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Valga esta segunda entrada para aclarar algunas dudas o preocupaciones sobre la renta básica tal como la planteamos y a modo de respuesta de algunas entradas anteriores. La sensación es que se buscan problemas allí donde no hay mientras que se ocultan las prevenciones reales (tipo “no es posible que los vagos la cobren”) y se evita responder a los problemas de las alternativas. De todas formas nuestra propuesta no es una propuesta estática y agradecemos todas las críticas que permiten mejorarla.

a) Financiada con IRPF a tipo único no es progresivo: pues si lo juntas con una renta básica es mucho más progresivo que el actual IRPF en donde hay un mínimo que es cero y los tipos sobre los rendimientos del capital son inferiores. No obstante si se quiere poner progresividad en los tramos, nada lo impide, pero no es necesario. RB + IRPF a tipo único, de neoliberal, nada. Si no, que se lo pregunten a los neoliberales.

b) Una renta básica financiada con impuestos permitiría incluso abordar algunos tabúes intocables desde cierta izquierda, como incrementar el IVA o eliminar los tipos reducidos: bastaría incrementar la renta básica con el importe que supone el incremento de tipos. Porque tan injusto es que se suba el IVA del pan a los pobres sin compensarlos como que los ricos paguen el pan a un IVA reducido.

c) No se puede pagar: ya hemos explicado, con una muestra de 1,9 millones de declaraciones de IRPF procedentes del IEF, que se puede pagar con menos de la mitad de lo que nos separa de Europa en presión fiscal. Y a un coste similar a la propuesta sindical, pero cubriendo el 100% de los pobres, en su versión de umbral de riesgo de pobreza por unidad familiar según Eurostat.

d) Se carga el sistema de prestaciones de la Seguridad Social: la RB es una prestación que complementa la escasez de las actuales prestaciones, ganas por lo menos lo mismo o más que antes. No obstante, si es un problema no entender esto se pueden poner las prestaciones como un ingreso más imponible y añadirle la renta básica. Saldrá más caro, pero poco, porque habría que descontarle al menos la parte no contributiva actual que ya existe implícitamente en estas prestaciones. Por cierto, en Dinamarca todas las prestaciones se pagan con el IRPF y nadie se rasga las vestiduras, al contrario.

e) Es compleja de gestionar y se cobra tarde, anualmente con la declaración del IRPF. Para el 90% de la población, la declaración del IRPF se hace cada mes, en la nómina, la pensión o el subsidio, mediante el sistema de retenciones. Se puede añadir la RB fácilmente a estos pagos regulares. Y esto incluye la parte de los dependientes.

f) Obliga que todo el mundo con ingresos haga declaración de IRPF. Bienvenido sea, y acábese así con la opacidad de los excluidos o autoexcluidos de declarar en un país que cuenta con uno de los sistemas informáticos fiscales más potentes del mundo. En esto y en muchas otras cosas coincido plenamente con J.A. Herce.

g) No tiene en cuenta otras necesidades, como la dependencia. Claro, tampoco cura enfermedades ni educa a los niños. No es su función, aunque se podría incorporar fácilmente un suplemento. Nosotros solo garantizamos que no se detrae ni un euro para el resto de gastos públicos en especie.

h) No cubre todas las necesidades. Ya, pero cubre muchas más que una renta condicional: evita la estigmatización (hola: soy pobre y un inútil para encontrar trabajo), la exclusión financiera, la exclusión a la vivienda, la trampa de la pobreza, la trampa de la precariedad, la imposibilidad de emanciparse, de dejar la pareja que te maltrata o de emprender un nuevo proyecto. Todo esto tiene un común denominador que se llama más libertad.

i) No lucha por el reparto del trabajo: no se nos ocurre una manera mejor de repartir el trabajo remunerado de manera racional y sin generar trabajadores pobres que combinando el reparto con la renta básica. Todo el mundo sale ganando. Incluso generar trabajo desde el sector público sale muchísimo más rentable económicamente si se combina con una renta básica financiada con IRPF.

j) Es incomprensible que sus defensores defiendan la renta mínima. Cualquier medida que mejore las condiciones a corto plazo de la población pobre es bienvenida. Pero la renta mínima propuesta ni soluciona la pobreza de manera contundente ni genera una dinámica positiva debido a las trampas que acarrea. Y si una renta mínima quiere generar una dinámica adecuada…se convierte en una renta básica. Puestos a elegir una transición pongamos una renta básica familiar inferior al umbral de la pobreza y cubramos a los niños correctamente, pero que sea incondicional e imbricada en el IRPF, por favor. Y que no me digan que Botín también la cobra. Ahora cobra cientos de RB a través de las reducciones, mínimos y deducciones de su IRPF, y nadie se escandaliza. Con nuestra propuesta Botín pagaría más, como el 12-20% de la población más rica. El resto saldría ganando.

k) Y es ridículo compararnos con Islandia o Suecia: en los últimos 35 años estos países nunca han tenido tasas de paro por encima del 15 %, nosotros, en 24 años. Y tenemos más de 8 millones de parados reales, contando los desempleados oficiales, los que han abandonado la búsqueda y los que trabajan a tiempo parcial involuntariamente, una cifra nada nórdica y sin solución en la próxima década. Distintos problemas, distintas soluciones, sobretodo cuando las otras han fracasado.

l) Respecto a las experiencias internacionales, solo nos remitimos a los propios informes de los defensores de las rentas mínimas que nos dicen que en general más del 40 % de la población europea que la necesita no la cobra. Vamos a reinventar la rueda de algo que no funciona, ¿cuánto tiempo más y cuántas personas vamos a dejar en la pobreza?

m) Para acabar, si recuperáramos 20.000 millones de euros para gasto social, en qué los usamos: ¿en acabar con la pobreza de 9 millones y medio de personas con una renta básica familiar que permite además repartir el trabajo, generando entre 1,5 y 2 millones de puestos de trabajo, en acabar con la pobreza de 6 millones de personas mediante una renta mínima, o en volver a subir los sueldos de funcionarios, contratar más médicos y maestros, construir más escuelas y hospitales y reducir el copago de los medicamentos? Sigo sin entender por qué pudiendo acabar con todos los pobres, reduciendo el índice de Gini en hasta 10 puntos, nos tenemos que conformar con menos. Seguro que hay un motivo, pero no alcanzo a comprenderlo; quizás que se quiera seguir manteniendo una masa dócil y dependiente de no se sabe bien qué. Repito, la libertad tiene un inmenso valor.

[…] aquí mi intervención en el Foro de Debate organizado por Espacio Público (el tema eran las Rentas Mínimas, pero el debate […]

Quiero empezar señalando que, en mi opinión, el problema real, de fondo y relevante de este debate, es la falta de cobertura de necesidades básicas de una parte de la población. Mucho más relevante, en términos de personas afectadas, en una situación de crisis prolongada como la actual en la que las redes de protección social existentes, siendo importantes, son claramente insuficientes.

Ese problema central puede ser abordado de distintas formas, en este debate se ha partido de la propuesta sindical de crear una renta mínima garantizada, y han aparecido otras alternativas (trabajo garantizado, impuesto negativo sobre la renta, renta básica). Todas ellas intentan afrontar un problema real y evidente, con ventajas e inconvenientes, sin duda, cada una de ellas.

Esa es la cuestión y, brevemente y con claridad para no volver sobre ello creo que, en este debate, descalificar la propuesta sindical de renta mínima garantizada para las personas con rentas insuficientes, probablemente intentando aumentar el protagonismo de la posición propia, es mas vanidoso que útil.

La cuestión con la que hay que contrastar cualquier propuesta es la red de protección social existente, el mercado de trabajo existente, la falta de cobertura de necesidades de una parte importante de la población. El discurso dominante que se basa en la ausencia de recursos, la acusación de quienes no quieren aumentar el gasto en protección social, apelando al riesgo de caer en la trampa de la pobreza,… que encubre las distintas prioridades políticas entre quien gobierna y quienes demandamos soluciones justas, exigentes, pero posibles.

Por tanto, bienvenidas sean todas las propuestas, pero conviene contrastarlas con la realidad. Esta es tozuda, millones de personas sin empleo o cobertura de protección social y las prioridades de política económica de España y la Unión Europea situadas lejos de esa realidad.

He de reconocer cierto estupor cuando leo en alguno de los participantes de este foro que la principal crítica que cabe hacer a la Renta Mínima estatal que proponen los sindicatos, y por la que parece que hay que rechazarla, es porque no es suficiente: no resuelve todos los problemas de la pobreza, ni todos los problemas del mundo del trabajo. Pues vaya, claro que no. No es ese su objetivo.

No veo el problema en decir que la Renta Mínima es un ambicioso paso hacia delante y que la Renta Básica podría serlo aún más, siempre en función de como fuese construida. Hasta donde sé los viajes comienzan siempre con el primer paso, y el que proponemos no es pequeño.

Y ya puestos a caminar, seguro que todos compartiríamos que con la Renta Básica tampoco se resolverían todos los problemas de desigualdad y falta de equidad que afectan a las sociedades capitalistas y que, seguramente, habría que seguir dando otros muchos pasos en esta senda.

Pero en cualquier caso sí quiero señalar que la discusión entre Renta Mínima y Renta Básica es un debate que se da, fundamentalmente aunque no solo, en la izquierda; en el otro lado del espectro ideológico ya vemos que algunas propuestas no están en la agenda, ni se las espera. Y esto tiene su importancia.

Conviene recordar que el Estado de Bienestar, el Estado Social que dice la Constitución en su artículo 1º que tiene como objetivo “la justicia y la igualdad” y en el que hemos enmarcado instrumentos tan útiles para ello como los sistemas públicos de seguridad social, sanidad y educación, es en realidad un contrato social. Si nuestro Estado de Bienestar tiene un alto nivel de consenso social es en gran medida porque en su construcción, financiación y disfrute participa de común acuerdo un amplio espectro social y político. Son los ámbitos más extremos y puritanos de la ortodoxia de las distintas concepciones ideológicas las que suelen cuestionar el resultado.

Lo más difícil de un debate en materia de protección social es determinar con acierto cuál es el objetivo y establecer un plan de trabajo para lograrlo.

El objetivo de la Renta Mínima estatal que proponemos los sindicatos es claro: mejorar una laguna muy concreta, y muy amplia, que hoy tiene el sistema de protección social: no está diseñado para proteger a quienes nunca tuvieron un empleo y lo buscan (jóvenes sobre todo, pero también mujeres) y a los parados de larga duración (hoy ya de un perfil sociodemográfico amplísimo) que ven agotadas las prestaciones de desempleo, y que se encuentran en una situación de necesidad porque ni ellos ni sus entornos familiares tienen ingresos suficientes.

Hoy hay en esta situación 2 millones largos de personas, el 70 por ciento mujeres, que viven en 1,8 millones de hogares en los que residen un total de 6 millones de personas (de ellos 2 millones son niños y menores de edad). Es aquí donde se concentra el crecimiento del riesgo de pobreza y este es el objetivo de los sindicatos, claro y preciso. El objetivo no es cubrir esta laguna sólo en la crisis económica, sino hacerlo de manera permanente.

Hoy el efecto social de esta laguna se ha multiplicado y es urgente resolverlo, pero sin crisis la laguna sigue existiendo y aunque el número de afectados sea inferior también hay que mantener este nuevo ámbito de protección. Se trata de dar un paso más, y no pequeño.

Aumentar el gasto social en un mínimo de 11.000 millones de euros anuales, entre 15 y 20.000 si tenemos en cuenta la previsión de mejora de prestaciones para personas con cargas familiares, es decir, entre un 1 y un 1,5 por ciento del PIB, ni es fácil ni poca cosa. Se puede pedir más, sin duda, pero despreciar esto no parece muy útil (recordemos algún parámetro de comparación: la cuantía mínima prevista, 11.000 millones en 2015, equivale a multiplicar por cinco el coste anual de pensiones no contributivas, a la mitad del gasto anual en pensiones de viudedad de la seguridad social, a multiplicar por 10 el presupuesto para rentas mínimas de todas las comunidades autónomas juntas, por citar algunos ejemplos)

Conviene también que entre los objetivos señalemos que al proponer una medida concreta, ésta no entre en contradicción con el resto del sistema de protección social y procuremos no romper los equilibrios que ya guarda.

Por ello los sindicatos hemos propuesto enmarcarla como una prestación estatal (a la que accedan en igualdad todas las personas con independencia de su territorio de residencia) de seguridad social (derecho subjetivo reclamable ante los juzgados de lo social) en su ámbito no contributivo (financiada con imposición general), por un importe mínimo de 426 euros (no porque nos parezca suficiente, sino porque el objetivo más ambicioso ahora es extender mucho el número de personas cubiertas y ésta es la cuantía estándar de los subsidios equivalentes, por lo que la medida se insertaría en el sistema actual sin perjuicio de revisarlo íntegramente, como por cierto propone también la ILP, pero tras ampliarlo y muchom), por tiempo indefinido (que se percibe mensualmente coincidiendo con la situación de desempleo y carencia de ingresos, mientras se mantenga esta situación), y con el mandato explícito, imperativo en la propuesta, para incrementar la cuantía en caso de hijos o familiares a cargo y estableciendo el umbral de ingresos para acceder a ella en el 75 por ciento del SMI (también porque ese es el umbral estándar que se utiliza en otras prestaciones similares).

Somos conscientes de que en política siempre hay más de una solución a cualquier reto, y muy a menudo no hay una opción “óptima”, sino que todas ellas tienen pros y contras que hay que evaluar. Los sindicatos creemos no obstante que una prestación de seguridad social es la mejor opción, aunque no sea la única posible.

En este sentido se ha planteado también la posibilidad de instaurar un impuesto negativo sobre la renta (INR), que en esencia es una opción similar a algunas propuestas concretas de Renta Básica.

Algunos de los inconvenientes que nosotros percibimos de esta medida es que se aparta del esquema general con el que se ha construido el sistema de protección social y en tanto no se revise éste de forma integral podría interferir en el mismo (podría quebrar el orden lógico de acceso a las prestaciones, podría suponer duplicidades,… ); al estar ligado a la presentación de la Declaración de la Renta, la prestación económica no se reconocería hasta transcurrido el ejercicio fiscal, de modo que no se resolvería el problema inmediato de carencia de rentas, una situación, por cierto, felizmente superada en nuestro sistema de subsidios de desempleo; la medida propuesta de INR utiliza un criterio exclusivamente individual de determinación de ingresos y construir un criterio colectivo como el de hogar tendría ciertamente dificultad para compaginarse con el actual modelo fiscal (¿se obligaría a realizar la declaración conjunta a los matrimonios, cómo se computarían las rentas de padres e hijos mayores de 25 años…?)

Por otra parte, se dice en la propuesta de Impuesto Negativo sobre la Renta, que éste reduce los costes de gestión administrativa, puede ser, pero tendrá que admitirse que obliga a hacer declaración de la renta a muchas personas que hoy no tienen tal obligación, por tanto, más parece que sustituye unas cargas administrativas por otras.

Por último, abordemos una hoja de ruta para alcanzar el objetivo. Es necesario poner en la agenda el debate, y que las partes se avengan a abordarlo sin que ninguna de ellas lo deseche directamente por inviable.

Una vez puesto en la agenda política conviene igualmente que este proceso se produzca simultáneamente con otro de carácter social de movilización, por ejemplo, utilizando la recogida de firmas de una ILP para plantear la necesidad del debate mismo, la reflexión sobre las alternativas y la reivindicación en la calle.

No es casualidad que los sindicatos hayamos promovido una ILP coincidiendo con un proceso pre-electoral de unas elecciones generales y que la recogida de firmas se acompañe de actos públicos con partidos políticos para que pueda utilizarse este marco para buscar compromisos concretos de los partidos políticos (de la izquierda y la derecha, sujetos políticos tradicionales y los de nueva aparición) que aspiren a gobernar este país.

Para finalizar, conviene también dejar claro que el objetivo de esta propuesta no es alcanzar la emancipación de la clase trabajadora por la vía de una prestación económica. Ese objetivo está más relacionado, aunque no solo, con un empleo de calidad, digno y con derechos. Lo que aquí hacemos es ocuparnos de cómo nos protegemos cuando no lo tenemos y no estamos cubiertos por el sistema de protección social tradicional.

En lo que llevamos de crisis, los sindicatos no hemos dejado de reclamar unas veces y negociar otras instrumentos orientados a ambos objetivos (planes de empleo, re-industrialización, mejoras en convenios colectivos, prestaciones de desempleo como el PREPARA, Plan de Activación para el empleo, mejoras en las prestaciones de rentas mínimas en distintas comunidades autónomas, así como el propio compromiso incumplido por el Gobierno de completar la insuficiente red de rentas mínimas existente,…), en el que esta ILP es otra iniciativa más, ambiciosa, exigente, pero creemos que factible, además de no excluyente de otros debates y sobre otras necesidades (mayor presupuesto sanitario y para servicios sociales, dependencia,… en una población que envejece; inversión pública orientada a promover un modelo productivo más adecuado; reforzar estructuras educativas, de formación para el empleo, dual,…; entre otras muchas necesidades)

Es decir, atención a múltiples necesidades con un incremento de recursos, que por mucho que aumenten siempre son limitados, que han de salir de medidas normativas en materia fiscal, además de abordar de forma decidida y efectiva el control del fraude y la elusión fiscal, así como el fraude laboral.

En fin, ojalá encontrásemos el ungüento de fierabrás para necesidades sociales, pero de momento se lo leemos a Cervantes.

En la actualidad nos encontramos con sistemas de rentas mínimas desiguales por CCAA y en general muy insuficientes (como destaca Miguel Laparra aquí, es encomiable el caso de El País Vasco). Por ello, tal como señala la ponencia de Carlos Bravo, el establecimiento de la Renta Mínima Garantizada como un derecho general es urgente, y más en la situación de emergencia social en la que nos encontramos.

Cabe destacar que, afortunadamente, esta no es ninguna idea nueva sino un mecanismo de último recurso que ya funciona en muchos países, en consonancia con los demás elementos de los sistemas de impuestos, prestaciones y servicios públicos que conforman los estados de bienestar más avanzados (aunque ninguno perfecto).

La experiencia internacional demuestra que esta medida, convenientemente gestionada, no crea trampas de pobreza ni otras catástrofes.

Naturalmente, tendríamos que seguir discutiendo sobre cómo perfilar este derecho y sobre qué otras medidas son igualmente importantes. Nuestro sistema de protección social está seriamente dañado; muchos derechos humanos básicos se han recortado y otros igualmente básicos ni siquiera habían entrado en el sistema antes de los recortes; muchas necesidades perentorias siguen desatendidas.

La tasa de pobreza infantil es escandalosamente alta…. Nuestro sistema impositivo contiene vergonzosas inequidades que se acentúan reforma tras reforma…

Podríamos hablar, por ejemplo, de la necesidad de establecer una prestación universal por criatura, que naturalmente sustituiría a las desgravaciones actuales por ese concepto en el IRPF, pues estas son insuficientes y, lo que es peor, no alcanzan a las rentas bajas que no tienen de dónde desgravarse.

Podríamos hablar de equiparar las pensiones no contributivas al mínimo de las contributivas, extendiendo así el derecho a una renta mínima digna a la población mayor y acabando con la histórica injusticia de unas pensiones no contributivas muy por debajo de la línea de pobreza.

Además, no se trata solo de garantizar rentas, sino derechos. Podríamos hablar, por ejemplo, de todas las personas dependientes que están muriendo antes de que ni siquiera se les reconozca el derecho a la atención.

¿No debería ser un derecho básico de las personas el de la autonomía funcional? ¿No deberían los servicios públicos garantizar esa autonomía en condiciones dignas? Esto no se arregla con prestaciones monetarias sino con un Sistema de Atención a la Dependencia público que funcione correctamente.

Este sistema no es factible de la noche a la mañana, pero es urgente construirlo, empezando por incluir medidas en los planes de rescate a corto plazo.

Tampoco se trata solo de servicios públicos. Por ejemplo, podríamos hablar de todos los hombres y mujeres que tienen criaturas con una madre biológica; estas personas (llamadas por el sistema “otro progenitor”), siguen discriminadas por la Seguridad Social y por el Estatuto de los Trabajadores, que les concede solo dos semanas de permiso para cuidar, la octava parte que a la madre biológica. ¿No nos dicen que debemos ser corresponsables? Esta es una situación urgente de atajar en un momento en que la infancia está desatendida, la fecundidad en caída libre, las mujeres marginadas en el empleo….

Necesitamos también medidas urgentes de mercado de trabajo, como la reducción de jornada a 35 horas semanales máximas, la anulación de la última reforma laboral y otras medidas para dignificar el empleo. Necesitamos ser conscientes de que en la actualidad hay categorías laborales que no están protegidas ni siquiera por el actual Estatuto de los Trabajadores, así como de otras muchas flagrantes injusticias.

Necesitamos, en definitiva, discutir a fondo los principios de la política social en democracia y cómo aplicarlos efectivamente. “A cada personas según sus necesidades y de cada persona según sus posibilidades”. ¿Estamos de acuerdo? Pues deberíamos ponernos manos a la obra. Trato de aportar elementos para avanzar en este terreno en varios trabajos entre los que citaré tres: este artículo en la revista Transversales; el documento sobre reorganización del sistema de cuidados elaborado a petición de la Ejecutiva de Podemos; y mi libro Desiguales Por Ley.

Sin embargo, estos debates no son los que estamos manteniendo. En cambio, nos enfrascamos en otros debates en los que, curiosamente, no salen a relucir esos principios en torno a los que se forjó un pacto social en la segunda mitad del siglo XX. Advirtamos que este desplazamiento del debate avanza conforme progresa la ofensiva neoliberal para destruir los sistemas de impuestos y prestaciones existentes (o en construcción). Es muy ilustrativo que el Banco Mundial les llame “Sistemas Ortodoxos”, dándolos por superados y apostando en su lugar por lo que llama “Nueva Política Social”.

La propuesta de Renta Básica Universal Incondicionada, igual para todas las personas y sustitutiva de otras prestaciones ya existentes (RB) tiene que ver con este fenómeno. Sus defensores actúan al unísono repitiendo argumentos en principio atractivos porque, ¿quién podría negarse a que cada persona recibiera una cantidad, máxime en el actual momento de necesidad extrema? Sería un pecado oponerse.

Este argumento es engañoso, pues realmente la RB no trata de conceder esta prestación a las personas que lo necesitan sino a todas. Por otro lado, sus defensores no hablan de cómo atender otras necesidades, pero si se les pregunta dirán que no es incompatible; solo si se les pregunta. Otro argumento engañoso, porque en realidad proponen explícitamente que la RB sustituya a otras prestaciones.

¿Y sobre el sistema de impuestos progresivos? ¿No deberíamos poner en primer plano el problema de la pérdida de progresividad? Me preocupa que se proponga la financiación de la RB a base de una reforma fiscal que implante el tipo único, propuesta neoliberal donde las haya.

Aún más preocupante: J. Antonio Herce dice aquí que “el Impuesto sobre la renta, proporcional a tipo único, o progresivo, lo mismo da”. Muy alarmante, y sin embargo no ha sido contestado por ninguna otra persona de las que siguen convencidas de que no da igual ni muchísimo menos.

El mayor problema de la RB no es si debe implantarse o no. En realidad nadie propone implantarla ahora tal y como está concebida (universal, incondicionada, etc.) sino empezar con las personas que no tienen ingresos (lo que aumenta la confusión, porque en la práctica resulta ser poco más o menos como la Renta Mínima).

Es curioso que los defensores de la RB, que tanto disparan contra las rentas mínimas con el argumento de que crearán trampas de pobreza, se olviden de su propio argumento cuando aceptan esa primera etapa, que además no se sabe hasta cuándo durará (detalle interesante: ¿cómo no se les ha ocurrido esta idea a países como Suecia, Islandia, etc?).

El mayor problema es que la propuesta de la RB actúa como un factor importante de confusión y obstáculo en el debate sobre política social. Discútase de lo que se discuta, la introducción del tema de la RB simplifica, banaliza, monopoliza y polariza el debate reduciéndolo todo a una discusión entre RB sí o RB no. La evolución de la presente discusión en este foro es un ejemplo elocuente, pero he presenciado muchos otros. ¿Cómo es posible?

En el centro de la respuesta está el hecho de que la propuesta de la RB es exterior a una política social basada en el principio “a cada cuál según sus necesidades y de cada cuál según sus posibilidades”, que es muy diferente de darle a cada persona una cantidad y que se las arregle como pueda.

Diferentes premisas que se confrontan sin explicitarse y convierten la conversación en un diálogo de sordas/os. Lo que es más triste, este escollo nos está haciendo perder un tiempo precioso para debatir las medidas urgentes de política social. Al final yo también he terminado hablando de la Renta Básica. ¡Qué pena!

Me parece bien el balance crítico que acaba de aportar Daniel Raventós, aunque no así el tono ácido de ésta y de su anterior intervención, que en nada contribuyen a levantar puentes de diálogo y de comunicación. Pues ¿qué nos importa más, concitar las alianzas necesarias para hacer avanzar nuestras propuestas, o dar satisfacción a nuestro orgullo herido… aunque se tenga razones para la queja? Si de algo le sirve a Daniel Raventós, le diré que las personas que yo más admiro en política son aquellas que anteponen los intereses a largo plazo que los particulares, a corto plazo. Y yo también me he tenido que tragar más de un sapo a menudo.

Volviendo al tema que nos interesa, sostengo la Renta Básica y el Trabajo Garantizado no son propuestas sustitutivas, sino complementarias. Y si prefiero la Renta Básica a la Renta Mínima Garantizada es por su carácter incondicional. Ahora bien, apoyaría la propuesta de la Renta Mínima Garantizada si se me demuestra (como condición necesaria y suficiente) que es la más fácil de implementar a corto plazo, pues la situación de emergencia social en España no admite muchas demoras; a medio plazo, habría que imponer la Renta Básica.

Espero haber contribuido a que todos/as nos entendamos un poco mejor

En la distintas intervenciones editadas en este “espacio público”, una docena, han aparecido muchas cuestiones relacionadas con la renta básica (RB), la renta mínima de inserción (RMI) y el trabajo garantizado (TG). Resultaría largo y poco útil tratar de responder a todas las cuestiones que han ido escribiéndose a partir de las preocupaciones e intereses respectivos de las distintas personas que han participado.

Me limitaré a unas cuantas que, por repetidas en otros foros o por más o menos extendidas socialmente, creo que son merecedoras de alguna atención especial.

Hay quien ha escrito que la RB no es la mejor alternativa para enfrentarnos de forma inmediata al contexto de emergencia social en la que nos encontramos. Afirmación curiosa. Si en situaciones de mayor bonanza económica y social no era una medida “inmediata” y tampoco lo es en una situación de emergencia social como la actual, la pregunta es ¿la RB será alguna vez una medida a tener en cuenta? La pregunta es razonable y más cuando algunos de los que responden negativamente proponen medidas francamente más deficientes.

Hay quien habla de que la RB tiene menos aceptación social que, por ejemplo, la RMI. La aceptación social es algo que varía muchísimo. Hace solamente un año, ya no digamos tres, ¿había alguien que pensase que las nuevas alcaldesas de Barcelona y Madrid, mero ejemplo, tenían mucha aceptación social? Una de las buenas formas para que algo que no goza de mucha aceptación social consiga tenerla cabo de no mucho tiempo… es aportando razones. Creo que es lo que estamos haciendo algunos, ¿verdad?

Claro que podemos estar también tratando con una profecía que se cumple a sí misma. El razonamiento seguiría más o menos esta dirección: la RB no goza de aceptación social, por lo tanto no hay que defenderla y hay que apostar por lo conocido (aunque sepamos de sus deficiencias) por lo que nos opondremos fácticamente a que la RB tenga más aceptación social, etcétera.

Otra de las cuestiones planteadas es la preocupación por parte de algunos intervinientes en este debate del “costo económico” de la RB. En un estado como el español, en donde hay una diferencia tan grande respecto a la media de la UE en cuanto al porcentaje del PIB dedicado al gasto social, resulta como mínimo chocante esta preocupación.

Parece como si se implorara una respetabilidad de “seriedad” y “moderación” por parte de los habitual y algo ridículamente llamados policymakers, cuando la política económica que han venido practicando algunos de estos (volvamos a la memez) policymakers es lo que menos seriedad y moderación merece.

En cualquier caso, la RB apunta a una dirección muy diferente a la que se ha venido practicando hasta el momento a lo largo de los últimos lustros. He participado, con otros miembros de la Red Renta Básica (www.redrentabasica.org), en un ambicioso proyecto en el Reino de España a partir de 2 millones de IRPFs en donde se explica con detalle cómo podría financiarse una RB de una cantidad igual al menos al umbral de la pobreza. Se resumían algunos resultados en mi anterior intervención en este debate, pero puede obtenerse gratuitamente el avance detallado de esta financiación (1).

Curiosa al menos es alguna afirmación sobre que el debate no debería ser entre una RMI o una RB en la actual situación. Entonces, ¿cuándo lo será? Es decir, cuando alguien plantea «A» (pongamos la RMI) y otro plantea que precisamente «A» está llena de defectos y es más que insuficiente para aproximarse a lo que supuestamente pretende arreglar, es normal que proponga otra cosa, «B» (pongamos la RB). Es lo que en todo debate acostumbra a pasar, tanto en los que son clásicos como me atrevería a afirmar hasta en los más extremadamente modernos.

Es más que cuestionable, tanto que yo lo niego, que una RMI (o una garantizada) sea un paso hacia la RB. Que alguien lo plantee como un paso es perfectamente legítimo y, en política, se debe explicitar muy claramente. Por ejemplo, si se propone una medida de RMI o garantizada como un paso previo a la RB. Fantástico si así fuera, pero me estoy refiriendo a afirmaciones harto diferentes según las cuales, para algunos, una medida es un paso para la otra, la RMI para la RB, por ejemplo. Son propuestas muy diferentes y una no acerca a la otra como algunos autores han afirmado.

La condicionalidad es lo contrario de la incondicionalidad, así que parece raro aproximarse a algo mediante su contrario, por raros y originales que algunos quieran ser en la forma digamos de argumentar. Pero quizás hay algo más relacionado con este punto.

En breve, se afirma que «A» es más posible (o realista o incluso “serio”) que «B». Así que si se plantea directamente «B», resulta que estamos haciendo algo así como un brindis al Sol. Si usted está defendiendo la RB en vez del RMI (o renta garantizada o cualquier cosa parecida), está demostrando una gran falta de realismo porque la RB es imposible y lo único posible es la RMI o la garantizada o lo que sea. Y hasta hay quien califica de “radical” a la RB.

El objetivo es claro: en determinados ambientes, lo “radical” es algo sinónimo a poco realista por lo que se excluye más rápidamente si ya ponemos la RB en este conjunto de irrealizables.

Pero esto no es un argumento, es una argucia.

Quede claro para que no haya la menor duda: si respecto a la situación actual se mejoran las RMI ¡lo voto!, si respecto a la situación actual se plantea una renta garantizada como la que defienden algunos ¡lo voto!, si respecto a la situación actual se plantea una ILP mojigata como la de CCOO y UGT ¡lo voto!… pero creo que el debate no es si estas propuestas “mejoran” la situación actual (cosa que solamente algunos fanáticos liberales pueden negar), sino qué es mejor (o más conveniente), sea en términos técnicos, filosófico-políticos, sociales, económicos… o todos juntos: estas propuestas condicionadas o la RB.

No se trata del “todo o nada” sino de qué es mejor desde un punto de vista social, político y económico. Y la RB es mucho mejor, en mi opinión, de forma clarísima.

También hay quien ha criticado la RB por ser “individualista”. Y que evita una visión seria (¡vaya por dios!) de lo común. Así pues la fundamentación de la RB a partir de la dos veces milenaria libertad republicana, como la que junto con otros autores vengo defendiendo desde hace ya unos cuantos años, según la cual nadie es libre si no tiene la existencia social garantizada, el Estado debe garantizar que todos sus miembros, hombres y mujeres, dispongan de este “suelo” a partir del cual puedan emprender con mayor libertad sus distintos proyectos de vida… en fin, lo que Robespierre calificó, en uno de sus más famosos discursos, de derecho a la existencia… así, todo eso, digo, es “individualista”.

Aún más. La principal herramienta de que dispone el capital para disciplinar a la clase obrera, como decía entre otros grandes economistas Michael Kalecki, es la existencia de una población excedente. Esta población excedente es en la actualidad de proporciones inmensas. Con una RB esta «principal herramienta», este poder disciplinador, quedaría enormemente debilitada.

Efectivamente, el poder de negociación de la clase trabajadora aumentaría con una RB, como hemos venido defendiendo algunos desde hace tiempo. ¿Todo esto es “individualista”? Hay quizás algún problema más grave que trasciende este debate.

La propuesta del TG es mucho menos efectiva que la RB. Y si quiere aproximarse en efectividad es mucho más cara. La RB es una propuesta inmediata para contrarrestar los efectos en las condiciones de vida y trabajo que está sufriendo la población no rica, el TG es algo mucho más a largo plazo.

El TG, adicionalmente, tiene muchas deficiencias técnicas (si es con salario digno es tremendamente costosa; Lluís, Jordi y yo hicimos llegar a sus defensores los cálculos que nadie nos desmintió: a 10 euros brutos por hora, como inicialmente se proponía por algunos de sus defensores, el coste neto para el Estado era de 233.422.000.000 euros); sociales (si es con un salario menos que digno, 5 ó 6 euros la hora, tiene más posibilidades de financiación, pero no es deseable), y filosófico-políticas (una concepción de la libertad muy pobre y una antropología filosófica descabelladamente mezquina: se debe trabajar y con una RB “la gente no haría nada” o “se dedicaría a actividades indeseables”…).

Por cierto, si por “actividades indeseables”, se entiende como alguna vez he oído en boca de algún destacado defensor del TG, por ejemplo, “el toreo”… la ley sirve, como en Cataluña y Canarias ya se ha hecho, para impedir estas “actividades indeseables” como la tortura pública, más o menos artística, de animales.

Cuestión creo que no muy destacada normalmente es establecer con claridad lo que pretenden los partidarios de la RB y los de cualquier asignación monetaria condicionada (mínima, garantizada…).

Los segundos afirman claramente que es acabar o, como eso es quizás incluso demasiado radical para algunos, digamos más moderadamente paliar la pobreza. Para los primeros, los partidarios de la RB, acabar con la pobreza es un objetivo también. Pero preocupación también central para estos es incrementar la libertad de la inmensa mayoría de la población no estrictamente rica.

El “derecho a la existencia” apunta precisamente a este objetivo. Dicho con otras palabras y en términos que han salido en este o en otros foros: aumentar el poder de negociación de los trabajadores, prevenir la pobreza antes de que pueda darse, aportar la independencia económica a muchas mujeres cuya existencia, como alguien ha apuntado en este mismo “espacio público”, está vinculada a su pareja “de la que tal vez desean o necesitan escapar”. Quizás comparando objetivos de unos y otros podamos esclarecer algo más los términos del debate.

Finalmente, porque en algún punto hay que acabar: hay quien confunde la RB con una política económica (2). La RB formaría parte de una política económica en beneficio de la inmensa mayoría de la población no estrictamente rica, pero una política económica es algo mucho más amplio.

A veces se critica a la RB porque no soluciona determinados problemas reales de nuestra sociedad. Estos problemas deberán ser abordados con otros componentes de una determinada política económica.

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Notas:

(1) Jordi Arcarons et alii (2014): “Un modelo de financiación de la Renta Básica para el conjunto del Reino de España: sí, se puede y es racional”, Sin Permiso, accesible en http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7535

(2) Jordi Arcarons et alii (2014): “Algunas aclaraciones sobre la financiación de la Renta Básica. Entrevista”, Sin Permiso, accesible en http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7591

Siete años de crisis. Millones de personas que han visto trastocados sus proyectos vitales y sus formas de responder a las necesidades cotidianas. En muchos casos, por suerte, solo ha sido un ajuste, pero en otros muchos ha sido un cambio radical.

El grupo de personas que se encuentran en el espacio de total integración se ha convertido en una estricta minoría. Aquellas que se encuentran en el espacio de la exclusión han aumentado un 45por ciento. Pero más grave aún, aquellos que se encuentran en la exclusión más severa, ya suponen 5 millones de conciudadanos.

Los Servicios Sociales públicos han incrementado en un 64por ciento entre 2008 y 2013 el número de personas que han acudido solicitando sus prestaciones básicas. El último año del que tenemos datos, más de ocho millones de personas. Organizaciones como Cruz Roja o Cáritas cuentan por millones las personas que acuden a sus programas de atención.

Quiero aportar a la reflexión una mirada que pone su centro en las personas que acuden al sistema de protección pidiendo ayuda, pidiendo soluciones. Nuestro papel como organización de acción social nos permite construir una mirada complementaria a la que se desarrolla desde el ámbito de la ciencia o del ámbito del desarrollo de las políticas públicas. Sin renunciar a poner sobre la mesa nuestras propias propuestas.

Uno de los grandes cambios que se han producido con esta crisis, desde el punto de vista de los dispositivos de atención social, ha sido la llegada de un gran número de personas que nunca había tenido contacto con estos servicios.

Se han sumado, en un período muy corto de tiempo, los que ya acudían con aquellos que, por sus circunstancias, ya los conocían pero que la época de bonanza les había permitido mantenerse dentro de una situación de “estable precariedad». Ahora hay que añadir también aquellas personas que nunca habían necesitado pedir ayuda a la estructura de atención social. Hoy ya somos capaces de sacar algunas conclusiones de esto.

Solo por citar algunas:
– La fragilidad de muchos colectivos sociales que han puesto en entredicho su situación de integración precaria y los programas de atención específica

– La falta de adecuación del sistema de protección para amparar a la familia con el aumento exponencial de la pobreza en las familias jóvenes y en sus hijos.

– La rigidez de los sistemas de prestaciones condicionadas para responder a las necesidades de supervivencia.

– La falta de articulación entre la lógica de los derechos y la lógica de las obligaciones y su concepción vinculada a un juicio contable.

– La inexistencia de unas políticas de atención que tengan en cuenta la necesidad de cubrir unos mínimos vitales antes de “pedir algo a cambio”; la desarticulación de los sistemas de atención de las necesidades…

Tener en cuenta estos cambios exige nuevos planteamientos que no pasan todos, evidentemente, por temas de renta. Y vamos con años de retraso.

Otra de las sorpresas que se han encontrado todas esas personas que acudían pidiendo ayuda es que las cantidades que se les ofrecían, una vez superados los requisitos para poder acceder, no superaban en muchos casos los umbrales de la pobreza a pesar que estos no han hecho más que bajar desde el comienzo de la crisis.

Ante esta situación muchos se han visto obligados a tomar decisiones que no solamente han cambiado sus vidas sino que les hará difícil volver al punto de origen (por poner solo uno de los miles de ejemplos, los cambios de residencia por no decir desahucios). No podemos seguir pretendiendo que el problema sea “solo” de incremento de las ayudas económicas, sino que debemos construir un sistema más flexible y más justo con el reparto, que se adecue a la situación de las personas y familias y no a la inversa.

También hemos descubierto, y aunque es evidente hay que decirlo, que las políticas activas de empleo clásicas no sirven en una situación de bloqueo de mercado o como mal menor, de creación de puestos precarios sin resultado real de empleo neto. Si ser trabajador no garantiza superar la pobreza en un número creciente de casos ¿qué le pedimos a la gente cuando se acerca a los dispositivos de atención? ¿Es definitiva para ellos la pérdida de poder integrador del empleo?

Si esto es así, tenemos mucho que cambiar en la atención directa a las personas. Las propuestas de compatibilidad de ingresos de mercado y protección social son más que evidentes. Algunos llevan años practicando este tipo de políticas y les va bastante mejor.

Además tenemos una obligación imprescindible. En un contexto de opinión, donde los españoles apoyan mayoritariamente que es el Estado el que debe tener la responsabilidad principal a la hora de asegurar que todos los ciudadanos puedan gozar de un nivel de vida digno… cada vez tenemos más una cultura fiscal alejada de criterios de protección mutua.

Y este es uno de los problemas previos que tenemos que resolver antes de plantear una propuesta de renta básica incondicionada. La discusión sobre esta última debe sumar y es necesaria, pero si la hacemos como único objeto de discusión y propuesta, probablemente seamos ignorados por gran parte de la sociedad. Y además, después de siete años necesitamos medidas urgentes y “aceptables” por una gran mayoría. Nuestra posición en este sentido es más posibilista.

También hay otras ideas contra las que debemos luchar en ese imaginario colectivo de los ciudadanos, y aunque se encuentran menos presentes que la anterior no podemos dejarlas de lado. Como, por ejemplo, el crecimiento en algunos lugares del discurso que sostiene que los inmigrantes se llevan las ayudas sociales. O el que plantea que las ayudas sociales desalientan el acceso al empleo. Discursos llenos de mitos y que no responden a la realidad de los datos ni al más mínimo escrutinio técnico. No todo es el tema de las rentas.

Dicho esto, pasemos a las propuestas.

En el año 2007, cuando la crisis era todavía algo ajeno a la mayoría de los ciudadanos, la Encuesta sobre Integración y necesidades sociales de la Fundación FOESSA estimaba en más de 2,7 millones las personas en España en exclusión social.

Dos años después la actualización de dicha encuesta mostraba el primer impacto de la crisis cifrando en más de 3,4 millones las personas en esa situación. Ante ese contexto Cáritas y FOESSA plantearon una revisión del sistema de garantía de rentas mínimas en España que fundamentalmente se basaba en una actuación a tres niveles y con tres ritmos distintos.

El primer nivel era la revisión y articulación del conjunto de dispositivos del Sistema de Garantía de Ingresos Mínimos. Un trabajo a largo plazo que parte de un diagnóstico que explica las disfuncionalidades del sistema.

Básicamente se plantea intervenir sobre:

– La garantía de unos ingresos mínimos para todos los ciudadanos.

– Los problemas de la cohesión territorial y la articulación entre los niveles de las tres administraciones.

– El establecimiento de escalas de equivalencia y homogeneización de ciertos aspectos de acceso y cuantías.

– El aumento de los niveles de protección

– La mejora de la articulación con el mercado de trabajo.

En esta visión del largo plazo se encuentra ahora la discusión sobre la renta básica.

El segundo nivel de actuaciones se planteaba la refundación de las rentas mínimas a partir del liderazgo de la Administración Central del Estado. Desde la perspectiva que nos da el largo plazo, se constataba que aquellas iniciativas de coordinación entre CC.AA, que surgieron en los años 90, habían resultado un rotundo fracaso como mecanismo de reducción de las diferencias entre unos y otros territorios, tanto desde el punto de vista de la cobertura de esta prestación como de los derechos de los ciudadanos más excluidos.

Se proponían tres opciones de desarrollo a medio plazo:

– La asunción por parte de la Seguridad Social de esta nueva “contingencia”, en la línea de lo expresado en la actual ILP presentada por los sindicatos.

– La aprobación de una ley de mínimos de carácter estatal.

– El lanzamiento de un nuevo “plan concertado” para las rentas mínimas. Estos tres caminos necesitaban de la colaboración de las CC.AA y para ello era necesario un compromiso financiero previo en los Presupuestos Generales del Estado.

El tercer nivel de actuaciones se centraba, en el corto plazo, en la reforma inmediata de la Renta Activa de Inserción. El objetivo era intervenir lo antes posible a través de una medida, relativamente sencilla, para responder de forma urgente al aumento de las necesidades de los ciudadanos.

Para ello se planteaban dos opciones de reforma, bien modificando una serie de aspectos de sus requerimientos generales (eliminado requisitos de edad, tiempo de inscripción en las oficinas de empleo, revisión de ingresos computables…), bien introduciendo un nuevo colectivo (vinculado a los umbrales de pobreza) con derecho a participar en un programa de estas características. En ambas opciones se planteaba la limitación de un máximo de perceptores por hogar.

El desarrollo de las anteriores propuestas se puede consultar en http://www.foessa.es/publicaciones_download.aspx?Id=3952

¿En qué punto nos encontramos en el 2015 en relación a este planteamiento del año 2009?

Tristemente, después de seis años no hemos avanzado demasiado en términos de cambios de políticas concretas. Desde un punto de vista del sistema general de protección, las prestaciones a los mayores y a los trabajadores (estos cada vez menos) continúan siendo la parte fuerte del sistema.

Seguimos teniendo un sistema excesivamente asimétrico. Un sistema que los jóvenes entienden claramente injusto hacia ellos. El volumen económico de nuestro sistema de prestaciones asistenciales, aún siendo cuantitativamente importante, es muy ineficaz en términos de reducción de la pobreza comparativamente con los países de nuestro entorno. Necesitamos con urgencia acometer el incremento de la renta por diversas vías.

Estamos consolidando una fractura social que no nos imaginamos las consecuencias que tendrá en el largo plazo. En el corto no se puede permitir que las discusiones de este espacio de reflexión se anulen entre sí. Todas deben sumar, desde distintas experiencias y formas de ver la realidad. Los ciudadanos llevan mucho tiempo esperando.

Este derecho fundamental para superar la pobreza en Catalunya y garantizar la dignidad de las personas se encuentra en una etapa decisiva para su aprobación como Ley.

La propuesta de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), tras superar una larga carrera de obstáculos a lo largo de dos años y medio, desde la aceptación de esta Iniciativa Legislatura Popular (ILP) por la Mesa del Parlament a principios de 2013, acaba de entrar en la fase de ponencia, debate de enmiendas y votación.

Si una mayoría de grupos parlamentarios cumplen con su deber y respetan las “líneas rojas” de su contenido podría aprobarse antes de finalizar la actual legislatura, de confirmarse el adelantamiento electoral del 27 S.

¿En que se fundamenta la reclamación de este derecho?

El redactado del artº 24.3 del Estatut d’Autonomía de Catalunya aprobado en 2006, dice: “Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen”.

¿Por qué se desarrolla a través de una Iniciativa Legislatura Popular (ILP)?

A pesar que diversas iniciativas parlamentarias propusieron desarrollar el artº 24.3 una mayoría parlamentaria por desinterés, insensibilidad social, o abierta oposición, impidió su elaboración. ¿Cuanto sufrimientoy penurias de la ciudadanía empobrecida se hubieran evitado si el Parlament hubiera realizado sus deberes?

El “recortazo” del gobierno presidido por Artur Mas a la Renta Mínima de inserción en agosto de 2011, tras una escandalosa campaña de criminalización de las personas beneficiarias del subsidio, provocó la respuesta de la Asamblea de trabajadores en paro de Barcelona, y otros colectivos y entidades sociales y políticas de impulsar una Iniciativa Legistativa Popular. Después de nueve meses de trabajos se alumbró el borrador de la ILP de RGC.

Una vez constituida la Comisión Promotora de la ILP hubo que esperar hasta la constitución del nuevo Parlament en 2013 para iniciar su trámite de aceptación.

El Informe de oposición presentado por el gobierno de la Generalitat contra la aceptación de esta ILP, fue el “argumentario” de la intensa campaña mediática emprendida por el gobierno. Tras la validación de las 121.191 firmas recogidas, su presentación en el Pleno del Parlament el 25 de marzo de 2014, y a pesar de su tramitación por vía de urgencia, las tretas dilatorias en su tramitación parlamentarias consiguieron retrasarla más de quince meses…

Breve resumen del proyecto de ley de la ILP RGC (1)

El redactado del artº 24.3 significa un gran paso adelante en la definición de un derecho ciudadano para obtener los mínimos de una vida digna, dejando obsoleta la ley de la Renta Mínima de Inserción.

En base a la definición de dicho artículo y las normas e instrumentos legales existentes, como es el Indicador de suficiencia de Renta en Catalunya (ISRC), se elaboró el contenido de la ILP RGC, cuyos aspectos más destacados son:

– Es un derecho subjetivo para todas las personas y familias o núcleos de convivencia. Quienes no tengan ingresos, o bien sean inferiores al ISRC tienen derecho a percibir la RGC (en la vigente RMI solo es percibida por un titular), con un coeficiente reductor en función del número de perceptores en cada familia.

– Tiene carácter suplementario para todas las personas que perciben subsidios o prestaciones sociales (pensionistas, etc.) hasta alcanzar la cantidad fijada de la RGC.

– La cuantía mensual de la RGC está determinada por el Indicador oficial de suficiencia de renta (ISRC) que en la actualidad es de 569 euros por 14 pagas, cuya mensualización a 12 pagas da como resultado 664 euros (la RMI establece 426 euros por 12 pagas).

– El abono de la RGC no está condicionada por el presupuesto anual de la Generalitat, a diferencia de la RMI tras el “recortazo”.

– La RGC se percibe con carácter indefinido, pero revisable, mientras no se alteren los requisitos que dieron lugar a su reconocimiento.

– Las personas en edad y condiciones de salud para trabajar que perciben la RGC tienen la obligación de aceptar una oferta de trabajo en condiciones legales, so pena de perderla si la rechazan sin fundamento.

¿Es viable la Renta Garantizada de Ciudadanía?

El coste/inversión de la RGC calculado por expertos de la Universidad, con los datos de paro y pobreza de 2012, es de 2100 euros anuales, menos del 1% del PIB en Catalunya y algo más del 5% del presupuesto de la Generalitat.

Como se explica en el libro “Rescatem les persones” (2) este derecho es viable económicamente, absorbe y racionaliza una gran parte de la compleja red de subsidios existentes, ahorra gastos en la administración de las ayudas sociales, evita diversos costes futuros (salud, inserción social, etc.), y estimula la demanda de una parte significativa de la ciudadanía con efectos positivos sobre la economía en general.

También se señalan en el libro otras fuentes para su financiación. En conclusión, la implementación de la RGC es una cuestión de prioridad, sensibilidad social y voluntad política.

¿Cuáles son los verdaderos motivos del gobierno de Artur Mas para oponerse?

La apuesta por una devaluación salarial salvaje exige una sociedad sin derechos. Como recoge el informe de oposición mencionado, la aprobación de la RGC estimularía al alza de los salarios…

Pero hay otro motivo inconfesable: Con la aplicación del derecho a la RGC, la política privatizadora de las ayudas y servicios sociales con la que se el gobierno ha tejido una amplia red clientelar, y de votos cautivos, saltaría por los aires…

No permitiremos la frustración de la RGC

La frustración de esta esperanza para los cientos de miles de personas en Catalunya que se hallan en situación de pobreza severa, para los más de dos millones que se encuentran por debajo del umbral de pobreza relativa, y la certeza de un futuro sin pobreza para el resto de la ciudadanía, pasará factura electoral a los grupos parlamentarios que burlen, recorten o bloqueen su aprobación.

En todo caso la lucha por conquistar el derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía continuará con más fuerza y apoyo renovado.

¡Si se puede!
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Notas:

(1) Puede bajarse el proyecto de ley RGC en: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/
(2) Editorial Icaria

No creo que haya nadie que no esté de acuerdo con una afirmación del tipo “la pobreza es abominable y hay que luchar para eliminarla o, al menos, reducirla en la medida de lo posible”. De hecho, todas las sociedades mínimamente avanzadas disponen de esquemas fiscales y sociales que de una u otra manera contienen la pobreza dentro de ciertos límites.

Pero la pobreza entre los individuos y los hogares es un problema dinámico y relativo. La pobreza tiene muchas raíces que la nutren y, a la vez, la arraigan. La pobreza, lo cual es aún más terrible, se reproduce, incluso de generación en generación.

La lucha contra la pobreza tiene muchos partidarios, entre la población y entre sus representantes políticos. E, inexplicablemente, los resultados en este campo dejan mucho que desear. Cuando se consideran desde los recursos y la capacidad coercitiva de los poderosos Estados del Bienestar occidentales hasta filantropía individual, pasando por la organización de la sociedad civil, sorprende la persistencia y extensión de la pobreza en muchos países y aún sorprende más la variabilidad de la misma cuando los embates del ciclo económico adverso son especialmente fuertes sin que la sociedad sea capaz de desplegar un esfuerzo conmensurado para evitarlo.

Estamos pues, ante un problema muy complejo de erradicar y frente al que los ingentes recursos disponibles parecen no ofrecer resistencia.

¿Es la Renta Básica (RB) o le Renta Mínima de Inserción (RMI) la solución? Las diferencias entre ambos conceptos de lucha contra la pobreza no son insignificantes. Ambas figuras se basan en el reconocimiento de un derecho subjetivo y su aplicación, en principio, universal. La RB, incorpora la no condicionalidad en su otorgamiento a la existencia de otros ingresos, mientras que la RMI sí lo hace. Ninguna propone la condicionalidad al desarrollo de tareas para la sociedad u otras a cambio de la prestación.

La presencia o ausencia de una u otra clase de condicionalidad tiene sus ventajas e inconvenientes. Y se argumenta, con razón, que ningún tipo de prestación contra la pobreza debe representar una trampa que capture al beneficiario haciéndole menos atractiva cualquier otra opción de renta, incluida la del trabajo.

Cuando se condiciona la prestación a la existencia de otros ingresos, quienes carecen de ellos al reconocimiento de la prestación pero luego pueden acceder a otro tipo de rentas pueden “elegir” permanecer en la trampa de la pobreza si aceptando esta otra renta (por ejemplo, del trabajo) corren el riesgo de perder la primera.

La trampa de la pobreza es una situación terrible para todos, incluida la sociedad y, ciertamente, ha sido a menudo el resultado no querido de políticas bien intencionadas de lucha contra la pobreza.

Una vía para evitar que una política de lucha contra la pobreza ahonde la trampa de la pobreza es orientar el impuesto sobre la renta hacia un esquema de Impuesto Negativo sobre la Renta (INR).

La RMI, condicionada a ingresos, limita la universalidad e impone a quienes tengan otras fuentes de ingresos un drástico recorte sobre la prestación que en el límite llega al 100%, de ahí el incentivo a despreciar otras fuentes de ingresos que no sean suficientemente remuneradoras, especialmente si implican la desventaja de tener que trabajar. Pero no es la condicionalidad la que ahonda la trampa de la pobreza, sino el hecho de que esta condicionalidad se aplique de forma discontinua, es decir, si tienes esos otros ingresos o más no recibes prestación, mientras que si tienes menos de ese límite recibes toda la prestación.

Así, en su caso, trabajas o te esfuerzas lo justo para no dejar de percibir. Esto, estarán de acuerdo conmigo, es moralmente abominable y no me extraña que muchos perceptores de prestaciones de este tipo que realizan esta estrategia frente a otros ingresos acaben teniendo reparos de orden moral frente a esta conducta, lo que no les facilita la escapada de la trampa de la pobreza.

Por otra parte, la universalidad incondicionada no deja de tener similares implicaciones de orden moral, nada defendibles, por cierto. Ya que, en aras de la aparente simplicidad administrativa del procedimiento en virtud del cual cada ciudadano tiene derecho a una prestación independientemente de que la necesite o no, se estaría cometiendo un inaceptable despilfarro de recursos económicos y una auténtica “gamberrada” en el plano social.

Finalmente, con un coste desorbitado, ninguno de los procedimientos acabaría sacando a los pobres de la pobreza ni, mucho menos, dinamizando la sociedad y las fuerzas productivas/creativas de la economía. Más bien adormeciéndolas a todas.

Para conseguir los efectos deseables de una RB o de una RMI sin caer en ninguno de sus efectos indeseables, me parece mucho más eficaz y eficiente un esquema de Impuesto Negativo sobre la Renta (INR). Los elementos de tal esquema ya existen en todos los ordenamientos de imposición personal del mundo y solo con un elemento adicional de transferencia para quien cumpla una sencilla condición dinámica de ingresos se lograría el resultado deseado. Además, el aparato administrativo necesario para su operación ya existe y no sería precisa ninguna adaptación costosa para adaptarlo a la funcionalidad requerida por un esquema de este tipo.

El INR es simplemente un esquema de impuesto sobre la renta (proporcional a tipo único, o progresivo, lo mismo da) en el que la existencia universal de un mínimo exento determina una transferencia al contribuyente exento del pago del impuesto por un importe equivalente a la diferencia entre dicho mínimo exento y sus ingresos efectivos. Así de simple. Quien esté 1 euro por debajo del mínimo exento recibe un euro (puede hacerse por tramos casi continuos) y quien esté 1 euro por encima del mínimo exento paga los impuestos que le corresponda a ese euro. Solo se pagan impuestos por el exceso de renta más allá del mínimo exento, de forma que, en su caso, no se pierde toda la transferencia si antes se estuviese debajo del mínimo. El esquema, incluso con un tipo único (que a muchos asusta, inexplicablemente) puede hacerse tan progresivo como se desee o la sociedad admita, solo con ajustar el mínimo exento.

El INR, técnicamente, es algo más complejo de entender que la RB o la RMI, pero solo un poco más. Sus ventajas me parecen evidentes. No somete a los individuos al estigma del test de ingresos, estimula el cumplimiento fiscal de la población, erradica la monstruosa trampa de la pobreza y es tan sencillo de administrar como el sistema vigente de devoluciones por parte de la Agencia Tributaria. Algún inconveniente tendrá… Pero yo no se lo veo. Es verdad, es muy pro-sistema. A lo mejor eso es lo que no gusta a algunos.

No deja de sorprenderme que en el año 2015, después de siete años de profunda crisis, con ocho millones de parados entre oficiales y desalentados surja una propuesta tan poco ambiciosa o movilizadora como dar una renta de 426 euros a todos los parados sin ingresos.

Tras 4 años de las movilizaciones del 15-M,la sociedad aplastada por la crisis se ha organizado y ha dado un vuelco impredecible hace quince meses a la situación municipal en España. Mientras, a los sindicatos mayoritarios y algunos partidos de izquierda se les ocurre que hay que proponer medidas que encajen dentro de lo que un gobierno neoliberal acepte y cuesten poco dinero. No veo a millones de personas movilizadas votando de aquí unos meses un programa electoral que les ofrezca 426 euros al mes.

Podríamos resumir ésta y otras propuestas alineadas en un aparente círculo virtuoso:

a) Démosles algo a los pobres para que no se mueran de hambre mientras creamos empleo gracias a

b) subir los sueldos un uno por ciento a los trabajadores fijos (los temporales y autónomos ya se espabilarán con las dobles escalas salariales y las subcontratas, como hemos aprendido con Movistar) para que reactiven el consumo de la economía y así crear millones de puestos de trabajo que

c) además repartiremos, junto a los existentes, trabajando 30 horas semanales pero cobrando lo mismo que a 40 horas porque, claro, todas las empresas se están forrando y pueden incrementar sin problemas un 33 por ciento sus costes laborales y crear empleo y, por si fuera poco,

d) contrataremos millones de personas (todas las que quieran trabajar) para que a una media de 6 euros la hora (si lo hiciéramos a un salario digno no lo podríamos pagar) puedan hacer todo lo que la sociedad requiere que se haga: bueno, bonito y sobre todo barato (limpiar bosques, cuidar ancianos y bebés…).

Y todo por el módico precio de 11.000 millones de euros anuales mas costes administrativos para la primera medida del círculo y de 10.000 millones de euros anuales por millón de empleos generados para la última (no sabemos cuántos millones de empleos se quieren crear, vayan multiplicando hasta acabar con el paro).

Y si nos cargamos el sector privado o público que paga un 60 por ciento más, ya veremos como lo arreglamos. De la segunda medida decir que un uno por ciento de más, sueldo menos de 5.000 millones de euros brutos, más o menos, de los cuales unos 1.000 millones se los quedaría el Estado, o sea 4.000 millones de reactivación de los bolsillos de 15 millones de asalariados (unos 20 euros al mes).

De la tercera medida solo cabe esperar que nadie se crea que esto se pague sin compensaciones a las empresas, como así se realizó en Francia con la ley de las 35 horas. Más o menos puede equivaler a 100.000 millones de euros anuales, casi todo lo que recauda la Seguridad Social.
Todo combinado, o un segmento, crea un círculo que más que virtuoso para acabar con la pobreza parece un bucle imposible de financiar.

Lo más sorprendente es que medidas como la primera parecen renunciar a todo el acervo de conocimiento desarrollado por décadas de aplicación de las rentas mínimas en sociedades avanzadas como son los problemas de estigmatización (a nadie le gusta declararse pobre), de trampa de la pobreza, de trampa de la precarización (si se renuncia a la ayuda por un trabajo temporal, cuando este se acaba, se pueden tardar meses en recuperar la ayuda, por lo que no interesa aceptar el trabajo, por muy buen ciudadano seas) y, lo más grave, la no-cobertura: por la estigmatización, la falta de educación, el desconocimiento, la dificultad de los trámites administrativos, etc… los beneficiarios objetivos de la medida no la solicitan.
La European Antipoverty Network recoge en su proyecto EMIN sobre rentas mínimas que en los países analizados el grado de no-cobertura oscila entre el 20 y el 75 %.

Dos ejemplos más: la encuesta de pobreza y desigualdades sociales de Gipuzkoa estima que para que su sistema de renta de ingresos alcanzara a todos los que lo necesitan debería crecer en un 50 por ciento el número de beneficiarios (y esto en el territorio con la segunda mayor renta per cápita del Estado y con el sistema de rentas mínimas más generoso); dos, en Francia están en revisión los sistemas de rentas mínimas activas (RSA y PPE que incluyen incentivos para encontrar trabajo, de similar naturaleza a los que propone Ciudadanos o a los EITC o algún sucedáneo redactado por un círculo de Podemos) porque se han dado cuenta que el 68 por ciento de sus posibles beneficiarios tampoco la solicitaban.

Es tan grave el problema, que existe en Grenoble un centro de investigación dedicado al no uso de los servicios públicos y describen las ayudas condicionadas como una carrera de obstáculos que muchos no pueden sortear.

Last but not least, 423 euros de ayuda no sitúan a nadie por encima del umbral del riesgo de la pobreza. Se podría haber propuesto al menos alcanzar el umbral situado en los 650 euros mensuales.

En definitiva, mientras esperamos a Godot (que en realidad sí está a la vuelta de la esquina con una propuesta de renta básica en su bolsillo) se nos proponen soluciones que no alcanzan a eliminar la pobreza, o que son igual o más costosas que una renta básica (la RB en su versión por unidad familiar le costaría poco más de 20.000 millones de euros, que pagarían los ricos, eliminar toda la pobreza, y sin descontar los inmensos ahorros en costes sociales –enfermedades físicas y mentales, fracaso escolar, delincuencia), que además generan dinámicas perversas, que no alcanzan a quien lo necesita y que profundizan en un modelo asistencial absolutamente superado basado en un modelo que pretende dar derechos únicamente a través del trabajo remunerado.

Añado una consideración, espero que ni agresiva ni arrogante, que responde a la crítica de que la propuesta de RB en la que yo he participado implica una prohibitiva subida de tipos fiscales efectivos a los asalariados con rentas medias. El 80 por ciento de la población sale ganando con la combinación de renta básica y una fiscalidad del IRPF sencilla y transparente que permite calcular los efectos individuales y otro 5 % sale perdiendo unas cantidades muy moderadas.

Y tiene en cuenta la increíble estadística que nos muestra el IRPF español, en donde un profesor universitario aparece en el 5 por ciento de los declarantes más ricos, señal del gran fraude existente.

Si el fraude se redujera, el tipo medio bajaría significativamente o se podrían aplicar compensaciones ad-hoc para estas clases medias aparentemente perjudicadas que ahora están el top de la pirámide de ingresos.

Además, es una crítica que no tiene en cuenta entre otras el inmenso valor emancipador que tiene una renta básica, la posibilidad de que los jóvenes o las mujeres dependientes se vayan de casa cunado deseen, con una asignación de partida para emprender su proyecto vital, y sin tener que declararse pobres.

Cualquier cabeza de familia sería feliz de pagar un poco más a cambio de poder liberar a sus hijos adultos de la obligación de permanecer eternamente en el hogar materno; cualquier jubilado sería feliz de no ver a sus nietos sentados en su mesa cada día únicamente porque sus hijos no tienen recursos para ponerles la mesa en casa.

Discrepo absolutamente de que un gasto de entre 15.000 y 35.000 millones sea incompatible con un programa de estabilidad presupuestaria. Lo que deberíamos abandonar de una vez por todas es este síndrome de Estocolmo que afirma que nuestra presión fiscal debe estar 8 puntos por debajo de la media europea.

Nadie en la Unión Europea, ni el FMI, ni el BCE ni la OCDE nos exige que estemos en inferioridad de ingresos respecto a nuestros vecinos. Lo que nos exigen es equilibrio presupuestario y nos sugieren vías para hacerlo, sea incrementando los ingresos, sea recortando si somos incapaces de hacer lo primero. Decir que un 1,1 o un 1,5 por ciento del PIB sí es asumible como mayor gasto en lugar de un 2 o un 3 por ciento es admitir la derrota ante la visión neoliberal y ser un colaborador necesario en el objetivo de convertirnos en una sociedad low-cost.

Qué pena que pudiendo alcanzar el bosque, se nos plante delante un árbol pequeño y enclenque que casi necesita los mismos riegos y abonos que el bosque y solo da un poco de cobijo y menos aún libertad.
—
(Este documento se halla ampliado en un artículo en «Sin Permiso» del 14-6-2015)

Me ha gustado mucho la intervención inteligente y minuciosa de María Eugenia R. Palop. Sin embargo discrepo del enfoque que le ha dado, pues no creo que las propuestas de la Renta Básica y el Trabajo Garantizado sean en sí mismas radicalmente opuestas, sino por el contrario, complementarias.

Además, si hubiera que establecer un orden de prelación me inclinaría por la Renta Básica, porque es la que más ha calado en la población y ha sido asumida ya por las estupendas Marchas por la Dignidad. Y ello a pesar de que, intelectualmente, prefiero la propuesta del Trabajo Garantizado, que está más en consonancia con la tradición marxista a la que me adscribo.

Es importante reconocer que si bien las grandes ideas a menudo surgen en la soledad de los despachos, es luego el pueblo y las muchedumbres las que escogen y deciden. Por ello también me parece digna de consideración la propuesta de la Renta Mínima Garantizada, realizada por los sindicatos: quizás a corto plazo sea la más factible de todas, y no entra en contradicción con las restantes.

El trabajo (remunerado, se entiende) nace con la persona, nos define como seres en sociedad, pero no parece posible desligarlo de la explotación y la opresión. Estas dos sentencias unidas en la misma frase, deberían sumirnos en la más profunda de las perplejidades.

Podría decirse que los defensores del Empleo Garantizado (DEG) asumen la primera, pero no la segunda, y que los de la Renta Básica (DRB) asumirían la segunda, pero no la primera. ¿Es esto así?

Está claro que tanto los DEG como los DRB otorgan un amplio margen de maniobra al asalariado a la hora de negociar sus condiciones laborales (más amplio, probablemente, en el caso de los segundos que de los primeros), con lo que ambas posturas refuerzan tanto la libertad como los derechos de los trabajadores.

De hecho, ambas parten de la necesidad de desmercantilizar la fuerza de trabajo, de repartir la riqueza y de limitar la acumulación privada. Pero, ¿es la misma la concepción que se mantiene del trabajo asalariado? Parece que no, y la distancia es, sin duda, relevante.

Los defensores de la RB (DRB) creen ver en el mercado de trabajo un lugar de opresión y degradación que excluye, en muchos casos, las actividades (entendidas como trabajo en contraposición a empleo) de mayor utilidad social, y asumen que no venceremos en la lucha contra Goliat.

Por su parte, los DEG piensan en la centralidad del trabajo remunerado para mejorar las condiciones de vida, fortalecer las instituciones públicas, facilitar la cohesión social, y proteger los bienes comunes, y muestran una gran confianza en las posibilidades de cambiar el sistema productivo.

Su discurso gira más alrededor de las responsabilidades y los deberes que hemos de asumir para con otros, que en torno a la defensa de los derechos individuales. Entre otras cosas, porque no resulta deseable desconectar completamente lo que uno recibe de la sociedad de lo que uno debe devolverle; disociar por completo derechos (libertad) y deberes (responsabilidad/solidaridad).

No me queda claro si los DRB están tan preocupados por la cohesión social. Quizá creen que es el ejercicio libre de una actividad/un trabajo (y no el empleo) lo que puede funcionar como argamasa en el plano colectivo…pero tengo la sensación de que el subrayado de la propuesta es, más bien, individualista, y de que se renuncia, en realidad, a una visión verdaderamente seria de lo común (entendido como algo más que la suma de sus partes). De hecho, para los DRB la propia definición y protección de lo común pondría sobre la mesa la necesidad de optar por una concepción de la vida buena (lo mejor y lo peor) e incurrir, por tanto, en una forma de perfeccionismo moral (estatal).

En definitiva, los DEG dirían que el trabajo (empleo) nace con la persona (como ser social) y que, ejercido en ciertas condiciones, puede ser emancipador, mientras que los DRB no parten de esa concepción antropológica y niegan que puedan darse condiciones completamente emancipatorias en el espacio laboral.

La emancipación del trabajo en el trabajo, afirmarían, es una auténtica utopía. Para Negri, por ejemplo, los precarios, los parados e incluso los trabajadores intermitentes del mundo del espectáculo, eran los auténticos portadores de transformación social. O sea, que sólo podemos ser libres, exigentes y críticos fuera del trabajo.

Los DEG piensan, en cambio, que con el acceso a un empleo nos sentimos más realizados y reconocidos socialmente. Desde luego, si tal fuera el caso, en el seno de un capitalismo depredador que nos trata como esclavos, ese sentimiento formaría parte del problema y no de la solución; vaya, que sería indicador de una preocupante patología. Así que el placer y la dignidad en el trabajo solo puede darse en un mundo laboral completamente transformado. ¿Es esto posible? ¿Podemos llegar a autogestionar el proceso de producción?

Como ya he señalado, los DRB piensan que no. Son escépticos desde un punto de vista colectivo aunque mantienen un cierto optimismo antropológico por lo que hace a los individuos aislados (no olvidemos que para ellos la RB no daría lugar a un elevado número de ociosos aprovechados y gorrones, sino, sobre todo, al desarrollo de actividades/trabajos de una enorme utilidad social).

Los DEG, en cambio, piensan que sí. Son unos entusiastas de la idea del cambio social, y se fían menos de los individuos aislados que de esos mismos individuos una vez organizados. Eso sí, concuerdan con el Marx de El Capital (libro III, capítulo 48) en que para alcanzar el “reino de la libertad” es preciso transformar los principios de funcionamiento del trabajo, y se apoyan en el derecho al empleo, la reducción masiva de la jornada laboral, y la extensión de la gratuidad de servicios para satisfacer necesidades sociales. Los DEG apuestan por una sociedad de pleno empleo no productivista: trabajar menos (ganar menos y consumir menos), trabajar todos/as, y disfrutar del tiempo libre.

No hay duda de que la reducción de las jornada laboral permitiría el desarrollo de actividades autónomas que o bien no pueden monetarizarse o bien son disvaloradas en el mercado (aporten o no utilidad social), y, además, ayudaría a que las personas pudieran ser ciudadanos participativos, democratizando el espacio público (tampoco hay duda de que esto, en concreto, se conseguiría más y mejor con una RB). Pero, ¿es posible liberarse de la servidumbre del trabajo asalariado a media jornada? ¿Puedo ser explotado unas horas al día y “libre” el resto del tiempo?

Lo cierto es que no solo se trata de reducir la jornada laboral, ni del derecho al empleo, ni de la gratuidad…se trata de articular un sistema productivo abiertamente anticapitalista. Y lo paradójico es que no queda claro que los DEG estén dispuestos a llegar tan lejos; de hecho, los caminos que plantean no parecen superar por completo las relaciones asalariadas propias del capitalismo.

¿Significa esto que los DEG deberían aspirar a la articulación de una economía planificada? ¿Clientelar? ¿Burocratizada? Quizá no necesariamente, pero es obvio que sus propuestas exigen robustas instituciones políticas y un incremento considerable del intervencionismo estatal. La manera en que tal intervencionismo podría transformar nuestro panorama político y económico, y cuán deseable, oportuno y viable sea, es lo que todavía nos tendrían que explicar.

Finalmente, los DRB y los DEG no se plantean objetivos muy distintos, pero técnicamente, están en las antípodas, y esto no es baladí. La distancia entre ellos es insalvable por lo que hace a sus presupuestos antropológicos (según se niegue más o menos la sociabilidad humana), su concepción del trabajo asalariado (un espacio transformado más o menos emancipatorio), su visión de la libertad como no dominación (a lo Kant o a lo Rousseau), su mayor o menor confianza en los individuos aislados o asociados, su mayor o menor preocupación por la protección de los bienes comunes, y sus distancias calculadas del sistema capitalista/crecentista (más reformista, en el caso de los DRB, y más rupturista, si hablamos, coherentemente, de EG). Vaya, ¿no les parece que, visto así, no todos los caminos conducen a Roma?

Vivimos una situación de emergencia social. La última oleada de la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada hace unos días, confirma que la tasa de pobreza sube a pesar de que el umbral de pobreza baje. Los datos de pobreza anclada, de pobreza severa, y de carencia material son sencillamente espeluznantes.

Atender esta situación es una prioridad absoluta que no debe perderse en un brindis al sol ni en debates estériles. Se requiere una acción realista pero decidida, un programa de garantía de rentas ambicioso pero viable aquí y ahora.

Aunque se trata de un indudable avance respecto de la situación en la que estamos, la ILP presentada por CCOO y UGT, en su redacción actual, presenta aspectos mejorables e incluso problemáticos:

• No cubre a personas mayores de 65 años que puedan tener rentas inferiores al mínimo garantizado (situación que crecerá por el retraso en la edad de jubilación y el aumento de personas sin cotización suficiente para tener pensión contributiva).

• No aclara si la prestación complementa los ingresos existentes hasta la cuantía básica (como parece razonable), o se cobra íntegramente en caso de cumplir los requisitos (lo que generaría inconsistencias distributivas).

• La prestación es incompatible con prestaciones por desempleo, rentas activas de inserción o rentas mínimas de inserción; habría que garantizar entonces que dichas ayudas no queden nunca por debajo de la cuantía garantizada, o bien especificar que, en tal caso, las complementa hasta dicha cuantía.

• El requisito de encontrarse inscrito como demandante de empleo durante 12 meses anteriores a la solicitud introduce un período de espera innecesariamente dilatado.

• El límite de ingresos/año para tener acceso a la prestación es de 5.837,4€ (75% SMI/12 pagas), pero no se concretan escalas de equivalencia por persona adicional en el hogar, lo que, en apariencia y sin más concreciones, puede encarecer innecesariamente el programa: por ejemplo, haciendo un cálculo simple, una familia de 6 miembros con ingresos de 35.000€ podría tener derecho a la prestación.

• La cuantía básica es de 5.112,1€/año (80% IPREM. Esto implica que el límite de ingresos y la cuantía básica no son equivalentes ni se rigen por la misma referencia, lo que puede generar situaciones inconsistentes; por ejemplo, un individuo que vive solo con ingresos de 5.113€ ¿tiene derecho a la prestación? Si esta es complementaria a los ingresos existentes, parecería que no, a pesar de estar por debajo del límite de ingresos; pero si no lo es, y cobra la prestación íntegra, acabaría con ingresos superiores a 10.000€, cuando alguien con ingresos de 6.000€ no tendría, aparentemente, derecho a nada.

• Se dejan sin concretar (relegados a la Ley de Presupuestos) los complementos por persona adicional en el hogar.

• La prestación es incompatible con cualquier ingreso salarial; ello consolida la trampa de la pobreza: quien tenga ingresos salariales bajo el umbral de la pobreza tiene que renunciar a ellos para tener prestación, afrontando así, de forma discriminatoria, una tasa impositiva marginal igual o superior al 100%.

¿Hay alternativas? Se ha discutido mucho sobre una Renta Básica individual, incondicional y universal. Que se trate de una idea muy interesante no obsta para que no sea la mejor para enfrentarnos en el corto plazo al contexto de auténtica emergencia en el que estamos. Es imposible, con la inmediatez que se requiere, articular las enormes reformas del sistema fiscal y de prestaciones sociales que una RB genuina requeriría. Es muy improbable que fuese políticamente viable a corto plazo.

Y, por último, la propuesta no resulta financiable aquí y ahora sin una prohibitiva subida de tipos fiscales efectivos a los asalariados con rentas medias. Los estudios que se han realizado al respecto, por mucho que a veces se esgriman como talismanes, no hacen más que confirmar tales extremos cuando se tratan e interpretan los datos con rigor crítico y no con partisanismo. Las actitudes voluntariosas, y no digamos ya las agresivas y arrogantes, en ningún caso dan respuesta a estos problemas, sino que más bien los evidencian.

La buena noticia es que la mayoría de los efectos beneficiosos de una RB para la erradicación de la pobreza y la redistribución de la renta se pueden conseguir con mucho menos dinero y con reformas viables. Hay alternativa tanto a las medidas tímidas e incompletas como a la huida hacia adelante. Una renta garantizada que ponga a toda la población por encima del umbral de la pobreza monetaria es perfectamente viable y financiable, y se puede plantear de forma técnicamente más exigente que la propuesta sindical.

Se trataría de una renta complementaria de los ingresos existentes por unidad de convivencia hasta garantizar el umbral de la pobreza monetaria (por persona equivalente), aunque nada impide dividir la prestación total entre todos los miembros adultos del hogar. Cubriría automáticamente, por tanto, a todos los menores y personas dependientes que se encuentren en hogares por debajo de ese umbral. Se podría articular como un derecho subjetivo, suprimiendo los controles y seguimientos que dan lugar a estigma, eliminando los períodos de espera injustificados, y las lagunas de cobertura por razón de edad u otras.

La solicitud de la renta garantizada podría ser tan sencilla como la declaración fiscal que habría que hacer en caso de una RB universal o impuesto negativo sobre la renta, y los controles e inspecciones fiscales que habría que implementar para detectar rentas ocultas no variarían en absoluto. La (enorme) ventaja es que la masa monetaria que habría que movilizar sería únicamente de un 1% del PIB en vez de un 8-9%.

Para evitar la trampa de la pobreza, puede articularse una renta complementaria o bonificación al empleo como la del País Vasco, que a la vez combata la pobreza laboral y erradique dicha trampa. Se podría cobrar integrada con el paquete salarial y las retenciones del IRPF. El coste del programa completo estaría en torno al 1,5% del PIB calculado con la ECV de 2014 (1,2% según la de 2013). Un coste asumible en una legislatura incluso con las tasas de crecimiento anual que prevé el Programa de Estabilidad.

El objetivo alcanzado sería histórico: nada menos que la erradicación de la pobreza monetaria, sin estigma ni trampa de la pobreza, algo que situaría a nuestro país como referencia mundial. Podemos hacerlo, y, sobre todo, debemos.

La primera vez que oí hablar de una renta básica universal incondicionada (en adelante RB) no daba crédito a lo estúpida que me pareció la idea. ¿Universal e incondicionada? O sea, ¿una renta para todo el mundo, con independencia de si necesitas dinero o nadas en la abundancia? ¿No es mucho más razonable dar dinero solo a los pobres? ¿Reformar o dotar mejor las rentas mínimas de inserción existentes? Afortunadamente, antes de lanzarme a ridiculizar la propuesta, me informé un poco mejor.

La RB no es un dinerillo extra para gastar en lo que uno quiera, la RB es una medida tremendamente eficaz en la lucha contra la pobreza y la exclusión.

Quizá la única verdaderamente eficaz. Naturalmente, la RB es una medida de redistribución de la riqueza que debe acompañarse de reformas en el sistema fiscal.

Así, al margen de cuál sea su principal fuente de financiación, para la mayoría de la población su funcionamiento se resumiría en que si tienes unos ingresos más o menos elevados, lo que recibes en concepto de RB te toca luego devolverlo en la declaración de la renta, mientras que si tus ingresos son escasos o inexistentes, la RB se convierte en una asignación libre de impuestos que te saca de la pobreza.

¿Cuál es su ventaja fundamental frente a otras formas –como la que proponen CCOO y UGT- de intentar garantizar un ingreso mínimo a quienes lo necesitan? Al ser incondicionada, desaparecen los trámites y papeleos, en ocasiones tan complejos que, según reconoce la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, sólo un 10% de los expedientes que reciben para tramitar la Renta Mínima de Inserción (RMI) llegan completos.

Su simplicidad hace que pueda llegar a todo el mundo, también a quienes nunca han trabajado en la economía formal ni tributado, lo que la convierte en una aportación verdadera y totalmente desgajada del ámbito contributivo, ese sector que nuestro sistema de bienestar privilegia en beneficio de las clases medias y en detrimento de los más pobres.

También hace que llegue a tiempo: en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la demora desde que se solicita la RMI hasta que se obtiene suele ser de un año, y en ocasiones llega a los 18 meses.

Su papel es, pues, preventivo: a diferencia de las rentas mínimas condicionadas, no hace falta ser ya pobre para recibirla. Y, sobre todo, no hace falta serlo y, encima, tener que demostrarlo.

Otra de sus ventajas es la de ser individual, independiente, pues, de los ingresos del hogar en el que habita su perceptor: esto es importante desde la perspectiva de género, ya que ofrece la posibilidad real de independencia económica a muchas mujeres cuya existencia está hoy vinculada al mantenimiento de una relación de pareja de la que tal vez desean o necesitan escapar.

La RB también otorga seguridad económica a las personas –en su mayoría mujeres–que se dedican a cuidar, una opción vital seriamente penalizada en nuestro sistema. Además, su percepción es independiente de si se trabaja o no, a diferencia de la propuesta de las rentas mínimas al uso y, por lo que se ve, de la propuesta de CCOO y UGT, destinada a quienes “queriendo trabajar no puedan hacerlo”.

Logra así hacerse cargo de la realidad rampante de los working poors (la tasa de riesgo de pobreza entre las personas que tienen empleo llega ya al 14%), una realidad que, de nuevo, tiene una importante lectura de género y gran incidencia a la hora de entender las altísimas tasas de pobreza infantil en nuestro país: según la ECV de 2014, un increíble 42% de los hogares formados por un adulto con uno o más hijos dependientes está en riesgo de pobreza y, como es sabido, en la inmensa mayoría de estas familias monoparentales (el 82%) el adulto a cargo es una mujer.

La RB permitiría compaginar un trabajo a tiempo parcial con el cuidado de los hijos (la opción ideal para la inmensa mayoría de mujeres con hijos pequeños) sin que ello suponga caer en la indigencia.

Por lo demás, al ser independiente de la percepción de un salario, se evita también la llamada “trampa de la pobreza”: cuando estás recibiendo una renta condicionada a tu falta de ingresos y te ofrecen un trabajo precario y con un salario bajo (como los que, con suerte, se encuentran hoy en día), no merece la pena cogerlo y perder un subsidio que luego tendrás que volver a tramitar cuando pierdas el empleo. Lo más probable es que tampoco merezca la pena emprender, y quizá sí, en cambio, trabajar “en negro”…

Por supuesto, en la situación de verdadera emergencia social en la que se encuentra España, cualquier propuesta que pretenda mejorar la cobertura de rentas mínimas existentes es más que bienvenida (aunque la ciertamente miserable asignación de la propuesta sindical no es ni de lejos suficiente para que sus perceptores salgan de la pobreza).

Además, teniendo en cuenta la tremenda disparidad territorial de las rentas mínimas que manejan las Comunidades Autónomas (cuya cobertura oscila entre el 4,6% de las personas que viven en hogares sin ingresos en Castilla-La Mancha, hasta más del 100% en el País Vasco y Navarra; y cuya cuantía va de los miserables 300 € de Ceuta o Murcia hasta los 660 € del País Vasco), la idea de que el estado central tome cartas en el asunto como proponen CCOO y UGT parece más que razonable (aunque no me ha quedado nada claro cómo se articularía la intervención estatal con las de las CC AA ni cómo de compatibles serían las ayudas).

Sin embargo, su propuesta presenta (en acto o en potencia) los mismos problemas que las rentas mínimas condicionales que hemos ido repasando y de los que son buena muestra la mayoría de las rentas mínimas autonómicas (con la importante salvedad de las del País Vasco y Navarra).
Me imagino que la principal ventaja de la propuesta de CC OO y UGT es su coste moderado, frente al coste mayor de una auténtica herramienta para erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad como es la RB.

De ser así, me parecen mucho más interesantes las propuestas de RB “sectoriales” que se ocupan de los colectivos más vulnerables, como las que proponen una asignación universal por niños, una asignación para mayores y otra para dependientes.

Estas propuestas, totalmente compatibles con el empleo u otras fuentes de ingresos de los adultos a cargo de hogares con niños o dependientes, o con otras fuentes de ingreso para los jubilados, no requieren de la vigilancia, los controles y los trámites complejos de las rentas condicionadas.

Dan respuesta al acuciante problema de la pobreza infantil, y se hacen cargo más adecuadamente de la compleja economía de los cuidados que es en gran parte responsable de la feminización de la pobreza.

Además, tienen la gran ventaja de poner en marcha por fin un tipo de subsidios totalmente desligados del mundo del empleo –algo que quizá no guste a los sindicatos mayoritarios, pero que es absolutamente imprescindible a día de hoy– y decididamente alejados de la perversa ideología del workfare que, poco a poco, parece haber ido permeando hasta las propuestas de lucha contra la pobreza supuestamente críticas.

Porque tras casi una década anclada en el 20%, entre las más altas de la UE, la tasa de pobreza relativa —personas con menos del 60% de la mediana de la renta de la población— escaló en 2013 al 22%, lo que suponen más de 10 millones de personas. La tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión, que mide también la privación material y la baja intensidad del empleo, llega casi al 30% (29,2%), siendo peor la situación de la infancia.

Estos datos de la ECV del INE, de mayo de 2015, por todos conocidos, indican que es necesaria y urgente la actuación.

Porque mientras los que no sufrimos las situaciones de pobreza y exclusión debatimos sobre los modelos más adecuados y que más respetan nuestros respectivos principios ideológicos, éticos y morales, hay mucha gente, millones de personas, que no se puede permitir esperar el fruto de nuestras reflexiones. Necesitan de una actuación inmediata, eficaz y realizable a muy corto plazo.

¿Cómo actuar? Mediante un Pacto contra la Pobreza.

Con cuatro metas principales a concretar durante una legislatura, en el Estado, Comunidades Autónomas y Administraciones Locales:

1) Erradicar la pobreza severa.

2) Reducir de una manera sensible el número de personas que actualmente se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) en sus respectivas Comunidades Autónomas. Reduciendo, especialmente, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión infantil de una forma significativa.

3) Aumentar la tasa de ocupación en, al menos, un 10%.

4) Reducir el abandono escolar al 10% de la población en edad escolar obligatoria.
El progreso en estos cuatro objetivos será evaluado de forma continuada, mediante los indicadores objetivos de EUROSTAT.

¿Por qué es necesario un nuevo sistema de Rentas Mínimas garantizadas?

• Porque un sistema de rentas mínimas garantizadas, portable, accesible, digno y comprensible es un instrumento extremadamente eficaz para incidir en la erradicación de la pobreza severa.

• Porque, en la actualidad, las rentas mínimas apenas llegan a un tercio de los hogares sin ingresos. Los subsidios de las comunidades autónomas para los 1,86 millones de desempleados pobres solo alcanzan al 35%.

• A diferencia de la mayoría de los países de la Unión Europea, el sistema español no es homogéneo, sino un mosaico de ayudas de muy diverso origen que ofrecen una protección también muy distinta a hogares y personas con necesidades similares.

• Los niveles de cobertura son muy desiguales y no están en sintonía con las necesidades sociales registradas (tasa de paro y de AROPE), en la mayoría de los casos.

¿Cómo es la propuesta, a grandes rasgos?

En línea con otras investigaciones realizadas por otros autores y organizaciones, a continuación, se desarrollan algunas ideas clave para abordar esta reforma:

• Los ciudadanos y ciudadanas deben tener los mismos derechos sin importar su lugar de residencia. Un Sistema de Garantía de Rentas Mínimas debe asegurarse de que este principio constitucional se observa en todo el país.

• Este proceso requiere un importante aumento del presupuesto actual, pero es importante destacar el carácter de estabilizador del mercado interno, de la economía local, que éstas tienen. Una parte de esas transferencias (entre el 4% y el 21%), de todos modos, regresa a las arcas públicas como recaudación de impuestos indirectos, como el IVA, que gravan a los bienes y servicios que consumirán las nuevas familias perceptoras. Por otra parte, este aumento del consumo estimulará la actividad económica y la creación de empleo local.

• Las pensiones por discapacidad y las pensiones de alimentos de los hijos/as no deberían descontarse del importe, como se hace actualmente.

• Este aumento en el nivel de protección debe servir para combatir eficazmente la pobreza infantil. Siguiendo la propuesta de UNICEF España, Un aumento de las cuantías de asignación por hijo/a (de los actuales 291 hasta 1.200 euros al año para los niños y niñas sin discapacidades; y desde 1.000 hasta 2.000 por año, para los/las que tienen una discapacidad).

• Sin embargo, en un sistema ineficiente como el actual, la mera inyección presupuestaria no generará los efectos esperados (ley de rendimientos decrecientes). Por lo tanto, no se trata solamente de una cuestión presupuestaria. El nuevo sistema implicaría una cohesión territorial real y una mejora de la coordinación entre los niveles de la administración central, regional y local. Un ejemplo sería la aplicación de la condición de «portabilidad» entre ambos sistemas y entre CCAA.

• También implica la articulación y homogeneización de los criterios de acceso, las cantidades y niveles de protección, con una atención más adecuada a las necesidades reales de las familias. Prioritariamente, el límite de edad se tiene que bajar de los 25 a los 18 años. El registro municipal debería ser un criterio flexible, para incorporar a las personas sin hogar y víctimas de violencia de género o doméstica.

• Los grupos con más dificultades en la solicitud y mayor tasa de rechazo (inmigrantes, víctimas de violencia de género y personas sin hogar) necesitan un asesoramiento y una asistencia específica a fin de presentar una solicitud correcta y completa, para lo cual deberían contar con la ayuda de organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, la nueva normativa debería ser más flexible a fin de reflejar sus situaciones específicas.

• Con respecto al acceso, debe estar claramente simplificado en las leyes mediante la adopción del sistema “ONE STOP” (“oficina única”). También se propone que un/a funcionario/o concreto/a sea el gestor/a responsable y referente para una determinada persona que solicita o accede a un recursos y que toda la gestión se controle mediante auditoría externa de calidad de los servicios.

• Otro cambio fundamental debe ser la sustitución del concepto de «activación», como la búsqueda de empleo obligatorio, por el de «promoción» del empleo, mediante el reciclaje profesional y la formación continua.

• Coincidiendo con la política de Inclusión Activa, se propone que cualquier trabajo a tiempo parcial o temporal sea compatible si los ingresos percibidos representan hasta un 50% de la cuantía anual otorgada en el sistema de protección, a dicha persona perceptora.

Desde las Administraciones Locales y el Tercer Sector de Acción Social se debería trabajar más para ampliar el conocimiento de los mecanismos de Sistema de Rentas Mínimas y de sus características entre las personas en situación de pobreza y exclusión social, ya que aún falta desarrollar una mayor conciencia de sus derechos.

Un buen sistema de rentas mínimas, enmarcado en un pacto contra la pobreza que funcione, puede ser la mejor carta de presentación para una Renta Básica… y así sí se puede esperar su necesaria llegada.

Tras las primeras Leyes de Pobres (Poor Laws) promulgadas a comienzos del siglo XVII con el propósito facilitar auxilio a los pobres de Inglaterra, en 1795 entró en vigor la denominada ley de Speenhamland, reguladora de un sistema de socorros que vino a reforzar poderosamente el sistema paternalista de la organización del trabajo legado por los Tudor y los Estuardo.

En un episodio que se ha hecho célebre en la historia de la protección social, los magistrados de Berkshire, reunidos el 6 de mayo de 1795, época de gran escasez, en la posada del Pelícano, en Speenhamland, cerca de Newbury, decidieron que era necesario conceder subsidios complementarios de acuerdo con un baremo establecido a partir del precio del pan, si bien era también necesario asegurar a los pobres unos ingresos mínimos independientemente de sus ganancias.

Pero este derecho a la existencia de los pobres entraba en contradicción con los principios del naciente capitalismo: impedía eficazmente la formación de un mercado concurrencial del trabajo e incrementaba las partidas destinadas a la concesión de ayudas públicas. Todo ello dio lugar a una reacción conservadora que alumbró la nueva Ley de Pobres de 1834, basada en la áspera filosofía que considera la pobreza entre personas físicamente capacitadas como una debilidad moral.

En consecuencia, la nueva ley dejó de suministrar ayudas a los pobres robustos, a los que se les enviaba a la workhouse con el objetivo de estimularlos a buscarse un empleo regular en lugar de pedir caridad. La nueva reglamentación prohibía a los pobres residir en sus propios hogares, de manera que todo el que aspirase a recibir una ayuda debía obligatoriamente residir en la workhouse, cuyo régimen, diseñado con científica crueldad, era deliberadamente duro y degradante con vistas a disuadir a los pobres de solicitar la ayuda parroquial.

En palabras del historiador Karl Polanyi: “Fue así como la humanidad se vio forzada a seguir el rumbo de un experimento utópico. Muy posiblemente no se perpetró en la época moderna un acto tan implacable de reforma social. Al pretender simple¬mente establecer un criterio de indigencia auténtica con la prueba de fuego de las workhouses, multitudes de vidas se vieron aplastadas. Benéficos filántropos promovieron fríamente la tortura psicológica y la pusieron dulcemente en práctica, ya que la consideraban un medio para engrasar los engranajes del molino del trabajo”.

El sistema de workhouses se mantuvo hasta finales del siglo XIX. En el siglo XX, el fenómeno del desempleo industrial demostró que la pobreza era una cuestión que implicaba aspectos mucho más complejos que el simplismo moralizante. Paulatinamente, las legislaciones sociales de los años 1930 y 40 fueron reemplazando las prestaciones de las Leyes de Pobres por sistemas públicos de protección social.

No obstante, en la práctica, estos sistemas públicos han heredado la tradición de sospecha hacia la persona solicitante de una ayuda social. La leyenda negra tejida en torno a quienes malviven con estas rentas sugiere que los perceptores prolongan indebidamente la situación para vivir a costa del presupuesto público sin dar un palo al agua.

Más allá de la colección de tópicos gratuitos, las investigaciones de campo realizadas con objetividad concluyen que la verdadera razón por la que los perceptores de estas prestaciones se “enganchan” a ellas no obedece a una especial proclividad a la molicie. Más bien es el propio sistema el que los atrapa en lo que se ha denominado trampas de pobreza (poverty traps) o trampas de desempleo (unemployed traps).

Por definición, tanto las rentas mínimas de inserción como los subsidios por desempleo están sujetos a la condición de que el perceptor no efectúe ningún tipo de trabajo remunerado. Lo que significa que si a un perceptor de la ayuda se le ofrece la oportunidad de efectuar algún pequeño trabajo se enfrenta a un tremendo dilema: si acepta el trabajo perderá el subsidio y volverá a la pobreza; si rechaza el trabajo mantendrá el subsidio, pero como su cuantía está por debajo del umbral de pobreza, seguirá sumido en ésta. No estamos hablando, por supuesto, de un empleo bien remunerado, sino de alguna actividad eventual que le permitiera complementar el magro ingreso del subsidio.

Esto conduce a una situación dramática. Los perceptores de una renta de este tipo, lograda tras superar arduos trámites administrativos, no pueden permitirse el lujo de perder esa ayuda por una eventualidad pasajera. Por ejemplo, aceptar un empleo de tiempo parcial o completo cuyo salario neto, aproximándose al nivel del beneficio neto, suponga para el interesado la pérdida de la totalidad del beneficio.

Si a una persona que percibe un subsidio de 55 se le ofrece un salario de 100, que una vez efectuada la retención fiscal se queda en 90, es normal que lo rechace ya que el hecho mismo de trabajar genera costos adicionales (transporte, comida fuera de casa, guarderías, etc) que anulan el diferencial de beneficio obtenido con la venta de tiempo vital. Ante el dilema, la opción más frecuente suele ajustarse al principio de “más vale pájaro en mano”. Optar por la ayuda oficial asegura al menos cierta continuidad en la obtención de un ingreso.

Un problema adicional surge desde el momento en que las ayudas nunca son individuales, sino que, por regla general, el test de recursos se aplica sobre el ingreso conjunto del grupo familiar. En este caso, la condicionalidad también desalienta la aceptación de empleos de tiempo parcial o temporales por parte de uno u ambos miembros del grupo, para evitar superar el tope por encima del cual se verían privados del subsidio.

En cualquier caso, a estos problemas ‘funcionales’ de las rentas condicionales, hay que añadir que se trata de una medida doblemente coyuntural, ligada a la circunstancia económica y a la relación de fuerzas políticas. Un gobierno progresista toma la decisión de implementar una renta mínima condicional –por lo general, insuficiente en cuantía y cobertura– que dura hasta la llegada del siguiente gobierno conservador, que la elimina o endurece las condiciones de acceso. Tenemos un ejemplo reciente en el antiguo subsidio por desempleo para mayores de 52 años en España.

En definitiva, desde la promulgación de las Poor Laws hasta hoy, el hecho de que cada cierto tiempo reaparezca de manera recurrente la propuesta de crear rentas mínimas es una signo inequívoco de su ineficacia política y social. Ello, unido al fenómeno comprobado de que, por circunstancias tecnológicas y socioeconómicas, el volumen global de empleo disponible en el sistema productivo de un país es decreciente, significa que ha llegado la hora de poner fin a esa interminable espera a Godot para solucionar la pobreza de la gente con rentas mínimas y condicionales de inserción.

Ello implica asumir la idea de garantizar a toda la ciudadanía el acceso a un ingreso mínimo concebido no como una ayuda condicional, sino como un derecho cuya legitimidad, eficacia y operatividad sea equivalente a la del sufragio.

La crisis ha sido especialmente injusta y cruel en España con los más pobres, algo que es más una excepción que un tendencia general en la Europa más desarrollada. El 10% más rico ha visto reducidos sus ingresos en un 1,29% mientras que el 10% más pobre han experimentado una bajada de un 42,16% en sus rentas en términos reales entre 2007 y 2012.

Los ingresos de las personas en situaciones de pobreza extrema se encuentran cada vez más lejos de los de la media de la población. Si vamos más allá de los indicadores relativos de pobreza y establecemos un umbral estable para todo el periodo, podemos ver claramente que la pobreza severa (por debajo del 30% de la mediana equivalente) se ha duplicado en nuestro país. En un contexto general de aumento de las desigualdades, lo que más ha crecido es la pobreza y la exclusión social severa.

Unido a otros factores (intensidad y duración de la crisis, destrucción desproporcionada de empleo, precarización de las condiciones de trabajo,…) una parte importante de la explicación de los enormes costes sociales de la crisis en España es debida también a los límites del sistema de protección social y, muy especialmente, del conjunto de dispositivos dirigidos a garantizar unos mínimos ingresos a diferentes colectivos de población. Esta crisis le ha venido grande a nuestro sistema de protección social y sus defectos se han visto ampliados en estos años como si los mirásemos con lupa.

El conjunto de pensiones y prestaciones económicas dirigidos a los sectores de bajos ingresos y que prevén por ello una prueba de necesidad (establecen un límite de ingresos para percibirlas) es significativamente abultado en España: 4,7 millones de prestaciones, lo que viene a suponer un gasto de unos 20.000 millones de Euros. Y ha experimentado además un crecimiento del 34% durante el periodo de crisis económica, que es sin duda significativo, pero muy inferior al avance de las necesidades sociales de la población (la pobreza severa se duplica en España en este periodo, como hemos visto).

El resultado de los desequilibrios y problemas de articulación que presenta uno de los sistemas de asistencia social más amplios de Europa es una capacidad para reducir la pobreza severa muy limitada en términos comparativos. Mientras que en los países de mayor desarrollo social las transferencias sociales reducen la pobreza severa en más de un 80%, España no logra reducirla siquiera a la mitad . El principal problema de la protección social española para eliminar la pobreza severa no es tanto un problema de recursos, como de eficiencia en la distribución de los mismos.

La capacidad de este sistema se ha visto totalmente desbordada a la hora de enfrentarse a las nuevas necesidades sociales que generaba la crisis económica. Algunas de las causas de este fracaso relativo son bastante obvias: cuantías muy limitadas (426 € en el subsidio por desempleo, por ejemplo), sin complementos según el tamaño de la familia, de una duración determinada que acaba agotándose, con criterios, requisitos y baremos totalmente descoordinados, etc.

Pero sin duda uno de los déficits más importantes es la inexistencia de un sistema de última red de protección social a nivel estatal para los descolgados del resto de dispositivos, o como complemento en los casos en los que son manifiestamente insuficientes. Las rentas mínimas de las CCAA deberían haber cumplido esta función pero se encuentran infradesarrolladas en el 95% del país. No suponen más del 5,5% del total de las prestaciones de mínimos reseñadas y el 5,3% del gasto total: 1.040,6 millones de Euros en 2013, según las estimaciones del MSSSI.

Más allá de los muchos análisis comparativos realizados sobre la normativa, los requisitos o los baremos establecidos, lo que es necesario subrayar es que el principal problema de las rentas mínimas de inserción de las CCAA es su escasísima cobertura en la inmensa mayoría de los casos, con la honrosa excepción del País Vasco y, en menor medida, de Navarra o Asturias. Las diferencias entre CCAA son abismales (de 1 a 50 entre los extremos) y curiosamente la cobertura tiende a descender conforme aumentan las necesidades.

En este contexto de emergencia social y ante las limitaciones de los dispositivos existentes, existen razones de peso para considerar la erradicación de la pobreza severa como una cuestión de prioridad nacional: Es una cuestión de equidad, ya que es la parte de la población española que peor lo está pasando durante estos últimos años. Es una cuestión de oportunidad, ya que las situaciones de exclusión y pobreza más severas son las que más han estado creciendo en la crisis.

Es un objetivo viable tanto políticamente (no entra en contradicción ideológica con ninguna de las formaciones que aspiran a dirigir el país) como económicamente (cabe en cualquier programa económico, incluso en los más austeros, con un sistema de prioridades adecuado). Tiene una fuerte función preventiva, ya que los grupos más afectados son justamente los jóvenes y los niños y se evita así el deterioro definitivo de sus potencialidades futuras, del capital humano. Debe ser concebida así como una inversión social de futuro, que permita y vaya paralela a otras actuaciones orientadas a la promoción social de los sectores más desfavorecidos y a su futura reincorporación al mercado de trabajo. Pero sobre todo es una cuestión de derechos humanos, porque la pobreza en sus formas más severas, afecta a la dignidad de las personas, poniendo en cuestión los fundamentos más básicos de nuestro modelo de convivencia.

Y la forma más razonable de abordar este objetivo parece ser una revisión en profundidad del conjunto de dispositivos que configuran nuestro sistema de garantía de ingresos mínimos. Con su racionalización y un refuerzo presupuestario del orden de lo planteado en la Iniciativa Legislativa Popular para cubrir los huecos que deja, podría acabar de garantizarse unos ingresos mínimos suficientes para el conjunto de la población en España. Esta iniciativa puede suponer la confluencia de las demandas planteadas desde distintos sectores sociales: la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el Foro Propositivo para una Estrategia Inclusiva, El Círculo Cívico de Opinión, la Fundación Foessa o Cáritas Española, entre otras. Cabe esperar que dicha iniciativa tenga el éxito que merece.

Pero el debate no es entre una propuesta de renta mínima de inclusión o una renta básica universal. Más bien al contrario, el éxito de la implantación de una renta mínima garantizada será un avance significativo hacia un modelo de protección social más inspirado en derechos universales como la renta básica (aunque sea por diversas vías) y que seguramente deberá construirse progresivamente, extendiéndolo hacia determinados colectivos (una prestación universal para la infancia podría tener un especial interés, por ejemplo). Y para este éxito de la renta mínima de inclusión es preciso conseguir tres cosas:

a) Una cobertura plena de las situaciones de exclusión y de pobreza severa que consiga su erradicación.

b) Demostrar que estos dispositivos no implican una trampa de la pobreza, sino un trampolín hacia la integración social, como reiteradamente han demostrado las evaluaciones realizadas (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña,…) en un contexto normalizado del mercado de trabajo. Para ello existen mecanismos complementarios, como los incentivos al empleo del País Vasco, que han demostrado efectos netamente positivos. Además, no habrá que olvidar la atención desde los servicios sociales y de empleo para superar los límites que determinados sectores tienen para acceder a un puesto de trabajo.

c) Racionalizar el funcionamiento del conjunto del sistema de garantía de ingresos mínimos, articulando todas las prestaciones y mejorando su eficiencia, lo que no tiene que implicar costes significativos de gestión (de la misma forma que no los tiene Hacienda o la Seguridad Social).

Considero que hay que abandonar el modelo ‘ortodoxo’ de RB, sus principios centrales, y crear otro enfoque, reformulando las características de una renta social, igualitaria y solidaria, tal como detallo en el texto adjunto.

Parto de un modelo social con una perspectiva transformadora con la ampliación de los derechos sociales, con el objetivo de avanzar en la igualdad y promoviendo los valores de la solidaridad y la cultura de la reciprocidad, para garantizar la libertad y el acceso a la ciudadanía de todas las personas.

Eso me lleva a tratar y formular de otra manera los criterios de universalidad e incondicionalidad de una renta básica y apostar por otra fundamentación, por otras bases teóricas y culturales, aunque haya muchas coincidencias prácticas.

Al primer principio general del modelo de Renta Básica -RB- con un carácter universal -igual y para todos e independientemente de otras rentas- de la distribución de una renta básica, yo le opongo otro enfoque; la redistribución –pública- de las rentas debe tener un objetivo igualitario: reequilibrar la desigualdad –privada-, responder a las ‘necesidades sociales’, erradicar la pobreza y combatir la precariedad laboral y social. La aplicación ‘estricta’ del primer enfoque beneficia, inicialmente, a todas las clases sociales, incluidos los ricos, pero suele esconder o ser plural en la segunda parte, en quién ‘paga’, y cuando se introducen correcciones fiscales se deja de aplicar el ‘principio’ inicial.

El segundo se centra en garantizar un nivel de vida suficiente y el acceso a la plena ciudadanía de los sectores más vulnerables, que son los que más lo necesitan por su fragilidad, redistribuyendo de ricos a pobres.

En conclusión, el equilibrio entre los dos aspectos –universalidad e igualdad- se consigue con la combinación entre la universalidad del derecho a una existencia digna y la concreción segmentada de la distribución de una renta pública.

Por una parte, se resaltaría la importancia de unos objetivos, el derecho a unas condiciones dignas de vida, fortaleciendo la cultura universalista de los derechos y las garantías para todos y todas.

Por otra parte, se clarificaría que el resultado neto redistributivo del Estado, el sentido de una renta pública y la protección social, debe ser compensatorio para los sectores desfavorecidos para avanzar en la igualdad socioeconómica y en el estatus de la ciudadanía social. Con ello se evitaría la confusión sobre los intereses sociales que se defienden.

Se articularía mejor el conflicto entre universalidad e igualdad en una sociedad desigual.

[…] Alejar a la economía de la recesión no es lo mismo que sacar a las personas de la crisis. A pesar de los datos de crecimiento económico de los últimos trimestres, la cifra de demandantes de empleo supera con creces los 5,5 millones de personas, de ellos más de la mitad son mujeres, y el número de desempleados de larga duración se sitúa cerca de los 3 millones de personas.  […]

La propuesta de los sindicatos CCOO y UGT de una Prestación de Ingresos Mínimos viene a ser una variante de las Rentas Mínimas de Inserción que vienen aplicándose bajo diferentes condiciones y con diversas cuantías a nivel autonómico y no supone diferencias conceptuales con respecto a algunas propuestas que desde diferentes organizaciones políticas hemos escuchado en periodo electoral.

Viniendo además del mundo sindical pudieran parecer lógicas algunas de las características que se recogen en la propuesta, como su temporalidad hasta que se concrete la recuperación del empleo y que este sea de calidad, pero sorprende que la propuesta no se realice a partir de un análisis más realista del contexto en el que nos encontramos. Porque de haberlo hecho así tal vez estaríamos hablando de una propuesta radicalmente distinta: La Renta Básica de Ciudadanía o Universal.

Desde el Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de Attac Madrid no vamos a oponernos a cualquier mejora y agilización de los llamados sistemas de protección social, pero creemos que estas medidas de carácter paliativo no hacen sino aplazar un debate mucho más profundo que, tarde o temprano, deberemos abordar: el de garantizar a las personas el primero de los derechos, el derecho a la existencia.

Y como esta Prestación de Ingresos Mínimos de una propuesta sindical se trata, bajo ese mismo prisma proponemos como alternativa la Renta Básica. La universal, individual e incondicional. En un contexto económico en el que la actividad productiva reduce su peso en favor de una economía financiera especulativa y el desempleo se convierte en un elemento estructural (el gran ‘ejercito de reserva’ del que habla Marx) en el que los sistemas de protección social diseñados tras la segunda guerra mundial resultan inadecuados e insuficientes y en el que incluso el empleo ya no significa un seguro contra la pobreza, la renta básica se configura como un instrumento imprescindible para conseguir el objetivo de reforzar la posición de los y las ciudadanas, dentro y fuera del ámbito laboral, y como un elemento que defienda a esta ciudadanía de los mercados y de los poderes financieros. Difícilmente, sin una renta básica, se logrará recuperar la dignidad en la condición laboral.

Porque la renta básica permite que las necesidades fundamentales, como es la de disponer de un ingreso con el que hacer frente a los costes de la vida diaria, no dependan necesariamente de un mercado laboral que persigue objetivos diferentes y distantes de lo que es la justicia social. Además, fortalece la posición de trabajadores y trabajadoras y los empodera a la hora de cualquier negociación ya que permite ‘decir no’ a condiciones laborales abusivas. Tal vez sea esta una de las razones por las que desde el mundo sindical se ha mirado siempre con recelo esta propuesta, pensando que restaría importancia a la acción sindical cuando sería justamente lo contrario pues no solamente reforzaría los derechos laborales sino que también permitiría o facilitaría el reparto del empleo existente y pondría en valor el trabajo que existe y que el mercado ni considera ni tiene en cuenta.

Hay más trabajo que empleo y en muchos casos ese trabajo aporta mucho más valor añadido a las comunidades donde se realiza. Pero además la renta básica permitirá la aparición de otro tipo de actividades económicas de carácter cooperativo y social. Una actividad económica de cercanía, sostenible y creadora de vínculos entre las personas en oposición a modelos económicos que nos han conducido a donde nos encontramos.

Estas son algunas de las previsibles consecuencias de la implantación de la renta básica centradas en el ámbito laboral y de empleo. Pero su potencial transformador afectaría a otros muchos ámbitos como la igualdad, la participación ciudadana, la educación o la sostenibilidad.

La renta básica también supone un gran punto de partida para refundar los sistemas de protección social y el propio Estado social hoy cuestionados, no como coartada para desmantelarlos como se pretende desde el neoliberalismo, sino para diseñar instituciones más eficaces y universales y que permitan el derecho a la existencia y a una vida buena de toda la ciudadanía. Y desde luego debe ir acompañada de la reivindicación y mantenimiento de derechos sociales y laborales como el salario mínimo interprofesional, los servicios públicos universales e incondicionales de la sanidad y educación y, en general, de políticas económicas y fiscales que controlen e impidan la acumulación de poder y riqueza en manos privadas.

La propuesta sindical de la Renta Mínima Garantizada cifra su coste en 11.000 millones de euros. La renta básica tendría coste cero. La Red Renta Básica ha elaborado una propuesta de reforma fiscal que, sin tocar ninguna partida de carácter social (sanidad, educación, pensiones) posibilitaría su implantación sin coste alguno, haciendo del IRPF una herramienta real de distribución y demostrando que su implantación no es una cuestión ni económica ni técnica, sino política. La renta básica es justa, es razonable y es posible.

Deseo participar en este Debate incorporando al mismo un documento que ya aporté hace unos meses, cuando en Público.es se discutió el tema de la Unión Europea. Es un documento sobre la Renta Básica.

La Renta Mínima de Inserción, la Renta Básica y el Trabajo Garantizado son las tres propuestas que hoy están sobre la mesa para abordar los problemas del desempleo y de la pobreza masiva que hoy aquejan a nuestro país; y que no sólo no preocupan en absoluto a nuestro Gobierno conservador, sino tampoco, como evidencia el caso de Grecia, a las autoridades de la Unión Europea. Espero de corazón que este Debate sirva para promover una discusión razonada y sin acrimonia sobre las bondades e insuficiencias de cada una de estas propuestas; y teniendo siempre en mente que la idoneidad de una propuesta no sólo se decide por su coherencia lógica, sino también por su factibilidad política.

Me invitan a participar en este “espacio público”. Ineludiblemente, tendré que repetir, quizás con palabras algo distintas, lo que con otros colegas o en solitario he escrito y defendido en distintos foros académicos, o en debates dentro de movimientos sociales o de algunos partidos políticos.

Empecemos por la conclusión: la renta mínima garantizada (RMI) que proponen CCOO y UGT es un desastre.Entiéndase bien de entrada antes de despertar suspiros y reacciones más o menos hostiles: respecto a la situación que tenemos actualmente, la RMI algo ayudaría a algunas personas, sin duda, pero respecto a lo que se sería necesario para paliar la terrible situación de millones de personas, la RMI es menos que insuficiente, en términos académicos diríamos muy deficiente. Intentaré explicar porqué, si bien antes tendré que introducir algún elemento más.

Como la invitación a participar por parte de los responsables de este Espacio Público lo han hecho en mi calidad de defensor de la Renta Básica (RB), es decir, una asignación monetaria pública incondicional a toda la población, serán más rápidos de entender los enormes problemas que tiene la RMI que propone CCOO y UGT si la comparamos con la RB.

Comparemos la RMI y la RB. ¿En qué difieren? Solamente apuntaré cuatro diferencias.

La RB permite eludir las llamadas trampas de la pobreza y del paro. Estas trampas aparecen por el hecho que las cantidades monetarias de los subsidios condicionados, como es el caso de la RMI, no son acumulativas (con esto queremos decir que son subsidios complementarios a una renta ya existente y hasta un umbral establecido). De aquí la inexistencia de estímulos para aceptar ocupaciones a tiempo parcial o de cualquier remuneración. Técnicamente lo podemos expresar de la siguiente manera: el tipo impositivo marginal que se aplica a la RMI es del 100%, es decir, se pierde completamente, en la mayoría de casos, la referida RMI en caso de percepción de otra fuente de renta. Las trampas de la pobreza y del paro, dicho rápidamente, aparecen cuando la percepción de los beneficios, fiscales o de otro tipo, se encuentra condicionada a la verificación, por parte de las autoridades, de la suficiencia de los ingresos recibidos dentro del mercado laboral. A diferencia de la RMI, la RB no constituye un techo, sino que define sólo un nivel básico, a partir del cual las personas pueden acumular cualquiera otro ingreso. Además, la RB podría ser en muchos casos un estímulo para desarrollar trabajos remunerados, mientras que los subsidios condicionados no sólo no suponen este incentivo sino que representan todo lo contrario.

La RMI es un subsidio condicionado. Para recibirlo, deberían cumplirse una serie de condiciones. Puede tratarse de condiciones más o menos exigentes, más o menos generosas, pero son condiciones. Esto supone unos costes administrativos muy altos en proporción al presupuesto general del programa condicionado. En cambio, la RB representa una simplificación administrativa inmensa. Resulta obvio que esta característica de la RB, la ausencia casi absoluta de costos administrativos, puede ser de vital importancia en la perspectiva de una efectiva racionalización de las políticas sociales y de redistribución de la riqueza.

La RB se garantiza ex-ante, la RMI, en caso de poder tener acceso a ella, ex-post. Esta característica convierte a la RB en una medida esencialmente preventiva de la exclusión. Sobre la RMI, por razones evidentes, no puede afirmarse lo mismo.

Por añadir una cuarta y última consideración. Si bien en condiciones de crisis y de paro masivo como en la actualidad esta razón queda más debilitada, la RB permite evitar los daños psicológicos y morales vinculados a la estigmatización social del perceptor de un subsidio condicionado como es la RMI. Lo que debe garantizar toda sociedad es el «primer derecho», el de la existencia. Simplemente por el hecho de pertenecer a la ciudadanía (o de disponer de residencia acreditada), sin razones adicionales.

Si estas son críticas generales a la RMI de cualquier tipo, en el caso de la propuesta que nos explica Carlos Bravo, debe añadirse que la cuantía de la misma sería de 426 euros mensuales aunque podría verse incrementada según hijos, etc. Desastre añadido. 426 euros, muy por debajo del actual umbral de la pobreza en el Reino de España. Que unos sindicatos se autolimiten (estamos hablando de ¡un redactado de una ILP, tan solo!) a incrementar un 1% de gasto público que no saca a casi nadie de la pobreza cuando el Reino de España tiene una presión fiscal de 8 puntos por debajo de la media de la UE… digamos no es un ejemplo de audacia. Más ejemplo es de mojigatería ramplona. Precisamente hoy, 26 de marzo, en la nota de prensa del INE sobre les resultados definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida, el porcentaje de población en riesgo de pobreza pasa del 20,4% en el 2013 al 22,2% en el 2014.

Comparemos también esta RMI de CCOO y UGT, con la propuesta de financiar una RB para toda la ciudadanía y residencia acreditada del Reino de España. El avance del estudio ya se publicó hace unos meses, pero obligado es hacer un resumen de los resultados.

La financiación de una RB de 7.471 euros anuales para toda persona adulta y de una quinta parte para todo menor de 0 a 18 años, es perfectamente posible en el Reino de España mediante una reforma del IRPF y un ahorro de todas las prestaciones públicas monetarias que serían redundantes con una RB. La financiación de esta RB, no tocaría ni un céntimo de lo recaudado hasta ahora. Para evitar posibles debates no del todo informados: sanidad y educación públicas no se tocarían. Aproximadamente un 80% de la población (desde el más pobre a los situados inmediatamente después del 20% más rico) saldría ganadora respecto a la situación actual.

Solamente las dos decilas superiores, las más ricas, perderían con la reforma propuesta. Quien realmente ganaría más de forma proporcional sería quien no tiene nada absolutamente: 7.471 euros anuales de RB que no debería pagar IRPF. Así que la reforma propuesta significa una gran redistribución de la renta de los sectores más ricos al resto de la población. Es decir, lo contrario de lo que se ha producido a lo largo de las últimas décadas, especialmente en los últimos años. Más concretamente: las cantidades transferidas de los perdedores ricos en el cómputo neto a los ganadores suman unos 35.000 millones de euros. Lo que se traduciría en un índice de Gini que situaría al Reino de España en el nivel de los países escandinavos, a diferencia de lo que sucede en la actualidad en el que aparece en la penúltima posición de la UE, esto es: a la cabeza de los países con mayor desigualdad en su distribución de la renta.

Supongo que queda claro: con esta propuesta, la pobreza desaparece el mes siguiente a la implantación de la RB.

Los que hemos realizado esta propuesta de financiación partimos de una vieja idea, muy contrastada en los tiempos que nos toca vivir, y que fue inmejorablemente expresada por Louis Brandeis, Juez de la Suprema Corte de EEUU entre 1916 y 1939: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada, pero no podemos tener ambas.”

Espero haber aportado algunos elementos a este debate en los pocos espacios que muy razonablemente me han pedido. Debate iniciado en Espacio Público por un miembro del mismo sindicato al que estoy afiliado desde hace 38 años, desde 1977. Ideal hubiera sido haber podido contribuir más directamente en el seno mismo del sindicato, pero para ello hay que ser invitado. Valga este sucedáneo a cambio.