Medios, intelectuales y política

Pablo Sánchez León

Historiador

moderado por:

  • María Eugenia Rodríguez Palop

    Titular filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Investigadora en el Instituto de derechos humanos y en el Instituto de Estudios de Género

  • Vanesa Jiménez

  • Ignacio Sánchez-Cuenca

    Profesor de Ciencias Políticas de la Carlos III y consejero editorial de CTXT

Conclusión del debate

“Cómo financiar un buen medio, esa la gran cuestión”. Así planteaba el filósofo y escritor Santiago Alba Rico la necesidad de garantizar y fomentar la pluralidad de los medios para acabar con el “paradigma letrado” que impera en nuestra sociedad.

En un debate organizado por Espacio Público y CTXT, la periodista Rosa Pereda, la profesora de Filosofía del Derecho María Eugenia Rodríguez Palop, el politólogo Víctor Alonso Rocafort y Santiago Alba Rico han discutido sobre el papel de los intelectuales y los medios en la esfera pública, y sobre su influencia en la agenda política actual. Miguel Mora, director de CTXT, ha sido el encargado de la moderación y planteamiento del tema.

En su intervención, Rosa Pereda ha insistido en que, a pesar de la degradación de la esfera pública, los intelectuales siguen estando presentes como siempre y, por supuesto, “luchando como cuando lo hacíamos contra Franco”.

“Los intelectuales están en trance de desaparición”, ha explicado Santiago Alba Rico. Cree que “sigue habiendo muchas palabras, pero no hay intelectuales”.

Francia, según ha dicho, es de alguna manera una excepción: “La intelectualidad forma parte del folclore francés, pero es de derechas, islamófoba y capitalista, por lo que influye en el discurso y en la ciudadanía”.

Alba Rico considera que los medios de la transición tuvieron mucha importancia, mientras que ahora, estos mismos medios se están pasando al lado oscuro. Para él, “España, por un lado, es débil y por eso se va a la derecha y, por otro lado, hay una parte indeterminada de la sociedad que es la que hay que trabajar para vincularla al discurso”.

El ensayista además ha afirmado que la filosofía ya no existe, ya que ésta estaba sujeta a la narrativa. “Esto se debe al capitalismo”, ha explicado.

María Eugenia Rodríguez Palop ha iniciado su intervención con una serie de datos que refleja el panorama de la mujer en el mundo de la universidad: el 56,6% de las graduadas universitarias son mujeres, el 40% son profesoras titulares, hay un 20% de catedráticas y solo una rectora.

La profesora de Derecho se ha mostrado muy crítica con la carrera académica, ya que el sistema “impuesto” permite que los alumnos absorban estructuras de dominación por parte de los profesores.

María Eugenia Rodríguez Palop, quien ha asegurado que “los medios se rigen por la lógica del capital financiero”, cree que los intelectuales deben ser pensadores autónomos y críticos. Y sobre todo, tienen que deberse al servicio público.

Víctor Alonso Rocafort, el único de los cuatro participantes que ha reivindicado la política, ha propuesto dejar atrás el régimen del 78, crear nuevos medios y que el intelectual entre en escena desde el cuidado de la palabra.

En cuanto a la Universidad, el politólogo considera que es un “agujero ético” en el que unos grupos de poder someten. “Como no podemos crear una Universidad alternativa, podemos crear unos medios que echen cara a los tradicionales”, ha añadido.

Asimismo, Rocafort ha señalado que en España hay una tradición antiintelectual en la izquierda y antireaccionaria que ataca a la ciencia, la filosofía, las humanidades, la música… “La intelectualidad que tenemos que defender es aquella que forme a los ciudadanos como oradores. Por eso hay que potenciar las humanidades, la filosofía y la ciencia para transformar la esfera pública”, ha insistido.

Fomentar la pluralidad

“El periodismo no puede ser gratis”, ha comentado Alba Rico. Además, el filósofo sostiene que los medios alternativos no han conseguido la autoridad necesaria como sí hicieron otros medios durante la Transición.

Por su parte, Rocafort ha manifestado que tenemos que “repensar muchas cosas”, como fomentar un espacio público donde se apoye a todos los proyectos políticos y por supuesto, donde la crítica tenga una aceptación. “Los medios deben de ser muy conscientes para permitir la pluralidad porque eso es lo que garantiza la democracia”, ha zanjado.

Juan Carlos Monedero, desde el público, ha destacado la necesidad de optimismo en estos tiempos para la regeneración de la esfera pública. “Deberíamos dejar a un lado los discursos facilones de orden sentimental”, ha respondido Santiago Alba Rico al sentirse aludido por las palabras del politólogo.

El encuentro pone broche final al debate abierto por Espacio Público y la revista CTXT desde el pasado mes de mayo titulado Medios, intelectuales y política: un debate largamente aplazado y cuyo ponente, Pablo Sánchez León, trata, entre otros temas, de las ventajas de los intelectuales como grupo sin organización, los intelectuales españoles del 78, las ‘puertas giratorias’ del mundo académico posfranquista, y a quién rinde cuentas el intelectual mediático.

Entre los nombres que han debatido en el espacio virtual, además de los invitados al espacio digital, destacan: Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Ciencias Políticas de la Carlos III; Leopoldo A. Moscoso, politólogo y sociólogo; José Antonio Pérez Tapias, miembro del Comité Federal del PSOE y profesor decano de Filosofía en la UGR; Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas; Marina Subirats, socióloga, política y filósofa; o Beatriz Gimeno, consejera y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.

Ponencia inicial

Medios, intelectuales y política

un debate largamente aplazado

Introducción

CTXT y Espacio Público abren sus páginas a una discusión cultural conjunta sobre el papel de los intelectuales y los medios en la esfera pública, y sobre su influencia en la agenda política actual.

La crisis que ha vivido España ha producido un cuestionamiento general de las estructuras políticas y económicas del país, generándose un debate inédito sobre nuestro sistema político y sus límites. Dicho debate no podía dejar de alcanzar al papel de los medios de comunicación y de los intelectuales en una sociedad quebrada generacionalmente.

Surgen cuestiones sobre la independencia de los medios, sobre la renovación generacional de los intelectuales, sobre los límites de la crítica al sistema y sobre la persistencia de valores políticos que se remontan a la transición o al periodo de bipartidismo imperfecto que viene existiendo desde 1982.

La aparición de una cultura y una política crítica con la anterior, ese pequeño milagro, no previsto, se traduce en el choque de dos culturas -quizás sea más correcto definirlas como culturas, antes que como generaciones-. Una, con unos presupuestos que parecen haberse formulado en los 80, que han sufrido pocas variaciones, y que aparece cotidianamente en los medios. Y otra formada fuera de los medios convencionales, en la red, que ha fabricado críticas a esa cultura, al sistema posterior a la Transición, y que, por lo que sea, no tiene un acceso normal a los medios. Sin duda, se trata de una situación única en Europa. Más allá de una ruptura tecnológica, que parece organizar el mundo en dos grandes grupos generacionales, aquí existe una brecha cultural y política, enfrentada y separada.

Es posible que ambas culturas no tengan nada que decirse. Lo que es seguro es que ambas culturas carecen del lugar dónde hacerlo. CTXT y la sección de Público, Espacio Público, en ese sentido, pretenden establecer un diálogo entre ambas culturas sobre dos temas o ejes. A saber: el rol del intelectual en los últimos 40 años en el Estado y la agenda política del siglo XXI en España.

Se trata de verbalizar un enfrentamiento singular, cultural y político, producido en una cultura y una política tan cerradas que no ha habido lugar ni tiempo para ello hasta ahora. El debate se realizará a través de artículos de no más de 1600 palabras, firmados por personas que tienen algo que decir al respecto, y tendrá unas reglas estrictas, que impedirán roces y malhumores más allá de los habituales en un enfrentamiento cultural. Se trata de las reglas habituales en el periodismo, en los estudios culturales, en los estudios políticos, en la crítica, que en otras culturas han posibilitado que este debate, aquí aplazado, haya fluido con cotidianidad.

En esta línea, el historiador Pablo Sánchez León comienza el debate Medios, intelectuales y política con una ponencia en la que trata, entre otros temas, de las ventajas de los intelectuales como grupo sin organización, los intelectuales españoles del 78 y las ‘puertas giratorias’ del mundo académico posfranquista, y a quién rinde cuentas el intelectual mediático.

De esta manera, pedimos a los participantes que quieran discutir, que lo hagan con el vitalismo, la claridad y la contundencia que quieran. Pero también con ¿deportividad?, desde la predisposición a establecer un diálogo, a ser contestados más allá de cómo se suele contestar al adversario en una tertulia radiofónica o televisiva. Es decir, con unos presupuestos que no existe en nuestros medios locales. Les pedimos, por tanto, que se inventen un modo de hablar que posibilite eso que no ha existido hasta ahora: autocrítica, generosidad y diálogo.

Los ciudadanos, los medios y el poder de los intelectuales

En las últimas semanas los intelectuales españoles han pasado al centro de atención de la opinión pública. De pronto, en lugar de leer sus columnas y escuchar sus comentarios en busca de opinión se habla críticamente de su actividad y del lugar que deben ocupar en la esfera de opinión pública. Teniendo en cuenta que en los últimos años han sido objeto de escrutinio público recurrente también los políticos, los grandes empresarios, las administraciones públicas, los poderes financieros o las autoridades de la Unión Europea, la primera pregunta que surge es más bien por qué han tardado tanto tiempo ellos en ser reevaluados por parte de una ciudadanía más exigente. Porque lo curioso del caso es que, aunque nadie les reconoce una función determinante en la puesta en entredicho de esos poderes, lo cierto es que se han librado de la censura social durante los años duros de la crisis. Si se trata de un privilegio, ¿dónde se origina o de qué proviene? Si no lo es, ¿por qué es solo ahora cuando se les pone en entredicho?

Para hacerse cargo de estas cuestiones se necesita una mirada sobre la historia de los formadores de opinión en España, sean estos intelectuales o no por su formación. Pero seguramente se necesita algo más, aunque sea para evitar, como hasta ahora, hablar de gente concreta cuya manera de ejercer de opinadores empieza a aparecer como inadmisible u obsoleta a pasos rápidos. ¿Quién debe legítimamente evaluar a los evaluadores de la conducta pública de nuestros poderosos? Si a lo que se aspira es a no quedarse en cómo son los intelectuales mediáticos españoles de ayer y hoy, sino en los que deseamos para mañana mismo, la reflexión debería culminar en propuestas que vayan más allá de clasificarlos en intelectuales con y sin desfachatez.

Las ventajas de un grupo sin organización

Aunque siempre han ejercido como una suerte de aristocracia de la opinión, desde el principio los intelectuales han ejercido su actividad entre la búsqueda de la aprobación popular y la defensa del orden establecido aunque, con el desarrollo del capitalismo, cada vez más también lo han hecho simplemente como fuente de ingresos. Para no depender de forma directa del Estado —ni menos de la aclamación ciudadana— han contado a su favor con su indefinición corporativa. En efecto, ya en su contexto de surgimiento un rasgo singular de este grupo es que no estaba adscrito a ningún gremio susceptible de reglamentación jurídica pero, a diferencia del resto de los trabajadores asalariados y profesionales liberales, tampoco se ha destacado después por invertir en organización colectiva. Esta falta de regulación interna ha permitido a los intelectuales parecer desde fuera un grupo cohesivo —cuando lo habitual entre sus miembros es la competencia no reglada por el estatus. Así, cuando Gramsci planteaba el partido de vanguardia como un intelectual “orgánico”, tensaba al máximo el sueño frustrado de incorporar a los intelectuales a la lucha por la hegemonía de un proyecto de transformación social.

No es esta su única marca del pasado que llega hasta hoy. Por el camino se dieron algunos procesos importantes de especialización, entre ellos separar el político profesional, el ideólogo de una facción y el propietario de un periódico respecto de la pluma firmante de tribunas y manifiestos, pues al principio lo habitual era que estas funciones se confundieran en una misma persona. Otro jalón fundamental tuvo lugar con el despliegue del Estado social y las políticas de bienestar de la posguerra mundial: la incorporación de los expertos a la nómina de los formadores de opinión con presencia cotidiana en los medios de información. Con este último rasgo nos acercamos ya al modelo de intelectual que al parecer seguimos reclamando. Pero ¿realmente queremos un espacio público dominado por autoridades solo porque posean conocimientos? La ciencia no suele operar como un promotor de la discusión pública, sino al contrario: a menudo se recurre a ella para imponer consensos y zanjar cuestiones sin participación ciudadana. Si lo que aportan al debate fuera realmente conocimiento, la hegemonía de los expertos ¿no debería ser inversamente proporcional al aumento del nivel cultural de la sociedad?

Hay bastantes espejismos en el prestigio social de los intelectuales. Uno último a considerar es que dan la impresión de adecuarse con facilidad a nuevas realidades, públicos y contextos, permitiendo la promoción de nuevos rostros y firmas por mecanismos meritocráticos. No es en absoluto el caso, pero surge la pregunta: si los intelectuales no están organizados en un sindicato, ¿cómo regulan el acceso a sus rangos de los neófitos? En realidad, que no estén organizados no quiere decir que no haya condiciones para su apertura y cierre como grupo. En el caso de democracias jóvenes como la española, hay en juego una componente importante de tipo temporal: se equivocan quienes piensan que los intelectuales españoles de hoy forman una generación, pero sí forman en su mayoría parte de una generación concreta, y ello explica bastante cómo son los mecanismos de regulación de la intelectualidad española que heredamos del siglo XX.

Los intelectuales españoles del 78 y las “puertas giratorias” del mundo académico posfranquista

En la medida en que la Constitución del 78 ha sido fundamento de un orden de cosas o un régimen, ello ha sido obra de una cohorte demográfica con conciencia de protagonismo histórico, que también ha sido la mayor beneficiaria del bienestar del fin de siglo. Hoy ya no se niega que la democracia posfranquista generó su propio marco cultural —la llamada Cultura de la Transición (CT)— con sus lógicas de inclusión y exclusión y su economía política de la producción de consenso. Abundando críticamente en esta perspectiva es posible ubicar a los intelectuales españoles del posfranquismo hasta la actualidad.

Entre las especificaciones por desarrollar de esa CT está la de los orígenes académicos de una parte importante de los formadores de opinión en la España de la dictadura a la democracia. La secuencia es fácil de seguir: la primera gran cohorte de universitarios españoles nutrió los cuadros de la oposición antifranquista primero, y después los de las mayorías de la socialdemocracia —o, en la acepción de Alfonso Ortí, la “socialtecnocracia” posfranquista. De vuelta les vino el acceso masivo a la condición funcionarial desde mediados de los ochenta, y con ello el control de la renovación del propio profesorado futuro y los recursos públicos para la I+D. Los intelectuales españoles que han empezado a jubilarse en estos años han regulado ellos la reproducción de la masa de expertos que vienen figurando como intelectuales en los medios.

El dato principal que no debe faltar en esta narración es que la universidad española —como otros servicios estratégicos del Estado, como el espionaje— tardó demasiado en democratizarse, si es que realmente ha llegado a hacerlo hasta la fecha. Los intelectuales de la transición y de después saltaron pues a las tribunas de la prensa y la televisión sin un entrenamiento en las maneras del diálogo, la deliberación colectiva y la promoción del bien común antes que el particular o partidista. Un mundo cultural no democratizado se caracteriza porque en él las relaciones personales priman sobre la autonomía de criterio, y los debates, entre escasos y nulos, no modifican un ápice las prioridades de los agentes implicados y con poder. El académico español es además un espacio en el que se ejerce mucho poder sin ostentar cargo alguno, a través de facciones, clientelas, autoridades personales —normalmente heredadas de la época de fuerte adscripción ideológica del profesorado en la transición— nunca sometidas a escrutinio crítico ni a rendimiento de cuentas, pero de las que depende el acceso, la estabilidad o la promoción.

Cuando Sánchez Cuenca habla de una “cultura del colegueo”, ¿no conviene subrayar que ese rasgo viene de atrás, y de otro lugar, que es el pasado académico de la mayoría de los intelectuales españoles? Porque tampoco vale decir que se trata de un rasgo moral común entre los españoles. Lo que nos falta es identificar en el salto de la universidad a los medios un mecanismo de “puertas giratorias” tan extendido como el que se denuncia desde el cargo político a los consejos de administración: lo preside una análoga lógica patrimonial, de la prebenda personal y los favores recibidos —o las enemistades profundas y duraderas trasladadas del campo profesional al mediático. Este rasgo en concreto se lleva además especialmente bien con la jerarquía interna que cultiva la empresa privada, como puede ser el caso de muchos periódicos y medios. Habría que añadir aquí cómo se ha venido realizando el encaje de estos intelectuales mediáticos con los periodistas profesionales, especialmente con quienes son elevados a la condición de formadores de opinión. Así como con sus crecientes competidores, las celebridades y los tertulianos de todo tipo.

Esto último puede ser un fenómeno más generalizado en países de nuestro entorno. Lo que en cambio es más de aquí es que estos intelectuales fraguados en el antifranquismo se hicieron formadores de opinión por la loable pretensión de emular a los grandes intelectuales públicos del primer tercio del siglo XX. La paradoja, sin embargo, es que ahora, treinta años después, se encuentran acusados de defender un régimen de oligarquía y caciquismo como el de que a fines del siglo XIX justificó la implicación pública de sus predecesores.

Puestos a buscar motivos de esta pérdida de valoración social, una hipótesis es que no han cultivado la escucha ni de los jóvenes ni de la gente normal: ante una situación de dramática crisis económica y moral, se están dedicando más bien a señalar las virtudes del orden establecido, su “natural reformabilidad” aunque no se sepa hacia dónde, y no han dudado en cebarse con los peligros de las alternativas. No solo no se muestran empáticos con los problemas de la gente, sino que utilizan las tribunas para amedrentar y airear peligros desde su supuesta condición de expertos. ¿Seguro entonces —como se nos ha querido decir— que el intelectual posfranquista se ha “democratizado”? Porque la impresión es que muy al contrario más bien se ha oligarquizado: además de volverse elitista, ha perdido el vínculo sustantivo con la ciudadanía, y esta finalmente ha pasado a señalarlos.

En los intelectuales de la generación del 78 se perciben desde luego tics propios del envejecimiento, pero esto puede justificarse como ley de vida. Lo que conviene en cambio evaluar es si al tiempo han surgido públicos más exigentes, incluso más inteligentes y cultos que sus elites. Da la impresión de que hay ahora un ciudadano distanciado de los mitos fundacionales de la transición cuyo discurso trae consigo una nueva etiquetación crítica de lo que antes parecía normal, de ahí que se reclame a los intelectuales del 78 que siguen en activo que expliquen por qué ya no piensan como pensaban antes.

Con todo, este escenario podría tener una fácil resolución conforme aumentan los medios de información y opinión: cuantos más lugares donde opinar, más oportunidades de leer nuevos tribunos más sensibles a los problemas de la gente. Y sin embargo, el pluralismo mediático puede no bastar si por el camino no se abre en canal la cuestión de qué intelectuales, con qué códigos de conducta y para qué formación de opinión.

¿A quién rinde cuentas el intelectual mediático?

¿Por qué dar tanta importancia a un grupo indefinido, lastrado por su propia biografía colectiva, y que no representa en principio un poder formal como un consejo de administración o siquiera un concejal de obras públicas? ¿Cuál, si lo hay, es el poder del intelectual? La clave está en la calidad de lo que se emite, medida por su contraste con el valor de todo lo que queda sin publicar y podría contribuir a la opinión. Esta enorme desigualdad relativa es la que convierte a los intelectuales que consiguen verse publicados en representantes de la opinión, y lo que explica que se acaben dando apenas unos pocos nombres propios cuando se trata de llamar la atención acerca de las prácticas y maneras de un colectivo potencialmente mucho más extenso.

Siempre existirá una aristocracia del saber. Lo que no es de recibo en una democracia es que pueda estar tan poco representada en una oligarquía de la opinión. Visto así, la regeneración de este espacio pasa, como el de todo poder, por el rendimiento de cuentas. Cuando hoy día se denuncia que muchos intelectuales españoles escriben con total impunidad se está señalando que, aun careciendo a menudo de autoridad, lo que parece sobrarles es un poder ejercido sin rendimiento de cuentas. ¿Qué puede razonablemente exigírsele al intelectual formador de opinión? ¿Cuál es la responsabilidad mínima que se puede reclamar a un formador de opinión con credenciales académicas? Por descontado, que conozca del tema que se trata o del que se le solicita una opinión; pero esto no es suficiente: también hay que reclamarle que re-conozca su ejercicio de poder ante la opinión pública. Todo lo que no pase por ahí es tratar al público de tonto.

Por concluir, lo que creo que ha vuelto a determinados publicistas españoles cada vez más insoportables ante públicos más exigentes es su forma de presentarse en público como si el poder no fuera con ellos, como si se tratase de algo externo que ellos solo vienen a estudiar y criticar. Esta interpretación puede parecer acertada o no: lo que en cambio no parece discutible es que un intelectual —que ha logrado el prestigio y el sobresueldo por su condición de experto en conocer el poder— demuestra ser un fraude como profesional desde el momento en que niega públicamente que su actividad pública y mediática carece de una dimensión de poder.

Es de este tipo de actitudes de las que una ciudadanía activa debe protegerse, y a ese fin los medios deben contribuir sin escudarse en argumentos de oportunidad y línea editorial. Más allá de hacer a estas vacas sagradas legítimo objeto de sátira —tal vez la más elemental y sana actividad de crítica ciudadana— la gente reclama que los intelectuales no sigan siendo intocables. Se trata sin duda de un tema espinoso, y no solo por evitar dar argumentos a quienes aprovechan cualquier crítica a sus privilegios para ponerse en la posición de víctimas de ataques a la libertad de prensa y opinión: en la medida en que se trata de un poder informal, igualmente las sanciones contra quienes transgreden han de ser informales. Si ellos no se pueden regular a sí mismos, al menos deberían recibir el mentís colectivo interno de la profesión —sus colegas de oficio— y de los medios donde escriben, con los periodistas profesionales a la cabeza.

Si los propietarios y directivos de los nuevos medios de comunicación no ponen en marcha ninguna medida de rendimiento de cuentas se encontrarán con ese elemental mecanismo propio de la democracia de mercado que es “votar con los pies”: los lectores tenderán a irse a otra parte a buscar la opinión. Es cierto que las nuevas tecnologías han aportado ya su nada desdeñable granito de arena a la reestructuración del campo entero de la comunicación, pero hay que reconocer que el sistema de comentarios al pie de las tribunas en medios electrónicos más bien favorece un formato plebeyo —por aclamación o rechazo— que realmente una participación popular en la formación de la opinión. Por aquí se trata de seguir experimentando.

Por el camino la alternativa es poner a los intelectuales reticentes al rendimiento de cuentas en el nivel de las celebrities que les corresponde: están ahí por su capital social, no por su capital humano. Y de lo que habrá que debatir es que son los famosos, no los pensadores, quienes ya funcionan como articuladores de la circulación de las elites culturales.