Pobreza energética es un concepto hasta hace poco desconocido en nuestro país. Los años de bonanza trajeron a nuestros hogares bombas de calor y aparatos de aire acondicionado para producir aire caliente en invierno y frío en verano, cocinas vitrocerámicas, calefacción por gas natural… Eran años de bonanza y derroche.

Sin embargo por culpa de la crisis económica que sufrimos ahora muchas familias en nuestro país -el 10 por ciento- no puedan hacer frente al coste de energía para calentar sus hogares, ducharse con agua caliente o incluso cocinar. Son diez millones de pobres energéticos.
Desde 2007 la factura del suministro eléctrico ha subido en un 60 por ciento, mientras que los salarios han disminuido y más de dos millones de familias no cuentan con ningún ingreso. Hay personas que pasan frío porque no pueden calentar su casa. Hay familias cuyos miembros se tienen que meter pronto en la cama, muchas veces si haber casi cenado, para poder soportar el frío en un invierno que ha sido especialmente crudo en muchas zonas del país.

La pobreza energética, según la Organización Mundial de la Salud, tiene una relación directa con el 30 por ciento de los fallecimientos de más que se producen en invierno, debido, según sus informes, a las malas condiciones de climatización. Es decir, por el frío. En España supone unas 7.000 muertes al año que podrían ser evitables en su mayoría.

Otros estudios relacionan, asimismo, el aumento del número de muertes por incendios domésticos con la pobreza energética: el año pasado la cifra de muertos por incendio en hogares creció en un 11,5 por ciento. Sólo desde diciembre han muerto 32 personas por esta causa en nuestro país. A estos fallecimientos habría que sumar los fallecidos por intoxicaciones debidas a la mala combustión de estufas o calderas en malas condiciones. La mayoría de los muertos son ancianos que vivían solos.

Frente al frío los pobres energéticos se defienden como pueden. Con el suministro de gas cortado o asumido como un gasto imposible de afrontar, otras formas de calefacción como el butano, que prácticamente habían desaparecido de las ciudades, están volviendo con fuerza.

El problema es que muchas personas tienen que adaptar las calderas de gas natural a las bombonas de butano, y no siempre pueden permitirse pagar a un instalador profesional para que lo haga, lo que supone un serio riesgo para la seguridad.

El butano se está volviendo a usar también para cocinar por su menor precio en comparación con la electricidad. En muchos bancos de alimentos las personas que iban a recoger comida pedían que no les incluyeran en la cesta básica legumbres por no poder pagar la electricidad necesaria para cocinarlas.

A este punto hemos llegado

España no es el único país que se enfrenta a una creciente pobreza energética. En los últimos inviernos en Grecia se multiplicaron los incendios con víctimas mortales en las ciudades porque muchas personas combatieron el frío con estufas de leña. Asimismo, desde 2012 la atmósfera de Atenas se ensombrece cada invierno por la proliferación de estufas de leña en hogares, en escuelas y hospitales, lo que ha triplicado los niveles habituales de contaminación. El ahorro es directo en el bolsillo del ciudadano, pero el coste está siendo superior para las arcas públicas por el coste de las patologías relacionadas con la mala calidad del aire en las calles y en las casas.

Para acabar con esta situación una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Tsipras, tal y como prometió en su programa electoral, y que tuvo mucho que ver con su victoria, fue proporcionar electricidad gratis a los hogares que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza en Grecia
–unos 300.000- y reducir el precio del gasóleo para calefacción. Para muchas familias será una tabla de salvación, por no hablar del ahorro de los costes de enfermedades relacionadas con la pobreza energética.

En España las ayudas son claramente insuficientes. En 2009 se congeló la tarifa del suministro eléctrico, lo que en realidad no sirve de gran ayuda, porque la mayor parte de los hogares en las ciudades tienen calefacción de gas natural y porque calentar con radiadores eléctricos es aún más caro que calentar con gas.

Este pasado invierno han sido numerosas las noticias sobre víctimas de incendios o intoxicaciones por malas combustiones. Muchas familias ocultan, por vergüenza, que pasan frío por no poder afrontar el coste de calentar la casa.

Mientras tanto, el derroche energético de las grandes ciudades es escandaloso, con calles con las farolas aún encendidas a las nueve de la mañana. Respecto de los grandes –de momento- partidos políticos, no sólo ninguno promete luchar contra la pobreza energética: es que ni siquiera hablan del tema. No parece estar en sus agendas.

Se entiende, claro, al ver que en las nueve grandes compañías eléctricas españolas figuran como consejeros 23 políticos “jubilados” -entre ellos dos ex presidentes del Gobierno, unos cuantos ex ministros, ex consejeros autonómicos, ex comisarios europeos, algún ex presidente autonómico…- procedentes todos de gobiernos del PP y del PSOE y de los principales partidos nacionalistas catalán y vasco.

Uno se atrevería a apostar a que ninguno de ellos ha planteado jamás en los Consejos de Administración generosamente retribuidos a los que asisten ni una sola medida para mejorar las condiciones de vida de aquellos ciudadanos que han tenido peor suerte en la vida, han perdido su empleo y que, probablemente, alguna vez les votaron y contribuyeron a que llegaran ahí. No se acuerdan de ellos. “¿Los pobres?” –pensarán si alguna vez lo han hecho- “que se mueran”.

Las cifras que se han puesto de manifiesto en este debate muestran con claridad la gravedad y extensión de esta pobreza energética en nuestro país, así como la urgencia de las medidas para hacer frente a la misma, lo que exige una mayor presencia de este problema en el debate político y social.

Si bien coincidimos con lo ya señalado en el sentido de que la pobreza energética es sólo una de las caras del empobrecimiento que afecta de forma creciente a amplios colectivos, como consecuencia de las políticas aplicadas para hacer frente a la crisis por los dos últimos Gobiernos, no por ello hay que dejar de plantear las medidas específicas para hacerle frente

Siendo conscientes, por supuesto, de que este fenómeno, junto con el resto de los derivados de la pobreza, sólo se reducirá de forma apreciable cuando se produzca una recuperación de la renta de las familias, esto resulta compatible con la puesta en marcha de diferentes medidas, aunque muchas de ellas sean de tipo paliativo.

En este sentido y con carácter previo, hay que señalar que CCOO considera que este fenómeno sólo se puede resolver realmente estableciendo la consideración del mínimo vital de energía como suministro esencial al que tiene derecho toda la población, para desarrollar a continuación las medidas que garanticen este derecho.

En cuanto al primer elemento de los que se han señalado acertadamente como causantes de la pobreza energética, la drástica reducción de la renta de millones de familias como consecuencia del desempleo y la devaluación salarial, constituye la principal preocupación de CCOO, aunque no me voy a extender en las medidas que venimos demandando para hacer frente a estos asuntos (políticas de reactivación económica, impulso de la industria y del empleo de calidad, recuperación del poder adquisitivo de los salarios, renta mínima de ciudadanía, gravar la electricidad, el gas y la calefacción al IVA reducido del 10% -actualmente tributan al 21%-, ..).

En cuanto al segundo elemento, el relacionado con la rehabilitación energética de las viviendas, habría que encuadrarlo en las políticas de eficiencia energética en el ámbito residencial, imprescindibles por muchos motivos, uno de los cuales sería el cumplimiento de nuestros compromisos ambientales en el marco de la Unión Europea.

Con carácter general, hay que señalar que estas políticas de rehabilitación, en sentido amplio, además de reducir las emisiones tendrían un impacto muy positivo sobre la actividad económica y el empleo en un sector tan castigado como el de la construcción. Llevaría también aparejada una mejora de la calidad de vida de las personas que residan en las viviendas rehabilitadas, por lo que el sindicato al que represento las apoya y realiza propuestas para su desarrollo.

De acuerdo con esto, se trata de un círculo virtuoso con el que se puede conseguir una sustancial reducción de emisiones; la creación de empleo especializado y distribuido por todo el territorio; la recuperación de la actividad del sector de la construcción y de las industrias que lo complementan por su capacidad de arrastre de otros subsectores y lo no menos importante: una importante reducción de la factura energética y, por lo tanto, de la pobreza energética. Todo ello acompañado del impulso de las tecnologías renovables aplicadas a la edificación (solar térmica, biomasa y geotermia)

Si esto es así, no puede caber duda acerca de la necesidad y urgencia de poner en marcha unos ambiciosos planes de rehabilitación que permitan que, en unos plazos razonables, se haya actuado sobre una parte significativa del parque residencial, industrial, de oficinas y de las áreas urbanas. Rehabilitación en la que habría que dar prioridad a las viviendas peor aisladas que son precisamente las ocupadas por las personas con menos ingresos, y por lo tanto, más afectadas por la pobreza energética.

Con el objetivo de impulsar esta rehabilitación, el Gobierno aprobó en 2013 un Plan Estatal de Rehabilitación, que valoramos positivamente en su momento, pero cuyo desarrollo efectivo sigue pendiente en estos momentos por insuficiencia de financiación y falta de impulso político.

Con independencia de este injustificable retraso en la aplicación del Plan, hay que señalar que la principal deficiencia que se aprecia en él y que denunciamos en su momento, es la ausencia de mecanismos de financiación pública específicos para hacer viables las actuaciones en las viviendas con más deficiencias, las prioritarias en la lucha contra la pobreza energética.

No hay duda de que, según lo señalado en este debate, el sistema de ayudas públicas establecido en el Plan de Rehabilitación no se adapta a la capacidad económica de la mayoría de las personas que habitan dichas viviendas, en las que le resulta imposible acometer cualquier tipo de inversión.

Planteamos por ello la necesidad de establecer mecanismos específicos de financiación pública para las familias con menos ingresos, única vía que puede garantizar la rehabilitación con criterios energéticos de estas viviendas. Y si para el conjunto de las actuaciones de rehabilitación ya venimos planteando la necesidad de contar con financiación europea, y en concreto que una parte del Fondo de Inversiones Estratégicas de la UE recientemente aprobado, se dedique a estas políticas de rehabilitación, el destino prioritario de dichos fondos deberían ser aquellas actuaciones de mayor contenido social.

Y por lo que se refiere al elemento del coste de la energía, nos encontramos con una escalada en los últimos años de los precios de la energía, fundamentalmente de la eléctrica, a la que se ha venido a sumar unos cambios en la estructura tarifaria que han supuesto que la parte fija de la factura, la que se paga con independencia del consumo, suponga el 40% del total. Todo ello incrementado con diferentes impuestos y un IVA del 21%. Así, por mucho que se intente reducir el consumo, que sólo supone el 38% de esta factura, el ahorro en el coste para los usuarios es muy limitado.

Ante un problema de esta magnitud, la actuación de los poderes públicos se ha limitado a la puesta en marcha de un denominado “bono social”, establecido para el suministro de electricidad, que no resuelve estos problemas al suponer únicamente una rebaja parcial del apartado correspondiente al consumo (la menor según lo ya indicado), estar limitado a una potencia contratada muy baja y exigir unos requisitos económicos y sociales exagerados a los beneficiarios. Inoperancia que queda de manifiesto con el hecho de que, a pesar del aumento de los hogares afectados por esta pobreza energética, no se utilizan todos los fondos destinados a dicho bono social y se va reduciendo el número de sus beneficiarios.

Por ello, exigimos el establecimiento de un auténtico bono social para la electricidad, financiado por las empresas eléctricas en proporción a su cuota de mercado, al considerar que estas empresas están disfrutando de un monopolio del mercado y de la explotación de concesiones de bienes públicos o con impacto en lo público, por lo que deberían contribuir de forma especial a paliar estas situaciones de riesgo social.

Bono social que garantice el suministro básico de todos los hogares e impida los cortes por impago. Que tenga en cuenta los miembros de la unidad familiar, el nivel de renta y adecuando el término de potencia a la realidad actual. Bonos sociales que podrían tener varios tramos de bonificación en función de la situación económica de las personas y que deberían cubrir como mínimo, pero no solo, a todas las unidades familiares cuyos ingresos se sitúen por debajo del umbral de la pobreza, eliminando o reduciendo significativamente las cargas fiscales de dichas facturas. Esto debería ir acompañado de otro bono social para el gas, en las mismas condiciones ya indicadas para el suministro eléctrico, en cuya financiación también deberían participar las empresas distribuidoras de este combustible.

Se debe garantizar la efectividad de la aplicación de estos bonos con su concesión automática en aquellos casos en los que no haya ninguna duda acerca del cumplimiento de los requisitos económicos establecidos (perceptores de las rentas sociales autonómicas, pensiones mínimas con derecho a complementos, ayudas a los parados de larga duración,…).

En tanto no se consiga esta garantía universal de suministro básico de electricidad y gas, sería necesario extender al conjunto del país las iniciativas de tipo paliativo puestas en marcha en diferentes territorios, que en algunos casos impiden los cortes de suministro en invierno y permiten aplazar el pago de los recibos pendientes, mientras que en otros, se ha incluido esta pobreza energética dentro de las necesidades a cubrir por los servicios sociales.

Hemos entrado en primavera y seguro que esto también es un motivo de alivio para el Gobierno, ya que le facilita pasar página y continuar ignorando un problema social que afecta a la salud y a las condiciones de vida de millones de personas como es la pobreza energética.

Por eso es oportuno que desde los medios de comunicación y movimientos sociales no pasemos página. El debate debe continuar para evitar que el próximo invierno nada haya cambiado.
De hecho, la pobreza energética es la expresión del fracaso absoluto de la regulación eléctrica y gasística en nuestro país. El claro resultado de una regulación hecha a medida de las grandes compañías y sin tener en cuenta ni las necesidades de la población ni los retos económicos, climáticos y geopolíticos de España ante la crisis energética global.

Las cifras son realmente escandalosas y el problema crece a ritmo de vértigo ante la insensibilidad absoluta del Gobierno para adoptar, aunque sea, medidas paliativas ante una situación que podríamos tildar de epidémica.

La pobreza energética es el resultado de tres procesos: El empobrecimiento generalizado de gran parte de la población que ve cómo ha caído su renta en los últimos años. La precarización del parque de viviendas de muchísimos barrios de todo el país, hechos a golpe de pelotazo urbanístico y sin pensar en ahorro y eficiencia energética. Y la subida generalizada del precio de la luz que se suma a un incremento de 5 puntos en el tipo de IVA que se le aplica.

Por eso, aunque la exclusión energética es un fenómeno anterior a la crisis y a los recortes, afecta no sólo a las personas más pobres sino que, como apunta el informe publicado por el Observatorio de Vulnerabilidad de la Cruz Roja, ésta no ha dejado de crecer desde que empezó a medirse en el 2011 y en 2014 ya son el 61,8% de la población la que afirma tener dificultades para mantener el hogar a una temperatura adecuada.

Por lo tanto, estamos hablando de un problema mucho más transversal y estructural que pone de manifiesto la necesidad de revertir procesos de desregulación energética y privatización de un servicio básico esencial para la vida.

Y cuando hablamos de soluciones, y algunas son apuntadas por la ponencia, creo que debemos hablar de dos tipos de intervenciones por parte de la administración y el Parlamento.
Por un lado, medidas paliativas y de lucha contra la pobreza energética a corto plazo. Desde Iniciativa Per Catalunya y la Izquierda Plural planteamos ya hace dos años una proposición de ley para prevenir la pobreza con un conjunto de medidas que, a mi entender, son inaplazables: en primer lugar, definir el fenómeno a nivel legislativo. Para afrontar un problema hay que reconocerlo y acotarlo, como han hecho otros países. Es cierto que la definición puede ser más amplia, ir más allá de la temperatura o la oscuridad e incluir el acceso a la red como plantea el texto de la ponencia, pero es imprescindible acotar el fenómeno a la energía sin excluir que en otros campos se intervenga. Así facilitamos el abordaje del acceso a la energía desde una perspectiva integral y nos permite acogernos a marcos normativos europeos que dan cobertura al fenómeno de la pobreza energética.

Por otro lado, necesitamos una definición de consumidor vulnerable que sea inclusiva y amplia, vinculada a exclusión en el acceso de suministros básicos por razones personales, económicas o sociales para poder dar cobertura a las personas afectadas. Además debe ser un trabajo coordinado con las distintas administraciones y que las características puedan ser revisadas para asegurar periódicamente que no se desatienden situaciones de pobreza energética por una cuestión de rigidez o de requisitos inadecuados. Esta definición es clave, ya que es evidente que el bono social no funciona y la última reforma del PP todavía ha generado más exclusión. Y mientras las necesidades se multiplican el número de beneficiarios de este descuento ha disminuido.

En la proposición de ley que presentamos desde la Izquierda Plural cuestionábamos el diseño del bono social como un descuento en una tarifa que no para de incrementarse y planteamos la necesidad de estipular un sistema público de precio social para todos los hogares con reducido nivel de renta o familias con riesgo de exclusión al que puedan acogerse, fijando unos consumos vitales de acuerdo con el número de miembros en cada hogar y la estación del año…
También debemos plantear la garantía de suministro en momentos críticos, con tregua invernal para poner fin a los cortes de servicios esenciales que afectan a la salud.

Las medidas paliativas pueden ser múltiples, pero el debate de fondo es, hasta cuándo podemos permitirnos que la política energética de este país la dicte un oligopolio controlado por tres grandes empresas que acumulan beneficios billonarios mientras la deuda de la ciudadanía con las eléctricas y la tarifa eléctrica no para de crecer.

Tenemos el peor de los sistemas; se ha privatizado el sector eléctrico creando un falso mercado que no será competitivo mientras tengamos un modelo de generación de energía centralizado y dependiente de combustibles fósiles o energía nuclear que garantizan el control de los procesos de generación, distribución y comercialización en pocas manos. La regulación ha consolidado un modelo donde los consumidores garantizamos ganancias y dividendos y pagamos los errores de planificación política o los riesgos empresariales, porque Iberdrola, Endesa o Gas Natural nunca pierden.

Se confunde el interés nacional o público con el interés de estas grandes corporaciones que han secuestrado la soberanía legislativa comprando voluntades a través de sus consejos de administración.

El último ejemplo nos lo daba el ministro Soria en la Comisión de energía del Congreso que ante mi pregunta de porqué el Gobierno no había llevado a cabo ninguna política de ahorro y eficiencia energética, incumpliendo directivas europeas, mientras España tiene un grave problema de dependencia energética exterior y consumo excesivo por unidad de PIB, respondía que ahora no interesaba ahorrar porque el consumo eléctrico ya había caído mucho.

Está claro que la caída del consumo no interesa a las eléctricas pero sí al conjunto del país, que necesitamos urgentemente una transición energética hacia una economía baja en carbono, eficiente y, sobre todo, que asegure un modelo de producción transparente, democrático, descentralizado y al servicio de la ciudadanía. Esa sería la mejor política para prevenir la pobreza energética; auditoría de la deuda eléctrica, más renovables, generación distribuida, facilitar y promover el autoconsumo y, en definitiva, recuperar el control público y ciudadano de un sector vital para la economía pero, sobre todo, para garantizar unas condiciones de vida dignas a millones de familias en este país.

En mi primera aportación al Debate saqué a colación la vinculación existente entre los recursos humanos y la libertad efectiva de las personas. Es por ello me ha causado gran satisfacción leer, en el escrito de Victoria Pellicer, la propuesta de situar «en el centro de la definición [de pobreza energética] las personas y la falta de libertad a la que se enfrentan para poder llevar a cabo la vida que valoran». Très bien!, como dicen los franceses.

Así pues hemos pasado del problema de la pobreza energética a esa otra cuestión, filosófica y abstracta, de la libertad humana. Pero esto no tiene nada de sorprendente. En mi opinión las personas inteligentes y cultas deben saber equilibrar el análisis del caso concreto con la perspectiva general; es decir, acostumbrase al vuelo de lo particular a lo general, y de lo general a lo particular, pero ahora enriquecido y profundizado. Esta es una de las lecciones más preciosas que yo he aprendido leyendo a Karl Marx y a otros autores marxistas.

También aprendí del marxismo una interpretación particular de la libertad humana – posiblemente el concepto filosófico más difícil de interpretar-, en el que los recursos económicos juegan un papel fundamental. Una interpretación que enriquece y supera a la concepción liberal, pero con la que ciertamente tiene muchos puntos de conexión. La libertad no es sólo una cuestión subjetiva, de la voluntad interior del hombre, ni una necesidad a la que se le deba suministrar obras de caridad, como propone la Iglesia o la asistencia social. La libertad es la característica más genuina del hombre y de la mujer; y si pretendemos alcanzar la igualdad entre los seres humanos, esto sólo puede consistir en la igualdad de las libertades individuales.

Para explicar este concepto de la libertad humana, propio del marxismo pero que el liberalismo más progresista ha sabido anticipar de alguna manera, es por lo que adjunto un documento que escribí hace tiempo – y que someto al espíritu crítico de los lectores de Plúblico.es.-, donde desarrollo el tema y lo discuto. También pretendo con la difusión del mismo combatir y neutralizar aquellas interpretaciones autoritarias del marxismo que ven entre la igualdad y la libertad una antinomia, y sacrifican la libertad a la igualdad.

La pobreza energética es un término que recientemente hemos empezado a introducir en nuestro léxico, aunque se trate, como dice el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, de una “nueva etiqueta para una vieja realidad”.

La pobreza energética es un término que recientemente hemos empezado a introducir en nuestro léxico, aunque se trate, como dice el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, de una “nueva etiqueta para una vieja realidad”. La urgencia por visibilizar la problemática de la pobreza energética en la coyuntura de la actual crisis española hizo que, en la mayoría de los casos, los discursos que se han manejado hasta ahora en la denuncia del problema (informes, noticias, definiciones, etc.) se hayan tomado directamente de la información recopilada durante el trabajo realizado desde hace años en Reino Unido, caso de referencia por excelencia.

Pero desde las organizaciones sociales ya llevamos tiempo también insistiendo en que la definición actual es incompleta al aterrizarlo en la realidad política, sociocultural y ambiental de nuestro país. Por ello, considero que es sumamente pertinente y necesario crear espacios de debate público como éste, para construir colectivamente la conceptualización del problema de la pobreza energética y las medidas para erradicarlo. Procedo pues a comentar algunas de las cuestiones que Rodrigo Moretón plantea en su ponencia, tratando de complementar las ideas que el resto de intervenciones han aportado, y siempre con el ánimo de seguir construyendo y ampliando el debate.

La cuestión sobre la necesidad de PLANTEAR UNA NUEVA DEFINICIÓN DE LA POBREZA ENERGÉTICA es, sin lugar a dudas, estrictamente necesaria. La que se viene utilizando actualmente focaliza el argumento en dos elementos: el térmico (la temperatura a la que se consigue mantener el hogar) y el económico (el coste que ello supone). Y es aquí donde nos encontramos con el primer obstáculo, pues dicha definición no recoge, por un lado, las causas del problema y, por otro, tampoco refleja las consecuencias del mismo. Podemos afirmar, por tanto, que la definición actual no contempla la extrema complejidad del problema de la pobreza energética, y ello juega en su contra para poder ser considerado como un alarmante problema social.

Comparto plenamente las propuestas anteriores en donde se considera que la definición de la pobreza energética debería ser ampliada. Asimismo, considero que en el centro de la definición deberían estar las personas y la falta de libertad a la que se enfrentan para poder llevar a cabo la vida que valoran. En esta línea, el enfoque de Desarrollo Humano nos puede prestar sugerentes ideas para avanzar hacia una definición más completa que cuente con el mayor número de elementos que consigan caracterizar la magnitud del problema. Para profundizar sobre el tema, enlazo un artículo en el que se conceptualiza la pobreza energética desde el enfoque de Desarrollo Humano. En él se proponen elementos a incorporar a dicha definición, que principalmente giran en torno a los valores de: justicia, derechos humanos, equidad, participación, sostenibilidad y honestidad frente a la corrupción.

Enlazando con esto último, lanzo otras propuestas que por extensión no podré desarrollar, pero que considero interesante plantear en este espacio de debate abierto, para que sigamos reflexionando al respecto y retomándolas en estos u otros espacios. Más allá de la definición, considero asimismo que deberíamos revisar, a su vez, otras tres cuestiones:

– CAUSAS: Existe consenso de que las causas de la pobreza energética son tres (ingresos, viviendas ineficientes y altos precios de la energía) pero, siendo el que es el modelo energético español, debemos hacer un esfuerzo por hilar más fino en la definición de estas causas e intentar comprender la intensidad de las mismas. Y ahí nuevamente nos brotarán múltiples argumentos que demuestran dos cosas: que nuestro modelo energético es antidemocrático y al servicio del oligopolio, y que la solución pasa necesariamente por una reforma estructural del mismo acompañada de voluntad política para llevarla a cabo.

– CONSECUENCIAS: más allá de las consecuencias inmediatas (enfermedades, exclusión, etc.) sobre las que hay ya mucho escrito, no hay que perder de vista que el problema de la pobreza energética supone una vulneración de derechos humanos que, en última instancia, priva a las personas de libertad para poder desarrollar una vida digna.

– MEDICIÓN: Los porcentajes de hogares en pobreza energética que barajamos nos orientan para tomar conciencia de la magnitud del problema, pero de nuevo encontramos el problema de la definición sesgada y limitada: se basan en los elementos “temperatura” e “ingresos” para medir el fenómeno. De igual manera, hasta el momento la medición de la pobreza energética explora las consecuencias del problema, pero no sus causas. Y seguramente la situación de una persona que sufra pobreza energética será más drástica en España, donde no existe todavía voluntad política para abordarlo, que en otro país de la Unión Europea donde existan medidas estructurales para hacerlo. Por ello, hay que seguir investigando el fenómeno y desarrollar así un índice que cuantifique también la vulnerabilidad e intensidad del problema.

En relación a la cuestión sobre la ADECUACIÓN DEL BONO SOCIAL como medida paliativa, me sumo a los argumentos de Rodrigo Moratón y posteriormente de la intervención de Cote Romero, donde vehementemente se defiende el porqué del bono social que, tal y como actualmente está planteado, no es una medida real para combatir el problema. Algunos motivos ya se han nombrado: no incluye el gas, no pueden acogerse clientes de comercializadoras distintas a las de referencia, supone únicamente un descuento del 25%… entre otros. A los argumentos ya expuestos quisiera añadir el hecho de que muchas de las personas que podrían acogerse a esta medida no conocen su existencia o el procedimiento para solicitarla, hecho que nuevamente demuestra la desconexión de la ciudadanía con la gobernanza de la energía en nuestro país.

Y recupero en este punto el debate abierto por Cote Romero sobre QUIÉN DEBE PAGAR EL BONO SOCIAL, no para extenderme en argumentaciones (por limitación de espacio) sino para nombrarlo nuevamente e insistir en la importancia de resolver esta cuestión de tal controversia: comparto que las empresas energéticas, como actores de la sociedad, no pueden evadir sus corresponsabilidades con la sociedad; y aplaudo la propuesta de la autogeneración solidaria, pues plantea una solución al problema de la financiación del bono social, visibilizando el potencial social de las energías renovables gestionadas por la ciudadanía y fuera de la lógica de los mercados.

La cuestión de la posibilidad de DISMINUIR LA FACTURA de luz a la vez que GENERAR EMPLEO se defiende ampliamente en el informe de la Asociación de Ciencias Ambientales al que remitía al inicio de esta intervención. En él se expone cómo la inversión en rehabilitación de edificios y medidas de eficiencia energética contribuiría no solamente a disminuir la factura de la luz sino también a generar empleo. Considero que se trata de un planteamiento totalmente pertinente que debemos impulsar, pero siempre acompañado de un giro más en la reflexión, que cuestione nuestros modelos de consumo actuales. No se trata de hacer mejores viviendas, para seguir consumiendo lo mismo. Simplemente porque ya está demostrado, con la presencia diaria de los efectos del cambio climático, que el planeta no es capaz de soportar nuestros ritmos actuales. Las medidas de rehabilitación de edificios y de eficiencia energética deben ir acompañadas de la construcción de una nueva cultura de consumo más sostenible.

Y llegando ya a las últimas de las cuestiones planteadas en la ponencia inicial, sí considero que es necesario replantear el SISTEMA TARIFARIO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA, aunque me surgen dudas acerca de que la renta familiar sea el elemento más pertinente para dicha tarificación. Considero que el propio recurso “energía consumida” es más apropiado, puesto que con ello impulsamos el ahorro y evitamos el despilfarro. Planteo la posibilidad de tomar un sistema tarifario análogo al que plantean para el agua en la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua. Basándonos en ello, y trasladándolo a la energía, deberíamos distinguir cuatro categorías éticas. En cada una de ellas, la naturaleza de los objetivos a cubrir y de los derechos y deberes en juego implica distintos niveles de prioridad y demanda criterios de gestión y tarifas diferentes. Lanzo la propuesta contando con que éste es un debate para proponer y construir, pues soy consciente de la complejidad que supone fijar las franjas que diferencien las cuatro categorías.

– La energía-vida, en funciones básicas de supervivencia, debe tener prioridad máxima. No se puede justificar la inexistencia de energía vida, puesto que ello supone como consecuencia la vulneración de derechos humanos. Por ello, se debe garantizar el acceso a un mínimo básico de energía para desarrollar una vida digna.

– La energía-ciudadanía, en actividades de interés general (lavavajillas, secadoras, hornos, sistemas de calefacción de mayor confort y mayor consumo, entre otros) debe situarse en un segundo nivel de prioridad.

– La energía-economía, en funciones productivas, por encima de lo que podrían considerarse niveles de suficiencia para una vida digna, debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad.

– La energía-delito, en usos productivos ilegítimos, que por tanto deben ser ilegales (fracking, extracciones abusivas, vertidos contaminantes…), en la medida que lesionan el interés general de la sociedad, deben ser evitados y perseguidos aplicando con rigor la ley.

Es bien probable que no sea este el modelo más pertinente, pero sea cual fuere, no hay ya duda de que es urgente cambiar el modelo actual. Es necesario avanzar y profundizar en estos debates para construir una ciudadanía consciente, informada y crítica que contribuye a trabajar hacia un cambio de modelo energético en el que la energía pueda ser gestionada a partir de criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad. Y es también evidente que estos criterios son, a todas luces, incompatibles con cualquier aproximación mercantil que está, por su propia naturaleza, engendrada con expectativas cortoplacistas de lucro privado y beneficio personal.

Me gustaría comenzar esta aportación recordando que el sistema energético, entendido como la cadena energética, es un sistema injusto a lo largo de todas sus fases, desde la producción, la transformación y la distribución, hasta el consumo y los residuos que se generan.

El modelo energético actual está demostrando ser causa de grandes problemas a escala global, tanto como sustento de un modelo económico que nos está abocando a una grave crisis ecológica, como elemento que provoca conflictos geoestratégicos, abusos de derechos humanos y aplastamiento de resistencias ciudadanas. La pobreza energética es una más de las consecuencias que evidencia este hecho, poniendo de manifiesto la relación que existe entre la energía y la justicia social. Esta relación se presenta hoy caracterizada por la vulnerabilidad y la desigualdad en el acceso a la energía.

Para la gran mayoría de la población mundial la falta de energía va de la mano de la pobreza, sin embargo, para las élites gobernantes la energía es una cuestión de poder. Es por ello que la visión tradicional que predomina en la política energética se da desde la dimensión geopolítica, y no desde consideraciones socio-económicas.

Sin embargo, no es solo una cuestión de pobreza y vulnerabilidad. La conceptualización de la pobreza energética se entiendo mejor como un triángulo en que inciden la relación entre baja renta de las familias y alto precio de la tarifa de electricidad y gas, las necesidades energéticas y la eficiencia energética del hogar y de los electrodomésticos.

La definición inicial de la pobreza energética nació en el Reino Unido y se limitó a significar aquella situación en la que las familias destinaban más del diez por ciento de sus ingresos en calentar sus hogares (Boardman 1991). Pero ciertamente, está definiciónha ido desarrollándose para dar respuesta a una realidad social más amplia en la que se recoge la incapacidad de acceder a los servicios energéticos que una familia necesita social y materialmente. De esta manera, la pobreza energética tiene que entenderse como falta tanto de calefacción como refrigeración, luz, agua caliente, energía para cocinar y para el uso de electrodomésticos y también, como se ha dicho anteriormente, de Internet y movilidad.

A pesar de la insuficiente atención por parte de los poderes públicos y el limitado alcance de las investigaciones académicas, las situaciones de pobreza energética son desde hace décadas una realidad para muchas familias dentro de la Unión Europea. Este problema se observa especialmente en el sur, el este y el centro de Europa y con unmayor agravamiento desde el comienzo de la crisis económica. Son las organizaciones de la sociedad civil, el activismo y los movimientos sociales los protagonistas en esta lucha, haciendo incidencia en este problema y llevando la voz de aquellos que sufren la pobreza energética al debate público y a la agenda política.

En el caso de la Unión Europea, la agenda de la política energética actual está comprometida con la construcción de un mercado energético común, la Unión Energética que comprende cinco grandes dimensiones: seguridad energética, solidaridad y confianza, mercado energético europeo integrado, eficiencia energética para contribuir a la reducción de la demanda, des-carbonización de la economía y la investigación, la innovación y la competitividad. Aun así, los mayores esfuerzos se ven encaminados prioritariamente hacia una consecución de los objetivos en materia de independencia energética y de seguridad en el abastecimiento de recursos energéticos. Los grandes proyectos de infraestructuras en las interconexiones de electricidad y de gas, y un mercado interior de energía parecen ser las medidas protagonistas. Es verdad que se incluyen propuestas de legislación en materia de eficiencia energética y objetivos de renovables, así como en tecnología e innovación para una mejor eficiencia energética en el sector de la vivienda y de almacenamiento de electricidad. Sin embargo, parecen que estas se presentan como medidas secundarias para los que los esfuerzos presupuestarios sobretodo serán más tenues.

Desde la Comisión Europea se defiende que la modernización de las infraestructuras de interconexiones y la integración del mercado energético permitirán que los consumidores se beneficien de mayor capacidad de elección y de precios más bajos de la energía. No obstante, la cuestión que quiero introducir al debate es si verdaderamente estas medidas son suficientes o tienen en consideración el dar respuestas a la situación de pobreza energética que se observa a lo largo de toda Europa. Se echan en falta desde luego una consideración de las causas socioeconómicas que llevan a las familias a no poder hacer frente a la factura de electricidad y gas, y mayores compromisos en materia de legislación que reconozca el acceso a la energía como un derecho fundamental de las personas y que por tanto, prohíba por ley las desconexiones de suministro como algunos países ya han hecho. La Directiva 2009/72 CE necesita ampliar su contenido y fortalecer la obligatoriedad de los compromisos que los Estados deben transponer en su legislación. Aún no existe una definición común en la Unión Europea de lo que se considera un consumidor vulnerable, ni hay datos sobre la cifra de personas viviendo en una situación de pobreza energética a nivel europeo; y sin datos no se pueden diseñar políticas eficientes.

Junto con medidas para evitar la vulnerabilidad energética de las familias en forma de reducciones tarifarias y ayudas económicas, se necesita de una solución real que haga el coste de las necesidades diarias asequibles para los consumidores, principalmente desde el ahorro y la eficiencia energética, y la rehabilitación de las viviendas para reducir la demanda. Aquí hay que recordar la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/EU con obligaciones de transposición para los Estados miembros, y los fondos estructurales para la rehabilitación de edificios. Muchos son los que piden que el límite de inversión de fondos europeos de desarrollo regional destinado a la eficiencia energética de los hogares, ahora fijado en un máximo del 4%, debiera ampliarse.

Se tienen que introducir también la concepción de la energía como un derecho, no solo como una necesidad. Desde esta visión, se daría soporte a la decisión de los ciudadanos de optar por el autoconsumo de energía renovable.

Además de ampliar la conceptualización de lo se entiende como pobreza energética, es también necesario que la pobreza energética gane protagonismo discursivo frente al discurso dominante centrado en la concepción de seguridad energética. Se observa como la incidencia en el discurso político de la seguridad energética condiciona que los objetivos y fines a los que sirve la estrategia europea energética sean otros diferentes a los que debiera de servir. Es bien sabido que el asegurar el abastecimiento de los recursos primarios de energía es un elemento estratégico al servicio del poder de los Estados. Cuanto mayor sea el control y abastecimiento de energía por parte de estos, mayor es su poder competitivo en la economía internacional y su poder negociador en el juego de las relaciones internacionales. Podemos aplicar aquí las tesis realistas de E.H. Carr, que entienden los conceptos de intereses nacionales y seguridad, en las que se incluyen la dimensión de seguridad energética, como una manera de que los intereses de los grupos dominantes fueran asumidos como propios por el pueblo. De esta manera, el statu quo enarbola la bandera de la seguridad para mantener su posición privilegiada.

La incursión en el discurso política de la pobreza energética debe servir para defender los intereses contrarios, los de los derechos de las mayorías. Poner el foco en la pobreza energética significa un cambio de perspectiva a la hora de diseñar las políticas, poniendo el foco de atención en los servicios energéticos más que en el abastecimiento de combustibles. Lo que las familias demandan no es la energía per se, si no, calefacción, luz, refrigeración o transporte (Savacool 2011).

Como conclusión, las situaciones de pobreza energética a la largo de la Unión Europea tienen en común la falta e ineficiencia de los servicios energéticos. Poniendo el foco de la política energética en la pobreza energética significa poner la atención en los servicios energéticos, y no tanto en el abastecimiento y el precio de las materias primas energéticas. La pobreza energética es consecuencia de una situación previa de pobreza y vulnerabilidad, pero también de una opacidad de los mercados energéticos, de hogares que no usan eficientemente la energética, de falta de información y de desconocimiento de los hogares en materia de eficiencia energética. Es sobre todo una cuestión de falta de voluntad política por crear un marco legislativo que proteja a los consumidores vulnerables, que prohíba la desconexión, y que favorezca la libertad de elección en el consumo y producción de la energía que la propia familia necesita.

La Unión Europea tiene potencialidades para ser un espacio de cambio y desde donde se promuevan la obligatoriedad de los compromisos de los Estados Miembros, pero la voz de las mayorías ciudadanas tienen que predominar sobre los intereses de la gran industria gasística y los intereses estratégicos de la Unión Europea.

Desde hace tiempo escuchamos voces de personas y organizaciones que ponen sobre la mesa las consecuencias de la pobreza desde diferentes puntos de vista. Bien focalizando la atención sobre alguna de las consecuencias de la misma, bien sobre características que la definen en un espacio de tiempo.

Se ponen sobre la mesa datos de “pobreza infantil”, “trabajadores pobres”, “la pobreza de los mayores”… expresiones que enfatizan la pobreza en función de un colectivo; “feminización de la pobreza”, “el factor étnico de la pobreza”…, por ejemplo, dan peso en su descripción a algún componente sociodemográfico; otras se relacionan con las necesidades de las personas, “privación material”, “pobreza educativa”, “pobreza en la salud”, y entre estas, una de las últimas (más allá de cuando se definió) en incorporarse al acervo común ha sido la de la “pobreza energética”.

Este concepto ha comenzado a registrarse en el espacio de los medios de comunicación con cierta intensidad. En un primer momento como reflejo de la dificultad de muchos hogares de hacer frente al pago de suministros energéticos para satisfacer necesidades de climatización adecuada de la casa o acceso a determinados servicios. El 21,5% de los hogares españoles no puede mantener la casa a una temperatura adecuada, o el 49,8% ha tenido que reducir los gastos de teléfono, televisión o internet. Se incidía sobre el gasto y la necesidad de renta para satisfacerlo, primera consecuencia.

Posteriormente se comenzó a hablar de que si había un gasto es porque alguien facilitaba el servicio y habría un beneficio. Se comienza a hablar sobre los costes de la energía, los beneficios de las empresas del sector, la privatización (venta o gestión) de la distribución de determinados suministros, la necesidad de bonos sociales, etc. El 13,2% de los hogares españoles ha recibido algún aviso de corte de luz, agua o teléfono. Se pone la vista sobre el precio.
Por último, y con mucha menos intensidad, se encuentra el tema de la calidad de nuestras viviendas y los elementos de eficiencia energética. El 9,6 % de los hogares españoles padece de humedades, suciedades u olores, el 1,6% presenta déficits graves en la construcción o el 0,7% vive en infraviviendas. Se pone la vista en la calidad de las viviendas y en un espacio alternativo al sector de la construcción, pinchada ya la burbuja inmobiliaria. Es más, es un concepto que al relacionar a las personas con el acceso, forma de uso, protección del medio ambiente y con las fuentes de energía podría a ayudar a tender puentes entre el mundo de la ecología y el de la pobreza. Algo que desde un punto de vista planetario está bastante claro, pero no es tan evidente que sea así entre la opinión pública de nuestro país, por solo poner un ejemplo.

Precisar nuestra visión en estos aspectos concretos, como la pobreza energética, nos ayuda a comprender una de las características de la pobreza y la exclusión: su heterogeneidad. La pobreza es poliédrica, tiene muchas caras, y los enfoques con adjetivo nos muestran cada una de esas caras… pero generalmente de forma individual, haciendo que una cara sea tan grande que no nos facilite ver las otras. Y esta es una de las desventajas de los enfoques basados en adjetivar la pobreza. Nos muestran con gran claridad la relación entre factores concretos y la pobreza, pero tienden a invisibilizar, con mayor o menor intensidad otros elementos, generalmente no de forma premeditada… aunque a veces sí.

Por ejemplo, parece claro que un hogar que no puede hacer frente al pago de los suministros energéticos tiene otras muchas dificultades para mantener unos niveles de vida dignos. Haber recibido un aviso por impago no tiene que significar necesariamente lo mismo, y desde luego vivir en un hogar ineficiente, energéticamente hablando, puede ser perfectamente compatible con una renta elevada… o no. En la medida que hacemos el fenómeno más complejo más difícil es establecer relaciones causales directas. La combinación de un problema de renta, precio de la energía y eficiencia energética se encuentra mediatizado por otros elementos. Por ejemplo por prioridades de consumo, tamaño del hogar, zona geográfica de residencia y un largo etcétera.

Otra de las características de la pobreza, que las adjetivaciones pueden o no contemplar, es su carácter dinámico y procesual. La pobreza no es estática, evoluciona. En un doble sentido. Por un lado en la medida en que las personas no se encuentran siempre en una misma situación. Por ejemplo desde el final de la crisis de1993 hasta el 2007 las posibilidades de movilidad social ascendente han sido reales y eso significaba que no siempre eran las mismas personas las que necesariamente estaban en el espacio de la exclusión social, aunque este no bajara del 16% en el pico del crecimiento económico. Sin embargo una de las consecuencias de la actual crisis es que esos procesos de movilidad social han transformado su dirección, dado que los ascendentes se han cortado, sobre todo en las partes bajas de la distribución de la renta y las descendentes se han multiplicado. Pero por otro es procesual, las personas y familias eligen estrategias y toman decisiones para poder afrontar el día a día. Esas decisiones pueden llevarlas a recorrer determinados procesos de deterioro que hacen muy complejo volver atrás. Las estrategias para la supervivencia, en el espacio de la exclusión, te llegan a hacer perder la posibilidad de un proyecto vital. En el sentido dinámico la pobreza energética no parece uno de los elementos clave, frente a la educación o la evolución del factor trabajo por ejemplo. En relación al proceso sí parece que las restricciones en este sentido generarían unas menores posibilidades de acceso a la satisfacción de necesidades. Piénsese por ejemplo en la falta de acceder a Internet, en relación a tener más o menos información; o en la decisión de limitar unos mínimos de bienestar en términos de temperatura en una casa, los impactos que esto tendrá en términos de salud en el medio y largo plazo.

Pero hay una tercera característica, que las adjetivaciones de la pobreza ocultan totalmente, que es su multidimensionalidad. La pobreza y la exclusión social podemos observarla en al menos siete dimensiones: en el empleo, en el consumo, en la política, en la educación, en la vivienda, en la salud, en el conflicto social y en el aislamiento social. Y no solo es importante observar en términos individuales y de hogares la “cantidad” y “calidad” de las mismas sino la interacción entre ellas. No es lo mismo tener trabajo y tener un problema de salud o no tenerlo. No es lo mismo no poder acceder a comer decentemente todos los días si tienes familia que te apoye o no. No es lo mismo educarte en un barrio donde el conflicto social es latente que en otro sitio donde la convivencia sea un objetivo vecinal. No es lo mismo tener una calefacción adecuada si vives en un clima frío o en uno cálido.

Y en esta multidimensionalidad no es lo mismo poner solo la mirada en lo individual, que fijarnos en aquellos aspectos estructurales que definen cada una de estas dimensiones y las relaciones que existen entre las mismas. A través de este enfoque podremos encontrar respuestas a preguntas como: ¿por qué solo por la vía del empleo no seremos capaces de evitar la pobreza y la exclusión social? ¿Por qué las reformas de los estados de bienestar están perjudicando a amplias capas de la población? ¿Por qué la familia en España está siendo una de las claves del mantenimiento de la cohesión social?

Abordar la pobreza energética nos va a permitir mejorar nuestra mirada multidimensional, pero no es “la mirada”. Es necesaria tenerla en cuenta, pero no nos debe hacer perder el foco que debemos tener sobre la pobreza y la exclusión que es mucho más amplio y complejo, allí donde en definitiva nos jugamos, no solo su comprensión sino las propuestas de solución.
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Los datos que aparecen en este artículo pertenecen a la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA

Un debate interesante que permite poner encima de la mesa la realidad de esta nueva prioridad social. En un año de campañas y elecciones, los ciudadanos, los candidatos y partidos tenemos el reto de reivindicar, definir y defender una realidad más justa. Mucho hablamos y teorizamos sobre la pobreza energética, un problema que afecta, cada día, a más familias y para el que debemos exigir, exigirnos encontrar cuanto antes, la forma de dar respuesta a los millones de hogares que no pueden mantener su casa a una temperatura de confort.

Argumentando la primera de las preguntas que plantea Rodrigo como inicio del debate sobre si hay que repensar la definición de pobreza energética… , quizás el primer punto es clarificar conceptos ya que es importante no confundir el concepto de consumidor vulnerable con el de pobreza energética. A pesar de que en algunos casos pueden convergir, los dos conceptos son diferentes. Mientras que la pobreza energética se define como la incapacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada, una situación de vulnerabilidad energética tiene en cuenta las necesidades personales del individuo, la edad, situaciones de discapacidad o enfermedad, el domicilio, etc. Por ejemplo, las consecuencias de un corte de suministro eléctrico en un individuo con necesidad de asistencia respiratoria pueden causar graves perjuicios en su salud y se le tendría que proteger como consumidor en situación vulnerable, pero no tiene por qué encontrarse en situación de pobreza energética.

Países como la Gran Bretaña definían pobreza energética como la necesidad de destinar más de un 10% de los ingresos a cubrir necesidades energéticas. Pero basar la definición solo en los ingresos es insuficiente, dado que no se están considerando los gastos del hogar, el confort en la vivienda (que depende de otros factores como la zona climática o la calidad de la edificación) u otras circunstancias personales.

La definición de pobreza energética, por tanto, debería tener en cuenta dos factores: la situación personal y las necesidades energéticas de la vivienda. Así pues, una familia en situación de pobreza energéticasería aquella que, sufriendo un momento personal difícil, vive en una vivienda con unas necesidades energéticas elevadas.

– Para valorar de forma más adecuada la situación personal es interesanteconsiderar no solo los ingresos, sino también otros factorescomo los que utiliza la tasa AROPE para definir una situaciónde pobreza: pobreza monetaria, privación material e intensidaddel trabajo en el hogar.

– Las necesidades energéticas de un hogar dependen de varios factores,como la ubicación o el tipo de vivienda. Vivir en una viviendacon todo el equipamiento y las instalaciones eléctricas, como pasaen muchas viviendas sociales, o residir en una zona de montaña,hará variar las necesidades energéticas teóricas que aseguraríanuna temperatura de confort. No se necesita la misma energía paraclimatizar una casa en el litoral que en los Pirineos, ni para calentaruna vivienda nueva o una casa antigua.

Aunque la discusión sobre el concepto de pobreza energética es necesaria, más urgente es exigir que se aborde el problema así que no quería acabar sin proponer una serie de instrumentos y medidas que bien podrían formar parte de los objetivos de nuestros futuros representantes políticos.

¿Qué deberían hacer los representantes políticos a nivel municipal?

• Apoyar y reforzar a los equipos de servicios sociales que son quienes identifican y gestionan las situaciones de pobreza energética. Los profesionales del ámbito social están desbordados y no pueden dar una respuesta efectiva a las situaciones de pobreza energética sin apoyo técnico ni con un mínimo de formación energética.

• Elaborar protocolos de prevención que acompañen a las medidas correctivas (pago de facturas)Destinando al menos, un 10% de las partidas de ayudas de urgencia al pago de suministros básicos, a medidas de prevención como reparaciones de las instalaciones, aislamientos de bajo coste, etc… se evitaría que muchas familias volvieran necesitar ayuda para el pago de facturas.

¿Qué podemos exigir a nivel de Comunidad Autónoma?

Los representantes políticos a nivel regional también tienen obligación de aplicar programas de prevención contra la pobreza energética y entre otras muchas propuestas, deberían:

• Destinar recursos a la rehabilitación energética del parque de viviendas de protección oficial

• Promover subvenciones y deducciones fiscales para inversiones en ahorro energético. Teniendo en cuenta que más del 60% de la población vulnerable es propietaria de su vivienda, es indispensable destinar recursos a mejorar la calidad energética de los hogares y reducir así la demanda de energía.

• Diseñar campañas específicas de información y comunicación destinadas a las familias en situación de vulnerabilidad para que conozcan los instrumentos de protección existentes. Por ejemplo, según la última encuesta de población activa (EPA, 2014), en España hay casi 2 millones de hogares con todos los miembros en paro y sin embargo, tan sólo 70.000 están acogidos al bono social de electricidad lo que demuestra la falta de acceso a la información.

¿Qué medidas debe asumir el gobierno central?

La prestación privada de servicios esenciales de energía no puede disminuir los derechos y garantías para el usuario y el Estado es el garante de nuestra protección.

Desde Ecoserveis, ya propusimos hace meses un decálogo de acciones políticas (http://www.ecoserveis.net/es/decalogo-de-acciones-politicas-para-hacer-frente-a-la-pobreza-energetica/) para hacer frente a la pobreza energética que el Estado debería aplicar para proteger a los más frágiles.

En definitiva, medidas concretas que afectan a diferentes niveles y diferentes ámbitos que configuran una estrategia combinada, de medidas correctivas y preventivas que proporcionarían una mayor resiliencia, una mayor capacidad de respuesta, a las comunidades afectadas de situaciones de precariedad energética.

La visión que tenemos de la realidad y la forma de actuar en ella dependen en gran medida de nuestros conceptos e instrumentos de medición, que por cierto no son neutrales al estar construidos sobre determinadas premisas morales y cognitivas. Y esto ocurre también con la forma que tenemos de medir el bienestar de las personas.

Viene a cuento lo dicho porque si queremos introducir en el debate intelectual y en la agenda política las nuevas formas de pobreza, habremos de ser radicales –en el sentido de tomar las cosas por su raíz- y empezar por cuestionar la forma tradicional en que se ha venido midiendo el bienestar ciudadano y su problemática; es decir, habrá que impugnar la idea de que la renta per capita es el mejor indicador de ese bienestar.

Y no se me ocurre una forma mejor de plantear esta cuestión que por medio de un documento que he escrito donde explico, en términos claros y sencillos, qué han dicho algunos excelentes economistas sobre esta cuestión y qué alternativas ofrecen. Pues estoy persuadido que sólo sobre la base de un conocimiento informado podrán los ciudadanos tomar sus decisiones con auténtica libertad y eficacia.

Los datos ofrecidos en la ponencia de partida son demoledores, la realidad de la pobreza energética nos pesa por su dureza y, sobre todo, porque somos plenamente conscientes de que es evitable. La pobreza energética es el espejo de una sociedad donde la desigualdad y el paro se han disparado, y el modelo energético fósil nos lleva a un callejón sin salida a nivel social y ecológico. Mientras, impera la cultura del despilfarro, el analfabetismo energético y la política del gobierno sirve a los intereses de un oligopolio energético cuya ilimitada ambición nos empuja al colapso.

El imparable aumento de la pobreza energética pone en evidencia la incapacidad de estas empresas y de los gobiernos de PSOE y PP de priorizar los intereses de la ciudadanía presente y futura.

Las decisiones que han tomado durante los últimos 30 años han dejado al pairo de un puñado de empresas un derecho que es esencial para tener una vida digna: el derecho a acceder a un suministro energético básico para cubrir las necesidades de las personas a un precio asequible.

La pobreza energética va a más, e irá a más todavía, si la clase política gobernante sigue comprando y vendiendo la moto del modelo fósil como el único viable. Los recortes a las energías renovables y el boicot expreso al autoconsumo (autoproducción) por un lado, y la defensa de una unión energética basada en megainfraestructuras (energéticas y de transporte) que ha realizado el actual gobierno español y la Comisión Europea, evidencian la apuesta suicida por una energía cara, contaminante y que siempre habrá que importar.

Sabemos lo que queremos: un modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia, las renovables. Un modelo distribuido en oposición al actual centralizado. Un modelo donde la energía se produzca allí donde se va a consumir, con los recursos más sostenibles que haya en ese lugar.

El viento, el sol y una tecnología de producción de electricidad que ya es más barata que la producción fósil están de nuestro lado. Pero, para construir este modelo, necesitamos mucha más gente en el ajo. Tenemos que sacudir los mimbres de un modelo cultural y económico que son tan fósiles como la energía que utiliza para mantenerse vivo. Empecemos por lo urgente: primero, cubrir las necesidades de las personas, dentro de los límites del planeta.

¿Qué proponemos?

¿Reformular el bono social? Por supuesto. Estamos completamente de acuerdo con la ponencia de apertura en que éste no está resolviendo el problema porque no llega a la mayor parte de las familias que lo necesitan, bien porque no se enteran de su existencia (y las eléctricas tienen toda la responsabilidad de que esto pase), bien porque se benefician familias que no lo necesitan. Y esta situación nos parece escandalosa. ¿Cómo puede ser que familias numerosas de altos ingresos sí tengan derecho a bono social y gente en situación de pobreza extrema no?

¿Cómo haríamos el bono social? Contando para su creación con la experiencia del día a día de los servicios sociales de los ayuntamientos y las organizaciones que escuchan y tratan de ayudar a la gente en situación de pobreza. Esto es: con participación de los colectivos interesados y no a sus espaldas.

¿Qué tipo de bono social?

Entendemos que el derecho a la energía implica el acceso a la cantidad suficiente de energía para tener una vida digna. Por tanto, para que un bono social que sirva para este fin, más que un descuento en la factura, como el actual bono social eléctrico, planteamos que vaya acompañado sí o sí de formación y de empoderamiento de sus beneficiarios.

Uno de los problemas menos conocidos asociados a la pobreza energética es el del analfabetismo energético. Los servicios sociales que están asumiendo el pago de facturas a familias en situación de pobreza se encuentran muchas veces con facturas desorbitadas. Cuando estudian caso por caso, ven que, el desconocimiento sobre cómo se gasta la energía en las casas es generalizado. Y luego, o bien se les está cobrando por servicios que no utilizan, o bien tienen potencias contratadas innecesariamente altas. Por regla general, se desconoce completamente lo que consume cada aparato doméstico y la factura no se comprende en absoluto.

Para ahorrar lo primero es conocer. Obviamente, el analfabetismo energético es un problema generalizado en España, no sólo de las familias en situación de pobreza energética, pero, nos parece imprescindible que se forme a la población que se está viendo obligada a tomar decisiones dramáticas sobre su alimentación o la de sus hijos para pagar facturas completamente injustas.

A partir de ahí, queremos aportar al debate la propuesta de un bono social que asegure un consumo mínimo gratuito para cubrir las necesidades básicas de las familias en situación de pobreza. Poder cocinar, lavarse, o calentar la casa, no es negociable, tiene que ser un derecho asegurado por el Estado y facilitado por las empresas que presten el servicio. Y si el beneficiario supera el consumo mínimo establecido, facilitarle una tarificación por tramos en función de la renta.
Puesto que, como se ha mencionado, la pobreza energética no se limita al consumo eléctrico, proponemos un bono social integrador, en el que esté cubiertas las necesidades de electricidad, calor y transporte.

¿Quién sería responsable del bono social?

Puesto que, los requisitos actuales del bono social dejan fuera a la mayoría de la población necesitada, pensamos que deberían ser los servicios sociales de los ayuntamientos quienes deberían poder estudiar cada caso y facilitar el acceso al bono social.

¿Quién tiene que costearlo?

Tal y como está configurado el sector energético en España, entendemos que el problema es de reparto y no de escasez. Endesa e Iberdrola pagan a sus presidentes más de 2 millones de euros anuales, a los que se suman dietas, bonus y demás complementos, que en el caso de Iberdrola llegan a sumar más de 7 millones. El oligopolio español dobla en beneficios a sus pares europeas, por lo tanto, deben ser estas empresas las que costeen el bono.

Nos parece importante no desvincular nunca el problema de sus causas. La pobreza energética no es una cuestión técnica, sino profundamente política. Lo son sus causas y sus soluciones. Por lo tanto, luchar contra la pobreza energética implica necesariamente luchar contra la manipulación que hacen las empresas del oligopolio de la política energética. Implica luchar contra la corrupción y las puertas giratorias, que no por legales, dejan de ser absolutamente inmorales.

Una respuesta desde Europa

Por otro lado, nos adherimos a la propuesta del Comité Social y Económico europeo de un “Compromiso Europeo de Seguridad y Solidaridad Energéticas”, es decir un plan de choque a muy corto plazo para proteger a la ciudadanía frente a la pobreza energética e impedir su exclusión social, tomar medidas para garantizar a cualquier persona en Europa un acceso fiable y uniforme a la energía a precios razonables y estables. En particular y como ya se hace en muchos países europeos, tendría que ser prohibido por ley cortar el agua o la electricidad, empezando por el periodo invernal (la llamada “tregua invernal”).

Para financiar este plan de choque a la altura del reto de las crisis sociales y ecológicas, se necesitan recursos económicos y por ejemplo la creación urgente de un “Fondo Europeo de Solidaridad Energética”. Recordemos que los recursos existen: ¡solo el coste social de la corrupción en Europa asciende a 140 mil millones! Por último, es necesario crear un Observatorio Europeo de la Pobreza que permita conocer, prevenir y seguir las acciones de la Unión Europea para luchar contra la pobreza energética.

La transición ecológica de la economía

Para luchar de forma estructural contra la pobreza energética es fundamental poner las bases de una economía sostenible, a través de una gran transformación ecológica de nuestros modelos de producción y consumo. En particular, la transición ecológica es una apuesta por la rehabilitación energética de millones de viviendas, es decir que mejore su eficiencia energética y luche contra el despilfarro. Esta medida permitirá a la vez reducir la factura energética per capita, nacional y europea, además de crear en España y Europa millones de empleos en la construcción, uno de los sectores más castigados por la crisis.

A nivel socio-ambiental, un plan de renovación (aislamiento, eficiencia energética, etc.) permitiría reducir la exposición a la pobreza energética debida a unas viviendas mal concebidas y ahorrar (para luego invertir en proyectos de utilidad social y ecológica) de aquí al año 2050 en España:

• Hasta 390.000 millones de euros en eficiencia energética y en derechos de emisión
• Una reducción del 82% de las emisiones del CO2 de las viviendas
• Ahorrar alrededor de 600 millones de barriles de petróleo de energía final y 300 millones de toneladas de CO2 equivalente.

En cuanto a creación de empleo, el impacto en términos de inversión en rehabilitación (muy intensiva en mano de obra) tiene cinco veces más capacidad de creación de empleo que las generadas con la misma inversión en infraestructuras de transporte, como propone el Plan Juncker. Más concretamente, la Organización Internacional del Trabajo plantea que se podría generar hasta 1,37 millones de puestos de trabajo durante la implementación de todo el proyecto y más de 100.000 empleos estables en 2020 (más el 30% de empleos indirectos). Esto tendría a su vez un impacto positivo sobre el aumento de las rentas de los hogares y su capacidad a hacer frente a los gastos básicos e imprescindibles de sus presupuestos (como los energéticos).

Construir la democracia energética

Al mismo tiempo, soplan vientos de cambio no sólo en la política o en la economía, también en el sector energético. Hay una revolución energética en ciernes protagonizada por una ciudadanía anónima que invierte su tiempo en denunciar los problemas del actual modelo y sobre todo, en generar alternativas económicas que hagan viable el cambio de modelo energético.

Esta marea se llama «soberanía energética ciudadana» y lo ponen en marcha las cooperativas de electricidad y empresas de no-lucro (como Som Energia, Goiener, Zencer, Enerplus, Nosa Enerxía, Ecooo, Viure de l’aire, etc.) que sólo comercializan o producen electricidad de origen renovable. En ellas se enseña a las personas socias a ahorrar. Cuanto menos consumo, mejor para los socios y socias, la sociedad y el planeta.

Para nosotros, no hay duda: para resolver la pobreza energética la ciudadanía tiene que poder decidir sobre el modelo energético que quiere y esto es precisamente lo que está intentando bloquear BOE tras BOE el Partido Popular. Pero, las 60.000 familias estafadas por los recortes a las renovables, las 25.000 personas que hay asociadas a las cooperativas energéticas energéticas renovables, las miles de personas que en todo el Estado trabajan en organizaciones ciudadanas y suman esfuerzos en la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, o en partidos como EQUO, ya han empezado a decidir.

Cuando tengamos un modelo energético democrático no permitiremos que nadie sea excluido del derecho a la energía por no poder pagarla. Pero, estamos en una situación de emergencia social que requiere acciones inmediatas, así que volvamos al presente porque el 10% de la sociedad española necesita soluciones ya.

En conclusión, con la pobreza energética se ve con nitidez la relación intrínseca entre justicia, ecología y democracia. Luchar por el acceso universal a la energía a un coste justo, concienciar sobre su uso eficiente, permitir que nadie tenga que priorizar entre pagar sus alimentos o la luz de su vivienda, o retomar el control ciudadano de la energía son prioritarias en las luchas y alternativas del siglo XXI. Más que nunca, lo ecológico, lo social y lo democrático van de la mano.

“La pobreza energética es posible que no sea la más acuciante” dijo en cierta ocasión el presidente de la patronal de las grandes empresas eléctricas. Es cierto, como indica la ponencia inicial, que la pobreza energética no es sino un síntoma de un problema más amplio: la pobreza creada por las políticas realizadas por los Gobiernos, en España y en otros países, sistemáticamente en beneficio de unos pocos y en perjuicio de los ciudadanos.

¿Cuál es entonces la utilidad de usar un término como “pobreza energética” para denotarlo? ¿Por qué centrarse en un síntoma y no en su origen? Porque hacerlo permite trasladar la discusión del ámbito macroeconómico, de las grandes cifras, del “así funciona el sistema” y del “todo es muy complejo”, a un nivel donde los elementos del problema se muestran con una claridad cristalina: si un grupo de empresas controla el mercado y consigue que la factura energética de los hogares sea más cara, de modo que suban sus beneficios, y esto ocurre a costa de que haya familias que queden excluidas, está claro quién es el beneficiado y quién el perjudicado; cuáles son las causas y cuáles las consecuencias.

Si el Gobierno no legisla para evitarlo sino para facilitarlo, podemos deducir de qué lado está. Es fácil ver que esta situación ejemplifica a la perfección lo que ocurre en otros ámbitos de la economía y la sociedad. Y también adivinar cuál es la dirección en que deben ir las políticas que solucionen el problema. Quizás resida ahí la reticencia de algunos a hablar de pobreza energética.

Y es que solucionarla es una cuestión política. Las directivas europeas 2009/72/CE y 2009/73/CE dicen que «los Estados miembros deben garantizar el suministro de energía necesario para los clientes vulnerables […]. A este respecto, cada uno de los Estados miembros definirá el concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de dichos clientes en períodos críticos«.

Mientras que el Estado español ha decidido incumplirlas, Gobiernos como los de Croacia con su programa «Fresh Start«, Chipre con el plan «Solar Energy for All» y Grecia con su Programa de Tesalónica han tomado medidas en la buena dirección.

También nos lo exige la Constitución Española en su artículos 45 y 51, donde se afirma que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente” y “garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos“.

Sin embargo, el partido del Gobierno ha rechazado durante esta legislatura proposiciones de ley presentadas en el Parlamento con medidas para acabar con la pobreza energética. Esta es una muestra más de la política energética que se está llevando a cabo en nuestro país y que prioriza ante todo los beneficios de los accionistas de las grandes empresas. En ella, destaca la prohibición de facto del autoconsumo y la penalización de medidas de ahorro energético con la subida del término fijo de la factura.

Así, las compañías eléctricas duplican en beneficios en España a sus equivalentes europeas a la vez que cortan el suministro a un millón de hogares. Mientras tanto, un buen número de las centrales eléctricas están paradas por exceso de capacidad (las de ciclo combinado) o a la espera de franjas horarias en que vender electricidad sea más rentable (las hidroeléctricas).

Esta noción, “gente sin energía, y energía sin gente” nos recuerda a la de “gente sin casa y casas sin gente” de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. No es casualidad: la energía, como la vivienda, es un bien básico cuyo acceso, en lugar de ser garantizado a todos los ciudadanos, se ha dejado al albur de la especulación por parte de intereses privados. Es necesario revertir esta situación.

Por supuesto, la decisión política de acabar con la pobreza energética debe apoyarse en soluciones técnicas adecuadas y económicamente realizables. Como se apunta en la ponencia inicial, un sistema de tarifas adecuadas a los ingresos familiares es perfectamente factible; un fomento decidido y bien planificado de la eficiencia energética en edificios puede además generar empleo; las energías renovables pueden contribuir a estas políticas. Es evidente que hay recursos para pagarlo, y conseguirlos pasa por reformar adecuadamente el sistema energético nacional para dejar de sobrerremunerar a las grandes empresas. Se puede, y hace falta voluntad política.

Este documento contiene ideas de un documento más extenso discutido dentro del grupo de trabajo «Nuevo Modelo Energético» del Círculo 3E.

Hay una opción más ecológica que la de ayudar a la gente a consumir más energía: ayudarle a mejorar el aislamiento térmico de sus viviendas.

Cuando hablamos de la pobreza nos referimos a una situación de privación, de carencia de los recursos necesarios para satisfacer determinadas necesidades humanas. De ahí surgen varias preguntas: esta privación, ¿obedece a causas naturales (escasez) o sociales? es decir, ¿a una distribución desigual de los recursos?; estos recursos, ¿son sólo materiales o también humanos?, y ¿puede ser otro ser humano un recurso para mí?; por último, ¿de qué necesidades estamos hablando?

En su estupenda Ponencia, Rodrigo Moretón ha contemplado a la energía como un recurso necesario para satisfacer ciertas necesidades humanas, consideradas como básicas. Ello nos remite a la última de las preguntas que he formulado: ¿qué son las necesidades básicas? A esta pregunta han intentado responder en especial los economistas y los filósofos, habiendo resultado un debate intelectual muy fructífero. Y me ha parecido oportuno y conveniente aprovechar la ocasión que brinda este interesante tema de Debate para ofrecer a los lectores un resumen de las distintas opiniones en liza, junto a una valoración crítica por mi parte. Todo ello en el documento que adjunto.

Una última palabra. La disciplina teórica que estudia este tema en el campo de la economía es la denominada Economía del Bienestar, y es por ello que hago una pequeña exposición de su contenido, de su importancia y de la orientación liberal de la misma.

Considero oportuno el momento de abrir un espacio de información, reflexión y debate “público” sobre la pobreza energética, cuestión ésta que, a pesar de ser objeto de estudio desde hace más de cuarenta años y tener carta de naturaleza propia, en nuestro país ha pasado prácticamente desapercibida tanto para las instituciones como para la sociedad en su conjunto.

En un año pluri-electoral y antes de la celebración de la primera cita de comicios, es conveniente poner encima de la mesa la realidad de la pobreza energética, a fin de poder influir en los programas de los partidos políticos y que a su vez sirva, para que éstos se retraten. Porque esta inadmisible lacra social pone de manifiesto, como todas las caras de la desigualdad y de la pobreza, un modelo económico fallido, incapaz de garantizar una vida digna para todas las personas. Pero, es que además, hilando más fino, evidencia que nuestro actual modelo energético y la política energética están controlados y dirigidos por unas pocas, pero todopoderosas corporaciones. Organizaciones que han usurpado y vaciado de contenido el garante papel de la Administración de los intereses generales en la gestión de un bien común esencial, como es la energía. Como es evidente, la mala planificación y gestión de un sector estratégico como es el energético, además de afectar a los derechos de las personas y a la cohesión social, tiene una repercusión directa en nuestra democracia (en la capacidad de autogestión de las comunidades y de los pueblos), en la economía y en el medio ambiente.

Abierto por tanto el debate, recojo el guante lanzado por las pertinentes cuestiones planteadas por Rodrigo Moretón. No voy a centrar mi intervención, por tanto, en definir la pobreza energética, en analizar sus causas y describir sus fatales consecuencias, ya que hay abundante literatura al respecto dentro y fuera de nuestras fronteras. Recomiendo al avezado lector que quiera profundizar en este tema, siga la pista a las recomendaciones, publicaciones e informes de Ecoserveis, de la Asociación de Ciencias Ambientales y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, entre otros muchos agentes.

Es de suponer que el universo humano que habita el “Espacio Público” aspira a un modelo de sociedad inclusivo y solidario, en el que consigamos erradicar toda manifestación de injusticia social y ambiental. Por ello, el debate se centrará en matices, en cómo implementar una u otra medida, en aportar experiencias que ayuden a afinar las mejores soluciones, y así avanzar desde la inteligencia colectiva en la construcción de una sociedad mejor. Así que paso directamente a contestar las preguntas que se han apuntado.

1.- REDEFINICIÓN DE POBREZA ENERGÉTICA

¿Es necesario repensar la definición de pobreza energética?

Hace tiempo que nosotros empleamos una definición más amplia para la pobreza energética que el mero hecho de no poder mantener la vivienda con una temperatura adecuada. Cierto es que el confort térmico es una cuestión clave que afecta a la salud de las personas, ya que agrava enfermedades pre-existentes, genera nuevas enfermedades e incluso es causa de muerte. Los cálculos que se barajan sobre este punto arrojan, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el 30 por ciento de las muertes sobrevenidas en los meses de invierno derivan de vivir de manera continuada en un hogar con una temperatura inadecuada. Para España esta cifra está en torno a las 7.000 muertes anuales. Un listado de por sí demoledor. Pero esto no impide hacer un análisis más exhaustivo de la definición de la pobreza energética, ya que la falta de acceso a determinados servicios energéticos genera una profunda desigualdad y exclusión social.

Por ello, definimos la pobreza energética como la dificultad e incluso la imposibilidad de mantener la vivienda con una temperatura adecuada, así como de poder disponer de otros servicios energéticos básicos para poder desarrollar una vida digna tales como la iluminación, agua caliente sanitaria, el uso de determinados electrodomésticos, Internet y movilidad. Estos dos últimos servicios pueden parecer banales, pero si con rigor se analizan, nos daremos cuenta que la carencia de éstos afecta y expulsa a una parte de la población en áreas tan fundamentales como la educación o el empleo. A modo de ejemplo gráfico, la falta de acceso a Internet está generando serios problemas de cohesión social en las escuelas, ya que es habitual tanto en centros públicos como privados, mandar tareas escolares en las que se precise el uso en el hogar de ordenador, de conexión a Internet, incluso de impresora. Asimismo, en el informe de pobreza energética del Comité Económico y Social Europeo de finales de 2013, se recoge la necesidad de incluir en la definición la falta de acceso a los medios de transporte como elemento de pobreza energética, ya que su carencia conlleva riesgo de exclusión.

Fundamental es que las organizaciones sociales redefinamos el concepto y avancemos en el análisis, pero la gran ausencia de una definición pública es la prueba palpable de la falta de voluntad política para solucionar esta cuestión. Y con esta reflexión enlazo para contestar a la segunda pregunta

2.- BONO SOCIAL Y ORDENAMIENTO JURÍDICO

¿Es el bono social tal y como está planteado una solución?

El derecho a la energía, si bien lo encontramos recogido, de manera implícita o explícita, en diferentes normas y pactos del ordenamiento internacional, en la práctica no se ha articulado ningún mecanismo que obligue a los estados a hacerlo efectivo. De ahí que se perciba como un mero principio inspirador, o incluso como un brindis al sol. No obstante, la Directiva 2009/72 CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de obligado cumplimiento para el Estado español, establece de manera concluyente que:

Los Estados miembros garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables. A este respecto, cada uno de los Estados miembros definirá el concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de la electricidad a dichos clientes en períodos críticos. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas, tales como los planes nacionales de acción en materia de energía, prestaciones en el marco de regímenes de seguridad social para garantizar el necesario suministro de electricidad a los clientes vulnerables o el apoyo a mejoras de la eficiencia energética, con el fin de atajar la pobreza energética donde se haya constatado.

Desde el año 2009 ha habido margen de tiempo suficiente para transponer estos mandatos de la Directiva e implementar un plan de acción en materia de energía. Pero, en una manifiesta e inaceptable falta de voluntad política, el gobierno transpone los requerimientos de manera parcial y transitoria, a través de un mecanismo de urgencia, como es el Real Decreto-ley, tan habitual en esta legislatura. En el preámbulo deja entrever la verdadera motivación: evitar la importante sanción económica por no transponer en plazo. Con estos mimbres nos encontramos que no se ha definido el concepto de cliente vulnerable. No obstante, para cubrir el expediente, se considerará transitoriamente consumidor vulnerable, hasta posterior definición en una futurible norma, al consumidor con derecho a acogerse al bono social.

Este mecanismo, el bono social, se ha demostrado insuficiente por diversas causas. De entrada, muchas personas que están en situación de pobreza energética no cumplen los requisitos para acogerse al bono social, y sin embargo, hay colectivos con derecho al bono social que no tienen por qué estar sufriendo pobreza energética, como son las familias numerosas. Además, tan solo afecta al suministro de la electricidad, no habiéndose habilitado un bono social para el gas, cuando gran parte de la población española calienta sus hogares y obtiene agua caliente mediante la combustión del gas. A todo ello hay que añadir que la rebaja en la factura que supone el bono social (aproximadamente un 25%), no garantiza en modo alguno la disponibilidad de un mínimo básico de energía en gran parte de los hogares con bajo poder adquisitivo.

Y como es evidente, respecto al resto de requerimientos tampoco se ha avanzado nada en la materia, ya que no se ha articulado ningún plan de acción nacional que incluya prestación alguna o apoyo directo en materia de eficiencia energética en las viviendas de personas en situación de vulnerabilidad.

Esta inacción de la Administración y la falta de cumplimiento de las responsabilidades de gobierno deberían hacer saltar todas las alarmas de la sociedad civil. Es urgente instar a todas las administraciones, la adopción del decálogo de medidas que se proponen desde Ecoserveis y que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético hemos incorporado en nuestras acciones. Medidas paliativas y estructurales, que van desde el reconocimiento y definición de la pobreza energética, la mejora del bono social, la reducción del IVA aplicado al uso doméstico del gas y de la electricidad, la prohibición del corte de suministro en períodos críticos, o la aplicación, con carácter prioritario, de medidas de mejora de eficiencia energética en los hogares afectados por la pobreza. Combinar este catálogo con la promoción de un buen uso de la energía en el ámbito del hogar, que evite el despilfarro y que fomente la adecuada gestión de la demanda, hará que las personas pasen a ser el centro del sistema energético y parte activa del mismo.

Pero, llegados a este punto, quiero introducir en el debate una cuestión nada baladí.

¿Quién debe financiar el bono social?

El Comité Económico y Social Europeo plantea que la gestión y el suministro de energía, como bien común esencial, debe gestionarse con las peculiaridades de servicio público. Ello, significa que a pesar de que sean compañías privadas las que presten este servicio, no pueden ni deben hacerlo exclusivamente en el marco de la economía de mercado. Y que por tanto, están obligadas a realizarlo con la garantía de suministrar energía en situaciones de vulnerabilidad, impidiéndose, por ejemplo, el corte de suministro.

Por ello, es fácil posicionarse en que sean las compañías eléctricas y en su caso, gasistas, las que asuman el coste del bono social. Pero, para ver si la implementación de esta medida va a resultar exitosa, medida que a priori parece equitativa (y más viendo la cuenta de resultados de dichas corporaciones), hay que analizar el histórico en nuestro país. Y desgraciadamente, hemos sido testigos de que en el pasado las eléctricas han tenido la obligación normativa de asumir el coste del bono social, pero de una manera u otra han sabido esquivar este imperativo, bien recurriendo en los tribunales la norma, bien trasladando en el precio final que paga el consumidor el monto del mismo. En definitiva, el resto de los consumidores, principalmente el doméstico y la pyme, ha soportado el coste del bono social. De ahí, que proponga otra manera de costearlo. Posiblemente abra la caja de Pandora con esta reflexión, pero debatir es fundamental para avanzar.

a.- Primero, para que las grandes compañías no se escapen de su corresponsabilidad por asumir una gestión de un bien esencial, considero que hay que reformular los mercados energéticos en España, causa principal de la situación deficitaria de los mismos. Sistemas obsoletos e inadecuados de fijación de los precios mayoristas que generan grandes beneficios a las grandes compañías a costa del consumidor final y de sacrificar cualquier alternativa energética. Por tanto, esta medida, hará de contención en la fuerte escalada de precios. Así como reformular todos los peajes y el término de potencia de la factura de la luz de manera objetiva y transparente.

b.- El bono social, ya que lo vamos a pagar la ciudadanía, sugiero que sea a través de un mecanismo más equitativo que la factura de la luz. Por tanto, debe ser asumido por el contribuyente, ya que mecanismos proporcionales de recaudación permiten que el reparto sea más ecuánime.

c.- Autogeneración solidaria. Esta cuestión, no exenta de polémica, la planteamos desde Ecooo hace ya años, para asombro de todos los presentes en el marco de unas jornadas de autoconsumo (prefiero denominarlo autoproducción) en la Comunidad de Madrid. Los que llevamos años trabajando por un modelo energético sostenible, democrático y solidario, sabemos que una herramienta clave es la autoproducción. Es decir, la posibilidad de que cualquier persona genere parte o la totalidad de la energía que precisa. El nudo gordiano de esta cuestión versa en el autoconsumo eléctrico. Gracias al desarrollo tecnológico y a las economías de escala, se ha abaratado tanto el coste del material, que para un ciudadano es más económico producir su electricidad, gracias a las renovables, que suministrarse de la compañía eléctrica. De ahí que en el comienzo de la campaña de desprestigio y de “acoso y derribo” de las alternativas energéticas, allá por el año 2010, se empezó a suministrar un mantra para que pareciese insolidario ser autoproductor. En concreto, fue Iberdrola quien lanzó este argumento. Si las “clases medias”, con mayor capacidad económica se convierten en autoproductores dejarán de ser sostén de una parte importante de los costes del sistema. Por tanto, éstos se repartirán entre menos consumidores, por lo que los consumidores vulnerables tendrán que soportar un porcentaje mayor de los mismos. Es evidente que Iberdrola utiliza este argumento perversamente, para frenar el desarrollo de las renovables en manos de la ciudadanía. Si realmente tuviera una visión social de la energía, estaríamos en un marco diferente, en el que esta compañía no privaría de suministro a las familias que no pueden abordar el pago de la luz, como indecentemente ejecuta año tras año.

Nuestra propuesta deviene de entender que un nuevo modelo energético democrático y sostenible, basado en ahorro, eficiencia energética y fuentes renovables PUEDE ser además, solidario. No debemos entender la energía como un negocio, un bien más para lucrarse y especular, sino que una vez satisfagamos nuestras necesidades de manera sostenible, podemos ayudar con nuestros excedentes a las personas vulnerables. El gobierno amenaza con un peaje de respaldo abusivo a la autoproducción. Para evitar su desarrollo, apostamos porque todas las personas con capacidad económica sean autoproductoras, en la modalidad de balance neto, y que parte de los excedentes sufraguen el bono social.

No cejaremos hasta que las eléctricas devuelvan los 3.400.000.000 de euros que han cobrado de más a los consumidores de la luz y que a los diferentes gobiernos se les ha “olvidado” refacturar, a pesar de recibir informes de la Abogacía del Estado y de la extinta CNE indicando el procedimiento. Mientras tanto, se permite el corte de suministro a los hogares vulnerables.

3.- EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS HOGARES VULNERABLES

¿Es posible disminuir la factura de insumos de las familias y generar empleo simultáneamente?

Es urgente habilitar ayudas económicas que palíen la situación de vulnerabilidad energética. Pero, sin lugar a dudas, la implementación de medidas de eficiencia energética en los hogares vulnerables es la medida estructural más adecuada para erradicar la pobreza energética definitivamente. Además, fomentar el ahorro hace que, colateralmente, no destinemos ayudas sociales a incrementar la cuenta de resultados de las compañías energéticas. Por solidaridad, pero también por defender la democracia del pernicioso papel de los oligopolios, fomentemos la reducción de la energía convencional.

La baja calidad en la edificación es un problema estructural en España, ya que afecta a gran parte del parque de viviendas. Según el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), el 80% de las 25 millones de viviendas españolas necesitan ser sometidas a procesos de rehabilitación energética urgente, entre otras cosas por haber sido construidas con sistemas de calefacción y aislamientos térmicos antiguos e inadecuados. El resultado es que nuestras viviendas son grandes devoradoras de energía si se quiere mantener un mínimo de confort térmico. La mejor medida en la lucha contra la pobreza energética es reducir drásticamente la demanda de la energía que se precisa para satisfacer las necesidades cotidianas. Entre ellas está incluida la autoproducción de energía.

Hay mucho recorrido para ahorrar y hacer un uso eficiente de la energía en el ámbito del hogar, incluso es viable una rehabilitación integral que permita una vivienda de consumo energético casi nulo. Evidentemente, las medidas de mayor alcance suponen una inversión mayor, y tanto unas como otras, se recuperan rápidamente con los ahorros producidos en las facturas energéticas. Pero en este caso, como es lógico, no se trata de recuperar una inversión, sino de reducir notablemente la factura energética. Por ello no comparto implementar las medidas menos ambiciosas, porque así apenas estaremos solucionando el grave problema. Pero, ¿cómo se pueden financiar estas reformas?

Para ello, debemos analizar si acometer estas reformas tiene un efecto ventajoso sobre otros objetivos. La pobreza energética es un fenómeno transversal que afecta a cuestiones sociales y ambientales, por lo que cualquier marco de medidas para solucionar el problema requiere un enfoque multidisciplinar. Esta propuesta de solución, reducir la demanda de energía en los hogares vulnerables a través de la eficiencia energética, tiene impactos positivos en otras áreas, y por tanto, se deben aprovechar y fomentar sinergias con otros objetivos, como son la creación de empleo, la reducción del gasto sanitario, de emisiones de CO2 o de importaciones de materias primas energéticas del exterior. Por lo tanto, habrá que cuantificar rigurosamente, el ahorro producido en todos estos objetivos para destinar estos recursos a implementar las medidas de eficiencia en los hogares vulnerables. Cabe señalar, que la implementación de estas medidas tendrá un efecto beneficioso para el desempleo, ya que la eficiencia es un sector de gran empleabilidad. Además, éste se encauza, eminentemente, a través del sector de la construcción, fuertemente golpeado por la crisis.

Asimismo, fondos públicos europeos están disponibles para el fomento del ahorro y la eficiencia energética. Por lo tanto, habrá que velar para que parte de estas ayudas se destine prioritariamente a los hogares vulnerables.

4.- SISTEMA DE PRECIOS DIFERENCIADOS

¿Es posible mantener un sistema de precios diferenciados?

No me parece que un sistema de precios diferenciados a través de la renta sea la herramienta más sensata. Ya hemos sufrido casi dos años de una factura de la electricidad diferenciada en tramos por consumo, y además de caótica, ha generado grandes distorsiones. Cambiar tramos de consumo de energía por renta per cápita no asegura un modelo racional.

a.- Es evidente que hay que blindar al consumidor vulnerable, para que todas las personas tengan derecho a un mínimo básico de energía para desarrollar una vida digna, a través de la renta per cápita, entre otros indicadores y gestionado además, por los Servicios Sociales. Pero, querer trasladar este sistema al resto de los consumidores parece poco adecuado. De entrada, por una cuestión de privacidad. La compañía eléctrica, o en su caso de gas, no debería de tener datos tan personales de la ciudadanía.

b.- En segundo lugar, porque no habiendo grave dificultad en asumir el coste de la energía, no parece adecuado no trasladar el precio de la misma a todos los consumidores. Al margen de la distorsión de los precios y de los ingentes beneficios de los oligopolios, nuestro actual modelo energético, basado en combustibles fósiles y nuclear no internaliza adecuadamente las externalidades negativas de estas fuentes energéticas (gestión de residuos, importaciones, contaminación ambiental, cambio climático, mercado de emisiones, costes sanitarios…). Tenemos que ahorrar y evitar el despilfarro. Y desgraciadamente, la sociedad necesita madurar más a la hora de abordar esta capital transformación por responsabilidad, así que será una buena herramienta de ahorro comprobar en bolsillo propio, lo que realmente nos cuesta la energía.

c.- Asimismo, ¿Cuántas rentas superiores a 100.000 euros declaran sus ingresos? Aunque nos parezca mentira, haberlas “haylas”, pero de una u otra manera, evaden al fisco. De tal manera, que al no declarar ingresos, también serían agraciados en este reparto de costes.

5.- ESCALADA DE PRECIOS

¿Se puede mantener esta escalada de precios de los insumos energéticos?

Un modelo energético basado en combustibles fósiles y energía nuclear, además de insostenible y peligroso, es cada vez más caro. La insensatez de estar al albur de la volatilidad de precios de las materias primas energéticas, nos traen serios problemas. A ello le unimos, un mercado energético fuertemente centralizado, oligopolístico y opaco, que permite que el poder político esté al dictado del poder económico.

Debemos, por tanto, reclamar una adecuada gestión de los recursos naturales y comunes, respetuosa con la dignidad de las personas y además, consecuente con los retos ambientales que tenemos por delante. Por todo ello, es necesario y urgente habilitar herramientas de participación ciudadana en el ámbito de la energía. Nada va a cambiar si no hay una ciudadanía activa que empuje el cambio. ¡Únete a la resistencia!

El hecho más esencial para que una persona sea constitutiva de derechos es su propia existencia. Por tanto, el grado máximo de violencia estructural sería aquel cuya trágica consecuencia diera al traste con vidas que podrían seguir su rumbo y desarrollo si las decisiones políticas fueran diferentes. Este es el caso de la pobreza energética en España.

La verdad global de la pobreza energética vista desde la crueldad insoslayable de los datos, 7.500 personas mueren todos los años en el Estado español por esta razón, sólo es desbordada por el caleidoscopio vivencial y singular de cada uno de esos dramas. Así me ocurrió en Parla, donde una madre, ya vaciada de lágrimas, se preguntaba si ese mes debía dejar morir a sus hijos de hambre o de frío.

El Estado encuentra su sentido fundamental en la garantía de los derechos más esenciales de la ciudadanía. Por tanto, su representación institucional, en los ámbitos territoriales central, autonómico y municipal, donde se acopian datos y capacidades de resolución, resulta el cómplice necesario para que la pobreza energética aniquile los derechos fundamentales de miles de ciudadanos.

Cuando las muertes por pobreza energética son cuantificables y previsibles, podemos considerar la inacción de las administraciones públicas, que en el ámbito central es de clara aquiescencia con las grandes empresas energéticas, como un auténtico abandono cuyas funestas consecuencias deben saldarse política y jurídicamente.

Una consecuencia lógica

La pobreza energética es la consecuencia lógica de nuestro sistema energético. Un modelo, que siendo una de las referencias centrales de nuestra forma de vida, está en manos de una cúpula cuya cultura esencial es la del consabido máximo beneficio al coste que sea.
Las empresas de UNESA han acumulado beneficios por valor de 60.000 millones de euros en los últimos diez años. Mientras eso ocurría, la factura de la luz se ha incrementado en más de un 80 por ciento en los últimos cinco años. Para que este modelo perviva, se han tenido que socavar los derechos del consumidor, que soporta la tercera electricidad más cara de Europa, sólo por detrás de Chipre e Irlanda.

La dependencia de los recursos energéticos foráneos desequilibra nuestra balanza comercial y supone unos costes de importación que rondan, cuando no superan, los 45.000 millones de euros al año. A todo esto hay que añadir las externalidades referentes a la huella ecológica y al cambio climático, la violación de derechos humanos para que la energía siga manando de Sur a Norte y la profunda vulneración de nuestra democracia a través de las puertas giratorias, así como la concentración en muy pocas manos de una cuestión ciertamente estratégica.

España tiene una estrategia energética concertada internacionalmente, y quien mantiene lo contrario, miente. De lo contrario no estaríamos homologados, en lo que a energía se refiere, con los países de nuestro entorno. La sombra del ITTP (Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión) es sumamente alargada y profunda. Tratará de blindar los intereses de las multinacionales a la hora de considerar cualquier territorio como susceptible de sufrir la rapiña para que los beneficios sigan manando en la misma dirección. A expensas, eso sí, del cambio climático, la destrucción del patrimonio natural, y de recursos tan exiguos en nuestro país como el agua, en relación al fracking. Se trata, además, de una estrategia que ha desregulado los mercados poniendo todo el poder en manos de estas grandes compañías, cuya fortaleza ha hecho hincar la rodilla a todos los gobiernos de la democracia.

La pobreza energética resulta un ineludible síntoma que evidencia el mortífero influjo de las energéticas sobre un poder político asaltado por un pensamiento neoliberal que le ha vaciado de capacidades y soberanía.

Una cuestión de concepto

Es perentorio que la energía deje de ser considerada un recurso básico para que sea categorizada en el lugar de los derechos fundamentales. Sin el acceso social a la energía, los derechos humanos se ven claramente vulnerados.

La pobreza no es azarosa, sino causal, cifrable y evitable. Tras el nombre hueco de la “pobreza” se comprenden las pobrezas que tienen nombre propio, y que corresponden a la carencia de derechos bien concretos.

Por ello es importante dar la batalla del lenguaje, en la que el término pobreza, como genérico, ha sido poseído por significados relacionados con valores de inevitabilidad y atributos que la acercan a su criminalización.

La pobreza energética es el reflejo real que desenmascara las consecuencias del actual modelo energético. Ante los luminosos anuncios, las abundantes y costosísimas campañas publicitarias, la sociedad civil ha logrado que cada vez se hable más y se cuestione mejor los carteles españoles de la energía y sus cómplices gubernamentales.

Algunas soluciones

La panoplia de soluciones es amplia y aplicable si se sabe qué se quiere y se tiene la voluntad política necesaria:

1.La importancia radical de la energía es de tal magnitud que no puede estar al pairo de los mercados. Me vienen a la cabeza las afirmaciones del Presidente de UNESA, el señor Montes, cuando en el programa “Salvados” dijo que la energía era como las latas de sardinas o como cualquier otro producto. O aquellas otras en las que un directivo no tuvo sonrojo al afirmar que, en relación a la pobreza energética ellas (por las multinacionales del ramo) no eran ONG´s. Asumir la responsabilidad pública de garantizar un derecho fundamental como es la energía, requiere crear un contexto de estabilidad y seguridad jurídica que regule un sector que, dando cabida a la participación social, debe ser eminentemente público.

2.Hay que crear las condiciones para la rehabilitación del parque de viviendas y hacer que éstas sean eficientes energéticamente. El cambio de cultura en la gestión cotidiana de la energía es primordial para transitar a un modelo energético racional.

3.También hay que limitar la dependencia energética a través de una incentivación social de las energías renovables, y facilitar el empoderamiento ciudadano a través de una regulación de la autoproducción energética.

4.Desde la urgencia de un problema cuyas respuestas no deben dilatarse en el tiempo, cabe subrayar el valor de las propuestas que la izquierda plural ha hecho a propósito de prohibir el desahucio energético y que han contado con el rechazo reiterado de la inmensa mayoría de los parlamentarios. Líneas de este tipo tomadas con urgencia serán buenos canales para atenuar una injusticia que paga un sector de la población cada vez mayor.