cómo se desenvuelve dicho debate en Cataluña. Siguiendo el esquema defendido por López Bulla, nos encontramos con dos realidades. En primer lugar, existe un activismo por la independencia que cuenta con la iniciativa política. En segundo lugar existe un sector importante de la población no tan activa y tan movilizada, que intenta ser captada por el sector independentista en torno al debate de la “utilidad”. Básicamente el esquema sería “con una Cataluña independiente viviríamos mejor”.

Este rango de la utilidad, propio de esquemas teóricos positivistas y de ópticas políticas de raíz liberal, es el hegemónico en el independentismo actual. Aquí se encuentra en mi opinión uno de los problemas que tenemos la izquierda y que le da, de momento, la hegemonía del proceso a la derecha nacionalista catalana. En el debate de la independencia, no vale defender la independencia “a palo seco” –o el “federalismo a palo seco”-, sino que se debe exigir que se exponga qué tipo de estado se quiere y qué modelo económico se defiende. Por ejemplo, que marco de relaciones laborales existiría en una Cataluña independiente en el marco de la globalización actual y de la división del trabajo dentro de la UE, o que marco de relación público-privada existiría en una Cataluña independiente. Sin embargo la izquierda y el movimiento obrero no hemos sabido plantear el debate de esta forma.

Y aquí entramos de nuevo en el debate de la “utilidad”. Si se carece de un proyecto para definir el concepto que denomino utilidad, sólo nos quedaría el “factor sentimental”, muy presente en el marco de la izquierda, cediendo la materialidad del debate a la derecha nacionalista. Sin embargo la derecha nacionalista catalana asimila la utilidad al concepto de “renta”, lo que le ha permitido encontrar un discurso generador de hegemonía que transciende al propio marco partidario de CiU. El debate de la renta se ha convertido en un argumento transversal e interclasista que le permite a la derecha nacional catalana una capacidad de iniciativa política insospechada hace dos o tres años, en plena lucha de masas contra los recortes y las reformas laborales en Cataluña.

El esquema sería: “si la riqueza generada en Cataluña se quedase en Cataluña estaríamos mejor”, debate que normalmente se tiene dentro de la política fiscal, siendo su dimensión principal, el ya conocido debate acerca de las balanzas fiscales. La derecha nacionalista traza un discurso con fuertes reminiscencias históricas, al asimilar a “España” el fracaso de nuestra inserción en la globalización, de la misma forma que el primer nacionalismo catalán lo hacía con el fracaso del 98 o de la industrialización.

Si a esto sumamos que el marco referencial de integración en la globalización no son ya los Estados nación sino las regiones, vemos como la dinámica fragmentadora de la globalización encuentra en el debate de la renta y los recursos fiscales de la zonas ricas la horma de su zapato. El debate territorial italiano sirve de base, junto al belga, para entender este proceso.

Esta dimensión de la utilidad relacionada con la renta y los recursos en clave territorial, explican porque el debate acerca del “derecho a decidir” opera de momento como un elemento que logra la unidad dentro de las capas medias y profesionales urbanas, que contrasta con la división existente dentro de la clase obrera y demás sectores asalariados.

La opción federal

Para la izquierda la pregunta clave sería ¿cómo dejar de ser periferia?, ¿cómo romper con nuestra posición actual en la división del trabajo dentro de Europa?. A lo largo del texto he intentado argumentar porque entiendo que este objetivo sería imposible dentro de una opción independentista. Sin embargo la opción federal cuenta con pocos apoyos dentro de una visión pesimista consecuencia de la dinámica recentralizadora impulsada por el PP y de una izquierda con importantes déficits federalistas.

Pero en mi opinión más que la fundada duda de que en España pueda haber un encaje para el modelo federal vista la fuerza de la derecha centralista y del bloqueo al Estatuto impulsado por el “Tripartit”, en mi opinión el problema que tiene la opción federal es la escasa base popular con la que cuenta. Este escaso apoyo puede encontrarse en el fracaso de la I República, único precedente federal en nuestro país, o de la derrota de la II República, que transmiten la imagen de caos al proyecto republicano y federal.

Uno de los escenarios que mayor credibilidad social pueden darle al federalismo, es el tratamiento que se le dé al Estado social. Para que el proyecto federal gane una importante base popular obliga a situar a este modelo como el único capaz de resolver los tres grandes déficits arrastrados desde el siglo XIX: la falta de una base productiva y tecnológica propia, la falta de un Estado social avanzado y la escasa “calidad” democrática de nuestro sistema. Superar estos tres límites permitirían poner las bases para superar nuestro carácter de formación social periférica en el marco de la Europa pos-crisis que se abre.

El principal problema es el desigual reparto de la renta que sufrimos. La dinámicas centro-periferia de la globalización requieren de un contrapeso que no se va a dar ni en un modelo centralista ni en un modelo independentista. El Estado federal permitiría impulsar las fuerzas endógenas que posibilitarían construir una economía autocentrada, romper con el bloqueo del obsoleto modelo centralista o del agotado de las CC.AA. y permitir mecanismos redistribuidores de la riqueza a nivel de clase y a nivel de territorios, junto al desarrollo de una democracia de base municipal y del ejercicio de las culturas nacionales existentes en torno al derecho a decidir. Modelo que sería el primer estado construido al margen de la hegemonía de las burguesías conservadoras españolas y de la derecha nacionalista catalana.

Pero para llegar a esa realidad los federalistas debemos de salir del mero ejercicio intelectual a una praxis política audaz y valiente. Que cuando desde la izquierda catalana se diga, ¿dónde están los federalistas en España?, encuentren una referencia nítida, que permita trazar alianzas, y así recuperar un bloque social formado por las clases trabajadoras de nuestro país y las capas medias de profesionales y técnicos, única alianza capaz de lograr una salida social y democrática a la crisis actual.

Es evidente que la izquierda tenemos un importante y complicado reto ante el conflicto que se esta desarrollando en Cataluña en relación al derecho a decidir.

La izquierda de tradición socialista y comunista nunca hemos sido nacionalistas. Mas aun, hemos considerado que el nacionalismo históricamente ha ocultado o manipulado conflictos de clase y en definitiva ha beneficiado los intereses de las minorías dominantes.

La izquierda en Cataluña mientras el PSUC ostento el liderazgo político e ideológico, supo vincular adecuadamente la lucha por los derechos de los trabajadores, por la democracia y por las libertades nacionales, pero posteriormente, a partir de la duradera presencia de CIU en el gobierno de la Generalitat, fue cada vez mas incapaz de confrontar un modelo político propio con el de la derecha nacionalista y al final quien ha logrado la hegemonía política y social en Cataluña ha sido CIU. Por tanto, en la evolución de la sociedad catalana hay una grave responsabilidad de la izquierda, aunque esta sea de muy distinto calibre en el PSC que en ICV.

También la izquierda del conjunto de España no hemos comprendido a tiempo ni hemos dado la importancia que se merecía a la nueva realidad que se iba fraguando en Cataluña. El PSOE, sumido en los bandazos de los gobiernos de Rodríguez Zapatero y atenazado por las contradicciones entre sus diversas federaciones territoriales. IU, refugiada en pronunciamientos genéricos, que si a principios de la democracia pudieron ser los necesarios, desde al menos hace una década ya eran claramente insuficientes.

CIU y ERC han jugado sus bazas, no había que esperar otra cosa de ellos, y por el momento con buenos resultados. Y el PP se ha movido entre exacerbar las tensiones nacionalistas con su centralismo y sus actuaciones contra el nuevo Estatut y la suicida parálisis trufada de amenazas que esta caracterizando la política del gobierno de Rajoy.

Así las cosas tenemos un complejo problema, en el que lamentablemente la izquierda en Cataluña y en España no tenemos posiciones comunes, ni siquiera dentro de nuestras organizaciones políticas.

Hay un sector no desdeñable que se aferra estricta y exclusivamente a la legalidad constitucional. Por supuesto que sería deseable que se cumpliera a pies juntillas la Constitución. Pero la Constitución de 1978, con la que yo siempre me he sentido plenamente identificado, no sirve para resolver el conflicto en sus dimensiones actuales. Tenemos un serio problema político y tenemos que afrontarlo y resolverlo con actuaciones políticas y si estas requieren cambiar la Constitución, pues tendremos que cambiarla sin ningún genero de dudas. La Constitución es un instrumento para la convivencia democrática, no para enconar conflictos en la convivencia.

Debemos ser capaces de combatir ideológicamente al nacionalismo y a la vez defender hasta el final los derechos de la ciudadanía nacionalista. Y lo que no debemos admitir, por muchos argumentos jurídicos que se puedan esgrimir, es que se obligue por las bravas a que la sociedad catalana se mantenga integrada en España, si esa no es su voluntad mayoritaria.

No podemos compartir, porque es una falacia nacionalista, la supuesta explotación político-cultural de España a Cataluña, ya que sería ocultar la realidad de la sociedad de clases, en la que la alta burguesía catalana ha explotado siempre a las clases populares catalanas, apoyándose, cuando ello ha sido necesario, en los poderes políticos, económicos y militares del conjunto de España. Como también fue una realidad la fuerte presencia del Carlismo, de la Falange, de la derecha nacional católica en la sociedad catalana de la posguerra y las primeras decadas del franquismo. Y tampoco debemos aceptar la tan aireada y nunca rigurosamente demostrada, explotación fiscal. Pero de la misma forma no podemos ignorar y despreciar el sentimiento nacional y/o independentista de buena parte de la sociedad catalana.

En definitiva, desde los principios democráticos, hay que respetar el derecho a decidir, que es plenamente compatible con pronunciarse contra la independencia, explicando con claridad las nefastas consecuencias que ello traería para las clases trabajadoras de Cataluña y del conjunto de España, en un mundo de creciente globalización de los poderes económicos y de la fuerza de las minorías dominantes. Debemos poner de relieve que en la Cataluña hegemonizada por la derecha nacionalista, agresivamente neoliberal, los intereses del capitalismo prevalecerían con mayor intensidad que hoy, si cabe, sobre los intereses de las clases populares. Los trabajadores catalanes y los españoles serían más débiles frente a la gran patronal catalana y española.

Pero no solo hay que pactar la articulación legal del derecho a decidir. La izquierda tenemos que presentar nuestra propia alternativa al independentismo, que en mi opinión no puede ser otra que la consolidación de un Estado Federal, reconocido en una reforma de la Constitución, basado en la realidad plurinacional de España, que establezca unos cauces financieros que garanticen la solidaridad, el reforzamiento del Estado de Bienestar para todos, y el respeto a la diversidad.

Aun estamos a tiempo de recuperar el mucho tiempo perdido, con un discurso que respete el derecho a decidir y que impulse un modelo de Estado Federal garante de los derechos sociales y la cohesión social.

La primera en la frente: ¿realmente la pregunta importante es la afirmación o no del derecho a decidir? Si es así adelanto la respuesta para facilitar el debate. Rotundamente si. Líbrenme mis principios de negar el derecho que asiste a la ciudadanía de decidir, pero a estas alturas del debate todos sabemos que no estamos discutiendo sólo sobre este principio democrático sino sobre los contenidos que lo acompañan.

Demasiadas veces hemos caído en la trampa de la metáfora del tren: acompáñenos en este tramo del trayecto que después podrá bajarse en la próxima estación. En demasiadas ocasiones hemos comprobado que después nuestra parada no existía y que para desplazarse no era sólo necesario revisar el tren sino haber participado en el diseño de las vías y hasta en los horarios y las paradas.

La segunda duda se refiere al procedimiento, o sea, el planteamiento del referéndum. Mi reserva no es jurídica. Hay fórmulas políticas y legales para hacerlo posible. Contemplo, atónita, la idealización de los referéndums como forma excelsa de consulta popular y como palanca de los cambios sociales. Perdonen que no me levante. Puedo citarles diez o veinte referéndums posibles en los que las posiciones progresistas, e incluso democráticas, serían derrotadas (cadena perpetua, supresión de sueldos a diputados, supresión instituciones autonómicas…) Y es que en democracia, lo sustancial no es el triunfo de la mayoría sino la pluralidad, el respeto a las minorías y su posibilidad de dejar de serlo. En cualquier caso el proceso catalán debe ser consultado a la ciudadanía pero de forma que pueda optar entre todas las alternativas posibles. Un sí o un no no es suficiente, ni tampoco un doble sí o un doble no. En especial la posición federalista queda en una desventaja evidente. Por muchas interpretaciones benignas que se quieran hacer, la alternativa federalista es invotable porque no tiene hueco real (sólo subsidiario e interpretativo) en el enunciado de la pregunta que se ha acordado.

Tercera duda: el verdadero debate no se está produciendo. La situación actual me recuerda aquellas viejas asambleas de la universidad donde consumíamos el tiempo discutiendo y votando si se debería votar. Se crean así bloques ficticios que apenas comparten objetivos entre sí excepto la discusión de la norma o del fuero. Conocemos muy bien las posiciones del PP respecto al modelo de Estado y hemos sido testigos de su desprecio a Cataluña (y también a Andalucía, añado) pero estamos ayunos de las propuestas concretas del resto de las fuerzas políticas y sociales más allá de la insatisfacción y el hastío de la política actual. Si se autorizase la consulta (algo que debería de hacerse sin reparos) quedaría al desnudo la ambigüedad de una gran parte de las fuerzas políticas catalanas.

En cuarto y último lugar (de momento), “Cataluña” (gran simplificación, perdonen) no quiere aliados en este proceso. El relato épico de su confrontación con el Estado se ha vuelto local y aislacionista. Ha borrado de la historia el hecho evidente de que la misma mano que oprimía a Cataluña y que la privaba de sus derechos, oprimía las libertades y cercenaba las posibilidades de desarrollo de otros lugares, singularmente Andalucía y, en general, de las clases populares. Incluso los recortes, la desigualdad y el desmantelamiento de derechos y servicios sociales actuales se anotan como agravios territoriales y no cómo resultado de las políticas neoliberales contra todos. Tampoco las cúpulas políticas catalanas muestran simpatía ni sinergia alguna con las demandas de autogobierno de otros lugares como es el caso de Andalucía. Que se pisoteen leyes andaluzas, se cercene su autonomía o se estrangulen sus iniciativas no obtienen ningún eco en ese territorio. E incluso el debate sobre las balanzas fiscales no se ha dirigido contra la opacidad del Estado o el centralismo redivivo sino contra la periferia que “vive de las rentas”, en una gozosa coincidencia con el discurso de la Comunidad de Madrid.

Desde la periferia territorial y desde la izquierda, somos muchos los que deseamos un Estado Federal, un nuevo pacto en el que las comunidades que lo deseen asuman nuevos espacios de autonomía política y de capacidad de decisión, pero el debate catalán, tal como está planteado, no tiende la mano a abrir un nuevo marco político, ensimismado en su propio laberinto. Cataluña, en su derecho a decidir, podría tener fuertes aliados si el debate se planteara en estos términos y la derecha española quedaría aislada en su viejo sueño imperial. Desgraciadamente no es así y el tren pita anunciando su inminente puesta en marcha.

Me considero demócrata y español. Por eso, y en particular porque resido desde hace muchos años en Cataluña y pienso seguir haciéndolo, me he sentido aludido por las preguntas que Borja de Riquer planteaba en Público hace unos pocos días (“Algunas preguntas a los demócratas españoles sobre Catalunya”). Sus preguntas son importantes y pertinentes, y tratar de responderlas me parece una obligación ciudadana. En cuanto a la total sinceridad con la que requiere que se le responda, creo que el lector puede concedérmela como se la ha de conceder en principio a cualquier hablante o escribiente, y como yo le concedo a él la buena intención a la hora de formular sus preguntas.

Dignas de tener en cuenta serían las consideraciones preliminares de Borja de Riquer sobre la realidad catalana, sobre las causas de las actitudes y demandas en cuestión y sobre los nuevos protagonistas sociales. No lo haré aquí por razones de espacio pero, sobre todo, porque creo que la validez de las respuestas que siguen no depende de que sean verdaderas dichas consideraciones preliminares (dicho sea de paso, creo que por lo menos la mayoría de ellas lo son, aunque es probable que Borja de Riquer y yo no estemos de acuerdo con las consecuencias políticas que de ahí hayan de seguirse).

Supongo que no desvelo nada nuevo si afirmo que un factor importante sobre el que pivota la construcción soberanista en Catalunya es la cuestión económica; que sea importante no significa que sea la única. Pero en cualquier caso juega un papel crucial y, para prueba, el nuevo embrollo alrededor de las balanzas fiscales promovido por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Aunque habrá que reconocer que en este nuevo acto escénico las culpables no son las balanzas fiscales –que por cierto, aún permanecen sin publicar-, si no el conjunto escenográfico construido al efecto: se ha pasado del compromiso de elaborarlas a ningunearlas, para volver a comprometerse a la vez que se descalifica uno de los métodos habituales de cálculo. Vamos, que parece que ya hemos entrado en la fase de pelearnos tanto o más por las formas que por el propio fondo, lo cual es sintomático de los niveles de deterioro en que nos adentramos.

Vayamos pues al fondo de la cuestión, por aquello de dilucidar si hay cuestión o no, y en caso de que la haya en qué términos razonables se debería plantear. Y ya que hemos mencionado las balanzas fiscales empecemos por ellas. La balanza fiscal es un documento contable útil para obtener una fotografía de cuál es el flujo de recursos (impuestos y gastos) de un territorio en relación al sector público central. Para no extenderme en prolegómenos, diré que existe una larga tradición de estudios académicos sobre balanzas fiscales, que no es habitual que sean las administraciones públicas quienes las elaboren y que los dos enfoques en cuestión, flujo monetario y flujo beneficio, están ampliamente presentes en la literatura académica al respecto.

No obstante, cada uno de ellos responde a cuestiones distintas y por consiguiente a realidades diversas. No hay un método mejor ni otro peor, sino que simplemente el resultado del flujo monetario da razón del impacto de la actividad pública central en un territorio y el flujo beneficio expresa los efectos distributivos de esta actividad. Así, en el cálculo según el método beneficio se imputa, también, a cada territorio la parte alícuota de los gastos comunes del sector público central independientemente de donde se hayan realizado: sean las embajadas del exterior, sea, por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios radicada en Madrid y que presta servicio a todo el territorio del Estado.

En este sentido, para el caso de Catalunya y de acuerdo con los datos publicados el pasado año por la Generalitat de Catalunya correspondientes al ejercicio 2010, el saldo fiscal fue un déficit de 5.835 millones de euros según el enfoque monetario, mientras que según el criterio del enfoque beneficio el déficit se situó en los 774 millones de euros, es decir el 3% y el 0,4% del PIB, respectivamente. La diferencia de las cifras cabria interpretarlas en que los 5.835 millones de euros de transferencia neta del territorio de Catalunya al sector público central, cubrirían -si se me permite la simplificación- no solo la solidaridad interterritorial sino, también, los gastos comunes. En ningún caso ningún método es una chapuza, sólo se precisa saber interpretar correctamente su significado.

No obstante para ser honestos hay que decir que de la misma forma que en el año 2010 el déficit fiscal para Catalunya fue de 5.835 millones de euros, en el año 2007 este ascendió a un importe de 21.162 millones de euros, el 10,8% del PIB. ¿A qué se debe tal variación? Sin duda, a la extremada sensibilidad del cálculo de las balanzas fiscales al ciclo económico. Así, en las fases expansivas los ingresos tributarios aumentan por lo que favorecen mayores déficits fiscales de los territorios ricos, mientras en la fase recesiva caen los ingresos tributarios y aumentan los gastos, por ejemplo, en concepto de prestaciones por desempleo por lo que disminuyen drásticamente los déficits fiscales de los territorios ricos debido a la grave coyuntura económica.

Si, hemos dicho que el déficit fiscal de Catalunya fue el año 2010 –último año publicado- de 5.835 millones de euros según el enfoque monetario, entonces ¿de dónde sale el déficit de 16.543 millones de euros? La respuesta es fácil, de eliminar el efecto ciclo en el cálculo del saldo de la balanza fiscal, lo que se denomina neutralizar el saldo fiscal. Lo cual desde el punto de vista académico es perfectamente legítimo, pero sirve para lo que sirve y en detrimento de perder su significado original. Así, si neutralizamos los saldos de los ejercicios 2007 y 2010 obtendremos, respectivamente un déficit de 15.913 millones correspondiente al año 2007 y la mencionada cifra de 16.543 millones referida al año 2010. Este ejercicio nos permite una mejor comprensión de la evolución del saldo y a la vista de los datos -descontado el efecto fase del ciclo- podemos efectuar una comparación ordinal intertemporal, pero a costa de perder todo significado monetario. Y ello, ¿por qué?

Sencillamente, para neutralizar, por ejemplo la cifra del año 2010, hemos asumido la ficción que los impuestos recaudados en todo el territorio español han sido 55.329 millones de euros superiores a lo real, de los cuales el 19,35%, esto es, 10.706 millones de euros se considera recaudados en Catalunya. De esta forma, equilibramos el saldo presupuestario, igualando los impuestos al gasto público efectivo. Alternativamente, podríamos habernos decantado por haber supuesto que reducíamos el nivel de gasto hasta el volumen de recaudación efectiva, en ese caso el saldo fiscal neutralizado hubiese sido de 11.263 millones. Queda claro pues, que los valores neutralizados son relevantes para efectuar comparaciones a lo largo del tiempo, pero carecen de significado real sobre el volumen monetario de aportaciones o de ganancias en caso que desaparecieran dichas aportaciones.

Por otra parte, estaremos todos de acuerdo que parece razonable que los territorios ricos presenten déficits fiscales mientras los territorios pobres registren superávits, así sucede en general en los diversos trabajos sobre balanzas fiscales. Sin embargo, en el caso del Estado español, el aún último informe –el referido al año 2005- sobre balanzas fiscales muestra algunas anomalías al respecto: no existe una ordenación coherente entre los territorios aportadores y los receptores -sea dicho de paso que también acontecen en otras latitudes como Estados Unidos y México, pero no así en Bélgica Canadá o Australia-. En efecto, con los datos en la mano, se observa que algunos territorios aportan menos de lo que parecería razonable les debería corresponder, destacando el caso del País Vasco con un déficit fiscal del 1,35% del PIB, a pesar de presentar una mayor renta per cápita que Catalunya (déficit ese año del 8,7% del PIB), o que las Islas Baleares cuyo déficit fiscal alcanzaba el 14,20% del PIB o que Valencia que, a pesar de presentar una renta per cápita inferior a la media española, registraba un déficit fiscal –sí, hemos dicho déficit- del 6,32% del PIB.

Sin embargo, la cuestión clave, o digamos más precisamente sobre la que se ha construido la cuestión económica no ha sido tanto sobre el carácter neto aportador de Catalunya como sobre si la aportación es excesiva. Aquí tenemos un problema, ya que en el terreno de las valoraciones necesitamos disponer de alguna medida de comparación y en rigor no la disponemos. Las comparaciones internacionales recurrentes en el tema de las balanzas fiscales carecen de solidez académica al confrontar datos que resultan de trabajos metodológicamente no homogéneos.

Con todo, un trabajo reciente que compara resultados de estudios -no estrictamente homogéneos- referidos a Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, México y España circunscritos todos a datos alrededor del año 2005 constata –con todas las precauciones señaladas anteriormente- que el déficit fiscal presentado por Catalunya se encuentra en la parte alta en relación a los territorios aportadores netos en los diversos países, lo cual, en parte, podría ser explicado, según los autores, por la mayor desigualdad interterritorial existente en España (y México) en relación a los otros tres países analizados. En este sentido resulta interesante una de las conclusiones del trabajo referido en la dirección de señalar que mientras en el promedio de los países estudiados la desigualdad territorial inicial disminuye un 37,7% debido a la acción del sector público central, en el caso de España, la desigualdad sólo se reduce el 30%, el estudio apunta a la menor aportación relativa del País Vasco, Navarra y Madrid.

Como he intentado mostrar, las balanzas fiscales son un terreno demasiado movedizo para fundamentar de forma rigurosa un debate sobre la cuestión económica. Creo que más sólido es recurrir al sistema de financiación autonómica. Al respecto, se me ocurren como mínimo tres cuestiones a resolver. La primera, si el grueso y la parte más relevante de las competencias que fundamentan el gasto público del Estado del bienestar (salud, educación, servicios sociales,..) se encuentran en las comunidades autónomas, por qué no son ellas las que concentran la mayor parte –excluida la Seguridad Social- de los ingresos, y no como sucede actualmente, en que el Gobierno central no quiere renunciar, por definición, al 50% de los ingresos tributarios. Se plantea, pues, un cambio drástico en la equidad vertical. La segunda, se refiere a la ya crónica desfiscalización efectiva española. Los últimos datos publicados por Eurostat, correspondientes al ejercicio de 2011, constatan que mientras en la media de los países de la zona euro la recaudación alcanzó el 40,8% del PIB, en España registró tan solo el 32,5% del PIB, esto es 8,3 puntos porcentuales menos. Mantener una baja recaudación, forma parte tanto del discurso del Partido Popular como de Convergencia i Unió y condiciona, hay que decirlo, el total de recursos financieros, tanto centrales como de Catalunya. Finalmente, Catalunya siendo un territorio rico debe contribuir no sólo a los servicios comunes del Estado sino, obviamente, a los flujos de redistribución interterritorial de la renta –el País Vasco y Navarra, también deberían-. Pero no parece razonable que, en el sistema de financiación autonómico, Catalunya reciba una financiación per cápita ligeramente inferior a la media. En los países federales de nuestro entorno europeo, las regiones ricas contribuyen, claro está, pero no hasta el punto de alterar la ordinalidad previa de las capacidades fiscales.

Discutir, sobre estos últimos aspectos señalados, entre otros, quizás permitiría huir de tierras excesivamente movedizas como son las balanzas fiscales, aunque con todo, la cuestión económica por ser importante no es la única. Aún más, uno tiene la sensación que hace medio año, quizás, con resolver la cuestión económica y alguna cosa más hubiera sido suficiente, hoy ya es del todo insuficiente.

El Profesor Joan Botella en su comentario “De la Transición hacia el futuro” escrito en respuesta a mi artículo introductorio del debate Catalunya y el derecho a decidir organizado por Público tergiversa mi postura, atribuyéndome una posición que no es mía. En ningún lugar digo que la “Transición democrática española fue una victoria de las fuerzas continuistas (…), que precedieron a una renovación de fachada, abrillantando las apariencias para conseguir un cierto grado de homologación democrática con miras a la integración europea. Todo ello, ante la pasividad o, incluso, la complicidad de las fuerzas procedentes del movimiento antifranquista”. Lo que hace es incluirme a mí en una categoría a la cual no pertenezco, estereotipando mi postura, poniendo en mi pluma cosas que no he escrito. Y hace lo que hace porque necesita así hacerlo para poder continuar promoviendo la sabiduría convencional de que la Transición fue modélica e incluso un éxito.

Lo que escribí y he estado escribiendo desde hace tiempo es que la Transición se hizo en términos muy favorables a las derechas que controlaban los aparatos del Estado y desfavorables a las izquierdas que acababan de salir de la clandestinidad. Que hubiera una relación de fuerzas desequilibrada no significa que las izquierdas no consiguieran una serie de cambios positivos (entre los cuales está la introducción del proceso electoral representativo) que fueron mucho más allá que un “mero cambio de fachada”, término y concepto que nunca he utilizado porque no creo que el cambio fuera sólo esto.

Ahora bien, el dominio de las derechas en el proceso de Transición dejó su marca (clara y evidente) tanto en la Constitución (partes de la cual fueron impuestas por el Ejército y la Monarquía) como en el sistema democrático (mediante la ley electoral, sesgada deliberadamente en contra del Partido Comunista de entonces e Izquierda Unida ahora, y con escasa capacidad de participación de la ciudadanía en la gobernanza del país a través de formas de participación directa). En realidad, el bipartidismo que el profesor Joan Botella señala como fuente de limitaciones del sistema democrático tiene su origen en aquel dominio conservador previo del proceso, utilizado más tarde por la dirección del PSOE (con la oposición del Partido Comunista) para reproducirlo en el sistema democrático. En ninguna parte hablo –como Joan Botella erróneamente me atribuye- de “la pasividad o, incluso, la complicidad de las fuerzas procedentes del movimiento antifranquista”. En el tema electoral, por ejemplo, el Partido Socialista se aprovechó y benefició de la ley electoral, pero no así el Partido Comunista, que se opuso. Y en otros temas, tanto los socialistas como los comunistas se opusieron a cambios pero tuvieron que aceptarlos debido a su situación de debilidad, y así lo he escrito. No es cierto, por lo tanto, que haya criticado a las izquierdas de pasividad y a todas ellas de complicidad.

Estos son ejemplos de las tergiversaciones que Botella hace de mi artículo. Ahora paso a los desacuerdos. Uno de ellos es la interpretación de la cláusula de la Constitución en la que se asigna al Ejército “la defensa de la integridad territorial”, que Botella lee como meramente la defensa frente a un enemigo que quiera conquistar una parte del territorio español y separarlo de España. Ahí sí que creo que el significado de esta cláusula es mayor que el que Botella le atribuye. Ignora que el Ejército español era el heredero del ejército golpista que justificó su alzamiento para defender la unidad de España, asumiendo que parte de España se iba a separar del resto. Teniendo en cuenta esta circunstancia histórica, es más que razonable concluir que aquel redactado de la Constitución incluye no solo a enemigos “externos” sino también “internos”. En realidad, cuando hubo el fallido golpe militar en 1981 (que fue una medida de presión del Ejército) el monarca no convocó a los partidos nacionalistas a los cuales el Ejército consideraba como un peligro para la unidad (integridad) de España.

Una última observación. En cuanto a si la Transición fue o no un éxito, depende de lo que se considerase el objetivo de dicho proceso. Si era el de salir de la dictadura, la Transición fue un éxito (y no un mero cambio de fachada). Ahora bien, si el objetivo era establecer un sistema democrático, justo, equitativo y participativo, entonces lo conseguido fue muy limitado. Espero que, en ello, Botella y yo podamos estar de acuerdo.

La ola que viene desde Catalunya ¿es una reivindicación exclusivamente territorial? Creo que no. Sin lugar a dudas hay un componente identitario. Y un gran cansancio ante la incapacidad de federalizar España. Pero además de todo eso, la demanda catalana conecta con una voluntad de ruptura. Sólo así se explica una mayoría social que ha superado las fronteras tradicionales del independentismo y que ve en el proceso catalán una oportunidad para emanciparse de una cultura política y democrática más bien limitada. De hecho, mientras la reivindicación independentista goza de un apoyo que según las encuestas hoy se situaría en torno al 50%, el apoyo a una consulta se sitúa en términos porcentuales en una mayoría amplísima, haciendo de la reivindicación del derecho a la autodeterminación una opción completamente transversal.

En un sentido opuesto, en el resto del Estado se define la reivindicación catalana como una reivindicación exclusivamente territorial. Son muchos sectores de la sociedad española los que, con un poco de pedagogía, podrían llegar a entender que los catalanes puedan decidir qué relación quieren tener con el resto del Estado –la mayoría del electorado del PSOE estaría dispuesto a aceptar que los catalanes fuesen convocados a una consulta-. Pero la opinión publicada, y el clima en determinadas partes del territorio, y particularmente en Madrid región, sitúa esta reivindicación como un imposible. “Lo que pide Catalunya (el derecho a decidir) es algo inviable para España”. Esta frase, soltada a bocajarro, fue una de las primeras reflexiones que me trasladó un periodista, residente en Madrid, conocedor de la política española, y particularmente madrileña. Su análisis no era desacertado. Hoy, la “identidad nacional” para muchos no se forja en la conquista de derechos sino en la pretendida indisolubilidad de España.

La cuestión es si la idea de nación, en pleno siglo XXI, y la propia democracia española, se puede seguir basando en esa pretendida indisolubilidad, cuando está en juego todo el esquema democracia, mercado y derechos, debido al fuerte aumento de la desigualdad.

La reivindicación catalana como síntoma

La reivindicación catalana no es más que uno de los síntomas del fin de régimen en el que estamos entrando. Esta crisis tiene múltiples expresiones. La vertiente económica es una de ellas, en la que el modelo empresarial que socializa pérdidas después de haber privatizado ganancias, no da más de sí. La crisis tiene una dimensión social, en una sociedad cada vez más empobrecida y sobre todo cada vez más desigual. El fin de régimen tiene una dimensión democrática, en la que los casos de corrupción no son más que el pus de un sistema incapaz de introducir elementos de participación y de control, y en el que la política ha sido en algunos casos mero instrumento de los corruptores. Un sistema que ha permitido que el dinero tome las decisiones en vez de la ciudadanía y en el que, en algunas decisiones, ha tenido mucho de plutocracia.

A estas crisis se le suma la crisis en torno a la jefatura del estado, que pone de relieve el sinsentido de una institución anacrónica como la monarquía.

Pero en medio de todas estas crisis aparece con fuerza la crisis territorial, y el encaje (o no) de una parte del territorio.

La fuerte movilización catalana, una reivindicación que es popular y general, no obedece a una sola causa. Si hoy en día Catalunya está donde está en el terreno nacional es por la incapacidad de España de reconocerse a sí misma. El Tribunal Constitucional, con la sentencia sobre el Estatut del 2010, dio al traste con muchos años de intentos de búsqueda de acuerdo. Esta sentencia es la mejor expresión de la puerta en las narices a los intentos de cambiar el Estado por la vía del acuerdo. Pero esa sentencia es conclusión además de una relectura de la Constitución, la que representa el aznarismo, incompatible con una realidad tan plurinacional como la nuestra.

Naomi Klein dice que los enemigos del Estado del bienestar nunca desaprovechan una buena crisis para desmontarlo. Pues bien, si Klein viviese en España no dudaría en afirmar que los enemigos del autogobierno nunca desaprovechan una buena crisis para dinamitarlo. Eso es lo que está haciendo el PP con un auténtico programa de recentralización: cargarse la autonomía y el autogobierno, y hacer de la Constitución, con esta reinterpretación, un marco intransitable para gran parte de la sociedad española y por supuesto de la sociedad catalana.

Pero al factor territorial se le suma la creencia, compartida en la sociedad catalana, de que lo que hay que plantear es una ruptura ya no con España, sino con “esta” España. La de una cultura política que no acepta la pluralidad, la diversidad, y que frecuentemente riñe con valores tan universales como la fraternidad, la libertad o la igualdad.

Así, las cosas, la Catalunya reformista hoy aparece como una Catalunya de ruptura, ante el sentimiento, cada vez más generalizado, de que la reforma ya no es posible. Es cierto que este sentimiento, de ruptura, conecta con un sentimiento de muchos otros ciudadanos en el conjunto del Estado. Pero mientras en España no se percibe una correlación de fuerzas con capacidad de darle la vuelta, en la sociedad catalana se percibe una mayoría con capacidad de ruptura. Es la expresión de una voluntad de ruptura, que conecta con la independencia porque no hay otra fractura al alcance.

Ante este escenario, lo que va a ocurrir en los próximos meses en términos políticos es de sobras conocido. Negativa del PP. Seguidismo del PSOE, ya observado en la votación en torno a la moción que negaba cualquier tipo de diálogo. Y si no hay nada más, el camino que se irá trazando, que durará años, y que se irá configurando, si no lo está hace ya, será el de sociedades que se darán cada vez más la espalda. Una sociedad, la catalana, sin voluntad de cambiar nada en España. Otra sociedad, la española, que dejará cada vez más de lado lo que venga de Catalunya.

Por contra, creo que la respuesta por parte de aquellos que aspiran a cambiar las cosas debería ser distinta. Debería entenderse que lo que viene de Catalunya no es solo una proposición de ley para que se ceda la competencia para convocar una consulta. Es un instrumento para hacer que la ola que llega desde Catalunya sirva, con otras energías, para hacer un planteamiento de nueva etapa, de nueva época, de cambio de régimen. Es hora de conectar, y no solo desde Catalunya sino desde el resto del Estado, la petición de consulta con una propuesta de cambio de régimen para el conjunto del Estado. Podría verse esta petición no solo como una Proposición de Ley para convocar un referéndum, sino como la expresión democrática desde la que empezar a cambiar las cosas.

Dicho de otra manera. El PP niega el debate y agiganta la distancia entre Catalunya y el resto del Estado. El PSOE propone un federalismo uniformizador, incapaz de plantear una propuesta que conecte con este fin de régimen, ya no solo en el debate territorial, sino también en lo económico, en lo democrático y en lo social.

Desde la izquierda, entre los demócratas, debería verse en la reivindicación catalana una oportunidad para darle la vuelta a la cultura política y democrática. Hoy la sociedad catalana ya no acepta lo que quizás hubiese aceptado hace tan solo 4 años, antes de la sentencia del Estatut. Y hoy ya no hay solución que no pase por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. El único camino transitable quizás sea el de reconocer dicho derecho y poner encima de la mesa una buena propuesta en lo territorial, pero también en lo democrático, en lo económico y en lo social.

Hay otras opciones, como la de hacer ver que no pasa nada, o empeñarse con que el debate catalán es sólo una cortina de humo, que no lo es aunque muchas veces CiU y PP lo utilicen como tal. De esta manera lo que haríamos es agrandar el problema, y tirar la pelota hacia adelante, haciéndolo mayor y aún de más difícil gestión si cabe.

Así las cosas, nos acercaríamos a un posible y para algunos deseado choque de trenes, que fácilmente se podría llegar a convertir en un eterno empate. O en una ruptura que nada cambiase en Catalunya, ya que muchos de los que ambicionan la independencia la quieren para aparentar un gran cambio que en realidad no cambie nada. Pero si lo que queremos es que la ola que llega desde Catalunya sirva para alguna cosa, quizás empieza a ser hora de que la propuesta catalana conecte con los actores políticos y sociales que aspiran a un auténtico cambio de régimen.

El proyecto independentista que se solapa y que probablemente hegemoniza el polo soberanista no puede pactar nada, ni encontrar aliados en España ni en Europa, pero puede enquistarse y cosechar una importante representación. Esa situación acabará fortaleciendo también a los sectores más pro-españolistas versión patriótica. Esperemos que no derive en algunos territorios en una especie de Bruselas valona/flamenca. Es un mal proyecto para Catalunya y para España.

Para que todo esto pase, sería importante que desde Catalunya se asuma de una vez que la reivindicación catalana necesita de una amplia mayoría en la sociedad catalana, pero también de una correlación de fuerzas que no sea adversa en el conjunto del Estado, ya que cualquier solución, incluida la secesión, necesita del acuerdo de la otra parte. Y reconozco que algo tan básico como la correlación de fuerzas en el Estado es algo que se ignora de forma frecuente en Catalunya. De ahí que desde Catalunya no debería cerrarse la puerta a un encaje que desde el reconocimiento como sujeto político mantenga una relación con el resto del Estado.

El otro elemento a corregir es la necesidad de cambiar el registro catalán, haciendo que la reivindicación antes que económica sea política. El principal problema catalán es el agotamiento de las relaciones políticas con el Estado. Y por otra parte, el discurso de la “España subsidiada”, o peor aún, el de “España nos roba”. aproxima una reivindicación legítima a una imagen de Padania íbera.

Pero la cuestión es si la sociedad española entiende que las propuestas ya no pueden ser las que quizás hubiesen valido antes de la sentencia. Hoy, toda solución pasa –y es cuestión de tiempo que así sea- por que Catalunya pueda opinar sobre aquello que quiere, sabiendo que la opinión de los catalanes variará en función de lo que se proponga por parte del Estado.

En este debate hay argumentos, pero sobre todo hay sentimientos, muchos sentimientos, identidad, pertenencia o pertenencias. Y estas pertenencias diversas deben buscar los espacios para el acuerdo. De hecho, y aunque parezca un sacrilegio, en el terreno nacional reclamo el terreno de la confluencia, porque creo que es ahí donde se dan argumentos más contrastados con una realidad compleja. Y al mismo tiempo, pienso que la frontera se ha movido. Que en Catalunya la mayoría ha dicho no al pacto constitucional y al modelo estatutario. Y, por descontado, ya no estamos anclados en el inmovilismo, en el quedarnos igual o un poco mejor. La mayor parte de la sociedad catalana se sitúa entre un independentismo cada vez más transversal y quienes no aceptan que todo siga igual, y optan por una relación distinta con el Estado, federal o confederal. Por eso entiendo que el adversario de un federalista no es el independentismo, sino la inacción, o la recentralización, por parte del Estado. Asimismo, entiendo que el independentista debe aceptar que su verdad no es absoluta, porque la realidad está llena de matices.

La izquierda necesita más Europa para superar la demolición del estado social, pero también definir qué Europa se quiere. Los cambios en las instituciones europeas forman parte hoy de cualquier proyecto de alternativa en cada estado. La cooperación, las alianzas, la gestión de los intereses conjuntos exigen una cultura política transnacional e inclusiva.

Hoy hay un camino común. Hacer de la petición del derecho a decidir un acto refundador de nuestra cultura política. Y a su vez, hacer de esta reivindicación, una demanda para cambiar las cosas desde la raíz. De esto se trata: decidir cambiarlo todo.

Leído el texto de Vicenç Navarro y releídas las reflexiones de largo recorrido y las de lectura de la realidad inmediata que contiene, apreciamos lugares comunes, disensos analíticos y algunos matices de relato. Muy sucintamente, la crítica a la Transición es un compartido lugar común; el disenso versa sobre el carácter de la opción independentista –mayoritaria hoy–; y los matices refieren el calado, sentido y vigencia del derecho a decidir en un contexto de crisis, capitalismo senil y auge de las desigualdades sociales.

Dudas y certezas. La inmodélica Transición –el precio de la Transición, como escribiera Gregorio Morán– fue un pacto entre élites, de reproducción de poder y de laboratorio político-económico que debía disciplinar a la mayoría social en la reestructuración del capitalismo en el Estado español. El resultado es conocido: una democracia low cost, de baja intensidad y pésima calidad, cortesía de las élites extractivas. Falta añadir –atendiendo, vale saberlo, que venimos de unas cuantas derrotas históricas de las ‘izquierdas’; unas por fracaso-abandono; otras por simple incomparecencia– que ello fue posible también, por la implicación cómplice de las izquierdas en tal desaguisado. Cabrá recordar, memoria reciente, que el rescate público del fraude bancario o los peores recortes antisociales desde el final de la dictadura arrancaron, se diga lo que se diga, en mayo de 2010 por cortesía ‘socialista’ de ZP, cuyo último gesto en su postrer consejo de ministros fue… indultar a un banquero.

En relación al proceso independentista, señala Navarro que –a falta de dejarnos urnas para votar– la demoscopia ya consensua que el 80% de nuestro pueblo está a favor de la consulta (esto es, del ejercicio del derecho a la autodeterminación; de la premisa democrática básica que el futuro de este pueblo lo decidirá su gente) y que el 55-60% votaría ya, hoy, sí a la independencia. Cabe añadir, porque es un dato tan sugerente como clarificador y a menudo despreciado deliberadamente, que de esa mayoría independentista el 70% se declara abiertamente de izquierdas. Vale la pena señalarlo porque el proyecto de la izquierda independentista catalana, causalidad nada causal, nace bajo la dictadura franquista (1968); arraiga sus bases en la denuncia casi solitaria de aquel matón de las aspiraciones políticas populares llamado Transición (1978); y se empieza a desarrollar municipalmente en 1986. Vale la pena recordarlo, porque la constante histórica catalana señala y recuerda que, cuando se ha avanzado social y democráticamente, ha sido precisamente cuando las clases populares se han implicado en la solución y resolución de las crisis que sufrían. Eso es, también, lo que pasa hoy en Catalunya: de la constatación de fracaso hemos pasado a la contestación de un modelo y a la construcción de una alternativa que exige, fundamentalmente, democratizar la democracia, retornar a la soberanía popular y exigir la plena libertad política. Devolver el país a sus legítimos propietarios: la gente. Y donde el protagonista, como tan bien reseña el antropólogo Manuel Delgado, ha sido y será –sino vuelve la cultura de la Transición- la gente.

A la maltrecha e insoportable levedad de la tergiversación común que identifica proceso catalán y burguesía, cabría añadir un certero contrapunto clarificado por las mismas élites catalanas: son ellas las más alejadas, distantes y opuestas al actual proceso. Y es que el independentismo –fuera tópicos típicos– se ha forjado en los últimos años en base a un amplísimo movimiento popular, que se ha desarrollado a pie de calle, desde abajo, en base a procesos de activación y movilización social y a un hartazgo –punto de no-retorno– frente al triple agotamiento del régimen (político-institucional, socioeconómico y democrático) nacido de la reforma (impune) del franquismo. Sostiene Navarro que no ha habido apenas referéndums desde 1978. Oficiales, no. Pero en Catalunya, desobedeciendo los márgenes inquisitoriales de un núcleo del Estado que tiene miedo y pánico a la democracia, se han realizado 555 consultas, sin permiso alguno, por la independencia. Casi 900.000 personas han votado a favor. Y antes, en 2001, se hizo exitosamente contra la deuda externa de los países empobrecidos por el capitalismo ¿Qué proceso similar, en términos de dinamismo democrático desde abajo y basado en la participación social directa, se ha dado en Europa? Como apunta Antonio Baños –estén atentos a las librerías, que pronto saldrá en castellano ‘La rebelión catalana’, uno de los mejores análisis para entender el trasfondo de la cuestión–, el proceso catalán tiene un componente profundo de pacífica insurrección civil, de insumisión democrática, de proceso destituyente y constituyente y de revuelta antioligárquica. De necesidad de cambio político y social: de cambio de modelo. Y larvado en un ciclo álgido de movilizaciones sociales, que arranca bajo la aznaridad, y con el dinamismo –al margen y en paralelo, a pie de calle y de barrio– de los movimientos sociales catalanes.

Última reflexión. Tal como avanza la negación y bloqueo del Estado español, esa imposición va a acabar convirtiendo la consulta por la independencia en una consulta por la democracia. Ya está pasando. Recuperar la plena libertad política, poder decidir, ya es democracia.

En otra coincidencia con Vicenç Navarro: aquí hay un rechazo insondable, una oposición abierta y una alternativa sólida frente a un Estado; jamás contra el resto de pueblos y culturas que cohabitamos la Pell de Brau d’Espriu. Y si bien es bien sabido que los nacionalismos conservadores se retroalimentan –¿en cuánto se diferencia el modelo económico de CiU del del PP?– no reconozco al independentismo en uno de los extremos ‘nacionalistas’ donde lo ubica Navarro. Sobre todo porque milito en el independentismo de izquierdas y no me considero nacionalista. Porqué claro, ¿qué significa hoy independencia, en pleno siglo XXI en el castigado sur de Europa sometido por la troika neoliberal? Para nosotros, independizarnos de aquello que anula la soberanía popular. A saber: el Estado español como estructura de poder e imposición, los mercados financieros que nos secuestran el futuro y nuestra propia oligarquia (catalana), implicada en la acumulación por desposesión que define hoy a los Països Catalans (26% de paro, 30% de prevalencia de diferentes formas de exclusión social, 150.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008, record de población pobre presa…). Unos Països Catalans, por cierto, cuya negación persistententemente vigente radica directamente en las hipotecas manu militari de la Transición.

Finalmente, respecto a otras opciones sugeridas como alternativas, veo el desierto de lo real. El federalismo hoy suena hueco, en medio de la hegemonía del españolismo recalcitrante como ideología de Estado. Y profundizando en la tesis del estimado profesor Navarro, cabría decir que ese es otro signo de los tiempos: al otro lado –en los tuétanos del Estado– no hay nada ni nadie –con cuanta timidez se reconoce en el Estado la autodeterminación ajena– y en el tablero político catalán las otras opciones –confederales, federales– son hoy pequeñas y sin posibilidades, atendiendo que ‘al otro lado’ ni hay nadie ni se les espera. Cómo esperando a Godot.

Apunte final, pues: al federalismo no se le puede adulterar ni descafeinar. Primero, retornemos a Pi i Margall, libres y autónomos. Y desde esa libertad política recuperada –recuperada a la dictadura franquista que la negó y a la transición que la hipotecó y ejerciendo el derecho a decidir– cabrán todos los lugares comunes que la mayoría social catalana considere, estime o aprecie. De igual a igual. Como funciona ya, hace décadas y es necesario recordarlo, la solidaridad directa, basado en el apoyo mutuo, con nuestros compas del SAT andaluces, con el Madrid más autónomo y rebelde, con las marchas por la dignidad o con todo espacio abierto que en el castigado sur de Europa abogue y se rebele por la democratización de un poder plutocrático, la destitución de un mercado cleptómano y la resistencia a unas élites crecientemente autoritarias.

En una intervención anterior expuse que el derecho a decidir no es más que una nueva expresión para un viejo concepto, el de la libertad de elegir. Este principio informa buena parte de los ordenamientos jurídicos modernos, siendo el fundamento de derechos reconocidos como la libertad de expresión, la libertad ambulatoria, la libertad de culto, la libertad de residencia, etc.

Por lo tanto, una de las funciones básicas del Derecho es la de proteger y asegurar el ejercicio de esta libertad de elegir. Y es un error pensar que el Derecho pueda estar en contra, bajo ninguna circunstancia, de este principio esencial. La autonomía del individuo humano es, como ha reconocido el mismo Tribunal Constitucional, el fundamento de su dignidad.

Lo que sí puede hacer el Derecho, y de hecho lo hace, es limitar o prohibir ‘determinadas’ elecciones o decisiones cuando así se considera necesario: por ejemplo, el manifestarse en la vía pública o difamar a terceras personas.

No es pues el derecho a decidir, en abstracto, lo que las leyes pueden limitar o prohibir, sino, en nuestro caso, el derecho a decidir si se quiere un Estado propio para Cataluña y si desea la secesión o la asociación con España.

Los oponentes a que las nacionalidades españolas puedan ser titulares de este derecho utilizan machaconamente, una y otra vez, el mismo argumento: que no está contemplado por la ley. Es el mismo argumento que en el pasado se usó contra las sufragistas o contra los abolicionistas de la esclavitud.

Se dirá que la situación actual es distinta, pues las leyes modernas fueron aprobadas por sufragio universal y democrático. Cierto; pero también es verdad -y esta es la requisitoria que lanza Vicenç Navarro- que la Constitución Española se aprobó en unas condiciones muy particulares que no favorecieron un uso pleno de este derecho a elegir. Además, muchos ciudadanos de hoy en día no votaron esa Constitución por minoría de edad o por no haber nacido; y es evidente que una generación no tiene derecho a imponerle su destino a las subsiguientes.

Todo ello es tan claro que apenas me merece más comentarios. Lo que sí considero que tiene mayor enjundia intelectual e ideológica, es determinar para qué se quiere un Estado propio. Si lo que se busca es sustituir el dominio de la burguesía española por la catalana, creo que el pueblo catalán tiene mucho que perder en el empeño y poco que ganar. Como nos muestra reiteradamente la Historia, la burguesía no tiene ningún reparo en utilizar a las clases populares como carne de cañón cuando sus intereses se lo aconsejan. Pero si lo que se pretende es iniciar una vía catalana al socialismo, a la transformación profunda de las estructuras económicas y políticas, contando con los apoyos suficientes, entonces la cosa cambia radicalmente.

¿Libertad, para qué?: ‘that is the question’.

Las reticencias que se han ido expresando, sobre todo fuera de Catalunya, ante la demanda mayoritaria del derecho a decidir que se reclama desde esa Comunidad Autónoma, tienen que ver, desde mi punto de vista, con varios argumentos a los que trataré de responder en este artículo.

El primero se basa en la negativa a reconocer la existencia de una identidad nacional catalana diferente de la española y con derecho, por tanto, a ser reconocida como tal. Para ello se recurre a una interpretación de nuestra historia común que se apoya, principalmente desde el nacionalismo español mayoritario, a una mitología que se remonta a finales del siglo XV para imponer la tesis, reflejada de forma esencialista en la Constitución de 1978, de que la única nación que existe dentro de este Estado es la española. Quienes sostienen esa posición ofrecen una visión teleológica de esa misma historia negando las tensiones y conflictos -especialmente en las “periferias”- que a lo largo de los siglos posteriores, y sobre todo con 1898 como punto de inflexión, se han ido viviendo en el proceso de nacionalización promovido desde el Estado. Se quiera o no, estamos hablando de sentimientos compartidos de pertenencia y es evidente que existe hoy un amplio sector de la población residente en Catalunya que se siente sólo o principalmente catalana y exige que se reconozca esa identidad en condiciones de igualdad con la española.

El segundo proviene de quienes, aun aceptando a regañadientes ese sentimiento nacional distinto, responden que el Estado autonómico reconoce ese “hecho diferencial” y que la Generalitat tiene ya un amplio listado de competencias propias. Olvidan que ese reconocimiento no se da en condiciones de igualdad, que no se trata sólo de tener más o menos competencias, que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut cerró la puerta incluso a una lectura federalizante de la Constitución y que, además, en la actualidad –con el pretexto de “la crisis de la deuda”- se está produciendo un proceso de recentralización acelerada por parte del gobierno del PP que cuestiona algunas de esas competencias.

El tercero sostiene que en cualquier caso el derecho a decidir –o sea, a la autodeterminación- de una parte del territorio del Estado no cabe en la Constitución y que, además, ninguna de las vigentes –salvo la etíope- reconoce ese derecho. A esto cabe responder diciendo que, efectivamente, eso es así pero ello se debe a que la mayoría de los Estados se construyeron promoviendo o en estrecha relación con la nación que acabó siendo hegemónica dentro de los territorios que fueron abarcando, imponiendo muchas veces esa identidad a través de guerras y conflictos y negando su diversidad etno-cultural interna. Esto se ha reflejado en “textos sagrados” que persisten en negar realidades plurinacionales que sin embargo, en lugar de debilitarse, se han visto reforzadas en muchos países de “Occidente”. Por eso no es posible aducir ya que ese derecho sólo corresponde a los pueblos colonizados u ocupados.
Esa “teoría del agua salada” ha saltado por los aires, como estamos comprobando en casos como Quebec y Escocia, y precisamente para evitar la resolución de los conflictos identitarios por la fuerza, se ha optado tanto en Canadá como en Gran Bretaña por el reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos afectados. Pero es que, además, la respuesta que el Tribunal Internacional de Justicia dio el 22 de julio de 2010 al Estado serbio respecto a la separación de Kosovo deja también claro que el Derecho Internacional no autoriza la secesión pero tampoco la prohibe. De ahí que el citado tribunal se limite a establecer como condiciones para su legitimidad el no uso de la fuerza, el agotamiento de la vía de un acuerdo negociado y un procedimiento democrático a través del cual se produzca esa decisión(1) Iñigo Urrutia, “Territorial Integrity and self-determination: the approach of the International Court of Justice in the advisory opinión on Kosovo” (accesible en http://works.bepress.com/inigo_urrutia/5/ ) . Requisitos que pueden darse claramente en el tema que nos ocupa.

Por encima, por tanto, de las Constituciones está la necesidad de buscar una justicia de reconocimiento de las realidades plurinacionales por vías democráticas, a ser posible en el marco de un federalismo plurinacional o “por tratados” (2) Alain-G. Gagnon, Época de incertidumbres. Ensayo sobre el federalismo y la diversidad nacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013; pero cuando esa puerta se cierra, como ocurre en el caso español, la única forma de evitar el temido “choque de trenes” es reconocer el derecho a decidir del demos residente en Catalunya sobre cuál es la forma de relación que desee establecer con el Estado español, incluida la independencia.

Por último, desde algunos ámbitos de la izquierda española -y también catalana- se rechaza la demanda del derecho a decidir aduciendo que es una mera “cortina de humo” de las fuerzas de derecha catalana para desviar la atención de la gravedad de la crisis social y los recortes que aplica también el gobierno presidido por Artur Mas; o que, simplemente, se trata de un proyecto insolidario. Pero que ésas sean las intenciones de estas formaciones políticas no debería ocultar la existencia de una relación de injusticia en el plano del reconocimiento ni que la responsabilidad de que este conflicto esté en el centro de la agenda política se debe principalmente a la obstinación del nacionalismo español hegemónico en rechazar una solución democrática al mismo. Además, tampoco se puede negar que es un movimiento ampliamente transversal a la sociedad catalana el que está exigiendo ese derecho; ni, en fin, que no son pocos los sectores sociales y organizaciones que en esa Comunidad están apostando por reivindicar su soberanía no sólo sobre cómo relacionarse con otros pueblos del Estado español sino también para “decidir sobre el mayor número de temas posibles” (3) Robert Liñeira, “Cataluña ante la consulta sobre la independencia. Participación, voto y motivaciones”, Quaderns de l’ICEPS, 04, octubre 2013 (accesible en http://www.icps.cat/archivos/Quaderns/q04_cast.pdf )
. Sería más coherente por tanto, apoyar su demanda frente a un régimen que niega ese derecho esforzándonos por extenderla juntos a la exigencia de una “democracia real” frente al despotismo “austericida” que nos (des)gobierna.

Estoy plenamente de acuerdo en que hace falta un diálogo claro, serio, profundo, abierto y desde luego «de cara el público, con luz y taquígrafos», y en que en cambio ha habido demasiadas declaraciones simplistas o que ocultan interesadamente una parte de la información, no solo por mediocridad e ignorancia de los políticos, que las hay, sino en parte jugando conscientemente con los desconocimientos, ilusiones y miedos del pueblo. El mérito de la excepción que puede haber constituido hasta cierto punto el debate González-Mas tal vez corresponda a Évole más que a ellos.

Pero, en la línea de mis intervenciones anteriores, discrepo de algunas afirmaciones de Álvarez Conde.

1. No sé qué argumentos tiene para considerar «capciosas» las preguntas previstas, ya que no los expone. El significado de las posibles opciones es claro: independencia (sí-sí), estado federal (sí-no) o mantenimiento de la situación actual (no a la primera pregunta). Es verdad que falta aclarar en qué sentido se interpretaría una mayoría del «sí» a la primera pregunta pero no del «sí-sí» ni del «sí-no», pero en tal caso como mínimo habría que entender que el pueblo catalán estaría reclamando un cambio en el marco constitucional.

2. Me parece discutible que la Constitución prohíba la consulta. La independencia sin ruptura de la legalidad exigiría una reforma constitucional, competencia de las Cortes y del pueblo español en su conjunto, pero no creo que eso implique que no se puede consultar al pueblo catalán de forma no vinculante al respecto.

3. En cuanto a las “elecciones plebiscitarias” y sin necesidad de usar esta discutilble expresión, efectivamente las elecciones son para elegir representantes, pero TAMBIÉN para determinar el apoyo popular a las decisiones políticas contenidas en los programas electorales, especialmente si contienen algo tan trascendental como llevar a Cataluña a la independencia, incluso de forma unilateral si no hay otra opción.

4. También discrepo de que el conflicto «entre legalidad y legitimidad democráticas» deba resolverse siempre por cauces legales. Si una constitución democráticamente aprobada negase toda posibilidad de reforma, obviamente sería legítimo violarla en este punto. Pero si establece mecanismos de reforma, nos sentimos obligados a seguirlos escrupulosamente por injustos que sean. Una fuerza política que cuente con un tercio de una de las Cámaras puede bloquear una reforma constitucional deseada por la mayoría de la población, y esto lo considero antidemocrático. Y si el pueblo catalán no puede verse reconocido como pueblo soberano simplemente votándolo, estará abocado a «convencer» a quienes se oponen mediante una huelga general indefinida u otras medidas de presión, con un elevado e innecesario coste. E incluso, como ya he dicho antes, se estarán dando argumentos a los partidarios de la lucha violenta.

El texto del profesor Navarro ensambla dos argumentaciones independientes: un análisis de la Transición democrática española y de sus limitaciones, y en segundo lugar un análisis sobre la situación abierta en Cataluña en los últimos meses. En su razonamiento, una cosa se vincula con la otra, o es la respuesta a la primera. Solo comparto su tesis en este aspecto: una cosa tiene que ver con la otra; por lo demás, discrepo ampliamente del resto de su análisis (que, por otro lado, ha venido defendiendo consistentemente desde hace años).

Empecemos por el final: estamos hoy asistiendo a la puesta en crisis del sistema político español en su conjunto. Las disfunciones internas en el seno de las instituciones, la deslegitimación de los mecanismos de mediación (partidos, sindicatos, medios de comunicación) y la extensión del descontento ciudadano y de la desconfianza hacia “la política” dibujan un panorama de crisis profunda, agudizada además por los malos comportamientos de algunos de los principales protagonistas del sistema: las desventuras de la casa real, las ramificaciones del caso Gürtel, el escándalo de los ERE’s andaluces y los comportamientos de la cúpula del empresariado (desde el expresidente de la CEOE, Díaz Ferrán, hasta los banqueros o los responsables del sector eléctrico, o del sector inmobiliario) hablan de una práctica generalizada de abuso, de menosprecio de la ciudadanía y de apropiación sistemática de la cosa pública.

En este contexto, la “cuestión catalana” no es catalana, o no es solo catalana: por debajo del flamear de banderas, lo que ha dado extensión, grosor y continuidad al movimiento soberanista en curso es la combinación entre una reivindicación de corte nacionalista y un rechazo hacia un sistema que hace crisis, que genera corrupción y que secuestra la democracia, deformándola y poniendo los mecanismos de gobierno en manos de sus enemigos. Si esto les recuerda la música del 15M, es porque en buena parte el movimiento catalán actual comparte mucho del fondo argumental y de los mecanismos de actuación del movimiento de los indignados.

En este sentido, la reivindicación, hoy, del “derecho a decidir” tiene que ver con la Transición; y por ello conviene empezar por aquel pasado, ya lejano.

I.- De la Transición
En los últimos años se ha extendido una visión negativa de la transición democrática española, presentándola esencialmente como una victoria de las fuerzas continuistas, procedentes del anterior régimen, que procedieron a una renovación de fachada, abrillantando las apariencias para conseguir un cierto grado de homologación democrática con miras a la integración europea. Todo ello, ante la pasividad o, incluso, la complicidad de las fuerzas procedentes del movimiento antifranquista.

Esta visión, aparentemente crítica y de izquierdas, no se aleja sustancialmente de la visión que difundió, y difunde, José María Aznar (por poner un solo nombre). En esta visión, que es la que comparten la FAES, la prensa conservadora madrileña, las televisiones del “TDT Party”, etc., cualquier cuestionamiento, cualquier propuesta que se haga hoy de reforma sustantiva de los mecanismos políticos e institucionales existentes sería “una ruptura de los consensos”, un renegar de la transición, un acto rupturista opuesto a lo que en aquel momento “decidimos todos los españoles”, etc.

Esta situación es bastante paradójica: por un lado, los que llevaron a cabo la Transición y apoyaron la Constitución la dan por agotada, por inútil ante las exigencias del presente; y por otra parte, se la intentan apropiar los que en su momento la rechazaron e hicieron activa campaña en contra (para empezar, en los artículos de prensa que publicaba el propio Aznar a lo largo de 1978).

Esta operación de apropiación de la transición democrática por parte de la derecha española constituye propiamente una impostura, y de muy gran escala. El proyecto de la transición democrática no era su proyecto: ni democracia, ni libertades políticas, ni políticas sociales y de igualdad, ni descentralización, nada de eso estaba en su programa.

Todos estos eran los contenidos programáticos de las fuerzas de la oposición antifranquista. Oposición heterogénea, variada políticamente y con una implantación geográfica y social muy desigual; pero oposición que consiguió, a través de un largo proceso, hacer converger sus propuestas en una única plataforma de cambio democrático, que aspiraba a la apertura de un proceso constituyente que tuviese por objetivos la democratización, la modernización social y el reconocimiento del carácter plurinacional de la sociedad española.

En este sentido, es profundamente injusto, pero sobre todo políticamente erróneo, atribuir las limitaciones de la vida colectiva española de las últimas décadas al modo de realizarse el cambio. Es más: es políticamente cómodo acusar a la Transición, de un modo reificado y abstracto, de los males del país; permite no identificar de modo preciso qué partidos, qué gobiernos, qué gobernantes, dejaron a un lado las promesas de la etapa constituyente y nos arrojaron a la situación actual.
Por decirlo aun más brevemente: desde la perspectiva de quien firma, que se sitúa en la izquierda no gubernamental, la Transición fue un éxito. Mal que pese a unos o a otros: ¿quién salió de las cárceles con la ley de amnistía? Los nuestros, no los franquistas: ni uno de ellos estaba encarcelado. La T
Transición, concebida como el proceso de cambio desde un régimen, el franquismo, a otro, la democracia constitucional, consiguió los objetivos que se había propuesto.

Desarrollar esta afirmación requeriría detenerse en el análisis de los dos elementos clave de todo proceso político: la correlación de fuerzas entre las partes enfrentadas, y los objetivos buscados por los diversos protagonistas del proceso. No podemos, por razones de espacio, entrar a fondo en estas cuestiones, pero hay que hacer solo una observación: dada la pervivencia del núcleo central del aparato de poder franquista (cúpula militar, alta administración pública, poder judicial, sector empresarial público, etc.), y dada su capacidad de influencia e incluso de disuasión, era obligada una estrategia de amplia unidad de los demócratas, desde el PCE hasta la UCD, pasando por los nacionalistas democráticos vascos o catalanes. Y esta amplia unidad requería concentrarse en algunos objetivos básicos y compartidos. Objetivos y proyectos más ambiciosos deberían esperar al surgimiento de una más favorable correlación de fuerzas, hija ella misma del desarrollo ulterior de la experiencia democrática.

Ello explica las cláusulas de estilo empleadas una y otra vez en la Constitución de 1978: tal institución, tal principio o tal derecho se desarrollarán “en los términos que fije la ley”. La Constitución, en muchos ámbitos cruciales, establece los principios y criterios de una determinada problemática; pero se aplaza su concreción y su implementación a la expresión de la voluntad de una coalición mayoritaria. ¿Frustrante? Tal vez; cada protagonista tenía su programa político deseado, pero tuvieron que aplazarse, puesto que muchos de ellos no constituían un objetivo compartido. El objetivo del proceso de la transición no era constituir una República o crear un “estado del bienestar”: era establecer una democracia parlamentaria. Y esto es lo que se estableció.

II.- Después de la Transición.
Si entendemos por Transición el periodo transcurrido entre la muerte del dictador y la constitución de los gobiernos autónomos de Euzkadi y Cataluña, esa fase fundacional cubre el periodo 1975 – 1980. Es a partir de ahí donde los gobiernos democráticos deberían empezar a ponerse manos a la obra para hacer realidad los enunciados constitucionales.

Déjenme poner un ejemplo: el artículo 9 del texto constitucional establece:

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Entre esta enfática declaración y la realidad, hace falta una labor de desarrollo normativo y de puesta en marcha de políticas públicas encaminadas a la libertad, la igualdad y la participación. ¿Se ha hecho esto? Probablemente no, o solo de un modo muy parcial, y además se ha producido un dramático retroceso en los últimos años.

Y lo mismo hay que decir sobre la estructura territorial del estado. La reiterativa redacción del artículo 2, con sus referencias a “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (que, como anotó Jordi Solé Tura, le vino “redactada desde el exterior” a la ponencia constitucional), va de la mano con el reconocimiento, por primera vez en la historia de España, de “nacionalidades y regiones” en su interior.

En ningún lugar se enumeran ni las nacionalidades ni las regiones. Pero vayan al final de la Constitución: la Disposición Transitoria 2ª establece que los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado Estatutos de autonomía podían acceder directamente al nivel más alto de competencias y de organización autónoma. Es decir: la Constitución de 1978 dibujaba un esquema en el que tres territorios (Euzkadi, Cataluña y Galicia: los tres únicos que cumplían esa condición) tendrían un muy amplio autogobierno; y el resto tendría una estructura de gobierno descentralizada. Ese era el sentido de la distinción entre “nacionalidades” y “regiones”. La Constitución del 78 se abría a un esquema de federalismo asimétrico, fundamentado en la realidad plurinacional de España.

Y de nuevo la visión de Navarro pierde de vista esta realidad y viene a coincidir con la visión más cerrada de los portavoces actuales del PP: la Constitución crea el “café para todos”, iguala todos los territorios, y si hace falta, ahí están las Fuerzas Armadas, etc.

De nuevo, se trata de una visión errónea. La Constitución no encarga al ejército la defensa de la “unidad de España”, sino la de su “ integridad territorial”; y la diferencia es sustancial: en la práctica de la política internacional, ese término no se aplica a prevenir intentos de secesión, sino a iniciativas de un Estado, encaminadas a apoderarse de parte del territorio de otro. La demostración de esto se encuentra en un dato espectacular: la Constitución del 78 es la única (repito: la única) de nuestro entorno europeo que no contiene elementos irreformables. A diferencia de otros países: las constituciones de , por ejemplo, Francia, Italia o Portugal prohíben toda propuesta de revisión de la forma de estado republicana, y también todo intento de formular propuestas independentistas. En España ello no solo no está prohibido, sino que algunos partidos constitucionales, como el PNV, siempre han tenido esa referencia presente; el actual movimiento en Cataluña, o la exhibición de banderas independentistas, puede gustar más o menos, pero no constituye algo prohibido por la Constitución (mal que le pese al gobierno Rajoy).

¿Qué pasó pues con la promesa constitucional, tanto con el proyecto “igualitario” del artículo 9 como con el esquema federalizante o el amplio reconocimiento de derechos sociales? Porque lo cierto es que la realidad actual, entre regresión económica y social, paro, recortes y ofensiva centralizadora dibuja un panorama bien distinto del propuesto por la constitución.

Lo que ha sucedido después es relativamente simple de explicar: los sucesivos gobiernos españoles no han tenido interés en desarrollar las potencialidades más avanzadas del texto constitucional. Y quien tuvo más posibilidades debe cargar con más responsabilidad: la larga etapa de los gobiernos González, con mayoría absoluta y frente a una derecha políticamente desorientada como era la AP de Manuel Fraga, fue una etapa de frustración de posibilidades.

Al contrario: una competencia electoral esencialmente bipartidista ha venido comprimiendo el espacio político, limitando cada vez más las posibilidades del desarrollo de la constitución, y sometiendo las posibilidades de acción de las instituciones a la voluntad de poderes de hecho, ajenos a la realidad democrática. La influencia de grupos como el episcopado, la gran banca, los monopolios privados o los medios de comunicación más autoritarios ha ido creciendo, reduciendo hasta hacerlas invisibles las diferencias entre los dos grandes partidos españoles. La “reforma – exprés” del artículo 135 de la Constitución en el verano de 2012 ha sido tal vez la ilustración más extrema de esta deriva.

III.- Y en Cataluña …
Hay bastantes razones para explicar por qué la revuelta contra este estado de cosas ha sido más intensa en Cataluña que en otros lugares de España. Un sistema de partidos más pluralista; una economía más industrial (y por tanto más abierta y más sensible a costos, infraestructuras e investigación); un muy largo periodo de quietud política, entre la presidencia de Pujol y la hegemonía urbana socialista; un considerable desarrollo de movimientos y plataformas “alternativas”, con amplio apoyo popular y con una cierta capacidad de influir sobre la escena institucional.

Y sobre este telón de fondo, la utilización del “asunto catalán” en la política española. Mientras el PSOE necesita un apoyo electoral importante en Cataluña para poder vencer electoralmente, el PP puede explotar el trasfondo autoritario y centralista de nuestras derechas para intentar deslegitimar todo intento de apertura y de desarrollo de la estructura autonómica. Y la elaboración del Estatuto de Autonomía de 2006 fue el escenario perfecto para este tipo de maniobras: Rodríguez Zapatero asegurando que apoyaría cualquier proyecto de Estatuto que se elaborase en Cataluña, mientras el PP recogía firmas en Madrid “contra los catalanes” o emitía spots radiofónicos incendiarios en Andalucía; y unos y otros interfiriendo y manoseando el Tribunal Constitucional para conseguir una resolución favorable.
Podemos pasar de largo piadosamente sobre cómo se comportó el supremo órgano constitucional; pero su sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto supuso una ruptura política y psicológica, por ahora insuperable. Los partidos catalanes quedaban ridiculizados por su impotencia y su nula capacidad de influencia en Madrid; CiU, que hasta ese momento había pactado con todos los gobiernos centrales, se descubría de repente un alma “soberanista”; la calle se llenaba de ciudadanos indignados que se manifestaban de modo espontáneo y que, entre pancartas y cartones, blandían una bandera vieja pero hasta ese momento extremadamente minoritaria.

Lo que expresaba este movimiento es algo muy simple pero muy trascendental: el hartazgo de ser tratados como un objeto. Al contrario: la voluntad de ser un sujeto con opinión propia, capaz de alzarse y de expresarse. Cuando, en enero de 2013, el Parlament de Cataluña aprobó una resolución en la que se afirma que Cataluña es un sujeto político y jurídico soberano, lo importante no eran los adjetivos ( donde, por lo que parece, se ha vuelto a enredar el TC), sino el sustantivo: Cataluña aspira a ser sujeto, a ser actor, a ser protagonista.

¿Cómo, cuánto y hasta dónde? Al frente de ese movimiento se encuentra de nuevo CiU; y aunque la CiU de Mas no es la de Pujol, esta reconversión no les resulta espontánea: se recurre a subterfugios verbales, como “soberanismo”, “plenitud nacional”, “derecho a decidir” o aun otras. El acuerdo alcanzado con grupos a su izquierda, como ERC, ICV o las CUP, propone un referéndum a celebrar el próximo 9 de noviembre, con dos preguntas: ¿se desea un Estado propio? Y, en tal caso, ¿se desea un Estado independiente? Esta es la cuestión: la independencia. La idea de que pueda existir algo así como un Estado propio, soberano e integrado en una federación, simplemente no tiene sentido.
Por eso, la actual reivindicación del ejercicio del derecho a decidir por parte de Cataluña es problemática. Es cierto que presentar un objetivo político como si se tratase del ejercicio de un derecho es un modo legitimar ese objetivo; pero la cuestión es que tal derecho no existe. Ni en términos constitucionales, ni en la práctica internacional, existe el reconocimiento de un derecho como este del que fuese titular un colectivo.

Pero otra cosa, bien distinta e indiscutible en términos democráticos, es la legitimidad de someter a consulta ciudadana las cuestiones básicas de sus reglas de convivencia. Si una proporción significativa de las fuerzas políticas catalanas, de sus organizaciones sindicales, de su opinión pública (como han puesto de relieve tanto las encuestas de opinión como las manifestaciones callejeras), no hay modo democrático de negarlo; y, además, es perfectamente viable en el seno de la constitución. El juego del artículo 150,2 (la delegación solicitada al gobierno central) y del artículo 92, o incluso un mero planteamiento de consultar a los catalanes acerca de la posibilidad de promover una reforma constitucional, son todas ellas figuras perfectamente constitucionales.

Cosa distinta es que un planteamiento así pueda causar una conmoción, y ya no digamos si esa consulta produce un resultado mayoritario favorable a la independencia. Se abre una perspectiva de vértigo, acerca de las múltiples implicaciones de un planteamiento de este tipo; sin duda, las fuerzas políticas catalanas se verían completamente transportadas, y se abriría un periodo de fuerte hegemonía del bloque nacionalista, CiU + ERC, que probablemente fuese duradero en el tiempo (como ha sido el caso de otros procesos de independencia).

Un proyecto así puede gustar o no; pero lo que no es de recibo es la posición del gobierno central. Como los tres simios de la metáfora oriental, el gobierno Rajoy se tapa los oídos, los ojos y la boca: no oir, no ver, no decir nada. Hay quien cree que eso es una estrategia política.

Concluyendo: la reivindicación catalana responde tanto a la protesta ante gestos e iniciativas de corte centralista, como a una revuelta ante la deriva de las instituciones centrales del Estado. Sea cual sea la solución final, solo se llegará a ella mediante un acuerdo entre Barcelona y Madrid; acuerdo que, bien entendido, puede no significar aceptación entusiasta de la nueva situación por ambas partes. Pero al menos será una solución hablada, y puesta en marcha de común acuerdo. Y hablar, acordar y aplicar soluciones se parece mucho a la lógica de los sistemas federales. No quiero entrar en polémicas sobre las propuestas de este o aquel partido; pero lo que sabemos de las experiencias internacionales es que no hace falta que hayan legiones de federalistas para que se adopten esquemas federales. Basta con que hayan gentes convencidas de que es posible razonar, reconocerse mutuamente y encontrar las soluciones que permitan la mayor cooperación y el mayor autogobierno. Sin una reorientación en esta dirección, el futuro puede ser muy complicado.

En el documento que os envié sobre el concepto científico de ‘nación’, me hacía eco de las opiniones de algunos investigadores acerca de los dos tipos de interpretación del nacionalismo: la ‘nación como raza’ y la ‘nación como contrato’. Pues bien, acaba de publicar el sociólogo Enrique Gil Calvo un artículo de opinión en el periódico El País (‘La parábola del hijo pródigo’, 25/02/2014), donde se puede comprobar negro sobre blanco cómo aún sigue operando la interpretación ‘racista’ de la nación.

Dice en concreto Gil Calvo:

“Tres cuartas partes de los catalanes de todos los colores políticos creen que les asiste el derecho a decidir unilateralmente su destino común frente al de los demás españoles. Pero esa creencia sólo se puede justificar mediante la metáfora del derecho al divorcio, como ejemplo evidente de ruptura del contrato matrimonial libremente elegido por ambas partes. Ahora bien, ése es el único vínculo familiar que se puede romper unilateralmente. Pues los demás vínculos, el fraternal y el paternofilial, no se pueden decidir ni romper voluntariamente. No puedes divorciarte de tus padres, de tus hermanos ni de tus hijos porque tampoco has podido elegirlos libremente. En el parentesco consanguíneo no puede regir el derecho a decidir, que sólo es aplicable al parentesco afín o político, y aun eso teniendo en cuenta los derechos colaterales pero prioritarios de los hijos. En conclusión, para tener derecho a decidir la ruptura de un compromiso adquirido es preciso que antes se haya tenido la libertad de elegirlo.

Es este el caso de Escocia, precisamente, que decidió libremente ingresar en el Reino Unido en 1707 al firmar el Tratado de la Unión. Pero no es el caso de los catalanes, cuya relación con los demás españoles se parece mucho más a los vínculos fraternales. […] En el parentesco consanguíneo no puede regir el derecho a decidir.”

Además, resulta curioso que esta lumbrera afirme que “nadie tiene derecho a echar por la borda el patrimonio familiar jugándose una herencia de las generaciones previas que debería legarse intacta a las sucesoras. Que los catalanes actuales quieran dejar de ser españoles no significa que tengan derecho a desheredar a sus descendientes”. Pero, ¿tenían derecho los antepasados de los actuales catalanes a imponer su destino a las generaciones presentes?

Por favor, que alguien aporte argumentos más sólidos para criticar el derecho a decidir.

En el mundo occidental, en democracia, hemos aprendido a vivir y a convivir, a dirimir las diferencias, votando. Tan sencillo como esto: los ciudadanos expresan su voluntad y las instituciones aseguran que esta voluntad es respetada y aplicada. También nos hemos acostumbrado a aceptar las decisiones de la mayoría y a aceptar que la voluntad ciudadana que se expresa libremente en las urnas debe respetarse. Por eso los catalanes vamos a decidir nuestro futuro político, nuestro futuro como nación, votando, porque es la mejor manera que tienen las sociedades democráticas de adoptar decisiones colectivas.

El derecho a decidir no es, sin embargo, un fin en sí mismo, si no un vehículo, una herramienta para construir un nuevo país al servicio de los ciudadanos, eficiente y moderno, que sea también un referente en Europa y en el mundo: por su calidad de vida, por sus servicios públicos, por su dinamismo, por su capacidad de integración, por su capacidad de innovar y por su compromiso en participar en este mundo global. Tenemos todo el derecho a tener estas aspiraciones, tanto como tantos países han recorrido este camino anteriormente o como los que lo harán en el futuro. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos.

Y así, probablemente, los catalanes podremos contribuir al mundo con más plenitud, con más fuerza. Sólo desde la libertad, desde la plena capacidad para ejercer como sujeto político, histórico, económico y social pueden las naciones ofrecer el fruto el de su esfuerzo y de su compromiso con el bienestar de los pueblos.

El hilo de la democracia ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia. Un año antes de que Inglaterra promulgara su Carta Magna en 1215, en Catalunya ya se celebró la asamblea general donde tomó juramento al rey Jaume I, lo que probablemente sitúa el parlamentarismo catalán como el más antiguo de Europa. Ahora, en pleno XXI, queremos que la democracia siga guiando nuestro destino, y que se convierta en el instrumento que permita situarnos en el mismo nivel que el resto de naciones del mundo. Seremos un estado que nace del voto de su gente, de su voluntad de ser.

De momento, lamentablemente, ante la voluntad democrática de ejercer el derecho a voto para decidir nuestro futuro, el Estado español sólo ha respondido de dos maneras: con negativas y con amenazas. Negarse a que los catalanes expresemos nuestra voluntad por la vía más democrática que hay, un referéndum, es sinónimo de un Estado que desconfía de la misma democracia, que tiene miedo de dejar que sus ciudadanos opinen. La democracia no puede ignorar ni despreciar la voluntad del pueblo. Al contrario: debe ofrecer las vías jurídicas para que se exprese con libertad. Si hay voluntad política, no hay ningún impedimento jurídico para consultar a la ciudadanía de Catalunya sobre su futuro político, ya que la misma Constitución deja abiertos diferentes caminos para hacerlo posible, como el mismo artículo 150.2, o bien, mediante la misma normativa desplegada desde el Parlamento de Catalunya, como la Ley de Consultas.
En cuanto a las amenazas, no sorprenderían tanto si el Estado hubiera previamente aceptado ya el referéndum y estuviéramos puramente en el debate de las ventajas y los inconvenientes de la independencia de Catalunya. Pero el Estado todavía no ha dado ese paso, y a pesar de todo, muchas voces proclaman incesantemente (y curiosamente, principalmente a través del Ministro de Exteriores) los peores augurios sobre el futuro de los catalanes en una Catalunya independiente, lo cuál arroja una duda: ¿se trata de un augurio o de un deseo?

Pero la esencia de la cuestión es, en estos momentos, que los catalanes tenemos una voluntad inequívoca de decidir nuestro futuro, tanto los que quieren la independencia como los que no la quieren, porque en Catalunya una aplastante mayoría entiende que esta cuestión la tienen que decidir los ciudadanos mediante su voto. Y la pregunta no es cómo lo haremos para celebrar el referéndum, porque tenemos un amplio acuerdo político y social sobre la fecha y la pregunta, y disponemos de las vías legales para hacerlo. La pregunta verdaderamente relevante es qué puede hacer el Estado para impedirla. ¿Cómo puede detener el Estado español la voluntad de los ciudadanos? ¿Cómo puede detener un proceso estrictamente pacífico y democrático?

Por mucho que se niegue, España sólo tiene un camino, que es el de aceptar que los catalanes voten sobre su futuro político. Como hizo Canadá con Quebec o como está haciendo el Reino Unido con Escocia. Evidentemente que no es el escenario que desea. Pero en un contexto democrático, donde lo que cuenta es la voluntad de la gente y no la fuerza de las armas o los linajes dinásticos, no hay más alternativa que escuchar la voz de los ciudadanos.

El jefe de internacional del Financial Times, Gideon Rachman, publicaba un artículo hace pocos días en el que defendía la posición de Londres a favor de la celebración del referéndum de independencia de Escocia. Según él, es justamente la aceptación de que Escocia decida su futuro lo que demuestra la reputación de democracia ejemplar del Reino Unido. La marca británica está construída sobre conceptos de tolerancia, respeto y democracia, y no hay mejor ejemplo de estos valores que la aceptación moral y práctica de que dos naciones sólo deben mantenerse unidas sobre la base del consentimiento y las voluntades mutuas.
Cada vez que se opone al referéndum de Catalunya, el Estado español se aleja un poco más de las buenas prácticas democráticas de los estados que han vivido situaciones parecidas, como en el caso del Quebec o en setiembre el de Escocia. Y la pregunta es hasta dónde puede aguantar la reputación del Estado esta posición. Y, sobre todo, qué alternativas y hasta dónde es capaz de llegar para impedir que la gente pueda votar libremente sin que definitivamente pierda toda la credibilidad que le queda ante la comunidad internacional.

El 9 de noviembre debe celebrarse el referéndum sobre la independencia de Catalunya. Porque así se resuelven, en el siglo XXI, las decisiones sobre la relación que deben tener las naciones. Porque así lo están haciendo los estados que son referencia de democracia y justicia, como el Reino Unido o Canadá y, fundamentalmente, porque esa es la voluntad de la gente: decidir el futuro votando. Y añado, a mayor abundamiento, ¿durante cuánto tiempo se puede sostener en la Europa del siglo XXI una oposición visceral a que la gente pueda decidir su futuro votando?

Comenzaré con un ejercicio de abstracción para acotar unos conceptos que mucha gente aun confunde.

La NACION, entendida como una entidad trascendente, asociada a mitos fundacionales, acontecimientos históricos acontecidos en tiempos remotos, adornada de romanticismo y gestas épicas de reyes y heroes nacionales; reforzada generalmente por la existencia de una lengua y/o de un grupo étnico propios; es claramente un concepto fuertemente vinculado a los SENTIMIENTOS INDIVIDUALES y a la IDENTIDAD PERSONAL mas íntima. Es por tanto una herramienta muy compleja para intentar hacer política por su naturaleza sentimental, visceral y casi siempre excluyente.
Vamos con los ejemplos:
Hay tantas identidades nacionales como personas. Hay quien se sentirá español-catalan, solo español, catalan, barcelonés-alpujarreño, mediterraneo, o incluso habrán los que esto de la identidad nacional les importe un pimiento.
Convendrán conmigo que no podemos imponer un sentimiento nacional a nadie, a no ser que queramos caer en totalitarismos del pasado.
El nacionalismo es siempre excluyente en tanto en cuanto toda nación trascendente excluye a otra si ambas comparten un mismo territorio: La idea de una nación española que hace suyo lo catalán excluye toda posibilidad de existir a una nación catalana fundamentada en idénticos preceptos con los que se argumenta la nación española, y viceversa.

El ESTADO, entendido como una entidad fundamentalmente gestora de lo PUBLICO, su economía, recursos, su ordenamiento jurídico y su marco legal, su educación, salud pública. Una entidad real y tangible que es el OBJETO del que se puede y debe hacer hacer ciencia y política.

Fueron los jacobinos franceses los que fusionaron estos dos conceptos en la idea encorsetada del estado-nación.

Lo que hay que preguntarse en 2014 es si en para definir un marco político para la creación de un nuevo estado, es imprescindible que éste se dote de contenido nacional trascendente o simplemente basta con que el conjunto de los habitantes de un determinado territorio se pongan de acuerdo y así lo expresen de manera democrática.

La realidad nos demuestra que existen decenas de estados independientes carentes del menor contenido nacional con fronteras de tiralíneas producto de descolonizaciones (continente africano) o de fragmentacion de macroestados como la URSS (países de Asia Central).

Catalunya lleva 30 años dedicando esfuerzos a la construcción de una identidad nacional que por otra parte siempre ha existido. Teóricos como el expresident Maragall intentaron buscar el encaje de esa nación catalana dentro del estado español con un estatut de autonomía que proponia la idea de un estado-múltiples naciones. Una idea bastante razonable que hubiese satisfecho a miles de catalanes. La respuesta contundente del nacionalismo español negando esa opción ha llevado a este cambio de rumbo.

Ahora los catalanes ya no quieren hablar de NACIONES ideales, quieren hablar de ESTADOS reales. Es tiempo para la política.

Hace unos días hemos asistido a un importante debate televisivo entre Felipe González y Artur Mas sobre el proceso soberanista de Cataluña. Ambos defendieron, al menos con una mínima coherencia, sus respectivos planteamientos. En todo caso, este debate es un caso aislado que se sale de la mediocridad e ignorancia que caracterizan los planteamientos que cada día se efectúan sobre la actual situación. En efecto, cuestiones tales como “españolizar a los niños catalanes”; los diferentes informes de parte que produce el llamado Consejo Catalán de la Transición Nacional; el simple y reiterado “NO” del Gobierno, sin soluciones alternativas; el argumentario pedestre de muchos intelectuales y políticos, con la deriva sin fin iniciada en Cataluña, las capciosas preguntas previstas; el documento elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores que deja a la “marca España” a la altura del betún ; etc… conducen a un inevitable “choque de trenes” que perjudicará a todo el mundo. También hay algún documento, como el cuestionario formulado por FAES, se comparta o no, que se salva de esta mediocridad e ignorancia, pues plantea las cuestiones, o al menos la mayoría de ellas, con seriedad y realismo. Pero nos hacen falta muchos más debates serios, y mucho más dialogo institucional y social. Necesitamos hacer Política con mayúscula.

Frente a ello, el caso escoces y la postura del Gobierno británico revelan una madurez política envidiable, aunque se trata de dos supuestos absolutamente diferentes y de dos ordenamientos jurídicos radicalmente distintos. Y es que hay que dejar las cosas muy claras. Nuestra Constitución no permite, de ninguna manera, la celebración de la consulta popular anunciada en Cataluña. Únicamente sería posible si previamente se reforma la Constitución y se contempla en ella el supuesto planteado. Tampoco son de recibo las llamadas y/o previstas “elecciones plebiscitarias”, pues son un imposible jurídico en si mismas consideradas. Las elecciones son para elegir representantes en el Parlamento de Cataluña, no para plebiscitar una decisión política previamente adoptada, por mucha mayoría independentista que resulte de las mismas. Además, ello entra dentro de la lógica democrática, dentro de la propia posición del poder constituyente y dentro también de la vigencia del principio democrático.

En efecto, el principio democrático debe inspirar la organización y funcionamiento de todos los poderes públicos. Pero el principio democrático, al pronunciarse, encuentra un límite en la legalidad por el creada. Por eso, cuando hay un conflicto entre legalidad y legitimidad democráticas, no se puede prescindir de la primera y acudir sin más a la segunda. Hay que proceder al cambio previo de la legalidad, que también es democrática, de acuerdo con los postulados del principio democrático, y crear así una nueva legalidad. Lo contrario, lo que se pretende en Cataluña, se opone a toda lógica democrática.

Vamos a suponer que hay una mayoría independentista en Cataluña. Pero, ¿por qué hemos de pensar que la hay ahora y no la había hace unos años? Sin embargo, desde Cataluña se dice lo siguiente: el punto detonante fue la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. A nuestro juicio ello no es cierto. Sin perjuicio de reconocer que no es una de las sentencias mas acertadas de nuestro Tribunal, el inicio de este conflicto hay que situarlo, sin embargo, en un contexto mucho más amplio ligado a las relaciones históricas de Cataluña con los poderes centrales: en el Pacto de Tinell, en el documento público firmado por Artur Mas ante notario para propiciar el aislamiento del PP, en la proclamación de Zapatero de que aceptaría el texto del Estatuto aprobado por el Parlamento catalán, en los procesos de recentralización injustificada que se han producido, en la ausencia de una auténtica política estatal en Cataluña que no se arregla con la presencia más o menos periódica de determinados líderes, etc… Y si no ¿por qué el PP aceptó el Estatuto de Andalucía y no el catalán, con preceptos en no pocos casos idénticos?

No sé si aún estamos a tiempo. Si la política es el arte de lo posible, los responsables políticos deberían intentarlo, sin imposiciones y con renuncias. El debate entre Felipe González y Artur Mas es un buen ejemplo. Pero este diálogo hay que realizarlo con liderazgo y no en los despachos, sino de cara el público, con luz y taquígrafos. Toda la ciudadanía, sea o no catalana, tenemos el derecho de conocer las auténticas verdades que han conducido a esta situación. Y, por supuesto, exigir las correspondientes responsabilidades; si es que existen, como así parece, intereses espureos que ocultar. De lo contrario, la mediocridad e ignorancia que caracteriza a buena parte de nuestra clase política no servirá sino para producir un mayor distanciamiento entre esta y la ciudadanía, la cual, cada vez más, acudirá a otras vías para manifestar su desacuerdo.

Que el derecho de autodeterminación solo esté reconocido a las colonias y similares no es la única interpretación al respecto. Y aunque los ciudadanos decidan entre diferentes opciones en las elecciones, si la independencia no es una opción admitida se están dando argumentos a los partidarios de formas violentas de acción política.
Negar el derecho unilateral a la secesión implica asumir un derecho unilateral a imponer la unidad. Y exigir «una mayoría clara» (entiendo que superior a la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, o condicionada a un nivel mínimo de particicipación) supone dar a los partidarios de la unidad una ventaja antidemocrática frente a quienes quieren la independencia.
Insistir en que la consulta ha de ser legal y acordada es dar una ventaja indebida a quienes no quieren la consulta, pues pueden negarse a dar su acuerdo y a modificar la ley. En cuanto a los «instrumentos democráticos» para modificar la legalidad, existe el riesgo de considerar las exigencias impuestas en la Constitución para su propia reforma como «democráticas». Que la Constitución fuera refrendada democráticamente no hace automáticamente democrático su contenido (y esto sin entrar a discutir las limitaciones que las circunstancias históricas de la Transición y su propio diseño impusieron a las opciones que se podían elegir).

Condenar por igual la cerrazón del PP y las acciones unilaterales tomadas desde Cataluña no me parece acertado. Si una parte no se mueve, a la otra no le queda más remedio que obrar por su cuenta y riesgo. ¿O deben las instituciones catalanas sentarse a esperar que el PP se ablande o pierda las elecciones?

¿Quién presenta «la consulta como un mero trámite para la independencia»? Evidentemente, si se hace la consulta y sale no a la independencia, no la habrá. La intransigencia está en el otro lado, en quienes dicen que la independencia es imposible porque no cabe en la Constitución, digan lo que digan los catalanes, o mejor aún sin preguntarles siquiera.

Un estado federal es por supuesto una opción, pero quedan muchas cosas que aclarar. ¿Cuáles serían las competencias de los estados federales? ¿Se reconocería su derecho a la autodeterminación? ¿No podría ser un mero cambio de nombre y de algunos aspectos cosméticos? Las «interdependencias crecientes y soberanías compartidas» han de ser libremente aceptadas y no impuestas. Y la independencia no tiene por qué suponer una fractura de la sociedad. ¿O es que los catalanes unionistas tienen motivos justificados para adoptar una posición de fractura social en caso de independencia, mientras que los independentistas tienen el deber de contentarse con la solución federal?

Me parece bien debatir la propuesta federal del PSOE-PSC (no sé cuál es su nivel de concreción). ¿Está dispuesto el PSOE-PSC a debatir la posibilidad de independencia? ¿O esta opción simplemente no existe?

1 y 2: Ir hacia una declaración unilateral de independencia, en ruptura democrática con la constitución de 1978 (y por tanto con la ilegítima legalidad franquista que esta reformó). Para conjurar el peligro de una intervención armada del gobierno central, exigirle una respuesta inequívoca sobre si van a tratar de impedir por la fuerza una independencia mayoritariamente apoyada por los catalanes (sea en referéndum o, si se impide este, en elecciones plebiscitarias), y prometiendo resistir a tal hipotético uso de la fuerza por todos los medios pacíficos, incluyendo la llamada a la huelga general indefinida en todo el estado.
3: Solo si su visión de la democracia es puramente formal y legalista, opuesta a mi entender a la esencia misma de la democracia. La constitución solo es legítima porque fue aprobada en referéndum, e igualmente legítimo es que el pueblo catalán se desvincule de ella si mayoritariamente así lo decide.
4: No. A mi entender la respuesta más auténticamente democrática es promover la ruptura democrática en todo el estado, mediante procesos constituyentes en los diferentes pueblos de España, a ser posible coordinados en los problemas comunes (sociales, económicos, ecológicos) pero plenamente soberanos para decidir su federación o confederación con los demás o su independencia.
5: No. Una unidad «indisoluble» es impuesta y por tanto falsa.
6. España, aparte de «comunidad imaginada» es ahora la única «nación» de los españoles en el sentido de «estado soberano» (a la sazón miembro de las «Naciones Unidas»). Por un lado, esto no es inamovible. Por otro, la falta de estado soberano no debería impedir que una comunidad (siempre «imaginada» en cierta medida) sea considerada «nación».
7. Sí. E igualmente tendría derecho la Franja de Ponent a integrarse en Cataluña, o el Valle de Arán a abandonarla. No tiene ningún sentido que el ya viejo deseo de la mayoría de los habitantes del Condado de Treviño de unirse a Álava haya sido sistemáticamente negado. ¿Han preguntado a los habitantes de Aranda de Duero si quieren que los de Treviño sean burgaleses contra su voluntad? ¿Se atreverían a hacer una consulta en todo el estado preguntando si Cataluña debe seguir formando parte de España aunque no quiera?