De acuerdo a las últimas encuestas, las candidaturas de confluencia articuladas por Podemos en Catalunya, Galiza y País Valencià han supuesto el paso de Pablo Iglesias a tercer presidenciable, desbancando a Albert Rivera y situándose en el empate técnico con Pedro Sánchez. Por más que tardase en cuajar, el complicado proceso de negociaciones que siguió a las elecciones catalanas ha comenzado a dar sus frutos y en cosa de un mes Podemos se ha situado en condiciones de dar la vuelta al marcador. Es lo que las redes sociales identifican con el hashtag #remontada.

Con este avance Podemos ha mostrado una notoria capacidad de adaptación y superación de las dificultades con que tropezó en las autonómicas catalanas. Gracias a ello, las preguntas que hoy nos planteamos adquieren un valor político completamente diferente al que habrían tenido el 27S: ¿hasta dónde se puede llegar en la campaña electoral?, ¿qué impulsa esta recuperación?, ¿cuál es la parte en todo esto del régimen de 1978 y su solución particular de encaje territorial (el Estado de las autonomías)?, ¿qué lecciones se pueden extraer para la etapa política que inaugura la próxima legislatura?

Nos acercamos a las elecciones que pondrán fin al bipartidismo. El sistema de partidos tal y como lo hemos conocido no superará el 20D. El cambio social que progresa en el terreno de la sociedad no se corresponde ya con lo que dice la Constitución de 1978. La carta magna, y con ella todo el régimen político que articula, se ha quedado anticuada para traducir con representatividad suficiente lo que las urnas expresarán. Un bipartidismo agotado todavía mostrará cierta capacidad de resistencia en esos baluartes de la sobrerrepresentación que son las provincias pequeñas.

Con toda probabilidad, el 20D tendremos un resultado al que no faltará un cierto perfil grotesco. A saber: aquel que resulta de pasar una realidad social por el tamiz de una ley electoral cuya finalidad es bien distinta a la que expresa la voluntad popular. En el terreno de lo concreto, este desacompasamiento del régimen al cambio seguramente se convertirá, desde el primer día de legislatura en un acelerador del propio cambio en sí mismo. Y esto afectará, por demás, a todas aquellas líneas de escisión política donde la crisis del régimen se ha manifestado.

Pocas de entre todas estas, seguramente, hayan destacado tanto en los últimos años como el problema del encaje territorial del Estado y la cuestión de la plurinacionalidad. El incremento del independentismo en Catalunya no da lugar a dudas. Por eso para comprender la remontada en las encuestas de Podemos, es preciso relacionarla con su capacidad para haber leído el contexto plurinacional del Estado, en general, y postelectoral catalán, más en particular.

Entre los actos más destacados de Podemos en esta campaña hubo uno realizado simultáneamente desde cinco localizaciones distintas y a la par reveladoras (Madrid, Barcelona, Valencia, Compostela y Las Palmas). En dicho acto, destacadas figuras de la política emergente en cada lugar (Ada Colau y Xavier Domènech, Mònica Oltra, Xosé Manuel Beiras y Vicky Rosell) acompañaron a Pablo Iglesias en su propuesta de cambio constitucional. No es casual que estas figuras hayan surgido donde lo han hecho. Su explicación, por más que puedan concurrir otros factores, sin duda liga con el viejo problema de la relación entre la construcción estatal y nacional.

En este mitin plurinacional, inédito en las campañas electorales, no sólo era cuestión incluir una propuesta programática hasta ahora desconocida en una formación de ámbito estatal (el derecho a decidir, defendido por un Beiras en la mejor tradición galeguista). Se trataba, además, de demostrar que dicha apuesta cuenta con alianzas capaces de dar una respuesta sobre el terreno. Tanto es así que de acuerdo a no pocas encuestas ya, la confluencia catalana En Comú Podem puede convertirse el próximo domingo en la fuerza más votada, mientras que las mareas en Galiza y Compromís Podem en el País Valencià pueden llegar a ocupar el segundo lugar.

No es casual, el problema del encaje territorial y la cuestión de la plurinacionalidad no sólo se encuentren directamente ligados al agotamiento del régimen, sino que reflejan claramente el problema que ha dado sentido a Podemos: la crisis de la soberanía. Y es que Podemos nace para unas elecciones europeas y se propone, con el éxito entonces cosechado, el objetivo de ganar las generales. En el camino, sin embargo, las elecciones andaluzas, primero, las municipales y autonómicas, después, y las catalanas para acabar, hicieron recordar a Podemos que el régimen se rige por un modelo de gobernanza multinivel y que tras décadas de funcionamiento, mejor o peor, ha sedimentado realidades no sólo culturales, económicas o sociales, sino específicamente políticas.

Fenómenos como la dualidad de voto —tan evidente en el caso catalán— sin duda pasaron factura. Pero mayor habría sido ésta si no se hubiese mostrado capacidad de reacción y agilidad en los procesos. Sin duda estos habrían sido tanto más favorables si se hubiesen podido llevar a cabo con mayor celeridad.

No obstante, resulta evidente a día de hoy que las confluencias están mostrando su performatividad y apuntan a un futuro esperanzador para la resolución de una de las cuestiones clave irresueltas por la Transición. Después de todo, el poder constituyente siempre se presenta en política, allá donde más frágil ha sido su constitucionalización.

El Estado de las autonomías fue una exitosa solución transitoria. Pero transitoria. El cambio constitucional no puede por ello mismo dejar de abordar las cuentas pendientes de 1978 con el poder constituyente. Podemos parece haberlo entendido mejor que sus competidores. O eso parece que el domingo dirán los resultados.

Cuando Carlos Huerga afirma que «Una sociedad civil crítica, exigente y empoderada es un elemento básico de una democracia sana», está diciendo una verdad como un templo.

Lo cual me lleva a la siguiente consideración. Si la Constitución Española se pudo cambiar de la noche a la mañana por exigencias de los canallas de la Troika, fue precisamente porque la sociedad civil española estaba desarticulada y medio dormida. Un pueblo organizado, unido y consciente nunca hubiera consentido tamaña tropelía; corolario: una Constitución, por muy democrática y avanzada que sea, pero que no cuenta con el respaldo de una sociedad civil fuerte, no es más que papel mojado.

De modo que dejemos de lado ese ‘fetichismo constitucional’ que está hoy en boga –y que lo confía todo a una reforma legislativa-, y pongamos el acento en lo que de verdad importa, es decir: en crear ‘capital social’ en forma de asociaciones, movimientos, plataformas y comités, que constituyan células vivas de una multitud en movimiento que asuma y conquiste mayores cotas de poder de decisión.

Cierto es que el resultado final de este proceso de empoderamiento ciudadano deberá cristalizar en una Constitución diferente a la actual, pero no pongamos el carro antes de los bueyes. Una Constitución se puede pisotear: a un pueblo, no.

Nota Bene: El proceso soberanista catalán supone una complicación a este somero análisis que acabo de realizar, pues requiere de una solución inmediata que pasa, ineluctablemente, por una reforma constitucional en breve plazo. Sin embargo, mantengo la idea principal de mi tesis.

El debate sobre cuál es el mejor modelo de estado es sin duda político y jurídico, pero también emocional. Mientras el centralismo y el independentismo han sabido construir relatos emotivos con capacidad de empatizar y movilizar, la propuesta plurinacional ha transmitido poco, de forma plana, técnica y, a menudo, con actitud acomplejada. El 20D quizás está empezando a cambiar eso.

La campaña electoral del 20D gira alrededor de unos pocos ejes, entre los que destaca la relación entre Catalunya y España, y la reforma del modelo territorial del estado. Debemos discutir propuestas constitucionales y constituyentes, sobre soberanía, referéndums, disposiciones transitorias, articulados, reparto de competencias o de la financiación.

Sin embargo, el debate público sobre el modelo territorial se mueve también alrededor de las emociones, de los sentimientos, miedos y esperanzas. Lo contrario es negar la evidencia. No hace falta ser nacionalista o un rancio patriota para reconocer que este tema levanta pasiones. Y las pasiones movilizan, electoralmente también. Lo saben los partidos del centralismo y lo saben los partidos del independentismo que se presentan el 20D, ambos con un uso de narrativas con contenidos épicos y estéticos de alto voltaje.

Sus códigos no son idénticos, pero coinciden en el uso de la historia, de los símbolos y las banderas, y sobretodo, de la apelación a un proyecto colectivo ilusionante, esperanzador, que da salida a la frustración o garantiza el porvenir y la estabilidad de la nación milenaria, (Mejor unidos, Lo que nos une, Nou país, Junts pel Sí, etc). Son estrategias comunicativas con muchas horas de vuelo, pero permanentemente actualizadas, diseñadas con esmero. Y dan resultado.

Ante eso, los diferentes actores políticos y sociales que defienden un modelo plurinacional del estado han sufrido la falta de un imaginario propio que transmita alguna cosa por la que valga la pena luchar y movilizarse. La técnica jurídica, sin alma, por sí sola, no persuade.

Es ahí donde está la clave. La comunicación no es solo forma, también articula la acción colectiva y los proyectos políticos. Les dota de inteligibilidad, los concreta, ofrece asideros emocionales donde agarrarse a los ciudadanos, ante la frialdad y la distancia que suelen provocar conceptos abstractos que no responden a las necesidades vividas en primera persona. Esta combinación, principios políticos sólidos con un relato emotivo, no es un artilugio de la derecha o del márquetin. ¿Acaso no nos enseñó el 15M como la épica y la estética movilizaban posiciones políticas bien profundas? ¿No fue el ‘No a la guerra’ un lema simple pero con una carga ética enorme? Los símbolos, las imágenes, pueden dar solidez y calidez a nuevas interpretaciones de la realidad. Conectan individuos para articular colectivos.

Sin embargo, constatamos que el proyecto plurinacional del estado ha asumido durante años la ausencia de una narrativa propia, de una historia con sus protagonistas, sus referentes, sus símbolos, sus emociones, sus códigos, sus victorias.

El 20D quizás está cambiando eso. Las candidaturas de En Comú Podem en Catalunya, Compromís Podem en el País Valencià i En Marea en Galicia, son una expresión de ese cambio. Los actos compartidos, el discurso de la fraternidad, de la horizontalidad, el de las ciudades del cambio que han generado una marea uniendo fuerzas por el bien común, poder expresar como barcelonés el orgullo de la victoria de Ahora Madrid o como madrileño el de Barcelona en Comú, son algunos ejemplos. Una comunicación donde el abrazo, el cariño y la emoción superan banderas y escudos.

Estas significativas victorias narrativas no sustituyen un proyecto político, pero logran construir un imaginario que a menudo ha sido difuso y distante. Cambiar el marco interpretativo es imprescindible para lograr también el cambio político. Una articulación plurinacional del estado necesita un acuerdo político, un marco jurídico que la haga posible. Pero necesita también una historia vivida en primera persona por miles de ciudadanos que ayuden a dotarla de legitimidad. Un proyecto que transmita la emoción de encontrarse desde la igualdad y la fraternidad.

Cuando Carlos Huerga afirma que «Una sociedad civil crítica, exigente y empoderada es un elemento básico de una democracia sana», está diciendo una verdad como un templo.

Lo cual me lleva a la siguiente consideración. Si la Constitución Española se pudo cambiar de la noche a la mañana por exigencias de los canallas de la Troika, fue precisamente porque la sociedad civil española estaba desarticulada y medio dormida. Un pueblo organizado, unido y consciente nunca hubiera consentido tamaña tropelía. Ergo: una Constitución, por muy democrática y avanzada que sea, pero que no cuenta con el respaldo de una sociedad civil fuerte, no es más que papel mojado.

De modo que dejemos de lado ese ‘fetichismo constitucional’ que está hoy en boga –y que lo confía todo a una reforma legislativa-, y pongamos el acento en lo que de verdad importa, es decir, en crear ‘capital social’ en forma de asociaciones, movimientos, plataformas y comités, que constituyan células vivas de una multitud en movimiento; un ‘intelectual colectivo’ que asuma y conquiste mayores cotas de poder de decisión.

Ese es el reto. Y todo lo demás deberá juzgarse en la medida en que contribuya o estorbe a este objetivo.

Las elecciones del 20D no serán las del cambio real. El nulo cuestionamiento del sistema patriarcal por parte de las fuerzas que representan el “cambio” supondrá el mantenimiento de un modelo de relaciones jerarquizado en el que los hombres, por el mero hecho de serlo, son situados en la parte superior (economía, poder, decisión) y las mujeres seguimos en la zona de la subordinación.

Si, pueden decir que ésta es una concepción simplista y hasta arcaica, pero nadie me puede negar la inexistencia de un discurso que integre la realidad de la mitad de la ciudadanía, excluida de la agenda política.

Mucho se ha comentado estos días la presencia, escasa, de mujeres encabezando las listas. Pero poco hemos analizado qué puede haber provocado este retroceso en la representación de las mujeres.

Un poco de historia

Hagamos un breve recorrido histórico desde aquel 1987 en el que varias fuerzas políticas (PSOE, PCE) y sindicales (CCOO) iniciaron el debate interno sobre la inclusión de cuotas de representación. Yo lo viví en primera persona en mi organización juvenil (UJCE) y el argumentario era similar al que ahora se puede escuchar sobre las cuotas en las empresas del IBEX 35. No ha sido consuelo verlo reflejado en el capítulo de la serie danesa “Borgen” en el que se trata el tema de las cuotas para mujeres, o en los debates de la Comisión Europea sobre las infrarrepresentación de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas. Las cuotas, que denuncian el déficit en la representación de las mujeres, por tanto la sobrerrepresentación de los hombres, siguen siendo un elemento de distorsión que obligados por la “ley de Igualdad” (L.O. 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) los partidos modelan y modulan.

La ley debería incidir no sólo en el punto de partida (la candidatura) sino en el de llegada (el grupo parlamentario, en este caso). Mientras, lamentablemente dependemos de la decisión de otros (mayoritariamente ellos) tanto si el proceso es de primarias o si se decide alrededor de una mesa. No voy a entrar en el compromiso de las mujeres que llegan con las mujeres, porque esto es lo único que ha cambiado realmente.

Presencia de las mujeres

Hace un par de décadas, cuando andábamos en Europa a vueltas con la democracia paritaria, las feministas latinoamericanas reclamaban más presencia de mujeres para cambiar la política. Y en ello seguimos, a pesar de algunas situaciones que no dejan de ser anecdóticas dentro del panorama político, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde tenemos Alcaldesa, Vicealcaldesa y las cuatro portavoces de los grupos municipales son mujeres. Y saben hacer política, y la hacen, en temas que van más allá de lo específico de las mujeres.

Uno de los graves errores que se han cometido desde “el poder” es el reparto y distribución -la “delegación”- de responsabilidades a mujeres. Para ellas, asuntos más relacionados con el ámbito privado (educación, sanidad, medio ambiente…) que con la enjundia política (economía, hacienda, interior), y cuando nos situamos en otros puestos nos los tenemos que ganar, tenemos que demostrar que sabemos hacerlo, no como los hombres, que de serie llevan cualquier responsabilidad. Hemos trasladado a lo público el mismo desequilibrio del poder en la casa, que las madres ejercían en ausencia de los padres y siempre bajo su supervisión.

Ya se, estás pensando que esto son generalidades, cosas del pasado. Pero esa delegación ha creado un imaginario colectivo que cuesta desmontar y que hace muy complicado el reparto de tareas o la corresponsabilidad, que liberaría de tiempo a las mujeres para, por ejemplo, participar social o políticamente.

El mismo imaginario obstaculiza la presencia de mujeres en los debates que van más allá de la política de lo inmediato, de lo cotidiano. Me comentaba una buena amiga, feminista por supuesto, su sorpresa (indignación) ante la ausencia de mujeres en los debates realizados en las televisiones públicas y privadas sobre los atentados de París y el yihadismo. Esa ausencia que omite el rol protagonista de las mujeres en la lucha contra Estado Islámico en el Kurdistán.

Las mismas mujeres que son ultrajadas por el ejército turco y de las que no se habla, porque es mucho más cómodo hablar de las jóvenes que se incorporan a las milicias yihadistas sin preguntarse ni por qué, ni para qué. Sin reconocer cuántos errores nos han llevado a crear una juventud sin expectativas, mucho menos hacer pedagogía sobre las características de la participación de estas jóvenes y el papel de siervas sexuales y domésticas dentro de la milicia yihadista.

Esta mirada desde la perspectiva de género a cualquiera de las situaciones que vivimos, incorporando a la totalidad de los agentes implicados, a toda la ciudadanía con su diferente realidad es la que han omitido los partidos y candidaturas que representan o pretenden representar el cambio. Este es el reto que tienen.

En la actualidad

De momento, lo que vemos es que se preocupan de lo urgente, como asistir a las manifestaciones contra la violencia de género o incorporar a los programas medidas concretas aunque no empapan de cuestionamiento del sistema patriarcal.

Se hace hincapié en un cambio del sistema económico o del sistema político, como señala Zárraga, pero de ahí no pasan y, por tanto, no generan ninguna posibilidad de cambio para las mujeres porque no se ocupan de lo importante, que es crear las bases para un nuevo modelo de sociedad, donde las relaciones entre las personas se construyan desde el reconocimiento y el respeto a la diferencia, que rompa las brechas de desigualdad, brechas de género, que recorren todos las dimensiones de la vida, pública y privada.

Decía al principio que estamos viviendo cierta regresión en el papel de las mujeres en la política, y puede ser que no, que simplemente no vea lo que a mi me gustaría ver. No quiero decir con esto que los cuatro candidatos que recogen todos los informativos no me puedan representar. Los cinco, porque Alberto Garzón también debería estar ahí en cumplimiento de la legislación electoral.

Uno me representará, es evidente, pero destilan demasiada testosterona para ese cambio que reconozca el papel de sujeto político a las mujeres. Porque si hablan de nosotras, malo, y si no hablan, peor. Y en todos los casos, se quedarán en lo micro, en la micropolítica de lo concreto, cuando las mujeres demandamos y necesitamos un nuevo macro donde las mujeres podamos competir y compartir desde el mismo valor y reconocimiento, cuando hablemos de sostenibilidad de la vida (economía) de gobernanza (construcción y cohesión social) o de violencias machistas.

El 20D no es solo una oportunidad, sino una necesidad, una obligación de los ciudadanos de forzar un cambio con su voto, aunque solo sea por higiene, para poder tirar a la basura tanta miseria, mediocridad, mentiras y corrupción como se han ido amontonando en este país en estos largos años, hasta rebosar con los últimos gobiernos del PP.

Basura que ha contaminado y adormecido las mentes de muchos españoles, doblegados ante lo inevitable, bajo la voz cínica y amenazante de Margaret Thatcher: There is no alternative.

Una infección a la que un pusilánime PSOE no ha sabido oponer una barrera eficaz ni ofrecer, al menos, un lenitivo contra tan mortífera epidemia. Limpiemos los rincones oscuros de la política y, al tiempo, conquistemos una nueva forma de gobernar más limpia, transparente y participativa.

Si el pesimismo y la resignación han ido instalándose en el ánimo de los españoles, hoy sentimos soplar nuevos vientos que, dejando atrás el desánimo, pueden alentar y guiar un levantamiento social contra la resignación.

Un nuevo viento que ha recorrido la tierra reseca de esta piel de toro, aquest país aspre i sec, la Sepharad del gran Espríu.

Nuevos aires

Yo pude sentir el primer soplo en las gradas altas y anónimas de Vistalegre: se llamaba Podemos. Un discurso más fresco, una nueva forma de decir e, incluso de vestir, moverse y peinarse. Un renovado camino que se ofrece a muchos, jóvenes y también viejos y permanente militantes de una izquierda radical que ancla sus raíces en la gran tradición que eclosionó con el marxismo.

Un nuevo viento que ha sacudido a los dos grandes partidos que han protagonizado una política de alternancia desde 1978. Al embalsamado PP, insensible a la brisa o al tornado, le ha crecido una criatura con aires de modernidad encorsetada. Al PSOE lo ha empujado a rescatar, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, las señas de identidad de la socialdemocracia, superando, al menos en su discurso electoral, las traiciones de los últimos decenios. Espero y deseo que IU forme parte de este esperanzado caminar.

Podemos ha sido un actor importante, junto a otros partidos y plataformas ciudadanas, en los primeros pasos del cambio que reclamamos. Los nuevos ayuntamientos de simbólicas ciudades españolas son la prueba evidente de que sí se pueden desterrar las viejas figuras, los viejos partidos y las viejas e injustas formas de gobernar.

El 20D ofrece una nueva ocasión para profundizar estas conquistas y extenderlas por las amplias tierras de este país. Como en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, unas alianzas, pre y post electorales, entre los partidos progresistas, las plataformas ciudadanas y los movimientos sociales son sin duda los instrumentos que harán verdad en las instituciones del estado el cambio deseado. Una nueva forma de gobernar en la que primen las ansias y los derechos de los ciudadanos, empezando por los más golpeados, los empobrecidos tras este largo y doloroso austericidio impuesto por los mercados.

Durante estos meses he seguido con atención la evolución de Podemos. No siempre con aplausos ni conformidad con sus propuestas y, en varias ocasiones, con un profundo desagrado y rechazo ante los discursos y actitudes de algunos de sus dirigentes.

No soy militante de este recién nacido partido, ni estoy englobado en sus círculos. No necesito ni quiero añadir otro carnet a mi currículum, pero hoy, a dieciséis días de que se abran las urnas, me siento obligado a hacer pública mi intención de voto, que deseo que se mantenga firme hasta el 20 de diciembre. Voy a votar a Podemos, por muchas y distintas razones. Por una mayor sintonía con su discurso global, aún sorteando altos y bajos. Por comparación con el discurso y la actitud de otros partidos. Porque son jóvenes impetuosos, aunque puedan ser inexpertos en las tareas de gobierno. Pero, por encima de todo, en señal de agradecimiento por haber sacudido a nuestra sociedad somnolienta y agarrotada entre la resignación y el hastío.

Voto confiando en que Podemos siga empujando con fuerza y constancia, desde el lugar en que lo sitúen los votos, un gran renacer de la conciencia ciudadana comprometida con la conquista de más libertad, más justicia y más solidaridad. Más igualdad.

Es importante recordar que desde un punto de vista europeo, el debate del cambio en España en torno al 20D, tanto ideológicamente (¿qué cambio?) como estratégicamente (¿quién y cómo?) es ilusionante, a pesar del difícil marco del « Diktat » a Tsipras del 13 de julio. Tanto el 15M, como su mutación en mareas temáticas multicolores o la aparición posterior de Podemos y de las plataformas ciudadanas que conquistaron a ciudades centrales, han atraído sobre España las miradas de las fuerzas transformadoras de todo un continente.

Las reflexiones que cruzamos en este Espacio Público son reveladoras de esta dinámica ilusionante, sobre todo si se comparan, por ejemplo, con el estado de la izquierda francesa. Hablamos, por supuesto, de los que se desmarcan del terrible balance del social-liberalismo de Hollande. Al norte de los Pirineos, las fuerzas anti-austeridad están inmersas en dificultades profundas tanto para renovar los discursos, como para reinventar formas nuevas que reactiven el vínculo distendido entre ciudadanos y política. Ni ha cuajado la apuesta por el ecosocialismo, como eje del cambio que haga confluir «rojos y verdes», ni seduce, de momento, la fantaseada salida del marco europeo de la operación «plan B», post 13 de julio, a pesar de formular interesantes planteamientos. Algunos hablan de una marginación en el espacio público de los discursos de transformación social, un amplio «pesimismo social» como lo recuerda Sudhir Hazareesingh, autor del comentado fresco cultural « Francia, el País que ama las ideas ». Hace 2 años, se miraba desde España al (hoy enterrado) Front de Gauche. Hoy en día, las interesantes plataformas locales francesas de confluencia ciudadana se reclaman de Barcelona en Comú o de Podemos. El cambio politico se organiza desde España.

Era importante construir una alternativa a la socialdemocracia cuyo balance en el continente es desolador. De hecho, aparte del caso griego, es en España donde observamos el bullicio de la reflexión política y de las iniciativas pragmáticas que dan vida al significante flotante de « cambio ». Hablamos de las nuevas formas participativas, de los códigos éticos, de las primarias abiertas, de la innovación municipalista, del proceso constituyente o de la reflexión sobre un nuevo modelo productivo.

Esta última, en el país de la boina de dióxido madrileña o de la escasez de agua en el sur, merecería un espacio más predominante todavía en la campaña, como lo recuerda con razón Juantxo Uralde. Pero por primera vez, un candidato a presidente del gobierno habla de la transición energética como una de las primeras medidas que incitaría una vez en el poder.

En realidad, dándole la razón a Pablo Iglesias, ya ha cambiado mucho la política en España.

El cambio ya está en marcha en los municipios conquistados el 24M. Muchos habíamos señalado que las conquistas locales podían y debían de ser un lugar de acumulación de legitimidad de cara a las generales. Esperábamos precisamente una amplia participación de los nuevos ayuntamientos en una gran saga popular del 20D, ejemplar para el continente. Ese es uno de los retos para que la esperanza popular, la politización del 15M y de las mareas lleguen por fin a su objetivo: un cambio real a nivel estatal.

Todavía hay tiempo para ello, y vemos que algunas alcaldesas y alcaldes están dando el paso como Ada Colau. De hecho, el auge de nuevas fuerzas del cambio no tenía como único objetivo la toma de posición de algunos bastiones locales, ni la formación de un grupo parlamentario sólido pero sin opción a gobernar (lo que no es poco en el panorama desolador de la izquierda europea donde sólo Grecia, Irlanda o Portugal han visto crecer las fuerzas anti-liberales, sin olvidar a Corbyn en el Labour).

Las conquistas de las ciudades son una etapa hacia una gran victoria popular y es importante que todos trabajemos a movilizar a las redes sociales, intelectuales, vecinales para conseguir sobrepasar a las fuerzas tradicionales y a su avatar, Ciudadanos.

Se entiende entre líneas, a través de los intercambios de este Agora política, que algunos formulan matices y recelos, partiendo de las encuestas y afirmando que es poco probable que se produzca una victoria, por culpa del sistema electoral y por la dificultad para simplificar el tablero político como pasó en Grecia (« pasokización » de la opción socio-liberal y marginación de la opción KKE).

¿Acaso esto justifica que no se vuelque el conjunto de los actores de la sociedad civil para darle un último empujón a la inmensa lucha emprendida frente a la violencia social y anti-libertades del PP o las derivas del PSOE? ¿Deberíamos conformarnos con el auge del liberalismo 2.0 del señor Rivera o de la vuelta de los corruptos al poder? ¿Encerrarnos en tertulias sobre lo que se debería haber hecho o se debería de hacer? En política, siempre existe una ventana de tiro.

La fragmentación de la izquierda, la cocina de las encuestas (al alza para después bajarlas o lo contrario) son herramientas de los poderes fácticos para desanimar al campo del cambio. A nivel estatal, existe una posibilidad de que la sorpresa venga de la gran confluencia Podemos/Equo/Compromis/AGE/ICV/EUiA/sociedad civil, en forma de remontada o de un escenario de tipo portugués. En eso debemos de trabajar sin descanso. Es la uníca manera de aprovecharse de un momento historico inédito desde 1978.

Algunos hemos participado, muy de cerca, en el proceso de confluencia de las fuerzas transformadoras en el que IU, al contrario de los demás, se quedó fuera. Se ofreció, a pesar de todo lo que se dice y se hizo en el pasado, la (última?) posibilidad a Izquierda Unida, o más bien a la parte más abierta de su dirección, de entender lo que suponía en la España del post 15M asociarse a un proyecto de transformación estatal para la gente. Suponía no sumar siglas en pactos de despachos y juntarse, por fin, a la locomotora del cambio soltando definitivamente el lastre de la vieja guardia. No nos equivoquemos, el fracaso de este escenario se debe a la «reaparición» de la misma vieja guardia, la que nunca se había ido a casa como pretendían, la misma que impidió la confluencia en las europeas de 2014, la que no quería castigar a los de las tarjetas black. Es lo que explica, en parte, el escenario actual con las nuevas salidas y dimisiones de cuadros importantes y una suerte de KKEización paradójica con un candidato supuestamente nuevo.

Seguramente, se podría trabajar en el futuro en una manera de agregar, con más ilusión, a sectores más amplios del activismo social, ecológico y político. Siempre hay mil maneras de hacer las cosas mejor. Pero, debemos de entender que no sirve de nada el encerrar el debate en torno a las oportunidades perdidas o en torno a nuevas ilusiones de una hipotética gran noche revolucionaria cuando se libra la gran batalla contra la maquinaria del PPSOE y el apoyo del mundo del dinero a Ciudadanos.

Desde España se ha inventado otra manera de hacer política, desde España es importante intentar ganar para acompañar a Grecia y Portugal en su lucha contra la Gran Coalición de la austeridad y de las aventuras militares. Podemos y sus aliados son la única fuerza capaz de ganar, de pasar el techo de cristal del 15% que te sitúa en el campo de un posible cambio para la gente. Después de 7 años de crisis, de desmantelamiento del Estado social y de las libertades, cada uno tiene que decidirse frente a este escenario.

El partido se juega el 20D y se juega con Pablo Iglesias, toda la Europa del cambio lo sabe.

Tras siete años de crisis económica y una política que ha castigado a las clases populares con la excusa de que han vivido por encima de sus posibilidades, nos enfrentamos al 20D, momento en el que la ciudadanía tiene la oportunidad de validar esta gestión o traer un cambio.

En este escenario, se dibujan tres tipos de cambio posibles capitaneados por tres fuerzas políticas. El objetivo de esta ponencia es analizarlos, así como dar unas líneas sobre cómo llegar a las instituciones y qué hacer desde ellas una vez alcanzadas desde la experiencia de los Ayuntamientos conquistados en las últimas elecciones municipales.

Los “cambios” que vienen

El éxito de Podemos en las elecciones europeas y su implantación en el panorama político trajo consigo la implantación un nuevo concepto político: El Cambio. Tal ha sido la aceptación y legitimación de este concepto, que el resto de partidos políticos ha diseñado su política comunicativa alrededor de este. De ahí que podamos distinguir este cambio en dos subtipos: el cambio activo y el cambio reactivo.
El cambio activo es con el que Podemos está consiguiendo articular su discurso. Es una propuesta política mediante la que se escenifica una transformación del sistema político y económico. Este se articula en torno a la defensa de los derechos humanos y de la gente más castigada por la crisis en un momento en el que las relaciones de poderes se están reformulando.

El cambio reactivo lo podemos encontrar en el PSOE o en Ciudadanos. Frente a la implantación de este concepto en la política, estos dos partidos han tomado esta idea como reacción, poniéndole un apellido con el objetivo de situarse ante esta apuesta desde otro escenario: “El Cambio que nos une” del PSOE enfrenta su política a la del PP poniendo el acento en la independencia de Cataluña y la unidad de España; “El Cambio sensato” de Ciudadanos con el que se propone como partido de gobierno desde un escenario en el que se declara a sí mismo como único partido político capaz de llevar a cabo un cambio bueno para todos.

Ninguno de estos dos “cambios” tiene tras ellos una política de transformación de un país, más bien es un ejercicio para apuntalar el actual sistema político y económico (quizás con pequeñas reformas) mediante un ejercicio de propaganda con el que acceder a un potencial nicho de votos.

Como llevar el cambio en las instituciones

A diferencia de hace dos años, cuando tuvimos en Espacio Público el debate sobre cómo lograr una mayoría social de cambio, hoy sí tenemos una experiencia que nos ha dejado elementos sobre los que podemos debatir para analizar cómo se puede llevar el cambio (activo) a las instituciones. Esa experiencia son los “Ayuntamientos del Cambio”.

Estos consistorios se han ganado con plataformas ciudadanas configuradas con distintas fórmulas. Cada una de ellas es un caso particular, y puede evolucionar en distinto tipos de sujetos políticos: los “En Común”, las “Mareas”, los “Sí se Puede”, los “Ahoras”, etc. Sin embargo, todos los que han conseguido llegar al poder en sus municipios, tiene un elemento en común: la figura de una cabeza de lista cargada de legitimidad frente a la “vieja política”.

Pese a vivir en un momento en el que la credibilidad de la opinión pública sobre los políticos es nefasta, estas candidaturas han sido capaces de volver a ilusionar a la ciudadanía con perfiles cargados de legitimidad debido a sus carreras profesionales o su activismo social: Manuel Carmena, Ada Colau, Pedro Santisteve, etc. Dicho de otra manera, han sido capaces de ganarse una legitimidad al ser “gente competente que no procedía de la política profesional”, frente a “políticos profesionales”.

En esta clave, en el 20D solo hay un candidato que pueda encajar dentro de este perfil: Pablo Iglesias. Sin embargo, tanto Pedro Sanchez como Albert Rivera, a pesar de llevar más tiempo en las instituciones tratan de venderse como un producto político diseñado bajo estas mismas pautas. Mención aparte merece Alberto Garzón, que pese a llevar más tiempo en política en una organización que se ha visto salpicada por casos de corrupción, sí ha conseguido ganarse una legitimidad gracias a sus dotes para dar a entender su discurso y su trayectoria personal.

Y una vez que hemos llegado, ¿Qué podemos hacer?

La experiencia de los “Ayuntamientos del Cambio” también nos ha mostrado las restricciones que va a tener el cambio al llegar a un gobierno por a la actuación de los anteriores consistorios. Por ejemplo, en el caso de Madrid se han encontrado contratos blindados que en cierta manera bloquean la actuación del Ayuntamiento, o arcas vacías que te obligan a rescatar al municipio de la anterior gestión.

Sin embargo esto no puede ser excusa para no hacer nada, o peor, hacer lo contrario que habías prometido.
Si el cambio consigue llegar al poder, para llevar a cabo la transformación del país y siendo conscientes de las circunstancias en las que nos movemos, quizás habría que definir tareas en dos periodos: corto y medio-largo.

En el corto periodo de tiempo, el cambio tiene que ser capaz de llevar a cabo una batería de medidas con los recursos de los que disponga que dé una solución inmediata a la gente que más ha sufrido las consecuencias de la crisis. Hay que tener en cuenta que somos uno de los países de Europa que más desahucios ha sufrido y cuestiones como la pobreza energética o necesidades alimenticias sin cubrir afectan a un segmento significativo de la población. Por ello, es necesario asegurar unas condiciones mínimas de dignidad para la gente que está siendo más castigada.

Las medidas a medio-largo plazo se basan en ser capaz de dibujar el escenario económico en el que se encuentra actualmente la administración (auditoría de la deuda y de la gestión pública) y a raíz de ahí comenzar a poner en marcha los cambios legislativos y económicos que supongan las bases del cambio. Hay que tener en cuenta que el sistema que se ha construido durante décadas es difícil cambiarlo en apenas una legislatura y que hay que tratar de buscar consensos para poder llevarlo a cabo.

Esta es una tarea que puede requerir más de cuatro años, por lo que hay que tener en mente que el cambio no se consigue solo con ganar unas elecciones. Se consigue consolidando un proyecto político que sea capaz de seguir convenciendo y adhiriendo año a año el apoyo de la ciudadanía, que vaya legitimando sus decisiones, para así poder establecer un cambio que deje un país con una mayor justicia social.

¿Y nuestra cultura política?

Por último, el cambio que requiere este país no es solo político y económico, también es necesario cambiar nuestra cultura política.

Vivimos en un país en el que el grado de corrupción, así como la nula disposición a consultar la ciudadanía sobre cuestiones importantes (modificación Constitución, sucesión de la jefatura de estado, etc) son tan escandalosos que se ha asumido que esto no puede ser de otra manera y no se castiga políticamente. Hay que romper con esto. Se deben hacer las cosas de otra manera, cambiar la cultura política de la ciudadanía.

Ser transparente en tus actuaciones de Gobierno, dar explicaciones de ellas en los medios de comunicación, consultar a la ciudadanía sobre las decisiones más importantes, etc. son elementos básicos de la actuación de un gobierno al servicio de la gente. Cuestiones que hay que acompañar con cambios legislativos que regulen los escenarios en los que hay que consultar a la ciudadanía, definiendo condiciones objetivas sin que estos dependan de la voluntad del Presidente del Gobierno.
Una sociedad civil crítica, exigente y empoderada es un elemento básico de una democracia sana. Una sociedad que acabe normalizando cuestiones como la corrupción está destinada a ser esclava de su propia apatía.

El cambio pasa porque la izquierda tenga un proyecto de futuro para España que implique una transformación profunda –económica, política y social- que sea creíble para una mayoría de la ciudadanía para que les vote, y factible de realizar desde el poder alcanzado democráticamente.

El proyecto tiene que tener necesariamente una dimensión europea y tener en cuenta el marco global; sin sometimientos deterministas a los mismos; con capacidad de articulación con otras fuerzas políticas y sociales, europeas y mundiales, que se planteen la transformación democrática y social de dichos marcos; pero sin ingenuidad y con realismo respecto de los ritmos posibles del cambio europeo y mundial.

Me parece una obviedad decir que para avanzar por este camino –desde el poder democrático y desde una sociedad movilizada- es necesario que el proyecto lo sea de toda la izquierda; y que no se olvide que para determinados pasos, por ejemplo para la imprescindible reforma constitucional, se necesitarían consensos más amplios. Misión imposible con tantas condiciones, dirán algunos. No lo es para mí: el proyecto es difícil y complejo, pero posible. En todo caso, es la única vía para el cambio, en sociedades democráticas. Lo imposible es pretender realizarlo de otro modo. Porque, aunque me parece fundamental la movilización social –hay que reconocer la gran contribución del 15M para abrir la oportunidad de un cambio que conlleve una regeneración democrática- y pienso que hay que desarrollar fórmulas de democracia participativa, el único cambio posible tiene que ser pacífico y respetuoso con lo legalidad democrática, aunque haya que cambiar muchas cosas de esta última, pero no su esencia.

Mirando el panorama político de muchos países europeos que sufren también crisis políticas e institucionales de envergadura, que están promoviendo un auge, sin precedentes desde el fin de la 2ª Guerra Mundial, de partidos de extrema derecha, xenófobos, antieuropeístas, populistas o antisistema, tiene que reconfortarnos pensar que los dos partidos nuevos que han surgido de la crisis política española son Podemos y Ciudadanos. Todo un motivo para el optimismo.

Los tres principales factores de la política interna en el 20D

La importancia de las elecciones generales del 20 de diciembre radica en la confluencia de tres grandes factores de política interna en un contexto marcado por la crisis política del proyecto europeo, la crisis de seguridad en la región Mediterráneo – Oriente Próximo, plagada de guerras, conflictos y terrorismo -una de cuyas últimas manifestaciones ha sido la matanza que el pueblo de París acaba de sufrir a manos de terroristas del Estado Islámico-, y la crisis ecológica y de gobernanza global de nuestro planeta.

La crisis financiera y económica y su gestión por las instituciones europeas y los gobiernos de España, desde 2010, han hecho aumentar la pobreza y la desigualdad en nuestro país hasta niveles insoportables, al tiempo que han deteriorado prestaciones sociales y servicios públicos y reducido drásticamente el gasto público en las principales palancas para un cambio hacia un futuro mejor, como son la educación y el sistema de I+D+i. El segundo factor es el agotamiento del modelo político de la transición, condensado en la Constitución de 1978, por el efecto combinado de la crisis, una corrupción política muy extendida y el anquilosamiento de instituciones clave como el Parlamento.

El tercer factor es el desafío lanzado por el bloque de partidos secesionistas catalanes, nacido al calor de las dos crisis que acabo de mencionar, que el pasado 9 de noviembre declaró en el Parlament que creará, en 18 meses, una “República catalana” al margen de la Constitución y las leyes españolas y de la obediencia a los tribunales.

La crisis política de la Unión Europea es una crisis de proyecto de futuro, agudizada por la mala gestión política de la crisis económica, el resquebrajamiento de la cohesión entre países y de la cohesión social interna en muchos de ellos, y el auge ideológico y político de los nacionalismos en sus diversas variantes. La vergonzosa actitud de muchos gobiernos nacionales en la crisis de los refugiados, que ha impedido la adopción de una posición común de la UE sobre la base de valores democráticos y solidarios y del cumplimiento de la legislación internacional, es la última manifestación de esta crisis política. El próximo episodio puede venir con la negociación con el gobierno de Cameron sobre la permanencia del Reino Unido en la UE.

Es inevitable que la cuestión catalana sea un punto nodal de la campaña del 20D, cuando está planteada nada menos que la ruptura territorial del Estado español con todas las consecuencias que un trauma así arrastraría. Por eso, la izquierda, en lugar de lamentarse porque el terreno de juego pueda ser más favorable al PP si la cuestión catalana tiene un importante sitio en el debate electoral, debería formular sin complejos su proyecto de futuro para España, su proyecto para que la convivencia y la vida política vuelvan a ser atractivas y respetadas por una mayoría de la ciudadanía dentro de ella. Así se logrará que cuestiones esenciales como la construcción de un nuevo modelo productivo y los instrumentos para un reparto más igualitario de la riqueza puedan destacar como ejes principales del proyecto. Un proyecto de futuro para todos los españoles y las españolas, también para catalanes y vascos.

Igualdad y reparto de la riqueza base de la izquierda

Para lograr un reparto más igualitario de la riqueza hay que restaurar el valor de la negociación colectiva y el diálogo social, derogando la reforma laboral, y realizar una reforma fiscal integral que aumente con fuerza la progresividad y la suficiencia perdidas por nuestro sistema fiscal, al tiempo que se hace de la lucha contra el fraude y la elusión fiscales una prioridad absoluta en materia fiscal. Esta intervención decidida en los ámbitos primario y secundario del reparto de la riqueza permitirá también –vía aumento de los ingresos fiscales y por cotizaciones sociales- tener los recursos suficientes para fortalecer los servicios públicos y los sistemas de protección social, que también actúan como instrumentos para la igualdad. Este es, a mi juicio, el núcleo de cualquier política de izquierdas en una sociedad democrática, y lo que hoy necesita la sociedad española. Y es perfectamente compatible con otro gran objetivo de la política económica, la creación de empleo de calidad, que se logra favoreciendo la inversión, pública y privada, la demanda interna, y con medidas legales y contractuales que combatan la precariedad laboral. El pilar económico de una alternativa de izquierdas debe incluir también el proyecto de cambio de modelo productivo: política industrial para la construcción de una economía verde y productividad basada en el conocimiento. Para ello, la educación y un sistema robusto de I+D+i, bien conectado con la economía, son las palancas fundamentales.

Este pilar económico y social del cambio no será posible sin unos sindicatos fuertes, sin que se restaure la capacidad de acción de los interlocutores sociales. El fuego batido al que se ha sometido al sindicalismo de clase desde el comienzo de la crisis, y que ha incluido el “fuego amigo” de algunos sectores de la izquierda, solo ha favorecido los intereses de las élites económicas y políticas que la han gestionado. Por supuesto que, por su parte, el sindicalismo confederal tiene que aceptar las críticas justas que ha recibido, corregir sus errores y proceder a una renovación que refuerce su capacidad de organización y acción en un marco de organización del trabajo y relaciones laborales que ha sufrido profundos cambios en las últimas décadas.

Regeneración democrática y reforma federal del Estado

El segundo pilar de una propuesta de izquierdas para España es el de la regeneración de la vida democrática, que debe incluir medidas para combatir la corrupción, asegurar la transparencia de las instituciones –incluidos los partidos y las organizaciones sociales-, revitalizar la vida parlamentaria, promover la participación de la ciudadanía en la vida política, y asegurar una efectiva separación de poderes así como la independencia y neutralidad de las instituciones de gobierno y control de los distintos poderes del Estado y de los medios públicos de comunicación.

No creo que haya mejor fórmula para intentar superar el conflicto promovido por el nacionalismo secesionista catalán, y agudizado por el inmovilismo político del PP, que una reforma federal del Estado, que al tiempo serviría para renovar un modelo de distribución del poder territorial que ya ha cumplido su ciclo vital. Y esto es válido aunque, en un principio, todos los independentistas lo rechazaran de plano. De lo que trata es de buscar el apoyo de una mayoría de la población catalana y de la española. Modelos federales hay en el mundo que pueden servir, algunos cercanos como el alemán.

La reforma federal debe implicar que la ciudadanía de las comunidades-estados compruebe que, a través de sus instituciones propias, puede participar en la vida política y en las decisiones del Estado federal. También, que el sistema de financiación esté basado en criterios claros de equidad y justicia fiscal.

No comparto la opinión de las organizaciones de izquierda que han colocado en primer plano de su programa electoral la realización de un referéndum de autodeterminación; en Cataluña, o, incluso, abriendo la posibilidad a todas las comunidades autónomas. Preconizarlo significa que se sitúa, de entrada, la soberanía en la población de cada comunidad autónoma y no en el conjunto del pueblo español. Esto llevaría a que, en el nuevo modelo territorial que saliera de la reforma constitucional, el vínculo entre España y sus comunidades-estados sería, como mucho, confederal, con capacidad para separarse a voluntad de la parte. A ello se podría llegar, en el mejor de los casos, como consecuencia de un consenso constitucional, pero situarlo como condición de entrada es rendirse al nacionalismo independentista.

Reforma constitucional y consenso político

La amplitud y calado de los cambios políticos que acabo de esquematizar requieren una reforma en profundidad de la Constitución de 1978, para proceder a la reforma del Estado en un sentido federal, para promover la efectividad de los derechos sociales y laborales fundamentales y para anclar en ella los elementos más importantes de regeneración de la vida democrática. Sólo será posible si la izquierda vence el 20D, primero, luego es capaz de formular una propuesta común, y, más tarde, promueve un consenso más amplio para la reforma constitucional, con todo o parte del centro y la derecha. Misión difícil pero no imposible.

La Constitución de 1978 sigue siendo válida en aspectos esenciales y aunque su ciclo político esté agotado ha prestado servicios muy importantes a la sociedad española, también a los trabajadores. Aunque la transición tuvo errores –en relación, por ejemplo, a la memoria histórica del franquismo-, su valor político más universal -la búsqueda y el logro de un amplio consenso político para un cambio pactado y pacifico de la dictadura a la democracia que incluía el consenso constitucional como uno de sus elementos esenciales- sigue conservando su validez desde la perspectiva que ya le da la historia.

La reciente y justa concesión del Premio Nobel de la Paz al Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez, esa plataforma de la sociedad civil tunecina que, cuando el país estaba al borde de la guerra civil, promovió el acuerdo entre islamistas y laicos, que condujo a una Constitución laica y a que su país sea el único que mantiene la democracia tras el reflujo general de la Primavera árabe, me recordó vivamente los tres viajes que realicé a Túnez, invitado por la principal organización del Cuarteto, el sindicato UGTT, en los meses que siguieron a la revolución de enero de 2011 (entonces yo era secretario de internacional de CC OO). En todos ellos, los miembros de las delegaciones españolas hablamos de la transición política española.

El interés principal de los sindicalistas tunecinos, que habían promovido las movilizaciones que derribaron la dictadura de Ben Ali, era conocer experiencias de construcción pacífica de un sistema democrático. Y en Túnez sí hubo ruptura con la dictadura. Por supuesto que los momentos y situaciones son diferentes, y España vive en una democracia consolidada, aunque sumamente imperfecta. Pero cuando se viven crisis profundas, y España y Europa están en esa situación, el cambio duradero tiene que basarse en los máximos niveles de consenso o las más amplias mayorías posibles.

Algo sobre Europa

En los límites, ya extensos, de este artículo no puedo desarrollar la imprescindible dimensión europea e internacional que tiene que incluir cualquier propuesta de una izquierda transformadora y democrática.

Solo apuntaré que la Unión Europea requiere un cambio al menos tan profundo como el que necesita la sociedad española, y en su misma dirección. No sólo para que vuelva a merecer la pena un proyecto de integración, económica y política, necesario como pocos en el mundo a la luz de la historia europea, sino, incluso, para que pueda pervivir, superando todas las contradicciones que la crisis y su mala gestión han puesto de manifiesto.

Hay que ser conscientes que va a costar más que el cambio político que preconizo para España, porque las fuerzas políticas y sociales que pueden ser los actores de ese cambio todavía no acaban de ser conscientes de lo necesario que es actuar en dimensión europea. Tras los estragos económicos, sociales y políticos del austericidio, aplicado por procedimientos escasa o nulamente democráticos, la primera tarea política es construir una izquierda política y social europea que sea capaz de formular un proyecto político ambicioso de refundación política de Europa, en clave federal, social y democrática. Y mientras se alcanza una mayoría suficiente para ponerlo en práctica, hay que avanzar en aquello sobre lo que se podrían concitar ya mayorías europeas claras.

Por ejemplo, hacer que la eurozona vaya reuniendo los requisitos exigibles a cualquier “zona monetaria óptima” o impedir, sin más demora, que existan paraísos fiscales bajo jurisdicciones de la UE o que haya Estados miembros que practiquen descaradamente el dumping fiscal para que las empresas multinacionales paguen el 1% o menos de sus inmensos beneficios.

Lo primero que tiene que hacer la izquierda es recobrar el discurso, luchar por la hegemonía ideológica y cultural del mismo en la sociedad, y ser capaz de volver a formular proyectos globales de cambio coherentes.

Estando tan cerca unas elecciones generales tan decisivas me sorprenden la dispersión ideológica que este debate manifiesta. Y sin embargo, es a la vez lógico pues representa las dudas que la incertidumbre del resultado y la complejidad de la situación despierta. Es esa contradicción entre el debate ideológico, tan querido por la izquierda, y la necesidad de converger políticamente la que motiva mi intervención.

La fecha electoral del 20D no es más que un hito en un camino, un punto de arranque de un año, el 2016, que se presume difícil, en el que el nuevo parlamento se enfrenta a la cuestión territorial con elecciones en el País Vasco, Galicia y, posiblemente, Cataluña y en el que la inestabilidad económica, las políticas de ajuste y los reflejos autoritarios se mantendrán en Europa.

Ese panorama dará lugar a miradas diferentes motivadas por intereses diferentes. Los diversos grupos sociales damnificados por la crisis y la multifragmentación del tejido productivo que favorece el nuevo capitalismo han cristalizado en ideologías dispares, lenguajes con matices diversos o incluso diferencias de calado. Y sin embargo, a pesar de esa fragmentación, la crisis ha amplificado la base social que reclama cambio, aunque para que éste cristalice, los actores políticos deben saber interpretar los parámetros de la nueva realidad.

Por decirlo rápidamente, la ventana de oportunidad única que Podemos había vislumbrado existía realmente. Existe realmente. Las clases medias, fuente tradicional de moderación y centrismo, se han escindido desplazando hacia la subsistencia a buena parte de sus miembros mientras permite, a otros, continuar con opciones reales (o puede que solo ilusiones) de recuperar el ascenso social como opción vital.

Los desclasados basculan entre la confianza en el individualismo meritocrático y los planteamientos colectivos, arrastran recelos ideológicos contra la “izquierda intervencionista” pero reclaman cierta radicalización democrática. Amalgamar sus intereses con los tradicionales de las fuerzas del trabajo es posible dentro de un discurso de cambio a la vez radical moderno y ciudadano, progresista pero que huya de ciertas banderas ideologizadas de la izquierda o de lenguajes muy corporativos, que sepa construir elementos referenciales comunes en la forma de percibir la crisis, la corrupción, la conexión entre lo público y lo privado, que sepa impulsar todo lo colaborativo que la nueva sociedad y la nueva economía reclaman.

La relativa madurez del momento presente

El debate que Espacio Público recoge aquí es, claramente, un reflejo del estado de maduración del momento político. Por un lado de la fragmentación ideológica que anida en los muchos componentes de las fuerzas de progreso que se manifiesta también en las diferentes formas de hacer política, en ideas, prioridades y métodos; por otro del estado de los consensos internos, del lenguaje común que los objetivos políticos requieren, o si se quiere del grado de maduración de la unidad popular.

La nueva izquierda ha introducido una cierta hegemonía en el lenguaje político que facilitó la relectura de la transición y del régimen del 78. Pero en pocos meses, se han producido cambios sustanciales. De un lado, los actores políticos y en particular Cs y, en buena parte, los medios de referencia, lo han asumido como parte del lenguaje de época. Al ser aceptado por otros actores empieza a perder su capacidad de diferenciación, a convertirse en lugar común, a oscurecer los matices, a dificultar su uso como factor de cambio político.

De otra parte, el dinamismo de la realidad ha cambiado el escenario electoral previsto que de centrarse exclusivamente en la crisis económica y la corrupción, ha quedado contaminado simultáneamente por Cataluña y la batalla contra el terrorismo yihadista, factores diferenciales que suelen favorecer las opciones conservadoras.

Creo que será la propia realidad política, los acontecimientos que nos depare 2016, la que ayudará a clarificar las cosas. Y ahí incluyo los resultados electorales, la capacidad para converger en grupos parlamentarios y generar discursos comunes, el abandono de los sectarismos partidistas, la generosidad para integrar los particularismos territoriales en liderazgos compartidos…

Creo que será la propia dinámica de las cosas, la agenda de los próximos meses la que ayudará a poner “la política en el puesto de mando” como rezaba un viejo principio revolucionario, la que ayudara a integrar el debate ideológico y relativizarlo, ponerlo al servicio de un objetivo común, de una unidad popular.

Prepararse para tiempos difíciles

Comparto muchos de los diagnósticos aquí expuestos que anticipan tiempos difíciles. Vislumbro para España un escenario inestable que, en principio, concederá la iniciativa a “un gobierno provisional de la derecha tendente a imponer su hegemonía en los inevitables reformas a realizar dentro de los límites marcados por el liberalismo, con el prefijo neo o social” (Lopez Agudín).

Imagino también un escenario en el que la austeridad renovada volverá a ser excusa para el ajuste social y en el que se acentúe la “recentralización política a escala europea y estatal que se está aplicando utilizando como pretexto la “disciplina presupuestaria” (Jaime Pastor). Imagino también que el “no a la guerra”, el como combatir al terrorismo estará en el centro del debate europeo, mientras el nacionalismo y los reflejos autoritarios favorecen el resurgir de posicionamientos neofascistas.

En ese contexto, no encerrarse y ampliar el frente de apoyos es esencial. Y ello exige definir bien la actitud ante el PSOE, como partido representante de amplios sectores populares, y entender y combatir las bases ideológicas en las que cabalga Ciudadanos, son tareas esenciales del momento.

Es un error, mantener sin más, la identidad PP-PSOE, más aún cuando el espacio social liberal, que le empieza a disputar Ciudadanos, le obliga, como mera reacción de supervivencia, a recuperar ciertas señas de identidad socialdemócratas. Es un error dramático si lo situamos en el contexto del sur de Europa en el que conviene acentuar los puntos de encuentro con Portugal, Italia y Grecia, mucho más cuando la actitud de Syriza, enfrentado a los sectores populares a los que debe imponer los ajustes, ha confirmado la imposibilidad de organizar el rechazo frontal a la tecnoestructura austericida europea desde un solo país.

Respecto a C´s, no basta con asignarle el papel de recambio del IBEX, es necesario no dejarle la bandera del regeneracionismo porque esa bandera también conecta con las aspiraciones del 15M. Me parece especialmente inteligente la referencia de Pedro Chaves en este foro, cuando afirma, “de hecho, Ciudadanos se ha convertido en el referente de los elementos «despolitizados» que incorporaba la agenda del 15M: lucha contra la corrupción y denuncia de los privilegios de las elites.” Un competidor, por tanto, en la captación de las clases medias depauperadas a los que les ofrece la ilusión de un ascenso social de la mano del emprendimiento y de la igualdad de oportunidades de un estado no intervencionista.

Eso no significa no considerarle un rival especialmente peligroso. De hecho, su desapego de las clases populares, su lenguaje puramente tecnocrático, su elitismo pijo de consultor, su apoyo exclusivamente urbano, puede ser central para poner en marcha políticas regresivas que el PP, con una base mucho más popular e interclasista, no se atrevería a poner en marcha.

A pesar de la modestia de sus objetivos, las élites financieras y la tecnoestructura europea leyeron el potencial desestabilizador que encerraba la victoria de Syriza y diseñaron una estrategia que impidiera su éxito o lo convirtiera en un breve paréntesis hasta revertirlo en severa derrota. Ha pasado un año de aquello y la batalla continúa. Sigue en serio: nuevas fuerzas progresistas en el sur de Europa apuntan a los mismos objetivos, la búsqueda de mínimos vitales y democráticos que conciertan apoyos suficientes para gobernar o influir en los gobiernos: la recuperación de márgenes de soberanía nacional, el fin de las políticas de ajuste severo, la insostenibilidad de la deuda como problema común a las periferias europeas, la limpieza democrática como oposición a la lógica de los corruptores, políticas sociales inclusivas para mitigar la excesiva desigualdad… son las bases mínimas de ese programa. No es su radicalidad sino la determinación de afrontarlo la que lo convierte en rupturista.

Inteligencia y confianza para saber librar la batalla es lo que necesitamos.

Las próximas elecciones generales serán un buen termómetro para saber hasta que punto la hegemonía cultural neoliberal, impulsada desde hace décadas por el PP y el PSOE, se resquebraja dando opción a un agente antagónico plural, o si por el contrario se consolida, apoyada en un actor impulsado desde el núcleo del propio sistema, como es el caso de Ciudadanos.

En las fortalezas del propio sistema y en las debilidades de las alternativas se encuentran las causas de que a un mes de las próximas elecciones, la victoria electoral sobre ocho años de revolución conservadora en España, se antoje incierta.

Qué dramático resulta enfrentar una realidad en la que el maltrato social y la pérdida de libertades, el desempleo, los recortes, los desahucios, la corrupción sistemática del bipartidismo… no han arrojado un reflejo social incontestable y abrumadoramente mayoritario. A continuación repasamos algunas consideraciones a este respecto.

1. Colonización de la utopía y memoria del capitalismo popular. Llegaron, planificaron e invadieron nuestras utopías. Todos los recursos infocomunicativos se dedicaron a establecer, primero las tecnologías, luego los canales y finalmente los mensajes que debían hacer que nuestro consumismo fuera un auténtico significante político. Ya no se trabajaba para vivir, sino que se quería vivir para trabajar y poder así costearse el adosado, la segunda residencia, las vacaciones a otros países, el primer coche, y el segundo. Pasamos de Curro Jiménez a Terminador en muy poco tiempo, y en la cultura del pelotazo se ganó un país nuevo e insostenible y se perdió buena parte del alma colectiva. No se trataba sólo de lo que podíamos consumir, sino de lo que deseábamos consumir.

El objetivo vital cambió y tomamos la senda de un modo de vida que nos desarraigaba y cuyos vacíos teníamos que llenar con más consumismo. Un consumismo patrocinado desde los ámbitos públicos y privados. La gran revolución conservadora que se inicia a finales de los años 70 del siglo pasado y que está teniendo un nuevo giro de tuerca a partir del inicio de la crisis, encuentra en el adoctrinamiento cultural su mayor aliado. Por todo ello no resulta arriesgado sostener que en una parte importante de la población sigue operando la memoria de la espuma del capitalismo popular alcanzada, sobre todo, en la década de los 90 a raíz de un sistema financiero que nos inundó con dinero sospechosamente barato y de una burbuja inmobiliaria sin parangón. Esa memoria hace que muchos piensen que aquello volverá, motivo por el cual orientan su voto en función de las garantías que PP, PSOE o C’s les ofrezcan para un retorno imposible.

2. Vísceras y ética antes de una campaña decisiva. El proceso soberanista catalán ha sido utilizado, y lo seguirá siendo, por aquellos que no tienen empacho alguno en subrayar el miedo como estrategia electoral. El PP, y sobre todo C’s, están enfantizando su calidad “unionista”, hasta el punto de que buena parte de la mejora de sus perspectivas electorales guarda una relación directa con la cuestión españolista. Arrumbada la política y la idea de democracia queda el miedo como modo básico de manufacturación electoral.

Se siembra miedo, se crea el enemigo perfecto, se provoca la distancia, la incomprensión y el odio y todo se empaqueta en un voto cuyo significado es “parar a quienes nos quieren destruir”. Por otra parte, es importante hacer notar el contraste existente entre el incesante cacareo del PP sobre la cuestión catalana, y el silencio casi sepulcral de Rajoy a propósito del conflicto sirio y su derivadas armadas en Beirut y París. Sin lugar a dudas la memoria del “no a la guerra” pesa en el ocultamiento de su postura, que como es sabido es profundamente belicista.

Al menos C’s ha desvelado su impronta militarista pidiendo una implicación española en una intervención directa. Es cierto que luego se han moderado, pero esta moderación no es más que mero tacticismo electoral.

3. El Caballo de Troya. Golpeado, debilitado y desnortado, el PSOE sigue, sin embargo, operando como un atractor esencial del voto progresista, todo ello a pesar de que algunos viejos referentes y una parte significativa de las bases sociales de este partido han visto truncados sus deseos de renovación y de recuperación identitaria, sino del socialismo, al menos de la socialdemocracia.

Los sondeos parecen indicar que el PSOE salvará los muebles con cierta tendencia al estancamiento o a la baja. Tanto es así, que varios dirigentes de este partido confiesan que su objetivo pasaría por atenuar en lo posible el descenso electoral. Por otra parte la arremetida ideológica de Podemos, que intenta hacerse con una parte importante del espacio sociológico del PSOE, así como las veleidades, en principio antinatura, de Susana Díaz en su entrega al nuevo/viejo conservadurismo español protagonizado por Ciudadanos, sitúan al histórico partido en una difícil encrucijada.

Por desgracia el PSOE, ante el sufrimiento de parte de su militancia, se ha convertido en una maquina gastada que funciona como un auténtico caballo de Troya del neoliberalismo en el imaginario progresista, pero que sin embargo, y a pesar de los clamores contra el bipartidismo, seguirá siendo un referente importante para un número significativo, aunque en modo alguno mayoritario, de electores.

4. El precio de la táctica. La pérdida de frescura de Podemos encuentra su origen en su conversión, a marchas forzadas, en un partido que ha transitado del rupturismo (discurso destituyente) a un posibilismo que tiene como señas de identidad la apuesta por valores más éticos, colectivos e igualitarios.

El revulsivo inicial, con un desarrollo infocomunicativo absolutamente genial, se ha ido enfriando, racionalizando, cayendo en los convencionalismos de otras fuerzas políticas y ralentizando el gran motor afectivo y de ilusión que significaba el nacimiento de esta fuerza. Son muchas las preguntas que suscita el actual momento de Podemos: ¿encontrará en el tacticismo el suficiente desarrollo electoral como para ser determinante y condicionar el próximo Gobierno español? ¿Está modificando la actual cultura política española, tan rancia, cainita y competitiva, en relación a su forma de funcionamiento interno y a través de políticas de alianzas que generen miradas más amplias? ¿El significante vacío generará en su ambigüedad más posibilidades, o por el contrario desdibujará el verdadero objetivo político, que no es otro que el proyecto de sociedad y país que se quiere? En este momento parece consolidarse la remontada y mucha gente tiene cargado en el disparador de la memoria de la crisis un voto a Podemos, pero…

¿será suficiente para hacer frente a una operación de sistema tan bien diseñada como la de C’s? Hay que subrayar que en este tiempo no todo han sido golpes para Podemos. Las alianzas forjadas en territorios tan importantes como Cataluña y Galicia a buen seguro que darán sus frutos.

5. El lastre. La última consideración es aquella que se refiere a IU y su Unidad Popular. Garzón ha venido revitalizando la apuesta por valores nítidamente de izquierdas, expresadas de manera magistral y haciendo acopio de un discurso de gran solidez y rigor.

Las mermadas posibilidades auguradas por todos los sondeos guardan relación directa con el surgimiento de Podemos y con el lastre de una tradición orgánica que se ha mostrado incapacitada para evolucionar. La falta de acción de Cayo Lara y demás, de quien en su momento ya dije que en la resolución de los conflictos de este partido político, había demostrado ser tan útil como “un culo en el codo”, posibilitó la marcha de referentes esenciales para su renovación, como fue el lamentable caso de Tania Sánchez. Así las cosas, Alberto Garzón y sus irreductibles, significan la última esperanza que tiene IU en un tiempo de vendavales.

Recalca el sociólogo Pep Llobera que nunca ha habido tanta indecisión antes de unas generales, lo que evidencia la importancia capital de la inminente campaña. Ojalá el debate mayúsculo arrumbe el espectáculo de la superficialidad. Ojalá que el cambio sea el reflejo de tantos años de lucha por parte de tanta gente, de tantos movimientos sociales. Si este cambio no se produce, tendremos que luchar contra la implosión social, contra el desánimo. La justicia es una urgencia que debe trascender cualquier periodo electoral.

La celebración de generales el próximo 20 de Diciembre ha contribuido, una vez más, a poner blanco sobre negro un déficit democrático en España, que evidencia la incapacidad de las formaciones políticas para presentarse ante la ciudadanía con programas reales que tengan la voluntad de cumplir y un posicionamiento ideológico firme.

Desde el mismo día en el que el presidente del Gobierno anunció la fecha de los comicios generales, los cuatros partidos políticos con mayores opciones —PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos— se han lanzado a ocupar un mismo espacio, el centro, en la convicción de que sólo así lograrán sumar más votos y situarse como opción preferida por un mayor número de personas.

Consultores y estrategas coinciden en afirmar que las elecciones se ganan desde el centro, y puede que tengan razón. Argumentan que aproximadamente el 40 por ciento de la sociedad formaría parte de este amplio colectivo, integrado por más mujeres que hombres, con un nivel formativo medio-alto, un tramo de edad situado entre los 35 y los 55 años, y mayoritariamente con empleo, aunque no siempre estable y bien remunerado. Son personas que se sienten alejadas de las posiciones de extrema izquierda y extrema derecha, que cuando tienen que definirse, en una escala de 0 a 10, apuestan por el 5, el 4 o el 6. Concretamente, según el CIS, en este espectro ideológico estaría representado el 41 por ciento de la población.

Así se explica que el PP se defina como centro derecha, el PSOE como centro izquierda, Ciudadanos como centro-centro y Podemos esté intentando acercarse tanto al centro, que ha terminado por alejarse de sus orígenes, abandonando los círculos y el debate participativo, que tanta ilusión generaron hace ahora exactamente un año. Estas cuatros formaciones políticas, que hacen grandes esfuerzos día a día para diferenciarse unas de las otras en sus comparecencias públicas ante los medios de comunicación, después, en la práctica, modulan sus discursos para convencer a las mismas personas, empleando para ello argumentos similares, en los que sólo caben ligeros matices.

Las ideologías se alejan de los orígenes

Sin duda alguna, nos adentramos de este modo en un círculo vicioso, en el que las ideologías o mueren o se debilitan hasta perder su razón de ser. Nunca como ahora las ideas y posiciones claras y firmes han sido más necesarias. Ser de centro es legítimo, como lo es sentirse de derechas, pero ser de izquierdas y reconocerlo debería ser, además, un motivo de orgullo, máxime cuando el empobrecimiento de la ciudadanía, la privatización de servicios públicos como la educación y la sanidad, o las altas cota de desempleo desmoronan cualquier atisbo de recuperación creíble, más allá de cifras macroeconómicas sin ninguna incidencia en la vida de las personas.

Todo ello sin mencionar la corrupción o el deterioro de un sistema que se llama democrático, pero niega la voz a las minorías y se muestra incapaz de escuchar las demandas de la sociedad. La campaña electoral constituye una buena oportunidad para exigir a las formaciones políticas que actúen con honradez y transparencia. Debemos instarles a que nos cuenten la verdad y pedirles que asuman sus compromisos por escrito y públicamente. No podemos resignarnos a líderes y mensajes prefabricados, que sólo quieren arañar votos, vengan de donde vengan, para que después gobiernen como quieran y con quien quieran. El centro sólo es una metáfora para justificar decisiones que imponen el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea de Angela Merkel. Que no nos engañen.

Podemos debería ser plenamente consciente de ello y no sumarse a una estrategia que le aleja de la nueva política, que aspiran a capitalizar, y le acerca, por el contrario, a todo aquello que habían denunciado hasta que la carrera por el poder se convirtió en su hoja de ruta prioritaria. La formación liderada por Pablo Iglesias ha dado por buenas medidas que lesionan la democracia y la participación política, como es la exclusión de Izquierda Unida de los debates electorales. Debo reconocer que me esta decisión me ha decepcionado más incluso que su presencia en la mesa convocada por el Gobierno de Mariano Rajoy para defender el llamado pacto antiterrorista contra el yihadismo, suscrito tras los terribles atentados perpetrados en París.

Es posible que esté equivocado y todo valga para ganar puntos en las encuestas y votos en las urnas; es posible también que me haya quedado anclado en el pasado y crea aún en las ideologías, aunque unos y otros se esfuercen por darlas por enterradas. No me gustan quienes se protegen bajo el paraguas del centro porque al final dan todo lo malo por bueno o, cuando menos, por necesario. Las élites políticas son las que más cómodas se sienten en este escenario. Saben que no se cuestionan los cimientos del modelo que urdieron en la transición. La campaña electoral pondrá, en evidencia, una vez más, que las ideas se supeditan a los mensajes, que éstos sólo buscan titulares, y los candidatos a presidente, todos hombres, por cierto, intentan convencernos de que en el centro está la verdad.

La imparable irrupción en todo el mundo de un nuevo paradigma energético basado en los avances tecnológicos de las energías renovables y en la ya indiscutible urgencia de frenar el consumo incontrolado de combustibles fósiles, podría coincidir con la excepcional oportunidad para España, dentro de unos días, de una renovación democrática de nuestro sistema político que sea capaz, entre otras muchas cosas, de enfrentarse a la caótica, irracional e insostenible gestión de la demanda y de la producción de energía en nuestro país y tal vez, de abordar una esperanzadora transición energética.

Probablemente la actual situación sea consecuencia del modelo de capitalismo global y de la actual política neoliberal imperante en toda Europa en la que los conocidos mecanismos de lobby, corruptelas, financiaciones ilegales y puertas giratorias actúan con aparente libertad. Aunque todos los estados deben someterse a una normativa común en cuestiones de control de emisiones, respeto por el medio ambiente, eficiencia energética y cambio climático, España, obediente a su oligarquía, no ha contribuido siquiera a reducir su dependencia energética del exterior por importaciones de petróleo, gas y carbón ni tiene estrategia propia al respecto.

Las históricas relaciones del sector eléctrico español con la política son conocidas por todo el mundo pero, en los últimos tiempos, las privatizaciones, especialmente la absolutamente injustificada de una modélica Red Eléctrica del Estado, el absurdo sobredimensionado de la capacidad de producción, y los oscuros ajustes de tarifas contrarios a los intereses de los ciudadanos y de las empresas, incluidas las pymes, y en época de crisis, resultan poco explicables y alarmantes.

Un ejemplo curioso: A pesar de las limitaciones impuestas en las emisiones de CO2, nuestras veteranas centrales térmicas de carbón han ido aumentado fuertemente su consumo hasta llegar a generar ahora nada menos que un 25% del total de la producción eléctrica del país mediante una importación de carbón barato, de Rusia, Indonesia y Colombia, que ya cuadriplica el total de lo extraído en la península. Su cuota supera ya al 21% de todas las centrales nucleares y al 18% de los parques eólicos, mientras que varias centrales de gas de ciclo combinado, menos contaminantes, están paradas.

Por otro lado, no se hace nada serio para ir sustituyendo un sistema obsoleto y tercermundista de transporte de mercancías por carretera, y de pasajeros en las ciudades, basado fundamentalmente en el empleo de motores diesel altamente contaminantes, mediante la modernización y ampliación de la existente red electrificada de ferrocarril y la promoción del uso de vehículos eléctricos. Y ni siquiera se habla de cómo se va a reducir, dejándola a la iniciativa privada, una opresiva dependencia del exterior en todo el espectro de tecnologías de producción y gestión de la energía, que abarca desde las nuevas tecnologías hasta las de desguace y almacenamiento definitivo de los residuos nucleares. Un grave problema, este último, que se deja abierto para que lo resuelvan, o lo paguen, las generaciones venideras.

Recursos solares

España es indiscutiblemente el país con mayores recursos solares de toda Europa, a un coste de generación comercial por kWh del orden de la mitad que en Alemania. Tal vez por ello, las actuaciones del gobierno han sido fulminantes: acabar retroactivamente incluso con las subvenciones a costa de afrontar multitud de justas demandas, ya las pagaremos, de engañados inversores españoles y extranjeros, proponer a cambio un impuesto al autoconsumo y, en consecuencia, destruir toda la industria solar que había empezado a despegar en nuestro país. Empresas tan emblemáticas como Isofotón, que disponía de tecnología fotovoltaica propia altamente competitiva desarrollada íntegramente en España, han tenido que cerrar. Otras, como Abengoa, han intentado competir en el extranjero, sin éxito. Lo peor, se ha forzado la emigración, por no decir “el exilio o el paro”, de toda una generación de jóvenes ingenieros y científicos, bien preparados gracias a anteriores políticas progresistas en Educación y Ciencia, que desgraciadamente, han sido abortadas en estos años.

Obviamente, el sistema político en decadencia se ha ido alejando de los intereses de la sociedad civil y no ha tenido en cuenta sus necesidades ni las recomendaciones de los expertos y profesionales de los distintos sectores que la integran. Solo una democracia renovada, fuertemente imbricada en el pueblo, puede poseer la vitalidad y la resistencia necesarias para abordar una recuperación del desastre. Afortunadamente, convergen ahora nuevos datos objetivos y algunas circunstancias internacionales favorables que permiten un optimismo, precisamente ligado a desarrollo de una política energética de transición a las energías renovables.

Irrupción de las tecnologías energéticas

En primer lugar, la mencionada irrupción, ya irreversible, de nuevas tecnologías energéticas cuya viabilidad técnica y económica junto a su compatibilidad con el medio ambiente y sostenibilidad a largo plazo son ya la base del llamado nuevo modelo energético: La generación eólica, la captación fotovoltaica eficiente y económica de energía solar, la acumulación reversible de energía eléctrica mediante bombeo y nuevos conceptos de baterías, super-condensadores y nano-materiales. Como consecuencia de estos desarrollos, se hace finalmente viable y rentable también la producción y comercialización en gran escala de vehículos eléctricos de todo tipo que, estamos seguros, van a ir sustituyendo paulatinamente a los de motor de explosión.

En segundo lugar, las excepcionales características climáticas y orográficas de la península Ibérica y la disponibilidad de embalses y centrales ya operativas, con enorme capacidad de reserva de agua y con un desnivel medio de más de 500 metros entre las cuencas de captación de lluvia sobre la meseta y la desembocadura de los ríos, suponen una ventaja única en Europa para la acumulación de energía eléctrica a escala de la red. Por cierto, las centrales hidroeléctricas aprovechables para bombeo, están ya interconectadas en la Red Eléctrica y su capacidad de acumulación reversible influye muy positivamente en la gestión y estabilidad de la misma y en el mantenimiento de mayores reservas estacionales de agua.Recordemos que una gran parte de los embalses se construyeron en su día, a costa de un gran esfuerzo público, con el objetivo declarado de “combatir la pertinaz sequía”, no de enriquecer a algunos.

La producción fotovoltaica de electricidad, con un considerable aumento en los últimos años, gracias a la I+D, del rendimiento de los paneles solares y la moderación de sus costes, resulta ya perfectamente compatible con explotaciones agrícolas y ganaderas de tipo dehesa, por ejemplo, y permite doblar sus beneficios económicos. En Almería, donde se explotan intensivamente unos 350km2 de invernaderos, nuevos paneles fotovoltaicos adaptables a las condiciones invierno/verano permitirán combinar eficazmente la producción agrícola con la eléctrica.

Más aún, si atendemos a datos reales procedentes de desarrollos equivalentes en otros países como Alemania y EE UU, el número de nuevos puestos de trabajo, directos e indirectos que se pueden crear en España mediante la adopción progresiva de estas tecnologías, se estima en, como mínimo, del orden de 100.000 por año. Casualmente, esta importante demanda de recursos humanos coincide con la disponibilidad de una entera generación de jóvenes, bien preparados gracias a anteriores políticas expansivas en Educación y Ciencia.

¿De donde va a salir el capital necesario? En primer lugar, una democracia real imbricada en una sociedad civil productiva es ideal para inspirar confianza a cualquier inversión productiva. Por otra parte, las energías democráticas distribuidas y autogestionadas por sus propietarios, se financian bien mediante créditos directos, de tipo hipotecario casi siempre que ofrecen a los inversores buenas garantías de pago de intereses. Las excepcionales características de la península Ibérica, también para la explotación en gran escala de las energías renovables, resultan ahora muy atractivas para algunas empresas extranjeras del sector energético. Pues bien, resulta que ahora podemos estar todos frente a una oportunidad única.

Las próximas elecciones generales están levantando muchas expectativas. Se esperan cambios significativos para acabar con la vieja política que se encuentra muy desprestigiada. En realidad nunca pensé que se podía caer tan bajo. La incompetencia de gran parte de los líderes políticos con capacidad de decisión, así como el bajo nivel cultural, intelectual y de razonamiento que ponen de manifiesto cada vez que hablan son un reflejo de la devaluación que ha sufrido la política en nuestro país y con ello también las instituciones.

Lo más grave, sin embargo, es la corrupción que se encuentra tan extendida y que corroe a todo el sistema. No se trata de casos individuales como se pretende decir por los dirigentes políticos cuando afecta a alguien de su partido, sino que es una corrupción basada en tramas, vinculadas a financiaciones irregulares de las formaciones políticas, enriquecimientos ilícitos y abusos de poder. El PP y Convergencia son los más infectados por este mal, pero también el PSOE.

La gravedad de la situación es de tal calibre que hechos de esta naturaleza tendrían que haber supuesto dimisiones de los responsables, aunque ellos no estén implicados directamente. Financiación ilegal, existencia de cajas b, sobresueldos sin pagar impuestos ni a la seguridad social, tráficos de influencias, cobros de comisiones, fraude a hacienda, son hechos que resultan realmente tan escandalosos, que hacen más necesario que nunca una regeneración democrática e impulso a una democracia real.

Así que, mientras los medios de comunicación nos hablan de millones de euros que han cobrado personas abusando de su poder que se lo llevan a paraísos fiscales, se hacen recortes en sueldos a personal sanitario, educativos, de servicios sociales y de investigadores.

Manos corruptas

Se ha ido creando un comportamiento en donde los comisionistas han actuado impunemente durante demasiado tiempo perpetrando un robo a los ciudadanos, lo que supone una pérdida de ingresos públicos y encarecimiento del gasto en obras públicas y viviendas, entre otras muchas cosas, al tiempo que se penaliza a trabajos necesarios y productivos.

Lo que está sucediendo plantea una gran pregunta ¿en manos de quién estamos y hemos estado sin enterarnos? La respuesta es clara: en manos de demasiados corruptos e incompetentes, aunque afortunadamente hay muchos caso de honradez y buen hacer. No es mi intención condenar a todos los políticos ni mucho menos, sino a todo un sistema que ha fallado en el control y en la detección a tiempo de todo ello, lo que ha afianzado la impunidad de seguir actuando de la misma manera durante demasiados años.

Desde luego este cambio no los pueden hacer los corruptos o los responsables de un sistema que ha fallado claramente y responsables de partidos con corrupción. Ha habido demasiadas complicidades, silencios que han engordado esta pelota que han debilitado a las instituciones, han cuestionado la credibilidad de dirigentes, que deben ser los que velan por el cumplimiento de las leyes y han sido los primeros en incumplirla y encima dar discursos de ética. La hipocresía y falsedad han dominado en la política en los últimos tiempos.

Podemos, fuerza cambiante

El cambio es más necesario que nunca para acabar con tanta basura que están dejando, y con los daños causados por las políticas de austeridad. Ahora bien, lo importante es determinar quienes pueden ser los agentes de ese cambio. El malestar con los recortes, las distintas mareas que se dieron, no fueron aprovechadas por ninguna fuerza política e Izquierda Unida que era la que mejor estaba situada para hacerlo no fue capaz, prisionera de aparatos anquilosados, de guerras internas y de mirar demasiado hacia dentro y no hacia fuera preocupándose por los intereses de los ciudadanos.

Fue Podemos quien tuvo la capacidad de conectar con ese malestar existente en gran parte de la población y de ahí su gran ascenso, como una esperanza de cambio y transformación. Hay que dar las gracias a Podemos por lo que ha hecho, ser capaz de remover las aguas estancadas y malolientes de la política española.

No obstante, esa fuerza motora de cambio y con capacidad de remover lo caduco ha sufrido un desfondamiento en los últimos meses, si nos atenemos a los resultados que dan las encuestas sobre lo que puede pasar el 20 de diciembre, que no son muy alentadores. Los sondeos electorales en los últimos tiempos fallan bastante, y como todavía hay un sector importante de indecisos es posible que las cosas sean distintas. De lo contrario la esperanza de un cambio puede verse malogrado.

Con ello también el fracaso de una sociedad, pues se debe luchar para llevar a cabo una regeneración democrática, sembrar las semillas para un cambio de modelo productivo más equitativo y sostenible, en el que la igualdad de género sea una realidad.

Durante la legislatura del Partido Popular se ha aplicado el mayor ajuste social en tiempos de paz. Se han devaluado los salarios, la reforma laboral abarata y descausaliza el despido, aumenta la precariedad del empleo, se deteriora la sanidad y la educación públicas, hay desahucios masivos y siguen las privatizaciones. La protesta social se ha criminalizado con un duro recorte de libertades ciudadanas.

El gobierno se ha ingerido en las instituciones y en la judicatura. Se ha creado un serio problema con Cataluña por no abordar un nuevo modelo territorial y prohibir el derecho a decidir. Una viscosa corrupción salpica al país. La suma de todo ello es una deslegitimación del sistema democrático.

Así las cosas, lo único que está claro es la necesidad imperiosa del cambio, aunque quizá no tanto el tipo de cambio. Pero parece que la suerte está bastante echada de cara al 20-D y si no hay fuerza, estamos hablando de músicas celestiales. Viendo estos días el documental Cuando las gotas hacen lluvia, del Colectivo Miradas, se toma conciencia del alto nivel de movilización habida (mareas, la PAH, alguna huelga general y luchas obreras contra los ERE´s…).

Con estas luchas parecía al alcance de los votos echar al PP, revertir los recortes e iniciar un proceso constituyente: no iba a haber impunidad para los responsables de la política antisocial. Hace un año había la expectativa de un cambio político profundo. El PP se estaba desplomando y el PSOE carecía de credibilidad en la memoria del electorado. El bipartidismo se resquebrajaba. Fue lo que dio en llamar “una ventana de oportunidad”, asociada a una nueva fuerza emergente –Podemos- que canalizaba el impulso de la indignación ciudadana.

Pero las fuerzas conservadoras actuaron con más eficacia que los defensores del cambio y se ha modificado el terreno de juego. El PP para evitar la sangría ha aplazado nuevos ajustes exigidos por la troika, una nueva reforma laboral y la posible entrada en la guerra contra Daesh. Empresas del Ibex lanzaron la operación Ciudadanos (C´s) a nivel estatal.

El PSOE renovó su oferta electoral, más atentos al marketing político que a reformas de calado. Podemos modera su programa en busca de un centro político muy ocupado, lo que unido con los problemas de gestión interna, produce cierto desinflamiento. Izquierda Unida sigue con sus crisis, no siempre bien resueltas (Madrid), y sin despegar electoralmente a pesar de su apuesta por la renovación con Alberto Garzón.

Los sondeos no son favorables al cambio

A fecha de hoy los sondeos no son favorables al cambio. La proyección que a mediados de noviembre hizo Público, indica que ganaría el PP, seguido de C`s y PSOE. Podemos e IU serían la cuarta y quinta fuerza y, aunque sumarían más votos que C´s y PSOE, solo sacarían la mitad de diputados por la ley electoral. Sin embargo, juntos se convertirían en la segunda fuerza política, doblarían el número de escaños, harían que la izquierda recuperase la ilusión y entrarían a disputar la victoria. Ahora mismo está muy lejos de ello. Aunque Podemos hable de remontada, está reconociendo que las cosas están feas y se ha perdido impulso. Si la campaña no cambia las tendencias, tras el 20-D puede salir un nuevo gobierno del PP, con el apoyo de C´s, la fórmula aplicada en la comunidad de Madrid.

La izquierda tiene que ser consciente de que ha cometido dos graves errores. Por un lado, abandonar la movilización y no haber creado un clima de participación ciudadana en torno a un programa transformador de mínimos. La propuesta que ha estado trabajando el Frente Cívico con una serie de movimientos sociales podría haber servido de base. Recogería cuestiones como: derogación del artículo 135 de la Constitución; auditoría pública de la deuda; SMI de 1.000 euros; pensiones no por debajo del SMI; prestación a todos los parados; derogación de las reformas laborales de 2011 y 2012; derecho a la vivienda y fin de los desahucios con la trasposición inmediata de la Directiva 93/13/CEE; aumento del gasto en educación hasta el 7% del PIB y derogación de la LOMCE; derecho a la salud y derogación del Real Decreto-ley 16/2012; no a la ley mordaza y a la reforma del Código Penal…

Por otro, su incapacidad para presentarse unida a las elecciones generales. Las elecciones se ganan con propuestas y líderes, pero también con emociones y matemáticas. Hay sectores de la izquierda con cierta desmoralización o falta de ilusiones y la división impide optimizar los votos en todas las circunscripciones. Solo cuando la izquierda aprenda la lección de que sin unidad está perdida, podrá aspirar al cambio.

La hegemonía gramsciana no se consigue desplazándose hacia el centro, hacia las clases medias, o con un discurso adecuado a lo que las gentes menos conscientes quieren oír. En cualquier caso, votaremos y seguiremos peleando por la justicia social y el cambio político que la haga posible, pero probablemente tras el 20-D habrá que llegar a aquella conclusión que decía Cortázar: “nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo”.

La llegada de los gobiernos del cambio a los Ayuntamientos de las principales ciudades trajo una ola de ilusión y de esperanza capaz de superar el hastío y el descrédito que desprendía hasta entonces la política institucional. En Madrid, tras más de dos décadas de gobiernos del Partido Popular, la ciudad celebraba a una nueva alcaldesa, Manuela Carmena, cuya victoria reflejaba la necesidad de poner en marcha una política responsable y alternativa a la que se venía aplicando durante los últimos años.

Pinchada la burbuja inmobiliaria y, poco después, la olímpica, Madrid era una ciudad sin proyecto. El modelo de expansión descontrolada y de grandes eventos no solo mostraba ya síntomas evidentes de agotamiento sino que había dado lugar a una ciudad más desigual, más segregada y más hostil con sus habitantes.

El crecimiento urbano llevado al límite de la capacidad del territorio; la desordenada movilidad, responsable de congestión y contaminación; la desaparición de las políticas públicas de vivienda, que han dejado al mercado privado como único proveedor; la privatización de la práctica totalidad de los servicios municipales, y un largo etcétera, son expresiones concretas de una agenda neoliberal que ha convertido Madrid en una urbe hecha a medida de los intereses y beneficios de los privilegiados. El resultado ha sido la pérdida de derechos, el bienestar y la calidad de vida de los madrileños. Una ciudad hostil, en la que se hace cada vez más difícil vivir y convivir.

El Gobierno de Manuela Carmena propone una ciudad de progreso, moderna, abierta, limpia y sostenible. Su propuesta se construye a partir un compromiso claro: defender un modelo propio y diferente de ciudad, articulado sobre la sostenibilidad ambiental y económica, la justicia social y territorial. El modelo del cambio que desde la responsabilidad que no deje fuera a nadie.

En materia de desarrollo urbano, esto se traduce en una decidida apuesta por la regeneración y mejora de espacios públicos y edificios. Un nuevo modelo de Desarrollo Urbano que prioriza la rehabilitación sobre la obra nueva e implementa medidas de adecuación energética, a fin de reducir el consumo y lograr una optimización de los recursos. Para ello, hemos puesto en marcha tres programas estratégicos.

Un programa de regeneración de zonas urbanas vulnerables que atienda prioritariamente a aquellos barrios que presentan síntomas de vulnerabilidad y requieren una actuación coordinada e integral que sea capaz de frenar su degradación y les permita recuperar un papel activo en el conjunto de la ciudad.

Un programa de rehabilitación y eficiencia energética para avanzar en un cambio del comportamiento energético de la ciudad a través de la mejora integral de los sistemas energéticos que dan soporte a sus edificios –públicos y privados, residenciales, productivos, de servicios y equipamiento– considerando las escalas más adecuadas desde las que afrontar este reto.

Un programa de revitalización y mejora del espacio público y la movilidad destinado a cualificar y estructurar los espacios libres de la ciudad –sus calles, plazas, corredores verdes y parques– para favorecer su habitabilidad y su calidad paisajística, además de avanzar hacia una movilidad sostenible de proximidad, con atención a las necesidades específicas de los diversos grupos sociales.

Cada uno de ellos y los tres de manera combinada están ya suponiendo ventajas tangibles que los ciudadanos están ya disfrutando, como las ayudas económicas a la rehabilitación, los programas de ayuda a las zonas prioritarias para la rehabilitación, o el desbloqueo de algunos proyectos urbanísticos tantos años parados.

Con ello estamos superando el viejo modelo basado en grandes actuaciones urbanísticas –que, en ocasiones, terminan como la Ciudad de la Justicia– en favor de un Gran Proyecto de regeneración urbana orientada a garantizar el bienestar de los ciudadanos, la revitalización de los barrios y el reequilibrio geográfico como garantes de la cohesión territorial y la inclusión social.

Sin embargo, también somos conscientes de que las ciudades no se cambian de un día para otro. Gobernar también es conjugar derechos adquiridos e intereses creados con las legítimas demandas ciudadanas. En Madrid, después de 25 años de políticas del Partido Popular, recibimos una herencia que, en ocasiones, dificulta y ralentiza la construcción de lo nuevo.

No se trata de una excusa sino de un hecho. Y es que no se pueden remunicipalizar de un día para otro todos los servicios que se han privatizado. Ni a nuestra llegada se han extinguido los contratos integrales de servicios. Tampoco ha quedado disuelta la estructura burocrática y piramidal de la Administración. Por supuesto, las leyes, algunas injustas, que rigen nuestro ordenamiento jurídico aún no se han derogado. Pero en estos escasos seis meses de gobierno hemos comenzado a sentar las bases de este nuevo modelo de ciudad, el nuestro. El modelo de la responsabilidad, la modernidad y la convivencia. El Madrid de Manuela Carmena.

No hay atajos ni soluciones mágicas. Pero tenemos la decisión, la obligación y la responsabilidad de Gobierno. Un nuevo modelo de ciudad es garante de desarrollo en justicia y convivencia. En estos seis meses hemos cambiado muchas cosas y todavía quedan muchas otras por cambiar. No tenemos mochilas ni hipotecas. El cambio está en marcha.

Pese a que el reloj de la historia carece de manecillas, cabe afirmar que pocas oportunidades de cambio van a poder presentarse a corto y medio plazo si el movimiento popular no logra el cambio democrático que demanda hoy la inmensa mayoría de la sociedad española. Porque entre las próximas urnas del 20 de diciembre y las que se abran posteriormente, tras la inevitable convocatoria anticipada de elecciones, la nueva legislatura será la más breve desde hace cuarenta años.

España se juega asentarse como una democracia o retrotraerse a un sistema autoritario, dado que el recambio que se prepara es el camino recto a una democracia recortada. O la grave crisis del Estado español encuentra una respuesta democrática o entrará en una espiral política involucionista. Tanto más acusada, cuanto más tenso sea un horizonte internacional que, por el momento, no lleva camino de encauzarse sino de agudizarse mucho más.

La transición del capitalismo renano al capitalismo americano, basada en la liquidación del Estado del Bienestar, además de las luchas entre las grandes potencias derivadas de la depresión del 2007 -el conflicto de Oriente Medio no es más que su primera expresión- configuran un inquietante telón de fondo nada favorable a la renovación democrática. Una vez más, como ocurriera en 1931, nos vemos envueltos en los peores vientos de la historia en el momento más crítico de nuestra historia desde la II Restauración de los Borbones.

Las asignaturas pendientes, todas heredadas del tipo de salida de la dictadura del general Franco, revientan simultáneamente tras décadas de no haber sido abordadas. Ninguna se salva. La crisis económica desvela la ausencia de un modelo productivo ajeno al binomio construcción-turismo; la constitucional muestra la descarada relegación del gasto social; la territorial señala que seguimos aún sin un modelo que reconozca la pluralidad nacional del Estado español; la europea refleja el increíble euroilusionismo en el que ha vivido irresponsablemente toda nuestra clase política; la internacional denuncia la inexistencia de una política nacional que apueste por la paz renunciando a la guerra – tal como recogía la Constitución republicana- como instrumento de una política exterior; y, por último, la crisis institucional evidencia el muy serio deterioro de todos los órganos estatales. Finalmente, la deuda nos resitúa como un país subordinado a una gran potencia europea que vuelve por sus fueros históricos, a través de una Unión Europea subordinada a su vez a los poderes financieros. Por si fuera poco, todo este panorama está coronado por una insoportable corrupción partitocrática desplegada por los cuatro puntos cardinales políticos.

De las cuatro principales fuerzas políticas que concurren a las elecciones del próximo 20 de diciembre, según recogen todos los sondeos preelectorales, tres coinciden básicamente en una misma política a la hora de afrontar cada una de estas tareas. Pese a todos los matices que se busquen, que existen, Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista Obrero Español enfocan cada una de estas cuestiones desde un mismo denominador común. Sea la deuda, Cataluña, la economía, las instituciones o la paz, PP, Cs y PSOE no divergen en lo sustantivo. Sólo una fuerza, ajena a este triángulo isósceles, se atreve a afirmar que la mayoría de los españoles podemos imponer otra política diferente. No es un dato baladí, las dos principales formaciones de la derecha y una con una base electoral de izquierda apuestan, hoy por hoy, por un mero recambio en lugar de un cambio democrático con la esperanza de estabilizar una situación agotada que hace agua por los cuatro costados.

Bien mirado, el escenario electoral únicamente tiene dos opciones socioeconómicas. La trinidad nada santa de la reforma del 135 de la Constitución, que ha ilegalizado a Keynes, y la nueva socialdemocracia. O sea, tres en una, que sintonizan con la melodía del Ibex-35, y una con la partitura social.

De estas coincidencias se desprende el gobierno que saldrá de las urnas según todas las encuestas que únicamente divergen en los porcentajes de votos, pero nunca sobre las tendencias. Sea cual sea la fórmula, la alianza o coalición sobre que se pueda sustentar o presidente que la encabece, el continuismo socioeconómico será su contenido. No sólo será un mero recambio de cromos políticos diestros sino que intentará, sobre todo, impedir un hipotético giro del PSOE hacia el movimiento popular e integrar a Podemos en las instituciones a fin de neutralizar una firme oposición democrática que trabaje en la elaboración de una potente alternativa de cambio. Porque las contradicciones del previsible gobierno PP-Cs, al manifestarse en casi todos los capítulos menos el económico, van a obligar a la derecha tradicional a intentar contar con posibles socios alternativos a la nueva derecha de Ciudadanos.

Sobre todo en un escenario tan inestable y provisional como el que va a abrirse en 2016. De hecho, tiene todas las trazas de ser un gobierno provisional de la derecha tendente a imponer su hegemonía en los inevitables reformas a realizar dentro de los límites marcados por el liberalismo, con el prefijo neo o social, y por la intervención de la potencia de turno, alemana en esta ocasión, sobre la soberanía española.

Así las cosas, el PSOE es hoy el principal campo de batalla entre el cambio y el recambio. Pese a que continúa en caída libre, el socialismo va a seguir siendo, en esta etapa, una relativa fuerza en el seno de la izquierda que el movimiento popular tiene que conseguir atraerse. El relevo generacional, la correlación de fuerzas políticas, la agudización de la crisis social y las inequívocas raíces populares del socialismo, pueden desembocar en un nuevo giro socialista como el que dio Zapatero siempre y cuando Podemos, la fuerza decisiva de la izquierda, sepa combatir el sectarismo izquierdista. No es nada imposible que dirigentes actuales u otros que acaben surgiendo, resitúen a los socialistas junto a sus bases electorales. El hundimiento del bipartidismo, la presencia de una sigla como Ciudadanos que atrae el voto centrosocialista, más la probable tensión social, llevarán al PSOE tras las elecciones a una bifurcación de la que va a depender su futuro.

Su opción, entonces, será determinante. Tanto en la dirección del cambio como en la del recambio porque, conviene no olvidarlo, los socialistas no están nada habituados a mantener relaciones de igualdad con el resto de la izquierda, que hasta ahora acababa siendo fagocitada por la Casa Común o más tarde por la Causa Común. Nunca en el PSOE se han encontrado en la situación en la que hoy está, y esa novedad encierra tantos elementos positivos como negativos a la hora de plantearse su vuelta, como el hijo pródigo, a la izquierda que en mala hora abandonó.

Terminar con esa copla -sin el PSOE o con el PSOE los males de la izquierda no tienen remedio- es tarea sobre todo de la nueva fuerza emergente que debe ser doblemente responsable. Por ella misma y por los socialistas. Si el socialismo no cambia de rumbo, se impondrá ese recambio hegemonizado desde, por y para la derecha.

Pero para poder abordar el cambio de los socialistas- premisa indispensable para ofrecer una política de cambio en la sociedad española- Podemos deberá reforzarse como partido superando no pocas de las enfermedades políticas infantiles con la que nació. Su influencia, ya muy importante, se incrementará notablemente en la misma medida que sepa convertirse en el eje políticoteórico de toda la izquierda.

Reintegrar a los socialistas en el movimiento popular, coordinar las izquierdas nacionalistas vasco, catalana y gallega con la española y ayudar a superar la tentación grupuscular aún existente en alguna sigla que parece olvidar que ya Trotsky criticaba duramente al POUM de Andrés Nin por negarse a insertarse en las grandes organizaciones.

De su correcta resolución depende que la involución que amenaza a la sociedad española pueda concretarse o no. El recambio que probablemente se impondrá el 20 de diciembre es inviable dado que se define como contrario a abordar los problemas desde una perspectiva democrática real. Ni la cuestión catalana, ni el pago de la deuda, ni la paz, ni la credibilidad institucional, pueden encontrar una salida al margen o contra cada una de reivindicaciones sociales específicas.

Su inviabilidad conducirá a una gradual dinámica autoritaria, salvo que el movimiento popular, una vez superadas sus propias contradicciones internas anteriormente esbozadas, sepa presentarse a la sociedad española con una alternativa basada en el cambio democrático.

La respuesta a crisis global que vive el Estado español, que resume tanto un pasado irresponsable como prefigura un futuro incierto, exige poner coto a los viejos demonios históricos siempre presentes en la historia de España. Aquí y ahora el cambio no reside tanto en avanzar como, sobre todo, en no retroceder.

Las elecciones del 20D cerrarán el ciclo de movilizaciones y protestas inaugurado por el 15M y expresarán su capacidad de representación política. A partir de esa fecha se abre otro escenario social y político, novedoso porque parece aventurarse que por primera vez desde la transición política, el gobierno del país descansará, necesariamente, sobre una coalición de partidos. Y también porque la emergencia de nuevas fuerzas y la desaparición o minorización de otras puede crear una nueva dinámica política.

La subversión del imaginario político producido por las movilizaciones más importantes de nuestra historia reciente ha tenido un impacto indiscutible en el modo en el que ha sido leída la crisis política y el reparto de responsabilidades por la misma. No obstante, el desplazamiento ulterior de la centralidad del debate hacia temas que responsabilizaban de modo genérico a las élites por la situación (casta y corrupción) disminuyeron el potencial de cambio de la agenda del 15M y han permitido un reposicionamiento de las clases dirigentes que, todo parece indicar, serán las que gestionen el día después de las elecciones.

Frente a la ilusión imaginada de que se abría un proceso de cambio, prácticamente imparable, que subvertiría el régimen político instaurado tras la transición y que permitiría la apertura de un proceso constituyente —o algo así—, la realidad es que lo que parece va a ocurrir es una recomposición política dentro de los bloques de la derecha y de la izquierda. Una recomposición cuyo saldo será una ampliación de la representación electoral de los partidos del sistema en relación con las perspectivas iniciales.

Crisis del bipartidismo

Es decir, que si la crisis del bipartidismo se había colocado como una condición del cambio de régimen, observamos ahora que, siendo cierta la pérdida de representación de los dos grandes partidos del panorama político español desde la transición, emerge una nueva configuración pro-sistema que mejoraría los resultados del bipartidismo de las últimas elecciones. En efecto, en el momento actual la suma previsible de votos de PP+Ciudadanos+PSOE supera ampliamente el 60%, mientras que las fuerzas del cambio, es decir, las fuerzas políticas que apuestan por una agenda de cambio real, apenas superan el 20% de los votos.

A estas alturas, sumar las expectativas de voto de Ciudadanos y Podemos como ejemplo de la alteración sustancial del panorama político es un error inducido por una lectura muy parcial de lo ocurrido en nuestro país. Si la cuestión fundamental era organizar una propuesta política en condiciones de modificar el régimen consolidado desde la transición y llevar adelante una agenda de cambio, es posible afirmar en el momento actual que esa expectativa está ampliamente superada por la realidad.

De hecho, Ciudadanos se ha convertido en el referente de los elementos «despolitizados» que incorporaba la agenda del 15M: lucha contra la corrupción y denuncia de los privilegios de las elites.
Hacer un relato realista puede parecer derrotismo pero me parece un sano ejercicio de reflexión de cara al día 21D.

Esperanza de la izquierda social y política

No obstante, las evidencias de cara al 20D deberían ayudarnos a reconsiderar una estrategia de acumulación de fuerzas para intentar, al menos intentar, cambiar las cosas en el medio plazo. La expectativa y la ilusión por el cambio pueden sufrir una decepción el 20D pero los resultados no agotarán la reserva de esperanza de la izquierda social y política por pensar que se puede dar la vuelta a la situación.

Einstein decía que la definición más apropiada de la locura era aquella que se refería al proceso mental según el cual haciendo siempre y repetidamente las mismas cosas, alguien espera que, no obstante, haya algo que cambie.

Pues bien, si después de las elecciones persiste el empeño por imaginar que el proyecto del cambio político debe sustentarse en propuestas superadoras del eje izquierda-derecha; o en fórmulas contrastadas de partidos que siguen afirmando su condición de vanguardia parasitando estructuras de representación plurales; o en prácticas político-culturales más propias del espectro persistente de Stalin, entonces deberíamos convenir en que algún tipo de locura asuela nuestro ecosistema político.

Pero hay razones, y muchas, para imaginar que puede abrirse un proceso constituyente de la izquierda transformadora, un proceso inclusivo, participativo que dé como resultado una nueva fuerza política tan indiscutiblemente vinculada a la izquierda como necesitada de nuevas prácticas, nuevos liderazgos y nuevas propuestas. Una propuesta que tenga en cuenta la situación confederal de la representación de la izquierda -a fecha de hoy- en el conjunto del estado. Esto significa convenir en que habrá varios centros posibles en condiciones de favorecer una iniciativa de estas características.

Y esta condición confederal remite no solo a la diversidad geográfica y política de la representación, también a la ideológica y organizacional. Mucha geometría variable y mucha mano izquierda para gestionar un proceso cuyo horizonte debe ser presentar a la sociedad española una alternativa política en condiciones de ser creíble y competitiva para las próximas elecciones locales y autonómicas. Las diferentes mochilas deben ser un importante activo en este proceso, no un impedimento.

Movilización y resistencia

Y entre tanto, una propuesta construida sobre la recuperación de la movilización social y de la articulación de las redes que persisten en su capacidad de propuesta y resistencia después de lo que ha llovido.

La campaña electoral será importante, sin duda, la masa de indecisos que a fecha de hoy no han decidido, todavía, a quien votar, pueden producir, aún, algunas sorpresas. Pero los parámetros generales en los que van a poder ser interpretados los resultados parecen muy consistentes.

Hay buenas razones para ser optimistas después del 20D a condición de no repetir los pasos que nos han extraviado y confundido y que han entregado a otros la antorcha del cambio. No se trata de buscar responsabilidades para regodearnos en la melancolía, se trata de pensar en grande. La famosa ventana de oportunidades sigue parcialmente abierta, pero como en los cuentos, una vez se cierre ignoramos los empeños y sufrimientos necesarios para poder reabrirla.

Las fuerzas del cambio se encuentran ante la misma tesitura que Daniel Lefebvre, el director de la escuela infantil en un barrio marginal de un pueblo francés devastado por la crisis, la rapiña capitalista, la ineficiente rutina de los viejos sindicatos y partidos políticos, y el abandono distante de las instituciones políticas diseñadas para contener el conflicto social y no para solventar los problemas de las gentes.

El maestro es el personaje principal prosaicamente heroico de una excelente película de Bertrand Tavernier cuyo título –Ca commence aujourd’hui– parafraseo parcialmente en el del artículo al que añado el subtítulo que resume los objetivos del cambio que, en mi opinión, necesitan en 2016 las clases subalternas y los pueblos del Estado español: vivir sin miedo.

Vivir sin miedo al paro, a perder la casa o la salud, a la guerra, el terror y la violencia –sea de género o institucional-, a no llegar a fin de mes, a gobernantes que deciden sobre nuestra existencia sin pedirnos opinión, a leyes mordaza y derechos menguantes de un Estado crecientemente autoritario, a unos tribunales que impiden la libre autodeterminación de los pueblos, a una UE cortada a la medida de los bancos, a un TTIP que da todo el poder a las multinacionales y se lo quita a los pueblos, a un cambio climático que de no detenerse traerá hambrunas, sufrimiento y conflictos. No es pedir mucho, son cosas sencillas las que configuran ese vivir sin el miedo que hoy atenaza a millones de personas en nuestra sociedad. Cosas sencillas que afectan a la gente y la gente entiende, cosas alejadas de los juegos de palabras vacías que rellenan tantas páginas y presiden tantos debates propios de las élites ilustradas y politizadas pero alejadas de la gente.

El tiempo que vivimos

Estamos desde hace años ante una crisis del régimen limitada pero real, expresada en la pérdida de credibilidad y legitimidad de los partidos (PP y PSOE) que han aguantado en comandita el arco de bóveda de la Constitución post franquista y de las políticas neoliberales de la Unión Europea. El 15 M abrió un ciclo de movilización social sin el que no se puede entender ni la impugnación de los partidos del sistema ni la aparición de las nuevas fuerzas políticas. A la par fue creciendo la movilización de masas por la independencia en Cataluña tras las reiteradas trabas de los aparatos del régimen al derecho a decidir.

Estado de movilización social que en ambos casos cedió y dio paso a la ilusión y esperanza en la acción institucional que ha crecido durante el ciclo electoral que, en lo fundamental, se cierra el 20-D. Movilización que también supuso un proceso de politización masivo que alienta un ciclo político que no culminará el 20-D y que muy probablemente seguirá operando tanto en los próximos comicios de la Comunidad Vasca y en Galicia, como en los muy posibles comicios bis en Cataluña y también durante una legislatura post 20-D de las Cortes de equilibrios inestables.

Y, por supuesto, operará de nuevo en las calles si el movimiento social logra recuperar su autonomía y voz propia y deja de estar a la expectativa de lo que ocurra en la esfera electoral y de actuar por persona interpuesta. Desde 2011 se ha abierto y cerrado un ciclo de movilización social y otro electoral, pero el ciclo político general sigue abierto. Podemos, las candidaturas de unidad popular y los gobiernos municipales por el cambio son los agentes políticos que pueden impulsar el cambio con mayúsculas.

¿Qué cambio?

¿Qué entendemos por el mismo? ¿Qué contenidos lo sustancian? ¿Cómo los determinamos, escogemos y priorizamos? Para responder a estas cuestiones opino que debemos partir de un diagnóstico -obligadamente subjetivo- del “estado de la cuestión” a partir de las herramientas analíticas disponibles y establecer propuestas sobre el cambio necesario. El 25 de octubre de 2014, en un artículo titulado Un país por rehacer [http://www.publico.es/552432/un-pai…] publicado en este mismo medio al calor de la Asamblea Ciudadana de Podemos en Vista Alegre, afirmé que “Tenemos el mismo dilema que ante la casa en ruinas. Tapar las grietas o construir de nuevo. Cambiar la Constitución o cambiar de Constitución. Remozar caducas fórmulas -neoliberales o keynesianas- o buscar urgentemente nuevas alternativas no capitalistas.” En esa contexto propuse que “La hoja de ruta por tanto tiene cuatro elementos: victoria electoral, movilización y poder popular, programa de ruptura democrática y de mayoría social y un gobierno a su servicio, capaz de concitar una nueva Constitución”.

¿Ha cambiado algo desde entonces en la situación de las clases subalternas o en el seno del propio régimen? No, en absoluto. Pero sí que ha habido modificaciones en el plano subjetivo. Eran los tiempos en los que existía una perfecta correlación entre propuesta y apoyo electoral a Podemos. Entre la radicalidad democrática y social del discurso anti neoliberal de Podemos que configuró una nueva transversalidad política en torno a los problemas centrales que afectaban a la mayoría social y la intención de voto a la nueva formación expresada en las encuestas que llegaron a situarla como primera o segunda fuerza en las elecciones legislativas. Posteriormente el sector populista de izquierdas transformó el proyecto Podemos en mera máquina de guerra electoral y la búsqueda de El Dorado electoral, el mítico centro político.

Ello comportó importantes giros y bandazos en el discurso y el programa, situando como contradicción más relevante la existente entre lo “viejo y lo nuevo” o dejando de lado gran parte de las propuestas insertas en el ADN de la formación, derivando hacia propuestas regeneracionistas acompañados de pérdida de frescura y mayores dificultades para la participación activa democrática desde los círculos.

El resultado de todos conocido es que tras la reacción de los partidos del régimen y el diseño desde conocidos despachos de las empresas del IBEX de un recambio joven regeneracionista y de orden, el partido populista de derechas Ciudadanos, Podemos aborda las elecciones con una merma de expectativas, lo que deberá superar en el marco de la campaña electoral (y tras el 20-D) para poder lograr el fin que se marcó en su nacimiento: ganar las elecciones generales. Y desde ahí desplegar sus propuestas.

Los vectores del cambio

El cambio necesario (y posible si se logran acumular suficientes apoyos para cambiar la actual correlación de fuerzas) que debería plasmarse en el programa y la acción del gobierno tiene dos grandes vectores en la propuesta originaria de Podemos:

1º.- Un giro en la orientación de las políticas económicas que acabe con las medidas de austeridad, la disciplina fiscal impuesta por la Comisión de la Unión Europea, la entrada de la lógica de la ganancia privada en todos los “nichos” de mercado mediante la privatización inducida desde las instituciones y un modelo productivo ambientalmente insostenible y con graves deformidades, metástasis y carencias desde el punto de vista económico.

Hay que acabar con una política que está produciendo sufrimiento, no permite la creación real de empleo con la calidad y en la cantidad necesarias, conlleva una injusta distribución de los ingresos y la riqueza a favor de un capitalismo confiscatorio y extractivista, favorece un modelo energético basado en las fuentes de energía fósil dependiente del exterior y sumamente contaminante que implica una amenaza para la biosfera y, por tanto, para la vida humana.

Ello supone emprender una política pública activa directa en la economía que no podrá realizarse si perdura el poder del oligopolio de las empresas energéticas / eléctricas y de las finanzas, sigue la desfiscalización de la Hacienda Pública y perviven leyes como la reforma laboral. Más pronto que tarde el cambio requerirá la titularidad pública de las empresas que controlan las mercancías estratégicas: energía y dinero; una reforma fiscal que invierta la lógica actual y una legislación laboral que asegure los derechos de las clases trabajadoras frente a una patronal voraz.

2º.- El inicio de un proceso constituyente (realmente hay que hablar de procesos en plural dada la diversidad plurinacional existente en el Estado español) que nos dote de un nuevo acuerdo de y para la ciudadanía, de y para los pueblos. La arquitectura de los Pactos de la Moncloa (1977) y de la Constitución de 1978 fue la respuesta de las élites postfranquistas –en connivencia con los representantes de la izquierda mayoritaria del momento- frente a las necesidades y demandas existentes asegurándose un doble objetivo: dar poco (sustantivo y exigible) para recibir mucho (pedigrí democrático), conceder para contener.

Por lo tanto, si bien conllevó nuevas libertades y derechos los cercenó de entrada y mantuvo “bajo control” y lejos de constituir un pacto de convivencia entre iguales y libres, produjo un marco político-jurídico cuya funcionalidad fue evitar que el cambio tuviera la extensión e intensidad necesarias. Desencanto y desmovilización del lado popular y hegemonía e impunidad para la oligarquía económica y la casta política son los lodos tangibles de aquellos polvos.

El nuevo acuerdo que fundamente una convivencia y un proyecto común exige un proceso participativo del conjunto de la sociedad, la total libertad para decidir y la ruptura democrática que acabe con los cerrojos de la Constitución de 1978 y concluya en una nueva institucionalidad. Ésta ayudará a la elaboración de un nuevo discurso frente a la mistificación del dominante sobre la Transición, construirá una nueva legitimidad libre de residuos franquistas y supondrá un nuevo marco que no impida sino favorezca el cambio social y económico.

La mera reforma constitucional puede funcionar como anabolizante para relegitimar el régimen o de calmante ante algunas demandas más coyunturales, pero no podrá cauterizar la enfermedad y los problemas volverán a reaparecer en una desgraciada versión del día de la marmota de otro film, Atrapado en el tiempo.

La Constitución que necesitamos tiene una naturaleza muy diferente a la vigente: libre autodeterminación de las naciones, defensa defensiva no ofensiva, neutralidad, desconexión y desvinculación del aparato militar de la OTAN y recuperación de la soberanía sobre las bases militares, sistema electoral absolutamente proporcional a población y votos, iniciativa legislativa, referéndum vinculante, derechos garantizados y exigibles al ingreso mínimo, el trabajo, la vivienda, la sanidad, la educación, la seguridad y protección social. Recalco las palabras “derechos exigibles” en los tribunales.

¿Quiénes y dónde?

¿Es posible el cambio que califico de necesario con un gobierno del PP o de coalición del mismo con Ciudadanos o de gran coalición con el PSOE? Es evidente que no. ¿Podría encabezar un gobierno del cambio el PSOE con o sin Ciudadanos? No lo creo, el partido socialista ha tenido suficientes ocasiones de enderezar su rumbo y ahora no existe indicio alguno en su programa y su discurso que así lo indique. Ya no son útiles las fórmulas de alternancia conocidas. Por ello mismo también descarto cualquier fórmula de colaboración de las fuerzas del cambio con el PSOE en el seno del gobierno. Echar al PP del gobierno es necesario pero no suficiente. En tanto que necesario será legítimo, si así lo demanda y permite el resultado electoral, impedir un gobierno de derechas y posibilitar tras negociación la investidura socialista, sea de forma simple o con el modelo balear o el portugués.

Para rehacer el país es necesario tener presente que no hay cambio alguno sin cambio de gobierno. Un gobierno es un programa y este es un compromiso ante el electorado al que se le propone un modelo de sociedad. Su elaboración depende de la deliberación colectiva de quienes impulsan el cambio. La demoscopia no sirve para elaborar un proyecto de sociedad pero sí para detectar las oportunidades y las dificultades para llevarla adelante. Pero, no lo olvidemos, el programa es también un catalizador de ilusiones y cambios en la conciencia social.

La pre-condición para un gobierno del cambio es que haya una nueva correlación de fuerzas social, política y electoral en la que las fuerzas del cambio sean hegemónicas. Pues el gobierno del cambio deberá ser un gobierno valiente y tener una hoja de ruta clara en los diferentes escenarios que se presenten para que no le tiemblen las piernas ante la Troika o sus aliados autóctonos. Y contar con un pueblo organizado, movilizado a favor del cambio y exigente. Este y no otro es el mayor activo con el que tiene que contar el gobierno del cambio.

¿Cómo? El factor organización, la estrategia de unidad popular

Las fuerzas del cambio son plurales y diversas. El mapa político varía por nacionalidades e incluso ciudades. Junto a Podemos han aparecido nuevos agentes políticos como las candidaturas locales de unidad popular y los gobiernos del municipales del cambio. Y siguen existiendo partidos y organizaciones políticas de izquierda pre existentes y cuya contribución es necesaria. Ningún partido representa a todo el pueblo; ello ni es posible ni deseable tras la experiencia estalinista. Pero tan importante como lo anterior es la existencia de múltiples formas de organización social que tejen la red de los movimientos populares.

Dada la correlación de fuerzas (electoral según las encuestas, pero también y de modo determinante, la existente entre las clases sociales) es posible que el 20-D no resulte la tempestad que hace unos meses podíamos intuir / soñar ante unas elecciones generales. Pero nada será igual al día de antes. Y sobre todo el proceso de construcción de un bloque político y social alternativo al dominante se verá reforzado, se abrirán nuevas posibilidades; lo que es importante en un periodo que presumiblemente será de alta volatilidad política.

En estas condiciones ¿es posible un gobierno del cambio? A un mes vista las urnas dirán. A medio plazo, tras el 20-D, será posible si se inicia un proceso caracterizado por el impulso de políticas de unidad de acción entre las fuerzas de izquierda y de unidad popular más allá del perímetro de los partidos con el objetivo de crear un amplio movimiento contra la austeridad y por el proceso constituyente. El arte de la política es organizar el cambio de la correlación de fuerzas para hacer posible lo necesario.

En esta tarea juega y jugará un papel central Podemos, siempre y cuando efectúe una labor desde el parlamento consecuente con lo expuesto y tras el 20-D proceda a su refundación para mutar de una máquina electoral vertical centrista en una organización antineoliberal incluyente, democrática y participativa. Para ello será necesario un nuevo Vista Alegre.

No puedo estar más de acuerdo con los elementos que las ponencias anteriores han enumerado como parte imprescindible del cambio del sistema político y del sistema económico y social. Y sin embargo, si consiguiéramos construir un cambio con todos esos elementos, sin tener en cuenta el feminismo ciertas cosas no cambiarían nada para la mitad de la población.

Las mujeres seguiríamos estando infrarrepresentadas en política, siendo más pobres y cobrando menos que los hombres, sufriendo todo tipo de violencias por el hecho de ser mujeres y por supuesto, seguiríamos ocupándonos mayoritariamente de los trabajos de cuidados y reproductivos.

Y es que no hay más vieja política que la hecha exclusivamente por hombres. Podremos construir un sistema político más democrático, más abierto a la ciudadanía, más transparente y participativo; pero si las mujeres no participan en igualdad, ni tienen puestos de responsabilidad y liderazgo, no será tan democrático como nos gustaría ni asegurará la igualdad de oportunidades de la manera a la que aspiramos.

El cambio que llegó en las municipales lo hizo liderado por las mujeres (Ada Colau, Manuela Carmena, Mónica Oltra), y lo hizo además con unos principios y mecanismos de participación (entre otros la paridad y las listas cremallera) que favorecieron el protagonismo de las mujeres en este proceso de construcción de alternativas políticas y ciudadanas a nivel local.

Seis meses después no hay ni una sola mujer candidata a la presidencia del gobierno y las mujeres encabezan 1 de cada 3 listas. Esto supone que en un escenario de reparto de escaños entre más partidos, entrarán más números 1 (mayoritariamente hombres). Podría darse entonces la circunstancia de que tengamos un parlamento de los más masculinizados, a pesar de la ley de paridad (que obliga a un mínimo de 40% de mujeres en las listas en tramos de 5) .

Porcentaje de participación

Mientras el porcentaje de participación de la mujer no se aproxime a su peso porcentual en el total de la población (¡51%!) habrá que seguir hablando de barreras y desigualdad. Si realmente queremos un cambio en la cultura política, hay que poner los medios necesarios para eliminar obstáculos y facilitar la participación de las mujeres, promoviendo su visibilidad y liderazgo. La menor presencia en número y cargos de responsabilidad no es fruto del azar o de la menor preparación, sino otra manifestación de la desigualdad que las mujeres sufrimos por el mero hecho de serlo.

Y esta es la segunda dimensión del cambio: cómo eliminar las desigualdades estructurales que el patriarcado, gran aliado del capitalismo, ha conseguido institucionalizar en nuestra economía, nuestra sociedad y nuestras relaciones personales. A día de hoy existen dos cuestiones prioritarias: la violencia machista y la desigualdad económica. Ambas exigen una acción política específica, porque nos convierten a las mujeres en ciudadanas de segunda.

Y lo hacen hasta tal punto que muchos hombres ejercen la violencia física, sexual y psicológica hacia nosotras con total legitimidad moral e impunidad social, sin que ni las instituciones ni las administraciones públicas lo vean como una prioridad política. Igualmente, los mayores datos de pobreza feminina, desempleo, precariedad laboral y la brecha salarial ponen de manifiesto que la independencia económica es para muchas mujeres inalcanzable. Hecho que no se asume como una merma de nuestros derechos, sino como una “circunstancia del mercado”.

Reparto del trabajo productivo

Sin embargo, cualquier cambio en nuestro sistema quedará incompleto si no aborda el reparto de trabajo reproductivo. Ese trabajo que realizan mayoritariamente las mujeres en todo el mundo, ese que es imprescindible y que no aparece en ninguna estadística ni indicador de progreso o riqueza. Nuestro modelo de sociedad, producción y consumo está basado precisamente en esa fuerza de trabajo gratuita que somos las mujeres y que realizamos las tareas básicas para la vida. Si tuvieramos que pagar ese trabajo en la sombra el sistema se colapsaría

La conciliación no basta, acaba siendo una trampa para las mujeres (la doble jornada). Hay que trabajar por la corresponsabilidad, los hombres y las instituciones deben asumir su parte en este trabajo esencial para la sociedad. Porque no nos engañemos, la desigualdad social, económica y política de las mujeres tiene su origen y es consecuencia de asumir sin remuneración, sin visibilización y sin reconocimiento el trabajo más básico que necesitamos como sociedad: el de cuidar de la vida.

¿Cómo hacer que la igualdad formal se traduzca en igualdad real? He aquí el doble reto del cambio: asegurar una mayor participación política de las mujeres para conseguir eliminar el origen de las desigualdades. Si asumimos este reto como democrática, ética y políticamente ineludible, no queda otra que incorporar el feminismo al cambio.

Sin duda el 20D es una oportunidad de cambio; prefiero, sin embargo, hablar de una necesidad de cambio. Lo que está en juego es cerrar en falso la actual crisis o llevar a la práctica la potencialidad de ruptura y la esperanza de un cambio radical que, tras el 15M y las Mareas, surgió con la irrupción de Podemos en las Elecciones Europeas. Recomposición del régimen del 78 o ruptura e inicio de un Proceso (o procesos) Constituyente.

Pero esta mirada hay que completarla con otra que rebasa las fronteras nacionales. Lo sucedido este verano, lo que ahora mismo está sucediendo, lo que pasará mañana, ha modificado, pienso que de una manera sustancial, nuestra percepción de la Unión Europea.

¿Se ha desvanecido el sueño de Europa?, ¿se ha convertido en pesadilla?, ¿el sueño de la razón europea está alumbrando nuevos monstruos? Tal parece cuando se ha humillado y condenado a la miseria al pueblo griego, nuevo Sísifo encadenado a una deuda tan impagable como ilegítima, castigo ejemplar para que todos entendamos que en la actual Europa no es posible desviarse ni un ápice de la ortodoxia neoliberal que está sumiendo en la desesperación a sus pueblos (¡uno de cada tres niños y niñas españoles están bajo el umbral de la pobreza!).

Tal parece cuando muros, vallas, verjas, concertinas, ejércitos, policías… se despliegan para negar la tierra y el asilo a medio millón de seres humanos a los que previamente se ha desposeído de sus hogares por guerras emprendidas, financiadas y alimentadas por países de la Unión.

Regresión a la vieja Europa

Olvidados en el barro y el frío del invierno, ya ni siquiera ocupan portadas ni abren los informativos. Es la vieja Europa de la intolerancia, el fascismo y la xenofobia; y es esta —aunque se envuelva en retórica humanitaria para justificar su rechazo o su inacción— la política que se dicta en Bruselas. Vuelven los fantasmas —o acaso nunca se habían ido—.

El fascismo como política de estado en Hungría, en Polonia, desfilando en la noche por las calles de Dresde tras las pancartas de Pegida. El terrorismo fascista sembrando la muerte en las calles de París. Un gobierno decretando y prolongando el Estado de Excepción, detenciones preventivas, una propuesta de reforma de la Constitución que otorgue plenos poderes al ejecutivo en caso de declararse el Estado de Excepción. Bruselas en estado de sitio durante tres días. Una guerra ya decretada. Y la retórica, la obscenidad de las palabras.

Rubén Amón, enviado especial de El País a París, escribía el 16 de este mes sobre la misa celebrada en Notre Dame: “Una misa de recogimiento y exaltación patriótica, hasta el extremo de que el organista de la catedral interpretó con estruendo La Marsellesa mientras el arzobispo de París, monseñor Vingt-Trois, predisponía el sacramento de la comunión”.

Y añade, antes de evocar la bandera tricolor iluminando las pilastras del altar mayor, esta frase estremecedora: “Comunión en Cristo, en el dolor y en la patria.” Es el mismo cronista que, el día 22, se siente deslumbrado ante “el gendarme de Francia”: “Impresiona la reinvención de Hollande y deslumbran sus galones de guardián del planeta”, “se erigía en gendarme de la patria y confortaba a un país en estado de psicosis entonando La Marsellesa en Versalles”.

¿Les suena este lenguaje? ¿Ha regresado el viejo Mariscal, la retórica de Vichy, los tiempos de la Acción Francesa? Puede parecer excesivo; es cierto, pero acabamos de ver a un presidente socialista asumir, como medidas de gobierno, las propuestas del Frente Nacional de Marine Le Pen. Me temo que son muchos los signos que asemejan la situación actual con la de los años 30. Hoy, como entonces, el lenguaje no es inocente.

Bernard–Henri Lévy nos deja un La guerra, manual de instrucciones donde justifica la detención preventiva de todos los sospechosos, si bien reconoce que “es un gesto delicado, que está siempre al borde de las leyes de excepción” (El País, 17/11) y se cita, como siempre en estos arrebatos de ardor guerrero, a Churchill. Y llega el tiempo del desprecio: “Es hora de que los tontos útiles dejen de serlo y se definan” porque “hay que tomar partido” en este “guerra terrorista mundial” y no “seguir bañándose en las aguas tibias del buenismo” pues “no hay más remedio a veces que ensuciarse las manos, sacrificar la pureza moral y elegir entre lo malo y lo peor” nos dice John Carlin, de nuevo en El País (23/11) aunque, concede el autor, “es verdad que los bombardeos de la aviación de EE UU y sus aliados han causado muertes de civiles”. Y de nuevo Rubén Amón, y de nuevo en el mismo diario (24/11), arremete contra el “pacifismo utópico”, “los argumentos sesentayochistas” y la vaciedad de intelectuales y gentes de la cultura seducidos por un engañoso “No a la guerra”.

Ejemplos de la prensa española porque este debate, o este falso dilema entre seguridad y libertad, también se dirime el 20D. Y ha entrado ya en campaña. Rajoy se reúne con un Pedro Sánchez que reivindica las bondades del pacto antiyihadista (el que ha permitido, con los votos del PSOE, la introducción en nuestro Código Penal de la cadena perpetua), Albert Rivera llama a la puerta con entusiasmo y no descarta la implicación bélica de España con un gobierno en funciones, un Congreso ya disuelto y una simple reunión de la Diputación Permanente. Entre tanta insensatez sólo la actitud de Podemos y de Alberto Garzón aportan la esperanza de un mínimo de cordura.

Otra Europa

Porque el 20D también nos jugamos esto, porque algunos o muchos nos negamos a elegir entre lo malo y lo peor, no aceptamos la lógica de la muerte, ni la del terror y el miedo impuesto, ni tenemos ni queremos tener las manos manchadas.

No es nuestra Europa la de la xenofobia y el racismo, la que niega acogida a quienes huyen del espanto de la guerra y permanecen hacinados en el frío invierno frente a nuestras fronteras, la que impone políticas de austeridad que provocan unos niveles de desigualdad social y miseria como no habíamos visto en Europa en muchos años.

La posibilidad de frenar estas políticas, de detener esta Europa que se precipita hacia el desastre es también una oportunidad del 20D. Pero, como sucede con el cambio climático, estamos ya en tiempo de descuento.

Y habrá que reclamar la paz en las calles y en ellas expresar nuestra solidaridad con las víctimas del terror, de nuevo decir No a la guerra y no olvidar. Lo ya sucedido, lo que está sucediendo (refugiados con los labios cosidos ante las alambradas de la Europa fortaleza, los bombardeos y la población civil masacrada en Oriente Próximo…) y lo que aún no ha sucedido y puede volver a suceder.

Me alegra muchísimo comprobar cómo estamos de acuerdo en que lo esencial del cambio ha de ser, tanto una trasformación de las relaciones entre las personas (en la familia, la economía y el Estado) como entre las personas y la Naturaleza.

Sin embargo parece evidente que para impulsar y sostener en el tiempo estas transformaciones se hace necesario un cambio de paradigma educativo y cultural, que supere la patética situación actual. En efecto, basta ojear el suplemento cultural de cualquier periódico para darse cuenta de algunos de los peores rasgos de la cultura ‘oficial’: el elitismo, el esoterismo, el diletantismo y la pedantería. En cuanto a la cultura ‘popular’, a menudo en sus manifestaciones asoma sus orejas la vulgaridad de la ‘canaille’. Y en el medio de todo esto, una deslavazada ‘industria cultural’ -la de la mayoría de los medios de comunicación, los best-sellers y el cine de Hollywood- llena de trivialidades. ¿De verdad podemos cambiar el mundo con estos recursos?

Convendría recordar que en el momento histórico en que se proclamó la Segunda República en España, existía una rica tradición cultural de prensa obrera y republicana, de revistas satíricas, de ateneos y casinos donde las clases populares encontraban no sólo esparcimiento sino también dignas elaboraciones culturales. Operaban, por decirlo así, unos ‘vasos comunicantes’ entre la cultura de la élite y la cultura popular, tanto en un sentido interdependiente como dinámico. Y se tenía muy claro de que lo que se buscaba no era sólo defender intereses gremiales o particulares, sino a la vez un cambio de civilización, o sea, una cultura nueva.

Por lo tanto, aquellos que se muestran impacientes por el cambio y se desaniman ante cualquier eventualidad negativa, deberían tener en cuenta estas cosas y aceptar que las obras realmente grandes y hermosas son hijas del Trabajo y la Inventiva, y que no se consiguen en dos días. Además de la consabida democracia, necesitamos cultura, cultura y más cultura.

La principal responsabilidad de las organizaciones y de la gente de izquierdas es crear las condiciones para derrotar al PP. Cuatro años más de gobierno “popular” no solo profundizarán en la inequidad de sus políticas, sino que harán que muchas de sus contrarreformas sean irreversibles. Una mayoría conservadora nos abocará irremediablemente a una segunda transición bajo su liderazgo. Vistas las encuestas, todo indica que el objetivo de vencer será difícil, pero no imposible. A pesar de los errores cometidos hasta el momento, aún hay un margen para ganar.

¿Quiénes podrían vencer? La suma de los espacios electorales que movilizan al electorado progresista y de izquierdas en España. Espacios electorales representados por diferentes siglas –Podemos, PSOE, IU, EQUO, ICV, Compromís, CHA, Mareas, candidaturas de confluencia–, con trayectorias y programas, unos más próximos y otros más distantes, pero que comparten todos algo en común: un electorado que pide cambio.

Las izquierdas, como pasa en todo proceso electoral, competiremos entre nosotras, nos criticaremos, habrá un intercambio de reproches; pero creo que, en las actuales circunstancias, no ha lugar la deslegitimación del otro. Cuando se entra en la deslegitimación de tu competidor, consigues siempre un doble efecto: que su electorado no te escuche –nadie acepta haber votado nunca a un desecho político– y poner muy difícil una entente postelectoral.

Responsabilidad, pues, en identificar el principal objetivo electoral: vencer. Y madurez para afrontarlo. En primer lugar, madurez programática. Lanzarse a realizar propuestas que luego no se pueden cumplir es un disparate. Un error que siempre provoca frustración. Son necesarios programas de gobierno que sepan diferenciar con claridad los necesarios planes de choque para aliviar las situaciones más críticas que sufren sectores de nuestra sociedad, con las reformas más profundas y estructurales, que exigen siempre más tiempo y consenso. Y madurez en el tono de la campaña. Planteamientos ambiciosos de cambio exigen un discurso pedagógico, propositivo y amable. Más centrado en explicar las razones de los cambios propuestos y en los potenciales existentes para realizarlos. Un discurso en el que la ciudadanía vea reflejados sus problemas y anhelos. Un discurso de la esperanza.

Estas elecciones van a ir de economía, de crisis social y de Catalunya. Los atentados de París ponen encima de la mesa las cuestiones de defensa y seguridad. Y digo los de París porque lamentablemente los de Estambul, Beirut o Mali no conmocionan a nuestras opiniones públicas. Creo que, además, deberíamos ser capaces de incorporar a la agenda electoral regeneración democrática y Europa.

Y empezaré por la Unión Europea, la eurozona. Todo programa de gobierno que no explique cuáles serán las posiciones que se defenderán en Europa, que a su vez es nuestra ventana a la globalización, debería ser rechazado por el electorado. Un programa de izquierdas europeo se puede resumir en dos cuestiones: frente al proceso de renacionalización que sufre la UE, más y distinta Europa, y desarrollo frente a austeridad. Vista la experiencia griega, queda claro que una mayoría de izquierdas en un solo país es insuficiente; es necesaria y posible una coalición de países, que podría empezar en el sur, que plante cara a la Troika.

El hartazgo ciudadano con la corrupción política es palmario. Acabar con ella, más transparencia y mejor gestión de los servidores públicos deben ser compromisos claros. Pero el principal reto es desparasitar el Estado. Un atávico problema de España es la ocupación e instrumentalización del Estado por unas clases extractivas. Hasta el momento, el poder político ha estado al servicio de las mismas. Avanzar en un proceso de desparasitación, creo, que sería algo histórico.

El llamado “problema catalán” no hay que conllevarlo, como afirmaba Ortega y Gasset: hay que resolverlo. Hablar de Catalunya, desde una visión laica, es hablar de pluralidad, de derechos y solidaridad. La única España posible es la España plural, y ésta solo se construye desde el acuerdo que sume las diferencias. La principal reivindicación catalana no es tanto de competencias o fiscal, sino del reconocimiento de Catalunya como sujeto político que quiere resolver por sí sola su pertenencia o no y en qué condiciones en un proyecto común que se llama España. Y esto solo se dilucida mediante un referéndum legal y pactado.

España sufre sus particulares crisis humanitarias. Los índices de pobreza y exclusión social son alarmantes. Los recortes en los servicios públicos, la reforma laboral y los costes de los servicios básicos acentúan la crisis social. Emergen nuevas formas de pobreza: pobreza energética o pobreza laboral. Son necesarios compromisos claros que concreten planes de choque para aliviar la difícil situación que atraviesan muchas personas y familias.

Las principales decisiones económicas se tomarán en Europa. Ya sean las relativas a la redefinición del gobierno de la Eurozona, reforma del BCE, mutualización de la deuda, planes de inversión, unión fiscal y bancaria y un largo etcétera. Pero el nuevo gobierno progresista debe afrontar dos retos económicos: el cambio de modelo productivo, objetivo que solo será posible si se produce una alianza entre el mundo del trabajo y los sectores empresariales que representan a la economía real. Cambio que solo será viable si abordamos también una reforma empresarial.

En la España de las micros y pequeñas empresas, nos falta un mayor tejido de empresas medianas. La transición del actual modelo productivo a uno nuevo basado en la economía de calidad y verde debe ser liderada por los poderes públicos. Solo ellos pueden garantizar su viabilidad mediante la inversión, y que esta transición sea justa.

Sin políticas de seguridad y defensa no se puede gobernar el Estado, como máximo se puede estar en la oposición. Sin realismo geopolítico, fracasaremos. La seguridad de Europa pasa por la estabilidad de Libia, Siria o Irak. La estabilización de estos países y zonas requerirá tiempo y acierto en las políticas. Será necesario marcar objetivos de estabilización respaldados por grandes coaliciones internacionales y especialmente por los actores de la zona.

El llamado “mundo occidental” deberá asumir sus errores, los efectos desestabilizadores que han tenido políticas, hacia estos países, basadas en la rapiña y los intereses económicos. Una de las deudas a pagar es responder positivamente a la crisis humanitaria que representan los cientos de miles de refugiados agolpados en nuestras fronteras.

Pero no nos engañemos, la amenaza yihadista existe y hay que responder a la misma, también desde los servicios de inteligencia, policiales o militares. Quien no convenza a la ciudadanía de que es capaz de garantizar seguridad frente a riesgos de atentados, fracasará. La izquierda ha de arrebatar a la derecha la bandera de que ellos son los únicos capaces de garantizar la seguridad.

¿Cómo? Conjugando seguridad con libertad. ¿Cómo se conjuga? Desde el respeto al Estado de Derecho y el control judicial. El nuevo partido Podemos y las coaliciones entorno a él aportan fuerza, ilusión y ambición a la izquierda española y lo que es más importante voluntad de ampliar la base electoral. Esto solo será posible si somos propositivos, si nos instalamos en la “izquierda del sí”, la del “no” tiene un techo demasiado bajo para vencer.

Todas las intervenciones hasta ahora obvian un hecho fundamental: todos los males que acucian al ser humano –pobreza extrema derivada de desigualdades, guerras, falta de perspectivas y de libertad- tienen su origen en una estructura llamada Capitalismo que no es solo organizativa –política y económica- sino ante todo de valores y también cultural. Por lo tanto, todas las propuestas que acepten este marco organizativo y se muevan en él no supondrán un cambio sustancial, ya que la lógica misma del Capitalismo conlleva esos males.

Otra obviedad olvidada es que es igual quién gobierne en España o incluso en Alemania, no se podrán aplicar políticas sociales ni ecológicas pues el sistema requiere la desigualdad, la miseria y el consumo desproporcionado de recursos. La voluntariosa ingenuidad de la izquierda reformista, depositando su esperanzas de “cambio” en los resultados de unas elecciones ¡en España!, es una peligrosa irresponsabilidad.

Concluyo la crítica señalando que la “vía institucional”, alcanzar el poder mediante elecciones, está cerrada por el abismal desequilibrio de poder entre los grupos dueños del capital y las personas desposeídas. Ese 1% detenta un poder omnímodo, puede controlar los medios de masas, las redes sociales y por ende la opinión, el imaginario, la cultura entera, y entre todo ello el voto. Para mantener el espejismo del posibilismo democrático, toleran una disidencia controlada, manteniéndola en la inocuidad, y pueden aplastarla a su antojo si creciese lo mínimo para hacerles cosquillas.

Es necesario tener la valentía y la sinceridad de aceptar lo expuesto y entonces plantearse ¿qué hacer?

La respuesta es: autoorganización. El cambio es tan fácil como hacerlo desde ya, uno mismo, sus amigos y personas cercanas. El objetivo, crear estructuras solidarias capaces de producir todo lo que se necesita: alimento, energía, vivienda, productos industriales; todo ello al margen del mercado, del Estado y del entero sistema. Esto presupone la consolidación de un imaginario de valores opuesto al del Capitalismo: solidaridad en vez de competición, colaboración en lugar de explotación, la felicidad obteniéndose del participar en la mejora de la comunidad en lugar de por la ostentación de poder frente al que está debajo.

¿Parece demencial, utópico? Normal, el poder se encarga de que sea así: que lo que existe sea lo único posible, ocultar la alternativa porque lo que no se ve no se puede siquiera imaginar. Pero existe y cientos de miles de personas se organizan a lo ancho del mundo en comunidades solidarias y ecológicas para vivir de forma autosuficiente, en una sociedad justa con las personas y el medio ambiente. Redes como Global Ecovillage Network o Red Ibérica de Ecoaldeas trabajan desde hace años por el verdadero cambio: un cambio esencial, de modelo a todos los niveles: ético, económico, político.

Infórmense pues de las alternativas, y emprendan desde ya el verdadero cambio, que es construir uno mismo una sociedad justa.

Me alegra muchísimo comprobar cómo estamos de acuerdo en que lo esencial que debe representar el cambio ha de ser, tanto una trasformación de las relaciones entre las personas (en la familia, la economía y el Estado) como entre las personas y la Naturaleza.

Sin embargo parece evidente que para impulsar y sostener en el tiempo estas transformaciones se hace necesario un cambio de paradigma educativo y cultural, que supere la patética situación actual. En efecto, basta ojear el suplemento cultural de cualquier periódico para darse cuenta de algunos de los peores rasgos de la cultura ‘oficial’: el elitismo, el esoterismo, el diletantismo y la pedantería. En cuanto a la cultura ‘popular’, a menudo en sus manifestaciones asoman las orejas de la vulgaridad y la ‘canaille’. Y en el medio de todo esto, una deslavazada ‘industria cultural’ -la de los medios de comunicación, los best-sellers y el cine de Hollywood- llena de trivialidades. ¿De verdad podemos cambiar el mundo con estos recursos?

Cuando se proclamó la Segunda República en España, existía una rica tradición cultural de prensa obrera y republicana, de revistas satíricas, de ateneos y casinos donde las clases populares encontraban no sólo esparcimiento sino también dignas elaboraciones culturales. Operaban, por decirlo así, unos ‘vasos comunicantes’ entre la cultura de la élite y la cultura popular, tanto en un sentido interdependiente como dinámico. Y se tenía muy claro de que lo que se buscaba no era sólo defender intereses gremiales o particulares, sino a la vez un cambio de civilización, o sea, una cultura nueva.

Aquellos que se muestran impacientes por el cambio y se desaniman ante cualquier eventualidad negativa, deberían tener en cuenta estas cosas y deducir de ello que las obras realmente grandes y hermosas son hijas del trabajo y la inventiva, y que no se consiguen en dos días. Además de la consabida democracia, necesitamos cultura, cultura y más cultura.

El problema de fondo que está en el debate propuesto por Espacio Público se sitúa en el contenido real de la etapa política actual y la perspectiva probable. De la respuesta que demos dependerá, en medida importante, el papel de las fuerzas de cambio en general, y el de la izquierda transformadora, en particular.

Tras una evolución ascendente de las fuerzas progresistas que culminó con el éxito de las candidaturas conjuntas de la nueva izquierda municipalista en las grandes ciudades del país, se aprecia una tendencia más bien inversa, donde el bloque dominante ha dado muestras de una importante capacidad de reacción.

El relevo en la jefatura del Estado, la creación de Ciudadanos como proyecto estatal, la ligera mejora de la situación económica y la agenda impuesta por la dinámica independentista, han frenado los apoyos a las fuerzas más comprometidas con el cambio político del país. Situación que se ha profundizado con los atentados en París del 13 de noviembre, que ha incorporado el problema de la seguridad y de la guerra contra el ISIS a la agenda política. Dinámica de reacción del régimen a la que ha ayudado el fracaso de la conformación de listas unitarias por parte de la izquierda transformadora.

La ruptura del consenso social y político que ha caracterizado a nuestro país durante las últimas tres décadas y la fuerte protesta social, han hecho que los sectores más decisivos de las clases dominantes (el sector financiero y la burguesía más transnacional) tomen conciencia de la inevitabilidad del cambio político, y al tiempo, vean la posibilidad de mantener los elementos centrales del régimen bajo otras formas políticas.

La primera exigencia, a mi juicio, es la necesidad de impulsar un trabajo de comprensión objetiva del proceso actual, marcado por una realidad; en estos momentos no estamos ante una crisis del sistema de dominio de las élites de nuestro país, sino ante la crisis de su expresión política: el bipartidismo.La crisis de la forma política del régimen, el bipartidismo, no significa de manera mecánica la crisis de las hegemonías sociales en las que se sustenta. Esta realidad permite que la solución que las clases dominantes pretenden impulsar, se sitúe en la construcción de una nueva forma de representación política que se expresa bajo la idea de la segunda transición.

La segunda transición plantea la sustitución de la idea de conflicto por la idea de consenso, con lo que se pretende sustituir -de momento con éxito- el ciclo de movilizaciones desde el que se impulsaba el cambio político en nuestro país, por una fase donde la idea de pacto pasa a primer término y las instituciones se convierten en el ámbito privilegiado de la vida política formal, y los pactos con los poderes económicos, la expresión de la vida política material.

En este marco de recuperación de los consensos perdidos, las clases dominantes pretenden ofrecer un pacto a las capas medias hegemónicas en las fuerzas políticas emergentes, que pasa por garantizar la inserción plena de dichos sectores sociales en la estructura política y de representación del país a cambio de mantener intactos los ejes centrales del régimen: la monarquía, la filiación atlántica y la OTAN como marco referencial de la política internacional, la aceptación de la Europa del euro, el turismo y los servicios como modelo económico, la precariedad laboral como realidad estructural y la centralidad del sector financiero.

La segunda transición plantea la inserción plena en el juego político, y al menos formalmente, ofrece poder modificar las políticas en un futuro, a cambio de renunciar en el presente al gran eje articulador de la revolución democrática en nuestro país: el impulso de un proceso constituyente desde el que abordar las grandes transformaciones económicas, políticas y sociales que necesita nuestro país.

El 20D. O segunda transición o ruptura democrática

Para las clases dominantes los problemas pendientes de la revolución democrática en España agudizan la crisis política del régimen, pero con el abandono de la movilización y la asunción del juego político parlamentario tradicional, entienden que se carece de fuerza -por el momento- de poner en crisis tanto al sistema capitalista como a las bases materiales sobre el que se sustenta el régimen y su eje central, la banca y el sector financiero.

El elemento central de la izquierda transformadora pasa por insertar el 20D en la concepción de que el cambio real en España pasa por la derrota del proyecto político de la segunda transición y el impulso de un proyecto constituyente. Este proceso constituyente debe ser entendido como la apertura de un proceso democrático y participativo, desde el que acabar con las bases materiales en las que se sustenta el poder de las clases dominantes en España, que impulse la elaboración de una nueva constitución desde la que dar forma a un nuevo proyecto de país.

Ese objetivo estratégico requiere de la construcción de un nuevo sujeto político, la Unidad Popular, como expresión unitaria de la clase trabajadora y de las mayorías sociales afectada por la crisis.

España sufre una crisis estructural en todos los sentidos y la garantía de los derechos de la mayoría social trabajadora pasan por la defensa de un proyecto de ruptura democrática, incompatible con toda tentación de política de pactos, que bajo un discurso reformista, parece conformarse por el momento, con blindar un futuro político a “cuatro”.

Por fin, después de un largo período de alternancia en el gobierno de partidos que han sido fieles cumplidores del triple “consenso” (sobre el pasado, el presente y el futuro) que sentó las bases del régimen del 78, así como de las reglas del juego que se fueron estableciendo luego en el marco de la eurozona y del brusco final del “capitalismo popular” a partir de 2008, las próximas elecciones generales anuncian la entrada en una nueva fase en la que las mayorías absolutas y el bipartidismo parecen tocar a su fin.

En efecto, el dato que parece más evidente es sin duda el relacionado con el acceso al nuevo parlamento de la nueva fuerza emergente, Podemos, y de la ya vieja conocida en Catalunya, Ciudadanos. Con todo, lo más relevante va a ser que ese nuevo escenario tetrapartidista -que seguirá siendo “imperfecto” (no olvidemos que determinadas fuerzas políticas “periféricas” pueden jugar un papel de “bisagra” o de disenso importante)- se va a seguir encontrando con un marco muy estrecho de cambio a mejor dentro del “sistema”, tanto en el plano socio-económico como en el del modelo de organización nacional-territorial del Estado.

Basta referirse a dos temas destacados en las propuestas de Podemos para corroborar este pronóstico: tanto la aspiración al blindaje constitucional de los derechos sociales y de determinados bienes públicos por encima del pago de la deuda como el compromiso de autorizar un referéndum en Catalunya sobre su relación con el Estado español chocarían abiertamente con los dictados del Eurogrupo y con la oposición de PP, Ciudadanos y PSOE, a pesar de los esfuerzos de éste último por desmarcarse de la vieja y la nueva derecha en ambas materias.

Lo primero ha quedado evidenciado tras la desgraciada experiencia de Grecia, pese al No a las exigencias de la troika que se expresó democráticamente en el referéndum. Ya lo dijo Jean Claude Juncker en un arrebato de sinceridad: “No puede haber opción democrática contra los Tratados europeos”. Ahora, en Portugal se abre una incógnita respecto a si se podrán desbordar los límites de la austeridad ordoliberal a partir del nuevo pacto de investidura del gobierno del Partido Socialista.

Será también responsabilidad nuestra no dejar solo al pueblo portugués en esa previsible nueva prueba de fuerzas frente a “las instituciones” europeas y globales, ya que de su desenlace dependerá también nuestro propio futuro.

Por consiguiente, si se quiere defender consecuentemente esos derechos sociales y el rechazo a los recortes y privatizaciones de servicios públicos que les acompañan, habría que diseñar una estrategia que asuma la necesidad de prepararse a la hipótesis de un choque con las reglas de la Constitución económica de la eurozona más pronto o más tarde.

Lo mejor sería no hacerlo solos sino aliados con otros pueblos y gobiernos buscando superar las discordancias espacio-temporales actuales. Empero, no parece que esto vaya a ser tarea fácil en un momento, además, en el que el clivaje libertad-seguridad vuelve al primer plano después de los atentados de Paris y en beneficio de los partidarios del “orden”.

En todo caso, el camino por el que apostar no puede ser el de la resignación y el de la opción por un falso “mal menor” sino el de la desobediencia a esas reglas y la apertura de brechas por las que avanzar hacia otro proyecto europeo. Si no lo hacemos, será la extrema derecha la que se aprovechará del malestar social creciente para ofrecerse como alternativa de gobierno en torno a un repliegue nacionalista xenófobo, como ya está ocurriendo en Francia.

Lo segundo ha sido repetidamente comprobado en los últimos tiempos si recordamos el peso que en la historia del nacionalismo español tiene su reafirmación a partir de 1898 en un sentido reactivo y beligerante frente a los nacionalismos “periféricos” y en particular, al catalán. La versión franquista llevó al extremo esa actitud y, luego, la salida consensuada (salvo en el caso vasco) del Estado autonómico no solo no resolvió el problema sino que hoy éste adquiere creciente gravedad ante el proceso de recentralización política a escala europea y estatal que se está aplicando utilizando como pretexto la “disciplina presupuestaria”.

El riesgo de un “choque de trenes” sigue estando presente y, al margen de quien gobierne en Catalunya, nuestro deber está en exigir el reconocimiento del derecho a decidir su futuro, incluida la independencia.

En esas condiciones, y salvo en el escenario improbable de que Podemos fuera la fuerza mayoritaria en el nuevo parlamento, no tendría sentido dejarse arrastrar por el mantra de la “vieja política” (la “responsabilidad de Estado”) para entrar en el juego de un nuevo “pacto social y político” que no parta de la resolución sin ambigüedades de los dos problemas mencionados y, por tanto, que no vaya más allá de la promesa de una reforma constitucional. Por no referirme a otras materias también controvertidas, cuya lista no parece necesario incluir aquí, que también deberían entrar en la agenda política de la nueva legislatura y que difícilmente generarán “consenso”.

Si la relación de fuerzas parlamentaria no permitiera tener no ya la mayoría sino, sobre todo, la hegemonía para una ruptura constituyente, lo coherente sería quedarse fuera de un hipotético pacto que únicamente podría aspirar a una “regeneración” de una “clase política” que seguiría siendo obediente al Eurogrupo y firme defensora de la “unidad de España”.

¿Significa esto que habría que resignarse ante ese proyecto “regeneracionista”? No, desde luego. Su frágil legitimidad para superar las debilidades de este régimen y recuperar un nuevo “consenso” sin las bases materiales –aunque fuera en el marco de un Estado del bienestar y autonómico menguante- de un “capitalismo popular” que ya no volverá, ofrecerá distintos frentes de conflicto a través de los cuales reconstruir una cultura de la movilización y del empoderamiento popular.

Habrá, por tanto, que poner la presencia en las instituciones al servicio de esas tareas con el fin de ir construyendo un nuevo sujeto colectivo dispuesto a desbordar un “reformismo sin reformas” (aunque con más contrarreformas) que difícilmente ofrecerá un relato ilusionante de futuro.

Así es como quizás podamos recuperar el hilo conductor con lo mejor de un “espíritu del 15M” que, aunque ya invisibilizado por los medios y relegado al olvido en muchas de las prácticas de la autodenominada “nueva política”, sigue presente en cantidad de actividades, luchas y redes sociales y, sobre todo, en la memoria colectiva de muchos y muchas de sus activistas.

En resumen, deberíamos fijarnos como objetivo acortar la vida de cualquier proyecto meramente restauracionista y seguir apostando por un horizonte de ruptura constituyente que necesariamente ha de ser plural tanto en sus sujetos protagonistas como en sus contenidos.

«Nosotros el pueblo…», ese es el simbólico comienzo de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. Ese inicio no es solo un formalismo, es una apuesta política concreta por un modelo jurídico determinado; la soberanía constitucional reside en el pueblo.

Una Constitución es una herramienta política flexible y no un artefacto jurídico rígido. Toda Constitución, y en consecuencia todo Estado constitucional, es un resultado político de dinámicas sociales complejas, de procesos históricos de negociación entre intereses divergentes e incluso antagónicos. Si pensamos políticamente los textos constitucionales, si los pensamos como un principio de acuerdo general sobre el marco general de resolución del conflicto social -y las reglas de juego político democrático correspondiente-, el campo constitucional se expande. Y en un campo político expandido, permeable a la creatividad de la mayoría social, las oportunidades de intervención ciudadana aumentan exponencialmente. Enmienda tras enmienda, el mapa del territorio político puede ser reconquistado por sus verdaderos dueños, el pueblo soberano.

Una política reformista radical, susceptible de alterar la geografía constitucional, requiere de una acumulación de fuerzas sociales capaz de abrir la posibilidad de iniciar un nuevo proceso constituyente. Modificar los aspectos fundamentales de nuestro articulado constitucional para blindar los derechos sociales fundamentales como vinculantes resultará una tarea altamente compleja y requerirá de una minuciosa lectura de las condiciones de posibilidad política.

No hay lugar para el aventurismo al afrontar la recuperación de los derechos fundamentales por la vía del rescate de nuestra soberanía constituyente; tenemos que aceptar la responsabilidad del momento y ser capaces de comprender los cambios constitucionales como el camino hacia la reconquista popular del campo político institucional.

Estamos en un contexto histórico que podríamos definir como de cambio irreversible del paradigma político; donde, para avanzar en la emancipación política de la sociedad civil, necesitamos evitar la tentación de la «restauración» que promueven los portavoces del recambio. Cualquier error de cálculo de la correlación efectiva de apoyos sociales puede inclinar la balanza hacia el miedo espontáneo al cambio y abrir el camino a los proyectos restauradores del viejo paradigma, del viejo status quo y sus políticas anti-persona.

Es conveniente reconocer que la política democrática es irreductible al momento constituyente. En un magnifico texto de Chantal Mouffe sobre la conceptualización de la política de Carl Schmitt podemos visualizar cómo la lucha por la iniciativa constituyente es la batalla semiótica por la identidad popular, por el significante pueblo: «La política democrática no se reduce al momento en que el pueblo, ya enteramente constituido, ejerce su soberanía.

El momento de la soberanía es indisociable de la verdadera lucha por la definición del pueblo y por la constitución de su identidad. Una tal identidad, sin embargo, no puede estar nunca enteramente constituida, y solamente puede existir a través de múltiples formas rivales de identificación». Es en ese combate político por la identificación con el significante pueblo donde debemos localizar las contradicciones y las tensiones internas entre los actores que pugnan por controlar el momento constituyente. Nuestra presencia debe ser disuasoria para quienes pretenden des-politizar los cambios constitucionales y ser garantía de la participación popular en el proceso. Expresar la necesidad de acumular fuerza social para iniciar el proceso de modificación constitucional no significa renunciar al objetivo constituyente, al contrario, significa diseñar con precisión la hoja de ruta para garantizar el protagonismo de la sociedad civil como actor protagonista del cambio político.
Conquistar políticamente la identificación Podemos-pueblo va a resultar una batalla política central en los próximos meses.

En el combate por el capital simbólico del significado constituyente de la categoría política pueblo nos jugamos el reconocimiento social de nuestra potencia como organización, movimiento y partido. Por tanto, estamos, nuevamente, inmersos en una difícil encrucijada estratégica; apostar por un proyecto político capaz de concentrar mayorías que emulsionen las potencias del movimiento popular o replegarnos sobre premisas tautológicas, de obsolescencia programada, que nos reduzcan a espectadores del presente y testigos impotentes de la «restauración» por el recambio.

Optar por movimientos auto-referenciales ajenos a la dinámica social general nos puede llevar a concluir en aquella ácida observación de Marx sobre la Asamblea Constituyente de 1848: «El primer día en que se puso en práctica la Constitución fue el último día de la dominación Constituyente. En el fondo de la urna electoral estaba su sentencia de muerte».

En las próximas semanas tendremos que confrontar nuestras propuestas políticas programáticas con la insobornable realidad de nuestro país. Nos veremos en diálogo directo con la ciudadanía, «en campaña», seremos evaluados y examinadas por nuestras propuestas, por la capacidad que tengamos de proponer soluciones concretas a problemas concretos, de avanzar medidas eficaces y, en resumen, por nuestra fuerza de representar la voluntad popular en nuestras propuestas programáticas.

Y ese cambio de escenario y de escala se debe leer como un momento político de paso de la oposición a la proposición. Como dice Boaventura de Sousa Santos, estamos pasando de la oposición a la propuesta y eso requiere una forma diferente de dialogar: «Los diálogos son distintos cuando estamos en contra de algo, o en posición de algo o cuando estamos para proponer algo, y en este momento fundacional se está pasando de la oposición a la proposición, que son dos tipos de diálogo, dos tipos de competencias muy diferentes que hacen necesaria una nueva pedagogía política para fortalecer los liderazgos».

Desandar el camino liquidacionista de las garantías constitucionales de los derechos fundamentales no va a resultar sencillo y, probablemente, tenemos que pensar que, en función de la aritmética parlamentaria resultante del 20-D, el proceso deconstituyente iniciado por las políticas de sumisión al «déficit cero» implementadas por el bloque bipartidista cederá espacio frente a la nueva mayoría electoral.

Sin embargo, no podemos ignorar que la importancia del momento requiere el coraje político y la altura de miras suficiente para abordar los cambios constitucionales necesarios para generar el suficiente consenso social que sirva de base para iniciar un verdadero proceso constituyente.

La intensidad social del contexto actual contiene elementos suficientes para perfilar una alternativa política que se materialice en un nuevo marco constitucional adecuado a los retos que nuestro país debe asumir en los próximos años. En esquema, las propuestas que formulamos en nuestro Programa Electoral tienen que suministrar la arquitectura básica de un nuevo modelo de Estado constitucional capaz de agrupar las garantías democráticas y la participación política en una misma idea fuerza; el cambio constituyente debe ser el procedimiento político para la refundación popular de la democracia social en nuestro país.

Junto a Juanma del Olmo, han elaborado este artículo Rafa Mayoral, candidato al Congreso de los Diputados por Madrid y Francis Gil, es Secretario Político de Podemos Castilla La Mancha.

Los resultados electorales del 27S en Cataluña y el curso posterior de los acontecimientos han puesto de relieve que la crisis del régimen del 78 es más seria y profunda de lo que podía imaginarse. Para decirlo de forma sumaria: para una buena parte de la sociedad catalana se ha quebrado esa relación de confianza en el Estado español que se había establecido con el Estatuto de Autonomía. Confianza en que las relaciones de provecho mutuo -que son inherentes a cualquier fórmula de agregación humana-, eran perfectamente compatibles con el respeto a las singularidades culturales y a las aspiraciones de autogobierno tan intensamente vividas en esta sociedad.

No era la primera vez que ese vínculo de confianza, que había supuesto la Constitución desde su promulgación, se había roto. Con la reforma del artº 135º y su posterior desarrollo normativo, especialmente con la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el PSOE y el PP abrieron una brecha histórica entre los sectores sociales que históricamente habían sostenido el consenso constitucional, en detrimento de los sectores más desfavorecidos.

La política de consolidación fiscal -con sus secuelas de recortes en el gasto público destinado a dar cobertura los derechos sociales- ha aumentado, hasta extremos desconocidos, la brecha de la desigualdad en nuestro país, erosionando profundamente la legitimidad del Estado y de la política entre amplias capas de la sociedad española. De modo que ni siquiera es verdad que la desafección hacia las instituciones venga exclusivamente por el lado territorial/nacional. Fue el 15M el primero que dio la voz de alarma ante las primeras muestras de las políticas austeritarias, luego constitucionalizadas con el acuerdo del PSOE y del PP.

Esta brecha no ha ido sino ensanchándose, aunque las élites gobernantes crean otra cosa, interpretando erróneamente la aparente pasividad de la sociedad civil para hacer oír sus protestas. No es pasividad sino un crédito de confianza para que los partidos políticos intenten arreglar los destrozos causados por las políticas austeritarias.

Las elecciones del 20D van a someter a una prueba de fuego a este margen de confianza. PP y Cs parecen querer centrar sus respuestas en una revisión de facto de los contenidos constitucionales -que si en lo referente a Cataluña se concretan en la activación del art 155º, en el resto de las CCAA se plantea como una recuperación de competencias en materias sensibles como al educación- y, en materia económica, en la consolidación de la política de estabilidad presupuestaria como la única posible, cerrando así la posibilidad de acometer una política contracíclica a favor de los sectores sociales más desfavorecidos.

Del lado de los partidos que pretenden defender los derechos y aspiraciones de estos sectores, se plantea como una necesidad ineludible abordar la consolidación de los derechos sociales como el objetivo primero de la acción de los poderes públicos.

Salvar los mejores contenidos de la Constitución del 78 en un nuevo marco constitucional que recoja e integre cosas que aquella no hizo: la consolidación de los derechos sociales y ambientales como condición de existencia de la igualdad proclamada entre los españoles; la división territorial del Estado y la naturaleza de las relaciones entre sus partes y con el Estado; la vinculación entre los derechos y la actividad económica puesta al servicio de la satisfacción de las necesidades sociales democráticamente definidas; la definición de los bienes comunes como bienes inajenables, y de los sistemas naturales como condición de existencia de la vida social.

La Constitución del 78 está agotada. Algunas de sus partes (p.ej. el soporte territorial provincial, que niega la igualdad del voto entre los españoles; el papel de vigilante de las fuerzas armadas y de su jefe sobre el poder civil; el modelo territorial del Tit. VIII; las funciones del Senado; etc.) resultan completamente inadecuadas para una sociedad que ha evolucionado mucho y que difícilmente puede hacer la síntesis política de sí misma con estas instituciones.

Esta es la hora de que la ciudadanía tome la palabra en el ejercicio de su condición soberana. Los viejos partidos arreglaron con nocturnidad y alevosía una contrarreforma en agosto del 2011, que niega de raíz los contenidos sociales y democráticos de la Constitución. Esa expropiación de soberanía debe ser corregida a través de un auténtico debate ciudadano, que asiente las reglas fundamentales de nuestra convivencia. Esa es nuestra tarea fundamental como pueblo y a ella tenemos que dedicar lo mejor de nuestros esfuerzos presentes.

Si Rajoy no deja de ser presidente del gobierno en España después de las elecciones del 20-D, no hay cambios por mucho que se fragmente el mapa político y entren en escena nuevos partidos como Ciudadanos o como Podemos. Si el PP gobierna en coalición con Ciudadanos, tampoco hay cambios y si lo hace el PSOE (con Ciudadanos o sin ellos) me temo que tampoco. Claro que hay un aspecto elemental que se plantea en este debate y es la naturaleza de los cambios, porque algunos contribuyen a reproducir el mismo sistema político, mientras que hay cambios que inciden en la modificación del sistema político.

El sistema electoral conduce a una reproducción del bipartidismo, aunque sea con las muletas de otros partidos. Pero esto no es una novedad. Tanto el PSOE como el PP se han apoyado para gobernar en los partidos nacionalistas cuando no han contado con la mayoría absoluta. Después del 20-D puede que se apoyen en otros partidos, dadas las transformaciones de la geografía electoral.

Vivimos una situación en que los ciudadanos experimentan desesperanza, ansiedad, inconformismo e indignación con el estado actual de las cosas. La crisis económica ha sido aprovechada por los gobiernos de derechas (del Estado y de las Comunidades Autónomas) para efectuar cambios importantes en las políticas, y estos sí que están afectando al sistema directamente aunque no modifiquen los mecanismos de poder.

El Partido Popular ha llevado a cabo, en nombre de la Constitución, un verdadero proceso deconstituyente: recortes de derechos y libertades con la ley mordaza, cambios en la reforma laboral, impulso de las privatizaciones, ataques a los derechos de las mujeres, recentralización, aniquilación de la ley de la dependencia, privilegios para los sectores financieros, rescate de la banca privada con dinero público y abandono del necesario rescate ciudadano…

Lamentablemente el PSOE inició este camino con sus políticas económicas liberales, su sumisión a los dictados del austericismo liderado por Angela Merckel y un cambio-exprés de la ‘sagrada’ Constitución para prohibir el endeudamiento público. Todo ello aliñado con los casos de corrupción que han ido saliendo a la luz pública y con la exhibición de la falta de independencia de las instituciones reguladoras y los organismos judiciales, subordinados a la lógica del gobierno.

Las fisuras y agujeros del sistema político español han dejado al descubierto sus insuficiencias y podredumbre. No es extraño que mucha gente aspire a que las cosas cambien, pero este deseo de cambio se proyecta hacia actores múltiples dispersándose en el camino. Parece que Podemos ha perdido fuelle y que Ciudadanos lo ha ido ganando. El primero aspira a cambios sistémicos, el segundo no pero ofrece una imagen amable y moderna respecto a quienes han detentado el poder hasta hoy. El crecimiento del independentismo en Cataluña no es ajeno tampoco a este deseo de cambio, expresado en forma de ruptura con la España negra que el PP representa. Síntomas todos ellos de que la sociedad aspira a cambios, aunque la diáspora con que se traducen políticamente bien puede conducir a que nada cambie, o que cambie tan poco que se limite a un puro maquillaje.

Solo tres breves apuntes en relación a los cambios y a los sujetos políticos que los pueden liderar, apuntando sus posibilidades y limitaciones.

Los procesos de confluencia han permitido generar cambios de gobierno en ciudades españolas, algunas de ellas tan relevantes como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, Cádiz, A Coruña, Pamplona, Santiago o Badalona. Ofrecen un ejemplo interesante de sumar movimientos sociales y partidos políticos que no siempre se ha podido traducir en candidaturas equivalentes en elecciones autonómicas o en las propias elecciones generales en que el pacto entre Izquierda Unida y Podemos no ha sido posible. Mala noticia frente a la elevada valoración que hace mucha gente de la unidad.

Constatamos además que en muchas ocasiones las confluencias no son una suma, sino que algunos de los actores intentan arrebatar los lugares que ocupaban los partidos de izquierdas, se asocien con ellos o no. Se pierde así la oportunidad de construir nuevos sujetos políticos que agreguen la experiencia y la innovación.

El descrédito de los partidos políticos ha hecho posible este “quítate tú que me pongo yo” y ha logrado, injustamente a mi entender, desbancar de los primeros lugares de las candidaturas a personas con trayectoria política interesante para situar a personas desconocidas que, a pesar de su valía, no siempre tienen la capacidad de atraer la confianza ciudadana. Que el hecho de haber participado en la política sea un pecado es el pecado actual de las nuevas confluencias, pues contribuye a degradar la política al no hacer distinciones entre sus participantes.

Y como todo es relativo, dentro de unos pocos años los protagonistas de estas confluencias y que han llegado o llegarán a instituciones (ayuntamientos, parlamentos autonómicos, Congreso, Senado) ya serán políticos en ejercicio y legítimamente muchos de ellos aspirarán a continuar la labor iniciada. Estas nuevas confluencias han de aprender además a ser mucho más transparentes en su toma de decisiones: en un partido se conoce al menos quiénes las toman y como se toman.

Otro aspecto a tener en cuenta es el papel de las mujeres en los cambios. ¿O es que se pretende cambiar tantas y tantas cosas pero no el rol secundario que se atribuye a las mujeres? Parece que la presencia de las mujeres está más normalizada en las nuevas candidaturas de confluencia, con figuras relevantes en las alcaldías como Manuela Carmena o Ada Colau. Pero se observa en Podemos la dificultad de incorporar mujeres a sus estructuras organizativas y de encajar las demandas del feminismo.

El relato que confronta el ‘nosotros’ con la ‘casta’ convierte en potentes las propuestas contra la corrupción, contra las inercias constitucionales, contra la especulación y el poder arbitrario, pero no tanto las luchas contra las desigualdades de género, o las basadas en la orientación sexual o el origen.

Cuando el eje del discurso es la lucha entre los de arriba y los de abajo, determinados temas devienen secundarios necesariamente. Como señala Kerman Calvo en un artículo publicado en Agenda Pública, Podemos no ha conseguido articular el feminismo de forma transversal en su discurso social, a pesar de la pedagogía y trabajo interno que se está haciendo. Y esto se traduce en la percepción de sus votantes potenciales.

Según los datos de intención directa de voto de julio de 2015 (barómetro del CIS), el 15,3% de hombres está decidido a votar Podemos, frente a un 10% de mujeres, y en el barómetro de octubre de 2014 se reproducía la misma tendencia con una intención de voto más elevada: un 20% y un 15% respectivamente. Ningún otro partido presenta una diferencia tan remarcable. La conclusión es que las desigualdades entre hombres y mujeres continúan persistiendo, también en la nueva política.

Avanzar hacia una sociedad más justa y democrática solo se puede hacer con la participación plena de las mujeres, no sin ellas. No hay cambios significativos posibles si no se asume esta dimensión, que supone transformar la sociedad desde el reconocimiento y aportaciones de las mujeres.

El tercer aspecto al que me quería referir es a la situación de Cataluña. Distintos partidos están planteando cambios en la Constitución, y es inevitable tener en cuenta el conflicto que representa la elevada presencia del independentismo en Cataluña y la aún mayor presencia de catalanes que sin ser independentistas no se conforman con que continúe un estado de cosas que amputa las aspiraciones de autogobierno y relega la lengua y cultura catalanas a un estado secundario en reconocimiento y protección.

No es pertinente en este debate entrar en la coyuntura política que hoy se vive en Cataluña después del órdago lanzado con el anuncio de iniciar el proceso de desconexión con España. Sí quiero señalar que no hay solución de este conflicto si desde el gobierno español y las estructuras del estado se impide hacer un referéndum en que los catalanes expresen lisa y llanamente sus aspiraciones de futuro. Es la única salida existente hoy para desbloquear las graves consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010, que arrebató la soberanía de todo un pueblo y deslegitimó al Parlamento de Cataluña, al Congreso de Diputados y al referéndum posterior.

Las soluciones que plantean el PSOE o Ciudadanos, basadas en pactos por arriba y reformando la Constitución sin antes haber hecho un referéndum en Cataluña, no son solución porque vuelven a tratar al pueblo catalán como un menor que no puede decidir por sí mismo. Un referéndum obliga al gobierno del Estado a poner sobre la mesa propuestas creíbles para conseguir un mejor encaje para Cataluña.

Y puestos a hacer predicciones, es muy posible que con un gobierno diferente el resultado no sería el triunfo de la independencia sino un encaje diferente de Cataluña como nación. El solo hecho de que el gobierno español impulsase un referéndum mostraría ya una comprensión de la situación en Cataluña inédita hasta el día de hoy y una voluntad de negociar que mucha gente valoraría, porque sería un síntoma de un verdadero cambio.

Meses antes del 15M ya estábamos pensando en la necesidad de cambio, en la necesidad de dar un volantazo que cambiara el rumbo y nos sacara de la profunda crisis política en la que había caído el sistema del 78. Cuando presentamos el proyecto EQUO aquel 24 de septiembre de 2010 no imaginábamos que meses más tarde nuestras sospechas se verían confirmadas.

Sin embargo, a pesar de aquella ola de cambio y esperanza que fue la movilización ciudadana del 15M, cuando llegaron las elecciones generales del 20N de 2011 nada cambió, el bipartidismo arrasó y el PP se impuso con una agobiante mayoría absoluta.

Cuatro años más tarde, las condiciones políticas han cambiado de forma abismal y la cuestión se plantea en un contexto radicalmente distinto, donde los aires de cambio son una realidad, y en la que los resultados de las elecciones municipales celebradas el mes de mayo nos muestran el camino.

Pero ¿hacia dónde lleva este camino? Desde mi punto de vista son necesarios tres ejes de cambio: político, económico y ecológico.

El cambio no puede ser solo un parche a las debilidades o las disfunciones del actual sistema político. Hay que reiniciar la democracia, hay que conseguir una democracia más participativa, más transparente, una democracia en la que, más allá de votar cada cuatro años, se permita a la ciudadanía ser un actor principal en la toma de decisiones.

Reiniciar la democracia significa, desde mi punto de vista, que la ciudadanía recupere la política y el trabajo en las instituciones como herramienta de transformación. Sin embargo el cambio no puede ser completo si no se cuestiona el modelo económico actual.

No es únicamente una cuestión de reparar el modelo que nos ha llevado a la crisis, sino de cambiar el modelo de crecimiento en el que estamos instalados; un modelo basado en el crecimiento continuado sobre una base física que es finita. Cierto es que es necesario una reactivación económica para crear empleo, pero siempre orientada hacia un nuevo modelo productivo ambientalmente sostenible.

No habrá empleo si no hay actividad que lo sustente. Sin nueva actividad y empleo no será posible hacer frente a la deuda, ni reducir el déficit y avanzar hacia la consolidación fiscal, sino que por el contrario aumentará el desempleo, el déficit y la deuda y crecerán las desigualdades y la exclusión social. El cambio pasa por la deconstrucción del capitalismo y la construcción de un modelo sostenible y socialmente justo.

Mucho se ha hablado de las alianzas, las confluencias, las coaliciones, la unidad popular… pero lo cierto es que a menos de un mes para las elecciones esa confluencia amplia que mucha gente reclamaba y por la que tanto hemos trabajado no ha podido ser completa.

Está claro que un sistema electoral injusto va a castigar que finalmente no saliera adelante, pero también es cierto que el momento del cambio ha llegado y los resultados electorales van a dibujar un Parlamento más abierto que nunca, en el que los partidos viejos van a ver mermado su poder.

En este nuevo escenario que imaginamos post 20D los pactos serán clave para que el cambio pueda llegar. La duda no es tanto si seremos capaces de entendernos los diferentes partidos políticos, como si habrá una mayoría de cambio.

Esas incógnitas las despejaremos a partir del 21 de diciembre. Sólo entonces sabremos si hay una voluntad de entendimiento para no volver a repetir las políticas del austericidio, de los recortes sociales y del desmantelamiento ambiental que hemos soportado hasta ahora de la mano de una mayoría absoluta, que pese a ser legal, dista mucho de ser democrática.

A pesar de eso, no podemos olvidar la otra mitad de la ecuación, igual que hablamos de los partidos políticos como actores de cambio, también tenemos a la ciudadanía. Sin duda cualquier cambio ha de contar con el consenso de la ciudadanía, con su participación. Es la hora de poner a las personas en el centro de la política, de la democracia. De otra manera cualquier cambio que no cuente con ese consenso, solo será un cambio efímero que desaparecerá con las próximas elecciones generales.

El cambio no es sólo necesario, sino que es posible. Ni la presión de los lobbies económicos, ni políticos podrán frenarlo si la ciudadanía es capaz de desbordar a la vieja política.

Sí, se nota la cercanía de las elecciones que, como se dice, serán decisivas. Y se nota en particular en la elección del passepartout por antonomasia que en la jerga política representa la palabra «cambio». Este ya nos sirvió en la coyuntura de 1982 –sobre todo al PSOE de González y Guerra, claro–.

Aunque todo ha cambiado para peor desde 2008, y hemos tenido algo tan inasimilable como el 15M, se continúa eligiendo esta palabra, tal vez para dar cabida a todas las opciones en liza, desde las más tibias, obligadas a ofrecer algún cambio para sobrevivir, a aquellas que llevan a considerar que el marco del «cambio» se queda corto respecto a lo que, con mayor urgencia, se ha enunciado como «revolución democrática» y/o «proceso constituyente».

No solo hay que atender los sondeos, que vienen cargados de agua fría. Sino que son los hechos los que dictan los términos de la situación. Los atentados del 13 de noviembre en París suponen un nuevo mazazo para cualquier idea de cambio político entendido como aplicación de un programa político respaldado en las urnas. La crisis de los refugiados ya estaba diciéndonos que, en el contexto de la Europa actual y de sus gobiernos nacionales, con el trato indigno dado a las personas refugiadas se estaba enterrando una salida, democrática y ciudadana, de años de austeridad y disminución de derechos y libertades.

Tal es el cuadro que tenemos delante. Tanto si entendemos que el cambio político es posible como proceso ejecutivo del mandato de la soberanía popular, como si entendemos que existe un objeto que se llama poder político, que ha de ser conquistado en una disputa con otros pretendientes, nos encontramos con el resultado de que parlamentos y gobiernos actuales son capaces de ejercer un poder mínimo, cuando no un simulacro de poder.

Que soberanía y democracia han dejado, en la realidad, de caminar juntas. Hasta tal punto que, en el campo real de las relaciones de poderes, tanto financieras como mediáticas, militares y policiales, ejercer un gobierno «de cambio» es ejercer, en el mejor de los casos, una tentativa de contrapoder, muchas veces simbólico. Las soberanías efectivas, esto es, la financiera y la militar, ambas no democráticas, se han cargado la posibilidad fr toda transición democrática en España, concebida con arreglo al esquema del Estado de derecho fundamentado en la soberanía nacional-popular.

Miremos al resto de la Unión Europa. Salvo el caso, tan comparable como distante, de la sociedad griega, no hay una sociedad política que haya vivido, como lo ha hecho este país desde el 15M, una intensidad tan sostenida en el tiempo, de movilización y organización ciudadana. Bueno, a decir verdad, antes que cambio se ha hablado más bien de «democracia real», de «no nos representan» y de «no somos mercancía en manos de políticos y banqueros».

Cuatro años después, la moneda del mandato democrático para construir instituciones de democracia real ha pasado por muchas manos. Tantas que está viviendo la misma suerte del lenguaje y las ideas según Mallarmé: se ha desgastado, ha perdido su cuño y su autoridad, su sentido y sus garantías. Su sujeto, en definitiva.

Si hay un problema fundamental para definir los contenidos y los sujetos políticos y sociales del cambio en España, este consiste en que, en este tiempo electoral, lo político se confunde con los partidos y, a la vez, a estos les une el interés de despolitizar lo social.

A esto llamamos la operación de la autonomía de lo político frente a los contrapoderes e instituciones políticas de la sociedad, que fue sin duda el principal éxito de la transición postfranquista. Hoy, en esta autonomía de lo político comulgan juntos Errejón y Rivera, tanto como Rajoy, Sánchez o Mas.

La situación presente en Catalunya constituye un ejemplo ilustre de esa autonomía de lo político. El independentismo progresista ha insistido siempre en que el fundamento del procès es un mandato popular expresado en innumerables actos de participación masiva de una parte hegemónica de la sociedad catalana.

Y no faltan fechas y eventos que así lo corroboran. Sin embargo, el argumento flojea cuando vemos que esa fuerza instituyente de la llamada «sociedad civil catalana» ha llegado a un punto de subordinación completa, no sabemos si definitiva, al dominio de los partidos de siempre. De otra parte, la pretensión de las CUP de jugar a la «gran política» (léase «autonomía de lo político») a partir de maniobras parlamentarias y negociaciones a puerta cerrada puede costarles tan caro, como su propia existencia como contrapoder político social y no asimilado a las cosas del Estado.

Mientras tanto, todo aquello que produjo el 15M en Catalunya, pero que tenía difícil encaje en un procès dominado por las fuerzas neoliberales y las clases medias, quedó apartado y subalternizado, mal que le pese a las CUP. La PAH es una excepción, pero basta atender a la presencia que tienen en las instituciones y agencias principales del procés las luchas autónomas contra los desmanes neoliberales de Mas para confirmar esta regla de exclusión, denegación y subalternidad.

Hay sustanciosas justificaciones de la autonomía de lo político así entendida, no solo en las tradiciones, jacobinas, liberales, estalinistas o fascistas à la Carl Schmitt. Tanto Monedero como Rivera nos dirán que el 15M fue incapaz de hacer política. Incluso algunos investigadores de los movimientos red, como Ismael Peña-López [link: http://ictlogy.net/sociedadred/20110525-de-que-puede-morir-el-15m-o-por-que-no-existen-todavia-las-wikirrevoluciones/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
], han sostenido recientemente que el 15M fue un movimiento destituyente, pero que no pudo llevar a cabo un proceso (de poder) constituyente, en la medida en que este implica un orden y una organización jerárquica similar a la del Estado.

Los movimientos red no pueden producir sin romperse, porque protestan, deniegan, destruyen, pero son incapaces de representarse, o de decidir sobre un conjunto de opciones finitas. Los movimientos red harían una desviación o derivación del trayecto, antes que organizarse con arreglo a un arriba y un abajo, como gobernantes y gobernados.

Recordemos que con motivo de las elecciones europeas, el Partido X quiso ser la expresión de esa autoorganización de la ciudadanía. Conociendo el asunto de cerca, el escaso éxito electoral de la iniciativa ha de achacarse sobre todo a que desde el inicio hubo una flagrante contradicción entre el hacer y el decir de los dirigentes o promotores de aquel proyecto, y a que la falta de democracia es nociva bajo cualquier circunstancia, aunque se justifique apelando a modelos meritocráticos y de eficacia técnica, como fue el caso de aquel experimento, de cuyo fracaso pagamos ahora las consecuencias.

Es un error, anclado en la tradición, considerar que la insistencia en el acontecimiento originario responde a nostalgia, adanismo o conciencia infeliz. Enter Podemos. No es así: el acontecimiento, también el político, y con mayor motivo una conmoción sistémica como el 15M, modifica los estados de cosas, y esto incluye a cuerpos y almas.

Pero no solo. Modifica también la tecnología política, el hacer, el mecanismo y los procesos que llamamos políticos. El 15M ha convertido en personajes del Sexto Sentido a los partidos políticos o, para ser más exactos, la forma partido, ya sea parlamentario-electoral o «revolucionaria».

El 15M ha demostrado que la forma y la función del mercado político-parlamentario corresponden estrechamente a la forma y función del mercado financiero, mediático y corporativo. Y, lo que es más importante, ha demostrado que ambos mercados han dejado de ser democráticos, es decir, que son incapaces de verticalizar, sin destruir el poder instituyente y constituyente que se crea en las redes de cooperación, afecto y lucha de las y los ciudadanos.

Si quisiéramos explicar lo que ha supuesto el 15M más allá de metáforas, habría que decir que se ha producido una mutación duradera de la base maquínica de la democracia. La democracia del 15M ha consistido en la participación corporal y afectiva de las personas en los asuntos comunes, en plazas y redes en Internet.

El caos aparente de las diferencias y los individuos ha estado sometido a la ordenación de los algoritmos, y ha producido síntesis, ideas y, lo que es más importante, formas de toma de decisión no representativas. Ha sido la democracia implantada como proceso de autoorganización y evolución de un sistema red abierto y de geometría variable, capaz de describir, discutir y resolver problemas y tomar decisiones a distintos niveles de complejidad social e institucional.

Esta democracia resulta adecuada a la sociedad red en que vivimos, pero no a los clanes, los aparatos, los mercados trucados y las jerarquías improductivas que viven de esa sociedad e impiden el cambio. Se trata de un problema político, no técnico o cultural. Dicho de otra manera, estamos ante un obstáculo hostil, no ante un límite insuperable del poder constituyente de las y los ciudadanos.

Esto nos lleva a la cuestión de qué es gobernar hoy, entendiendo el gobierno como ejercicio de un poder ejecutivo constitucionalmente reconocido. Si atendemos a las primeras experiencias municipalistas, a la experiencia griega y a lo que pueda deparar en los próximos días el nuevo gobierno de coalición portugués, pareciera que gobernar es gestionar el descontento, moderar la frustración, aprovechar lo poquito de posible que queda, evitar lo peor.

Como decíamos más arriba, la intensificación de la violencia soberana del capital financiero y de los sistemas de Estados nación supone la derrota ex ante de toda hipótesis de llegar al gobierno por las vías nebulosas de la autonomía de lo político. Dicho de otra manera, supone el bloqueo preventivo de todas las opciones de cambio que se presentan a las próximas elecciones del 20 de diciembre.

Llegamos así a la cuestión determinante. Se ha entendido la hegemonía como una incidencia en los sondeos de opinión, y no como una actividad presente en el campo social, es decir, como un conjunto de contrapoderes que no disocian palabras y acciones, sino que las reúnen en dispositivos prácticos que disputan el poder en distintos territorios del campo social.

Llamemos a estos actores redes y/o movimientos. Ahí reside la hegemonía, en las redes de contrapoderes que no entregan su poder a nadie, sino que son capaces de pactar, con elites que apuestan por el cambio, un asalto electoral a las instituciones establecidas sin autodestruirse en el proceso. Hoy no vemos esa hegemonía en España.

Las redes de contrapoder se han visto subalternizadas por la organización de una máquina o máquinas electorales y mediática, basadas en la repetición y la redundancia de un mensaje de cambio. Vistas así las cosas, no es de extrañar el posible resultado del 20D: un bloqueo entre régimen y cambio, un interín, una legislatura incapaz de elaborar síntesis de transición, pero igualmente incapaz de adaptar el presente régimen constitucional.

Hemos querido, y queremos gobernar o, como dicen las CUP, autogobernarnos. Pero solo una concepción y, lo que es más difícil, una práctica distinta del gobierno puede permitirnos salir de este atolladero en el que está encallado el mandato constituyente del 15M.

Como ha señalado el filósofo del derecho Sandro Chignola en su artículo «¿Qué es un gobierno?»: «Se gobierna con los movimientos cuando se actúa con plena conciencia de que los movimientos expresan procesos de subjetivación y agendas completamente autónomas. Se gobierna con los movimientos cuando la relación entre gobernante y gobernado excede las cuadrículas de la identidad o de la identificación y se reproduce con arreglo al dualismo -o la elipsis- que la caracteriza. Se gobierna con los movimientos cuando el gobierno, la dimensión vertical, expresa la capacidad o la potencia de durar de los movimientos».