[…] José López Garrido, y la portavoz en el Parlamento Europeo de la coalición La Izquierda Plural, Marina Albiol Guzmán, enfrentarán sus razones y argumentos sobre el TTIP en un debate moderado por el periodista Juan […]

La ciudad de Barcelona se ha declarado contraria al TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones), a propuesta de la campaña Cataluña NO al TTIP, y con el apoyo de los grupos municipales, Barcelona en Comú, ERC y la CUP, únicos votos favorables a la misma, pero suficientes al haberse abstenido CIU y PSC. Y lo cierto es que la propuesta incluía otros dos tratados, el TiSA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios) que se negocia entre 22 estados y la Unión Europea, y el CETA (Acuerdo Integral Económico y de Comercio con Canadá), pendiente de ratificación.

Todos forman parte de una nueva generación de tratados de comercio e inversión transnacionales que amenazan la autonomía municipal y nacional. Estos tratados son negociados prescindiendo de la participación ciudadana, pero con una importante colaboración de las multinacionales, por ello, es necesario que las instituciones locales informen a la ciudadanía de cómo les pueden afectar estos tratados, y exijan a las instituciones nacionales y europeas la transparencia en las negociaciones.

La declaración aprobada se fundamentó en «la defensa de los servicios públicos básicos para la solidaridad y la redistribución social», porque estos tratados facilitarán las privatizaciones de los servicios públicos mediante su externalización o cualquier otra de las diversas formas de privatización, propuestas de acuerdo con los dogmas neoliberales, en busca de rentabilidad económica, e impedirán su posterior remunicipalización, al incluir la llamada «cláusula trinquete».

Por la cual, lo cedido, será lo perdido, puesto que si se quisiera recuperar la gestión de alguno de los hospitales, guarderías, escuelas, agua, energía, con la finalidad de garantizar una vida digna a la ciudadanía, esto no sería posible, ya que los inversores transnacionales, a través de demandas indemnizatorias (ISDS), impondrían a los estados receptores de la inversión unos costes multimillonarios, que difícilmente las maltrechas economías de los estados podrían afrontar, más aún si cabe dadas las restricciones presupuestarias, financieras y monetarias que imponen los tratados europeos a los estados miembros de la UE.

El ISDS es un mecanismo de resolución arbitral de conflictos que los inversores extranjeros pueden utilizar contra las actuaciones normativas de los Estados receptores de la inversión, y no al revés (los estados no podrán demandar a los inversores: es un sistema unidereccional). Es decir, los inversores extranjeros podrán demandar a los estados receptores de la inversión ante tribunales arbitrales, constituidos ad hoc para cada demanda, por miembros de destacadas firmas internacionales de abogados especializados en este tipo de litigios que transforman la justicia en negocio. Dichas demandas podrán interponerse contra:

1) La discriminación que puedan sufrir ante los inversores locales o nacionales en la contratación pública o ante la concesión de ayudas y subvenciones.

2) La expropiación directa o indirecta. Es el caso de las demandas contra los cambios en la legislación sobre las energías renovables realizada por el gobierno de España, por la que los inversores extranjeros se sintieron expropiados de sus beneficios al no haberse mantenido la anterior legislación.

3) Lucro cesante derivado de cualquier acción pública que pueda perjudicar la obtención de beneficios por los inversores extranjeros hechas en el municipio. Semejante al caso Castor, almacén de gas submarino situado en las costas de Vinaròs, cerrado por el gobierno para proteger a la población, después de producirse más de 500 seísmos, y donde el Estado quedó obligado a indemnizar con más de 1.300 millones de euros a ACS. En este caso la indemnización estaba prevista en el contrato suscrito entre el gobierno y la empresa. Con el TTIP y el CETA, los inversores extranjeros ni siquiera necesitarán que dicha cláusula este en el contrato.

Además, en la declaración se ha tenido en cuenta la pretensión de estos tratados de rebajar las regulaciones que protegen los derechos de los trabajadores, de los consumidores, el medio ambiente y la soberanía democrática, en favor de unos pocos, los inversores extranjeros. Con las que supuestamente, quieren aumentar las exportaciones, promover el crecimiento, y crear empleo. Pero una reducción de dichas regulaciones, lo más seguro es que perjudique a los trabajadores, a los consumidores, al medio ambiente, y a la democracia, como ha pasado con el NAFTA (Tratado de libre comercio de América del Norte).

Por otra parte, es muy dudoso que estos tratados beneficien a las PYMES, ya que el TTIP, el TiSA y el CETA impondrán el principio de igualdad de trato entre multinacionales y empresas locales impidiendo el desarrollo de políticas de impulso a la economía local. Así, las multinacionales podrían participar en los concursos convocados por los Ayuntamientos y hacerse con los contratos públicos, al gozar de mayores ventajas comparativas que las empresas locales, y podrían controlar a las autoridades municipales en la gestión de ayudas y subvenciones, mediante la amenaza de demandas arbitrales.

Además, las multinacionales aprovechándose de unas mayores economías de escala, ofrecerán sus productos a precios más bajos, e impondrán un modelo económico basado en la competitividad y bajos salarios, lo que supone una amenaza a la supervivencia de las empresas locales. Porque las PYMES que no consigan vender lo que producen no podrán obtener beneficios ni cubrir costes, y no podrán ni mantener ni generar puestos de trabajo, y aquellas que sobrevivan lo harán como subcontratistas de las multinacionales a precios muy bajos, modificando sus procesos productivos y bajando los salarios para cumplir las abusivas condiciones que impondrán las multinacionales.

Pero el problema puede ser más grave aún, ya que el 99,88% de las empresas españolas son PYMES que dan trabajo al 66% del total de los trabajadores en España. Entonces, si el TTIP y el TiSA se aprueban, o el CETA se ratifica, sus efectos pueden ser incluso más perniciosos que los del NAFTA.

Pero lo más preocupante es la amenaza a la capacidad normativa de las instituciones municipales, autonómicas y estatales, articulada a través de un órgano transnacional denominado Consejo de Cooperación Reguladora, que dará audiencia a las multinacionales, y deberá buscar la convergencia de las normativas entre los estados miembros para evitar los conflictos entre inversores extranjeros y estados.

Con dicho mecanismo no es necesario conseguir acuerdos en todos los puntos, ya que el Consejo de Cooperación Reguladora podrá vetar las normas dictadas por nuestros representantes políticos, democráticamente elegidos, con este órgano el TTIP adquiere el carácter de superconstitución. Es decir, si un Ayuntamiento para proteger a la ciudadanía, regula el uso, transporte o almacenamiento de productos molestos, tóxicos o peligrosos en su término municipal, y alguno de los inversores extranjeros asentados en el municipio ven peligrar sus beneficios por la medida en proceso de adopción o adoptada, este órgano vetaría dicha norma.

La aprobación del TTIP y el TiSA y la ratificación del CETA supone la legitimación del trasvase de recursos económicos de la ciudadanía a las multinacionales, permitiéndoles a éstas además, dictar las normas que regirán nuestras vidas, por lo que debemos oponernos a ellos y evitar su aprobación y ratificación.

El pasado verano, España fue blanco de la vigésima demanda por parte de inversores extranjeros que afirman haberse visto afectados negativamente por las reformas del país en el sector de la energía renovable y que desean que se les compense por las (futuras) ganancias previstas. En este último caso, se trataba de un inversor alemán que demandaba al Gobierno español por una suma que oscilaría entre los 50 y los 100 millones de euros (1).

Estas demandas no se interponen en tribunales nacionales, sino ante tribunales de arbitraje internacional. Y esto es posible gracias a un mecanismo incluido en la mayor parte de acuerdos internacionales de inversión y que permite a los inversores extranjeros eludir los sistemas judiciales nacionales y demandar a los Estados en el extranjero si sus cambios de políticas afectan a las ganancias previstas por los inversores.

España ha firmado muchos acuerdos de protección de inversiones que otorgan este derecho a inversores extranjeros (2), pero hasta la fecha, los inversores estadounidenses no gozan de este privilegio. Si este mecanismo se integrara en el TTIP (el acuerdo propuesto entre la Unión Europea y los Estados Unidos, también conocido como ATCI por su sigla en español), los países europeos, entre ellos España, podrían verse inundados por una marea de demandas de este tipo, que se deben costear con el dinero de los contribuyentes.

El auge de las demandas de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés) contra España surge a partir de que el Gobierno decidiera recortar los subsidios a las energías renovables en plena crisis económica. Por el momento, los inversores que han interpuesto 20 demandas en un lapso de 4 años (2011-2015) son principalmente fondos privados de inversión y fondos de gestión de activos con sede en distintos países de Europa (3). Pero este número podría multiplicarse si los inversores estadounidenses también pudieran acceder a este recurso.

En estos momentos, solo el 8 por ciento de las inversiones estadounidenses que operan en la Unión Europea están amparadas por el ISDS. Pero, si el TTIP integrara este mecanismo, más de 47.000 empresas de propiedad estadounidense que operan en la UE pasarían a gozar de acceso al arbitraje de inversiones y podrían lanzar ataques inversor-Estado contra los Gobiernos comunitarios por cualquier normativa o regulación imaginable(4).

Cuando un Gobierno modifica su política en algún ámbito, como hizo España en el caso de los subsidios a las energías renovables, los inversores pueden alegar que ese cambio supuso un menoscabo para sus ganancias previstas. La mayoría de la gente entiende que no es un problema que las empresas deseen recuperar una inversión cuando el Gobierno promete unos subsidios y, después, los elimina. Sin embargo, la realidad es que, cuando esas empresas decidieron invertir en España, ya eran muy conscientes de que la crisis se estaba agudizando, que la deuda soberana iba en aumento y que el Gobierno tenía previsto reducir los subsidios destinados al sector de las renovables. El estudio de los primeros siete casos demuestra que la mayoría de los inversores extranjeros que han demandado a España ante tribunales internacionales entraron en el mercado español de las energías renovables después de que empezara la crisis (5). Así que la mayoría de los inversores que han demandado a España son especuladores que intentan mantener sus ganancias excesivas a expensas de unos escasos recursos públicos.

Estos casos contra España ilustran los riesgos a los que se exponen los países cuando aceptan el ISDS. Mediante este mecanismo, los Gobiernos relegan soberanía y permiten que los inversores extranjeros los demanden ante un panel de tres abogados privados guiados por su propio lucro, y no por jueces independientes. Al dirimir los casos, los árbitros solo tienen en cuenta las repercusiones que tiene la acción del Gobierno sobre los beneficios de las empresas. Por lo general, pasan por alto si las medidas que adoptó el Gobierno perseguían proteger los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas, o si eran necesarias para hacer frente a una situación de crisis. Estos árbitros pueden invalidar prácticamente cualquier decisión gubernamental si llegan a la conclusión de que esta choca con los intereses de los inversores. Y su decisión es inapelable.

El mecanismo de ISDS ha sido un elemento habitual de los acuerdos internacionales de comercio e inversión durante décadas. Sin embargo, es solo en los últimos diez años cuando se ha dejado sentir todo su impacto en el espacio normativo del Estado para regular y en los presupuestos públicos. Y es también solo durante los últimos diez años en que se ha empezado a entender la magnitud de lo que han firmado los Gobiernos.

Actualmente, existen más de 600 casos conocidos de arbitraje internacional en todo el mundo. Los inversores extranjeros han podido interponer demandas judiciales para revocar leyes en áreas clave de la economía, tales como normas que aseguran la prestación de servicios públicos asequibles (agua, electricidad), reglas que protegen los derechos laborales, normativas en materia de salud pública, regulaciones para proteger el medio ambiente (prohibición de productos químicos nocivos, prohibición de actividades mineras), aumentar los impuestos a las empresas y regular la extracción de recursos naturales, entre otras cosas. El argumento de que los acuerdos de protección de inversiones solo protegen a los inversores contra el abuso extremo de los países ha perdido toda credibilidad.

Un ejemplo que pone de relieve el gran alcance de los derechos de los inversores en el marco del ISDS es el caso de la demanda de Philip Morris contra Australia y Uruguay por su legislación antitabaco (6) .

Mediante el ISDS, los inversores extranjeros pueden externalizar los costes de los riesgos que asumen al hacer negocios en el extranjero. Estos costes se traspasan a los ciudadanos y las ciudadanas, que son, en última instancia, a quienes les toca pagar la cuenta. En el mejor de los casos, el Gobierno tendrá que pagar a los árbitros y abogados defensores, a un coste promedio de 4 millones de dólares por demanda. Y en el peor de los casos, cuando los árbitros fallan a favor de los inversores, el Gobierno además deberá compensarlos por la cantidad que determinen los árbitros. El mayor laudo emitido contra un Estado ha alcanzado los 50 mil millones de dólares (7).

Los peligros asociados con los acuerdos de inversión han sido destacados por muchos Gobiernos del Sur, que suelen ser el blanco de las demandas. Hoy en día, en el contexto de las negociaciones del TTIP, esta discusión afecta también a los países de Europa, de donde proceden la mayoría de inversores demandantes.

La inclusión del ISDS en el TTIP ha desencadenado fuertes reacciones en varias capitales de la Unión Europea —en especial en Alemania y Francia— y ha dado lugar a movilizaciones en toda Europa. A raíz de una enorme presión pública, la Comisión Europea (CE) puso en marcha una consulta pública sobre el tema. La Comisión recibió más de 150.000 respuestas, el 97 por ciento de las cuales se mostraban contrarias a la inclusión del ISDS en el TTIP (8).

Como estrategia para apaciguar a la opinión pública, así como a los socialdemócratas en algunas capitales importantes que se sentían incómodos con el mecanismo de arbitraje de inversiones, la CE ha creado un conjunto de propuestas de reforma con las que pretende modernizar y “mejorar” el sistema. Sin embargo, estas propuestas no abordan ni por asomo la raíz del problema. Por el contrario, ayudan a afianzar un sistema que ha perdido legitimidad. Las propuestas de reforma de la CE mantienen un sistema paralelo de “justicia” al que solo pueden acceder los inversores extranjeros.

El desequilibrio de poder a favor de las grandes empresas y a expensas de los contribuyentes seguirá intacto. Y la soberanía de los Estados para adoptar cambios normativos en el interés público se seguirá viendo afectada por las reformas propuestas.

Hasta la fecha se han celebrado once rondas de negociación para el TTIP. La CE llevara a la mesa de negociación su nueva propuesta de ISDS tras la reunión de Miami este mes de octubre.

Los Gobiernos de la UE y la CE deberían tratar de rescindir los acuerdos de inversión existentes en lugar de firmar más acuerdos que amplían los derechos de los inversores. Esta es la demanda de las 145.500 personas que se mostraron contrarias a la inclusión de la ISDS en el TTIP en la consulta realizada por la misma Comisión Europea, así como de los más de 2,8 millones de ciudadanos y ciudadanas europeos que han firmado la Iniciativa Ciudadana Europea autoorganizada contra el TTIP (9).

Estas firmas se entregarán a la Comisión Europea como preámbulo de toda una semana de movilizaciones que comenzará el 10 de octubre y en que personas de toda Europa intentarán convencer a los políticos de la UE que los beneficios de las empresas no deberían primar por encima de los derechos de los pueblos.
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1. http://www.energycharter.org/what-we-do/dispute-settlement/investment-dispute-settlement-cases/83-soles-badajoz-gmbh-v-spain/
2. http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/197#iiaInnerMenu
3. https://www.tni.org/es/publicacion/cuando-la-crisis-es-negocio
4. https://www.citizen.org/documents/EU-ISDS-liability.pdf
5. https://www.tni.org/es/publicacion/cuando-la-crisis-es-negocio
6. http://www.iisd.org/pdf/2011//iisd_itn_july_2011_es.pdf
Caso Yukos contra Rusia. Para más información:
7.http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/28/actualidad/1406538901_726399.html
8. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153304.pdf
9. https://stop-ttip.org/

Resulta sorprendente comprobar cómo muchos comentaristas califican al TTIP como un acuerdo de libre comercio, cuando es evidente que no lo es, pues la doctrina del libre comercio no acepta, por definición, que terceras partes queden excluidas, como sí ocurre con el TTIP. Algunos llevan incluso un paso más adelante su error y, a la hora de traducir el acrónimo del TTIP, introducen de rondón la expresión ‘libre comercio’ donde ésta no aparece.

He llegado a la conclusión de que estos errores, en muchos casos, no tienen que ver con la ideología de las personas sino con su baja cultura económica. Citaré como ejemplo un caso muy significativo. No hace mucho pudimos escuchar en la televisión a la Sra. Esperanza Aguirre mostrar su sorpresa porque se hubieran dedicado caudales públicos para salvar a los bancos españoles. Uno puede pensar que hizo esta afirmación debido a su ideología liberal, pero no es así. Si Esperanza Aguirre se hubiera tomado la molestia de leer a Milton Friedman, sabría que en la celebrada obra de este autor sobre la historia monetaria de Estados Unidos se explica que la quiebra del sistema bancario durante la crisis del año 29 agravó sobremanera la situación económica, no sólo por interrumpir el flujo del crédito a la economía real, sino también por la enorme destrucción de masa monetaria (dinero bancario) que implicó. Una de las lecciones que Friedman sacó del asunto fue la de justificar, en estos casos, el salvamento público de los bancos para impedir que la quiebra de unos cuantos terminase por arrastrar a todo el sistema bancario. ¡Menudo pescozón le hubiera dado Friedman a su discípula si la hubiera conocido!

También algunos líderes de izquierda han mostrado públicamente sus reservas a estas ayudas a la banca, demostrando no sólo una ignorancia económica similar, sino también su completa carencia de sentido práctico: estas ayudas a la banca eran la justificación perfecta para su sometimiento al control público y su sustracción a la economía especulativa; pero incomprensiblemente, no se quiso aprovechar la oportunidad.

Estas consideraciones me llevan a la idea básica de que es necesario ampliar y mejorar la formación económica popular, pues empieza a resultar alarmante la cantidad de tonterías económicas que se escuchan todos los días, incluso en boca de personas que por su responsabilidad no deberían decirlas. Es en este contexto que se explica, por ejemplo, que Albert Rivera se permitiera calificar recientemente, y sin ningún rubor, al keynesianismo como una práctica ‘franquista’; y dislates así, todos los días.

[…] la lucha contra el TTIP. La buena notica es que, como lo analizo en este artículo, podemos ganar esta batalla! Tras la marea humana de 250.000 manifestantes en Berlín (donde estuve […]

[…] Texto completo de Susan George, y luego otros autores/as: https://espacio-publico.com/v2/solo-la-ciudadania-puede-frenar-la-grave-amenaza-del-ttip#comment-510… […]

[…] *  Susan George es presidenta honorífica de ATTAC Francia y del Transnational Institute de Amsterdam (aquí, su ponencia sobre el TTIP en Espacio Público). […]

El Tratado TTIP se está negociando con la mayor discreción y sin ninguna transparencia democrática entre la Unión Europea y Estados Unidos (EEUU). Su objetivo es crear una de las mayores zonas de libre comercio del planeta, con cerca de 800 millones de consumidores, y que representará casi la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y un tercio del comercio global.

La UE es la principal economía del mundo: sus quinientos millones de habitantes disponen, en promedio, de unos ingresos anuales per cápita de 25.000 euros. Eso significa que la UE es el mayor mercado mundial y el principal importador de bienes manufacturados y de servicios, dispone del mayor volumen de inversión en el extranjero, y es el principal receptor planetario de inversiones extranjeras. La UE es también el primer inversor en EEUU, el segundo destino de las exportaciones de bienes estadounidenses y el mayor mercado para las exportaciones estadounidenses de servicios. La balanza comercial de bienes arroja, para la UE, un superávit de 76.300 millones de euros; y la de servicios, un déficit de 3.400 millones. La inversión directa de la UE en EEUU, y viceversa, ronda los 1,2 billones de euros.

Washington y Bruselas quisieran cerrar el tratado TTIP antes de que finalice el mandato del presidente Barack Obama. ¿Por qué tanta prisa? Porque, para Washington, este acuerdo tiene un carácter geoestratégico. Constituye un arma decisiva frente a la irresistible subida en poderío de China; y, más allá de China, de las demás potencias emergentes del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica).

Hay que precisar que, entre los años 2000 y 2008, el comercio internacional de China creció más de cuatro veces: sus exportaciones aumentaron un 474% y las importaciones un 403%. ¿Consecuencia? Estados Unidos perdió su liderato de primera potencia comercial del mundo que ostentaba desde hacía un siglo… Antes de la crisis financiera global de 2008, EEUU era el socio comercial más importante para 127 Estados del mundo; China sólo lo era para 70 países. Ese balance se ha invertido. Hoy, China es el socio comercial más importante para 124 Estados; mientras que EEUU sólo lo es para 76.

¿Qué significa eso? Que Pekín, en un plazo máximo de diez años, podría hacer de su moneda, el yuan, la otra gran divisa de intercambio internacional(1), y amenazar la supremacía del dólar. También está cada vez más claro que las exportaciones chinas ya no sólo son productos de baja calidad a precios asequibles por su mano de obra barata. El objetivo de Pekín es elevar el nivel tecnológico de su producción (y de sus servicios) para ser mañana líder también en sectores (informática, finanzas, aeronáutica, telefonía, ecología, etc.) que EEUU y otras potencias tecnológicas occidentales pensaban poder preservar.

Por todas estas razones, y esencialmente para evitar que China se convierta en la primera potencia mundial, Washington desea blindar grandes zonas de libre cambio a las que los productos de Pekín tendrían difícil acceso. Al mismo tiempo, EEUU ha negociado, con sus socios del Pacífico(2), un Acuerdo Transpacífico de Libre Cambio (Trans-Pacific Partnership, TPP, en inglés), gemelo asiático del Acuerdo Transatlántico (TTIP).

Aunque el TTIP empezó a gestarse en los años 1990, Washington ha presionado para acelerar las cosas. Y las negociaciones concretas se iniciaron inmediatamente después de que, en el Parlamento Europeo, la derecha y la socialdemocracia aprobaran un mandato para negociar –aceptado también, en España, en la proposición presentada conjuntamente, en el Congreso de los Diputados, por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)…–. Un informe, elaborado por el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento, creado en noviembre de 2011 por la UE y EEUU, recomendó el inicio inmediato de las negociaciones.

Aunque las negociaciones han pasado por altibajos, incluso han llegado a estar suspendidas debido a desacuerdos en el seno de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, las dos partes están decididas a firmar lo antes posible el TTIP.

De todo esto, los grandes medios de comunicación dominantes han hablado poco, con la esperanza de que la opinión pública no tome conciencia de lo que está en juego, y de que los burócratas de Bruselas puedan decidir sobre nuestras vidas con toda tranquilidad y en plena opacidad democrática.

Mediante ese acuerdo de marcado carácter neoliberal, EEUU y la UE desean eliminar aranceles y abrir sus respectivos mercados a la inversión, los servicios y la contratación pública, pero sobre todo intentan homogeneizar los estándares, las normas y los requisitos para comercializar bienes y servicios. Según los defensores de este proyecto librecambista, uno de sus objetivos será “acercarse lo más posible a una eliminación total de todos los aranceles del comercio transatlántico en bienes industriales y agrícolas”.

En cuanto a los servicios, la idea es “abrir el sector servicios, como mínimo, tanto como se ha logrado en otros acuerdos comerciales hasta la fecha” y expandirlo a otras áreas, como el transporte. Sobre la inversión financiera, las dos partes aspiran a “alcanzar los niveles más altos de liberalización y protección de las inversiones”.

Y sobre los contratos públicos, el acuerdo pretende que las empresas privadas tengan acceso a todos los sectores de la economía (incluso a las industrias de defensa), sin discriminación alguna.

Aunque los medios de comunicación dominantes apoyan sin restricción este acuerdo neoliberal, las críticas se han multiplicado sobre todo en el seno de algunos partidos políticos, de numerosas ONG y de organizaciones ecologistas o de defensa de los consumidores.

Por ejemplo, Pia Eberhardt, miembro de la ONG Corporate Europe Observatory, denuncia que las negociaciones se han llevado a cabo sin transparencia democrática y sin que las organizaciones civiles hayan tenido conocimiento en detalle de lo que se ha acordado hasta ahora: “Hay documentos internos de la Comisión Europea –declara la activista– que indican que ésta se reunió, en la fase más importante, exclusivamente con empresarios y sus lobbys.

No hubo un solo encuentro con organizaciones ecologistas, con sindicatos, ni con organizaciones protectoras del consumidor” (Deutsche Welle en español, 17 de febrero de 2013). Eberhardt observa con inquietud una posible disminución de las exigencias para la industria alimentaria. “El peligro –comenta– lo conforman los alimentos no seguros importados de EEUU que podrían contener más transgénicos, o los pollos desinfectados con cloro, procedimiento prohibido en Europa”. Añade que la industria agrícola-ganadera estadounidense exige la supresión de los obstáculos europeos a ese tipo de exportaciones.

Otros críticos temen las consecuencias del TTIP en materia de educación y de conocimiento científico, pues podría extenderse a los derechos intelectuales. En este sentido, Francia, para proteger su importante sector audiovisual, ya impuso una “excepción cultural”. El TTIP no abarcará las industrias culturales.

Varias organizaciones sindicales denuncian que, sin ninguna duda, el Acuerdo Transatlántico ahondará en los recortes sociales, en la reducción de los salarios, y destruirá empleo en varios sectores industriales (electrónica, comunicación, equipos de transporte, metalúrgica, papel, servicios a las empresas) y agrarios (ganadería, agrocombustibles, azúcar).

Los ecologistas europeos y los defensores del comercio justo explican además que el TTIP, al eliminar el principio de precaución, podría facilitar la supresión de regulaciones medioambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria, a la vez que puede suponer una merma de las libertades digitales.

Algunas ONG ambientalistas temen que se comience también a introducir en Europa el fracking, o sea el uso de sustancias químicas peligrosas para los acuíferos, con el fin de explotar el gas y el petróleo de esquisto.

Pero uno de los principales peligros del TTIP es que incorpora un capítulo sobre “protección de las inversiones”, lo que podría abrir las puertas a demandas multimillonarias de empresas privadas en tribunales internacionales de arbitraje (al servicio de las grandes corporaciones multinacionales) contra los Estados por querer estos proteger el interés público, lo cual puede suponer una “limitación de los beneficios de los inversores extranjeros”.

Aquí lo que está en juego es sencillamente la soberanía de los Estados y el derecho de estos para llevar a cabo políticas públicas en favor de sus ciudadanos.

Para el TTIP, los ciudadanos no existen; sólo hay consumidores, y estos pertenecen a las empresas privadas que controlan los mercados.

El desafío es inmenso. Y la voluntad cívica de parar el TTIP no debe ser menor.

* Este editorial de Ignacio Ramonet fue publicado por Le Monde Diplomatique en marzo de 2014 y ha sido reeditado.

NOTAS:

(1) En abril de 2011, en el marco de la Cumbre de los BRICS en Sanya (isla de Hainan, China), se firmó un acuerdo de cooperación financiera entre las cinco potencias emergentes que prevé la apertura de líneas de crédito en sus monedas nacionales respectivas, con el fin de reducir la dependencia respecto al dólar. En 2008, ya Pekín había firmado este tipo de acuerdo con Argentina.

(2) Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El TPP se ha negociado en secreto durante más de cinco años. Finalmente un principio de acuerdo ha sido alcanzado tras cinco días de negociaciones en Atlanta (Estados Unidos), aunque está pendiente de la aprobación de los respectivos parlamentos.

La comisaria Manstrom declaraba hace varios meses que cuando hablamos del TTIP, en esencia, de lo que estamos hablando es de cómo «moldear la globalización». Efectivamente, así es. Lo que nos jugamos es precisamente cómo avanzar en la gobernanza global. Mi contribución a este interesante foro se centrará en desarrollar esta cuestión.

Comienzo con una breve alusión al conflicto sobre el multilateralismo en los últimos 25 años.

Una vez desaparecida la URSS, durante los casi 15 años que abarcan los gobiernos de Bush (padre) y Clinton, se instaura un modelo de gobernanza global relativamente proclive al multilateralismo y al respeto a las normas e instituciones internacionales, como la ONU y la OMC. Signo de aquella etapa es la primera guerra de Irak que buscó y obtuvo el apoyo de la ONU. En ese periodo, que se corresponde con la primera etapa de la globalización, la ampliación del comercio estaba asegurada por la aparición de los nuevos mercados nacionales de los países comunistas y la liberalización de China, territorios que el capitalismo necesitaba “seducir” e incorporar a su lógica.

El 11S de 2001 es la excusa perfecta para que la administración de Bush (junior), siempre cohesionada contra el multilateralismo desde sus halcones, desarrollara una política de fuerza basada en la “convicción moral” de ser la única superpotencia capaz de defender la democracia y la prosperidad.

En la práctica eso significa fortalecer la autonomía de la OTAN mientras se abandonan (o se dejan de impulsar) los foros mundiales de resolución de conflictos, se renuncia a las anunciadas reformas del Consejo de Seguridad de la ONU, del Banco Mundial y del FMI diseñadas para integrar a los BRICs, y se recupera la lógica bilateral o regional en los acuerdos comerciales.

La batalla de Europa, la última pieza de una estrategia “coherente”

El propósito que se va imponiendo como nuevo consenso entre las élites de EEUU pasaba por sustituir la OMC en tanto que foro multilateral encargado de pautar la liberalización del intercambio de servicios, por una tupida red de tratados de carácter bilateral o regional, que se fueran apoyando uno sobre otro hasta construir una maraña de difícil retorno. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) entre EEUU, Canadá y México, sirve como modelo replicado y perfeccionado en los tratados comerciales entre EEUU y otros países emergentes “aliados”, como, por ejemplo, Perú, Corea o Colombia.

Con el pretexto de la armonización se hacen converger las legislaciones de los países firmantes hacia unos niveles regulatorios adecuados, los mínimos vigentes en los países más liberales (o más débiles) para convertidas luego en pautas de (casi) imposible superación. El Trade In Services Agreement (TISA) sobre la liberalización de la banca y el transporte, el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) sobre la propiedad intelectual o el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) comparten los mismos principios.

El camino es crear “espacios voluntarios de convergencia regulatoria” o de “armonización de normas” que se refieren a espacios centrales de la organización social de un país: la normativa laboral, ambiental, la propiedad intelectual, la fiscalidad… El último de ellos, el Tratado TTP sobre Librecomercio Transpacífico, que se acaba de firmar sin el apoyo de China ni de las grandes economías asiáticas, abarca desde el derecho de los trabajadores a crear un sindicato hasta requerimientos de seguridad, salario mínimo, límite de horas trabajadas o protecciones contra la discriminación.

La negociación entre EEUU y la UE en torno al TTIP simboliza el momento culminante de esa nueva etapa. Ganar la “batalla de Europa”, donde la madurez democrática provoca mayores resistencias, supone el último eslabón que consagraría definitivamente la nueva filosofía y el nuevo tipo de jerarquías que la Organización Mundial de Comercio (OMC) nunca pudo avalar.

La sacralización de los “derechos del inversor”

Si el unilateralismo bélico de la administración Bush era seña de identidad de sus halcones, el nuevo entramado de tratados convergentes introduce una carga más peligrosa aún, puesto que institucionaliza y sanciona como sujetos políticos a las grandes transnacionales y prioriza la defensa de sus derechos de inversor.

Los nuevos tratados no se limitan a un rediseño de las relaciones entre países, ni a dar una nueva vuelta de tuerca del Norte sobre el Sur; afecta, además, a los equilibrios internos de los países firmantes y, por eso, provoca las mismas resistencias entre los sindicatos y las organizaciones sociales de EEUU y Europa, de Asia o de Latinoamérica.

El entramado que el TTIP pretende consagrar, igual que el de sus equivalentes, va mucho más que una «via rápida» para la liberalización del comercio, que es como la ha definido Obama. Utilizando torticeramente el concepto de la seguridad jurídica, pretende, simplemente, aportar seguridad económica a los inversores o, lo que es lo mismo, socializar los riesgos trasladando a los ciudadanos las consecuencias de cualquier cambio normativo resultado del juego democrático.

Es un entramado jurídico pensado para que las empresas transnacionales , de un lado, convaliden su estatus hasta colocarlo al mismo nivel que los estados. Y de otro, se blinden ante los cambios sociales.

La socialización de los riesgos del inversor (asumir riesgos era, hasta ahora, lo que justificaba los beneficios empresariales), se convierte en nuevo valor consagrado, al nivel de otros derechos políticos y sociales.

El comercio no se frena por las divergencias regulatorias

Pero el problema de fondo es que esta vía no aborda las causas profundas que bloquean el comercio internacional. Simplemente, privilegia la agenda de las grandes corporaciones y su idea de la globalización mientras obstruye e ignora otros caminos, otros ritmos y otras prioridades que abordan los factores realmente relevantes para el desarrollo del comercio.

China, con el apoyo de cada vez más países, considera que la más importante traba al libre comercio es la carencia de infraestructuras en países emergentes. Su expansión en África, Asia y América Latina se cimenta, precisamente, en acuerdos a largo plazo basadas en el desarrollo de grandes obras de infraestructuras.

Ese foco requiere afrontar otro problema asociado: impulsar mecanismos de financiación a largo plazo que faciliten el desarrollo de los países emergentes. La puesta en marcha del Banco Asiático de Inversiones (BAII), alternativa real al BM y al FMI, impulsado por los BRICS con el apoyo de 43 paises (y al que se opone EEUU) marca el camino a seguir.

¿Tiene sentido poner el foco en la desregulación? Mas bien al contrario. La realidad es que la causa central que provoca inestabilidad en los flujos comerciales es la inseguridad financiera que provoca la ausencia de regulación de los mercados y, en particular, de los productos derivados y los fondos especulativos.

El camino del TTIP es solo una via interesada de los grupos de poder que nada tienen que ver con el desarrollo del libre comercio ni de la economía mundial.

[…] del Transnational Institute de Amsterdam (aquí, su ponencia sobre el TTIP en Espacio Público:  https://espacio-publico.com/v2/solo-la-ciudadania-puede-frenar-la-grave-amenaza-del-ttip […]

El pasado mes de junio de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en relación con el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, por sus siglas en inglés, o Tratado de libre comercio e inversión). La resolución fue elaborada por el grupo de comercio de la Comisión y contó con el apoyo mayoritario de conservadores, liberales y socialistas.

El texto no estuvo exento de polémica y discusión en el debate, tampoco en su elaboración,pues en él se excluían del tratado ciertos servicios públicos, pero no todos. Frente a las protestas de organizaciones de la sociedad civil, incluido el sindicato Comisiones Obreras, la respuesta de la Comisión siempre es la misma: la competencia para organizar los servicios públicos es potestad de cada Estado Miembro y, por lo tanto, cada país es libre de decidir si los servicios que deben prestarse a la ciudadanía, y que conforman uno de los pilares más importantes del Estado del Bienestar, ostentan titularidad pública o privada.

Ahora bien, a nadie se le escapa que la Unión Europea ha ido consolidando a lo largo de estos últimos años su corriente más neoliberal. De hecho, en marzo de 2014 se aprobó definitivamente la nueva directiva sobre contratación de servicios públicos, en la que se amplían las condiciones que permiten establecer contratos de concesiones a grandes y pequeñas empresas.

El objetivo último europeo tiene mucho que ver con entender que los servicios son un negocio con el que se puede comerciar y no un derecho de ciudadanía. De hecho, uno de los argumentos más utilizados es que el 19% total del PIB proviene de los servicios públicos y que, la apertura de los mismos, sería una oportunidad para salir de la crisis económica.

Esta concepción sobre los servicios entendidos como un bien comercial se ha venido fraguando durante años a espaldas de la ciudadanía. De hecho, la idea de firmar un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea se viene discutiendo desde los años 90 pero no alcanzó el suficiente acuerdo político hasta el año 2011.

En el encuentro anual mantenido entre la UE y EE.UU. en noviembre de 2011, se creó un Grupo de Trabajo de Alto nivel para el Empleo y el Crecimiento. El objetivo era el de desarrollar estrategias que incrementaran los acuerdos y la inversión y, según ellos, promover la creación de empleo, la competitividad internacional y el crecimiento económico.

Este grupo de trabajo presentó su informe final el 11 de febrero del 2013, informe que sucede a otro intermedio de 18 de junio de 2012, y que se ha basado en consultas con representantes de varios intereses, empresarios fundamentalmente, sin incluir a la sociedad civil y mucho menos al mundo del trabajo.

Llegaron a la conclusión de que había que comenzar a negociar un acuerdo trasatlántico ya que presumiblemente sería el vehículo para alcanzar los objetivos marcados políticamente a ambos lados del Atlántico. ¿Cuáles eran estos objetivos? La eliminación de las pocas barreras arancelarias que quedan relativas al comercio de bienes, servicios e inversión.

Con respecto a los servicios, plantearon abiertamente que “el objetivo debe ser el de obligar al más alto nivel de liberalización que cada lado ha logrado en los acuerdos comerciales hasta la fecha”. También recomendaron que las negociaciones deben mejorar “las oportunidades de negocio a través de la mejora sustancial del acceso a oportunidades de contratación pública en todos los niveles de gobierno, sobre la base del tratado nacional”.

Dos días después de su publicación, Barack Obama, Herman Rompuy y el presidente de la Comisión Europea de aquel entonces, Durao Barroso, anunciaron que en base a las recomendaciones del grupo de trabajo mencionado anteriormente, se comenzaría a negociar, eso sí, sin luz ni taquígrafos.

Los casi tres millones de firmas recogidos por la sociedad civil organizada, entre asociaciones, movimientos ciudadanos, partidos y sindicatos, no parecen ser suficientes para que la Comisión Europea retroceda en el intento por sacar adelante este acuerdo, recientemente refrendado en el Parlamento Europeo este junio, donde se aprobó una resolución sobre el TTIP con la inclusión de la cláusula ISDS (arbitraje de diferencias entre estado e inversor) en la que se daba el visto bueno a la propuesta de creación de un Tribunal Internacional para resolver los conflictos entre Inversor y Estado y que demuestra una vez más el poder de los lobbies en Bruselas.

Paradójicamente, esta cláusula es también rechazada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos que recientemente ha planteado que la UE tiene un problema relacionado con la inversión en futuros tratados. Esto pone de manifiesto el fin último de las multinacionales que es el de operar en los diferentes Estados con una hoja de ruta bien marcada y si es posible al margen de los poderes constitucionales, tanto nacionales como supranacionales.

Llegados a este punto, conviene recordar, por su trascendencia, que encima de la mesa hay otros dos tratados de libre comercio: Por un lado el CETA, Canadá and Comprehensive Trade Agreement, negociado con Canadá y pendiente de aprobación y ratificación por parte de los Estados Miembros, y cuyos postulados plantean abiertamente la posibilidad de los gobiernos de modificar la legislación como mejor convenga a las leyes del comercio internacional, todo desde un óptica política y descaradamente correcta.

¿Promoverá la Comisión su ratificación Estado por Estado ahora que Syriza ha ganado las elecciones o pasará de soslayo?

Por otro lado, el gran desconocido, por lo menos para la gran parte de la ciudadanía: el TISA, Trade in Services Agreement, o Acuerdo para la Inversión en Servicios.

Sobre este último se sabe muy poco, puesto que está siendo negociado de manera opaca e imprecisa, pero tendría la clave para impedir la recuperación para la gestión directa de servicios públicos que han sido privatizados.

El TISA limitaría y quizá incluso prohibiría la remunicipalización, ya que impediría que los gobiernos crearan o restablecieran la gestión directa o en exclusiva de los servicios, o en su caso formas de prestación de servicios similares “no competitivas”. La sociedad debería estar muy vigilante al respecto de lo que ocurra en relación con el TISA. Nos jugamos mucho en ello.

No existe ninguna posibilidad de construir y mantener un Estado social y de derecho, del que forme parte el Estado de bienestar, sin los servicios públicos. Servicios públicos que han sido la argamasa para el progreso en Europa consolidando el denominado «modelo social europeo», el cual encarna las señas de identidad de las sociedades europeas más avanzadas y que en nuestro país está más amenazado que nunca, pues la ideología más montaraz, liberal y conservadora está atropellando el derecho de ciudadanía que la sociedad posee a unos servicios de calidad y cercanos, y ahondando en el desprestigio, deterioro y abandono de las condiciones laborales del personal que trabaja en los servicios públicos.

Una sociedad moderna, igualitaria, que quiere construir una convivencia digna para que las personas puedan realizar sus proyectos vitales, es una sociedad en la que la redistribución de la riqueza es un punto básico de partida, unos cimientos sobre los que debe levantarse todo el edificio social que nos acoge como personas y nos eleva a la categoría de propietarios de derechos de ciudadanía, de personas con futuro.

Para concluir, el principal reto que enfrentamos como organización es trasladar al conjunto de la ciudadanía, de la que forman parte las trabajadoras y trabajadores, la amenaza los diferentes servicios que se prestan en nuestro país, si se procede a la firma de estos tratados, y las consecuencias laborales en términos de pérdidas de empleo y de derechos laborales al ratificarse unos acuerdos con un país como EE.UU., que sigue sin ratificar convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

La defensa de la justicia social, el empleo digno y con derechos, los servicios públicos, el Estado del bienestar y estar a favor de que sean los Estados y su gente los que regulen las reglas del juego y no las multinacionales, constituyen señas de identidad con las que nos sentimos comprometidos.

http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/2067496-Informe_de_FSC-CCOO_sobre_los_tratados_de_libre_comercio_e_inversion.pdf

[…] https://espacio-publico.com/v2/solo-la-ciudadania-puede-frenar-la-grave-amenaza-del-ttip […]

Cientos de personas recorren este jueves 15 de octubre el centro de la capital belga, apoyados por fuerzas políticas como Podemos, IU y Equo. Su objetivo inmediato es rodear el edificio en el que este jueves se reúnen varios jefes de gobierno de la UE para obligarles a escuchar su mensaje.

BRUSELAS.— No más austericidio, no más políticas neoliberales. Y, desde luego, no a la firma de tratados secretos como el TTIP, que Washington y Bruselas negocian con sigilo. Estas son algunas de las reivindicaciones de las Euromarchas, una iniciativa que bebe del espíritu de las Marchas por la Dignidad y que este jueves ha desembarcado con energía en la capital de Bélgica.

En torno a 300 personas se concentraban este jueves frente al Musée du Tram de Bruselas, para poner rumbo al centro de Bruselas, donde hoy se reúnen varios jefes de Gobierno de los 28 en una nueva cumbre europea.

«Esas cumbres no sirven para nada, todas las decisiones están tomadas con antelación», asegura a Público Maribel Martínez, portavoz de la iniciativa, vertebrada sobre el movimiento de cuatro columnas establecidas en cada uno de los puntos cardinales de Europa.

Pedro Arrojo, también coportavoz de las Euromarchas, explica que la columna suroeste (España, Portugal y Francia) partió de Gibraltar el día 1 de octubre, para después desarrollar hasta 75 acciones en distintas ciudades y pueblos del Viejo Continente —entre ellas, la que aseguran ha sido la primera manifestación en Andorra—. Han viajado en autobús y en furgoneta, y esperan la llegada de otros tantos activistas españoles que ya vuelan o volarán próximamente a la capital, corazón de las instituciones europeas.

Pretenden «bloquear» el tráfico en cuatro de los cruces que rodean la zona de las instituciones comunitarias con una manifestación pacífica. Para ellos utilizarán cuatro tractores que abren la marcha. Y, para marcar el carácter pacífico de esta concentración, en la cabecera de la marcha se sitúan algunos representantes políticos, entre ellos tres diputados aragoneses de Podemos, una de las organizaciones que junto a IU y Equo respaldan esta iniciativa.

«Los partidos están jugando a dos bandas, ayudando a aprobar tratados como el TTIP mientras dicen defender a los europeos», asegura a este diario Marta de Santos, parlamentaria de Podemos en las Cortes de Aragón. De Santos llegó a su cargo como el resto de diputados autonómicos del partido del círculo —salvo los andaluces— tras las elecciones del 24-M, y asegura que la aprobación del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) daría al traste con todo el trabajo de los diputados autonómicos, ya que lo establecido por el acuerdo es de obligado cumplimiento en todos los niveles de la administración.

Entre gritos de «¡El pueblo unido jamás será vencido!», o «¡La lucha es el único camino!», los manifestantes aragoneses, vascos, navarros y de otros tantos lugares de la geografía española echaban a andar pasadas las 11:15 horas, arropados por activistas belgas de distinta procedencia. El frío de la mañana no apagaba los ánimos, y entre proclamas y cánticos —Orquesta Solfónica incluida— ponían rumbo al centro de la ciudad seguidos de cerca por un dispositivo policial de apenas una docena de agentes.

Tras rodear la cumbre europea, a partir de las 12:00 de la mañana, los activistas organizarán talleres, conferencias y otras acciones hasta el sábado, cuando tendrá lugar la manifestación que servirá de cierre a esta protesta.

Además de la lucha contra los tratados comerciales secretos como el TTIP (UE-EEUU) o el CETA (UE-Canadá), las Euromarchas claman contra los paraísos fiscales, la pobreza, o contra la falta de apoyo de las instituciones comunitarias a los refugiados que piden socorro a las puertas de las fronteras de Europa, y que en muchos casos no obtienen más que el silencio como única respuesta.

Podemos ganar la batalla contra el TTIP, este polémico tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. No es un farol. Es una realidad objetiva basada en lo siguiente:

• El grado de conocimiento se ha disparado. Mientras que en las elecciones europeas del 2014 hasta las personas más comprometidas con la transformación social, democrática y ecológica desconocían del todo el TTIP, hoy, gracias a un trabajo de las plataformas anti-TTIP, ONGs, sindicatos, etc, la situación ha cambiado radicalmente. Sin llegar a ser portada en la prensa española (pero sí en otros países europeos), el TTIP es un tema de actualidad, llena salas y hasta los medios masivos informan sobre sus impactos.

• La movilización de la ciudadanía europea es real, masiva y eficiente. En un año se han recogido en Europa más de tres millones de firmas (enlazar con https://stop-ttip.org/) en contra del TTIP. Además, las últimas marchas europeas del “Día de Acción Global” en el mes de abril pasado juntaron a decenas de miles de personas en más de 300 ciudades en toda Europa. Y vamos a más: el 17 de octubre la protesta contra el TTIP confluye con las euromarchas en Bruselas, mientras hace poco ni más ni menos que 250.000 personas se manifestaban en contra del TTIP en Berlín.

• Basta con que un solo Estado Miembro se pronuncie en contra para que el TTIP no se pueda aprobar. Si se considera el TTIP como un Tratado mixto (es decir, un texto que afecta tanto a competencias europeas como a estatales), la no ratificación por parte de un Estado miembro de los 28 sería suficiente para tumbarlo. Por el momento, el gobierno de Tsipras, a pesar de las presiones de la Troika durante las negociaciones del memorando, ha dicho claramente que no ratificaría el TTIP, a lo que habría que sumar la opinión pública de Alemania o de Austria que ya ha manifestado estar mayoritariamente en contra de este Tratado. Este escenario espanta a la Comisión Europea, que, claro está, busca al mismo tiempo evitar el carácter mixto del TTIP y la votación de los 28 Estados Miembros de forma separada.

• Hay antecedentes de luchas victoriosas. Si hacemos un ejercicio de memoria, recordaremos dos iniciativas con tintes parecidos y finales tristes para sus promotores: en 1997 logramos parar el AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones) y en 2012 el Parlamento Europeo rechazó el ACTA (Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación – enlazar con http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20120703IPR48247/html/El-Parlamento-Europeo-rechaza-ACTA). El método no fue nada original pero sí altamente eficaz: alta movilización política y presión ciudadana a nivel nacional y europeo.

Ahora bien, el hecho de poder ganar no significa que lo hayamos logrado. Precisamente porque ante los goles que nuestros movimientos políticos y ciudadanos han metido a la Comisión Europea, ésta ha reaccionado. La Comisaria Malmström hace grandes esfuerzos en recorrer el continente en defensa del TTIP: multiplica charlas y artículos de opinión en toda la prensa europea, alienta a los (apoltronados) Estados para que defiendan el mandato que le dieron y propone una reforma-maquillaje del ISDS (enlazar con http://partidoequo.es/ttip-el-nuevo-isds-de-la-comision-europea-es-una-operacion-de-maquillaje), el polémico tribunal de arbitraje privado entre Estados e inversores, como mensaje de apertura hacia las críticas recibidas.

Por otro lado, existe otro riesgo: el año que viene llegará seguramente el CETA a la agenda del Parlamento Europeo para su ratificación final. El CETA, un tratado entre la UE y Canadá cuya negociación ya está cerrada, es el hermano mayor del TTIP. Contiene todos los artículos y herramientas polémicas del TTIP, pero a diferencia de su hermano menor, no ha despertado tanta protesta ciudadana y política. Si llegase a aprobarse, se podría convertir en un argumento de peso de la Comisión Europea para convencer a los indecisos (“¿Cómo votar a favor del CETA y no del TTIP que además es más edulcorado?”). Así que digamos rotundamente: la lucha contra el TTIP, es decir, contra el poder de las multinacionales de ambos lados del Atlántico, pasa también por la lucha contra el CETA.

Ante estos riesgos, existen por tanto oportunidades estratégicas. Si bien el TTIP ha desaparecido por el momento de la agenda del Parlamento Europeo (pero llega un nuevo motivo de movilizaciones: el TiSA, enlazar “TiSA” con http://florentmarcellesi.eu/2014/09/08/pequena-guia-de-los-tratados-de-libre-comercio-que-te-quieren-colar/), es hora de que esté presente en la política nacional para formar parte del debate electoral y de los compromisos de los candidatos, partidos o confluencias de cara a las elecciones generales. Por dos razones obvias: 1) si un Estado Miembro lo rechaza, lo puede tumbar (siempre y cuando sea un tratado de carácter mixto); 2) el Consejo Europeo –que mandata la Comisión Europea- lo componen los jefes de gobierno de los Estados Miembros y allí, España tiene que mandar un jefe de gobierno anti-TTIP.

Por último, para ganar necesitamos también superar la estrategia del NO y apostar también por una estrategia del SÍ. Es decir, tenemos que ser capaces de construir una alternativa al TTIP. Eso supone construir un imaginario colectivo diferente al del crecimiento, de la globalización y de la competencia (véase por ejemplo aquí enlazar “por ejemplo aquí” con http://florentmarcellesi.eu/2015/03/09/los-tres-mitos-del-ttip-y-nuestras-alternativas/) y también ofrecer una propuesta comercial diferente (como por ejemplo lo hace el “Alternative Trade Mandate” enlazar con http://corporateeurope.org/sites/default/files/trade-time_for_a_new_vision-print.pdf).

A fin de cuentas, el TTIP forma parte de esta batalla que podemos ganar, y debemos ganar. Necesitamos poner freno a esta huida hacia adelante del beneficio por el beneficio, y favorecer nuestra salud, nuestro bienestar y nuestro planeta. Tumbar el TTIP es el símbolo que necesitamos para gritar orgullosos que otro mundo es posible.

Desde hace varios meses llevamos alertando sobre los peligros de la firma del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) que EEUU y la Unión Europea (UE) están negociando en el más absoluto de los secretos. Si hoy mismo Alejandro López de Miguel firma un artículo en el que advierte de la oleada de privatizaciones que este Tratado de Libre Comercio traería consigo, desde K@osTICa alertamos de las consecuencias para la privacidad, puesto que la legislación de EEUU vendría a imponerse a la europea por ser más beneficiosa para los intereres de las multinacionales.

En un nuevo estudio comparativo entre las garantías de protección de datos que ofrece EEUU respecto a la Unión Europea (UE) podemos comprobar cómo los enfoques jurídicos son radicalmente opuestos. Mientras en Europa disfrutamos de un marco de protección de los datos personales bastante amplio, incluido y codificado en el Derecho primario, al otro lado del Charco son las diferentes agencias las que adoptan diferentes criterios, variando significativamente los niveles de protección en función del contexto y la instrumentalización de los datos.

Si bien es verdad que cualquier ciudadano estadounidense puede reclamar la protección de sus datos amparándose en la Cuarta Enmienda o en la Ley de la Privacidad, no es menos cierto que todo eso se borra de un plumazo al agitar la bandera de la seguridad nacional, sin incluir consideraciones –como de hecho sucede en la UE- de proporcionalidad. Dicho de otro modo, la privacidad del individuo, en ese sentido, es totalmente secundaria, sujeta al libre albedrío de la agencia gubernamental de turno.

¿Significa eso que en la UE la seguridad nacional no prevalece sobre la privacidad? No, pero a diferencia de lo que sucede en EEUU, para que se produzca puntualmente un intercambio de datos entre, por ejemplo, autoridades policiales y los servicios de inteligencia es necesaria una justificación específica; en EEUU, en cambio, este intercambio es la regla y no la excepción.

Por otro lado, mientras la legislación europea de protección de datos aplica a todo ciudadano que viva en su territorio, la estadounidense no. De esta manera, si los niveles de protección de datos para un estadounidense son ya de por sí bastante laxos, para un ciudadano extranjero en suelo norteamericano directamente son inexistentes. Por no tener, un ciudadano europeo ni siquiera tiene derecho a revisión judicial en caso de que una agencia norteamericana traspase los principios más esenciales de proporcionalidad en el tratamiento de los datos personales.

En suma, el informe afirma rotundamente que la mayoría de las normas de protección de datos de la UE no se pueden encontrar ni por asomo en la ley estadounidense. Un buen ejemplo de ello es la cesión de datos personales entre organismos o, incluso, a terceros con propósitos comerciales. Mientras en Europa hace años que esta cesión está sujeta a la aprobación del dueño de los datos personales, en EEUU no, obviando cualquier tipo de supervisión o reglas de proporcionalidad. Por no contemplarse, ni siquiera se recoge el derecho a la corrección o supresión de los datos o,incluso, el de revisión judicial.

El informe no sólo analiza la legislación vigente, sino alguno de los proyectos de ley que se están gestando en EEUU, como es el caso del Proyecto de Ley de Reparación Judicial o la ya vigente Ley de Libertad. Una libertad entendida de tal modo que continúa permitiéndose la vigilancia de la información de la Inteligencia extranjera, accediendo a sus metadatos, sus registros, contenido y, por supuesto, sus comunicaciones.

A pesar de que se habla de un próximo ‘acuerdo paraguas’ entre la UE y EEUU, lo cierto es que la firma del TTIP podría dar al traste con ello, desterrando de nuestro marco normativo aspectos que ahora nos resultan tan esenciales como la supervisión independiente, la regulación de la transferencia de datos y de su intercambio entre organismos, la notificación obligatoria tras brechas de seguridad de datos y el acceso, rectificación y supresión de los derechos de borrado, así como las limitaciones a los intercambios de datos.

Cuando en el siglo XIII Marco Polo cruzaba el globo para abrir la Ruta de la Seda nadie se cuestionó las condiciones en las que esos productos iban a llegar a los mercados de la época, ni las condiciones en las que eran fabricados. Hoy en día, la apertura de nuevos mercados en el mundo globalizado necesita de reglas para poder ser justos y cumplir la ley.

La Unión Europea se caracteriza por tener los estándares más exigentes del mundo en muchas materias de vital importancia para el día a día y el bienestar de los ciudadanos, que empiezan por la protección social de sus trabajadores y terminan por la calidad de sus alimentos, servicios y productos.

En ese marco, las negociaciones abiertas en el marco del acuerdo comercial UE-Estados Unidos no pueden ser una excusa para introducir por la puerta de atrás, en diferido, una rebaja de los estándares europeos.
Desde la Delegación de UPyD en el Parlamento Europeo trabajamos con firmeza para que el conocido como Tratado de Libre Comercio con EEUU (TTIP) sea beneficioso y respete los intereses de pequeños y medianos actores del mercado europeo.

Hemos apoyado enmiendas orientadas a excluir de las negociaciones aspectos relacionados con los organismos modificados genéticamente, el uso de hormonas en el sector bovino o la clonación de animales con fines ganaderos, y tenemos que seguir haciendo toda la presión posible para que el acuerdo final, si lo hay, respete plenamente todas las garantías presentes y futuras sobre derechos básicos que ya defiende la legislación europea.

En nuestro empeño de transparencia sobre las negociaciones que se producen lamentablemente bajo el oscurantismo, desde el PE hemos puesto de relieve las cuestiones relativas a futuros mecanismos de cooperación regulatoria, con el objetivo futuro de igualar legislaciones a ambos lados del Atlántico.

Queremos evitar un efecto arrastre hacia la baja de la protección existente en la UE y que se puedan debilitar nuestras instituciones democráticas parlamentarias.

El TTIP tiene que ser un revulsivo para garantizar el modelo social europeo, nunca un pretexto para reducir la normativa lograda tras años de construcción comunitaria.

No podemos contentarnos con la palabra de la Comisión Europea diciendo que se respetarán los estándares comunitarios. Es preciso garantizar que no existe un caballo de Troya tecnocrático para laminar en el futuro nuestros estándares. Sólo así podremos aprobar el acuerdo que surja de las negociaciones.

El octavo punto del mandato que el Consejo Europeo dictó a la Comisión Europea para abrir las negociaciones del TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) precisaba que “el Acuerdo debe reconocer que el desarrollo sostenible es un objetivo general de las Partes (…) a la vez que se fomentan unos elevados niveles de protección medioambiental, laboral y de los consumidores compatible con el acervo de la UE y la legislación estadounidense”. Todo ello, por supuesto, buscando “una liberalización del comercio que vaya más allá de los compromisos de la OMC”.

Desde entonces, y apoyándose en este mandato, la Comisión Europea ha negado de manera sistemática que el TTIP vaya a suponer una merma en la protección de los derechos ambientales y sociales de la ciudadanía europea, tal y como afirmamos el conjunto de colectivos que formamos parte de la campaña internacional #StopTTIP. Según el cuerpo negociador de la Unión Europea, quienes integramos dicha campaña no hemos hecho más que “inducir mitos para confundir a la ciudadanía”.

En primer lugar, pese a que la Comisión Europea aún no ha realizado ningún estudio de impacto ambiental derivado del TTIP, cabe recalcar que cualquier acuerdo de libre comercio, inevitablemente, implica mayor degradación ambiental aunque sea por el mero hecho de que conlleva más comercio internacional: más emisiones de gases de efecto invernadero, más construcción de infraestructuras, más empaquetado y refrigerado para transportes a más distancia, etc.

En cuanto a la cuestión normativa, sin tener presente la redacción exacta de los textos de la negociación, ni siquiera las propuestas concretas que ambas potencias desean plasmar en el Tratado, algo de lo que es responsable la Comisión Europea con su secretismo antidemocrático, es difícil comprobar si efectivamente el TTIP supondrá una rebaja a los estándares ambientales y sociales de la Unión Europea. Pero, como veremos a continuación, todos los indicios apuntan a que una vez más, tras una exquisita retórica ambiental y social, la Comisión Europea continúa con la agenda neoliberal que tiene impregnada en su ADN y va a aprovechar las negociaciones del TTIP para dar una nueva vuelta de tuerca a la rebaja de protección ambiental y social.

La estrategia de lavado verde de la UE no es nueva. Ya la Constitución Europea declaraba que uno de los objetivos de la Unión era alcanzar “una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección […] del medio ambiente” algo que, quienes nos oponíamos, denunciábamos que se trataba de un brindis al sol. La mejor prueba era que mientras la Constitución detallaba todos los aspectos económicos, de corte claramente neoliberal (topes de déficit, control del BCE sobre el euro, liberalización de servicios, etc.), el texto era vago, en el mejor de los casos, en temas ambientales y sociales.

Las consecuencias las hemos podido ir comprobando con el tiempo. Pese a que la normativa ambiental europea es de las más avanzadas del mundo, su grado de incumplimiento es muy alto, y la tendencia general es hacia una rebaja en ésta, con objetivos orientativos y voluntarios y plazos de cumplimiento laxos.

Por ejemplo, España ha violado sistemáticamente normas ambientales de la UE, como muestra la deficiente implantación de la red Natura 2000, la ilegalidad de las carreteras M30 o M501 o el incumplimiento de la legislación sobre calidad del aire. En ninguno de estos casos hubo más que una tibia respuesta de la Comisión Europea, lo que ha dejado sin efecto cualquier intento de regulación ambiental impuesto desde Bruselas.

Lo que sí ha controlado la Comisión férreamente ha sido, y sigue siendo, la política social, para que se ajuste al programa neoliberal impuesto, especialmente, a los países endeudados. El control llega hasta el punto de que los presupuestos generales no pueden ser presentados en el parlamento español sin el visto bueno de la Comisión. Ahí es donde se han puesto de manifiesto los “verdaderos valores” sobre los que se sustenta la UE.

Es difícil que la Unión Europea tome un rumbo diferente. En el sistema capitalista la política comercial domina al resto, y los países miembro han delegado ésta a la Comisión Europea, una institución cuyos miembros no son elegidos por ningún procedimiento democrático.

Con ello, los tecnócratas de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea albergan más poder que cualquier eurodiputado y que muchos de los Gobiernos de los países miembro de la UE.

No es un secreto la dificultad que tienen los/as europarlamentarios/as para acceder a los textos de las negociaciones del TTIP. Este modelo supone un paraíso para que los grupos de presión desplieguen todo su poderío. Treinta mil personas se dedican diariamente a realizar labores de cabildeo en la UE, hasta el punto de que se ha denominado el Gobierno de la UE como una lobbycracia.