El 17 de julio de 2013 el Consejo de la Unión Europea aprobó las Directrices de negociación relativas a la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés. Este documento, que no se desclasificó hasta el 9 de octubre de 2014, contiene los objetivos y contenidos fundamentales del futuro Tratado, y establece como finalidad primordial el aumento del comercio y la inversión entre la UE y los Estados Unidos.
En pos de esta meta, el documento enmarca los contenidos del Tratado en tres grandes pilares: el acceso al mercado, las cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias (BNA), y la producción de normas comunes de obligado cumplimiento, incluyendo un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS). Este amplio contenido ha justificado que el TTIP, al igual que al CETA (EU-Canadá Comprehensive Economic and Trade Agreement) sea bautizado como un «Tratado de Nueva Generación».
Más allá de este conjunto de finalidades, no cabe duda de que este Tratado tiene una clara orientación geopolítica: con su firma, ambas potencias pretenden configurar un bloque internacional capaz de establecer, e imponer, sus estándares comerciales internacionales a otras potencias emergentes. En este sentido, diversos autores han afirmado con rotundidad que los objetivos geo-estratégicos que integran ambos tratados transoceánicos tienen un manifiesto cariz neo-imperialista.
Así, en palabras de Bello (2014), «el TTIP es en realidad el brazo económico de la OTAN y tiene claramente como objetivo contener a Rusia; el TTIP, por otro lado, es evidentemente un intento muy contundente de contener a China y de crear un bloque económico contrario en Asia».
El autor señala además que los dos Tratados (al que añadiríamos el CETA) tienen un fuerte «componente ideológico», «en la medida en que se afirman como representación de los “buenos” valores occidentales –libre comercio, civilización, imperio de la Ley, etc.– por oposición a los valores ajenos del otro».
Teniendo presente la amplitud de los objetivos señalados, no es de extrañar que la firma del TTIP se haya marcado como uno de los retos políticos fundamentales a alcanzar en el más breve plazo posible por los gobiernos de ambas partes.
El Presidente de la Comisión Europea ha situado la consecución de la firma del TTIP como la tercera prioridad de su mandato, mientras que la administración Obama se ha vinculado claramente a su promoción, así como a la de otros tratados de libre comercio como la Trans-Pacific Partnership o TPP). Con el objetivo de conseguir un acuerdo temprano, y sobre el contenido señalado en el mandato de 2013, se han realizado hasta el momento 10 rondas de negociación en las que ambas partes han ido fijando posiciones y desarrollando el futuro contenido del acuerdo. El 26 de septiembre de 2014 terminaban las negociaciones del CETA entre Canadá y la UE. Este tratado sigue en fase de ratificación, pero su contenido ya está cerrado y publicado, aunque en determinadas materias parece probable que se abra y se revise antes de su aprobación (en particular respecto del ISDS o sistema de resolución de controversias inversor-Estado).
Más allá de las valoraciones generales es importante entrar en el análisis del contenido concreto del tratado, cosa que no deja de ser complicada por dos motivos fundamentales. En primer lugar, las negociaciones y el contenido del TTIP se han mantenido un largo tiempo en la opacidad y ha sido extremadamente complicado acceder a su contenido.
Esta ocultación se prolongó hasta que, tras numerosas filtraciones y reiteradas denuncias de organizaciones y movimientos sociales, la Comisión Europea no tuvo más remedio que publicar los documentos básicos relativos al contenido y el estado de las negociaciones entre EEUU y la UE. Aun así, las restricciones actuales dificultan enormemente aún para los expertos en derecho e incluso para las y los eurodiputados y miembros de parlamentos estatales, el seguimiento del contenido de las negociaciones.
En segundo lugar, una vez roto el oscurantismo absoluto el estudio del TTIP ha de hacer frente a la intensa campaña de publicidad desarrollada por la Comisión y por un amplio conjunto de lobbies con la que se pretende convencer a la ciudadanía europea de las virtudes del tratado y de su potencial capacidad para generar empleo y ser un motor de crecimiento económico.
Hacer frente a esta campaña de (des)información ha de ser uno de los objetivos fundamentales de los medios de comunicación y de las y los profesores y expertos que trabajan sobre la materia desde una perspectiva crítica.
En estos momentos, en los que ya no cabe duda de la fortaleza y expansión del movimiento de contestación y rechazo ciudadano frente al tratado, toda contribución crítica que permita un mayor conocimiento del contenido del mismo del TTIP y que facilite su difusión es especialmente necesaria.
Se trata, por tanto, de convertir estas páginas y este espacio en una herramienta que enriquezca los debates sobre el tratado. Con esta finalidad, y a efectos de ir desglosando el contenido del Acuerdo, es interesante comenzar por el final, centrando la atención en el tercero de los bloques y en particular en la cuestión que más crítica y preocupación está generando: la protección de los inversores extranjeros y el ISDS.
El objetivo de este tercer pilar del acuerdo es el establecimiento de reglas de obligado cumplimiento para ambas partes sobre materias concretas: desarrollo sostenible y comercio, energía y materias primas, facilitación del comercio, pequeñas y medianas empresas, protección de la inversión y mecanismos de solución de controversias inversor-Estado (ISDS), competencia, propiedad intelectual y mecanismos de solución de controversias Estado-Estado.
Dada la polémica suscitada en torno a los mecanismos de protección de la inversión es conveniente centrar la atención en los mismos. Según los datos de la UNCTAD, existen en la actualidad unos 2.283 tratados bilaterales de inversión (BIT) en vigor, y la cantidad aumenta rápidamente; de hecho, en los últimos años se ha aprobado un tratado de este tipo cada semana.
Del total de BIT existentes, aproximadamente unos 1.810 han sido suscritos por algún Estado miembro de la UE o por la propia Unión Europea, con un tercer Estado, incluyendo 9 con Estados Unidos. Por su parte, España tiene 82 BIT en vigor. Un 90 por ciento del total de estos acuerdos contiene algún tipo de mecanismo de gestión de controversias entre los inversores y los Estados (ISDS).
Según indica el estudio realizado por Eberhardt (2015) y confirma los datos de la UNCTAD (2014), la utilización de los mecanismos de tipo ISDS en el mundo está experimentando un crecimiento espectacular: de la docena de demandas interpuestas a mediados de los años noventa se ha pasado a los 568 casos registrados al final del año 2013. Este cambio de tendencia también afecta al ámbito geográfico de las demandas.
Es cierto que, hasta hoy, la tendencia norte-sur ha sido dominante: tres cuartas partes de las demandas solventadas o en curso ante un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado se han presentado contra países en desarrollo o contra economías emergentes.
En particular, Argentina, Ecuador y Venezuela destacan por ser habitualmente demandadas. No obstante, como ya se ha dicho, la utilización del ISDS está evolucionando hacia el norte. Concretamente, 117 de los casos conocidos han sido originados por demandas contra un Estado miembro de la UE y un cuarto de los mismos contra la República Checa (88 de estos casos han sido demandas interpuestas por un inversor de otro Estado miembro).
Tan solo 9 casos son de ámbito transatlántico, es decir, dirimen una controversia entre Estados Unidos y un Estado de la UE, y todos ellos fueron iniciados por inversores estadounidenses. Estados Unidos no ha perdido un solo caso, mientras que los Estados de la UE han ganado solo la mitad.
Para dar cuenta de algunos ejemplos concretos de casos en curso de resolución por estos sistemas de arbitraje inversor-Estado, es fundamental el estudio de Eberhardt (2015) y los casos que la autora recopila, así como diversos informes elaborados por distintas organizaciones ecologistas que son de una utilidad fundamental para denunciar las consecuencias de estos mecanismos (Amigos de la Tierra (2013); Public Citizen (2014). Entre los ejemplos de demandas inversor-Estado que se encuentran todavía en fase de resolución, destacaremos las siguientes:
– Philip Morris vs. Uruguay y Australia (protección de la salud). La empresa norteamericana Philip Morris presentó dos demandas contra estos países en 2010 y 2011. Ambas se dirigieron contra la imposición de normas respecto del empaquetado de cigarrillos y la inserción de información sobre los efectos nocivos de su consumo para la salud. La empresa norteamericana utilizó como base para las demandas los bit firmados entre Hong-Kong y Australia y entre Suiza-Uruguay siguiendo la estrategia del llamado «treaty-shopping» (Public Citizen, 2015). A este último país le ha exigido la suma de 2 billones de dólares, aproximadamente el 4% de su PIB.
– Vattenfall vs. Alemania (política en materia nuclear). La empresa Vattenfal, de nacionalidad sueca, ha demandado a Alemania y exige una compensación de 3.7 billones de euros por los daños derivados del desmantelamiento de dos centrales nucleares llevado a cabo en aplicación del programa sobre política nuclear aprobado por una ley del parlamento alemán.
– Lone Pine vs. Canadá (política medioambiental). La empresa Lone Pine, con sede en Canadá, ha demandado a este mismo Estado por una suma de 250 millones de dólares canadienses en compensación por los perjuicios causados por la moratoria aprobada en la provincia de Quebec respecto del fracking, que incluía la revocación de un conjunto de licencias de perforación. La empresa utilizó como base para la demanda el texto del nafta y se apoyó en una empresa tapadera (o «empresa buzón») domiciliada en el «corporate heaven» del Estado de Delaware (EEUU).
– Pacific Rim vs. El Salvador (protección del derecho al agua). En esta ocasión, la empresa demandó por daños al Estado salvadoreño por un valor de 301 millones de dólares. Lo peculiar de este caso es que la empresa ha demandado esta cantidad como compensación por un beneficio «esperado». Este beneficio debía derivarse de la apertura de una mina de oro que no pudo llevarse a cabo porque el gobierno decidió no emitir los permisos de explotación para el proyecto minero en cuestión debido a su impacto sobre la salud pública y el medio ambiente. Esta decisión fue adoptada tras numerosas protestas y movilizaciones. Además, el caso se complicó tras el asesinato de cuatro activistas vinculados a la campaña contra las empresas mineras extranjeras. Pacific Rim basó la demanda en el Tratado de Libre Comercio de Centro América (entre diversos estados centroamericanos y EEUU); aunque la empresa es canadiense, utilizó una filial asentada en Nevada. La demanda fue interpuesta ante el CIADI (Anderson y Pérez-Rocha, 2013).
– Chevron vs. Ecuador (política medioambiental). La demanda de Chevron contra el Estado ecuatoriano ha sido uno de los casos más conocidos por su repercusión y su magnitud. En marzo de 2010, un tribunal de arbitraje de la UNCITRAL falló a favor de la empresa norteamericana y le reconoció el derecho a obtener la suma de 700 millones de dólares (es decir, un 1.3% del PIB del país) más los intereses. Posteriormente, Chevron ha vuelto a demandar a la República del Ecuador por un valor de 9.5 billones de dólares en concepto de daños derivados de la sentencia condenatoria de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. En esta sentencia se condenaba a la empresa norteamericana a abonar 9.5 billones de dólares en concepto de compensación por las consecuencias de la contaminación ambiental masiva respecto los pueblos indígenas. La base de la demanda fue el bit entre Ecuador y Estados Unidos.
– Veolia vs. Egipto (salario mínimo). La empresa francesa Veolia utilizó el BIT entre Francia y Egipto para demandar al país norteafricano por un valor de 82 millones de euros. La empresa alegó el incumplimiento de un contrato suscrito con el gobierno de la ciudad de Alejandría para el suministro de agua. El gobierno de la ciudad se había negado a revisar el coste del suministro al alza, como exigía la empresa, y justificó su decisión en el aumento de los costes del contrato, derivado de la elevación del salario mínimo interprofesional. Al no concederse la revisión, la empresa demandó Egipto por un valor de 82 millones de euros.
Es también interesante señalar que está pendiente de resolución por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal General) el asunto T-646/14). El caso deriva de un laudo arbitral del CIADI por el que se ordenó a Rumanía el pago de 250 millones al inversor demandante, de nacionalidad sueca (Ioa Micula). La empresa sueca se había beneficiado de distintos incentivos mientras operaba en Rumanía. Cuando este Estado ingresó en la Unión Europea y tuvo que cumplir con los requisitos impuestos por el derecho de la UE, los beneficios fueron retirados. Al ver disminuidos sus ingresos, el inversor demandó a Rumanía por los daños causados por una medida que Rumanía no había tenido más remedio que adoptar para cumplir con el Derecho de la UE. Al conocer el laudo, la Comisión Europea dictó una Decisión mediante la que ordenaba a Rumanía la paralización de cualquier actuación con vistas a la aplicación de la resolución arbitral por entender que el pago de esa cantidad representaría una ayuda de Estado ilegal. La empresa interpuso un recurso de anulación de esta Decisión de la Comisión ante el Tribunal General (que forma parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). En la motivación del recurso, la empresa afirma que el derecho de la UE no es aplicable a la controversia entre el inversor y el Estado y que la Comisión no tiene competencia para intervenir. Además, el inversor entiende que el BIT vigente entre Suecia y Rumanía, que fundamenta la demanda, prima sobre el Derecho de la Unión por aplicación del art. 351 del TFUE.
A pesar de que estos casos son bien conocidos, el Mandato de negociación aprobado en julio de 2013 incluyó claramente la voluntad de la UE de proteger a los inversores y de integrar un ISDS en el acuerdo. En noviembre de 2013, la Comisión Europea hizo pública una «ficha informativa» con su posición sobre la protección de la inversión y la solución de controversias. En ella reiteraba su voluntad de incluir un sistema de arbitraje «mejorado» con cláusulas relativas a la transparencia, un código de conducta vinculante para los árbitros y otras modificaciones. Sorprendentemente, la justificación de la Comisión se acoge a la explicación más tradicional de la finalidad del ISDS: la desconfianza hacia el modelo jurídico-político del país receptor y la posibilidad de que se produzcan «dramáticas expropiaciones» ejecutadas a la fuerza, revocación de licencias, abusos y discriminaciones en el Estado receptor de la inversión.
La Comisión Europea mantuvo su propuesta en la sección 6 del texto del acuerdo con Canadá (CETA) (sección 6, artículo x.17 y ss. del texto del acuerdo). Según este texto el mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado se puede utilizar en los casos en que se produzca un incumplimiento de las obligaciones que impone el tratado a los Estados y siempre que tal incumplimiento haya provocado una pérdida o daño a la empresa.
Aun así, el aumento de la polémica relativa al ISDS provocó un alto en el camino de la negociación de esta parte del tratado y forzó a la Comisión a lanzar una consulta pública sobre el capítulo dedicado a la protección de las inversiones y el ISDS. El resultado de la consulta se publicó el 13 de enero de 2015.
La consulta recibió 149.399 respuestas que reflejaban una oposición clara al ISDS en particular y al TTIP en general. El mecanismo de resolución de disputas inversor-Estado fue criticado porque se percibe como una amenaza para la democracia, las finanzas y las políticas públicas; asimismo, también fueron objeto de crítica la dudosa imparcialidad de los árbitros y las grandes sumas de dinero que se están imponiendo como multas.
El sistema de resolución de controversias recibió, en cambio, el apoyo de las asociaciones empresariales y de las grandes empresas, mientras que las PYME se expresaron en términos críticos.
Tras la consulta, la Comisión ha modificado determinados aspectos de la propuesta de ISDS que ha sido de nuevo criticada ya que, en esencia, mantiene la discriminación en favor de los inversores extranjeros y les atribuye un status especial que los coloca sobre el resto de actores económicos y sociales nacionales (Van Harten 2015).
Por su parte, y tras un largo y polémico procedimiento, el Parlamento Europeo incluyó un mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado en su Resolución sobre el TTIP aprobada el 8 de julio de 2014. La recomendación sobre el ISDS, que el Parlamento ha elevado a la Comisión, queda como sigue: «sustituir el mecanismo de resolución de litigios entre inversores y Estados por un nuevo sistema para resolver las diferencias entre los inversores y los Estados que esté sujeto a los principios y el control democráticos, en que los posibles asuntos sean tratados de forma transparente por jueces profesionales, independientes y designados públicamente en audiencias públicas, y que incluya un mecanismo de apelación en el que se garantice la coherencia de las decisiones judiciales, se respete la jurisdicción de los tribunales de la UE y de los Estados miembros y los intereses privados no puedan menoscabar los objetivos en materia de políticas públicas».
Posteriormente, la Presidencia Luxemburguesa del Consejo hizo públicas sus prioridades políticas, en las que incluyó la conformación de un mecanismo de resolución de controversias reformado en la línea propuesta por el Parlamento, comprometiéndose a su vez a reabrir el texto del CETA para incluir una modificación similar.
Ninguna de estas modificaciones es suficiente porque dejan intacta la finalidad del mecanismo, que no es otra que eludir la aplicación de las normas jurídicas por los jueces estatales para otorgar una protección especial y mejorada a los inversores extranjeros.
Así las cosas, no cabe sino concluir, como señala Gus Van Harten (2015), que la Comisión debería retirar el sistema de arbitraje inversor-Estado tanto del CETA como del TTIP. Los defectos y las carencias de este mecanismo son tan graves (falta de independencia, de transparencia, de claridad procesal, de garantía de igualdad, entre otros) que ninguna reforma puede llegar más allá de una operación de maquillaje. De hecho, y según este autor, la propuesta de la Comisión, y podríamos añadir que incluso la ambigüedad que recoge la del Parlamento Europeo, no han hecho sino empeorar la situación creando una suerte de Frankenstein incontrolable.
Pero el ISDS es solo una pequeña muestra (aunque llamativa y especialmente grave) de los contenidos del TTIP. El problema va mucho más allá de este mecanismo, incluso del propio Tratado con EEUU. El problema de fondo no es solo el tratado, sino cómo hemos llegado a una situación en la que semejante tratado puede firmarse, y esto apunta directamente al corazón de la Unión Europea.
(Extracto de varios capítulos del libro: TTIP: el asalto de las multinacionales a la democracia, de próxima publicación en la Editoral Akal)
[…] emprendida hace ya cerca de cuarenta años por las […]
15/01/2016
[…] emprendida hace ya cerca de cuarenta años por las grandes corporaciones transnacionales, como nos recuerda Sol Sánchez, de ATTAC España, en su correspondiente artículo, del cual extraemos gran parte de esta […]
Respuesta a la Comisaria Cecilia Malmström
12/11/2015
Carlos Javier Bugallo Salomón
Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.
Me ha sorprendido mucho el sentido del humor de la Comisaria Malmström: decir que «hemos sometido las negociaciones [internacionales de comercio] al escrutinio público al publicar en línea las propuestas de la UE», es uno de los mejores chistes que hemos escuchado últimamente.
En realidad si la Comisaria Malmström se decide ahora a dar la cara, es porque se sabe acorralada por una opinión pública enteramente desfavorable a sus fechorías. Ni su comisaría ni los medios de comunicación en manos de grandes corporaciones han hecho nada para informar a la ciudadanía de lo que se estaba ventilando; han sido organizaciones de la sociedad civil y partidos de izquierda los que han alertado de la tropelía que conservadores y social-liberales están intentando pergeñar.
También sorprende la pobre cultura económica de la Comisaria Malmström. Al formular la ecuación comercio = crecimiento económico = empleo, está dando por sentadas unas premisas que ni la teoría económica ni los hechos históricos avalan por completo. ¿Cuándo propondrán las autoridades europeas un programa de intervención masiva del sector público en la economía, de la misma magnitud que el utilizado para salvar a los bancos?
Dimita, Sra. Malmström. Dimita
Una oportunidad que no se puede perder
06/11/2015
BusinessEurope
Hasta hace poco, el comercio solía ser un asunto técnico que atraía poco la atención más allá de especialistas y expertos. Pero a día de hoy, todo lo que concierne al comercio internacional se debate ya entre mucha más gente, y TTIP es un acrónimo que está prácticamente en boca de todo el mundo. Sin embargo, la mayor parte de la población todavía tiene muy poca información sobre lo que en realidad significa el acuerdo transatlántico.
Esta falta de conocimiento abre la puerta a miedos que vienen de sentimientos de anti-americanismo ampliamente contagiados, sentimientos contra las grandes corporaciones o sectores antiglobalización para quienes el acuerdo es una amenaza a la democracia y sólo persigue el interés de las grandes multinacionales.
Aunque las críticas siempre son bienvenidas, no debemos olvidar que existe una completa supervisión democrática sobre el proceso de negociaciones, ya que el TTIP está siendo negociado respetando las reglas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y sobre las bases de un mandato que los gobiernos democráticamente elegidos de los estados miembros dieron a la Comisión Europea: si ese mandato no es respetado, los gobiernos y el Parlamento Europeo siempre pueden rechazar la ratificación del acuerdo.
No debemos olvidar que Estados Unidos es el mayor socio comercial y geopolítico de la UE y que los tratados bilaterales son, por el momento, la única herramienta disponible para abrir de forma efectiva los mercados y dar forma a la globalización desde que las negociaciones se mantienen a nivel multilateral. Otros países están negociando tratados comerciales entre sí: hace apenas unos días, 12 países en la zona del Pacífico (incluyendo a EEUU, Japón y Canadá)concluyeron las negociaciones del Tratado Transpacífico (TPP). Sin el TTIP, Europa se verá excluida de participar en la elaboración global de normativas, en su propio perjuicio.
Los tratados comerciales son el instrumento más poderoso para asegurar que las firmas europeas siguen siendo competitivas y que de los acuerdos que la UE negocia actualmente (incluyendo las reuniones con Japón, Vietnam y China sobre inversiones) el TTIP es uno de los que tienen un mayor potencial, porque beneficiaría especialmente a pequeñas y medianas empresas, que son mayoría en nuestra economía. Esta es la razón por la que BusinessEurope, cuyos miembros son las llamadas patronales en la EU –la CEOE en España- están a favor del acuerdo.
Las grandes compañías no necesitan un acuerdo comercial para acceder al mercado de EEUU. Son las pequeñas compañías con recursos limitados las que no pueden afrontar el gasto de consultores y abogados para navegar en un entorno legislativo y regulador que es diferente al doméstico, en el que están acostumbradas a operar. Por citar un ejemplo que viene de nuestros miembros: una compañía danesa que fabrica carritos para mover ítems fácilmente en los supermercados. Tienen las certificaciones europeas para sus productos que no son reconocidas por las autoridades de Estados Unidos. Cuando la compañía intentó obtener las certificaciones en EEUU, ninguna autoridad accedió a hablar con ellos hasta que fueran capaces de identificar correctamente los productos sobre los que estaban pidiendo información; después, tras contactar con una agencia norteamericana, la compañía aprendió que debía pasar un largo y costoso procedimiento para obtener los certificados necesarios, incluyendo una visita anual de inspectores de EEUU, todo con cargo a la empresa.
Aunque la compañía ya había superado una inspección de las autoridades europeas, esto no se reconoce por las autoridades de EEUU. ¿No podrían las autoridades de EEUU y la UE acordar las reglas para reconocer sus respectivos trabajos y reducir así los costes administrativos y financieros para compañías como ésta? Este tipo de procedimientos es el que, en el capítulo de Cooperación Reguladora, se intentará hacer más suaves para las compañías.
Business está intentando simplificar la burocracia, no bajar el alto nivel de estándares existente. De hecho, bajar los estándares sería bastante contraproducente para las compañías europeas que basan su ventaja competitiva en la alta calidad de sus productos. Su modelo de negocio está basado en el hecho de que los consumidores a menudo están dispuestos a pagar más altos precios por productos de la UE solo porque son más innovadores y tienen mayor calidad.
Hoy por hoy, sólo el 13% de las pequeñas empresas europeas están en condiciones de exportar fuera de Europa. Recientes encuestas entre la comunidad empresarial muestran que una mayoría de compañías podrían contratar un mayor número de personas si pudieran incrementar sus ventas al mercado de EEUU.
Un aumento de ventas sería posible no solo para el sector industrial o para los servicios, sino también para la agricultura de la UE y la comida procesada. En Europa, las llamadas “denominaciones de origen” ofrecen una protección especial gracias a las disciplinas específicas en Derechos de Propiedad Intelectual. Pero este no es el caso de otros países, donde los productores locales pueden vender sus productos en el mercado bajo nombre europeo. En la práctica, un queso puede ser comercializado como ‘queso manchego’ aunque no se produzca en La Mancha. En el tratado con Canadá, fue posible cerrar un buen trato que protege las denominaciones de origen. El TTIP debería permitir introducir una solución similar que asegure los intereses europeos.
Estas son las oportunidades que el TTIP abriría y que en ocasiones no se dan a conocerlo suficiente. Otra oportunidad importante que ofrecería el TTIP es reformar el polémico mecanismo de resolución de disputas ISDS (Investor State Dispute Settlement). La Comisión Europea ha presentado una propuesta para reemplazar este viejo mecanismo, que lleva funcionando desde los años 60 en más de 3.000 acuerdos bilaterales en todo el mundo. Sin TTIP, algunos de los viejos tratados de inversión bilaterales cerrados por varios de los 28 estados miembros seguirán en activo. Con el TTIP, tenemos la oportunidad de modernizar el sistema, acorde con los métodos actuales en materia de comercio e inversiones, y equilibrar la balanza entre el derecho a regular de los estados por el interés público, y el derecho de los inversores a verse protegidos de tratos injustos o discriminatorios.
El acuerdo constaría de veinticuatro capítulos. A día de hoy, ninguno de ellos está aún redactado por completo. La Comisión Europea ha publicado en su página web sobre el TTIP un gran número de documentos que explican por dónde van las negociaciones, incluyendo la publicación de sus propuestas de negociación presentadas ante EEUU- este nivel de transparencia nunca se había conseguido en ningún otro acuerdo-. Las consultas públicas sobre cada uno de los asuntos que se negocia tienen como objetivo que los intereses europeos estén situados en el centro de las negociaciones.
El TTIP ofrece una oportunidad que no se puede perder. Una oportunidad para tener más compañías, especialmente Pymes, que vendan sus productos y servicios en el mercado norteamericano. Pero también se trata de una oportunidad para fijar normativas y estándares en línea con los valores europeos. Y una ocasión única para revivir nuestra histórica y cercana relación con EEUU en un momento crítico desde el punto de vista geopolítico. Así que tenemos todos los motivas para lograr este acuerdo de forma que beneficie a los trabajadores, los consumidores y a la sociedad europea como conjunto.
Respuesta a la Comisaria Cecilia Malmström
04/11/2015
Carlos Javier Bugallo Salomón
Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.
Me ha sorprendido mucho el sentido del humor de la Comisaria Malmström: decir que «hemos sometido las negociaciones [internacionales de comercio] al escrutinio público al publicar en línea las propuestas de la UE», es uno de los mejores chistes que hemos escuchado últimamente.
En realidad si la Comisaria Malmström se decide ahora a dar la cara, es porque se sabe acorralada por una opinión pública enteramente desfavorable a sus fechorías. Ni su comisaría ni los medios de comunicación en manos de grandes corporaciones han hecho nada para informar a la ciudadanía de lo que se estaba ventilando; han sido organizaciones de la sociedad civil y partidos de izquierda los que han alertado de la tropelía que conservadores y social-liberales están intentando pergeñar.
También sorprende la pobre cultura económica de la Comisaria Malmström. Al formular la ecuación «comercio = crecimiento económico = empleo», está dando por sentadas unas premisas que ni la teoría económica ni los hechos históricos avalan por completo. ¿Cuándo propondrán las autoridades europeas un programa de intervención masiva del sector público en la economía, de la misma magnitud que el utilizado para salvar a los bancos?
Mostrar el camino hacia una política comercial de la UE más responsable
04/11/2015
Cecilia Malmström
Comisaria de Comercio de la UE
La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI o TTIP según sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y los Estados Unidos marcará la historia reciente como la negociación comercial que ha suscitado debates más intensos. Son muchas las personas en toda Europa que han depositado su esperanza en los beneficios derivados de unos lazos más estrechos con nuestro mayor socio comercial. Sin embargo, también son muchas las que están preocupadas por las potenciales repercusiones que tendría la asociación en asuntos como la seguridad alimentaria y la normativa medioambiental, o bien en la prestación de servicios públicos, como la sanidad o la educación.
La Comisión Europea lidera las negociaciones internacionales de comercio en nombre de los 28 Estados miembros de la UE y está participando activamente en ese debate, tanto en línea como en persona, dispuesta a aceptar sugerencias y críticas. Un ejemplo de ello es que hemos sometido las negociaciones al escrutinio público al publicar en línea las propuestas de la UE. También hemos modificado profundamente el enfoque de la cuestión tan sensible de cómo proteger mejor las inversiones.
La ATCI es solamente una parte de la política comercial de la Unión Europea, que en la actualidad supone trabajar en más de 20 acuerdos con más de 60 países, pero la experiencia obtenida del debate a este respecto será útil para nuestro enfoque general.
El mes pasado la Comisión Europea puso en marcha una nueva estrategia general sobre comercio e inversión para la Unión Europea. Se trata de definir una política comercial más responsable, basada en los principios de la eficacia y de la coherencia con los valores europeos.
Eficacia significa una política comercial que promueva el crecimiento y el empleo en favor de tantos europeos como sea posible. Una de las cuestiones que se ha planteado en el contexto del debate sobre la ATCI es: «¿A quién está destinada la política comercial de la UE?» Hemos de dejar claro que la política comercial está destinada a todos: a los consumidores, a los trabajadores y a las empresas más pequeñas, además de a los grandes actores globales. El comercio es fuente de empleo. En la actualidad, los puestos de trabajo de más de 30 millones de trabajadores europeos —es decir, uno de cada siete— dependen de nuestras exportaciones. En España, estamos hablando de un millón seis cientos mil puestos de trabajo . La política europea de apertura de los intercambios comerciales también reduce los precios y contribuye a que los consumidores puedan elegir entre una oferta más amplia. Por otra parte, las pymes representan un tercio de las exportaciones de Europa.
No obstante, hemos de intensificar nuestra acción para asegurarnos de que la política comercial es más eficaz para beneficiar a cuantas más personas sea posible. También tenemos que hacer un seguimiento de los acuerdos comerciales para asegurarnos de que las empresas son conscientes de que se han suprimido las barreras, y de que los beneficios de ello llegan a los consumidores. Hemos de asegurarnos de que las pequeñas y medianas empresas, en especial, disponen de toda la información que necesitan sobre nuevas oportunidades para aprovechar las que brindan los acuerdos comerciales. Y también hemos de velar por que, en el pequeño número de casos en que la competencia internacional vaya en detrimento de los trabajadores europeos, estos dispongan de recursos para ayudarlos a reciclarse y a encontrar nuevos puestos de trabajo. El nuevo enfoque dedicará más recursos a estos tres aspectos.
Todo ello carece de importancia si no contamos con acuerdos comerciales de gran calidad, que creen efectivamente nuevas oportunidades económicas, lo que supone hacer frente a las actuales barreras comerciales. Por ejemplo, hemos de asegurarnos de que las empresas de la UE pueden vender servicios digitales en todo el mundo y de que nuestros técnicos pueden viajar al extranjero cuando necesiten instalar productos de alta tecnología, como los aerogeneradores, u ocuparse de su mantenimiento.
También significa conectar con las economías más importantes del mundo. La nueva estrategia deja claro que las prioridades son: concluir la Ronda de Doha de negociaciones comerciales multilaterales; la ATCI; nuestro acuerdo de libre comercio con Japón, y nuestro acuerdo de inversión con China. Además, anuncia nuestra intención, siempre y cuando se den las condiciones propicias, de iniciar negociaciones con países como Australia, Nueva Zelanda, Filipinas e Indonesia. En cuanto a México, Chile y Turquía —país con quien colaboramos estrechamente—, queremos actualizar los acuerdos existentes.
El debate en torno a la ATCI pone de relieve que los europeos creen que el comercio significa algo más que eficacia económica, y tienen toda la razón. Por ello es por lo que la nueva estrategia comercial también sitúa la idea de que el comercio ha de ser coherente con los valores europeos que constituyen el centro de nuestro trabajo.
La política comercial debe apoyar aquello que los europeos como sociedad elijan. La nueva estrategia comercial entraña el compromiso de que ningún acuerdo comercial supondrá el menoscabo de las normas reglamentarias de la UE. Todo cambio en el nivel de protección vinculado a un acuerdo comercial podrá producirse solamente para mejorar, ya sea en materia de seguridad alimentaria, medio ambiente o protección de datos.
También subraya el nuevo enfoque de la UE respecto de las normas de protección de las inversiones internacionales, un enfoque que garantiza el derecho de los gobiernos a establecer normas en interés público. La nueva estrategia también hace más hincapié en la transparencia de las negociaciones comerciales. En las próximas semanas y meses iremos haciendo públicos documentos de negociación de la UE de otras muchas negociaciones comerciales en curso, y algunos de ellos estarán disponibles en el sitio de la Comisión Europea en internet.
El comercio ha de ser un instrumento político para promover los valores europeos —y universales— en todo el mundo, y es por ello por lo que proponemos que todos los nuevos acuerdos comerciales de la UE incluyan cláusulas ambiciosas para tomar medidas enérgicas contra la corrupción. También intensificaremos el diálogo con los países en desarrollo en los que las preferencias comerciales de la UE pueden tener la mayor influencia para luchar contra la vulneración de los derechos humanos.
Además, cuando las cadenas globales de suministro están tan íntimamente integradas como lo están en la actualidad, los consumidores quieren tener la certeza de que los productos que adquieren han sido elaborados en condiciones de trabajo equitativas y sin perjudicar al medio ambiente.
En la actualidad, ya utilizamos los acuerdos comerciales para alentar a nuestros interlocutores a firmar y aplicar convenios internacionales sobre derechos laborales y medio ambiente, contemplando asuntos que van desde la discriminación de género en el lugar de trabajo a las especies en peligro de extinción. Los acuerdos comerciales de la UE también apoyan el desarrollo económico de los países más pobres del mundo.
Con la nueva estrategia mantendremos este rumbo y seguiremos avanzando, por ejemplo dando prioridad a nuestro trabajo sobre la abolición del trabajo infantil. En cuanto a la ATCI en particular, nuestro plan es que las normas comerciales y de desarrollo sostenible vayan más allá de lo que han hecho hasta ahora los EE. UU. o la UE, incluyendo disposiciones ambiciosas sobre derechos laborales y protección del medio ambiente.
Los europeos saben que el comercio puede mejorar nuestro nivel de vida. El debate sobre la ATCI ha puesto de relieve que también quieren estar seguros de que los beneficios no se logran a costa de nuestros valores e identidad. Esta nueva estrategia conjuga ambos objetivos y muestra un camino eficaz y responsable para seguir avanzando y promoviendo los principios, así como la prosperidad.
El TTIP es sólo el comienzo
29/10/2015
Carlos Javier Bugallo Salomón
Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.
En varias de mis intervenciones he señalado el error de considerar al TTIP como un tratado de libre comercio, cuando en realidad no es más que un acuerdo de integración económica, que es como se conoce este tipo de tratados dentro de la disciplina de la Economía Internacional.
Ahora bien, la experiencia histórica disponible nos permite conjeturar que muy posiblemente el TTIP no sea más que un primer paso hacia una integración económica más estrecha entre la Europa del euro y los Estados Unidos. Una integración que buscará ‘nivelar’ el marco legal y económico entre ambas regiones, pero a su nivel más bajo, es decir el estadounidense, caracterizado por un Estado de Bienestar ‘residual’.
Para explicar en qué consiste un acuerdo de integración económica y sus distintas modalidades, he escrito un documento donde recojo mis notas personales sobre la cuestión. Me hubiera gustado encontrar tiempo para revisar toda la vasta literatura económica sobre el particular y escribir un documento más elaborado, pero no me ha sido posible.
Empero, si puedo informar de que la retórica que se está utilizando actualmente para justificar este proceso de integración es muy variada.
Por ejemplo, si antaño se decía con malicia que “España es el problema, y Europa la solución”, hogaño se nos advierte de la ‘esclerosis’ europea y se nos propone la ‘flexibilidad’ y el ‘dinamismo’ estadounidense.
También se echa mano de la retórica de la Guerra Fría y se nos contrapone, en un claro ejemplo de reduccionismo maniqueo, la ‘democracia occidental’ frente al ‘despotismo asiático’ de Rusia y China. Esta es una argumentación que el periódico El País ya tiene muy ensayada y trillada.
Finalmente, y como último recurso, se hablará de la necesidad de ser internacionalistas y olvidarnos de la mentalidad ‘estrecha’ de los ‘inmovilistas’. Por supuesto se trata de un internacionalismo burgués, acotado para las naciones ricas y excluyente de las pobres. Nada que ver con el verdadero internacionalismo proletario del siglo XIX.
En fin, no hay nada mejor que una buena campaña de marketing para vender cualquier producto, de la clase y categoría que sea.
No podemos cometer los mismos errores que en Centroamérica
29/10/2015
Liliane Spendeler
Directora de Amigos de la Tierra
El rechazo ciudadano al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y la EU (TTIP) se hace cada vez más patente a lo largo y ancho de Europa. Hace un par de semanas se entregaban a la Comisión Europea más de 3 millones de firmas para pedir la eliminación de tratados como el TTIP y el CETA, el acuerdo comercial entre Canadá y la UE pendiente de ratificación.
La semana pasada se constituyó como el escenario de centenares de acciones de protesta contra estos tratados. España no se ha quedado al margen, con la organización de actos por toda la geografía española.
Los temores relativos a las consecuencias que puedan tener este tipo de tratados de libre comercio e inversiones se basan en la experiencia de multitud de acuerdos similares, ya en vigor, firmados entre estados o regiones de todo el mundo. Amigos de la Tierra, con la colaboración OMAL – Paz con Dignidad, aporta nuevas evidencias del desastre ambiental y social que puede llegar a representar este modelo de relaciones comerciales. En un reciente informe (1) demuestran cómo la UE fortalece las leyes de comercio para proteger la expansión de sus transnacionales en la región centroamericana mediante acuerdos comerciales, creando un entramado jurídico y político que blinda los intereses de éstas, por encima de los intereses sociales, los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
A día de hoy los mecanismos que emplea la UE responden a 56 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre países europeos y centroamericanos, y al Acuerdo de Asociación firmado entre las dos regiones, lo que ha generado un marco favorable a la entrada de las transnacionales. Una situación que no ha pasado desapercibida por las multinacionales europeas, especialmente las del sector de la electricidad, que se han hecho un hueco en el mercado, tanto de la generación como de la distribución. Las más importantes son la italiana Enel/ Endesa, la francesa GDF Suez, la británica Actis Globeleq y la española Gas Natural Fenosa.
La implantación de estas empresas en la región centroamericana va asociada a los consecuentes impactos ambientales y sociales que contradicen los discursos oficiales de progreso y desarrollo. Las comunidades afectadas denuncian el saqueo de los recursos naturales, la precariedad laboral, atropellos a los derechos humanos y el deterioro de los ecosistemas. Sin embargo, las víctimas no encuentran respuestas en los tribunales, sean estatales o internacionales, y se ven obligadas a buscar vías de justicia alternativa, en particular ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Así las empresas españolas Gas Natural Fenosa e Hidralia y la italiana Enel han sido denunciadas ante este tribunal popular por sus prácticas destructivas en Centro América.
Al contrario las transnacionales tienen a su alcance, no sólo la propia justicia estatal, sino también los tribunales de arbitraje internacionales (conocidos como ISDS) propios de los acuerdos comerciales. A través de este mecanismo denuncian a los Estados cuando consideran que éstos atentan contra sus inversiones e intereses. Hasta la fecha se elevan a 25 las demandas interpuestas por multinacionales a países centroamericanos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, dos de ellos con empresas energéticas europeas: en 2009 Iberdrola demandó a Guatemala con motivo de una disputa en el establecimiento de tarifas y, en 2013, la italiana Enel denunció a El Salvador por la paralización de un proyecto geotérmico cuando el gobierno detectó irregularidades.
Una vez más, se pone claramente de manifiesto cómo los tratados de comercio e inversiones establecen un marco totalmente asimétrico entre las transnacionales y la ciudadanía. Mientras los beneficios son para las primeras, los impactos ambientales y sociales son para el conjunto de la sociedad. Mientras las primeras están blindadas jurídicamente, la segunda no tiene dónde acudir para defender sus derechos.
Estas conclusiones no pueden dejarnos indiferentes. Europa debe revisar en profundidad su política de expansión exterior y apoyar un tratado internacional vinculante de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Por otra parte, debe renunciar a la firma del TTIP y a la ratificación del CETA, así como a otros acuerdos comerciales similares.
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(1) Tratados comerciales y transnacionales europeas de la energía en Centroamérica
http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/Tratados_Comerciales_-_Transnacionales_Energia_-_Centroamerica.pdf
Iluminando al vampiro
29/10/2015
Verónica Ordóñez
Portavoz de Podemos en el Parlamento de Cantabria
Durante un acto reciente en el Parlamento de Cantabria, de revisión del Pacto contra la Pobreza, debatíamos sobre qué puede hacer una Autonomía para frenar el TTIP no siendo materia de su competencia. Es cierto, no es competencia directa del gobierno autonómico decidir sobre la firma de un Tratado internacional, pese a que ese Tratado vaya a tener una influencia directa en su ciudadanía y vaya a restringir la autonomía de nuestro nivel de gobierno. Pero sí es nuestra obligación dar toda la información disponible a nuestros ciudadanos y ciudadanas para que puedan tomar posición al respecto. Y no se está haciendo.
Por lo dramático de las consecuencias de este Tratado en nuestras competencias, no soy capaz de entender la ausencia de campañas institucionales que nos expliquen a todos y todas las cántabras qué consecuencias tendrá la firma del mismo en nuestra tierra. ¿Qué pasará con el precio de la leche? ¿Y con el fracking?
Hay muchas preguntas, pero la respuesta es común para todas: legislar protegiendo los intereses de nuestros ciudadanos y ciudadanas nos va a costar una verdadera fortuna. Nos va a costar tanto dinero que nos inhibirá a la hora de hacerlo. Tanto dinero que, aunque quisiéramos, no podríamos permitírnoslo.
Es triste. Es muy triste pensar que has sido elegida para defender en un hemiciclo las necesidades e intereses de tus vecinos y vecinas, pero que al final será un tribunal privado de orden supranacional quien en el fondo decidirá que políticas impulsarás o no. Corrijo: qué políticas puedes permitirte económicamente impulsar.
Porque este Tratado impone un tribunal privado ante el que las multinacionales, y solo las multinacionales, podrán denunciar cualquier medida o política tomada por los gobiernos nacionales, autonómicos o municipales y que consideren que puede reducir sus beneficios. Un tribunal para uso privado de las multinacionales pero cuyas resoluciones serán de obligado cumplimiento para los gobiernos.
Esperemos no tener que incluir en los presupuestos para 2017 un nuevo capítulo que se llame “indemnizaciones por legislar” en el que año a año acordemos una cifra que poder gastarnos en indemnizaciones a multinacionales. Y no, no es una exageración ni una locura.¡Que se lo pregunten a Egipto! ¡O a Quebec! ¡O a Ecuador!
Desgraciadamente tenemos demasiados ejemplos. En el caso egipcio, el gobierno fue denunciado por Veolia por subir el salario mínimo, uno de los pocos logros de la primavera árabe de 2011. ¿Perpetuamos la pobreza y el trabajo con salario precario, o pagamos a una multinacional para poder aumentar el salario?
En Quebec el problema fue medioambiental. Se les ocurrió defender su tierra con una moratoria al fracking que impedía a Lone Pine perforar en la cuenca del río San Lorenzo. 250 millones de dólares pedían a cambio. ¿Os imagináis que nos piden en Cantabria 250 millones de euros si aprobamos retirar el permiso de Luena? ¿O el de Bezana-Bigüenzo?
Dudo mucho que la situación económica en la que nos encontramos nos permitiera, siquiera, planteárnoslo. Otro ejemplo sangrante es el de Ecuador, donde Occidental Petroleum ganó un contencioso al Gobierno por valor de 1.800 millones de dólares ante un tribunal privado por negarse a permitir la perforación para buscar hidrocarburos en una zona natural protegida. En Cantabria el 21% del territorio pertenece a Red Natura 2000. ¿Permitimos que perforen en nuestros parques para no tener que indemnizarles? Este tipo de Tratados que acuerdan tribunales privados inhiben el deber de los gobiernos de proteger el interés de la ciudadanía.
Es tan opaco y soez este Tratado, tan alejado de las necesidades y derechos de los ciudadanos y ciudadanas, que hace de la opinión de Susan George la clave para luchar contra él, sobre todo a nivel autonómico: “Es un Tratado vampiro, que morirá si ve la luz”. Y con esta idea en la cabeza estamos presentando mociones desde Podemos en los distintos Parlamentos Autonómicos y en muchos municipios. El primer gran paso contra el TTIP es colocarlo en la agenda.
Que se hable de él. El segundo, conseguir que los municipios y las autonomías denuncien su oposición al mismo e insten al gobierno nacional a tomar medidas al respecto. El tercer paso, movilizarse. Es un gran orgullo ver compañeros y compañeras marchando hacia Bruselas, ver fotos suyas retenidos bajo la lluvia durante varias horas luchando por todos y todas los que no hemos podido ir. ¿Y el siguiente paso? Coordinarnos y reclamar lo que es justo. Que nuestros gobiernos nos defiendan en Europa. Y que en todo caso nos consulten antes de firmarlo.
[…] a escoitar á presidenta honorífica de ATTAC Francia e […]
28/10/2015
[…] a escoitar á presidenta honorífica de ATTAC Francia e do Transnational Institute de Amsterdam (aquí, o seu relatorio sobre o TTIP en Espazo […]
El TTIP como agravante de la pérdida de biodiversidad y calidad paisajística
27/10/2015
Pablo Jiménez
Geógrafo. Área Federal de Medio Ambiente de IU
El CDB –Convenio sobre la Diversidad Biológica– (1) “es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”. Asimismo contempla que su conservación “es interés común de toda la humanidad cubriendo todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos”. Entró en vigor en 1993.
El Convenio Europeo del Paisaje (2) define a éste como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” así como el “elemento fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común cultural y natural y como fundamento de su identidad”. Entró en vigor en 2000.
Pero si estos enunciados reconocen tan abiertamente la importancia de la diversidad biológica y paisajística en la que conviven una sabia combinación de factores naturales y humanos, ¿cómo es posible que el ritmo de desaparición de especies en todo el planeta haya adquirido una velocidad entre cien y mil veces superior a la natural, que la lista roja de especies amenazadas de la UICN no se reduce o incluso aumenta y se reducen notoriamente los servicios de los ecosistemas, de acuerdo con la última evaluación de los Objetivos del Milenio –sirva como ejemplo Europa donde el 60% de las especies y el 77% de los tipos de hábitat de interés comunitario presentan un estado de conservación desfavorable (3), así como se apuntan pérdidas significativas de variedades locales y razas autóctonas en el mundo agrario, que indican que, según la FAO, desde 1990 se ha perdido el 75% de la diversidad genética de los cultivos mundiales y que al menos 190 razas de animales domésticos se han extinguido y otras 1500 se consideran al borde de la extinción?, ¿cómo puede ser que la diversidad paisajística se vaya deteriorando año a año de forma alarmante?, ¿cómo puede ser que sus fundamentos ecológicos se vean degradados, sus valores culturales vayan difuminándose y su fisonomía homogeneizándose?
Es en este contexto preocupante en el que se está negociando el TTIP, un acuerdo de libre comercio entre EEUU y la UE que representan conjuntamente alrededor de una tercera parte del comercio mundial y más de la mitad del PIB mundial. De aprobarse este tratado abarcaría un potencial de 800 millones de consumidores. Estos son datos significativos, ¿pero cuál es la relación de este comercio con la biodiversidad, el paisaje y con su situación actual?
Tenemos que buscar esta relación en las causas que originan estas pérdidas. Todas ellas responden a los efectos negativos derivados de acciones antrópicas asociadas a un modelo económico que antepone los beneficios empresariales a los equilibrios ecológicos, sociales y paisajísticos y que desembocan en la pérdida progresiva de diversidad biológica y en una transformación intensa del territorio.
Analizando algunos sectores económicos, podemos comprender cómo este tratado –y otros como el CETA, el TISA o el TPP- agudizan la degradación ambiental –y consecuentemente social- que atraviesa el planeta.
En el sector agrícola el TTIP defiende un modelo basado en una elevada productividad sustentada en alta tecnificación y mecanización y bajo empleo. Propicia además en los países dominantes el abandono de algunas áreas rurales si éstas no participan de la lógica economicista imperante, practicando en otras, así como en amplios territorios del sur global, una agricultura intensiva centrada en los monocultivos y el uso masivo de pesticidas y otros productos químicos, que se identifican como causas claras de la pérdida de biodiversidad.
Los monocultivos, ya sean cereales, soja, maíz, caña de azúcar, algodón o árboles como la palma aceitera (4), presentan similares problemas ecológicos y sociales, añadiendo otra amenaza, la introducción de los transgénicos para la alimentación humana que llevan aparejados el uso de potentes agrotóxicos, lo que afecta gravemente, en su conjunto, a la diversidad biológica además de los potenciales riesgos para la salud humana.
Entre los problemas ecológicos se encuentran la erosión y pérdida de suelo, agotamiento de nutrientes, disminución del volumen de acuíferos y desertificación, deforestación, disminución o desaparición de especies silvestres de flora y fauna así como de agroganaderas autóctonas, causas claras todos ellos de pérdida de biodiversidad(5) y de calidad paisajística.
Entre los sociales, pérdidas de tierras comunales acaparadas por multinacionales, pérdida de soberanía alimentaria al desaparecer los cultivos tradicionales, pérdida de la propia cultura autóctona y tradicional asociada a los ecosistemas originales y como consecuencia última desplazamiento de población al desaparecer la disponibilidad de recursos alimenticios y económicos.
Otros de los problemas que afectan gravemente a la biodiversidad y a la calidad paisajística es su relación con el cambio climático. Considerado como una de las cinco presiones directas sobre la pérdida de biodiversidad (6), el cambio climático es un hecho aceptado por la práctica totalidad del mundo científico, salvo para los negacionistas de los lobbies afines a las grandes petroleras.
Los sucesivos informes del IPCC (7) insisten en que la subida de las temperaturas en algunas zonas afectan a “la estación de la reproducción de animales y plantas y/o la de la migración de los animales, a la extensión de la estación de crecimiento, a la distribución de las especies y el tamaño de sus poblaciones, y a la frecuencia de las plagas y brotes de enfermedades”.
La capacidad de adaptación de muchas especies de flora y fauna es bastante limitada por el hecho de que el calentamiento global se está produciendo con extrema rapidez, ya que se prevé que en este siglo, el ascenso de la media de la temperatura global será superior al registrado por el planeta en los últimos mil años (Grupo de trabajo I del IPCC, 2007).
Todo ello afectará al nivel del mar, a los fenómenos climáticos extremos como grandes sequías e inundaciones, a la agricultura y al sector forestal, a la extinción o redistribución de un significativo número de especies de flora y fauna y a la propia salud humana. Todo ello implicará además nuevos problemas económicos y sociales así como desplazamientos importantes de población al perderse o deteriorarse los recursos de amplias zonas productivas devastadas por lo que Susan George denomina el holocausto climático (8).
El TTIP apuesta claramente por los combustibles fósiles, favoreciendo los intereses de las grandes petroleras en detrimento de alternativas de emisiones cero. Las negociaciones en curso en torno al sector energético implicarán un aumento de la presión sobre los recursos naturales y un aumento de los gases de efecto invernadero, poniendo en peligro el propio objetivo de la UE para el 2020 del paquete de energía y clima del 20-20-20 (GEI, EERR, EE).
La UE está abandonando estos objetivos, por otra parte nada ambiciosos, poniéndose al servicio también en este caso de los lobbies petrolíferos al apoyar y potenciar nuevas técnicas extractivas invasivas como el fracking o fractura hidráulica y la entrada de las arenas y esquistos bituminosos, productos altamente contaminantes.
No hemos de olvidar en el capítulo del cambio climático la contribución de la agroindustria en la emisión de GEI, cuantificados en cerca del 50% del total emitido, según denuncia la organización GRAIN (2011) (9), debido a los cambios en el uso del suelo, la deforestación y al propio proceso industrial asociado dependiente en gran medida del petróleo (uso de agrotóxicos, maquinaria pesada, envasado, refrigeración y transporte a larga distancia, entre otros).
Otro de los problemas asociados a la pérdida de biodiversidad y a la calidad paisajística es la contaminación de suelos y agua por exceso de uso de fertilizantes. La utilización de nitrógeno y fósforo para poner en cultivo suelos pobres en nutrientes o excesivamente trabajados ha traído como consecuencia la competencia entre plantas adaptadas a medios frugales y otras oportunistas que prosperan en los medios mejorados o modificados.
Estos fertilizantes y otros productos químicos (pesticidas, herbicidas, cosméticos, pinturas…) están producidos por la importante industria química cuyos lobbies presionan fuertemente para que en el TTIP queden recogidas sus pretensiones de limitar las regulaciones que afecten a su sector.
En Europa el reglamento REACH (10), tildado de blando por algunas organizaciones ecologistas, regula y controla la utilización masiva de estas sustancias pero está en el punto de mira de los negociadores que ven en esta norma y otras similares un freno a su potencial expansión. Nuevamente estamos ante la cortedad de miras y la sinrazón de algunos grupos industriales guiados por sus intereses sectoriales y alejados de la comprensión de la viabilidad de los ecosistemas y de sus servicios asociados.
Por último, el crecimiento urbano caótico y desmesurado es un ejemplo más de la destrucción del patrimonio natural y cultural acelerado que vivimos en la actualidad. La expansión urbana es la expresión espacial sobre el territorio de procesos políticos y económicos llevados a cabo especialmente por el capital privado.
Estos espacios, grandes consumidores de territorio son, a su vez, grandes demandantes de recursos tales como agua y energía y responsables de un fuerte impacto ambiental (fragmentación o aislamiento de ecosistemas, contaminación atmosférica, edáfica y de acuíferos, destrucción de suelos agrícolas productivos) y social (segregación espacial, carencia de equipamientos, servicios, transporte) al no atenderse adecuadamente las necesidades de la cada vez mayor población urbana, desplazada de sus lugares de origen, particularmente en los países del sur global, debido a los acaparamientos de tierra o a los cambios de las condiciones naturales de su hábitats.
Acabaremos esta exposición con dos preguntas. Hay que hacer constar que EEUU no ha firmado el Convenio sobre la Diversidad Biológica y por tanto no está comprometido con ninguna de las decisiones tomadas en las doce reuniones de Partes celebradas hasta hoy. La pregunta inmediata que surge es: ¿cómo se puede firmar un tratado de libre comercio, cuando éste –el volumen de comercio internacional– se considera una de las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad, con un estado que no ha firmado el CDB?
Y la otra: ¿Cómo es posible firmar un acuerdo comercial con un estado que no ha firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su protocolo posterior conocido como Protocolo de Kioto, que intenta por primera vez poner límites, aunque de forma limitada, a las emisiones de GEI y otros usos claramente identificados como causantes del calentamiento global?
La respuesta parece desprenderse de lo anteriormente expuesto. Es el propio sistema económico y político que pretende afianzar aún más su hegemonía global ante la irrupción de otros actores competidores o atajando cualquier intento alternativo que pudiera surgir en el sur global, aún a costa de destruir algo tan fundamental para la vida como la diversidad natural y cultural y su plasmación física, el paisaje.
Un sistema que no duda en utilizar herramientas como el TTIP, el TPP, el CETA o el TISA para asegurarse el control normativo que necesita para sus planes de hegemonía absoluta. Una situación que obliga a recuperar el equilibrio ecológico y social imprescindible, lo que hace preciso dar un paso al frente, volver a convertirnos en protagonistas del lugar que habitamos o en el que queremos habitar y hacer imposible la irresponsabilidad homicida del actual sistema económico.
Recuperar herramientas diferentes a las suyas que nos hagan entender que la diversidad y el paisaje son bienes comunes, como el sol, el aire, el suelo y el agua, de los que nadie puede apropiarse. No queda otra, pues, que establecer las condiciones para que cambie este modelo que atenta contra el medio ambiente y la cohesión social, o dicho de otra manera, no queda otra que trabajar para derrotarlo.
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1. http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml
2. http://www.magrama.gob.es/en/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm11-24940.pdf
3. Informe sobre el estado y las tendencias de los tipos de hábitats y las especies regulados por las Directivas de Aves y de Hábitats durante el período 2007-2012. Comisión Europea
4. http://wrm.org.uy/es/acciones-y-campanas/declaracion-internacional-21-setiembre-2015
5. https://www.diagonalperiodico.net/global/27358-ttip-profundiza-la-perdida-biodiversidad-del-planeta.html
6. Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi
7. Cambio climático y biodiversidad. Documento técnico V del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) https://www.ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-changes-biodiversity-sp.pdf
8. GEORGE, Susan (2015). Los usurpadores. Icaria. Pág. 78
9. https://www.grain.org/article/entries/4395-alimentos-y-cambio-climatico-el-eslabon-olvidado
10.Reglamento Reach http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/reglamento-reach/
[…] José López Garrido, y la portavoz en el Parlamento […]
26/10/2015
[…] José López Garrido, y la portavoz en el Parlamento Europeo de la coalición La Izquierda Plural, Marina Albiol Guzmán, enfrentarán sus razones y argumentos sobre el TTIP en un debate moderado por el periodista Juan […]
¿Para qué servirán los Ayuntamientos si el TTIP, el CETA o el TiSA son aprobados y ratificados?
26/10/2015
Sandra Soutto
ATTAC PV-Castelló y fundadora de la Campanya No al TTIP
La ciudad de Barcelona se ha declarado contraria al TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones), a propuesta de la campaña Cataluña NO al TTIP, y con el apoyo de los grupos municipales, Barcelona en Comú, ERC y la CUP, únicos votos favorables a la misma, pero suficientes al haberse abstenido CIU y PSC. Y lo cierto es que la propuesta incluía otros dos tratados, el TiSA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios) que se negocia entre 22 estados y la Unión Europea, y el CETA (Acuerdo Integral Económico y de Comercio con Canadá), pendiente de ratificación.
Todos forman parte de una nueva generación de tratados de comercio e inversión transnacionales que amenazan la autonomía municipal y nacional. Estos tratados son negociados prescindiendo de la participación ciudadana, pero con una importante colaboración de las multinacionales, por ello, es necesario que las instituciones locales informen a la ciudadanía de cómo les pueden afectar estos tratados, y exijan a las instituciones nacionales y europeas la transparencia en las negociaciones.
La declaración aprobada se fundamentó en «la defensa de los servicios públicos básicos para la solidaridad y la redistribución social», porque estos tratados facilitarán las privatizaciones de los servicios públicos mediante su externalización o cualquier otra de las diversas formas de privatización, propuestas de acuerdo con los dogmas neoliberales, en busca de rentabilidad económica, e impedirán su posterior remunicipalización, al incluir la llamada «cláusula trinquete».
Por la cual, lo cedido, será lo perdido, puesto que si se quisiera recuperar la gestión de alguno de los hospitales, guarderías, escuelas, agua, energía, con la finalidad de garantizar una vida digna a la ciudadanía, esto no sería posible, ya que los inversores transnacionales, a través de demandas indemnizatorias (ISDS), impondrían a los estados receptores de la inversión unos costes multimillonarios, que difícilmente las maltrechas economías de los estados podrían afrontar, más aún si cabe dadas las restricciones presupuestarias, financieras y monetarias que imponen los tratados europeos a los estados miembros de la UE.
El ISDS es un mecanismo de resolución arbitral de conflictos que los inversores extranjeros pueden utilizar contra las actuaciones normativas de los Estados receptores de la inversión, y no al revés (los estados no podrán demandar a los inversores: es un sistema unidereccional). Es decir, los inversores extranjeros podrán demandar a los estados receptores de la inversión ante tribunales arbitrales, constituidos ad hoc para cada demanda, por miembros de destacadas firmas internacionales de abogados especializados en este tipo de litigios que transforman la justicia en negocio. Dichas demandas podrán interponerse contra:
1) La discriminación que puedan sufrir ante los inversores locales o nacionales en la contratación pública o ante la concesión de ayudas y subvenciones.
2) La expropiación directa o indirecta. Es el caso de las demandas contra los cambios en la legislación sobre las energías renovables realizada por el gobierno de España, por la que los inversores extranjeros se sintieron expropiados de sus beneficios al no haberse mantenido la anterior legislación.
3) Lucro cesante derivado de cualquier acción pública que pueda perjudicar la obtención de beneficios por los inversores extranjeros hechas en el municipio. Semejante al caso Castor, almacén de gas submarino situado en las costas de Vinaròs, cerrado por el gobierno para proteger a la población, después de producirse más de 500 seísmos, y donde el Estado quedó obligado a indemnizar con más de 1.300 millones de euros a ACS. En este caso la indemnización estaba prevista en el contrato suscrito entre el gobierno y la empresa. Con el TTIP y el CETA, los inversores extranjeros ni siquiera necesitarán que dicha cláusula este en el contrato.
Además, en la declaración se ha tenido en cuenta la pretensión de estos tratados de rebajar las regulaciones que protegen los derechos de los trabajadores, de los consumidores, el medio ambiente y la soberanía democrática, en favor de unos pocos, los inversores extranjeros. Con las que supuestamente, quieren aumentar las exportaciones, promover el crecimiento, y crear empleo. Pero una reducción de dichas regulaciones, lo más seguro es que perjudique a los trabajadores, a los consumidores, al medio ambiente, y a la democracia, como ha pasado con el NAFTA (Tratado de libre comercio de América del Norte).
Por otra parte, es muy dudoso que estos tratados beneficien a las PYMES, ya que el TTIP, el TiSA y el CETA impondrán el principio de igualdad de trato entre multinacionales y empresas locales impidiendo el desarrollo de políticas de impulso a la economía local. Así, las multinacionales podrían participar en los concursos convocados por los Ayuntamientos y hacerse con los contratos públicos, al gozar de mayores ventajas comparativas que las empresas locales, y podrían controlar a las autoridades municipales en la gestión de ayudas y subvenciones, mediante la amenaza de demandas arbitrales.
Además, las multinacionales aprovechándose de unas mayores economías de escala, ofrecerán sus productos a precios más bajos, e impondrán un modelo económico basado en la competitividad y bajos salarios, lo que supone una amenaza a la supervivencia de las empresas locales. Porque las PYMES que no consigan vender lo que producen no podrán obtener beneficios ni cubrir costes, y no podrán ni mantener ni generar puestos de trabajo, y aquellas que sobrevivan lo harán como subcontratistas de las multinacionales a precios muy bajos, modificando sus procesos productivos y bajando los salarios para cumplir las abusivas condiciones que impondrán las multinacionales.
Pero el problema puede ser más grave aún, ya que el 99,88% de las empresas españolas son PYMES que dan trabajo al 66% del total de los trabajadores en España. Entonces, si el TTIP y el TiSA se aprueban, o el CETA se ratifica, sus efectos pueden ser incluso más perniciosos que los del NAFTA.
Pero lo más preocupante es la amenaza a la capacidad normativa de las instituciones municipales, autonómicas y estatales, articulada a través de un órgano transnacional denominado Consejo de Cooperación Reguladora, que dará audiencia a las multinacionales, y deberá buscar la convergencia de las normativas entre los estados miembros para evitar los conflictos entre inversores extranjeros y estados.
Con dicho mecanismo no es necesario conseguir acuerdos en todos los puntos, ya que el Consejo de Cooperación Reguladora podrá vetar las normas dictadas por nuestros representantes políticos, democráticamente elegidos, con este órgano el TTIP adquiere el carácter de superconstitución. Es decir, si un Ayuntamiento para proteger a la ciudadanía, regula el uso, transporte o almacenamiento de productos molestos, tóxicos o peligrosos en su término municipal, y alguno de los inversores extranjeros asentados en el municipio ven peligrar sus beneficios por la medida en proceso de adopción o adoptada, este órgano vetaría dicha norma.
La aprobación del TTIP y el TiSA y la ratificación del CETA supone la legitimación del trasvase de recursos económicos de la ciudadanía a las multinacionales, permitiéndoles a éstas además, dictar las normas que regirán nuestras vidas, por lo que debemos oponernos a ellos y evitar su aprobación y ratificación.
El TTIP podría abrir las compuertas a una marea de casos de arbitraje de inversión contra España y otros países europeos
23/10/2015
Cecilia Olivet y Hilde van der Pas
Transnational Institute
El pasado verano, España fue blanco de la vigésima demanda por parte de inversores extranjeros que afirman haberse visto afectados negativamente por las reformas del país en el sector de la energía renovable y que desean que se les compense por las (futuras) ganancias previstas. En este último caso, se trataba de un inversor alemán que demandaba al Gobierno español por una suma que oscilaría entre los 50 y los 100 millones de euros (1).
Estas demandas no se interponen en tribunales nacionales, sino ante tribunales de arbitraje internacional. Y esto es posible gracias a un mecanismo incluido en la mayor parte de acuerdos internacionales de inversión y que permite a los inversores extranjeros eludir los sistemas judiciales nacionales y demandar a los Estados en el extranjero si sus cambios de políticas afectan a las ganancias previstas por los inversores.
España ha firmado muchos acuerdos de protección de inversiones que otorgan este derecho a inversores extranjeros (2), pero hasta la fecha, los inversores estadounidenses no gozan de este privilegio. Si este mecanismo se integrara en el TTIP (el acuerdo propuesto entre la Unión Europea y los Estados Unidos, también conocido como ATCI por su sigla en español), los países europeos, entre ellos España, podrían verse inundados por una marea de demandas de este tipo, que se deben costear con el dinero de los contribuyentes.
El auge de las demandas de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés) contra España surge a partir de que el Gobierno decidiera recortar los subsidios a las energías renovables en plena crisis económica. Por el momento, los inversores que han interpuesto 20 demandas en un lapso de 4 años (2011-2015) son principalmente fondos privados de inversión y fondos de gestión de activos con sede en distintos países de Europa (3). Pero este número podría multiplicarse si los inversores estadounidenses también pudieran acceder a este recurso.
En estos momentos, solo el 8 por ciento de las inversiones estadounidenses que operan en la Unión Europea están amparadas por el ISDS. Pero, si el TTIP integrara este mecanismo, más de 47.000 empresas de propiedad estadounidense que operan en la UE pasarían a gozar de acceso al arbitraje de inversiones y podrían lanzar ataques inversor-Estado contra los Gobiernos comunitarios por cualquier normativa o regulación imaginable(4).
Cuando un Gobierno modifica su política en algún ámbito, como hizo España en el caso de los subsidios a las energías renovables, los inversores pueden alegar que ese cambio supuso un menoscabo para sus ganancias previstas. La mayoría de la gente entiende que no es un problema que las empresas deseen recuperar una inversión cuando el Gobierno promete unos subsidios y, después, los elimina. Sin embargo, la realidad es que, cuando esas empresas decidieron invertir en España, ya eran muy conscientes de que la crisis se estaba agudizando, que la deuda soberana iba en aumento y que el Gobierno tenía previsto reducir los subsidios destinados al sector de las renovables. El estudio de los primeros siete casos demuestra que la mayoría de los inversores extranjeros que han demandado a España ante tribunales internacionales entraron en el mercado español de las energías renovables después de que empezara la crisis (5). Así que la mayoría de los inversores que han demandado a España son especuladores que intentan mantener sus ganancias excesivas a expensas de unos escasos recursos públicos.
Estos casos contra España ilustran los riesgos a los que se exponen los países cuando aceptan el ISDS. Mediante este mecanismo, los Gobiernos relegan soberanía y permiten que los inversores extranjeros los demanden ante un panel de tres abogados privados guiados por su propio lucro, y no por jueces independientes. Al dirimir los casos, los árbitros solo tienen en cuenta las repercusiones que tiene la acción del Gobierno sobre los beneficios de las empresas. Por lo general, pasan por alto si las medidas que adoptó el Gobierno perseguían proteger los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas, o si eran necesarias para hacer frente a una situación de crisis. Estos árbitros pueden invalidar prácticamente cualquier decisión gubernamental si llegan a la conclusión de que esta choca con los intereses de los inversores. Y su decisión es inapelable.
El mecanismo de ISDS ha sido un elemento habitual de los acuerdos internacionales de comercio e inversión durante décadas. Sin embargo, es solo en los últimos diez años cuando se ha dejado sentir todo su impacto en el espacio normativo del Estado para regular y en los presupuestos públicos. Y es también solo durante los últimos diez años en que se ha empezado a entender la magnitud de lo que han firmado los Gobiernos.
Actualmente, existen más de 600 casos conocidos de arbitraje internacional en todo el mundo. Los inversores extranjeros han podido interponer demandas judiciales para revocar leyes en áreas clave de la economía, tales como normas que aseguran la prestación de servicios públicos asequibles (agua, electricidad), reglas que protegen los derechos laborales, normativas en materia de salud pública, regulaciones para proteger el medio ambiente (prohibición de productos químicos nocivos, prohibición de actividades mineras), aumentar los impuestos a las empresas y regular la extracción de recursos naturales, entre otras cosas. El argumento de que los acuerdos de protección de inversiones solo protegen a los inversores contra el abuso extremo de los países ha perdido toda credibilidad.
Un ejemplo que pone de relieve el gran alcance de los derechos de los inversores en el marco del ISDS es el caso de la demanda de Philip Morris contra Australia y Uruguay por su legislación antitabaco (6) .
Mediante el ISDS, los inversores extranjeros pueden externalizar los costes de los riesgos que asumen al hacer negocios en el extranjero. Estos costes se traspasan a los ciudadanos y las ciudadanas, que son, en última instancia, a quienes les toca pagar la cuenta. En el mejor de los casos, el Gobierno tendrá que pagar a los árbitros y abogados defensores, a un coste promedio de 4 millones de dólares por demanda. Y en el peor de los casos, cuando los árbitros fallan a favor de los inversores, el Gobierno además deberá compensarlos por la cantidad que determinen los árbitros. El mayor laudo emitido contra un Estado ha alcanzado los 50 mil millones de dólares (7).
Los peligros asociados con los acuerdos de inversión han sido destacados por muchos Gobiernos del Sur, que suelen ser el blanco de las demandas. Hoy en día, en el contexto de las negociaciones del TTIP, esta discusión afecta también a los países de Europa, de donde proceden la mayoría de inversores demandantes.
La inclusión del ISDS en el TTIP ha desencadenado fuertes reacciones en varias capitales de la Unión Europea —en especial en Alemania y Francia— y ha dado lugar a movilizaciones en toda Europa. A raíz de una enorme presión pública, la Comisión Europea (CE) puso en marcha una consulta pública sobre el tema. La Comisión recibió más de 150.000 respuestas, el 97 por ciento de las cuales se mostraban contrarias a la inclusión del ISDS en el TTIP (8).
Como estrategia para apaciguar a la opinión pública, así como a los socialdemócratas en algunas capitales importantes que se sentían incómodos con el mecanismo de arbitraje de inversiones, la CE ha creado un conjunto de propuestas de reforma con las que pretende modernizar y “mejorar” el sistema. Sin embargo, estas propuestas no abordan ni por asomo la raíz del problema. Por el contrario, ayudan a afianzar un sistema que ha perdido legitimidad. Las propuestas de reforma de la CE mantienen un sistema paralelo de “justicia” al que solo pueden acceder los inversores extranjeros.
El desequilibrio de poder a favor de las grandes empresas y a expensas de los contribuyentes seguirá intacto. Y la soberanía de los Estados para adoptar cambios normativos en el interés público se seguirá viendo afectada por las reformas propuestas.
Hasta la fecha se han celebrado once rondas de negociación para el TTIP. La CE llevara a la mesa de negociación su nueva propuesta de ISDS tras la reunión de Miami este mes de octubre.
Los Gobiernos de la UE y la CE deberían tratar de rescindir los acuerdos de inversión existentes en lugar de firmar más acuerdos que amplían los derechos de los inversores. Esta es la demanda de las 145.500 personas que se mostraron contrarias a la inclusión de la ISDS en el TTIP en la consulta realizada por la misma Comisión Europea, así como de los más de 2,8 millones de ciudadanos y ciudadanas europeos que han firmado la Iniciativa Ciudadana Europea autoorganizada contra el TTIP (9).
Estas firmas se entregarán a la Comisión Europea como preámbulo de toda una semana de movilizaciones que comenzará el 10 de octubre y en que personas de toda Europa intentarán convencer a los políticos de la UE que los beneficios de las empresas no deberían primar por encima de los derechos de los pueblos.
—–
1. http://www.energycharter.org/what-we-do/dispute-settlement/investment-dispute-settlement-cases/83-soles-badajoz-gmbh-v-spain/
2. http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/197#iiaInnerMenu
3. https://www.tni.org/es/publicacion/cuando-la-crisis-es-negocio
4. https://www.citizen.org/documents/EU-ISDS-liability.pdf
5. https://www.tni.org/es/publicacion/cuando-la-crisis-es-negocio
6. http://www.iisd.org/pdf/2011//iisd_itn_july_2011_es.pdf
Caso Yukos contra Rusia. Para más información:
7.http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/28/actualidad/1406538901_726399.html
8. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153304.pdf
9. https://stop-ttip.org/
A vueltas con el libre comercio. Sobre el conocimiento y desconocimiento de la ciencia económica
22/10/2015
Carlos Javier Bugallo Salomón
Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.
Resulta sorprendente comprobar cómo muchos comentaristas califican al TTIP como un acuerdo de libre comercio, cuando es evidente que no lo es, pues la doctrina del libre comercio no acepta, por definición, que terceras partes queden excluidas, como sí ocurre con el TTIP. Algunos llevan incluso un paso más adelante su error y, a la hora de traducir el acrónimo del TTIP, introducen de rondón la expresión ‘libre comercio’ donde ésta no aparece.
He llegado a la conclusión de que estos errores, en muchos casos, no tienen que ver con la ideología de las personas sino con su baja cultura económica. Citaré como ejemplo un caso muy significativo. No hace mucho pudimos escuchar en la televisión a la Sra. Esperanza Aguirre mostrar su sorpresa porque se hubieran dedicado caudales públicos para salvar a los bancos españoles. Uno puede pensar que hizo esta afirmación debido a su ideología liberal, pero no es así. Si Esperanza Aguirre se hubiera tomado la molestia de leer a Milton Friedman, sabría que en la celebrada obra de este autor sobre la historia monetaria de Estados Unidos se explica que la quiebra del sistema bancario durante la crisis del año 29 agravó sobremanera la situación económica, no sólo por interrumpir el flujo del crédito a la economía real, sino también por la enorme destrucción de masa monetaria (dinero bancario) que implicó. Una de las lecciones que Friedman sacó del asunto fue la de justificar, en estos casos, el salvamento público de los bancos para impedir que la quiebra de unos cuantos terminase por arrastrar a todo el sistema bancario. ¡Menudo pescozón le hubiera dado Friedman a su discípula si la hubiera conocido!
También algunos líderes de izquierda han mostrado públicamente sus reservas a estas ayudas a la banca, demostrando no sólo una ignorancia económica similar, sino también su completa carencia de sentido práctico: estas ayudas a la banca eran la justificación perfecta para su sometimiento al control público y su sustracción a la economía especulativa; pero incomprensiblemente, no se quiso aprovechar la oportunidad.
Estas consideraciones me llevan a la idea básica de que es necesario ampliar y mejorar la formación económica popular, pues empieza a resultar alarmante la cantidad de tonterías económicas que se escuchan todos los días, incluso en boca de personas que por su responsabilidad no deberían decirlas. Es en este contexto que se explica, por ejemplo, que Albert Rivera se permitiera calificar recientemente, y sin ningún rubor, al keynesianismo como una práctica ‘franquista’; y dislates así, todos los días.
[…] la lucha contra el TTIP. La buena notica es […]
22/10/2015
[…] la lucha contra el TTIP. La buena notica es que, como lo analizo en este artículo, podemos ganar esta batalla! Tras la marea humana de 250.000 manifestantes en Berlín (donde estuve […]
[…] Texto completo de Susan George, y luego otros autores/as: […]
21/10/2015
[…] Texto completo de Susan George, y luego otros autores/as: https://espacio-publico.com/v2/solo-la-ciudadania-puede-frenar-la-grave-amenaza-del-ttip#comment-510… […]
[…] * Susan George es presidenta honorífica de ATTAC Francia […]
20/10/2015
[…] * Susan George es presidenta honorífica de ATTAC Francia y del Transnational Institute de Amsterdam (aquí, su ponencia sobre el TTIP en Espacio Público). […]
¡Peligro! Tratado Transatlántico
20/10/2015
Ignacio Ramonet
Director de "Le Monde diplomatique"
El Tratado TTIP se está negociando con la mayor discreción y sin ninguna transparencia democrática entre la Unión Europea y Estados Unidos (EEUU). Su objetivo es crear una de las mayores zonas de libre comercio del planeta, con cerca de 800 millones de consumidores, y que representará casi la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y un tercio del comercio global.
La UE es la principal economía del mundo: sus quinientos millones de habitantes disponen, en promedio, de unos ingresos anuales per cápita de 25.000 euros. Eso significa que la UE es el mayor mercado mundial y el principal importador de bienes manufacturados y de servicios, dispone del mayor volumen de inversión en el extranjero, y es el principal receptor planetario de inversiones extranjeras. La UE es también el primer inversor en EEUU, el segundo destino de las exportaciones de bienes estadounidenses y el mayor mercado para las exportaciones estadounidenses de servicios. La balanza comercial de bienes arroja, para la UE, un superávit de 76.300 millones de euros; y la de servicios, un déficit de 3.400 millones. La inversión directa de la UE en EEUU, y viceversa, ronda los 1,2 billones de euros.
Washington y Bruselas quisieran cerrar el tratado TTIP antes de que finalice el mandato del presidente Barack Obama. ¿Por qué tanta prisa? Porque, para Washington, este acuerdo tiene un carácter geoestratégico. Constituye un arma decisiva frente a la irresistible subida en poderío de China; y, más allá de China, de las demás potencias emergentes del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica).
Hay que precisar que, entre los años 2000 y 2008, el comercio internacional de China creció más de cuatro veces: sus exportaciones aumentaron un 474% y las importaciones un 403%. ¿Consecuencia? Estados Unidos perdió su liderato de primera potencia comercial del mundo que ostentaba desde hacía un siglo… Antes de la crisis financiera global de 2008, EEUU era el socio comercial más importante para 127 Estados del mundo; China sólo lo era para 70 países. Ese balance se ha invertido. Hoy, China es el socio comercial más importante para 124 Estados; mientras que EEUU sólo lo es para 76.
¿Qué significa eso? Que Pekín, en un plazo máximo de diez años, podría hacer de su moneda, el yuan, la otra gran divisa de intercambio internacional(1), y amenazar la supremacía del dólar. También está cada vez más claro que las exportaciones chinas ya no sólo son productos de baja calidad a precios asequibles por su mano de obra barata. El objetivo de Pekín es elevar el nivel tecnológico de su producción (y de sus servicios) para ser mañana líder también en sectores (informática, finanzas, aeronáutica, telefonía, ecología, etc.) que EEUU y otras potencias tecnológicas occidentales pensaban poder preservar.
Por todas estas razones, y esencialmente para evitar que China se convierta en la primera potencia mundial, Washington desea blindar grandes zonas de libre cambio a las que los productos de Pekín tendrían difícil acceso. Al mismo tiempo, EEUU ha negociado, con sus socios del Pacífico(2), un Acuerdo Transpacífico de Libre Cambio (Trans-Pacific Partnership, TPP, en inglés), gemelo asiático del Acuerdo Transatlántico (TTIP).
Aunque el TTIP empezó a gestarse en los años 1990, Washington ha presionado para acelerar las cosas. Y las negociaciones concretas se iniciaron inmediatamente después de que, en el Parlamento Europeo, la derecha y la socialdemocracia aprobaran un mandato para negociar –aceptado también, en España, en la proposición presentada conjuntamente, en el Congreso de los Diputados, por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)…–. Un informe, elaborado por el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento, creado en noviembre de 2011 por la UE y EEUU, recomendó el inicio inmediato de las negociaciones.
Aunque las negociaciones han pasado por altibajos, incluso han llegado a estar suspendidas debido a desacuerdos en el seno de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, las dos partes están decididas a firmar lo antes posible el TTIP.
De todo esto, los grandes medios de comunicación dominantes han hablado poco, con la esperanza de que la opinión pública no tome conciencia de lo que está en juego, y de que los burócratas de Bruselas puedan decidir sobre nuestras vidas con toda tranquilidad y en plena opacidad democrática.
Mediante ese acuerdo de marcado carácter neoliberal, EEUU y la UE desean eliminar aranceles y abrir sus respectivos mercados a la inversión, los servicios y la contratación pública, pero sobre todo intentan homogeneizar los estándares, las normas y los requisitos para comercializar bienes y servicios. Según los defensores de este proyecto librecambista, uno de sus objetivos será “acercarse lo más posible a una eliminación total de todos los aranceles del comercio transatlántico en bienes industriales y agrícolas”.
En cuanto a los servicios, la idea es “abrir el sector servicios, como mínimo, tanto como se ha logrado en otros acuerdos comerciales hasta la fecha” y expandirlo a otras áreas, como el transporte. Sobre la inversión financiera, las dos partes aspiran a “alcanzar los niveles más altos de liberalización y protección de las inversiones”.
Y sobre los contratos públicos, el acuerdo pretende que las empresas privadas tengan acceso a todos los sectores de la economía (incluso a las industrias de defensa), sin discriminación alguna.
Aunque los medios de comunicación dominantes apoyan sin restricción este acuerdo neoliberal, las críticas se han multiplicado sobre todo en el seno de algunos partidos políticos, de numerosas ONG y de organizaciones ecologistas o de defensa de los consumidores.
Por ejemplo, Pia Eberhardt, miembro de la ONG Corporate Europe Observatory, denuncia que las negociaciones se han llevado a cabo sin transparencia democrática y sin que las organizaciones civiles hayan tenido conocimiento en detalle de lo que se ha acordado hasta ahora: “Hay documentos internos de la Comisión Europea –declara la activista– que indican que ésta se reunió, en la fase más importante, exclusivamente con empresarios y sus lobbys.
No hubo un solo encuentro con organizaciones ecologistas, con sindicatos, ni con organizaciones protectoras del consumidor” (Deutsche Welle en español, 17 de febrero de 2013). Eberhardt observa con inquietud una posible disminución de las exigencias para la industria alimentaria. “El peligro –comenta– lo conforman los alimentos no seguros importados de EEUU que podrían contener más transgénicos, o los pollos desinfectados con cloro, procedimiento prohibido en Europa”. Añade que la industria agrícola-ganadera estadounidense exige la supresión de los obstáculos europeos a ese tipo de exportaciones.
Otros críticos temen las consecuencias del TTIP en materia de educación y de conocimiento científico, pues podría extenderse a los derechos intelectuales. En este sentido, Francia, para proteger su importante sector audiovisual, ya impuso una “excepción cultural”. El TTIP no abarcará las industrias culturales.
Varias organizaciones sindicales denuncian que, sin ninguna duda, el Acuerdo Transatlántico ahondará en los recortes sociales, en la reducción de los salarios, y destruirá empleo en varios sectores industriales (electrónica, comunicación, equipos de transporte, metalúrgica, papel, servicios a las empresas) y agrarios (ganadería, agrocombustibles, azúcar).
Los ecologistas europeos y los defensores del comercio justo explican además que el TTIP, al eliminar el principio de precaución, podría facilitar la supresión de regulaciones medioambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria, a la vez que puede suponer una merma de las libertades digitales.
Algunas ONG ambientalistas temen que se comience también a introducir en Europa el fracking, o sea el uso de sustancias químicas peligrosas para los acuíferos, con el fin de explotar el gas y el petróleo de esquisto.
Pero uno de los principales peligros del TTIP es que incorpora un capítulo sobre “protección de las inversiones”, lo que podría abrir las puertas a demandas multimillonarias de empresas privadas en tribunales internacionales de arbitraje (al servicio de las grandes corporaciones multinacionales) contra los Estados por querer estos proteger el interés público, lo cual puede suponer una “limitación de los beneficios de los inversores extranjeros”.
Aquí lo que está en juego es sencillamente la soberanía de los Estados y el derecho de estos para llevar a cabo políticas públicas en favor de sus ciudadanos.
Para el TTIP, los ciudadanos no existen; sólo hay consumidores, y estos pertenecen a las empresas privadas que controlan los mercados.
El desafío es inmenso. Y la voluntad cívica de parar el TTIP no debe ser menor.
* Este editorial de Ignacio Ramonet fue publicado por Le Monde Diplomatique en marzo de 2014 y ha sido reeditado.
NOTAS:
(1) En abril de 2011, en el marco de la Cumbre de los BRICS en Sanya (isla de Hainan, China), se firmó un acuerdo de cooperación financiera entre las cinco potencias emergentes que prevé la apertura de líneas de crédito en sus monedas nacionales respectivas, con el fin de reducir la dependencia respecto al dólar. En 2008, ya Pekín había firmado este tipo de acuerdo con Argentina.
(2) Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El TPP se ha negociado en secreto durante más de cinco años. Finalmente un principio de acuerdo ha sido alcanzado tras cinco días de negociaciones en Atlanta (Estados Unidos), aunque está pendiente de la aprobación de los respectivos parlamentos.
Entre los halcones y el TTIP: maniobras para el gobierno del mundo
19/10/2015
Ignacio Muro Benayas
Director Fundación Espacio Público
La comisaria Manstrom declaraba hace varios meses que cuando hablamos del TTIP, en esencia, de lo que estamos hablando es de cómo «moldear la globalización». Efectivamente, así es. Lo que nos jugamos es precisamente cómo avanzar en la gobernanza global. Mi contribución a este interesante foro se centrará en desarrollar esta cuestión.
Comienzo con una breve alusión al conflicto sobre el multilateralismo en los últimos 25 años.
Una vez desaparecida la URSS, durante los casi 15 años que abarcan los gobiernos de Bush (padre) y Clinton, se instaura un modelo de gobernanza global relativamente proclive al multilateralismo y al respeto a las normas e instituciones internacionales, como la ONU y la OMC. Signo de aquella etapa es la primera guerra de Irak que buscó y obtuvo el apoyo de la ONU. En ese periodo, que se corresponde con la primera etapa de la globalización, la ampliación del comercio estaba asegurada por la aparición de los nuevos mercados nacionales de los países comunistas y la liberalización de China, territorios que el capitalismo necesitaba “seducir” e incorporar a su lógica.
El 11S de 2001 es la excusa perfecta para que la administración de Bush (junior), siempre cohesionada contra el multilateralismo desde sus halcones, desarrollara una política de fuerza basada en la “convicción moral” de ser la única superpotencia capaz de defender la democracia y la prosperidad.
En la práctica eso significa fortalecer la autonomía de la OTAN mientras se abandonan (o se dejan de impulsar) los foros mundiales de resolución de conflictos, se renuncia a las anunciadas reformas del Consejo de Seguridad de la ONU, del Banco Mundial y del FMI diseñadas para integrar a los BRICs, y se recupera la lógica bilateral o regional en los acuerdos comerciales.
La batalla de Europa, la última pieza de una estrategia “coherente”
El propósito que se va imponiendo como nuevo consenso entre las élites de EEUU pasaba por sustituir la OMC en tanto que foro multilateral encargado de pautar la liberalización del intercambio de servicios, por una tupida red de tratados de carácter bilateral o regional, que se fueran apoyando uno sobre otro hasta construir una maraña de difícil retorno. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) entre EEUU, Canadá y México, sirve como modelo replicado y perfeccionado en los tratados comerciales entre EEUU y otros países emergentes “aliados”, como, por ejemplo, Perú, Corea o Colombia.
Con el pretexto de la armonización se hacen converger las legislaciones de los países firmantes hacia unos niveles regulatorios adecuados, los mínimos vigentes en los países más liberales (o más débiles) para convertidas luego en pautas de (casi) imposible superación. El Trade In Services Agreement (TISA) sobre la liberalización de la banca y el transporte, el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) sobre la propiedad intelectual o el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) comparten los mismos principios.
El camino es crear “espacios voluntarios de convergencia regulatoria” o de “armonización de normas” que se refieren a espacios centrales de la organización social de un país: la normativa laboral, ambiental, la propiedad intelectual, la fiscalidad… El último de ellos, el Tratado TTP sobre Librecomercio Transpacífico, que se acaba de firmar sin el apoyo de China ni de las grandes economías asiáticas, abarca desde el derecho de los trabajadores a crear un sindicato hasta requerimientos de seguridad, salario mínimo, límite de horas trabajadas o protecciones contra la discriminación.
La negociación entre EEUU y la UE en torno al TTIP simboliza el momento culminante de esa nueva etapa. Ganar la “batalla de Europa”, donde la madurez democrática provoca mayores resistencias, supone el último eslabón que consagraría definitivamente la nueva filosofía y el nuevo tipo de jerarquías que la Organización Mundial de Comercio (OMC) nunca pudo avalar.
La sacralización de los “derechos del inversor”
Si el unilateralismo bélico de la administración Bush era seña de identidad de sus halcones, el nuevo entramado de tratados convergentes introduce una carga más peligrosa aún, puesto que institucionaliza y sanciona como sujetos políticos a las grandes transnacionales y prioriza la defensa de sus derechos de inversor.
Los nuevos tratados no se limitan a un rediseño de las relaciones entre países, ni a dar una nueva vuelta de tuerca del Norte sobre el Sur; afecta, además, a los equilibrios internos de los países firmantes y, por eso, provoca las mismas resistencias entre los sindicatos y las organizaciones sociales de EEUU y Europa, de Asia o de Latinoamérica.
El entramado que el TTIP pretende consagrar, igual que el de sus equivalentes, va mucho más que una «via rápida» para la liberalización del comercio, que es como la ha definido Obama. Utilizando torticeramente el concepto de la seguridad jurídica, pretende, simplemente, aportar seguridad económica a los inversores o, lo que es lo mismo, socializar los riesgos trasladando a los ciudadanos las consecuencias de cualquier cambio normativo resultado del juego democrático.
Es un entramado jurídico pensado para que las empresas transnacionales , de un lado, convaliden su estatus hasta colocarlo al mismo nivel que los estados. Y de otro, se blinden ante los cambios sociales.
La socialización de los riesgos del inversor (asumir riesgos era, hasta ahora, lo que justificaba los beneficios empresariales), se convierte en nuevo valor consagrado, al nivel de otros derechos políticos y sociales.
El comercio no se frena por las divergencias regulatorias
Pero el problema de fondo es que esta vía no aborda las causas profundas que bloquean el comercio internacional. Simplemente, privilegia la agenda de las grandes corporaciones y su idea de la globalización mientras obstruye e ignora otros caminos, otros ritmos y otras prioridades que abordan los factores realmente relevantes para el desarrollo del comercio.
China, con el apoyo de cada vez más países, considera que la más importante traba al libre comercio es la carencia de infraestructuras en países emergentes. Su expansión en África, Asia y América Latina se cimenta, precisamente, en acuerdos a largo plazo basadas en el desarrollo de grandes obras de infraestructuras.
Ese foco requiere afrontar otro problema asociado: impulsar mecanismos de financiación a largo plazo que faciliten el desarrollo de los países emergentes. La puesta en marcha del Banco Asiático de Inversiones (BAII), alternativa real al BM y al FMI, impulsado por los BRICS con el apoyo de 43 paises (y al que se opone EEUU) marca el camino a seguir.
¿Tiene sentido poner el foco en la desregulación? Mas bien al contrario. La realidad es que la causa central que provoca inestabilidad en los flujos comerciales es la inseguridad financiera que provoca la ausencia de regulación de los mercados y, en particular, de los productos derivados y los fondos especulativos.
El camino del TTIP es solo una via interesada de los grupos de poder que nada tienen que ver con el desarrollo del libre comercio ni de la economía mundial.
[…] Florent Marcellesi. Artículo publicado en Espacio Público, el […] […]
17/10/2015
[…] del Transnational Institute de Amsterdam (aquí, su ponencia sobre […]
16/10/2015
[…] del Transnational Institute de Amsterdam (aquí, su ponencia sobre el TTIP en Espacio Público: https://espacio-publico.com/v2/solo-la-ciudadania-puede-frenar-la-grave-amenaza-del-ttip […]
Tratados internacionales y servicios públicos
15/10/2015
Fátima Aguado y Francis Cabezos
Federación de Servicios a la Ciudadanía. CCOO
El pasado mes de junio de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en relación con el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, por sus siglas en inglés, o Tratado de libre comercio e inversión). La resolución fue elaborada por el grupo de comercio de la Comisión y contó con el apoyo mayoritario de conservadores, liberales y socialistas.
El texto no estuvo exento de polémica y discusión en el debate, tampoco en su elaboración,pues en él se excluían del tratado ciertos servicios públicos, pero no todos. Frente a las protestas de organizaciones de la sociedad civil, incluido el sindicato Comisiones Obreras, la respuesta de la Comisión siempre es la misma: la competencia para organizar los servicios públicos es potestad de cada Estado Miembro y, por lo tanto, cada país es libre de decidir si los servicios que deben prestarse a la ciudadanía, y que conforman uno de los pilares más importantes del Estado del Bienestar, ostentan titularidad pública o privada.
Ahora bien, a nadie se le escapa que la Unión Europea ha ido consolidando a lo largo de estos últimos años su corriente más neoliberal. De hecho, en marzo de 2014 se aprobó definitivamente la nueva directiva sobre contratación de servicios públicos, en la que se amplían las condiciones que permiten establecer contratos de concesiones a grandes y pequeñas empresas.
El objetivo último europeo tiene mucho que ver con entender que los servicios son un negocio con el que se puede comerciar y no un derecho de ciudadanía. De hecho, uno de los argumentos más utilizados es que el 19% total del PIB proviene de los servicios públicos y que, la apertura de los mismos, sería una oportunidad para salir de la crisis económica.
Esta concepción sobre los servicios entendidos como un bien comercial se ha venido fraguando durante años a espaldas de la ciudadanía. De hecho, la idea de firmar un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea se viene discutiendo desde los años 90 pero no alcanzó el suficiente acuerdo político hasta el año 2011.
En el encuentro anual mantenido entre la UE y EE.UU. en noviembre de 2011, se creó un Grupo de Trabajo de Alto nivel para el Empleo y el Crecimiento. El objetivo era el de desarrollar estrategias que incrementaran los acuerdos y la inversión y, según ellos, promover la creación de empleo, la competitividad internacional y el crecimiento económico.
Este grupo de trabajo presentó su informe final el 11 de febrero del 2013, informe que sucede a otro intermedio de 18 de junio de 2012, y que se ha basado en consultas con representantes de varios intereses, empresarios fundamentalmente, sin incluir a la sociedad civil y mucho menos al mundo del trabajo.
Llegaron a la conclusión de que había que comenzar a negociar un acuerdo trasatlántico ya que presumiblemente sería el vehículo para alcanzar los objetivos marcados políticamente a ambos lados del Atlántico. ¿Cuáles eran estos objetivos? La eliminación de las pocas barreras arancelarias que quedan relativas al comercio de bienes, servicios e inversión.
Con respecto a los servicios, plantearon abiertamente que “el objetivo debe ser el de obligar al más alto nivel de liberalización que cada lado ha logrado en los acuerdos comerciales hasta la fecha”. También recomendaron que las negociaciones deben mejorar “las oportunidades de negocio a través de la mejora sustancial del acceso a oportunidades de contratación pública en todos los niveles de gobierno, sobre la base del tratado nacional”.
Dos días después de su publicación, Barack Obama, Herman Rompuy y el presidente de la Comisión Europea de aquel entonces, Durao Barroso, anunciaron que en base a las recomendaciones del grupo de trabajo mencionado anteriormente, se comenzaría a negociar, eso sí, sin luz ni taquígrafos.
Los casi tres millones de firmas recogidos por la sociedad civil organizada, entre asociaciones, movimientos ciudadanos, partidos y sindicatos, no parecen ser suficientes para que la Comisión Europea retroceda en el intento por sacar adelante este acuerdo, recientemente refrendado en el Parlamento Europeo este junio, donde se aprobó una resolución sobre el TTIP con la inclusión de la cláusula ISDS (arbitraje de diferencias entre estado e inversor) en la que se daba el visto bueno a la propuesta de creación de un Tribunal Internacional para resolver los conflictos entre Inversor y Estado y que demuestra una vez más el poder de los lobbies en Bruselas.
Paradójicamente, esta cláusula es también rechazada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos que recientemente ha planteado que la UE tiene un problema relacionado con la inversión en futuros tratados. Esto pone de manifiesto el fin último de las multinacionales que es el de operar en los diferentes Estados con una hoja de ruta bien marcada y si es posible al margen de los poderes constitucionales, tanto nacionales como supranacionales.
Llegados a este punto, conviene recordar, por su trascendencia, que encima de la mesa hay otros dos tratados de libre comercio: Por un lado el CETA, Canadá and Comprehensive Trade Agreement, negociado con Canadá y pendiente de aprobación y ratificación por parte de los Estados Miembros, y cuyos postulados plantean abiertamente la posibilidad de los gobiernos de modificar la legislación como mejor convenga a las leyes del comercio internacional, todo desde un óptica política y descaradamente correcta.
¿Promoverá la Comisión su ratificación Estado por Estado ahora que Syriza ha ganado las elecciones o pasará de soslayo?
Por otro lado, el gran desconocido, por lo menos para la gran parte de la ciudadanía: el TISA, Trade in Services Agreement, o Acuerdo para la Inversión en Servicios.
Sobre este último se sabe muy poco, puesto que está siendo negociado de manera opaca e imprecisa, pero tendría la clave para impedir la recuperación para la gestión directa de servicios públicos que han sido privatizados.
El TISA limitaría y quizá incluso prohibiría la remunicipalización, ya que impediría que los gobiernos crearan o restablecieran la gestión directa o en exclusiva de los servicios, o en su caso formas de prestación de servicios similares “no competitivas”. La sociedad debería estar muy vigilante al respecto de lo que ocurra en relación con el TISA. Nos jugamos mucho en ello.
No existe ninguna posibilidad de construir y mantener un Estado social y de derecho, del que forme parte el Estado de bienestar, sin los servicios públicos. Servicios públicos que han sido la argamasa para el progreso en Europa consolidando el denominado «modelo social europeo», el cual encarna las señas de identidad de las sociedades europeas más avanzadas y que en nuestro país está más amenazado que nunca, pues la ideología más montaraz, liberal y conservadora está atropellando el derecho de ciudadanía que la sociedad posee a unos servicios de calidad y cercanos, y ahondando en el desprestigio, deterioro y abandono de las condiciones laborales del personal que trabaja en los servicios públicos.
Una sociedad moderna, igualitaria, que quiere construir una convivencia digna para que las personas puedan realizar sus proyectos vitales, es una sociedad en la que la redistribución de la riqueza es un punto básico de partida, unos cimientos sobre los que debe levantarse todo el edificio social que nos acoge como personas y nos eleva a la categoría de propietarios de derechos de ciudadanía, de personas con futuro.
Para concluir, el principal reto que enfrentamos como organización es trasladar al conjunto de la ciudadanía, de la que forman parte las trabajadoras y trabajadores, la amenaza los diferentes servicios que se prestan en nuestro país, si se procede a la firma de estos tratados, y las consecuencias laborales en términos de pérdidas de empleo y de derechos laborales al ratificarse unos acuerdos con un país como EE.UU., que sigue sin ratificar convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
La defensa de la justicia social, el empleo digno y con derechos, los servicios públicos, el Estado del bienestar y estar a favor de que sean los Estados y su gente los que regulen las reglas del juego y no las multinacionales, constituyen señas de identidad con las que nos sentimos comprometidos.
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/2067496-Informe_de_FSC-CCOO_sobre_los_tratados_de_libre_comercio_e_inversion.pdf
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15/10/2015
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Las Euromarchas llegan a Bruselas para protestar contra el TTIP y el «austericidio»
15/10/2015
Alejandro López de Miguel
Periodista de Público
Cientos de personas recorren este jueves 15 de octubre el centro de la capital belga, apoyados por fuerzas políticas como Podemos, IU y Equo. Su objetivo inmediato es rodear el edificio en el que este jueves se reúnen varios jefes de gobierno de la UE para obligarles a escuchar su mensaje.
BRUSELAS.— No más austericidio, no más políticas neoliberales. Y, desde luego, no a la firma de tratados secretos como el TTIP, que Washington y Bruselas negocian con sigilo. Estas son algunas de las reivindicaciones de las Euromarchas, una iniciativa que bebe del espíritu de las Marchas por la Dignidad y que este jueves ha desembarcado con energía en la capital de Bélgica.
En torno a 300 personas se concentraban este jueves frente al Musée du Tram de Bruselas, para poner rumbo al centro de Bruselas, donde hoy se reúnen varios jefes de Gobierno de los 28 en una nueva cumbre europea.
«Esas cumbres no sirven para nada, todas las decisiones están tomadas con antelación», asegura a Público Maribel Martínez, portavoz de la iniciativa, vertebrada sobre el movimiento de cuatro columnas establecidas en cada uno de los puntos cardinales de Europa.
Pedro Arrojo, también coportavoz de las Euromarchas, explica que la columna suroeste (España, Portugal y Francia) partió de Gibraltar el día 1 de octubre, para después desarrollar hasta 75 acciones en distintas ciudades y pueblos del Viejo Continente —entre ellas, la que aseguran ha sido la primera manifestación en Andorra—. Han viajado en autobús y en furgoneta, y esperan la llegada de otros tantos activistas españoles que ya vuelan o volarán próximamente a la capital, corazón de las instituciones europeas.
Pretenden «bloquear» el tráfico en cuatro de los cruces que rodean la zona de las instituciones comunitarias con una manifestación pacífica. Para ellos utilizarán cuatro tractores que abren la marcha. Y, para marcar el carácter pacífico de esta concentración, en la cabecera de la marcha se sitúan algunos representantes políticos, entre ellos tres diputados aragoneses de Podemos, una de las organizaciones que junto a IU y Equo respaldan esta iniciativa.
«Los partidos están jugando a dos bandas, ayudando a aprobar tratados como el TTIP mientras dicen defender a los europeos», asegura a este diario Marta de Santos, parlamentaria de Podemos en las Cortes de Aragón. De Santos llegó a su cargo como el resto de diputados autonómicos del partido del círculo —salvo los andaluces— tras las elecciones del 24-M, y asegura que la aprobación del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) daría al traste con todo el trabajo de los diputados autonómicos, ya que lo establecido por el acuerdo es de obligado cumplimiento en todos los niveles de la administración.
Entre gritos de «¡El pueblo unido jamás será vencido!», o «¡La lucha es el único camino!», los manifestantes aragoneses, vascos, navarros y de otros tantos lugares de la geografía española echaban a andar pasadas las 11:15 horas, arropados por activistas belgas de distinta procedencia. El frío de la mañana no apagaba los ánimos, y entre proclamas y cánticos —Orquesta Solfónica incluida— ponían rumbo al centro de la ciudad seguidos de cerca por un dispositivo policial de apenas una docena de agentes.
Tras rodear la cumbre europea, a partir de las 12:00 de la mañana, los activistas organizarán talleres, conferencias y otras acciones hasta el sábado, cuando tendrá lugar la manifestación que servirá de cierre a esta protesta.
Además de la lucha contra los tratados comerciales secretos como el TTIP (UE-EEUU) o el CETA (UE-Canadá), las Euromarchas claman contra los paraísos fiscales, la pobreza, o contra la falta de apoyo de las instituciones comunitarias a los refugiados que piden socorro a las puertas de las fronteras de Europa, y que en muchos casos no obtienen más que el silencio como única respuesta.
Una batalla que podemos (y debemos) ganar
14/10/2015
Florent Marcellesi
Portavoz EQUO Parlamento Europeo
Podemos ganar la batalla contra el TTIP, este polémico tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. No es un farol. Es una realidad objetiva basada en lo siguiente:
• El grado de conocimiento se ha disparado. Mientras que en las elecciones europeas del 2014 hasta las personas más comprometidas con la transformación social, democrática y ecológica desconocían del todo el TTIP, hoy, gracias a un trabajo de las plataformas anti-TTIP, ONGs, sindicatos, etc, la situación ha cambiado radicalmente. Sin llegar a ser portada en la prensa española (pero sí en otros países europeos), el TTIP es un tema de actualidad, llena salas y hasta los medios masivos informan sobre sus impactos.
• La movilización de la ciudadanía europea es real, masiva y eficiente. En un año se han recogido en Europa más de tres millones de firmas (enlazar con https://stop-ttip.org/) en contra del TTIP. Además, las últimas marchas europeas del “Día de Acción Global” en el mes de abril pasado juntaron a decenas de miles de personas en más de 300 ciudades en toda Europa. Y vamos a más: el 17 de octubre la protesta contra el TTIP confluye con las euromarchas en Bruselas, mientras hace poco ni más ni menos que 250.000 personas se manifestaban en contra del TTIP en Berlín.
• Basta con que un solo Estado Miembro se pronuncie en contra para que el TTIP no se pueda aprobar. Si se considera el TTIP como un Tratado mixto (es decir, un texto que afecta tanto a competencias europeas como a estatales), la no ratificación por parte de un Estado miembro de los 28 sería suficiente para tumbarlo. Por el momento, el gobierno de Tsipras, a pesar de las presiones de la Troika durante las negociaciones del memorando, ha dicho claramente que no ratificaría el TTIP, a lo que habría que sumar la opinión pública de Alemania o de Austria que ya ha manifestado estar mayoritariamente en contra de este Tratado. Este escenario espanta a la Comisión Europea, que, claro está, busca al mismo tiempo evitar el carácter mixto del TTIP y la votación de los 28 Estados Miembros de forma separada.
• Hay antecedentes de luchas victoriosas. Si hacemos un ejercicio de memoria, recordaremos dos iniciativas con tintes parecidos y finales tristes para sus promotores: en 1997 logramos parar el AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones) y en 2012 el Parlamento Europeo rechazó el ACTA (Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación – enlazar con http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20120703IPR48247/html/El-Parlamento-Europeo-rechaza-ACTA). El método no fue nada original pero sí altamente eficaz: alta movilización política y presión ciudadana a nivel nacional y europeo.
Ahora bien, el hecho de poder ganar no significa que lo hayamos logrado. Precisamente porque ante los goles que nuestros movimientos políticos y ciudadanos han metido a la Comisión Europea, ésta ha reaccionado. La Comisaria Malmström hace grandes esfuerzos en recorrer el continente en defensa del TTIP: multiplica charlas y artículos de opinión en toda la prensa europea, alienta a los (apoltronados) Estados para que defiendan el mandato que le dieron y propone una reforma-maquillaje del ISDS (enlazar con http://partidoequo.es/ttip-el-nuevo-isds-de-la-comision-europea-es-una-operacion-de-maquillaje), el polémico tribunal de arbitraje privado entre Estados e inversores, como mensaje de apertura hacia las críticas recibidas.
Por otro lado, existe otro riesgo: el año que viene llegará seguramente el CETA a la agenda del Parlamento Europeo para su ratificación final. El CETA, un tratado entre la UE y Canadá cuya negociación ya está cerrada, es el hermano mayor del TTIP. Contiene todos los artículos y herramientas polémicas del TTIP, pero a diferencia de su hermano menor, no ha despertado tanta protesta ciudadana y política. Si llegase a aprobarse, se podría convertir en un argumento de peso de la Comisión Europea para convencer a los indecisos (“¿Cómo votar a favor del CETA y no del TTIP que además es más edulcorado?”). Así que digamos rotundamente: la lucha contra el TTIP, es decir, contra el poder de las multinacionales de ambos lados del Atlántico, pasa también por la lucha contra el CETA.
Ante estos riesgos, existen por tanto oportunidades estratégicas. Si bien el TTIP ha desaparecido por el momento de la agenda del Parlamento Europeo (pero llega un nuevo motivo de movilizaciones: el TiSA, enlazar “TiSA” con http://florentmarcellesi.eu/2014/09/08/pequena-guia-de-los-tratados-de-libre-comercio-que-te-quieren-colar/), es hora de que esté presente en la política nacional para formar parte del debate electoral y de los compromisos de los candidatos, partidos o confluencias de cara a las elecciones generales. Por dos razones obvias: 1) si un Estado Miembro lo rechaza, lo puede tumbar (siempre y cuando sea un tratado de carácter mixto); 2) el Consejo Europeo –que mandata la Comisión Europea- lo componen los jefes de gobierno de los Estados Miembros y allí, España tiene que mandar un jefe de gobierno anti-TTIP.
Por último, para ganar necesitamos también superar la estrategia del NO y apostar también por una estrategia del SÍ. Es decir, tenemos que ser capaces de construir una alternativa al TTIP. Eso supone construir un imaginario colectivo diferente al del crecimiento, de la globalización y de la competencia (véase por ejemplo aquí enlazar “por ejemplo aquí” con http://florentmarcellesi.eu/2015/03/09/los-tres-mitos-del-ttip-y-nuestras-alternativas/) y también ofrecer una propuesta comercial diferente (como por ejemplo lo hace el “Alternative Trade Mandate” enlazar con http://corporateeurope.org/sites/default/files/trade-time_for_a_new_vision-print.pdf).
A fin de cuentas, el TTIP forma parte de esta batalla que podemos ganar, y debemos ganar. Necesitamos poner freno a esta huida hacia adelante del beneficio por el beneficio, y favorecer nuestra salud, nuestro bienestar y nuestro planeta. Tumbar el TTIP es el símbolo que necesitamos para gritar orgullosos que otro mundo es posible.
El TTIP también acabará con tu privacidad
13/10/2015
David Bollero
Periodista y escritor
Desde hace varios meses llevamos alertando sobre los peligros de la firma del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) que EEUU y la Unión Europea (UE) están negociando en el más absoluto de los secretos. Si hoy mismo Alejandro López de Miguel firma un artículo en el que advierte de la oleada de privatizaciones que este Tratado de Libre Comercio traería consigo, desde K@osTICa alertamos de las consecuencias para la privacidad, puesto que la legislación de EEUU vendría a imponerse a la europea por ser más beneficiosa para los intereres de las multinacionales.
En un nuevo estudio comparativo entre las garantías de protección de datos que ofrece EEUU respecto a la Unión Europea (UE) podemos comprobar cómo los enfoques jurídicos son radicalmente opuestos. Mientras en Europa disfrutamos de un marco de protección de los datos personales bastante amplio, incluido y codificado en el Derecho primario, al otro lado del Charco son las diferentes agencias las que adoptan diferentes criterios, variando significativamente los niveles de protección en función del contexto y la instrumentalización de los datos.
Si bien es verdad que cualquier ciudadano estadounidense puede reclamar la protección de sus datos amparándose en la Cuarta Enmienda o en la Ley de la Privacidad, no es menos cierto que todo eso se borra de un plumazo al agitar la bandera de la seguridad nacional, sin incluir consideraciones –como de hecho sucede en la UE- de proporcionalidad. Dicho de otro modo, la privacidad del individuo, en ese sentido, es totalmente secundaria, sujeta al libre albedrío de la agencia gubernamental de turno.
¿Significa eso que en la UE la seguridad nacional no prevalece sobre la privacidad? No, pero a diferencia de lo que sucede en EEUU, para que se produzca puntualmente un intercambio de datos entre, por ejemplo, autoridades policiales y los servicios de inteligencia es necesaria una justificación específica; en EEUU, en cambio, este intercambio es la regla y no la excepción.
Por otro lado, mientras la legislación europea de protección de datos aplica a todo ciudadano que viva en su territorio, la estadounidense no. De esta manera, si los niveles de protección de datos para un estadounidense son ya de por sí bastante laxos, para un ciudadano extranjero en suelo norteamericano directamente son inexistentes. Por no tener, un ciudadano europeo ni siquiera tiene derecho a revisión judicial en caso de que una agencia norteamericana traspase los principios más esenciales de proporcionalidad en el tratamiento de los datos personales.
En suma, el informe afirma rotundamente que la mayoría de las normas de protección de datos de la UE no se pueden encontrar ni por asomo en la ley estadounidense. Un buen ejemplo de ello es la cesión de datos personales entre organismos o, incluso, a terceros con propósitos comerciales. Mientras en Europa hace años que esta cesión está sujeta a la aprobación del dueño de los datos personales, en EEUU no, obviando cualquier tipo de supervisión o reglas de proporcionalidad. Por no contemplarse, ni siquiera se recoge el derecho a la corrección o supresión de los datos o,incluso, el de revisión judicial.
El informe no sólo analiza la legislación vigente, sino alguno de los proyectos de ley que se están gestando en EEUU, como es el caso del Proyecto de Ley de Reparación Judicial o la ya vigente Ley de Libertad. Una libertad entendida de tal modo que continúa permitiéndose la vigilancia de la información de la Inteligencia extranjera, accediendo a sus metadatos, sus registros, contenido y, por supuesto, sus comunicaciones.
A pesar de que se habla de un próximo ‘acuerdo paraguas’ entre la UE y EEUU, lo cierto es que la firma del TTIP podría dar al traste con ello, desterrando de nuestro marco normativo aspectos que ahora nos resultan tan esenciales como la supervisión independiente, la regulación de la transferencia de datos y de su intercambio entre organismos, la notificación obligatoria tras brechas de seguridad de datos y el acceso, rectificación y supresión de los derechos de borrado, así como las limitaciones a los intercambios de datos.
Un revulsivo para garantizar el modelo social europeo
13/10/2015
Maite Pagazaurtundúa
Eurodiputada por UPyD
Cuando en el siglo XIII Marco Polo cruzaba el globo para abrir la Ruta de la Seda nadie se cuestionó las condiciones en las que esos productos iban a llegar a los mercados de la época, ni las condiciones en las que eran fabricados. Hoy en día, la apertura de nuevos mercados en el mundo globalizado necesita de reglas para poder ser justos y cumplir la ley.
La Unión Europea se caracteriza por tener los estándares más exigentes del mundo en muchas materias de vital importancia para el día a día y el bienestar de los ciudadanos, que empiezan por la protección social de sus trabajadores y terminan por la calidad de sus alimentos, servicios y productos.
En ese marco, las negociaciones abiertas en el marco del acuerdo comercial UE-Estados Unidos no pueden ser una excusa para introducir por la puerta de atrás, en diferido, una rebaja de los estándares europeos.
Desde la Delegación de UPyD en el Parlamento Europeo trabajamos con firmeza para que el conocido como Tratado de Libre Comercio con EEUU (TTIP) sea beneficioso y respete los intereses de pequeños y medianos actores del mercado europeo.
Hemos apoyado enmiendas orientadas a excluir de las negociaciones aspectos relacionados con los organismos modificados genéticamente, el uso de hormonas en el sector bovino o la clonación de animales con fines ganaderos, y tenemos que seguir haciendo toda la presión posible para que el acuerdo final, si lo hay, respete plenamente todas las garantías presentes y futuras sobre derechos básicos que ya defiende la legislación europea.
En nuestro empeño de transparencia sobre las negociaciones que se producen lamentablemente bajo el oscurantismo, desde el PE hemos puesto de relieve las cuestiones relativas a futuros mecanismos de cooperación regulatoria, con el objetivo futuro de igualar legislaciones a ambos lados del Atlántico.
Queremos evitar un efecto arrastre hacia la baja de la protección existente en la UE y que se puedan debilitar nuestras instituciones democráticas parlamentarias.
El TTIP tiene que ser un revulsivo para garantizar el modelo social europeo, nunca un pretexto para reducir la normativa lograda tras años de construcción comunitaria.
No podemos contentarnos con la palabra de la Comisión Europea diciendo que se respetarán los estándares comunitarios. Es preciso garantizar que no existe un caballo de Troya tecnocrático para laminar en el futuro nuestros estándares. Sólo así podremos aprobar el acuerdo que surja de las negociaciones.
La huida hacia adelante del modelo insostenible de la UE
08/10/2015
Luis Rico
Ecologistas en Acción
El octavo punto del mandato que el Consejo Europeo dictó a la Comisión Europea para abrir las negociaciones del TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) precisaba que “el Acuerdo debe reconocer que el desarrollo sostenible es un objetivo general de las Partes (…) a la vez que se fomentan unos elevados niveles de protección medioambiental, laboral y de los consumidores compatible con el acervo de la UE y la legislación estadounidense”. Todo ello, por supuesto, buscando “una liberalización del comercio que vaya más allá de los compromisos de la OMC”.
Desde entonces, y apoyándose en este mandato, la Comisión Europea ha negado de manera sistemática que el TTIP vaya a suponer una merma en la protección de los derechos ambientales y sociales de la ciudadanía europea, tal y como afirmamos el conjunto de colectivos que formamos parte de la campaña internacional #StopTTIP. Según el cuerpo negociador de la Unión Europea, quienes integramos dicha campaña no hemos hecho más que “inducir mitos para confundir a la ciudadanía”.
En primer lugar, pese a que la Comisión Europea aún no ha realizado ningún estudio de impacto ambiental derivado del TTIP, cabe recalcar que cualquier acuerdo de libre comercio, inevitablemente, implica mayor degradación ambiental aunque sea por el mero hecho de que conlleva más comercio internacional: más emisiones de gases de efecto invernadero, más construcción de infraestructuras, más empaquetado y refrigerado para transportes a más distancia, etc.
En cuanto a la cuestión normativa, sin tener presente la redacción exacta de los textos de la negociación, ni siquiera las propuestas concretas que ambas potencias desean plasmar en el Tratado, algo de lo que es responsable la Comisión Europea con su secretismo antidemocrático, es difícil comprobar si efectivamente el TTIP supondrá una rebaja a los estándares ambientales y sociales de la Unión Europea. Pero, como veremos a continuación, todos los indicios apuntan a que una vez más, tras una exquisita retórica ambiental y social, la Comisión Europea continúa con la agenda neoliberal que tiene impregnada en su ADN y va a aprovechar las negociaciones del TTIP para dar una nueva vuelta de tuerca a la rebaja de protección ambiental y social.
La estrategia de lavado verde de la UE no es nueva. Ya la Constitución Europea declaraba que uno de los objetivos de la Unión era alcanzar “una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección […] del medio ambiente” algo que, quienes nos oponíamos, denunciábamos que se trataba de un brindis al sol. La mejor prueba era que mientras la Constitución detallaba todos los aspectos económicos, de corte claramente neoliberal (topes de déficit, control del BCE sobre el euro, liberalización de servicios, etc.), el texto era vago, en el mejor de los casos, en temas ambientales y sociales.
Las consecuencias las hemos podido ir comprobando con el tiempo. Pese a que la normativa ambiental europea es de las más avanzadas del mundo, su grado de incumplimiento es muy alto, y la tendencia general es hacia una rebaja en ésta, con objetivos orientativos y voluntarios y plazos de cumplimiento laxos.
Por ejemplo, España ha violado sistemáticamente normas ambientales de la UE, como muestra la deficiente implantación de la red Natura 2000, la ilegalidad de las carreteras M30 o M501 o el incumplimiento de la legislación sobre calidad del aire. En ninguno de estos casos hubo más que una tibia respuesta de la Comisión Europea, lo que ha dejado sin efecto cualquier intento de regulación ambiental impuesto desde Bruselas.
Lo que sí ha controlado la Comisión férreamente ha sido, y sigue siendo, la política social, para que se ajuste al programa neoliberal impuesto, especialmente, a los países endeudados. El control llega hasta el punto de que los presupuestos generales no pueden ser presentados en el parlamento español sin el visto bueno de la Comisión. Ahí es donde se han puesto de manifiesto los “verdaderos valores” sobre los que se sustenta la UE.
Es difícil que la Unión Europea tome un rumbo diferente. En el sistema capitalista la política comercial domina al resto, y los países miembro han delegado ésta a la Comisión Europea, una institución cuyos miembros no son elegidos por ningún procedimiento democrático.
Con ello, los tecnócratas de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea albergan más poder que cualquier eurodiputado y que muchos de los Gobiernos de los países miembro de la UE.
No es un secreto la dificultad que tienen los/as europarlamentarios/as para acceder a los textos de las negociaciones del TTIP. Este modelo supone un paraíso para que los grupos de presión desplieguen todo su poderío. Treinta mil personas se dedican diariamente a realizar labores de cabildeo en la UE, hasta el punto de que se ha denominado el Gobierno de la UE como una lobbycracia.
El hecho de que el 88 por ciento de las reuniones de la Dirección General de Comercio sobre el TTIP con “actores interesados” haya sido con representantes de los grupos de presión de las grandes empresas, que en plenas negociaciones del Tratado haya trasvase de altos cargos de la UE a multinacionales y viceversa, o que las actas de las reuniones con estas corporaciones sean «blanqueadas”, hace temer que los intereses de estos grupos de presión, que ya han expresado como la legislación ambiental y social es una “barrera al comercio”, tengan gran cabida en el texto final.
De hecho, los textos de la negociación que han sido filtrados, apuntan en esta dirección: las empresas formarían parte de un cuerpo consultivo cuyo objetivo es revisar el impacto de la legislación europea y estadounidense en el comercio y con ello podrían actuar como “co-legisladores” (sic) a la hora de desproteger ambiental y socialmente a la ciudadanía europea.
Tampoco esto supondría ninguna novedad, ya que la Unión Europea, precisamente para allanar el camino a los diferentes tratados de libre comercio que está negociando (TTIP, CETA, TiSA), además de modificar la estructura de la Comisión Europea para subyugar aún más las políticas ambientales a las comerciales, está rebajando parte de la legislación ambiental existente, como ha ocurrido con los transgénicos o las políticas climáticas; retardando y eliminando la que debería haber salido ya, como es el caso de los disruptores endocrinos, la contaminación atmosférica o la reutilización de deshechos o tratando de diluir algunas de las existentes, como la directiva de hábitats.
Si el TTIP no supone ninguna novedad respecto a las políticas que ya estamos sufriendo (privatizaciones, reducción de estándares ambientales, reformas laborales, recortes presupuestarios a temas ambientales y sociales), su principal problema estriba en la multitud de ámbitos que abarca, su irreversibilidad una vez firmado y, especialmente, el momento en que ocurre. Nos encontramos en un contexto, no solo de crisis económica, excusa que utiliza la UE para respaldar sus políticas, sino también de lucha por la hegemonía mundial entre las élites de las viejas potencias occidentales (EEUU y la UE principalmente) y las de los BRICS.
Toda vez que, en un planeta globalizado, la manera de aumentar la competitividad para ganar esa batalla pasa fundamentalmente por una mayor explotación de las personas y de los recursos naturales, los tratados comerciales son una de las herramientas clave para definir las nuevas relaciones de poder globales.
A este contexto internacional hay que añadir la crisis energética y de materiales (ecológica al fin y al cabo) que impide cualquier salida al contexto actual a través de políticas keynesianas de fomento de la producción y del consumo por parte del estado.
Es por ello que el TTIP se pone en el centro de un debate ideológico muy relevante, como es el de qué queremos contraponer al modelo de comercio neoliberal globalizado. Desde este prisma, evitar la firma del Tratado se avista no sólo como la opción de detener la huida hacia delante de la UE, sino como una oportunidad de unir diferentes luchas sociales para redefinir las políticas comerciales y realizar la transformación social necesaria para vivir en un planeta justo y sostenible.
Este aportación de Ecologistas en Acción la firman, junto a Luis Rico, Lucía Bárcena, Conchi García, Luis González y Tom Kucharz
Los mecanismos de resolución de controversias entre inversores y Estados (ISDS)
07/10/2015
Adoración Guzmán
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
El 17 de julio de 2013 el Consejo de la Unión Europea aprobó las Directrices de negociación relativas a la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés. Este documento, que no se desclasificó hasta el 9 de octubre de 2014, contiene los objetivos y contenidos fundamentales del futuro Tratado, y establece como finalidad primordial el aumento del comercio y la inversión entre la UE y los Estados Unidos.
En pos de esta meta, el documento enmarca los contenidos del Tratado en tres grandes pilares: el acceso al mercado, las cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias (BNA), y la producción de normas comunes de obligado cumplimiento, incluyendo un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS). Este amplio contenido ha justificado que el TTIP, al igual que al CETA (EU-Canadá Comprehensive Economic and Trade Agreement) sea bautizado como un «Tratado de Nueva Generación».
Más allá de este conjunto de finalidades, no cabe duda de que este Tratado tiene una clara orientación geopolítica: con su firma, ambas potencias pretenden configurar un bloque internacional capaz de establecer, e imponer, sus estándares comerciales internacionales a otras potencias emergentes. En este sentido, diversos autores han afirmado con rotundidad que los objetivos geo-estratégicos que integran ambos tratados transoceánicos tienen un manifiesto cariz neo-imperialista.
Así, en palabras de Bello (2014), «el TTIP es en realidad el brazo económico de la OTAN y tiene claramente como objetivo contener a Rusia; el TTIP, por otro lado, es evidentemente un intento muy contundente de contener a China y de crear un bloque económico contrario en Asia».
El autor señala además que los dos Tratados (al que añadiríamos el CETA) tienen un fuerte «componente ideológico», «en la medida en que se afirman como representación de los “buenos” valores occidentales –libre comercio, civilización, imperio de la Ley, etc.– por oposición a los valores ajenos del otro».
Teniendo presente la amplitud de los objetivos señalados, no es de extrañar que la firma del TTIP se haya marcado como uno de los retos políticos fundamentales a alcanzar en el más breve plazo posible por los gobiernos de ambas partes.
El Presidente de la Comisión Europea ha situado la consecución de la firma del TTIP como la tercera prioridad de su mandato, mientras que la administración Obama se ha vinculado claramente a su promoción, así como a la de otros tratados de libre comercio como la Trans-Pacific Partnership o TPP). Con el objetivo de conseguir un acuerdo temprano, y sobre el contenido señalado en el mandato de 2013, se han realizado hasta el momento 10 rondas de negociación en las que ambas partes han ido fijando posiciones y desarrollando el futuro contenido del acuerdo. El 26 de septiembre de 2014 terminaban las negociaciones del CETA entre Canadá y la UE. Este tratado sigue en fase de ratificación, pero su contenido ya está cerrado y publicado, aunque en determinadas materias parece probable que se abra y se revise antes de su aprobación (en particular respecto del ISDS o sistema de resolución de controversias inversor-Estado).
Más allá de las valoraciones generales es importante entrar en el análisis del contenido concreto del tratado, cosa que no deja de ser complicada por dos motivos fundamentales. En primer lugar, las negociaciones y el contenido del TTIP se han mantenido un largo tiempo en la opacidad y ha sido extremadamente complicado acceder a su contenido.
Esta ocultación se prolongó hasta que, tras numerosas filtraciones y reiteradas denuncias de organizaciones y movimientos sociales, la Comisión Europea no tuvo más remedio que publicar los documentos básicos relativos al contenido y el estado de las negociaciones entre EEUU y la UE. Aun así, las restricciones actuales dificultan enormemente aún para los expertos en derecho e incluso para las y los eurodiputados y miembros de parlamentos estatales, el seguimiento del contenido de las negociaciones.
En segundo lugar, una vez roto el oscurantismo absoluto el estudio del TTIP ha de hacer frente a la intensa campaña de publicidad desarrollada por la Comisión y por un amplio conjunto de lobbies con la que se pretende convencer a la ciudadanía europea de las virtudes del tratado y de su potencial capacidad para generar empleo y ser un motor de crecimiento económico.
Hacer frente a esta campaña de (des)información ha de ser uno de los objetivos fundamentales de los medios de comunicación y de las y los profesores y expertos que trabajan sobre la materia desde una perspectiva crítica.
En estos momentos, en los que ya no cabe duda de la fortaleza y expansión del movimiento de contestación y rechazo ciudadano frente al tratado, toda contribución crítica que permita un mayor conocimiento del contenido del mismo del TTIP y que facilite su difusión es especialmente necesaria.
Se trata, por tanto, de convertir estas páginas y este espacio en una herramienta que enriquezca los debates sobre el tratado. Con esta finalidad, y a efectos de ir desglosando el contenido del Acuerdo, es interesante comenzar por el final, centrando la atención en el tercero de los bloques y en particular en la cuestión que más crítica y preocupación está generando: la protección de los inversores extranjeros y el ISDS.
El objetivo de este tercer pilar del acuerdo es el establecimiento de reglas de obligado cumplimiento para ambas partes sobre materias concretas: desarrollo sostenible y comercio, energía y materias primas, facilitación del comercio, pequeñas y medianas empresas, protección de la inversión y mecanismos de solución de controversias inversor-Estado (ISDS), competencia, propiedad intelectual y mecanismos de solución de controversias Estado-Estado.
Dada la polémica suscitada en torno a los mecanismos de protección de la inversión es conveniente centrar la atención en los mismos. Según los datos de la UNCTAD, existen en la actualidad unos 2.283 tratados bilaterales de inversión (BIT) en vigor, y la cantidad aumenta rápidamente; de hecho, en los últimos años se ha aprobado un tratado de este tipo cada semana.
Del total de BIT existentes, aproximadamente unos 1.810 han sido suscritos por algún Estado miembro de la UE o por la propia Unión Europea, con un tercer Estado, incluyendo 9 con Estados Unidos. Por su parte, España tiene 82 BIT en vigor. Un 90 por ciento del total de estos acuerdos contiene algún tipo de mecanismo de gestión de controversias entre los inversores y los Estados (ISDS).
Según indica el estudio realizado por Eberhardt (2015) y confirma los datos de la UNCTAD (2014), la utilización de los mecanismos de tipo ISDS en el mundo está experimentando un crecimiento espectacular: de la docena de demandas interpuestas a mediados de los años noventa se ha pasado a los 568 casos registrados al final del año 2013. Este cambio de tendencia también afecta al ámbito geográfico de las demandas.
Es cierto que, hasta hoy, la tendencia norte-sur ha sido dominante: tres cuartas partes de las demandas solventadas o en curso ante un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado se han presentado contra países en desarrollo o contra economías emergentes.
En particular, Argentina, Ecuador y Venezuela destacan por ser habitualmente demandadas. No obstante, como ya se ha dicho, la utilización del ISDS está evolucionando hacia el norte. Concretamente, 117 de los casos conocidos han sido originados por demandas contra un Estado miembro de la UE y un cuarto de los mismos contra la República Checa (88 de estos casos han sido demandas interpuestas por un inversor de otro Estado miembro).
Tan solo 9 casos son de ámbito transatlántico, es decir, dirimen una controversia entre Estados Unidos y un Estado de la UE, y todos ellos fueron iniciados por inversores estadounidenses. Estados Unidos no ha perdido un solo caso, mientras que los Estados de la UE han ganado solo la mitad.
Para dar cuenta de algunos ejemplos concretos de casos en curso de resolución por estos sistemas de arbitraje inversor-Estado, es fundamental el estudio de Eberhardt (2015) y los casos que la autora recopila, así como diversos informes elaborados por distintas organizaciones ecologistas que son de una utilidad fundamental para denunciar las consecuencias de estos mecanismos (Amigos de la Tierra (2013); Public Citizen (2014). Entre los ejemplos de demandas inversor-Estado que se encuentran todavía en fase de resolución, destacaremos las siguientes:
– Philip Morris vs. Uruguay y Australia (protección de la salud). La empresa norteamericana Philip Morris presentó dos demandas contra estos países en 2010 y 2011. Ambas se dirigieron contra la imposición de normas respecto del empaquetado de cigarrillos y la inserción de información sobre los efectos nocivos de su consumo para la salud. La empresa norteamericana utilizó como base para las demandas los bit firmados entre Hong-Kong y Australia y entre Suiza-Uruguay siguiendo la estrategia del llamado «treaty-shopping» (Public Citizen, 2015). A este último país le ha exigido la suma de 2 billones de dólares, aproximadamente el 4% de su PIB.
– Vattenfall vs. Alemania (política en materia nuclear). La empresa Vattenfal, de nacionalidad sueca, ha demandado a Alemania y exige una compensación de 3.7 billones de euros por los daños derivados del desmantelamiento de dos centrales nucleares llevado a cabo en aplicación del programa sobre política nuclear aprobado por una ley del parlamento alemán.
– Lone Pine vs. Canadá (política medioambiental). La empresa Lone Pine, con sede en Canadá, ha demandado a este mismo Estado por una suma de 250 millones de dólares canadienses en compensación por los perjuicios causados por la moratoria aprobada en la provincia de Quebec respecto del fracking, que incluía la revocación de un conjunto de licencias de perforación. La empresa utilizó como base para la demanda el texto del nafta y se apoyó en una empresa tapadera (o «empresa buzón») domiciliada en el «corporate heaven» del Estado de Delaware (EEUU).
– Pacific Rim vs. El Salvador (protección del derecho al agua). En esta ocasión, la empresa demandó por daños al Estado salvadoreño por un valor de 301 millones de dólares. Lo peculiar de este caso es que la empresa ha demandado esta cantidad como compensación por un beneficio «esperado». Este beneficio debía derivarse de la apertura de una mina de oro que no pudo llevarse a cabo porque el gobierno decidió no emitir los permisos de explotación para el proyecto minero en cuestión debido a su impacto sobre la salud pública y el medio ambiente. Esta decisión fue adoptada tras numerosas protestas y movilizaciones. Además, el caso se complicó tras el asesinato de cuatro activistas vinculados a la campaña contra las empresas mineras extranjeras. Pacific Rim basó la demanda en el Tratado de Libre Comercio de Centro América (entre diversos estados centroamericanos y EEUU); aunque la empresa es canadiense, utilizó una filial asentada en Nevada. La demanda fue interpuesta ante el CIADI (Anderson y Pérez-Rocha, 2013).
– Chevron vs. Ecuador (política medioambiental). La demanda de Chevron contra el Estado ecuatoriano ha sido uno de los casos más conocidos por su repercusión y su magnitud. En marzo de 2010, un tribunal de arbitraje de la UNCITRAL falló a favor de la empresa norteamericana y le reconoció el derecho a obtener la suma de 700 millones de dólares (es decir, un 1.3% del PIB del país) más los intereses. Posteriormente, Chevron ha vuelto a demandar a la República del Ecuador por un valor de 9.5 billones de dólares en concepto de daños derivados de la sentencia condenatoria de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. En esta sentencia se condenaba a la empresa norteamericana a abonar 9.5 billones de dólares en concepto de compensación por las consecuencias de la contaminación ambiental masiva respecto los pueblos indígenas. La base de la demanda fue el bit entre Ecuador y Estados Unidos.
– Veolia vs. Egipto (salario mínimo). La empresa francesa Veolia utilizó el BIT entre Francia y Egipto para demandar al país norteafricano por un valor de 82 millones de euros. La empresa alegó el incumplimiento de un contrato suscrito con el gobierno de la ciudad de Alejandría para el suministro de agua. El gobierno de la ciudad se había negado a revisar el coste del suministro al alza, como exigía la empresa, y justificó su decisión en el aumento de los costes del contrato, derivado de la elevación del salario mínimo interprofesional. Al no concederse la revisión, la empresa demandó Egipto por un valor de 82 millones de euros.
Es también interesante señalar que está pendiente de resolución por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal General) el asunto T-646/14). El caso deriva de un laudo arbitral del CIADI por el que se ordenó a Rumanía el pago de 250 millones al inversor demandante, de nacionalidad sueca (Ioa Micula). La empresa sueca se había beneficiado de distintos incentivos mientras operaba en Rumanía. Cuando este Estado ingresó en la Unión Europea y tuvo que cumplir con los requisitos impuestos por el derecho de la UE, los beneficios fueron retirados. Al ver disminuidos sus ingresos, el inversor demandó a Rumanía por los daños causados por una medida que Rumanía no había tenido más remedio que adoptar para cumplir con el Derecho de la UE. Al conocer el laudo, la Comisión Europea dictó una Decisión mediante la que ordenaba a Rumanía la paralización de cualquier actuación con vistas a la aplicación de la resolución arbitral por entender que el pago de esa cantidad representaría una ayuda de Estado ilegal. La empresa interpuso un recurso de anulación de esta Decisión de la Comisión ante el Tribunal General (que forma parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea). En la motivación del recurso, la empresa afirma que el derecho de la UE no es aplicable a la controversia entre el inversor y el Estado y que la Comisión no tiene competencia para intervenir. Además, el inversor entiende que el BIT vigente entre Suecia y Rumanía, que fundamenta la demanda, prima sobre el Derecho de la Unión por aplicación del art. 351 del TFUE.
A pesar de que estos casos son bien conocidos, el Mandato de negociación aprobado en julio de 2013 incluyó claramente la voluntad de la UE de proteger a los inversores y de integrar un ISDS en el acuerdo. En noviembre de 2013, la Comisión Europea hizo pública una «ficha informativa» con su posición sobre la protección de la inversión y la solución de controversias. En ella reiteraba su voluntad de incluir un sistema de arbitraje «mejorado» con cláusulas relativas a la transparencia, un código de conducta vinculante para los árbitros y otras modificaciones. Sorprendentemente, la justificación de la Comisión se acoge a la explicación más tradicional de la finalidad del ISDS: la desconfianza hacia el modelo jurídico-político del país receptor y la posibilidad de que se produzcan «dramáticas expropiaciones» ejecutadas a la fuerza, revocación de licencias, abusos y discriminaciones en el Estado receptor de la inversión.
La Comisión Europea mantuvo su propuesta en la sección 6 del texto del acuerdo con Canadá (CETA) (sección 6, artículo x.17 y ss. del texto del acuerdo). Según este texto el mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado se puede utilizar en los casos en que se produzca un incumplimiento de las obligaciones que impone el tratado a los Estados y siempre que tal incumplimiento haya provocado una pérdida o daño a la empresa.
Aun así, el aumento de la polémica relativa al ISDS provocó un alto en el camino de la negociación de esta parte del tratado y forzó a la Comisión a lanzar una consulta pública sobre el capítulo dedicado a la protección de las inversiones y el ISDS. El resultado de la consulta se publicó el 13 de enero de 2015.
La consulta recibió 149.399 respuestas que reflejaban una oposición clara al ISDS en particular y al TTIP en general. El mecanismo de resolución de disputas inversor-Estado fue criticado porque se percibe como una amenaza para la democracia, las finanzas y las políticas públicas; asimismo, también fueron objeto de crítica la dudosa imparcialidad de los árbitros y las grandes sumas de dinero que se están imponiendo como multas.
El sistema de resolución de controversias recibió, en cambio, el apoyo de las asociaciones empresariales y de las grandes empresas, mientras que las PYME se expresaron en términos críticos.
Tras la consulta, la Comisión ha modificado determinados aspectos de la propuesta de ISDS que ha sido de nuevo criticada ya que, en esencia, mantiene la discriminación en favor de los inversores extranjeros y les atribuye un status especial que los coloca sobre el resto de actores económicos y sociales nacionales (Van Harten 2015).
Por su parte, y tras un largo y polémico procedimiento, el Parlamento Europeo incluyó un mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado en su Resolución sobre el TTIP aprobada el 8 de julio de 2014. La recomendación sobre el ISDS, que el Parlamento ha elevado a la Comisión, queda como sigue: «sustituir el mecanismo de resolución de litigios entre inversores y Estados por un nuevo sistema para resolver las diferencias entre los inversores y los Estados que esté sujeto a los principios y el control democráticos, en que los posibles asuntos sean tratados de forma transparente por jueces profesionales, independientes y designados públicamente en audiencias públicas, y que incluya un mecanismo de apelación en el que se garantice la coherencia de las decisiones judiciales, se respete la jurisdicción de los tribunales de la UE y de los Estados miembros y los intereses privados no puedan menoscabar los objetivos en materia de políticas públicas».
Posteriormente, la Presidencia Luxemburguesa del Consejo hizo públicas sus prioridades políticas, en las que incluyó la conformación de un mecanismo de resolución de controversias reformado en la línea propuesta por el Parlamento, comprometiéndose a su vez a reabrir el texto del CETA para incluir una modificación similar.
Ninguna de estas modificaciones es suficiente porque dejan intacta la finalidad del mecanismo, que no es otra que eludir la aplicación de las normas jurídicas por los jueces estatales para otorgar una protección especial y mejorada a los inversores extranjeros.
Así las cosas, no cabe sino concluir, como señala Gus Van Harten (2015), que la Comisión debería retirar el sistema de arbitraje inversor-Estado tanto del CETA como del TTIP. Los defectos y las carencias de este mecanismo son tan graves (falta de independencia, de transparencia, de claridad procesal, de garantía de igualdad, entre otros) que ninguna reforma puede llegar más allá de una operación de maquillaje. De hecho, y según este autor, la propuesta de la Comisión, y podríamos añadir que incluso la ambigüedad que recoge la del Parlamento Europeo, no han hecho sino empeorar la situación creando una suerte de Frankenstein incontrolable.
Pero el ISDS es solo una pequeña muestra (aunque llamativa y especialmente grave) de los contenidos del TTIP. El problema va mucho más allá de este mecanismo, incluso del propio Tratado con EEUU. El problema de fondo no es solo el tratado, sino cómo hemos llegado a una situación en la que semejante tratado puede firmarse, y esto apunta directamente al corazón de la Unión Europea.
(Extracto de varios capítulos del libro: TTIP: el asalto de las multinacionales a la democracia, de próxima publicación en la Editoral Akal)
Visión global y propósito general del TTIP
05/10/2015
Sol Sánchez
Attac España
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés (TAFTA para los francófonos), se empezó a negociar oficialmente en Junio de 2013 entre EEUU y la UE, y pretende crear la mayor zona de libre comercio del planeta: ochocientos millones de consumidores, casi la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, y un tercio del comercio global.Es importante recordar que en la UE la capacidad para negociar este tipo de Tratados fue delegada a la Comisión Europea por los estados con el Tratado de Lisboa.
El objetivo explícitamente declarado de este Tratado es la eliminación de todas las barreras arancelarias y no arancelarias entre ambas economías, pero su verdadero objetivo se centra en las no arancelarias, que consisten, simple y llanamente en la eliminación de las trabas a los beneficios de los grandes inversores que puedan suponer las normativas y leyes que regulan y protegen nuestra convivencia y derechos.
La herramienta que se utiliza para cincelar esa eliminación de “trabas” se denomina (no sin cierto talento para el eufemismo) “armonización normativa”. Y consiste -básicamente- en quedarse con la más baja de las protecciones sobre cada materia que rija a uno u otro lado del Atlántico y extenderla a ambos. Por eso la ciudadanía en general -ya en la UE o EEUU- pierde; porque siempre se aplicará la peor de las opciones para nuestros intereses frente a la mejor para los intereses de las corporaciones transnacionales.
Actualmente, en julio de 2015, se ha cerrado la décima ronda de negociaciones y a pesar de las grandes discrepancias en temas clave como la liberalización de los servicios financieros, o la protección a las denominaciones geográficas, los negociadores mantienen su estimación de un primer borrador para finales de 2016.
Pero podríamos formarnos una idea equivocada si no contextualizamos el TTIP adecuadamente. Si no ampliamos el foco, podríamos pensar que este Tratado es un hecho aislado, y nada puede estar más alejado del reciente discurrir histórico, la realidad inmediata y los hechos…
El TTIP forma parte de la actual oleada de Tratados de última generación, que no son más que el resultado de la progresiva radicalización de la estrategia emprendida hace ya cerca de cuarenta años por las grandes corporaciones transnacionales.
Para los lobbies que representan los intereses de estas grandes corporaciones, la lentitud de la OMC para eliminar los obstáculos al libre comercio, pero sobre todo las dificultades en su batalla por eliminar las regulaciones en materia social y medioambiental, requerían una estrategia más agresiva y eficiente.
Así que, tras el estrepitoso fracaso de la Ronda del Milenio en el 99 y la posterior paralización de la Ronda de Doha, se dedicaron a impulsar la firma de TLC (Tratados de libre comercio) bilaterales y TBI (Tratados bilaterales de inversión) fuera del marco de la OMC. Desde 1959, se han firmado más de 3.000, pero la mayoría en los últimos 15 años y fundamentalmente entre países en desarrollo y países desarrollados.
Este tipo de Tratados de última generación, se pueden firmar entre dos estados, entre un estado y un grupo de estados (en el caso del TTIP), o incluso entre dos grupos de estados (Acuerdo de Asociación Económica UE / África Occidental). También pueden firmarse entre varios países (NAFTA), pero lo más característico es que además de aranceles incluyen: inversión, servicios, compras gubernamentales, propiedad intelectual, competencia, y casi siempre contienen cláusulas que permiten a las multinacionales llevar a los tribunales a los Estados cuando adoptan nuevas normas o leyes que crean obstáculos a la total liberalización de todas esas áreas, pudiendo ser demandados por atreverse a aumentar el salario mínimo, llevar a cabo campañas contra el tabaco o abandonar la energía nuclear (casos todos ellos reales).
Porque la estructura de estos tratados los dota de una seguridad jurídica aplastante donde los derechos de los grandes inversores quedan clara y nítidamente protegidos pero sus deberes, completamente difuminados. Y esto lo consiguen a través de mecanismos que se convierten en verdaderos jaque mate a los principios democráticos fundamentales, socavan la soberanía, y en definitiva dinamitan el Estado de derecho y el derecho de los Estados.
Dos de ellos son; la Cláusula de Resolución de Conflictos Inversor Estado ISDS (por sus siglas en inglés) que supedita a los estados firmantes a aceptar las decisiones de tribunales arbitrales privados carentes de transparencia que burlan con suma facilidad los estándares legales internacionales, y en los que no hay siquiera igualdad ante la ley porque solo pueden presentar demandas los inversores extranjeros; y la propuesta para un Consejo de Cooperación Reguladora permanente. Probablemente, este último Organismo, explicitado y perfilado como en ninguno de los Tratados anteriores, sea la diferencia cualitativa, el paso adelante del poder corporativo transnacional, en su extensión desde el dominio del poder económico, al político y legal en el TTIP.
Pero además, tal como indicábamos antes, el TTIP no viene solo, sino que en este momento está acompañado en la mesa de la UE por el CETA, un tratado similar terminado de negociar por la Comisión Europea con Canadá en septiembre de 2014, actualmente pendiente de revisión legal y traducción a todos a los idiomas europeos para ser posteriormente presentado a ratificación por los Parlamentos de los estados miembros de la UE y finalmente el Parlamento Europeo (procedimiento que, en principio, sería de aplicación también para la ratificación del TTIP como Tratado mixto).
También le acompaña el TISA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios por sus siglas en inglés) cuyas negociaciones, iniciadas en 2012 y que incluyen a 23 gobiernos -entre los que se encuentra la Comisión Europea- que representan a 50 países e implican a más de las dos terceras partes del comercio mundial de servicios, porcentaje compuesto en un 90 por ciento por los servicios comerciales de los países desarrollados, supondrían la mayor amenaza para los servicios públicos que hayamos conocido hasta ahora, pero también para los derechos laborales, los derechos de los migrantes, los digitales y un largo etcétera.
Y lo que también tienen estos Tratados en común es que su proceso de negociación está fundamentalmente orientado hacia los intereses corporativos, y se convierte en una espiral acumulativa de perpetua negociación y renegociación, donde las excepciones y las pequeñas victorias conseguidas por los grupos defensores de los derechos humanos, ecológicos, sociales, etc, sólo están “a salvo” hasta la siguiente negociación en la que vuelven a convertirse en objeto de discusión y negociación.
Mientras que, de forma completamente inversa y asimétrica, cada vez que los lobbies que representan al poder corporativo transnacional consiguen una nueva normativa favorable, no sólo pasa a regir en los próximos Tratados, sino que comprometen incluso la capacidad de los posibles futuros gobiernos para acometer políticas más progresistas a favor de sus ciudadanías.
En definitiva; la imposición de este modelo, que como hemos visto, no está representado por un solo Tratado como el TTIP, implica la imposición de una única visión del mundo, de las relaciones internacionales, de las relaciones sociales y culturales. Y la defensa de un modelo productivo tan obsoleto, como insostenible ecológica y socialmente, que empobrece a las grandes mayorías sociales para asegurar el mantenimiento de los beneficios económicos, y el peligroso aumento del poder legal y político de las grandes corporaciones transnacionales y de los lobbies que las representan. Únicas beneficiadas de este tipo de Tratados, como prueban los datos empíricos extraídos de experiencias similares, como el NAFTA, tras veinte años de recorrido.
El Dorado de los lobbies corporativos
02/10/2015
Observatorio Corporativo Europeo
Observatorio de los lobbies en Bruselas
“Proporciona un cierto sentimiento de excitación conseguir lo que quieres a través del sistema. Sé exactamente como hacerlo”. Éstas son las palabras de Jean De Ruyt, ex-oficial de alto rango belga reconvertido en lobbista europeo para una firma legal, que trabaja para clientes corporativos para lograr un tratado de comercio e inversión de gran alcance con EEUU.
El número de lobbistas en Bruselas es tan impresionante como su poder de influencia. Y el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), el acuerdo de comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, es una muestra perfecta de cómo los intereses corporativos pueden lograr sus objetivos a través del sistema europeo.
Acción de Lobby en Bruselas
Hay entre 20.000 y 30.000 lobbistas en Bruselas. El negocio del lobby genera beneficios billonarios. Y también es una industria inteligente: gracias a las puertas giratorias, involucra a exempleados de las instituciones europeas como lobistas, y sus actividades pueden ser muy rentables.
Jean de Ruyt, anteriormente citado, es un caso clásico de puerta giratoria. Primero fue diplomático y después representante permanente de Bélgica en la Unión Europea, y ahora trabaja para Covington y Burling LLP, una firma legal internacional. Las firmas legales están entre los actores más poderosos en Bruselas, ya que a menudo son “lobbistas de alquiler”. Alber & Geiger, por ejemplo, anuncia ufano en su página web cómo logró evitar la prohibición de las bolsas de plástico en Europa en nombre de su cliente: Papier-Mettler, el mayor productor de bolsas de plástico en la Unión Europea. Para todas esas firmas legales, como para todos los lobbistas, el secretismo es el mejor aliado.
Sidley Austin, por ejemplo, califia su oficina en Bruselas como “líder en ayudar a compañías, asociaciones industriales y gobiernos para dar forma y navegar a través de las normativas de la UE”. Austin fue uno de los principales sponsors de la Conferencia de Comercio UE-EEUU de febrero de 2015, que se centró en el TTIP. Este encuentro permitía las compañías ser ponentes en la sesión plenaria previo pago de 10.000 dólares. Allí estaban distintos responsables políticos, incluidos la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström o el presidente de la Comisión de Comercio en el Parlamento Europeo, Bernd Lange. . A pesar de estas evidentes acciones de lobby, Sidley Austin no figura en el Registro de Transparencia de la UE.
Pierre Defraigne, otro ex alto oficial de la UE, comentaba recientemente cómo “de facto, existe una conspiración sistemática entre la Comisión y los círculos empresariales«. Y el TTIP es la perfecta ilustración de este fenómeno.
Las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre el TTIP comenzaron en 2013. El acuerdo tiene el objetivo de crear un mercado transatlántico con bajos aranceles y pocas diferencias entre regulaciones. El TTIP servirá también para establecer poderosos marcos legales que permitirán a las multinacionales demandar a los gobiernos ante cortes privadas, e influir en las legislaciones antes de que lleguen a los parlamentos.
En la primera fase de conversaciones sobre el acuerdo, el departamento de la Comisión Europea responsable de las negociaciones sobre el TTIP (la Dirección General de Comercio, DG Trade, en inglés) mantuvo encuentros con 288 grupos de presión, 250 de ellos vinculados al sector privado. Esto significa que un 88 por ciento de las conversaciones tuvieron como interlocutores a los lobbies corporativos, frente al 9 por ciento, en las que participaron los grupos de interés público. La representación de los intereses públicos frente a los del sector privado es claramente desigual. Por decirlo suavemente.
Pero el problema no es sólo el acceso que tienen los lobbies a los pasillos de Bruselas. Cuando los lobbies se reúnen con la Comisión Europea, esta última suele ser toda oídos. Los lobistas corporativos se han beneficiado de un “acceso privilegiado” a los oficiales de comercio.
En el caso del TTIP, por ejemplo, la Dirección General de Comercio ha buscado la opinión de los lobbies de forma activa y sistemática cuando preparaba la posición de la Unión Europea en las negociaciones. En octubre de 2012, la Dirección General de Comercio escribió un correo electrónico a ECPA, el lobby de los pesticidas europeo, informándole de que su contribución al debate sobre el TTIP sería “más que bienvenida”. Cuando la DG Trade se reunió con Europia, la asociación de refinerías europea, pidió a ésta un apoyo adicional en lo que respecta a los capítulos de materias primas y energía [del TTIP], además de otras contribuciones en asuntos concretos.
De nuevo, este labor de presión corporativa tiene lugar en secreto. En otras conversaciones por correo electrónico entre funcionarios vinculados al TTIP, la Comisión Europea ha sido muy clara: “También necesitamos alcanzar a stakeholders, pero tenemos que hacerlo discretamente”.
Sector financiero y servicios públicos en el TTIP: victorias para los lobbies
En determinados capítulos del TTIP (y el CETA, el acuerdo UE-Canadá), especialmente en lo que respecta al sector financiero y a los servicios públicos, las demandas de los lobbies se han convertido en las posiciones de partida de la UE.
La industria financiera, por ejemplo, tiene una poder y una capacidad de influencia inmensos en los pasillos de Bruselas. Hay al menos cuatro lobbistas trabajando en asuntos financieros por cada funcionario de la Comisión Europea (1.700 lobistas frente a 400 funcionarios). Bancos, compañías aseguradoras, gestores de activos… gastaron entre todos al menos 123 millones de euros anuales para asegurarse de que ninguna ley acabe reduciendo sus beneficios.
Y el resultado es impresionante: la regulación financiera es menos severa en Bruselas que en Washington.
El TTIP no es una excepción. Cuando la posición de la UE sobre el capítulo financiero del TTIP fue filtrada a comienzos de 2014, Richard Normington, manager senior en ThecityUK– un poderoso grupo de lobby financiero británico- aplaudió las propuestas de la Comisión, porque “reflejaban tan de cerca la aproximación de TheCityUK, que un espectador hubiera pensado que venía directamente de nuestro folleto informativo sobre el TTIP”.
The CityUK es un lobby muy poderoso en Bruselas, especialmente en lo que respecta a las negociaciones sobre el TTIP. En 2015, un email reveló cómo invitó al cabeza del gabinete de Malmström, Comisaria Europea de Comercio, a un “almuerzo informal”, “a su vuelta de EEUU”, con “suficiente tiempo para formular cualquier pregunta que quisieran plantearnos”.
El sector financiero ha hecho una lista con las regulaciones financieras estadounidenses que les gustaría ver eliminadas a través del TTIP -desde las reglas de reservas de capital de EEUU (para evitar riesgos de quiebra o rescate) hasta las regulaciones de entidades demasiado grandes para caer (too big to fail). Grupos representantes de la sociedad civil han alertado de que las demandas de los grandes grupos financieros de ambos lados del Atlántico, en lo que respecta a regulación financiera, pueden llevar al retraso, moderación, o directamente al bloqueo de las muy necesarias reformas y controles del sector, necesarias para evitar una nueva situación de colapso financiero.
De los servicios públicos a las corporaciones con ánimo lucrativo
El TTIP es también una amenaza para los servicios públicos, en especial para los servicios de salud pública. Un gran número de las peticiones a largo plazo de los grupos de presión a las órdenes de las corporaciones han encontrado su camino en las negociaciones comerciales, especialmente la privatización de servicios públicos.
En primer lugar, el TTIP y su alianza “hermana”, el CETA (UE-Canadá), facilitan aún más el acceso a los servicios públicos a la empresa privada, una de las demandas de los lobbies corporativos.
Es más, el lobby industrial logró un nuevo gran éxito, ya que el CETA va a ser el primer tratado en el que la UE use la lista negativa sobre servicios. Esto significa que todas las medidas que no se encuentran específicamente excluidas del acuerdo están sujetas a la privatización. Las omisiones, sean o no intencionadas, pueden ser desastrosas, -y nuevos servicios sobre los que no está puesta la atención pasarán automáticamente a estar bajo esta normativa: la comerciabilidad.
El Foro Europeo de Servicios (ESF) estaba encantado cuando descubrió la exclusión de la lista negativa en el CETA: “Es una decisión importante, de la que la industria de los servicios debería estar orgullosa, tras años defendiendo la necesidad de ir en esta dirección”.
Los servicios de salud pública se deteriorarán, no sólo porque serán privatizados, sino también porque para los ciudadanos y los sistemas sanitarios se volverá más difícil acceder a las medicinas.
Entre enero de 2012 y marzo de 2013, y hasta el periodo de abril de 2013 a febrero de 2014, las grandes farmacéuticas han multiplicado por siete su labor de lobby en el TTIP. Entre abril de 2013 y febrero de 2014, el 16,5 por ciento de las reuniones cara a cara sobre el TTIP sentaron a las grandes farmacéuticas a la mesa de negociaciones.
Y las grandes farmacéuticas están claramente presionando para lograr imponer una agenda en el TTIP con potenciales y graves implicaciones para el acceso a las medicinas y a la salud pública.
Monopolios más grandes a través de normas de propiedad intelectual fortalecidas, y límites en las políticas de control de precios en el TTIP podrían incrementar los precios de las medicinas y los costes para los respectivos sistemas sanitarios nacionales. Es más, el intento combinado de los grupos de presión EFPIA y su hermana en EEUU, PhRMA, para limitar las iniciativas europeas de revelación de datos de ensayos clínicos podría enterrar los conocimientos sobre los verdaderos efectos de las medicinas, (incluidos los relacionados con su seguridad y las pruebas de que sean beneficiosas o lo contrario) u obstaculizar la innovación.
Desafortunadamente, la administración norteamericana parece haber tomado por buena la lista de deseos de las grandes farmacéuticas –en lo que respecta a derechos de propiedad intelectual y otros asuntos-, en detrimento de los consumidores.
Conclusión
El TTIP no es solo un tratado comercial, sino una alianza corporativa secreta. Y las pruebas no contradicen esta idea. Las listas de deseos de las grandes corporaciones han sido adoptadas como propias por la administración norteamericana y por la Comisión Europea, con casi ninguna consideración ante los deseos prioritarios de los ciudadanos: servicios públicos de calidad y un sistema financiero estable, por no hablar de los problemas medioambientales. El TTIP y la austeridad en el sur de Europa revelan cómo la principal prioridad de la Unión Europea es dejar a un lado los derechos de la gente por el poder de las corporaciones.
El TTIP ayuda a las corporaciones a enmarañar las regulaciones que no les gustan.
Mientras la agenda corporativa sobre el Acuerdo es extensa y a menudo se centra en aspectos concretos, las grandes empresas unen sus intereses en lo que realmente es el corazón del TTIP: derechos excesivos para los inversores extranjeros y cooperación reguladora. Estos dos asuntos podrán desviar más las políticas de la UE y de EEUU a favor del capital y de las corporaciones transnacionales, y amenazar cualquier regulación futura que ponga coto a los beneficios de las grandes empresas- sea en estándares alimentarios, aprobación de productos químicos o reglas en procesos productivos, por nombrar sólo algunos ejemplos-.
El capítulo de Cooperación reguladora del TTIP proveería a los grupos empresariales de una serie de armas para presionar sobre los legisladores en Bruselas y Washington, pero también en las capitales de la Unión y en los estados norteamericanos, para disuadirlos de adoptar reglas que puedan afectar a sus intereses comerciales, a menudo en detrimento de otros grupos de la sociedad.
Según las propuestas de la UE filtradas, los lobbies corporativos tendrán a su disposición nuevas oportunidades para “contribuir” que “deberán ser tenidas en cuenta” por los legisladores. Las nuevas regulaciones tendrán que pasar por una “valoración de impacto” con preguntas que fundamentalmente estarán orientadas hacia los intereses de las empresas, no de los ciudadanos.
Y las compañías podrán utilizar incluso los procedimientos de intercambio entre la UE y EEUU para quejarse sobre “previstos o planeados actos regulatorios”, y regulaciones que estén siendo revisadas.
Por encima de todo eso, el capítulo de protección de inversiones del TTIP empoderará a miles de empresas de ambos lados del Atlántico para atacar legalmente las decisiones tomadas por los parlamentos nacionales, gobiernos e incluso los tribunales, si eso menoscaba los beneficios de las corporaciones..
A lo largo y ancho del mundo, las compañías llevan tiempo utilizando el llamado mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y estados (Investor State Dispute Settlement, ISDS ) para reclamar compensaciones billonarias a los estados por aplicar políticas perfectamente legítimas de gobierno para proteger la salud, el medio ambiente y otros intereses públicos. Solamente la amenaza de una costosa demanda ya puede servir para convencer a los legisladores de que abandonen o suavicen una ley sobre la salud pública y protección medioambiental, vigente o en elaboración.
Juntos, los abusivos derechos para los inversores privados y las propuestas de cooperación reguladora expandirán significativamente el poder de las empresas sobre el poder político a lo largo de la UE y de EEUU.
Las medidas facilitarán a las corporaciones que retrotraigan regulaciones y bloqueen nuevas normativas que pretendan impedir a la industria alimentaria vender alimentos que incluyan tóxicos, leyes que intenten impedir que las energéticas destruyan el clima, o regulaciones para combatir la polución, la inestabilidad financiera y la protección de los consumidores.
No en vano, poderosos grupos de presión como Business Europe y la Cámara de Comercio de EEUU ven la cooperación reguladora en el TTIP como un “potencial modificador del terreno de juego”, un “regalo perpetuo”, que esencialmente permitiría a los lobistas empresariales “co-escribir las normativas”, como ellos mismos dicen.
¿Cómo nos afectará el TTIP en energía y materias primas?
01/10/2015
Héctor del Prado
Responsable de Clima y Energía en Amigos de la Tierra
Energía y materias primas copan sin duda una buena parte de las negociaciones que están llevando a cabo la Unión Europea y Estados Unidos bajo el galimatías de “Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión”, o en otras palabras, acaso mucho más explícitas, “Tratado de libre comercio” pero con un punto bastante más opaco, retorcido y amenazante de lo habitual.
No obstante, a pesar del secretismo imperante, y de la falta de transparencia que se ha venido dando durante las 10 rondas de negociación que se han sucedido hasta la fecha, hemos podido tener acceso a informaciones, filtradas o no, relativas a los desarrollos en relación a la energía y las materias primas. Y lo primero que llama la atención del lector es cómo los negociadores de ambas partes dedican más esfuerzos en fijar mecanismos para diluir las barreras existentes que dificultan sus negocios que en promover nuevas maneras de mejorarlas.
Estas “barreras” de las que hablamos, por supuesto, no son otras que la batería de salvaguardas ambientales, de interés público o de salud humana que tanto tiempo y esfuerzo ha costado contemplar en las diversas directivas europeas de clima y energía a lo largo de los últimos años.
Pero, ¿por qué tanto interés en reducir salvaguardas en lugar de hablar de aranceles o de inversión en renovables? Sencillo: a lo largo de la última década, Estados Unidos ha vivido un milagro energético. De ser el mayor importador neto de combustibles fósiles del mundo, ha pasado a ser un exportador neto de petróleo y de productos derivados del mismo. Sin ir más lejos, a lo largo de 2012, el volumen de negocios entre Estados Unidos y la Unión Europea fue de 32.000 millones de dólares.
Así pues, por un lado tenemos a un gran productor de combustibles fósiles, Estados Unidos, y por el otro, a la Unión Europea, obsesionada por asegurar y diversificar su mix energético – y con varias reticencias para empezar a perforar de manera masiva su subsuelo para extraer esa falsa panacea energética llamada gas de esquisto.
De ser así, este acercamiento pondría en jaque cualquier tipo de acción climática regional o internacional que se inicie desde los dos territorios, unilateralmente o bajo el paraguas de un posible acuerdo internacional en París. La expansión del negocio de los combustibles fósiles por parte de Estados Unidos, no sólo serviría para incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que además aumentaría el número actual de permisos de exploración y de explotación en ese país.
A nivel europeo, se certificaría de nuevo nuestra terrible dependencia hacia los combustibles fósiles por muchos años más, y pondría en entredicho las varias políticas y directivas ya aprobadas en plenario.
Pero más allá del descalabro climático del posible acuerdo, se lograría capar sin lugar a dudas el crecimiento y afianzamiento de iniciativas energéticas locales o comunitarias (individuales, cooperativistas o municipales).
En otras palabras, la llegada masiva de buques con gas natural licuado y productos petrolíferos a las costas europeas nos alejaría de un futuro europeo cien por cien renovable al tiempo que agravaría el cambio climático.
Otro punto preocupante para la sociedad civil por los riesgos potenciales que acarrea es el lenguaje, especialmente en el apartado de definiciones. Cojamos por ejemplo la definición de “Accidente grave”: Se considera accidente grave aquel accidente que de manera significativa pueda causar de manera potencial defunciones o daños personales graves”.
Esto querría decir que si se repitiera el desastre ambiental del “Exxon Valdez” en Alaska en el 89, ejemplo conocido de sobras por el lector, donde cientos de miles de barriles de crudo fueron a parar al mar, bajo el amparo de este Tratado, el accidente no cualificaría como “grave”.
Llegados a este punto, habría que remarcar un hecho realmente importante: esta amenaza a la justicia social y ambiental en forma de Tratado no sólo planea sobre Estados Unidos y Europa, donde los ecosistemas y las personas se verán seriamente perjudicados en beneficio de las grandes empresas sino que, en caso de aprobarse más adelante, sentaría un precedente para acuerdos de este tipo en otras regiones de nuestro Planeta.
Y esto no es baladí, puesto que si estas empresas y grupos de inversión se salen con la suya, especialmente en cuanto a los conocidos mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados, entre otras propuestas, será un regreso a la Edad Media en materia de derechos humanos y ambientales.
Recientemente el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en inglés) ha emitido un comunicado alertando que para detener una catástrofe climática a mayores, es necesario que prácticamente dos partes de los combustibles fósiles que quedan en el subsuelo de nuestro planeta se queden ahí para siempre. Y a nivel de la sociedad civil, se va por el camino de lograr los 3 millones de firmas para lograr detener este Tratado.
Por eso no se entiende que últimamente veamos tan a menudo a los señores Obama, Cañete y Juncker llenándose la boca con palabras acerca de la acción climática, mientras a nuestras espaldas se está cociendo a puerta cerrada un acuerdo irresponsable que pasa por encima todo y de todos y que, por si fuera poco, pospondría el tan anhelado cambio de modelo energético que hemos heredado del siglo pasado.
En definitiva, el TTIP será incompatible con las actuales políticas climáticas y energéticas, y por las que están por venir.
Respuesta a Santiago Fisas
30/09/2015
Carlos Javier Bugallo Salomón
Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.
Me hubiera gustado responder al europarlamentario del Partido Popular como es debido y rebatir una por una todas sus afirmaciones, pero he decidido desistir de mi propósito inicial. Y ello porque sólo se puede debatir entre iguales, es decir entre personas que buscan la verdad por encima de cualquier otra cosa y lo hacen con honestidad y objetividad: circunstancias estas que no se dan en la persona de Santiago Fisas. Su total desprecio hacia los hechos históricos y económicos es de tal magnitud que me ha dejado impresionado, por lo que me parece oportuno hacer aquí otro tipo de observaciones, no directamente vinculadas a la cuestión del TTIP.
En primer lugar, la sarta de mentiras que usted nos ha trasladado es tan inverosímil que no se la cree ni el propio Partido Popular europeo, que bien ha tenido la ocurrencia de hacer secretas las negociaciones del TTIP. La mendacidad más desacomplejada y villana es otra vez la nota distintiva del Partido Popular, una inveterada costumbre que ha tenido otras expresiones bien notorias: por ejemplo, cuando se explicó los atentados islamistas en Madrid, las razones de la Guerra de Irak, las consecuencias del desastre del Prestige, los 3 millones de empleos que se crearían en esta legislatura o los Papeles de Bárcenas.
Ya nos advirtió George Orwell que aquellos que abusan del poder sienten la necesidad de crear una ‘neolengua’ que tergiverse la realidad y disfrace las contradicciones y los conflictos. Ello es así incluso en las situaciones más crueles y bárbaras, pues la ideología es una cadena mucho más resistente y duradera que cualquier otra para aherrojar a las personas. “Arbeit macht frei”: el trabajo libera, era el lema que aparecía en los campos de concentración nazi.
La crítica injustificada
29/09/2015
Santiago Fisas
Europarlamentario por el PP
En los últimos meses se ha oído hablar mucho sobre el TTIP. Estoy convencido de que muchas personas se habrán preguntado qué significan estas siglas.
TTIP son las siglas que se corresponden con «The Transatlantic Trade and Investment Parnetship»(Tratado de Libre Comercio en Inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos)
Las competencias sobre comercio internacional en la UE le corresponden a las instituciones europeas, y este tratado en concreto es uno de los temas más importantes que tenemos sobre la mesa en la actualidad los diputados del Parlamento Europeo.
El objetivo de este tratado es eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias entre la Unión Europea y los Estados Unidos en amplios sectores económicos para facilitar de esta forma la compra y venta de productos y servicios entre las zonas así como aumentar las posibilidades de inversión de nuestras empresas en los EEUU.
Es un tratado controvertido por la importancia que tendrá para la economía tanto de la UE como de EEUU. Estoy convencido de que si las negociaciones llegan a buen puerto y conseguimos cerrar un buen acuerdo, éste cambiará la economía mundial y crearemos la mayor zona de libre comercio del mundo.
¿El TTIP nos beneficiará a los europeos?
En marzo de 2013 la Comisión Europea realizó un informe sobre el impacto de este acuerdo en nuestras economías. Según dicho informe, la puesta en marcha de este acuerdo supondría un aumento global del PIB del 0,5 por ciento para la UE y del 0,4% para EEUU, es decir 119 mil millones y 95 mil millones de euros respectivamente.
Estos beneficios procederían, en un 80 por ciento, de la reducción de barreras no arancelarias y de una mayor liberalización de los servicios y los mercados de contratación pública.
El crecimiento económico y la mejora de la productividad como resultado del acuerdo también beneficiarán a los trabajadores de la UE tanto sobre la masa salarial como en la creación de nuevas oportunidades de empleo. Las últimas proyecciones estiman que el TTIP creará 400.000 nuevos empleos en Europa, 140.000 en España.
Desde el grupo del Partido Popular Europeo lógicamente no apoyaremos ningún acuerdo que suponga ningún perjuicio a los intereses de los europeos.
Dicho esto consideramos de suma importancia este tratado porque según se desprende de los datos de diversos estudios, el impacto en nuestra economía sería beneficioso y ayudaría a que nuestra economía siguiera creciendo, a que se crearan nuevos puestos de trabajo y a que los precios bajaran.
¿Es transparente el proceso de negociación sobre el TTIP?
Las negociaciones sobre el acuerdo están siendo más transparentes que cualquier otra negociación comercial precedente. Es difícil encontrar un equilibrio entre la información y la transparencia que no perjudique el proceso negociador. Se han hecho muchas reuniones informativas con el Parlamento, con los grupos de interés y con la sociedad civil en general.
A pesar de la dificultad para lograr este equilibrio, desde el EPP defendemos que exista un mayor grado de transparencia siempre y cuando no perjudique al estado de las negociaciones.
La crítica injustificada
Desde algunos sectores se han puesto en marcha campañas para protestar y demonizar el acuerdo de libre comercio entre la UE y los EEUU. Me sorprende ver cómo atacan con tanta dureza este acuerdo pero en cambio no les escucho criticar otros acuerdos con la misma intensidad.
Algunos por motivos ideológicos están en contra del libre comercio, pero entonces ¿cuál es su alternativa? ¿Volver a la autarquía?
La demagogia que algunos emplean para criticar el acuerdo les puede funcionar a corto plazo, pero a la larga los europeos verán la verdad. Y la verdad es que 31 millones de empleos en Europa dependen del comercio exterior. En el caso concreto de España, son un millón seiscientos mil empleos que representan el 9 por ciento de la fuerza laboral española. De esta cifra, una quinta parte corresponde al comercio con los EEUU y seguro que aumentará si conseguimos un buen acuerdo.
No debemos olvidar que en los próximos 15 años, el 90 por ciento del crecimiento económico mundial se generará fuera de Europa, y por eso es importante que negociemos buenos acuerdos comerciales con el resto del mundo.
Es incompresible que algunos se empeñen en criticar el TTIP y en cambio no escuchar su voz de forma tan nítida en contra de otros tratados de libre comercio.
La negociación de un tratado de libre comercio no es fácil, nosotros como parlamentarios europeos, tenemos la obligación de defender el interés general de todos los europeos, y creo que si llegamos a buen puerto con las negociaciones de este tratado, los europeos nos veremos beneficiados.
No nos estamos inventando nada, el comercio entre EEUU y la UE ya existe, solo queremos eliminar barreras para que todas la empresas puedan acceder al mercado de EEUU y no solo las grandes empresas. Uno de los principales objetivos de este tratado es facilitar el acceso de las PYMES al mercado estadounidense y esto solo se consigue liberalizando nuestras relaciones comerciales.
Aspectos a destacar sobre el TTIP
1. Estándares: los estándares europeos no se verán afectados porque están excluidos de la negociación. Nosotros no vamos a renunciar a nuestros estándares.
2. Seguridad alimenticia: el acuerdo respetará completamente nuestros estándares de seguridad y la forma en los que se establecen.
3. Aranceles: es importante este tratado porque aunque en algunos sectores los aranceles sean bajos, en otros todavía son elevados como por ejemplo algunas líneas de productos textiles importantes para la industria española. Es por ello que necesitamos que todos los sectores se puedan beneficiar de esta eliminación de aranceles.
4. Protección de inversiones: el TTIP supondrá una mejora importante de la protección de las inversiones e incluirá un mecanismo de resolución de disputas reformado y eficaz.
5. Servicios públicos: todos los acuerdos de comercio de la UE dejan en manos de los gobiernos el gestionar los servicios públicos como deseen.
6. Diversidad cultural: el TTIP respetará la diversidad cultural de nuestras industrias.
7. Desarrollo sostenible: precisamente queremos que se dedique un capitulo en el TTIP a fomentar el desarrollo sostenible.
8. Desarrollo de los países: el TTIP ayudará a desarrollar todos los países europeos.
9. Proceso democrático: es un proceso transparente y democrático porque los Gobiernos y los diputados del Parlamento Europeo son el eje central del proceso del TTIP y serán los que tengan que dar el visto bueno final.
Respuesta a Inmaculada Rodríguez-Piñero
28/09/2015
Carlos Javier Bugallo Salomón
Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.
No me ha sorprendido nada la intervención de la europarlamentaria del PSOE Inmaculada Rodríguez-Piñero. En vez de rebatir los argumentos de quienes nos oponemos al TTIP, se ha limitado a hacer una declaración de buenos propósitos y a tildarnos a los demás de ‘inmovilistas’.
Esto confirma lo que hace tiempo sabemos: que en el PSOE se ha tirado la toalla de la persuasión racional y del liderazgo ‘intelectual y moral’ (Gramsci). En vez de ello se usa de la retórica fácil y pedestre, cuando no de la censura explícita, como le sucede al profesor Vicenç Navarro en los medios de comunicación próximos al PSOE. ¡Qué triste espectáculo de decadencia y confusión!
Precisamente, lo que acaban de mostrar las elecciones catalanas es que, por fin, la izquierda ‘alternativa’ de CSQP y la CUP suma más apoyos que el ‘respetable’ PSOE, que ha obtenido los peores resultados de su historia y que, sin embargo, se ufana de ello. En caída libre y al ritmo de “Don’t stop me now…”.
Negociar para mejorar
25/09/2015
Inmaculada Rodríguez-Piñero
Eurodiputada del PSOE
La Unión Europea es la mayor economía mundial y la primera potencia comercial pero también es la zona económica donde mayor ha sido el impacto de la crisis, con menor capacidad de crecimiento y con mayor aumento de riesgo de pobreza y desigualdad. Las políticas de austericidio aplicadas, los problemas de gobernanza y la pérdida de competitividad, han sido las principales causas y las perspectivas internacionales no parece que vayan a ayudar.
Para crecer y salir de la crisis hay que aplicar políticas que impulsen el crecimiento, encaminadas a aumentar el output potencial sobre las bases de una economía competitiva y eficiente. La política comercial, basada en desarrollar Acuerdos Comerciales que contribuyan a abrir más mercados suprimiendo barreras, es la principal política de impulso al crecimiento sin aumentar el gasto público.
El Acuerdo Comercial más importante es el que tendría lugar entre la UE y los Estados Unidos (TTIP) ya que los intercambios entre ambas partes se sitúa en torno a un billón de euros al año, lo que representa más del 40 por ciento del comercio mundial. El TTIP tiene, además, una gran trascendencia geopolítica porque fortalecería el liderazgo internacional de la UE en el nuevo escenario mundial que cada vez está más desplazado hacia China y el Pacífico.
No debe olvidarse que, haya o no un Acuerdo, la UE y los EEUU van a seguir comerciando y la cuestión es ¿queremos que todo siga igual, o es conveniente que se negocie un tratado que regule mejor las condiciones bajo las cuales se producen los bienes y servicios que se comercian?
En mi opinión, es conveniente y necesario que se negocie un buen tratado que regule el comercio entre ambas partes y que pueda servir de referencia a nivel mundial.
Aunque los aranceles entre la UE y los EEUU son ya muy bajos (una media del 4 por ciento), la eliminación que se obtendría en aquellos sectores que sí soportan unos elevados aranceles, como el calzado (35 por ciento) o la cerámica (17 por ciento) que tienen un gran peso en nuestra industria, beneficiaría a miles de pequeñas y medianas empresas de nuestro país que podrían ampliar sus mercados de exportación.
Pero más restrictivas para el Comercio y mucho más difíciles de eliminar, son las barreras no arancelarias, estimándose su coste en torno al 20 por ciento, lo que dificulta el acceso de las PYMES a los mercados en igualdad de condiciones con las grandes empresas. El objetivo del TTIP es conseguir que las reglamentaciones sectoriales europeas y norteamericanas sean compatibles suprimiendo duplicidades y costes innecesarios.
El PSOE defiende el comercio justo y bien regulado. Por ello apoyamos la negociación de un Acuerdo, pero no apoyaremos cualquier Acuerdo.
Estamos a favor de un Acuerdo que promueva los principios y valores que compartimos, que defienda y garantice los estándares de protección que disfrutamos en Europa y que pueda servir de referencia en el comercio mundial. Un Acuerdo que beneficie a los consumidores y abra nuevas oportunidades a nuestras empresas, en particular las PYMEs.
Nuestra posición definitiva se fijará, cómo es lógico, cuando se conozca el texto y se analice el alcance de nuestras reclamaciones.
Los socialistas seguiremos trabajando en el Parlamento Europeo para influir y conseguir que se tengan en cuenta nuestras pretensiones, como ha ocurrido con la aprobación de la Resolución del pasado 7 de julio en la que el Parlamento Europeo fija su posición ante la Comisión y el Consejo respecto al alcance y contenido de la negociación del TTIP.
Una Resolución que recoge las principales exigencias del Grupo Socialista:
– Garantizar la máxima transparencia en todo el proceso de negociación, pidiendo que todos los documentos consolidados estén disponibles para todos los todos los miembros del Parlamento Europeo.
– Total exclusión de los servicios públicos de interés general como el agua, la salud y la educación.
– Preservar los estándares de la UE de protección social, laboral, medioambiental y de derechos de los consumidores, incorporando la ratificación y la implementación efectiva por parte de los Estados Unidos de todas las normas laborales esenciales de la OIT.
– Sustitución del mecanismo de resolución de litigios entre inversor y Estado, (ISDS por sus siglas en inglés), por un nuevo sistema sujeto a principios y supervisión democráticos, donde jueces profesionales e independientes aborden los posibles casos de manera transparente, en audiencias públicas, que incluya un mecanismo de apelación, que respete la jurisdicción de los tribunales de la Unión Europea y de los Estados miembros y donde los intereses privados no puedan debilitar los objetivos de política pública. La Resolución aprobada es el fin del ISDS en los Acuerdos Comerciales de la Unión Europea.
En definitiva, apoyaremos un TTIP que regule adecuadamente las relaciones económicas entre las dos principales potencias del mundo sobre las bases del mantenimiento y mejora de los estándares de protección europeos. Seguiremos trabajando para hacerlo posible. El rechazo sin propuestas conduce al inmovilismo.
Grupos de presión y democracia
24/09/2015
Carlos Javier Bugallo Salomón
Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.
Como ha quedado expresado en distintas intervenciones de este Debate, el diseño del TTIP no sólo es reflejo de una concepción económica particular –la neoliberal- sino también de las carencias y patologías propias de la democracia moderna. Efectivamente, si las grandes corporaciones usan y abusan de su extraordinario poder no es sólo por los medios económicos que tienen a su disposición; también, por la escasa participación ciudadana en los asuntos públicos, la falta de transparencia y de control hacia las instituciones del Estado y la relativa impunidad en la actuación de la clase política.
Hasta hace pocos años los parlamentos nacionales habían lidiado, con más o menos éxito, con las pretensiones de las grandes corporaciones. Pero con el establecimiento y consolidación de la Unión Europea, apoyada en un simulacro de parlamento y en una todopoderosa burocracia, el camino ha quedado por completo expedito para aquéllas. Que hoy sea más fácil oponerse al TTIP en Estados Unidos que en Europa es el mejor indicador de la involución democrática que estamos viviendo.
Ahora quiero aconsejar a los lectores que examinen uno de mis trabajos publicado en la revista online El Salmón Contracorriente, donde expongo el tema de los grupos de presión con detenimiento. Un asunto que ha preocupado por igual a politólogos y economistas.
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Los-grupos-de-presion
También deseo dedicar este documento a una serie de personas: a los ministros del Partido Popular y al Sr. Felipe González. A los primeros, por su probada eficacia como correas de transmisión de lobistas o cabilderos, algo que sólo a los incautos y a los mal informados ha podido sorprender. Y al segundo, porque con su incorporación laboral a la asesoría de una multinacional ha desilusionado a quienes pensaban que un ex-Presidente de Gobierno era alguien que podía actuar como árbitro imparcial de los conflictos sociales (no sólo entre trabajadores y empresarios, sino también entre consumidores y empresarios).
Con el comportamiento de Felipe González se desacredita la opinión de la Sra. Susana Díaz de que en política lo importante es el ‘background’, los orígenes o el medio familiar en que uno nace. Pues sabemos de algunas grandes personalidades –como Marx y su mujer, por ejemplo- que han procedido de clases acomodadas y sin embargo supieron poner su fortuna y su comodidad al servicio de los más necesitados; lo que no ha ocurrido con algunos alcahuetes españoles, que traiciona sin escrúpulos a los miembros de la clase social a la que pertenecieron sus padres o antepasados. En definitiva, en política lo importante no es ‘de dónde se viene’ sino ‘a dónde se va’.
TTIP y derechos laborales
22/09/2015
Irene de la Cuerda
Secretaria de Acción Social del SP. del comité Confederal de la CGT
El 23 de Julio de 2014, el Consejo y el Parlamento Europeo promulga un Reglamento de desarrollo del artículo 3 del Tratado de Lisboa, que allana el camino para los Tratados de Libre Comercio (TTIP, TISA, CETA) que actualmente se están negociando entre EEUU y la UE y la UE con Canadá. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las inversiones extranjeras directas figuran en la lista de materias que forman parte de la política comercial común.
En el artículo 3 de dicho Tratado dice:“La Unión dispone de competencia exclusiva en materia de política comercial común”. El Tratado de Lisboa contempla también que la protección de las inversiones pueden incluir un mecanismo de resoluciones de litigios entre inversores y estado que permitirá a un tercer país (transnacionales asentadas en dicho país), la formulación de reclamaciones contra cualquier Estado. La firma del Tratado de Maastricht y la posterior entrada en vigor del euro en 2002, con la obligación de cumplir el Pacto de Estabilidad, cerrará el círculo del proyecto neoliberal que marca la hoja de ruta que subyace en el andamiaje de construcción de la UE.
La Carta Europea de los Derechos Fundamentales, la Carta Social, de no obligado cumplimiento, se desligo del Tratado de Lisboa. En esta Carta, como su nombre indica, se reconocen todos los derechos fundamentales, incluidos los derechos laborales y sindicales, el derecho de huelga y la libertad sindical, derechos esenciales y fundamentales de los trabajadores y del sindicalismo europeo, que hoy no sólo se encuentran amenazados, sino que son vistos como contrarios a los principios fundamentales del modelo de construcción de la Unión Europea, la libertad de empresa y la libertad de prestación de servicios.
La receta de la globalización que se implementa a partir de la crisis de los años 70, como respuesta de la ideología neoliberal a la recesión de aquellos años, con objeto de reactivar la acumulación capitalista, está intrínsecamente ligada a la actual crisis. Con la internacionalización y desregularización de la economía, al romper toda las barreras de reglamentación establecidas sobre el sistema financiero, cuya consecuencia ha sido la especulación salvaje de este mercado, nos ha llevado, con el estallido de la burbuja financiera, a la actual situación que no es otra cosa que una de las crisis sistémicas cada vez más virulentas del sistema capitalista.
Con los Tratados de Libre Comercio e Inversión, (TTIP, CETA,TISA), el neoliberalismo pretende reactivar de nuevo la voracidad del gran capital, desregularizando todas las esferas de la vida y creando la zona de libre comercio más grande del mundo al servicio de las Corporaciones. Una nueva vuelta de tuerca a costa de los derechos laborales y sociales y del empobrecimiento de los pueblos, poniendo a disposición de las transnacionales los segmentos susceptibles de generar beneficios económicos que todavía no están bajo el control del capital privado.
El TTIP, el CETA, y el TISA, son las herramientas necesarias para llevar a cabo estas políticas de concentración y globalización que ponen el poder económico y político en manos de las transnacionales y del mercado financiero. Estos tratados se negocian de forma opaca y en secreto, excluyendo a los pueblos y parlamentos de los distintos Estados de la UE y tienen como objetivo la desestructuración del tejido productivo local, social, ambiental y laboral, como método para reactivar las tasas de acumulación y beneficios del capitalismo financiero y transnacional.
CONSECUENCIAS PARA EL EMPLEO Y LOS DERECHOS LABORALES Y SINDICALES
Según el gobierno de EEUU, con el TTIP se crearían millones de puestos de trabajo. Existen estudios que hablan de la creación de 750.000 empleos y de un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) en la UE de entre el uno y y el 0,5 por ciento hasta el año 2.027, pero la misma Comisión lo reduce al 0,1. Se destruirían empleos en la industria cárnica, el sector de los fertilizantes, el bioetanol, el azúcar, bienes de equipo y metalúrgico.
Un estudio encargado por la Comisión Europea a un organismo “independiente” (Centro de Investigación de Política Económica), financiado por bancos como el Deutsch Bank y JP Morgan concluyen que se crearían unos 400.000 puestos de trabajo y habría un crecimiento de la producción de riqueza de 120.000 millones de euros anuales en la UE y de 95.000 millones en los EEUU, pero esto está muy alejado de la realidad, porque han utilizado una metodología basada en un modelo hipotético de mercado perfecto.
Un estudio alternativo y crítico con el anterior, con una metodología utilizada por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizado por la Universidad de Tufts afirma, entre otras cosas, que se perderían 600.000 puestos de trabajo en la UE, las rentas del trabajo se reducirían en su participación en el PIB y se perderían ingresos público.
Si analizamos los impactos del NAFTA veremos que con toda probabilidad el resultado será negativo para las clases medias y populares. Así, se decía que se iban a crear 20 millones de puestos de trabajo y se perdieron un millón, la mayoría en EEUU, como consecuencia de las deslocalizaciones de las empresas estadounidenses.
En México se deterioraron las condiciones de vida y trabajo y aumentó la pobreza. Desde entonces el 60 por ciento de los trabajadores están en el sector informal; muchos de los 15 millones que trabajaban en el subsector agrario del maíz tuvieron que emigrar y otros trabajan en otro sector, haciendo más horas y cobrando menos salario, debido a la invasión del maíz transgénico producido en EEUU con precios artificialmente bajos, que acabó con la producción y las variedades autóctonas, cuando desde tiempos inmemoriales en México estaba instaurada la cultura del maíz. Además, se redujo el crédito a las PYMES.
En definitiva, enriqueció a las empresas transnacionales y hundió en el trabajo precario, en la desigualdad y la pobreza a cientos de miles de mexicanos.
En lo que se refiere a los derechos laborales y sindicales, hay que tener en cuenta la “armonización” de la regulación, la igualación a la baja. En Estados Unidos los derechos laborales y sindicales brillan por su ausencia y en la Unión Europea por ahora están garantizados, pero no armonizados, al menos formalmente.
EEUU solamente ha firmado dos de los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),los contrarios al trabajo infantil y al trabajo esclavo, pero no los que se refieren a la negociación colectiva y al derecho de organización y asociación.
La no armonización en mínimos básicos (salarios mínimos, jornadas, condiciones de trabajo) posibilita tanto el dumping laboral, como el social y facilita “la libertad absoluta del capital para movilizarse, allí donde los costes laborales son o bien más bajos o bien las legislaciones laborales nacionales son más liberales o permisivas”.
Tampoco ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos (incluidos los laborales,sindicales y de salud), sociales y culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 3 de enero de 1976.
Se dan “facilidades para trabajar” (disponibilidad para el empleo o empleabilidad), en lugar de trabajo. Se ha implantado el llamado Workfare, la aceptación de cualquier trabajo bajo presión por parte de los parados (desde una visión neoliberal se responsabiliza a los desempleados de su propia situación, y no al contexto socioeconómico que produce paro, pobreza y desigualdad), que también se denomina paradójicamente right to work (derecho a trabajar). No está establecido el salario mínimo, ni la seguridad y la salud en el centro de trabajo. Dentro de la pérdida de derechos laborales que traería consigo la firma del TTIP-CETA_TISA, el segmento de población femenino, ya altamente precarizado, va a ver reducidos drásticamente sus derechos laborales, que tanto ha costado conseguir.
EEUU es la única democracia que no ha ratificado la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, no reconoce (al igual que Irán, Somalia o Sudán del Sur) al CEDAW, ni ha firmado el protocolo del mismo.
El CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer) fue aprobado el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981.
Este Tratado en su preámbulo establece:
…”la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.»
Las empresas europeas, y por ende las españolas, que tuvieron que aceptar la normativa sobre derechos de la mujer en el ámbito laboral, podrían ahora, si se firman los tratados, en aras al beneficio empresarial eliminar las protecciones laborales que buscan la corresponsabilidad y la igualdad, como costes que perjudican el comercio.
El impacto de desmantelamiento de la normativa de protección laboral y los drásticos recortes sociales que se producirían como consecuencia de la firma de estos Tratados en toda Europa, será especialmente virulento en una economía como la del Estado Español, sin proyecto ni autonomía y con un tejido industrial desmantelado y dependiente.
Esta es la situación laboral que se implantaría en los países de la UE, en aras de la competitividad, si llegara a firmarse el TTIP.
Negociación y mito
18/09/2015
Ricard Bellera
Secretario de Internacional de CCOO de Catalunya
La comunicación que ha acompañado la negociación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) ha resultado a todas luces deficiente. La Comisión Europea ha echado el resto no por imbuir el proceso de la claridad y transparencia que reclama la ciudadanía, sino por intentar contrarrestar y debilitar los argumentos de aquellos/as que se oponen al Tratado.
Ante el éxito creciente de la campaña que exige poner fin a la negociación, el debate se ha querido presentar como una confrontación entre dos posturas antagónicas, de las cuales una se basa en hechos y es por tanto ‘realista’, mientras la otra se basa en ficciones y es propensa al ‘mito’.
Habida cuenta de que lo que separa el mito de la realidad es la ‘información’ y de que ésta es gestionada por la Comisión con enorme secretismo, esta estratagema resulta parcial y abusiva. Parcial, porque tampoco la postura favorable a un acuerdo de la complejidad del TTIP puede basarse en hechos, sino tan sólo en cálculos y proyecciones. Abusiva, porque la opacidad que reviste el acuerdo es instrumentalizada para desvirtuar los argumentos de quienes exigen el acceso a las propuestas y al texto y reclaman que deje de hurtárseles un debate público que afecta de lleno a sus derechos como consumidores, ciudadanos y trabajadores/as.
La lógica ‘persuasiva’ que utiliza la Comisión, sitúa así a la ciudadanía como un sujeto pasivo y rompe frontalmente con la vocación democrática de un proyecto europeo cuya credibilidad ya ha sido suficientemente dilapidada con la gobernanza económica y la política de consolidación fiscal. Las ventajas y beneficios del TTIP son presentados hasta tal punto como incuestionables, que quienes parece adentrarse en el terreno de la mitificación son antes aquellos/as que se han reservado el monopolio sobre el ‘realismo’ o la ‘facticidad’, que los/las que se oponen al actual proceso de negociación.
Es propensa a la mitología la ideología que inspira la deriva neoliberal que ahoga Europa y que se basa en axiomas indemostrados como la eficiencia de los mercados y lo son también los principales argumentos que se plantean a favor del Acuerdo.
El primero de ellos que el TTIP es imprescindible en el marco de un supuesto pulso geopolítico con las potencias emergentes. A diferencia de los EEUU, la UE tiene un balance comercial positivo. Si hiciera frente al fraude, la evasión y la elusión fiscal que le cuesta cerca de un billón de euros anuales (tres veces la deuda griega) podría impulsar además con fuerza la inversión pública precisa para desarrollar su modelo social y para transformar su modelo productivo.
En segundo lugar, se aduce que el TTIP creará empleo y riqueza. El optimismo de la Comisión parece infundado cuando los estudios ex ante encargados por ella sitúan unas mejoras muy limitadas y aquellos que utilizan modelos alternativos como el Global Policy Model de NNUU, prevén pérdidas importantes, también en puestos de trabajo. La economía de escala que introduciría el TTIP afectaría, con especial saña, a la pequeña y mediana empresa, y a las peor posicionadas en innovación y desarrollo.
En el caso del estado español esto podría afianzar la tendencia actual a competir en base a salarios bajos y ahondar en la precarización del empleo y en la terciarización del tejido productivo.
Otro de los lugares comunes de la ‘mitología’ difundida por la Comisión sobre el TTIP es aquel que dice que este acuerdo no afectará a los estándares medioambientales, alimentarios o laborales. Cuando se prevé que el 80% de los beneficios corporativos sean fruto de la desregulación, parece harto improbable que en un entorno competitivo se mantengan los estándares más altos.
Esto cobra especial relevancia cuando los EEUU han firmado tan sólo 14 de 189 convenios de la OIT y tan sólo 2 de 8 fundamentales, no ratificando los de negociación colectiva, libertad sindical o discriminación en el puesto de trabajo.
Finalmente está el que tal vez sea el mito más procaz de los utilizados por la Comisión, aquel que plantea que el tratado refuerza el proyecto europeo. La arquitectura institucional de la UE ha dado suficientes pruebas de sus déficits estructurales en la gestión de la crisis como para poder permitirse una distracción del calado del TTIP.
La falta de liderazgo político y la carencia de solidez en el gobierno económico condenan a la UE a una posición subalterna en un envite que la empareja con un socio perfectamente organizado y que persigue con el Tratado una estrategia geopolítica que no se corresponde con los intereses de la ciudadanía europea.
Si la gobernanza económica ha desfigurado los valores y derechos que componen su modelo social, el Acuerdo Transatlántico diluye en la marea atlántica el mercado interno europeo, que en términos económicos supone su principal potencial.
La soberanía que se ha transferido de los estados a la Unión se pretende trasladar ahora, mediante mecanismos como el Consejo de Cooperación Regulatoria o el ISDS, a la iniciativa de unas transnacionales que, tras ganar la batalla fiscal, ahora pretenden aprovechar la debilidad del gobierno europeo para hacerse con la capacidad normativa y judicial.
¿Beneficiaría el TTIP a las PYMES europeas?
17/09/2015
Verónica Gómez
Miembro de la Comisión Internacional de ATTAC y fundadora de la plataforma "No al TTIP"
El Acuerdo Transatlántico de Comercio y de Libre Comercio entre EEUU y la UE (TTIP) se está «vendiendo» por parte de la Comisión Europea como un acuerdo que beneficiaría a las PYMES europeas en gran medida, aunque en las primeras rondas de negociaciones del TTIP no fueron siquiera mencionadas. De hecho, hay que recordar que los lobbies de las multinacionales han estado preparando el TTIP durante décadas.
Ya sólo en los dos primeros años de las negociaciones, la Comisión Europea (CE) se reunió en 597 ocasiones con lobbies de las grandes empresas y corporaciones.
A pesar del optimismo con el que hablan los negociadores europeos sobre el impacto del TTIP para las PYMES, todavía no hay estudios ni evidencias que así lo apoyen. Las previsiones del estudio realizado por la CE sobre el TTIP sugieren que el PIB se incrementaría en 0,5% en 10 años. Esto es, 0,05% al año. Si esto fuera cierto, ¿qué impacto tendría sobre las proyecciones de ventas y gastos de una PYME? ¿Qué confianza puede generar este cambio?
Lo que sí está claro, es que abrir un mercado único ente los EEUU y la UE implicaría la competencia directa entre empresas americanas y europeas, además de una reestructuración productiva donde los sectores europeos menos competitivos frente a los americanos, tenderían a reducirse o desaparecer. Las pérdidas de puestos de trabajo pronosticada por la CE se estima en 1,3 millones, la cifra más optimista sería cuando menos de 600.000 puestos. Es razonable pensar que estas pérdidas serían mayoritariamente en el sector de las PYMES.
En la actualidad, disponemos de datos que abarcan 20 años de la entrada en vigor del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio e Inversión entre EEUU, Canadá y México), y sabemos que el impacto del tratado en las granjas mexicanas supuso un desplazamiento de 4,9 millones de familias mexicanas que se ocupaban de sus granjas y una pérdida de 1, 9 millones de empleos.
Otro ejemplo lo tenemos con la industria del automóvil estadounidense, ésta desplazó sus inversiones a México donde los sueldos eran menores, provocando una pérdida de 700.000 empleos en los EEUU. Además sabemos que la participación de las pequeñas empresas estadounidenses en las exportaciones totales a Canadá y México disminuyó. ¿Significa esto que muchas PYMES en sectores poco competitivos frente a los estadounidenses, así como empresas que fabrican componentes u ofrecen servicios a multinacionales que pueden desplazar sus inversiones a EEUU, tendrían que cerrar? Resultaría bastante probable.
Por otro lado, el informe presentado en el Parlamento Europeo por la agencia austriaca OFSE, cree que las estimaciones del estudio de la CE son demasiado optimistas, y aventura una reducción de los beneficios europeos en un 40%. Mientras que el estudio más complejo realizado hasta la fecha sobre los impactos del TTIP en Europa, llevado a cabo por Tufts University, pronostica pérdidas netas del PIB europeo, de las exportaciones, de puestos de trabajo y de las rentas del trabajo frente al capital; además de una desvertebración del mercado en la Unión Europea, a favor de un incremento de las relaciones comerciales entre los EEUU y la UE.
Hay que tener en cuenta además, que en Europa hay al menos 20 millones de PYMES, que abarcan el 65% del empleo y representan el 57% del valor añadido del PIB. Sin embargo, sólo un 25% de ellas exporta fuera de sus fronteras, y sólo un 13% fuera de Europa. Recordemos que las PYMES, en su mayoría, adolecen de los recursos necesarios para la exportación.
La CE propone ayudar a las PYMES a través de la creación de páginas web e intercambio de información y bases de datos. ¿Es ésta una ayuda suficiente para que las PYMES europeas exporten a EEUU?
Las empresas estadounidenses producen productos y servicios bajo regulaciones menos exigentes que las europeas, y por lo tanto, pueden ofrecer productos de manera rentable a precios más bajos. Ciertamente, las empresas americanas podrían arrebatar cuotas significativas de mercado a las PYMES europeas en muchos sectores. ¿Estarán las PYMES obligadas a tener que bajar sus costes en un 30-40% (diferencia media entre los sueldos estadounidenses y europeos) o transformar por completo su sistema de producción y oferta para permanecer competitivas?
No olvidemos que muchas PYMES ofrecen productos condicionados por la cultura, adaptados a los gustos locales, regionales o nacionales. Por otra parte, el TTIP contempla una serie de medidas que blindarían los intereses de las multinacionales y sus derechos frente a cualquier otro actor. El mecanismo de resolución de controversias entre Inversor y Estado (ISDS) otorga a las corporaciones extranjeras el derecho a demandar a los Estados en tribunales de arbitraje ad hoc cada vez que aprueben una normativa que contravenga sus intereses.
En dichos tribunales, no es un juez, sino un abogado con conflictos de interés – ya que su sueldo depende del número de casos y de la duración de los mismos – la persona que hace las veces de árbitro, otro abogado privado representa a la multinacional, y otro al estado. Sin embargo, no hay recurso de apelación ni otros actores afectados por el fallo pueden presentar alegaciones, pruebas ni defender sus intereses. Sin olvidarnos de que un árbitro no está obligado a tener en cuenta el interés general.
Además, las PYMES extranjeras nunca podrían costearse el recurso a estos tribunales, pues los gastos rondan los 8 millones de dólares.
También se propone la creación de un “Consejo de Cooperación Reguladora”, que no es otra cosa que un consejo con representantes de las multinacionales americanas y europeas y funcionarios americanos y europeos sentados a la mesa para seguir identificando nuevos sectores donde “armonizar” leyes y normativas.
Además, tendrán el derecho a conocer las nuevas normativas antes de que el primer borrador de ley sea hecho público en los parlamentos europeos. Este deberá ir acompañado asímismo de un informe que exponga cómo puede afectar a su actividad comercial; y por lo tanto, antes de que conozcamos el primer borrador de ley, éste puede estar ya tamizado por los intereses de las corporaciones extranjeras.
Estos mecanismos sortean los sistemas de control democrático y ponen en primer plano los intereses de las multinacionales frente a cualquier otro actor social, con lo que debilitarían aún más nuestras ya precarias democracias europeas, aumentando la distancia entre las corporaciones y todos aquellos actores menos protegidos, como los ciudadanos y las PYMES, que no tendríamos el poder de influir en la redacción de normas y regulaciones, y estaríamos a la vera de los intereses de las multinacionales en primer término.
Este interés en blindar los derechos e intereses de las corporaciones quizás explica por qué las autoridades europeas “no son conscientes” de los impactos potencialmente negativos del TTIP sobre las PYMES y la ciudadanía, y por qué nadie está dispuesto a hacer estudios económicos consistentes sobre sus efectos en las mismas ni a explicar honestamente como el TTIP puede afectar a sus negocios.
Funerales por la democracia y los derechos sociales
16/09/2015
camelias31
Secretario de Comunicación de Alternativa Republicana
La agresiva deriva neoliberal viene desde lejos en el tiempo y camina con paso firme, decidido y cada vez más rápido.
El TTIP y la estela de Tratados de «Libre Comercio» que le acompañan (CETA, TISA…) suponen un avance descomunal para dejar en los huesos lo que antes conocimos como estado del bienestar, derechos sociales y derechos laborales.
Si los ciudadanos y ciudadanas europeos no somos capaces de reaccionar con firmeza y constancia ante la demoledora maquinaria que impulsa su opaca negociación y futura aprobación hemos de dar por seguro que el mundo será un lugar mucho peor para la dignidad de nuestras condiciones de vida y las de las futuras generaciones.
La privatización de la servicios públicos conducirá a modelos de prestación discriminatorios en los ámbitos de la sanidad, la educación o la dependencia en términos que aquel que no tenga capacidad económica para sufragárselos estará abocado a servicios de pura beneficencia sin personal ni medios decentes. Olvidémonos de las garantías que ahora proporcionan la legislación sanitaria europea en materia de productos tóxicos.
El principio de precaución será un grato recuerdo para los consumidores de forma que las grandes transnacionales puedan aumentar los ya de por sí escandalosos beneficios que obtienen.
Cualquier aspiración de un nuevo modelo económico sostenible o mínimamente respetuoso con el medio ambiente será enterrado (via libre para el fracking, organismos genéticamente modificados y otras aberraciones similares).
Pero tampoco debemos olvidar que el TTIP ataca la esencia misma de la soberanía de los países y su sistema democrático. Este Tratado será una especie de supraconstitución por encima de numerosas normas que protegen nuestros derechos como ciudadanos. Además, consagra un mecanismo como el ISDS (resolución de disputas entre Estado e inversor) que son tribunales privados que superan y someten a nuestro poder judicial nacional.
Y para rematar el infernal mecanismo nuestro poder legislativo queda maniatado por un Consejo de Cooperación Reguladora que permite a las grandes empresas multinacionales incidir en cualquier normativa que puede ser lesiva de sus intereses presentes o futuros.
Por todo ello, hay que hacer un llamamiento para que toda la sociedad europea combata mediante la información y la movilización a esta bestia llamada TTIP. Su triunfo será la muerte de nuestra imperfecta democracia y de nuestros cada vez más escuálidos derechos sociales arrancados con el esfuerzo y la lucha de muchos a lo largo de décadas.
No queremos ir de funeral. Todas y todos contra el TTIP.
Unidad popular también contra el TTIP
16/09/2015
Marina Albiol
Diputada en el Parlamento Europeo y responsable de relaciones internacionales de Izquierda Unida
Desde que empezara a trascender información sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos, la organización representante del empresariado, la CEOE, no ha ocultado su firme apoyo. En una comunicación de principios de 2015 manifestaba su entusiasmo por el acuerdo, a la vez que pedía la “eliminación definitiva de obstáculos innecesarios para el comercio y la inversión”, resaltando el “enorme potencial” del acuerdo para mantener y fomentar sus actividades económicas.
La organización que representa a empresarios como Arturo Fernández -que mientras disfrutaba de una tarjeta black tenía problemas para pagar la Seguridad Social de sus trabajadores- o Florentino Pérez -que, entre otros escándalos, ha tenido que declarar por su relación con la trama Púnica-, no sólo verbaliza este apoyo sin fisuras al TTIP, sino que está teniendo un rol proactivo en la elaboración del Tratado.
El Gobierno español ha encargado al Instituto de Estudios Económicos (una fundación ligada directamente a la CEOE) la elaboración del informe en el que se medirá su impacto en nuestro Estado, y hemos sabido que, de las reuniones que mantienen Washington y la Comisión Europea con diferentes partes interesadas, el 92% ha sido con lobbies representantes de los intereses de las grandes corporaciones multinacionales. Como diría José María Aznar hace poco, en su nuevo papel como asesor de grandes empresas a través de la consultora KPMG: “El TTIP es la más importante iniciativa que tiene la Unión Europea sobre la mesa, por no decir la única”.
Hay un fuerte interés por parte de las grandes empresas en que el TTIP se apruebe lo más rápido posible y por eso manifiestan un apoyo sin condiciones a pesar de que los contenidos concretos aún no han trascendido, al menos al gran público. Y conociendo a los personajes antes mencionados, es normal sospechar que tanto secretismo no oculta la voluntad del empresariado de participar en la creación de empleos de calidad que permitan una mejora sustancial de la calidad de vida de trabajadoras y trabajadores, sino más bien todo lo contrario.
La patronal ha demostrado con su apoyo a las medidas neoliberales más antisociales de la Troika que lo único que les mueve es la posibilidad de engordar sus cuentas corrientes, aunque sea a costa del empeoramiento de nuestras condiciones de vida. Sus intereses y los nuestros son contrapuestos y la pérdida de nuestros derechos laborales, los desahucios, las privatizaciones y la creciente pobreza en el Estado español, incluso entre las y los que tienen un empleo, son beneficiosos para ellos. La mano de obra barata y la precarización del empleo les permite seguir acumulando capital sin límite y cuantos menos derechos y servicios públicos garantice el Estado, más espacio quedará para sus negocios.
Cuando hablan de la eliminación de barreras, hablan de acabar con derechos y servicios públicos, de continuar y acrecentar la explotación del planeta y de las trabajadoras y trabajadores, porque es de allí de donde las élites económicas obtienen sus ingentes beneficios. Es urgente desmontar el mito de un empresariado benévolo que se esfuerza por nuestro bienestar. Ellos obtienen sus beneficios de la explotación. Y el TTIP supone la eliminación de todos los límites a esa explotación que democráticamente habíamos podido establecer. Pretenden que la legislación se flexibilice para amoldarse a sus intereses.
Uno de los grandes ejemplos del modelo de completa liberalización que le gusta a la CEOE fue el proyecto de instalación de Eurovegas en la Comunidad de Madrid. Para ello pretendían que todas las reglas laborales y de salud pública -normas relativas a la prevención de la ludopatía, o sobre el tabaco en los espacios públicos- se flexibilizaran y así una empresa extranjera pudiera instalar un macrocomplejo en nuestro territorio sin tener siquiera la garantía de que fuera a crear puestos de trabajo, pues pedían tener la posibilidad de traer a trabajadoras y trabajadores desde EEUU, continuando con la pobreza entre las de aquí y la explotación de las de allá.
Ese es sin duda el modelo que pretenden imponer a través del TTIP, y lo harán a través del Consejo de Cooperación Reguladora. Este Consejo será una institución transnacional, que no será electa ni será sometida a ningún tipo de control democrático y que, utilizando su vocabulario, se encargará de la armonización de las diferentes legislaciones para que éstas no se conviertan en ningún tipo de barrera a la hora de realizar comercio o inversiones. Es decir, se encargará de igualar a la baja para que las empresas puedan beneficiarse de las leyes que más les convengan.
De este modo podrían desaparecer, por ejemplo, la figura del Salario Mínimo Interprofesional o la inspección laboral, que en otros países europeos y EEUU no existen. O podría desaparecer la propia negociación colectiva. Cabe recordar que hay hasta setenta convenios de la Organización Internacional del Trabajo que consagran los derechos colectivos de trabajadoras y trabajadores que EEUU no ha ratificado.
El TTIP está pensado a futuro y no sólo por las cláusulas que impedirán que se desvele su contenido concreto hasta treinta años después de su aprobación, sino porque también prevé el blindaje de sus beneficios frente a la aprobación de leyes que pudieran defender otros intereses, los de la mayoría social. Por eso incluye la creación de unos tribunales de arbitraje, los ISDS, que se mantienen dentro del acuerdo a pesar de los intentos de la Comisión Europea por maquillar su existencia tras una encuesta que ellos mismos organizaron y que se saldó con un rechazo del 97% a este mecanismo.
Estos tribunales permiten a una empresa privada demandar a cualquier administración estatal, autonómica o local por aprobar medidas que puedan limitar, en cualquier modo, su capacidad de obtener beneficios. Los ISDS ya funcionan en los acuerdos que EEUU ha firmado con otros países y, por ejemplo, gracias a ellos una empresa estadounidense pudo demandar a Egipto después de que el país aprobara una subida del salario mínimo.
La multinacional vio sus beneficios reducidos al tener que subir el sueldo a sus trabajadoras y trabajadores y se vio legitimada a través del ISDS para litigar. Así es como las grandes empresas se blindarán frente a cualquier gobierno de izquierdas que surja en la UE y trate de legislar a favor del pueblo. Así es como protegen sus intereses frente a los de la mayoría.
Pero parece que los grandes empresarios que están detrás del tratado empiezan a tener miedo de que los pueblos de Europa que hasta ahora hemos estado bajo los dictados de instituciones financieras no democráticas empecemos procesos de cambio. Con el resultado de las elecciones municipales y el triunfo de las candidaturas de unidad popular en numerosas grandes ciudades del Estado como Zaragoza, Madrid, Barcelona o A Coruña, puede que su miedo a perder privilegios empiece a estar justificado.
La movilización en las calles que se ha venido produciendo es la principal fuerza para tumbar el TTIP. Urge que en este momento seamos capaces de aumentar la movilización y las campañas populares contra el Tratado para evitar que se apruebe un acuerdo que hará que retrocedamos décadas en nuestros derechos sociales y laborales y que nuestras condiciones de vida empeoren enormemente.
Pero también es necesario que las fuerzas que defendemos los intereses de la mayoría social y la soberanía de los pueblos seamos capaces de tomar el poder, y eso sólo podremos conseguirlo a través de la unidad. La unidad de las fuerzas que apuestan por revertir el neoliberalismo salvaje de la Unión Europea y conseguir poner los derechos de las personas por encima de los beneficios empresariales es el único camino.
El peligroso poder de las grandes corporaciones
15/09/2015
Carlos Javier Bugallo Salomón
Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.
Como bien ha expresado Susan George en su ponencia, con el TTIP «nuestros gobiernos han decidido primar los intereses de las corporaciones internacionales (TNCs), verdaderos arquitectos de este tratado, por encima del bienestar y de la seguridad de sus propios ciudadanos». Por ello me ha parecido oportuno aportar al Debate un documento que escribí hace tiempo sobre las grandes corporaciones y la “corporate class’, que adjunto como archivo aparte (retocado y actualizado).
Permítaseme que aproveche este espacio para dedicarle el documento al profesor Vicenç Navarro (compañero de Attac), pues es uno de los intelectuales españoles que más ha insistido en prevenirnos del peligro que representa el enorme poder de las grandes corporaciones. Por supuesto, ni él ni la organización Attac son responsables del contenido de mis opiniones.
Bye Bye agricultura campesina.
14/09/2015
Javier Guzmán
Director de VSF Justicia Alimentaria Global
El TTIP, un sueño hecho realidad. El sueño de las grandes corporaciones agroalimentarias. Para el resto de la sociedad es una pesadilla.
Las corporaciones agroalimentarias llevan años pleiteando en la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra diversas normativas europeas que protegen elementos clave de nuestra seguridad alimentaria.
La OMC no ha podido llegar hasta donde ellas deseaban, así que parece que, por fin, ha llegado la hora de solucionar sus problemas y para ello han puesto a trabajar a sus negociadores en forma de representantes gubernamentales entre Estados Unidos y la Unión Europea.
El objetivo es conseguir un acuerdo comercial entre las dos regiones que, a diferencia del resto de este tipo de tratados ya firmados en todo el mundo, no pretende “abrir” fronteras a los alimentos estadounidenses sino “abrir” los órganos reguladores agroalimentarios europeos.
Además, el tratado tiene una vocación más amplia: no solo solucionará sus problemas en el área atlántica sino que quiere marcar la pauta a nivel mundial de lo que entienden que debe ser los fundamentos de la nueva etapa de liberalización económica.
Se trata de un nuevo formato de tratado porque en realidad, si analizamos los derechos arancelarios sobre el comercio agrícola bilateral entre EEUU y la UE, vemos que no han hecho otra cosa que reducirse en las últimas décadas sin necesidad alguna de un gran acuerdo comercial. Así los EE UU han pasado en 6 años de un arancel agrícola medio respecto a los productos europeos de un 9,9% al 6,6%. En la UE se ha pasado de un 19,1% al 12,8%. Para poder entender la magnitud de este dato, digamos que el arancel agrícola promedio en el mundo es del 60%.
Si lo que desean las grandes corporaciones agroalimentarias, a través del TTIP, es que un producto agroalimentario producido, elaborado y comercializado en EEUU pueda ser, inmediata y automáticamente, vendido en la UE y a la inversa, el problema no son esos aranceles. ¿Dónde está entonces? En las llamadas “Medidas no arancelarias”, o NTM según la jerga de la OMC. Es decir, las leyes, regulaciones o políticas de un país que afectan a ese producto agroalimentario y que son distintas a las de otro país.
Si finalmente se acaba llegando a un acuerdo, los efectos en la salud alimentaria y derechos de los consumidores serán inmensos, pero desde el punto de vista de la producción y del mundo rural definitivamente podemos asegurar que serán devastadores.
Si aplicamos el viejo refrán de “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, deberíamos observar la experiencia de México tras 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y así podríamos comprobar la magnitud del problema. Durante estos años de tratado, dos millones de campesinos han abandonado sus cultivos y emigraron a los Estados Unidos. Además México, que era un gran productor de maíz capaz de abastecer a sus población se ha convertido en un país importador de este grano básico para la dieta de millones de sus ciudadanos. El precio del maíz cayó tras la firma en más de un 59%, lo que permitió la entrada de millones de toneladas de maíz de baja calidad a bajo precio expulsando y aniquilando así la producción autóctona de calidad, que era el producido por miles de campesinos y campesinas mexicanos.
En otras palabras, a través del tratado se le había entregado a las grandes corporaciones del agro una patente de corso que no tardaron en hacer servir. Esto destruyó en muy poco tiempo la base de producción campesina del país, y con ella su indudable valor social, medioambiental y cultural. Simplemente con estas nuevas reglas no podían competir.
En realidad nos equivocaríamos si pensáramos que se trata de una batalla entre sistemas alimentarios y empresas de una banda y otra del Atlántico. Se trata en realidad de una batalla entre un modelo se agricultura y alimentación de grandes corporaciones y el modelo de producción campesino en ambos países.
Cuando se analiza la estructura productiva entre EEUU y la UE y, sobre todo, su evolución, se puede ver cómo son dos historias paralelas. La diferencia está en que una parece ser el futuro de la otra. Es decir, Europa no ha apostado por un modelo de defensa de la agricultura campesina y familiar, sino que simplemente ha ido más lento con sus reformas políticas y ahora el TTIP supone una gran oportunidad de ponerse al día.
Está claro que los dos sistemas alimentarios son por ahora distintos, sí, pero la diferencia solo está en el grado en que la alimentación corporativa ha profundizado en la agricultura y ganadería y se ha extendido, no en el paradigma. De hecho, cada vez se parecen más y la administración europea y sus estados no hace otra cosa, desde hace años, que armonizarse con el esquema estadounidense. Las sucesivas reformas de la PAC (Política Agraria Común), los cambios en el paquete higiénico sanitario y una gran cantidad de normativas lo demuestran.
No es por azar que estemos viviendo estos días en varios países la mayor crisis de producción lechera, generada por la decisión de la UE de acabar con uno de los últimos instrumentos regulatorios de mercado, como eran las cuotas de producción que aún protegían a los pequeños ganaderos. La decisión ha sido que solo sobrevivan los grandes, los más integrados y los que puedan competir, aunque eso suponga una crisis económica, territorial y social de lugares extensos como la cornisa cantábrica.
Además, si se leen las demandas del campesinado familiar europeo y estadounidense también se comprueba que son exactamente las mismas, y también su análisis.
En cuanto al tamaño, EEUU tiene tres veces más superficie agraria que la de la UE y tres veces menos explotaciones agrarias. Es decir, que cada explotación agraria es mucho mayor, de media, que la europea. En concreto, en la UE la media de hectáreas por explotación es de 18 mientras en los EEUU esa cifra se eleva a 176. En España más, del 50 por ciento de las granjas tienen menos de 5 hectáreas. LA SAU (superficie agraria útil) española es de 24,8 millones de hectáreas. Si aplicamos la ratio estadounidense, esa misma SAU estaría trabajado por poco más de 130.000 explotaciones. Recordemos que el número actual es de un millón.
Otra manera de observar lo mismo consiste en analizar las categorías estadísticas estadounidenses y europeas en lo que se refiere a tamaño de explotación. Así, vemos que en la UE se considera una gran explotación agraria aquella que tiene más de 50 hectáreas. En los EEUU, las que tiene más de 800.
Por tanto,lo que nos encontramos no es ante un tratado de comercio benéfico para los sectores productivos sino de una dramática conversión del actual sistema de agricultura y ganadería que finiquita la existencia del campesinado.
Está conversión parte de un aumento del actual control oligopólico de las fases clave de la producción, transformación y distribución alimentaria que condiciona toda la cadena, lo que altera los precios que reciben las explotaciones agrarias y los rebaja cada vez más. Con unos costes productivos en crecimiento constante, las explotaciones familiares se encuentran atrapadas en unos márgenes comerciales cada vez menores y ello les empuja inexorablemente a un crecimiento e intensificación que intenta lograr su supervivencia gracias a la economía de escala.
Este proceso se vería con el TTIP incrementado y acelerado, porque obviamente la situación creada es como pescar en un mar cerrado con cada vez menos peces y con embarcaciones cada vez mayores. No hay pescados para todas ellas y solamente algunas de ellas, cada vez mayores, sobrevivirán, el resto desaparece. Las que sobrevivan, cuando se miren en el espejo, se darán cuenta de que han mutado de explotación familiar a factoría y que su dependencia del agronegocio no solamente no ha disminuido sino que se ha hecho más fuerte, incrustándose en él de manera prácticamente orgánica.
Por tanto la ley será crece o muere. Intensifica o muere. Intégrate con nosotros o muere.
Ahora imagínense por un instante nuestro país sin pequeños ni medianos agricultores y ganaderos. Imagínense toda nuestra alimentación en manos de cuatro multinacionales.
El coste de evitar esta pesadilla será mucho menor que salir de ella.
Huida hacia el abismo
11/09/2015
Jordi Sebastià
Eurodiputado de Compromís-Primavera Europea
El pasado mes de julio, el Parlamento Europeo votó un primer informe sobre el acuerdo de libre comercio entre la UE y los EEUU, el conocido como TTIP. Se trataba de dar una cobertura democrática a unas conversaciones que de hecho ya se estaban produciendo con gran secretismo desde hacía meses.
El informe fue aprobado con el voto en contra del grupo al que pertenezco, los Verdes-ALE. Muchos de nosotros alzamos carteles y mostramos nuestras camisetas reivindicativas. Era una protesta simbólica, como muchas de las que se realizan en aquel parlamento con la esperanza de que la ciudadanía haga un poco más de caso a lo que allí se trata.
Y de repente mi vecina de escaño, una simpática socialista italiana, estalló de rabia y en la interlengua latina en qué nos comunicamos –una mezcolanza de francés-italiano-español-catalán-, me acusó de ir contra el futuro de Europa, contra el bienestar de su población, contra los agricultores que quieren exportar su producción más allá del Atlántico, contra el progreso inevitable… Su reacción me pilló por sorpresa puesto que hasta el momento habíamos llevado bien eso de ser “diputados de frontera”.
Pero la actitud hacia el TTIP es algo que difícilmente puede ser tratado como una disputa política más. Enfrentar a un partidario y a un detractor es como juntar a un integrista religioso con un escéptico volteriano. Unos, los detractores, esgrimimos argumentos, mientras que los otros, los partidarios, se aferran a una fe, como todas las fes, ciega e incontestable.
Las condiciones idóneas de diálogo, aquellas que tanto se empeñó en definir Habermas, son prácticamente imposibles de conseguir. No se puede discutir sobre la fe, se la acata y punto. Y el TTIP se ha convertido en el dogma supremo para la gran coalición de populares, socialistas y liberales que manda, más que gobierna, en Europa.
Para la Comisión Europea que preside el luxemburgués Jean Claude Juncker, la aprobación del TTIP es una prioridad absoluta. Más que eso; si miramos con calma lo que la Comisión ha hecho hasta ahora –ir marcha atrás y retirar directivas sociales y ambientales que ya estaban a punto de aprobarse, y anunciar un falso “nuevo” plan de inversiones con dinero que ya estaba presupuestado en proyectos que ya se conocían- descubriremos que el TTIP es su única apuesta: todo a una carta.
¿A qué carta? A la carta de la desregulación. Hay que eliminar reglas, barreras, obstáculos para que el comercio y el capital fluyan sin descanso. Menos preocupaciones sobre las condiciones de trabajo o las “externalidades negativas” de los procesos de producción, aquí lo que hace falta es echar más leña al fuego del comercio y las transacciones financieras. Como propugna ese otro dogma neoliberal que pocos se atreven a poner en duda, en cuanto el dinero corra sin trabas de aquí para allá, el Mercado, ese dios sin altar, se encargara de lo demás y “reajustará” los posibles desequilibrios sociales: la crisis se acabará y todos –unos más que otros pero eso es inevitable- contentos.
Ante la terrible crisis que atenaza Europa y que ha sumido en la pobreza a un porcentaje enorme de sus habitantes del sur (también en el este, también en Irlanda y también en el norte aunque menos), la Gran Coalición reacciona aplicando dosis masivas de la misma droga que nos ha llevado hasta aquí.
Las delirantes maniobras especulativas de los bancos del norte –nutridos con unos fondos de pensiones que hay que asegurar aunque nadie sabe bien cómo– se han salvado de momento con el sufrimiento de los pueblos de sur, obligados por sus dirigentes corruptos a asumir una terrible deuda que no contrajeron, que era privada, y ahora será suya –será nuestra- hasta la muerte.
Pero incluso los neoliberales más recalcitrantes saben que la próxima crisis especulativa ya no habrá quien la pague y ante eso algo hay que hacer.
Pero pedir a un integrista que renuncie a su fe es un esfuerzo inútil. La Gran Coalición no puede ni siquiera pensar en un modo diferente de encarar el futuro europeo. Ideas como luchar contra el fraude y los paraísos fiscales, armonizar fiscalmente la UE, asegurar ante todo la justicia social, buscar la sostenibilidad ambiental… resultan absolutamente inconcebibles.
Y puesto que no hay otra alternativa que continuar por la misma senda, nada mejor que dar otra vuelta de tuerca con el amigo americano, que entendió antes que nosotros que con leyes laborales y medioambientales abusivas no se va a ningún lado. A desregular, que luego todo se andará.
Por eso, los argumentos contra los tribunales privados de arbitraje previstos en el TTIP, que suponen una justicia alternativa y sin control público al servicio de las grandes empresas, las advertencias sobre la invasión de alimentos tratados con productos prohibidos en Europa, el miedo a que las grandes empresas americanas impongan aquí sus lamentables condiciones laborales, el riesgo de perder la protección de las denominaciones de origen o el temor a que el fracking llene nuestras montañas de agujeros y nuestras aguas de gas, son intentos vanos de convencer a quien no puede ser convencido. ¿Y de los socialistas europeos? ¿Podemos esperar algo? Ya se sabe que la fe del converso es aún más temible.
Continuamos pues, por el mismo camino que nos ha traído hasta aquí; el TTIP no es más que un paso agigantado por esa senda que ha llevado a Europa a unos niveles de pobreza y miseria que muchos no conocíamos más que por los relatos de nuestros ancianos, y que ahora sufrimos en directo sin que esos dirigentes emborrachados de neoliberalismo ni siquiera lo vean. En su ciega embriaguez sólo pueden apretar el acelerador.
El mito del libre comercio
10/09/2015
Carlos Javier Bugallo Salomón
Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.
Me alegra infinito que Público.es nos proponga un nuevo Debate sobre la cuestión del TTIP. Creo que este es uno de esos temas que, por su enorme calado y su impacto social, hacen que un medio de comunicación se juege su credibilidad y su prestigio.
Hace unos años hubiera sido muy natural que este debate hubiera surgido en un medio como el periódico El País, pero desde que su línea editorial fue tomada por asalto por los acreedores del grupo PRISA, es decir por la banca privada, el pluralismo y la imparcialidad han sido defenestrados de forma inmisericorde y ya no aparecen en este medio. Aún se puede apreciar en sus hojas destellos de periodismo de calidad, pues tiene en nómina a buenos profesionales, pero el conjunto carece de credibilidad; y sin credibilidad ni se persuade ni se influye. También es verdad que la ruina moral y económica de la prensa escrita es global -se extiende como una mancha de aceite por todo el mundo-, pues a la vez es global la renuncia de una buena parte de los periodistas a ejercer de Cuarto Poder y su sometimiento a la partitocracia y a las oligarquías existentes, lo cual contradice su propio código deontológico. Esto lo ha explicado muy bien el erudito Robert McChesney, para quien no es sólo a Internet a quién hay que echar la culpa de que la opinión pública le dé la espalda a la prensa escrita, a la televisión y a la radio. Como expresó Bertold Brecht en el siglo XX: «Un hombre que tenga algo que contar y no encuentre a nadie dispuesto a escucharlo, mal lo tiene. Pero peor lo tienen los que están dispuestos a escuchar y no encuentran a nadie que tenga algo que decirles». Por lo tanto, muchas gracias a Público.es.
Concluyo mi excurso sugiriendo a los lectores que lean un pequeño documento que he escrito para la ocasión, y donde aporto algunas ideas que proporcionan un marco necesario para la comprensión del TTIP.
Nos quieren esclavos baratos y sin voz
08/09/2015
Lola Sánchez
Europarlamentaria de Podemos
Difícilmente encuentro similitudes entre esa Europa que nos vendieron a los españoles en el año 1986 y la que hoy observo y padezco, desde fuera y de forma pasiva como ciudadana, pero también desde dentro, como miembro del Parlamento Europeo desde hace poco más de un año.
En el año 86 yo estaba en el colegio, pero recuerdo muy bien la campaña mediática y escolar sobre nuestra incorporación a la Unión Europea. Entrar en el club de los grandes, con Francia, Reino Unido, Alemania u Holanda supuso, ante todo, un aumento considerable en la autoestima nacional, trajo el cambio de unas lentes viejas por unas nuevas, que nos hicieron ver que podíamos llegar a ser como ellos, y que debíamos demostrar que éramos capaces de ponernos las pilas y empezar a construir un país más moderno, o como aún decimos, ‘más europeo’.
Ese fue el mensaje en mi escuela. Se nos abría un futuro esplendoroso y lleno de oportunidades, y teníamos que estar a la altura. A fin de cuentas, lo que Europa nos prometía era el desarrollo de una verdadera democracia, abierta, transparente y empapada de unos derechos y libertades de los que aún no había podido disfrutar este pueblo.
Europa nos traería riqueza, nuevos y modernos empleos, más cultura y educación, mejores comunicaciones, evitaría guerras y acabaría con las fronteras. Era aquella una Unión Europea que se proclamaba bandera de los Derechos Humanos y la Democracia.
Los fondos estructurales trajeron unas mejoras importantes en nuestro día a día, como nuevas vías de comunicación o instalaciones de todo tipo: educativas, deportivas, culturales, sanitarias… Una inyección de dinero que nos sacó de los años 50 en lo que respecta a infraestructuras. Pero el ideario más repetido y publicitado por gobiernos, instituciones, prensa y creadores de opinión era – siempre ha sido – que la UE es, sobre todo, democracia, derechos humanos, respeto y defensa de la dignidad humana, protección de los derechos de los trabajadores, del medio ambiente, de los consumidores y usuarios, de todas las personas sin excepción.
Hace poco más de un año que vivo desde dentro – sumergida, y a veces enterrada – la política europea desde un Parlamento que dista mucho de lo que dice ser. Debería ser la cámara de representación de la voluntad popular europea. Debería ser un espejo, un crisol, de la sociedad europea, pero no lo es. Ser eurodiputada no implica tener que dar muchas explicaciones sobre tu trabajo. La rendición de cuentas, las explicaciones a los votantes y la transparencia, no son actividades inherentes al cargo.
A nuestro sistema democrático le faltan procedimientos que habría que implementar para que pudiéramos hablar de un sistema verdaderamente democrático. Mientras tanto, podemos seguir eligiendo al pastor que cuida las ovejas para después dejarlo completamente sólo rodeado de lobos. Cuando volvamos en 4 años, puede que ese pastor se haya hecho amigo de los lobos. Y eso es lo que ha sucedido con nuestras democracias, hemos delegado el poder durante demasiado tiempo a unas élites, sin demasiada vigilancia.
Los ciudadanos hemos dejado un espacio vacío entre nosotros, los que ostentamos la soberanía, y aquellos a los que hemos llamado representantes, pero que se olvidan de representar con mucha facilidad. Enseguida dejan de parecerse a quienes les pusieron en el escaño, dejan de tener los mismos intereses. El elector se queda sin voz. La democracia muere. Y ese espacio vacío, ese hueco, lo han llenado los lobos.
En el Parlamento Europeo estos lobos son los lobbies, con empleados que poseen acreditaciones – son 4000 sólo en el Parlamento, y entran y salen como de su propia casa. Organizan eventos de todo tipo para los eurodiputados, a los que invitan y agasajan. Estos eventos, disfrazados, por ejemplo, de presentaciones de estudios falsamente imparciales, buscan influir en los policy-makers, inclinar la balanza hacia sus propios intereses, hacer trabajar a los políticos en su beneficio. Los presupuestos con los que cuentan los grupos de lobbies son millonarios, y por lo visto la rentabilidad es muy alta.
Después de Washington DC, Bruselas es el lugar del mundo con mayor concentración de lobistas, y organizaciones como Corporate Europe calculan que hay entre 15 y 30 mil empleados dedicados a presionar a las instituciones europeas –sobre todo a la Comisión Europea – y trabajan para 1500 grupos industriales. Sus oficinas rodean los edificios del Parlamento y de la Comisión como una muralla, de forma visible y efectiva. Las voces que hablan a los oídos de los políticos y altos funcionarios de la UE son las de ellos, y no las de los ciudadanos.
Y son ellos quienes tienen los medios para comprar voluntades. Uno de estos medios es el fenómeno de las puertas giratorias. Políticos que pasan de ser cargo público a ser consejero de administración de alguna gran empresa. En España, la lista de políticos que han usado la puerta giratoria es casi infinita. Algunos regresan al espacio público por un tiempo, y así sucesivamente…
Hacer lobby es muy rentable. Esa mezcla de capacidad económica, facilidad de acceso a los que toman decisiones, y la falta absoluta de escrutinio por parte de la ciudadanía, convierten a las instituciones europeas en el paraíso del lobbying. Pocos son los despachos donde no llegan sus tentáculos.
A todo esto hay que incluir que la mayoría de las instituciones supranacionales que padecemos, como la Comisión Europea, el BCE, el FMI o el Banco Mundial, son cualquier cosa menos democráticas. Desde luego a quien no representan es al ciudadano común, a la mayoría. Nadie les vota y nadie les veta. Pertenecen a las élites políticas y empresariales, se representan a sí mismos e imponen su ideología a la fuerza, maquillada de no-ideología. Intentan establecer un modelo en el que nunca puedan perder. Y el mayor de los logros de estos lobos en Europa es el Tratado Transatlántico con EEUU. Un tratado que constituye el sueño de las multinacionales, de los fondos de inversión, de los especuladores y los buitres de las bolsas y los mercados. El sueño de ultraliberales como Reagan, que llegó a decir que el origen de nuestros problemas eran los gobiernos, que es lo mismo que decir que el problema es que la gente vota y decide.
El sueño de los grandes poderes económicos ha sido siempre convertirse en legisladores, poder saltarse los canales y procedimientos democráticos, y no tener que ‘soportar’ ni respetar más la voluntad popular y los mandatos que emanan de unas elecciones. Las políticas sociales, las normas y leyes que protegen al trabajador, al consumidor, al medio ambiente son, en sus propias palabras y mostrando no tener ningún tipo de escrúpulos, ‘obstáculos al comercio’, barreras a eliminar. Nos quieren callados, nos quieren desposeídos de cualquier capacidad de decisión sobre nuestras sociedades, que son nuestras vidas. Nos quieren esclavos: baratos y sin voz.
Si tuviera que resumir el TTIP en una frase, diría que es la Constitución de los grandes poderes económicos. Es el mayor golpe de Estado que podemos sufrir los pueblos del occidente desarrollado, pues nunca se han modificado tanto las estructuras democráticas en tantos países a la vez, así, de un plumazo y sin preguntar.
Casi 70 años después de la aprobación por la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, asistimos a un cambio de rumbo de 180 grados, a la primacía de los beneficios económicos por encima de la dignidad y el bienestar del ser humano. La perversión en la escala de valores es brutal, pero sus estrategias parásitas, a través de la publicidad y el comercio, de los medios de comunicación y de los idearios políticos vociferados por sus mayordomos, hacen que nos parezcan normales situaciones que no lo son, ideas que deberían parecernos aberrantes a todos y todas.
La comunicación es fundamental. Romper la barrera del silencio, pedir explicaciones a nuestros representantes. Exigir que se posicionen claramente es una obligación, que presenten sin ambigüedades sus prioridades, que nos digan para quién trabajan. Para mí no hay mayor tomadura de pelo que hacer uso del ‘mareado de perdiz’ por parte de un político. No debemos permitirlo.
Nosotros decimos claramente que estamos a favor del comercio. De un tipo de comercio que no mine los derechos y libertades de nadie, sino que sirva como alfombra para extender más bienestar e igualdad. El comercio debe adaptarse a toda la malla normativa que protege la vida, la de las personas y la de la Tierra.
Los Derechos Humanos y todas sus expresiones legales son la línea roja que nada debe sobrepasar bajo ningún concepto. Esa es nuestra escala de valores. Y no tiene precio. El TTIP, junto con otros tratados comerciales que están siendo negociados con similar oscurantismo, como el CETA con Canadá, el TISA con más de 50 países, o el gigante TPP, negociado entre Estados Unidos y más de 20 países del Pacífico, constituyen las armas legales que los poderosos están desarrollando para subyugar las democracias a sus intereses.
Todos los ciudadanos sin excepción nos veremos afectados por ellos, en numerosos aspectos de nuestra vida diaria. Que muchos de nuestros representantes y partidos políticos nos hagan creer lo contrario, y apoyen la conclusión de estos tratados, constituye un acto de traición, pues lo que emana de ellos es una cesión de soberanía, para lo cual no tienen mandato. Y es éste uno de los éxitos de los lobos: tergiversar lealtades.
Pero nosotros somos más, y seguiremos desenmascarando la realidad y defendiendo con uñas y dientes nuestras democracias, nuestros derechos y nuestra soberanía.
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