De confirmarse, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre la crisis de refugiados permitiría el “intercambio” de manera que por cada refugiado sirio que sea devuelto a Turquía desde Grecia se reasiente a otro en la UE. O lo que es lo mismo: cada plaza de reasentamiento dependería de que otra persona arriesgue su vida en un peligroso viaje por mar a territorio heleno.

Escribir o hablar sobre personas refugiadas tiene una parte importante de dolorosa actualización. Y es que las cifras aumentan cada día: de los casi 4.000 muertos cruzando el Mediterráneo en 2015 a los 410 más que añadimos a esta macabra lista en lo que llevamos de 2016. También sumamos noticias desesperantes: al hermetismo y la discriminación de medidas como las de Hungría y Eslovaquia, tenemos que agregar los últimos hechos, como los recientes desalojos forzosos de los campos de Calais, el uso de gases lacrimógenos una vez más en la frontera con Macedonia, o el cierre de fronteras y el caos producido en Idomeni, Grecia, donde en los últimos días 10.000 personas solicitantes de asilo han quedado atrapadas en precarias condiciones.

Y cumbres. Cumbres que no falten, aunque paradójicamente tengamos que esperar hasta septiembre de 2016 para “asistir” a una cumbre mundial de Naciones Unidas sobre refugio. El último encuentro, el de la UE-Turquía celebrado en Bruselas este lunes 7 de marzo, nos ha dejado claro una vez más el mensaje de los líderes comunitarios para las personas más vulnerables del planeta: manténganse fuera de Europa. Aunque huyan de la guerra y la persecución, aunque la legislación internacional les proteja, la UE no está dispuesta a combatir esta crisis a largo plazo. Aunque las personas vayan a emprender ese viaje igualmente, a cualquier precio.

La fortaleza Europa ha sido construida a base de más de 235 km de vallas en las fronteras exteriores de la Unión Europea: entre Hungría y Serbia, Grecia y Turquía, Bulgaria y Turquía, España y Marruecos y, la semana pasada, Austria y Eslovenia. También a través de “guardias fronterizos” que actúan como retenes, países vecinos como Turquía y Marruecos que han devuelto a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas; en algunos casos, incluso han disparado contra ellas.

Y por medio de acuerdos que van a saltarse el procedimiento individual, justo y con todas las garantías, a solicitar asilo, justificándose en el concepto de “tercer país seguro”. Un país que ha detenido, golpeado e incluso expulsado de manera ilegítima a Siria a solicitantes de asilo y refugiados se llama “seguro”.

Lo cierto es que Turquía, con tres millones de personas refugiadas, actualmente ostenta el ránking de recibir al mayor número de sirios, seguida de Irak, Líbano, Jordania y Egipto. Pero, pese a estos esfuerzos, la realidad es que estas personas se encuentran viviendo en condiciones que no reúnen los estándares mínimos internacionales. Además, las especialmente vulnerables como las mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, y enfermas, entre otras, no están viendo cubiertas sus necesidades.

Porque las siete mil personas atrapadas en Idomeni, Grecia, en terribles condiciones, nos señalan la crisis en nuestras puertas, pero no podemos olvidar que el 86% se encuentran en países en desarrollo vecinos a las regiones en conflicto. Y que no solo se trata de Siria, o Irak: el número de gente en todo el mundo que se ha visto forzada a huir de sus hogares ha pasado ya los 60 millones, de los cuales 20 son refugiados, y no todos tuvieron la misma atención mediática.

En la Unión Europea (compuesta por un total de 28 Estados y más de cuatro millones de kilómetros cuadrados de extensión) entraron un millón de personas en 2015 de manera irregular, de los que más de 800.000 lo hicieron a través de Grecia, “Mantenemos nuestra esperanza en esta cumbre”, decían este lunes algunos refugiados a nuestros investigadores de Amnistía Internacional, secando sus ropas al sol después de dormir a la intemperie, bajo el frío, a la espera de poder moverse de la frontera griega, colapsada. Sus esperanzas han sido una vez más aplastadas.

Mientras no se abran rutas legales y seguras, ofreciendo procedimientos rápidos de reasentamiento y reubicación sin aplicar criterios restrictivos de selección, facilitando la reunificación familiar y un programa de ayuda humanitaria que alivie la presión que sufre Grecia, el año 2015, y no sabemos si también el 2016, será recordado por la grave crisis de personas refugiadas que la Unión Europea no ha sabido afrontar.

¿Será la presión popular, harta de fotos de cadáveres, enferma de injusticia ante personas que huyen de persecución y conflictos la que haga “otro tipo de historia” y exija de una vez por todas una solución duradera, sostenible y equilibrada a estos líderes sin memoria? ¿La que recuerde que este intercambio, “el uno por otro”, pone en peligro a una de esas dos personas? Estados miembros de la UE, por favor: no perdamos de vista que en ese uno por uno, puede quedarse uno solo.

Desde la Ruta contra’l Racismu y la Represión pensamos que hoy más que nunca es necesario defender los valores antirracistas y seguir denunciando socialmente todas las conductas xenófobas, incluidas las institucionales.

Por eso es tan importante continuar cuestionando la política europea y estatal sobre la migración que permite la existencia de CIES, redadas racistas, expulsiones masivas y denegaciones sistemáticas de asilo, entre otras cuestiones. Ese tratamiento prioriza un enfoque de la migración securitario, policiaco y sancionador en lugar de uno protector de los derechos humanos, puesto que elegir el lugar del mundo donde se quiere residir es un derecho fundamental que los Estados no deberían perseguir.

Las migraciones, o mejor dicho determinadas migraciones, han sido problematizadas, es decir, vistas y construidas como un problema, sólo desde la mirada occidental; así se explica el doble rasero utilizado entre las que tienen lugar norte-sur (incuestionadas) y las del sur-norte, éstas sí entendidas como un fenómeno que hay que limitar, a la vez que Europa se aprovecha de la mano de obra más barata y precaria que genera ese tipo de migración clandestina e ilegalizada.

Por eso parece necesario plantear un giro en la mirada que incluya la contextualización del fenómeno a través del análisis de las condiciones históricas que generaron el escenario actual. Porque no puede abordarse la migración sin considerar las viejas relaciones coloniales (extractivas y depredadoras tanto de recursos naturales como de personas) entre los países del Norte y el Sur.

Relaciones que las actuales geoestrategias internacionales perpetúan con el capitalismo y la globalización, a través de la existencia de fronteras políticas, administrativas y económicas, artificialmente creadas para preservar el reparto del mapa mundial entre las antiguas metrópolis occidentales y los países tercermundializados y empobrecidos.

En estos últimos la gente se está viendo forzada a abandonar sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida en occidente como consecuencia de la precariedad generada. Por eso proponemos un cambio en la perspectiva, analizando la cuestión migratoria no desde los intereses europeos, sino desde las condiciones de existencia del Sur. Porque no habría países receptores de mano de obra sin países exportadores.

Ello nos obliga a varias cosas. La primera, reivindicar, antes que el derecho a emigrar, el derecho a la inmovilidad, es decir, a seguir residiendo en sus comunidades originarias, sin necesidad de tener que abandonarlas para poder sobrevivir. Este derecho va de la mano y es compatible con la reivindicación del fin de las fronteras, de la libre movilidad humana, aún más urgente aquí y ahora en la medida en que el derecho a la permanencia está convirtiéndose en una quimera.

La segunda, la necesidad de que Europa asuma la responsabilidad histórica y actual en este estado de cosas, contribuyendo a que ese derecho a la inmovilidad se convierta en una realidad. Por último es importante también reconocer la capacidad de agencia y resistencia de las personas que migran, superando una mirada victimista o paternalista que las minoriza y construye como sujetos pasivos que no realizan aportes culturales, sociales y económicos en los países de acogida.

No habrá alternativa mientras los países receptores no revisen esas condiciones estructurales desde una perspectiva crítica y continúen optando por criminalizar la migración, levantando muros cada vez más altos para tratar de detener, inútilmente, un éxodo imparable. Esa realidad ya la conocemos, y su fracaso está evidenciado.

La vieja Europa parece haber olvidado lo devastadora que es una guerra y por qué quienes la sufren se ven en la obligación de migrar para salvar sus vidas y las de sus familias.

Así, se sigue mostrando incapaz de dar una respuesta efectiva al drama del que somos testigos en nuestras costas y por el que ya parece normalizado en nuestra sociedad ver en el telediario a niños muertos flotando boca abajo en sustitución de aquellos pequeños malnutridos del África subsahariana, que siguen sufriendo hambrunas, pero que ya no nos «incomodan» a la hora de comer.

¿Qué debería hacer Europa?

Por una parte, valorar esta situación como una oportunidad y no como una amenaza a nuestro bienestar. La llegada de personas jóvenes y de mediana edad podría ayudarnos a paliar el grave problema demográfico que azota a la mayoría de países europeos y que no tiene visos de mejorar en las próximas décadas.

¿Podrían estas familias alojarse en los pueblos que parecen condenados a desaparecer? ¿Podrían estos niños y niñas ser nuestro personal sanitario o nuestro profesorado en el futuro? ¿Podría ser la salida a esta situación un quid pro quo?

Por otro lado, Europa debería dar ejemplo y poner sobre la mesa aquellos valores sobre los que fue fundada. No deberíamos ser un continente que viola los derechos humanos sistemáticamente y que pone la zancadilla una y otra vez a estas personas que, no nos olvidemos, vienen huyendo del horror que supone vivir en medio de una guerra cruenta y salvaje, en la que ya no se respetan ni escuelas ni hospitales.

A este respecto, propondría dos medidas concretas:

– Garantizar corredores humanitarios y vías seguras de emigración. De esta forma podrían acceder a bienes básicos como alimentos y atención sanitaria o salir de manera segura, hasta que el fin de la guerra sea una realidad. Además de evitar caer en las manos de traficantes de personas y de chalecos y embarcaciones ahogavidas.

– Garantizar un trato digno y el respeto a los derechos fundamentales. No debemos obviar que la UE es titular de obligaciones respecto a las personas que están llegando y que empiezan por el propio salvamento y rescate en el mar, para continuar con información sobre sus derechos y con una protección internacional efectiva.

En definitiva, aplicar y respetar el Derecho Internacional Humanitario. Normativa ratificada por los países miembros de la Unión Europea.

Comentar por último que, una vez más, las ONG parecemos ser la punta de lanza ante un problema global, cuando son los estados, en este caso los miembros de la UE, quienes tienen la obligación, no solo moral sino también legal, de hacerlo.

Es difícil dar una repuesta unitaria y unívoca a la pregunta formulada, ya que en realidad no se puede hablar de una política común de migraciones, asilo y fronteras de la Unión Europea en sentido estricto. En todo caso, deberíamos hablar en estas materias de las políticas, en plural, de la Unión y de sus Estados miembro, ya que en las mismas éstos son especialmente refractarios a la hora de hacer concesiones de soberanía nacional.

Y como bien señala Sami Naïr, en el actual contexto donde los desafíos que representan los flujos migratorios de diferente índole se hacen especialmente patentes, el juego de intereses estatales contrapuestos de las distintas Europas (Norte-Sur, Este-Oeste) está impidiendo la existencia de una gestión coordinada desde las instituciones europeas, con un alto coste en forma de graves vulneraciones de Derechos Humanos de personas migrantes y refugiadas.

Sin embargo, también atinadamente apunta el profesor Naïr, que en aquellas ocasiones que desde la Unión Europea se han logrado alumbrar instrumentos político-normativos sobre fronteras, migraciones o asilo, éstos han estado presididos por una perspectiva eminentemente policial y “securitaria” escasamente respetuosa de los derechos fundamentales (desde el reglamento de Dublín a la Directiva de “retorno”, pasando por la funciones y directrices políticas asignadas a la agencia Frontex).

Teniendo en cuenta que estamos en un contexto político-jurídico multifocal, la primera respuesta a la cuestión planteada sería que la UE y sus Estados miembro empiecen a respetar los principios básicos de Derecho Internacional que se ven reiteradamente vulnerados en el control de las fronteras europeas y en la “gestión” de los flujos migratorios.

El Convenio Europeo de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, la Convención de la Prevención de la Tortura o el Derecho Internacional del Mar, por ejemplo, instrumentos internacionales ratificados por todos los Estados de la UE, excluyen expresamente comportamientos que desgraciadamente se han convertido habituales en nuestras fronteras exteriores.

Devoluciones colectivas o por vías de hecho, falta de acceso adecuado al procedimiento de asilo, priorizar el control migratorio sobre el rescate en el mar, no respeto al principio de no devolución (que impide deportar a una persona a un país donde sus derechos corran el riesgo de ser violados)…están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que este primer paso no es opcional, es una pura obligación legal. Aunque la Unión esté demostrando una escasa voluntad por incorporar esta normativa a su acervo (ver resolución del TJUE de 2015 sobre la posible adhesión de la UE a la Convenio Europeo de DDHH del pasado año), en este caso “vía estatal” no puede zafarse de la misma.

Otro elemento clave sería establecer vías de acceso legales y seguras a territorio europeo para personas migrantes y refugiadas ya que, en el contexto actual, son prácticamente inexistentes. Esa circunstancia, unida al incremento de la presión policial y el blindaje de las fronteras, paradójicamente está creando el caldo de cultivo perfecto para aquéllos que se lucran con los flujos migratorios por vías irregulares, cuando en teoría con ello se intenta prioritariamente “luchar contras las mafias que trafican con personas”.

La imposibilidad de un acceso normalizado al espacio Schengen ha consagrado las vías irregulares y a quienes las controlan como la única puerta de entrada real a Europa, con el insoportable coste de vidas humanas y de vulneración de derechos que conlleva. La teoría de que esas vías razonables de vía de acceso legal y seguro supondría un efecto llamada incontrolable es desmentida por la realidad, ya que a estas alturas es innegable que en los flujos migratorios contemporáneos el “efecto expulsión” representado por las condiciones de vida incompatibles con la dignidad humana de los países de origen tienen un peso mucho más relevante que cualquier modificación normativa en los países de destino.

Por otra parte, la España de los últimos años es un ejemplo perfecto del natural carácter cíclico de las migraciones preponderantemente económico-laborales: tras el incremento de la inmigración durante el periodo económico expansivo, desde el año 2010 estamos asistiendo a una constante incremento de la emigración (también de nacionales española, pero mayoritariamente de personas extranjeras que retornan a su país de origen o buscan nuevos destinos más atractivos) a causa del contexto de crisis social y económica.

Por lo expuesto una política más razonable de visados de trabajo, de búsqueda de empleo y de reagrupación familiar de la UE y sus Estados miembro no traería ninguna avalancha migratoria incontrolable y sí que reduciría drásticamente la utilización de las vías irregulares de acceso y las inevitables violaciones de DDHH a ellas asociadas. Todo lo anterior sería aplicable también a las personas refugiadas, siendo si cabe su situación más flagrante por su especial vulnerabilidad y la específica protección que le es debida.

Por supuesto que muchas consideraciones merecerían las políticas de externalización de fronteras europeas en países de una dudosa trayectoria en materia de derechos fundamentales o la inaceptable cooperación al desarrollo condicionada al control de los flujos migratorios. Pero dado el escaso espacio del que disponemos, tan sólo apuntar como las políticas restrictivas de la UE y de sus países miembro en cuestiones migratorias y de fronteras tienen un impacto muy negativo también en derechos básicos de los propios ciudadanos europeos.

El fuerte ataque que está sufriendo la libertad de circulación en la Unión pone seriamente cuestión el propio concepto de ciudadanía europea, teórico pilar clave del proceso de construcción europea. Por lo tanto debemos concluir, una vez más, que en materia de Derechos Humanos no existen compartimentos estancos.

Que la vulneración de los derechos básicos de un colectivo concreto no dejará indemnes los del resto de la sociedad, ya que antes o después se extenderá como la gangrena y corroerá todos los rincones del sistema democrático y el Estado de Derecho, que en realidad se construyen en un entramado de vasos comunicantes de la dignidad humana de cada uno de los miembros de la comunidad socio-política. La Historia y la realidad contemporánea no están precisamente escasas de ejemplos de ello.

Europa está asistiendo, algo atónita, a una llegada de personas en busca de refugio a bordo de frágiles embarcaciones, o por tierra tras largos días de huida hacia las fronteras de la esperanza.

Un movimiento sin precedentes en nuestra historia reciente, en cuanto número e intensidad, que llama a las puertas de unos países sumidos en la crisis. No sólo en la crisis económica de la que no acabamos de recuperarnos, sino en la crisis política, con un repunte de los partidos xenófobos y excluyentes.

Es una Europa en la que las personas inmigrantes, que en número de población conformarían el quinto país del mundo, están siendo utilizadas como el perfecto chivo expiatorio de situaciones de falta de gobierno, de recursos públicos mermados por la mala gestión, de desunión y falta de acuerdo de las estructuras, nacionales y de la UE.

Es a esta situación a la que están llegando los refugiados que huyen de un conflicto al que pocos parecen tener voluntad de poner fin. Un escenario en el que a las primeras muestras de solidaridad y apoyo se están sucediendo las de rechazo y tergiversación.

Indigna ver cómo se están levantando vallas y muros para impedir la entrada de los refugiados, desoyendo la extrema necesidad de las personas, rompiendo en pedazos todos los tratados internacionales relativos a los derechos de asilo, refugio y de atención a las víctimas de los conflictos. Pero es aún más indignante ver cómo se está generando, desde muchos discursos públicos, un estado de opinión desfavorable en la ciudadanía, que empieza a asumir como verdad la idea de que no podemos hacer frente a la situación o, peor, que no debemos hacerlo porque en realidad esas embarcaciones están cargadas de personas que ‘fingen’ ser refugiados para colarse en nuestras fronteras.

Una vez más, el modelo de chivos expiatorios parece ponerse en marcha y los rumores, empiezo a pensar que perfectamente orquestados por ciertas ideologías, se convierten en ideas interiorizadas, en opiniones compartidas y más tarde en prejuicios.Creo que es hora de rebatir los discursos xenófobos y excluyentes.

¿Inmigrantes económicos camuflados? Uno de los discursos más recurrentes para justificar la falta de humanidad de la UE es que en realidad muchos de los que dicen ser refugiados son en realidad inmigrantes económicos, es decir que vienen a buscar trabajo. En el caso de España, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados lo ha rebatido sin tapujos: tanto para aquellos que llegan por el Mediterráneo, como los que lo hacen por Ceuta o Melilla se ha reducido el perfil de migrante por esos motivos.

¿La UE es incapaz de atender a los refugiados que huyen del conflicto? Es la justificación de las justificaciones, la de que no podemos asistir a esas poblaciones en su derecho internacional de refugio y asilo dada la mermada capacidad económica de nuestros países. Un discurso que ha calado hondo en la opinión pública que, en algunos sectores, justifica el rechazo a los “cupos de reparto” de personas refugiadas dentro de la Unión.

Según datos del ACNUR (referidos a 2014), Turquía es el país que acoge al mayor número de refugiados (1,6 millones), seguida de Pakistán (1,5) y de Líbano (1,5). En este ranking les siguen por orden países como Irán, Etiopía, Jordania, Kenia, Chad, Uganda y China.

10 países que acogen más refugiados
1.Turquía 1,6 millones
2.Pakistán 1,5 millones
3.Líbano 1,15 millones
4.República Islámica de Irán 950.000 millones
5.Etiopía 659.500
6.Jordania 654.100
7.Kenia 551.400
8.Chad 452.900
9.Uganda 385.500
10.China 301.000
Fuente: ACNUR

Creo que las cifras hablan por sí mismas al decir que la ecuación de que a países más ricos, mayor capacidad de refugio, no se sustenta.

Así que es hora de que empecemos a llamar a las cosas por su nombre y a actuar frente a esos discursos. Ver qué hay detrás de los discursos que quieren una Europa cerrada a cal y canto, insolidaria, inhumana y en la que algunos dirigentes aprovechan la ocasión para legitimar sus posturas xenófobas.

Cuando en estos días se cumplen dos años de la muerte de 15 personas en la frontera de Tarajal, y ante las más de 3700 muertes durante el pasado 2015 en el Mediterráneo, se hace evidente que un cierre de fronteras no es la solución. Y no solo porque el primer derecho vulnerado es el derecho a migrar, y a hacerlo de forma segura; también porque quienes arriesgan su vida para llegar a Europa no tienen nada que perder, salvo la certeza casi absoluta de la muerte en sus países de origen.

Pero llegar a Europa no es, ni mucho menos, el final del camino: queda aún por alcanzar un logro que requiere otro esfuerzo titánico: rehacer la vida en un país que no es el propio.Teniendo en cuenta la inexcusable falta de voluntad política para evitar o acabar con los conflictos que generan la salida masiva de personas desde su lugar su origen, nos enfrentamos a un doble reto: cómo regular la entrada de personas a Europa, y cómo atenderlas una vez aquí. La revisión del sistema de asilo español es urgente. Si su objetivo es amparar a quienes asiste la Protección Internacional, de modo que accedan con la mayor normalidad posible a una nueva vida, el fracaso es evidente.

El primer contacto con España se produce muchas veces en la frontera de Melilla, desde donde se traslada al CETI a los migrantes. La mayoría llegan extenuados y arruinados, tras verse obligados a pagar a los traficantes de personas para atravesar unas fronteras que se cierran a cal y canto.

Aunque se diseñó como centro administrativo, el CETI se ha convertido en una especie de cárcel cuyos internos quedan atrapados por un tiempo indeterminado, dificultándose su acceso a la península. Del Centro solo se puede salir cuando se aparece en una lista publicada semanalmente. El número de residentes duplica su capacidad, cuando no la triplica. Quienes han pasado por él denuncian el hacinamiento, la falta de información, la separación de las familias basándose en el género de sus miembros o las dificultades de higiene, por poner solo unos ejemplos.

La frustración que implica encontrarse atrapados ya en suelo europeo tras recorrer miles de kilómetros provoca la desesperación de estas personas. Los criterios para confeccionar la lista son un misterio, y parecen cambiar aleatoriamente, de modo que hay quienes llegan a permanecer en este centro ocho meses, como es el caso de los 18 refugiados que iniciaron una huelga de hambre en las pasadas semanas, con el fin de que se les concediera el permiso para salir de Melilla.

Cuando por fin se abandona el CETI, las personas solicitantes de asilo en España ingresan en un Centro de Atención al Refugiado. Algunos de estos centros son gestionados directamente por el Ministerio de Empleo, aunque en su mayoría se encargan de ello tres ONG (Cruz Roja, ACCEM y CEAR), para lo que reciben una subvención pública. Allí se ofrece a las personas refugiadas manutención, alojamiento, clases de español y apoyo psicológico.

También tienen derecho a la escolarización obligatoria, a la sanidad pública y a una pequeña ayuda económica mensual, cuya cuantía depende del centro: tampoco en este caso se sabe el criterio aplicado, aunque suelen asignarse entre 25 y 50 € mensuales por persona. En los CAR puede permanecerse hasta seis meses. Una vez más, el periodo de estancia depende de un arbitrio ajeno a las propias personas interesadas. El plazo coincide también con la concesión del permiso de trabajo.

Medio año durante el cual se come, se duerme, se reciben un par de clases de español a la semana y alguna consulta con un psicólogo, que casi nunca domina el idioma de su paciente; compartiendo espacio con desconocidos, siguiendo unos horarios impuestos por las lógicas necesidades organizativas del centro, que no puede abandonarse ni siquiera unos días salvo permiso expreso; en caso contrario, supondría la pérdida del derecho al acceso al sistema de asilo durante al menos seis meses.

Lo mismo sucede cuando se infringe alguna de las normas del centro. La sensación de infantilización es una queja habitual entre muchas de las personas que han pasado por un CAR, y se ve reforzada por la falta de información. Las condiciones internas dependen mucho del centro. Es una cuestión, de nuevo, subordinada al azar.

Una vez fuera del CAR, nuestro sistema de asilo cuenta con una segunda fase, en la que se tiene derecho a una pequeña ayuda para la manutención. Se trata de un laberinto burocrático en el que nadie orienta a quienes se enfrentan aún con dificultades idiomáticas que en muchos casos no se han resuelto del todo, diferencias culturales, traumas psicológicos provocados por la situación que los obligó a abandonar su país… a lo que se suman las enormes dificultades de arraigo e inserción y los prejuicios de los arrendatarios para alquilar su casa a solicitantes de asilo, a pesar de que el pago de la cuota está garantizado institucionalmente, ya que la ayuda para el alquiler no pasa por las manos de la persona solicitante de asilo, sino que se traslada directamente al propietario.

Aunque sí en la teoría, en la práctica no hay un periodo fijo para la duración de estas ayudas de segunda fase. Cuando éstas se agotan, los solicitantes de asilo deben afrontar por su cuenta todas las dificultades que se derivan de establecerse definitivamente en un país extranjero. Así, existen casos en los que varias familias conviven en un piso, ante la imposibilidad de hacerlo por separado. Otras están a la espera de ser desahuciadas.

No existen facilidades específicas para, por ejemplo, continuar unos estudios que se truncaron al abandonar el país de origen. En definitiva, una carrera de obstáculos para su integración que, lejos de amparar a las personas bajo protección internacional, genera, paradójicamente, demasiadas situaciones de exclusión social y desarraigo.Esta situación de vulnerabilidad y de marginación no es sino caldo de cultivo para los extremismos, y una prueba más del fracaso de los planes multiculturales o de asimilación europeos que no proporcionan las herramientas necesarias para que estas personas puedan desarrollarse plenamente en los países de destino.

Todo este peregrinaje por el sistema de asilo español se impone, en muchos casos, a las personas que se ven abocadas a solicitar Protección Internacional en España tras aplicárseles el Convenio de Dublín, por el que no se puede interponer la solicitud en el país final de destino, sino en aquel por el que se accedió al espacio Schengen. La sensación de haber fracasado es absoluta.

Una vez en España, se suele reingresar en el sistema de asilo, lo que muchas de las personas afectadas ven como un retroceso. Por si todo ello fuera poco, saltan cada día noticias de cómo son tratados en Europa quienes deberían estar protegidos: medidas como la confiscación de bienes, el señalamiento, o plantearse modificar el salario mínimo en el caso de contratación de personas refugiadas representan no solo una vulneración de sus derechos; son una amenaza para todas.

Asistimos al auge del racismo, el fascismo y la xenofobia en una nueva instrumentalización de la injusticia que, una vez más, enfrenta a los pobres contra los pobres. Ante una situación nueva, al menos por su envergadura, se hace imprescindible dotarse de nuevas soluciones, sin mermar los ya escasos recursos destinados a atender a quienes, independientemente del lugar donde hayan nacido, lo necesitaban hasta ahora.

Hoy más que nunca, a Europa le sangran las fronteras y le brotan las alambradas. Y es que la UE está respondiendo a la mayor crisis de refugiados de su historia (y al que posiblemente sea su mayor desafío en décadas) levantando muros, instalando centros de internamiento masivo, y recortando derechos y libertades a nativos y migrantes.

Muros construidos no solo con concertinas, sino sobre el miedo al otro, a lo desconocido, y que agrandan la brecha entre ellos y nosotros. Muros tras los que se refuerzan los repliegues identitarios y los nacionalismos excluyentes. Muros que reavivan antiguos fantasmas que hoy, de nuevo, recorren Europa. Los mismos fantasmas contra los que, supuestamente, aquel sueño europeo se levantó hace décadas.

Los cadáveres de los náufragos de las pateras, los muertos en los desiertos y las vallas fronterizas son la expresión de otra forma de racismo: la xenofobia institucional. Un racismo de guante blanco, anónimo, legal y poco visible pero constante, que sitúa una frontera entre los que deben ser protegidos y los que pueden o efectivamente resultan excluidos de cualquier protección.

Una degradación de la seguridad jurídica y policial organizada con el objetivo de quebrar al migrante, para que se dé la vuelta o para que termine entrando sin derechos ni garantías, generando así una mano de obra dócil, amenazada y fácilmente explotable gracias a unas políticas públicas que vulneran sus derechos y les vuelve vulnerables.

Una estrategia de exclusión de la ciudadanía plena que busca fragilizar a un colectivo, el migrante, para contribuir así a fragmentar aún más a toda la población. Es una peración consustancial a la guerra entre los pobres, a la lucha de clases de los últimos contra los penúltimos, donde prima la competencia entre autóctonos y foráneos por acceder a recursos cada vez más escasos: el trabajo, y las prestaciones y servicios de bienestar social.

Desde las instituciones europeas y los partidos del establishment son recurrentes las llamadas de alerta ante el auge de actitudes racistas y organizaciones xenófobas. Sin embargo estas instituciones y partidos, en lugar de plantear propuestas, medidas o políticas para combatir los discursos xenófobos y excluyentes, están aceptando el terreno de confrontación que propone la extrema derecha, y asumen buena parte de sus postulados. En última instancia, normalizan ese discurso y legitiman el espacio político que conjuntamente van generando.

Es lo que en Francia se conoce desde hace años como “lepenización de los espíritus” y que hoy recorre casi toda Europa. Solo tenemos que comprobar cómo las instituciones y gobiernos de la UE han endurecido tanto sus declaraciones como las leyes de migración y asilo ante la crisis humanitaria de los refugiados. Especialmente conocidos son los casos de países de tránsisto como Hungría o de acogida como Dinamarca, pero lamentablemente no son los únicos.

Como escribía Vicenç Navarro hace unos años en este mismo medio, “hay que entender que es racista no el más ignorante, sino el más inseguro. Es precisamente esta inseguridad lo que explica el gran crecimiento de la derecha y ultraderecha en Europa.” En este sentido, ante la inseguridad por la competencia laboral, la pérdida de derechos y prestaciones sociales, se exacerba la utilización del aparato represivo y penal como herramienta principal para resolver los problemas de (in)seguridad social.

Paralelamente, la pobreza también se construye como enemigo, pero el objetivo no es tanto acabar con la pobreza como acabar con los pobres. De esta forma, hemos pasado de atender la pobreza desde la extensión del Estado social a combatirla desde la profundización de un Estado policial que estigmatiza y criminaliza a las personas empobrecidas. Ante la imposibilidad de solucionar la inseguridad derivada de las políticas de ajuste y austeridad, de la precarización del mercado laboral y de la pérdida de derechos y prestaciones sociales, se problematizan fenómenos sociales como la migración o la pobreza. Y se proponen resolverlo con “mano dura”: más policía, más cámaras de seguridad, más reclusos en las cárceles. La UE está hoy en guerra contra la inmigración y contra los pobres en general, fomentan una guerra entre pobres que canaliza el malestar social en su eslabón más débil (el migrante, el extranjero o simplemente el “otro”), eximiendo así a las élites políticas y económicas responsables del expolio.

Ante esta inseguridad social, la extrema derecha con reclamo identitario configura la imagen de un peligro potencial para la integridad de la comunidad nacional. Un recurso, por cierto, reiteradamente utilizado a lo largo de la historia para fortalecer la cohesión y asegurar el consenso social. Una estrategia que aporta no solo un enemigo sobre el que dirigir el malestar, sino también una propuesta en positivo: reconquistar la identidad como comunidad, salvaguardar el concepto agregativo “nosotros”. Una movilización que supera así la inmediatez de la protesta y de la reacción frente al malestar coyuntural a través de un proyecto de largo aliento: reconstruir una identidad amenazada. Amenazada por peligros que se construyen y renuevan permanentemente, convirtiéndose así en identidades “predatorias”.

Vemos pues cómo se conforma un populismo de exclusión y carácter diferencialista que apela explícitamente a la discriminación de sectores sociales según su origen o pertenencia cultural, y que va entrando de tal forma en el tuétano de la sociedad que contribuye a justificar su expulsión, de manera más o menos explícita, de la comunidad. Una restricción al concepto de pertenencia “nacional” o “europea” que ataca directamente el concepto de protección jurídica en relación a la pertenencia a la comunidad, que llega incluso a la exclusión legal y sienta las bases programáticas de la xenofobia política del siglo XXI.

Pero frente a la xenofobia institucional, el auge de movimientos racistas y los recortes de derechos y libertades, existe otra Europa en marcha desde abajo: propuestas políticas como la de las Ciudades Refugio o los innumerables ejemplos de redes de auto-organización, apoyo mutuo y solidaridad ciudadana con las personas refugiadas y migrantes que nos demuestran que no solo otra Europa es posible, sino también y sobre todo que hoy la propia idea de Europa y del proyecto europeo está en disputa.

Que el campo de batalla se esté desviando cada vez más hacia las identidades y las pertenencias muestra, por un lado, que a día de hoy existe una disyuntiva real entre luchas xenófobas y lucha de clases y que, en esa disputa por determinar el campo de batalla, por el momento vamos perdiendo. De nosotros depende cambiar la situación. Y eso pasa, también, por disputar Europa.

Este año se han superado, a nivel mundial, las cifras de la vergüenza. 60 millones de personas obligadas a huir de sus hogares por la guerra o la persecución, según los datos de ACNUR. Son los parias de la tierra, los sin nombre, solo cifras que si formaran un país sería el vigesimocuarto más poblado del mundo, justo por detrás de Italia.

Mientras Europa se echa las manos a la cabeza y lo vive como “un problema”, lo cierto es que el 86% de las personas refugiadas se encuentran en los países más empobrecidos. Por ejemplo, de los 4’6 millones de sirios que han huido del país, 3’7 han sido acogidos por Turquía, Líbano y Jordania.

Europa vive un incremento en la llegada de los refugiados, pero desde luego no se trata de una emergencia inasumible e imprevisible. Por eso también resulta más dolorosa la pasividad demostrada por parte de los líderes de la Unión, enredados en debates estériles mientras los ‘sin nombre’ continúan esperando una respuesta humana y justa a todo su dolor. En lo que va de año habrían llegado a Europa 580 mil personas a través del Mediterráneo.

Como medida extraordinaria la UE se ha comprometido a dar acogida a 160 mil refugiados en dos años. A la pregunta ¿qué pasará con los solicitantes de asilo que no entren en esa cifra? Nadie ha dado todavía una respuesta, algo que nos estremece.

Mientras los líderes europeos regatean a la baja las cuotas a acoger y retrasan las medidas a adoptar, sí son rápidos a la hora de levantar o reforzar vallas. Aproximadamente, 260 kilómetros de cemento y alambradas se han puesto en pie en los últimos años, sirviendo, sobre todo, para representar la insolidaridad institucional y la crisis de valores a la que se enfrenta Europa.

Este blindaje de la Europa de los valores ‘oxidados’ provoca que miles de personas se vean obligadas a optar por rutas cada vez más peligrosas. Cuánto más se invierte en vallas y controles, no vienen menos, simplemente se incrementa el dolor, el sufrimiento y obliga a las personas refugiadas a ponerse en manos de las mafias.

Así, ante la falta de vías legales y seguras para obtener protección (posibilidad de solicitar asilo en Consulados de terceros países y Embajadas, visados humanitarios…), las personas refugiadas deben emprender peligrosas rutas para llegar a un país europeo. Muchas de ellas pierden su vida en el mar Mediterráneo, que se ha convertido en la ruta peligrosa del mundo, con más de 25.000 muertes en los últimos 15 años, más de 3.700 sólo en 2015. Y en apenas un mes y medio de 2016 esta dramática cifra ya superaba los 400.

Desde muchas organizaciones, estamos tratando de paliar esta situación dentro de nuestras capacidades. Pero son los Estados miembro de la Unión Europea los que deben dar una respuesta coordinada con respecto al derecho de asilo —como principal objetivo—, frente a una perspectiva de control de fronteras. La pregunta es ¿cuántas personas más tienen que morir?, ¿cuántas imágenes de cadáveres, familias heridas en alambradas o caminando desamparados tenemos que ver para que los dirigentes europeos aborden este asunto de forma humana y eficaz? Los ‘sin nombre’, es decir, los refugiados, son mucho más que cifras.

CEAR ha puesto en marcha la recogida de firmas #UErfanos para exigir a la UE medidas para que se respete el derecho de asilo de las personas refugiadas. www.uerfanos.org.

Desde la Asociación de Vecinos Valle-Inclán de Prosperidad— en un barrio de Madrid—, nos estamos preguntando qué podemos hacer ante la crisis humanitaria que vivimos día a día y que según nos dicen, en los medios y en los contactos cercanos, el éxodo es superior al que hubo en la II Guerra Mundial. Somos conscientes de que el tema de los refugiados se está agravando por momentos, pero también en nuestro país, en nuestra ciudad, se están endureciendo las condiciones de vida de los inmigrantes sin permiso de residencia y sin trabajo.

Nos pareció que una de nuestras tareas prioritarias y posibles era sensibilizar, dar a conocer realidades, causas, consecuencias e intentar buscar respuestas a los interrogantes de esta situación tan inhumana. Hemos compartido informaciones, escritos, charlas, etc. Y sobre todo, escuchar a los que están en nuestro país, sobrevivientes de las vallas, de las pateras, de la exclusión social. Sin duda, fuente cercana de conocimiento, para conocer por qué y cómo emigran y especialmente, el testimonio cercano para que la empatía humana renazca.

Todos tenemos derecho a emigrar, en circunstancias normales y en las extraordinarias; a buscar una vida digna; a disfrutar personal y familiarmente de los recursos que gratuitamente nos ofrece la tierra, la naturaleza o la técnica; pero que tenemos que saber compartirlos, para que no haya nadie excluido.

Hemos apoyado manifestaciones, denuncias; hemos tomado postura frente a las políticas que afectan directamente a la entrada o no de los flujos migratorios. Hemos reconocido, con vergüenza, la acogida a los menos de veinte asilados, y al rechazo del cupo ‘asignado por la UE’, y peor aún, el que se impida la decisión de la Comunidad Valenciana de flotar un barco para traer a unos cuatrocientos refugiados, haciéndose cargo a todos los efectos de su integración en la propia Comunidad.

Es una vergüenza. A veces, incluso, nos hace sentirnos culpables de la venta de armas que mantienen las guerras o de las vallas con concertinas en las fronteras de Ceuta y Melilla que se saldan con miles de vidas y devuelve a otros cientos emigrantes al desierto, lugar de nada ni de nadie. Vallas de construcción nacional, que se han exportado a otros países de Europa. No tenemos palabras ante las muertes en el Mediterráneo, la reducción de ayuda europea para su rescate y compartimos el profundo desasosiego ante la desaparición de más de 10.000 menores.

Junto a esto, una guerra que destruye países, culturas milenarias, casas y hábitats como Siria, Afganistán o Iraq… Sus habitantes, los que viven, han estudiado y/o trabajado, tienen un entorno cultural y familiar; son precisamente los que huyen para sobrevivir. Sin contar con los bienes culturales identitarios desde hace siglos que se están destruyendo.

Y las hambrunas de Eritrea, Somalia o Libia, consecuencia de las guerras tribales, que muchas veces ocultan la explotación de recursos naturales que son exportados a Europa para su manipulación y vida de confort de unos pocos, a costa de lo que sea; y lo que es peor, de vidas humanas. Se está fortaleciendo, primando la Europa de los mercaderes del capital.

Para mantener el mercado hay que crear consumidores. La conciencia de que el estado de bienestar es un derecho universal, ha pasado a ser un privilegio para “los que puedan acceder a ello”, aunque cada vez menos, ya que las trabas de acceso al derecho y los recortes en las propias prestaciones de sanidad, educación y dependencia están causando profundas desigualdades en los países más ricos de Europa. Asimismo, para justificar y sostener estas medidas ha habido que trasmitir un cambio de valores.

La pobreza y exclusión son el caldo propicio para fomentar el miedo, crear mecanismos de control, represión, leyes que al asumirlas pueden impedir manifestaciones y gritos de libertad frente a las políticas locales y/o globales… Se controla la libertad de expresión a través de unas instituciones como los CIES, donde se vulneran los derechos civiles y humanos. Paralelamente, hay un desarrollo incipiente de xenofobia y racismo, en nuestro país, y en otras ciudades del entorno europeo.

¿A dónde vamos?

En diciembre, con motivo de las fiestas de Navidad —o de Invierno, para que todos se sientan incluidos—, realizamos una invitación abierta a los vecinos, de aquí y de allá, que se titulaba Europa, ¿dónde estás? Utilizamos cuadros plásticos sobre la represión en fronteras, la avalancha de refugiados para sobrevivir a las guerras y hambrunas, la atención de voluntarios in situ a los que estaban en situaciones infrahumanas, niños y adultos, y al final, el sueño de la apertura de Europa y la acogida solidaria de la ciudadanía, plastificada en un amplio mural del Abrazo de Genovés. Fue una obra original de Maribel Rodríguez y representada por el equipo voluntario de teatro de la asociación que, por supuesto voluntariamente, estamos dispuestos a compartir.

Este final, utópico hoy, pero urgente, es la ruta que queremos marcar en nuestros compromisos, desde nuestro País, nuestra ciudad, nuestro barrio. Queremos compartir, acoger y luchar por los derechos de todos, por la convivencia sin exclusiones, apostando no sólo desde una actitud personal, sino desde la política.

Los acuerdos de la UE nos interesan. Si destruimos los lazos humanos y culturales comunitarios, estaremos construyendo un país en el que no podamos vivir dignamente, en el que los odios y la lucha del más fuerte —económicamente hablando— se imponga.

Hay que humanizar, fomentar otros valores que construyan la colectividad, en la que los más débiles sean reconocidos y puedan vivir; en el que de verdad podamos ser felices. Tenemos derecho a soñar, a esperar que todo esfuerzo solidario crezca, a no desfallecer en el intento.

Y por favor, desde todos los ámbitos (medios, cultura, políticos…) hay que seguir llamando a las cosas por su nombre, como esta vez, que no es la primera, lo hace Sami Naïr. Estos debates nos ayudan. Os necesitamos y nos necesitamos mutuamente.

Hoy, con gran parte de las bases fundacionales de la Unión Europea en crisis, son cada vez más las voces que ponen en cuestión el discurso europeísta que promueven las Instituciones. Asistimos a la transformación de la percepción de una UE que hace décadas fuera sinónimo de democracia y progreso, pero que hoy percibimos como un complejo entramado opaco de grupos de poderosos a los que no ha votado nadie y que imponen acuerdos comerciales, privatizan servicios públicos y chantajean a gobiernos democráticos.

La transformación no ha sido tal. La UE fue desde el principio un instrumento al servicio de esos poderosos. Pero con una situación económica y geopolítica cada día más adversa, se han ido derrumbando las pantallas de democracia que rodeaban el proyecto elitista de un Banco Central Europeo y una Comisión Europea que se deben a los intereses del capital. E imponen su proyecto con tal agresividad que ni siquiera les importa la imagen que de ellos tienen las clases populares europeas.

Schengen era uno de los pilares ideológicos de la UE. La idea de la libertad de movimiento entre los diferentes Estados. Sin restricciones, ni pasaportes. La idea de difuminar fronteras en pro de un espacio compartido. En los últimos años, sin embargo, ya había empezado a hacer aguas con la expulsión de ciudadanos de otros países de la UE.

Los empresarios que un día se frotaron las manos con la idea de la llegada de mano de obra más barata proveniente del Sur, ya no se alegraban tanto con la presencia de trabajadores españoles, portugueses o rumanos desempleados en Bélgica u Holanda. Y ahora que esos trabajadores son más y vienen de más lejos, han decidido directamente cerrar sus puertas y blindarlas.

La llegada de refugiados y migrantes a la UE ha crecido exponencialmente en los últimos años. Primero, por tunecinos, egipcios y libios huían de la inestabilidad en sus países. Y hoy, como estamos viendo, con los millones de sirios, afganos e iraquíes que tratan de llegar a la UE llegando dejando atrás la guerra. La respuesta de la UE no ha sido solo la militarización del Mediterráneo y el refuerzo desmesurado de las fronteras externas, sino que el sistema que permitía la libertad de movimiento dentro se ha desmoronado.

La UE ha sido incapaz de imponer criterios de solidaridad, ni para los que huyen de la guerra, el hambre, y la explotación, ni entre los diferentes Estados para dar la acogida a la que estas personas tienen derecho de acuerdo a la legislación internacional.

En los últimos meses, en lo que puede denominarse sin dobleces como un ejercicio de xenofobia institucional, gobiernos de países que forman parte del espacio Schengen como Austria o Suecia han cerrado sus fronteras. Pero no podemos obviar que la política de bloquear los accesos no genera más que situaciones de emergencia humanitaria en las puertas del Estado que lo hace.

De eso sabemos mucho en el Estado español, que ha blindado su frontera Sur hasta el punto de que a un refugiado saharaui le resulte más fácil llegar a la UE para demandar asilo a través de Grecia, jugándose la vida en un peligroso trayecto marítimo de varios días, que a través de nuestro Estado, mucho más cercano y con una responsabilidad directa en la ocupación del territorio saharaui, que debería hacernos sentir una obligación aún más fuerte para con los perseguidos por Marruecos.

Por esto, que el Espacio Schengen desaparezca y vuelvan los controles fronterizos dentro de la UE, es una restricción en la libertad de movimientos y supone crear nuevas trabas innecesarias que ponen en peligro a migrantes y refugiados de manera innecesaria.

Oficialmente, las Instituciones europeas se posicionan en contra de este cierre de las fronteras internas. Sin embargo, no hemos oído voces críticas, ni sugerencias de activar los mecanismos existentes para quienes se saltan las normas comunitarias.

Cuando un país se niega a reforzar la Europa fortaleza, todas las alarmas se activan. Grecia ha decido no hundir los barcos que llegan cada día a sus costas y solucionar la llegada de seres humanos ahogándolos en el mar, tal y como propuso el Ministro de Interior belga durante una reunión del Consejo Europeo. Por el contrario, y a pesar de la precaria situación que atraviesa, ha decidido dejar el país abierto al tránsito de migrantes y refugiados hacia otros países en los que solicitar asilo y protección. Y así lo hacen cada día miles de personas pese a que cuando llegan a la frontera la Policía de Macedonia sólo permite el paso de sirios, iraquíes y afganos, mandando de vuelta, a menudo con una paliza, al resto que intenta cruzarla.

Esto, que podría considerarse un corredor humanitario improvisado, sí que tiene consecuencias en la UE. De ahí vienen en parte todas las amenazas a Grecia que hemos escuchado de líderes de la UE desde hace semanas. Es decir, por negarse a asesinar seres humanos como pedía el Gobierno belga, por permitir a migrantes y refugiados continuar su ruta y no encerrarlos en una cárcel llamada CIE como hacemos en el Estado español, llegan incluso a pedir la expulsión de Grecia del Acuerdo de Schengen.

Su modelo no pasa por expedir visados humanitarios en los países de origen y garantizar unas vías de llegada segura, tal y como dicta el derecho internacional. Tenemos recursos suficientes para ello y, sin embargo, nos los gastamos en reforzar la Europa fortaleza. El modelo europeo es la prueba de la debilidad de la ficción de una Europa de derechos y libertades. Y lo que subyacen son los intereses económicos de unos pocos, que promueven un modelo cada vez más escorado a la derecha, donde la mercancía se mueve libremente pero las personas sólo pueden hacerlo a merced de las grandes corporaciones.

Europa parece que quiere revivir los peores momentos de su historia, atrapada entre el resurgir nacionalista y la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.

La xenofobia, afortunadamente, sigue siendo socialmente rechazada y condenada en un gran número de países de la Unión Europea. Sin embargo, su hermana gemela, mucho más sexy para algunos, se está asimilando a un ritmo tan alto, que simplemente un día despertaremos y nos encontraremos una Europa que se parezca más a la de 1933 que a la de 2010.

La islamofobia ha penetrado en las raíces de la visión sobre el mundo y sobre los sucesos que en él acontecen, siendo este uno de los puntos flacos más notorios de la respuesta que socialmente se está dando a esta crisis en Europa. La izquierda, por su parte, se ve atrapada en una profunda contradicción que deja todo el espacio político libre a merced de los mercaderes del miedo.

Europa va camino de estar copada por los clones de Le Pen, que son los clones de Putin, y que en poco difieren del populismo nacional-cateto de Donald Trump.

Mientras tanto, la izquierda está paralizada, atrincherada bajo la pancarta del Refugees Welcome, pero sin una política clara. Un ejemplo de ello es como, en las pasadas elecciones en el Estado español, los partidos no confrontaron el debate sobre cómo gestionar esta situación y, menos aún, se movilizaron para frenar los bombardeos que a día de hoy son el mayor estímulo que tienen las personas para tirarse al mar con poco más que lo puesto.

Algunos creen que la respuesta yace en el fortalecimiento de los restos que quedan de los estados para que puedan poner orden a todo esto, especialmente al régimen de Al-Asad, dado que la implosión de Siria es una de las grandes causas de lo que estamos viviendo. Este planteamiento que comparten los susodichos Le Pen, Putin y sus semejantes es tan irreal como enfermo. Guste o no, desde 2011, la sociedad civil árabe vive un momento histórico de ruptura con su antiguo régimen, y en todos los países se comparte un mismo sentimiento que perdurará durante generaciones, y que de forma irremediable, abrirá un mayor espacio de confrontación política en el que el islam político (equivalente a la democracia cristiana) tendrá su papel.

No desearlo no significa que no vaya a suceder, y luchar contra la voluntad de los sujetos históricos sólo trae más guerra y más dolor. Se podrá posponer, pero no frenar, la voluntad soberana de los que quieren poder decidir su destino. Que la izquierda, o parte de ella, se oponga es un síntoma de contagio: la islamofobia ha penetrado con fuerza en su propia idiosincrasia y en su propia ideología.

Desde la izquierda, se debe de exigir una Europa abierta a los refugiados, que aún diferenciando entre el migrante económico y el migrante forzoso, garantice derechos y vías de acceso a ambos. Una Europa que recupere el mar Mediterráneo como un punto de encuentro entre culturas, sellando la fosa común en la que se ha convertido en la actualidad. Una Europa que apoye a las sociedades civiles árabes, tengan el color que tengan, siempre que estén de acuerdo en jugar al juego político en democracia. Una Europa social que recupere su memoria histórica y su convicción de que sus peores desgracias no pueden volver a repetirse.

Esa Europa será más segura para los pueblos de los países aledaños, pero también será más segura para sí misma, ya que sus mayores amenazas a lo largo de la historia han nacido en su propio seno. Mientras la izquierda siga escondiendo la cabeza, esa Europa que tanto necesitamos estará cada día más lejos.

Una de las circunstancias más dramáticas que se están dando con la llegada de los refugiados a Europa es la separación de las familias. Sin embargo, este tipo de situaciones que suele darse en todas las guerras y conflictos podrían ser evitadas, en muchas ocasiones, si se plantearan unas estrategias de intervención mejor diseñadas.

La unidad de las familias refugiadas depende, en gran parte, de los planes de acogida de los países receptores de refugiados. No tiene que ver con la guerra de origen. No es ninguna fatalidad que no podamos controlar en la Europa del siglo XXI.

Tenemos datos: desde la segunda guerra mundial, la salud física y mental de las personas que vivían situaciones dramáticas era mejor cuando éstas permanecían junto a sus seres queridos, especialmente en el caso de los niños.

Ya en los terribles bombardeos nazis sobre Inglaterra en el año 1941, se observó que los niños que permanecían con sus madres estaban mejor que los que habían sido enviados a lugares más seguros. Junto a ellas, los niños pasaban menos miedo durante un bombardeo que solos, lejos de su familia y temerosos por la suerte que podrían tener sus seres queridos.

En la guerra de Yugoslavia se volvieron a constatar los mismos hechos. Los niños enviados a Suecia y a otros países nórdicos, en los que contaban con todas las atenciones necesarias para la salud y seguridad de los acogidos, estaban mucho más angustiados que los que sufrían junto a sus padres, a pesar de estar instalados en campamentos cuyas condiciones eran pésimas.

La explicación psicológica a estos hechos proviene de la importancia que tiene en los seres humanos (y ya en todos los mamíferos) un instinto denominado ‘apego’, que vincula intensamente unos seres con otros.

Desde la perspectiva evolutiva, este instinto del apego es muy relevante y sería una de las explicaciones más sólidas de nuestro éxito como especie. Pero cuando el apego se rompe, como es el caso de las familias separadas a la fuerza, especialmente en los niños, el sufrimiento que desencadena es muy importante y puede desestructurar si hay una vulnerabilidad previa, es decir, si la persona tiene ya dificultades personales.

Diariamente, los periódicos nos traen noticias de familias separadas, incluso se hace referencia a la desaparición de más de 10.000 niños refugiados de camino a Europa. Esta es una responsabilidad exclusivamente nuestra, de los europeos. No existe ninguna justificación para que hechos así se den en la Europa del siglo XXI, donde tenemos tecnología y medios hasta para monitorizar la ruta migratoria de un simple pajarillo.

Es muy grave que nuestra despreocupación y apatía a la hora de auxiliar, agrave de manera tan intensa el dolor de los que han tenido que dejarlo todo por las guerras que asolan gran parte de Asia y África, en las que, por cierto, muchas empresas y gobiernos europeos están implicadas.

Como bien explica Sami Naïr en el texto que abre este debate, la Unión Europea ha llevado a cabo, desde hace más de 30 años, unas políticas de inmigración basadas en el cierre casi total de fronteras (con requisitos para acceder cada vez más difíciles), el control policial de la población inmigrante y la consideración de esa población con un criterio fundamentalmente utilitaria: mano de obra útil en épocas de crecimiento económico, pero indeseada (y hostilizada) en tiempos de crisis. En España, la primera ley de extranjería, de 1985, era ya un ejemplo de ese tipo de políticas.

Esas políticas, que presentaban a la población inmigrante con tintes de inferioridad y amenaza, han ido alimentando los prejuicios xenófobos de una parte de la sociedad en los distintos países europeos; las políticas de extranjería orientadas más al control policial de la población inmigrante que a su integración social en condiciones de igualdad han influido en que muchos europeos vean a sus vecinos inmigrantes (o de origen inmigrante) como enemigos, dando alas así al crecimiento de partidos y movimientos racistas y xenófobos, que han llegado al gobierno en varios países de la UE. El racismo institucional alimenta el racismo social, y de éste se nutren la extrema derecha y el fascismo.

En estos 30 años esas políticas migratorias no han dejado de endurecerse, tanto en las fronteras europeas como en el plano interior, afectando tanto a inmigrantes económicos como a refugiados, produciéndose numerosas violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas por SOS Racismo y otras organizaciones sociales. Y con la reciente crisis de los refugiados de 2015 han alcanzado sus extremos de hipocresía, ineficacia y falta de humanidad, hasta llegar a las medidas abiertamente xenófobas que están estableciendo muchos gobiernos europeos.

En las fronteras hemos visto un doble proceso de ‘blindaje’, con control militar y de alta tecnología (que cada vez supone un gasto mayor), y de ‘externalización’, con el soborno a los países limítrofes (Turquía, Libia, Marruecos…) para que impidan la llegada de los flujos migratorios e instalen en sus territorios centros de retención. Las fronteras españolas de Ceuta y Melilla han sido escenario de las terribles heridas provocadas por las concertinas de las vallas, del uso de material antidisturbios contra personas en el agua (hace dos años, más de 15 muertos en la playa del Tarajal), de expulsiones en caliente sin cumplir los procedimientos legales…

En el interior de Europa se ha incrementado el control policial, la dureza del trato y las expulsiones de inmigrantes en situación irregular, aunque en algunos casos tuviesen un arraigo claro en el país. Las ‘redadas racistas’ (controles de identidad con criterios étnicos), los Centros de Internamiento de Extranjeros, las políticas discriminatorias que se han aprobado en varios países europeos (en España, por ejemplo, la ley de Sanidad, que dejó sin tarjeta sanitaria a 800.000 inmigrantes) son un claro exponente de esas políticas de mano dura hacia las personas inmigrantes.

Lo paradójico es que, al tiempo que se endurecían las políticas migratorias y se multiplicaban los presupuestos dedicados a control de fronteras y seguridad, la inmigración irregular no dejaba de crecer —lógico, puesto que acceder a Europa legalmente es cada vez más difícil—, y a la par crecía el negocio de las denostadas mafias y las muertes de personas que trataban de alcanzar el soñado paraíso europeo.

Parece claro que los objetivos que se pretendían conseguir (frenar la inmigración irregular y luchar contra las mafias) no se han alcanzado, todo lo contrario, pero a cambio han provocado un sufrimiento humano terrible, con más de 30.000 muertos en los últimos 20 años. Los planes de la agencia Frontex (que se encarga del control de las fronteras europeas) no contemplan el salvamento de inmigrantes que naufraguen, porque eso produciría un “efecto llamada”: es preferible que se ahoguen.

Y también han supuesto, a pesar de su falta de eficacia, un gasto para los presupuestos de la UE de miles de millones de euros: Claire Rodier ha expuesto en su libro El negocio de la xenofobia, con abundancia de datos, el interés que tienen muchos grupos empresariales en que continúen esas políticas, con las que ganan muchísimo dinero, y capacidad para influir en ciertos mandatarios europeos.

La actual crisis de los refugiados está marcando un punto de inflexión en la identidad de Europa. El horror al que estamos asistiendo en nuestras fronteras solo es equiparable a la falta de ineptitud, la indiferencia ante el dolor y el egoísmo de los gobiernos europeos, que han pasado de la hipocresía inicial (buenas palabras y falta de hechos) a poner en marcha medidas durísimas contra los refugiados. En paralelo, proliferan los mensajes xenófobos que levantan sospechas hacia esas personas que huyen de la guerra y la persecución, y hacen crecer a las formaciones racistas cuyo discurso termina siendo aceptado por los partidos mayoritarios.

Es imprescindible cambiar radicalmente el rumbo de las políticas europeas de inmigración, poniendo el acento en los derechos humanos, si no queremos terminar en un escenario de fascismo más o menos encubierto. Son posibles, y necesarias, políticas que atiendan, de manera prioritaria y urgente, al derecho de los refugiados y desplazados a solicitar asilo, estableciendo formas seguras y sencillas, y que priorice también a las personas que naufragan en el Mediterráneo, o que malviven en nuestras fronteras en condiciones espantosas, dando visados por razones humanitarias. Políticas para afrontar una emergencia humanitaria a la que Europa no puede ser indiferente.

Y, a más largo plazo, establecer cauces de llegada de inmigrantes razonables, que tengan en cuenta los derechos de esas personas y no solo los intereses y miedos del país de destino; esa sería la mejor manera de luchar contra la inmigración irregular. Asimismo, impulsar políticas de integración social, con igualdad de derechos y deberes, en lugar de las políticas de discriminación y represión policial que, hasta ahora, sólo han conseguido extender los prejuicios xenófobos y racistas entre las sociedades europeas.

Un millón de refugiados llegaron a Europa durante 2015: 15 mil de ellos, al Reino de España. En lo que va de año, la media de personas que entran en el espacio de la Unión Europea para pedir protección internacional es de unas 2.200 personas diarias.

Más allá de las cifras concretas, los números demuestran que la realidad del refugio crece y que ha llegado para quedarse. Intentar responder ese reto con más vallas, pintando puertas de rojo, confiscando bienes a quienes vienen, racaneando el auxilio, pagando a terceros países para que alberguen refugiados o suspendiendo la libre circulación de las personas dentro del espacio Schengen, no resolverá el problema, sino bien al contrario, lo agravará. Y es que al obligado movimiento de las personas víctimas de la guerra y la violencia, hay que sumar, de un lado, el sufrimiento, la arbitrariedad y la muerte por no encontrar vías seguras para efectuar el desplazamiento al que los refugiados se ven forzados; y del otro, los efectos que provoca en la calidad democrática el no cumplimiento de los compromisos libremente aceptados que con la legalidad internacional tiene la Unión Europea y los 28 Estados que la componen. Además, existe un tercer y perverso efecto provocado por esta forma de orientar la realidad del refugio: la xenofobia y el racismo que ahondan los miedos de parte de nuestras sociedades y se alimentan de desempleo, recortes en las políticas sociales y ansias de supuesta seguridad.

Como bien se ha señalado en diversas aportaciones al debate, encarar seriamente todos los retos que nos supone (a la ciudadanía y a los Estados) la llegada de personas refugiadas implica una política prolongada en el tiempo, pero sobre todo, una política basada en derechos.

Parece evidente que la seguridad para la población no la proporciona la alambrada más alta o el policía mejor armado. Al contrario, lo primero es mirar cara a cara a la realidad y no empeñarse en negarla o apartarla. La actual crisis de refugio y migración tiene profundas razones que beben en el neoliberalismo y en la explotación inmisericorde de recursos, así como en el uso sin escrúpulos de divisiones y fraccionamientos sociales. Solo será posible avanzar frente a ello, con la aplicación de los derechos reconocidos por la legalidad internacional y del uso de los instrumentos que ésta, hoy por hoy, nos otorga.

Precisamente por todo lo anterior, resulta imprescindible reseñar el papel fundamental que las ciudades juegan en el desarrollo y el ejercicio de cualquier política basada en los derechos y, en este caso que nos ocupa, en los relativos a la acogida, la autonomía y la integración de las personas refugiadas. Cuando un buen número de ciudades europeas, ente ellas una cantidad nada despreciable de españolas, tomaron resoluciones afirmando su voluntad de acoger a personas refugiadas (Refugees Welcome), estaban haciendo frente positivamente a una responsabilidad democrática tan fundamental como ineludible. Responsabilidad para que la que fue determinante el apoyo y complicidad del tejido asociativo. Fue justamente esa imprescindible colaboración entre actores y movimientos sociales de todo tipo y los ayuntamientos, lo que en última instancia dio alas y base a un movimiento que permitió mostrar una de las mejores partes de nuestras sociedades.

Unos meses después de ese esfuerzo, es importante seguir insistiendo en el papel de ayuntamientos y tejido asociativo, en la necesidad de dotar su iniciativa de medios materiales y recursos para que la integración legal, económica y social de las personas refugiadas en el país que las acoge sea una realidad. La integración se da siempre en un espacio determinado y ese espacio, en muchas de sus dimensiones, es precisamente la ciudad.

Reforzar su protagonismo, su peso en la política pública es fundamental para construir sociedades más democráticas, más seguras y desmontar los muros que hoy impiden una y otra cosa. Sin duda hay problemas de dinero, pero también y, sobre todo, de voluntad política por reforzar y reconocer este núcleo básico de cualquier democracia que es el ámbito municipal.

El exilio ha sido una circunstancia inherente a una gran mayoría de personas lesbianas, gais, bisexuales o transexuales. Poder llevar una vida coherente con nuestra forma de ser o sentir nos ha exigido con frecuencia tener que escapar, alejarnos de los ojos controladores y estigmatizadores de los nuestros, de nuestro entorno más próximo y querido.

Esto es algo conocido por cualquier estudioso de la cuestión LGTB. Hablamos de aquí y de ahora. De la España actual. Las cosas han empezado a cambiar muy recientemente pero hasta hace nada lo habitual era alejarse de la familia y del pueblo para poder vivir, buscar espacios de anonimato para lograr respirar y, en ocasiones, no ser víctimas de los diferentes niveles de violencia que esas familias y pueblos podían ejercer sobre nosotros.

¿Nos cuesta tanto, entonces, entender que esto que ha sido la tónica habitual en España lo siga siendo todavía en otros muchos países?

Hace falta recordar que en al menos 7 países del mundo las orientaciones homosexual o bisexual están castigadas con pena de muerte. En otros 76 como mínimo, perviven leyes que criminalizan y hostigan a las personas por su orientación sexual o identidad de género. En muchos donde legalmente se protege la diversidad sexual, la persecución social está a la orden del día. Las cifras son pavorosas: entre 2008 y 2014 han sido contabilizados 1.700 asesinatos de personas transexuales en el mundo. Solo en Brasil, donde la legalidad las acoge pero no las protege, en 3 años ha habido más de 100 asesinatos. Si tenemos en cuenta que se trata de una minoría muy pequeña, podemos entender que se trata de un auténtico genocidio.

Entre los miles de refugiados que nos llegan ahora de oriente medio, de Irak, Siria, etc., con toda seguridad, también hay numerosos LGTB. Que a los motivos del horror que los obliga a huir de su tierra se suma la cruenta persecución que el ISIS está ejerciendo a cualquier persona que consideren “desviado”, “pervertido” o “pecador”. Terribles son las imágenes de jóvenes lanzados desde lo alto de edificios por haber sido acusados de homosexualidad. En esta represión se asemejan a su enemigo Irán.

Muchos de estos migrantes pertenecientes a minorías sexuales no pueden desembarazarse del estigma y la persecución en Europa y reciben un trato degradante incluso por parte de sus compañeros de exilio y persecución.

El ayuntamiento de Amsterdam, por ejemplo, ya ha tenido que abrir un par de casas refugios como medida de emergencia para socorrer a los refugiados que han sufrido abusos y hostigamiento por parte de sus propios compañeros en centros de acogida. Si esto les sucede en la tolerante y protectora Europa, entre grupos de iguales que también huyen del horror, ¿cómo dudar de cuál era su destino en sus países de origen?

No obstante, en Holanda ya se ha empezado a dar formación a grupos de refugiados para promover el respeto hacia las minorías sexuales, demostrando que cualquier situación de conflicto puede entenderse como una oportunidad de progreso.

En España tenemos una ley de asilo que recoge la obligatoriedad de atender las demandas provocadas por la persecución sexual. Tal como llevan años instando tanto la ONU como la Unión Europea. Sin embargo, existen serias dudas de que la ley se esté aplicando con rigor en nuestras fronteras.

Nos llegan noticias de frecuentes denegaciones de asilo por motivos diversos que parecen querer disimular, e incluso poner en duda, la persecución que sufren muchas personas en sus países de origen. Willy Brandt tenía como máxima de comportamiento “Ante la duda, la libertad”. En nuestras fronteras parece que la actuación es la contraria: ante la duda de que se cuele algún falso LGTB, mejor que muchos, intolerablemente demasiados, vayan a las cárceles o a las cunetas de sus países.

Especialmente sangrante fue el caso de Christelle Nangnou, demandante de asilo procedente de Camerún, donde el lesbianismo es penado con hasta 7 años de cárcel. Christelle huyó de su país tras el linchamiento mediático que sufrió, siendo acusada de liderar un colectivo de lesbianas. A pesar de aportar esta prueba evidente que, sin duda, la ponía en serio riesgo, España le denegó el asilo. A pocas horas de su deportación, solo la movilización social consiguió que pudiera quedarse en nuestro país, pero sin el asilo garantizado.

Si España, uno de los países pioneros en la plena igualdad por orientación sexual e identidad de género, y Europa no muestran una especial sensibilidad frente a estos demandantes de asilo es que no hemos aprendido nada de tanto dolor causado y sufrido por algo tan sencillo como el derecho a amar, a ser o a parecer como cada cual necesite.

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*Para entender un poco mejor estas historias, imprescindible el informe de CEAR perseguidoslgtb.org.

Persisten con renovada insistencia los descalabros de cientos, miles, de seres humanos, que se despeñan, día tras día, antes las puertas de una Europa insensible, calculadora y mal pensada, que rechaza de hecho, lo que admite de palabra: DERECHOS HUMANOS como alegato formal, que encubre las negligencias propias en la aplicación y reconocimiento de los mismos.

Los diarios, telediarios, informativos de cada día, incluyen un apartado específico del arqueo diario de víctimas en caliente, cuyo balance concreto, lo certifican los artefactos de ¿salvamento? abandonados en la playas como certificados a la vista de su llegada.

Desgraciadamente, ¡no son bienvenidos! No lo han sido nunca. Los Gobiernos de las pedanías de la Unión Europea, actúan al hilo de sus particulares reservas e intereses locales: se alambran a conciencia las cercas, se establecen tasas y peajes, se factura a los sobrevivientes con etiqueta de gasto revertido a pagar siempre en destino – previa tasación individualizada de pertrechos personales a la vista – con el aval parlamentario oportuno (caso danés), y se establecen limbos a gusto de cada cual, sin que el común denominador del derecho a sobrevivir de las personas prevalezca sobre los intereses espurios de unas autoridades entusiasmadas con planes de reactivación ¿temporal? de los controles de acceso entre los predios locales…

Siempre habrá buenas excusas para rechazar a quienes llaman a la puerta muy a su propio pesar e interés.

Las cifras sí importan, siempre. Pero los treinta y tres cadáveres, los dieciocho últimos, se van añadiendo a la lista de ofrendas forzosas a las puertas de una Europa negligente y soberbia. Lesbos, Kos, Ceuta, etc. No parece que importe lo más mínimo a casi nadie. Son víctimas que nutren las listas abiertas de los excedentes forzosos de las guerras conocidas de nunca acabar.

Vienen, pero no llegan todos ni todas. Vienen, dejando atrás todas las esperanzas. Vienen armados únicamente con el instinto vital natural de la supervivencia. Desgraciadamente, ese exclusivo visado, connatural a los seres humanos, no parece que esté contemplado en las legalidades locales, supuestamente vacunadas en materia de reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos, trátese de las Leyes de Asilo y Refugio, Leyes de Extranjería y normas específicas que siguen amañadas, bajo la sospecha de que los refugiados pueden ser profesionales del embaucamiento, la falsedad y la mentira.

En todo caso, la insensibilidad política de los gobiernos y autoridades en general con puesto en plaza, es un hecho lamentablemente contrastado en estas materias, al margen del color político que cada uno detente.

No conocemos reacciones suficientes por parte de los gestores y administradores locales y comunitarios, que enfrenten de modo eficaz la atención debida a las víctimas de estas nuevas ¿Limpiezas étnicas? que sin dudar un solo momento, se cargan directamente en el Haber de las inclemencias climáticas, sin ningún sonrojo ni asomo de vergüenza alguna.

Parece que no da para más – por el momento – la sordidez de una UNIÓN EUROPEA que se blinda ante unas realidades incuestionables, sean éstas noticias de primera plana, o por el contrario, sean objeto de simples comentarios de barra de Bar. Esto es un hecho. Ésta es la impresión que nos produce la ausencia de decisiones políticas por parte de unos países que en su calidad de consortes de la U.E. tienen la obligación de atender a personas concretas (por decenas, centenares o miles) de modo acorde con el legítimo derecho a sobrevivir.

La vacuna de la INSENSIBILIDAD hace estragos, más allá de las caras y fotos de circunstancias de los gestores de la cosa común: Gobiernos y demás titulares temporales en los ámbitos locales o súper-comunitarios. ¿Cuántas víctimas más son necesarias en la Necrópolis Mediterránea- Comunitaria, para que se adopten medidas, no sobre lo previsible, si no sobre la realidad vigente, en estas cuestiones? Es cierto, que se hacen proyecciones sobre lo porvenir: para el año 2016, se prevé que llegarán más de Un millón de nuevos viajeros sin papeles, ni visados, ni hatillos de supervivencia, pero también es cierto que hasta el momento lamentablemente, no se remangan nada más que determinadas ONGs de intervención rápida armadas de voluntad y equipos de supervivencia personal, que según convenga, pueden ser detenidos, como recientemente ha sucedido, ante el silencio y vergüenza de Gobiernos propios y, también ajenos.

Por otra parte, hay que recordar que cincuenta y dos ciudadanos extra-comunitarios han sido recientemente decapitados en aplicación de las Leyes vigentes en la Arabia Saudita. Lamentablemente no hay recurso alternativo alguno frente a decisiones inapelables ante semejante barbaridad, salvo el de citarlo y denunciarlo. Es un hecho que desde los principios de la historia de la especie humana hace decenas de miles de años, nada ha cambiado en la gestión de la discrepancia sea política, religiosa, cultural o social. La gestión de la discrepancia ha sido y sigue siendo resuelta eliminando a los sujetos discrepantes, sean por razones ideológicas, culturales, religiosas o de cualquier otra naturaleza. Los comportamientos que causan estragos en lo personal o colectivo, aunque éstos sean de muy difícil digestión social o política, según las normas vigentes, pueden ser sancionables… ¿Deben de ser repudiables y condenables? Lo que hoy es excepción, mañana es norma. Cortándoles la cabeza a los condenados, no parece que se resuelva ni la discrepancia, ni los problemas que la justifican.

Silencio de nuevo: se rueda. Los deberes y haberes del Reinato-Saudí, hacen fortuna en forma de enjuages industriales, militares, económicos, o petroleros, y, por tanto, son suficientes para esconder las vergüenzas de una Unión Europea cauta en los pronunciamientos de denuncia, por temor a los efectos directos de los mismos, aunque éstos estén suficiente y fehacientemente justificados ante la decapitación en directo de cincuenta y dos seres humanos, por ejemplo.

Nos preguntamos: ¿También son cincuenta y dos candidatos a minorar sobre las previsiones de llegada de refugiados en 2016?

Leemos con muchísimo interés el debate propuesto por Sami Naïr, y nos alegra comprobar el hecho mismo de que un debate sobre la inmigración reciba la atención de los medios, de intelectuales, de representantes varios de la sociedad civil, y esperamos que finalmente de la llamada “clase política”, es decir, de aquellos que pueden y quieran asumir los términos del debate para emprender las medidas y reformas necesarias.

No hace tanto tiempo la inmigración era un lugar marginal, algo reservado a unos pocos especialistas o a unos cuantos visionarios que ya anunciábamos la importancia futura que cualitativa y cuantitativamente debía tener. El tiempo nos ha dado la razón.

Vamos a intentar centrarnos, desde nuestra posición de juristas, en cuál deba ser la traducción de muchos de esos términos que afloran de las palabras de los intervinientes, formuladas en posturas ineludiblemente abstractas, a un lenguaje como es el lenguaje jurídico, que si bien se mueve en un terreno de abstracción común con el filosófico, el sociológico, y otros, tiene una vocación de concreción en leyes y medidas mucho mayor.

Compartimos el esquema de refugiados-coyunturalidad, inmigrantes-estructuralidad, del que se parte, aunque compartimos con Javier de Lucas un llamamiento a tener en cuenta las zonas intermedias, como de hecho se han tenido legalmente, aunque con poco éxito de aplicación.

Sin embargo, debemos partir de un axioma previo, y es que, aunque en materia social, psicológica, etc, los distintos modelos arrojan distintos resultados que permiten planificar una actuación, ese “qué hacer con la inmigración” que da título a toda la sección, con pluralidad de alternativas, la experiencia jurídica y legislativa de todos estos años, desde los setenta hasta ahora, en esta materia, no es algo de lo que quepa aprovechar un gran bagaje, si no es desde la perspectiva dialéctica: no es más que un cúmulo de errores y fracasos de los que habrá que aprender, pero para no repetir. A salvo queda la labor correctora jurisdiccional que ha sido capaz de corregir las aristas más agudas de ese íter legislativo ineficaz y plagado de yerros.

Debemos constatar con toda la contundencia de que seamos capaces que el modelo basado en la contención, represión y discriminación, con el que se ha construido la “no política”, visceral, y centrada en responder a los miedos, y no a las reflexiones, constituye un fracaso estrepitoso. Lejos de contribuir a construir sociedades plurales y abiertas, las leyes que han afrontado el fenómeno migratorio desde los países occidentales han puesto palos en las ruedas, han fomentado la exclusión, la discriminación, el odio, la diferencia , han caído en la óptica del extranjero como sospechoso cuando no directamente enemigo, molesto aunque necesario, permitido o tolerado pero nunca reconocido en derechos y obligaciones.

Por tanto, la primera respuesta que debe darse a la gran pregunta, desde el punto de vista jurídico, es de índole constitucional al más alto nivel, y requerirá, desde luego, de una pedagogía social que lamentablemente está ausente del actual ambiente, pero que aún no es tarde para afrontar: la recuperación de la no discriminación e igualdad de derechos y obligaciones como valor supremo del ordenamiento jurídico, y la titularidad de éstos por la persona humana, superando el ya obsoleto ciudadano/nacional, que no hace sino alimentar periclitados conceptos identitarios culturales inspirados bajo mano por otros de mucha más ranciedumbre como tradición o raza.

Las tensiones políticas a las que se enfrentan unas democracias mercantilizadas por un voto atado a esas dinámicas hace que no podamos confiar en ellas para semejante cambio: sólo el derecho internacional de los Derechos Humanos puede asumir el tránsito desde la reciprocidad hacia la universalización de derechos.

Por otra parte, la construcción de la Unión Europea ha dado ejemplos muy ricos de otra dinámica, y hoy es el derecho procedente de la Unión el que obliga a los estados a asumir posturas mucho más progresivas que las que por gusto asumen algunos mediocres gobernantes, atacados de un provincianismo nacionalista tan fácil como ramplón, y es el Tribunal de Justicia de la Unión una inesperada instancia en la que defender, mejor incluso que ante tribunales nacionales, los derechos de los inmigrantes.

En el ámbito del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es hoy el mejor garante de derechos humanos frente a las tendencias que se dan en los estados de reconcentrarse dentro de sus fronteras, y otra instancia a la que debemos acudir cada vez con más frecuencia los defensores de los inmigrantes.

Necesitamos más Europa, pero una Europa que sea capaz de imponer leyes antidiscriminatorias y de reconocimiento de la igualdad de derechos y obligaciones para los inmigrantes. La libertad de circulación de los ciudadanos europeos, la supresión de fronteras hoy amenazada, la parte más saludable de los acuerdos de Schengen, han sido precisamente la aportación más exitosa – precisamente por ser excepción – de aquellos modelos que antes denunciábamos.

Ese es el camino que ya hemos transitado y que ha demostrado además –por mucho que se empeñen quienes manipulan las cifras a su antojo– lo beneficioso y ventajoso de seguirlo. La prueba de que un miedo es irracional es cuando uno entra en la casa que nos parece llena de fantasmas y no pasa nada. Europa suprimió sus fronteras y dio libertad de circulación a todos sus ciudadanos inaugurando un “ius migrandi europeo” –y se hizo con no poco miedo y excesiva precaución– y no sólo no pasó nada sino que lo que pasó fue enormemente saludable para todos.

En el terreno interno o nacional, la reivindicación de la igualdad como derecho de la persona humana, y no como derecho del ciudadano debe ser continua, pero no conseguirá avanzar si no es con el impulso externo del derecho internacional de los derechos humanos.

El artículo 14 de nuestra Constitución tiene un clamoroso vacío en la propia titularidad de ese derecho: “los españoles son iguales ante la Ley…”. ¿Y qué pasa con los que, sin ser españoles, han nacido o tienen hijos aquí, o cónyuges, o un trabajo, un pasado, un futuro, una contribución y unas expectativas legítimas? ¿Acaso ellos no están amparados por el artículo 1 de la Declaración Universal cuando dice “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”?.

Sin embargo, socialmente percibimos que la diferencia que se consagra en el primer texto es asumida con enorme facilidad, en tanto la del texto universal cuesta defenderla y se nos rebate como una ingenuidad utópica y vacía. Tanto es así que la evolución legislativa en las sucesivas reformas dela Ley de Extranjería, el Código Penal, y tantas otras leyes del tronco constitucional, no sólo no han avanzado hacia la igualdad, sino hacia un subrayado repulsivo del extranjero como invitado molesto, aditamento prescindible o parásito expulsable. Es absolutamente necesario revertir esa tendencia.

Algunos analistas políticos han tendido a identificar, con excesiva ligereza, a todos los movimientos políticos ascendentes como dentro del mismo saco, como “populismos” en los que meten a los más zafios extremismos de derecha neofascista junto a los que a renglón seguido son acusados de izquierdosos anarquizantes y otras lindezas. Sin embargo, todo el mundo olvida que quizá con el elemento de los derechos de los extranjeros estemos ante una “prueba del algodón” de temperatura democrática frente a los verdaderos populismos.

Esa tendencia que antes denunciábamos de profundizar en la diferencia de derechos -discriminación negativa claramente– de los extranjeros, tiene su origen en una demagogia claramente “populista” en el peor sentido de la palabra, puesto que busca su apoyo en dar gusto a las más bajas pasiones de un pueblo concebido como inculto y visceral, demagogia a la que no han dudado en entregarse con los brazos abiertos nuestras élites y gobernantes patrios.
Preguntémonos quién es más populista: quien pide el cierre de los CIES por ser privaciones de libertad administrativa inconcebibles en una moderna democracia, o quien sostiene su vigencia porque al fin y al cabo los que entran dentro son extranjeros y no tienen ni pueden pretender tener nuestros mismos derechos.

Esa fe en la no discriminación e igualdad ante el Derecho como valor esencial e irrenunciable de nuestros ordenamientos, como valor esencial de la identidad europea, desde esa cumbre conceptual, tendría una aplicación casi revolucionaria en el resto de las leyes y reglamentos a los que en teoría inspira. No sólo en cierres de CIES y en aperturas de fronteras —¡controladas, ordenadas y medidas, por favor, que seguro que alguien ya está acusándonos de perseguir el caos de fronteras completamente abiertas ¬¬–, tanto a las personas como a los mercados y las mercancías, como en la superación de absurdas exigencias burocráticas, sino en una forma de trato a las personas por parte de las instituciones del estado: la aproximación progresiva hacia el final de la sospecha permanente, del control previo, del castigo desproporcionado, de la exigencia constante de excelencia, de la inseguridad del sometimiento a intereses cambiantes y arbitrarios de otros, de la imposibilidad de la participación y del ejercicio de influencia política, el final del abominable eslogan de “los españoles primero” que con tanta frecuencia vemos escrito en el entrelineado de nuestras leyes, reglamentos, instrucciones, sentencias…

Uno de los problemas que tenemos los inmigrantes es la falta de acceso a los derechos civiles que nos diferencian de los ciudadanos de pleno derecho ya comentado de manera desmenuzada por Sami Nair.

A la vez los ciudadanos de pleno derecho que poseen DNI también están sectorizados por capas, lo que nos es que nos convierta en la última parte de la pirámide sino que nos deja fuera de la pirámide del escalafón social.

Ahora desde Cataluña aprovechamos la coyuntura del Proces Constituent para poner sobre la mesa una serie de derechos hasta ahora limitados a los ciudadanos con NIE y más aún a los que no lo tienen.
Las constituciones modernas tienen que caminar hacia el concepto de la “ciudadanía universal” donde los ciudadanos de todos los rincones no sean tratados como ciudadanos de segunda o de tercera.

-Luchar porque una Constitución blinde los derechos civiles para que nadie pueda ser encerrado en prisión por una falta administrativa.

-Caminar hacia la nacionalidad sobrevenida sin hacer discriminación entre los ciudadanos latinoamericanos, de la UE o de lugares como Asia, África son alguno de los reclamos de parte de los Constituyentes Catalanes, que ven en Cataluña la posibilidad de crear el primer estado de los derechos humanos y que con su ejemplo contagie cambios constitucionales en España, Francia…

-Promocionar estas campañas o ideas entre todas las personas que quieran escuchar y entender.

Estos son algunos de los pasos posibles a seguir para dejar en el pasado la discriminación y el hecho que existan ciudadanos de segunda, tercera…

Así algún día estas faltas de respeto a los derechos humanos serán sombras de una vieja historia como ahora lo comienza a ser la esclavitud en muchos países y regiones de la tierra.

Quien no aprende de su historia está condenado a repetirla. La actitud de Europa ante la mayor crisis de refugiados/as tras la Segunda Guerra Mundial, da cuenta de la ausencia de humanidad, responsabilidad y solidaridad. Los valores fundacionales europeos están siendo tirados por la borda y con ellos, de manera flagrante e impune, la vida de miles de personas.

En estos días se ha hecho público un dato escalofriante que debería hacernos temblar como humanidad: 10.000 menores han desaparecido; nadie sabe dónde están. Una situación absolutamente inaceptable que puede situar a niñas y niños en manos de redes de tráfico de personas. Una cifra que se suma a las 250 personas que han muerto en el Mediterráneo en el mes de enero. La situación de las mujeres que llegan a Europa huyendo de los conflictos también es extremadamente preocupante. El riesgo de que sufran violencia sexual y de género es altísimo.

La irresponsabilidad de Europa: criminalizar a las víctimas y a quienes les apoyan.

Solo en el mes de enero más de 250 personas han muerto en el Mediterráneo, 8 por día. Mientras tanto, de las 160.000 personas refugiadas que Europa se comprometió a acoger en varias Cumbres, apenas unas 400 ha sido reubicadas. La UE opta por políticas que en lugar de responder a los convenios internacionales y a su propia legislación en materia de refugio, dan la espalda y criminalizan tanto a la población refugiada como a quienes les acogen. La ONG Statewatch ha denunciado la intención de la UE de sacar adelante una normativa que obligaría tanto a las ONG como a personas voluntarias a registrarse antes de prestar ayuda a la población migrante y refugiada. De salir adelante esta iniciativa, supondría una muy preocupante criminalización de quienes asisten a personas que lo han perdido todo y ejercen su derecho al refugio.

A ello se añaden las medidas que están asumiendo algunos países europeos. Medidas que pasarán a la historia de la infamia por la terrible violación de derechos humanos que suponen. Dinamarca ha comenzado a confiscar el dinero en efectivo de las personas refugiadas que supere los 1.340 euros. Países como Suecia, Holanda y Finlandia han anunciado deportaciones masivas. Y en muchas de nuestras fronteras se construyen muros y alambradas que impiden la entrada de quienes tienen pleno derecho a la circulación por vías legales y seguras, y a una adecuada acogida.

Consecuencias extremadamente peligrosas

Las graves consecuencias de este tipo de decisiones ya se están dejando ver. Los discursos y propuestas políticas xenófobas ganan terreno y con ellos los ataques a centros de acogida. Aunque afortunadamente, aún son residuales, la UE y sus Estados miembros deberían mantener la alerta para evitar que se repitan los graves errores del pasado.

Gran parte de la ciudadanía está muy por encima de las decisiones políticas. ONG, grupos sociales, voluntarios y voluntarias se están organizando tanto en los puntos de llegada como en múltiples ciudades para salvar vidas, atender a quienes llegan a nuestros países y contrarrestar los mensajes y discursos que criminalizan a quien debe ser protegido.

La Humanidad o el colapso

Desde muchos sectores y rincones de la UE venimos denunciando la enorme gravedad e injusticia que supone esta situación. No actuar con urgencia, solidaridad y responsabilidad nos lleva a un callejón sin salida, al colapso como humanidad. Nunca antes fue tan evidente la debilidad del proyecto europeo. La obscena preeminencia de los intereses económicos y políticos sobre las personas supone una gravísima violación de derechos. Ni la legislación europea, ni sus instituciones están a la altura de los complejos retos a los que nos enfrentamos. Ahora, más que nunca, deben primar los valores fundacionales de la Unión Europea y la defensa a ultranza de los derechos humanos. No hacerlo sería volver a infames errores del pasado.

Es urgente abrir y garantizar vías seguras para que las personas que huyen de graves conflictos puedan hacerlo en la mejor de las circunstancias. Debe garantizarse, especialmente, que las mujeres no estén sometidas a violencia sexual y de género. Urge coordinar todos los esfuerzos posibles, de instituciones y de la sociedad civil, para localizar a los y las menores desaparecidos. Deben ponerse en práctica medidas firmes contra las redes de trata de personas. Europa ha de cumplir los acuerdos asumidos en materia de acogida, con compromisos de hospitalidad e inclusión.

Debe garantizarse la protección de las organizaciones y personas que apoyan a la población refugiada. La complejidad de la situación hace que su trabajo sea absolutamente necesario y debe ser complementario al que las instituciones europeas están obligadas a realizar. Punir la humanidad es intolerable. España, por su parte, debe agilizar los trámites de acogida con los que se ha comprometido y debe respetar los derechos humanos en la frontera sur.

Por último, aunque no por ello menos importante, hemos de estar alerta ante el peligro de narrativas y discursos xenófobos puede llevarnos a situaciones de extrema gravedad. Contrarrestar este tipo de argumentos es crucial para nuestro futuro como humanidad; las consecuencias de no apostar por ello pueden ser tremendamente preocupantes.

El 31 de agosto del año pasado difundimos un comunicado titulado ‘La desmemoria europea’ en el cual denunciábamos la postura de la vieja Europa que negaba acogida y humillaba a millares de personas refugiadas. Lo hicimos con la responsabilidad que nos otorgaba nuestro deber de mantener viva la memoria de nuestros refugiados, aquellos que, en el invierno de 1939, se vieron obligados a permanecer, a enfermar y a morir en los mal llamados campos de refugiados del sur de Francia, y también la de los supervivientes de los campos nazis que, tras su liberación, formularon el juramento del «Nunca más”, en pro de la fraternidad universal.

Aún no ha transcurrido medio año para que nuestras mentes y nuestros corazones se vean todavía más convulsionadas ante la trágica realidad que envuelve la mal llamada civilizada Europa. No cabe repetir lo que los medios de comunicación y las ONG —por cierto, criminalizadas por algunos— nos ofrecen a diario: niños desaparecidos en la nada, naufragios mortales en el Egeo, incautaciones de bienes, alzamiento de alambradas, creación de guetos invisibles, sobornos a terceros países, como Turquía para frenar la llegada a Europa, amenazas a Grecia para convertirla en un muro de contención hacia el centro y norte del continente, identificación con pintura en las viviendas de emigrantes… todo ello acompañado de infames agresiones y manifestaciones xenófobas que llegan a marcar la política de los gobiernos.

El pasado mes de noviembre recordamos La Noche de los Cristales Rotos y tan sólo hace una semana instituciones públicas han conmemorado el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto y de Prevención de Crímenes contra la Humanidad. Homenaje y recuerdo merecido a todos los colectivos que sufrieron en su propia carne el acoso, la persecución y la muerte en manos del nacionalsocialismo, régimen criminal que basó su política en la consideración de la desigualdad de los seres humanos y en su derecho a decidir quienes tenían derecho a la vida y quien estaban condenados a la esclavitud y la muerte. Nos inquieta que la segunda parte de la declaración de la ONU, la Prevención de Crímenes contra la Humanidad, quede no tan sólo relegada a las palabras, sino que planee sobre ella la indiferencia ante hechos consumados, que pueden calificarse, sin duda, como un atentado a la dignidad de las personas, ante el cual los gobiernos e instituciones internacionales no muestran ni tan sólo compasión ni decencia, al contrario, parecen más interesados en la conservación del poder y de un orden internacional injusto.

¿Qué nos enseña la historia? ¿Por qué tantas referencias inanes a aprender del pasado? En Évian-les-Bains, durante 9 días, en el mes de julio de 1938, se reunieron delegados de 32 países, por iniciativa de Franklin D. Roosevelt, con el objetivo de tratar propuestas de ayuda hacia los judíos perseguidos por el régimen hitleriano, pero el miedo a trastocar la política de apaciguamiento hacia el Reich y a amenazar la débil inestabilidad internacional, dio como resultado la negativa a acoger a refugiados judíos, con la única excepción de la República Dominicana, cuyo dictador Rafael Leónidas Trujillo vio en la acogida una posible fuente de riqueza. Un panorama desolador con argumentos al uso: las intocables cuotas de inmigración, la pésima situación económica, el temor a crear problemas internos…

A partir de entonces, los nazis pudieron comprobar que a nadie les importaba el destino de los judíos y realizar con total impunidad el criminal ataque contra las comunidades judías, en la Noche de los Cristales Rotos antes aludida, dando por cierta la declaración del líder sionista Chaim Weizmann, el futuro primer presidente de Israel, después del resultado de Evian: «El mundo parece estar dividido en dos partes: Una donde los judíos no pueden vivir y la otra donde no pueden entrar».

Hoy, en el mundo, ACNUR contabiliza hasta 60 millones de refugiados, hombres, mujeres y niños que no pueden vivir ni crecer en sus casas, situación que ha devenido crónica en la mayoría de ellos, sin que el bienaventurado mundo occidental reaccione y se reconozca el origen de los conflictos, en buena parte de los casos. Cuando estos refugiados tocan a nuestras puertas, se hace realidad la frase de Weizmann: guerras y hambrunas hacen imposible la vida en muchos lugares del planeta y se alzan barreras a la protección y dignidad de los seres humanos en nuestras casas. Recordemos que Líbano, un país de poco más de 4 millones de habitantes acoge unos dos millones de refugiados, mientras que Europa, con casi 739 millones, no puede o no quiere acoger al medio millón que ha alcanzado sus fronteras. Los signos de alerta ante situación tan catastrófica vienen de lejos sin que se hayan arbitrado medidas políticas y sin que la decencia y la compasión hayan marcado las iniciativas gubernamentales, una vez consumados los hechos de una diáspora sin precedentes.

Si nadie duda en calificar el Holocausto y la persecución y exterminio de millones de personas como el fracaso de la humanidad, ¿cómo se juzgará en el futuro la consunción del tamaño del crimen contra los refugiados en la Europa que se creyó depositaria de los derechos humanos? Nos duele la pasividad e inoperancia de los foros internacionales y de los gobiernos, más atentos a sus rendimientos electorales que a la defensa de las personas. Por responsabilidad, por el deber contraído con nuestros antepasados, los republicanos antifascistas, por nuestra dignidad, no cejaremos en denunciar las palabras vanas frente a la asunción de las lecciones de la historia.

Como bien plantea Sami Nair, lo primero que debe hacer Europa es entender y asumir que una cosa son los refugiados y otra cosa son los inmigrantes económicos. La distinción es importante. En primer lugar, el grado de desesperación y por lo tanto de urgencia de unos y otros es distinto. En segundo lugar, mientras la crisis de los refugiados actual tiene un origen localizado —el principal foco es Siria—, es coyuntural y reversible; la de los inmigrantes económicos es y seguirá siendo permanente y multifocal. Aceptarlo permitiría abordar cada caso de manera precisa, específica y efectiva. Los propios inmigrantes no quieren ser confundidos ni en la definición de su condición ni en las medidas dirigidas a cada uno.

En segundo término, Europa —sus estados, dirigentes, sociedades, individuos y medios de comunicación— deben asumir que su supuesta superioridad moral y civilizadora no es tal y por lo mismo dejar de hacer discursos grandilocuentes sobre esos supuestos. La crisis migratoria —en sus dos vertientes— es concreta y real y problemas de esas características demandan soluciones prácticas, efectivas y alejadas de toda retórica autocomplaciente y generadora de expectativas irrealizables, tanto para los que vienen como para unas sociedades europeas cuyos temores también deben ser atendidos y respetados.

En la crisis actual ha habido mucho exhibicionismo vacuo en torno a una solidaridad inicial que apenas cinco meses después se ha trocado en contra de las medidas legales, políticas, fronterizas y policiales; incluso peores que las preexistentes. Medidas, por cierto, contrarias a ese modelo ‘superior’ que supuestamente actúa como imán de los inmigrantes. Los desplazados huyen de algo concreto y real y los inmigrantes económicos simplemente quieren vivir materialmente mejor. Todo lo demás, sobra. Junto a ese accionar exhibicionista e involucionista de gobernantes y legisladores, unas sociedades y medios de comunicación que han pasado de la abrumadora movilización a la pasividad en apenas meses. Esos bandazos contradictorios hablan mal de los Estados y las instituciones, pero también cuestionan a las propias sociedades europeas. Al tiempo, generan frustraciones innecesarias entre los que vienen y quienes les acogen.

Circunscrita la situación a lo que es y eliminada la retórica, se pueden hacer cosas en uno y otro ámbito migratorio. Respecto a los refugiados, sobre todo los de Siria, las sociedades europeas deben de exigir ya a sus gobiernos un cambio inmediato en sus políticas hacia Siria. Cinco años después del comienzo de la crisis —antes y con todos sus problemas nadie se iba; incluso Siria acogió a un millón y medio de desplazados iraquíes desde 2003— está claro que el componente principal de la misma es la desestabilización que Siria ha sufrido por parte de estados con los que la UE tiene relaciones preferentes. Arabia Saudí, Qatar y Turquía —ninguno de ellos modelo para Siria— han estado apoyando de todas las formas posibles a grupos armados islamistas que han desestabilizado el país. Hay que exigirles que dejen de hacerlo, aunque solo sea por el propio interés europeo.

Ahora bien, eso puede suponer la pérdida de algunos negocios lucrativos, pero llegados a este punto hay que optar. O business o seguridad, estabilidad y menos demandantes de refugio y asilo. Las dos cosas son incompatibles. Las sociedades europeas deben de exigir a sus gobiernos que cambien sus políticas desestabilizadoras. Unas políticas justificadas en esa supuesta e inexistente superioridad civilizadora y moral. El caso de Siria es escandaloso en ese sentido. Se trata de una sofisticada sociedad multiconfesional que desde su independencia de Francia se dotó de un sistema político aconfesional para garantizar una coexistencia milenaria entre cristianos y musulmanes inimaginable en una Europa con pasado reciente de genocidios y limpieza étnica. En Siria jamás han existido códigos de vestuario, imposiciones culturales a partir de las religiones o limitaciones a la construcción de templos de cualquier confesión. Su calendario laboral, por ejemplo, incluye fiestas cristianas y musulmanas. Nada de eso pueden decir no ya los socios de Europa en la región, sino los propios estados de la UE, donde aún hay miembros con religión de Estado y países en los que existen códigos de vestuario; Francia, sin ir más lejos.

En aquellos lugares de Siria donde los grupos armados han sido desalojados, la población desplazada empieza a volver. Los desplazados tienen allí sus casas y sus vidas. Con un simple cambio de políticas exigidas por las sociedades a sus gobiernos se puede ayudar a que más personas recuperen las suyas. En ese sentido, la UE no puede seguir siendo rehén de sus negocios de corto plazo, las resentidas políticas neoimperiales francesas y el fracasado e inmoral ‘caos creativo democratizador’ impulsado por unos EEUU que saben que por distancia geográfica el costo de la desestabilización no lo pagan ellos sino Europa.

Respecto a los inmigrantes económicos, las medidas que plantea Sami Nair son realistas y efectivas. A largo plazo hay que apuntalar el desarrollo de los países emisores. A corto, evitar la salida de personas formadas, favoreciendo la llegada a Europa de mano de obra con poca cualificación que aquí puede instrirse con rapidez y enviar remesas que contribuyan al desarrollo de sus países. Eso también pasa porque Europa acepte que su modelo de desarrollo económico ni es superior ni mucho menos sostenible. En definitiva las dos aristas de la crisis migratoria exigen más realismo, menos retórica y bastante más humildad.

El análisis de Sami Nair sobre los errores de las políticas migratorias y de asilo de la UE me parece impecable y aun diría que no puedo no compartirlo, pues en él se inspira buena parte del trabajo que vengo realizando sobre esos temas desde hace más de veinte años; en gran medida, además, en colaboración con el propio Nair. Señalaré sólo algunos matices de discrepancia en lo que se refiere a las causas y síntomas y trataré de añadir algo en lo que toca a las propuestas.

1. Es evidente la diferencia entre algunos de los principales rasgos definitorios de esos dos movimientos de población, lo que permite explicar las migraciones como un fenómeno estructural, ineludible y aún capital para la comprensión de nuestro mundo, ligado a la división internacional del trabajo en esta fase del proceso de globalización impuesto por el capitalismo global, mientras que los refugiados serían el resultado coyuntural de problemas concretos de persecución. Sin embargo, aquí convendría –a mi juicio- apuntar dos importantes matices sobre los que el mismo Nair ha llamado la atención en otras ocasiones.

1.1.Ante todo, la contingencia del fenómeno de los desplazados y refugiados es engañosa, por cuanto obedece en el fondo a las mismas razones estructurales que configuran las relaciones internacionales: en esas persecuciones, guerras civiles, etc, subyacen las mismas estrategias de quienes compiten en el mercado global. Por ejemplo, de las industrias de armamento (tan importantes para países como EEUU, el Reino Unido, Francia, España, Italia…) que hacen caja vendiendo sus “productos” a buena parte de los Estados en conflicto (incluso a los dos bandos) de los que huyen los refugiados; por no hablar de las empresas transnacionales que expolian materias primas y recursos energéticos entre los que el agua cobra cada día mayor importancia y que sostienen a regímenes dictatoriales que son los que se afanan en tales persecuciones de las que refugiados y desplazados se ven en el estado de necesidad que les lleva a huir.

1.2. En segundo lugar, y aunque esta es una vexata quaestio que los iusinternacionalistas expertos en derecho internacional humanitario suelen dar por zanjada y atribuyen al desconocimiento de los aspectos técnico-jurídicos, lo cierto es que los desastres ambientales han dado lugar a un nuevo tipo de desplazamientos que sólo si se habla de modo superficial podemos considerar inevitables e imprevisibles, según el parámetro del terremoto de Lisboa que tanto afectó a nuestros ilustrados. Lo diré llanamente: creo que hay que encontrar una propuesta para la existencia de lo que inevitablemente habría que considerar como refugiados medioambientales. Quizá al margen del actual sistema internacional de Derecho de refugiados, sí. Pero me parece obvio que la degradación del medio ambiente es también el resultado de un modelo de explotación depredador, característico de la penúltima y última fases del capitalismo (industrial y posindustrial) y que son, somos esos agentes los responsables de que millones de seres humanos se vean obligados a huir de sus países.

2. Comparto en su totalidad el diagnóstico sobre los errores de la política migratoria europea: su cortoplacismo, su dimensión únicamente instrumental y torpemente unilateral y el fracaso al que conducen unas políticas que se orientan siempre al primado de la contención de las supuestas invasiones o movimientos migratorios incontrolados a fin de racionalizarlos mediante un modelo hidráulico (vasos comunicantes) que las define y que tiene en la externalización de las policías migratorias su principal instrumento. Y tiene toda la razón Nair al denunciar la ceguera de quienes todavía piensan que pueden parar los movimientos migratorios cuando no lo necesiten, ignorando que las migraciones seguirán, siempre. Como también al identificar la torpeza e ignorancia propias de ese egoísmo que en aras de las particularidades (innegables) conduce a los Estados miembros a un proceso de renacionalización que imposibilita cualquier política comunitaria (salvo la de control policial).

2.1.Por mi parte, subrayaría el error básico en la respuesta de la UE a la mal llamada crisis de refugiados: ante todo, la UE y los estados europeos no han puesto la prioridad en donde debieran, esto es, que afrontan la exigencia de garantizar obligaciones jurídicas vinculantes, derivadas del derecho internacional de refugiados del que son todos parte y no un problema de generosidad moral. Luego lo primero es poner los medios materiales y personales para hacer efectivos los derechos de los refugiados en lugar de quejarse de la supuesta incapacidad para hacer frente a este indiscutible desafío; hacerlo solidaria y proporcionalmente, sí.

2.2.Y, en segundo lugar, quiero hacer constar que la UE no puede llamarse a andana ante los millones de refugiados sirios, afganos o eritreos como si fueran algo imprevisible, cuando esas tragedias que les hacen huir vienen sucediendo desde años (4 en el caso sirio) ante nuestros ojos y con nuestra complicidad por acción u omisión.

3. Finalmente, en lo que se refiere a las propuestas, a lo que debe hacer Europa, estoy también de acuerdo con la docena de iniciativas concretas que propone Nair, en lo que se refiere a política de asilo y migratoria. Matizaría y añadiría a lo ya expuesto por él lo siguiente, que son medidas encaminadas a que funcione de hecho un verdadero Sistema PERMANENTE y COMÚN EUROPEO de asilo (que, teóricamente existe y aún está dotado de medios):

• La UE debe contar con una Autoridad o Agencia específica para la gestión del sistema de Asilo y Refugio y de la protección subsidiaria (con especial atención a los programas de reasentamiento). No basta a mi juicio con la FRA (Agencia Europea de derechos fundamentales) ni, evidentemente, con FRONTEX ni aún en su modalidad de verdadera policía de fronteras propuesta por la Comisión en su comunicación del 15 de diciembre. Otra Autoridad o Agencia similar debiera ser creada para lo referente a Inmigración. Cabría decir, claro, que paralelamente debería crearse en España una Alta Autoridad interministerial con rango mínimo de Secretaría de Estado, al frente de una Agencia de Refugiados y otra al frente de una Agencia de Inmigración, asimismo de carácter interministerial.

• Se debe incrementar la implementación de vías legales para la solicitud de asilo y en particular garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen, limítrofes y tránsito y que se abra así el expediente de asilo, sin que sea necesario llegar a territorio europeo para hacerlo. Para ello, es decisivo el esfuerzo en incrementar las oficinas europeas de examen de solicitudes de asilo, que deberían multiplicarse y asegurar en ellas la presencia de representantes de ACNUR.

• Ese incremento correspondería, en buena lógica, a la UE, que debe y puede multiplicar las oficinas diplomáticas y consulares (esa es una contribución de los 28: no hace falta que todos los países las abran en todos los países de riesgo o en sus Estados limítrofes. Se trata de coordinar la aportación de los Estados miembros para ese incremento), sobre todo en los países limítrofes a aquellos en los que existen situaciones de conflicto que generan desplazamientos de refugiados. Es ingenuo pensar en hacerlo en Siria, Afganistán o Eritrea. Pero no en Jordania, Líbano, Iraq o Turquía, por referirnos sólo a ejemplos que afectan los refugiados sirios.

• Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias, la Directiva 2001/55CE del Consejo que, pese a su antigüedad, nunca ha sido aplicada” y que habilita medidas que pueden beneficiarse del Fondo Europeo para refugiados. Como ha señalado por ejemplo Pascual Aguelo, basta recordar el nombre completo de la directiva: “Directiva relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencia de su acogida’. La directiva provee iniciativas para hacer seguro y equitativo el deber de solidaridad entre los Estados miembros de la UE. Es decir, que EXISTE ya un SECA, EXISTE una normativa en vigor que hace posible adoptar medidas, EXISTE dotación presupuestaria.. Entre esas medidas se incluye eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto

• Mejorar los programas de reunificación familiar

• Reforzar e incrementar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los Estados.

Añadiré las peculiaridades que plantean Estados como España, en los que hay que optimizar la coordinación entre los diferentes niveles de la administración para evitar el despilfarro de recursos y mejorar la eficacia, sin que ello suponga tratar de negar la autonomía y las competencias de Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades autónomas (CCAA).

• 1. Hay que elaborar y aprobar ya, de modo urgente y en colaboración con las ONGs especializadas y con el Defensor del Pueblo, el Reglamento de la ley de asilo. Debe prestarse especial atención al desarrollo del artículo 46 de la Ley de Asilo que hace referencia a las personas en situación de especial vulnerabilidad.

• 2. Es conveniente diseñar un Plan estatal de acogida de refugiados (y también de quienes obtengan la protección subsidiaria), en colaboración con Ayuntamientos, Diputaciones, CCAA y ONGs especializadas y prestando especial atención a la experiencia y recomendaciones formuladas reiteradamente desde el Defensor del Pueblo en sus informes Anuales y en sus recomendaciones puntuales para su distribución equitativa.

• 3. España dispone de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) que sería el interlocutor idóneo para ayudar a coordinar las iniciativas de Ayuntamientos y Diputaciones con las de la Administración central del Estado. Y del mismo modo con las CCAA: se trataría de que el Gobierno del Estado utilizara los cauces institucionales para coordinar –desde el mayor respeto a las competencias de las CCAA- la actuación concreta y la distribución de la acogida de refugiados en el territorio de soberanía española.

• 4. Es necesario diseñar, por el mismo procedimiento y condiciones, políticas de protección social para quienes soliciten y obtengan asilo o protección susbsidiaria. Para ello es importante contar con la experiencia de ONGs especializadas, en lugar de multiplicar las ayudas a todas las ONGS. Deberían concentrarse las subvenciones en CEAR y ACCEM. Y en coordinación los medios que pueden proporcionar Ayuntamientos (FEMP) y CCAA. Es urgentísimo, en materia de atención a los inmigrantes, que se restaure de inmediato y con dotación de al menos 400 millones de euros el Fondo de ayuda a acogida e integración inmigrantes, para Ayuntamientos y CCAA, que fue ya muy reducido en el último tramo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, al abrigo de las dificultades de la crisis y simplemente suprimido por el Gobierno Rajoy en 2012.

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*Catedrático de filosofía del derecho y filosofía política, Instituto de Derechos Humanos Universidad de Valencia. Acaba de publicarse la segunda edición (2016) de su libro Mediterráneo, el naufragio de Europa.

Además de historiador, soy lo bastante mayor para acordarme de cuando el PSOE hablaba de la Comunidad Europea como una “Europa de los mercaderes”. Definición clara, precisa y exacta, que resumía en esencia cuáles eran las fuerzas sociales protagonistas del proceso. Después vendrían, como en el caso de la OTAN, las rectificaciones apresuradas y sin explicaciones. Era tal el relumbrón del sueño europeo que hasta políticos como Julio Anguita se abstuvieron en la votación que finalmente aprobó el Tratado de Maastricht -querido Julio, aquella no fue un oposición firme y resultó un error.

Ahora, frente a las injusticias y desmanes de la Unión Europea, no sólo contra los infelices refugiados políticos, sino ayer contra Grecia y antes de ayer contra Ucrania, se erigen voces críticas que hablan de los “errores” de la Unión Europea, que se supone podrán ser subsanados si se siguen los consejos de la minoría esclarecida y sabia de los intelectuales progresistas. (¡Ay Platón, qué alargada es tu sombra!). Pero yo discrepo de este análisis. Lo que está ocurriendo es la consecuencia lógica y necesaria de un proyecto que aspira ser poco más que una Zona de Libre Comercio, pero destinada a ampliarse a los Estados Unidos si se consuma ese nuevo crimen político que es el TTIP. Que nadie se asombre del egoísmo y la miopía intelectual de la mayor parte de la burguesía europea: su único lema es, como bien apuntaba un comerciante italiano del siglo XIV en su Libro Mayor de contabilidad, “En el nombre de Dios y del beneficio”.

Enseguida los críticos pedestres me acusarán de ser un retrógrado antieuropeo; pero se equivocan. Creo profundamente en el sueño europeo, pero no como un fin en sí mismo sino como una fase de transición hacia el verdadero fin socialista: el internacionalismo. Empero, no me hago ilusiones; al igual que el gran intelectual valenciano Joan Fuster, que consideraba que “el País Valenciano será de izquierdas o no será”, yo también pienso que la Unión Europea será de izquierdas o no será. Y lo que vemos es que hasta ahora, son los “mercaderes” quienes guían el proceso, y a ellos les trae sin cuidado los derechos humanos.

Cierto que ahora las fuerzas de izquierda, más fuertes y conscientes que antes, reclaman un ‘Plan B para Europa’, dirigido e implementado por ellas. No seré yo quien se oponga a tal idea, pues no la veo como un imposible aunque sí muy difícil en la práctica. Aquí resulta útil recordar lo dicho por Marx: “En la historia como en la naturaleza, la podredumbre es el laboratorio de la vida”.

La Unión Europea tiene un conjunto de mecanismos de control y represión de los flujos migratorios entre los que se encuentran los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Siete en España y alrededor de 170 en Europa.

El internamiento en los CIE se encuentra regulado en la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. A la conocida «Directiva de la Vergüenza» se añaden leyes, reglamentos de extranjería, redadas racistas, políticas de externalización de fronteras o la Agencia FRONTEX.

Diversos informes elaborados por distintas universidades, ONGs y Oficinas del Defensor del Pueblo, señalan que en esos CIE se violan derechos fundamentales de las personas. Los inmigrantes que están recluidos en los CIE no han cometido ningún delito sino una falta administrativa. Sin embargo, muchas de ellas han sufrido torturas físicas y psíquicas, malos tratos y en algunos casos hasta la muerte.

A pesar de que su funcionamiento está reglamentado, no existen informes oficiales sobre los CIE, verdaderos campos de tortura, exclusión y muerte. No existe fiscalidad ni transparencia y todo es opacidad. La prensa no puede entrar en estos «Guantánamos» situados en el corazón de la opulenta Europa.

Los Centros están hechos para que las personas sufran y para ayudar a criminalizar al inmigrante. Las cárceles tienen más derechos garantizados que en los CIE. A las personas que se les interna, en estos nuevos campos de concentración de este siglo, se les asigna un número que nos recuerda a la época nazi.

Las condiciones de internamiento llegan a ser humillantes. Por ejemplo, se ha constatado que en ocasiones no se da permiso a los internos para acudir a los baños, con lo que deben hacer sus necesidades dentro de las celdas. Las celdas están cerradas con llave.

El internamiento por la mera comisión de una infracción administrativa debería preocupar al conjunto de la sociedad. La ciudadanía no debe tolerar la existencia de estos centros, que son contrarios a los derechos humanos e incompatibles con una sociedad libre. Se da la paradoja de que vivimos en una sociedad en la que el poder judicial indulta a un Consejero del Banco Santander, acusado de fraude, y mantiene en los CIE, privándoles de libertad, a miles de inmigrantes que han cometido una falta administrativa.

El sistema está diseñado para detener a personas por lo que son y no por lo que han hecho. Los inmigrantes son seres humanos con derechos. Cuando deshumanizamos a otros, nos deshumanizamos a nosotros mismos.

Teniendo en cuenta que la emigración es una consecuencia de las políticas y prácticas de la UE, sus estados miembros y sus empresas transnacionales en los países de origen, Europa tiene que establecer una política migratoria integral, coherente y basada en los derechos fundamentales porque, como ha recordado el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, François Crépeau, los miles de refugiados e inmigrantes que están llegando a sus costas «son personas como nosotros».

Ni vallas, ni concertinas, ni naufragios, ni centros de internamientos van a parar los flujos migratorios. Negarles el agua, el alojamiento o los alimentos no nos va a conducir a nada. Porque la política migratoria de Europa, basada en el control de la inmigración y la noción utilitarista desde el punto de vista laboral, está ocasionando conculcaciones de los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos.

Para conjugar soberanía de los Estados y derechos de los residentes, tengan o no un estatus legal, deben tener acceso a los derechos sociales básicos, como la salud, la educación y la protección.

Y el primer paso es exigir el cierre de los CIE, porque es posible y depende de la voluntad política, puesto que su existencia no es una cuestión obligatoria para ningún estado de la Unión Europea según su propia legislación.

Así lo ha entendido la campaña Ciudades Libres de CIE, que tiene un balance muy positivo puesto que se han aprobado mociones en el Parlament de Catalunya, así como en el Ayuntamiento de Barcelona con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios y municipales a excepción de Ciutadans y el Partido Popular de Catalunya. También se ha aprobado en las Cortes Valencianas y en los Ayuntamientos de Valencia, Burjassot y Moncada. A esto se suman declaraciones institucionales y aprobaciones en ciudades de Galicia y Navarra.

Un posicionamiento claro por parte de las instituciones locales para instar al gobierno central al cierre de los CIE y para desarrollar su compromiso a favor de los Derechos Humanos en aquellos aspectos de la política migratoria represiva que alcanzan su competencia.

No construyamos ciudadanía por exclusión que es lo que hace el CIE.

Además de historiador, soy lo bastante mayor para acordarme de cuando el PSOE hablaba de la Comunidad Europea como una “Europa de los mercaderes”. Definición clara, precisa y exacta, que resumía en esencia cuáles eran las fuerzas sociales protagonistas del proceso. Después vendrían, como en el caso de la OTAN, las rectificaciones apresuradas y sin explicaciones. Era tal el relumbrón del sueño europeo que hasta políticos como Julio Anguita se abstuvieron en la votación que finalmente aprobó el Tratado de Maastricht -querido Julio, aquella no fue un oposición de verdad y resultó un error.

Ahora, frente a las injusticias y desmanes de la Unión Europea, no sólo contra los infelices refugiados políticos, sino ayer contra Grecia y antes de ayer contra Ucrania, se erigen voces críticas que hablan de los “errores” de la Unión Europea, que se supone podrán ser subsanados si se siguen los consejos de la minoría esclarecida y sabia de los intelectuales progresistas (¡Ay Platón, que alargada es tu sombra!). Pero yo discrepo de este análisis. Lo que está ocurriendo es la consecuencia lógica y necesaria de un proyecto que aspira ser poco más que una Zona de Libre Comercio, pero destinada a ampliarse a los Estados Unidos si se consuma ese nuevo crimen político que es el TTIP. Que nadie se asombre del egoísmo y la miopía intelectual de la mayor parte de la burguesía europea: su único lema es, como bien apuntaba un comerciante italiano del siglo XIV en su Libro Mayor de contabilidad, “En el nombre de Dios y del beneficio”.

Enseguida los críticos pedestres me acusarán de ser un retrógrado antieuropeo; pero se equivocan. Creo profundamente en el sueño europeo, pero no como un fin en sí mismo sino como una fase de transición hacia el verdadero fin socialista: el internacionalismo. Empero, no me hago ilusiones; al igual que el gran intelectual valenciano Joan Fuster, que consideraba que “el País Valenciano será de izquierdas o no será”, yo también pienso que la Unión Europea será de izquierdas o no será. Y lo que vemos es que hasta ahora, son los “mercaderes” quienes guían el proceso, y a ellos les trae sin cuidado los derechos humanos.

Cierto que ahora las fuerzas de izquierda, más fuertes y conscientes que antes, reclaman un ‘Plan B para Europa’, dirigido e implementado por ellas. No seré yo quien se oponga a tal idea, pues no la veo como un imposible aunque sí muy difícil en la práctica. Aquí resulta útil recordar lo dicho por Marx: “En la historia como en la naturaleza, la podredumbre es el laboratorio de la vida”.

El cambio climático es ya hoy la primera causa de migraciones en el mundo. Solo en 2011 más de 40 millones de personas dejaron sus hogares por fenómenos ambientales, una cifra que podría llegar a los 1.000 millones de personas en los próximos 50 años. Sin embargo, pese a estar frente a una realidad incontestable —las causas climáticas y sus víctimas—, los refugiados climáticos, parecen quedar a menudo fuera del debate sobre los factores que determinan los flujos migratorios.

Cambio climático y migraciones: dos caras de la misma moneda

La sobreexplotación de recursos, la deforestación, la desaparición de tierras fértiles y en general cualquier fenómeno climático o ambiental que altere las condiciones de vida y de acceso a los recursos básicos de la población pueden ser el detonante o el multiplicador de una crisis, en la que intervienen condicionantes políticos, sociales y productivos. Asimismo, tal como explica Robin Mearns, especialista en cambio climático del Banco Mundial, los factores climáticos “tienden a amplificar problemas existentes”.

Y esto es lo que ciertamente ha ocurrido en Siria. Como bien documentó Thomas L. Friedman, premio Pulitzer y columnista en el New York Times, en el caso sirio los factores medioambientales han sido causas de migraciones internas, que a su vez reforzaron la inestabilidad y conflictos en el país, que desembocaron en migraciones masivas a nivel regional y europeo. Más concretamente, entre 2006 y el 2011 una sequía desgraciadamente histórica en el noroeste de este país dejó a millones de personas en la extrema pobreza. Tal y como recuerda Luis González, el 75% del campesinado perdió sus cosechas, el 85% del ganado falleció afectando alrededor de 1’3 millones de personas y decenas de miles de personas tuvieron que migrar a núcleos urbanos empobrecidos, verdaderos caldos de cultivo para el conflicto.

De la misma manera, las Primaveras Árabes —o mejor dicho las revueltas del hambre— en Túnez, Egipto, o Libia no se pueden entender sin tener en cuenta la crisis alimentaria que azotó la zona y sus profundas raíces medioambientales, climáticas y energéticas.

El impacto del cambio climático sobre las migraciones ya se siente, pudiendo ser mucho más severo en los próximos años si las emisiones contaminantes continúan creciendo y sobre todo si no empiezan a decrecer de forma contundente. De ahí, que sea necesario, más que nunca, que la comunidad internacional de una respuesta amplia a este fenómeno: los refugiados climáticos. Es necesaria una solución coherente y vinculante, que incluya definiciones apropiadas, instrumentos legales, instituciones y financiación.

Propuestas para reconocer y visibilizar los refugiados climáticos

Es evidente que los marcos normativos y narrativos del siglo XX se han quedado desfasados en la era de la crisis ecológica. Tal como afirma la Organización Internacional para las Migraciones, es el momento de reconocer sin ambigüedades que existen ‘migrantes medioambientales’, es decir, «personas o grupos de personas que, por razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a la vida o las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus hogares habituales».

Y un reconocimiento sería un primer paso para lograr su protección legal e institucional. En la actualidad, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (ONU), permite solicitar asilo a una persona por “fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”, obviando claramente la crisis climática y sus efectos en los flujos migratorios.

La inclusión en la Convención de un protocolo específico sobre ‘refugiados climáticos’ así como la ampliación en este sentido de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre desplazamientos internos, serían pasos significativos. También la Unión Europea tendría que integrar a estos ‘refugiados climáticos’ en su legislación existente sobre protección temporal, internacional o trabajadores estacionales, y España incluir en sus políticas de migración y asilo el concepto de ‘migrantes ambientales’, tal como hacen otros países como Suecia y Finlandia.

Pero además del reconocimiento legal, es imprescindible actuar en el origen de las causas. La lucha contra el cambio climático es el gran reto del siglo XXI. En la senda del acuerdo de París alcanzado en la cumbre de COP21, es hora de salir de la era de la energía fósil y descarbonizar la economía. Si bien no reconoce los refugiados climáticos, este acuerdo allana el camino al recordar que la (mayor) responsabilidad del cambio climático es de los países del Norte (lo que incluye Europa y España), mientras los que principalmente lo sufren son los países del Sur. En base a este principio de diferenciación y utilizando el acuerdo de París como gancho, reducir a largo plazo las migraciones climáticas pasa por:

.Una transición en los países del Norte hacia un modelo de producción y de consumo sostenible.

.Un apoyo económico a los países más empobrecidos en su lucha contra el cambio climático y las medidas de adaptación para la prevención de desplazamientos y migraciones. Esto supone una financiación adicional, por ejemplo a través del fondo verde del acuerdo de París.

Es hora de visibilizar la relación íntima entre migraciones y cambio climático. Y es urgente aportar una solución legal y social para los millones de refugiados climáticos. Además, a nivel estructural, es el momento de dar un salto cualitativo en el cambio de modelo social y económico hacia otro que respete a la vez el planeta y las personas. Si nos tomamos en serio las migraciones masivas no deseadas, es más que nunca el momento de luchar contra el cambio climático y sus responsables. Por tanto, significa poner la transición ecológica y justa en el centro de nuestras prioridades políticas y sociales.

Desde que los dirigentes europeos decidieron que había que blindar las fronteras del viejo continente alejándose de los viejos principios del mundo más avanzado que siempre definieron esta parte del mundo, desde que se decidió que la política a seguir era y es “los nuestros primero” se acompañó esta medida con un manejo emocional de una impresión tan útil como peligrosa como ya mencionaba Maquiavelo en su clásico y conocido libro ‘El príncipe’; nos estamos refiriendo al miedo.

En el día a día no hay inmigrantes por motivos económicos y por motivos de persecución en dos realidades claramente diferenciales, en general, unos se mezclan con los otros y con frecuencia ocurren las dos cosas al tiempo en un espacio continuo que por muchas fronteras y limitaciones que quieran ponerse, no evitaran los flujos migratorios porque, como bien dicen muchos de los que emigran en terribles y peligrosos viajes, no lo hace ya por ellos que dan su vida y su futuro por perdido, lo hacen para que sus hijos puedan tener una oportunidad de futuro, una fuerza incontrolable y que les hace capaces de superar todas las dificultades: la fuerza de la supervivencia.

El miedo es el condimento emocional que acompaña a la insolidaridad, que acompaña a las políticas de la ‘Europa fortaleza’, una emoción básica que va unida a las políticas egoístas con el otro diferente y también con el otro desigual que comparte espacio pero que acaba siendo responsable de su situación en un mundo de personas aisladas a su propia suerte en competencia feroz por sobrevivir mientras que un instrumento como la economía se convierte en fin, en principio y final y la austeridad en la política estrella, en el que la desigualdad crece imparable.

Un miedo que se agita en el siglo del ‘miedoceno’ como señalaba agudamente hace un tiempo Forges, un miedo liquido en expresión de Bauman, que impide tener un plan de respuesta porque no sabemos a qué debemos tener miedo, que genera el peor de los miedos posibles: la indefensión, un temor que nos acompaña, nos activa y nos pone a la defensiva ante todo lo que sea diferente, un miedo, emoción básica y que conecta con nuestro cerebro mas animal, al tiempo peligroso y útil como emoción básica. Un miedo que una vez que se activa se vuelve tan irracional como incontrolable arrastrando a la solidaridad o la justicia.

Inmigrantes a los que tenemos miedo, a los que, por momentos se idéntica con terroristas, con personas diferentes que vienen a quitarnos lo que es nuestro, a invadir nuestros espacios, a romper nuestras costumbres, a desadaptar nuestras vidas.

Uno de los retos más importantes a afrontar será, precisamente, construir discursos integradores, fijar la atención en lo que nos une y no en lo que nos desune, recuperar conceptos como la solidaridad, el diálogo, el aprendizaje a partir de las diferencias, el respeto a los otros y, por encima de todo, la construcción de sociedades que vuelvan a juntarse, en el que se reconstruyan espacios para compartir, para conocerse, para caminar juntos, porque el miedo solo se combate si se le mira a los ojos y la desigualdad solo se rompe desde proyectos colectivos; se tratara de rearmar las relaciones sociales y grupales, recuperar el agora y recuperar la política, recuperar la alegría, sonreír, empatizar y dialogar para que el miedo ya no sea la emoción dominante de nuestro tiempo, para que rompamos el individualismo y la competitividad extrema.

Para empezar a cambiar las cosas en esta dirección convendría preguntarse a quién beneficia el miedo, quién lo construye y porqué se hace y conocer sus usos y costumbres, como la generalización a partir de un caso concreto: un árabe es un terrorista, los árabes son terroristas por ejemplo, tengamos miedo, pensemos en ellos como amenaza, como peligro, alejémonos de ellos e impidámosle la entrada en nuestras vidas.