¿Se puede cambiar esta Justicia, desenganchada y olvidada, que los ciudadanos no se merecen? Claro que se puede

  • Carlos Carnicer

    Carlos Carnicer

    Presidente del Consejo General de la Abogacía Española

19.02.2015

Debate principal: La Justicia: hay que reinventarla

Se ha dicho en demasiadas ocasiones que nuestra Justicia quedó desenganchada del último vagón de la transición hacia la democracia; que ni siquiera tiene ya abogados que la defiendan. Desenganchada y, también, olvidada porque durante mucho tiempo, los políticos han pensado que la Justicia ni daba ni quitaba votos. Existen tensiones entre los poderes concurrentes en la Administración de Justicia que generan, como poco, posiciones encontradas cuya falta de acuerdos paraliza o, al menos, retrasa las decisiones necesarias para acceder a un servicio público eficiente que además, como todos los esenciales, debería ser gratuito en su esencia porque persigue nada menos que la paz social. Aún más nocivas suelen ser las tensiones producidas por el rodillo de la mayoría absoluta.

Pero el poder político quiere controlar la Administración de Justicia y a los jueces porque teme una Justicia realmente independiente, eficiente y en libertad, y no acomete las reformas imprescindibles.

El Consejo General del Poder Judicial, que es un organismo mediatizado por los políticos que eligen a sus miembros, dice que quiere una autonomía plena de quienes les han nombrado, pero su dependencia en origen la hace imposible y, por tanto, no hay un verdadero órgano de gobierno y administración de la Justicia de los jueces que pueda dar respuestas a los problemas reales.

El poder económico -me refiero especialmente al que juega en los límites del derecho- está encantado de que la Justicia no sea ágil ni rápida ni previsible porque esa lentitud y esa imprevisibilidad garantizan que aunque alguna vez haya sentencia, lo que nunca habrá será justicia.

Los jueces, los fiscales, los secretarios judiciales, los funcionarios trabajan, cobran y dependen de diferentes Administraciones con distintas reglas de juego.

Los jueces, los fiscales y los abogados, que son los tres pilares básicos del Derecho de Defensa, tienen una diferente formación que dificulta la igualdad de armas y perjudica a los ciudadanos.

La Justicia ha sido la hermana pobre, la “cenicienta” de los Presupuestos Generales del Estado desde hace cuarenta años y eso permite que tengamos menos jueces de los necesarios, que muchos juzgados estén en una situación lamentable, que existan todavía los legajos sucios y amarillentos y que, casi siempre con información sensible de los ciudadanos, estén almacenados en lavabos o en trasteros, sin orden ni control. O que no existan los medios personales y materiales que son indispensables en estos momentos.

La modernización tecnológica que se ha hecho en la Administración Tributaria o en la Seguridad Social no sólo no ha llegado -ni se la espera- a la Administración de Justicia, sino que permite la coexistencia de dieciocho sistemas informáticos incapaces de comunicarse entre sí, lo que afecta a la seguridad jurídica de todos los ciudadanos y ofende al sentido común. Juzgados sin wifi, sin ordenadores, sin sistemas informáticos modernos o que siguen utilizando el correo postal para enviar documentos a otros juzgados que están a una manzana de distancia, son la norma en nuestra Justicia.

La informatización documental que se ha hecho en algunos órganos jurisdiccionales ha costado millones de euros y no funciona, me temo, en ninguno. La Nueva Oficina Judicial, aprobada en 2003 se ha hecho vieja sin que haya llegado a implantarse todavía. La seguimos llamando “nueva”, pero ya no sirve.

Y, lo que es, si cabe, peor, la Justicia española se construye sobre datos, los del Consejo General del Poder Judicial, que no son fiables. Y se sabe. A pesar de lo cual, año tras año, en el acto solemne de apertura de los Tribunales se nos viene diciendo erróneamente que los “asuntos judiciales” son, ahora, más de ocho millones, y hace poco más de un año, nueve millones. El propio presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo lo ha reconocido ante el Congreso y éste ha instado al órgano de administración de los jueces a modificar esas cifras. De momento, sin resultado alguno. Tras intentar la corrección mediante el diálogo, inútilmente, el Consejo General de la Abogacía Española encomendó a un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid un informe cuyo resultado final indica que los casos reales, con verdadera carga judicial, son apenas una tercera parte de los “oficiales”. Sobre esos datos nada fiables se están tomando decisiones que han acabado siendo leyes que se aplican y que perjudican a los ciudadanos, manifiestamente

En esa situación, ¿alguien cree que es posible arreglar la Justicia con parches, sin un Pacto de Estado que algunos venimos pidiendo desde hace décadas?

¿Tiene sentido que en el año 2002 se firmase por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la “Carta de los Derechos de los ciudadanos ante la Justicia” y todavía no haya alcanzado categoría de ley?

¿Tiene sentido que el único expediente electrónico que funciona de verdad en la Justicia sea el de Justicia Gratuita, aplicación pagada por la Abogacía Española para reducir las tramitaciones en más de dos meses y para evitar al ciudadano y a las Administraciones Públicas largos trámites en mostrador?

¿Tiene sentido que, como reconoció en su día el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, “falta un estudio de auditoría de campo, un claro desglose de los costes y legislar sin tener claros varios indicadores puede denunciar riesgos”, y no pase nada?

¿Tiene sentido que se pongan trabas llamadas “tasas”, al derecho fundamental de los ciudadanos de acceder a la Justicia en lugar de poner soluciones a los problemas que hacen que la Justicia sea ineficiente?

Las debilidades del sistema judicial español son muchas y muy profundas pero podemos resumirlas en una crisis de gobernanza, una pérdida de confianza de los justiciables y una carencia absoluta de capacidad de gestión de los medios humanos y materiales, a lo que habría de añadirse un inadecuado proceso de producción legislativa.

En la Administración de Justicia unas veces mandan demasiados y otras veces uno solo, que viene siendo el mismo. Normalmente es el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, al menos en apariencia, porque también están las autonomías con competencia plena en materia de Justicia. Si, como en el momento presente, un solo partido sustenta el Gobierno central con mayoría parlamentaria absoluta puede asumir, cuando le plazca, todo el poder. En este contexto es en el que hay que explicar las palabras de Eduardo Torres Dulce: “no hay un verdadero interés por reformar la Justicia”. En similares términos, muchos hemos venido denunciando la pasividad con que nuestros gobernantes y políticos en general menosprecian los problemas. O la escasa, por no decir nula, sensibilidad de todos los grupos políticos, para con la Justicia y, sobre todo, para con los justiciables.
Hay una inflación innecesaria de leyes en muchos casos precipitadas, que se convierten en inaplicables al poco tiempo de su entrada en vigor o, incluso, no llegan a entrar en vigor o son derogadas tras el cambio de gobierno.

Los ciudadanos no necesitan muchas leyes sino buenas leyes. No debería haber ninguna ley que no se hiciera sin, previamente, haber escuchado a los agentes sociales o jurídicos directamente afectados, que no se acompañara de una Memoria económica y de otra de Impacto normativo. Y todas las leyes deberían ser revisadas al año, a los dos años, o a los cinco años de su implantación, por alguna institución o colectivo independiente, para comprobar si su aplicación ha solucionado los problemas que preveía, si sigue siendo necesaria y eficaz o si, por el contrario, ha creado nuevos problemas sin solucionar ninguno.

¿Están capacitados nuestros jueces para gestionar esta inmensa maquinaria que llamamos Administración de Justicia partiendo de la base de que no han recibido ninguna formación en este sentido? Yo creo que no y que, seguramente, debería haber otros profesionales que asumieran partes de la tarea, lo mismo que ha sucedido en otras Administraciones Públicas.
Las expresivas y dolorosas denuncias de quienes se han visto defraudados por un servicio público que no responde ni de lejos a sus finalidades constitucionales y que parece hostigar a cuantos pretenden acercarse a sus aledaños denotan el fracaso de nuestra Justicia.

Por todo ello, la Administración de Justicia necesita urgentemente un cambio profundo. Es necesario recordar que la Justicia es una de las piezas claves del Estado de Derecho, y que sin Justicia no existe éste. Y, aunque la Justicia no esté entre las prioridades de los políticos, el Gobierno y los partidos políticos deben ser conscientes de que los ciudadanos están tomando conciencia de que –además de la sanidad y la educación- la Justicia es un elemento vertebral de la democracia.

Eso, en los grandes asuntos. Pero la Justicia debe librarse, también, de todas sus debilidades, muchas, y haría bien en presentarse a los justiciables con más corrección.

Si existe un documento formalmente antiguo e inadecuado en nuestras Administraciones Públicas ese es la citación judicial. Un documento totalmente incomprensible para el español medio e intolerablemente amenazante para quien es llamado a colaborar con la Administración de Justicia. La citación es muchas veces el primer acto de la Justicia al que asiste el ciudadano que es llamado a colaborar con ella. Y la mala imagen que tiene la Justicia entre los ciudadanos podría evitarse si, simplemente, se tratara a los ciudadanos con el respeto que merecen.

También se deberían suprimir muchos documentos y trámites inútiles –entre ellos el poder general para pleitos que expiden los notarios –previo pago de su actuación profesional, claro, y que es absolutamente innecesario-, introduciendo de una vez por todas la comunicación verbal y la telemática.

Hay que acabar con ese viejo tópico de que los procesos se retrasan porque los abogados los dilatan innecesariamente. No sólo no es verdad, sino que es imposible. Solo la Ley establece los recursos admisibles y el plazo para su formulación, siempre breve generalmente, entre tres y diez días. Si el abogado deja transcurrir el plazo, inexcusablemente, verá inadmitido su recurso con los efectos pertinentes en la responsabilidad y personal del letrado. Los plazos para los abogados se cumplen “en todo caso” por los abogados. Esa regla no se aplica igual al juez.

Las citaciones judiciales se hacen, en general, sin ningún rigor, citando a demandante, acusado, testigos y peritos sabiendo que no es posible cumplir el horario fijado y provocando graves retrasos y perjuicios a todos ellos. Los millones de horas que perdemos inútilmente en esperas en los juzgados, o en suspensiones por incomparecencias, ya sean de parte en el juicio o de los testigos, y peritos, aunque no se contabilizan, son un factor más del coste inútil y evitable de la Justicia.

Y, lo que es peor, se están señalando juicios ¡para 2019! -como ha denunciado recientemente la Brigada Tuitera y sin más explicación que la manida “dada la acumulación de trabajo que pesa sobre este juzgado”.

La falta de respeto a la dignidad de los ciudadanos en todos estos aspectos, la desconsideración hacia el valor del tiempo que pierden innecesariamente, la escasa sensibilidad social que impide que se entiendan las sentencias –y no sólo hablo del perverso lenguaje jurídico- o esos incomprensibles retrasos en unos juzgados mientras otros resuelven adecuadamente, deberían ser inmediatamente corregidos.

Son sólo algunos ejemplos de situaciones que se podrían resolver bien sin necesidad de gastar mucho dinero. O ahorrándolo. La Justicia necesita más inversiones, más presupuesto, más medios materiales y personales para ser eficiente Se ha dicho demasiadas veces. Pero, sobre todo, necesita una organización que esté al servicio de los ciudadanos y no de los políticos o incluso sólo de los jueces. Hace falta la voluntad política que conduzca hacia un Pacto de Estado. Se puede, ¡claro que se puede!

Otras intervenciones en el debate

Intervenciones
  • Carlos Javier Bugallo Salomón

    Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.

    Bien está que se critique a los jueces cuando su comportamiento no responde a las exigencias de la moral o de la ley pública; o por la acumulación, en algunas instancias, de privilegios abusivos que los separan de la ciudadanía y los convierte, como decía Marx, en un poder hostil a la misma ciudadanía. Pero la crítica debe ser, al menos tal y como yo la entiendo, constructiva y no sesgada. Digo esto a raíz de la intervención de Jaume Asens. Dejando de lado los indudables méritos del documento –valiente y directo, como debe ser-, encuentro en él cierto estilo...
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  • La casta judicial

    08/04/2015

    Jaume Asens

    Abogado

    La administración de justicia, hegemonizada por sectores conservadores, se enfrenta hoy en día a una gran encrucijada. Con la sacudida del 15-M arrancó un ciclo de movilizaciones que desbordó los marcos establecidos. Las hegemonías, los relatos sistémicos, saltaron por los aires y se abrió paso un nuevo ciclo de impugnación a lo viejo. Desde entonces el régimen de los últimos 30 años se tambalea y su capacidad de regeneración es cada vez más baja. Los recortes en derechos, la degradación democrática y la metástasis de la corrupción alimentan la desafección ciudadana. En ese contexto, no resulta extraño que normas o...
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  • Mariano Casado

    Secretario General de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME)

    Hace tiempo que vengo diciendo que en el debate general sobre la Justicia, sobre su evolución, sobre cómo ha de organizarse, con qué medios y a través de qué procedimientos, siempre se olvida analizar cómo se otorga el derecho fundamental a la obtención de tutela judicial efectiva a los ciudadanos de uniforme. Es decir, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Parece que este ámbito de la Justicia es desconocido para todos los que, de una u otra manera, juegan algún papel en esta transcendental cuestión. Lo cierto es que lo que se puede...
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  • Margarita Robles

    Magistrada del Tribunal Supremo

    El análisis de cualquier planteamiento sobre la Administración de Justicia en España debe hacerse no solo desde el punto de vista utópico, sino mirando la realidad del país, que atraviesa un complicado momento de crisis económica, y que hace unos años no existía. ¿Qué Justicia queremos en ese contexto actual de crisis económica, y de clara restricción de los derechos y libertades de la ciudadanía? La obligación de los juristas es ser realistas. Los jueces tienen que ser el punto esencial y básico de la protección de los derechos de los ciudadanos. El Poder Judicial debe de tener un compromiso...
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  • Joaquim Bosch

    Magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia

    En nuestro país hay áreas de gestión, servicios públicos o prestaciones sociales que no funcionan adecuadamente. Y se discute con toda la razón sobre sus niveles de eficacia y los grados de implicación de los poderes públicos. Sin embargo, es probable que no haya ningún ámbito como el de la Justicia en el que exista una coincidencia tan generalizada en la percepción de un patente abandono institucional. Esta perspectiva es muy visible tanto por parte de los profesionales como por parte de la ciudadanía, a la vista de los estudios de opinión que han sido publicados. Intentaría aportar cinco claves...
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  • Antonio Segura Hernández

    Abogado miembro de ALA y vicepresidente del Foro de abogados de izquierdas

    A nadie se le escapa que los poderes de un estado y sus estructuras están construidos con y por la ideología dominante. A nadie debería pues sorprender que cada régimen diseña sus estructuras en relación con la correlación de fuerzas dominantes en el momento de su constitución. Los poderes actuales en nuestro estado, se constituyeron hace 36 años, en el año 78, y todos ellos nacieron, no de una ruptura con la dictadura, sus instituciones y poderes, sino con un encaje de las viejas estructuras en la nueva democracia. El paso del tiempo y la necesidad de más democracia y...
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  • Ignacio González Vega

    Magistrado

    Un reciente artículo publicado en The New York Times (“Why Judges tilt to the Right”) se preguntaba cómo es posible que, siendo los abogados norteamericanos mucho más progresistas que la población en general, los jueces, que se extraen de aquel colectivo, sean más conservadores. La respuesta se encuentra, evidentemente, en el procedimiento de selección. Fuera de esas latitudes, entre nosotros, José Luis Requero, antiguo vocal del Consejo General del Poder Judicial y hoy magistrado del Tribunal Supremo, escribió en su día que “la izquierda sigue teniendo a la Justicia como objetivo político e ideológico. Sabe que, según como se seleccione,...
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  • Carlos Javier Bugallo Salomón

    Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.

    Como es bien sabido, ‘De los delitos y las penas’ es el título de un libro publicado por el filósofo ilustrado Cesare Beccaria (1738-1794). Según la Wikipedia, este libro fue uno de los primeros alegatos contra la pena de muerte, e inspiró reformas en los códigos penales de muchos países europeos. En él se dice cosas tan importantes como la siguiente: «Toda pena (dice el gran Montesquieu) que no se deriva de la absoluta necesidad, es tiránica: proposición que puede hacerse más general de esta manera. Todo acto de autoridad de hombre a hombre, que no se derive de la...
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  • Una idea feliz

    24/03/2015

    Alfonso Ruiz Miguel

    Catedrático de Filosofía del Derecho de la UAM

    La propuesta de Manuela Carmena de reinventar la Justicia tiene la virtud de poner la mirada más allá de una mera reforma de nuestra Administración de Justicia. Ante las reformas de nuestro sistema judicial, incluido el Consejo General del Poder Judicial, casi siempre resulta pertinente el comentario de Lord Astbury ante la presentación de otra reforma del inglés: "Realmente, me pregunto por qué. Me sorprende que no se considere ya lo bastante malo". Cierto que se puede apostillar que no toda reforma es por fuerza mala. Sin ir más lejos, si en una legislatura se comienza introduciendo un severo desincentivo...
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  • Gloria Elizo

    Vicepresidenta Tercera del Congreso y Secretaria Anticorrupción de Podemos

    O de cómo –y por qué- el Régimen del 78 acabó con de la Separación de Poderes. La Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, de 10 de enero de 1980 desarrollaba sin más la interpretación literal del artículo, ocho miembros del CGPJ eran elegidos por el Parlamento y doce por los componentes del Poder Judicial. "Partidismo: 1. m. Adhesión o sometimiento a las opiniones de un partido con preferencia a los intereses generales 2. m. Inclinación hacia algo o alguien en un asunto en el que se debería ser imparcial.” - Diccionario RAE “Un político divide a la humanidad en dos...
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  • Rafael Lafuente

    Portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales @rafalafuentese

    En el antiguo Restaurante Nostromo de Barcelona, un grupo de personas decidimos impulsar en 2012 el Manifiesto de la Plataforma Ciudadana Justicia de Todos. Los objetivos de esta iniciativa eran contribuir al cambio definitivo en la justicia, su mayor democratización, la superación del corporativismo y su conquista por parte de la ciudadanía. Al hilo de esta declaración, dicho cambio debe producirse desde una doble vertiente, la transformación democrática del poder judicial y la modernización organizativa de la administración de justicia. Para ello debemos de partir de una premisa: los protagonistas del cambio no son jueces, secretarios judiciales, fiscales, abogados o demás...
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  • Carlos Javier Bugallo Salomón

    Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.

    A estas alturas del siglo XXI se ve claro que la legitimidad social de la Justicia va a depender de muchos factores: del carácter democrático del régimen político en el que se inserta, de sus reglas de funcionamiento también democráticas y transparentes, de sus medios de funcionamiento materiales y humanos, y del propio contenido del ‘corpus’ normativo cuyo cumplimiento trata de asegurar. Como bien han señalado varios intervinientes en el Debate con relación al contenido de las Leyes, es necesario que la formulación e implementación de las mismas responda a una estricta racionalidad, y sean sometidas a una evaluación continua....
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  • Piter

    Parado

    Una de las grandes conquistas del derecho (que ya se han apuntado por otros comentaristas) fue el paso de la presunción de culpabilidad a la presunción de inocencia, constituyendo ésta última una de las garantías judiciales (y derechos) fundamentales del Estado de Derecho Democrático. Pero la realidad nos demuestra, nuevamente, que existen dos tipos de “derechos” y, en consecuencia, dos tipos de justicia, o lo que es lo mismo, la inexistencia de la justicia como derecho universal. Nuevamente lxs robagallinas frente a lxs ciudadanxs de pleno Derecho, las élites. Todxs recordamos el revuelo que recientemente se formó a raíz del...
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  • Héctor Maravall

    Abogado de CCOO

    Como es habitual en ella, Manuela Carmena en sus reflexiones sobre la Justicia, que vienen de muy lejos, siempre aporta una perfecta combinación de experiencia, de imaginación y frescura, de capacidad de alternativa y de ambición política. Comparto lo esencial de sus análisis y propuestas y por ello me voy a limitar a algunas reflexiones en unos casos quizás más ideológicas y en otros más periféricas. Siempre me ha llamado la atención que siendo los derechos ciudadanos una cuestión importante para la vida de la gente, la inmensa mayoría de las personas se encuentran desvalidos, perdidos, angustiados, cuando de una...
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  • Piter

    Parado

    Todos conocemos el drama de los desahucios, e incluso trascendiendo el aspecto humano (el fundamental, con mucho), en el daño que ha causado a la economía del país y a la credibilidad del sistema financiero, político y jurídico. Este es un claro ejemplo de cómo no sólo las leyes son para los “robagallinas” -la ciudadanía en general que no está englobada en los pequeños grupos de poder- sino que también la justicia forma parte (colaborando activamente unas veces, con su silencio otras) de un sistema de explotación y expolio planificado por los grandes poderes económicos y políticos. La justicia,...
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  • Lorena Ruiz-Huerta

    Área de Justicia Podemos Madrid

    La Justicia Gratuita (JG), un servicio público imprescindible en un Estado de Derecho, se encuentra amenazada por graves problemas, desde que la Comunidad de Madrid asumió las competencias sobre esta materia, en el año 2003: 1º.- El primero de esos problemas, es que la Consejería de Justicia retrasa el pago de las cantidades destinadas a sufragar el Turno de Oficio (TO), retraso que viene produciéndose de manera sistemática desde el año 2008. 2º.-El segundo, más grave aún, es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no sólo no paga a los letrados y letradas del TO, sino que procura desprestigiar...
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  • Matías Nso

    CEO y co-fundador de Kuorum.org

    "No es país para innovadores". Desde que nuestra organización ha trasladado su sede a las instalaciones de la incubadora del Instituto de Empresa, no dejo de escuchar esta frase. Sin embargo, cuando compartes tu día a día con algunos de los emprendedores más brillantes del momento resulta difícil pensar que la innovación sea algo que se le pueda negar así como así a todo un país. Incluso cuando se intenta con ahínco, como parece que ocurre en España. La innovación se abre camino de las formas más insospechadas; con el ímpetu de Marte, con la velocidad de Hermes. Y...
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  • Carlos Javier Bugallo Salomón

    Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.

    En mis anteriores intervenciones me he posicionado claramente a favor de que la Justicia siga siendo un contrapoder del Ejecutivo. Pero lo he hecho aduciendo la lucha contra la ‘razón de Estado’ que eventualmente esgrimen los Ejecutivos, o sea: que el fin justifica los medios, y que para lograr el interés general en ocasiones hay que utilizar medios inmorales o ilegales. Eso debió pensar José Barrionuevo, Ministro de Interior del Gobierno de Felipe González, cuando participó en la trama de los GAL... Esta inclinación autoritaria y antidemocrática no es una enfermedad que haya aquejado solamente a miembros del Partido...
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  • Manuel Ruíz de Lara

    Magistrado

    Una joven jurista que sueña con un país distinto, me decía que la actual situación de la Justicia se asemeja mucho a un drama teatral escrito por Mario Benedetti y cuyos protagonistas eran Pedro y El Capitán. A Pedro le ponía el nombre de Justicia y a El Capitán, el nombre de todo lo que ha atentado contra ella, es decir la política. Y así Berta imaginaba al enemigo delante del dolor del torturado (la Justicia), desconcertado ante el talante del protagonista, el guerrero que a pesar del ataque defiende lo que cree hasta el final. Porque esta es la...
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  • Piter

    Parado

    ¿REINVENTAR LA JUSTICIA? NO, CONSTRUIRLA Con todos mis respetos hacia la ponente (de quien tengo alto concepto) y hacia el resto de comentaristas, aunque pueda estar de acuerdo con bastantes cosas de las que se dicen, no estoy de acuerdo con la cuestión fundamental que se plantea. Ello es debido a que, al menos desde mi punto de vista, se están entremezclando dos cuestiones: El concepto en sí de Justicia, y su puesta en práctica. Probablemente tendré que hacer varios comentarios y, aviso, voy a ser especialmente duro con “la justicia”. Todo ello puntualizando que no tengo ningún tipo de...
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  • José María Fernández Seijo

    Juez

    La crisis de la justicia, escrita con o sin mayúsculas, es una de las cuestiones más debatidas en los mentideros políticos, sociales, culturales y judiciales; se afirma que la justicia es ineficaz, poco garantista, cara, lenta, ineficiente, lejana, politizada, manipulable, voluble, caótica, anticuada, inhumana… Los adjetivos son kilométricos. La discusión sobre la justicia, sus males y sus remedios ha terminado por ser aburrido tanto desde la perspectiva de quienes defienden que no está tan mal y que sólo hacen falta algunos ajustes, como de quienes abogan por una transformación radical partiendo del incremento de medios materiales, la creación de...
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  • María Victoria Cinto Lapuente

    Vocal del Consejo General del Poder Judicial, magistrada

    Hay que reinventar la Justicia. Hay que reinventarla y cambiarla, pero hay que cambiarla a mejor. Y para ello hay que trabajar en dos planos: por una parte se debe conocer lo que no funciona, lo que crea insatisfacción, identificar los problemas que es preciso solucionar y las deficiencias estructurales que requieren un cambio, y por otra, se deben definir los horizontes, las metas y los objetivos concretos que se persiguen. En definitiva, la reinvención de la Justicia precisa una hoja de ruta innovadora sustentada en un amplio análisis de la situación que quiere modificarse a fin de alcanzar...
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  • Carlos Javier Bugallo Salomón

    Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.

    Me ha gustado mucho la intervención de María Victoria Cinto, Vocal del Consejo General del Poder Judicial: es valiente y dice las cosas claras. Sin embargo ha introducido una propuesta que, modestamente, deseo discutir para perfilarla y mejorarla. Dice en efecto en su intervención que hay que diseñar la Justicia para que funcione «como servicio público y no como poder». Adviértase del riesgo que ello supone: una Justicia convertida en un órgano administrativo sin más, como los servicios sanitarios o educativos, no sería otra cosa que un apéndice del Gabinete, que dispondría de él a su antojo. ¡Sería el sueño...
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  • Sobre la justicia

    24/02/2015

    Mercedes García Arán

    Catedrática de Derecho Penal de la UAB

    Tomo el punto de partida de las muchas y –como siempre- lúcidas propuestas de Manuela Carmena sobre el servicio público de la Justicia, para aportar algunas reflexiones personales que no siempre consiguen superar el nivel de la duda. Me refiero a la sugerente y, a mi juicio, indiscutible idea de que la justicia debe ser útil en la resolución de conflictos y, para ello, constituirse en instrumento de intercomunicación social. En efecto, es posible propiciar una transformación de la Justicia con mecanismos de actuación más horizontal, con participación de agentes sociales y alejada de los ritos que hoy la...
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  • Carlos Carnicer

    Presidente del Consejo General de la Abogacía Española

    Se ha dicho en demasiadas ocasiones que nuestra Justicia quedó desenganchada del último vagón de la transición hacia la democracia; que ni siquiera tiene ya abogados que la defiendan. Desenganchada y, también, olvidada porque durante mucho tiempo, los políticos han pensado que la Justicia ni daba ni quitaba votos. Existen tensiones entre los poderes concurrentes en la Administración de Justicia que generan, como poco, posiciones encontradas cuya falta de acuerdos paraliza o, al menos, retrasa las decisiones necesarias para acceder a un servicio público eficiente que además, como todos los esenciales, debería ser gratuito en su esencia porque persigue...
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  • Carlos Javier Bugallo Salomón

    Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado en Estudios Avanzados en Economía.

    Adjunto remito un pequeño texto que por razones de espacio debo enviar como archivo aparte. Sin ser yo mismo jurista, e interesado desde hace tiempo como ciudadano y como científico social por los temas relacionados con el Derecho, hago unas reflexiones para incitar la discusión y abrir las perspectivas del Debate.
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  • Joan Baucells Lladós

    Profesor titular de derecho penal en la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro de la Junta del Grupo de Estudios de Política Criminal.

    Coincido en la oportunidad y la necesidad de “reinventar la justicia”, si la utilizamos en los términos que lo hace Manuela Carmena. Es decir, como “el servicio público que precisa la gran mayoría de ciudadanos para resolver sus litigios, basados en los derechos y obligaciones, tanto entre sí como entre ellos y el Estado”. Sobre todo, si tenemos en cuenta que la actual crisis económica y política ha agudizado más el debate sobre este servicio público –piénsese, por ejemplo, en la introducción de tasas judiciales- y si consideramos que se trata de un ámbito, el judicial, profundamente conservador, sin...
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