Cambios en el mundo del trabajo y modernización de las relaciones laborales

moderado por:

  • Irene Bassanezi Tosi

    Doctoranda en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en UC3M

Conclusión del debate

Gabriel Flores, economista; Bruno Estrada, economista e Irene Bassanezi Tosi. Coordinadores del debate en Espacio Público.

El pasado 10 de noviembre se inició en Espacio Público el debate sobre “Cambios en el mundo del trabajo y modernización de las relaciones laborales”, que finalizó hace pocos días, tres meses y una veintena de interesantes intervenciones después, con un estupendo y esclarecedor coloquio on line entre representantes cualificados del Gobierno y de los sindicatos mayoritarios que conocen de primera mano los obstáculos que dificultan la negociación sobre la reforma laboral, las fuerzas que intentan que el diálogo social descarrile y los temas que generan mayor disenso entre los agentes sociales.

Aunque han surgido algunas dudas durante los últimos meses, cabe esperar que muy pronto comenzará la negociación tripartita que determinará el alcance y la profundidad de las reformas; aunque no convendría despreciar la posibilidad de que el diálogo y la negociación no desemboquen en un acuerdo.

Los cambios y la modernización de las relaciones laborales son elementos centrales del programa y las tareas del Gobierno de coalición progresista y de las reformas a emprender para recuperar los derechos laborales perdidos y restablecer los equilibrios que son básicos en la negociación colectiva. Si las reformas laborales realizadas tras el estallido de la Gran Recesión en 2008 se produjeron para favorecer las políticas de austeridad y devaluación salarial impuestas a España y el resto de países del sur de la eurozona, ahora se trata de revertir con urgencia los aspectos más lesivos de esas reformas y tratar de acomodar las relaciones laborales a las imprescindibles transformaciones de estructuras y especializaciones productivas guiadas por los objetivos de las transiciones digital y verde propuestas por la Unión Europea. La modernización productiva por hacer exige una modernización de las relaciones laborales que facilite e impulse una renovación del aparato productivo y una mejora de gama de la oferta productiva que multipliquen los empleos decentes y los salarios dignos, pongan coto a la temporalidad y la precarización del empleo y promuevan una distribución de la renta menos desigual entre capital y trabajo.

Aunque el debate sobre la reforma laboral se sustanciará en el diálogo social y la negociación propiciada y dirigida por el Gobierno entre los agentes sociales más representativos de la patronal y los sindicatos, la proyección y la incidencia de esa reforma son también componentes centrales del proyecto progresista de un país inclusivo, sustentado en empleos decentes y bien remunerados que respondan a los intereses y necesidades de la mayoría social.

El debate en Espacio Público lo abrieron dos excelentes ponencias que establecían el marco y los principales acentos que a juicio de sus autores conforman los ejes de la reflexión sobre la reforma y modernización del mercado laboral y alentar el debate público y la reflexión compartida. Queremos saludar y agradecer, en primer lugar, la calidad de las intervenciones suscitadas por este debate y la generosidad de sus autores y autoras al compartir sus conocimientos y exponer sus opiniones a la crítica pública. Y en segundo lugar, animar a la lectura de las intervenciones publicadas a todas aquellas personas interesadas en conocer en profundidad las claves de un debate esencial para el futuro de la economía y del país.

Tal como ponían de manifiesto Ignacio Muro y Antonio González en una de las dos ponencias iniciales, lo que está en juego en el debate de la reforma laboral es en esencia “la pervivencia de una negociación colectiva debilitada o su actualización para que sirva como impulso a las nuevas dinámicas productivas”.

La reforma laboral aprobada unilateralmente en 2012 por el PP, que despreció cualquier tipo de diálogo y negociación con los sindicatos, esgrimía como justificación diversas excusas: reducir el enorme apalancamiento de las empresas, facilitar su saneamiento o liberalizar el mercado laboral, confundiendo a propósito desregulación con flexibilidad. Pero sus objetivos reales eran bien diferentes: reducir el poder de negociación de los trabajadores, devaluar los salarios, alterar la distribución de la renta en contra de los salarios y transferir los costes y riesgos provocados por la Gran Recesión (y por futuras crisis económicas) sobre las plantillas de las empresas, a través del abaratamiento y la descausalización de los despidos y la creación de empleos temporales, precarios, peor remunerados y con menos derechos.

Esas reformas del mercado laboral y la negociación colectiva incrementaron las transferencias de renta a favor de los beneficios empresariales y otras rentas del capital y la propiedad, a costa de los salarios reales, y lograron que los grandes grupos empresariales aumentaran sus tasas de ganancia, que se situaron entre las más altas de Europa. Como contrapartida, el mercado de trabajo se polarizó y la sociedad española sufrió un fuerte aumento de la desigualdad de rentas y patrimonios y mayores tasas de pobreza y riesgos de exclusión social.

Como ponían de manifiesto las dos ponencias iniciales, la antes mencionada de Ignacio Muro y Antonio González y la de Belén Cardona y Jaime Cabeza, los aspectos más lesivos de la actual legislación laboral, fruto de la reforma laboral de 2012 son los siguientes:

  • La ultractividad, o pérdida de vigencia del convenio (sea sectorial o de empresa) un año después de su fecha de finalización, si no se ha sustituido por uno nuevo. Lo que ha tenido consecuencias desastrosas para la negociación colectiva al debilitar enormemente la capacidad de negociación de los trabajadores, ya que facilita la supresión de las mejoras salariales y de condiciones de trabajo conseguidas al calor de las luchas de convenios anteriores.
  • La actual formulación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores sobre la ‘modificación sustancial de condiciones de trabajo’, que se ha convertido también en un eficaz mecanismo de vaciamiento de la capacidad y eficacia de la negociación colectiva. Ya que permite empeorar las condiciones de trabajo existentes, tanto de forma individual como colectiva, mediante una decisión unilateral de la empresa, situando los límites de ese deterioro en el nivel mínimo legal cuando no existe un convenio de ámbito superior.
  • La prevalencia del convenio de empresa, rompiendo la jerarquía de los convenios al establecer que un convenio de empresa podrá descolgarse de cualquier convenio de ámbito superior de su sector y tendrá la facultad de declarar inaplicable aquello que se considere que perjudica a la empresa sin tener que probar ninguna causa que lo justifique.
  • Por último, pero no menos importante, hay que sumar la proliferación de fenómenos como la subcontratación desregulada y la precarización contractual. Ya que se permite que la responsabilidad y las normas acordadas en las empresas principales no se extiendan a las empresas auxiliares que no sean de la misma actividad; por ejemplo, las tareas de limpieza, seguridad, catering o mantenimiento en las que se ubican los principales nichos de precariedad, y que no solo afectan a las responsabilidades salariales, sino también a las indemnizatorias. Es asimismo básico eliminar el uso del contrato de obra y servicio para atender contratos mercantiles o administrativos de las empresas auxiliares, en línea con una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

El último eslabón del debate sobre la reforma laboral promovido por Espacio Público fue el coloquio on line del pasado 4 de febrero, moderado por la directora de Público, Virginia Pérez Alonso, y que contó con la participación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, y el secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Toni Ferrer. A los que agradecemos su intervención en el debate en un momento especialmente delicado del proceso de diálogo social.

Modificar la reforma laboral impuesta por el PP, tan lesiva para los trabajadores y la acción sindical, forma parte del Acuerdo de gobierno progresista entre PSOE y Unidas Podemos y de los programas electorales con el que ambas formaciones políticas se presentaron a las últimas elecciones. Por ello, resultan plenamente justificadas las críticas realizadas por los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios al retraso de más de un año en la convocatoria de la mesa de diálogo social que debe abordar esta reforma, a pesar de que la ministra Díaz anunció hace varios meses su intención de convocarla, sin que hasta la fecha hayan fructificado esas intenciones.

La ministra de Trabajo aclaró en el coloquio que la apuesta del Gobierno de coalición progresista a favor del diálogo social y la negociación entre los actores sociales es inequívoca, al igual que su voluntad de cumplir a lo largo de esta legislatura con el programa de Gobierno que logró hace un año el apoyo de una mayoría parlamentaria legítima y suficiente a la investidura de Sánchez.

Las declaraciones realizadas a principios de diciembre por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez parecían condicionar la modificación de la reforma laboral: “Siempre y cuando los actores sociales quieran esa reforma laboral, el Gobierno está dispuesto a acompañarla”. En el mismo sentido se expresó la ministra de Economía, Nadia Calviño, añadiendo incertidumbre sobre el recorrido de la reforma laboral y la voluntad o capacidad del Ejecutivo o de parte del Ejecutivo de llevar a cabo dicha reforma

No obstante, Yolanda Diaz manifestó que la falta de acuerdo en el proceso de diálogo social entre sindicatos y patronales no eximiría al gobierno de legislar sobre estos aspectos en los términos planteados en la sesión de investidura. Asunto sobre el que también insistió Toni Ferrer, secretario de Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Una de las más interesantes conclusiones del coloquio fue la de mostrar que todos los participantes compartían buena parte de los análisis, referencias y objetivos de avance en torno a la reforma laboral y el diálogo social y las negociaciones que confiaban en comenzar cuanto antes. La otra conclusión, también muy remarcable, fue la coincidencia en señalar la complejidad y dificultades de la negociación y la importancia de distinguir entre los aspectos más lesivos que requieren de una reforma urgente y aquellos que requieren esfuerzos más prolongados en el tiempo para cambiarlos.

La amenaza de vetos o imposiciones no es la herramienta adecuada para promover el diálogo, la negociación y los acuerdos en torno a las indispensables reforma laboral y modernización de las relaciones laborales. Pero la inacción, la falta de empeño para impulsar el acuerdo entre los agentes sociales o la dejación de responsabilidades en la tarea de promover y dirigir los cambios que son necesarios tampoco son admisibles. Con el agravante que supondría en este segundo escenario de dejación en la tarea de impulsar la necesaria reforma laboral el desánimo y desafección de millones de votantes progresistas, como ya ocurrió en las elecciones generales de noviembre de 2011, cuando el PSOE perdió más de 4 millones votos y el PP obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso.

Modificar la reforma laboral del PP de 2012 va a ser un tema crucial de esta legislatura que no puede demorarse mucho más tiempo. Y será una prueba decisiva para valorar la utilidad del Gobierno de coalición progresista y su compromiso con los millones votantes que le dieron respaldo y con los partidos que votaron en el Parlamento a favor de la investidura de Sánchez y el programa de gobierno acordado por la coalición gubernamental.

Para la propia credibilidad del gobierno es urgente poner en marcha el diálogo social que modifique la reforma laboral del PP. Y es muy importante que el conjunto de la sociedad esté pendiente del ritmo y los contenidos de la negociación.

Ponencia inicial

Cambios en el mundo del trabajo y modernización de las relaciones laborales

El actual marco de relaciones laborales impide dinamizar el modelo productivo

  • Antonio González

    Economista, Vicepresidente Segundo de Economistas Frente a la Crisis.

  • Ignacio Muro Benayas

    Presidente de la Plataforma por la Democracia Económica

La pervivencia de una negociación colectiva debilitada o su actualización, para que sirva como impulso a las nuevas dinámicas productivas, es lo que está en juego en estos momentos.

Recordemos que la negociación colectiva surgió como soporte del Derecho del Trabajo y como mecanismo de defensa ante el desequilibrio en las relaciones entre el empresario y el trabajador individual, que daban lugar a unos resultados de enorme precariedad vital de los asalariados.

Tras un periodo de entreguerras, en los que la confrontación social fue especialmente dura y violenta, la negociación colectiva pasó a formar parte del estatus de institución básica del Estado de Bienestar, continuación imprescindible de la organización de la Democracia y el Estado de Derecho.  Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la negociación colectiva se convirtió, además, en el factor determinante del reparto primario de la renta entre empresarios y trabajadores.

El debilitamiento continuado de la negociación colectiva

El neoliberalismo tuvo desde sus orígenes la obsesión no disimulada de alterar esos equilibrios mediante procesos generalizados de desregulación del mercado de trabajo.

Si nos centramos en España, a lo largo de las últimas décadas, dos han sido los grandes vectores que han inspirado las 18 reformas laborales desarrolladas y, especialmente, las últimas puestas en marcha después de la crisis de 2008.

Por un lado, la reducción drástica y constante de la protección del empleo, facilitando los despidos mediante la descausalización y reduciendo su coste, hasta situar la regulación española, según datos OCDE, entre los niveles más bajos de los países de nuestro entorno europeo.

El segundo de esos vectores trataba de debilitar directamente la negociación colectiva. Después de la crisis del 93, con la excusa de potenciar la autonomía de los agentes sociales, el foco de las reformas se puso en la desregulación normativa, suprimiendo o rebajando los mínimos legales cuya defensa pasaba a descargarse en los convenios colectivos. Después de la crisis del 2008 las reformas cambiaron su objetivo: ahora sí interesaba volver a implantar normas pero con el propósito, apenas disimulado, de limitar directamente la eficacia y capacidad de actuación de a negociación colectiva a través de un conjunto de cambios legales perfectamente estudiados.

Los efectos más lesivos de la actual legislación laboral

La ultractividad o pérdida de vigencia del convenio (sea sectorial o de empresa) un año después de su fecha de finalización, sin necesidad de ser sustituido por uno nuevo, es el primero de esos mecanismos con consecuencias desastrosas para la negociación colectiva. Era fácil suponer que cualquier nuevo acuerdo solo resultará aceptable para la parte empresarial si se rebajan suficientemente las condiciones del anterior:  un propósito claro que persigue desmontar, gota a gota, las mejoras conseguidas en el calor de las luchas de convenios anteriores hasta llegar a un punto cero del que se obligaba a ascender, una y otra vez, las mismas pendientes para volver a conquistar las mismas posiciones.

La reformulación del artículo 41 del ET (referido a la ‘modificación sustancial de condiciones de trabajo’) es el segundo mecanismo de vaciamiento de la capacidad y eficacia de la negociación colectiva. Permite la rebaja de esas condiciones mediante decisión unilateral del empresario, tanto de forma individual como colectiva, y hasta los límites del convenio superior que sea de aplicación. En el caso de no existir tal convenio, los límites de esa disminución podrán desplomarse hasta el nivel mínimo legal.

El tercero de los mecanismos es el que rompe la jerarquía sectorial de los convenios, estableciendo que todo convenio de empresa podrá descolgarse de cualquier convenio de ámbito superior de su sector, y tendrá la facultad de declarar inaplicable aquello que considere le perjudica. Conviene aclarar que anteriormente solo primaba el convenio de empresa si sus condiciones mejoraban, precisaban o aplicaban las del sectorial. Esta sustracción de la capacidad reguladora en el ámbito sectorial constituye otro elemento claramente dirigido a desarbolar la negociación colectiva.

A todo ello, hay que sumar la aparición de fenómenos previos de debilitamiento de los convenios colectivos como la subcontratación desregulada y la precarización contractual.

Unos cambios unilaterales “perfectamente diseñados”

Esos cambios fueron la culminación de un propósito permanente y estructural que utilizó diversos pretextos construidos alrededor de las supuestas rigideces del mercado de trabajo o de un funcionamiento deficiente de la negociación colectiva en España. Las verdaderas razones eran más sencillas: seguir las “recomendaciones” de los círculos empresariales y aprovechar las crisis y el shock causado por el derrumbe del empleo para presentar reformas que iban siempre en la misma dirección: reducir el poder de negociación de los trabajadores y alterar el reparto de los excedentes empresariales.

En la última crisis, el objetivo que lo justificaba era reducir el enorme apalancamiento de las empresas y facilitar su saneamiento, pero el mecanismo seguía siendo el aumentar la transferencia continua de salarios a beneficios y conseguir que las compañías españolas, pese a su inferior nivel tecnológico, alcanzaran unos niveles de ganancias situados entre los mayores de Europa.

Así fue. Mientras en el conjunto de la UE la participación de los beneficios en el Valor Añadido Bruto de las empresas -sociedades no financieras- se redujo entre 2008 y 2019, en España registraba el segundo crecimiento más elevado: los beneficios de las empresas crecieron en prácticamente 40.000 m€, pero los salarios solo lo hicieron en 13.400 m€. El margen de beneficios (en % del valor añadido) de las empresas españolas, es en 2019 superior al promedio de la zona euro, y al de Francia y Alemania.

Un marco de relaciones laborales caro, disfuncional, ineficiente, antiguo y desincentivador del cambio tecnológico.

Las recurrentes reformas laborales han tenido la intención de construir un modelo económico y social “coherente” cuyas consecuencias están visibles en las huellas que han dejado en el sistema productivo y en el conjunto de la sociedad. Cualquier análisis comparado deja patente que sus resultados no han mejorado la productividad y competitividad de nuestra estructura empresarial y que los elevados márgenes de beneficios han servido de dopaje para una gestión rutinaria, sin estímulo alguno para realizar esfuerzos de modernización tecnológica, comercial, organizativa que otros entornos empresariales han debido realizar para sobrevivir.  Un modelo de crecimiento insistentemente basado en niveles de productividad y de salarios muy inferiores han dejado un país destrozado por la precariedad y la desigualdad.

¿Cómo podemos calificar sus rasgos?

1. En primer lugar, se debe resaltar que, en contra de todas las proclamas, se trata de un modelo CARO porque externaliza al Estado y a la sociedad costes brutales de ajuste social que tienen tal dimensión que acentúan los efectos públicos y privados de las crisis.

Es evidente que las reformas laborales de esta década y las anteriores han inducido a las empresas que ajusten preferentemente a través de la destrucción del empleo multiplicando los efectos de las recesiones. Esta evidencia la reconoce un informe del Banco de España de 2012 cuando afirma que “esta reacción del empleo más que proporcional al descenso de la actividad (…), de hecho, generó un efecto amplificador sobre la propia crisis”.

Es caro también porque es un modelo general que no se limita a sectores concretos ni está destinado a corregir desequilibrios con circunstancias concretas (al sector de la construcción ni a la burbuja inmobiliaria) sino que se extiende para todas las ramas de actividad y se agudiza con cada nueva crisis (los efectos de la crisis del 2008 fueron sustancialmente superiores al de la anterior recesión de 1992-1993).

2. Es además un modelo DISFUNCIONAL porque desacopla a nuestra economía con las pautas europeas y nos margina de las nuevas oportunidades surgidas en cada ciclo económico.

Tanto los costes del propio ajuste laboral como su efecto presupuestario son muchos más elevados y costosos que los de nuestros socios. El resultado es que España necesita muchos más años que el resto de los países europeos para estabilizar sus cuentas públicas y los índices de desempleo, un objetivo que puede volverse imposible si las crisis se presentan con una frecuencia de ocho años que es los que viene ocurriendo en las últimas décadas. Volver al 8% de paro cuando se viene de haber superado irresponsablemente un 26%, es mucho más costoso que no haber pasado del 12-14%, como máximo, siguiendo el ejemplo de todos nuestros vecinos.

El desacople en el ciclo productivo se nota también en la evolución de la productividad durante el ciclo. Mientras en la UE la productividad crece con las fases expansivas de la economía y cae durante las recesiones en España ocurre lo contrario. En nuestro patológico sistema la productividad apenas aumenta en los periodos de auge mientras crece fuertemente durante las crisis debido a que la destrucción de empleo es (ilógicamente) mucho más fuerte que la caída de la producción.

3. Es INEFICIENTE porque dificulta la distribución adecuada de los recursos y DESINCENTIVA la adaptación del cambio tecnológico en un momento en que es la variable fundamental que determina la competitividad futura.

Un reciente informe de OCDE titulado «Compendio de indicadores de productividad 2019» ha puesto en evidencia que España es el país desarrollado que mayor cantidad de empleo ha destruido en los sectores de alta productividad entre 2010 y 2017 (483.000, un 2,5% del total).

Nuestro sistema ha intentado convertir la inestabilidad, la precariedad y los bajos salarios, en los únicos incentivos para atraer inversiones y bajar los umbrales de rentabilidad… pero ese camino ha acabado reasignando más y más recursos hacia actividades cada vez más ineficientes, que solo surgen al amparo de los bajos costes laborales, despreciando cambios que favorezcan una organización eficiente de los negocios y una mayor productividad.

La creación, en ese mismo periodo, de 354.000 empleos en sectores de baja productividad, lo que hace es insistir en el mismo círculo vicioso de “bajos salarios / baja productividad” que alimenta un tipo de empleos que volverán a ser fácilmente prescindibles al primer signo de debilitamiento económico.

4. El modelo de relaciones laborales implantado es, por último, VICIADO Y ANTIGUO porque fomenta unos comportamientos empresariales lastrados por la informalidad de la economía sumergida o, lo que es lo mismo, por la ausencia de control público en el incumplimiento de las normas sobre empleo temporal / a tiempo parcial.

El Estado se ha limitado a “legislar”, pero consintiendo y sosteniendo, al mismo tiempo, un esquema de utilización de los contratos temporales basado en una aplicación laxa de las normas (es decir, consintiendo en el fraude) como sinónimo de flexibilidad.

Con ello, el sistema ha educado a una clase empresarial perezosa y omnipotente, reforzada por la unilateralidad absoluta como principio de funcionamiento que ha sacralizado fórmulas, como el despido individual y sin justificación, (o sea, improcedente) para provocar despidos sin la revisión judicial dominante en Europa.

Una oportunidad para el cambio

Es evidente que el desarrollo de nuevas fuerzas productivas identificadas con la economía digital y el cambio tecnológico están reclamando cambios profundos en las relaciones de producción y de trabajo. El teletrabajo, el trabajo de plataformas, la aparición de algoritmos en cada vez más espacios de las relaciones laborales, la regulación de los TRADE y un estatuto de autónomos…

Los cambios reclaman un nuevo paso en el equilibrio entre flexibilidad y seguridad y hay que saber encontrar ese equilibrio en la mejor dirección. Han transcurrido ya 12 años desde el inicio de la anterior crisis, un periodo en el que la sociedad y las leyes, aun actuando con retraso, se han mostrado capaces de apuntar ya soluciones sobre nuevas líneas reguladoras que recogen la mejor tradición democrática.

Probablemente todo ello configure un nuevo texto del Estatuto de los Trabajadores adecuado a los tiempos. Pero difícilmente se podrá construir el futuro sin librarse de las argollas que el actual marco de relaciones laborales impone a la economía española.

 

Reflexiones sobre el mercado de trabajo: problemas, medidas correctoras y cambios legales

  • Belén Cardona

    Catedrática Derecho del Trabajo. Universitat de València

  • Jaime Cabeza

    Catedrático Seguridad Social y Derecho del Trabajo. Universidad de Vigo

1. Precariedad (Temporalidad, parcialidad, límites relaciones laborales)

Se trata, sin lugar a dudas, del haz de problemas sobre el que el mercado de trabajo interno ha tenido un comportamiento más patológico. Como era esperable, el porcentaje de temporalidad había caído por debajo del 21 por 100 al final del segundo semestre de 2020, en tanto que el de parcialidad hasta el 13,4 por ciento. Lo cual es muy característico de épocas de contracción en el empleo, pues el trabajo precario siempre ha actuado de amortiguador, antes de que se destruya empleo indefinido. Pero, a poco que la situación económica mejore, puede pronosticarse un crecimiento nuevo de los contratos temporales y a tiempo parcial, como reflejo habitual de una incipiente recuperación. Es decir, o se acomete con seriedad el reto de eliminar la dualidad del mercado de trabajo, o éste seguirá siendo extremadamente sensible a los cambios de ciclo, con las consecuencias destructivas que se aparejan de este fenómeno.

La temporalidad es necesaria, pero los esfuerzos por controlar el fraude y reconducirla a sus justos términos pasan por medidas contundentes que impliquen a los actores públicos y privados y centralicen la contratación en organismos especializados sometidos a supervisión pública. Asimismo, por reformas legales que solo admitan, además de contratos formativos, dos grandes modalidades: una de sustitución de personas con el contrato en suspenso y otra para afrontar necesidades temporales muy delimitadas de las empresas. Las competencias de los convenios colectivos deben precisarse mejor y restringirse en exclusiva a los de ámbito sectorial. En cuanto a la contratación a tiempo parcial, se ha disparado a partir de 2014 cuando las garantías legales se han relajado, lo que sugiere que el crecimiento obedece a la involuntariedad y al fraude de ley. Urgen medidas correctoras en favor de la voluntariedad y del control del tiempo de trabajo.

Asimismo, es necesaria una redefinición de los límites entre trabajo autónomo y subordinado que debería centrarse en dos aspectos: la posición de dependencia material –como quiera que se adjetive- de la persona que presta servicios ante la beneficiaria de los mismos y la posición material de la misma de poder negociar en el mercado.

2. Autónomos y microempresas.

El colectivo de personas que trabajan autónomamente debe ser protegido eficazmente, pero sin animar proyectos de emprendimiento insuficientemente sólidos. El emprendimiento no puede ser objeto de fomento indiscriminado en un marco plagado de microempresas, que adolece de una sobredimensión numérica de profesionales sin personas empleadas a su cargo. Así pues, las medidas de fomento del autoempleo deben ser muy selectivas, para no abocar a muchos autónomos y autónomas al estrato más vulnerable de la población activa.

No obstante, las obligaciones laborales de los pequeños empleadores deben adaptarse a su situación comparativamente distinta a la mediana y gran empresa, mediante un retorno a la idea clásica de adaptar, en alguna medida, sus obligaciones laborales a la realidad específica en la que desarrollan su actividad profesional, sin que esta línea de actuación tenga que disminuir los derechos de las personas empleadas por ellos.

3. Rentas salariales. Productividad y subida salarial. Cotización. Economía sumergida.

El asunto de los salarios y de las rentas para-salariales es un tema que merece particular atención. La subida del SMI hasta los 950 euros acerca a España al cumplimiento de la Carta Social Europea –SMI no inferior al 60 por 100 del salario promedio-. Sin embargo, este importante incremento ha corrido paralelo al estancamiento absoluto del IPREM, indicador a partir del cual se calculan muchos de los subsidios ligados a la lucha contra la pobreza. Lo cual debe ser corregido cuanto antes.

Por otra parte, dicha subida del SMI ha producido una consecuencia muy destacable: que ha absorbido muchos salarios de convenio y que, en general, las cuantías de la mayoría de las tablas retributivas que afectan a personas trabajadoras razonablemente cualificadas apenas se sitúan ligeramente por encima del SMI. Lo cual se debe a una negociación colectiva que hasta ahora ha congelado cualquier posibilidad de incremento generalizado. Sin duda, las reglas legales de estructura de la negociación colectiva han tenido mucho que ver. En cualquier caso, debe promoverse una revisión al alza de los salarios de convenio, aunque en el contexto de una necesaria moderación salarial, imprescindible hasta que el PIB no vuelva a crecer sostenidamente. Sin esa subida, es muy poco razonable plantear que pueda operarse un incremento de la productividad, que requiere, un mínimo de motivación entre los trabajadores. Que los complementos variables ganen importancia, por lo demás, exige un incremento de la transparencia en su cálculo y devengo, que debe promoverse a través de normas legales que orienten a la negociación colectiva.

4. Contratación y subcontratación. Empresas multiservicio.

Las garantías de los trabajadores de las empresas auxiliares constituyen un asunto central, en un modelo como el español demasiado proclive a la descentralización productiva y a las cadenas de subcontratación. Probablemente, apostar por una equiparación salarial general entre los trabajadores de las empresas subcontratistas y los de las empresas principales sería erróneo, pues produciría una imposibilidad real de sostenimiento de muchas pequeñas empresas. Pero también es cierto que la descentralización productiva no debe basarse casi en exclusiva en el objetivo de reducción de costes, muy principalmente los laborales.

Con estas ideas guía, sí que debe aproximarse la regulación de las empresas multiservicio a las de las empresas de trabajo temporal, quizá con un mayor protagonismo de la negociación colectiva. Al margen de lo cual, la responsabilidad de las empresas principales debe extenderse a los casos de empresas auxiliares que no sean de la propia actividad –vg., limpieza, seguridad, catering, mantenimiento…, donde se ubican los principales nichos de precariedad- y alcanzar no solo las responsabilidades salariales, sino también las indemnizatorias. Es asimismo básico eliminar o poner coto a la utilidad del contrato de obra y servicio para atender contratos mercantiles o administrativos de las empresas auxiliares.

5. Empleo y protección por desempleo. Formación

Las políticas de empleo deben sufrir una auténtica revolución en España, pues se encuentran enquistadas en una lógica propia de hace más de veinte años. La empleabilidad de las personas debe dotarse de instrumentos más eficaces y coherentes. Los servicios públicos de empleo necesitan redimensionarse para atender con eficacia y dedicación a cada persona demandante de empleo. Las Administraciones territoriales tienen que estar más articuladas y coordinadas. El sector privado de la intermediación tiene que ser mucho más colaborativo con el ámbito público y probar su eficacia y eficiencia en el desempeño de su labor, mediante procedimientos verificables. Las políticas de empleo deben ligarse a las políticas demográficas y ser coherentes entre ellas, el reto demográfico de la España vaciada obliga a diseñar y articular estrategias de creación de empleo vinculadas a la promoción del repoblamiento de entornos rurales deshabitados.

España necesita un plan estratégico hacia el pleno empleo que trascienda de la planificación propia de la Estrategia Europea de Empleo. Es crucial dotarse de profesionales del empleo, en número y cualificación suficiente para afrontar uno de los principales retos que tenemos como país.

Por lo que respecta a la protección frente al desempleo y a las políticas pasivas de empleo, hay que reformar profundamente la normativa para conseguir un sistema más equilibrado que ofrezca cobertura armónica, y no sobreprotección a quien no la necesita e infraprotección a las personas vulnerables. El sistema público de prestación y subsidio de desempleo debe dotar de un mínimo de seguridad a las personas, para que puedan emplearse sin incurrir en una espiral de des-profesionalización. Deben eliminarse muchas trampas que disuaden a las personas de aceptar empleos. Los itinerarios individualizados deben existir para todas las personas demandantes de empleo.

Intervenciones
  • Gemma Galdon

    Directora Eticas Consulting.

    De la noche a la mañana, las plantillas que teletrabajan en España han pasado del 4% al 88%. La precipitación de esta transformación digital ha hecho que nos hagamos pocas preguntas sobre las implicaciones del cambio. Pero ahora que ya llevamos largas semanas de excepción, empezamos a normalizar que se puede trabajar remotamente, y ver que para muchas personas el viaje a la oficina (lo que los ingleses llaman el “commute”) no volverá en mucho tiempo -o nunca. Pero si el teletrabajo se va a generalizar, habrá que dejar de tomarse a la ligera algunas cosas. Por un lado,...
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  • Federico Mayor Zaragoza

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  • María Ángeles Castellanos

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    Favorecer a las mayorías sociales o favorecer a las élites, esa es la dicotomía a la que nos enfrentamos en la actualidad. No se trata de una disputa, ni mucho menos, reciente, pero es esa dicotomía la que está tras la polarización y la crispación política y pública. El trabajo es el elemento vertebrador de la sociedad, desde el trabajo nos cuidamos, nos proveemos de aquello que necesitamos, generamos riqueza, conocimiento, cultura, tecnología y todo ello constituye la herencia de la humanidad. Los servicios públicos son el elemento de cohesión social desde donde se atienden necesidades individuales y colectivas y desde...
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  • Ramón Górriz

    Presidente Fundación 1 de Mayo

    Fernando Rocha

    Escuela del Trabajo de Comisiones Obreras

    El debate sobre el plan europeo de reconstrucción ha puesto el foco una vez más sobre el marco normativo laboral y, en particular, en el modelo de negociación colectiva. Es un debate recurrente y nada original, considerando que la negociación colectiva es una institución sometida a una notable tensión desde los años 80, que se ha agravado en la última década como consecuencia de los efectos combinados de la crisis económica y las reformas estructurales impulsadas por las instituciones comunitarias y los Estados miembros de la UE durante la Gran Recesión de 2008. El análisis comparado permite destacar la mayor intensidad de las reformas laborales adoptadas en España entre 2010 y 2012, destacando particularmente la última. Entre otros aspectos, esta reforma alteró de forma sustancial el marco de equilibrios de la negociación colectiva favoreciendo la desarticulación y descentralización desorganizada de la misma, así como el reforzamiento del poder de las empresas para la regulación e individualización unilateral de las condiciones de trabajo. En última instancia, el objetivo perseguido era consagrar la devaluación salarial y la precariedad laboral como fundamentos de la reactivación económica y la competitividad empresarial. Los impactos sociales de este ciclo de reformas estructurales y políticas de austeridad, en...
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  • Mónica Melle Hernández

    Profesora de Economía Financiera, miembro de Economistas Frente a la Crisis y Secretaria General de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas

    La economía digital y las transformaciones tecnológicas no sólo están transformando el mercado laboral redefiniendo nuevos tipos de empleos. Al mismo tiempo están modificando la forma en la que se trabaja y las relaciones laborales entre los trabajadores y los empresarios. La pandemia de la Covid-19 está acelerando además estos procesos que se han demostrado imparables. Con la digitalización aparecen nuevos modelos organizativos empresariales y nuevas formas de trabajo en entornos virtuales, generalizándose el teletrabajo en cada vez más sectores de actividad. Los entornos de trabajo son cada vez más interactivos, colaborativos y simplificados. Se está desarrollando la reingeniería empresarial...
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  • Francisco Javier Braña Pino

    Investigador asociado en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

    Me referiré, en esta contribución al debate de Espacio Público, a los retos que vienen planteando la automatización y la digitalización de los puestos de trabajo, siguiendo el análisis que he realizado en una extensa panorámica publicada recientemente como documento de trabajo del ICEI [1], actualizada con los resultados de algunos trabajos publicados con posterioridad, dado que la actualidad del tema hace que no dejen de aparecer nuevas investigaciones, además de numerosos artículos en la prensa y en portales de Internet. Pues, a mi juicio, del análisis de la información disponible, los dos cambios principales que están ocurriendo desde...
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  • Henar Álvarez Cuesta

    Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

    A día de hoy, el sistema español de relaciones laborales ha de resolver dos desafíos: defender el trabajo decente y digno (haciendo frente al desempleo, a la huida del trabajo asalariado y a la revolución tecnológica) y luchar contra el cambio climático y sus consecuencias; ambos afectados de forma transversal por las consecuencias que acarrean la COVID19 y las medidas sanitarias adoptadas. Bosquejados los retos, y sin caer en un falso determinismo, la respuesta no puede ser otra que asumir su gobernanza y propiciar una transición justa de trabajadores y empresas. Y para afrontar la transformación pretendida de forma holística,...
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  • Francisco Trillo

    Prof. DTSS UCLM. Investigador del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social

    Algo invisible al ojo humano ha sido capaz de visibilizar con nitidez abrumadora los cambios que se llevan operando en el mundo del trabajo, al menos, desde las últimas tres décadas. Y aunque hubiera sido preferible que no llegase una pandemia para tomar acto de la realidad del trabajo, la crisis sanitaria actual, como cualquier otra crisis, constituye un momento de oportunidad, de cambio. Una idea-fuerza atraviesa esta propuesta de debate sobre la modernización de las relaciones laborales que ya ha dado comienzo: la centralidad que ocupa (casi todo) el trabajo humano, no así los trabajos de mierda (David...
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  • Amparo Merino

    Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad de Castilla-La Mancha

    Vivimos en un mundo señalado por el desempleo y la precariedad, por la inestabilidad laboral, y por el crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Un mundo que reclama un nuevo modelo de desarrollo social y económico que se edifique en parámetros de sostenibilidad, que reconozca prioridad al interés colectivo, que recupere la confianza de la sociedad en las instituciones, y que sea capaz de garantizar que no se producen recortes en un Estado de bienestar ya bastante reducido. Una nueva ordenación del trabajo, capaz de replantear las relaciones laborales, aconseja abrir un amplio debate que...
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  • José Ángel Moreno

    Economistas sin Fronteras y Plataforma por la Democracia Económica.

    La necesidad de reformas en el sistema español de relaciones laborales que plantea la ponencia y las razones que esgrime me parecen difícilmente cuestionables. Reformas, además, cada día más urgentes y complejas ante los retos que a los que se enfrenta el país y ante los cambios que se están produciendo en el modelo productivo. No obstante, me gustaría añadir un comentario sobre un aspecto colateral que no menciona la ponencia; probablemente, porque rebasa el ámbito de la negociación colectiva y de la legislación laboral en sentido estricto: la participación -obligada y regulada legalmente- de representantes de...
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  • Mari Cruz Vicente Peralta

    Secretaria de Acción Sindical CS de CCOO

    En un mundo del trabajo que muestra una creciente fragmentación, en el que la precariedad coloniza cada vez más espacios, los retos pasan por promover políticas que apuesten por la recuperación del empleo y su calidad, los salarios y derechos que proyecten unas condiciones de vida que mejoren el ejercicio efectivo de libertades y derechos colectivos, frente a los valores asociados al proyecto neoliberal que se han pretendido extender en el marco de las relaciones sociales y laborales. Toda la legislación laboral de los últimos años ha estado orientada a un proceso de individualización de las relaciones laborales, al que...
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  • Carlos Berzosa

    Catedrático emérito de la Universidad Complutense. Presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

    Las relaciones laborales en los países desarrollados han sufrido cambios significativos en las cuatro últimas décadas. Estos cambios no han ido en la dirección de mejorar las condiciones laborales y los salarios, sino que han supuesto un retroceso en los derechos de los trabajadores. Las consecuencias han sido un aumento de la desigualdad y precarización del trabajo. Esta tendencia ha sido general en prácticamente todos los países más ricos, pero hay diferencias entre ellos. Estas diferencias dependen de la legislación laboral existente en cada país, así como de la estructura productiva. En España, la desigualdad y la precarización han...
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  • Teresa López Soto

    Profesora Titular en la Universidad de Sevilla en el área de Lingüística Computacional. En la actualidad en CCOO Universidad

    En neuropsicología se acepta el principio de que cuando recibimos una sobreestimulación (es decir, exponemos nuestros sentidos a demasiados estímulos externos a la vez), una reacción típica es desarrollar síntomas de ansiedad o estrés. A menudo, el individuo cierra los canales de comprensión de la realidad exterior porque no le es posible focalizar en el estímulo real pertinente. Es decir, cuando somos bombardeados desde fuera, nos radicalizamos en nuestra introspección y tendemos a alejarnos de nuestro entorno social, encerrándonos en nosotros mismos. Así es como funciona nuestro cerebro, empeñado en sobrevivir a costa de lo que sea. Trasladando esa...
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  • Javier Doz

    Miembro del Comité Económico y Social Europeo por CCOO

    Me refiero a los cambios de los modelos productivo y de relaciones laborales, cambios relacionados entre sí en el sentido que se apunta en el artículo de González y Muro Benayas, referencia para este debate. Estamos viviendo una creciente segunda ola de la pandemia, que hará caer la economía española bastante más allá del 10% al terminar 2020. La opción de una recuperación con reformas que impulsen un cambio de modelo es deseable y posible, pero incierta. Su recorrido requiere claridad de proyecto y una conjunción amplia de apoyos políticos y sociales. A pesar del aumento galopante del déficit público...
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  • Julen Bollain

    Economista e investigador en renta básica

    Decía Federico Mayor Zaragoza en su intervención en este debate de Espacio Público que “hace 25 años las industrias, ya automatizadas en buena medida, tenían operarios que ‘vigilaban’ cada cuatro o cinco máquinas. Hoy tienen robots. A los robots, también hace poco, los supervisaba una persona. Hoy lo hace un código de barras”. Y es que gran parte de los estudios actuales nos muestran que a futuro se dará una destrucción neta de empleo. Para 2025 alrededor del 25% de los trabajos de fabricación serán realizados por robots, mientras que en el año 2015 este porcentaje era tan solo...
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  • Francisco Muñoz Gutiérrez

    Periodista y epistemólogo. Actualmente pensionista

    Con la pandemia parece que estamos reviviendo el segundo libro del éxodo a la espera del pan enviado por Dios. La antigüedad lo llamaba «maná», luego en el siglo XX Milton Friedman sustituyó a Dios por un helicóptero, y ya en el siglo XXI los bancos centrales digitalizaron a Dios bautizando el maná con el eufemismo de la «expansión cuantitativa». Una expansión que se anuncia hoy en Europa bajo el calificativo de «fondos europeos anticrisis». Conforme esos fondos se van acomodando en la ontología de lo real, voces de todo tipo colman el espacio. Todas son igual de relevantes, y...
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  • Carlos Javier Bugallo Salomón

    Diplomado en Estudios Avanzados de Economía. Doctorando en el Programa de Comunicación e Interculturalidad de la Universidad de Valencia.

    Tengo la impresión de que estas primeras décadas del siglo XXI suponen un punto de inflexión en la historia contemporánea de Occidente. Algunos logros y conquistas que muchas personas daban por definitivos y permanentes, hoy parecen estar en serio peligro de retroceder o de desaparecer. Y no soy el único que así piensa: el periodista Joaquín Estefanía, quizás el intelectual más consciente de esta cuestión, no deja de alertarnos de ello constantemente. Pondré dos ejemplos, que creo que son de los que marcan una época, pues han alterado de forma profunda la mentalidad de las personas progresistas de este...
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