Pensar el futuro de nuestros pueblos, campos y territorios rurales es un ejercicio de responsabilidad intelectual y política también para los que habitan las ciudades. Tanto los ciudadanos urbanos como vecinos rurales estamos obligados a pensarlo en forma de proyecto común, a diseñar un futuro de una comunidad pluri-nacional que tiene que cuidar el conjunto de un territorio compartido. Y pocos son tan hermosos como el albergado en nuestra peculiar península ibérica que, cerrando el mediterráneo al océano atlántico conforma un rincón del mundo con singularísimas características orográficas y climáticas, donde se han desarrollado culturas campesinas con saberes ancestrales labradores de paisajes en centenares de comarcas bioregionales que hoy constituyen la mayor reserva de biodiversidad de Europa occidental, además de darnos aire, agua y alimentos todos los días.

En nuestro debate online de Espacio Público han participado quince personas, unos expertos y profesionales en políticas agrarias y rurales; otros estudiantes, profesores de universidad y miembros de asociaciones u organizaciones sociales; otros que han ocupado u ocupan cargos técnicos o políticos como diputados, alcaldes o concejales. Algunos de ellos vecinos rurales que desarrollan la mayor parte de su trabajo y su vida cotidiana en pequeños pueblos, lo que añade la parte experiencial a un conocimiento siempre sentido como “con causa”, porque vivir en algunas zonas rurales exige una voluntad firme y resistente, todavía hoy casi militante.

Como intento de síntesis de un debate informado, con datos muy significativos y valoraciones a contracorriente de tendencias muchas veces sentidas como inexorables de una modernización que parece querer condenar a una muerte lenta a nuestro mundo rural, recogemos de las argumentaciones desarrolladas por los autores tres grandes perspectivas desde la que de alguna manera se viene a reclamar la politización más ambiciosa e intensa de un debate que se considera sectorial, pero de vital importancia estratégica para el conjunto de nuestro modelo de desarrollo.

– La despoblación como reto territorial. La mayoría de los análisis apuntan este reto fundamental señalando que cuando se llega a la situación de desierto demográfico, es casi imposible revertir la situación. Todo intento de repoblamiento debe exigir grandes esfuerzos de reforma para aprovechar al máximo los múltiples recursos contemplados en las agendas de las distintas administraciones. Desde una cuestión tan central como el mejoramiento y adecuación de la Política Agraria Común (PAC), que reparte anualmente miles de millones (más de 5500 en ayudas directas), que premian a los poderes concentradores de tierra, tecnología y actividad en explotaciones altamente mecanizadas con bajo nivel de empleo. Hoy por hoy, lo que puede considerarse el mayor esfuerzo de inversión pública en la economía no consigue el relevo generacional en la tradicional actividad agroganadera de corte familiar, ni frenar la pérdida de explotaciones y de tierra agrícola, ni mejorar la respuesta de la cadena alimentaria a los retos del cambio climático. También son varios los que señalan la Ley 45/07 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural como una herramienta, abandonada sin llegar a ponerse en marcha, pero fundamental para pensar en la mejora desde una perspectiva territorial que integre servicios, prestaciones e inversiones en la llamada comarcalización, como forma de impulsar una estrategia sinérgica de recursos y capacidades que tienen que ganar coordinación tanto vertical como horizontal entre las administraciones estatal, autonómica y local.

– El caciquismo y la reformulación participativa del poder local. Otro aspecto señalado por varios autores implica una revisión histórica del poder político rural, un espacio clave desde donde el conservadurismo ha mantenido su hegemonía histórica con las redes del caciquismo clientelar frente las protestas que cruzaron en rural español en los siglos XIX y XX, con las revueltas cantonalistas, el republicanismo y los sindicatos. Las perspectivas federalistas de los de abajo fueron enterradas por el centralismo oligárquico de la primera restauración borbónica y la larga dictadura franquista, con la unión de élites religiosas, económicas militares y políticas en una identidad tradicionalista de corte nacional católico donde el imaginario rural ultraconservador sigue representado hasta hoy por diputaciones y autoridades locales para lastrar la vida cívico y cultural en amplios territorios considerados reservorios electorales.

Frente a esta realidad, muchos análisis reivindican la potencialidad participativa de la proximidad y la convivencia cotidiana de los vecinos en el mundo rural, la coincidencia de intereses muchas veces generalizada en el mantenimiento de prestaciones y servicios tan básicos como una escuela, centro de salud, una farmacia o un itinerario de autobuses; en la demanda de cobertura telefónica, internet o de una fiscalidad singular para los autónomos en zonas de repoblación. Estas dinámicas de participación, muchas veces impulsada en dinámicas institucionalizadas como las de los programas Leader, sin caer ni en la idealización ni en la exigencia inviable, sin duda es un valioso recurso para transformar y mejorar las políticas locales. Como han demostrado muchas plataformas y redes que han trabajado en el mundo rural, con un importante impacto en la calidad de vida y la conciencia democrática de la gente que vive en estos territorios, la participación sigue siendo una importante herramienta tanto en la convivencia cotidiana, como en el objetivo de potenciar otros modelos de desarrollo. Aquí cabe buscar y seguir trabajando viejas y nuevas potencialidades de la participación, a combinarse con nuevas tecnologías y nuevos políticas públicas de rentas y cuidados.

– Revitalizar lo rural: punto de partida en la ruta ecosocial. Otro aspecto relevante es la importancia dada al mundo rural como factor de sostenibilidad, para pensar en perspectiva ecosocial el conjunto del territorio, construyendo conciencia de lugar en plural, a partir de las relaciones condenados a mantener entre ecosistemas rurales y urbanos. Al abandono político y postergación normativa y presupuestaria tanto del mundo rural como de la agenda de sostenibilidad en las políticas estatales, en preciso sumar el efecto político de la despoblación que produce el perder gente y tener un vacío de ciudadanía vigilante en amplios territorios. Las decenas plataformas en defensa del territorio que se movilizan contra el impacto socio ambiental de grandes infraestructuras, de técnicas como el fracking o utilizada en otras minerías altamente contaminantes, macrogranjas y la pérdida de las mejores tierras de cultivo en periurbanos mal planificados, son quejas puntuales de los usos abusivos que hacen los poderes empresariales y corporativos sobre crecientes territorios y recursos naturales que se hallan en zonas alejadas de las ciudades y no consiguen llamar la atención de la opinión pública estatal.

Las aportaciones de los autores sobre la España vacía en buena medida evidencia cómo ha sido y sigue siendo vaciada, por una coalición de intereses económicos y políticos indolentes que utilizan los recursos de manera irresponsable, tanto desde los latifundios agrarios como de los latifundios mediáticos. Muchos de los textos repasan las diversas iniciativas adoptadas para el futuro del mundo rural desde las distintas administraciones y entidades (Conferencia de presidentes europeos, Senado, Parlamento Europeo, FEMP), constatando sus históricas limitaciones tanto en sus diagnósticos como en sus propuestas, y sobre todo en el incumplimiento sistemático de la normativa existente. Las tendencias económicas ponen en evidencia que se sigue concentrando las tierras, el mercado agroalimentario y el energético a base de puertas giratorias, sin aprovechar como han hecho otros países, los millonarios programas europeos como la PAC u otros de conservación-transición ambiental, para mejorar las rentas y fijar población en el mundo rural apostando por el empleo verde.

En última instancia, se reivindican otras filosofías y coaliciones para plantear una neoruralización territorialmente ordenada y ambientalmente beneficiosa, para una repoblación con capacidad de arraigo a partir de un nuevo esquema de relocalización en base a la comarca en las políticas públicas. En algunas zonas de montaña se debate la necesidad de abandonar ciertos núcleos de población para generar reagrupamientos de población para facilitar la prestación de servicios, la participación vecinal y viviendas y edificios para nuevos usos. Un mirada para un modelo económico más sostenible obliga a ser crítico con la mera empresarialización impuesta en las últimas décadas, y reformular la actividad económica en una perspectiva de sostenibilidad social del territorio, potenciando la innovación y renovación de la agendas de políticas y no perder de vista la urgencia de transformar la administración pública, reduciendo burocracia y tiempos de decisión y reforzando accesos y participación ciudadanos y circuitos de proximidad. Un proyecto estratégico que necesita nuevas propuestas de formación y de adaptación tecnológica de profesiones, unas tradicionales a recuperar y otras nuevas a adaptar y potenciar, que las coordenadas de cambio climático exigen mejoras en la gestión de bosques, el estudio y protección el patrimonio cultural e histórico y de la biodiversidad de la zonas rurales, el acceso al suelo agrario con bancos de tierras para potenciar la producción agroecológica, una gestión correcta de aguas urbanas, montes y pastoreo. Bajo nuevas condiciones se puede llegar a doblar la población activa agrícola en las próximas décadas (estabilizándola en torno a un 5-6%PEA), combinarse con la potenciación del empleo verde vinculado a la gestión territorial y medioambiental, con los nuevos tipos de trabajos hoy ya demandados en las zonas rurales, como los propios de cuidados hoy claramente insuficientes y otros potenciales con mejores coberturas telefónicas (ofimáticos, telegestión, diseño, audiovisual, cultura, etc.).

Algunos participantes del debate online estuvieron en el debate televisivo en Publico TV moderado por Gustavo Duch (coordinador de la Revista Soberanía Alimentaria, Culturas y Biodiversidad), junto a Celsa Peiteado (Coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural de WWF-España). Marta de Santos (diputada aragonesa y alcaldesa de Murillo de Gállego) y Franco Llobera (asesor en política rurales y agrología Red Terrae). Para abordar la actualidad de nuestros pueblos también fueron entrevistados “En la frontera” por Juan Carlos Monedero, Marta Chordá (arqueóloga y especialista en Desarrollo Rural) y Fernando Fernández Such (experto en derecho alimentario y políticas agrarias). Creemos que estas iniciativas de comunicación sobre un mundo rural vivo, justo y sostenible son parte importante de un debate de politización de un proyecto que es necesario debatir tanto en las ciudades como en los pueblos.

Nuestro hábitat rural continúa sufriendo un proceso de despoblación que es estructural y parece irreversible, precipitando a la sociedad rural a una grave crisis de supervivencia en España. En la última Revisión del Padrón Municipal de Habitantes de 1 de enero de 2017, el conjunto de los municipios de hasta 5.000 residentes sufrió un decremento de -0,8% con respecto a la población empadronada en el año anterior en ese mismo agregado municipal: en términos absolutos, sus residentes menguaron en 48.557 efectivos, desde 5.794.057 a 5.745.500.

Si consideramos la evolución de la población entre 1 de enero de 2001 y 2017, observamos que la población residente en el Estado español se incrementó un 13,3%, mientras la empadronada en los municipios de hasta 5.000 habitantes disminuyó un -6,9% durante el mismo período. Por el contrario, los municipios que superaron los 5.000 habitantes crecieron un 16,8% en el número de vecinos registrados, aumentando en cada uno de los seis estratos en los que el INE desagrega los municipios que superan dicho umbral, tal como podemos observar en el Gráfico 1. En todo caso, entre los municipios que por su tamaño suponemos rurales (hasta 5.000 residentes) se manifiesta una única excepción con respecto a la pauta regresiva dominante: la población sí aumentó entre los de menos de 101 habitantes (+31,7%), aunque más bien se debe a que creció el número de municipios que se abocaron a ese pequeño tamaño debido al intenso proceso de despoblación en curso.

En un escenario estatal de significativo crecimiento demográfico, la despoblación de los municipios de hasta 5.000 habitantes ha implicado que éstos perdieran representación relativa entre el total de la población española, menguando en casi tres puntos porcentuales: del 15% en 2001 al 12,3% en 2017. Sin embargo, sabemos que no es un proceso sociodemográfico que se circunscriba al tiempo transcurrido del presente siglo, ya que la despoblación de nuestro hábitat rural es una consecuencia de factores macro-estructurales que actúan primordialmente desde que las políticas de la Dictadura franquista, especialmente las del llamado Según franquismo (1959-1975), provocaron un «éxodo rural» sin precedentes hacia las ciudades y áreas metropolitanas, principalmente las situadas en el trapecio geográfico formado por las provincias de Madrid, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Valencia y Alicante.

En concreto, entre 1950 y 1981, los municipios de hasta 5.000 habitantes menguaron un -30% en sus residentes, mientras los que superaron ese tamaño aumentaron un 66,6%. Estas tendencias demográficas opuestas han continuado entre 1981 y 2017, ya que la población de los municipios de hasta 5.000 habitantes retrocedió -12,8%, a diferencia de la residente en los municipios de más de 5.000 habitantes que creció un 31%. En principio, los Gobiernos autonómicos y estatal del actual régimen democrático de Monarquía parlamentaria parecían que eran conscientes y más sensibles a las carencias, abandono y marginación a las que fue sometido el hábitat rural durante la Dictadura franquista. Pero las políticas aplicadas desde las Administraciones autonómicas y central, con el apoyo financiero de la PAC y los fondos estructurales, las iniciativas y los programas de la CEE (1986) y Unión Europea (1992), para corregir la desigualdad e injusta relación entre el campo y la ciudad, han sido claramente insuficientes para resolver la crisis sociodemográfica que sufre el mundo rural. No han logrado mantener la población y mucho menos rejuvenecerla, por lo contrario continuaron las corrientes de envejecimiento y despoblación.

En la actualidad, ¿cuántos municipios tienen hasta 5.000 habitantes?: al comenzar el año 2017, de los 8.124 municipios españoles existentes, 6.826 no superaron ese umbral de poblamiento que, en términos relativos, constituyen el 84% del total. Casi dos tercios de los municipios del Estado español -concretamente 4.983, que representan el 61,3% del total- no logran superar los 1.000 habitantes. Prácticamente la mitad de nuestro universo municipal – exactamente 3.975 municipios, que simbolizan el 48,9% del total- no consiguen rebasar los 500 residentes. Por lo demás, entre 2001 y 2017, se produjo un notorio desplazamiento de municipios hacia el estrato de menor poblamiento: el número de términos municipales con menos de 101 vecinos aumentó en 387 unidades (de 934 a 1.321), un incremento del 41,4% durante el tiempo transcurrido del siglo XXI, en el que únicamente se crearon 17 nuevos municipios en el Estado español (+0,2%).

Indaguemos sobre el grado de despoblación del territorio rural mediante el indicador de la densidad de población: a 1 de enero de 2017, conocemos que los municipios de hasta 100 habitantes tienen una densidad media de 2,3 habitantes por km2 y los de 101 a 500 habitantes de 6,1 residentes por km2. Observamos en el Gráfico 2 que, ambos estratos municipales, tienen densidades medias inferiores a 10 habitantes por km2, el nivel de poblamiento de un territorio que en geografía y sociología de la población consideramos propio de un «desierto demográfico».

Además, el siguiente estrato municipal de 501 a 1.000 habitantes concretiza una densidad media de 11,8 residentes por km2, muy cercana a esa frontera que da paso al «desierto humano», donde seguramente se situará este estrato municipal en una próxima revisión anual del Padrón Municipal.

Resaltar que, a 1 de enero de 2017, en 3.493 municipios el valor de este indicador no logró superar los 10 habitantes por km2: con respecto al total de municipios españoles (8.124) representan el 43% de todos ellos y, en cuanto a la superficie de España, significan nada menos que el 42,8% del territorio estatal, sumando una población de 1.004.744 habitantes (2,2% del total español), con una densidad media de 4,7 residentes por km2. Un extenso «desierto demográfico» que se concentra en el interior peninsular: casi la mitad de los municipios con menos de 10 habitantes por km2 pertenecen a Castilla y León (1.563 términos que significan el 44,7% del total estatal), despuntando en segundo lugar, si bien a cierta distancia, los de Castilla-La Mancha (578 que representan el 16,5%) y Aragón (521 que simbolizan el 14,9%). Las tres Comunidades Autónomas suman el 76,2% de los municipios españoles que se distinguen por un nivel de poblamiento propio del «desierto humano».

En definitiva, unos datos estadísticos que nos informan del imparable proceso de despoblación y desertización de los municipios rurales que no son periurbanos, se encuentran distantes de las ciudades y áreas metropolitanas o que no están insertos en las redes económicas de la globalización capitalista. Un proceso estructural que está exacerbando el problema de la atomización municipal española, pues empeora las debilidades, carencias, costes e ineficacias que caracterizan un modelo de Administración local de «gestión minifundista» del extenso y abandonado territorio rural. A su vez, nos advierten del fracaso de las políticas económicas, agrarias y de desarrollo rural que se han implementado hasta la fecha en cuanto a su objetivo estratégico de fijar y rejuvenecer la población rural. A la luz de los datos anteriores, más bien parece que han provocado el efecto contrario.

No queremos que nuestros pueblos y aldeas se vean abocados, como si fuera su destino inexorable, a la distopía de la desertización demográfica y el abandono final, como si todos ellos repitiesen maquinalmente la historia de Ainielle, recreada por Julio Llamazares en su extraordinaria novela La lluvia amarilla (1988). Pensamos que es urgente diseñar e implementar unas políticas alternativas que -promovidas desde abajo hacia arriba por la sociedad rural, mediante el empoderamiento de las y los ruralitas y sus asociaciones- posibiliten una reordenación y requilibrio entre hábitats en el Estado español. Unas políticas alternativas que pretendan superar el modelo neocolonialista que domina en las relaciones entre el campo y la ciudad, que tanto perjudican al primer tipo de hábitat. Que frente al productivismo, las híper competitividad, especialización y flexibilidad que imponen los actores capitalistas dominantes en los mercados mundiales se prime la calidad y la sostenibilidad ambiental, el buen vivir de los pobladores y demás seres vivos, así como la biodiversidad en el hábitat rural.

Unas políticas alternativas que impulsen la desconcentración y accesibilidad democrática de la población rural a las diferentes formas de capital, la descentralización, pluralidad y participación social, las relaciones directas y cooperativas entre asociaciones de productores y consumidores. Que apoyen realmente el retorno de las y los emigrantes y, a su vez, la inmigración de «neorrurales» de las cohortes económicamente activas. Es decir, de urbanitas que sufren un malestar psicosocial por verse obligados a mal vivir en unas urbes más artificiosas y contaminantes, donde la pobreza y la precariedad, la segregación y la deshumanización proliferan. Un movimiento neorrural que podrá focalizar sus deseos y necesidades personales y grupales, buscar y construir en el hábitat rural, con mayor libertad e igualdad, unos estilos de vida más satisfactorios y saludables, a la vez que realizará importantes aportaciones demográficas, económicas y socioculturales a un mundo rural que quiere y lucha por sobrevivir.

El titular de este artículo, es la sucinta frase que utilizó un excelente amigo, para manifestarme que se había quedado con la esencia del mensaje que he querido transmitir en este librito -llamémosle así- que acabo de publicar, donde hago una propuesta de programa municipal motivada de 25 puntos, de cara a las elecciones municipales que fue entregada al CCE de Podemos en su reunión del 10-03-2018.

La verdad, me siento satisfecho de esas páginas. ¿Las causas?: Que tengo bastante experiencia de cómo es el municipalismo por dentro; que le he echado muchas horas a reflexionar sobre la motivación de mis propuestas. Y que no me siento influido por las anacrónicas y manipuladoras formas de entender el municipalismo por parte del bipartidismo.

Creo que estos tres requisitos son básicos para intentar construir un discurso objetivo que demuestre, que la transición de la dictadura a la democracia todavía no se ha hecho en el municipalismo y que lo que llamamos ayuntamientos, salvo en grandes urbes, no son otra cosa que meras sucursales, pedanías o franquicias dependientes por completo de los dirigentes políticos que gobiernan las estancias superiores (Estado, CCAA y Diputaciones).

Los ayuntamientos bajo el franquismo.

Sabido es, que en el franquismo no existía el sufragio universal y que las corporaciones municipales se formaban con las llamadas ternas: cabezas de familia, sindicato vertical y gobernador civil, con concejales y alcaldes que fueran de perfil franquista y caciquil con los abajo, los vecinos, y sumisos con los de arriba, donde la validez o no de las candidaturas las determinaba el Gobernador Civil.

Algunos alcaldes, los más allegados a los popes del gobierno civil y de las diputaciones tenían, además, el privilegio de recibir ayudas graciables para su municipio. No con fines electorales (no había elecciones) si no por vanidad personal de los de arriba para que les montaran una inauguración con mucho boato, una placa y una calle o plaza con su nombre.

¿Y qué ha cambiado con la democracia?

Pues en general, que al restablecerse el sufragio universal, los candidatos tienen que pasar por las urnas, aunque sea con formas tan escasamente democráticas, como las listas cerradas y bloqueadas y el injusto reparto de concejales mediante el sistema D’hondt. Esta reforma forzada por aquello de las apariencias democráticas y alguna otra de tono menor por la misma causa, recogidas en la Ley sobre Régimen Local de 1985, es todo el cambio democrático que ha introducido el bipartidismo en los ayuntamientos. Un mero cambio de fachada, pero dejando intacto el sistema franquista en lo esencial.
Y todo ello, a pesar de prometer campaña tras campaña electoral los dos grandes partidos, que su principal prioridad era hacer una Ley Orgánica de Régimen Local que acabara de raíz con todos los vestigios del régimen anterior y les devolviera a los ayuntamientos todo lo que precisaban para hacer un municipalismo digno de tal nombre; promesa que cuarenta años después sigue sin cumplirse, y no por casualidad.

Sigue sin cumplirse, porque el bipartidismo siempre ha tenido como principio controlar y manipular a las instituciones y organizaciones de base, donde las más relevantes son las instituciones municipales. Y si la fórmula de ese sometimiento desde arriba ya se lo dejaba montado el franquismo, pues miel sobre hojuelas ¿Para qué cambiarlo? Por otro lado, ambas fuerzas se sentían tan seguras que iban a gobernar en alternancia toda la vida, que han acabado por entender las instituciones como algo patrimonial de su propiedad, como fines en sí mismas, que les permitía utilizarlas como les diera la real gana.

Y no, las cosas no son así. Los ayuntamientos, como cualquier otra institución u organización, no son fines en sí mismos, sino sólo herramientas para conseguir unos objetivos. En este caso herramientas para pasar de la dictadura a la democracia.

Bases sobre las que construir la nueva herramienta municipal

Y como las herramientas de la dictadura no sirven para instaurar la democracia municipal, pues se requiere de otras nuevas que, cuarenta años después todavía están por hacer. De ahí que sea una tarea absolutamente vital dotare de las principales piezas para construirla. Al menos las siguientes:
-Crear una Ley Orgánica de la Administración Local verdaderamente democrática, así como las leyes, decretos y reglamentos que posibiliten su instauración efectiva.
-Conseguir que los ayuntamientos tengan autonomía propia y competencias definidas y que cuenten con los recursos económicos suficientes para abordarlas.
-Que dichos municipios tengan sus propios presupuestos, conforme a los baremos que se establezcan para poder saber de ante mano de qué dinero se dispone. Única manera posible de establecer sus propias tareas y sus prioridades, para lo cual dicho dinero deberá proceder de los recursos propios y de una cantidad fija y suficiente del Estado y las CCAA.
-Inmediata supresión de las ayudas o subvenciones graciables concedidas por los dirigentes políticos desde las instituciones superiores que gobiernan (Estado, CCAA y Diputaciones), que suponen una verdadera mafia montada por los dirigentes políticos, para someter a la más indigna sumisión y control a los ediles y especialmente a los alcaldes y alcaldesas más íntegros, aunque no a todos, ya que muchos de ellos aceptan el juego por razones de trepe, clientelares, de sectarismo partidista, de ego…
-Inmediata reordenación territorial por comarcas naturales, condición necesaria para organizar mancomunadamente las tareas municipales que sobrepasan el ámbito de cada municipio y participar en otras acciones y organismos comarcales que interese, ya que son estos ámbitos los de mayor proximidad a los ayuntamientos que, además gozan de entidad propia. El ámbito provincial serviría como lugar de encuentro y coordinación de dichas comarcas.
-Recibir los recursos económicos fijos del Estado y las CCAA en función de las necesidades que demanden las tareas municipales o supramunicipales a atender y no bajo el injusto y discriminatorio criterio del número de habitantes.
-Equiparar las cuantías económicas percibidas a la conocida media del 33, 33, 33 que rige en los países europeos de democracia avanzada. Esto es: 33% para el Estado. 33% para las CCAA y 33% para los municipios. A día de hoy, el municipalismo en España cuenta con un 17% del total de los presupuestos, por lo que se establecería un plazo para alcanzar la homologación de entre cuatro y seis años.
-Reordenar las partidas de gastos e ingresos de carácter municipal existentes de tal modo que se eliminen todos los gastos innecesarios y se optimicen los ingresos.

Son sólo pinceladas de brocha gorda, sobre cómo y en qué dirección se deben preparar los ayuntamientos para que dejen de ser sucursales, pedanías o franquicias de las instituciones superiores y se conviertan en verdaderas corporaciones municipales con vida propia, autonomía propia y presupuestos propios
En España hay 8.125 ayuntamientos y un 80% de los ediles no se eligen en las grandes urbes, sino en los demás municipios. Y es en ellos donde los puntos básicos antes enumerados, se convierten en verdaderas y urgentes necesidades para hacer un municipalismo que sea digno de tal nombre.

En las grandes urbes, mal que bien, los ayuntamientos pueden arreglárselas mejor al ser entidades con mayor entidad propia y con mucha más capacidad recaudatoria, tanto específica como de la proveniente de las partidas fijas del Estado y las CCAA, al contar con el privilegio de asignarse las mismas en proporción al número de habitantes; pero en los demás municipios (la inmensísima mayoría) o se parte de los criterios antes resaltados o estamos perdidos.
No es posible exponer en el reducido espacio de un artículo un programa municipal que, con los matices que se quiera, es aplicable a la práctica totalidad de municipios, con la excepción de las grandes urbes, pero quienes deseen conocer mis propuestas pueden leerlas pinchando el enlace del primer párrafo de artículo.

Poner el dedo en la llaga, le duela a quien le duela

Creo que el conjunto de propuestas ponen el dedo en la llaga y retrata lo que por ahora se puede esperar de cada fuerza política.
Del bipartidismo, nada, porque precisamente si las cosas están así de mal, si los ayuntamientos sólo tienen de tales el nombre, si los ediles se supeditan al partido por el que se presentan y no a los vecinos que los han elegido, no es por casualidad, sino porque así lo han montado deliberadamente ambas fuerzas. Control y tutelaje total desde arriba a través de las ayudas graciables, redes clientelares y medres por doquier y ni mencionar la autonomía y los presupuestos propios. Y mejor callar y otorgar, porque el que se mueva no sale en la foto, como alguien dijo
También creo poner el dedo en la llaga, sobre los nuevos partidos ya que al acudir al municipalismo sin ataduras y limpios de polvo y paja, en sus manos está la gran ocasión de luchar para dar un giro de 180º al municipalismo. Además es su obligación, porque si no lo hacen ¿para qué puñetas nos sirven los nuevos partidos?

Por ahora uno de ellos, Ciudadanos, aboga por poner las cosas peor aún de lo que están, ya que tal y cómo han anunciado muchas veces pretenden suprimir 6.000 municipios bajo la burda mentira de ahorrar gasto, cuando todos los que conocemos mínimamente la vida municipal sabemos, que el despilfarro, el clientelismo y demás corruptelajes, se dan a lo bestia en los grandes ayuntamientos, pero no en los pequeños y medianos, que son modelo a imitar por su sentido de la austeridad y el ahorro.

Podemos, a día de hoy, tampoco suscita muchas esperanzas. Sobre el programa, que es lo primero, todavía no tiene una sola letra escrita a estas alturas, salvo la propuesta de 25 medidas motivadas que yo mismo, un simple inscrito de base (me ruboriza decirlo, pero así es) elevé al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos del 10-03-2018 Podemos.

Tampoco parecen tener muy en cuenta que las elecciones municipales se celebran en 8.125 municipios y hasta ahora no han trasmitido señales de aspirar a formar candidatura en la mayoría de ellos, pues de ser así tendrían que estar ya inmersos en un trabajo permanente y exclusivo todas las redes de organización y participación de Podemos, reforzadas con municipalistas expertos en la materia.

Inmersos no quiere decir mandando circulares, sino arremangándose, gastando gasolina y haciendo muchos miles de kms para ir a todos y cada uno de los círculos cuantas veces sean necesarias, ya que no habrá más candidaturas que las que los propios círculos sean capaces de hacer desde abajo y para ello antes tienen que mamarse bien el programa y la táctica todas personas de cada círculo.

Pero las cosas hasta el momento no parecen ir por ahí, sino que se observa una preocupación excesiva por las candidaturas de los principales ayuntamientos y un interés pernicioso de controlar esas candidaturas desde los órganos de dirección del partido, que por extenderlas al máximo de municipios y dotarlas de un programa que convierta a todos los ayuntamientos en mayores de edad.

Es vital lo que haga Podemos en las próximas elecciones, dado que por exclusión, en esta fuerza radica la única esperanza, que será tanto mejor (perdón por la inmodestia), cuanto más se parezca al contenido de mi librito.

Todavía no se ha dado el pistoletazo de salida y, por ello, aún cabe la reflexión y la rectificación sobre cosas que no se acaban de entender desde la dirección; aún cabe salir con las ideas claras. Esperemos que así sea, porque no hay ningún otro clavo ardiendo al que nos podamos agarrar.

Me animo a compartir mis opiniones desde nuestro trabajo en un pueblo de mil habitantes desde la acción de la Comunidad.

Hace muchos años que hemos estado preocupadas por la despoblación y por el abandono que sufría nuestro medio rural. En realidad salimos de la edad media, que en nuestro pueblo duró hasta hace pocos años y los planes de desarrollo rural, que recibimos con entusiasmo están siendo más de lo mismo: Estancamiento y abandono

Vivimos en un pueblo agrícola, sobre todo de huerta, también frutales con algo de ganado y un monte que proveía de cereales, que arrastró la dificultad de poseer tierras para las familias que se dedicaban al campo porque, estas, eran de herencias de descendientes de los señores feudales. Esa situación supuso emigraciones desde los años 1900, y otras que respondieron a las sucesivas del país como no podía ser de otra manera. Y, así hemos llegado a una situación de abandono de tierras, por falta de relevo generacional, por falta de ingresos dignos, de comercialización con pago garantizado, de pérdida de la cosecha por heladas, pedriscos o inundaciones. Los mil problemas del campo de cada día.

Los problemas que genera el que, los productos, se paguen a precios inferiores a los costes de producción.

A esto hay que añadir la invisibilidad de una parte de la explotación agraria, las mujeres, que han trabajado en la unidad agraria familiar y no solo han vivido sin reconocimiento social, sino también sin derechos.

Con esta visión que desde lo micro y ampliando nuestras relaciones en redes a nivel estatal e internacional podemos decir que con algunas particularidades coincidimos con los trabajos que se han ido publicando en la página.

Algunas cosas las omitiremos por no repetir o quizás las repetiremos por la importancia que les damos y quizás salga alguna nueva, por nuestra visión desde el ángulo de mujeres rurales.

Nuestro posicionamiento lo hacemos desde un moderado optimismo, desde una visión esperanzadora. No podríamos seguir trabajando en nuestro medio sin buenas dosis de esperanza e incluso de alegría.

Consideramos que la tierra tiene que tener paisaje y nos importa mucho el territorio y también tiene que tener paisanaje y es importante que las personas que vivimos en lo rural nos veamos reconocidas en los escenarios de anticipación que se deben de hacer en los proyectos de desarrollo en los que hemos de ser protagonistas.

Si en esos planes no se contempla que en los pueblos vivimos mujeres, mujeres actuales y plurales, que tenemos conciencia de los derechos y que queremos vivir con igualdad, el plan se desenfocará enseguida.

Hoy las mujeres queremos compartir los cuidados de la familia y no queremos ser la parte que los “soporta” mientras otros, igualmente corresponsables de ellos, los evitan. Queremos compartirlos, tomar la parte que seamos capaces de asumir sin rompernos y disfrutar de esa dimensión de cuidar entre seres humanos, no porque se nos imponga sino porque la consideramos importante y necesaria. Basada en la solidaridad entre generaciones.

Y como además hay una necesidad de trabajar, bien sea, por cuenta ajena, o en las cooperativas rurales o en nuestra explotación queremos tener acceso a servicios que permitan la vida en el pueblo.

Los servicios de cuidados a personas dependientes y a la infancia son imprescindibles para un mundo rural vivo.

Y, en los pueblos hay niños y niñas que han de tener las mismas oportunidades que otros niños que vivan en la ciudad. Es muy importante que se siga invirtiendo en calidad en la escuela pública rural, en recursos humanos y materiales. Es importante que se mantenga el grado de inversión que está cayendo por momentos y nos lleva a periodos casi de la dictadura. Y es importante valorizar a los maestros y maestras rurales, posibilitarles: formación, reconocimiento de su labor y apoyo de la Comunidad en la que trabajan y de los estamentos públicos. Los responsables de la administración educativa deben de estar obligados por protocolos a preocuparse por la escuela rural y no depender de su buena voluntad para actuar.

También es imprescindible que la sanidad pública llegue a todas las personas de los pueblos, tanto los consultorios, como la atención desde los centros de salud, las ambulancias, los tiempos de desplazamientos sanitarios y todo lo que conlleva una vida digna, que nunca será como el que cruza la calle y está en el hospital pero que puede ser, incluso mejor, con una buena estrategia de salud para el medio rural.

El aislamiento y el transporte son dos temas relacionados y que deben ser tenidos muy en cuenta. No solo pensando en los costes económicos sino en el beneficio social que generan las medidas. Los medios de transporte público deben cubrir los horarios de turnos de trabajos en las ciudades con las que conectan y de los servicios que hemos de utilizar.

En lo rural se puede vivir bien porque la cercanía entre las personas, aunque trae algunas incomodidades y control sobre la gente, permite una corriente de solidaridad, ayuda mutua y compañía; Un hacer las cosas conjuntamente que, si es bien encauzada, permite un trabajo comunitario que posibilita un desarrollo participativo e ilusionante, en el que todas las personas en pie de igualdad puedan crecer y desarrollarse.

Las personas jóvenes necesitan de espacios propios que puedan servirles de escuela de autogestión, en toda la extensión de la palabra, desde su ocio, a su vida, su profesión y su desarrollo personal, con derecho a acceder en el medio en el que viven a las tecnologías y los recursos sociales y culturales en la misma medida que otros jóvenes de la ciudad.

Hay que buscar alternativas desde dentro de los territorios y que sean reforzadas desde fuera, con implicación en las políticas públicas, con ganas de arriesgar en cosas nuevas, en las que algunas veces podemos equivocarnos pero más nos vamos equivocando repitiendo siempre las mismas políticas y con los mismos resultados.

La agroecología debe ser una de las soluciones con beneficio para las personas productoras, para las personas consumidoras y, por supuesto para el medio ambiente. Para que esta propuesta sea un éxito necesitamos una alianza entre producción y consumo, una alianza entre campo y ciudad y cerrar esos círculos con corresponsabilidad también en los resultados con la parte productora. Fórmulas como los grupos de consumo, los socios de una explotación formales o informales son una posibilidad.

Los territorios agrícolas históricos han de ser protegidos y utilizados como despensa para las personas del entorno. Ahí está la clave de la Soberanía Alimentaria.

La comercialización debe producirse en los circuitos más cortos posibles, kilometro cero si es posible y consumo casi exclusivo de productos locales y de ese periodo del ciclo agrícola, lo que llamamos del tiempo.

No podemos dejar fuera a las personas que contienen los saberes de la agricultura tradicional, tenemos que tomar esos saberes y llevarlos hacia el futuro mediante la memoria biocultural. No podemos olvidar que ahí están muchas actividades que hemos perdido y que si perdemos su memoria desaparecerán para nuestra apropiación social. Ahí están la conservación de las semillas, los saberes sobre plantas aromáticas y medicinales, las técnicas antiguas de injertar, se deshidratar al sol por el método tradicional y tantos otros saberes.

La gestión forestal ha de servir para dar vida y empleo en los pueblos. Ahí está parte de la custodia del territorio, en la que podemos incluir los montes, los regadíos, para conservarlos sin entubar, las riberas, las dehesas y el cuidado de todo el medio ambiente.

Hace falta voluntad política en la que no es suficiente que cada partido, cuando gobierna, tome unas decisiones que casi nunca están sujetas a las necesidades de las gentes y los territorios. Hace falta un amplio consenso político y social porque esto nos afecta demasiado.

Necesitamos que la ciudad y los círculos, humanos y de territorios, que nos rodean sean anillos de protección y de intercambio y no elementos que nos aíslen o nos sangren.

Queremos ser una nueva ciudadanía rural que nazca de los saberes de los ancestros y que traiga consigo la solidaridad y la capacidad de trabajar y sentirse raíz en su territorio, que aporte pensamiento crítico a cada proyecto que se implante en lo rural, que sea inclusivo y permita el desarrollo sostenible y en equidad. En el que estén presentes todas las edades y géneros, las personas de otras etnias que viven en el pueblo y las personas inmigrantes. Una ciudadanía que busque como podemos vivir todas las personas con dignidad, con medios suficientes, unos en valor monetario y otros en servicios que se generen desde la administración y entre los propios vecinos y vecinas.

Nosotras caminamos, con los ojos puestos en el Ecofeminismo, a una construcción de Comunidad Cuidadora que contemple la satisfacción de las necesidades y el cuidado de las personas y del territorio que habitamos.

Este 2018 celebramos el Año Europeo del Patrimonio Cultural y, como su propio lema indica, se trata de “un año para la reivindicación, la puesta en valor, y la interpretación de todos los patrimonios culturales”.

En este sentido, no es posible hablar de todos los patrimonios culturales sin contar con el mundo rural que representa el 80% del territorio del Estado Español, ocupa el 72% de la superficie total del territorio y donde encontramos el 100% de nuestro Patrimonio Natural.

Porque hablar de territorios rurales también significa hablar de política cultural: el 80% del Patrimonio Cultural del conjunto del Estado se encuentra en zonas rurales. Nos referimos a patrimonio arqueológico, histórico-artístico, natural, industrial, eclesiástico, civil … patrimonio material e inmaterial, cuyo mantenimiento supone la conservación de la identidad de un entorno y de sus habitantes, así como la garantía de su pervivencia y disfrute para generaciones futuras.
En el mes de enero de 2018 el Consejo Económico y Social hizo público un “Informe Sobre el Medio Rural y su Vertebración Territorial” en el que plantea una serie de propuestas encaminadas a “aumentar el nivel y calidad de vida en el medio rural español , entendiendo que con ello se contribuye de manera eficaz a mejorar la vertebración social y territorial de nuestro país, afrontando los problemas de desempleo, despoblamiento y sobre-envejecimiento que afectan a regiones cada vez más extensas del mismo”.

El informe del CES pone especial atención al problema del despoblamiento del mundo rural como factor de desequilibrios territoriales, recalcando la importancia estratégica del medio rural como abastecedor de alimentos seguros y de calidad, necesario para una adecuada gestión ambiental, sostén de la industria alimentaria, nicho de empleabilidad, innovación y equilibrador del saldo comercial de la economía del Estado.

El CES aborda también los aspectos relacionados con los problemas de conservación del patrimonio ambiental, histórico y cultural, destacando las oportunidades que estos ofrecen para la revitalización del medio rural, apuntando soluciones que van desde el fomento de las actividades tradicionales, siempre desde una perspectiva de sostenibilidad, hasta las nuevas alternativas relacionadas con el turismo y el ocio.

A tenor de los datos recogidos en este informe, da la sensación de que nos encontramos ante un Gobierno que recibe los análisis, conoce los indicadores de las medidas a aplicar, pero falla sistemáticamente en la ejecución de una política de Estado para el medio rural.
Un medio rural que representa un gran activo, potencial y fuente de recursos naturales y culturales y que languidece por la falta de una política rural efectiva, con una Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural que contiene medidas especificas pero que no se está aplicando.

El medio rural viene reclamando desde hace tiempo una verdadera política de Estado en toda su complejidad; no menos necesario es un enfoque integral orientado hacia la conservación, la promoción y la valorización del patrimonio natural, cultural material e inmaterial, fuerza motora para la innovación social, el desarrollo local, regional, urbano y rural integrador.

En 2015 Naciones Unidas marcó, con el acuerdo de los líderes políticos mundiales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Ante ese reto, cabe revisar las formas de gestión de los recursos naturales que, mediante procedimientos tecnológicos sostenibles, han sido utilizadas hasta el siglo XX en el medio rural para abastecer de materia prima a los distintos territorios, estos procesos forman parte de nuestra diversa etnología.

Actualmente, estos procesos etnológicos están amenazados por el olvido colectivo debido a que se ha interrumpido el conocimiento transgeneracional de estos sistemas de trabajo, que también son fuente de creatividad artística y esta pérdida de memoria es debida en gran parte al avance de la despoblación rural. En este punto conviene recordar la importancia y el papel de la Cultura como elemento transversal para la recuperación y puesta en valor de estos espacios patrimoniales y su contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas.

Existe una estrecha vinculación entre patrimonio cultural, turismo y desarrollo rural, en tanto que la actividad turística sustentada en el interés por el patrimonio y promovida de forma responsable bajo los parámetros de la sostenibilidad puede contribuir al despegue económico y a la mejora social, cultural e incluso medioambiental de las comunidades rurales, reduciéndose también los efectos de la estacionalidad en estas áreas.

El Estado tiene la obligación de facilitar esta puesta en valor del patrimonio cultural rural, contando con los fondos europeos destinados para el desarrollo estructural, como parte de la estrategia que ponga freno a la despoblación. Las políticas de cohesión y desarrollo rural impulsadas desde la UE pueden contribuir a la mejora en la conservación, restauración e investigación del patrimonio cultural, potenciando el tejido cultural sostenible. Apoyar las industrias culturales y creativas y financiar la formación y la actualización de las competencias de los profesionales de la cultura es contribuir a la adhesión territorial y a la cohesión social al mismo tiempo que la recuperación económica a diferentes niveles territoriales.

Existe la necesidad, existen los recursos y existen las ganas de poner en valor nuestro patrimonio. Solo hace falta la voluntad política que desde el grupo Confederal de Unidos Podemos le reclamamos al Gobierno.

La despoblación del medio rural está de actualidad periodística y literaria, hay un aluvión de escritos sobre el tema: artículos en periódicos y revistas, ensayos y novelas, que de alguna manera tratan este tema considerado importante para el conjunto de la sociedad y no solamente para los pocos habitantes actuales del medio rural. Aun así creo que es necesario puntualizar e insistir, en algo que considero de interés, y que no se menciona o no se le da la importancia que tiene: el aprovechamiento de los recursos de la tierra por campesinos.

El medio rural, o mundo rural como también se ha llamado, estuvo poblado fundamentalmente por los campesinos que trabajaban los campos, ellos formaban la base de la sociedad rural, que se completaba con los profesionales, artesanos y comerciantes que les proporcionaban los servicios que necesitaban, y que por tanto indirectamente también vivían del campo. Los habitantes del medio rural vivían fundamentalmente, directa o indirectamente, del cultivo de la tierra, de la ganadería y del aprovechamiento de los recursos de los montes.

En caso que se pretendiera una política seria para revertir el proceso de despoblación del medio rural, habría que pensar en una política agraria que diera prioridad al aprovechamiento sostenible ambiental y socialmente, de los recursos que puede proporcionar la tierra. Estos recursos han sido la base fundamental de la que han vivido durante cientos y a veces miles de años, los habitantes de los territorios rurales.

Actualmente, la mayor parte de las producciones que necesita la cadena alimentaria para llevar los alimentos a los consumidores, después de una manipulación más o menos compleja, se obtienen sin explorar de forma sostenible los recursos de la tierra. Se trata grandes instalaciones ganaderas con un gran impacto ambiental, y cultivos en los que se emplean grandes cantidades de input: maquinaria especializada, combustible, abonos sintéticos, semillas y plantas, fitosanitarios, plásticos, etc., todo en grandes unidades de producción, explotaciones que crecen para aprovechar la economía de escala, con asalariados en ínfimas condiciones, muchas veces temporeros extranjeros, como el caso de los cultivos bajo plástico, y en general para la recogida de las cosechas. Además esta forma de practicar la agricultura es la responsable del deterioro de la composición de la atmósfera, pues se calcula entre un 30 y un 50% su contribución al aumento de los gases responsables del efecto invernadero. Al mismo tiempo grandes extensiones de tierra que podrían tener un aprovechamiento agrario, permanecen abandonadas. Estas tierras podrían sustentar una ganadería extensiva con producciones ecológicas de calidad, que no pueden competir en precios con las granjas intensivas, y tienen problemas para un aprovechamiento racional de los pastos, por falta de estructuras adecuadas de la propiedad de la tierra, y porque las vocaciones para ser ganadero extensivo no son abundantes, a pesar de que en los últimos tiempos están aumentando un poco. También permanecen abandonadas antiguas tierras de cultivo poco fértiles, o divididas en parcelas pequeñas, incluido antiguos huertos de hortalizas y frutales, que en combinación con la cría de ganado, que aumentaría con su estiércol la fertilidad de las tierras, y con un manejo racional: con rotaciones y barbechos, podrían ser base de cultivos de secano como leguminosas y cereales, de especies y variedades antiguas, que podrían competir en calidad nutritiva y gustativa con lo que ahora se consume mayoritariamente, y que a veces es necesario importar. En los antiguos huertos abandonados se podrían cultivar productos de primor para consumir o comercializar localmente, proporcionando un medio de vida o la posibilidad de practicar un ocio activo, a los habitantes de los núcleos rurales-

Las personas que trabajan el campo, agricultores y agricultoras autónomas responsables de su trabajo y hacienda, tienen raíces, les cuesta mucho desprenderse de su medio, se marcharon porque el cambio tecnológico y social fue brutal, porque las condiciones de vida y el control social de la sociedad rural eran muy duros, y porque el conjunto de la sociedad les señalaba como atrasados, cuando no como los tontos de la película. Hoy no es así: los pueblos no son lo que eran, el control social no es comparable, la sociedad rural es mucho más abierta y tolerante, entre otras cosas porque la religión no tiene el mismo peso social que en la etapa del nacionalcatolicismo, y por ser más liviano este control puede ser hasta apetecible: que se “preocupen” todos por todos, tiene ventajas respecto a la despreocupación y falta de empatía entre vecinos que impera en general entre los habitantes de las ciudades. Además la mayoría de las viviendas tienen mejores condiciones de habitabilidad que los pisos comunes de las ciudades, son más espaciosas, unifamiliares, y frecuentemente con patio y otras dependencias. Si en conjunto la calidad de vida puede ser mejor si tenemos en cuenta la contaminación, el tiempo de desplazamiento al trabajo, la tranquilidad, etc., a pesar de la carencia de servicios en núcleos pequeños, pero mi percepción es que esta no asegura el arraigo. La forma de vida basada en el trabajo de la tierra es la que crea un vínculo más fuerte, sobre todo cuando hay vocación, la actividad proporciona medios suficientes para vivir, y la sociedad reconoce su contribución a la conservación y mejora del medio ambiente y a una alimentación sana. Esto último por suerte ya está empezando a ocurrir.

Es muy importante, por lo expuesto, propiciar y conseguir, con una política agraria adecuada, que se cultive la tierra por campesinos trabajadores directos, para revertir el proceso de despoblación del medio rural, cuestión que constituye, como muchos consideramos, una importante pérdida para la toda la sociedad.

En los territorios en los que se consiga que el campo se trabaje de forma sostenible por campesinos, los pueblos seguirán teniendo habitantes.

“LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA VÍA OLONA O LA PROPUESTA ARAGONESA”

El 13 de febrero se reunió el Consejo Consultivo de Agricultura, presidido por la Ministra García Tejerina y con la participación de los consejeros y consejeras del sector de las Comunidades Autónomas. El miércoles 14, Juncker hizo pública la comunicación que con el título “Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión que cumpla de forma eficiente sus prioridades posteriores a 2020”, marca la senda complementaria al debate de la Reforma de la PAC. En este contexto, y como siempre Juncker juega a asustar, y dice claramente que la PAC podría sufrir un recorte entre el 15 y 30% del presupuesto, y que esto significaría un recorte en las rentas agrarias del 10%. Amenazar con fuertes recortes de entrada para empezar a negociar y luego retroceder, es parte del juego político, pero aun así, está mandando dos mensajes de fondo importantes para nosotros. Primero, “los estados deben responsabilizarse de la Política Agraria Común” y “El dinero hay que utilizarlo bien y con coherencia”.

Aunque nuestro gobierno en España lo niegue, la Comisión Europea es consciente de que existen fuertes desequilibrios en la aplicación de la PAC, que la renta agraria sigue estando muy alejada de la renta media de otros sectores, que las ayudas de la PAC representan entre el 20 y un 50% de la renta que obtienen las familias agrarias, y que, además, en muchos casos, si se descontaran las ayudas directas, la renta incluso sería negativa.

En este contexto el Ministerio de Agricultura lo único que acierta a decir, es que quiere una PAC fuerte, con un presupuesto suficiente, que se niega a la cofinanciación, es decir, que España tenga que poner dinero, y que está tratando de articular compromisos con otros países. Todo bastante básico, pero ninguna idea innovadora, ninguna propuesta que nos permita tomar la delantera para construir una alternativa, y mucho menos, un proyecto nuestro ilusionante para el sector y para el conjunto de la sociedad. Es decir, básicamente “Que todo siga igual”.

Varias Comunidades Autónomas empiezan a cansarse de esta postura y empiezan a responderle de manera firme. Entre todas estas respuestas, ha destacado desde hace varios meses la del Gobierno de Aragón que ha planteado y defendido en varios escenarios una propuesta propia. Ha tomado la iniciativa y la ha compartido con prácticamente todos los actores, la ha enviado a todos los grupos políticos en el Congreso y Senado y la ha presentado de forma abierta en Bruselas. La propuesta ha despertado interés en muchos ámbitos y por todo ello creo que es honesto analizarla y confrontarla con respeto en un debate abierto como el que merecemos.

Me parece importante decir que la propuesta es de lo más novedoso que hemos podido recibir en muchos años de una administración en relación con esta política pública esencial. Además, es justo decir que contiene muchos elementos interesantes y positivos, aunque existan cuestiones de fondo en las que no estoy de acuerdo desde la posición en defensa de la soberanía alimentaria en la que me sitúo.

La propuesta de Olona parte del objetivo recogido en el artículo 39 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea que establece el incremento y la equiparación de la renta de los agricultores y agricultoras a la del resto de los sectores, objetivo que 60 años después no se ha cumplido. Plantea una reforma profunda centrada en el apoyo a la renta de los agricultores y agricultoras y aboga por la redistribución de las ayudas entre los agricultores y no entre los sectores y territorios. Esto exige como requisito previo, establecer el limite de las ayudas, eliminar los derechos históricos, eliminar los pagos por superficie y la regionalización productiva tan injusta. Estando de acuerdo en estos elementos, sin embargo, está haciendo una propuesta únicamente centrada en la distribución de las ayudas, del I Pilar, y de algunas del II, pero no está abordando una reforma integral de la PAC orientada a otros objetivos. En este sentido, plantea alternativas a problemas de distribución de ayudas.

Lo propuesta se centra en dar respuesta a la insuficiencia y la inestabilidad de la renta agraria. Hace un análisis detallado de lo que sucede en Aragón y que habría que extender al conjunto del estado, pero destaca el hecho de que el 75,41% de las rentas agrarias, incluyendo las ayudas, no alcanzan los 6.000 euros al año.

Según los autores, este problema tiene su origen en cuatro elementos que no podemos dudar que son ciertos; a) La conformación de los precios agrarios que no remuneran de manera adecuada los factores y en este sentido, manifiesta un fallo evidente de los mercados en relación con los sectores agrarios. b) La baja productividad del trabajo agrario. c) Las graves deficiencias de las estructuras agrarias, y d) los factores ambientales y climáticos impredecibles. Sin embargo, la propuesta no considera, ni tan siquiera nombra tres esenciales; e) La propia estructura del sistema agroalimentario mundial, f) el proceso de liberalización comercial, así como las deficiencias estructurales del propio entorno rural en el cual se ubican las explotaciones agrarias.
La propuesta identifica otras tres cuestiones referidas a la actual distribución de las ayudas. 1) Que cuanto más grande es la explotación, en términos generales, más ayudas recibe, sin que ello signifique que las personas titulares vivan de la actividad. 2) Que el sistema actual de la PAC y por efecto de la regionalización productiva, acaba castigando sobre todo a los territorios más desfavorecidos o con limitaciones de producción como es el caso analizado de Teruel o de tantas otras comarcas de España, y 3) La alta dependencia de las ayudas. En España entre un 20 y un 40% de la renta agraria procede de las ayudas, pero lo alarmante es que en torno a un 50% de los agricultores y agricultoras en España tendrían rentas negativas si se les retiraran las ayudas, y que en Aragón este porcentaje se eleva al 72% tomando los datos de 2015.

Por ello la propuesta de Aragón plantea focalizar las ayudas de la PAC (Primer Pilar, medidas agroambientales, agricultura ecológica y las indemnizaciones compensatorias en zonas con limitaciones geográficas) en el apoyo a la renta agraria. La cuestión es equiparar rentas agrarias justas, no distribuir las ayudas entre sectores y territorios. Plantea que las ayudas se distribuirán en función de cuatro parámetros: a) Coeficiente de dimensión económica de las explotaciones. b) Coeficiente de productividad de las explotaciones c) el coeficiente de profesionalidad, y d) coeficiente de contribución ambiental de la explotación. Cada uno de estos parámetros se desarrollan de forma detallada, pero la verdad es que se me quedan cortos en una cuestión esencial a los objetivos de desarrollo rural. Podríamos pensar la construcción de un parámetro que midiera el coeficiente territorial que valorara cada explotación en su entorno concreto y su contribución al desarrollo rural, pero además, y en función de otros objetivos socialmente aceptados, deberíamos incluir un coeficiente de calidad que valorara el resto de externalidades que la producción agraria aporta a la sociedad.

Se plantea finalmente que las rentas agrarias, excluyendo las subvenciones directas que cobren, y que sean superiores a la renta de referencia en cada región no serían compensadas con ayudas. Por lo tanto, plantea un límite claro a las ayudas, que sería la renta media del conjunto de los sectores y no solo la del agrario puesto que el objetivo es igualar los ingresos.

El planteamiento tiene otros beneficios como son; la universalización de las ayudas a todos los sectores tradicionalmente excluidos como el porcino, el avícola o el de frutas y hortalizas, y la coordinación con el sistema fiscal y de seguridad social con lo que podríamos avanzar en la reforma del sistema especial agrario de forma más justa.

Sin embargo, hay cuestiones de fondo que desde mi punto de vista no son aceptables; tanto por las renuncias que suponen como por la resignación que implican.
Por un lado, se afirma que hoy por hoy la explotación familiar agraria es inviable sin ayudas públicas, y este planteamiento es absolutamente inasumible desde el sector profesional, y extraña que el señor Olona no se imagine esto, sobre todo cuando el origen de la situación de vulnerabilidad actual se deriva del sistema agroalimentario mundial, de la liberalización de los mercados agrarios, y del excesivo poder acumulado en determinados eslabones de la cadena alimentaria que no tienen nada que ver con la producción. La responsabilidad directa en esta situación la tienen los sucesivos gobiernos que han ido renunciando a la soberanía alimentaria utilizando al sector como moneda de cambio en todos los acuerdos de libre comercio.

Por último, y sabiendo que los precios y mercados agrarios responden a reglas económicas diferentes y que por ello deben estar excluidos del derecho de competencia, sin embargo, la propuesta renuncia y además descalifica de forma absoluta, que las medidas de regulación de mercados sean eficientes y lo justifica tanto en la injusticia que supone destinar grandes cantidades de dinero a las grandes empresas agroalimentarias cosa que naturalmente se puede solucionar, y que exista una fuerte oposición en la Organización Mundial del Comercio porque estas medidas distorsionan los mercados mundiales, que por otra parte, son los causantes del deterioro de las condiciones de vida de la población campesina en todo el mundo.

A pesar de esta crítica de fondo, la propuesta de distribución merece ser considerada en un momento en el que tenemos el debate abierto en canal. Deberíamos tener muchas más ideas como esta encima de la mesa.

Interesante debate. He leído tanto el artículo como las aportaciones y me ha llamado la atención que no hubiera ninguna mención a los bosques y al sector forestal. Se menciona el modelo agroindustrial, la PAC, la ganadería extensiva, la biodiversidad y la Red Natura…se llega hablar de la minería, de la política de aguas y del ferrocarril, pero ninguna mención al sector forestal.

Aunque se cita que medio rural es el 80% del territorio, se olvida que los montes ocupan el 54% de ese territorio, y de esa superficie forestal 17 millones de hectáreas están cubiertas de árboles. En la mayor parte de la España vacía esta superficie forestal aumenta (como resultado del abandono rural y pese a los incendios y el desarrollo urbanístico), tanto en superficie como en la cantidad de biomasa que albergan.

Por lo tanto, dada la relevancia de la superficie forestal dentro del debate, creo que es obligado tener un proyecto de desarrollo rural que incorpore el monte, su conservación y su cadena de valor (aprovechamientos, industria de transformación, promoción del uso de madera, consumidor final). Y también es importante incluir los riesgos a los que se enfrentan nuestros montes. El paisaje forestal español está ya afectado ya por un incremento de las plagas, los grandes incendios forestales, el decaimiento, la fosilización de las dehesas, etc.

El sector forestal, no sólo la superficie protegida, tiene un potencial enorme para fijar población y dar nuevos usos a superficies hoy agrícolas pero en condiciones muy limitantes de altitud y productividad. El potencial de este sector para la reactivación económica y las políticas de fijación de población es enorme. Y cuidado, no debemos sobrevalorar el subsector del turismo rural o de naturaleza en la solución al problema del desarrollo rural.
En mi opinión, para la construcción de este nuevo relato hay que revisar algunos viejos postulados y abandonar algunos mitos o ideas erróneas.

El primero de ellos es la mitificación del pasado, el falso imaginario de un modelo agro forestal en equilibrio que nunca existió. Durante siglos, la historia de los bosques españoles estuvo marcada por un intenso proceso de deforestación debido principalmente a su conversión a usos agrícolas y ganaderos y a la explotación no sostenible de sus recursos, con la consiguiente merma en el hábitat disponible para numerosas especies de fauna forestal. Y esta deforestación se sirvió del uso del fuego como forma de manejo de los ecosistemas (cuantos puertos de montaña tan fotografiados por bellos son el resultado del fuego)- El uso del cultural del fuego, por cierto, que sigue siendo un problema grave en algunas regiones ibéricas y cuyas vías de solución requieren un acercamiento cuidadoso al sector ganadero que queremos defender. Esta intensificación del uso del territorio afectó a la superficie forestal pero también a los grandes hervíboros o a los depredadores. Esta tendencia se ha revertido, lo cita alguno de los intervinientes en el debate, y nos encontramos con una naturalización del espacio rural, con recuperación de los espacios con matorral y arbolado y la recuperación de especies como el lobo, la nutria, la ornitofauna forestal, etc.

Y respecto al fuego y los incendios forestales, creo también que la nueva política debe huir de la tentación de dar respuestas simples y propagar ideas erróneas durante y después de los grandes incendios forestales que suelen conmocionar a la opinión pública. Es cierto que la moderación, el sosiego y el carácter pedagógico no dan visibilidad al político, mientras que las teorías conspiranoicas y la respuesta fácil y contundente triunfan y dan muchos “likes” y “retuits”. Pero apuntar en caliente al chivo expiatorio de turno (la Ley de Montes, el terrorismo incendiario, los eucaliptos, etc.) no ayuda a hablar de los problemas reales como la falta de ordenación territorial, el fenómeno incendiario, el abandono rural, el cambio climático o el cóctel de causas que se conjugan para provocar estos episodios. No sólo no ayuda a encauzar el verdadero debate en la arena política, sino que hace un flaco favor a los intentos de divulgación de los que llevamos años intentando convencer a la sociedad del carácter complejo y poliédrico del fuego, su papel en los ecosistemas mediterráneos o la necesidad de asumir los nuevos escenarios de riesgo entre la población.

Otra de las cosas que los ibéricos tendríamos que hacernos mirar es la imagen pobre que tenemos sobre nuestro propio paisaje, imagen muy influenciada por la iconografía machadiana y otros ilustres de su generación. En los años 80 el Catedrático Fernández Bernáldez analizaba mediante pares de fotografías las preferencias ambientales de la ciudadanía, y concluía que la percepción del espacio circundante de los habitantes de la piel de toro estaba fuertemente condicionada por la identificación de “naturaleza” con el color verde y la abundancia de agua. Según esta imagen, la naturaleza o la biodiversidad se podría identificar con el paisaje alpino, con bellas montañas verdes con cumbres nevadas, mientras que las estepas murcianas y nuestras montañas mediterráneas de color apagado serían espacios pobres y con mucho menos interés ambiental. Así, la asociación del agua con la vida, y el color marrón y pajizo de la mayor parte de nuestro paisaje durante el estío, produce en el imaginario popular una minusvaloración de los valores ambientales de nuestro territorio.

Hay que combatir esta imagen negativa de nuestro paisaje forestal. Dentro de la UE somos un país relevante en cuanto a lo forestal, pero nuestro paisaje no es verde. Recuperar la autoestima respecto a lo que hemos heredado puede ser una buena forma de contribuir a mejorar la imagen de la España vacía y valorizar la vida en el medio rural.

Otro prejuicio o a idea errónea que debemos combatir es la estigmatización de la motosierra. Dentro del sector primario, por su dureza y carácter épico existe un halo de admiración hacia actividades extractivas como las del pescador, el agricultor, el minero o el pastor; pero no al selvicultor, no al motoserrista. Las actividades del sector primario necesitan ser dignificadas, y si entendemos que la tecnología y la seguridad laboral deben llegar también a los que trabajan en el medio rural, debemos explicar a los urbanitas que para tener paisaje, bosques sanos, setas, madera, pellets, papel, etc. hace falta gente explotando los montes en condiciones de aceptación social y trabajo digno. Y que hace falta más motoserristas (y mejores, por supuesto) para gestionar una parte considerable de la superficie antes cultivada y ahora matorralizada o llena de árboles, y también en las 3 millones de hectáreas repobladas por el Patrimonio Forestal en la postguerra. Podríamos pensar que esto es una obviedad, pero la sociedad urbanita tiende a pensar que las empresas rematantes que actúan en los montes (con maquinaria, ya no se lleva el hacha….) son enemigos de la naturaleza.

Otra postura que habría que desterrar es el de la estigmatización de algunas especies forestales. Recogiendo la contestación científico-técnica a la política forestal de la postguerra y, en especial, las luchas ecologistas contra sus últimos estertores en los años 80’, algunas filas del movimiento ecologista permanecen todavía en la trinchera contra determinadas especies por su papel y contribución al problema de los incendios forestales. A finales de 2017 leí preocupado una Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre “medidas urgentes para fortalecer la conservación y gestión sostenible de los sistemas forestales y la protección de los suelos forestales afectados por incendios”. En dicha proposición se pedía la limitación de la extensión de “especies pirófitas”, incluidas algunas especies de coníferas que forman parte de nuestro paisaje forestal, dando a entender una relación causa-efecto clara y directa entre el fuego y las especies. En el futuro sería bueno contrastar estos planteamientos con la comunidad científica, en vez de seguir cavando en las viejas trincheras y distrayendo la atención respecto a los verdaderos problemas de los montes.

Y una vez dicho todo esto, me gustaría proponer algunos ejemplos de por donde podría ir la contribución de los partidos políticos en este ámbito.

En Galicia, en estos momentos está trabajando una Mesa de Diálogo para consensuar principios clave para el desarrollo del monte y de las actividades económicas asociadas. Es una experiencia de construcción colectiva de una tesis universal o decálogo mediante el consenso y la pluralidad de actores y sensibilidades. Este grupo tiene una visión de lo forestal en sentido amplio, y resulta interesante porque es una manera de construir consensos incluyendo aquellos actores y disciplinas académicas que pueden aportar y sumar enfoques diferentes hacia los ecosistemas forestales y su gestión.

De manera mucho menos participativa, el MAPAMA ha abierto a la participación un documento titulado “Plan de Actuación Forestal”, elaborado por la Dirección Gral de Desarrollo Rural y Política Forestal de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación junto con una parte del sector forestal. La dinamización del sector forestal es, en principio, un paso positivo, pero la clave del proceso será la intención política real de asignar recursos económicos al sector. En cualquier caso, parece fundamental la implicación de todas las fuerzas políticas en este debate y, llegado el caso, apoyo a la dinamización del sector.

Sirvan estos ejemplos para reclamar la vuelta del espíritu de consenso conseguido entre los grupos parlamentarios del Senado cuando en mayo de 2011 apoyaron una moción que instó al Gobierno a elaborar y propiciar una estrategia de mejora de la competitividad del sector forestal y de la madera, en colaboración con las CC.AA, asociaciones forestalistas e industria. En aquella moción se proponían, entre otras medidas: incentivar y apoyar Planes de Ordenación y Aprovechamiento de los Montes y sus Recursos Forestales que fomenten el mejor uso de los mismos, su ordenación, la agrupación de propietarios y cuantos objetivos sean necesarios para lograr un uso más sostenible de los montes; la promoción del uso de la madera como material de origen sostenible y reciclable; fomentar el apoyo a la certificación forestal como instrumento que garantice la gestión sostenible del monte de cara al consumidor contribuyendo con ello a la no degradación y destrucción de los bosques; fomentar el “vertido cero” de madera al vertedero; promover en los procesos de compra pública la compra verde para fomentar la utilización de productos de madera; etc.

No me extiendo más. Un mundo rural vivo solo puede ser entendido si tiene en el sector forestal un pilar de su desarrollo.

Tras leer el texto marco del debate y las siguientes aportaciones, no puedo menos que manifestar mi acuerdo inicial con todas ellas. Lo que ocurre es que las propuestas no dejan de ser intenciones programáticas de las cuales no sabemos cómo podrían llevarse a la práctica (impulso al desarrollo sostenible, no a los acuerdos de libre comercio, etc, etc, sí, pero ¿cómo?)

Por otro lado parece también claro, a la luz de las opiniones, que las soluciones no pueden ser planteadas a nivel estatal, y muchas veces ni siquiera autonómico. Efectivamente, las comarcas, como unidad de gestión, obedecen a realidades históricas que atienden a sus peculiaridades ecológicas, seguramente este marco sería el idóneo para plantear diferentes soluciones a los retos. En algunos casos, como propondré luego, incluso puede ser necesario implementar diferentes políticas dentro de la misma comarca.

Con todo esto quiero decir algo que está siempre en el discurso, pero que no acaba de llevarse a la práctica: Partiendo de leyes agroambientales o sociales generales, que incumban a todos los ciudadanos, su reglamentación y aplicación debe depender del entorno. No es igual el abandono del rural en la zona entre Soria y Zaragoza, por ejemplo, que el abandono que se manifiesta en la montaña occidental asturiana, aunque este sí que tenga mucho que ver con el abandono del rural en el interior de Galicia. El abandono es un hecho en todos los casos. Los derechos de los habitantes de la comarca de Aranda (escuela, sanidad, carreteras, internet…) son los mismos que los de los habitantes de Cangas de Narcea, pero la forma de abordarlo no puede ser igual. Lo mismo podemos decir de los sistemas productivos tan diferentes. Me gustó la aportación de las “mantas de cuadros y el todo terreno”, pero no tiene nada que ver con la realidad rural del noroccidente. Y ligado al sistema productivo, lo mismo se puede decir de la adaptación al cambio climático, con estrategias que dependerán de cada entorno agroecológico.

Por poner un ejemplo, voy a intentar hacer un análisis rápido de la situación en la zona en la que vivo y trabajo. El Concejo de Tineo, situado en el suroccidente de Asturias, tiene en 2017 9.700 habitantes (13.578 en 1996), con una pirámide poblacional totalmente invertida. 3.700 personas viven en la villa, y el resto están distribuidas en nada menos que 337 pueblos. Algunos ya están abandonados, pero hay una enorme cantidad de ellos que tienen entre 1 y 10 habitantes. Todo ello en un concejo de 540 km2 que provoca que para llegar desde alguna de las aldeas hasta la villa, se pueda tardar hasta una hora en coche por pequeña carreteras de montaña. La economía se basa en la ganadería, con pequeñas explotaciones familiares de ganado de leche (semiextensivas, en los valles), de carne (extensivas, en las zonas más altas) o mixtas. Es importante la producción forestal, algo de minería e industria auxiliar y de servicios para la explotación ganadera[1].

En un contexto así, lo preocupante no es el abandono del territorio, si no la dispersión de la población. Tenemos niños de primaria que viajan más de una hora para llegar al colegio a las 9:30. Una red de transporte público en estas condiciones es insostenible. Lo mismo ocurre con la atención sanitaria a una población muy envejecida, o la asistencia social a un enorme número de ancianos y ancianas que viven solos/as en sus pueblos.

Es en esta realidad donde además debemos implementar planes de acción contra el cambio climático, apoyo a la protección de la biodiversidad, implementar políticas agroalimentarias que liberen a las explotaciones familiares de la tiranía de los mercados, etc. Pero para que todos estos planes se puedan llevar a cabo, lo primero que se necesita es gente que habite el entorno. La tendencia actual es hacia el abandono y esto es lo primero que habría que revertir:

– Fomentar el abandono de las aldeas. Totalmente incorrecto, ¿verdad? Sin embargo, creo que habría que abogar, en este tipo de entornos, por estimular que la población se concentre en las cabeceras de las parroquias, entendiendo “parroquia” en el sentido de división administrativa que tiene en el occidente de Asturias y Galicia, donde los pueblos se dividen en parroquias y estas a su vez en aldeas. Es la única forma de poder garantizar sus derechos a la población. La única forma de que funcionen pequeñas escuelas rurales integradas, o de que haya consultorios sanitarios atendidos todos los días, o de tener a disposición conexiones fiables a internet, traída de aguas, saneamiento y todas aquellas cosas que se dan por hechas pero que no llegan a casi ninguno de esos 337 pueblos que conforman el Concejo. ¿Cómo? Facilitando vivienda en estos lugares, dotándolos de servicios, con ayudas fiscales por vivir ahí, pero a lo mejor, una vez hecho lo anterior, también eliminando servicios insostenibles como transporte escolar o recogida de basuras en aldeas y caserías donde, a pesar de la oportunidad, siguen viviendo dos o tres personas. Pensemos que de esta forma se podría mantener la unidad productiva (explotación vacuna) en la aldea, mientras las personas viven en núcleos cercanos, algo más grandes, donde se puede socializar, tener una escuela rural, un dispensario médico, un supermercado o un bar.

Una vez clara esta línea de actuación, y mientras se lleva a cabo, sería el momento de incidir en el resto de aspectos:

– Planes de acción contra el cambio climático y de empoderamiento frente a los mercados: Somos productores de metano, junto con la leche y la carne es nuestra principal producción. Se trataría de extensificar las explotaciones lecheras, reduciendo su dependencia de los alimentos concentrados. De esta forma, se eliminaría el problema de los purines y se ganaría autonomía económica. Para ello hay que apoyar una vuelta a genéticas más adaptadas a la intemperie, menos productivas, desde luego, pero también menos generadoras de gastos. Esto iría unido a planes de redimensionamiento del parque de maquinaria agrícola de la zona, muy moderno y adaptado a zonas de gran producción, lo que ha traído uno de nuestros principales problemas, y es que para adaptarse al mercado, a los ganaderos no les ha quedado más remedio que meterse en una carrera de continua mecanización y aumento de producción, que ha generado un enorme endeudamiento y ha expulsado a los más débiles, con el consiguiente cierre y abandono. En definitiva, en palabras de Van der Ploeg, “recampesinizar” el medio, aprovechando las últimas tecnologías pero adoptando estrategias de resistencia paralelas al mercado. Potenciar la multifuncionalidad del monte, reintroduciendo las ganaderías mixtas de antaño, etc. Por supuesto, dentro del marco general de la PAC, adaptar su aplicación a cada zona. Los problemas expuestos en el artículo sobre “mantas de cuadros y todo terreno” son muy diferentes a los de aquí.

– Apoyo y protección a la biodiversidad. Cuando nos demos cuenta de que las praderas polifitas son mucho más interesantes que las altamente productivas praderas de ray-grass, pues permiten el pastoreo continuado, impidiendo la degradación del suelo, etc, quizá hayamos dado un paso importante para entender que la biodiversidad juega un papel fundamental en nuestro ecosistema. Esta es tierra de lobos, osos, etc. Ocasionan problemas con nuestro ganado, pero también mantienen a raya al jabalí que destroza los prados, o impiden los brotes de sarna manteniendo a raya las poblaciones de corzo.

– Implementar políticas agroalimentarias al servicio de nuevos modelos de producción social sostenible. Ahí tenemos parte del camino recorrido, las cooperativas ganaderas de la zona suelen tener líneas de cooperativas de consumo, donde ya se da la venta de producciones locales. Este modelo hay que favorecerlo e impulsarlo todavía más.

– Devolver a los vecinos la gestión del territorio. Los montes vecinales en mano común, habituales en esta zona, deben estar gestionados por los vecinos/as, no por los ayuntamientos ni por las consejerías. Eso sí, debe exigirse responsabilidad en esta gestión.

– Formación. Mucha formación, como forma de revalorizar el trabajo del ganadero/a. Exigir titulaciones al menos de FP de grado superior a quien detente la propiedad de la explotación, personas que manejan fitosanitarios, distribuyen antibióticos a su ganado, son responsables de la sanidad animal y humana… Y por supuesto, reestructurar los currículos de la formación profesional reglada: en España no existe un ciclo superior de FP que contemple la gestión multifuncional del rural, y tenemos un ciclo superior de ganadería perfectamente válido para la España mediterránea, pero de muy poca aplicación al norte de la Cantábrica.

Son ideas rápidas y genéricas, obviamente todas ellas son susceptibles de mejora, que solo pretenden ser una base para reflexionar y debatir.

La mayoría de las imágenes que aparecen en los medios sobre el pastoreo deganado en sistemas extensivos muestran la figura de un hombre mayor, a punto de jubilarse, soltero, sin afeitar y ataviado con esa manta de cuadros blancos y pardos que hemos visto en tantas fotografías.

En realidad, hoy en día, son muy pocos los pastores que encajan en esta imagen, primero porque son pocos en total, porque la mayoría de estas personas mayores ya se han retirado y porque, los que quedan, utilizan más el goretex y las botas de monte que la manta de cuadros y se desplazan más en vehículo que a pie.

Soledad, aislamiento, falta de relaciones sociales, soltería, envejecimiento, trabajo diario y continuo, sin días libres… este es el corolario que se repite una y otra vez para dar cuenta de la vida de los pastores en el campo, y estas son las razones que los apologetas de esa iconografía aducen para explicar la desaparición progresiva de la ganadería extensiva y la falta de relevo generacional.

Pero, como ocurre en otras ocasiones, las imágenes esconden más que revelan y confunden más que aclaran, de modo que vamos a internarnos en la parte trasera de la fotografía.

En primer lugar, la mayoría de la ganadería en España es estabulada, es decir, los animales permanecen todo el año en la cuadra y, los que salen, es para tomar el sol, ya que el alimento lo reciben en el pesebre, no en el campo. En esta situación, los pastores, que a sí mismos se llaman ganaderos, se pasan el tiempo consultando el precio de los piensos, calculando el gasto en alimentación, negociando con proveedores y clientes y haciendo números. Desde los modelos integrados, en los que el ganadero es un apéndice de la empresa suministradora del pienso, hasta otras opciones más flexibles, lo cierto es que la gestión de la explotación es una parte fundamental de su trabajo.

En segundo lugar, la mayoría del ganado que está en el campo, sobre todo el ganado vacuno de carne, percibe ayudas de la UE, la llamada PAC que viene a suponer entre el 40 y el 60% del total de los ingresos brutos en este tipo de explotaciones.

Esos fondos se perciben en función de una serie de “derechos”, los cuales están asociados al aprovechamiento del pasto en unas determinadas zonas. En el caso de los pastos comunales, los ayuntamientos distribuyen esos “derechos” de acuerdo con lógicas que casi siempre atienden a intereses partidistas, familiares o de otra índole, y no al efecto del pastoreo sobre el territorio y la vegetación. Así que, ¿quién lo iba a decir?, los ayuntamientos se han convertido en poco menos que los señores feudales de los pastizales, los alcaldes “dan o quitan derechos”, empadronan o no a los candidatos a utilizarlos y utilizan la asignación de “derechos” como una herramienta para ventilar cualquier asunto.

Pero, no solo los ayuntamientos, desde hace unos años, las autoridades comunitarias, al alimón con el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas, han puesto en marcha un sistema denominado CAP, Coeficiente de Admisibilidad de Pastos, es decir un sistema de cálculo que autoriza la concesión de derechos de pasto a determinadas zonas y excluye a otras.

Así, el matorral, el bosque denso o diseminado, las zonas de elevada pendiente, las que no están cubiertas de vegetación… son excluidas de los derechos a recibir ayuda comunitaria. De modo que ya tenemos la tormenta perfecta, cuando hasta hace unos años los ayuntamientos buscaban ganado para mantener el territorio y aprovechar el pasto, ahora, los mismos se dedican a asignar los derechos de PAC cual si fuera el más preciado resorte de poder con el que cuentan.

Como muestra de esta situación, a lo largo de los últimos cuatro años, el 60% de los pastos en España han desaparecido a efectos de Pago Único de la PAC, que, como se ha dicho, es la principal fuente de ingresos para un ganadero extensivo de carne. Así, cuando veamos un pastor en el campo, lo primero que tendríamos que saber para conocer su situación es si tiene “pac” o no, ya que este es un dato crucial para entender por qué algunos tienen todo terrenos y otros C15 o por qué unos tienen piso en la capital, e incluso, viven ahí, y otros, por el contrario, se ven obligados a vivir en caravanas, porque, la verdad es que en el mundo del pastoreo, como los demás, hay pastores aristócratas, con “derechos” y pueblo llano, con ganado y sin “derechos”.

A fin de controlar el desarrollo del matorral, los ayuntamientos reciben fondos para el desbroce o el repaso, lo que se lleva a cabo con maquinaria pesada. Dada la tendencia de la naturaleza a seguir su curso y el papel del matorral como fase previa a los procesos de bosquización, a los pocos años de eliminar el matorral, este, con insistencia y denuedo, vuelve a ocupar la parcela de manera tan densa o más que anteriormente.

Como, además, las autoridades comunitarias consideran que todo lo que no sea hierba verde y bien visible, no puede recibir “derechos de PAC” por las razones expuestas, los ayuntamientos se afanan en aumentar cada año el número de hectáreas desbrozadas para contener aquello a lo que la naturaleza no parece dar tregua. Se crean grandes oportunidades para las empresas desbrozadoras, dando lugar a una paradoja de gran contenido conceptual. Ya que, por un lado, hacen falta más pastos para recibir los consabidos “derechos” y esto genera conflictos entre los ganaderos asentados y los nuevos ganaderos que no disponen de “pac”. Y, por otro, aquellas cabras y ovejas, que, precisamente fueron eliminadas de las áreas repobladas en los años sesenta y setenta, por su capacidad para comerse los brotes de los pinos recién plantados, son ahora sustituidas por grandes máquinas desbrozadoras que, como demuestran los hechos, son menos eficaces que ellas para eliminar el matorral.

Se cambia así a las cabras y ovejas por máquinas, la diferencia es que las primeras podrían dar beneficios económicos y sociales y las segundas, solo ocasionan gasto. Valga para comprobarlo la consulta del presupuesto de las Comunidades Autónomas destinado a desbroces mecánicos, que, a su vez, son cofinanciados por la UE dentro de su paquete de ayudas ambientales. Es decir, pagar los sueldos de los tractoristas, destrozar taludes y caminos, eliminar arbustos y pequeños árboles y gastar gasoil a tutiplé, es un servicio que con fondos públicos y en favor del Medio Ambiente, nos proporcionan las autoridades… ¡para que digan que el absurdo no es un género de plena actualidad en lo que al manejo de fondos públicos se refiere!

Si no fuera por el injustificable dispendio que esto supone, esto, es decir, el absurdo, podría quedar aquí. Si no fuera porque este sistema está haciendo desaparecer prácticas ganaderas de gran valor ecológico y económico, porque los grandes incendios progresan cada año causando enormes pérdidas, porque la desaparición del ganado supone una merma de la biodiversidad y de la resiliencia de los ecosistemas y los hace más frágiles… si no fuera por todo esto, tendría su gracia, pero no la tiene en absoluto.

Y más aún, si no fuera porque en este contexto, los jóvenes sin antecedentes familiares en el sector, los pastores de cabras y ovejas, las personas que provienen de otros ámbitos… lo tienen prácticamente imposible para incorporarse y desarrollar su actividad en igualdad de condiciones que el resto.

Para acabar y para empezar, más nos valdría desterrar esas imágenes que tanto contenido gráfico llevan incorporado y empezar a establecer con rigor y datos, que los hay, el corolario de causas y consecuencias a fin de entender lo que sucede y poner en marcha medidas para cambiarlo.

Transitar del paradigma de dominación de la naturaleza al de sostenibilidad

Con la emergencia renacentista del empirismo científico, el conocimiento racional se abrió camino frente al poder del mito y de la autoridad divina. Pero al tiempo que se puso en cuestión el poder de dioses y reyes, al amparo del paradigma de “dominación de la naturaleza”, se acabaría desechando la sabia humildad ancestral que se derivaba del paradigma de “madre naturaleza”, al considerarlo expresión de ignorancia más que de sabiduría.

Desde la urgencia por apropiar los recursos naturales, que el capitalismo potenció con poderosos incentivos económicos, ese paradigma de dominación acabaría primando la eficacia tecnológica sobre la duda y la prudencia del más genuino pensamiento científico.

Por otro lado, desde la visión del “socialismo real”, liderado por la Unión Soviética durante buena parte del siglo XX, el paradigma de dominación de la naturaleza mantendría igualmente su vigencia bajo el aliento del reparto de bienestar colectivo generado por el desarrollo socialista.

En este contexto, a lo largo del siglo XX, el conocimiento científico, como motor del desarrollo económico y social, se ha visto dominado y deformado por una mitificación de la tecnología, como expresión de la ciencia aplicada a esa dominación de la naturaleza y de sus recursos, hasta conformar una visión tecnocrática más que propiamente científica.

La emergencia del neoliberalismo, como expresión extrema de mercantilización de la vida, ha acelerado la depredación de recursos y valores ambientales, potenciando esa visión tecnocrática, con todos los incentivos imaginables del mercado, por encima de cualquier consideración ética. Incluso la ciencia, en sus consideraciones sobre las alarmantes perspectivas derivadas de los diversos frentes de insostenibilidad activos, ha acabado resultando incómoda para los poderes neoliberales imperantes.

Afrontamos así un reto de supervivencia de nuestro orden social y de los principios democráticos, sin precedentes en la historia de la humanidad: el reto de transitar del paradigma de dominación de la naturaleza hacia el nuevo paradigma emergente de sostenibilidad. Con el cambio climático en curso, ya casi nadie se atreve a cuestionar siquiera este reto; sin embargo, el abrumador poder de los intereses creados de corto plazo, desde la lógica neoliberal imperante, hace sumamente difícil transformar la urgente necesidad del cambio en realidad.

Mercantilización del territorio y degradación del medio rural

Desde la visión mercantilista imperante, que ha impuesto el neoliberalismo, sólo se reconoce el valor monetario de bienes y servicios que establecen los mercados, invisibilizando e ignorando, no sólo los valores sociales, culturales, éticos y ambientales más importantes, en los que se asientan las claves de la vida, la democracia, la dignidad y la felicidad de personas y comunidades, sino incluso las bases físicas y ecológicas que sustentan la supervivencia del sistema económico vigente. En este contexto, la intensificación urbana de las relaciones de mercado tienden a relegar y olvidar el valor y el papel del medio ambiente y del territorio del que depende esa vida urbana misma.

El territorio pasa a valorarse tan sólo como productor de inputs mercantilizables en una sociedad fundamentalmente urbana. Las capacidades de producción de alimentos, agua, energía, recursos minerales e incluso de determinadas funciones ambientales, tienden a considerarse como bienes mercantiles, crecientemente escasos, que deben privatizarse y administrarse de forma “eficiente” desde la lógica del mercado. El territorio es el simple soporte físico de esos valores mercantiles, mientras las personas en el medio rural sobran al dificultar el desarrollo de esta lógica.

Asistimos en este contexto, por un lado, a la aceleración de procesos de despoblación, que vienen de atrás. Territorios inadecuados para la producción agropecuaria industrializada, por su orografía y condiciones naturales, tienden a ser abandonados a su suerte, como espacios irremisiblemente condenados a la despoblación.

En otros territorios en los que pueden desarrollarse actividades extractivas, como la minería a cielo abierto, el fracking, la explotación maderera a gran escala o la producción hidroeléctrica, mediante grandes presas, la población sobra, por lo que su desplazamiento pasa a ser parte de la estrategia productiva a desarrollar, presentada desde el argumento del interés general o del interés de la nación.

Por otro lado, se multiplican los casos en los que el futuro de un territorio queda hipotecado por proyectos como instalaciones nucleares o de almacenamiento de residuos contaminantes peligrosos, que las grandes ciudades quieren alejar de sus entornos. El hecho de que tales instalaciones se promuevan en territorios depauperados y en despoblación suele aprovecharse para plantear el cínico y perverso argumento de que ofrecen una oportunidad a esas zonas desahuciadas.

En otros muchos lugares, el proceso de concentración de la propiedad de la tierra en manos de los agricultores más fuertes y de los grandes terratenientes, que acompañó al éxodo rural a las ciudades, transfiriendo mano de obra barata para la industria y los servicios, está girando hacia agresivos procesos de acaparamiento de tierras. Lo que en África, América Latina y Asia se presenta como un fenómeno global de compra masiva de tierras, desde China, India, EEUU o Europa, o como simple y brutal despojo de tierras de comunidades indígenas y campesinas, con la colaboración de los respectivos gobiernos, empieza a tener su expresión, sin duda más discreta, en nuestro país, centrada en tierras con derechos de riego. La tierra fértil y el agua, empiezan a considerarse como una oportunidad de negocio especulativo, ante la perspectiva de escasez de determinados recursos. Por otro lado, el libre mercado de derechos concesionales de agua, vigente actualmente en nuestro país, acelera este proceso de abandono de explotaciones vulnerables y venta de derechos, especialmente en los ciclos de sequía que agrava año a año el cambio climático en curso.

En este contexto, a la insensibilidad social y ética de la codicia, suele unirse la miopía del negocio, desde perspectivas de corto plazo, que nublan las consecuencias de medio y largo plazo derivadas de la gestión que se hace de patrimonios naturales y territorios: procesos de contaminación vigentes durante cientos o miles de años; destrucción o degradación de acuíferos; esquilme y degradación de la fertilidad de las tierras; abandono y pérdida de semillas y formas productivas tradicionales, en detrimento de la soberanía alimentaria de la gente y en beneficio de los mercados globales; procesos de deforestación y erosión que completan dinámicas de desertización; políticas forestales basadas en especies que aumentan el riesgo de incendios catastróficos; destrucción de la ganadería extensiva vinculada al territorio en beneficio de modelos intensivos, contaminantes y sumamente vulnerables; explotación de masas forestales desde perspectivas cortoplacistas, aún a costa de incrementar los riesgos …

Ruralidad y Sostenibilidad, claves del reto democrático del siglo XXI

Afrontar el reto de la sostenibilidad exige, entre otras cosas, asumir una estrategia de defensa del territorio; pero, por otro lado, sólo habrá futuro para la vida rural si somos capaces de construir un nuevo modelo de ruralidad vinculado al reto de sostenibilidad democrática que debe afrontar el conjunto de la sociedad.

Una idealización del medio rural, desde el principio de que cualquier tiempo pasado fue mejor, tendrá escaso recorrido. Ciertamente, no sólo en el medio rural, sino en la sociedad en su conjunto, saber reflexionar desde la experiencia histórica nos ayudará a encontrar y diseñar caminos de futuro, pero no idealizando el pasado sino aprendiendo de él para enfrentar el futuro. Por ello, desde el medio rural, responder a los retos de la sostenibilidad democrática que debe afrontar la sociedad en su conjunto, es una clave fundamental de la modernidad rural a promover.

Por otro lado, desde ciertas visiones, puede valorarse la despoblación del medio rural como una oportunidad para desarrollar estrategias de sostenibilidad, al recuperar espacios naturales, libres de la presencia humana. Desde mi punto de vista, esta perspectiva, que acentúa la polarización urbano-rural en el contexto de una creciente polarización socio-económica en el conjunto de la sociedad, entra en sintonía con esa visión neoliberal, de corte medioambientalista, que asume mercantilizar incluso los servicios que brindan los ecosistemas, en beneficio de los privilegiados.

Ciertamente un territorio puede despoblarse, con lo que pueden regenerarse espacios naturales silvestres que el ser humano modificó a lo largo de siglos e incluso miles de años. Sin embargo, en tales casos, desde la perspectiva neoliberal, ese territorio pasará a cumplir la función productiva que le sea asignada por quienes se acaben apropiando de él, ya sean empresas madereras, ganaderas, mineras, hidroeléctricas, o incluso de ocio … Cabría también la opción de que fuera el Estado quien asumiera el control de esos espacios desde perspectivas que fueran más allá de la miopía del mercado… Sin embargo, esa desvertebración social de territorios rurales, acentuando la polarización urbana, acaba sintonizando más con perspectivas autoritarias, vinculadas a los grandes poderes económicos, que no con perspectivas democráticas de sostenibilidad.

Es importante, a mi entender, vincular sostenibilidad y democracia, si no queremos dejar vía libre a esa posible expresión autoritaria del neoliberalismo que acaba reconociendo los valores ambientales como recursos naturales reservados para quienes puedan acceder a ellos a través del mercado.

Desde esa perspectiva democrática el papel de las comunidades rurales en la defensa del territorio toma una dimensión fundamental en la estrategia de sostenibilidad que debe asumir el conjunto de la sociedad.

Por un lado, desde una perspectiva democrática. ser minoría no puede justificar la merma de los derechos humanos y de ciudadanía, ni la degradación de la igualdad de oportunidades para todos y todas que debe garantizar de forma efectiva la democracia.

Pero más allá de ese argumento básico, revitalizar el medio rural forma parte del interés, no sólo que quienes viven en él, sino del conjunto de la sociedad, incluidos quienes vivimos en ciudades más o menos grandes.

Si entendemos que una clave del reto de la sostenibilidad ambiental está en fortalecer la democracia participativa, entenderemos mejor que defender la sostenibilidad de los ecosistemas debe estar vinculado al papel que tengan, sobre el terreno, las poblaciones que habitan sus entornos. Obviamente, si la humanidad desapareciera, la vida silvestre ocuparía su espacio. Pero en este mundo globalizado y superpoblado la desaparición de un tejido rural no supone, de facto, el desarrollo de una naturaleza pristina…

Revitalizar el medio rural no significa recuperar los niveles poblacionales, ni las actividades económicas y el orden social de antaño. Sin duda las condiciones socio-económicas y productivas han cambiado profundamente. La producción agroganadera, pudiéndose afrontar desde muy diversos modelos, requiere en cualquier caso muchos menos productores a tiempo completo; al tiempo que la movilidad y la comunicación, a todos los niveles, permiten actividades en el medio rural y modelos de desarrollo, integrados en el conjunto de la sociedad, inimaginables hace escasas décadas.

Defender el Territorio desde una nueva perspectiva del Desarrollo Rural

Como ya se ha explicado, el reto de la sostenibilidad ambiental no es un reto específicamente rural, sino del conjunto de la sociedad. Sin una estrategia que modifique, no sólo la producción de bienes y servicios, sino el modelo de consumo y de vida imperante en las ciudades, será imposible afrontar los retos de insostenibilidad vigentes. De hecho, los grandes problemas de insostenibilidad se generan y promueven desde el medio urbano; sin embargo, es en el medio rural, en territorios a veces muy alejados de las ciudades, donde se generan los grandes impactos que quiebran la estabilidad global de la vida, tal y como la conocemos hoy. El impacto climático global de las emisiones masivas de gases de efecto invernadero; la huella hídrica que degrada y arruina ríos y acuíferos; la producción de alimentos sobre la base de un modelo agro-ganadero que esquilma la fertilidad de la tierra y transforma los nutrientes en contaminantes; la extracción masiva de recursos madereros y la creciente fragilidad de las masas forestales desde estrategias productivistas; la creciente escasez de recursos no renovables que justifica la depredación y destrucción de territorios con la minería a cielo abierto o nuevas tecnologías de fracking; el desarrollo de grandes centros de producción energética (hidroeléctricas, nucleares, térmicas …); los masivos procesos de contaminación, difusa o no, o la instalación de vertederos y depósitos de residuos contaminantes peligrosos … , impactan y degradan sistemáticamente nuestros territorios. En suma, tanto en la provisión de recursos como en la gestión de residuos, es en el medio rural donde se hunden y crecen las raíces de la insostenibilidad.

Desgraciadamente, el propio sistema ofrece, a quienes sobreviven en el medio rural, estas estrategias insostenibles como oportunidades de desarrollo, aunque a la postre aceleren la degradación y despoblación de los territorios. Combatir esas estrategias envenenadas es fundamental, pero será insuficiente si, al tiempo, no impulsamos un nuevo modelo alternativo de desarrollo rural que dé respuestas avanzadas a los grandes problemas y retos del conjunto de la sociedad. Un nuevo modelo basado en la soberanía alimentaria y energética, en la gestión sostenible de los patrimonios ambientales que atesoran los diversos territorios y en una diversificación productiva en la que jóvenes y mujeres deben ser motores fundamentales. Un nuevo modelo productivo y de vida que puede y debe vitalizarse, poniendo en valor las claves identitarias, patrimoniales y culturales que atesoran nuestros pueblos, como señas de identidad de todos, incluidos quienes vivimos en ciudades cada vez más desarraigadas. Una revitalización emocional e identitaria que revitalice la autoestima colectiva de lo rural, pero desde nuevas perspectivas progresistas, superando mitos y tradiciones vinculadas al conservadurismo clasista y clientelar que suele dominar amplios espacios de la conciencia rural.

Recuperar la soberanía de la gente sobre las cuestiones esenciales de la vida forma parte del reto democrático y del reto de sostenibilidad de las sociedades del siglo XXI. Desde esa coherencia, es vital recuperar el pulso democrático de los territorios que, en definitiva, alimentan la vida de la sociedad en su conjunto. Para ello urge forjar una alianza entre el mundo rural y el urbano para afrontar ese reto de la sostenibilidad democrática, desde bases de equidad y de justicia social y ambiental.

En el ejecutivo y en el parlamento se está trabajando una Ley de Cambio Climático de muy incierto resultado. Incierto el contenido que finalmente pueda ser asimilado y aprobado por los partidos mayoritarios, pero incierto también porque en España la legislación es, con endémica frecuencia, una carta a los reyes magos que una parte de la sociedad sacraliza como logro, y cuya aplicación general y dotación real será siempre entorpecida por los otros.
Respecto al reto del Cambio Climatico hay sin embargo varios frentes de esperanza: En la Francia liberal de Macron ya se ha creado un Ministerio de Transición encargado de cuestiones de energía y cambio climático, con una Ley y una precisa agenda desde hace ya una década. Este incrementa la posibilidad de que algún momento proximo podamos implementarlo en España, tanto en las estructuras de ejecutivo estatal como autonómico.
Pero sin duda la mayor esperanza no esta en el parlamento propio o en el Estado vecino, al que somos a imagen y mala semejanza, si no en lo pequeño y lo más propio, desde los municipios, con proyectos piloto y estrategias realistas y bien definidas de corto alcance y de larga mirada, incluso creando Concejalías de transición con rango de tenencia de alcaldía.
Esta tendencia está ampliamente refrendada por las naciones unidas que ya tienen asumido que los estados hablan y viajan mucho y hacen mal, poco y tarde. Por no desesperar de sus loables intenciones de sostenibilidad global, diferentes organismos de Naciones Unidas impulsan una miriada de plataformas de municipios que, de modo colaborativo, van asumiendo objetivos, balbuceando discursos y permeando por la difícil capilaridad ascendente; agendas 21, pacto de los alcaldes por el clima y la energía, redes de ciudades sostenibles, etc.
Pero la transición es un campo de una batalla que se conquista aun desde más abajo, desde las pequeñas asociaciones de base, desde las plazas en 2011, y por capilaridad ascendente a los ayuntamiento a partir de 2015. Aunque de modo lento y con frecuencia demasiado inconstante e incierto el mensaje sigue fluyendo hacia arriba.

Por otro lado la clave de la transición no es sólo energética, la agenda alimentaria es clave en el cambio de modelo productivo. El sistema alimentario, incluyendo los insumos agrarios, transportes, cadenas de fríos y otros procesos industriales, o la gestión de los residuos orgánicos que genera el conjunto de la cadena de vida de un alimento, suponen según GRAIN, casi el 50% del total de emisiones del Planeta, y cerca del 30% del consumo de energía.
Esta transición de modelo alimentario tiene un sinónimo más conocido y movilizador en la soberanía alimentaria, objetivo impulsado por via campesina y que en una década ha logrado penetrar en los movimientos sociales con más profundidad que las soberanías energética, financiera o monetaria. Pero ciertamente, muchos creemos y nos aplicamos porque la alimentación, es la más sencilla y cotidiana de las alternativas productivas que podemos afrontar.
Y desde el punto de vista institucional, el mayor margen y el mayor recorrido en materia de soberanía alimentaria se está haciendo desde el enfoque de la agroecología. Agroecologia es la producción y distribución local de alimentos, y local significa el poder y el querer de los municipios, la administración local y menor, insignificante y aminorada hasta extremos ofensivos por las estructuras del pesado y viejo Estado.
A pesar de que los Municipios tienen poco margen competencial, tienen sin embargo una gran capacidad de diseñar proyectos piloto y proyectos de alto valor sinérgico, esto es, que implementando una determinada línea de acción, sin grandes alcances objetivos o presupuestos, desde las competencias propias en diálogo con lo social, se pueda tener impacto y demostrar estrategias escalables. Por ejemplo la gestión de parques y jardines puede incluir huertos sociales o jardines comestibles y avanzar en materia de transición agrícola, y lo puede hacer en tanto o mayor medida, a medio y largo plazos, que las viciadas y viciosas ayudas de la PAC. Otra competencia propia es la gestión de residuos, el “gran marrón”, claramente reconocida en la Ley de Bases de Régimen Local y no tocada en la reforma Montoro, y refrendada en la Ley de Residuos 22/2011 como competencia municipal. En esta ámbito de los residuos un municipio puede impulsar recoger de modo selectivo los orgánicos y tratarlos en fincas de agricultores para producir compost para que alimente a la tierra que después nos alimenta, en rigurosa proximidad y en ciclos virtuosos de producción consumo y esumo. Respecto a las competencias de comercio y mercados es posible, con algunos ajustes menores, impulsar mercadillos de productores o marcar e incentivar las producciones de proximidad.
Son muchos los municipios, y de muy diferentes siglas en el gobierno, que han iniciado acciones creativas en materia de soberanía alimentaria, bajo lentes más liberales y asistencialistas, o más serenamente revolucionarias. La Red de Municipios Agroecológicos TERRA, en cuya creación participé desde 2010, es un buen ejemplo de avances locales, (bancos de tierras, escuelas de emprendimiento, avicompostaje) tal vez poco visibles, pero sin duda desde luego poco apoyadas por parte de las estructuras del estado (autonómico y general).
A esta marea del municipalismo rural agroecologico, se incorporan a partir de 2015 los grandes municipios gracias al impulso de la FAO y de diferentes ciudades del mundo como Toronto, Milán, Vancouver, Bristol o Paris, dando lugar al llamado Pacto de Milán en la cumbre de alimentación de 2015. Acuerdo y compromiso de aplicación local que han suscrito y en el que han empezado a diseñar estrategia alimentaria decenas de grandes ciudades en España. Estas estrategias, como casi todo lo que toca la administración, son lentas y flatulentas, pero mientras el sistema de gobierno no demuestro nuevas capacidades, o se produzcan tensiones y se agraven los síntomas de desgaste o de colapso, esta alianza municipal-social es la principal esperanza real que nos queda de procurar cambios; y es en cualquier caso es un modo, desde la pequeña acción local, de complementar las acciones que algunos sueñan, desde el legislativo, y a gran escala.

¿Cómo arreglar el problema de la España que se queda vacía? Este fue el título del programa de Radio Nacional de España emitido el día 19 de diciembre de 2017. “La España Vacía” es el título del libro de Sergio del Molino que logró colocar en las mentes de la mayoría ciudadana de nuestro país el problema de la despoblación. No se puede vivir en un pueblo en el que no puedes comprar un litro de leche, o en el que tan solo hay médico 2 horas a la semana.

La actualización del Padrón vuelve a mostrar como Castilla y León perdió 21.718 habitantes, es decir, 59 habitantes cada día. Mas de 3.500 pueblos están en peligro de desaparecer en los próximos 10 años. 31 comarcas rurales tienen ya densidades de población por debajo de los 4 hb/km2. En 26 comarcas, más del 35% de su población es mayor de 65 años y en 50 comarcas menos del 10% de la población tiene menos de 15 años.

En el contexto de la Conferencia de Presidentes y Presidentas Autonómicos celebrada el 17 de enero de 2017, se logró introducir el debate demográfico de la mano de varias Comunidades Autónomas. La cuestión esta en que el desequilibrio demográfico y la despoblación serán asuntos esenciales para el futuro del modelo de financiación autonómico. Es imposible mantener servicios con una densidad que no supera los 1o hab/Km2 y este debería ser un elemento sustancial en el debate que se avecina y parte esencial de la solución. La respuesta inicial fue rápida, y el 27 de enero de 2017 se promulgó el RD 40/2017 por el que se crea el Comisionado para el Reto Demográfico. Apenas 3 páginas para desarrollar una estructura cuya función inicial es elaborar una “estrategia para enfrentar el reto demográfico” Ha pasado un año y no tenemos ninguna noticia de la acción de este Comisionado más que la promesa de que en enero, o a lo más tardar en febrero, tendremos el documento. Sin embargo, no necesitamos más análisis, ni estrategias políticas. Este nuevo documento se sumará a la ponencia aprobada en el Senado en 2015 en la que, a lo largo de 66 páginas, se plantearon 137 medidas. El informe de la FEMP de abril de 2017 con 81 medidas distribuidas en 7 área de actuación. Otra subcomisión en el Senado aprobada en noviembre de 2016 y que ha iniciado sus trabajos en junio de 2017 y a lo que se suma la Resolución aprobada el pasado 14 de noviembre por el Parlamento Europeo “Sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico”.

Sin embargo, en este puzle de iniciativas políticas falta una pieza esencial y es la Ley 45/07 de 13 de diciembre de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. La miopía y obcecación del gobierno del Partido Popular la guardó en un cajón nada más asumir el gobierno en el año 2012. Cualquier estrategia para enfrentar la despoblación en el medio rural debe apoyarse en una política de desarrollo rural. Lo contrario significa descontextualizar el problema y alejar las soluciones. Es desquiciantemente absurdo pensar lo contrario. La garantía de éxito de la política demográfica será vincularla a la aplicación efectiva de esta ley. Como comentaba hace unos meses con Jerónimo Lorente, defensor del medio rural, y activista y promotor de “La Otra Guadalajara”, la aplicación de la política demográfica en el marco de esta ley será la garantía de que las medidas y recursos se concentran en las 105 comarcas prioritarias y que con mayor gravedad sufren este reto demográfico.

Somos herederos de un modelo territorial que más allá de la delimitación provincial que diseñó Javier de Burgos en 1833 no ha pasado por ninguna revisión profunda, y mucho menos ha evolucionado en ninguna de sus formas posibles para dar respuesta a los nuevos retos de la ordenación territorial. El régimen franquista consolidó un modelo centralista y a la vez de profunda segregación espacial entre el medio rural y las ciudades. Se impulsó un modelo de desarrollo dependiente y esquilmador que asigna al mundo rural una función subordinada al desarrollo urbano, y al sector industrial primero y de servicios después. Este modelo de desarrollo tuvo su expresión en la construcción de pantanos por el cual las montañas asumieron las servidumbres y vaciaron de gente sus pueblos, pero no solo, sino que se arrastra hasta nuestros días en el diseño de las infraestructuras de comunicación, en el desarrollo de la política energética, o en la exigua estrategia de industrialización difusa que dejó fuera a todas las poblaciones rurales intermedias.

En este contexto, la emigración de la mano de obra de las zonas rurales a las urbanas era esencial al modelo de desarrollo. Este vaciamiento del mundo rural no ha cesado. En valores absolutos puede parecer un movimiento insignificante pero hoy nos encontramos con 105 comarcas en situación absolutamente crítica y otras 114 comarcas en situación de declive. Entre las comarcas en declive, encontramos aquellas que han sufrido en las últimas dos décadas reconversiones sectoriales importantes; como es el caso de las comarcas mineras, pero también el caso de las comarcas cuyas economías se apoyaban en sectores como la leche, o la remolacha. En estas comarcas encontramos una población juvenil que no tiene forma de trabajar y quedarse en ellas, y con una población adulta y prejubilada que no tiene fuerzas ya para empujar nuevas alternativas. Esta realidad determina que hoy hablemos de una doble estrategia; una estrategia de lucha contra la despoblación orientada a mantener los activos poblacionales que todavía viven en comarcas que podemos considerar en declive, y otra estrategia de repoblación que se dirige a captar la vuelta de nuevos pobladores y pobladoras a las zonas rurales que ya se encuentran en una situación crítica. Una estrategia y otra implica medidas y actuaciones diferenciadas.

Existe una opinión generalizada de que, en momentos de crisis, la gente vuelve al pueblo donde se “resiste” mejor. Además, me encuentro con personas con capacidad de decisión, que elevan esta opinión a la categoría de análisis y actúan como si esto fuera así sin más. Sin embargo, se olvidan de que en momentos de crisis la gente, sobre todo los hogares jóvenes o en edad productiva, se mueven buscando los lugares donde pueden cubrir más fácilmente estas necesidades y sobre todo donde piensan que es más fácil conseguir un empleo

Analizar la evolución de la población rural en el periodo 2001 a 2016 es realmente revelador. Entre el año 2001 y 2011 asistimos por primera vez en muchas décadas a un proceso de crecimiento de la población rural. Desde los pueblos de las montañas hasta los de las llanuras cerealistas, todos crecieron en valores absolutas en más de 300.000 personas, lo que equivale a un 4,7% sobre la población de 2001. El problema es que la evolución más reciente de las cifras de población entre los años 2011 a 2015 muestran como la estabilidad que se había empezado a alcanzar ha quebrado, y las zonas rurales han comenzado de nuevo a perder población con una intensidad preocupante. Los datos del padrón de 2016 lo confirman. Si dividimos el periodo que va de 2001 a 2015 en tres etapas observamos como en la primera etapa que abarca los años entre 2001 y 2007 justo antes de la crisis, la población rural – residente en municipios de menos de 10.000 hb – creció a un ritmo de 65.000 personas al año. A partir de 2008 este incremento se ralentiza y reduce su crecimiento en un 40% aunque sigue aumentando en 40.500 personas al año. Pero es a partir del año 2012 cuando se produce de forma brusca un nuevo descenso de población en las zonas rurales que es de 58.000 personas cada año. Esta tendencia continúa y entre el año 2015 y 2016 los municipios rurales han perdido 61.574 personas. Por lo tanto, la crisis de la última década ha tenido su reflejo directo en una mayor desigualdad territorial entre la España rural y la urbana, pero, por otra parte, el análisis nos muestra como hay motivos para la esperanza. Si fue real el inicio de la revitalización, es posible volver a su senda.

Lo más significativo es el abandono progresivo de los municipios y núcleos más pequeños, y la concentración de la población en las cabeceras de comarca. Así mientras ha crecido el número de municipios de menos de 100 habitantes pasando de 928 en el año 20001 a 1.286 en 2016, el porcentaje de población que reside en las cabeceras de comarca ha crecido en un 3,45% de media y el tamaño medio de la cabecera de las comarcas rurales ha aumentado en un 12%.

Esta última constatación estadística es esencial para cerrar la reflexión. ¿Es posible recuperar niveles demográficos vitales y sostenibles en comarcas con menos de 5 hb/KM2 o en municipios con menos de 100 personas, 50 o incluso 30 personas censadas? Personalmente pienso que no es realista si lo pensamos pueblo o pueblo, o municipio a municipio. Probablemente incluso haya condicionantes culturales que ya no nos permiten vivir en lugares que no reúnan ciertas características para la socialización. Podrán surgir experiencias o proyectos exitosos que logren sacar del declive un pueblo o cinco, pero la cuestión es definir estrategias políticas que sean extensibles, eficaces y esperanzadoras. La clave es abordar la estrategia territorial desde el desarrollo de la comarca como unidad administrativa que se apoya en una realidad cultural – social – económica e incluso ecológica en la cual los habitantes de un territorio rural se identifican. Al analizar la realidad rural hacemos constantemente referencias a la comarca, y sin embargo, la comarca como tal apenas ha tenido desarrollo político y administrativo. En este sentido, la comarcalización es un prerrequisito necesario al resto de las cuestiones planteadas.

La única referencia estatal que tenemos es el Mapa de la Comarcalización Agraria del Ministerio de Agricultura, que si bien no podemos asumirlo de forma absoluta, su distribución se acerca bastante a lo que podríamos imaginar cuando conocemos la conformación de cada una de ellas. Actualmente tan solo 4 Comunidades Autónomas cuentan con una división comarcal aprobada por Ley; Aragón, Cataluña, Asturias y Galicia, pero su desarrollo ha quedado muy limitado y no logran cumplir su propósito salvo en Cataluña. Recientemente, el grupo parlamentario de Compromís ha presentado una Proposición de Ley en las Corts Valencianes para la delimitación territorial comarcal de la Comunidad Valenciana. Otras Comunidades Autónomas como Cantabria, Extremadura o Castilla y León han abierto el debate a través de sus Planes de Ordenación Territorial, si bien, no lo han concluido. Castilla-La Mancha no tiene una ley de comarcalización por lo tanto no existen divisiones comarcales con entidad administrativa aunque se reconocen diversas comarcas por tradición histórica que aglutinan varios municipios y que vienen a coincidir con las delimitadas en el Mapa de Comarcalización Agrarias del Ministerio de Agricultura.

Conocemos de primera mano proyectos directamente dirigidos a luchar contra el despoblamiento rural y la revitalización demográfica, como es el caso del Proyecto Abraza la Tierra, que nació como proyecto de cooperación interterritorial financiado desde LEADER, y que hoy es Fundación Abraza la Tierra. Proyecto con metodología contrastada y con experiencias reales en 19 comarcas rurales que fue abandonado a su suerte por el Ministerio de Agricultura y por sus respectivos gobiernos autonómicos. También tenemos la Red Terrae formada por municipios de todo signo político, cuyo objetivo es la revitalización del medio rural, y que nunca ha contado con apoyo para impulsar y extender su planteamiento a otros territorios. Sin embargo, no podemos pedirles esfuerzos titánicos. Su éxito dependerá de un cambio real en las estrategias políticas.

Como adelantábamos en un artículo previo en Público, en el blog Mundo Rural Siglo XXI, los pasados días 14 y 15 de diciembre se llevó a cabo el primer #ForoDelClima convocado por el Grupo Confederal Unidos Podemos. En este marco, el día 15 se fue el momento para el trabajo de las mesas sectoriales que tocaron temas cruciales como la transición energética; fiscalidad, economía y modelo productivo; urbanismo y ciudad, entre otros, hasta llegar al mundo rural y la agricultura, eje de trascendental importancia para una transición hacia un modelo más sostenible para el planeta y las personas y de la cual rescataremos algunos elementos, reflexiones y propuestas que merece la pena valorar.

Las distintas ponencias e intervenciones en esta mesa dejaron buen sabor de boca y una sensación de que, por lo menos en el diagnóstico, se avanza por buen camino y se van aclarando los pasos a seguir para afianzar la transformación del mundo rural. Si bien fueron varios los temas que saltaron a la palestra, parece haber un consenso claro en algunos aspectos -sobre los que ahondaremos más adelante- como pueden ser la transición a un modelo de producción agroecológico, la relocalización de la economía, la protección del suelo agrario, la denuncia de los intereses corporativos y las puertas giratorias, y la necesidad imprescindible de una alianza estratégica urbano-rural que permita una retroalimentación positiva entre ambas esferas que parecieran desconectarse y aislarse cada vez más.

Recogiendo estos aspectos y partiendo desde la perspectiva estratégica de adaptación y mitigación, es necesario resaltar primero la particularidad del sector agrario como un sector altamente emisor, pero con un considerable potencial de mitigación que pasa en buena medida por el uso del suelo, siendo aquí donde radica la urgencia de un cambio en el modelo de producción agroindustrial, que no valora ni dignifica lo rural, sino que, por el contrario, contribuye enormemente a su degeneración, fomenta el cambio climático y propicia graves impactos como sequías, golpes de calor, alteración de los procesos biofísicos y ciclos naturales (agua, fertilidad de los suelos), aumento de precios y un claro empeoramiento en la calidad de los cultivos. Y es que, aunado a esto, existe un vínculo evidente entre el modelo de producción, el modelo alimentario y los patrones de consumo que inciden directamente en el mundo rural y su degradación, cuestión que relega al sector agrícola a una situación de vulnerabilidad.

Ante este escenario, se torna indispensable plantear una estrategia de adaptación ambiciosa que facilite, en primer lugar, el acceso a recursos a través de la relocalización de la economía tanto en el mundo rural como en los entornos urbanos y peri-urbanos para, posteriormente, avanzar hacia una agricultura sostenible basada en un modelo de producción agroecológico, diversificado y que facilite la reconstrucción de sistemas territoriales (re)localizados que sean más sostenibles y eficientes, potenciando la autosuficiencia conectada, sistemas alimentarios de producción y distribución locales, los mercados de cercanías y proximidad que, finalmente, contribuyan a revitalizar el sector primario y secundario de la economía. Así pues, la cuestión agroalimentaria aparece como un eje clave y punto de partida capaz de representar las capacidades de las apuestas de transiciones socio-ecológicas.

En la misma línea de lo expuesto anteriormente, queda de manifiesto la urgencia de una modalidad de adaptación transformativa, es decir, verdaderamente estructural y que resuelva los problemas de raíz, en detrimento de una adaptación incremental que se enfoque en ir paliando progresivamente las consecuencias negativas del cambio climático hasta llegar a un inevitable punto de no retorno. Por ello, se proponen medidas como el abandono del modelo de producción agroindustrial e intensivo en favor de una agricultura y ganadería extensivas sustentadas en la agroecología, la reducción de la cabaña ganadera y la reforestación ecológica de los bosques, así como la recuperación del agua que se encuentra en un 50% en manos privadas, siendo este porcentaje a su vez controlado casi en su totalidad (90%) por dos grandes empresas, por lo que podríamos estar hablando de un oligopolio encubierto.

Aunado a esto, el mundo rural no se ve afectado únicamente por la crisis ecológica, sino también por otros factores no estrictamente climáticos como son la desigualdad, las redes de poder en el campo y una despoblación desoladora. Ante esta realidad, es necesario rebuscar alternativas y plantear seriamente una alianza estratégica urbano-rural que tenga como sello distintivo una doble dinámica: por un lado, el acercamiento del campo a la ciudad a través de una producción agroecológica urbana y peri-urbana que contribuya al cierre de los circuitos de proximidad y a la relocalización de la actividad económica, apoyándose en la ralentización de la ocupación y consumo urbano del suelo agrícola e impulsando así la ruralización de lo urbano que solo puede fortalecer la apuesta Municipalista, abastecerla y fomentar su autosuficiencia en aras de la añorada soberanía alimentaria; por otro lado, queda en evidencia que esta tendencia debe ser recíproca, lo que debe conducir a un acompasamiento de estas ideas con una fase de neo-ruralización que permita revivir el campo a través de proyectos lo suficientemente atractivos y sostenibles tanto en lo social como en lo ambiental para promover una vuelta al campo que se sitúe dentro de un proceso de transición más ambicioso, y es que, como comentaban compañeras y compañeros en el encuentro, el mundo rural no es exclusivamente el mundo agrario, lo que pone de relieve la necesidad de evolucionar en otros aspectos de la economía como el turismo ecológico y otras iniciativas transformadoras como el proyecto MARES Madrid, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) que combina la ecología, la transición energética y el feminismo bajo el paraguas de la economía social y solidaria con el fin de revitalizar la economía de los barrios a través de pequeños proyectos cooperativos, propuesta que sería muy interesante de replicar en el mundo rural, valorando todos los matices que correspondan y con la implicación activa de la población local, pero que podrían aportar un aire de renovación importante para el sector.

Dicho esto, son muchos los desafíos que permanecen aún sobre la mesa para la transformación del mundo rural y que se traducen en aspectos fundamentales para tomar en cuenta, como el derroche energético del sector agrícola que debe empezar a ser controlado a través de otros indicadores como la tasa de retorno energético que nos indica si el consumo de energía es sostenible o no; el factor transporte y el sector de la distribución en un mundo globalizado a los que el modelo actual les significa millones en ganancias y donde la Política Agraria Común juega un rol trascendental; así como la reversión de la despoblación en favor de una neo-ruralización ordenada y beneficiosa desde una perspectiva ecosocial.

Por último, cabe destacar que parece quedar de manifiesto la urgencia de nuevos planes, estrategias y acciones que consoliden el avance hacia estas transiciones y que requieren de dos elementos imprescindibles: en primer lugar, un ámbito que desde hace ya mucho tiempo se viene reivindicando en todo el Estado español y que pasa por la necesidad imperiosa de inversión e impulso del I+D+I, para así poder llevar a las zonas que más lo necesitan todos los avances científicos y académicos que ya existen, así como para poder profundizar muchísimo más en los nuevo retos que emergen, de la mano con la retro-innovación y la recuperación de los saberes tradicionales del campo; en segundo lugar, que todas estas transformaciones se enmarquen en un proceso más amplio y aglutinador que permita dotar de contenido y de los recursos necesarios a estos planes para el máximo aprovechamiento de sus potencialidades, como bien puede ser la Ley de Cambio Climático y Transición Energética propuesta por Unidos Podemos que puede actuar como faro para señalar los caminos y tiempos a seguir, pudiéndose convertir en ese marco amplio dentro del cual desarrollar estas propuestas y, en un futuro no muy lejano, implementarlas.

Ayer subí a mi página de Facebook una extensa documentación al respecto, y falta mucha más, a modo de concienciación del problema. El gran dilema es, hay alternativas viables para intentar solucionar el desastre que se avecina. La única solución plausible es conquistar el poder político, que nos diese la posibilidad de revertir, en principio en España, lo que ya se está llamando era «Antropoceno». Sinceramente, no creo ni lo más mínimo que el PP y sus adláteres tengan ningún interés en la solución, sus intereses económicos y de clase son contrarios a ello. ¿Entonces qué y ahora qué?, la solución ya se ha planteado muchas veces a través de los tiempos «la Unión»por encima de siglas y personalismos. Nos mata nuestra deriva taifista, véase los problemas en Cataluña y en Podemos; si no somos capaces de poner encima de la mesa «la Unión»por muchos artículos excelsos que se escriban NO adelantaremos ni ayudaremos a la solución, y si no, unos ejemplos, el poder adquisitivo de las pensiones bajan todos los años y NO pasa nada, la sanidad es cada año más deficiente y NO pasa nada, la educación es cada año más deficiente y cara y NO pasa nada, etc. A todo esto el PP sigue según datos ganando las próximas elecciones. Ya se que es una página para hablar del mudo rural, sus problemas etc, los problemas están muy bien delimitados y articulados por el compañero Uralde, pero disiento en las soluciones por muy técnicas argumentadas y doctas que estas sean, NO existe más solución «que conquistar el PODER», saludos