Desde la red ciudadana Sevilla para Vivir, impulsada por asociaciones vecinales y colectivos sociales, nos sumamos al debate propuesto en Espacio Público sobre el derecho a la vivienda. Lo hacemos desde una ciudad inmersa en una profunda crisis habitacional, marcada por un proceso acelerado de transformación turística, acumulación especulativa y expulsión de vecinas, de sus barrios. Lo hacemos, también, con la convicción compartida de que el problema de la vivienda no se resolverá sólo con reformas legales, sino que exige una transformación radical del modelo de desarrollo que ha transformado la vivienda en una fuente de negocio especulativa y la ciudad misma en una mercancía.

En este contexto numerosos actores, desde grandes fondos de inversión internacionales hasta pequeños inversores locales, han desembarcado en el negocio de la vivienda atraídos por sus jugosos beneficios. Este proceso ha sido sostenido en el tiempo por un marco institucional y normativo que ha facilitado la entrada del capital financiero en el mercado inmobiliario. Comprar para alquilar a precios desorbitados, especular con el suelo, transformar viviendas en alojamientos turísticos: todas estas prácticas están teniendo un impacto devastador en la vida cotidiana de las clases trabajadoras. En lugar de garantizar la función social de la vivienda, el mercado inmobiliario opera como un dispositivo de extracción de valor social y concentración de la riqueza en pocas manos.

En la ciudad de Sevilla, en los últimos años, se han multiplicado sin control los apartamentos turísticos y la acumulación de viviendas en manos privadas. Esta expansión ha disparado los precios del alquiler, ha provocado la expulsión de población residente y ha desfigurado el equilibrio social, cultural y económico de nuestra ciudad transformando sus barrios. El fenómeno no se limita al centro histórico: afecta ya a zonas de la primera periferia urbana y desplaza en cadena a los hogares más vulnerables hacia áreas periféricas aún más precarizadas, donde los servicios escasean y la movilidad es limitada. Miles de jóvenes se ven hoy forzados a posponer o directamente renunciar a sus proyectos de vida autónoma.

Este proceso no es accidental. Responde a un proyecto de desarrollo urbano que se repite también en otras ciudades andaluzas como Málaga o Cádiz y que ha contado con el beneplácito de autoridades municipales y autonómicas, donde se ha priorizado la creación de una marca de ciudad, la captación de inversión y el crecimiento turístico por encima del bienestar colectivo. Mientras el Ayuntamiento permite que florezca un modelo de negocio extractivo, la Junta de Andalucía agrava la situación con normativas que convierten la vivienda protegida en mercancía, bloquea la declaración de zonas tensionadas y desatiende la necesidad urgente de una política de vivienda pública ambiciosa. En este contexto, se privatiza suelo público, se desmonta el parque de vivienda social y, en los barrios más desfavorecidos se ignora la necesidad de rehabilitación de edificios envejecidos y energéticamente ineficientes.

La última vuelta de tuerca ha sido el Decreto-Ley 1/2025 aprobado por la Junta de Andalucía, que transforma radicalmente el modelo de vivienda protegida: compra ahora y especula después. Bajo la apariencia de promover el acceso a la vivienda, permite precios muy por encima de las capacidades reales de las familias trabajadoras, reduce los plazos de protección a solo siete años y abre la puerta a que muchas de estas viviendas acaben en el mercado libre. Esto supone, de hecho, una transferencia de renta desde lo público hacia el sector privado, consolidando el uso de la vivienda protegida como vehículo de inversión y acumulación, en lugar de garantizar su función social.

Creemos que defender la vivienda como derecho implica también repensar la ciudad como un bien común, no como una marca o una mercancía. Eso exige medidas estructurales, pero también disputar el relato dominante que equipara el aumento del turismo y de la inversión privada con desarrollo económico y progreso social. Frente a esa visión, defendemos el derecho a permanecer, a decidir sobre nuestros barrios, a vivir en una ciudad que no nos expulse, que no se rinda a la especulación del capital inmobiliario ni a los supuestos beneficios de la masificación turística. No se trata solo de blindar el derecho a la vivienda en un texto legal. Se trata de politizarlo, de vincularlo a nuestro derecho a habitar la ciudad, de entender que las casas y los barrios donde vivimos son el resultado de la cooperación social de generaciones enteras, y que no pueden ser puestos al servicio del negocio privado mientras el derecho a la vivienda no esté garantizado para todas. No construiremos una ciudad justa mientras las casas se compran y vendan como mercancías y no se garanticen como bienes para vivir.

La justicia urbana que reclamamos debe traducirse en una agenda transformadora que confronte las lógicas de especulación en el sector inmobiliario. Hablamos de una moratoria real sobre nuevas licencias turísticas y de la reversión progresiva de los alojamientos turísticos hacia el uso residencial. También de frenar las dinámicas especulativas tanto en la vivienda protegida como en el mercado privado, donde los alquileres abusivos se han convertido en una fuente constante de malestar. Es urgente establecer mecanismos de control de precios y avanzar hacia modelos de vivienda pública bajo régimen de cesión de uso, donde el derecho a habitar esté por encima del derecho a lucrarse. Reducir la dependencia del monocultivo turístico, recuperar el suelo público y planificar la ciudad para la gente y no para los inversores que son pasos imprescindibles para garantizar ciudades vivibles.

Una ciudad vivible, significa para los vecinos y vecinas de Sevilla una ciudad saludable en la que haya proyectos de renaturalización y se apueste por conservar los pocos espacios naturales y verdes de la periferia de la ciudad. Y es que la planificación urbanística de nuestra ciudad expulsa a los ciudadanos de los centros de las ciudades -para destinarlos al turismo- hacia estas periferias con todo el impacto que ello conlleva no solo para el entorno natural sino para los modelos de movilidad de los vecinos, ya que no existe una red de transporte suficiente. Esta situación afecta directamente a nuestra salud, ya que, incrementa el uso del vehículo particular y por lo tanto la calidad del aire. Actualmente Sevilla ya registra indicadores negativos de niveles de contaminación según la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluso supera los nuevos valores de la Directiva europea de calidad del aire.

En las calles de nuestras ciudades ya está emergiendo un nuevo sentido común. El pasado 9 de noviembre, en Sevilla y Málaga, miles de personas salimos a la calle para decir basta a este modelo de ciudad. El 5 de abril tomamos las calles en toda Andalucía con cientos de personas diciendo no a la especulación. Somos vecinas organizadas, colectivos sociales, redes barriales y sabemos que esta transformación no puede ser obra de solo un actor. Por eso, apostamos por la construcción de alianzas amplias y la cooperación en red con múltiples iniciativas sociales, vecinales y ciudadanas que, desde distintos frentes, luchan por ciudades más justas, habitables y por proteger lo común frente a la mercantilización.

Hola, soy Quique Villalobos, tengo 56 años, me estoy comprando un piso y no he matado a nadie. 

Antes estuve 9 años de alquiler, pero empezamos pagando 70.000 pesetas y acabaron cobrándonos más de 700€, esto es, un incremento de casi un 70% en escasamente una década. 

La decisión de emanciparnos alquilando fue prácticamente obligada, no hubo nada ideológico, era lo que nos podíamos permitir en aquel momento. No teníamos ingresos estables, tampoco ahorros, nuestros sueldos ni se acercaban a lo que hoy podríamos considerar “mileurismo”. Veníamos de la crisis del 93 y comprar a finales de los noventa era inviable para nosotros por los elevados precios del momento, que en 1999 habían alcanzado subidas del 180%. Poco tiempo después, la escasa diferencia entre la cuota de alquiler y la letra de una hipoteca, unido al miedo a quedarnos en la calle cuando fuéramos mayores, nos empujó a buscar una casa que comprar.

A pesar de estar en los albores de la ola de la construcción, en la que se levantaron 6 millones de viviendas y que daría al traste con el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, no fue fácil. Nos inscribimos en el registro de demandantes de vivienda del IVIMA y la EMVS, pero lo descartamos como posibilidad porque la lista era infinita y la probabilidad una auténtica lotería. Encontrar una vivienda protegida y que encajase con nuestra situación económica, teniendo unas mínimas garantías, fue toda una gincana. Una vez encontrada, el principal reto era poder compatibilizar el pago del alquiler con las letras mensuales y trimestrales necesarias para completar la entrada del 20% del coste de la vivienda. Lo de conseguir que nos dieran una hipoteca ya lo veríamos a su debido tiempo; cuando llegásemos a ese río, cruzaríamos ese puente. El caso es que tuvimos que echar más horas que el Capitán Trueno; durante algo más de tres años dedicamos cerca del 70% de nuestros ingresos a pagar ambos pisos. Luego nos tocó esperar otros tres años para que nos dieran las llaves, en total seis años desde la firma del precontrato.

Durante los primeros años, el módulo de protección oficial iba creciendo a razón de un millón de pesetas cada vez. Los promotores clamaban por incrementos del 30% para garantizar la viabilidad de la vivienda protegida. Y entonces llegó el tamayazo y Esperanza Aguirre mandó a parar. 

Hasta entonces, promotores y constructores habían retrasado e incluso eludido la presentación de documentación para obtener la licencia de obra, condición necesaria para obtener la calificación definitiva de la vivienda protegida y, con ello, la fijación del módulo a cobrar. Aguirre, al poco de tomar posesión del cargo presidencial, encadenó dos subidas consecutivas de los módulos, que supusieron la equiparación de la VPO y la VPT en 1747€/m2, es decir un incremento del 30%, ¿os suena? Como por arte de magia, los promotores y constructores empezaron a desfilar, presentando proyectos para solicitar las oportunas licencias y las calificaciones definitivas. Todo normal y bien.

Por entonces ya estábamos organizados en una asociación vecinal, creada un año antes por los más que previsibles retrasos que se confirmaron enseguida. Nos habíamos empezado a conocer y compartir información, ilusiones y temores en un foro de internet, que acabó tomando forma de asociación vecinal, posiblemente la primera en crearse desde la red de redes. En 2004 ya teníamos engrasada la maquinaria y el 20 de junio éramos una de las convocantes de la Manifestación por el Derecho a Techo – STOP Especulación, que recorrió el centro de Madrid y reunió a 10.000 personas. Sería la primera de muchas hasta conseguir nuestra vivienda en 2007.

¿Por qué cuento esta parte de mi vida?¿qué quiero decir con todo esto? Pues porque esta historia reúne todas las claves del problema de la vivienda y porque es importante que entendamos que el problema no es nuevo, sino que viene sucediendo desde hace demasiado tiempo y de forma recurrente, afectando a generaciones completas cada vez, truncando proyectos de vida, colapsando familias, acabando con personas… y no es justo.

Tampoco es natural. Las cosas naturales son la fuerza de la gravedad, que el sol salga por el Este, o que las personas necesitan una casa digna donde vivir. El por qué elegimos alquilar o comprar, que tengamos que emplear la mayor parte de nuestro sueldo para conseguir ese derecho fundamental que es la vivienda o que de esa necesidad se enriquezca obscenamente una oligarquía, que controla el mercado, la industria, la ley y los medios de comunicación, eso, eso no es natural. Es un modelo cuyo objetivo es el tercer elemento de la lista: el enriquecimiento de esa oligarquía y el medio que emplea es el condicionamiento de nuestras elecciones, las que nos podemos permitir para cubrir esa necesidad natural que, porque lo es, es también un derecho fundamental, diga lo que diga nuestra constitución.

Como no es natural que las y los sin poder suframos este problema, lo lógico es plantear el cambio de modelo, por ser contrario a nuestros derechos e intereses. Y para ello la principal opción que tenemos es unirnos, organizarnos y presionar para cambiar las circunstancias que condicionan nuestras decisiones. Pero esto no es fácil, no es rápido, ni barato y no se consigue con una sola medida, porque somos muchas y muy diferentes las casuísticas de todas nosotras. Desconfiad de quien os lo pinte más fácil de normal, de quien os hable de atajos, de quien utilice un discurso de “arriba los corazones” en plan Braveheart, de quien golpee vuestra amígdala, porque seguramente tiene algún interés añadido, lícito o no. En democracia solo conozco y concibo un método: el binomio presión/negociación.

Tampoco las soluciones son ningún arcano, ya está todo dicho a este respecto desde hace décadas: creación de un gran parque de vivienda pública con vivienda social y asequible, imposibilidad de descalificación de la vivienda protegida, puesta en el mercado de la vivienda vacía penalizándola e incluso expropiando el usufructo si fuera necesario, prohibición de los desahucios sin solución habitacional, control de precios, que las administraciones utilicen el tanteo y retracto, prohibición del uso especulativo de la vivienda, alquileres indefinidos, replanteamiento de las plusvalías, etc., etc. En definitiva, regulación frente a desregulación y hacer de la vivienda un derecho y no un negocio.

No pasa una semana sin que políticos representantes de opciones conservadoras se empeñen en negar la existencia de las clases sociales. Un caso muy significativo es la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ya se opuso a su reconocimiento alegando que una ‘pretendida lucha de clases […] es como tratar de borregos a los ciudadanos y a los alumnos [en relación a la reciente propuesta de reforma en la creación de universidades]. No es la primera vez que la Presidenta madrileña se posiciona en contra de una estructura social conformada por clases. Tampoco es la única que lo hace. Son numerosos los medios de comunicación, a izquierda y derecha, que cuentan con tertulianos o representantes de partidos que se enervan cada vez que escuchan hablar de clases sociales. Para éstos, siguiendo la lógica establecida por el neoliberalismo thatcheriano de los años 80, ‘solo los individuos y sus familias’ existen.

La reducción del cuerpo social a un conjunto de individuos racionales y conscientes que se relacionan entre ellos únicamente buscando su beneficios individual es propia de aquella simplificación de la economía marginalista del siglo XIX denominada homo aeconomicus. En su traslación sociopolítica, estos supuestos seres racionales no se comportan como miembros de ningún colectivo, sean clases sociales o algún otro tipo de grupo que sublime la proyección personal, sino que se trata únicamente de individuos.

Fue el británico David Harvey el que, en su obra Breve historia del neoliberalismo, publicada en 2005, ya advirtió sobre la deriva que este tipo de consideración estaba alcanzando dentro de esta nueva y última versión del capitalismo. Harvey advertía que la insistencia del neoliberalismo en ‘el individuo como el elemento fundamental de la vida político-económica abre la puerta al activismo por los derechos individuales. Pero al concentrarse en esos derechos en vez de en la creación o la recreación de estructuras sólidas y abiertas de gobierno democrático, la oposición [al capitalismo] que no pueden escapar al marco neoliberal’.

Lo que viene a decir aquí este profesor de geografía y antropología es que el neoliberalismo, además de una nueva teoría de prácticas político-económicas, es un marco ideológico que nos determina la forma de pensar y analizar el mundo; un mundo en el que no existen las clases sociales, ni la sociedad, sino únicamente individuos y el libre desarrollo de sus capacidades de emprendimiento económico en un contexto de mercados libres. La insistencia de la derecha española en señalar la inexistencia de las clases sociales y, por tanto, la lucha y el conflicto entre ellas, opera de esta manera generando un marco de análisis donde el individuo aparece como único ser todopoderoso y los derechos como aspectos jurídicos limitados a éste. Y esto es muy evidente en lo que se refiere al caso de la vivienda.

La conversión de la vivienda en un activo financiero y un valor refugio del capital es otro de los factores característicos del neoliberalismo. Aunque se trata de una necesidad elemental, tanto como la alimentación o el derecho a la vida, su consideración como derecho siempre se ha dado de bruces con el papel que desempeña a nivel económico. La misma Constitución española no recoge el derecho a la vivienda como un derecho fundamental al mismo nivel que otros derechos, aquellos que se encuentran en el Título I, Capítulo II, Sección 1ª (artículos 15 a 29), bajo la categoría de Derechos fundamentales y libertades públicas, donde gozan de una protección reforzada y son directamente exigibles ante los tribunales, sino en el artículo 47, dentro del Título I, Capítulo III, que trata de los Principios rectores de la política social y económica. Su promoción y expansión dependen, por tanto, de disposiciones legales de rango inferior al constitucional y deben ser desarrollados vía legislativa, dependiendo su garantía del color político que lleve a cabo su articulación legislativa.

Lo paradójico del caso es que la misma Constitución que trata ambiguamente el derecho a la vivienda, situándolo en un ámbito vinculado a la política social y económica, lo sitúa como objeto del debate y la confrontación política y, por tanto, en la arena de la competición partidista y la lucha de clases. Negar la existencia de las clases sociales no es solo una opción ideológica, aquella que relega el acceso a la vivienda como una cuestión individual y la aleja de un problema colectivo, sino que, además, choca con la forma de articulación prevista para alcanzar su realización por la propia máxima normal de valor legal del Estado español.

La vivienda forma parte inextricable de la lucha de las clases sociales por mejorar su vida dentro del ámbito de la reproducción social, esto es, la forma en que una sociedad se auto-perpetúa. Los incrementos desmesurados en los precios de los alquileres, las dificultades en el acceso a la compra, la discriminación social que sufren determinados colectivos -para la derecha, individuos- racializados o las disposiciones legales que favorecen a los propietarios y caseros forman parte de un conflicto que va más allá de las responsabilidades, decisiones y capacidad de actuación de las personas. Es por esto que, en gran cantidad de ciudades y pueblos, las movilizaciones en torno a la vivienda se han articulado bajo el paraguas de Sindicatos, ya que, al igual que en el ámbito productivo de los sindicatos clásicos, la reproducción social también forma parte de la lucha de clases.

En definitiva, el derecho a la vivienda es emblemático de la organización de las sociedades capitalistas modernas en torno a las clases sociales y así hay que entenderlo. De igual manera que la solución al mismo tiene que provenir de decisiones políticas que se alejen de perspectivas centradas en su consideración como un activo financiero y comiencen a hacerlo en un derecho que cumple y satisface una necesidad colectiva, fundamental y básica.

Una demanda de vivienda recalentada

En la primavera de 2025 persiste la gravedad y el alcance del problema de la vivienda. Los precios de las viviendas y los alquileres están desacoplados respecto de los niveles de ingresos de la mayoría de los hogares de España. En los últimos años se ha reforzado el carácter de activo de la vivienda. Esto lo confirma el que se vendan más viviendas pagadas sin préstamo hipotecario que las financiadas por medio de dicho tipo de préstamos. Se compran viviendas por parte de extranjeros (14,5% de las ventas de 2024) y de otros no residentes con fines de inversión, para mantener el poder de compra del ahorro, así como para lavar dinero. Las compras de viviendas por parte de no residentes se aproximan al 10% del total de las ventas.

El difícil acceso a la vivienda es, pues, consecuencia de su carácter inasequible para un amplio sector de la población. Precios y alquileres resultan muy elevados en relación con los ingresos de la mayor parte de la población. Esta situación se ha agravado por el importante aumento de la población de España, que ha dado lugar a que en el primer cuarto del siglo veintiuno se hayan creado unos 5,2 millones de hogares. La población extranjera ha visto crecer su presencia en el conjunto de la población desde el 4,2% en 2001 hasta el 14% en 2024. El aumento del número de inmigrantes explica una amplia proporción del crecimiento de la población.

El incremento de la población española a partir de la inmigración en lo que va de siglo veintiuno tiene carácter de aluvión. Ello obliga a disponer de viviendas con carácter imperativo. La persistencia de una seria dificultad de alojamiento para la nueva población puede llevar a reducir el crecimiento de la economía española, puesto que dicho crecimiento se apoya en buena medida en el aumento poblacional. El alojamiento necesario para la nueva población no lo resuelve el mercado, que funciona mal en materia de suelo y vivienda. El mercado puede contribuir a aumentar el ritmo de construcción de viviendas, pero en gran parte dicho proceso tiene lugar en condiciones de precio no accesibles para la mayoría de los nuevos hogares.

Inmigrantes, jóvenes que se independizan y consiguen un empleo pero que tienen difícil acceso a la vivienda, compradores no residentes, inversores en vivienda, integran una intensa demanda de vivienda, a lo que hay que unir las consecuencias de la reducción del tamaño de los hogares, que incrementa la demanda de vivienda para una misma población. El esfuerzo mayor de acceso a la vivienda corresponde a los hogares que viven de alquiler. Según el Banco de España, por encima del 40% de los hogares destinan al pago del alquiler una proporción elevada de los ingresos, también por encima del 40%, lo que les impide ahorrar para poder acceder a una vivienda en propiedad. Estos hogares, además de destinar una proporción elevada de recursos al gasto corriente en vivienda, sufren la incertidumbre que se deriva del vencimiento del plazo del alquiler. El vencimiento del contrato puede dar lugar a un nuevo precio del alquiler muy superior a lo que se había estado pagando durante el periodo de vigencia del mismo.

El generalizado problema de la vivienda en la mayor parte de los países desarrollados se complica en España por la ausencia de un parque público de viviendas sociales de alquiler, que tiene una dimensión relativa  muy inferior al resto de países de Europa Occidental. La política de vivienda en España ha tenido un carácter insatisfactorio de forma crónica. La mayoría de las viviendas protegidas se han descalificado, el control de alquileres establecido por el régimen franquista se prolongó demasiado tiempo, la intensa desgravación fiscal establecida para el acceso a la vivienda en propiedad redujo a niveles insignificantes el parque de viviendas de alquiler. El esfuerzo presupuestario, medido por el gasto público en vivienda dentro de los Presupuestos Generales del Estado, descendió de forma espectacular entre 2013 y 2021. La construcción de viviendas protegidas disminuyó de forma notable en ese mismo periodo. El marco competencial en materia de vivienda resulta complejo, pues la competencia corresponde a las Comunidades Autónomas pero la mayor parte de la financiación procede del gasto público estatal en vivienda.

Respuestas a la crisis, a corto y largo plazo

A corto plazo destacan actuaciones a implantar como la extensión del control de alquileres previsto en la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, debiendo permitirse por los gobiernos autonómicos una mayor capacidad de iniciativa a los ayuntamientos. Conviene reforzar la garantía pública del cobro del alquiler, debiendo acelerarse con dicho propósito el reglamento anunciado en el Real Decreto Ley 1/2025. Debería de regularse el alquiler de temporada, que con su crecimiento está reduciendo la oferta de viviendas de alquiler convencional. Se deberían de expedir licencias municipales para el alquiler de temporada, así como también para el alquiler turístico, con lo que el ayuntamiento podría decidir cuantas licencias concede o retira.

El gasto público en vivienda previsto en los Presupuestos Generales del Estado debería de elevarse hasta el 0,5% del PIB (unos 7.000 millones de euros), con el fin de impulsar la construcción de viviendas protegidas destinadas al alquiler y que sean asequibles para hogares con bajos niveles de ingresos (no superiores a 3,5 Iprem, unos 30.000 euros anuales).

Tiene una especial relevancia el próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. En sus objetivos se deben de incluir las variables básicas de la política de vivienda, como son las viviendas protegidas a iniciar, que deben de ser realmente asequibles, pues no basta con que el precio del alquiler sea inferior al del mercado. Destaca el objetivo de las viviendas protegidas a construir, unas 40.000 viviendas anuales durante un plazo de 15 años. Se debe de crear un fondo estatal para financiar la promoción de las viviendas protegidas citadas, y ello con recursos procedentes de los fondos europeos, de los préstamos del BEI y de las emisiones de bonos a largo plazo por parte del ICO, avalados por el Estado. En materia de fiscalidad, los impuestos por la compra de más de una vivienda deberían de subir gradualmente, especialmente en las zonas tensionadas.

Unos cuantos datos estadísticos sobre la vivienda

En el análisis del problema de la vivienda en España conviene tener en cuenta algunos datos básicos. A fines de 2024 la población de España ascendía a 49 millones de habitantes, con 19,4 millones de hogares, 8 millones más que al inicio del presente siglo. El número de viviendas familiares ascendía a fines de 2023 a 26,9 millones, de las que 3,8 millones eran viviendas vacías y unos tres millones eran viviendas principales destinadas al alquiler. Solo el 14,7% de los hogares españoles residía en viviendas de alquiler, frente a una proporción del 58,5% para los hogares jóvenes (16 a 29 años) y del 74,6% para los hogares extranjeros no UE. El alquiler en España es cosa, pues, de los hogares con menos recursos.