A través del relato de dos hermanos gemelos, Zonqui y Manquí, que viven en una sociedad donde los estereotipos de género crean barreras para ser ellos mismos, Edita.es ha lanzado el proyecto Adivina quién soy yo, con el objetivo de defender los derechos de las personas migrantes LGTBIQ+ y de las mujeres.

Este proyecto, creado por Rusly Cachna Estapa, quien escribió el texto, y Berta Cusó, que realizó las ilustraciones, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la igualdad y el respeto hacia la diversidad desde una edad temprana.

Zonqui y Manquí crecen en un entorno donde las expectativas sociales sobre cómo deben comportarse los niños y las niñas limitan su forma de expresarse y ser felices. Zonqui siente que disfruta más explorando actividades y formas de ser que se asocian tradicionalmente con las niñas, mientras que Manquí se identifica más con características que la sociedad etiqueta como propias de los niños. Sin embargo, estos estereotipos los hacen sentirse incomprendidos y les plantean desafíos en su día a día.

Con valentía, Zonqui y Manquí deciden que no van a permitir que las etiquetas definan quiénes son. A través de su imaginación y un toque de magia, se embarcan en una aventura para descubrir y mostrar al mundo que cada persona es única y que no hay una forma «correcta» de ser niño o niña. Su historia refleja cómo la aceptación y la empatía pueden transformar un entorno lleno de obstáculos en un espacio seguro y libre para todos.

El relato no solo muestra las peripecias de Zonqui y Manquí, sino que busca servir como una herramienta educativa que fomente el respeto hacia la diversidad sexual y de género en las personas más jóvenes. La educación juega un papel clave en este propósito, ayudando a construir entornos escolares, culturales y deportivos donde la igualdad de género y el respeto a todas las identidades sean valores fundamentales.

Adivina quién soy yo es una invitación a reflexionar sobre cómo podemos construir una sociedad más inclusiva y acogedora, donde cada niño y niña pueda crecer siendo fiel a sí mismo sin temor a ser juzgado por los estereotipos que otros les imponen.

Rusly Cachna Estapa nació en Malabo (1995), es activista trans y cofundadora del colectivo SOMOS PARTE DEL MUNDO desde el año 2016 de manera institucional en Guinea Ecuatorial. Desde muy joven, imparte charlas sobre derechos LGTBIQ+ para visibilizar a este colectivo en el continente africano. Su primera publicación fue con un diario del país (ÉBANO).

En 2019 representó a la asociación SOMOS PARTE DEL MUNDO en el “IV Encuentro de Liderazgo Político LGTBI de las Américas”, celebrado en Bogotá, Colombia.
En la actualidad vive en Barcelona, donde colabora en charlas y conferencias con organizaciones como ACATHI y ALMANSA ENTIENDE. Espera y desea que las “niñas” como ella también puedan verse representadas en el mundo de la infancia, y no solo existir en él.

Foto: Caleidoscopia / @estonovadefotos

Berta Cusó es Ilustradora y dibujante de cómics. Nació en Barcelona y reside en Berlín. Tras estudiar Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña y Arte y Arquitectura en el CCNY de Nueva York, complementó su formación en ilustración en el AID de Berlín y en la Escuela de la Mujer de Barcelona.

Su obra pictórica se ha expuesto en Barcelona, Nueva York y Berlín. Actualmente, su trabajo se centra en la ilustración y el cómic.

Su cómic de no ficción Paral·lel, sobre la vida nocturna de los cabarets de Barcelona durante las últimas décadas de la dictadura española, fue finalista del Premio Internacional Ara de Cómic en Catalán en el año 2020. Es docente en el Grado de Artes de la Universitat Oberta de Catalunya.

Este proyecto se puede seguir en https://edita.es/projects/adivina-quien-soy-yo/

Secuestran el cadáver y se apropian de las cenizas. Responsable: la dictadura en Perú.

El pasado 11 de diciembre, a los 73 años, Miguel Rincón Rincón murió en prisión debido a una enfermedad terminal y sin recibir la atención médica necesaria.

Miguel Rincón, ex-militante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), llevaba preso 29 años en la Base Naval del Callao, una prisión militar sin condiciones adecuadas para presos civiles.

Desde hace varios meses, Miguel Rincón presentó problemas de salud graves que necesitaban atención hospitalaria oportuna y continua. Sin embargo, las instituciones del Estado fueron negligentes y limitaron sistemáticamente su derecho a la atención en salud, incumpliendo además su deber de cuidado con una persona interna.

Desde que se notificó su deceso, la familia solicitó respeto al derecho a despedirse de su familiar y poder darle una sepultura digna. Sin embargo, la familia pasó tres días en la puerta de la morgue del Callao, sin recibir respuesta.

Al tercer día, la Fiscalía de la Nación de Perú se pronunció para negarles todo: no se les permitirá darle sepultura, tampoco presenciar la cremación ni guardar las cenizas de su familiar fallecido. La dictadura alega el cumplimiento de la Ley 31352 que otorga al Estado la potestad de disponer del cuerpo, cremarlo, y que las cenizas “sean dispersas en tiempo y lugar reservados”. Es decir, el Estado peruano ha legalizado la desaparición forzada y procederá de esta forma con el cuerpo de Miguel Rincón, violando así sus derechos fundamentales.

La Ley 31352 –promulgada y firmada por el presidente Pedro Castillo actualmente en prisión- atenta contra los derechos fundamentales de las familias de las personas condenadas, dándoles un trato discriminatorio y humillante que no se justifica en sus fundamentos.

Alberto Fujimori, responsable de graves violaciones a los derechos humanos y acusado de ejecuciones extrajudiciales durante el asalto a la embajada de Japón tomada por el MRTA, falleció rodeado de sus familiares y recibió sepultura casi con honores de Estado.

Rincón, independientemente que estemos de acuerdo o no con sus métodos, combatió las desigualdades.

Fujimori a través de sus políticas económicas defendió las desigualdades privatizando empresas públicas en complicidad con José María Aznar, quien nos llevó a la guerra con Irak.

Ambos, Fujimori y Aznar, han manifestado su desprecio por la vida y la condición humana.

La actual dictadura -que tiene a más de 70 personas asesinadas por ejercer su libertad de expresión en las calles- ha demostrado fehacientemente su inhumanidad. Dina Boluarte desprecia a las víctimas de la represión. La comunidad internacional, y el gobierno de Pedro Sánchez, calla o mira a otro lado.

El pasado 11 de diciembre, el ministro de Educación de Perú, Morgan Niccolo Quero Gaime, dijo lo siguiente: “Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”.

El desprecio de la condición humana no tiene precio ni horizonte con Dina Boluarte como cabeza visible de una dictadura que ha demostrado su menosprecio por la vida.

Recientemente una estudiante iraní (cuyo nombre no ha sido desvelado) se quitó la ropa y se paseó por la Universidad de Teherán. Su acto era una protesta contra la obligación de que todas las mujeres iraníes están obligadas a llevar su cabello tapado con un velo. Una medida que refleja el grado de sometimiento que las autoridades de la República Islámica de Irán imponen a sus mujeres. Efectivamente, las leyes sobre uso obligatorio del velo se aplican a todas las mujeres, incluidas las niñas desde los siete años. Las que no lo hacen son consideradas delincuentes por el Estado.

Cuarenta millones de mujeres (incluidas las niñas) son vigiladas por la llamada policía de la moral, que tiene la potestad de parar a cualquier mujer, analizar cómo va vestida, si su atuendo se ajusta o no las normas impuestas por los gobernantes o si algún mechón de su cabello queda al descubierto. Los castigos pueden ir desde multas hasta años de prisión. A partir de la muerte de Jina Mahsa Amini en 2022 cuando estaba detenida por llevar el hiyab puesto “de forma inapropiada”, según la policía de la moral, se produjo en Irán un gran movimiento de protestas al que la policía respondió con detenciones, torturas, muertes…, creándose una situación tan grave que el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas realizó una investigación a fondo desde el 26 de febrero hasta el 5 de abril de 2024, que dio como resultado el Informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica del Irán.

Todo ello no ha hecho más que avivar las movilizaciones populares, encabezadas por las mujeres iraníes, en apoyo al Movimiento, Mujer, Vida, Libertad.

Cuando faltan pocos días para el 10 de diciembre, fecha en que se celebra el Día Universal de los Derechos Humanos en el mundo, Espacio Público tenemos la oportunidad de hablar con Fariba Ehsan, actual presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España.

Fariba lleva desde 1995 residiendo en Madrid. Durante 17 años colaboró como voluntaria con la ONG Solidarios para el Desarrollo. Desde 2009 colabora con Amnistía Internacional en el equipo de discriminación e inmigrantes en España y desarrolla un trabajo especialmente relacionado con la libertad e igualdad de las mujeres en Irán.

En primer lugar, le damos las gracias por esta conversación. Usted vive en España desde 1995. ¿Qué le motivó a venir a nuestro país y a salir de Irán?

Soy Fariba Ehsan nací en el sur de Irán. Con la guerra de Irán e Iraq mi familia y yo nos mudamos a Shiraz. Después de terminar mis estudios me casé y durante mi matrimonio recibí maltrato de parte de mi marido en aquel entonces.

Con el apoyo de mi familia me divorcié. En Irán las mujeres no tienen derecho a pedir el divorcio, por eso el proceso de mi divorcio fue duro y largo.

Hace treinta años la vida de una joven de 26 años en una sociedad con leyes machistas y discriminatorias era muy complicada. En la república Islámica todas las leyes están a favor de los varones y son discriminatorias. El proceso del divorcio es muy diferente al de una sociedad democrática, no hay un profesional jurídico en los tribunales, sino un clérigo (Molla) que escucha y juzga tu vida. Es decir, un varón, clérigo musulmán que cree en las leyes de sharia (en un país donde las leyes son discriminatorias) decide sobre tu matrimonio. Te quitan la custodia de tus hijos. Sin el  apoyo de la familia es muy difícil ser una mujer divorciada en la República Islámica de Irán.

Yo tenía la suerte de tener el apoyo de mi familia. Mi hermana mayor vivía en España con toda su familia y me ofrecieron salir de Irán.

Por eso vine a España, aquí, intenté integrarme en la sociedad. Decidí luchar y ser la voz de las mujeres en Irán y las mujeres de otros países donde no se respetan los derechos humanos.

Casos como los de la abogada Nasrin Sotoudeh o el de la premio nobel de la paz Narges Mohammadi son muy significativos de la represión que sufren hoy las mujeres iraníes en su país. ¿Puede hablarnos de ellas?

  • Nasrin Sotudeh, la abogada y activista iraní pro derechos humanos, condenada a 38 años de prisión y 148 latigazos. Solo por defender los derechos humanos y defender a los presos políticos y sociales, en los cárceles de Irán.
  • Narges Mohamadi. Premio Nobel de la Paz, activista de derechos humanos y periodista, condenada actualmente cumple una condena de 12 años, 11 meses de presión y 154 latigazos. También solo por defender los derechos humano en la república islámica.

¿Qué han hecho para merecer este trato? Pedir justicia, reclamar verdad, acompañar a los familiares de las víctimas, de la violencia policial, exigir el fin de la pena de muerte. En definitiva, defender los derechos humanos. Algo que han seguido haciendo desde la celda, denunciando también la violencia sexual bajo custodia sufrida por las manifestantes.

Narges es madre de dos hijos que lleva 10 años sin verlos y más de 2 años sin hablar con ellos. Actualmente ellos junto con su padre viven en París.

Narges ha elegido un camino muy duro pero muy firme y sabe que desde dentro de Irán puede luchar mejor y eficaz, ella mucha veces ha pedido perdón a sus hijos por estar lejos de ellos, pero está comprometida para promover los derechos humanos y la libertad para todos”.

Narges en su libro “Tortura blanca” entrevista a mujeres iraníes encarceladas, al final de su carta de agradecimiento al comité Noruega del Nobel dice:

“Agradezco por último, a todos aquellos que me han felicitado por este premio. Les pido que respalden al pueblo de Irán hasta nuestra victoria final”.

Nuestra victoria no será fácil pero está garantizada.

Aquí mismo quería hacer una llamamiento a la vida de Narges, que está en peligro, las autoridades de Irán durante meses han negado el traslado de ella al hospital. Después de muchas luchas han accedido trasladarla a un hospital, para ser operada. Pero ahora le acaban de trasladar otra vez a la cárcel justo después de tener una operación complicada.

Les pido firmar la petición de Amnistía Internacional para liberar a Narges.

Tengo que recordar a otras mujeres activistas que quizás no son tan populares como las dos anteriores mencionadas pero están en las cárceles de Irán:

Defensoras de Derechos Humanos:

  • Hengameh Shahidi, periodista y activista de los defensores de Derechos Humanos.
  • Yekta Fahandezh Sadi, ciudadana Bahai residente en Shiraz.
  • Hoda Amid, abogada y activista por los derechos de la mujer.
  • Najmeh Vahedi, estudiante universitaria de sociología.
  • Payam derafshan y Farokh Forozan, ambas abogadas.
  • Fatemeh Daemi Khoshknodhani, conocida como Atena Daemi, activista civil por los Derechos de los menores y por los derechos humanos.
  • Meymanat Hoseini Chavoshi, profesora de antropología en la universidad de Melbourne y ciudadana de doble nacionalidad.
  • Nazanin Zaghari, de doble nacionalidad y empleada de la Fundación Benéfica de Tamson Roiters en Londres.
  • Golrokh Ebrahimi Irai, activista civil y escritora.
  • Asal Mphamadi, activista obrera.
  • Leyla Hatami, miembro de los activistas por los derechos de los menores de Zahedan.
  • Sepideh Moradi y Elham Amadi, derviches de Gonabaad.
  • Fatemeh Sepehri.
  • Sepideh Golyan.

… La lista es muy larga

Desde abril de este año las autoridades iraníes han puesto en marcha la campaña “Plan Noor” (Plan Luz) que aumenta la vigilancia y la represión policial. Nos gustaría que nos informara de ella.

La constitución de la República Islámica se escribió sobre la base de la discriminación en varios aspectos políticos y sociales. Pero la más destacada y vergonzoso de ellas es la discriminación de género.

Desde el inicio de la república islámica se crearon los comités para vigilar a las mujeres y jóvenes. Un coche con la Policía de la moral patrullando, en las calles, en los colegios y universidades, en las tiendas, en las fiestas  privadas… En todas partes. Como no conseguían sus objetivos cambiaban el nombre de las policías.

Desde abril de este año aumentó su represión de una manera bestial contra las mujeres que no llevaban puesto el velo islámico. El Plan Luz, (en persa Noor) la idea es llevar una iluminación hacia quien no lleva el hiyab bien puesto. El castigo por dejarse ver sin velo en público puede ser de detención, pena de prisión, multa o latigazos, quitar su tarjeta de entidad por un tiempo…

Como con el plan Noor no han podido hacer nada, ahora han creado otro tratamiento “científico y psicológico” a las mujeres que se resistan a llevar hiyab. Con el nombre ‘clínicas para el tratamiento de retirada de hiyab’. Estos centros ofrecerán “tratamiento científico y psicológico para quienes retiren el hiyab, de manera específica para las adolescentes y jóvenes adultas, así como para las mujeres que se encuentren en la búsqueda de su identidad social e islámica”.

¿Hay en este momento personas en peligro de ser ejecutadas por haber sido castigadas con la pena de muerte?

El régimen de los ayatolas en Irán desde el momento que llegaron al poder utilizaron la pena de muerte como una herramienta para defender su idolología y poder.

La ejecución de quien piensa diferente que las autoridades en Irán después de la revolución de 1979 fue una ola generalizada de diversos cargos y pretextos, principalmente por decisión del Tribunal Revolucionario Islámico de Irán. Estos tribunales fueron establecidos por orden de Seyyed Ruhollah Khomeini.

Según informe de la Amnistía Internacional en 2023 en Irán ejecutaron 853 personas, casi 3 personas cada día.

No hay días que anuncien nombre de lista de personas que están condenados a la pena máximo, pena de muerte.

En estos momentos hay más de 48 persona esperando  para ser ejecutados. Hay 2 mujeres Kurdas, Bakhshan Azizi y Vershia Moradi. Y 6 chicos en Teherán; Milad ArmonNavid BojaranAlireza KafaiiAmir Mohammad GhadaranHosein Ne’matiAlireza Barmak Juban todos están gravemente en peligro.

Además de la prohibición de mostrar los cabellos en público, ¿qué otras circunstancias condicionan la vida de las mujeres en irán, su rutina diaria: viajar, estudiar, trabajar, conducir, casarse…? ¿Pueden divorciarse o abortar las mujeres en Irán?

La República Islámica de Irán es un régimen discriminatorio especialmente con las mujeres y con los que piensan diferente a ellos. Estas discriminaciones y violencias en diversos ámbitos sociales, familiares, comunitarios y legales ponen a las mujeres en situaciones muy difíciles.

Según las leyes del régimen de Irán, la mujer está al servicio del hombre dentro de la casa, la mujer no tiene derecho a pedir el divorcio, el testimonio de dos mujeres es igual que un hombre.

En una herencia el derecho de la mujer es la mitad que de un hombre.

A pesar de que el 60% de los universitarios son mujeres, solo el 13 % de ellas entran en el mercado laboral, SI SUS MARIDOS LES DAN PERMISO.

Hay más de 60 carreras universitarias que las mujeres no puede estudiar.

No pueden trabajar como juezas.

La mujer no puede viajar, trabajar sin el permiso de un varón de su familia o de su marido si está casada. No puede bailar y cantar en público.

La custodia de los hijos en un divorcio es del padre.

A pesar de todas esta normas, o posiblemente por tener que enfrentarse a ellas, son las mujeres las que están liderando los cambios en Irán. ¿Cómo ve el futuro?

El 8 de marzo de ese mismo año, al inicio de la República Islámica, las mujeres salieron a las calles para protestar contra las nuevas condiciones y la restricción de sus derechos. Estas protestas y luchas continúan hasta hoy, aunque en otras dimensiones y con un nuevo equilibrio.

No fue por casualidad que el movimiento que comenzó con el asesinato de Jina Amini hace dos años, que sacudió los cimientos del régimen, tuviera a las mujeres al frente de sus filas. El asesinato de Mahsa Jina Amini fue como una gota de agua que cayó en una vaso lleno, todo el mundo se unió, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, niños. Unidos salieron y dijeron NO A LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN, y MUJER VIDA LIBERTAD.

Hemos podido llevar nuestra voz y petición a todas partes del mundo. Diciendo que este régimen NO REPRESENTA A IRÁN.

Como decía Narges “Nuestra victoria no será fácil pero está garantizada”.

¿Cree que su Revolución puede ayudar a las mujeres de otros países vecinos que también sufren una situación similar, por ejemplo en Afganistán o Arabia Saudí?

Nuestra lucha tiene un eslogan Mujer, Vida, Libertad, tres palabras que están encadenadas. Si las mujeres no tienen derechos y ni les respetan en ámbitos sociales, familiares, comunitarios y legales, nunca habrá Vida, y la vida es libertad.

Tengo que recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la máxima expresión de la civilización humana, un acuerdo logrado por toda la humanidad amante de la paz después de la Segunda Guerra Mundial para su adopción.

La lucha por la igualdad, respetar los derechos de la mujer. El movimiento MUJER, VIDA, LIBERTAD no tiene frontera y idolología, seguramente esta lucha llegará a las mujeres afgana y de otros partes del mundo.

Unámonos para crear las condiciones necesarias para su implementación en todo el mundo.

Por último, ¿qué mensaje quiere hacernos llegar a las mujeres que vivimos en España?

Les recomiendo que lean el libro “Tortura blanca» escrito por Narges Mohamadi. Son entrevistas con mujeres iraníes para tener una visión más clara sobre la situación de las mujeres en la república Islámico de Irán.

Me dirijo hacia las mujeres, a los hombres en España para que apoyen a nuestra lucha para defender los derechos humanos en Irán, Afganistán, donde sea. Unámonos por un mundo mejor con la paz. Mujer, Vida, Libertad. 

Plataforma contra la privatización de Canal de Isabel II, denunciamos ante el Defensor del Pueblo las irregularidades encontradas en la contratación de Canal de Isabel II 

Todo el mundo conoce la importancia que la contratación de obras, servicios y suministros supone para el funcionamiento de cualquier empresa, tanto si es pública como privada. Pero no sólo afecta al funcionamiento, también a la cuenta de resultados, es decir, una contratación con buenos precios puede suponer un ahorro importante y, por tanto, una mejor gestión.

Además, si se trata de una empresa pública, como es Canal de Isabel II, S.A., Medios Propios (CYII) cuyo objetivo es la gestión del ciclo integral urbano del agua, la contratación de obras, servicios y suministros supone un capitulo importante de dinero público para su gestión.

Los contratos públicos se realizan al amparo de una normativa que, de cumplirse, garantiza que los procedimientos de contratación se han realizado favoreciendo la concurrencia y salvaguardando la libre competencia. CYII ha de cumplir esta normativa de contratación.

Para la ciudadanía es de suma importancia conocer cómo está realizando la contratación la empresa que está gestionando unos servicios públicos, que además constituyen derechos humanos básicos para la vida, pagados con el dinero de los usuarios de los servicios. Para poder ejercer este control es necesario que los principios de gestión que conforman los derechos humanos al agua y al saneamiento, según establece Naciones Unidas (transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, sostenibilidad económica, social y medio ambiental, así como la participación activa, libre y significativa de la ciudadanía en la gestión de los servicios), se cumplan en todos los territorios del estado español.

La Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid, obliga a CYII a cumplir las exigencias legales sobre transparencia, al objeto de que la ciudadanía pueda comprobar, tanto el cumplimiento de la normativa sobre contratos públicos, como el funcionamiento de la empresa que gestiona un servicio público tan vital que constituye un derecho humano.

La Plataforma contra la privatización de Canal de Isabel II lleva más de una década defendiendo la no privatización de CYII, denunciando las diversas tramas de corrupción existentes en la empresa y proponiendo un nuevo modelo para la gestión del agua en la Comunidad de Madrid, basado en la implantación de los derechos humanos al agua y al saneamiento en nuestra región que suponen, no solamente garantizar el abastecimiento y la depuración de agua, sino también asegurar los principios de gestión que antes hemos mencionado y que sustentan estos derechos.

Ya abrimos el capítulo de la transparencia formulando preguntas a CYII sobre la manera en la que se estaba gestionando el escudo social en relación con el agua en la Comunidad de Madrid cuya respuesta fue que no tenían datos. Ahora abrimos un nuevo capítulo con el Estudio de los Contratos de CYII.

Los datos utilizados para este Estudio se han obtenido de la información incorporada en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (PCPCM). El periodo tenido en cuenta ha sido entre 2019 y 2022, este último año se ha analizado parcialmente debido a que en mayo de 2023, fecha en la que se tomaron los datos, éstos se encontraban actualizados a septiembre de 2022.

Haciendo consultas a la base de datos que se encuentra en el PCPCM hemos obtenido unas tablas en las que consta información de los contratos. Además, en el PCPCM se encuentra una ficha por cada uno de los expedientes con la información de la tramitación y la documentación administrativa obtenida en los procedimientos de contratación.

En primer lugar, echamos en falta un Manual del Usuario que explique los conceptos que se incluyen.

Con carácter general y a la vista de las comprobaciones realizadas se ha detectado, mediante un contraste de una muestra de contratos que supone el 12% sobre el total de abiertos simplificados y negociados sin publicidad, que se encuentran adjudicados, finalizados o resueltos, que en la información de las tablas obtenidas mediante consultas, no existe una coherencia con la información presente en las fichas, lo que introduce una dosis relevante de incertidumbre en las conclusiones y el diagnóstico, que afecta a la disponibilidad de datos, entre otras cuestiones, del número de contratos,  la identificación de adjudicatarios  los importes de adjudicación. Aún así, se consideran de interés los datos obtenidos que, aunque no reflejan la realidad, si nos ofrecen una aproximación.

A continuación se ofrecen datos extraídos de las consultas realizadas a la base de datos, con algunas correcciones por errores apreciados en una primera revisión:

Se puede observar un muy elevado número de contratos menores aunque de escasa cuantía.

Por tanto, la primera conclusión es que la herramienta disponible en el PCPCM no asegura la veracidad y fortaleza de la información disponible en la base de datos que se ofrece, ya que contiene errores y omisiones, como se ha podido comprobar; su contenido no ha sido revisado y contrastado con la información de las fichas. Esto denota un desinterés en el cumplimiento de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, que afecta a la transparencia, al acceso a la información y la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.

Disponer de una herramienta comprensible y fácilmente accesible, que ofrezca la información verdadera y completa para poder conocer la contratación pública de CYII, es indispensable para la rendición de cuentas de la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. Esto es relevante porque el acceso a la información, como se reivindica desde una aproximación de derechos tiene que garantizar su veracidad, así como la claridad indubitable en cuanto a su presentación y contenido.

Es digno de mención, que la información de la base de datos que figura en el PCPCM no tiene ninguna posibilidad de análisis a nivel contable, ya que no figuran los años en los que se comprometen los presupuestos y cuándo se ejecutan los gastos, ni las partidas presupuestarias, lo que imposibilita el seguimiento de las cuentas que como sociedad anónima ha de presentar en los registros públicos. Debido a que no figuran la fecha de inicio y finalización de los contratos y el plazo de ejecución, tampoco permite el seguimiento de la actividad de la empresa a través de la contratación.

Por último, se echa en falta un espacio de información de CYII, que permita, no solo conocer la situación administrativa de los contratos, sino también su evolución temporal (certificaciones, eventuales modificados, etc.).

Entrando de lleno en las irregularidades encontradas, en el caso de los contratos menores que se emplean para gastos de escasa cuantía que vienen a cubrir necesidades puntuales y no precisan de licitación, es decir se conceden a dedo, pero que tienen un límite de importe diferente según el objeto sean obras, servicios o suministros, que no puede superarse.

En este tipo de contratación, que supone, a nuestro modo de ver, un excesivo número, hemos encontrado incumplimientos en relación con la superación de cuantías máximas contratadas por adjudicatarios en 2019 y un posible fraccionamiento en todo el periodo estudiado. Se ha encontrado un importante número de contratos con un objeto similar que podrían haberse agrupado y tramitado mediante contratos con licitación. El fraccionamiento provoca una limitación de la concurrencia y por tanto podría estarse restringiendo la competencia. También hemos observado cuestiones de interés para los trabajadores como son un elevado número de contratos de asistencia técnica cuyas prestaciones podrían hacerse por los técnicos de CYII.

El muestreo de contratos realizado, ha arrojado conclusiones concluyentes en cuanto a que la información que figura en la base de datos del PCPCM presenta carencias de información que suponen la imposibilidad de poder emitir un juicio completo sobre la correcta aplicación de la normativa de contratación.

Las irregularidades de mayor importancia encontradas son, en síntesis:

La falta de datos clave para conocer si el procedimiento de contratación ha sido en base a la legislación adecuada, si la licitación se ha realizado convenientemente, es decir, si no se ha restringido artificialmente la concurrencia, ni la información y documentación relevante que podría ofrecer dudas, en algunos casos, sobre la legalidad del proceso, ya que no se han encontrado algunas de las actas de adjudicación e informes técnicos.

En algunos contratos no es posible saber las fechas de prescripción, lo que dificulta la interposición de acciones legales debido a que en muchos contratos no figura la fecha de formalización y no aparece la publicación en el BOCM de la formalización.

Además, no es posible realizar, en todos los casos, el seguimiento de las actividades contratadas, ya que no siempre se encuentran documentos de las modificaciones, las prórrogas,  las penalizaciones impuestas o el Pliego de Prescripciones Técnicas, en donde se describe detalladamente el objeto del contrato.

El hecho de haber utilizado un procedimiento de contratación inadecuado podría suponer que las licitaciones se han realizado en contra de los principios de igualdad, transparencia y libre competencia y, por tanto, restringiendo artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a determinados empresarios.

La falta de información de la licitación podría constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia, además de suponer una ineficiente utilización de los fondos públicos, ya que al limitar la concurrencia no estaría garantizada la elección de la oferta económicamente más ventajosa.

Tanto las carencias de información como los errores en la consignación de los datos, reflejan un claro incumplimiento de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid y de los principios de transparencia, veracidad, accesibilidad, limitando la participación ciudadana, al dificultar la evaluación de las políticas públicas, en este caso de la contratación de CYII, por tanto del derecho que tiene la ciudadanía a realizar el seguimiento de la empresa que gestiona un bien esencial como es el agua. Además, falsea la rendición de cuentas de la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid y pone en cuestión la adecuación de los presupuestos y la correcta gestión y aplicación de los recursos.

De las irregularidades de información expuestas se deduce que podrían existir malas prácticas en la gestión pública del agua en la Comunidad de Madrid ya que, tanto la utilización frecuente de contratos menores, como la posible falta de transparencia y, por tanto, limitación de la concurrencia de empresas a las licitaciones provocaría ineficiencias en la gestión, debido a que una mayor concurrencia de empresas puede suponer el abaratamiento en la adjudicación de los contratos. Según un estudio realizado, el ahorro que las administraciones públicas obtienen de la utilización de procedimientos de contratación pública, ronda el 18%. El ahorro inaplicado, teniendo en cuenta los totales de los contratos de servicios y suministros con posible fraccionamiento, podría haber supuesto en el periodo estudiado más de 2 millones y medio de euros.

Ello supone que CYII podría estar realizando una gestión inadecuada de un bien público, utilizando prácticas que podrían constituir infracciones a la legislación de defensa de la competencia y, además, podría estar cometiendo reiterados delitos de prevaricación.

Es fundamental que se garantice la transparencia en la gestión de un bien público tan esencial como el agua, también en la contratación pública. Por lo que urge que el gobierno de la Comunidad de Madrid adopte las medidas necesarias para mejorar la herramienta disponible en el PCPCM y la adapte para poner a disposición de la ciudadanía información veraz, completa, comprensible y actualizada mediante la cual sea posible la rendición de cuentas a la que está obligada CYII, por lo que exigimos que se tomen medidas inmediatas para corregir estas irregularidades.

Ponemos de manifiesto la necesidad de que se garantice el cumplimiento de la normativa de contratos por la empresa CYII de manera que se realice de forma justa y eficiente, ya que las irregularidades encontradas podrían estar provocando graves incumplimientos y un gasto innecesario de millones de euros, afectando a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

También la empresa CYII tiene que tomar nota de la falta de transparencia  y ofrecer una información veraz y completa,  comprensible y actualizada que permita a la ciudadanía hacer un seguimiento de la gestión del ciclo integral del agua que facilite la rendición de cuentas y que permita la participación activa, libre y significativa de la ciudadanía en su gestión.

Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos una denuncia ante el Defensor del Pueblo.

El Gobierno de facto de Afganistán ratificó una ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio que obliga al uso del velo para cubrir el rostro de mujeres, y condena el sonido en público de la voz de mujer como una falta contra la modestia, implementando la interpretación más rigurosa de la ley islámica. (Público 24/8/2024)

Como sabemos la vida en Afganistán se circunscribe a lo que la teocracia talibana, islamista suní, que recuperó el poder a la fuerza con la retirada de las tropas internacionales en 2021, decide.

Eso incluye que permite detener y encarcelar arbitrariamente a cualquier ciudadadana/o, ejecuciones públicas, el empleo de castigos corporales, tortura, en suma…. la suspensión de todo respeto a los Derechos Humanos. A lo que se agrega en un capítulo especialmente feroz y cruento, el tratamiento a las mujeres.

Sus vidas están abusivamente restringidas en todos los aspectos que las podrían hacer más “vivibles”: no pueden moverse solas, es necesario que las acompañe un hombre de la familia, no tienen acceso a la educación, no pueden trabajar si no es en algunos de los hospitales para atender exclusivamente a niñas y mujeres que no pueden ser atendidas por hombres, no pueden elegir si quieren casarse, o con quien, ni por supuesto si están dispuestas o no a tener hijos. No pueden ir a parques, ni a gimnasios, ni subir en autobuses donde haya hombres…

Mientras tanto “El número de matrimonios precoces y forzados en el país ha aumentado enormemente debido a la grave crisis económica y humanitaria y a la falta de perspectivas educativas y profesionales para las mujeres y las niñas, por lo que, ante esta situación tan desesperada, las familias obligan a las mujeres y niñas a casarse con talibanes; a la par que los talibanes obligan a las mujeres y niñas a casarse con un talibán. Esto tiene un grave impacto en la salud y la vida de las niñas y mujeres, quienes ven mermada su autonomía y su poder de decisión con respecto a su cuerpo y su futuro, teniendo graves consecuencias para toda su vida(Amnistía Internacional).

Dicho sea de paso, los hombres pueden tener hasta 4 mujeres.

Así, en un país con millones de personas en una desesperada situación de hambre y pobreza, con frecuentes terremotos y otros desastres naturales, el “asunto “que merece mayor atención es la propagación del vicio y las faltas contra la modestia cometidas por las mujeres.  De modo que asistimos una vez más al despojamiento de toda tapadera para justificar la violencia, en este caso de “ese” estado contra las mujeres.

La condena de la voz como falta “contra la modestia” pone de manifiesto que al hablar las mujeres somos peligrosas en varios sentidos simultáneamente:

  • mostramos que pensamos, aunque todas las condiciones de subsistencia sean represoras, denigrantes, amenazantes.
  • y que con nuestra “falta de modestia “nos negamos a desaparecer, desafiando las prohibiciones y resistiendo a las condiciones que nos llevan invisibilizando, excluyendo y silenciando.
  • somos temibles hasta “escondidas” debajo de un burka porque nuestra sola presencia les recuerda que seguimos representando para ellos (siglo XXI ¡!!!) la tentación, el peligro del turbio deseo que no se han ocupado de tramitar sin eliminarnos como objeto sexual visible y hasta audible.
  • encarnamos el riesgo siempre presente de la desobediencia, de no plegarnos con la sumisión que nos correspondería a su mandato. De no sumarnos a su delirante creencia sobre cómo debe ser una mujer.
  • significamos la inquietante “otredad”. De la que no quieren saber nada: se trata de que cumplamos la función que nos tienen encomendada de esposas y madres…o ¿esclavas sexuales y reproductoras del sistema?
  • siempre es sospechoso lo que oculta nuestra mente. ¿Cómo confiar en lo que una mujer siente o piensa en su fuero íntimo (la habitación propia psíquica)?? Sobre todo, sometida a hacer desaparecer su singularidad subjetiva. De modo que clausurarla es aparentemente lo único que hace que estos hombres, ese aparato de poder, se sientan a salvo.
  • sabemos que siglos de oscurantismo y persecución nos han dejado marcas traumáticas, pero que también potenciaron la necesidad de acceder a lo que nos habían negado.
  • Que debajo de todo lo que nos cubrió de humillación y nos impusieron como modelos de virtud resistió siempre la pregunta, la duda, la rebelión sobre el maniqueísmo al que habíamos sido condenadas. El psicoanálisis lo describe como “retorno de lo reprimido”.
  • Que el gobierno (de facto) de un país quiera hacer desaparecer a las mujeres arrasadas por el fanatismo de sus leyes sigue siendo otra demostración de cómo aún en culturas diametralmente opuestas, en tantísimas cuestiones la convivencia con lo diferente, la tolerancia a lo que nos cuestiona, nos pone en duda, o imposibilita nuestra ilusión de certeza facilita que los seres humanos intentemos suprimir lo inquietante de esa otredad.

Pretenden acallar esas voces que seguirán resistiendo en un ensordecedor silencio.

 

Por fin, múltiples y unitarias manifestaciones

El sábado, 20 de enero, recorrió el Paseo del Prado una ola de solidaridad, de denuncia y de espanto, bajo el lema “Paremos el genocidio en Palestina”. Miles de personas mostraron el dolor y la rabia por la injusticia que sienten por la terrible violencia, por la masacre del pueblo palestino en Gaza.

La destrucción de las ciudades y los pueblos, de sus casas, escuelas y Hospitales, la terrible muerte diaria de cientos y cientos de niños y niñas, ancianos, mujeres, hombres que son enterrados envueltos en un sudario blanco abrazados por sus familias, niñas abandonadas que lloran su soledad por las calles…bajo las bombas, los disparos. Lo vemos cada día, en casa, en silencio, queriendo gritar contra un genocidio que ya ha provocado más de 26.000 muertos en estos meses. Y más de 6.700 enterrados por las ruinas. No es una guerra, es un genocidio.

Sevilla, Málaga, Granada, Gijón …fueron también otras de las ciudades en las que miles de personas acudieron a sus calles por esta convocatoria unitaria.

En Madrid se necesitaba esta manifestación unitaria y fuerte como ya se habían desarrollado en otras ciudades. Porque parece inhumano ver el espanto, sentir la indignación y no gritar y exigir que acabe. Volver a ver vagones de metro abarrotados como también lo estaban sus pasillos y salidas nos empujaban a la calle colectiva y airada. Nos reconocíamos.

Y también la poesía se duele: Una palabra para decir la muerte sin ahogarnos

Como también se han reconocido y encontrado voces de denuncia desde la poesía en 44 ciudades, en 10 países, a través de más de 1000 poetas que respondieron a la convocatoria Poesía por Palestina. Versos contra el genocidio realizada por el Colectivo de poetas de apoyo a Palestina.

Las ciudades que participaron fueron Alicante, Bilbao, Córdoba, Gijón, Logroño, Murcia, Santander, Tenerife, Toledo, Valladolid, Zaragoza entre otras; También se sumaron desde colectivos poéticos de Bélgica, Suiza, Argentina, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay, Venezuela.

El formato del encuentro, en espacios cerrados o abiertos, se concebía como un maratón de poetas desde las 10 de la mañana hasta las 22, doce horas de lecturas.

¿Quién y cómo organizó estos actos? La amistad, la militancia poética de un pequeño grupo lanza al agua una pequeña china y las ondas se van ampliando con el paso de los días y las palabras. Julio Mas Alcaraz, poeta, cineasta y productor, junto con el poeta y editor Paco Moral y Victor Gómez, poeta y miembro de una asociación de ayuda a los refugiados en Valencia, juntos, son ese primer círculo del que surge la idea. Ninguno es ajeno a actividades de promoción de la poesía. Paco ha organizado muchos actos públicos de lecturas poéticas a favor de los refugiados, contra la violencia a las mujeres… Por esta razón, sus contactos son “infinitos”. Alberto García Teresa, indispensable también en actos de poesía crítica, difundió desde este primer momento la idea y se unió al grupo. Todos ellos con sentido colectivo de organización y difusión. Enviaron un correo, un mensaje y la generosidad de los poetas para participar y colaborar se extendió por cada ciudad, creciendo como bola de nieve.

En Madrid, no quiero dejar de señalar a Belén García Nieto, Javier Gil, Jesús Bonilla y tantas otras, imposible nombrar a tantas personas que han realizado esas tareas en las que se echan horas y horas: han encontrado un local, el CSO La Ferroviaria, han definido la organización en todos sus detalles, tantos poetas en cada hora, cinco minutos cada uno. Han recogido las posibilidades de cada poeta según su disposición de tiempo y han preparado las listas y el orden. Y han puesto en marcha aquella intendencia que hace posible el éxito de los actos.

Más de 100 poetas han leído poemas, propios o no, en Madrid; muchos han dado voz a poetas palestinos. A lo largo del día han acudido a la escucha y acompañado a los versos más de 600 personas. Desde poetas muy reconocidos, otras con diferentes premios, aquellas voces que comienzan, las que mantienen un trabajo y unas ediciones constantes hasta aquellas que luchan para iniciar un proyecto editorial conseguir sacar adelante sus publicaciones. Todas juntas. El mismo grito, el mismo dolor, la misma ira,

La nana escrita por Carlos Piera y leída por Javier Gil Qué guapa en la cuna mi niña adorada/ para que la muerte cuando venga a verte te encuentre acostada/ cierra los ojitos vida de mi vida/ para que la muerte cuando venga a verte te encuentra dormida … duérmete rubí, a ver si la muerte, cuando venga a verte se me lleve a mí.

O los versos del más joven entre los poetas, Mario Obrero Es tiempo de guardar a todos en la memoria para que quienes no fueran de nadie sean también nuestros para expresar el dolor.

La voz de Rosana Acquaroni Gaza/fruto mortificado/ oigo a todos tus hijos/ látigos quebrantados/ en el nudo apretado de la noche. Carmen Crespo balbucea el dolor Algo que era/ algo como un alambre/ o una piedra/ o el recordatorio del padre muerto/ la premonición de quien no tiene nombre.

Las palabras de Antonio Crespo Massieu terminan revelando lo imposible de decir Habría que pedir/ que tal vez el viejo Dios del silencio/ dejara por fin la escena/ y como herencia nos restituyera/ una gramática del espanto/ y nos diera/ entre la emoción y el grito/ también entendimiento y palabra. / Una palabra para decir la muerte/ sin ahogarnos.

La intensidad de las últimas palabras leídas por Juan Carlos Mestre emocionaron hasta el dolor de las lágrimas, porque recogían nuestro grito silencioso:

Son los tanques frente a lo único verdadero, la vida, el valor absoluto, es la ruina moral de los actos de fuerza, la disimetría del conflicto, la violencia irrestricta contra la modesta condición de las víctimas. Llámalo como quieras, pero entiéndelo de una vez para siempre, no hay escuela en los cementerios, escrito está, escrito estuvo y escrito sigue en las Tablas: No matarás, no matarás, no matarás.

Una caja de resistencia

Organizaron una Caja de Resistencia, una Hucha, colocada en la pequeña barra de bar situada en el local. La gente colaboraba con dinero, con poemarios que se vendían en la entrada y cuya recaudación iba también a la hucha. 1.600 euros en una tarde y, sabiendo que la mayoría de poetas no son gente “de posibles”, era una cantidad apreciable.

Aquí entraba la colaboración con UNRWA Palestina, Agencia independiente de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, financiada por contribuciones voluntarias que funciona desde hace 70 años. Ayuda a 5 millones de refugiados. Y en estos momentos atiende en los campamentos de Gaza a 1,4 millones de personas. Incluyendo las inmediaciones de los campamentos ayudan a 1,8 millones de personas. Han sido asesinados más de 152 trabajadores de UNRWA desde el 8 de octubre. Solo 6 de sus 22 centros de salud funcionan como consecuencia de los bombardeos.

Para colaborar con esta Caja de Resistencia se puede ingresar en la cuenta corriente de la Asociación colaboradora desde hace muchos años con UNRWA desde Valencia:

Valéncia és refugi
ES48 2100 3662 6422 0011 3462
Titular: Valéncia és Refugi. 
Concepto: Ayuda a Palestina

Para que este grito que nos estremece a todos se haga por fin realidad: NO MATARÁS, NO MATARÁS, NO MATARÁS

La imagen de un abrazo en Barcelona entre Felipe González y Javier Solana fue la más difundida en prensa y televisión para celebrar «el éxito» de la Conferencia que tenía que establecer las bases de la colaboración entre gobiernos de los quince países que en 1995 formaban parte de la Unión Europea y otros doce de la ribera sur mediterránea. Se felicitaban por el inicio de lo que se conoció y todavía se conoce como ‘Proceso de Barcelona’.

Los participantes en la cumbre aprobaron in extremis una declaración, de forma unánime, que representaba un «ambicioso proyecto», según el presidente González. Una iniciativa que tenía que permitir «mirar hacia el futuro y no al pasado», dijo Solana, entonces ministro de Asuntos Exteriores, poco antes de ser nombrado secretario general de la OTAN.

El rey Juan Carlos, hoy emérito, también se dirigió a los gobernantes asistentes a la Conferencia Euromediterránea para referirse a la capital de Catalunya como «síntesis de la estética y del espíritu mediterráneos», de la «creatividad mediterránea… cuna de civilizaciones», y para afirmar que “la paz y la seguridad de nuestros pueblos son indivisibles…”, faltaría más.

No se quería mirar hacia el pasado de las relaciones políticas, económicas y humanas entre países de la denominada región euromediterránea, no fuera a ser que se pudiera aprender alguna lección. La historia reciente no invitaba lo más mínimo al optimismo. Había que hablar del futuro. Lo que tenía que venir, no obstante, sería todavía peor.

Los participantes en la cumbre se comprometieron a crear una gran región económica y política euromediterránea, con una serie de objetivos, entre los cuales figuraba la creación de una área de libre comercio y la recomendación de cerrar acuerdos bilaterales para la «readmisión» en los países de origen de los «nacionales» que se encuentran en Europa «en situación ilegal». Un eufemismo para referirse a devoluciones en caliente, expulsiones y deportaciones.

Los gobiernos europeos favorecían de este modo el avance hacia la libre circulación de mercancías, que se concreta a menudo en ventas de material militar, y la obstaculización al mismo tiempo del movimiento de personas migrantes. Acuerdos bilaterales se han firmado desde entonces, ciertamente, para reforzar mecanismos de control policial en los países del sur sobre personas que necesitan migrar hacia el norte. Acuerdos migratorios vergonzosos, como el que la UE firmó con Turquía en 2016, o como el más reciente, firmado el pasado 16 de julio de 2023 por la presidenta de la Comisión Europea, la primera ministra italiana y el jefe de gobierno holandés con el presidente de Túnez. Se informó que la UE pagará a este país norteafricano más de 100 millones de euros para que impida la salida de migrantes hacia Europa.

El Estado tunecino se aplica en la “labor”, sin duda. La organización Migrant Rescue Watch pudo comprobar el pasado 25 de julio la llegada a la frontera libia de personas subsaharianas forzadas a huir por el desierto por las autoridades de Túnez. Se calcula que unos dos mil expulsados se encontraban hace pocos días en una zona desértica de la frontera, muchos de ellos deshidratados. Algunos habían muerto por el camino.

«Cooperación» contra los derechos humanos

Las bases de la «cooperación» euromediterránea se habían «consolidado» en 2004 en la Unión Europea, con la creación de una «agencia» de carácter represivo, Frontex, para «proteger las fronteras exteriores» de su espacio de «libre circulación», es decir, para el «control de las migraciones».

Cuatro años más tarde, en París, se fundaba la Unión por el Mediterráneo, formada por 42 estados. 27 de la UE y 15 socios del norte de África y de Oriente Próximo, para promover la estabilidad en la región y la integración entre países del norte y del sur, de acuerdo con el espíritu del ‘Proceso de Barcelona’. Se trataba, decían, de conseguir «paz, seguridad y prosperidad para todo el mundo».

El balance de tal «cooperación» resulta escandaloso. Lo sucedido durante estas últimas décadas en países como Siria, Irak, Palestina, Libia, Túnez o el Sahara Occidental, por mencionar solo algunos de los países destrozados, tiene muy poco que ver con la estabilidad, la paz, la seguridad o la prosperidad. Hay que ser muy hipócrita para concluir que en estas naciones o en otras del  África subsahariana se ha avanzado en algún sentido en el respecto de la vida.

«El aumento de las desigualdades entre Europa y África del norte y la subsahariana, el empobrecimiento de países del Este, sometidos a políticas despiadadas de ajuste estructural, la extensión incontrolable del caos en Oriente Medio, con la destrucción del Estado iraquí en 2003 y la descomposición de Siria desde 2011, provocan la huida de millones de personas hacia Europa», advertía el politólogo Sami Naïr en 2016 en debate abierto por Espacio Público. Un debate por escrito y presencial que aconsejamos revisitar. ¿Qué debe hacer la UE sobre la inmigración? (1), nos preguntábamos hace siete años. Y buscamos respuestas entre personas conocedoras de la cuestión desde diferentes puntos de vista.

Supuestamente, desde el Tratado de Roma (1957), la libre circulación de personas ha sido «un objetivo prioritario de Europa». «Tendría que haber sido una realidad desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. No ha sido así», reconocían ya en 1997 destacadas representantes del grupo parlamentario de los socialistas europeos (2).

Ahora no sabemos ni sabremos nunca cuántas personas han muerto ahogadas en lo que llevamos de siglo XXI en el Mediterráneo y en las costas del Atlántico en su intento de huir de la miseria y de la muerte, y de buscar acogida en alguno de los países de la ribera norte. Solo conocemos algunas aproximaciones a las cifras de naufragios, de muertos y desaparecidos registradas por organizaciones humanitarias. Se cuentan ya por decenas de miles. Los gobiernos de la ribera norte solo hacen cálculos con quienes consiguen llegar. Deshumanizan la tragedia y siguen discutiendo sobre nuevas medidas para reducir lo que denominan «presión migratoria».

Desvían la mirada ante la transformación del Mediterráneo y de las costas atlánticas del Magreb en inmensas fosas comunes. Miran hacia otra parte e intentan borrar de la memoria colectiva la realidad más dolorosa. Recordaremos aquí solo algunos hechos significativos de las últimas décadas, entre otras muchísimos que se podrían citar.

El 18 de abril de 2015 un pesquero con más de 800 personas a bordo volcó en las costas de Sicilia. Sobrevivieron 28, se recuperaron 24 cuerpos. El resto desaparecieron. ¿Quién se acuerda de aquellas víctimas?

El 25 de julio de 2019 se dieron por desaparecidas 116 personas, ante las costas de Libia, en el naufragio de otra embarcación, en la cual según las autoridades libias viajaban 250 migrantes. Los supervivientes, dijeron, fueron trasladados a diferentes puntos de detención de aquel inseguro territorio.

El pasado 14 de junio de 2023, otro pesquero naufragó en las aguas del mar Jónico. Viajaban en él más de 700 personas. Un centenar sobrevivió, se rescataron algunas decenas de cadáveres y del resto no se supo nada más. ¿Quién lo recordará?

Durante aquellos días los medios estaban demasiado ocupados en difundir información sobre si cuatro barcos, junto a una decena de helicópteros norteamericanos, con la ayuda de aviones del Canadá y de un submarino francés, habían conseguido saber algo sobre cinco millonarios, tres británicos, un francés y un estadounidense, que se habían embarcado en un batiscafo para ver de cerca los restos del Titanic, en aguas del Atlántico norte.

El hundimiento de una barca que había salido el pasado 21 de junio desde el Sahara Occidental con unas sesenta personas a bordo casi pasó desapercibido en los medios de comunicación europeos. Se rescataron los cuerpos sin vida de dos personas. Veinticuatro sobrevivieron. El resto, desaparecidos. ¿Importa algo a nuestras instituciones? Otras cincuenta y una perdieron la vida dos semanas más tarde cuando intentaban llegar a Canarias. Habían pasado ocho días a la deriva en una lancha neumática. Si hubieran sido tripulantes blancos de una embarcación europea cerca de las mismas islas los informativos de radio y TV habrían abierto con el tema, se investigarían las causas, se darían todo tipo de detalles en publicaciones impresas y digitales y nuestras redes se llenarían de mensajes de pésame dirigidos a los amigos y familiares.

La ONG ‘Caminando Fronteras’ calculaba a principios de julio que, desde principios de este año, 951 personas habían muerto en el mar cuando intentaban llegar a las costas españolas.

El lector seguro que sabe que podríamos seguir y seguir, y continuar con infinidad de episodios, datos y más datos sobre muertes en circunstancias extremas y también sobre el tratamiento inhumano que reciben las personas que consiguen pisar territorio europeo, procedentes de países gravemente afectados por guerras y por los efectos de un cambio climático que la población de su tierra no ha provocado.

Dejamos para los «expertos» en geoestrategia las consideraciones sobre el grado de influencia de China y de Rusia en estos estados. Lo que nos ocupa en este texto es la insensibilidad de los defensores occidentales de hipotéticos valores democráticos, la piel gruesa que se le ha hecho a parlamentarios, funcionarios y gobernantes de la Unión Europea ante una tragedia permanente y extrema, que nunca debería considerarse como un mal secundario inevitable.

¿Hay algún representante de nuestros gobiernos, sean «progresistas» o «conservadores», que se interese por las familias de las personas que día tras día desaparecen en nuestras costas? ¿En algún momento se detienen a pensar en la tremenda e imborrable angustia que sienten madres, padres, hermanas y hermanos de personas que iniciaron un viaje en condiciones durísimas y de las cuales no han podido saber nada más? Las instituciones de la Unión Europea son directamente responsables de la deshumanización de lo que denominan «políticas migratorias», de la actuación represiva de Frontex, de la criminalización de las ONG que se ocupan de salvar y prestar auxilio a la gente que huye del hambre, las guerras, la miseria y la muerte.

¿En algún momento se depurarán responsabilidades por la acción conjunta de las policías española y marroquí, el 24 de junio del 2022, en la frontera melillense? ¿Cuántas veces habrá que recordar que en aquel lugar murieron no menos de 37 personas y que otras 76, por lo menos, siguen desaparecidas como consecuencia de la violencia policial? Tal como denunció Amnistía Internacional, ningún funcionario español o marroquí ha comparecido ante alguna instancia judicial por aquellos hechos.

Al actual Gobierno español de coalición y al que probablemente se conformará bien pronto, encabezado de nuevo por Pedro Sánchez, le corresponde en estos momentos la Presidencia rotatoria de la Unión Europea. Desde esta función se dispone a hacer frente a «un gran reto»: conseguir un «Pacto sobre Migración y Asilo», «un acuerdo equilibrado» con el cual todos los países de la Unión se sientan cómodos.

Tal como señala la CEAR, lo que se propone, por el momento, no garantiza la responsabilidad compartida en materia de asilo, introduce un control previo de entrada y profundiza en el modelo de externalización de fronteras. «No pone en el centro de las políticas migratorias y de asilo la protección de las personas”.

El tratamiento que reciben las personas que vienen hacia Europa desde otros países tendría que cambiar radicalmente con el nuevo gobierno. La llamada cooperación euromediterránea se encuentra actualmente marcada por la xenofobia y el racismo institucional. Las fuerzas que apoyen al nuevo Ejecutivo, si se proclaman defensoras de los derechos humanos, no solo tienen que denunciar comportamientos discriminatorios, sino que han de plantar cara a los gobiernos europeos y regionales, partidos, organismos y entidades que atentan contra derechos y libertades de la población, independientemente de su origen.

Hay que favorecer las redes de auxilio y de apoyo ciudadano a todo aquel que se ve obligado a abandonar su tierra, y que se apruebe, como dice la CEAR, «un mecanismo de solidaridad obligatorio y permanente». Lo que se gasta en control policial, dentro y fuera de la UE, hay que invertirlo en auténtica cooperación humanitaria y en garantizar vías seguras para quienes tienen necesidad de migrar.

(1) Varios autores ¿Qué debe hacer la UE sobre la inmigración? Espacio Público, 2016

(2) Anna Terrón y Francisca Sauquillo. 1997, año europeo contra el racismo y la xenofobia. Libre circulación, migraciones y asilo: la problemática de las fronteras. Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos.

Recientemente la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, entidad caracterizada por su opacidad y sin más actividad demostrada que su oposición a la remunicipalización del agua en Valladolid y la pugna judicial que ha emprendido contra el ayuntamiento de Barcelona, ha conseguido que la alcaldesa de esta ciudad sea investigada por temas que ya fueron descartados por la Justicia al archivar otra querella similar.

También es significativo el recurso presentado por la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) integrada, entre otras, por multinacionales como Abertis, Alsa, Saba o Suez, contra el acuerdo adoptado por el Concello de Arteixo el pasado mes de octubre, en el que se aprobó cambiar la modalidad de la gestión del servicio de abastecimiento, pasando de ser prestado directamente por el Ayuntamiento a que lo haga una empresa de titularidad pública. Asimismo, es relevante que, desde el pasado mes de noviembre, Aguas de Barcelona y CCIES están enviando requerimientos e, incluso, interponiendo recursos ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, que afectan a numerosos ayuntamientos a los que la empresa pública Aguas de Manresa suministra agua, en los que se cuestionan las encomiendas de gestión que estas administraciones realizan con la citada empresa pública y así abrir paso a la gestión privada de este servicio.

Estos casos, que se pueden calificar de actos de intimidación contra ayuntamientos que reivindican la gestión pública del agua, no son circunstanciales ni aislados, sino que se incardinan en una práctica sistemática del lobby privado del agua en defensa de sus intereses empresariales y de las políticas en pro de la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento y contrarias a su remunicipalización y a la gestión pública. Manifiestan un claro posicionamiento ideológico que reivindica las políticas neoliberales, y que no dudan en imponerlo aprovechando los desequilibrios de poder que existen entre las empresas multinacionales y las administraciones locales y los movimientos ciudadanos.

En el último informe que Leo Heller, anterior Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, presentó en 2020 a la Asamblea General de Naciones Unidas, se pone en evidencia que la gestión privada conlleva riesgos relevantes para el disfrute de estos derechos humanos, como consecuencia de la combinación de tres factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder. A partir de la publicación de este informe, Leo Heller pasó de ser un referente para el lobby privado del agua en temas de derechos humanos, a convertirse en la diana de sus críticas más acerbas y en el objeto de una campaña infame de desprestigio tanto a nivel nacional como internacional que llegó, incluso, hasta la presidenta del Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De esta forma, el lobby privado del agua puso en evidencia el poder de influencia que dispone cuando se trata de defender sus intereses económicos y sus posicionamientos ideológicos. Pero este despliegue de medios y capacidad de influencia no es nuevo, sino que se manifiesta continuamente en numerosos aspectos que abarcan los ámbitos político, económico, legislativo, judicial, académico y de los medios editoriales y de comunicación. Siempre en defensa de políticas neoliberales y de la gestión privada de los servicios de abastecimiento y saneamiento, llámese gestión indirecta, privatización o colaboración pública-privada.

Existen numerosos ejemplos de estas prácticas que significan, en los términos que Leo Heller emplea en su informe, claros desequilibrios de poder entre el lobby privado del agua y las administraciones locales y la ciudadanía, y los movimientos y organizaciones que reivindican la gestión pública del agua, y que, en lo sustancial, se concretan en:

  • Su capacidad de relacionarse con el poder judicial al más alto nivel y transmitirle, a través de cursos de formación, el marco conceptual y práctico que justifica la privatización (Convenios entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Agbar entre 2011 y 2015). Las consecuencias de estas formaciones se pueden rastrear en numerosas sentencias favorables a los intereses del lobby privado, emitidas por algunos de los magistrados asistentes a los cursos.
  • La incidencia política para influir en las políticas públicas y en el contenido de leyes estatales en su propio beneficio, como es el caso de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que favorece la privatización de los servicios de agua y limita drásticamente su remunicipalización.
  • La sistemática judicialización de procesos de remunicipalización para obstaculizarlos, cuando no impedirlos, bien directamente, bien a través de asociaciones fantasma o de instituciones afines (Valladolid, Terrassa, Barcelona, Arteixo, Alcázar de San Juan, entre otros).
  • La aplicación de procedimientos judiciales para cuestionar la gestión democrática de aquellos ayuntamientos que defienden la gestión pública del agua. Esta práctica, conocida como lawfare, se ha aplicado singularmente en Valladolid, Terrassa, Alcázar de San Juan y recientemente, como ya se ha puesto en evidencia, en Barcelona, Arteixo y en los ayuntamientos abastecidos por Aguas de Manresa.
  • La utilización de prácticas de presión a los movimientos sociales para impedir la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el modelo de gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Al respecto, son significativos casos como los de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II de Madrid cuando en 2012 se señaló a uno de sus dirigentes y se emprendió una campaña de descrédito hacia su persona y a la propia Plataforma. Más recientemente, fue relevante el boicot realizado entre 2017 y 2019 a través de nueve recursos contra el ejercicio del derecho a la participación en Barcelona para realizar la consulta ciudadana sobre el modelo de gestión en el Área Metropolitana de Barcelona.
  • El impulso y financiación de cátedras de agua en universidades públicas, que son un instrumento fundamental en la generación del conocimiento justificativo, entre otros temas, de las políticas, planteamientos e intereses del lobby privado del agua. Actualmente hay más de once de estas cátedras en universidades de Huelva, Granada, Málaga, Almería, Valencia, Cartagena, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
  • La utilización de medios de comunicación afines y propios para desprestigiar a la gestión pública y democrática del agua, tergiversar el alcance y contenido de los derechos humanos al agua y al saneamiento y colaborar con las campañas de desprestigio, incluso personales, de organizaciones que defienden alternativas a la privatización. Es muy relevante el caso del periódico digital Agora diario del agua, que es un medio digital sin publicidad que lo financie, pero con estrechos lazos con Suez, una de las principales multinacionales del agua. Este periódico digital tiene dos temas recurrentes: defensa numantina de las alianzas público – privadas (la privatización) y una campaña sistemática de desprestigio del actual relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Para llevar a cabo una buena parte de estas actividades de incidencia política y empresarial, el lobby privado cuenta con la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento, otrora prestigiosa entidad dedicada a temas técnicos y profesionales, pero que ahora, junto con la organización de la patronal Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), son la punta de lanza de la defensa y promoción de la gestión privada del agua. Precisamente AGA, en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de la Covid-19, se opuso abiertamente a que el gobierno garantizara los servicios básicos de agua luz y gas y que se prohibieran los cortes de suministro arguyendo que estas medidas ocasionarían un déficit financiero estructural que pondría en peligro la sostenibilidad económica de las empresas. Con este posicionamiento, el lobby dejó claras sus expectativas de primar la consecución del máximo beneficio frente a la salud colectiva, incluso en una situación de crisis sanitaria. Este es, precisamente, otro de los factores identificados por Leo Heller que pueden poner en riesgo el disfrute de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Ante estas manifestaciones del lobby privado del agua de imponer sistemáticamente sus intereses y modelos de gestión privada, la Red Agua Pública (RAP) reivindica los modelos de gestión sin ánimo de lucro, públicos y democráticos basados en los principios y criterios definitorios de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. La RAP se solidariza con los gobiernos municipales que actualmente están sometidos a procedimientos judiciales por defender la gestión pública, y singularmente con Barcelona, Arteixo y los ayuntamientos abastecidos por Aguas de Manresa.

Notas:

*Gonzalo Marín, Miriam Planas y Leandro del Moral son integrantes de la Red Agua Pública.

Cuando a finales del pasado año se anunció la dotación de un fondo europeo para la recuperación económica post-pandemia, la reacción general fue desesperanza, generando grandes expectativas. El fondo se presentó como un cambio de estrategia respecto a la crisis de 2008 que partía del reconocimiento, cuando menos implícito, del fracaso de las políticas de austeridad, proponiendo una importante inyección de fondos públicos. Esta vez a través de los sectores productivos y no directamente a los bancos. El núcleo duro de la nueva estrategia, orientada a la reestructuración tecnológica de la economía, es la transformación digital de la sociedad, acompañada de una transición ecológica y resiliente con la vista puesta en la próxima generación, queda nombre a los fondos (Next Generation Funds).

Sin embargo, también ha suscitado recelos. La posible relajación del control de ejecución presupuestaria y de las evaluaciones del impacto ambiental de las medidas y proyectos, así como su distribución entre todos los sectores y territorios implicados, ha motivado ya manifestaciones que relativizan la capacidad de producir las transformaciones estructurales que se atribuyen a los fondos [1]. El propio volumen de los fondos anunciados y su distribución entre todos los sectores y territorios implicados, obliga a relativizar su capacidad de producir tales transformaciones. Las cuantías anuales asignadas grosso modo a las acciones relacionadas con el agua (no llegan a 900M€) son inferiores a la media anual de lo ejecutado en el conjunto de los Planes Hidrológicos durante el periodo 2015-2019 (1.100M€, aproximadamente) y distan mucho de cubrir los 3.750M€ anuales necesarios para financiar el conjunto de medidas previsto y no ejecutados en los mismos.

Las principales inversiones y reformas que el Estado español tiene previsto acometer con este fondo fueron presentadas en junio pasado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Lo primero que hay que señalar es que los mecanismos de gobernanza y participación puestos en marcha y previstos por el Plan son muy insuficientes: se prevé el diálogo entre administraciones y se pone en marcha una Mesa de Diálogo Social, con organizaciones sindicales y empresariales, pero no hay previsto mecanismo alguno para el diálogo y participación de otros actores de la sociedad civil organizada, entre los cuales se cuenta con entidades cuyos objetivos son, precisamente, impulsar una transición verde y justa, en línea con los objetivos declarados del Plan[2].

En ese sentido, la política del agua ha de ser una pieza fundamental en cualquier estrategia de transición ecológica, dado el deterioro generalizado de los ecosistemas acuáticos y las perspectivas derivadas del cambio climático. El PRTR, el documento que recoge las principales inversiones y reformas que el Estado español tiene previsto acometer con este fondo, se estructura en treinta componentes, el quinto de los cuales Preservación del litoral y recursos hídricos, agrupa los principales ítems relacionados con la política del agua.

Para la realización de los proyectos el Plan se apuesta por un modelo de colaboración público-privada. Aunque no se detalla la forma de esa colaboración, hay que tener presente que, en lo concerniente al sector del agua –un bien común de dominio público- y más específicamente del abastecimiento de agua potable y el saneamiento, dicha colaboración no está exenta de riesgos.

Debido a su carácter de derechos humanos fundamentales, el acceso al agua potable y el saneamiento deben estar garantizados por el estado y protegidos de los riesgos que se derivan de su provisión con fines de negocio. Como ha puesto de manifiesto el relator especial de NNUU para los derechos al abastecimiento y el saneamiento, Leo Heller, la privatización comporta riesgos para el ejercicio de dichos derechos debido a la combinación de tres factores relacionados con el suministro privado de agua y saneamiento: el objetivo empresarial de maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder [3]. En el estado español, el modelo dominante de privatización se articula a través de empresas mixtas, constituidas en la mayor parte de los municipios más poblados por unos pocos grupos empresariales. Los factores señalados por el relator Heller -junto con el de la corrupción que los acompaña (Pokémon, Caso Aquagest, Operación Lezo)- caracterizan la actividad de este sector empresarial también en nuestro país.

El PRTR combina reformas estructurales, sometidas a los lentos ritmos de la tramitación legislativa, con medidas de reactivación de la economía de carácter urgente. Para las segundas la administración y las empresas han acudido a proyectos maduros, que se pudieran poner en marcha en cuanto se dispusieran de la financiación necesaria.

En el caso del agua, el PRTR coincide con la revisión de la segunda generación de planes de gestión de las cuencas hidrográficas que, entre otras cuestiones, comparten la característica común del escaso nivel de ejecución. Según los últimos datos disponibles, a diciembre de 2019, es decir transcurridos dos tercios del periodo de vigencia del plan, se había ejecutado menos de un 10% de las medidas correspondientes a dicho periodo[4].

El anuncio de los planes ha sido recibido como una ocasión para impulsar las medidas ya planificadas, pero pendientes de ejecución. Así, las asociaciones de regantes se han empleado a fondo en una campaña para reclamar las obras de instalación de sistemas de riego localizado, conocidas como modernización y muy cuestionadas por sus efectos rebote de intensificación y/o extensión de los regadíos. A pesar de que el gobierno ha dejado claro que estas obras quedarán excluidas de los fondos, lo cierto es que el ministerio de agricultura (y algunas consejerías) verán incrementados sus recursos presupuestarios a través del PRTR y podrán liberar fondos con destino a la modernización.

Otra medida fundamental de la política de oferta que inspira la planificación hidrológica es la reutilización de aguas residuales urbanas. Aceptada por los regantes –siempre que les resulte a coste cero- cuenta con el apoyo de las constructoras, reunidas en la organización patronal SEOPAN[5], que ven en el ámbito de la depuración de aguas y la reutilización un ámbito de negocio compensatorio del agotamiento de los proyectos de presas y canales. A diferencia de las obras de modernización, éstas sí están incluidas en el PTRT. No hay que olvidar, que el Reino de España abona cada semestre una multa coercitiva de casi 11 M€ por el incumplimiento reiterado de la directiva 91/271/CEE de aguas residuales. Por otro lado, hay que recordar que en el caso de los pequeños y medianos municipios la prestación del servicio de agua presenta deficiencias básicas: no siempre se prestan todos los servicios del ciclo urbano -saneamiento y, principalmente, depuración de aguas; el servicio no es de suficiente calidad- no se cumplen con los estándares de calidad del agua; y, de manera generalizada, no se obtienen ingresos suficientes para cubrir todos los costes asociados al servicio[6].

En un programa que se presenta como de transición hacia una sociedad ecológica y resiliente cabe esperar que los aspectos relacionados directamente con la protección de los ecosistemas y la diversidad biológica que sustentan ocupen un lugar central. El PRTR recoge algunas medidas en éste ámbito sin que se pueda afirmar su centralidad, mucho mejor representada por las ayudas a la trasformación tecnológica de ciertos sectores productivos. Con todo, se reserva una partida (C4.I2; 551.5M€) para muy diversos aspectos relacionados con la biodiversidad que incluye los humedales, pero no los ríos. Sí existe, en cambio, una línea (C5I2) destinada al seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación, de la que cabe presumir una orientación ecológica.

El PRTR incluye entre sus previsiones un conjunto de reformas legislativas encaminadas a adecuar el marco normativo a las necesidades de gestión. Estas propuestas, con ser importantes, son escasamente ambiciosas y, por lo publicado hasta la fecha, de muy escaso alcance. Así, por ejemplo, se anuncia una revisión del canon de vertidos para repercutir a los usuarios urbanos las mayores exigencias en depuración (tratamiento terciario) necesarias para posibilitar la reutilización de las aguas depuradas en la agricultura, pero se renuncia a una revisión en profundidad de los instrumentos para posibilitar de manera eficaz y equitativa la imputación de los costes financieros y ambientales a quien se beneficia de los servicios de dicha reutilización (frecuentemente los usuarios agrarios) o deteriora el medio, respectivamente; es decir, para dar cumplimiento a la DMA.

Sin embargo, existen otras reformas pendientes que no aparecen en la agenda del PRTR. Cabe destacar la ausencia de cualquier referencia a la regulación de los derechos humanos al agua y el saneamiento; pero también, la democratización de la administración del agua, especialmente de las confederaciones hidrográficas, un caso paradigmático de secuestro del regulador desde su misma concepción, que superó la reforma del franquismo de 1978 prácticamente incólume.

La información publicada hasta la fecha es insuficiente para tener una imagen nítida de la aplicación de los fondos. A pesar de ello, situada en el contexto general de la planificación hidrológica y de los graves problemas estructurales de la gestión del agua en nuestro país (deterioro ambiental, distribución asimétrica e injusta de los costos, vulnerabilidad de los sistemas urbanos del agua por falta de inversión, riesgos para los derechos humanos al agua y el saneamiento derivados de la privatización de la gestión, etc.) la información disponible es suficiente para apreciar indicios de divergencia entre la aplicación de los fondos programada y las necesidades prioritarias en la política hídrica, desde el punto de vista de la protección ambiental, el fomento del uso sostenible y la garantía de los derechos humanos fundamentales.

Aun asumiendo la hipótesis de la plena realización de las reformas enumeradas en el PRTR relativas a diversos aspectos normativos de la gestión del agua, resulta difícil aventurar un cambio de rumbo estratégico que reoriente la política de aguas española hacia un modelo de protección ambiental y uso sostenible del agua necesario para frenar la crisis socioecológica. Las referencias retóricas compartidas con las más recientes de la UE –Pacto Verde, Economía circular- pueden inducir a pensar en avances en ese sentido. Pero, con todas las cautelas derivadas de la falta de concreción del documento, es legítimo concluir que no hay un cambio sustancial en el modelo de política del agua consolidado a lo largo del pasado siglo. Insistimos, a falta de conocer la distribución de los fondos entre las diversas acciones mencionadas en el texto y su concreción en proyectos, el subtexto transmite continuidad y no permite aventurar ni actuaciones sobre las causas de los problemas (fuerzas motrices) que supongan una reducción de las presiones sobre los ecosistemas acuáticos, ni una reorientación del modelo de gestión de los abastecimientos y el saneamiento urbanos acorde con el enfoque de gestión de riesgos de la nueva directiva de aguas potables y la protección de los derechos humanos.

De la crisis de 2008 queda aprendida la lección de los costes que sobre el conjunto de la economía tiene la respuesta basada en la transferencia directa de fondos públicos al sector financiero y la austeridad de la mayor parte de la población. La corrección estratégica de la recuperación post-pandemia no parece, sin embargo, apuntar a la superación de una crisis que, más allá de los aspectos coyunturales derivados de la pandemia, tiene su origen en la explotación de los ecosistemas por encima de su capacidad de renovación y asimilación de residuos. En lo que se refiere a los ecosistemas acuáticos y la gestión de los usos del agua, las medidas contenidas en el plan refuerzan, ahora amparadas en una retórica verde, un modelo que erosiona la base biofísica sobre la que se sustenta. La privatización, mercantilización y financiarización del agua ha mostrado sus riesgos en el ámbito de los derechos humanos al acceso al agua y el saneamiento. La extensión de este modelo de negocio privado al riego, mediante la construcción de redes de distribución artificiales y la digitalización de la gestión, producirá cambios profundos en el estado de los ecosistemas acuáticos incompatibles con cualquier transición ecológica posible.


Notas:

*El presente artículo es un resumen de un texto más extenso, que está disponible con el mismo título en la página web de la Fundación Nueva Cultura del Agua https://fnca.eu.

** Francesc La-Roca, Julia Martínez y Leandro del Moral son miembros de la Red Agua Pública y de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

[1] Aportaciones de la FNCA a un análisis preliminar del proyecto de Plan de recuperación, transformación y resiliencia, principalmente desde la perspectiva del agua y los recursos hídricos, 23 abril 2021https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/documentos/documentos/20210423_Aportaciones_FNCA_Fondos_Covid.pdf.

[2] El gobierno de España, junto con otras instituciones ha organizado una serie de Diálogos sobre el futuro. El celebrado en Alacant los días 22 y 23 de noviembre de 2021 bajo el título El futuro del Agua ha motivado un escrito de la Red Agua Pública dirigido al presidente del gobierno en el que se denuncia que no se haya contado con la participación activa de la ciudadanía, ni en su organización ni en la composición de los talleres previstos en esta iniciativa. La exclusión de las organizaciones cívicas que desarrollan actividades en el campo del agua de un programa que concede el protagonismo hegemónico a los intereses privados del sector sesga el debate desde su planteamiento inicial. https://fnca.eu/107-novedades/1568-la-rap-muestra-su-malestar-ante-la-jornada-el-futuro-del-agua-22-11-21

[3] Heller, L. (2020) Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Naciones Unidas. Asamblea General, A/75/208 https://undocs.org/es/A/75/208.

[4] A diciembre de 2019, la inversión ejecutada acumulada desde diciembre de 2015 es de un 19,8% respecto a la prevista para el horizonte de 2021 […]: un 6.7% corresponde a medidas finalizadas, un 1,2% a medidas completadas-periódicas y un 11,9% a medidas que aún estaban en marcha. MITERD (2020) Informe de seguimiento de Planes Hidrológicos y Recursos Hídricos en España. Año 2019. [Avance diciembre 2020]; p. 124.

[5] SEOPAN (2015) Infraestructuras: consideraciones, desafíos y previsiones, Presentación de Julián Nuñez, Presidente de SEOPAN, marzo 2015.

[6] García Rubio, M.A., y González Gómez, F. (2020), Informe temático.  Informe sobre el ciclo integral del agua en pequeños y medianos municipios, Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España. Noviembre de 2020.

El pasado 7 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas designó al profesor Pedro Arrojo como nuevo Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento.

Pedro Arrojo es doctor en Ciencias Físicas y profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, y tiene una larga trayectoria vinculada al agua y al medio ambiente. Emprendió la creación de la Fundación Nueva Cultura del Agua, ha promovido muchas de las movilizaciones contra el trasvase del Ebro y ha sido el primer español en recibir el Premio Goldman de Medioambiente en la categoría Europa.

El nombramiento ha sido recibido con enorme satisfacción por parte de los movimientos sociales y organizaciones defensoras del derecho al gua, que impulsaron y apoyaron su candidatura.

En Espacio Público tenemos hoy el placer de conversar con él.

¿Cómo ha sido el proceso de selección para ser Relator?

En la medida que acaba el doble periodo del mandato de Leo Heller, como Relator de NNUU para los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento, el Consejo de Derechos Humanos abrió una convocatoria a la que nos presentamos a principios de verano unos veinte candidatos y candidatas de todo el mundo. En su momento, acepté la propuesta que me hicieron los movimientos sociales y sindicatos que se coordinan en la RAP (Red Agua Pública) y presenté mi candidatura, a título personal, aunque recibí apoyos sumamente significativos y potentes como los de la Coordinadora de ONG, la EPSU (la Federación Europea de Servicios Públicos, con 8 millones de trabajadores), la FSI (la Internacional de Servicios Públicos, con 20 millones trabajadores de 700 sindicatos a nivel mundial), Federico Mayor Zaragoza (Presidente de la Fundación Cultura de Paz y Director General de UNESCO durante 12 años) y Maude Barlow (dirigente del Consejo de Canadienses y asesora para temas de agua del Secretario General de NNUU), entre otros.

La selección, por fases a lo largo de dos meses, fue dirigida por un Comité de diplomáticos del Consejo de Derechos Humanos de NNUU formado por los representantes de China, Eslovenia, España, Chad y México (el representante español, no obstante, no pudo votar, tal y como establecen las reglas vigentes, para no favorecer a candidatos del propio país). Tras aceptar dieciocho candidaturas, hicieron una primera selección de cinco: una sudafricana, una francesa, un alemán y dos españoles, a los que nos entrevistaron durante una hora, por video-conferencia en inglés. Sobre la base de los méritos y avales presentados y la citada entrevista, el comité de selección propuso a la Presidenta del Consejo una terna con orden priorizado, que tuve el honor de encabezar. Finalmente, la Presidenta presentó mi nombre ante el Pleno del Consejo que votó mi nombramiento.

¿La relatoría implica un alto salario?

El salario es de cero euros, no hay remuneración. Simplemente seguiré recibiendo mi salario como Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza. Dispondré, eso sí, de los medios pertinentes para los viajes y estancias que comporte mi trabajo como Relator de NNUU en el mundo, así como del apoyo de un pequeño equipo en la sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

¿Qué líneas de trabajo y qué acciones tienes pensado acometer en tu mandato como Relator?

Lo único que puedo adelantar es lo esencial de la respuesta que di a la Comisión que evaluó las diversas candidaturas, cuando me preguntaron por cuales serían los principales objetivos de mi mandato si fuera elegido. Destacaría entre ellos:

  • Clarificar y afrontar los riesgos para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento derivados del cambio climático en curso y de pandemias como la que sufrimos hoy con la COVID 19.
  • Desarrollar un informe sobre estos derechos en comunidades indígenas.
  • Afrontar los riesgos e impactos sobre el derecho humano al agua potable derivados de la contaminación tóxica y de la quiebra de la sostenibilidad ambiental de nuestros ríos, lagos humedales y acuíferos.
  • Hacer efectiva la participación de las mujeres en proyectos de agua y saneamiento, en coherencia con la visión de género que promueve ONU Mujeres, especialmente en comunidades vulnerables del medio rural.
  • Avanzar en la defensa efectiva de la seguridad de las defensoras y defensores del agua, del medioambiente y de los derechos humanos en el mundo.
  • Prevenir, desde la participación ciudadana y la transparencia, los riesgos para estos derechos humanos derivados de hacer del agua un negocio.
  • Trabajar por fortalecer el enfoque de Derechos Humanos en UN Water.

En todo caso, mi intención es trabajar objetivos, estrategias e iniciativas con los movimientos sociales, defensores de los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento, así como con Catarina de Albuquerque y Leo Heller que me han precedido en el cargo y con los que he colaborado desde hace más de una década.

Recientemente tu predecesor, Leo Heller, ha presentado un informe demoledor sobre los efectos de la privatización en el agua. ¿Qué opinas de este informe y qué crees que se debe de hacer con él?

Leo Heller ha hecho un trabajo excelente a lo largo de todo su mandato y ha dejado el listón muy alto. El último informe está en esta línea. Se trata de un informe substantivo, riguroso y claro que desarrolla el principio básico de prioridad en el que se basan todos los derechos humanos, que deben garantizarse por encima de las lógicas de mercado y de los intereses particulares, por legítimos que éstos pudieran ser.

Como todos los informes temáticos de los relatores de Derechos Humanos, la proyección práctica de este informe será limitada, en la medida que NNUU no tiene en sus manos los medios que debería tener para asegurar una proyección efectiva y práctica de sus resoluciones o recomendaciones. Son los Gobiernos los que disponen de esas capacidades. Sin embargo esos informes tienen una gran visibilidad y proyectan una poderosa legitimidad ética, social y política.

Ciertamente el informe de Leo Heller refuerza con argumentos sólidos y evidencias prácticas en todo el mundo la coherencia de los movimientos sociales que han venido defendiendo desde hace mucho el reconocimiento efectivo de estos derechos humanos frente a las presiones privatizadoras. En esa línea, lo que debe hacerse es difundir el informe en la sociedad, y muy particularmente entre nuestros representantes políticos, desde el nivel municipal al del parlamento estatal, pasando por parlamentos autonómicos y diputaciones provinciales.

En España, como en la mayoría de países, el derecho humano al agua no está reconocido por ley. ¿Crees que esto debería ser una prioridad política?

Ciertamente es muy importante. Recogimos hace unos años casi dos millones de firmas en la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water, para que la Unión Europea reconociera estos derechos humanos en su legislación. Pero mientras eso se sigue trabajando en Bruselas, sería oportuno y democráticamente saludable reconocer esos derechos en la legislación española. Son cada vez más los países que han ido reconociendo estos derechos en su Constitución y, si algún día nos atrevemos a mejorar la nuestra, sería bueno incorporar esta demanda, que al fin y al cabo, por encima de ideología, viene de Naciones Unidas.

En todo caso, hacer efectivo el reconocimiento de estos derechos humanos no debe esperar a que las leyes en sus diversos niveles lo asuman; cualquier Ayuntamiento, aún en los municipios más pequeños, tiene en sus manos garantizar de forma efectiva esos derechos humanos para todos sus vecinos y vecinas, en la medida que los servicios de agua y saneamiento son una competencia local, según la Constitución vigente.

En la pandemia se ha evidenciado que en España no existen datos oficiales sobre el agua urbana. ¿Crees que esto ha sido y es un problema para gestionar el COVID19?

Ciertamente que no existan datos públicos fiables de forma general es un problema, pero sobre todo es un problema que se pueda cortar el agua a familias que tienen dificultades de pago por vulnerabilidad socio-económica, en la medida que el agua doméstica es la principal vacuna disponible, junto al jabón, frente a la pandemia.

Por otro lado, o no se miden o no se publican los datos de nivel de contagio que se reflejan, de manera fiel (adelantándose incluso en el tiempo), en el análisis de los retornos urbanos. Pero la incidencia de no garantizar el agua potable y el saneamiento como un derecho humano para todo el mundo, aún para quienes tienen dificultades de pago, será mucho más grave cuando la pandemia que nos afecte se contagie por vía digestiva en lugar de por vía respiratoria, como ocurre hoy con la COVID19. Entonces quedará más evidente aún la necesidad de gestionar estos servicios desde la lógica del interés general, al igual que hoy apreciamos y entendemos mejor, gracias a la pandemia, la necesidad de disponer de un poderoso sistema de salud pública.

También la crisis del COVID-19 nos mostró que existían importantes asentamientos de temporeros agrícolas que no tienen agua y que potencialmente no pueden cubrir sus necesidades higiénicas. ¿No crees que eso debería de ser una prioridad política?

Resulta evidente; por aplicación efectiva de los Derechos Humanos que todos decimos defender y que los Gobiernos tienen la estricta obligación de garantizar, sino incluso por la cuenta que nos trae a todos y todas. Obviamente las víctimas en primera línea son esos temporeros y otros sectores vulnerables, pero en última instancia las consecuencias de una pandemia como ésta se acaban extendiendo y afectado a toda la sociedad. El virus en este sentido nos está haciendo sentir nuestra inexorable vulnerabilidad, tanto individual como colectiva, al tiempo que nos ofrece la lección de que sólo desde la solidaridad se le puede combatir eficazmente.

Las ONG y ecologistas han denunciado que el último decreto del gobierno ha sucumbido a la presiones de las multinacionales del agua y de su patronal y como consecuencia en el último decreto de medidas sociales se han caído la garantía de suministros básicos (agua y luz). ¿Detrás de todo esto está la oscura sombra de los lobbys presionando a los gobiernos?

Parece evidente que quienes hacen de la gestión de estos servicios un puro negocio tendrán interés en cobrar a todo el mundo, sea cual sea su situación económica. Pero con ello no sólo me refiero al lobby de empresas privadas en este sector, sino a quienes desde la función pública siguen sin entender que estos servicios deben gestionarse desde la lógica del interés general, bajo la prioridad de garantizar los derechos humanos en juego, por encima de intereses económicos o beneficios empresariales.

Me consta en efecto que esas presiones se han producido, y no me sorprende; pero me choca que desde este Gobierno, que está demostrando una notable sensibilidad social en tiempos tan difíciles como los que vivimos, no se esté reaccionando como sería de esperar, protegiendo los derechos humanos de los más vulnerables en este campo. Yo espero que esto se corrija sin demora.

Dado el contexto de la epidemia racista -con brutalidad policial, muertes en las fronteras, el auge de la extrema derecha…- es muy positivo que Espacio Público quiera tratar el problema. Pero lo primero que les dije cuando me pidieron un artículo era que debían recoger las visiones de personas migradas y racializadas.

Me han asegurado que así lo harán y, de hecho, han solicitado un artículo a un compañero negro del movimiento unitario contra el fascismo y el racismo; un compañero que, a pesar de haber nacido en Catalunya y de ser catalán en todos los sentidos, sabe por experiencia personal que la policía lo ve como “diferente”. Pero él ya explicará sus propias vivencias.

Yo aprovecharé esta oportunidad para hablar desde mis experiencias y mi visión. Quiero explicar por qué pienso que una persona corriente blanca debería luchar, de la manera más activa posible, contra el racismo.

Escribo en un momento en que una ola de protestas contra el racismo se extiende por todo el mundo, bajo el grito de Black Lives Matter; las vidas negras importan. Ciudades de todo EEUU han explotado de rabia tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. En Gran Bretaña, donde yo crecí, hay protestas incluso en pequeños pueblos rurales, mientras que las ciudades han visto movilizaciones de miles, incluso decenas de miles, de personas. En el Estado español también se han visto protestas importantes, muchas de ellas convocadas por una nueva organización, la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España (CNAAE).

Este sábado, 20 de junio, habrá protestas en diferentes países con motivo del día internacional de la persona refugiada. En el Estado español las acciones exigen la regularización de todas las personas migradas y refugiadas.

Hace muchísimo tiempo que sobraban motivos para este levantamiento antirracista. Sin embargo, si queremos que estas luchas logren victorias reales, debemos aprender de las luchas vividas, tanto recientes como de siglos pasados.

Primero vinieron a por los judíos…

En su famoso poema escrito tras la segunda guerra mundial y el Holocausto, el Pastor Niemöller advirtió contra la idea de que la opresión dirigida a otro grupo no te afecta: “Primero vinieron a por los judíos, y yo no dije nada, porque no era judío. Luego vinieron a por los comunistas, y yo no dije nada, porque no era comunista… Después vinieron a por mí, y ya no quedaba nadie para defenderme”.

Este poema está en la cabecera de la web del movimiento unitario en Catalunya, Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), desde su creación en 2010. Subraya el argumento de que el antirracismo no es una cuestión de caridad, sino de solidaridad, frente a un problema que nos afecta, de diferentes maneras, a la gran mayoría de la población.

El caso de George Floyd tenía que ver con el racismo hacia un hombre negro, afrodescendiente, y los asesinatos por parte de la policía estadounidense afectan desproporcionadamente a los hombres negros. Según una web sobre la violencia policial, analizando los 1.098 asesinatos policiales en EEUU en 2019: “Los negros fueron el 24% de los asesinados a pesar de ser sólo el 13% de la población”. Es, por tanto, muy positivo el surgimiento del nuevo movimiento negro en el Estado español, la CNAAE, y que éste lidere las protestas aquí contra el asesinato de George Floyd.

Aparte de la negrofobia, dirigida contra las personas africanas o afrodescendientes, existen otras formas de racismo, que también hay que combatir. En el Estado español, existe el racismo contra la gente del Magreb, lo que algunas personas llaman “morofobia”, reutilizando el término despectivo tan extendido. Al llegar el coronavirus, se hizo más visible el racismo ya existente contra personas vistas como chinas. Una de las formas más arraigadas del racismo en el Estado español es el antigitanismo y no hay indicio alguno que éste se modere.

El racismo no tiene que ver únicamente con supuestas “razas” y presuntas diferencias biológicas. Tras la Segunda Guerra Mundial, varios intelectuales racistas y fascistas empezaron a presentar su odio como una cuestión de “diferencias culturales”. Durante las últimas décadas, quizá el racismo más virulento a escala mundial es la islamofobia. En este tiempo, millones de personas han muerto, o han sido encarceladas e incluso torturadas, en las “guerras contra el terror” impulsadas por todas las potencias -grandes y medianas- del mundo. Acabo esta lista -necesariamente incompleta- con el antisemitismo, también llamado judeofobia, que está resurgiendo con el auge de la extrema derecha, alimentado por teorías de conspiración que son respaldadas incluso por algunos sectores de la izquierda. Es terrible pensar que el racismo que provocó seis millones de muertos haya podido reactivarse, como si Auschwitz no hubiera existido… o como si no importase.

El racismo toma múltiples formas, y es muy importante ver que se refuerzan mutuamente; no se puede combatir una forma de racismo mientras se justifica otra.

Tras la terrible experiencia del Holocausto, muchas personas judías apoyan al Estado de Israel y justifican sus políticas racistas contra la población palestina, fomentando así la islamofobia. Algunas fuerzas políticas israelíes colaboran activamente con partidos fascistas europeos. Éstos crecen con la islamofobia pero también acaban fomentando el antisemitismo.

Por otro lado, está Louis Farrakhan, millonario y líder de Nación de Islam -una importante organización negra musulmana en EEUU- que hace declaraciones antisemitas. Tiene razón al denunciar que EEUU es un país racista, construido mediante la esclavitud, pero al promover el antisemitismo y culpar a “los judíos”, sólo fomenta más odio, y distrae del problema real. (Quizá por ser millonario, no le interesa señalar el problema de fondo…) En todo caso, las personas que se dejan influir por estas ideas de Farrakhan se equivocan. No está en el interés de ninguna persona racializada de a pie fomentar el racismo contra nadie.

Una persona corriente blanca no sufrirá racismo en su propia piel -no hay “racismo anti-blanco”- pero los efectos nefastos del racismo sobre la sociedad, y contra los intereses de la gente pobre trabajadora, sí la afectarán. El viejo refrán, “divide y vencerás”, se aplica de pleno. Cuando el 1% más rico que manda en esta sociedad ataca nuestras condiciones de vida, le interesa mucho que el 99% restante nos pongamos a culparnos mutuamente, que pensemos que la culpa de la falta de servicios sociales la tienen las personas migrantes, no las fuerzas políticas y sociales que realmente atacan a estos servicios. Por otro lado, la fuerza policial que agrede, o incluso mata, a una persona negra hoy, tendrá más impunidad para cargar contra un sindicalista, o manifestante contra el cambio climático, mañana.

Así que hay que insistir que si bien es lógico que las personas negras se sienten especialmente interpeladas por el asesinato en Mineápolis, también es lógico y positivo que cualquier persona trabajadora, de cualquier procedencia, sienta la necesidad de levantar la voz contra esta injusticia… de hecho, así entendemos la amplitud y las diversidad de las protestas de Black Lives Matter. Ahora podemos y debemos decir “vinieron a por George Floyd, y ¡no nos callamos!”

“Es una cuestión de educación”

Es frecuente oír comentarios diciendo que el racismo es producto de una educación mala, y que la solución sería una educación mejor.

Lo cierto es que, a pesar del buen trabajo de mucha gente de la comunidad educativa, el sistema escolar actual es racista. Difícilmente puede ser de otra manera, dado que refleja a una sociedad y a un Estado estructuralmente racistas. Así que el sistema educativo no es la fuente del racismo, pero tampoco puede ser el instrumento de cambio: es más bien uno entre muchos otros campos de batalla.

Sí hace falta educación contra el racismo, pero el cambio no empezará en las escuelas.

Los movimientos sociales y la izquierda debemos -como parte de nuestra actividad política- educarnos colectivamente sobre el racismo, y aprender de los movimientos contra el racismo a lo largo de estos últimos siglos. No olvidemos que quién no aprende de la historia está condenado a repetirla.

Debemos educarnos sobre el racismo en sí, y la historia colonial. Si no aprendemos esto, no entenderemos por qué las y los manifestantes en Bristol, Gran Bretaña, tenían razón al derribar la estatua de un esclavista para tirarla al río, iniciando así una serie de acciones parecidas en EEUU; incluso en Cuba unos activistas han propuesto el derribo de una estatua dedicada a un personaje histórico racista. Sin esta autoeducación, no entenderemos por qué aquí deberíamos tirar abajo las estatuas de Colón (si llegan a tiempo para hacerlo de manera oficial, las podrán guardar, para quizá exponerlas en un museo sobre el racismo y el genocidio cometido en las Américas; si tardan mucho, como en Bristol, pues mala suerte).

La ola actual de luchas se origina en EEUU y ese país tiene un historial riquísimo de luchas contra el racismo, y de autoorganización de la gente negra. También en el Estado español deberíamos aprender de aquellas experiencias. Del movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King, Malcolm X y los Panteras Negras, sí, pero también de figuras como Frederick Douglass, el activista negro del s.XIX que luchó por la abolición de la esclavitud, del movimiento de Marcus Garvey a principios del s.XX, o del impresionante papel jugado por la izquierda marxista, con una fuerte presencia de gente negra, en una serie de luchas contra el racismo en los años 20 y 30…

En Gran Bretaña, más gente debería aprender acerca de figuras como William Cuffay, un trabajador británico negro que lideró el movimiento obrero masivo e insurreccional de mediados del s.XIX, los Cartistas. Él es sólo una figura más en una larga historia de estas luchas.

(Adelantando mi argumento abajo, una lección que se extrae claramente de estas experiencias es que la autoorganización de gente negra, donde se hace con éxito, conduce hacia luchas unitarias más fuertes, que unen a gente negra y gente blanca. Es ilustrativo que tanto Martin Luther King como Malcolm X, que empezaron por liderar movimientos principalmente negros contra el racismo, llegaron -poco antes de ser asesinados- a ver que hacía falta una lucha mucho más amplia y social contra el sistema en su conjunto. El 3 de abril de 1968, la noche antes de su asesinato, cuando estaba en Memphis, Tennessee para apoyar una huelga, King dio el discurso de “He estado en la cima de la montaña”. Aquí declaró: “Tenemos que permanecer juntos y mantener la unidad… El problema es la injusticia… 1.300 trabajadores municipales de limpieza están en huelga, y Memphis no es justo con ellos.” Malcolm X empezó a cambiar su visión radicalmente tras su visita a La Meca. Aquí van unos ejemplos de sus declaraciones en ese último año de su vida: “Hoy estamos viendo una lucha global de los oprimidos contra el opresor, los explotados contra los explotadores”; “Muéstrame un capitalista y te mostraré un chupasangre” y “No puedes tener capitalismo sin racismo”. No consta que llegase a ser socialista, pero dijo que si encuentras a alguien que “que no tiene racismo en su perspectiva, generalmente será socialista”.)

La educación social acerca de la historia del racismo y de la lucha contra él ha avanzado mucho en EEUU y Gran Bretaña durante las últimas décadas. Desde los movimientos sociales y políticos, ha llegado a las instituciones y el sistema educativo, y ahora cada año se celebra el Mes de la Historia Negra. Mi sensación es que en el Estado español queda muchísimo trabajo por hacer en la recuperación de la historia, tanto del racismo como de las luchas en su contra. (Debo confesar que no tengo ni idea de quiénes serían los equivalentes aquí de Frederick Douglass y William Cuffay, ni mucho menos quiénes serían las equivalentes femeninas, pero estoy seguro de que existieron y lucharon.)

Debemos y podemos exigir que se elimine el racismo en el sistema educativo, y debemos respaldar al profesorado que ya trabaja en este sentido, pero necesitamos esa materia prima, las historias concretas para contar. Estas experiencias reales del pasado serán un instrumento más efectivo para descolonizar la educación que unas teorías académicas abstractas. Y, volviendo al inicio de esta sección, la educación antirracista sólo será una realidad gracias a victorias en la lucha política y social antirracista.

Unidad contra el fascismo

Finalmente, insisto de nuevo en la lucha unitaria. Si la lucha contra el racismo forma parte del interés objetivo de toda persona normal y corriente (es decir, excluyendo a la pequeña parte de la población que sí obtiene beneficios del sistema social actual), la lucha contra la extrema derecha lo es aún más, y de manera más directa.

El fascismo representa un peligro mortal, literalmente, para las personas racializadas, y también para las mujeres, las personas LGTBI, sindicalistas, gente de izquierdas (y para los fascistas es igual que seas reformista light, marxista revolucionaria o anarquista del black block; te odian por igual), y un largo etcétera. Todos estos grupos -es decir, el conjunto de la clase trabajadora- sufrió bajo el fascismo en la década de 1930; de volver al poder ahora, sería incluso peor… porque la crisis actual es incluso peor, no sólo económica, sino también climática, y de salud pública, con el virus.

He participado en muchas manifestaciones en mi vida, pero aún me acuerdo de la primera, en 1978. Fue en Birmingham, la segunda ciudad de Gran Bretaña, contra un acto del partido fascista, el Frente Nacional. Uno de los gritos destacados fue “Black and White, unite and fight: smash the National Front!”; “Negros y blancos, uníos y luchad: ¡destrozad el Frente Nacional!”. (En esa época, el término “negro” se utilizaba en los movimientos para referirse a personas no blancas en general.) La manifestación fue convocada por la Anti Nazi League, movimiento unitario de entonces contra la extrema derecha. Este movimiento tenía claro que no se podía luchar contra el fascismo sin luchar contra el racismo, y que no se podía combatir el racismo sin la participación activa de gente negra. Y no se trató sólo de alguna cara simbólica, un académico o un actor; no, las protestas más importantes contaron con la participación activa y combativa de mucha juventud negra, tanto afrocaribeña como asiática (la autoidentificación de este último grupo como “musulmanes” llegaría más tarde, en respuesta a la islamofobia). Pero también tenía muy clara la necesidad de la unidad; no era una lucha que sólo afectara a un sector, sino a (casi) todo el mundo; por tanto, hacía falta la lucha unitaria, lo que no excluía en absoluto el reconocer las situaciones diferentes y opresiones específicas sufridas por grupos concretos.

El éxito de esa estrategia lo confirma el hecho de que casi nadie ha oído hablar del Frente Nacional británico, que en los años 70 era mucho más fuerte que la copia que creó Le Pen en Francia. En Gran Bretaña ese partido fascista fue derrotado a principios de los años 80, y luchas unitarias posteriores han hundido a los sucesivos intentos de crear partidos racistas de extrema derecha. Esta larga lucha ha ayudado a crear una cultura antirracista en Gran Bretaña que es bastante fuerte y extendida. El racismo no ha desparecido, por supuesto, (para conseguir esto, haría falta un cambio social mucho más profundo) pero la fuerza y extensión de las protestas Black Lives Matter reflejan, entre otras cosas, estas décadas de trabajo unitario, ahora bajo el nombre de Stand Up To Racism.

En el Estado español, ante la amenaza de VOX (y la voxificación del PP), junto con el siempre presente racismo institucional, hace falta una lucha lo más amplia posible, que una a gente negra y blanca en un trabajo conjunto. Ni el “antifascismo radical” clásico -que a menudo ni se plantea combatir el racismo como tal- ni las ONGs caritativas -típicamente muy burocratizadas- han conseguido (y quizá ni han buscado) la participación activa de gente negra. La lucha unitaria, si se hace bien, ha demostrado la capacidad de implicar de manera activa a gente negra, a movimientos de mujeres, a grupos LGBTI, organizaciones vecinales, partidos y sindicatos… en un trabajo común, contra el racismo y los demás odios promovidos por la extrema derecha.

Así que debemos dar la bienvenida al protagonismo actual de gente negra, africana y afrodescendiente en la lucha de Black Lives Matter. Pero ninguna persona antirracista blanca debe pensar “ahora lo puedo dejar, de la lucha contra el racismo se harán cargo ellos”. Primero, porqué aquí no hay “ellos” sino las diferentes partes de nosotros/as. Segundo, porque si queremos derrotar al racismo, y todo lo que lo implica, necesitamos a (casi) todo el mundo.

David Karvala es activista de Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, militante de la red anticapitalista Marx21, y autor del libro El antifascismo del 99%.

A medida que el confinamiento va quedando atrás podemos analizar con más detalle qué ha ocurrido, porque todo ha sido muy nuevo. ¿Todo? Bueno todo no, porque, por ejemplo, la falta de reconocimiento a lo que aportan los inmigrantes a nuestras sociedades no se ha modificado.

Los inmigrantes han sido uno de los pilares en los que se ha sustentado nuestra sociedad para resistir el confinamiento (que ha sido confortable para las personas de rentas medias o altas) en buena parte porque los inmigrantes han sido fundamentales para mantener muchas de las estructuras básicas de producción, distribución y venta, trabajando además en los puntos más peligrosos de todas las cadenas.

Muchos inmigrantes se han jugado el tipo para cubrir las necesidades básicas de todos, lo que nos han permitido salir adelante en el confinamiento.

Los temporeros de la fruta,  por ejemplo, han seguido en las mismas extremas condiciones de siempre en un momento de hipocondría colectiva, durmiendo en las calles de Lleida, sin medidas higiénicas, desprotegidos contra el Covid-19 como ha señalado la plataforma Fruita amb Justicia Social. Solo se han habilitados pabellones para los temporeros enfermos de Covid-19

O los mataderos que han sido en numerosos países una auténtica ratonera para muchos inmigrantes: el vivir hacinados en las propias fábricas, trabajando a bajas temperaturas (lo que incrementa la peligrosidad del Covid 19) ha hecho estragos entre los trabajadores. Así, la Cadena Tyson, una de las principales procesadoras de carne en Estados Unidos, pasó en un solo mes de 1.600 empleados afectados a 7.000, según un análisis del Washington Post. Un reciente estudio de Food & Environment Reporting Network, organización sin ánimo de lucro, estimó que había por lo menos 17.000 contagiados.

O toda la cadena afectados en la plantas procesadoras de pollos del polígono industrial de Azambuja al norte del área metropolitana de Lisboa. O sin ir tan lejos en Huesca dos empresas cárnicas han llegado a tener a más del 25% de los trabajadores afectados.

Ya tenemos bastantes datos que nos confirman que el Covid-19 ha tenido un efecto mucho más letal en los grupos sociales con rentas bajas (como los inmigrantes). Es de destacar la afectación de la comunidad filipina en Londres o la de los afroamericanos en Estados Unidos. O la mucho mayor afectación en distritos como o Moratalaz en Madrid o Nou Barris en Barcelona, donde los datos de movilidad nos indican que era mucho más alta que en el resto de Madrid y Barcelona.

Los aplausos para el personal sanitario han sido muy merecidos, pero otra gente también se ha jugado la vida. Una vez más, como Ulises en la Odisea, los inmigrantes son los nadie.

Y no tardaremos en ver que pronto habrá quien encima les echará la culpa de la crisis.

*Artículo publicado en Diario Público: https://blogs.publico.es/joseba-achotegui/2020/06/01/por-la-regularizacion-ya-de-los-inmigrantes-que-se-han-jugado-el-tipo-por-todos-en-el-confinamiento/

En el marco de la Cumbre Social por el Clima (Diciembre 2019 – Madrid), tuvimos la ocasión y el placer de charlar con Leo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua potable y al saneamiento (DHA). En nuestra charla surgió una pregunta de calado:

Existe un derecho humano de primera generación, cuya consagración data del siglo XVIII, que ha sido mantenido en la actual Declaración de Derechos Humanos y es reconocido legalmente en todas las legislaciones del mundo; de él derivan acciones jurídicas expeditivas que pueden ejercerse en casi todas las jurisdicciones, incluyendo la jurisdicción penal, y goza en la práctica de más protección que el Derecho Humano a la Vida y que el Derecho Humano a la Libertad, situándose por encima de cualquiera de los derechos denominados de segunda y tercera generación[1], como son el Derecho Humano a la Salud, el Derecho a una Vivienda Digna y, por supuesto, también por encima el Derecho Humano al Medio Ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible[2]. Se trata del Derecho Humano a la Propiedad. Pues bien, la cuestión es: al hilo de la reflexión sobre un movimiento, también de carácter mundial, que lucha por el reconocimiento del Derecho Humano al Agua y que exige que los servicios de potabilización y saneamiento del agua estén disponibles y sean accesibles, seguros, aceptables y asequibles para todas las personas, sin discriminación alguna ¿podemos exigir que este derecho tan fundamental, tan importante para la vida, obtenga una protección legal e institucional similar a la que goza el Derecho Humano a la Propiedad? ¿Es posible obtener esa protección sin añadir su propia exigibilidad a la ristra de exigencias que le atribuimos ya al DHA?”

Lo que a finales del siglo XIX Veblen llamaba “la cultura pecuniaria” hoy lo denominamos la “cultura del lucro”[3]. El lucro constituye una de las reglas axiomáticas del Capitalismo que, desde el principio entra en clara confrontación con la declaración de los Derechos Humanos -salvo con el Derecho Humano a la Propiedad, que sustenta y ensancha el lucro-. Una vez reconocido socialmente y liberado de cualquier obstáculo moral, el lucro se asocia a la gestión de dinero, bienes y servicios públicos (también, por supuesto, a los que están adscritos a la gestión del ciclo urbano del agua), por lo que, cuando el lucro no puede extraerse legalmente -mediante ingeniería institucional-, su ánimo fomenta e impulsa prácticas corruptas e ilegales como la malversación, el cohecho o el tráfico de influencias, llegando al punto en que las empresas más corruptas vienen a ser, también, las más lucrativas[4]. En consecuencia, la propiedad sin ánimo lucro es, para nuestro sistema, una manifestación de cobardía y pereza, que se expresa de manera semejante a como se expone en la Parábola de los Talentos:

«Si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por lo tanto, el talento y dádselo al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene»[5].

La información privilegiada, sumada a la presencia y la discrecionalidad así como a la huida del derecho público en los lugares donde se adoptan las decisiones políticas, es también hoy requisito sine qua non para la generación del lucro. Todas ellas, a la vez, están íntimamente ligadas al advenimiento de grandes corporaciones transnacionales que hoy se extienden como una mancha de grasa en la captación y gestión de dinero, bienes y servicios públicos, como el que se ocupa del ciclo urbano del agua. Si a todas ellas se suman la opacidad en la gestión y el desconocimiento por parte de la ciudadanía de la existencia de prácticas y redes clientelares que posibilitan el lucro, tenemos el cártel servido que reduce o elimina definitivamente el control público por parte de las instituciones, y “no es sencillo arrojar plena luz sobre la financiación ilegal llevada a cabo de manera clandestina o bajo la forma de contratos simulados […]”[6].

Leo Heller

Tal es el caso de las inversiones realizadas con ánimo de lucro por sociedades anónimas en los servicios públicos del sector -admitiendo que, cuanto más “anónima” es una sociedad más lejos estará de los controles y garantías del derecho público-, donde se mezclan actuaciones corruptas e ilegales con operaciones legales, lucrativas y dañinas, contribuyendo a afianzar el camino que siguen otras empresas, incluso estatales y autonómicas, en su estrategia jurídica de confusión de titularidades y gestión -publica/privada- para dificultar al máximo las inspecciones y el control, y alejar a la ciudadanía del «lugar» donde el capital público se mezcla y se transforma en privado.

Hoy en día el conflicto se expresa en las dificultades o la imposibilidad de acceso al agua y al alcantarillado, en los costes y en los cortes del suministro, en la opacidad de su gestión, en la falta de interés por garantizar una buena infraestructura, en la reducción del patrimonio público y en la fragmentación y deterioro del territorio. La dinámica de este fenómeno se puede sintetizar así:

Ánimo de lucro + ingeniería institucional + desregulación + discrecionalidad + información privilegiada + redes clientelares + captación y gestión del servicio público + opacidad en la gestión + descontrol público + impactos ambiéntales + impactos en la salud + subida de tarifas + cortes + denegación de acceso al agua =>lucro + corrupción.

Por tanto, las cuestiones a resolver son las siguientes:

1) ¿Con qué acciones jurídicas contamos para denunciar y prevenir este fenómeno y sus efectos?

2) ¿Es posible que el Derecho Humano al Agua potable y al saneamiento sea un derecho efectivamente exigible, del que deriven acciones jurídicas que puedan ser ejercidas por las personas naturales ante los tribunales ordinarios, con plena legitimación y gratuidad? Es decir, ¿puede el Derecho Humano al Agua potable y al saneamiento llegar a ser tanto o más protegido que el Derecho Humano a la Propiedad (y el lucro) de los accionistas de las empresas que la gestionan?

Creemos que sí… En lo primero estamos.

Liliana Pineda es abogada y presidenta de Attac en Madrid

Notas:

[1] http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28614.pdf.

[2]https://www.ohchr.org/SP/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx.

[3] Citado por José Manuel Naredo en “La Taxonomía del lucro”, Siglo XXI, 2019, Madrid, 2011, pp. 39-44.

[4] Oscar Carpintero “Corrupción y beneficios empresariales”, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, No 135, 2016 pp. 25-37.

[5] Biblia de Jerusalén, Desclée de Brouwer (Edición Española), 4ª edición, Bilbao, 2009, pp. 1457-1458.

[6] Javier Pradera, citado por Alberto Vannucci en “Poder, derecho y corrupción”. Ed. Siglo XXI, México, 2011, p. 103.