Preguntarnos por la existencia de un ¨cambio de ciclo¨ en América Latina, nos presenta como primera tarea, irremediablemente, situarlo en los movimientos y tendencias globales que nos afectan a todas. Así, nos parece fundamental para contestar a la pregunta, reflexionar sobre dos grandes procesos de transformación a nivel mundial, a saber: a) un cambio en el zeitgeist (sentido común de los tiempos) que pareciera imponerse con la caída del hegemón de la globalización neoliberal a partir de la crisis de 2008; b) los impactos de las transformaciones geopolíticas globales en la doctrina norteamericana para la región.

En primer lugar, la descomposición de las condiciones de vida de las mayorías sociales con la crisis del 2008 dio lugar a partir de diciembre de 2010 en Túnez a un ciclo de protestas que vendría a ser conocida como la ¨Primavera de los Pueblos¨. Después de su pronta propagación por el mundo árabe, la ola de indignación cruzó el Mediterráneo, germinando la España del 15M, para a continuación atravesar el Atlántico y llegar al «ocupar Wall Street«. Terminaría su gira en junio de 2013, cuando bajó al Atlántico Sur, llenando las plazas y calles de Brasil.

A pesar de su carácter multitudinario, ambivalente y difuso, estas protestas compartieron la indignación popular frente a sus sistemas y representantes políticos y pusieron de manifiesto una agenda de cambio que abogaba por procesos de profundización democrática (más participación política, disminución de la brecha entre gobernantes y gobernados, más transparencia y control social), mejores servicios públicos (sanidad, educación, vivienda, transporte, protección social) y condiciones laborales. El malestar social con el empeoramiento de las condiciones vida a partir del 2008 se expresaba a través de la defensa de la democracia, desvirtuada por una casta política corrupta y sumisa a los grandes intereses económicos y responsable de los efectos perniciosos de la crisis.

Sin embargo, a partir de finales de 2013, con la abrupta caída de los precios del petróleo y otras commodities, empujadas por el softland de China, la crisis lejos de cerrarse volvería a golpear con fuerza, esta vez con especial intensidad a los países emergentes, exportadores de productos primarios. Los gobiernos postneoliberales de América Latina, cuyos proyectos de desarrollo seguían siendo altamente dependientes de la matriz primaria exportadora, acusaron el golpe.

En paralelo, las respuestas políticas y económicas al malestar social generado por la crisis de 2008 se dividieron entre propuestas neoliberales todavía más agresivas, que ignoraron por completo las demandas populares -como se ha visto en las gestiones, por ejemplo, de Rajoy, Macri o Temer- o alternativas inventivas que intentaron jugar con estas insatisfacciones, pero de manera superficial y engañosa, la macronización de la política. Coincidieron ambas en apostar por intentar normalizar la precariedad social por medio de la pauperización de los servicios sociales y por la uberzación de las relaciones de trabajo como nuevo patrón laboral.

Así, no solo el malestar ha persistido, también la desilusión con la ausencia de respuestas democráticas se ha hecho presente. El germen del nuevo sentido común de época que pareciera venir a suplantar la hegemonía neoliberal se desvanecía, abriendo paso al ¨Otoño de los Pueblos¨, donde el enfado y la indignación populares empezarían ahora a abonar el camino hacia fórmulas de desnaturalización de la democracia en agendas no más universales sino particulares, envueltas en fórmulas y discursos autoritarios. Sí en la Primavera el enfado miraba a los políticos, vistos como casta privilegiada, ahora se traducía en una especie de enmienda a la totalidad a la política. Si el combustible de las primeras fueron la esperanza y la ilusión ante una situación de degradación de los regímenes políticos y de las condiciones de vida de las mayorías sociales, ahora es el enfado, el cabreo y la rabia el alimento, el motor de las protestas.

No obstante, es fundamental volver a destacar la ambivalencia de la idiosincrasia de estas manifestaciones. Si en su último gran florecer, las protestas ¨primaverales¨ de junio de 2013 en Brasil, la agenda era eminentemente progresista, luego sufriría un proceso violento de instrumentalización capitaneado por la Red Globo y sus consorcios mediáticos satélites. Así, se desplazarían las demandas populares hacia una agenda punitivista y moralizadora que trataría de intoxicar a la sociedad, cimentando el golpe a Dilma Rousseff y la caza política a Lula da Silva, y pariendo a Bolsonaro.

De la misma manera, pero en sentido inverso -lo que nos trae un primer elemento para creer que la disputa por la hegemonía cultural de nuestro tiempo sigue abierta, así como el cambio de ciclo en América Latina- vemos como demandas de parte pueden terminar transformándose en demandas en defensa de lo común. Después de diez años esperando una recuperación que nunca ha llegado, protestas como la de los camioneros en Brasil (2018) o los chalecos amarillos en Francia pusieron de manifiesto este ¨otoño¨ popular, con reivindicaciones que revelaban demandas de parte, centradas en la búsqueda de salidas individuales y autocentradas -¨peleo por el precio de mi diésel, quienes usen gasolina que salgan a la calle defender sus intereses¨; ¨mi preocupación es cómo llenar el tanque de mi coche, no como promover transporte público de calidad¨; ¨tengo que pagar mis cuentas, no salvar el medio ambiente¨- que terminaron, como en el caso de los chalecos amarillos, derivándose hacia demandas mucho más progresistas, como es su actual agenda de lucha por democracia directa y defensa de los derechos sociolaborales del pueblo.

En segundo lugar, las transformaciones geopolíticas internacionales, con el avance militar chino, y la vuelta del protagonismo ruso en los conflictos bélicos, asociados a sus movimientos económicos, también y significativamente en el hemisferio sur occidental, aceleraron la necesidad del Imperio de volver a actuar en la región. A ello, evidentemente, se suman la oportunidad generada por las debilidades de los gobiernos postneoliberales en la región y la preocupación por los avances en la integración continental y su articulación con los BRICS, vía Brasil, amenazando su histórica tutela sobre las reservas de petróleo y commodities del continente.

Ante esta situación, EEUU pondría en marcha una nueva estrategia para la región en tres etapas que, aunque no hayan sido planificadas como tal, fueron superponiéndose en el tiempo.

A continuación pasaremos a analizarlas pero antes es fundamental recordar que el timing de este avance de EEUU sobre la región es también fruto de la oportunidad generada por las debilidades presentadas por los gobiernos de la región, que deberían ser motivo de una profunda autocrítica de las fuerzas populares y democráticas del continente. A la incapacidad en haber generado un modelo de desarrollo y una nueva matriz económica que superara la enorme dependencia de la exportación de materias primas, se sumaban un cúmulo considerable de decepciones y promesas incumplidas. A pesar de los importantes avances sociales alcanzados por esos gobiernos, el rápido deterioro socioeconómico a partir de 2013, junto a las continuas denuncias de corrupción y la incapacidad en encontrar soluciones para atajar los elevados índices de violencia en el continente, llevaron a estos gobiernos a una situación de evidente fragilidad y allanaron el camino para la injerencia del norte.

Para explicar la estrategia yanqui en el continente es importante situar el proceso de disputa política en la región. Recordemos el estudio seminal del 2006, ¨La disputa por la construcción democrática en América Latina¨, de Dagnino, Olvera y Panfichi, donde la construcción democrática es comprendida como un proceso de lucha por la hegemonía, articulando los actores políticos y sociales alrededor de distintos proyectos políticos en disputa en América Latina: el neoliberal, el democrático-participativo y el autoritario. Tributario de esta concepción, nos permitiremos aquí renombrar el proyecto democrático-participativo como democrático popular, noción que nos parece más ajustada para definir los procesos políticos postneoliberales que gobernaron la inmensa mayoría de los países de la región en la primera década del presente siglo.

Así, volviendo a la comprensión de la primera etapa de la estrategia norteamericana en la región, la misma se inserta en el momento auge de los gobiernos democráticos populares. Ante la debacle completa del proyecto neoliberal en la zona, estos gobiernos apenas quedaron con espacio de oposición parlamentaria y, en la práctica, sin capacidad de constituirse como adversarios electorales. Es por eso que la estrategia elegida fue fomentar a los medios de comunicación de la región -históricamente oligopolistas, antipopulares, neoliberales y con visiones geopolíticas subordinadas- como punta de lanza de la oposición política. Lo que popularmente vendría a ser conocido como PIGs, Partidos de la Prensa Golpista, responsables por ser los verdaderos adversarios dialécticos de esos gobiernos, ante la inacción absoluta de las viejas fuerzas políticas oligárquicas del continente. Su articulación se daría alrededor de la inefable SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, politburó de los conglomerados familiares de la región serviles a los designios de Washington. La táctica era sencilla. Estimular la difusión incesante de denuncias de corrupción de los respectivos gobiernos nacionales y fomentar manifestaciones callejeras en su contra. El Corolario sería la realización de golpes parlamentarios. Frente a los ejemplos exitosos de Haití en 2002, Paraguay en 2006, se encontraron los casos de fracaso de la estrategia en el caso del Mensalão en Brasil en 2005, el Golpe de Estado en 2002 en Venezuela o la intentona golpista en Pando y Santa Cruz de la Sierra en 2008. El diagnóstico del fracaso de la estrategia en general era claro: los éxitos económicos de esos gobiernos no permitieron un masivo apoyo popular y, la ausencia de consecuencias judiciales a las denuncias penales de los gobernantes imponía una barrera para que la estrategia prosperara.

El imperio tomó nota del fracaso y puso en marcha un cuidadoso proceso de planificación con vistas a poner en práctica más adelante una especie de versión dos punto cero de esta estrategia. Para ello, la primera tarea era ser pacientes. La nueva ofensiva debería esperar que estos gobiernos demostrasen debilidad económica, facilitando el apoyo popular en su contra. La extracción del petróleo a partir del esquisto, que bajó vertiginosamente el precio del crudo, asociado con el softland chino -que empujaría la caída del precio de las demás materias primas- sumados a los desgastes de años de gobierno, generaron el momento oportuno para la nueva blitzkrieg. En paralelo, la segunda tarea que debía ser cuidadosamente ejecutada se trataba de la puesta en marcha de una nueva doctrina para América Latina. Ya no se trataría más de ¨Seguridad Nacional¨ sino del Lawfare; ya no se trataría de la formación de oficiales de las Fuerzas Armadas en la Escuela de las Américas sino de la formación de jueces y fiscales – tal y como ha evidenciado las filtraciones de Wikileaks.

El lawfare, o guerra jurídica asimétrica, busca, por medio de una orquestada cascada de demandas jurídicas, imponer un bloqueo a los gobiernos, atrapándolos en los tribunales, desmoralizándolas en los medios de comunicación y deslegitimándoles ante la opinión pública. Esa variable fundamental, la denuncia y condena de los gobernantes en los medios de comunicación, antes mismo de la sentencia judicial, no es inocente. Por ello quizás, la noción más apropiada para definir la nueva doctrina estadounidense para el continente debería ser ¨Media-Lawfare¨, es decir, guerra jurídico-mediática asimétrica. El asesinato sistemático de la reputación de sus blancos busca no solo desprestigiar al gobernante y paralizar su gobierno sino -y ahí su dimensión más perversa en términos democráticos y de defensa del Estado de Derecho- generar un clima de opinión previo, que facilite la aceptación de la sentencia condenatoria por parte de la ciudadanía, aunque se fundamente en la inexistencia de pruebas y por muy lejos que esta se encuentre de los hechos reales. Los casos conocidos son notorios: Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Jorge Glas y, el ejemplo más flagrante, Lula da Silva, y el parcial juez Moro, que terminaría, indisimuladamente, como Super Ministro de Justicia (e Interior) del neofascista Bolsonaro.

Lo curioso de todo ello es que a pesar de toda esta maquinaria y de los considerables déficits gubernamentales de los gobiernos democráticos populares del continente, la impopularidad de los proyectos neoliberales volvió a quedar patente. Macri y Temer fueron la demostración del evidente fracaso, que para colmo destruyó el mito de que la derecha gestionaría mejor la economía. El riesgo era evidente: los gobiernos populares derrumbados por las urnas o golpes parlamentarios, después de las campañas del acoso jurídico y mediático, volverían al poder. Lula da Silva llegó a alcanzar 41% de las intenciones de voto (46% de los válidos) de las encuestas un mes antes de las elecciones de su país, estando ilegalmente en la cárcel e incomunicado hacía meses.

Es cuando entra en acción la tercera parte de la estrategia de acoso y derribo. Esta estrategia se concibe a través de la articulación entre las distintas plataformas comunicacionales actuales (tradicional, digital y espiritual) conformando una particular modalidad de Guerra Híbrida Electoral. En cuanto a su dimensión digital, se trata de un doble proceso de adecuación sociotécnica, de las estrategias y dinámicas electorales clásicas a las nuevas plataformas comunicacionales, y de los modelos y estrategias de negocios digitales al mundo de la política. Lo novedoso, y si se quiere exitoso, no estaría solamente en lo pionero de la ultraderecha internacional en este proceso de adecuación entre estrategia y medio, permitiéndole un cierto “monopolio” tecnológico, sino en su articulación perversa con las otras plataformas digitales, sobre todo la espiritual, representada por el neopentecostalismo y su nueva articulación con corrientes sionistas. Bolsonaro es el mejor ejemplo. Pero ahí están el Brexit y la elección de Trump. Las plataformas pueden cambiar (WhatsApp o Facebook) pero las dinámicas de campaña son las mismas.

En resumen, un modelo anclado en el acceso ilegal y en masa a la información de los ciudadanos (bigdata), tratada posteriormente por algoritmos y estudios psicométricos segmentando y geolocalizando perfiles y sus respectivos mensajes, que estimulan reacciones impulsivas y prereflexivas (persuasión y manipulación en masa), con contenidos basados en el odio, intolerancia y caos, basados en teorías oscurantistas, apocalípticas y anticientificistas (guerra cultural ultraconservadora) orientadas a la desinformación y polarización social y distribuidas de forma masiva en las redes sociales (WhatsApp, Facebook) por medio de centenares de millones de mensajes (impulsio), apoyadas en mecanismos de financiación ilegal y actuando de forma coordinada en la difusión de los mensajes con las informaciones vehiculadas por los canales de la potentísima comunicación espiritual de las iglesias neopentecostales.

Detrás de esta nueva ¨modalidad de campaña¨, ya no estará el Departamento de Estado de EEUU sino el lobby de los sectores más reaccionarios ultraconservadores estadounidenses, como el flamante Steve Bannon y su discreto y millonario socio, Robert Mercer. Con ellos, un entramado de empresas dedicadas a la inteligencia artificial, psicometría y comunicación sensacionalista como son, respectivamente, Cambridge Analytica (que vio cerradas sus operaciones después de los escándalos vinculados a la elección de Trump), SCL Group y Breibart News. Su aliado, sectores neopentecostales y sionistas articulados.

Los resultados son tan impresionantes que en esta nueva Guerra Híbrida Electoral estaríamos hablando ya no de un cambio de ciclo en América Latina sino de una gran ofensiva internacional, coordinada por sectores muy reaccionarios, atrasados y peligrosos, que en este momento tienen la delantera en términos tecnológicos y cuentan con muchos recursos financieros y apoyo político. Y el tiempo corre en su favor.

Por lo general, cuando nos hacemos importantes preguntas (¿cuestionamientos?) es que nuestra ‘Concepción del mundo’ está en crisis. Es decir, surge cuando se genera una fuerte y conflictiva discrepancia entre ‘lo que el mundo (o parte de él) ha sido y está siendo’ y ‘lo que el mundo debe y deseamos que sea’. La pregunta que titula estas notas, en su extrema generalidad e imprecisión, da cabida a cualquier cosa. Puesto que la pregunta me produce rechazo por la palabra ‘involución’ (la encuentro implícitamente grosera y despectiva con respecto a nuestros pueblos y naciones), no voy a contestar, ni ‘si’, ni ‘no’, si es que se refiere a los cambios gubernamentales durante la segunda década del siglo (o ‘cambio de ciclo’, que para mí no es cuestión de ‘ciclos’).

Me interesa, más bien, destacar los cambios progresivos y progresistas recientes en Latinoamérica-Caribe:

a) Cada vez hay mayor comunicación y solidaridad entre los pueblos. Obviamente, es muchísimo el camino por recorrer. Los gobiernos de derecha pueden tratar de evitar tales procesos de comunicación y solidaridad, pero los pueblos van adquiriendo experiencia e irán superando los obstáculos. El ejemplo y acciones de Cuba en medicina, deportes, alfabetización…, y luego la colaboración de Venezuela, ha sido invalorable para los más desposeídos.

b) Reivindicación de los pueblos originarios-indígenas, con Evo MORALES a la cabeza. Pero este fenómeno no es exclusivo de Bolivia. La lucha contra los mapuches tanto en Argentina como, sobre todo, Chile, muestra la enorme preocupación de las respectivas oligarquías. Así mismo la prisión insólita de la diputada del parlamento latinoamericano, la argentina Milagro SALAS. Así mismo las reuniones indígenas de TODO el continente (desde Alaska hasta la Patagonia). Y, también, los derechos indígenas consagrados en algunas constituciones nacionales. Esto era impensable hace unas pocas décadas atrás.

c) Las diversas comunidades afrodescendientes van estructurándose y entrando en contacto, van surgiendo incluso instituciones de denuncia del genocidio europeo (España, Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda…) en África y su explotación en América.

d) Los movimientos feministas, y la lucha creciente contra la impunidad ante los feminicidios, está dando golpes certeros para la superación del patriarcado-machismo y todos los males que se derivan de éste.

e) Un proceso de descolonización cultural, para: 1) erradicar la patología del eurocentrismo; 2) superar la ‘modernidad’ y el proyecto de la transmodernidad; 3) creación de una alternativa cultural sincrética propia, teniendo como original referencia la Carta de Jamaica de S. BOLÍVAR; 4) una concepción del ‘des—arrollo’ (= desenrollar el potencial propio que estaba ‘enrollado’, algo similar al desarrollo biológico que se da en la adolescencia humana, cuando se desatan las potencialidades enrolladas desde el nacimiento); 5) una concepción alternativa de la ciencia y la tecnopolítica para la participación popular en su propio conocimiento y en su propio proyecto económico-político…

En fin, es tan sólo un abrebocas (y abre-cerebros) para que desde España se comience a cambiar la forma de hacer discursos/narrativas… y preguntas ofensivas. En Latinoamérica-Caribe se está construyendo una gran conciencia de la Patria Grande, de sus pueblos, ‘desde abajo’; que, por un lado, llevará todavía bastantes años para que esté suficientemente articulada; y, por el otro lado, obviamente, está y seguirá siendo reprimida por las oligarquías descendientes de la colonización europea, que siguen mandando y oprimiendo, pero que nuestro proceso de liberación igualitaria es irreversible: sufriremos algunas derrotas en un sitio, pero nos levantaremos en otro.
Entonces, ¿involucionando? Contra-pregunto: ¿qué pretenden con esta palabrota?

La situación provocada por el gobierno de EEUU en Venezuela nos ha devuelto, de golpe, a la primera mitad del siglo XX. La posición de EEUU ha sido respaldada, de forma poco responsable, por varios países de la Unión Europea, entre ellos España, que han presentado un ultimátum de ocho días al gobierno venezolano (país soberano e independiente, según el Derecho Internacional) para que convoque elecciones, so pena de que reconozcan como presidente de Venezuela a un sujeto que se auto-proclamó a sí mismo presidente, sin haber sido electo por nadie ni designado por ningún órgano legal.

El reconocimiento de gobiernos es una figura esencialmente latinoamericana, cuyo origen está en los continuos cuartelazos y golpes de estado que alteraban la vida y las relaciones de los países afectados. Ello dio origen a distintas doctrinas, que buscaban resolver ese problema por la vía de reconocer o no a gobiernos nacidos de la violencia.

Curiosamente, donde primero se planteó la cuestión fue en los recién nacidos EEUU respecto a la revolución francesa. En 1792, el entonces secretario de Estado de EEUU, Thomas Jefferson, envió instrucciones al ministro (embajador) estadounidense en París, indicándole lo siguiente: “Evidentemente no podemos negar a ninguna nación ese derecho sobre el cual nuestro propio gobierno se funda: que cualquier nación puede gobernarse en la forma que le plazca, y cambiar esa forma a su propia voluntad; y que puede llevar sus negocios con naciones extranjeras al través de cualquier órgano que estime adecuado, sea monarca, convención, asamblea, presidente o cualquier cosa que escoja”. Jefferson se pronunciaba por una política de no intervención ante un cambio de régimen, haciendo prevalecer el interés de seguir manteniendo relaciones diplomáticas,

La Latinoamérica de principios del siglo XX vio nacer dos doctrinas sobre el tema de reconocimiento de gobiernos, con distinta fortuna. Una fue la llamada Doctrina Tobar, o teoría de la legitimidad democrática, formulada por el doctor Carlos Tobar, ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, en marzo de 1907, en los siguientes términos: “Las Repúblicas Americanas, por su buen nombre y crédito, aparte de otras consideraciones humanitarias y altruistas, deben intervenir de modo indirecto en las decisiones internas de las repúblicas del continente. Esta intervención podría consistir, a lo menos, en el no reconocimiento de gobiernos de hecho surgidos de revoluciones contra la constitución”. La propuesta de Tobar no tuvo éxito y quedó recogida más como la opinión de un canciller que no como una doctrina que debía ser aplicada entre países americanos.

Distinto camino siguió la Doctrina Estrada, formulada por México en septiembre de 1930, por el secretario de Relaciones Exteriores, Jenaro Estrada, en un comunicado que vale la pena recordar en sus términos esenciales. El comunicado expresaba lo siguiente:

“Con motivo de los cambios de régimen ocurridos en algunos países de la América del Sur, el Gobierno de México ha tenido necesidad, una vez más, de decidir la aplicación, por su parte, de la teoría llamada de “reconocimiento” de gobiernos… Es un hecho muy conocido el de que México ha sufrido como pocos países, hace algunos años, las consecuencias de esa doctrina, que deja al arbitrio de gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con ese motivo situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades parece supeditarse a la opinión de los extraños… Después de un estudio muy atento sobre la materia, el Gobierno de México ha transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que esta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido, por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En consecuencia, el Gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o substituir a sus gobiernos o autoridades”.

La Doctrina Estrada fue ampliamente acogida y se convertirá en la doctrina dominante en el continente americano, como parte del principio de no intervención, aprobado en la Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados, en 1933. Este principio fue recogido en la Carta de la OEA, en 1948, que dispone, en su artículo 3, lo siguiente: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”. Más claro, sólo el agua de un manantial divino.

La cuestión del reconocimiento de gobiernos fue sometida al Comité Jurídico Interamericano en 1946, por Resolución XXXVIII de la Conferencia Interamericana de México. Dicho Comité emitió un Dictamen en el que sostenía que no era de recomendable aprobar un convenio sobre dicho tema pues “la facultad que en el proyecto [de convenio] se otorga a cada Estado de apreciar libremente si el nuevo gobierno es democrático, lleva notoriamente a una intervención en los negocios interiores de otro Estado”, y que “abrir la vía a cualquiera forma de intervención sería grave error”. La propuesta de un convenio sobre reconocimiento de gobiernos, por tanto, fue desechada, por considerarse contraria al principio de no intervención.

La Corte Internacional de Justicia se pronunció sobre el tema, en su sentencia de 1986, en el caso Nicaragua vs EEUU. La CIJ fue clara y contundente en cuanto al contenido y continente del principio de no intervención: “según las formulaciones generalmente aceptadas, este principio prohíbe a todo Estado o grupo de Estados intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de otro Estado. La intervención prohibida debe, por lo tanto, referirse a materias a propósito de las cuales el principio de soberanía de los Estados permite a cada uno de ellos decidir libremente. Esto es así respecto a la elección del sistema político, económico, social y cultural y a la formulación de las relaciones exteriores. La intervención es ilícita si utiliza respecto de esas decisiones, que deben ser libres, algún medio de coacción”.

La CIJ también se pronunció sobre si existía alguna nueva norma internacional que permitiera a un país o grupo de países intervenir a favor de la oposición interna de otro Estado. Después de examinar la práctica existente, la Corte expresó: “La Corte constata, por consiguiente, que el Derecho Internacional contemporáneo no prevé ningún derecho general de intervención de ese género a favor de la oposición existente en otro Estado.”

Jurídicamente, pues, es más que evidente que lo que acontece hoy con Venezuela es una violación flagrante y abierta del Derecho Internacional y un retroceso brutal a las políticas imperiales de las primeras décadas del siglo XX. Por otra parte, y no menos importante, debe recordarse que, en materia de gobiernos, el Derecho Internacional se rige por el principio de efectividad, que quiere decir que el gobierno real de un país es aquel que controla efectivamente el país y tiene poder para hacer valer su autoridad y hacer cumplir con los compromisos internacionales de dicho país. En el presente caso, independientemente de que se considere al gobierno de Venezuela legítimo o no, el Derecho Internacional manda aceptarlo como el gobierno efectivo de Venezuela. En la misma línea, reconocer como gobierno real a uno que no existe más que en los despachos políticos extranjeros, constituye una violación inadmisible de principios esenciales del Derecho Internacional. Un gobierno puede decidir si reconoce o no al gobierno de otro Estado, pues esa decisión forma parte de sus derechos soberanos. No obstante, es principio generalmente admitido que el reconocimiento prematuro de gobiernos constituye un acto de intervención en los asuntos internos de un Estado.

La política del gobierno Trump y de otros gobiernos americanos y europeos pretende devolvernos a la primera mitad del siglo XX, cuando EEUU quitaba y ponía gobiernos usando, entre otros medios, la figura del reconocimiento o no reconocimiento de los mismos, práctica rechazada por los países latinoamericanos. Estamos ante una involución muy peligrosa, que puede llevar a intervenciones armadas como, bárbaramente, la pidió el secretario general de la OEA contra Venezuela. El retroceso es, además de evidente, peligroso, pues puede provocar la desestabilización de la región.

Los países latinoamericanos que apoyan la política de EEUU no sólo están traicionando un siglo de lucha contra el intervencionismo estadounidense contra Latinoamérica. Están haciendo algo más grave y es destruir lo poco bueno que ha producido el Sistema Interamericano, como es el principio de no intervención. Atropellado dicho principio, se ha adoptado una política injerencista, como el ariete de una política tardo-imperialista diseñada para derrocar a los gobiernos de izquierda. No está en juego la democracia. Está en juego el derecho de los Estados a su libertad, independencia y autodeterminación. Para hacernos idea de una de las tantas consecuencias del reconocimiento arbitrario de gobiernos ¿qué habría pasado si una suma de gobiernos extranjeros hubiera reconocido a Puigdemont como presidente de Cataluña y a Cataluña como Estado independiente? ¿Qué pasaría si se extendiera el modelo de reconocer como presidente al primero que proclame serlo? El mundo se convertiría en una chirigota. Por demás, no olvidemos que más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena.

Artículo publicado originalmente en Otras miradas de Público..

¿Qué es Venezuela? ¿Una democracia? ¿Una dictadura?

Hasta diciembre de 2017 Venezuela arrastraba una serie de déficits institucionales y republicanos gigantescos. Sin embargo, seguía celebrando elecciones razonablemente libres y competitivas, en las que el gobierno no se privaba de inclinar la cancha mediante la descarada utilización de todos los recursos estatales a su alcance pero en las que existía presencia real de la oposición y cuyos resultados eran verificados por instituciones como el Centro Carter y las Naciones Unidas. Si la democracia puede definirse como un tipo de régimen en el que no sólo hay elecciones sino que además no se sabe de antemano quién las va a ganar, si la democracia comporta en definitiva un cierto grado de incertidumbre, Venezuela era todavía una democracia; en el límite, pero democracia al fin (de hecho, al chavismo se lo podía acusar de muchas cosas salvo de no realizar elecciones y de no reconocer sus derrotas en los pocos casos en los que ocurrían, cosa que por otra parte no hacía la oposición, acostumbrada a denunciar fraude cuando pierde pero no cuando gana, y siempre con el mismo Consejo Nacional Electoral, las mismas urnas electrónicas y el mismo tribunal).

Pero en los últimos años esto cambió. En diciembre de 2015 la oposición triunfó inesperadamente en las elecciones para la Asamblea Nacional. Consiguió una mayoría de dos tercios, suficiente para reformar la Constitución y bloquear al gobierno, y anunció que su plan consistía en forzar una salida anticipada de Nicolás Maduro. El chavismo, que había denunciado irregularidades en la elección a pesar de que controló todo el proceso, presentó una serie de impugnaciones. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que le responde, aceptó una, y ordenó, con argumentos dudosos, repetir la elección en el estado de Amazonas y no juramentar a sus tres diputados. La oposición, que de este modo perdía los dos tercios, se negó a acatar la sentencia. El TSJ, ante un pedido del Ejecutivo, declaró a la Asamblea en desacato, y al poco tiempo anunció que absorbía sus funciones, un autogolpe tan ostensible –y aparentemente implementado sin el aval de Maduro- que al final tuvo que retroceder.

Al impasse institucional provocado por el conflicto de poderes se sumaron una serie de marchas y movilizaciones que entre abril y julio de 2016 causaron más de 100 muertos. La represión del gobierno, según cualquier parámetro que se utilice, fue feroz, tanto la oficial como la paraoficial de los “colectivos” armados, pero también se registraron muertos chavistas en manos de multitudes embravecidas que llegaron a quemar viva a una persona.

La salida que encontró Maduro, más política que democrática, fueron las elecciones para la Asamblea Constituyente anunciadas el 1 de mayo de 2017. Se realizaron bajo un curioso sistema sectorial-representativo, no contemplado en la Constitución vigente, según el cual una parte de los 564 constituyentes fueron elegidos por sector (campesinos, obreros, discapacitados, empresarios, etc) y otra por municipios, en un diseño tal que otorgaba al chavismo una ventaja indescontable: ganaba aún perdiendo. La oposición no se presentó y las elecciones se concretaron, por primera vez, sin veedores independientes. Según el Consejo Nacional Electoral, la participación fue del 40 por ciento, aunque la empresa responsable de las máquinas de votación objetó este dato. Pero lo central es que Maduro se negó a convalidar los resultados en un plebiscito en el que la población se expidiera por el Sí o por el No a la nueva Constitución, como había hecho Chávez en 1999. Después, la Constituyente sencillamente se declaró “originaria” y, en lugar de dedicarse a escribir una nueva Constitución, se instaló como una especie de órgano suprapoder que absorbió las funciones de la Asamblea Legislativa.

Sintiéndose fortalecido, Maduro convocó para el 15 de octubre de 2017 a elecciones regionales (gobernadores), que venía posponiendo desde hacía un año sin más argumentos institucionales que la posibilidad de una derrota. La oposición presentó candidatos, los comicios se realizaron normalmente y el chavismo… arrasó (contra todo pronóstico, se impuso en 18 de los 23 estados e incluso derrotó a figuras opositoras como Henri Falcón en Lara y al sucesor de Henrique Capriles en Miranda). La oposición denunció fraude, aunque nunca pudo exhibir las famosas papeletas que lo demostraban.

La correlación de fuerzas había cambiado. El gobierno, que antes había postergado las elecciones regionales, esta vez decidió adelantar las presidenciales. Aduciendo que el Consejo Nacional Electoral había impuesto una serie de restricciones infranqueables, como la necesidad de revalidar nuevamente las boletas de todos los partidos y la prohibición a la Mesa de Unidad Democrática, histórica denominación del anti-chavismo, a utilizar ese nombre, una parte de la oposición decidió no presentarse. Pero un sector, liderado por Falcón, sí se presentó, y fue ampliamente derrotado. La participación fue baja. El 10 de enero, Maduro juró nuevamente como presidente.

Así, con una Asamblea Legislativa legalmente constituida pero desprovista de funciones reales, una Asamblea Constituyente manifiestamente ilegal y un presidente dañado en su legitimidad de origen, llegamos a la situación actual. La insólita decisión de Juan Guaidó de declararse “presidente encargado” y la aún más insólita decisión de Estados Unidos y buena parte de los países latinoamericanos de “reconocerlo” agudizan la tensión y profundizan la polarización. Pero, ¿hasta dónde llega realmente la mano siniestra del imperio? En realidad, salvo que decida una invasión armada desde el Caribe o desde Colombia, lo que crearía un Vietnam a la enésima difícil de imaginar bajo una administración Trump que se acaba de retirar de Siria, la capacidad de injerencia de Washington se limita a las sanciones financieras y el apoyo a la oposición. Por eso, más allá de las intenciones, el efecto es limitado: Venezuela no es una isla, no se la puede bloquear como a Cuba, y sobrevive básicamente de sus menguadas exportaciones de petróleo, un bien que siempre encuentra quien lo compre (incluyendo sobre todo a Estados Unidos, el principal comprador de crudo venezolano). La injerencia existe, pero resulta insuficiente para derrocar al chavismo.

La explicación del drama venezolano es fundamentalmente local: una economía dislocada (un millón por ciento de inflación el año pasado), un deterioro social dramático (62 por ciento de pobreza según el índice que elaboran las universidades), la tasa de homicidios más alta de América Latina (89 cada cien mil habitantes) y una sociedad en descomposición (unos dos millones de emigrantes en dos años, incluyendo a prácticamente toda la clase media). Pese a ello, Maduro ha logrado sostenerse en el poder, básicamente por tres motivos. El primero es el control vertical de la Fuerza Armada Bolivariana, que no es un “aliado” del gobierno sino parte esencial del dispositivo de poder. El segundo son los restos de legitimidad que aún conserva como resultado de los formidables avances sociales conseguidos durante los gobiernos de Chávez y el rechazo que genera la oposición política en los sectores populares, lo que explica que “los pobres no bajen de los cerros”. Este apoyo social relativo se completa con la desordenada e ineficiente pero enorme red de provisión de alimentos básicos instrumentada a través del Carnet de la Patria y el hecho de que, como resultado de la hiperinflación más que por una decisión deliberada de política económica, buena parte de los servicios públicos –luz, metro, internet- son prácticamente gratuitos. El tercer aspecto que explica la sobrevida es el respaldo geopolítico de grandes potencias como Rusia y China y de poderes emergentes como Irán y Turquía, que ofrecieron asistencia financiera, energética y militar en los momentos más críticos y demostraron que el gobierno no está totalmente aislado, aunque al costo de una deuda monstruosa y la hipoteca de buena parte de la riqueza minera e hidrocarburífera del país.

En este marco, la única salida posible es una negociación entre ambos bandos, algo que en algún momento parecía posible y hoy está descartada. En un contexto de polarización tal que el ganador se lleva todo, una de las mayores dificultades es la cuestión de inmunidad de los funcionarios chavistas en caso de su salida del gobierno. Como la oposición tiene un ánimo mortal de revancha, el chavismo sospecha con razón que dejar el gobierno no implicaría un paso pacífico a la oposición parlamentaria sino la cadena perpetua o el exilio; sienten, en suma, que no se juega el poder sino la vida.

Volvamos a la pregunta del comienzo. Venezuela no es una dictadura en sentido estricto. No es un régimen estalinista ni un sistema de partido único: no hay violaciones masivas a los derechos humanos (aunque sí focalizadas y una política de “zona liberada” para el accionar de los grupos paraestatales en los barrios). La libertad de expresión persistente, aunque limitada sobre todo en los medios digitales, a los que no llega el brazo del gobierno. Maduro no es un autócrata y la sociedad puede expresarse electoralmente, con los problemas que señalamos. Al mismo tiempo, en Venezuela hay una evidente proscripción de opositores y una creciente cantidad de presos políticos: si en Brasil Lula no pudo presentarse a las últimas elecciones, en Venezuela las principales figuras opositoras se encuentran exiliadas (Manuel Rosales), inhabilitadas (Henrique Capriles, Corina Machado) o presas (Leopoldo López). Si en Argentina Milagro Sala es una presa política se la mire por donde se la mire, en Venezuela hay decenas de presos políticos, algunos de ellos encarcelados simplemente por organizar movilizaciones pacíficas y la mayoría detenidos en condiciones inhumanas en la prisión que regentean los servicios de inteligencia. El militarismo es, ya desde tiempos de Chávez, uno de los rasgos del régimen. Y finalmente, como se vio en estos días, la represión en las calles alcanza una ferocidad que no se ve en ningún otro país de América Latina salvo en Nicaragua (no deja de resultar llamativo el silencio de la izquierda latinoamericana al respecto).

Como ningún otro país de la región, Venezuela es una democradura, una especie de autoritarismo-caótico y ultracorrupto, un régimen híbrido que combina elementos democráticos y autoritarios y que va mutando de acuerdo al contexto internacional, los precios del petróleo, el ánimo del gobierno y la correlación de fuerzas con la oposición.

Artículo publicado originalmente en la revista semanal sinpermiso.

Por definición los golpes de Estados representan un quiebre del orden constitucional, por consiguiente son ilegítimos. Los ejemplos son numerosos. Guatemala 1954, Paraguay 1954, Honduras 1957, El Salvador 1972, Bolivia 1973, Brasil 1964, Chile 1970 o Argentina 1976. Todos, sin embargo, aducen a la Constitución para justificarse. La realidad desnuda esta farsa. Dos factores permiten el triunfo del golpe de Estado: i) contar internamente con las fuerzas armadas. Única institución capaz de controlar el territorio, reprimir a la población y garantizar el poder político a los golpistas; ii) obtener un mínimo de reconocimiento internacional en la llamada “comunidad internacional”. En España, haciendo historia, el golpe de Estado contra la II República fue avalado por la Alemania nazi y la Italia fascista. Hitler y Mussolini prestaron su apoyo a los alzados. La división de las fuerzas armadas derivó en la guerra civil.

Hoy, en la Venezuela Bolivariana, Alemania e Italia mutan en Estados Unidos, Brasil, más Canadá. Son una lanzadera para arrastrar países hacia la deriva golpista. El proceso ha sido largo y costoso. Fabricar un golpe de estado presupone un itinerario. Estrangular al país, llevar a sus habitantes a una situación de caos, al hambre, provocar una crisis humanitaria. El lenguaje de la desestabilización se urde hasta copar la realidad. Es una guerra híbrida y asimétrica. La mentira, la manipulación informativa, los factores emocionales, psicológicos cobran un rol fundamental. Se trata de romper los apoyos al gobierno, aislarlo hasta hacerlo caer. Venezuela lleva asediada desde 1998, son veinte años donde la plutocracia y el poder de las trasnacionales suman sus fuerzas para derrocar al gobierno legítimo refrendado en las urnas. Primero, desconociendo la Constitución, más adelante, preparando un golpe en 2002, boicoteando elecciones parlamentarias, emitiendo declaraciones de fraude electoral, participando en intentos de magnicidio, practicando el sabotaje, el asesinato político, la descapitalización, el bloqueo económico, promoviendo sanciones internacionales y pidiendo una intervención extranjera.

Ahora, debemos sumar la declaración unilateral de un presidente, autoproclamado en una Asamblea Nacional sin poder para su nombramiento. Es la articulación de un orden paralelo, hacer creer que hay dos gobiernos, dos poderes, en definitiva un poder dual. Pero ni la OEA ha logrado la unidad necesaria para ratificar al golpista. Sólo 16 de sus 34 miembros la han dado el plácet. México y Uruguay entre otros, han preferido mantener la dignidad, negándose a reconocer el gobierno de facto. Donald Trump y Jair Bolsonaro, presidentes considerados un peligro para la democracia representativa, la paz mundial y regional se rescatan por un sector de la “comunidad internacional”, para legitimar el golpe en Venezuela. En España, los medios de comunicación, partidos políticos, gobierno y oposición se hacen eco de una mentira para justificar el apoyo a los alzados. “No es un golpe de Estado” argumentan. Desde una posición beligerante, PP, Ciudadanos PdC, PNV, VOX piden en reconocimiento inmediato del autoproclamado. Mientras tanto, el PSOE se debate entre esperar y hablar con el usurpador. Así le dan el estatus de interlocutor válido. ¿Cuáles serán las consecuencias?

No se engañen las consecuencias de un golpe de Estado son la tortura, el asesinato político, el exilio y perdida de espacios democráticos. No por casualidad el unilateralmente proclamado presidente de Venezuela promete conceder amnistía a los miembros del gobierno constitucional, si accede a sus reclamos. Algo similar propuso Pinochet a los miembros del gobierno de la Unidad Popular. Lobos disfrazados de ovejas. El discurso de odio, venganza y represión política son sus cartas. Ya lo han demostrado con las Guarimbas en la operación denominada “La Salida”. Decenas de asesinatos políticos, entre cuyos responsables se encuentra Leopoldo López.

Las formas de empaque jurídico y el proceso desestabilizador seguido en Venezuela responden a manual. En Chile, el Congreso liderado por la oposición demócrata cristiana, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Montalva, decretó en sesión plenaria del 22 de agosto de 1973 la ilegitimidad del gobierno, llamando a las fuerzas armadas a intervenir con el objetivo de reestablecer el orden constitucional, violentado por el gobierno “marxista”. Estrategia que logró sumar colegios de profesionales, asociaciones de empresarios, comerciantes, terratenientes.

El 11 de septiembre lograron su objetivo. El Palacio presidencial fue bombardeado. Estados Unidos y aliados reconocieron inmediatamente al usurpador y su junta militar. Las consecuencias, miles de muertos, torturados y desaparecidos. El objetivo se había cumplido. El plan se ejecutó a la perfección. Si el 10 de septiembre, en Chile, no había medicamentos, repuestos automotrices, pasta de dientes, papel higiénico, jabón, mantequilla, carne, etc.., el 14 de ese mismo mes, por arte de magia, las estanterías de supermercados, comercios y ultramarinos están rebosantes de mercancías. Chile, durante mil días fue sometido a un bloqueo internacional, estrangulamiento económico, huelgas patronales, acaparamiento, mercado negro y desabastecimiento. Reconquistado el poder, todo volvía a su cauce. El resto es historia.

Hoy, Venezuela sufre el embate, la cólera de una derecha golpista y sus aliados internacionales. El punto de inflexión, el rechazo a la firma de los acuerdos para adelantar elecciones y configurar un calendario de dialogo entre gobierno y la oposición (MUD) en República Dominicana en marzo de 2018. Prestos a firmar, el gobierno Republicano de Donald Trump desautorizó a los negociadores. Así perdieron su autonomía y renunciaron a la soberanía. Llenos de odio, desprecio a las clases trabajadoras, a más de seis millones de venezolanos que acudieron a las urnas para refrendar al PSUV, acabaron doblegados, como traidores y articulados a una estrategia de muerte.

En España, las declaraciones de Albert Rivera, Pablo Casado, y otros, sonrojan a cualquier demócrata, no menos que las realizadas por el expresidente Felipe González y diversos dirigentes del PSOE. Periodistas y tertulianos en la SER, COPE, Onda Cero, etc., El País, La razón, El Mundo, La Vanguardia, ABC, reproducen, tal loritos repetidores, mensajes y noticias falsas, siendo cómplices del golpe. Desconocen la realidad de Venezuela y América latina, predican y santifican desde púlpitos, son los necesarios para que la masacre sea posible. Eso sí, se lavaran las manos y no asumirán responsabilidades tras la violación de los derechos humanos que vendrá a continuación. Sólo dirán que creyeron en las buenas palabras de los golpistas o perderán la memoria. ¿Acaso olvidamos las armas de destrucción masiva?

Hoy, la dignidad de América latina se juega en la defensa del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. No me gustan gobiernos como el francés, italiano o israelí, pero no por ello secundo un golpe de Estado o declaro unilateralmente su ilegitimidad. Y recuerden Trump fue elegido con el 24% de los votantes, Maduro lo fue con el 28%. ¿De qué legitimidad hablamos?

Trump, Le Pen, Bolsonaro…VOX. El fantasma del fascismo ha entrado a la escena política internacional y todo hace pensar que será muy difícil que no se quede.

El penúltimo susto fue Brasil. Después de que un obrero metalúrgico y sindicalista del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, consiguiera la presidencia de un país tan importante cómo Brasil y después de unas políticas, que sin ser revolucionarias, sirvieron para sacar de la miseria a millones de brasileños, ahora, este mismo Lula está encarcelado y “el pueblo” ha votado a su peor enemigo: el ultraderechista Jair Bolsonaro!

No ha tardado mucho, el nuevo presidente de Brasil, en poner en práctica sus políticas neoliberales y represivas contra cualquier oposición: una de las más obscenas e injustas, ha sido declarar como «terrorismo» las acciones del MST.

Muchos son las barbaridades que ya anunció en su campaña electoral, contra las mujeres, contra los indígenas, contra los trabajadores… pero yo quiero hacer hincapié en la cuestión de la tierra. Brasil tiene un sin fin de tierras fértiles y no habitadas, tanto en la selva amazónica como fuera de ella, pero desde siempre han estado mal repartidas. Actualmente, y desde hace mucho tiempo, las grandes multinacionales de la agroindustria se están apoderando de ellas. Los terratenientes del agro negocio, que representan a menos del 1% de las propiedades rurales, controlan el 46% de la superficie total de las tierras cultivables.

El agronegocio no es más que un expolio de las tierras fértiles para producir productos de exportación: como soja, maíz y caña de azúcar que utilizan 32 millones de hectáreas, con beneficios multimillonarios, dejando apenas 7 millones de hectáreas para la producción los principales alimentos de la dieta brasileña como el arroz, frijoles, mandioca y trigo. Como consecuencia de ello, los campesinos se quedan sin tierra y la población tiene que comprar muy caro productos de importación para poder alimentarse, lo que aumenta la pobreza y el hambre.

Millones de campesinos han sido expulsados de la tierra en los últimos decenios y para luchar contra ello nació el MST (Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), uno de los movimientos sociales más importantes y ejemplares de Brasil. Desde el 1985, año en el que nació, este movimiento no ha dejado de crecer ni ha abdicado de sus principios, convirtiéndose en un referente, tanto en Brasil como en toda América Latina, aportando una gran dosis de esperanza a los más desheredados y mejorando la vida de miles de campesinos. Treinta y cinco años de lucha por la Reforma Agraria Popular y la producción de alimentos saludables del

Bajo el lema de: «Ocupar, resistir y producir», el MST organiza a los campesinos que no tienen tierra para ocupar zonas improductivas. Para ello pueden agruparse desde 300 familias hasta 3.000, normalmente personas que viven en los barrios pobres de las grandes ciudades después de haber sido expulsados del campo. Salir de la pobreza y volver a vivir del trabajo en el campo es lo que empuja a estas familias a agruparse en torno al MST y empezar el proceso de ocupación y resistencia.

Desde que empezó el Movimiento no han parado de ocupar tierras, de organizar la producción, de construir escuelas y de formar a nuevos militantes. En este momento unos dos millones de personas viven y trabajan en las tierras ocupadas y/o legalizadas. Existen cientos de asociaciones campesinas y cooperativas de producción, cerca de dos mil escuelas en sus campamentos y asentamientos y en su Escuela Nacional Florestán Fernández han pasado 16.000 jóvenes para formarse política y técnicamente.

Para el MST educar es fundamental. Su preocupación por la escuela está presente desde el inicio del movimiento. La lucha por la escuela es la fase siguiente a la lucha por la tierra: se trata de asegurar el acceso a la educación de todos los niños y niñas en edad escolar, la alfabetización de jóvenes y adultos y la formación técnica y política de sus Jóvenes.

Todo ello les ha permitido acabar con el analfabetismo, tener escuelas en todos los campamentos y asentamientos, tener maestros y maestras jóvenes, motivados e implicados en esta educación como proyecto global más allá de la simple instrucción.

Con ello consiguieron también jóvenes y adultos con una gran preparación ideológica y política, poca deserción de los jóvenes en el Movimiento y un mayor afincamiento en los asentamientos, lo que les ha permitido un aumento de la calidad en la producción y en la autoorganización de los asentamientos. Todo ello equivale a continuar avanzando en la lucha por la tierra y la transformación social y al mismo tiempo aumentar las oportunidades vitales, personales, y profesionales de los campesinos/as sin tierra.

Y ahora, el Presidente quiere acabar con uno de los mecanismos que hicieron posible paliar la inmensa pobreza de millones de campesinos sin tierra, declarando «terrorismo» las ocupaciones del MST.

Es necesario denunciar esta caza de brujas y divulgar las acciones, pacíficas y autoorganizadas de este movimiento. Será preciso, también, reconstruir la solidaridad internacional y un frente antifascista que pueda parar los pies a la extrema derecha, neoliberal y autoritaria, tanto aquí como allá.

La situación que atraviesa Venezuela es dramática y sin salida aparente. La economía está fuera de control y todos los planes para orientarla en alguna dirección han fracasado. Formalmente, Venezuela es una democracia. Hay elecciones, funciona un parlamento y una asamblea constituyente, existen medios de comunicación no alineados con el gobierno y se pueden formular críticas en público. La situación de los derechos humanos no es muy diferente a la que rige en otros países de la región.

Maduro fue reelegido con el 67 por ciento de los votos porque la mayor parte de la oposición decidió no acudir a las urnas, por lo que su partido controla 20 de las 24 gobernaciones, 310 de las 335 alcaldías y la totalidad de la Asamblea Nacional Constituyente, pero es minoritario en el parlamento.

Si las elecciones y la libertad de prensa son los parámetros centrales para medir una democracia, se puede decir que Venezuela está en el límite inferior. Es un régimen en el borde de la legalidad, pero su forma de actuar es completamente ilegítima. Comparada con China y Arabia Saudita (por poner dos dictaduras que nadie cuestiona), es una joya democrática. Incluso si se la compara con Honduras y Guatemala, sale bien parada.

Recordemos que el presidente Jimmy Morales ordenó esta misma semana la salida del país de los funcionarios de las Naciones Unidas y dar por finalizada la misión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En Honduras hubo un evidente fraude electoral; en las elecciones de noviembre de 2017, y durante las protestas, las fuerzas de seguridad mataron a por lo menos 33 manifestantes, según el informe de 50 organizaciones de derechos humanos.

Ni que hablar de México, con más de 200 mil asesinados y 40 mil desaparecidos en una década, con activa participación de las fuerzas armadas. Crímenes como los de Ayotzinapa nunca fueron aclarados, pero sus autores siguen siendo protegidos por el Estado.

Nicaragua es otra cosa. El régimen orteguista, acosado por su propio pueblo, está en las últimas y su caída es cuestión de tiempo. Un pueblo que echó al dictador Anastasio Somoza, poniendo el cuerpo a las balas, no se va a dejar dominar por un violador y una delirante, ambos enamorados del poder.

Lo que indigna es el doble rasero. En carta al papa Francisco, 20 ex presidentes rechazaron el llamado a la concordia del prelado en Venezuela. Algunos de los que firmaron ese mensaje no tienen la menor autoridad moral para sentenciar al régimen venezolano. Los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox estamparon sus rúbricas debajo de un texto que denuncia que el pueblo venezolano sufre “la opresión por una narco-dictadura militarizada, que no tiene reparos en conculcar de manera sistemática los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal”. Viniendo de gobernantes mexicanos, una canallada.

Algo similar puede decirse del colombiano Álvaro Uribe, que presidió un narco-gobierno y acuñó la figura de los “falsos positivos”, con la que las fuerzas armadas justificaron el asesinato de inocentes que hicieron pasar por guerrilleros.

La derecha tiene un problema que la torna poco creíble. Rechaza la pantomima de Nicolás Maduro, pero no aplica el mismo rasero a otras realidades. Tiene razón el periodista venezolano Ociel López cuando se pregunta, ante el movimiento de fichas de las potencias mundiales sobre Venezuela, si “le importa al mundo la legitimidad de Maduro o priman otros intereses”. O apostamos por la soberanía nacional o por la injerencia. Hamilton Mourão, vicepresidente de Brasil, acaba de proponer una invasión “humanitaria” para derrocar a Maduro.

La izquierda regional no entra en el debate, pero respalda la represión de Daniel Ortega. Un gobierno disparando sobre su pueblo es una línea roja que nadie, en ninguna circunstancia, debe traspasar. La izquierda está procediendo a un suicidio ético, mucho más grave que la peor desviación política, porque lo hace en aras del poder.

Artículo publicado originalmente en la Brecha.

Los comienzos de año son propicios para los augurios que anuncian un tiempo nuevo, tanto en el plano individual como en el colectivo. De vez en cuando, estos augurios se traducen en actos concretos de transformación social que rompen de manera dramática con el statu quo. Entre muchos otros, destaco tres actos inaugurales que ocurrieron en 1 de enero y tuvieron un impacto trascendente en el mundo moderno.

El 1 de enero de 1804, los esclavos de Haití declararon la independencia de la que en ese momento era una de las colonias más rentables de Francia, responsable de la producción de cerca del 40 % del azúcar entonces consumido en el mundo. De la única revuelta de esclavos exitosa nacía la primera nación negra independiente del mundo, el primer país independiente de América Latina. Con la independencia de Haití el movimiento por la abolición de la esclavitud ganó un nuevo y decisivo ímpetu y su impacto en el pensamiento político europeo fue importante, especialmente en la filosofía política de Hegel. Sin embargo, como se trataba de una nación negra y de exesclavos, la importancia de este hecho fue negada por la historia eurocéntrica de las grandes revoluciones modernas. Los haitianos pagaron un precio altísimo por la osadía: fueron asfixiados por una deuda injusta, solo liquidada en 1947. Haití fue el primer país en conocer las consecuencias fatales de la austeridad impuesta por el capital financiero global del que aún hoy es víctima.

El 1 de enero de 1959, el dictador Fulgencio Batista era depuesto en La Habana. Nació la Revolución cubana encabezada por Fidel Castro. A escasos kilómetros del país capitalista más poderoso del mundo emergía un gobierno revolucionario que se proponía llevar a cabo un proyecto de país en las antípodas del big brother del norte, un proyecto socialista muy consciente de su novedad y especificidad históricas, inicialmente tan distante del capitalismo norteamericano como del comunismo soviético. Tal y como Lenin cuarenta años antes, los revolucionarios cubanos tenían la conciencia de que el pleno éxito de la revolución dependía de la capacidad del impulso revolucionario para extenderse a otros países. En el caso de Cuba, los países latinoamericanos eran los más cercanos.

Poco tiempo después de la revolución, Fidel Castro envió al joven revolucionario francés, Regis Debray, a varios países del continente para conocer la forma en la que se estaba recibiendo la revolución cubana. El informe elaborado por Debray es un documento de extraordinaria relevancia para los tiempos de hoy. Muestra que los partidos de izquierda latinoamericanos seguían muy divididos respecto de lo que había pasado en Cuba y que los partidos comunistas, en especial, mantenían una enorme distancia e incluso sospecha con relación al “populismo” de Fidel. Por el contrario, las fuerzas de derecha del continente, bien conscientes del peligro que representaba la Revolución cubana, estaban organizando el contraataque; fortalecían los aparatos militares e intentaban promover políticas sociales compensatorias con el apoyo activo de Estados Unidos. En marzo de 1961, John Kennedy anunciaba un plan de cooperación con América Latina, a realizarse en diez años (Alianza para el Progreso), cuya retórica pretendía neutralizar la atracción que la Revolución cubana estaba generando entre las clases populares del continente: “Vamos a transformar de nuevo el continente americano en un crisol de ideas y esfuerzos revolucionarios, como tributo al poder de la energía creadora de los hombres libres, y como ejemplo al mundo, de que la libertad y el progreso marchan tomados de la mano”.

La expansión de la Revolución cubana no fue como se preveía y sacrificó, en el proceso, a uno de sus más brillantes líderes: el Che Guevara. Pero la solidaridad internacional de Cuba con las causas de los oprimidos todavía no ha sido contada. Desde el papel que tuvo en la consolidación de la independencia de Angola, la independencia de Namibia y el fin del apartheid en Sudáfrica, hasta los miles de médicos cubanos esparcidos por las regiones más remotas del mundo (más recientemente en Brasil), donde nunca hasta entonces habían llegado los cuidados médicos. Sesenta años después, Cuba continúa afirmándose en un contexto internacional hostil, orgullosa de algunos de los mejores indicadores sociales del mundo (salud, educación, esperanza de vida, mortalidad infantil), pero ha fracasado hasta ahora en la acomodación estable del disenso y la implantación de un sistema democrático de nuevo tipo. En el plano económico se atreve, una vez más, a lo que parece imposible: consolidar un modelo de desarrollo que combine la desestatalización de la economía con el no agravamiento de la desigualdad social.

El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) inició una insurrección en el estado de Chiapas, en el sudeste de México, por vía de un levantamiento armado que ocupó varios municipios de la región. La lucha de los pueblos indígenas mexicanos contra la opresión, el abandono y la humillación irrumpía sorprendentemente en los noticieros nacionales e internacionales, justo el día en el que el Gobierno de México celebraba la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por su sigla en inglés) con Estados Unidos y Canadá, con la proclamada ilusión de haberse juntado así al club de los países desarrollados. Durante un breve período de doce días hubo varios enfrentamientos entre la guerrilla indígena y el ejército mexicano, al fin de los cuales los zapatistas renunciaron a la lucha armada e iniciaron un vasto e innovador proceso de lucha política, tanto a nivel nacional como internacional. Desde entonces, la narrativa política y las prácticas del EZLN se constituyeron en una referencia ineludible en el imaginario de las luchas sociales en América Latina y de los jóvenes progresistas en otras partes del mundo. El portavoz del EZLN, el Subcomandante Marcos, él mismo no indígena, se afirmó rápidamente como un activista-intelectual de nuevo tipo, con un discurso que combinaba las aspiraciones revolucionarias de la Revolución cubana, entretanto descoloridas, con un lenguaje libertario y de radicalización de los derechos humanos, una narrativa de izquierda extrainstitucional que sustituía la obsesión por la toma del poder para la transformación del mundo en un mundo libertario, justo y plural “donde quepan muchos mundos”.

Uno de los aspectos más innovadores de los zapatistas fue el carácter territorial y performativo de sus iniciativas políticas, la apuesta por transformar los municipios zapatistas de la Selva Lacandona en ejemplos prácticos de lo que hoy podía prefigurar las sociedades emancipadoras del futuro. Veinte y cinco años después, el EZLN enfrenta el desafío de concitar un amplio apoyo para su política de distanciamiento y suspensión con relación al nuevo presidente de México, Andrés Manual López Obrador, electo por una amplia mayoría del pueblo mexicano con una propuesta que pretende inaugurar una política de centroizquierda sin precedentes en el México posrevolucionario de 1910.

Estos tres acontecimientos buscaron inaugurar nuevos futuros a partir de rupturas drásticas con el pasado. De diferentes formas, apuntaban hacia un futuro emancipador, más libre de opresión y de injusticia. Cualquiera que sea hoy nuestra evaluación con el beneficio de la posterioridad del presente, no cabe duda de que tales levantamientos alimentaron las aspiraciones liberadoras de las poblaciones empobrecidas y vulnerables, víctimas de la opresión y la discriminación. ¿Había lugar para un acontecimiento de este tipo el 1 de enero de este año? Supongo que no, dada la ola reaccionaria que atraviesa el mundo. Más bien, hubo una amplia posibilidad para momentos inaugurales de sentido contrario, reinauguraciones de un pasado que se creía superado.

El acontecimiento más característico de este tipo fue la posesión de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. Su llegada al poder significa el retroceso en términos de civilización a un pasado anterior a la Revolución francesa de 1789, al mundo político e ideológico que se oponía ferozmente a los tres principios estrella de la revolución: igualdad, libertad y fraternidad. De la revolución triunfante nacieron tres familias políticas que pasaron a dominar el ideario de la modernidad: los conservadores, los liberales y los socialistas. Divergían en el ritmo y el contenido de los cambios, pero ninguno de ellos ponía en duda los principios fundadores de la nueva política. A todos ellos se oponían los reaccionarios, que no aceptaban tales principios y querían resucitar la sociedad prerrevolucionaria, jerárquica, elitista y desigual por mandato de Dios o de la naturaleza. Eran totalmente hostiles a la idea de democracia, que consideraban un régimen peligroso y subversivo. Dada la cartografía política posrevolucionaria que ubicó espacialmente las tres familias democráticas en izquierda, centro y derecha, los reaccionarios fueron relegados a los márgenes más remotos del mapa político, donde solo crecen las hierbas dañinas: la extrema derecha. Pese a su deslegitimación, la extrema derecha nunca desapareció totalmente porque los imperativos del capitalismo, del colonialismo y del heteropatriarcado, sea directamente, sea a través de cualquier religión a su servicio, recurrieron a la extrema derecha siempre que la vigencia de los tres principios se reveló como un estorbo peligroso. Ese recurso no siempre fue fácil, porque las diferentes familias políticas democráticas se opusieron con éxito a la extrema derecha. Cuando esta oposición no tuvo éxito, la propia democracia se puso en cuestión, acorralada contra la pared de la alternativa entre ser totalmente eliminada o desfigurada hasta el punto de ser irreconocible. Bolsonaro, un neofascista confeso, admirador de la dictadura y defensor de la eliminación física de los disidentes políticos, representa, por ahora, la segunda opción.

Artículo publicado originalmente en Espejos Extraños de Diario Público.

Es habitual recordar la clásica frase de Walter Benjamin: «cada ascenso del fascismo da testimonio de una revolución fallida». Si no la tomamos de forma estrictamente literal, esta línea encierra un concepto útil para pensar las dinámicas políticas que alimentan el crecimiento de la extrema derecha como salida al descontento popular.

Slavok Zizek, siguiendo la máxima benjaminiana, analizó recientemente la consolidación de uno de los fenómenos autoritarios contemporáneos: el fundamentalismo yihadista en el mundo árabe. “Su ascenso – dice Zizek – es el fracaso de la izquierda, pero simultáneamente una prueba de que había un potencial revolucionario, una insatisfacción que la izquierda no pudo movilizar. ¿No se corresponde exactamente el auge del islamismo radical con la desaparición de la izquierda secular en los países musulmanes?[1]” Del mismo modo que el fundamentalismo islámico toma fuerza del fracaso del panarabismo y de la izquierda laica árabe, el ascenso de Bolsonaro no puede abstraerse del eclipse de la experiencia del PT. Más en general, el avance de la derecha latinoamericana es inseparable de los límites del “ciclo progresista”.

Ícono internacional de la izquierda durante veinte años, el PT fue el resultado de la radicalización de un sector del movimiento obrero desde fines de los setenta, especialmente en el triángulo industrial del ABC de San Pablo. En un país con una clase obrera joven, que hacía sus primeras experiencias sindicales y políticas, emergió la posibilidad de que se construyera una representación política independiente de los trabajadores en base a la fuerza del sindicalismo combativo emergente. El PT fue durante dos décadas el instrumento político de los movimientos sociales, un partido obrero de masas donde convivía una dirección reformista junto al grueso de las corrientes de la izquierda revolucionaria, en un régimen partidario razonablemente democrático y pluralista. En tanto representación política unitaria de una clase obrera naciente, el PT tenía algunos parecidos con la socialdemocracia europea de fines del siglo XIX y su burocratización también presentó simetrías bastante directas. En poco tiempo, el PT consiguió representantes electos en distintos niveles institucionales. Frustrado su triunfo en las presidenciales en varias oportunidades, el partido fue desarrollando una inmensa presencia institucional. Cuando accede al gobierno federal en 2002, en un contexto de desmovilización social, el PT ya había mutado decisivamente y había desarrollado una política de alianzas con partidos burgueses tradicionales.

Desde la campaña electoral, sintetizada en su “Carta a los brasileños”, Lula da señales claras a los mercados, el FMI y el imperialismo de estar comprometido con el modelo de reformas neoliberales que ellos reclaman. Es el momento en que Lula se transforma en una figura respetada internacionalmente y reivindicada por la prensa imperialista. Las señales de desilusión en los movimientos sociales y en el electorado urbano y obrero se hacen rápidamente visibles. En el plano político, la resistencia al curso social-liberal del lulismo surge desde el interior del PT y se expresa en la ruptura de sus alas izquierdas y en la conformación del PSOL (Partido Socialismo y Libertad). Estas políticas ortodoxas en lo económico se van combinando progresivamente con planes de asistencia social (“Plan Familia”, paradigmáticamente), sobre todo al compás del crecimiento económico del segundo mandato de Lula, que corrieron el centro de gravedad electoral del partido hacia el nordeste pobre, en detrimento de la clase trabajadora urbana. Lo que vimos en los trece años de gobierno del PT es la transformación de un partido “clasista”, producto genuino de una radicalización sindical y democrática en los últimos años de la dictadura, en un instrumento de gestión social-liberal del Estado capitalista. El penúltimo capítulo de esta historia es el duro ajuste que implementó Dilma Rousseff apenas empezó su segundo mandato, luego de la designación del economista “ortodoxo” Joaquim Levy al frente del ministerio de Hacienda. Esta agresiva política anti-popular terminó de desarmar y desmovilizar a la base social del lulismo.

Es crucial para el próximo periodo un balance riguroso de esta experiencia. Durante años, el modelo del PT fue puesto como referencia por las izquierdas moderadas de distinto tipo, oponiendo los lentos avances y las amplias alianzas del lulismo con la radicalidad de la fallida experiencia de la Unidad popular chilena o del proceso bolivariano que se desarrolló en paralelo (los cuales habrían facilitado una inestabilidad permanente y las reacciones golpistas).

Actualmente, se ha construido un relato por parte de un sector del progresismo latinoamericano que extrae la conclusión de que el problema de las experiencias moderadas, como el petismo o el kirchnerismo, es no haber sido más moderadas. Estos gobiernos habrían ido más lejos de lo que la sociedad estaba dispuesta y, entonces, quedaron desprotegidos frente a la reacción derechista. Además, habiendo sacado a franjas sociales de la pobreza, construyeron una nueva clase media que tuvo acceso a un consumo que estaría cargado de dimensiones aspiracionales típicas de los sectores medios tradicionales y que políticamente se representarían en la derecha. Los gobiernos latinoamericanos habrían construido su propio enterrador: los mismos beneficiados por sus políticas. Se construye así un relato trágico de estas experiencias, donde toda radicalidad es funcional a la reacción y toda política popular construye un sujeto social hostil. Es la “jaula de hierro” del posibilismo.

Es más atinado otro balance de estas experiencias. El acceso al gobierno por parte de la izquierda, y principalmente la conservación del poder frente a toda tentativa reaccionaria, implica desarrollar la mayor movilización social para derrotar la resistencia de las clases dominantes. Pero esta fuerza social no se alimenta de promesas, sino de conquistas sociales efectivas. Cada presión o ataque de las clases dominantes debe conducir entonces a profundizar las transformaciones sociales y económicas y a que las masas palpen concretamente la ampliación de derechos y conquistas, con el objeto de consolidar el apoyo social y preservar el poder. Todos los procesos revolucionarios victoriosos acompañaron la consolidación y ampliación de su su base popular con la radicalización de las políticas en beneficio de los sectores sociales sobre los que quería apoyarse.

La larga lista de experiencias populares derrotadas en América Latina confirma, por la negativa, esta perspectiva. En infinidad de ocasiones, la respuesta de un gobierno que se propone transformaciones progresivas, ante las resistencias de las clases dominantes, fue buscar la conciliación, resignar reformas sociales o intentar ampliar la base de sustentación política a partidos burgueses o militares opositores al gobierno. Sin embargo, cada avance de la derecha es utilizado para preparar los siguientes. En Chile, el gobierno de Allende podría haberse apoyado en la movilización popular que se desarrolló contra las ofensivas reaccionarias (los Cordones Industriales, los Comandos Comunales, las Juntas de Abastecimiento Popular), sobre todo, ante el ensayo de golpe de Estado (“el tancazo”) de junio de 1973. Sin embargo, optó por ratificar su acatamiento a la “legalidad burguesa”, por fortalecer la participación de los militares en su gabinete y por brindar reaseguros constitucionales a la oposición, conducida por la DC, obligando al desarme de los trabajadores de los Cordones Industriales. El desenlace trágico de esta estrategia es por todos conocido.

Una mirada rápida al paisaje geopolítico latinoamericano muestra entonces una tendencia relevante para nuestros debates estratégicos: las experiencias radicales de Venezuela y Bolivia, pese a haber enfrentado las hostilidades más agresivas (golpes militares, tentativas separatistas, ataques insurreccionales) son las que logran mayor sustentabilidad y penetración en las clases populares. La “izquierda herbívora” de Brasil, Argentina, Ecuador, Honduras o Paraguay (un caso peculiar es el del Frente Amplio uruguayo), que fantaseaba con la fortaleza de su moderación, sus alianzas amplias y su política conciliadora con la burguesía, mostró rápidamente su notable debilidad confrontada a las presiones de las clases dominantes.

[1] Ver Slavoj ŽiŽek First as Tragedy, then as Farce, Londres, Verso, 2009.

Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, Chile y los países de América Central están viendo como empresarios ‘outsiders’ de la política llegan a las instituciones con programas económicos liberales que precarizan las condiciones de las clases trabajadoras.

«Los brasileños tienen derechos de más y empleos de menos. La reforma laboral aprobada hace poco tiempo dio cierta tranquilidad al empleador” pero hay que profundizarla para “eliminar las trancas que padecen los inversores. Debemos entender lo difícil que resulta ser patrón en este país”. Con estas palabras, el nuevo presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, aclaró definitivamente, por si aún se necesitaba, el panorama que les espera a los trabajadores de su país. Unos días antes, Bolsonaro había anunciado la supresión del Ministerio de Trabajo, y antes aún, en plena campaña electoral, había afirmado que si llegaba al poder los que se ocuparían “realmente” de la economía serían los empresarios, los detentores del capital, “la gente que sabe de eso”.

Lo concretó al nombrar al frente de esa cartera, convertida de hecho en un súper ministerio, a un ultra liberal, Pablo Guedes, que ratificó la idea de Bolsonaro de que uno de los problemas de Brasil es el “exceso de derechos”. “Necesitamos flexibilizar, desregular, quitar rigideces al mercado de trabajo”, dijo Guedes semanas atrás, y repitió ahora —palabras más, palabras menos—el presidente Bolsonaro.

“Esto no está sucediendo sólo en Brasil. También en Argentina, en Perú, en Chile, en Paraguay, en los países de América Central, hay una ofensiva de los empresarios que se produce en paralelo al avance de la derecha”, dijo a Público en Buenos Aires Héctor Morcillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación de la provincia de Córdoba e integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación. “Todos los países latinoamericanos formamos parte del mismo diseño. Desde la crisis de 2008, los grupos más concentrados han definido una política de acumulación y de extracción de riqueza que evidentemente repercute en el conjunto de la región. Para colmo, se da con las mismas recetas de los 70, de los 90, de 2000: lo único que les interesa a estos grupos es que a los estados les sobre plata para poder pagar nuestra deuda externa”.

Es en ese marco que se están multiplicando en toda la región las reformas laborales, dijo a su vez a Público Alberto Broch, vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Rurales, Agricultores y Agricultoras Familiares de Brasil (CONTAG). “Son leyes que apuntan a quitar derechos a los trabajadores y a flexibilizar y precarizar el trabajo, dándoles más poder a los empresarios”. El presidente argentino Mauricio Macri “es como si fuera un Bolsonaro sin galones, sin el pasado de soldado y el aire fascista del brasileño pero con la misma divisa: de la economía deben ocuparse los empresarios”, agregó Morcillo.

Cinco años atrás, en 2013, poco después de asumir la presidencia de Paraguay, Horacio Cartes, un magnate fuertemente vinculado a la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989), dijo ante un grupo de empresarios uruguayos que tomaran a su país como “una mujer bonita y fácil, a la que todo se le puede hacer: en Paraguay van a poder hacer lo que quieran, las leyes los favorecen, casi no hay sindicatos, todo es flexible”.

“Mucho me hace acordar Bolsonaro a Cartes. Macri y el chileno Sebastián Piñera, como antes el boliviano Sánchez de Losada, algunos de los dirigentes de la oposición venezolana con chances de llegar al poder, tienen mejores modales pero piensan igual, con cabeza de CEO, de empresarios top. Por todos lados están surgiendo en América Latina empresarios con lejanos vínculos con la política, pero que irrumpen en ella con fuerza, como si se tratara de gente que viene a refrescar el panorama pero que en realidad nos quieren hacer retroceder al siglo XIX”, dijo tiempo atrás el sindicalista brasileño Artur Bueno Junior, vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y Afines.

Hasta Uruguay, un país que hasta hace poco tiempo presentaba un escenario político “a la europea”, con partidos sólidos y de fuerte anclaje, ha visto el surgimiento de outsiders llegados del mundo empresarial. El más reciente es Juan Sartori, un ejecutivo de 37 años que se fue de niño a Europa, es dueño de un emporio empresarial y está casado con una hija del magnate ruso Dmitri Rybolóvlev, dueño del club Mónaco de la Liga francesa, que de uruguayo tiene apenas el acento y la pasión por el fútbol, pero pretende ser presidente de un país que casi no conoce evocando casi que como único programa su “éxito en el mundo de los negocios”.

Remake de los noventa

Héctor Morcillo sostiene que, para su reforma laboral, Macri se inspiró primero en España, luego en Italia, después en Francia. “Fue adaptando su proyecto a medida que veía que la resistencia de los sindicatos se la iba a poner difícil. Aquí hasta ahora pudimos pararla, porque hicimos una huelga general, muchas manifestaciones y resistencia callejera. En Brasil los sindicatos están más debilitados y, con un Congreso extremadamente conservador y corrupto, el presidente Michel Temer pudo hacer aprobar su reforma, Y Bolsonaro va por más: lo eligieron con un buen respaldo de votos y tendrá un parlamento todavía más volcado a la derecha donde las bancadas ‘de la bala, el buey y la biblia’ (los militares, los defensores del agronegocio y los evangelistas) contarán con aún más representantes y son marcadamente antisindicales”.

Aunque los sindicatos le frenaron a Macri la vía legislativa para aprobar su reforma laboral, que “como todas las otras en el mundo está basada en suprimir las negociaciones colectivas y por sector de actividad y en promover los convenios individuales y por empresa”, dice Morcillo, el presidente está intentando colarla por la ventana.

Este miércoles 19 fue creado en Buenos Aires el Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales, que reúne a un centenar de laboralistas y tiene como objetivo principal inmediato resistir “la reforma que el gobierno va concretando de hecho y en forma encubierta, a través de todo tipo de presiones para modificar a la baja los convenios colectivos de trabajo”. “Vivimos una vulneración sistemática de la libertad y la democracia sindical de los trabajadores y de sus organizaciones”, señalaron en su manifiesto fundacional.

Antonio Baylos es abogado laboralista y dirige el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social de la Universidad de Castilla La Mancha. Meses atrás estuvo en Montevideo para una serie de charlas. Tanto en Europa como en América Latina, dijo entonces (17-5-18) al diario uruguayo la diaria se están llevando a cabo actualmente “reformas” que son un remake de las que se impulsaron en los años 1990.

“Primero: recortes sociales, el problema del empleo público como potencial causa; y por otro lado la actuación sobre el empleo –abaratando y facilitando el despido–y sobre los sindicatos”. Hay una diferencia clara entre una región y otra, recordaba Baylos: “el punto de partida en el cual se encuentran las democracias de Europa –incluso las del sur– es mucho más alto en materia de protección social” y el colchón amortiguador de que disponen es bastante más resistente a los embates desreguladores que la flaca colchoneta ‘sudaca’. Pero las ‘pulsiones’ neoliberalizantes, decía, son las mismas.

Artículo publicado originalmente en Diário Público.

Visto de cerca o visto desde lejos, el capitán Jair Messias Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL) tiene todos los rasgos de un cavernícola. Pero Bolsonaro recibió 57 millones de votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018.

Fernando Haddad, candidato del PT después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil impuso un veto a la candidatura de Lula, recibió 47 millones de votos. Además, 31 millones de brasileños y de brasileñas votaron blanco, anularon el voto o no comparecieron a votar.

Defensor acérrimo de los Estados Unidos y enemigo mortal del Partido de los Trabajadores, Bolsonaro fue diputado federal durante 27 años y siempre defendió públicamente la dictadura militar, la tortura de presos políticos, el racismo, la homofobia, la misoginia.

En el período más reciente, ya como candidato a la presidencia de la República, Bolsonaro se destacó también por la defensa de un programa económico ultraliberal, que resumía en una frase que él repetía siempre que podía: la gente tiene que elegir entre tener derechos y estar desempleado o renunciar a los derechos y tener empleo.

Una vez elegido presidente, Bolsonaro no cambió de tono, ni de actitud. Su ministerio es tan cavernícola como su titular. En esto, por lo menos hasta ahora, Bolsonaro marca una diferencia importante frente a muchos liderazgos políticos de izquierda y centro-izquierda, que se eligen guiñando a la izquierda y después gobiernan con el centro-derecha.

A pesar de esto, hay quien crea que el gobierno Bolsonaro será parecido a los gobiernos José Sarney (1985-1989), Fernando Collor (1990-1991), Itamar Franco (1992-1994) y Fernando Henrique (1995-2002). Por lo tanto, un gobierno al que haremos una oposición “normal” y contra el cual disputaremos en las elecciones de 2020 y 2022.

Pero esto es una ilusión. El Gobierno Bolsonaro no se limitará a un programa ultraliberal y de sumisión a los Estados Unidos. El Gobierno Bolsonaro buscará implementar desde el primer día un plan sistemático de destrucción de las libertades democráticas, es decir, de todos los espacios, organizaciones y leyes que permitieron que – desde 1989 hasta 2014 – la izquierda brasileña fuera una alternativa de gobierno y pudiera soñar con convertirse en alternativa de poder.

Están en la mira del gobierno Bolsonaro: los derechos de movilización y lucha; los sindicatos y las centrales sindicales; los movimientos sociales urbanos y rurales; y los partidos de izquierda, especialmente el Partido de los Trabajadores. También las ideas de izquierda seguirán siendo estigmatizadas, perseguidas y criminalizadas. Y nadie se engañe en cuanto a esto, también están en la mira del gobierno Bolsonaro la vida y la libertad de los militantes de la izquierda brasileña.

Cambio de régimen

Aunque los golpistas no lleguen al punto de impedir la actuación legal del PT es posible decir que las elecciones de 2018 abrieron el camino para un cambio en el régimen político brasileño. En otras palabras, las clases dominantes no aceptan más conducir la disputa política en los marcos de la Constitución de 1988. Quieren un régimen político que proporcione menos libertades democráticas y donde la izquierda tenga aun más dificultades para convertirse en alternativa de gobierno y poder.

¿Por qué las clases dominantes brasileñas no aceptan más el régimen político inaugurado en 1988?

En primero lugar, porque nunca lo aceptaron realmente. Aunque la Constitución de 1988 fuera muy limitada, parte de las clases dominantes decían que hacia Brasil un país ingobernable al contemplar demasiados derechos para el pueblo. Por eso los gobiernos Collor (1990-1991), Itamar (1992-1994) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) fueron llenos de intentos de cambiar la Constitución.

El gobierno Lula (2003-2010) fue el primero que intentó cumplir la Constitución, lo que no deja de sonar irónico si recordamos que el PT, por discordar de los limites de la Constitución de 1988, orientó a su grupo parlamentario en el Congreso Constituyente a pronunciarse por el “no” cuando de la votación simbólica del texto completo.

Pero en los tres primeros años (2003-2005), la política económica del gobierno Lula fue de conciliación con el neoliberalismo. Y mismo después del cambio en la política del gobierno, las clases dominantes vivieron algunos años de relativa tranquilidad una vez que los avances sociales no se hacían a cuenta de sus beneficios, sino esencialmente debido a la ampliación de los ingresos externos causados por el boom de las comodities.

Pero, la crisis internacional de 2008 y la posterior reacción de los Estados Unidos y Europa a la crisis provocó una reducción en los beneficios provenientes del comercio y de las inversiones exteriores. Los capitalistas brasileños propusieron compensar esta reducción de los ingresos externos, reduciendo el valor recibido por las clases trabajadoras, directamente por medio de sus salarios o indirectamente por medio de los impuestos pagados al Estado para financiar servicios públicos y transferencias de renta destinadas a la clase trabajadora.

Pero para reducir el salario directo e indirecto de la clase trabajadora, era necesario derrotar el PT. Se intentó, pero no se consiguió hacer esto en las elecciones de 2014. Entonces las clases dominantes pasaron al golpe que tuvo éxito en 2016. Pero aún tras el golpe la izquierda siguió con fuerza lo que “obligó” los golpistas a impedir la candidatura de Lula, quién podría haber vencido las elecciones presidenciales de 2018. Pero aún sin Lula directamente candidato, la izquierda fue a la segunda vuelta y obtuvo 47 millones de votos.

Es por esto que los capitalistas brasileños y sus representantes políticos y mediáticos están convencidos de que se hace necesario reducir las libertades democráticas, reprimir a los movimientos, destruir las organizaciones sindical y popular, criminalizar a la izquierda partidaria y nuestras ideas. En otras palabras, están convencidos de que se hace necesario «cambiar de régimen político».

¿El cambio de régimen va hasta qué punto? ¿Una dictadura militar clásica? ¿Un neofascismo tupiniquim? Aun no hay como saberlo, entre otras cosas, porque eso dependerá en parte de la situación internacional, en parte de la resistencia ofrecida por la izquierda y las clases trabajadoras.

Sin embargo, es posible decir que el principal enemigo del nuevo régimen naciente es el Partido de los Trabajadores, porque el PT fue entre 1989 y 2018, y sigue siendo hoy, el principal protagonista de las fuerzas de izquierda, democráticas y populares.

Una nueva estrategia

Por lo tanto, desde noviembre de 2018, el desafío puesto para el conjunto de la izquierda brasileña es cualitativamente diferente del que enfrentamos entre 1989 y octubre de 2018.
Es lo que hace urgente, inaplazable e ineludible que cada organización de la izquierda brasileña rediscuta su estrategia, su programa, sus formas de organización y sus tácticas. La adoptada hasta hoy no sirve más.

El análisis del breve proceso electoral de 2018 no es suficiente como ejercicio de explicación de la victoria de Bolsonaro. Porque si la lucha electoral fue un momento fundamental, la comprensión de la derrota política más seria que la izquierda brasileña haya sufrido desde el final de la dictadura militar remite, necesariamente, a una interpretación de la situación abierta desde 2015/16.

Sin la percepción de la dinámica regresiva de los últimos tres años es imposible comprender la derrota electoral. Dinámica que pasa por la decisión del gobierno Dilma Rousseff de rendirse a la presión de los capitalistas y nombrar a Joaquim Levy para la realización del choque fiscal que sumergió al país en la recesión. Se radicalizó con la decisión de una fracción de la clase dominante, entonces minoritaria, de convocar a las clases medias a las calles, en marzo de 2015, denunciando las elecciones y apoyada en la operación Lava Jato. Se profundizó con las secuelas de la crisis económico-social más grave de las últimas décadas: cuatro años de estancamiento crónico que dejaron a la clase trabajadora perpleja, a la defensiva y en gran medida “rota” con el gobierno del PT. Todo dio un salto de calidad a partir de marzo/abril de 2016 cuando más de cuatro millones de “amarelinhos” fueron a las calles para tumbar a Dilma Rousseff. En la secuencia vinieron la votación del impeachment, la toma de posesión de Temer y el inicio de las contra-reformas, la condenación, prisión e impedimento de la candidatura de Lula. Una secuencia ininterrumpida de derrotas.

No podemos hoy decir si la elección de Bolsonaro culmina esta dinámica regresiva con una derrota histórica. Dentro de algunos meses, dependiendo sobretodo de la capacidad de resistencia popular, podremos tener una perspectiva más clara. Pero no resta dudas que estamos en una situación reaccionaria.

La salida de Temer y la llegada de Bolsonaro no deberá ser solamente un cambio de gobierno. El régimen político de dominación ya se ha venido transformando después del impeachment a Dilma Rouseff. El equilibrio de poder entre las instituciones del Estado, que asumió la forma semipresidencial desde 1988, fue parcialmente desfigurado a lo largo de los dos últimos años. El golpe parlamentario abrió el camino para el fortalecimiento de los poderes no electos, judiciario y aparatos represivos del Estado (Fuerzas Armadas y Policías), tendencia que será reforzada. Crecerán las tendencias al bonapartismo, o sea, a la concentración de poder que disminuyen el lugar de los contrapesos que son propios de un régimen electoral.

Una derrota histórica ocurre solamente cuando toda una generación se desmoraliza y pierde la confianza en sus fuerzas. Significa que una relación social de fuerzas contrarrevolucionarias se consolida, indefinidamente. Una derrota de estas proporciones es de la máxima gravedad. Cuando ocurrió, en 1964, fue necesario un intervalo histórico de quince años para que madurase un proceso de acumulación de fuerzas y una nueva generación se pusiera en movimiento. No parece que sea así ahora.

Lo que vimos en las calles, en escala nacional con el #elenão el día 29 de septiembre y en los 10 días anteriores a la segunda vuelta sugiere que no es, por ahora, la situación brasileña. Bolsonaro ganó en las urnas, pero tendrá que medir sus fuerzas en las calles. Las luchas decisivas las tenemos delante.

Pero no basta considerar estas referencias generales para pensar las elecciones. Estas están todavía en un nivel de abstracción muy alto. Es necesario evitar el error metodológico del autoengaño o inversión de perspectiva. No es el futuro que explica el pasado, sino lo contrario. Lo que ocurrió fue lo que determinó el desenlace. Toda lucha político-social, inclusive las electorales, son un proceso en disputa. El desenlace de la lucha no explica el proceso. Este error es una ilusión de óptica. Este método anacrónico se llama finalismo. Fatalismo no es un análisis serio. Son las condiciones concretas de la lucha trabada lo que explica porque los vencedores prevalecieron.

La victoria de Bolsonaro no demuestra que él era imbatible. Las elecciones estaban en disputa. El resultado ratificó que él era el favorito. Pero no fue percibido de esta manera. No fue entendido así por la fracción paulista de la burguesía que confió que Alckmin podría acreditarse como el candidato del “centro” frente a los dos “extremismos”. No fue identificado tampoco por el PT como el enemigo más peligroso. Hoy no hay controversia sobre que el peligro del “invierno siberiano” fue subestimado. Porque se confirmó que la inmensa hostilidad a lo que representó el gobierno Temer no se transformó en repulsa a Bolsonaro. También se confirmó que el rechazo al neofascista era menor que el rechazo al PT después de trece años y medio en el gobierno. En fin, perdemos la elección: ¿por qué? Un buen criterio es ponernos las “sandalias de la humildad”. Este tema será estudiado en los próximos años y como todo problema complejo, tiene muchas determinantes. Pero una buena hipótesis de trabajo es empezar admitiendo que perdimos, en primer lugar, en función del sentimiento antipetista.

Frente a este problema hay dos respuestas en la izquierda. ¿Debe o no ser considerado como reaccionario el antipetismo? La respuesta inescapable es que no fue, infelizmente, progresiva la ruptura de los sectores populares col el PT. Fue reaccionaria. Como siempre ocurre en la lucha de clases fue compleja y contradictoria.

Seria miopía no comprender que en parcelas de la juventud urbana asalariada con escolaridad más elevada, pero precaria inserción en el mercado laboral, despertada para la lucha política en junio del 2013, ocurrieron desplazamientos a la izquierda que favorecieron al PSOL. Pero lo que prevaleció en los últimos cinco años fue el desplazamiento a la derecha. Fue la clase media enfurecida y movilizada en las calles por la histeria de los discursos de la extrema derecha quien arrastró, electoralmente y sobre todo en las regiones sudeste y sur del país, la votación a parcelas confusas de la clase trabajadora.

Contrafactuales son útiles, pero el pensamiento mágico es peligroso. El PT fue tumbado porque la clase dominante no estaba más dispuesta a tolerar un gobierno de colaboración de clases después de la dimisión de Levy. Si el PT hubiese radicalizado a la izquierda, la burguesía hubiera girado a la oposición más temprano. Los métodos no habrían sido solamente reaccionarios, habrían sido contrarrevolucionarios. Claro que los gobiernos del PT deberían haber avanzado con medidas más duras contra el capital. Si lo hubiera hecho, al calor de las movilizaciones de junio de 2013, habría preservado y ampliado el apoyo de la clase trabajadora y de los oprimidos. La lucha habría sido feroz. Pero las opciones de victoria habrían sido mucho mejores.

Cuando se analizan desde la izquierda los cambios que han tenido y tienen lugar en Latinoamérica a menudo se echan en falta reflexiones sobre el carácter más o menos democrático de las diferentes experiencias políticas bajo gobiernos “progresistas”, sobre el menosprecio del pluralismo por parte de algunos de sus dirigentes, las derivas autoritarias más o menos graves pero evidentes en el comportamiento de buena parte de los principales protagonistas y sobre las causas de todo ello.

Esa falta de sentido autocrítico por parte de actores políticos y de la intelectualidad ‘comprometida’ se debe, seguramente, a que el grado de respeto por las prácticas democráticas bajo los gobiernos de fuerzas izquierdistas es y ha sido casi siempre más alto que durante los regímenes precedentes, no sólo en comparación con las dictaduras militares implantadas durante los años 60 y 70 sino con las fuerzas de la derecha neoliberal que encabezan la actual involución, objeto del debate que nos ocupa.

Pero aunque así fuera, conviene reflexionar sobre la convicciones democráticas de los políticos “progresistas”, abanderados de la justicia social, porque entre las causas de las derrotas padecidas por la izquierda, entre las raíces de su desarme ideológico, se encuentran probablemente las devociones por los hiperliderazgos, que se hacen o se hicieron fuertes gracias a una mezcla de factores, entre los que cabría destacar la incultura, el miedo, la irracionalidad y las ambiciones de quienes fomentan el culto a la personalidad de determinados personajes.

Líderes que acumulan poder administrativo sin ton ni son, sin mesura ni control, que justifican esa concentración de funciones en nombre de la voluntad de la gente, y que por ello se proclaman demócratas, aunque tiendan a permanecer en sus cargos de forma ilimitada, intenten nombrar sucesores, utilicen privilegios arbitrariamente y restrinjan de una u otra forma el derecho de la población a tomar decisiones sobre su futuro entre diferentes opciones. Intelectualmente brillantes en algunos casos o mediocres en su inmensa mayoría, se consideran cualificados y autorizados para marcar el camino a seguir al común de los mortales de su país, a menudo con un lenguaje propio de los cuarteles, intentan acallar la voz de los adversarios con simple propaganda e identifican a cualquier disidente como enemigo del pueblo o como agente de conspiraciones inventadas.

De esta manera han justificado en demasiadas ocasiones el uso de la represión contra personas o colectivos que quisieron ejercer su derecho al sufragio, a la protesta, la reivindicación, la discrepancia y al uso en definitiva de las libertades formalmente reconocidas en declaraciones universales y textos constitucionales.

No se trata por desgracia de un fenómeno aislado. La historia de la izquierda está llena de dirigentes que se mantuvieron o se mantienen en el poder gracias a la represión, incluso la más sangrienta. Y uno de los ejemplos actuales más siniestros se encuentra en Nicaragua.

Fueron muchos los que en su día vieron o quisieron ver en la revolución sandinista los trazos de un proyecto radicalmente democrático.

Fue el producto de una insurrección popular en un país pequeño, de poco más de dos millones y medio de habitantes, que tuvo un impacto considerable en la conciencia de ciudadanos de numerosos países, particularmente de América y Europa occidental.

El socialismo parecía que recuperaba en Nicaragua su sentido original y al menos en aquel país esa palabra, ese concepto, dejaba de asociarse con los regímenes autoritarios del Este o con políticas posibilistas de la socialdemocracia occidental, respetuosas con la alternancia y resignadas ante las leyes del dinero y el mercado.

Una revolución, dirigida por el Frente Sandinista (FSLN), que acabó con la dictadura del último de la dinastía Somoza y que lo hizo con la ambición de hacer respetar los derechos elementales que tiene cualquier ser humano por el hecho de serlo.

Nicaragua era un país pequeño y pobre y los sandinistas de aquel momento buscaban la manera de conseguir una vida digna para toda su población. Eso exigía, además de poner fin al poder de una pequeña oligarquía, la puesta en pie de nuevos mecanismos de creación y reparto de la riqueza, de un sistema educativo que permitiera levantar el nivel cultural, de políticas de mejora las infraestructuras y los servicios, de canales de participación política y de defensa de lo que acababan de conquistar.

Todo aquel que se acercó a la vida de los nicaragüenses durante la primera mitad de los ochenta pudo constatar hasta qué punto aquella población se sintió libre y quiso tomar en sus manos las decisiones sobre su futuro. En las calles, en las plazas, en el puro campo y en las universidades, en las sedes de los partidos y en las iglesias, se discutía sobre la distribución de la riqueza, la reforma agraria, la organización del transporte, la economía mixta, el sindicalismo, la educación de los niños, la formación de los mayores, la defensa frente a la agresión exterior, las milicias populares, el ejército regular…

Organizaron cooperativas, expropiaron bienes de los somocistas, nacionalizaron la banca, desplegaron una gran campaña de alfabetización y formaron un nuevo ejército, porque los restos de la desmoronada Guardia Nacional somocista permanecían activos y la defensa frente a la agresión militar dirigida y financiada por Estados Unidos representaba una prioridad.

La victoria de los sandinistas resultaba ejemplar para otras fuerzas latinoamericanas, que batallaban con las armas para derrocar otros regímenes oligárquicos, particularmente los de El Salvador y Guatemala, y el gobierno de Estados Unidos no disimulaba su ánimo intervencionista en lo que siempre consideró como su patio trasero.

El FSLN, además de incorporar a miles de ciudadanos a las Milicias Populares, consideró imprescindible la creación urgente de “un Ejército regular, dotado de armamento pesado, fuerza aérea y naval, para hacer frente a la contrarrevolución” (1).

Para transformar su país necesitaban luchar a muerte y derrotar a otro ejército, mercenario, la Contra, que operaba sobre todo desde Honduras, con asesoría directa y financiación de Estados Unidos, que integró en sus filas a miles de nicaragüenses. En algunas ocasiones resultaba complicado trazar una línea divisoria entre opositores políticos y enemigos armados. Nadie ponía en cuestión públicamente la eficacia de la democracia en beneficio del bienestar general, pero en la política interna de los años 80 también los sandinistas tuvieron sus luces y sus sombras. Cerraron algún medio de comunicación y se produjo más de un ajuste de cuentas arbitrario con simpatizantes de la oposición armada, no necesariamente adictos al régimen somocista. Se extendió con excesiva frecuencia la confusión entre la actividad del Estado y la del Frente Sandinista (FSLN) que había conseguido hacer caer en el año 79 la dictadura. A ojos de los observadores extranjeros suficientemente imparciales, parecía que el sandinismo de los años 80 padecía pues bastantes contradicciones, y dependencias, sobre todo de orden militar, pero exigía y manifestaba respeto por las libertades de reunión, asociación y expresión y por el valor del sufragio universal.

Partidos políticos de cualquier ideología intervenían en la vida pública. En el año 84 tuvieron lugar las primeras elecciones, que ratificaron la hegemonía de los sandinistas, pero en las siguientes, las del 89, perdieron y pasaron a la oposición. Mucho tuvo que ver aquella derrota electoral con el chantaje armado de ‘la Contra’, financiada por Estados Unidos, pero quitó la razón a todos aquellos que pretendían equiparar la Nicaragua sandinista con los regímenes de partido único de los países del Pacto de Varsovia.

En ese momento, sin embargo, con la salida del Gobierno, se puso de manifiesto la falta de defensas del organismo sandinista ante la enfermedad de la corrupción.

Si hasta entonces el liderazgo compartido por nueve comandantes y numerosos cuadros del Frente había hecho imposible que una o dos personas se sintieran con suficiente poder para mandar sin escuchar, con la pérdida del poder político, pareció que un buen número de esos mismos dirigentes sandinistas empezaron a olvidar los principios que habían predicado y perdieron la vergüenza. Se difundieron noticias sobre su decisión de acaparar propiedades y poder económico.

Bajo el pretexto de que el partido no podía dejar el poder sin fortalecerse con recursos que serían necesarios para trabajar desde la oposición, lo que hicieron algunos fue transferir propiedades a si mismos. Comandantes significativos abandonaron la actividad política para dedicarse a los negocios y unos pocos, además de acumular fortuna se hicieron con los resortes de control del aparato partidario.

Hubo quien se hizo con la propiedad de bienes de todo tipo y uno de ellos, Daniel Ortega, consolidó junto a su esposa, Rosario Murillo, una cuota desmesurada de poder personal. Lo que hoy ocurre en Nicaragua es la consecuencia de la política de Ortega desde que volvió a la presidencia del país. El castigo sangriento aplicado contra la población es execrable, pero resulta también alarmante la voz de quienes, en estas condiciones, defienden el liderazgo del presidente y su esposa por encima de los anhelos, necesidades y libertades de la población.

Uno de los participantes en este debate, el economista Claudio Katz, explicaba con toda crudeza en un artículo (2), publicado el pasado verano, que “el orteguismo no guarda el menor parentesco con su origen sandinista”. “Ha establecido alianzas estratégicas con el empresariado, adoptó medidas exigidas por el FMI y afianzó los vínculos con la iglesia después de prohibir el aborto. Ha consolidado la privilegiada burocracia de los negocios que debutó con la apropiación de los bienes públicos. Bajo la conducción de Ortega rige un sistema clientelar asentado en maquinarias electorales. La persistencia de la vieja simbología sandinista oculta este cambio sustancial, que reproduce la involución padecida por otros procesos progresistas”.

Nadie desde la izquierda debería justificar desde ningún punto de vista la brutal represión ejercida contra ciudadanos indefensos que participaron recientemente en manifestaciones iniciadas el pasado mes de abril contra la reforma del sistema de pensiones y el aumento de cotizaciones a la seguridad social. Sobran testimonios que certifican la brutalidad de las fuerzas policiales y paramilitares responsables de la muerte de centenares de personas. Las acusaciones de “terrorismo” dirigidas contra los protagonistas de la protesta carecen de toda credibilidad.

El apoyo a Daniel Ortega en nombre de no se sabe qué causa justa o eficacia no tiene sentido alguno, pero las miradas hacia otro lado también expresan complicidad de alguna manera con ese régimen corrupto que usurpa el nombre del sandinismo.

Los actores políticos de la izquierda, individuales o colectivos, interesados en la defensa de un futuro en el que predomine la justicia social, lejos de pasar por alto o de hacer la vista gorda frente a desmanes tan dramáticos como el de Nicaragua, deben enfrentar esa realidad y mirar también hacia otros lugares, y hacia atrás. Hacia otros países y otras experiencias “revolucionarias” según se mire, en las que se han vulnerado y se vulneran derechos elementales y se ponen en cuestión libertades tan elementales como las de expresión, manifestación, reunión y asociación.

Algo le ocurre desde siempre a la izquierda que en cuanto toca poder degenera. Vale la pena preguntarse en este debate por las raíces de este fenómeno. Conviene reflexionar sobre lo que ha ocurrido en un país como Nicaragua, porque aquella experiencia despertó muchas ilusiones, y más allá de las acusaciones, habría que pensar en qué lugar se encuentra el virus de la corrupción que acaba destrozando el legado de las experiencias revolucionarias y de los intentos de cambio social.

La izquierda que pretenda dibujar un proyecto que entusiasme de nuevo a la población que sólo aspira a vivir dignamente tendrá que inventar alguna vacuna eficaz contra el autoritarismo y la corrupción.

(1) Viva Nicaragua libre! Miguel Romero. LCR 1979
(2) Nicaragua duele. Claudio Katz. Viento Sur 27.07.2018

Cuando en América Latina y el Caribe retornan el neofascismo, la xenofobia, la misoginia, la homofobia, el racismo, de la mano de gobiernos de ultraderecha, las fuerzas populares (¿progresistas, de izquierda?) debaten sobre el pensamiento crítico y el fin de la antinomia izquierda-derecha, apelando a una nostalgia inmovilizadora y acrítica, mostrando la falta de unidad y también de proyectos.

Con el golpe de Estado y el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil se reavivó la discusión banal sobre el “fin de ciclo” del progresismo o el neodesarrollismo en América Latina. La llegada al gobierno no ha garantizado cambios y esto también cuenta para las derechas, que siguen controlando lo que se da en llamar el poder fáctico. Ganar una elección es eso: ganarlas. Luego, hay que crear legitimidad, conducir y construir una dinámica de gobernabilidad con los diversos actores. Y eso le está costando mucho a las derechas de nuestra región, como le costó al progresismo.

Es hora de una tristeza sem fim. Se completaron tres países bajo golpe de Estado: Honduras de Zelaya, Paraguay de Lugo y Brasil de Rousseff, mientras se trata de desestabilizar otros gobiernos constitucionales, como los de Venezuela, El Salvador y Bolivia. Y está Argentina donde no necesitaron dar el golpe pero sí lograron crear ese imaginario colectivo de la necesidad de un cambio. Ayer estábamos al borde abismo, hoy dimos un paso al frente, decía un connotado militar boliviano en épocas del dictador Hugo Banzer.

¿Estamos al final del túnel? En el año que se nos viene, el 2019, se vislumbra un pequeño haz de luz; con el gobierno del centroizquierdista Andrés Manuel López Obrador en México, con la factible reelección de Evo Morales en Bolivia, con la continuidad de un desdibujado Frente Amplio en Uruguay, con un triunfo antimacrista en Argentina, con las elecciones en Panamá…

Quizá la peor atadura que pueda tener el progresismo es su propio temor a autocriticarse, a quedarse en un conformismo intelectual y político, a seguir anclada a escenarios y discursos ya perimidos por la realidad. Y no interpelar permanentemente a la derecha. De una vez por todas, debiera abandonar la denunciología y el lloriqueo, y adelantar propuestas sobre los temas actuales.

Más allá del tema de género, las propuestas deben incluir la Reforma constitucional y reestructura del Estado, la problemática de seguridad y defensa, la fase actual transnacional, global, virtual, concentrada del capitalismo, la integración regional soberana y las herramientas de la nueva gobernanza global, el neocolonialismo y la dependencia que propone el FMI.

Insistir en Latinoamérica y el Caribe como territorio de paz, las nuevas forma de trabajo esclavo, la mercantilización del conocimiento y la educación. De proyectar un cambio de las estructuras sociales. Y de pensar otra comunicación y otra democracia, participativa, acorde a las necesidad de una mayor organización popular.

Esto significa dos cosas: construir una agenda propia y no quedar atrapado en ser reactivos a la agenda del enemigo. Para eso, debemos comenzar por vernos con nuestros propios ojos y no con los ojos del enemigo, de los neocolonizadores, de nuestros verdugos, para poder dar la batalla por los sentidos.

Es mucho más difícil construir que resistir: hay que juntarse, poner hombro con hombro, levantar paredes ladrillo a ladrillo (a veces se caen y hay que volver a levantarlas). Sí, claro, la construcción se hace desde abajo, porque lo único que se construye desde arriba, es un pozo.

Derrota cultural

En Brasil no hicieron falta tanques, soldados, bayonetas ni disparos sobre las casas de gobierno, como en 1964, mientras desde los medios masivos de comunicación nos querían convencer que el problema era Venezuela, para invisibilizar, ocultar, el golpe brasileño. Hoy a los golpistas les basta el control de los medios de comunicación masiva y las llamadas redes digitales para imponer imaginarios colectivos en los que basan los golpes blandos, aliados a los corruptos sistemas judicial, parlamentario, policial, que los gobiernos progresistas no lograron cambiar.

Habría que preguntarse si se trata de una derrota política, o una derrota cultural. Ya no se habla –al menos desde el poder- de igualdad, justicia social y de sociedades de derechos, ni del buen vivir, democratización de la comunicación, de democracia participativa.

Estas elites económicas, empeñadas en terminar con la política externa independiente de nuestros países y con los procesos de integración, tienen como fin privatizar los recursos naturales, las empresas estatales y los bancos públicos, además de vender las tierras a extranjeros y multinacionales, comprometiendo la producción nacional de alimentos, la soberanía alimenticia y el control sobre las aguas.

Debiera ser momento para una profunda y dura reflexión de los movimientos populares: ¿Por qué luego de casi tres lustros de gobiernos del PT, de ganar cuatro elecciones presidenciales, no se hicieron esas reformas políticas imprescindibles para que hubiera una real democracia en Brasil? La respuesta puede ser que nunca tuvo el poder. La crisis devastó la credibilidad de todo el sistema político, liquidó la legitimidad del Congreso, insufló la falta de creencia en el sistema judicial e hizo que el pueblo supiera que no basta votar y ganar cuatro elecciones para que el mandato presidencial sea respetado.

Si soportamos 500 años de desarrollismo subdesarrollado al servicio de las elites y las metrópolis, ¿porqué no se usaron esos recursos –durante ese par de décadas- para un desarrollo inclusivo y apuntando a posicionar la región en el mundo de forma diferente? Ni siquiera hacía falta una revolución, hubiera bastado quitarle un poco a las elites para empoderar a las masas: toda sociedad se basa en cierta estructura de creación de valor, y si no lo crea, quienes se ahogan son los que no tienen otra cosa que vender que su fuerza de trabajo.

No se puede construir una democracia sólida con una estructura electoral que permite la elección de parlamentos clientelares, con una Justicia corrupta, con monopolios de medios de comunicación. Hicieron falta reformas estructurales, constitucionales, para impedir esas aberraciones. Es hora también del mea culpa, de comprender cómo no se frenó la maniobra destituyente en Brasil, de reconocer los errores frente a un pueblo que los llevó a gobernar la séptima economía mundial por una década y media.

Nuestros partidos y movimientos necesitan actualizar sus programas, retomar el contacto con los movimientos sociales que los llevaran al poder hace tres lustros y que después fueron olvidados, desmovilizados o cooptados por el Estado. Son los movimientos y los grupos de izquierda los que se proponen, nuevamente, construir la nueva resistencia, la nueva alternativa, conformando espacios más amplios, redes de diálogo y debate, de articulación.

Esta pluralidad progresista es la que tiene la misión de hacer un balance sincero, sin sectarismo, de lo actuado en los últimos tres lustros, reivindicando aciertos pero también señalando los límites de un proyecto que no supo y/o pudo realizar los cambios estructurales, las profundas transformaciones, involucrándose, incluso, en escándalos de corrupción, que sirvieron de munición de grueso calibre para el proceso de criminalización de los gobiernos populares.

¿Pensamiento crítico o transgénico?

La nostalgia es un permanente latiguillo de aquellos que añoran las épocas pasadas, por creerlas mejor que las actuales, cargado de una importante subjetividad y un llamado al inmovilismo.

“Como espacio progresista debemos acostumbrarnos a no presentarnos como la contra, sino como el espacio político y social que excede la categoría de izquierdas y derechas para ingresar decididamente en una nueva categoría de pensamiento, que es la de pueblo”, dijo la expresidenta argentina en el Foro sobre el Pensamiento Crítico en Buenos Aires, una nueva catarsis colectiva al estilo socialdemócrata donde no se registraron los profundos cambios registrados en la subjetividad de las clases y capas populares que empuja a algunos de sus sectores a votar por sus verdugos.

Las amenazas de la ultraderecha conducen inexorablemente a un holocausto social y ecológico de proporciones inimaginables (al menos para quien escribe) y se hace imprescindible construir una alternativa política, que requiere el aporte imprescindible del pensamiento crítico que permita trazar una hoja de ruta para evitar el derrumbe catastrófico de la vida civilizada.

Es imprescindible hacer un análisis concreto no solo de las dolorosas realidades sino también de los avances –que no fructificaron en la construcción de alternativa sólidas- y un profundo trabajo de organización en el fragmentado y atomizado campo popular, donde seguimos entusiasmados en ser cabezas de ratón (cada cual por su lado) y no estar en la cola del león, lo que permitiría a enfrentar a la derecha hiperorganizada (en Davos, en el Grupo de Bildelberg, en el G-7, en el G-20) y también guionizada y financiada por la internacional capitalista de la Red Atlas.

A principios de este siglo y milenio, fueron los intelectuales y dirigentes de movimientos sociales los que se alzaron contra el enemigo común, el capitalismo depredador, y lograron imponer el imaginario colectivo de que otro mundo era posible y necesario. Así nació el Foro Social Mundial, una respuesta al fin de las ideologías y de la historia que nos contaban los think tanks de la banda de Davos.

“No hay ideologías, se trata (solo) de intereses contrapuestos”, dijo Cristina Fernández, quien bien debiera saber que la ideología es un conjunto de valores sociales, ideas, creencias, sentimientos, representaciones e instituciones mediante el que la gente, de forma colectiva, da sentido al mundo en el que vive.

El pensador (y vicepresidente) boliviano Álvaro García Linera expresó que la vigencia de la dicotomía derecha-izquierda se certifica cuando se observa que mientras los gobiernos progresistas y de izquierda del siglo veintiuno sacaron de la pobreza a 72 millones de personas en América Latina los de la derecha sumieron en ella a 22 millones; y que mientras los primeros reducían la desigualdad los segundos lo aumentaban.

Las izquierdas tienen que hacer otras combinaciones de gestión económica y en lo político tienen que construir otro relato, otra manera orgánica de concentrar expectativas distintas a las que han prevalecido en las últimas décadas. “Necesitamos una profunda renovación de los lenguajes que nos permita generar nuevas preguntas donde las antiguas no son suficientes para proponer algo en el mundo”, añadió.

No se puede olvidar, tampoco, que los gobiernos progresistas de la región impulsaron el empoderamiento de vastos sectores sociales anteriormente privados de los derechos más elementales y la reafirmación de la soberanía económica, política y militar, por contraposición a la profundización de la subordinación económica, política y militar impulsada por los regímenes derechistas.

En América Latina y el Caribe llevamos 526 años en resistencia, hemos resistido a todo, nos hemos acostumbrado a su lógica y, cuando tuvimos gobierno progresistas no cambiamos la agenda y nos olvidamos de la construcción; la construcción de nuevo pensamiento crítico, de nuevos cuadros políticos, económicos, administrativos, la construcción de una nueva comunicación popular. Quedamos anclados en el pasado, en la mera resistencia inmovilizadora.

Ante todo, debemos provocar el análisis de lo sucedido en nuestros países en los últimos tres lustros, donde gobiernos surgidos de las movilizaciones populares trataron de poner a los más humildes como sujetos de política, para poder entender esta Argentina y esta América Latina que debemos rediseñar en medio de una ofensiva fuerte, a fondo, de la derecha más reaccionaria y dependiente.

En las últimas tres décadas del siglo se quiso imponer la teoría de “los dos demonios” según la cual se trató de equiparar los actos de violencia, genocidio y terrorismo perpetrados por las dictaduras y los gobierno cívico-militares con las acciones de las organizaciones guerrilleras que luchaban contra ellos. Más de cuatro décadas después escuchamos de boca de supuestos intelectuales la teoría de que no existieron gobiernos progresistas en nuestra región y que la lucha se dirime hoy entre dos derechas, una modernizante o desarrollista (del siglo 21) y la otra oligárquica (del siglo 20).

Y siguiendo estos libretos que hablan de un “neoliberalismo transgénico”, propagados desde ámbitos académicos progres –con apoyo, generalmente, de fundaciones y ONGs europeas–, es bien triste ver a indígenas y trabajadores inducidos a votar para la oligarquía, para que desde la “resistencia” se puedan refundar los movimientos de la izquierda y buscar transiciones.

Existe una enorme frustración, tensiones y cansancio provocados por personalidades pedantes y autoritarias (políticos, intelectuales) que lanzan consignas en verborragias sin ideas, muestran su incoherencia disfrazada de idealismo y hasta esbozan un macartismo estúpido y perverso contra algunos movimientos sociales. Hay quienes buscan caminos para acceder al poder: su meta, descarrilar para siempre las ideas de democracias participativas, dignidad e inclusión social, soberanía e integración regional.

Otro dilema que surge al debate es si nuestros países debieran ir por un fortalecimiento republicano, con sistemas de partidos fuertes para evitar el embrujo de los outsiders o ayudar a su derrumbe. La democracia representativa, la propiedad privada, la cultura eurocentrista, el sufragismo y los partidos políticos son algunos de las “verdades reveladas” que organizan nuestra vida institucional, nuestra democracia declamativa, que venimos arrastrando desde las constituciones del siglo 19. ¿Hay otro tipo de democracia? Si no, es hora de ir imaginándola.

La profundidad de la crisis actual cuestiona a la modernidad y al capitalismo, matrices sobre las cuales se han construido los valores que sustentan esta civilización. Ya no se trata de reformarlas sino de cambiar los paradigmas que hacen a su vigencia, existencia, constitución y organización

Muchos dirigentes populares, ilusionados por el espacio institucional, emigraron de los movimientos –o fueron cooptados– para ocupar espacios en el parlamento y en el gobierno, lo que quitó experiencia acumulada a los movimientos y llevó a su práctica desaparición de las calles. En esa relación gobierno-Estado-movimientos populares, el error principal, quizá, fue de los movimientos. La realidad es que el Estado siguió siendo burgués y los gobiernos atados en sus programas sociales y de distribución (no de redistribución) de renta.

Las realidades tecnológicas, políticas, económicas, sociales, culturales son muy diferentes a las de dos décadas atrás, pero los desafíos siguen siendo los mismos. Hoy, mientras los europeos se nutren del pensamiento –la experiencia y el accionar– latinoamericanos para intentar salir de su crisis capitalista, a nuestros países siguen llegando “expertos” y “pensadores”, en un retorno de las carabelas y los espejitos de colores, para convencernos de que no debemos soñar con utopías, para encarrilarnos en la teoría de “lo posible” (como hace 40 años), para que no nos veamos con nuestros propios ojos, sino que lo hagamos con la visión colonizadora.

La derecha no escatima esfuerzos para derrotar a su enemigo de clase. Miente, manipula, tergiversa los hechos. Usa todo el arsenal de herramientas disponibles: medios masivos de comunicación cartelizados, manipulación en el uso de datos y perfiles recolectados por las llamadas redes digitales en manos de seis grandes megaempresas, (convertidas en megaintermediarios privados de una “democracia global de mercado” los venden al mejor postor, en especial a los Estados); especialistas en imagen y manejo de masas, psicología publicitaria, iglesias fundamentalistas de corte neoevangélico, en una guerra de quinta generación, de redes, dirigida a las percepciones y no al raciocinio, cuya blanco es la psiquis y los nódulos neurálgicos del ciudadano.

Tampoco es cierto que la derecha latinoamericana sea fuerte desde el punto de vista ideológico y para ello basta escuchar a Mauricio Macri, Doria Medina, Sebastián Piñera, Iván Duque o Jair Bolsonaro. Pero sus mandantes sí saben lo que quieren. El publicitado poderío ideológico de las derechas conservadoras y supuestamente «modernas» son la cara oculta de la debilidad ideológica de las izquierdas y su incapacidad de crear frentes populares.

Junto a esta avanzada ideológica de la derecha, la izquierda parece estar sin rumbo, atrapada en la nostalgia, la falta de ideas y proyectos, con marxicistas incapaces de aggiornar el pensamiento a la era de la inteligencia artificial, con quienes tratan de conciliar e impedir encíclicamente la expresión de los excluidos obviando la lucha de clases, con los vendedores de espejitos de colores, con los profesionales de la denunciología y el lloriqueo, amarrados al asesinato de las utopías y la teoría de lo posible. Quizá, la utopía y la resistencia sean más unificadores que la construcción y el avance.

La represión sufrida en décadas pasadas paralizó grandemente al campo popular y la “pedagogía del terror” de la época de las dictaduras cívico-militares hizo bien su trabajo. Hoy, con una desaforada oligarquía financiera y guerrerista, el capitalismo cambia, ofrece nuevas mercancías, usa las posibilidades tecnológicas de la inteligencia artificial, del big data, de los algoritmos, para imponer imaginarios colectivos.

No es hora de llorar. Parafraseando a Mario Benedetti, bienvenidos al 2019, con “un arriba nervioso y un abajo que mueve”, aunque lo quieran amarrar.

Sin duda, el hecho que marca la coyuntura latinoamericana e influirá, negativamente, por un largo periodo sus escenarios es el resultado electoral en Brasil. El de México, también reciente y en sentido moderadamente opuesto, lo hará quizá con menor impacto. En todo caso, son parte de las contradicciones que estarán tensando las fuerzas económicas, sociales y políticas en el continente.

El golpe en Brasil

El triunfo de Bolsonaro en Brasil coloca el peor escenario posible en la tendencia regresiva que se venía dando en Sudamérica. Aunque frecuentemente se abusa del término, pues no toda derecha o régimen represivo y autoritario lo llena, hoy no se exagera al calificar al régimen entrante de fascista. No son sólo las declaraciones y actos de Bolsonaro y de sus más fanáticos seguidores sino, sobre todo, la desafortunadamente amplia base social sobre la que se sustenta la que le da el perfil más peligroso. Aún está por verse si lo acompañará en todos los abusos y locuras de la dictadura que promete, pues desde luego gran parte de sus votantes están muy lejos de poder ser calificados de fascistas o incluso de derechistas.

En realidad, el resultado ya no fue una sorpresa; fue construido durante años, acelerándose en los últimos de Dilma hasta el golpe que la destituyó. Refleja, en primer lugar, una realidad presente en casi todas nuestras sociedades, divididas entre amplios sectores de la población cargados a la izquierda y la lucha social, y otros francamente conservadores o ganados a la ideología neoliberal, y una gran masa flotante hacia un lado u otro, según las circunstancias. Lo sorprendente en realidad fue el ascenso que consiguió Haddad en la segunda vuelta hasta llegar casi al 50%. Y ese 45% representará una gran resistencia contra el nuevo régimen, así como la derecha lo fue cada vez más contra el gobierno del PT. Aún no está escrita toda la historia de los próximos años en Brasil. Sobre las implicaciones estratégicas para la izquierda al asumir esta realidad de “hegemonía dividida” de nuestras sociedades, por sintetizarla de alguna manera, ya se ha escrito y no podré entrar de lleno al tema en este artículo.

En todo caso, el capital y la derecha hicieron su trabajo, socavando progresivamente en todos los frentes al gobierno del PT. Lo que es de llamar la atención es que lo que les funcionó es llevar el ataque al extremo, sin miramientos, usando todo el poder económico, político, jurídico y mediático que siempre conservaron, explotando las que consiguieron colocar como debilidades del PT, principalmente la bandera de la corrupción –aun inventada como en el caso de Lula y otros–, logrando culpar a la izquierda ante los ojos de la gente como responsable de la crisis económica, levantando una “salida” fuerte –no importa cuan grotesca. Parece increíble que en cosa de meses se haya podido pasar de la posibilidad de que ganara Lula con un 70% de la votación a la elección de un candidato fascista. Dejo de lado los pormenores de la propia “campaña” electoral, en la que la derecha usó con éxito expansivamente las mentiras más burdas a través de las redes sociales –sí, la derecha las sabe usar, no es el único medio sustraído a los movimientos sociales. Pero lo fundamental es que ante el hecho real, ganado por sí mismo o construido por la derecha, del desprestigio del PT, el conseguir sacar suciamente de la jugada a la única opción “fuerte” que tenía la izquierda, Lula, abrió finalmente la puerta para la salida dura. En épocas de crisis, muchas veces la masa indefinida se encandila fácilmente con una alternativa fuerte independientemente de su signo. Y si pueden mantener nada menos que a Lula en la cárcel, qué no pueden hacer. Por lo mismo, alcanzar su libertad debe ser en consecuencia no sólo un imperativo moral sino un objetivo estratégico de las fuerzas de izquierda y democráticas en todo el mundo…

Por supuesto, no podría haber triunfo de la ultraderecha sin fracaso, sin errores de la izquierda, sobre todo después de haber gobernado durante más de una década. Y no sólo es el desgaste “natural”. Múltiples reflexiones y lecciones deben sacarse de ahí, válidos no sólo para Brasil, sino para toda Latinoamérica, al menos, y para toda la izquierda en el mundo, incluyendo sobre las inercias que impidieron hacer esas reflexiones a tiempo. No puedo entrar en todas las que a mi juicio son pertinentes, es decir, sin extremismos fáciles. Pero en general se puede decir que hoy resulta clarísimo que confiar en que el “equilibrio” de fuerzas, de alianzas, de políticas económicas, etc., podría permanecer indefinidamente era una ilusión peligrosa. El discurso de “Brasil Potencia” se desmoronó rápidamente. El capital y la derecha esperaron agazapados el momento de recuperar el poder político directo, porque las otras esferas de poder nunca las perdieron. No profundizar el curso de la transformación, aún con el grado y la velocidad que fueran posibles realmente, no avanzar conscientemente paso a paso en minar esos poderes del capital y la derecha en todos los órdenes –económico, político, social, cultural, jurídico, militar—y, en sentido opuesto, en fortalecer a los destacamentos populares propios, en ampliar la educación política del pueblo aun sobre los beneficios económicos, entre otras cosas, terminó facilitando el regreso de la derecha. Imposible entrar en más detalles en este artículo.

El hecho es que Brasil entra a una nueva historia de horror y resistencia, de la que seguramente habrá de salir más temprano que tarde por la potencialidad que conserva el movimiento social y de izquierda, por una cosa fundamental a tomar en cuenta también, una que no hay que olvidar: aun con el trágico resultado electoral, no han sido derrotados.

El continente

Por supuesto, el triunfo de Bolsonaro representa una amenaza no sólo para el pueblo brasileño sino para toda América Latina. A escala continental, el triunfo de la ultraderecha en Brasil modifica desfavorablemente la correlación de fuerzas, contando en el extremo norte a Trump.

En la primera década del Siglo habíamos vivido de alguna manera en un continente polarizado entre un Norte dominado por las fuerzas neoliberales, incluyendo México, con algunos aliados en el Sur (principalmente Colombia), y un creciente bloque de países en Sudamérica, y en alguna medida en Centroamérica, que retaban la hegemonía del imperio y del neoliberalismo. La derrota definitiva del ALCA en Mar del Plata en el 2005 reflejaba y alimentaba esta tendencia.

Pero Washington, las clases dominantes en AL y la derecha no descansaron y replantearon su estrategia –hay que decir, exitosamente. Uno por uno fueron desmontando eslabones: Honduras, Paraguay, Perú, Argentina, Chile… Una campaña agresiva de cerco incesante sobre Venezuela… Ante la derrota del ALCA, vuelta a las negociaciones bilaterales. Fortalecimiento de la Alianza del Pacífico con Chile, Perú, Colombia y México como cinturón contra los procesos de integración regional alternativos que habían venido surgiendo. El péndulo se corría a la derecha. Y ahora un golpe brutal en Brasil.

El ascenso de la ultraderecha en el país y la economía más grande del subcontinente no sólo refuerza el bloque aliado a EU, no sólo acelera el debilitamiento de los procesos de integración alternativos, no sólo refuerza a la derecha en toda la región, sino que representa una verdadera y quizá inminente ofensiva intervencionista contra Venezuela. Y por supuesto, los otros países que aún escapan al control del imperio seguirán en la mira. Bolivia especialmente representa el bastión estratégico que hay que prepararse también a defender a toda costa.

En Centroamérica el avance d las derechas locales con apoyo de EU han disparado una descomposición social que se traduce, entre otras cosas, en una enorme ola migratoria. Nicaragua es un eslabón débil que casi se cae por sí mismo; la corrupción y descomposición autoritaria del régimen de Daniel Ortega y esposa la hacen indefendible aun con las mejores intenciones “geoestratégicas”. Triste historia la de la revolución nicaragüense. La corrupción de las izquierdas al llegar al poder es una de las mayores debilidades frente a la derecha y el capital, no porque éstos no alberguen corrupción, sino porque la saben capitalizar sobre todo porque se supone que el proyecto emancipador de la izquierda no debería incluirla. Hay mucho que reflexionar al respecto.

En Norteamérica, con consecuencias mundiales, el período ha estado marcado desde luego por el ascenso de Trump al poder en EU. Ya se ha escrito mucho. Nada menos que a la cabeza de la principal potencia imperial está un bufón siniestro –parece que ahora se están dando en maceta–, también xenófobo, misógino, homófobo, racista, de corte fascista incluso por tener una importante base social… La mancuerna ahora con Bolsonaro suena de lo más peligrosa. Ciertamente, el triunfo electoral de los Demócratas con el que consiguen el control de la Cámara de Diputados de EU resta poder a Trump y le pone un camino empedrado para su reelección. Nuevamente, como en todas partes, no está todo inclinado sólo hacia un lado. Pero la amenaza sigue ahí.

Uno de los “triunfos” que parecía haberse anotado Trump es el de la renegociación del tratado de libre comercio con Canadá y México. Aún está por verse si lograrán firmarlo y, sobre todo, si será ratificado por los Congresos y el Parlamento. Pero por lo pronto consiguió un triunfo político, incluso con el aval del nuevo gobierno mexicano, que intenta mantener buenas relaciones y conseguir a toda costa empezar con estabilidad económica. En realidad, ese nuevo tratado es un gran candado en el cuello de México. Pero México es hoy otra historia en el continente…

A dónde va México?

México está poniendo el contrapunto en el escenario continental y pareciera ser la esperanza de cambiar el sentido del péndulo. En efecto, quizá desfasada y tardíamente, después de más de treinta años de padecer un régimen de derecha neoliberal y a contrapelo de la tendencia general en el hemisferio, el 1 de julio el pueblo de México le asestó un golpe formidable en las elecciones presidenciales, de Congreso y de varias entidades federales. En realidad no surgió repentinamente, sino que es el resultado del descontento social acumulado, la persistencia de innumerables luchas de resistencia obrera campesina y popular en contra de la pobreza, el despojo, la injusticia y la represión. O sea, el hecho más importante, el que abre nuevas perspectivas y modifica el escenario nacional, no es quién llega al gobierno sino el sentido del voto ampliamente mayoritario de más de 30 millones de mexicanos.

El PRI, partido que gobernó durante décadas, el PAN que representó la “alternancia” de derecha y el PRD, corrompido y quien desde la “izquierda” pactó la imposición de las últimas reformas neoliberales, han quedado devastados por el alto porcentaje de más del 50% del electorado que votó a favor de Morena, quien no solo obtuvo la presidencia de la república, sino también amplia mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores, 17 de 29 Congresos Locales que se disputaron y varias gubernaturas, así como el 80% de las alcaldías de la Ciudad de México y su Jefatura de Gobierno.

El problema comienza cuando analizamos al gobierno que llega. El gobierno nacido del hartazgo no es ciertamente un gobierno de izquierda, o surgido de los trabajadores o los movimientos sociales, ni responde directamente a ellos. Esto es un hecho más allá de otras consideraciones políticas. Incluso es necesario decir que antes del 1° de Julio quedó de manifiesto que la candidatura de AMLO se desplazaba hacia la derecha en la medida que matizaba su discurso y lograba la interlocución y la aceptación de los grupos de poder que han dominado al país.

Desde luego, esos poderes fácticos lo han aceptado con la condición de determinarlo, de acotarlo, de que no vaya más allá de lo que el capital y el neoliberalismo pueden consentir. Esto lo facilita el hecho de que el gobierno y Morena se vienen llenando de cuanto arribista y trepador de izquierdas y derechas pueda haber, sobre todo de tránsfugas del PRI y el PAN. La mayoría del gabinete y los principales operadores ciertamente no provienen de la izquierda. La mayor ironía histórica es que el PRI ha sufrido su mayor derrota pero el nuevo gobierno está lleno de ex priístas. El propio López Obrador viene del PRI.

Y ahí siguen los viejos poderes económicos y políticos listos para frustrar las aspiraciones populares y para inclinar a la nueva presidencia hacia sus intereses. Y ahí están también visibles las señales en el futuro gobierno y su partido de reciclar los residuos del viejo régimen y no trastocar de fondo sus políticas económicas neoliberales.

Como contrapeso a la continuidad económica, se perfila el despliegue de una política asistencialista orientada hacia los grupos vulnerables de la población que puedan constituirse en una sólida y amplia base social del nuevo gobierno. Ciertamente, como sucedió en Brasil, tales políticas sociales y económicas pueden estimular la economía y mejorar las condiciones de vida de amplios sectores en una primera etapa, pero a la larga no tienen un sustento transformador.

En su posicionamiento posterior a las elecciones, “La Nueva Central de Trabajadores asume que la lucha por una verdadera transformación democrática de México y por enterrar al nefasto modelo neoliberal aún está por delante. Advertimos del riesgo de que todo cambie para que todo quede igual, de que este acontecimiento histórico no conduzca a los cambios que está exigiendo el pueblo de México…

“La victoria electoral no significa que estarán garantizados los intereses y reivindicaciones del pueblo trabajador, de las comunidades y pueblos, de los jóvenes y mujeres, la democracia verdadera o el desarrollo soberano de la nación; ni siquiera es seguro que se reviertan las reformas neoliberales o se recuperen los bienes nacionales privatizados. En realidad, lo que significará es que se abrirá la verdadera disputa entre el capital y el trabajo, entre la democracia y el autoritarismo, entre la izquierda y la derecha, entre los movimientos sociales y los partidos, por definir el rumbo de la Nación…

“Ahí iniciaría realmente la famosa “transición”. Pero la transición siempre va para algún lado. La derecha, los poderes fácticos y las metrópolis imperiales jalarán a ese gobierno hacia sus intereses o lo harán caer; la clase trabajadora, los movimientos sociales, la izquierda, debemos actuar para que ese momento político de transición, ese cambio político derivado de las elecciones, conduzca hacia la izquierda, hacia un proceso de transformación real del país bajo un gobierno constituyente verdaderamente representativo de la mayoría del pueblo mexicano. Aun para quienes desde los movimientos sociales hayan apoyado esta candidatura esa será la disyuntiva.”

Por supuesto, no hay que engañarse tampoco del otro lado. Es decir, seguramente habrá algunos avances democráticos, en derechos humanos, en cierta mejora en diversas dimensiones. El escenario será contradictorio.

En cualquier caso, casi todo escenario probable conduce a una situación nacional altamente conflictiva, a una enorme crisis política, y probablemente económica en el mediano plazo.

Habrá que sacar las lecciones de las deficiencias y errores que facilitaron el regreso de la derecha neoliberal en Sudamérica. Entre ellas, romper con la ilusión de que las alianzas con las derechas o sectores del capital, el “equilibrio” político, no dura prolongadamente. El capital y la derecha no perdonan. Sólo avanzar en las transformaciones sociales, políticas y económicas, y la organización determinante del pueblo pueden prevenirlo. Ni el dirigente más capaz puede sustituir eso, menos quien pretenda desde arriba y desde el “centro” mantenerse en el poder.

En Latinoamérica crujen las frágiles vigas democráticas y en Brasil se oye su ruido con fuerza. Los poderes económicos, mediáticos, militares y judiciales han entrado en la política, disputando directamente la representación ciudadana. Se despliega el modelo político neoliberal de gestión directa de los intereses estratégicos del capital como con Berlusconi a partir de 1994 en Italia y, actualmente, con Donald Trump en EEUU.

El fenómeno tiene muchas particularidades según el momento histórico de cada país, pero la escala de Brasil en el Hemisferio Sur hace de la elección de Jair Bolsonaro un ejemplo relevante y con potencial capacidad de contagio que merece especial atención.
En Brasil, como en el resto de Latinoamérica, los diversos actores políticos juegan varias partidas simultáneas para generar mayorías electorales.

La tensión entre democracia y establishment cívico-militar

Los golpes de Estado en Brasil en 1964 contra Joao Goulart y en Chile en 1973 contra Salvador Allende fueron, en mi opinión, los dos golpes estratégicamente triunfantes que hubo en Latinoamérica en los últimos 70 años, desarrollista el primero y neoliberal “avant la lettre” el segundo. Triunfantes porque han marcado a fuego el modelo económico en Chile y la agenda que militares -y diplomáticos de Itamaraty- establecieron en Brasil. No es un tema menor que el presidente electo el pasado 4 de diciembre se sienta orgulloso de reivindicar ambos. En poco tiempo seremos testigos de la más que probable tensión en un Gabinete en el que convivan en puestos económicos y políticos representantes claves de ambas tendencias contradictorias.

Es probable que el nuevo Gabinete aúne a Paulo Guedes, un Ministro ultraliberal admirador de los Chicago Boys chilenos con un programa aperturista, liberalizador y de shock de ajuste [1], y al General (Ret) Augusto Heleno (quizás como Coordinador del Programa de Gobierno en representación militar directa), de tradición más proteccionista y desarrollista. Un asunto central es que las FFAA brasileñas, y por supuesto el bloque agrícolo-ganadero exportador, consideran que nada debe limitarlos en las decisiones que tomen sobre la explotación de la Amazonia. Y una prueba del algodón de las privatizaciones estará en el destino que tenga Petrobras. Ambos son asuntos de gran relevancia para la agenda medioambiental del nuevo presidente.

A diferencia de los gobiernos de Alfonsín y los Kirchner, Michelle Bachelet y José Mujica asumieron el pacto implícito de no revisar la represión en Chile y Uruguay (salvo el caso flagrante del jefe de la DINA, el general Guillermo Contreras, por su responsabilidad en el asesinato de Orlando Letelier en EEUU). En Brasil, Dilma Rousseff hizo el loable intento de saldar cuentas con la dictadura militar sin resultado, probablemente por no tener la
oportuna correlación de fuerzas necesaria, y por la resistencia del corporativismo militar.

La disputa entre una política progresista y las Iglesias evangelistas

La visita del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de 2013, celebrada en Río de Janeiro, exhibió una coincidencia entre el Vaticano y el Gobierno petista que posiblemente reforzó la ya agresiva campaña de las iglesias evangelistas contra Dilma y, finalmente, aceleró el impeachment que colocó al Vicepresidente Michel Temer como Presidente de transición lo que ayudó a madurar el triunfo de Bolsonaro. Una consecuencia estructural de la posición del Vaticano de Juan Pablo II de combatir y neutralizar la teología de la liberación en los años 70 y 80, es que se ha dejado el campo más despejado para la creciente influencia de las iglesias evangelistas en Latinoamérica (y singularmente en Brasil [3]). Los evangelistas intervienen casa a casa conformando modelos de comunidad inclusivos, con lugares de rezo modestos y de gran cercanía con los pobres, sin depender de financiación estatal (por lo general se inician con dinero de donantes de EEUU y luego se sostienen con el diezmo de los propios feligreses) y empoderan a los creyentes en una relación más directa con su Dios, lo que facilita la conversión de los católicos. Son ultra conservadores en su concepción de la familia con activa negación de las minorías y, probablemente, dan viejas certezas a la crisis de identidades que provoca el reconocimiento social de la diversidad de opciones sexuales y a la irrupción del feminismo. En su variante neo pentecostal vienen ejerciendo la participación directa de la religión en la política [4], esta vez coronando con un Presidente.

La corrupción político-empresarial y la judicialización de la política

No ha sido menor la influencia en el resultado electoral que ha tenido el encarcelamiento y posterior condena del ex Presidente Lula da Silva, proceso encabezado por el juez Sergio Moro que pone en evidencia el creciente papel que juega la judicialización de la política. Por “íntima convicción” de un juez se manda a la cárcel en pleno proceso electoral a un candidato que tiene un 40% de apoyo en las encuestas para la primera vuelta electoral [5]. Es comprensible la humana obcecación de Lula por ser candidato hasta ultimísima hora, pero su tardía delegación en Haddad puede suponer un traspié a su liderazgo futuro, ya que lo coresponsabiliza en la derrota.

Aquí conviene hacer un alto. En relación con las denuncias de corrupción que se están usando para tumbar los gobiernos progresistas que han prosperado en Latinoamérica desde finales del siglo pasado hasta hoy y que amenazan con dificultar su resurgimiento inmediato, es necesario separar la paja del trigo.
El populismo y parte de la izquierda latinoamericana han subestimado, en mi opinión, el peso de la corrupción en la orientación del voto ciudadano porque han dado prioridad al derrame hacia abajo de las políticas distributivas de los excedentes agrarios y mineros [6], admitiendo como un mal menor el efecto perverso de las relaciones clientelares sobre las que se han asentado (y la financiación paralela de la política partidaria [7] sin valorar adecuadamente el trauma que este proceso impone a una sólida construcción institucional del Estado.

Aquí entran como cuchillo en mantequilla las operaciones jurídico-mediáticas como el Lava Jato en Brasil, que atacan directamente a los líderes populares con la acusación de complicidad con la corrupción.

La lucha contra el narcotráfico y los derechos humanos

El narco opera en un marco en el que la facilidad para disponer de armas y drogas, unido a su penetración en una parte de las fuerzas de seguridad, instala una enorme dificultad, probablemente sistémica a estas alturas, de dar respuestas legales al crimen organizado, favoreciendo la acción represiva ilegal o el enfrentamiento civil violento [8].

Al reclamo de seguridad acuden prestos los argumentos militares y religiosos que se ofrecen como mantos protectores de la familia en sentido amplio. Y no se trata sólo de una percepción subjetiva de inseguridad, que también opera con mucha eficacia para generar miedo (espoleado por la visión alarmista de los medios masivos de comunicación), sino de una inseguridad real y creciente.

La respuesta ultra garantista que algunas izquierda dan a este problema, haciendo exclusivo hincapié en las causas estructurales de esta violencia, ligadas a la pobreza y exclusión, resulta insuficiente por lenta, frente a una propuesta de solución militar y religiosa inmediata que, actuando sobre los síntomas, se propone matar a los delincuentes en las calles. No será nunca la solución, pero prepara el terreno a un autoritarismo creciente y a la pérdida de derechos civiles que necesitan Bolsonaro y sus aliados para imponer su modelo en Brasil.

La búsqueda de un punto de confluencia entre las garantías individuales y la inmunidad de la acción jurídico-policial en la lucha contra el narcotráfico es una tarea urgente, dado que las cárceles existentes son inadecuadas para reinsertar a los condenados [9] (más bien, conforman hoy uno de los espacios más eficaces dentro de la marginalidad para estructurar el crimen organizado), que los militares no debieran entrar en este asunto [10] y que el
ineludible debate sobre la legalización de la droga no parece haber llamado a la puerta.

Estas cuestiones me parecen relevantes para entender el comportamiento de muchos votantes en la pasada elección brasileña que dió una mayoría de 10 millones de votos a Bolsonaro [11] con el eslogan de “biblia, balas y bueyes” (las tres B). La búsqueda de seguridad individual y colectiva en torno a un patriotismo en clave ultra nacionalista y religioso devalúa la política democrática, latinoamericanista y laica como instrumento útil [12] para abordar las profundas transformaciones sociales,económicas e institucionales que Brasil y toda Latinoamérica necesita. Al mismo tiempo, propicia que se sitúe en un primer plano la desesperada búsqueda de un “padre autoritario” en el sentido político que describe George Lakoff [13]. La capacidad de revertir la situación e impedir que se instale un ciclo regresivo y reaccionario por parte de las fuerzas políticas y sociales de izquierda y progresistas estará marcada por la respuesta democrática y forzosamente unitaria que se dé en las cuatro partidas anteriores.

En democracia, la transformación social sólida requiere de períodos largos de gobierno que sólo se consiguen con sucesivos triunfos electorales. Estos colisionan con proyectos que se sostienen sobre liderazgos carismáticos sin sucesión ordenada. La elección de Dilma por parte de Lula es otra muestra de que la herencia del liderazgo carismático en el marco de los procesos electorales cada cuatro o cinco años sin reelección es un asunto crítico en Latinoamérica [14].
Para concluir estas notas, unos apuntes finales que complementan la descripción del nuevo marco interno y externo.

El triunfo de Bolsonaro se inscribe en una lenta pero continuada pérdida de apoyo electoral del Partido de los Trabajadores [15]. El proyecto neodesarrollista [16] con inclusión social del PT se apoyó en un ciclo muy favorable para la exportación de commodities, el descubrimiento de petróleo en alta mar (la apuesta a la gran capacidad de financiación pública de proyectos por parte del yacimiento Presal), una fuerte presencia global de corporaciones industriales (como Odebrecht y Embraer, entre otras), el desarrollo de instrumentos estratégicos de financiación (como el Banco Nacional de Desenvolvimento Económico i Social, BNDES) y en un contexto internacional de crisis geopolítica (con el papel de los BRIC).

Hace 10 años la economía crecía a ritmos del 7% y había bajo desempleo; hoy hay 13 millones de desocupados (un 12,1% de la población activa)
Por otra parte, la matriz sindical del PT, que contaba con un líder carismático capaz de negociar con el empresariado brasileño del sur como Lula da Silva, ha perdido centralidad. Al mismo tiempo,el reflujo de movimientos sociales como el Movimiento de los Sin Tierra y la pérdida de influencia de los Foros Sociales Mundiales han debilitado la base social petista.

Es significativa la lectura que algunos dirigentes hicieron de las manifestaciones durante el gobierno de Dilma, interpretadas como una “radicalización de la democracia brasileña” y no como un incipiente conflicto entre los de abajo en la escala social, que se fue larvando al calor del creciente consumo de masas de las nuevas clases medias bajas y de una fuerte economía informal en la que habitan los más pobres. No es ajeno a esto el hecho de que muchos antiguos pobres se convierten en nuevos contribuyentes y esto cambió su “sentimiento” respecto a la corrupción y al gasto público dedicado a paliar la pobreza extrema.

Por otra parte, la apuesta petista de co liderar la construcción de un espacio económico y político latinoamericano necesitaba de la consolidación de los proyectos políticos que representaron Chávez, Evo, Correa, Kirchner y Mujica, y de la máxima autonomía de Brasil respecto de EEUU [17]. Actualmente sólo sobrevive Evo Morales y los gobiernos de Tabaré y Maduro, con dispares consensos . Además, la aparición de China como inversor estratégico en Sudamérica en competencia con EEUU (y en Brasil particularmente) le da oportunidad al establishment brasileño de amagar con la reconstrucción de una relación de asociación privilegiado con EEUU [18]. El Mercosur promete ser el más visible e inmediato campo de batalla de las dos posiciones señaladas dentro del futuro Gobierno.

La construcción hoy de una respuesta unitaria de las fuerzas populares, de izquierda y progresista a los planes del Bolsonaro, de carácter radicalmente democrática, latinoamericanista y laica debe, en mi opinión, tomar en consideración las diversas partidas que hoy se juegan en el tablero brasileño. Así se podrán recuperar las instituciones para afrontar las profundas transformaciones económicas y sociales que exige un país y un continente que sufre una desigualdad insoportable.

El 24 de noviembre de 2018 se conmemora dos años de la firma del Acuerdo de Paz definitivo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el principal grupo insurgente de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo- (FARC –EP), la guerrilla más longeva de América Latina.

El acuerdo fue producto de una larga y compleja negociación entre las partes que duró aproximadamente cuatro años desde que se instaló formalmente la mesa de diálogo en La Habana (Cuba). Este proceso no habría sido posible sin la voluntad política de los dos actores y sin el apoyo continuo de la comunidad internacional, en particular, los países garantes y acompañantes del proceso (Cuba, Venezuela, Chile y Noruega). Tanto la voluntad de las partes por llegar a un acuerdo definitivo como la participación de la comunidad internacional fueron claves para sortear los diferentes obstáculos que se presentaron a los largo de las conversaciones.

El proceso de diálogo se concreta en una agenda de cinco puntos, a saber: Reforma rural integral; Participación política: apertura democrática para construir la paz; Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas; Solución al problema de las drogas ilícitas; y el punto referido a las Víctimas del conflicto. Sin lugar a dudas el objetivo de la agenda de paz representa una oportunidad política para revertir las condiciones de desigualdad e inequidad social, política y económica que dieron lugar a más de cincuenta años de confrontación armada. No debemos olvidar que según los datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina para 2017, Colombia es el segundo país más desigual en la distribución del ingreso en la región y el primero en el porcentaje de tierra concentrada en el 1 por ciento de las fincas.

Esta situación se ve agravada por la profunda crisis humanitaria que supera en cifras las víctimas ocasionadas por las dictaduras del Cono Sur en el continente americano. En este sentido, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas señala que el conflicto se data en: 7.2 millones de víctimas aproximadamente, 6.7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, al menos 220.000 víctimas de homicidios, 74.000 víctimas de ataques a poblaciones, 30.000 víctimas de secuestros, 13.000 víctimas de violencia sexual, 11.000 víctimas de minas antipersona, 10.000 víctimas de tortura, 9.000 víctimas de despojo o abandono forzado de tierras, 2.500 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 2.000 masacres, entre otros hechos violentos.

En este contexto, la implementación integral de lo pactado se plantea como un imperativo para el desarrollo de políticas que lleven a la modernización del país en el ámbito social, político y económico, que conduzcan a unas condiciones de igualdad y sienten las bases de una paz estable y duradera.

A dos años de la firma del acuerdo el balance de la implementación es preocupante. El actual gobierno del presidente Iván Duque representa a las fuerzas políticas que se opusieron fuertemente al proceso de paz e hicieron campaña por el No en el plebiscito de refrendación del acuerdo en el año 2016. Aunque desde la llegada a la Casa de Nariño el gobierno ha tratado de matizar su posición y se ha comprometido retóricamente con la paz.

Sin embargo, los hechos políticos parecen indicar otro camino. Existen muchas maneras de hacer “trizas” el acuerdo. Al interior del gobierno existe una tensión entre los partidarios de desconocer lo pactado y aquellos que consideran que se debe hacer una reforma profunda de los puntos pero manteniendo el envoltorio de paz. Ahora bien, esta tensión se manifiesta en las diferentes estrategias utilizadas para intervenir el acuerdo que se sitúan desde la inacción para implementar las políticas ya acordadas hasta la falta de asignación presupuestaria para la paz, lo que significa un acuerdo sin “dientes” que quedaría en papel mojado, pasando por la radicación de diferentes iniciativas que modifican sustancialmente el acuerdo desvirtuando el espíritu del mismo. Al respecto, es importante señalar que durante el periodo del llamado “fast track” -mecanismo aprobado por reforma constitucional para reducir el tiempo de trámite de los proyectos- no se tramitaron todas las leyes y actos legislativos necesarios para hacer efectivo el acuerdo por lo que en el Congreso de la República se juega gran parte de la implementación.

En este contexto, es importante hacer un balance general del cumplimiento del acuerdo. El punto referido a la Reforma Rural Integral (RRI) es uno de los que se encuentran más atrasados en términos de implementación que, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se considera uno de los ejes centrales del acuerdo. En el fondo la RRI lo que plantea es una modernización del campo colombiano y la transformación de las condiciones de desigualdad referidas al uso y tenencia de la tierra. Aunque se han creado tres instituciones previstas en el acuerdo para abordar la problemática del campo (la Agencia Nacional de Tierras, Desarrollo Rural y Renovación del Territorio) las medidas de mayor calado aún siguen en un limbo legislativo, a saber: el diseño y ejecución de un catastro multipropósito, la delimitación de las tierras no susceptibles de utilización (baldíos, territorios de las comunidades indígenas y afrocolombianas, zonas de protección ambiental) y los planes de ordenamiento de propiedad por la metodología de barrido territorial.

Los mecanismos anteriormente señalados y, en particular, el catastro multipropósito representan un elemento fundamental en la modernización del sector rural ya que en Colombia no existe un registro de los propietarios, ocupantes y de la situación económica y jurídica de la tierra ni de sus dueños. Por tanto, la implementación del mismo permitirá mejorar la presión fiscal, diseñar políticas de ordenamiento del territorio, el aseguramiento jurídico de la propiedad así como la protección y gestión de áreas con alto valor ambiental. Sin embargo, las clases dominantes del país ligadas al sector agrícola y ganadero son reticentes a la implementación de dicho instrumento debido a que la tenencia de la tierra ha estado ligada a los diferentes procesos de despojo y de acumulación de manera fraudulenta.

En cuanto a la participación política, se ha cumplido parcialmente lo pactado. Las FARC se ha incorporado a la vida política democrática a través de la creación de un partido político que tiene presencia en el Congreso de la República, en virtud de lo acordado. El estatuto de oposición que era una de las deudas pendientes de la Constitución de 1991 fue aprobado durante el periodo del “fast track”. Sin embargo, quedan pendientes dos temas centrales: la reforma político-electoral y las circunscripciones de paz. Estas últimas destinadas a la representación de organizaciones sociales y víctimas del conflicto con el objetivo de reparar la exclusión política a la que se han visto sometidas históricamente y que se considera una de las causas del conflicto social y armado. Al respecto, los partidos tradicionales y los uribistas se han mostrado reacios a la aprobación de las circunscripciones en tanto temen que afecte a sus redes clientelares en las diferentes regiones.

Por otra parte, señalar que la participación política efectiva y real requiere medidas que permitan el ejercicio de la misma. En este sentido, se evidencia incumplimientos por parte del Estado en los procesos de reincorporación a la vida civil de los excombatientes. En particular es preocupante la falta de asignación de recursos para el desarrollo de proyectos de desarrollo e infraestructura en las zonas en donde se encuentran concentrados. La preocupación sobre la reincorporación económica ha sido expresada por el jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, en donde señala que «la mayoría de quienes están en el proceso de reincorporación no tienen más perspectiva económica que el estipendio mensual que reciben y que terminará en agosto del próximo año». En esta línea, es de señalar que la Comisión de Paz del Congreso ha manifestado su inquietud porque en el Presupuesto General de la Nación, presentado por el gobiernos para el año 2019, no se ciñe a lo estipulado en el Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de La Habana, documento que recoge los lineamientos de políticas públicas para para darle sostenibilidad a lo pactado en el proceso de paz.

La inseguridad económica se une a la la ausencia de garantías de seguridad manifiesta en el homicidio de alrededor 80 exintegrantes de las FARC, entre noviembre del 2016 y agosto del presente año, según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

En lo que concierne a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sistema que ha sido avalado y reconocido por expertos internacionales en resolución de conflictos, las modificaciones introducidas por los opositores al acuerdo lesionan los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En tanto excluye la obligatoriedad de los terceros a comparecer ante la misma en caso de tener indicios sobre su participación en el conflicto armado, referida principalmente a la financiación de grupos paramilitares. En el caso de los miembros de las fuerzas militares es evidente la intención de partidos como el Centro Democrático de obstaculizar su comparecencia en la JEP. En este sentido, en la propuesta de reforma que cursa en el Congreso se incluye la iniciativa de crear una sala especial militar e inclusive la posibilidad de excluir a los militares de este proceso. Iniciativa que ha generado tensión dentro de las mismas fuerzas militares y objeto de un llamado de atención por parte de la Corte Penal Internacional.

Es importante señalar que de no cumplir con lo pactado el Estado se puede enfrentar a sanciones internacionales en tanto el acuerdo fue depositado en Suiza como un Acuerdo Especial en el marco del artículo tres común a los Convenios de Ginebra (suscritos por el Estado colombiano e integrados al bloque de constitucionalidad). Además de las tensiones diplomáticas derivadas de un manejo inadecuado de fondos de cooperación internacional destinados a la construcción de la paz como el Fondo Fiduciario Europeo para la Paz de Colombia. Por otra parte, el fracaso del acuerdo de paz representa un elemento de inestabilidad geopolítica en la región debido a la proliferación de grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico y, en general, a las diferentes actividades ligadas a la economía criminal que actúan no solo dentro de las fronteras nacionales sino que sus actividades son de tipo transnacional. En este punto es de destacar las relaciones con los diferentes carteles de la droga de México.

En este sentido es evidente la reconfiguración de estos actores armados ilegales en los territorios que ante la retirada de la FARC se disputan el control de los mismos, de la naturaleza, de los bienes comunes y de la captación de rentas ilegales. En esta disputa las comunidades se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad manifiesta en el asesinato de aproximadamente 320 líderes y lideresas de organizaciones sociales populares y de derechos humanos. Asesinatos que tienen una sistematicidad por el perfil de las personas, de los territorios en los que se encuentran así como los métodos utilizados para su exterminio, elementos reconocidos por la Defensoría del Pueblo y de organizaciones internacionales más no por el Estado colombiano. De tal manera, cabe preguntarnos si el no cumplimiento integral del acuerdo de paz y la reconfiguración de los poderes territoriales pueden llevar al país a un nuevo ciclo de violencia que agudice aún más la crisis humanitaria y la desigualdad social, política y económica. Situación que puede desestabilizar aún más la región latinoamericana y generar una mayor conflictividad.

Es evidente que el nuevo presidente de Brasil surgió del golpe institucional contra Dilma. Hubo una gran manipulación electoral para impedir la victoria del PT, que terminó arrollando a los viejos partidos de la derecha. Acallaron a Lula, pero demolieron también a las formaciones conservadoras tradicionales. La llegada del inesperado capitán a la primera magistratura genera múltiples incógnitas.

¿Cómo gobernará?

El ejército, la justicia y los medios de comunicación aportaron los tres cimientos del golpe, que ahora se utilizan para sostener al insólito personaje que presidirá el país.

Las fuerzas armadas han capturado posiciones claves en la estructura estatal desde la militarización de las favelas. Temer colocó bajo su mando a una nueva agencia de seguridad que reúne a todas las reparticiones del sector.

El protagonismo militar se extiende a los 70 candidatos de ese origen que ingresaron a las legislaturas y a los gobernadores del mismo palo. La tutela del ejército se vislumbra en la vicepresidencia y en el quinteto de generales que ocupará los cargos más estratégicos.

La gravitación del segundo pilar -el poder judicial- se ha transparentado con el superministerio asignado a Moro. El responsable de la proscripción de Lula fue premiado con un puesto de altísima jerarquía. Esa designación desnuda la farsa que montó sin pruebas, con burdos testimonios de delatores y con cargos perdonados a los políticos de otro signo.

Finalmente también los medios de comunicación acrecentaron su influencia por su labor de blanqueo de Bolsonaro. El diputado que integró durante 20 años la bancada más corrupta del Parlamento (PP) fue presentado como un individuo inmaculado. También se silenciaron las coimas cobradas por su jefe de campaña. Los medios tradicionales (O Globo) y la cadena evangelista (Récord) compitieron con las redes, en la creación de los miedos y difusión de las mentiras que apuntalaron el triunfo derechista.

La regresión de Brasil será incalculable si su presidente cumple con alguno de sus anuncios. Postuló la guerra contra los rojos, la instalación de la homofobia, el desprecio a los indígenas, la denigración de los negros, el maltrato de las mujeres y la penalización de la diversidad sexual. ¿Implementará esa retrógrada agenda o simplemente devendrá en una figura más de la derecha convencional?

¿Quién saldrá beneficiado?

Bolsonaro no fue la carta inicial de la clase dominante, pero el poder empresarial lo ha rodeado para asegurar la continuidad de los atropellos en curso. Se intenta completar el avasallamiento de la legislación laboral, con la introducción del modelo chileno de privatización de las pensiones. El ultra-liberal ministro Guesdes prioriza estos ataques, pero podría suscitar también severos conflictos por arriba.

La primacía otorgada a los financistas asegura ventajas que afectan la actividad productiva. Esa obstrucción persiste en la tenue reactivación que ha sucedido a la histórica caída del PBI de los últimos años.

El bloque ruralista se perfila como otro nítido ganador. Su bloque parlamentario exigirá el uso irrestricto de armas para consolidar la apropiación de tierras. Pretende mayores inversiones del estado en la infraestructura exportadora y demanda la apertura de nuevos mercados. Esa exigencia socava los acuerdos internacionales concertados por el polo fabril paulista.

También este sector se ha subido a la oleada Bolsonaro para debilitar a los sindicatos y achatar los salarios. Pero no resignará los convenios regionales que forjó en las últimas décadas. La disputa en curso amenaza especialmente el futuro del Mercosur. La sugerencia inicial de disolver el acuerdo fue relativizada por el nuevo oficialismo ante la presión de los industriales. Ese empresariado necesita mantener a la Argentina como cliente preferencial.

Las privatizaciones constituirán otra esfera de disputa. El remate de compañías para reducir la deuda pública genera resistencias, que ya obligaron a desmentir el desguace de Petrobras. Pero como Bolsonaro adoptó hace muy poco tiempo el credo neoliberal (2017), deberá convalidar su conversión con prácticas contundentes.

El capitán carece de una significativa bancada propia y tendrá que negociar cada medida con el entramado de lobbies de Brasilia. El abultado presupuesto que recientemente aprobaron jueces y senadores -contrariando los mensajes oficiales de austeridad- anticipa los conflictos en puerta. Bolsonaro necesita conseguir primero la subordinación de la corporación militar, para gestar luego un poder bonapartista sobre el Congreso. Si falla, quedará a merced del juego parlamentario que tanto denigró en la campaña electoral.

¿Qué límites impondrá la resistencia?

El gran contraste entre el discurso y la realidad podría verificarse rápidamente en la compleja esfera de la seguridad. Bolsonaro prometió erradicar la criminalidad en una sociedad aterrada por la delincuencia. El país alberga la tercera población carcelaria del planeta y padeció 63.880 asesinatos el año pasado. La simplificada ilusión de resolver esa pesadilla con mayor violencia incentivó las apologías del asesinato, que engrosaron la “bancada de la bala” en el Parlamento.

Esa demagogia punitiva perderá eficacia en el ejercicio del gobierno. La criminalización de los excluidos sólo potencia la gravedad de un problema derivado de la desigualdad y la regresión social. No es la primera vez que se militarizan las favelas sin ningún resultado y con el exclusivo propósito de hostigar a la empobrecida población negra.

Lo ocurrido en México ofrece un dramático retrato de las consecuencias de involucrar al ejército en una guerra contra el delito. Las mafias se asociaron con los uniformados para pulverizar la autoridad del estado y provocaron una sangría dantesca (200.000 muertos, 30.000 desaparecidos).

Bolsonaro opone a pobres contra pobres para culpabilizar a los más vulnerables. Magnifica el resentimiento hacia abajo de los segmentos medios, disgustados con las tenues mejoras obtenidas por los sumergidos. Pero el capitán no podrá satisfacer las expectativas de sus seguidores. Al contrario, su programa de ajuste acentuará todas las adversidades que afronta la clase media.

No es ningún secreto que intentará demoler los derechos democráticos. Temer inició esas agresiones encubriendo el asesinato de Mireille, los tiroteos a las caravanas de Lula y las amenazas a 141 periodistas. Pero la victoria de Bolsonaro incentivó acciones más brutales. Un exponente bahiano de la lucha antirracista fue ultimado, se registraron incendios en los campamentos del MST y hubo varios ataques a locales del PT. Las convocatorias a prohibir libros críticos de la dictadura y a instaurar el creacionismo en las escuelas alentaron el ingreso de matones armados en la universidad.

La resistencia a esas agresiones será la batalla primordial de los próximos meses. El gran sustento para encarar esa lucha son las movilizaciones desarrolladas contra Bolsonaro. No alcanzaron para impedir su triunfo, pero congregaron multitudes con un gran protagonismo de las mujeres (“Ele nao”). Esas respuestas definirán los principales límites del proyecto reaccionario.

¿Qué hará frente a China y Venezuela?

Bolsonaro se dispone a ensayar un alineamiento internacional explícito con Trump. Viajará a Estados Unidos e Israel y sugirió el traslado de la embajada de su país a Jerusalén. Promueve un sometimiento al Departamento de Estado muy superior al simple vaciamiento de los BRICS. Recompondrá los grandes contratos que el Pentágono perdió con sus competidores de Francia y Suecia y tantea la concesión de una base militar a los marines.

Pero la jugada más riesgosa es su viaje a Taiwán para enfriar las relaciones con China. Ya Temer aceptó las presiones de Washington y suspendió varios proyectos bioceánicos financiados por Beijing. Pero también permitió a los exportadores capturar las cuotas de soja perdidas por Estados Unidos en las disputas con su rival oriental.

El Departamento de Estado está shockeado por el impresionante avance de su contendiente en América Latina. China multiplicó por 22 su comercio con la región en los últimos 15 años y aporta mayores préstamos de inversión que el BID y el Banco Mundial.

La confrontación arancelaria que promueve Trump no ha morigerado esa expansión. Las importaciones provenientes de Estados Unidos siguen rezagadas frente a sus equivalentes asiáticas. China le advirtió a Bolsonaro las consecuencias de cualquier bravuconada. Si termina restringiendo las compras de productos primarios, la fascinación de los agro-exportadores con su presidente-gendarme quedará muy dañada.

La agresiva postura hacia Venezuela entraña riesgos de mayor alcance.

El entorno de Bolsonaro ha sugerido subir el tono de las amenazas en sintonía con los halcones de la OEA. Con el pretexto de un caos humanitario impulsan operativos de amedrentamiento militar. El gobierno colombiano juega la misma carta para enterrar los acuerdos de paz.

Pero los últimos dos intentos de golpe contra Maduro (conspiración de mayo y ataque con drones) fracasaron y la oposición derechista mantiene su probada impotencia. Por esa razón se han reiniciado negociaciones para explorar nuevas formas de convivencia.

Una aventura militar contra Venezuela sería ajena a las tradiciones estratégicas de Itamaraty. Antes de imponer ese rumbo Bolsonaro debería alterar drásticamente la lógica geopolítica prevaleciente. Ese curso anularía la singularidad de una región que ha permanecido ajena a la sangría de Medio Oriente y África. En un escenario bélico, la caravana de migrantes centroamericanos que se aproxima a la frontera estadounidense se transformaría en un aluvión de refugiados.

Para cualquier proyecto regional Bolsonaro necesita consolidar un eje común con sus colegas derechistas. La disolución de UNASUR, las victorias electorales de Duque (Colombia) y Piñera (Chile) o la permanencia de Macri (Argentina) aportan los cimientos de esa convergencia. Pero la restauración conservadora no ha estabilizado su primacía.

Por esa razón son muy prematuras las analogías con el período regional reaccionario que inauguró el golpe del 64. Una etapa de ese tipo requeriría la extinción previa de todas las secuelas del ciclo progresista, que perduran en las relaciones sociales de fuerza de muchos países. Los dos pilares radicales de la dinámica progresista (Venezuela y Bolivia) y su retaguardia estratégica (Cuba) no han sido removidos.

Además, el despunte de nuevas fuerzas de centroizquierda contrapesa el avance de la derecha. El triunfo de Bolsonaro ensombreció pero no anuló la victoria de López Obrador (México), que desbarató el fraude y resucitó la presencia popular. Tendencias del mismo signo se observaron en los resultados logrados por la oposición en Colombia y Chile. El escenario latinoamericano continúa abierto.

¿Imitará a sus pares del mundo?

Bolsonaro forma parte de un ascenso mundial de la ultra-derecha, que ha capturado gobiernos (Hungría, Polonia, República Checa) y creciente influencia en varios países (Italia, Finlandia, Suecia, Francia, Alemania, Holanda, Israel). Su irrupción inaugura la llegada de esa oleada a Latinoamérica. La restauración conservadora anticipó esa marea, pero sin la radicalidad reaccionaria del capitán.

Al igual que sus pares de Europa y Estados Unidos, la derecha brasileña canaliza el descontento generado por una degradación económico-social, que el sistema político no atempera. La frustración con los gobiernos (o imaginarios) progresistas alimenta esa reacción.

Todas las vertientes regresivas recurren a los mismos artificios, para auxiliar a los grandes capitalistas con diatribas contra las franjas más desprotegidas. Los inmigrantes son las principales víctimas de esa denigración en Europa. Las mismas potencias que provocan el drama de los refugiados militarizan el Mediterráneo, para impedir el ingreso de los despojados al Viejo Continente.

En Estados Unidos, el suprematismo blanco agrede con la misma contundencia a los latinos y afro-descendientes. Difunde la ficción de “engrandecer nuevamente a América” mediante la simple restauración de los valores conservadores. Para transmitir fantasías parecidas de recreación del bienestar y la seguridad perdida, Bolsonaro utiliza el chivo expiatorio de la delincuencia.

Todas las variantes de la ultra-derecha global comparten el mismo combo de neoliberalismo con xenofobia. Por eso rechazan la inmigración, pero aceptan la continuada circulación mundial de los capitales y las mercancías. Son chauvinistas fascinados por el mercado que reniegan del proteccionismo de sus antecesores.

Con su mixtura de militares y economistas ultra-liberales, Bolsonaro encarna una modalidad extrema de esa combinación. Concentra todas las características de la derecha descarriada, que sustituye a los exponentes civilizados del mismo palo. La etapa de edulcorada modernización de las fuerzas reaccionarias tiende a diluirse, para facilitar la instalación de configuraciones más brutales. Las mediaciones tradicionales se disuelven en una nueva era de cinismo, pos-verdad y naturalización de la mentira.

¿Es fascista?

Las declaraciones y actitudes de Bolsonaro desbordan el autoritarismo, el populista o el bonapartismo. Pero incluyen rasgos fascistas sólo potenciales, que no tienen viabilidad inmediata. Un largo trecho separa el peligro de su concreción. La fascistización es un proceso que transita por varios estadios. Aunque el capitán propugne esa degradación, la sociedad no comulga actualmente con semejante involución.

El fascismo requiere condiciones ausentes en Brasil. Supone el endiosamiento de una jefatura por fanáticos seguidores y la sustitución del sistema institucional por un poder totalitario. Exige censura de prensa, prohibición de partidos y aplastamiento completo de la oposición. Boslonaro se mueve por ahora en otra órbita. Es un recién llegado a la gran política que actúa en el tejido institucional. Cuenta con una base social reaccionaria poco dispuesta a confrontar físicamente con los trabajadores organizados.

El nuevo presidente promueve una represión mayor, pero bajo el comando de fuerzas regulares y no paramilitares. El fascismo implica un grado de violencia muy superior a los parámetros actuales y necesita organizaciones más verticalistas que las imperantes en el universo evangélico.

Ese sector militará contra el aborto y el matrimonio igualitario defendiendo el rol sumiso, servil y procreador de las mujeres. Pero esos regresivos anhelos se ubican muy lejos del enloquecido embate que alienta el cristiano-fascismo. Antes de arrasar la impresionante diversidad cultural de Brasil, Bolsonaro deberá doblegar una resistencia democrática inmensa.

El fascismo es un concepto genérico que incluye muchas variedades. La reproducción del modelo clásico de Hitler y Mussolini ni siquiera está discusión. Correspondía al contexto internacional de entre-guerra, con potencias involucradas en batallas por la primacía global y la erradicación del comunismo. Brasil se encuentra totalmente alejado de ese escenario.

Otros modelos más acotados de fascismo (Franco en España, Salazar en Portugal) tampoco se amoldan al contexto de Bolsonaro. El antecedente del pinochetismo es más pertinente. En Chile hubo totalitarismo, virulencia anticomunista y base social anti-obrera. Pero esas características sólo completaron el perfil de un régimen dictatorial clásico. El uribismo contiene esos mismos elementos en la actualidad, con el agravante de paramilitares en acción y un sostén social de larga data de la oligarquía. Sin embargo tampoco en Colombia rige un sistema político fascista.

La ultraderecha latinoamericana está condicionada por el status periférico de la región. Cultiva un fascismo dependiente que comparte la fragilidad de todas las formaciones políticas de la zona. Por ese limitante Bolsonaro nunca podría imitar a Trump en sus divergencias con China. Brasil continuaría sometido a las exigencias de ambos colosos.

El frecuente uso de aditamentos para caracterizar al fascismo contemporáneo (proto, neo) confirma las diferencias con el modelo clásico. Esas singularidades no se restringen al caso brasileño. Todas las vertientes ultra-derechistas que actualmente agreden a los grupos más humildes propugnan modalidades del neofascismo social. Y su defensa de la primacía del mercado las aproxima a un novedoso fascismo neoliberal.

Estas combinaciones determinan los límites de esas configuraciones. En el laboratorio europeo los derechistas tienden a dividirse entre alas extremas -que pierden gravitación- y sectores preeminentes, que se amoldan al conservadurismo tradicional. Le Pen tomó distancia primero de su padre y ahora cuestiona los delirios retóricos de Bolsonaro.

La generalizada adhesión al neoliberalismo obstruye la reproducción del viejo fascismo. Sus sucesores se coaligan en el Parlamento Europeo contradiciendo los pilares nacionalistas de esa tradición. Ninguno propugna la disolución efectiva del euro o la unión comunitaria.

El límite más contundente a un devenir fascista se verifica en Estados Unidos. Trump nunca convalidó a las vertientes más extremas de su coalición y afronta ahora un escenario más adverso. Con la economía reactivada y sin guerras que convulsionen a la opinión pública ha perdido la Cámara de Representantes y su reelección es dudosa.

Pero lo más llamativo fue el éxito de candidatos con idearios socialistas y mujeres afro-estadounidenses, indígenas, musulmanas, latinas o de origen palestino y somalí. En lugar del típico voto castigo canalizado por el establishment demócrata irrumpió una generación de líderes progresistas con gran compromiso militante. ¿Este antecedente anticipa el perfil de rechazo a los derechistas en todo el mundo? ¿Es un espejo para Bolsonaro?

¿Habrá impacto sobre Argentina?

Los medios hegemónicos del Cono Sur identifican la elección brasileña con el “repudio al populismo”. Auguran un efecto dominó que permitirá “acelerar las reformas”, para competir con el giro pro-mercado del principal socio del país. Esta sesgada interpretación pretende potenciar un sentido común favorable al ajuste.

El gobierno complementa esa utilización con una mayor apuesta represiva. Asocia la oleada Bolsonaro con la convalidación del apaleo a los manifestantes. Considera que hay pierda libre para inventar terroristas, crear provocaciones y diseminar infiltrados.

También el poder judicial acelera el montaje de causas fraudulentas, para repetir con Cristina el operativo de encarcelamiento de Lula. Bonadío sabe que recibirá el mismo premio que Moro por esa canallada y busca en los Cuadernos alguna excusa para poner entre rejas a los familiares o allegados de CFK.

Pero Macri ocupa el incomodo lugar que tendría un pariente de Oderbrecht en la presidencia de Brasil. Cualquier investigación de corrupción lo salpica de inmediato por alguna de sus estafas al estado. Todas las exigencias para que “devuelvan lo robado” circunvalan su fortuna.

El ascenso de Bolsonaro ha sido más utilizado por el justicialismo amigable que por el oficialismo. Pichetto se ha situado en la cresta de la ola de xenofobia y anticomunismo, junto a los gobernadores que coquetean con la mano dura. Sus complicidades con el ajuste son explícitas. Aprobaron el presupuesto diseñado por el FMI, para emitir un mensaje de continuidad del ajuste si les toca reemplazar a Macri en el 2019.

Una reivindicación más explícita de Bolsonaro despliegan los políticos solitarios (Olmedo) con sus comunicadores (Feinman) y acompañantes ultra-liberales (Espert). Por ahora son tan marginales como el ex capitán en su debut, pero aspiran a repetir su trayectoria si el sistema político eclosiona.

Nadie sabe cuánto tiempo Bolsonaro servirá como bandera de la derecha en el país. El congelamiento del Mercosur y el privilegio de la sociedad con Chile afectarán su rating como figura a imitar. La incomodidad será mayor, si Trump lo elige como principal cómplice en desmedro del vasallo argentino.

Las numerosas diferencias que distinguen a la Argentina de su vecino acotan también las posibilidades de un Bolsonaro criollo. La dictadura brasileña coincidió con un prolongado período de crecimiento desarrollista y sus responsables nunca fueron juzgados. En cambio Videla y Galtieri acentuaron una regresión económica que desembocó en la aventura de Malvinas. Todos los tanteos para revalorizar a esos genocidas desatan repudios masivos.

Tampoco la base social que sostuvo a Bolsonaro tiene correlato en las alicaídas marchas de los sectores acomodados de Argentina. Mientras que allí colapsó el sistema político aquí prevalece el marco institucional. Por eso Macri recurre a la demagogia tradicional sin ensayar la brutal frontalidad de su colega.

El sentimiento anti-político que actualmente nutre el avance de la ultraderecha brasileña presenta un contenido muy distinto, al sentido que tuvo durante la rebelión argentina del 2001. Además, en los últimos años predominó en Brasil la desmovilización popular y la desmoralización del progresismo. Por el contrario Macri no ha podido doblegar la resistencia a sus medidas.

Estas disonancias recrean las diferencias históricas entre un país signado por la convulsión y otro caracterizado por la continuidad del orden. Brasil no vivió procesos revolucionarios, la esclavitud fue abolida con inédita tardanza y la independencia fue proclamada por un príncipe portugués. Ningún Bolsonaro se perfila en el corto plazo de Argentina, pero el trauma económico que se avecina abre posibilidades de todo tipo.

¿Cuáles son las lecciones para la izquierda?

Bolsonaro recurrió a una campaña virulenta contra el PT basada en infamias orquestadas por los medios de comunicación. Pero esas injurias fueron absorbidas por un amplio sector popular enemistado con la gestión de la última década. Esos trabajadores escucharon, toleraron y finalmente aceptaron la propaganda de la derecha por su defraudación con el PT. Esa decepción explica el fulminante ascenso del troglodita.

El desencanto comenzó con el gobierno de Lula y se generalizó con el posterior giro neoliberal. Dilma mantuvo la sociedad con Temer, estrechó lazos con los evangelistas, convalidó la desigualdad y reafirmó los privilegios de la elite capitalista. Afianzó, además, los turbios acuerdos con toda la casta de políticos a sueldo. La administración petista preservó la estructura de poder y la concentración mediática tradicional. Tuvieron muchas oportunidades para romper ese condicionamiento y siempre optaron por mantener el status quo.

Por ese conservadurismo el PT perdió primero el apoyo de la clase media y luego el sostén de los trabajadores. El resurgimiento reciente de Lula no alcanzó para recomponer ese distanciamiento previo. Los dueños del país aprovecharon la orfandad para recuperar el control directo del poder.
La partida comenzó a definirse durante las protestas del 2013. En lugar de asumir las demandas sociales de los jóvenes el PT se ubicó en la vereda opuesta. Su terror a la acción popular afianzó la ceguera institucionalista cultivada durante décadas. Esa actitud condujo a la renuncia sin lucha de Dilma y a la debilidad posterior de Lula frente a su encarcelamiento.

El PT dejó vacante la calle que ocupó la derecha. Fue derrotado en ese ámbito mucho antes que en las urnas. El desenlace de las manifestaciones del 2014-2016 definió el resultado ulterior de los votos.
Como ha ocurrido siempre en América Latina la relación de fuerza se dilucida en el llano y se proyecta al terreno electoral. Venezuela aporta un contraejemplo a lo ocurrido en Brasil. En medio de una indescriptible crisis económica, con sabotajes, conspiraciones y atentados de todo tipo, Maduro derrotó a la derecha en los comicios, porque doblegó previamente las guarimbas en la calle.

Muchas evaluaciones del triunfo de Bolsonaro omiten este balance o presentan al PT como simple víctima de los artilugios derechistas. Soslayan su responsabilidad política en el resultado final. Es cierto que las batallas de la izquierda son muy complejas en una sociedad signada por siglos de exclusión. Pero esa dificultad se acentúa con la convalidación de los privilegios de los poderosos.

En lugar de encarar el empoderamiento popular y la formación político-ideológica de los trabajadores, el PT apostó a un sostén pasivo derivado de la mejora del consumo. Quedó a merced del vaivén de la economía y dejó a las masas a disposición de la derecha. Bolsonaro aprovechó ese hueco y logró que los propios beneficiaros de las mejoras del petismo fueron ingratos con sus padrinos.

Lo ocurrido en Brasil ilustra cómo la ultra-derecha puede capitalizar los fracasos de la propia derecha. En un escenario de ocaso de los viejos conservadores, el naufragio de Temer abrió las compuertas a un infierno mayor. Hay que aprender de esa experiencia. Si la izquierda muestra firmeza y valentía en la lucha, los Bolsonaro de América Latina serán derrotados.

La cuestión sobre la que Pedro Brieger nos invita reflexionar en este foro viene dictada por la restauración conservadora que parece anunciarse con el vuelco político que se ha producido en algunos países de América Latina tras una década política protagonizada por gobiernos progresistas. Yendo un poco más allá: ¿Es la involución conservadora el camino inexorable hacia el que conduce la encrucijada actual?

Esta situación de “interregno” no es nueva, si se contempla la historia de América Latina en la larga duración. Remite, por una parte, a la conservación y reproducción de las viejas inercias de la era postcolonial, fruto de la concentración oligopólica del poder y, por otra, a la continua reactualización de las tradiciones emancipatorias, en una compleja evolución histórica jalonada de procesos revolucionarios, contrarrevolucionarios y reformistas en permanente tensión. Dichos procesos expresan la cambiante correlación de fuerzas en cada país y período histórico y ha tenido su traducción, en el plano político, en el función cambiante del Estado en la historia latinoamericana.

Esta somera sinopsis histórica pretende explicarlo:

Durante la Edad Moderna (siglos XV-XVIII), la colonización de América, surgida del poderoso vínculo entre la expansión territorial de las monarquías hispánica y portuguesa en el siglo XVI y el impulso económico del capitalismo comercial, supuso la destrucción del mundo precolombino y la incorporación del subcontinente al orden mundial como abastecedora de fuerza laboral, fuente de materias primas y área de mercado para los productos industriales, en detrimento de las poblaciones autóctonas.

El conflicto nuclear en la crisis del régimen colonial fue el que enfrentó a los grupos de poder metropolitano, defensores del monopolio del Estado en el comercio, y las élites criollas americanas, partidarias del libre comercio y desplazadas del poder político. Fueron estas élites, interesadas en romper el dominio metropolitano sin que ello afectara a las estructuras socioeconómicas de dominación las que marcaron los límites al impulso emancipatorio, lo que no impidió la articulación de poderosos movimientos populares a lo largo y ancho del subcontinente. En el caso de Haití, ex-colonia francesa y primer país independiente de América Latina (1810), la revolución nació en los barracones de esclavos.

Una vez fracasados los proyectos integradores de los grandes líderes independentistas, fundamentalmente Bolívar, los nuevos estados surgidos de la extinción del dominio español y portugués siguieron, a excepción de Brasil, que conservó su integridad territorial, las demarcaciones territoriales de la época colonial. Nacieron, por tanto, sin apoyo en una conciencia nacional previa. De ahí el peso histórico que en la evolución de los países latinoamericanos han tenido las rivalidades entre estados y el caudillismo militar.

En este marco de atomización política, con estados débiles y manejables, Gran Bretaña se convirtió en la nueva potencia hegemónica hasta la Gran Guerra (1914-1918), siendo desbancada después por Estados Unidos. Fue el contexto, fruto de la “alianza” entre el capital extranjero y las oligarquías locales, en el que subsistió el legado colonial. Los países latinoamericanos se integraron en el sistema mundial con economías especializadas en uno o dos sectores básicos de exportación, agrícolas, ganaderos o minerales, y dependiendo de la inversión exterior. El precio a pagar fue el intervencionismo militar, sobre todo de Estados Unidos, y los conflictos y guerras fratricidas entre estados.

Tras el largo período de inestabilidad y guerras civiles posterior a la independencia (1825-1850), se generalizó en América Latina, entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, el modelo de república oligárquica, que conformó, bajo la máscara del liberalismo, el marco institucional adecuado para la concentración del ingreso en manos de una oligarquía de terratenientes, propietarios de minas y grandes comerciantes y para la implantación del capital exterior, primero británico y después estadounidense, en las finanzas públicas, los sectores productivos y las infraestructuras necesarias para la explotación eficaz de las materias primas y su exportación, como puertos, ferrocarriles, sistemas de comunicación y equipamientos urbanos.

En este contexto de “modernización dependiente”, la necesidad masiva de fuerza de trabajo sentó las condiciones, en el último cuarto del siglo XIX, para la ingente llegada de inmigrantes, los primeros grandes núcleos obreros, con una fuerte presencia en la minería, los puertos y los ferrocarriles, la extensión del sindicalismo, el socialismo y el anarquismo y la irrupción en la arena política de los grupos sociales subalternos del campo y la ciudad, desde donde se forjó el vínculo entre “lo nacional” y “lo popular”. Fue el marco en el que tuvo lugar la Revolución mejicana (1910-1921), la primera revolución social en la historia del siglo XX, que, gracias a las masivas movilizaciones, abrió un período histórico en el que el Estado adquirió una nueva fisonomía como impulsor de profundas transformaciones sociales, como la reforma agraria y la laicización de la enseñanza.

El crack de Wall Street en 1929 y la consiguiente depresión económica de los años 30 marcaron un antes y un después en la sociedad, la economía y la política latinoamericanas. La drástica disminución de la producción industrial en Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros países industrializados, la consiguiente caída del volumen y el precio de las exportaciones latinoamericanas y la brusca interrupción de los flujos de capital extranjero provocaron la bancarrota económica y fiscal y propagaron el desempleo, la ruina y el hambre entre las masas populares, poniendo en evidencia la fragilidad de un modelo económico basado en la exportación de bienes primarios. Con ello, se abrió una etapa de insurrecciones populares y contraofensivas oligárquicas mediante golpes militares.

El colapso del orden liberal tras el crack del 29 fundamentó un nuevo modelo de desarrollo nacional a través de la industrialización por sustitución de importaciones, que sólo se consolidó a fines de los años 40 y en la década de los 50 del pasado siglo. Este modelo, a diferencia del anterior, orientado hacia el exterior, requería la constitución de un mercado interno que, necesariamente, debía proceder de la incorporación de la población trabajadora al consumo y a la vida política nacional. De ahí que, ante la debilidad de las burguesías nacionales, el Estado adquiriera un papel protagonista como promotor de la industrialización, mediante las nacionalizaciones y la constitución de empresas públicas, manteniendo, sin embargo, el peso económico del sector agroexportador y el capital extranjero.

El Estado basado en el compromiso nacional y social constituyó el modelo político adecuado al impulso industrializador. Este modelo, cimentado en la fuerza contestataria de los movimientos populares, atribuye al Estado la responsabilidad y la capacidad para construir la nación mediante la articulación del interés privado y las demandas sociales. En su implementación, el papel sustancial correspondió al reformismo social, frente al reformismo democrático, orientado al juego electoral y la lucha de partidos, que pasó a segundo plano. En este escenario, el Estado impulsó políticas sociales, en algunos casos de gran potencial transformador, como la reforma agraria, y se hizo depositario del compromiso con la salud y la educación de los trabajadores, siempre dentro de estructuras autoritarias y/o paternalistas, con fuertes liderazgos personales, que no excluyó la participación de los sectores más progresistas de las fuerzas armadas.

El desarrollo del Estado basado en el compromiso interclasista no se extendió de forma generalizada por América Latina. Lo hizo, fundamentalmente por aquellos países donde los sectores populares fueron actores significativos del juego político. Ejemplos emblemáticos, salvando distancias, se dieron en Méjico, con la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934.1940), en Argentina, bajo el liderazgo de Juan Domingo Perón (1943-1955), en Bolivia, durante las presidencias de Víctor Paz Estensoro y Hernán Siles Suazo (1952-1964) y en Brasil, durante el mandato de Getulio Vargas (1930-1954). Fue precisamente en este país, con el golpe militar de 1964, liderado por el general Castelo Branco, donde se puso en marcha la contrarrevolución conservadora que dio lugar al rosario de dictaduras militares de los años 70.

El modelo industrializador por sustitución de importaciones bajo el patrocinio, no hegemónico, del Estado social no superó la debilidad estructural en origen y siguió dependiendo del exterior, de las tecnologías importadas y del capital financiero estadounidense. Dos factores decisivos intervinieron en su agotamiento: en primer lugar, la reafirmación de la hegemonía estadounidense en el marco de la Guerra Fría, directamente vinculada al interés en disciplinar a la fuerza laboral y reprimir la fuerza insurreccional de las masas populares, bajo la pantalla del “anticomunismo”; y, en segundo lugar, la crisis económica derivada de la crisis petrolera de 1973.

Puede considerarse a la década de los 60 y primeros años de los 70 como una etapa de transición en América Latina, de clara encrucijada. Durante este período se produjeron procesos revolucionarios sin precedentes que tuvieron un profundo impacto mundial. La revolución cubana, triunfante en 1959, demostró la posibilidad de construir un orden social alternativo al capitalismo y al imperialismo estadounidense, con profundas transformaciones estructurales, como la reforma agraria, la nacionalización de empresas estadounidenses, la alfabetización de la población y la universalización de la sanidad. Su impacto en América Latina se manifestó en el auge del movimiento obrero y estudiantil, la extensión de la lucha guerrillera, el surgimiento de guerrillas urbanas, como los montoneros de Argentina y los tupamaros de Uruguay, y el empoderamiento general de las fuerzas progresistas. En este escenario, el triunfo electoral de la Unidad Popular en Chile, con Salvador Allende al frente, abrió el espacio a la idea de que era posible la construcción del socialismo a partir de una cambio institucional pacífico. En 1979, la revolución sandinista de Nicaragua constituyó un último episodio de este período emergente de luchas populares.

Los golpes militares de 1973 en Chile y de 1976 en Argentina, que auparon a los generales Augusto Pinochet y Jorge Videla a las presidencias respectivas de ambas repúblicas, sellaron el cierre simbólico de este período. Ambas dictaduras se convirtieron en el campo de operaciones para la implantación, por la vía del terrorismo de Estado, de un nuevo orden económico social basado en el neoliberalismo, tendente a asegurar la integración en los circuitos financieros a través de la total apertura al capital extranjero, la eliminación del proteccionismo y la subordinación política a los intereses hegemónicos de la primera potencia mundial. Esta fue la función de los regímenes militares que proliferaron en los años 70, si exceptuamos el de Velasco Alvarado en Perú (1968-1975), con una dinámica propia vinculada al modelo de Estado de compromiso social bajo supervisión militar.

La destrucción “manu militari” del Estado social, nunca consolidado, y la desarticulación de toda oposición, castigada con el crimen de estado, la prisión, la tortura, la persecución y el exilio, dejó el terreno abonado para la implantación de los “programas de reforma y ajuste estructural”, contenidos en el “Consenso de Washington”, de la mano de gobiernos civiles, como los de Carlos Menem en Argentina (1988-1999), Alberto Fujimori en Perú (1990-2000) o Carlos Salinas de Gortari en Méjico (1988), en éste último caso, sin un cruento golpe militar previo.

Estos programas se inscriben en el marco de la contraofensiva conservadora impulsada por el núcleo dirigente de la economía mundial, representado en Wall Street, el Banco Mundial y el FMI y encarnada en los mandatos de Ronald Reagan en Estados Unidos (1980-1989) y Margaret Thacher en Gran Bretaña (1979-1990), con un claro objetivo: la expansión global del mercado en beneficio de las grandes corporaciones privadas, económicas y financieras. Esta inflexión de prioridades atribuyó al Estado la función de constituir el marco político para garantizar negocios, mediante privatizaciones de empresas y bienes públicos, tratos fiscales de favor al gran capital, desarme arancelario y precarización de las condiciones laborales.

La aplicación sin paliativos del recetario neoliberal vino precedida en América Latina por el impacto de la crisis petrolera de los años 70 en el alza sin precedentes de las tasas de interés, que condujo a la gran crisis de la deuda externa de 1982. Ello favoreció que dicho recetario fuera publicitado a lo largo y ancho del continente como la única alternativa posible a la crisis. Sin embargo, no generó el deseado consentimiento social. En los años 90 se desató una oleada de protestas y movimientos sociales en favor de los derechos sociales y la representatividad política. En esta “nueva ola” adquirieron un protagonismo sin precedentes los movimientos indigenistas, sobre todo en los países andinos, en defensa del derecho a la tierra y a la protección de los recursos naturales frente al expolio de las empresas multinacionales. Ejemplo paradigmático de ello fue la “guerra del agua” del año 2000 en Cochabamba (Bolivia) contra la privatización impulsada por el Banco Mundial. La reactivación de la sociedad civil se puso de manifiesto también en los movimientos campesinos, especialmente en Brasil, y en el impacto continental de la contestación sindical u obrera.

La revolución del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, iniciada el día de Año Nuevo de 1994, tras el ingreso de Méjico en el NAFTA, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, supuso la irrupción en la escena política de las reivindicaciones de la población indígena y abrió la primera gran fisura a la hegemonía del proyecto neoliberal. El segundo gran aldabonazo tuvo lugar en 1998, con la elección a la presidencia de Venezuela de Hugo Chávez, que proclamó la Revolución Bolivariana y abrió la etapa de gobiernos progresistas de la primera década del siglo XXI, siendo sus ejemplos más significativos, además del de Hugo Chávez, el de Evo Morales en Bolivia (a partir de 2006), primer presidente indígena de la historia de América Latina, el de Rafael Correa en Ecuador (2007-2017), los de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina (2007-2015), los de Lula y Dilma Rousef en Brasil (2003-2016), el de Michelle Bachelet en Chile (2014-2018) y el de José Múgica en Uruguay (2010-2015). Al margen de sus evidentes diferencias, todos ellos coincidieron en la idea de que el Estado-nación desempeña un papel clave en la construcción de un nuevo orden social, basado en la redistribución equitativa de la riqueza, y de un nuevo modelo de integración económica de los países latinoamericanos, superando la hegemonía estadounidense. Fueron expresión de ello la fundación, en 2004, del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), patrocinada por el Gobierno venezolano, la formación, en 2010, de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ) y la creación, en 2011, de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), dejando fuera a Estados Unidos.

Tras la crisis de 2008-2009 y la posterior recesión económica, que se extendió desde Estados Unidos al resto del mundo, se inició una nueva contraofensiva conservadora contra los gobiernos progresistas. Enmarcado en el contexto abierto en la década de los 80 con la extensión del modelo demoliberal, esta reacción se ha extendido sin el tradicional recurso al golpe militar. La bota militar ha sido sustituida por el uso y abuso de las instituciones parlamentarias, la judicatura y los poderes mediáticos para destituir e inhabilitar presidentes e influir en los procesos electorales en favor de determinados candidatos. Momentos significativos de este proceso fueron la destitución de Velasco Alvarado en Honduras en 2009, de Fernando Lugo en Paraguay en 2012 y de Dilma Roussef en Brasil en 2016, el encarcelamiento de Lula da Silva en 2018 y el triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina en 2015. Un caso profundamente significativo en esta involución, de cara al futuro, es el del reciente triunfo electoral de Jair Bolssonaro en Brasil, con el que se ha puesto de manifiesto la resistencia del proyecto neoliberal a aceptar su caducidad recurriendo a fórmulas chovinistas que suscitan una gran adhesión popular, en línea con el impulso ultraderechista de la Casa Blanca bajo la presidencia de Donald Trump. No es ajeno a este retroceso derivas autoritarias internas, como la de Nicaragua, consecuencia de la claudicación del Gobierno de Daniel Ortega y su deriva hacia el terrorismo de estado.

En este contexto de involución también operan factores adicionales internos que han neutralizado el potencial emancipatorio de los gobiernos de la “década dorada”. Son fundamentalmente:

1.- La persistencia de la corrupción, un mal endémico incrustado en el “modus operandi” del Estado.
2.- El mantenimiento de un modelo productivo dependiente de la exportación de materias primas en perjuicio de proyectos de soberanía económica.
3.- El déficit de herramientas culturales para integrar los programas sociales en un modelo cultural más amplio, que genere espacios inclusivos para la autoformación de mayorías cívicas, algo incompatible, por poner un ejemplo, con programas televisivos como “Aló presidente” de Hugo Chávez.

La década de gobiernos progresistas y la nueva contrarrevolución conservadora ha situado a América Latina en una nueva encrucijada histórica, que puede estar simbólicamente representada por los presidentes Jair Bolsonaro en Brasil y el progresista Manuel López Obrador en Méjico. No hay nada cerrado y el futuro está abierto.

En esta situación, queda aún por definir una cuestión clave: el papel del Estado como vertebrador de la sociedad civil y de la comunidad latinoamericana de pueblos, naciones y culturas.

Javier Segura
www.javisegura.es
Profesor de Historia.

En los distintos países que conforman Abya Yala (denominación dada al continente americano por el pueblo Kuna), el extractivismo imperante ha traído consigo una serie de impactos de dimensiones económicas, sociales, políticas, ambientales, de género y culturales; pero uno de los argumentos que se esgrimen en su favor es lo que representa a nivel de las economías locales para erradicar la pobreza y para garantizar su “desarrollo”.

Según las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, hay dos visiones de desarrollo: la del desarrollo para el buen vivir o desde el punto de vista comunitario, y la visión de la institucionalidad y de las grandes empresas, que es la de la acumulación. Este desarrollo no llega a ninguna de las comunidades donde se ejecutan estos proyectos, ya que las mismas siguen sin contar con recursos para acceder a los bienes mínimos necesarios, no tienen mejores condiciones de vida, son desplazadas y se destruyen pueblos y comunidades enteras que, en la mayoría de los casos, representan formas de vida y cosmovisiones mucho más sostenibles con el medio ambiente. Llega el “desarrollo” pero estas comunidades siguen con sus necesidades básicas insatisfechas.

En Latinoamérica, se ha consolidado un modelo neo-desarrollista que incluye el extractivismo como algo básico en la economía, incluso en gobiernos progresistas. Citamos como paradigmático el caso del parque nacional Yasuní en el Ecuador; Correa, como candidato, asumió un compromiso con pueblos originarios ubicados en esta zona petrolera para no explotar este hidrocarburo; pero ya gobernando revirtió este compromiso.

Existen muchos casos, localizados en territorios de América Latina, donde a través de diferentes métodos se ha llegado al saqueo de minerales u/y otros productos agroindustriales.

En Colombia, entre otros, podemos citar el de la comunidad afrodescendiente de La Toma en Suárez (Cauca, zona Sur), sobre cuya lideresa Francia Márquez ha recaído el Goldman Prize 2018 considerado un “Nobel” de Medio Ambiente (https://www.youtube.com/watch?v=6eOBC_7BohU), por su defensa del territorio que se inició con los/as ancestros/as y la lucha histórica de estas comunidades. Los territorios donde han construido comunidad y recreado su cultura no son un regalo, les costó trabajo y lucha desde las haciendas esclavistas.

Para estas comunidades, como para comunidades indígenas y campesinas, el territorio no es sólo un espacio físico, es un espacio de vida y de espiritualidades, de procesos colectivos, son relaciones, es el cuerpo y todo lo que hay alrededor, son valores ancestrales que se tejen como la solidaridad. Territorio es construir comunidad, son expresiones de solidaridad. Prácticas ancestrales y culturales, relaciones humanas y con otros seres que habitan el espacio.

Una formidable líder de la comunidad afrocolombiana, Francia Márquez, organizó a las mujeres de La Toma y detuvo la extracción ilegal de oro en sus tierras ancestrales. Ella ejerció una presión constante sobre el gobierno colombiano y encabezó una marcha de 10 días y 350 millas con 80 mujeres a la capital de la nación, lo que resultó en la expulsión de todos los mineros y equipos ilegales de dicha comunidad. El proceso extractivista, tanto legal como ilegal, está causando que gran parte de los ríos de la zona se contaminen con mercurio y cianuro, los cuales son utilizados en estas prácticas, dejando a la población en un estado de indefensión y de vulnerabilidad para su salud, ya que los peces y otras especies acuáticas se contaminan o mueren.

En el año 2014 Francia Márquez tuvo que desplazarse de su territorio debido a sufrir múltiples amenazas, tras liderar las citadas iniciativas de lucha en contra de la minería ilegal; ella forma parte delConsejo comunitario de la Toma y miembro de Procesos de Comunidades Negras (PCN).
Las comunidades afrodescendientes de la zona llevan muchos años en la defensa de su terruño, es así cómo, en los años 80, iniciaron la lucha contra la desviación del río Ovejas para la construcción del Proyecto represa Salvajina (embalse y generación de electricidad). Para la ejecución de este proyecto se desplazó de un área de 2.100 hectáreas, a más de tres mil personas con actividades de subsistencia. Las comunidades aledañas a este macro-proyecto no tienen agua potable y algunas ni electrificación. En nombre del desarrollo saquean, explotan y empobrecen,“desarrollo” a costa de las comunidades y de su sufrimiento.

El extractivismo (vinculado estrechamente con el sistema patriarcal y al capitalismo) produce unos impactos en las relaciones de género y en las vidas de las mujeres. La mayoría de colectivos y pueblos afectados son comunidades étnicas y campesinas, dándose la circunstancia, que debido a la tenencia de tierras las mayormente afectadas son las mujeres, que además están siendo amenazadas y asesinadas por su compromiso con la defensa del territorio, como forma de vida, cultura y socialización; es el caso de Berta Cáceres, ganadora también del Premio Ambiental Goldman en 2015, quien luchó por las reivindicaciones de la comunidad Lenca en el occidente de Honduras y fue asesinada el 2 de marzo de 2016, a causa de su férrea lucha en oposición al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca por su destrucción del medio ambiente y al desplazamiento de comunidades indígenas, privatización de los ríos y del territorio.

Otras formas de lucha, que Francia Márquez reivindica es el papel de Consulta previa para que las comunidades puedan manifestarse sobre proyectos a implantar, ya que es un derecho adquirido que se consulte porque el territorio es de la gente. Así es cómo por medio de este recurso y la lucha liderada por ella, su comunidad ha logrado en gran medida que la minería implantada sea erradicada en buena parte. También defiende el cumplimiento de los acuerdos de paz porque las comunidades son las que ponen los muertos y sus territorios son campos de disputa de la guerra. Celebran que los muertos hayan disminuido en el conflicto armado, pero la violencia hacia lideres/as sigue; es así como siguen siendo asesinados defensores/as del territorio, defensores de DDHH, defensores/as del medio ambiente, porque siguen existiendo intereses económicos sobre estas zonas.

Para preservar los ríos como fuente de vida debe pararse la minería con prácticas que no son las del territorio, como el uso del mercurio. Se debe implementar la minería limpia que no termine dañando el río y el medio ambiente. El Estado debe garantizar ésta minería.

Para Francia Márquez, el premio Goldmanla impulsa a ella y su comunidad a seguir trabajando, luchando y a seguir articulándose para cuidar y salvaguardar la vida y frenar el calentamiento global. En Colombia esta lucha está sirviendo para sensibilizar sobre todo a jóvenes ambientalistas, personas amantes de la naturaleza y del medio ambiente. Un elemento importante es la visibilización que este premio hace de las mujeres, que aunque son líderes en estas luchas, muchas veces no ven reconocido su compromiso.

Aprendiendo a reconocer lo que somos

Bolivia es un país mayoritariamente indígena, el 62% (INE, Censo 2001) y 41% (INE, Censo 2012) de los ciudadanos que asumen ser parte de una identidad originaria lo hace a través del auto reconocimiento, lo que quiere decir que el orgullo de ser diferente y multicultural es asumido a la par de un proceso de interpelación al Estado por la histórica exclusión de la mayoría. El Estado excluyente del pasado fracasó en impulsar una ciudadanía sustentada en el hecho de la igualdad de todos los bolivianos ante las leyes, pero en el que en los hechos éramos tratados de manera diferente, vivíamos excluidos y sentíamos la discriminación de nuestra diversidad cultural, que Para los poderosos era una expresión folklórica y no una razón de derecho para sentirse parte de las decisiones que se toman en el país.

Producto de esta condición, el proceso histórico creó dos sistemas económico-políticos, que a pesar de estar obligados a la convivencia, desarrollaron formas excluyentes de coexistencia. Existen pedazos de Bolivia que tienen una lógica liberal que toma sentido a través del mercado y la propiedad individual, junto a una democracia representativa que se expresa a través de la libre concurrencia en comicios electorales donde los partidos son los principales actores. Pero también existe la otra lógica comunitaria de convivencia y de toma de decisiones, que ha permanecido en la semiclandestinidad, sobreviviendo a pesar de la represión, la persecución y la imposición autoritaria. Esa que se originó en su forma primaria en los ayllus y comunidades, pero se ha impregnado en la forma gregaria en la que gran parte del pueblo boliviano toma sus decisiones; nos referimos a las juntas de vecinos, asociaciones o gremios –que son otra forma de identidad política no reconocida–, que con los movimientos sociales empezaron a recuperar el protagonismo político sin intermediaciones partidarias.

El temor al desmembramiento territorial, y particularmente a que la diversidad indígena pudiera avasallar la autoridad de un Estado descentralizado, ha hecho que históricamente los sectores dominantes se decidieran por un Estado centralizado que mantuviera el monopolio de los hilos del poder.

La excesiva concentración geográfica de los poderes del Estado impidió que el desarrollo nacional sea equitativo en todas las regiones del país, generalizó la corrupción en el funcionamiento estatal y privilegió nuestra relación dependiente primario exportadora con el mundo, pero durante la vigencia del Estado liberal y republicano no tuvo mayores percances. Sin embargo, cuando el poder central entró en crisis y los representantes de los grupos de poder del oriente (que se encontraban muy bien representados en los ministerios de todos los gobiernos de turno) perdieron el gobierno, se atrincheraron en los poderes locales y departamentales para combatir el “centralismo” que ellos mismos habían creado.

Estos son los temas que históricamente se incubaron en la estructura excluyente del Estado republicano y que irrumpieron en la vida del pueblo a través de las políticas neoliberales de los gobiernos que se sucedieron a partir de 1986, profundizando las contradicciones y la miseria del pueblo. El año 2000, el movimiento indígena encabezó movilizaciones que expresaban el agotamiento de la propuesta política económica neoliberal e interpelaban en las calles y las comunidades a los regímenes centralistas, que optarían por la represión y la muerte hasta que los presidentes –que pretendieron salvar la estructura de poder vigente– fueron echados por el pueblo, dándose curso de forma democrática a la victoria electoral de Evo Morales junto a la convocatoria a la Asamblea Constituyente, como señal de un cambio revolucionario en Bolivia.

La exclusión y el racismo. De la colonia a la república
Bolivia es un país que aprendió a aceptarse a sí mismo después de siglos de derramamiento de sangre y de negación a causa del colonialismo, que nos enseñó a sentir vergüenza de nuestra diversidad. Durante mucho tiempo los que se encumbraron en el poder nos hicieron creer que el ser indios era la razón del atraso. Los primeros colonizadores explotaban a los indios y se preguntaban si tenían alma; en la República los consideraban como pueblos necesitados de patrones para vivir mientras imponían relaciones serviles. Incluso en los años 70, al dictador Banzer se le ocurrió la idea de traer africanos blancos para “mejorar la raza”, poniendo de manifiesto que el colonialismo se había desplegado como la forma de dominación permanente hacia la mayoría plurinacional del país.

Bolivia, a diferencia de los vecinos latinoamericanos, se constituyó en medio de la incertidumbre y el miedo de los colonizadores, primero criollos y luego republicanos, a tanta identidad india que los rodeaba. Por eso, tras el levantamiento de Túpac Katari, en 1780, vivirán con el trauma histórico del cerco a las ciudades y posteriormente, a partir de la Guerra Federal (en 1899), asumirán como enemigo permanente a los pueblos indios y generalizarán la exclusión para evitar cualquier tentación democrática.

El proceso de la independencia, que finalizó con la fundación de la República, se sostuvo en muchos pueblos originarios que ofrendaron su vida, pero a los que no se considera como protomártires, porque los nacientes libertadores soñaban con una República criolla, sin indios; eso se vio reflejado históricamente desde la primera Constitución Política del Estado (1826) hasta el año 1961, cuando recién se instituye el voto universal en Bolivia. A lo largo de esa historia republicana encontramos que las Constituciones, modificadas a gusto y capricho de caudillos y políticos –conservadores o liberales–, mantuvieron y “constitucionalizaron” la exclusión. Los llamados “ciudadanos”, aquellos hombres nacidos en el país, mayores de 21 años o casados, que sabían leer y escribir y “no estaban sujetos a otro en calidad de servidumbre”, eran apenas el 5% de la población. Con argumentos que provenían de la Europa esclavista y que en la Colonia se habían institucionalizado, se negaba a los pueblos originarios su calidad de ciudadanía y de personas, para asumirlos como menores de edad, necesitados del tutelaje de un patrón que decida por ellos. Las condiciones de ciudadanía sólo podían ser llenadas por el criollaje, que sabía que únicamente la continuidad del régimen colonial respecto a los pueblos originarios preservaría sus intereses como nuevos dueños de la República.

Por eso, no fue casual que en los años 90 los pueblos indígenas del oriente organizaran una gran marcha de cientos de kilómetros desde sus comunidades hasta La Paz, para expresar y detonar todo ese cúmulo de exclusión y explotación silenciado en la vida republicana, que durante las guerras nacionales que se tuvo con los países vecinos –que Bolivia perdió todas– fueron los pueblos indígena originario campesinos, quienes estando al frente de las batallas, como “carne de cañón”, defendiendo un país del que no se sentían parte y en el que no habían sido convocados a participar, iniciaron ese proceso de identificación y reconocimiento de ellos mismos como parte de este país.

Los pueblos indígena originario campesinos –la gran mayoría del país– sólo presenciaron el cambio de rostro de los patrones en los diferentes momentos de la historia, incluso los sectores progresistas que antes que reconocerlos como protagonistas les hicieron objeto de paternalismo y asistencialismo, expresiones también de colonialismo. Aun así, lo indígena originario campesino tejía con los años redes sociales cada vez más extensas y precisaba cada vez de mejor manera la demanda de construir un nuevo país. Asumían que la resistencia era parte de su propuesta histórica y mientras más eran reprimidos, más se reconocían a sí mismos en su identidad, se afirmaban en su relación armoniosa entre ellos como comunidad y con la naturaleza, y más se diferenciaban de quienes tenían como política el odio, la codicia y el desprecio racista.

El horizonte político de la inclusión.
La elección de Evo Morales como Presidente significó un quiebre histórico en la historia boliviana y latinoamericana. Por primera vez las mayorías votaron por uno de ellos, se arriesgaron a soltarse de padrinazgos y señoríos para atreverse a construir un país nuevo. Es así que una de las primeras medidas asumidas por el nuevo gobierno fue precisamente convocar a una Asamblea Constituyente que defina los horizontes de la nueva Bolivia. Una Asamblea que por primera vez reuniera a los representantes de la plurinacionalidad boliviana, pero al mismo tiempo a aquellas minorías que durante décadas nos habían gobernado. La mayoría de la plurinacionalidad tuvo todo un proceso de encuentro cuando cada uno de los asambleístas se vio frente al reto de conciliar los mandatos locales recibidos, con la perspectiva de construir una visión de país para todos los bolivianos y bolivianas. Ese fue el momento fundacional, el de la diversidad empezando a tejer pedazos de historia para construir una nueva.

El Pacto de Unidad, que conglomeraba a las principales organizaciones indígena originario campesinas (CSUTCB, Bartolinas, CONAMAQ, CIDOB y CSCIB), fundamentales en la lucha anti neoliberal, también aportó con sus propuestas y reflexiones sobre el proceso de cambio y se hizo presente en la Asamblea Constituyente, no sólo con cerca de la mitad de asambleístas de la mayoría del MAS-IPSP, sino también con un documento de propuesta donde claramente se expuso que el suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble) expresan las utopías andino-amazónicas y han sido una forma de vida comunitaria de resistencia al colonialismo, que hoy se quiere rescatar como propuesta frente al mundo capitalista. La política del consenso así como la rotación de las responsabilidades son parte de la vida comunitaria.

De esta manera, a pesar del complot opositor, del racismo del que los propios asambleístas fueron víctimas, del destrozo de los bienes estatales, de la humillación de los campesinos en las calles; en definitiva, de la respuesta señorial a la propuesta comunitaria y de inclusión para el país, se aprobó la Constitución Política del Estado Plurinacional, asumiendo que somos parte de una historia republicana y liberal; pero incorporando el horizonte comunitario del “vivir bien”, a ser desplegado y realizado por las organizaciones sociales y el Estado Plurinacional. Se ha constitucionalizado el reconocimiento de nuestra identidad plurinacional que se encuentra estructuralmente ligada a esta utopía del “vivir bien” como realidad y como tarea.

A lo largo del texto constitucional se propone la convivencia entre estas dos maneras de entender el país. Junto a los derechos individuales, que fueron un logro liberal de la Europa de la Revolución Francesa y que han sido el parámetro del constitucionalismo con el que se inauguraron nuestras Repúblicas, se incluyen los derechos colectivos de los pueblos indígena originario campesinos, que tanta lucha y sangre les han costado en el continente para finalmente poder ser reconocidos por las Naciones Unidas.

Paradójicamente, Bolivia, un país que vivió de espaldas a su realidad y que desde sus clases dominantes se limitaba a copiar el marco legislativo del Primer Mundo, con el cual vivimos la era republicana, fue el primero en constitucionalizar ese logro histórico.

Con relación a la justicia, que generalmente privilegió a los poderosos sobre los oprimidos, ahora incorpora al ámbito constitucional, junto a la justicia ordinaria, la justicia comunitaria, que siempre fue menospreciada, pero también aprovechada por los colonialistas cuando les permitían a los pueblos usarla para resolver sus temas internos. Actualmente, la justicia “de indios” dejó de ser un folklorismo para ser parte del reconocimiento de que existen formas diferentes y plurinacionales de mejorar la convivencia y solucionar los conflictos. De la misma forma, la representación política de los pueblos indígena originario campesinos en los órganos del Estado se constitucionalizó, y aunque muchos de esos espacios fueron posibles gracias a sus propios méritos en el marco de la equidad y la inclusión, también se han generado legalmente espacios de representación para que nunca más se los deje de lado.

Las autonomías es otro gran tema que permitió constitucionalizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, porque ellos, que vivieron durante siglos subordinados y resistiendo, hoy tienen la posibilidad de reconstruirse territorialmente en el marco del Estado Plurinacional. Sin embargo, también deberán coexistir con los otros niveles de autonomía y sobre todo, después de siglos de colonización, volver a inventar un mundo propio desde la identidad y la no dependencia.

Otro espacio fundamental en donde participan los pueblos indígenas originarios campesinos es el de la economía comunitaria que, en el marco de la economía plural reconocida por el Estado Plurinacional, implica el reconocimiento pleno de una economía de la vida que ha sobrevivido casi en la clandestinidad, permitiendo que los pueblos subsistieran compartiendo la pobreza en la que los había sumido esa suerte de colonización permanente de las oligarquías. El gran reto es que el potenciamiento de esta economía desde la comunidad sea una respuesta humana e histórica frente al capitalismo, que además de ampliar intensivamente la explotación del trabajo, está exterminando los recursos del planeta. Pero quizás lo más importante, que de alguna manera está expresado en el espíritu constitucional, es que los pueblos indígenas originario campesinos son parte incluyente del país y parte constituyente del Estado Plurinacional.

La organización política de los movimientos sociales
Existió un largo recorrido histórico para que la representación Indígena Originaria Campesina llegara al momento actual. Desde la memoria larga de las insurrecciones indígenas que no dejaban de interpelar al Estado colonial, para generar inclusiones parciales, que pasaron por el Voto universal en 1956, donde junto a este derecho, se inauguró la época del “pongueaje político” en el que los dictadores de turno usaron a los campesinos para movilizar apoyo político. Es a finales de los 60 cuando dirigentes aymaras conforman el Movimiento Indio Túpac Katari (MITKA) en torno al manifiesto de Tiahuanaco que expresa la necesidad del pueblo indio de recuperar su territorio y luchar por el poder. Este movimiento clandestino en sus primeros años, luego decide participar en la apertura democrática del 78 -79 y 80 en los que logró por primera vez en todos los casos 2 diputados indígenas, que rápidamente fueron asimilados por el sistema político sin mayores consecuencias en el campo político. Sin embargo, más allá de la representación formal, la lucha campesina y originaria desde los 70 empieza a definir su independencia junto a la identidad política propia en la conformación de la Confederación Única de Campesinos “Túpac Katari”. Los dirigentes indígenas y originarios, por un camino propio, empezaron un proceso de recuperación de su propia historia, desde la organización sindical y junto a un enclave académico de avanzada en las universidades, desde donde empezaron a recuperar la historia escrita y volcarla sobre sus comunidades. La izquierda había hecho muy poco en ese sentido debido a una opción ideológica que consideraba solamente a los obreros como revolucionarios, y a los campesinos, originarios e indígenas como propietarios pequeño burgueses y por tanto carentes de capacidad ideológica para sumarse en un primer momento a la revolución.

Desde entonces empiezan los caminos paralelos de estos actores políticos que iniciarían luego la nueva historia, pero que a pesar de ello no dejaron de tener encuentros, fusiones momentáneas y distanciamientos en el camino de la confrontación con el Estado republicano y colonial, principalmente con su versión neoliberal. También habrá que mencionar que ese Estado Neoliberal en su búsqueda de legitimación, y junto a los sectores “entristas” de la izquierda, que pretendían “dulcificar” al modelo; generaron políticas como la llamada “Participación Popular”, en la que se descentralizaron recursos hacia las alcaldías para su administración y gestión. Ello provocó por una parte que los sectores indígenas originarios se hicieran autoridades, y por otra parte sean parte de los comités de vigilancia, que en definitiva los hizo parte del Estado y les quitó el miedo simbólico al poder que siempre los había excluido. La constitución del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), finalmente Movimiento Al Socialismo (MAS) como sigla prestada para poder acceder a los procesos electorales bloqueados por la política formal, expresa en su recorrido precisamente la irrupción de los movimientos sociales desde las calles y las movilizaciones hacia las urnas y el gobierno.

Algunos de los elementos fundamentales que explican su proceder político inicial hablan de una reacción frente a la exclusión política y al “partidismo” jerarquizado de derechas y de izquierdas, que habían, una vez más, señorializado la participación electoral y el derecho a la participación política. Por eso el MAS se crea en el horizontalismo asambleísta de la toma de decisiones y en el marco de la tradición sindical de organización y participación. Pero además, en su contenido programático expresa la politización de las acciones reivindicativas de las organizaciones sociales, que históricamente fueron reprimidas por la derecha y despreciadas por la izquierda. El sujeto social y el sujeto político se encontraban separados intencionalmente por el sistema político; el MAS fue capaz de construir una síntesis entre lo social y lo político que dé lugar a la representación política directa de los movimientos sociales, sin intermediación, para evitar repetir lo que la historia política de los partidos había hecho hasta ese momento: traicionar el mandato de los mandantes y electores.

En una interpelación histórica a los partidos, se plantea ser expresión de la diversidad y la pluralidad, dando lugar orgánicamente a que la mayoría se exprese en la representación política directa de ellos mismos, sin dejar de ser parte de sus organizaciones (más bien ser parte de ellas es lo que da lugar a la pertenencia en el instrumento donde se mezclan militantes, adherentes y simpatizantes). Esta síntesis política de la plurinacionalidad, y de las clases populares que confluyen como organizaciones y movimientos sociales, da lugar al instrumento que sin dejar las formas tradicionales de lucha y presión en torno a reivindicaciones locales y nacionales produce además una cada vez más clara definición de lucha por el poder.

Los espacios que gradualmente fueron ganados electoralmente desde las alcaldías del Chapare, hasta los curules parlamentarios, expresaban este avance político donde la relación entre los movimientos sociales y el liderazgo era el eslabón fundamental, convirtiendo al instrumento en espacio de organización electoral (un papel por demás efectivo en todas las elecciones en las que se participaron). Esta doble vía de acción transformadora puede explicar, en cierta medida, tanto el éxito del MAS en la obtención del poder político como los niveles de legitimidad que se mantienen desde por lo menos el año 2002.

Su clara definición antimperialista, marcada por la lucha cocalera, que acuñó un liderazgo y definió ideológicamente un comportamiento político más allá de la tradición de izquierda o derecha, expresaba que los espacios políticos se ganan con acción política que genera la capacidad de sumar y hegemonizar las distintas corrientes ideológicas y a los sectores sociales enfrentados con el sistema neoliberal. La esencia campesina y cocalera del MAS en sus inicios se fue transformando para dar lugar a una representación nacional que, sin dejar de expresar a la plurinacionalidad y a los pobres, va internalizando políticamente la propuesta política de los sectores más politizados, que albergaban una profunda reivindicación nacionalista, pero también la reivindicación indianista de la identidad que implicaba necesariamente un discurso descolonizador y un liderazgo asumido en su identidad india. En ese marco, las clases medias se acercan inquietas por lograr respuestas frente a la incertidumbre que irradiaba el sistema neoliberal y, con el pasar del tiempo, sectores de izquierda que habían navegado en aguas neoliberales y otros grupos descontentos se suman al proyecto del proceso de cambio, algunos con sincera convicción, pero muchos otros por oportunismo político para copar espacios de conducción, asumiendo que el instrumento no contaría con cuadros políticos para ello.

El liderazgo indígena y originario.
Este largo proceso de constitución de la representación política propia, tuvo también a una guerrilla katarista (el EGTK) que logró encumbrar a un viejo líder del MITKA fundador de la línea indianista, Felipe Quispe, quién dirigirá desde la dirección de la CSUTCB “TK” la ofensiva anti neoliberal desde el campo aymara. Luego, este dirigente construirá su propio partido, el Movimiento Indio Pachacuti, que logrará copar la representación aymara del altiplano paceño en las elecciones del 2002.

El MAS y el MIP se empezaron a posicionar en sus respectivos espacios rurales con liderazgos claramente identificados, que expresaban la existencia también de dos corrientes diferenciadas sobre la construcción alternativa al neoliberalismo. Por un lado, el MIP con una importante representación en el campo aymara, planteó desde la CSUTCB un discurso claramente indianista y reivindicativo de la existencia de la otredad india en Bolivia; sin embargo, las consignas reivindicativas del nacionalismo aymara no le permitieron generar un discurso inclusivo de lucha con otros sectores y regiones del país, y las traiciones internas y actuaciones individuales desgastaron esta opción política, cuyo líder se estancó en la crítica personal a los nacientes liderazgos, en lugar de hacerse parte del debate por la construcción de un nuevo país.

En cambio, el MAS partía de otras bases sociales, los cocaleros, que son una identidad intercultural creada por la expansión de sectores campesinos hacia áreas económicamente más rentables, y en muchos casos guardan relación incluso territorial y de producción con su lugar de origen. Aunque se trata de aymara y quechua parlantes, el castellano se convirtió en el principal puente de encuentro, vínculo organizativo y de las luchas sectoriales en la defensa de su nueva territorialidad y espacio de producción. Muchos de ellos, migrantes de más de dos generaciones, incluso han olvidado su idioma originario y han creado una nueva cultura de convivencia en torno al sindicato y la producción de la coca, que al mismo tiempo se ha convertido en su identidad política. Evo Morales es el representante de ese movimiento, que fue capaz de interpelar no sólo a la política tradicional, fusionando lo social con lo político sin intermediarios partidarios, sino que además supo sumar las oposiciones al modelo neoliberal en una gran alianza con los movimientos sociales, que desde distintas aristas cercaron al Estado neoliberal. Esa capacidad de sumar a los diversos le otorgó una nueva identidad política al nacionalismo de izquierda, y desde el indianismo aymara y de otras identidades no sólo se identificó al liderazgo como uno popular, sino que el asumir a Evo como uno de ellos significó que la identidad india se encontraba plenamente reivindicada para empezar una nueva historia. Eso implicaría en términos políticos una agenda diferenciada y a veces contradictoria para lograr conciliar la pluralidad de visiones en la construcción de un mismo país. El liderazgo evista concentró la energía histórica del proceso de transformación, que por distintas corrientes y en distintos momentos pugnó por la revolución. Como líder, Evo fue capaz de tender los puentes de encuentro entre la diversidad, entre lo sindical y lo comunitario, entre el protagonismo indio y el nacionalismo que reivindica la patria como espacio territorial y subjetivo, de encuentro y pertenencia de todos y todas. Y aún más, cuando este líder muestra su desprendimiento de la lógica del enriquecimiento en el poder, junto a una disciplina de trabajo más cercana a la vida cotidiana del pueblo, expresa una posición ética sobre el poder y la política que será reivindicada permanentemente por él en los espacios mediáticos, a la par de la entrega constante de obras para los sectores más alejados del país.

Una nueva representación política IOC para un nuevo país.
Luego de este momento histórico, el país empezó a generalizar la inclusión y la representación política Indígena Originario Campesina desde el naciente Estado Plurinacional. El congreso se vistió de mayorías que recorrían sus señoriales espacios republicanos, que significa que más de 2/3 de Senadores y también de diputados son del MAS y dentro esta mayoría más del 80% se autoidentifican como IOCs. Sin embargo, cabe mencionar que, en la representación legislativa nacional, los pueblos indígenas y originarios sólo han elegido por vía directa a 7 diputados de las 36 identidades inicialmente reconocidas en la Constitución. La Asamblea Constituyente había propuesto la representación directa, pero las negociaciones con la oposición y las regiones, impidieron un mayor número para evitar que quiten representación a los departamentos.

En los ministerios los rostros morenos y originarios empezaron a ser más comunes junto a funcionarios de planta que durante años fueron parte de distintos gobiernos. Sin embargo, los ministerios y la mayor parte de los puestos jerárquicos no son representativos de los IOCs; sin duda en el entronque histórico que vive el país, la formación académica lleva años de discriminación encima, que pone en el dilema al Estado Plurinacional entre ser eficientes y ser incluyentes. A nivel jerárquico, donde ministras/os, senadores y diputados, así como en la elección de jueces y los propios vocales del Órgano Electoral, donde la mayoría indígena impregnó estos puestos elegidos por el Congreso, en elecciones directas o bien en las elecciones municipales se impuso definitivamente una nueva representación en las autoridades, expresión de que una nueva élite política se constituye en el país.

En definitiva, el país ha cambiado y lo seguirá haciendo como nunca antes en su historia. Los retos son grandes y las tareas mayores para que la inclusión y la reforma estructural no se quede en un capitalismo liberal más dulce y distribuidor, sino que generemos las condiciones para la construcción del Socialismo Comunitario con el poder de las organizaciones sociales.

*Indígena Originario Campesinos. El nuevo concepto aparece de forma reiterada en la Constitución Política del Estado (CPE) Plurinacional de Bolivia junto con el de Naciones y Pueblos Indígena Originarios Campesinos (NyP IOC) con una sola “s” plural al final de las tres últimas palabras para resaltar que se debe entender como una unidad. Lo central de la expresión [NyP] IOC es su referencia a aquellas naciones y pueblos o grupos humanos que existen desde antes de la existencia del Estado Boliviano e incluso la Colonia, a los que hace referencia el art. 2 de la CPE, y cuyos descendientes forman hasta ahora grupos socio-culturales reconocidos como tales, aunque ahora por razones históricas prefieran utilizar uno u otro de los tres términos así́ unidos en un conjunto. (Autonomías Indígenas en la Realidad Boliviana y su Nueva Constitución. Carlos Romero y Xabier Albó. La Paz, abril 2009)

–Este texto fue publicado originalmente en el número 23 de La Migraña, revista de análisis político de la Vice-Presidencia de Bolivia.–

El triunfo con más de 10% de ventaja del facho Bolsonaro en Brasil, le pone mayores niveles de turbulencia e impacto a la situación que ya hay en todo el continente americano y caribeño. No sólo, no es cualquier cosa que haya ganado con el 55% de los votantes, o sea, más de 57 millones votos, sino, que haya sacado esa altísima votación diciendo todas las barbaridades xenófobas, racista, antifeministas, antidemocráticas y fascistas que dijo en repetidas veces y sin cuidados de escenarios.

Pero, ya antes del fenómeno Bolsorano, existían derrotas electorales en algunos otros países en donde se habían instalado, por lustros, gobiernos de los llamados progresistas. Y en otros países ya se veían signos de ingobernabilidad y de violaciones de derechos humanos. Nicaragua, desde abril 2018, estalló en interminables olas de protestas y movilizaciones que exigían la salida del dúo Ortega&Murillo, pasando a ser estos acontecimientos la mayor demostración de ingobernabilidad y el uso de la fuerza represiva, con un alto saldo de asesinados. Ahora, bastante graficado, se muestra el drama social en Honduras y en el resto de los países centroamericanos. Acuciados por el hambre y la violencia que vienen soportando, vemos con tristeza a miles y miles de pobladores de estos países cruzando sus fronteras que, como en los éxodos del pasado, buscan la tierra prometida. En este caso, tratan de llegar a Norte América.

Sin embargo, no todo son los sucesos de actualidad de Brasil y Centroamérica. Cómo un asunto ignorado sigue permaneciendo Haití, semi ocupado por tropas de la ONU, y en condiciones de estado de barbarie. De preámbulo a todas estas pruebas de retroceso político en el continente americano y caribeño está el triunfo electoral en Colombia de Iván Duque, ligado él al uribismo y por tanto, al paramilitarismo. Y mucho antes se había instalado Macri, con su historial neoliberal y dejando en pésimas condiciones de existencia al kirchnerismo en Argentina. Esta síntesis de las barbas de los vecinos que arden, la termina de sellar la traición de Lenin Moreno en Ecuador. En medio de este caliente panorama no sólo tenemos que ver qué está pasando, sino porqué suceden tan recurrentes retrocesos. Tal vez así, podamos evitar que sigan ocurriendo o, por lo menos, eso nos debe servir para alertar.

Venezuela, con su proceso bolivariano acuestas, es la que más debe prestar atención y aprender las lecciones. Es a la que más ganas le tiene el imperialismo y todo el capitalismo en su conjunto. Estos no perdonaran y no darán marcha atrás, por la resistencia que se ha dado a los distintos embates en sus ataques al proceso revolucionario bolivariano y a los gobiernos Chávez/Maduro.

Pero, Cuba, Evo y Bolivia, y hasta el propio Andrés Manuel López Obrador en México deben sacar también sus propias conclusiones de la vorágine que está sucediendo con las intenciones y sueños de cambios en el continente. A continuación trato de describir, de la forma más objetiva posible y ojalá logre ponerle una pisca taimada en lo que aquí plasme de la actual situación que vivimos en Venezuela, y deje claro los posibles retos y peligros por la que atraviesa el proceso revolucionario bolivariano.

Venezuela padece una situación económica muy difícil, no la del actual momento o la de estos últimos años bajo la presidencia de Maduro, sino desde antes. Se empezó a visualizar desde el año 2012. Producto de la baja de los pecios del petróleo, para ese año ya se hacía cuesta arriba los gastos e inversiones presupuestarias que se venían haciendo desde que se contó con los altos precios petroleros. No obstante, no se atrevieron a tomar las medidas económicas preventivas para ese momento. Era el año electoral y había que relegir a Chávez.

Este asumió esa campaña padeciendo una enfermedad que 6 meses después lo llevó, lamentablemente, a fallecer. Para esas elecciones, Chávez hizo una campaña admirable, teniendo la virtud de que, en el contacto directo con la gente, se da cuenta de la realidad de la situación en la que se encontraba empantanado el proceso y su gobierno: las Misiones sociales en decadencia; obras y proyectos inconclusos; alcaldes y gobernadores psuvistas incapaces; una corrupción generalizada e impune, envuelta ya en ese flagelo militares de altos rango y hombres de entera confianza.

Supongo que durante el recorrido en su campaña por los estados y municipios, al ver el estado de abandono y desidia de pueblos y ciudades, Chávez traería a su memoria el calificativo que le había dado Juan Carlos Monedero y otros intelectuales cuando en un evento celebrado en el Centro Internacional Miranda (CIM), dos años antes, le había recomendado que dejara el “hiperliderazgo”. Calificativo que vino a colación porque Chávez desde el programa dominical “Aló Presidente” asumía públicamente las funciones de alcalde y gobernador. Por cierto, calificativo que a Chávez y a Maduro (en la época Canciller) irritó mucho, descalificando a estos intelectuales. Pero un año después Chávez reconocería que estos habían tenido razón y se disculpó.

El 20 de octubre de 2012, con motivo del primer consejo de ministros tras su reelección en agosto de ese año y ya bastante agotado físicamente, hizo un llamado a la crítica y a la autocrítica en lo que pasó a denominarse “El Golpe de Timón” ante el nuevo ciclo de la revolución bolivariana para el período 2013-2019. Se trataba de dar un giro de 180º a la manera en que se venía gobernando. Hizo un balance autocritico: Preguntó dónde estaban los resultados de todas las Misiones emprendidas y desesperado dijo: hemos fracasado. Dónde están las Comunas y allí repitió su célebre frase “Comunas o nada”. Y, le pidió encarecidamente a Maduro, Vicepresidente para ese entonces, lo de instrumentar el Estado Comunal.

Ese balance de octubre 2012 quedó en el olvido. En este momento sigue esa misma disyuntiva: el presidente Maduro a diestra y siniestra viene promoviendo Congresos Constituyentes de la Salud, de los Trabajadores, de las Comunas, de las Mujeres, de la Juventud y hasta del PSUV. Y de todos esos eventos ha sacado como la gran panacea para dar respuesta a esta coyuntura y de prepararse a un “nuevo inicio”, dar el salto que todavía no se ha dado con el desarrollo de las auto nombradas Micromisiones Sociales, proponiéndolas hacer con la misma institucionalidad existente.

Al otro lado, somos miles los que aclamamos simplemente por el Estado Comunal. En donde se le dé todo el poder institucional, administrativo y ejecutivo a las organizaciones comunales existentes y a las nuevas a constituir, así como a todos los distintos tipos de organizaciones de los trabajadores y campesinos. Este nuevo tipo de Estado es la única forma posible de dar un salto para hacer los cambios necesarios y “empezar el nuevo comienzo” al que hoy se refiere el presidente Maduro. Sólo con el Estado Comunal y del Trabajo es posible transformar esta embarazosa realidad a la que hoy, a duras penas, sobrevivimos.

La verdad es que lo que dejó la muerte de Chávez, y después el triunfo electoral de Maduro en el 2013, ha sido una ofensiva implacable de parte del imperialismo. Una ofensiva de los diferentes actores del capitalismo, de otros gobiernos nacionales y de los organismos internacionales que los sostienen, así como de los bufones de la burguesía criolla. Esta improductiva clase social que desde que Venezuela dejó de ser colonia española se ha considerado dueña, señora y heredera de las riquezas mineras del país y de todas sus tierras productivas.

Históricamente le ha importado muy poco la catadura moral de quién gobierne. Por ese motivo que lo exija en este momento sólo es un sainete. Tampoco sufre mucho si es en democracia o es en dictadura. Y, la razón de haber sobrevivido impune por tanto tiempo es el haber sembrado la cultura, a todos los estratos sociales, de vivir del rentismo petrolero pero, dejando claro, que ellos controlaran el reparto de esa renta.

Esta burguesía chula con sus viejas organizaciones políticas con quienes gobernaron, y con las nuevos partidos políticos con quienes en el futuro pretenden gobernar en concordancia con los gobiernos de Obama/Trump de los Estados Unidos y de los distintos gobiernos emergentes en la región, ha sido responsable de todas las operaciones encubiertas o abiertas montadas, desde el año 2000, para intentar dar golpes de estado, realizar paros patronales y petroleros, protestas insurreccionales y demás tipos de violencias callejeras, llámense, magnicidios o esta permanente “guerra económica”.
Esa guerra sin lugar a dudas existe. La burguesía nacional e internacional no la asume sino que, por el contrario, tratan de encubrirla con la excusa de que la responsabilidad de la gran crisis económica e hiperinflación existente es exclusivad del gobierno. Dicen que se debe a su incapacidad para gobernar, por haber expropiado empresas y agroindustrias, hatos y tierras productivas y por la corrupción que ha generado la llamada boliburguesía que es la que ahora disfruta del reparto de los petrodólares.

En contraparte, el gobierno vive haciendo declaraciones y en permanente campaña publicitaria, echando toda la culpa de la crisis económica y social, con sus consecuencia ( desabastecimiento, inflación, producción insuficiente de alimentos, medicinas y artículos de aseo personales entre otros productos), al saboteo imperialista. Con esa posición lo que se ha logrado es que el presidente Maduro, el PSUV y la Central Bolivariana, Socialista de los Trabajadores (CBST) no vea a su interior. Ni al interior de las empresas del Estado para entender, por ejemplo, porqué teniendo más de 15 empresas procesadoras de harina de maíz precocido; la mayoría de las torrefactoras de café; empresas productoras de aceite comestibles; todas las centrales azucareras y cementeras del país, estás no tengan la producción necesaria de esos productos esenciales para cubrir el mercado nacional.

El saldo de las incapacidades y de la actuación pusilánime de la burocracia civico/militar en el control y manejo de estas empresas se extiende a muchas otras. Está reflejada en los bajos niveles de producción petrolera y gásifera a la que ha llegado PDVSA; En la escasa producción de todas las empresas (hierro, acero, aluminio, bauxita y ferro minerales) de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); de la producción/distribución de la Corporación generadora de electricidad (Corpoelec); de las 3 empresas públicas ensambladoras de vehículos, buses y camiones pesados de transporte y de las empresas de fertilizantes y otros derivados petroquímicos (PEQUIVEN).

En esta coyuntura el gobierno tiene la ilusión de revertir estas deficiencias e incapacidades de gestión. En el marco de las referidas Micro-misiones y del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica implementado desde el 20 de agosto, le ha asignado la tarea, a la CBST, de promover foros de inducción, titulados “El Nuevo Modelo Empresarial de Gestión Socialista” para supuestamente enseñar a los dirigentes sindicales cómo se deben dirigir y administrar las empresas del Estado.

¡Qué descaro! ¿Esta novedosa medida será porqué esas empresas no han funcionado debido a que los trabajadores no saben gestionar al personal, la administración, la contabilidad y el comercio? No, los trabajadores han estado fuera del control de esas empresas. En un 80% han estado en manos de militares o de amigos de los altos funcionarios. Y, en los contados casos y en el poco tiempo en el que los trabajadores han estado dirigiéndolas, es donde se han dado las mejores muestras de eficiencia. Como ocurrió en CADAFE/CORPOELEC, donde en condiciones de Co-gestión los trabajadores tuvieron el control de la empresa, mejorándose los servicios y aumentando la recaudación. (años 2008/2009). También también un caso de gestión ejemplar en una empresa procesadora de vidrios para autos llamada Vivex, en Barcelona, Edo. Anzoátegui.

En CADAFE/CORPOELEC de inmediato cortaron la experiencia. La burocracia que dirigía a PDVSA no quería que esos “malos” ejemplo se tomaran en cuenta para su gestión. Hasta el ministro Rafael Ramirez trajo para aquellos años a un funcionario que se presentó como ex secretario del Ché Guevara cuando este fue ministro de Economía, para convencer a Chávez, a funcionarios del gobierno y a los trabajadores, que con las experiencias cogestionarias en Yugoslavia se había “demostrado” que era un riego muy grande poner a las empresas estratégicas del Estado en manos de un Comité de Gestión de los trabajadores. Y que por lo tanto estas deben estar en mano del gobierno, por una cuestión de seguridad de Estado. De igual manera, la buena gestión hecha en Vivex terminó expirando por inacción.

¡Ah!, ¿es qué ahora van a poner al frente de las empresas del Estado a dirigentes sindicales y trabajadores? ¡Bienvenida la medida! Sin embargo, si sigue dándose con la actual institucionalidad, le advertimos previamente que de muy poco servirán las buenas intenciones de “El Nuevo Modelo Empresarial de Gestión Socialista”. ¿Será posible qué la central de trabajadores CBST y sus sindicatos no se vayan a dar cuenta, después de haber visto correr tanto agua bajo el puente, qué con las mismas viejas estructuras se repetirán las misma experiencia fracasadas?

De nada vale que le pongan el título de “gestión socialista”. Con ese nombre de socialista han bautizado cualquier cosa en este proceso y nada por ello ha sido socialista. Si se mantiene el verticalismo, si al trabajador no se le toma en cuenta como un ser y no tiene la potestad de desarrollar su conocimiento para cambiar y reorganizar la producción, así como la potestad de tener la información de quienes se benefician con esas mejoras, seguirán vivas y coleando las relaciones de producción capitalista, pervivirá el don de mando, la subordinación y alienación. Acabar con eso que deforma y nos vacía de humanidad es el reto para que se produzca la producción necesaria e irrumpa así un nuevo modelo.

Por lo que hasta el momento he visto, esos foros de inducción de la Central para “El Nuevo Modelo Empresarial de Gestión Socialista no abordan el inicio de esta discusión. Lo expuesto se concentra en cómo se administra, se llevan a cabo las ventas y se promueve lo que se produce. Ya personeros de la CBST, desde finales de agosto, lo que fue septiembre y parte de octubre se habían concentrado en lo fundamental: en explicar y defender, a priori, los alcances y supuestos beneficios del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, desarrollado por el gobierno desde hace más de 70 días.

Ese plan económico del gobierno, entre sus 10 líneas de acción, considera lo siguiente:

1.- Fiscal Tributaria. Buscan un equilibrio fiscal. Que el gasto público tenga un respaldo real en la recaudación de los impuestos. En este primer punto, el gobierno ha sido inflexible buscando recaudación entre las grandes (si es que ya quedan), medianas y pequeñas industrias y comercio, así como con el cobro del IVA, pero la banca sigue sin pagar grandes impuestos;

2.- Política Cambiaria. Pretender un nuevo equilibrio en el reparto de la renta petrolera e intentan construir un nuevo mercado donde se pueda comprar divisas libremente. No obstante, con esta política para nada han logrado detener el precio desorbitante del dólar paralelo que sigue siendo el papel moneda referencial para poner los precios, y hasta para calcular el posible e hipotético porcentaje de reposición de las mercancías;

3.- Defensa del Salario. La recuperación medianamente del poder adquisitivo del salario duró a pena unos 15 o 20 días, a pesar de haberse aumentado 60 veces el salario mínimo. Este pasó de 5.196.000 Bolívares Fuertes (BF) a 1.800 Bolívares Soberanos (BS). Pero ya, al día de hoy, se necesitan para cubrir la Canasta Alimentaria 25 salarios mínimos de 1.800 BS. En atención de disciplinar el gasto contemplado en el punto 1, el gobierno está metiendo las manos en las Tablas, Escalas y Tabuladores de salario a los empleados públicos y hasta del sector privado para que los salario no pasen de dos o tres salarios mínimos;

4.- Estabilidad de los Precios. No hay salario suficiente sino se estabilizan los precios. Se acordó una lista de precios acordado en productos de alimentos y aseo personal. No habían pasado los 15 días de publicarse la lista cuando ya los comerciantes, en su mayoría, habían aumentado a su antojo esos pecios acordados;

5.- La Producción. Incrementar la producción de todas las mercancías que necesite la población. Esto no se ha logrado hasta ahora;

6.- Incrementar el ingreso de divisas. Se está logrando con el único mecanismo que por siempre se ha conseguido; por el aumento que se está dando en estas últimas semanas del precio del barril de petróleo;

7.- Estabilidad y Expansión del Petro. Que la población tenga acceso al Petro para hacer compras internacionales y adquirir otros productos con el Petro. Esto hasta la fecha es más la bulla que cabulla;

8.- Política de Transporte y Precios de la gasolina. En este punto están como el mismo número que lo identifica, vuelto un ocho: No han logrado implementar los precios de la gasolina y el sistema de transporte público, urbano y extraurbano es una vergüenza;

9.- Sistema de Protección al Pueblo. Consolidar y ampliar con cantidad y frecuencia los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Mantener los bonos de protección al pueblo. Continuar con la construcción de viviendas y un Sistema Único de Atención a la Salud;
10.- Promover el ahorro. Facilitar el crédito para desarrollar el financiamiento de la Nueva Venezuela Bolivariana.

A menos de dos meses para terminar el 2018, la frase o pregunta que unifica a todos los venezolanos sin distinción alguna, es: ¿Qué hacer? O, en su otra variante, ¿cómo hacer?. El presidente Maduro se las tiene qué formular a cada momento con respecto a lo que va a hacer si su programa económico y las Micro-misiones no dan los resultados esperados. Lo más probable es que ya no le deban de quedar muchos ases bajo la manga. No obstante, son muchas las incógnitas a despejar. En estas circunstancias, cualquiera desenlace se puede dar: desde que el gobierno de Maduro siga como hasta ahora, independientemente de que el capitalismo siga bloqueándole. O hasta la más trágica e intolerable, la locura de una agresión armada.

Ojalá el presidente de la CSBT qué a la vez preside la federación de los trabajadores petroleros (FUTPV), también se haga la pregunta de qué hacer. En Brasil las barbas que más han estado ardiendo, antes y ahora con el avance del fascismo del Bolsorano, son la de los dirigentes de la dirección de la CUT. Ellos fueron los mayores alcahuetes de toda la política neoliberal y de la corrupción impune de los gobiernos del PT. Y, en Nicaragua, las situación cambió desde que los trabajadores se sublevaron ante la pretensión del gobierno Ortega & Murillo de elevar de forma drástica las cotizaciones del Seguro Social, y esto se hizo a espalda y en contra de la dirección sindical del FSLN.

Qué hacer o cómo hago son las mismas interrogantes que se hacen todos los días las ciudadanas y ciudadanos comunes: qué hago para adquirir hoy la comida para la casa o cómo comprar X producto que necesito. ¿Qué hago? ¿emigro o me quedo en mi país y veo como sobrevivo hasta que pase este vendaval?, son las reflexiones que ahoga y desespera a miles de nuestros jóvenes. Y, la más cotidiana entre los trabajadores es cómo hacemos para complementar nuestro salario que no nos alcanza. Lamentablemente, en esta situación de crisis y de perspectiva incierta, quienes han venido pagando los platos rotos, por incomprensión mucha veces de los trabajadores, ha sido el movimiento sindical clasista.

Sin lugar a ninguna duda, la carestía de la vida o el salario insuficiente es el problema que más aprieta a los asalariados y a sus familiares. Ni uno, ni dos, ni cinco salarios mínimos son suficientes. Entonces, ¿qué futuro nos depara la pregunta qué hacer si no se crean los mecanismos de controlar los precios?. Situación está, condimentada por otros factores que estresan y enardecen como la del transporte público, convertido en estos últimos meses en un enorme caos; o si tienes auto propio, enfrentar muchas horas de fila para surtirse de gasolina; Llegas a tu casa y descubrir que no hay gas para encender la cocina, o que no hay energía eléctrica por corte programado u avería en el servicio. Para cerrar con broche, no de oro, siguen imperando niveles de inseguridad muy alto.

Ya han dejado de ser moleculares las protestas y movilizaciones de los trabajadores. En muchas de estas acciones se cuelan zorros y camaleones que buscan réditos políticos antigobierno más las luchas de las justas reivindicaciones de los trabajadores y las comunidades. Lo que hay a subrayar en el caso, es que estas mobilizaciones se empiezan a hacer en contra de la voluntad, no sólo del patrón y del gobierno, sino fuera y en contra de la CSBT. Esta central prefiere jugar otro papel. Para esta dirección política y sindical, importa poco hasta lo que haya dicho Chávez: “…. La clase obrera debe tener sus propios lineamientos, su independencia de acción, de crítica al gobierno, a su propio gobierno, un gobierno que cada día debe ser más obrero, más comprometido y más conformado por obreros, por trabajadores, por trabajadoras,” (Hugo Chávez).

Entonces quedan dos opciones. Por una parte, promover y acompañar las movilizaciones por el control de los precios, aumento de salarios y de las tablas salariales; por discusiones de convenciones colectivas y de todo lo que signifique sobrevivir. Y, por la otra, impulsar sin descanso ni desmayo, la lucha por imponer un Estado Comunal y del Trabajo donde las estructura de ese nuevo Estado esté basada en la democracia participativa, donde el ejercicio político esté asumido directamente por el pueblo en sus distintas organizaciones de las comunidades ya existentes y/o por constituirse en lo inmediato.

Esa es la oportunidad de desarrollar una economía de propiedad social endógena. Que impulse lo agroalimentario, facilite la producción química y petroquímica, de la producción de fertilizantes y la industria plástica. Que se asigne, en colectivos, metas con standares ecosostenibles y reimpulse el sector de la construcción, del cemento y maderero que apalanque las ramas metalúrgica, metalmecánica, automotriz y de auto partes. Y que por fin, después de tanto tiempo, hagamos realidad la industrialización aguas abajo de Guayana.

El fin de las políticas progresistas en Argentina (bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner) y el triunfo electoral de Mauricio Macri en diciembre de 2015 abrió un ciclo de protestas y movilización social de carácter defensivo en toda la extensión del territorio nacional, que ya acumula cuatro huelgas nacionales e involucra un amplio espectro de sectores, identidades y corrientes políticas. En numerosas oportunidades las manifestaciones han contabilizado cientos de miles de personas. Los motivos más convocantes han sido la defensa de los salarios, los puestos de trabajo, la legislación laboral y previsional, el desmantelamiento de políticas públicas, sociales, educativas, científicas, culturales y de derechos humanos; el repudio a la represión y violencia de las fuerzas de seguridad.

Las vacilaciones permanentes del gobierno más que delatar debilidad de carácter o falta de determinación, pusieron rápidamente en evidencia que la ciudadanía no acepta pasivamente pagar los costos del nuevo proyecto económico de la derecha. Como señaló Pedro Brieger, la restauración conservadora tiene serias dificultades para consolidarse. Este escrito ensaya una interpretación posible: actualmente se está conformando un amplio y masivo movimiento de oposición a la nueva ofensiva neoliberal en Argentina, que hasta el momento se muestra huérfano de representación partidaria, y cuya capacidad de consolidación plantea muchas preguntas de cara al proceso electoral en ciernes.

Desacople
Paradójicamente, la fuerte oposición a las políticas del actual gobierno no se tradujeron en una disminución de su desempeño electoral. La Alianza Cambiemos venció en dos elecciones nacionales consecutivas, en las presidenciales de 2015 y las legislativas de 2017, que posicionaron al oficialismo como primera minoría parlamentaria en ambas Cámaras.

En diciembre 2017 el amplio rechazo social contra una reforma parcial del sistema previsional marcó un punto de inflexión, el fin de la etapa del consenso amarillo (color que identifica a la coalición electoral de Cambiemos).

En 2018, la legitimidad se encuentra severamente resquebrajada por la agudización de la crisis económica y social, producto de la creciente inflación, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, el crecimiento del desempleo y la caída de los salarios reales. Los medios de comunicación se debaten por estas semanas entre pronósticos de default o hiperinflación, frente a una inminente crisis de endeudamiento y la imposibilidad de cumplir con las pautas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero en Argentina la oposición política se encuentra fragmentada y no está logrando superar las diferencias que permitirían construir una alternativa electoral competitiva, una coalición lo suficientemente ancha como para vencer en las próximas elecciones nacionales de 2019.

Para decirlo rápidamente, coexisten dos lecturas de la coyuntura política. La primera abreva la idea de un campo político saturado por el antagonismo entre macrismo y kirchnerismo, que no admite proyectos alternativos. Esta visión se sostiene en estimaciones de intención de voto para 2019 recabadas en encuestas y exhorta enfáticamente al resto de la oposición a encolumnarse en una opción unitaria para evitar la reelección de Macri. La candidata natural es Cristina Fernández de Kirchner. La segunda lectura observa un campo político dividido en tres tercios, y por tanto un espacio significativo y favorable para el crecimiento de una tercera figura, que logre desmarcarse de las crisis que afectan tanto al progresismo como al neoliberalismo. Varios hombres del peronismo tradicional entre los que se encuentran Sergio Massa, Felipe Solá, Miguel Picheto y Juan Manuel Urtubey ya están compitiendo por ocupar ese espacio, sin lograr ninguno de ellos instalarse con éxito hasta el momento. Mientras tanto, el gobierno usufructúa las tensiones de la oposición y se impone cómodamente en el Congreso.

En notorio contraste, las protestas traducen la vigencia de la “unidad en la acción” tradición de lucha contra las políticas neoliberales que los movimientos populares vienen forjando desde hace al menos cuatro décadas en el país. Se evidencia entonces un desacople entre la dinámica de la movilización social y la construcción de una alternativa político-electoral. Se ganan las calles, pero se pierde en el Congreso. Se articulan los sectores en el plano de la sociedad civil, pero se dividen en el campo político.

Tradiciones y emergentes
Los sindicatos (aunque no todos) son tal vez en la actualidad los principales reservorios de las memorias de las luchas populares. Cuentan además con fuertes estructuras que facilitan un masivo despliegue de imágenes, idearios y consignas heredadas de la generación que enfrentó en las calles a la dictadura militar bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo (1982), e inauguraron un periodo de resistencias al neoliberalismo en la histórica Marcha Federal (1994).

Con ciertas dificultades para concertar la unidad en las cúpulas, entremezclado y desbordante en los conflictos laborales, y disputado por la irrupción de nuevos cuadros dirigentes intermedios que desafían los viejos liderazgos, el movimiento sindical argentino –factor de poder en el país, y uno de los más poderosos en América Latina– está experimentando una profunda reconfiguración. La conducción de las dos confederaciones nacionales, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), se encuentran divididas y practican reagrupamientos cambiantes e inestables.

La caída de la producción industrial, las políticas de precarización laboral, la intervención de sindicatos y la persecución judicial de sus dirigentes, golpean duramente a las organizaciones de la clase trabajadora. El sindicalismo del sector privado de la economía, hegemónico entre 2003 y 2015 gracias a su articulación orgánica con los gobiernos progresistas, está perdiendo de forma acelerada su poder de negociación. Mientras que las políticas de ajuste del gasto público impactan en los trabajadores del estado, y merman su capacidad de interlocución con los poderes públicos. Sin embargo, el movimiento sindical cumple un papel central en la articulación y dinamización de un movimiento de oposición a actuales las políticas liberales, aportando cuantiosos contingentes de activismo.

Asimismo, si intentamos trazar una cartografía sociopolítica post-gobiernos progresistas, una primera aproximación nos permitirá constatar que la trama de lo popular irrumpe con varias novedades en su fisonomía, densidad y clivajes identitarios. Estas novedades dan cuenta de un proceso de acumulación de activos organizativos que reconoce varias vertientes (corriente nacional popular, autonomismo o izquierda trostkista), pero que se encuentra polarizado en su interior en torno a la dicotomía kirchnerismo /antikirchnerismo. No obstante, los principales diques que mantenían físicamente divididos a las izquierdas del kirchnerismo y las corrientes nacional-populares se han ido erosionando en los últimos tres años. Las convocatorias conjuntas en la protesta tanto social como laboral, y el feminismo han tendido puentes de comunicación entre corrientes políticas que hasta 2015 habían permanecido fuertemente enfrentadas.

Pero además dejan ver con nitidez la emergencia de dos novedosos movimientos de masas. En primer lugar el feminismo, de centenaria trayectoria en Argentina, estalla en 2016 con Ni Una Menos en repudio a la ola de femicidios y violencia machista, se consolida en los paros internacionales de mujeres del 8 de marzo de 2017 y 2018, y alcanza su punto más álgido en los meses de julio y agosto de este año con el fallido intento de legalización del aborto. Se caracteriza por una fuerte participación de mujeres jóvenes y adolescentes, su radicalidad sintetizada en la consigna “Abajo el patriarcado”, su apuesta la reivindicación de la diversidad sexual y el pluralismo, un funcionamiento asambleario, inorgánico y multisectorial, y finalmente por su inscripción en un movimiento global.

En segundo lugar las organizaciones de la economía popular, que se inscriben en la tradición del movimiento piquetero, sin duda gran protagonista de las luchas de fines de los años noventa y de las jornadas de diciembre de 2001. Estas organizaciones han experimentado un crecimiento geométrico desde 2015 hasta la actualidad. Se han ido consolidando y articulando en sucesivos planes de lucha que incluyen grandes movilizaciones, cortes de calles, accesos urbanos y puentes, con ollas populares y acampes. Si bien tienen un fuerte anclaje territorial y se han insertado principalmente las barriadas populares que rodean los principales centros urbanos, buscan organizar y representar al diverso espectro de trabajadores informales y a cuenta propia. Se autoperciben como parte del movimiento obrero, y por este motivo han ido confluyendo en estructuras federativas como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Frente Popular Darío Santillán o Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), algunos pujan por hacerse un lugar en las mesas de las centrales sindicales nacionales o se identifican con la figura del Papa Francisco. Al tiempo que los sindicatos decrecen por la agudización de la crisis, las organizaciones de la economía popular, receptoras de aquellos que ven degradadas sus condiciones de vida y trabajo, se ensanchan.

Crónica breve y déjà vu
Buenos Aires, 24 de octubre de 2018, Congreso Nacional. Se debate en el recinto el proyecto de presupuesto nacional 2019. Prevé un brutal ajuste en el gasto público y un exponencial aumento del pago de servicios de deuda externa, conforme las condiciones del FMI.

La sesión parlamentaria se interrumpe dos veces. Primero por incidentes entre legisladores oficialistas y opositores. Más tarde, debido a la brutal represión que se desató puertas afuera, en las inmediaciones del parlamento. Las fuerzas de seguridad, con pertrechos relucientes, dispersan a los miles de manifestantes con carros hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos. Policías infiltrados y encapuchados cometen desmanes y arrojan piedras. Horas más tarde trasciende que varias decenas de manifestantes han sido detenidos, entre ellos dirigentes sociales y sindicales. Finalmente, en la madrugada del 25 de octubre, el oficialismo logra aprobar en la Cámara Baja el Presupuesto del FMI.

No es la primera vez que una sesión parlamentaria debe interrumpirse. Tampoco es la primera vez que una manifestación popular es reprimida con métodos poco legales. En diciembre de 2017 se vivieron en el mismo escenario dos fatídicas jornadas cuando se debatía una reforma parcial al sistema de jubilaciones. Al igual que con la Ley de Presupuesto, la oposición política no logró vencer al oficialismo en la votación, quedando en evidencia su fragmentación y desarticulación. La escalada represiva y la indiferencia de los legisladores que aprobaron la reforma a pesar del fuerte rechazo social que concitaba, fue ampliamente repudiada por la ciudadanía. Esa noche se realizaron cacerolazos espontáneos en todo el país. Lejos del “que se vayan todos” de los cacerolazos del 2001, la consigna más escuchada esta vez fue, curiosamente, “unidad de los trabajadores”.

Una alternativa política capaz de revertir la restauración conservadora en curso en Argentina será posible en la medida que funcione como catalizadora de las tradiciones y emergentes que desde 2015 configuran el campo popular y logre conjurar su polarización interna. No alcanza con invocar al pueblo, e incorporarlo como masa contemplativa, convidado de piedra. La tarea reclama una sincera democratización que garantice la participación efectiva de los viejos y nuevos sujetos colectivos en la elaboración programática y en la arena política.

Latinoamérica sigue siendo el continente de más turbulencias políticas en el mundo, porque es el escenario de las peleas más abiertas entre el neoliberalismo y el antineoliberalismo. Porque fue el único continente donde surgieron gobiernos antineoliberales, gobiernos de gran éxito, que han disminuido significativamente las desigualdades en el continente más desigual del mundo, mientras el neoliberalismo ampliaba las desigualdades en otras regiones del mundo.

Porque fue el continente donde han surgido los principales líderes de la izquierda en el siglo XXI, entre ellos Hugo Chávez, Lula, Néstor y Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Evo Morales y Rafael Correa. Porque es la única región que alcanzó a construir procesos de integración regional alternativos a los tratados de libre comercio con los EEUU.

Por todo ello Latinoamérica fue y sigue siendo el continente de más enfrentamientos, donde varios de los mismos gobernantes que lideraron los proyectos de superación del neoliberalismo son atacados furiosamente por la derecha, no con contraposición de propuestas de gobiernos, sino con su criminalización, con procesos en contra de ellos, con condenas y con prisión. Procedimientos que se han vuelto necesarios para que la derecha vuelva al gobierno y pueda retomar el modelo neoliberal, modelo fracasado y que ha producido tantos resultados negativos para nuestros pueblos, nuestros países, nuestras democracias, nuestra soberanía.

Es donde se concentra, por todo ello, la nueva estrategia imperialista, la guerra híbrida, que combina la judicialización de la política, con sus mecanismos de “lawfare”, con la guerra mediática, con las “fakenews” difundidas por robots, para impedir la libre expresión de la ciudadanía a través de las elecciones. Como resultado, la criminalización de los principales liderazgos populares del continente, entre ellos Lula, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Jaime Petro.

Donde no hay riesgo para el modelo neoliberal, hay relativa estabilidad política. Se suceden distintos partidos que preservan ese modelo solamente con matices distintos. Donde no hay liderazgos que desafían los intereses del capital financiero, donde no ponen en práctica políticas que enfrentan a las desigualdades sociales y no hay turbulencias políticas.

Porque Latinoamérica ha tenido los principales gobiernos de este siglo, es también el continente donde se concentra la contraofensiva conservadora. Por ello Lula está preso, se amenaza con lo mismo a Cristina, Rafael Correa se ve obligado a pedir asilo en Bélgica y se intentar quitar el mandato a Petro e impedir que vuelva a ser candidato a la presidencia de Colombia.

Los gobiernos de derecha no logran estabilizar los países donde han vuelto a gobernar, ni Macri en Argentina, ni Temer en Brasil. De Piñera y de Duque tampoco se puede esperar gobiernos estables, con gran apoyo popular y de largo aliento. El gobierno de Perú ya es un gobierno inestable, con sustitución de presidente elegido.

Latinoamérica es el continente donde la lucha de clases encuentra su auge en el mundo. Porque aun cuando es derrotada la izquierda mantiene la capacidad de resistencia y de liderar el movimiento popular en la lucha por sus intereses. Por ello es que Latinoamérica seguirá siendo una región de turbulencias. Es donde siguen dándose las más grandes disputas entre derecha e izquierda, entre fuerzas neoliberales y antineoliberales.

¿Cómo será Brasil, si al mejor presidente de su historia no se le permitió ser reelegido en primera vuelta y, en su lugar, está un político de extrema derecha, que se valió de todo tipo de ilegalidades para ganar? ¿Qué grado de legitimidad tendrá su gobierno, qué grado de estabilidad podría tener un gobierno encabezado por alguien desequilibrado, que cree que puede hacer lo que le da la gana? Brasil no será un país estable, ni de paz social, ni de prestigio internacional.

¿Cómo Argentina podrá decidir su futuro el próximo año, si se pretende quitar la posibilidad a Cristina de ser candidata?¿Cómo se podrá recuperar Ecuador de sus crisis actual sin contar con Rafael Correa, el mejor presidente que el país ha tenido? ¿Qué será de la democracia colombiana, si el principal líder opositor es inhabilitado para ser candidato?

¿Qué será de América Latina si siguen gobiernos que profundizan la recesión y el desempleo, a la vez que la guerra híbrida trata de impedir que gobiernos que pueden retomar el crecimiento económico con distribución de renta, vuelvan a dirigir a los países?

Es un futuro abierto. El modelo neoliberal condena a los gobiernos de derecha al fracaso. Los gobiernos de izquierda tendrán que superar la nueva estrategia del imperialismo, encontrar las formas de enfrentar la judicialización de la política y el uso de la Internet de forma terrorista. Después de una primera década del siglo XXI positiva, Latinoamérica se enfrenta a una segunda década de duros enfrentamientos entre derecha e izquierda. Como llegará el continente a fines de esta década es todavía una vía abierta.

En abril de 2006 escribí un artículo para la revista Italianieuropei-bimestrale del reformismo italiano, denominado La questione democratica, una questione per la sinistra. En él discurrí sobre el “frondoso árbol de la democracia” y sostuve que esta estaba siendo corroída por dentro. Hoy, sin embargo, esta dañada por fuera y por dentro, dado que «sus raíces están abaladas (…) por poderes ajenos a las instituciones más importantes, que emergen a su sombra. En una época de más guerras de conquista, híper-manipulación de la información en la esfera pública formando masas pasivas de ciudadanos como ‘espectadores’ de opiniones, casi siempre convergentes en la gran media. Son centenares de millones ajenos a la sociedad del conocimiento, a la cultura, a los bienes del mercado, a la información exenta; (y) ellos más “padecen” la democracia, que gozan de sus conquistas materiales y culturales.” [1]

Recuerdo el texto porque tiene actualidad en el momento en que, como dijo Habermas, «la sobredosis de la comunicación hace creer que los intelectuales parecen morir sofocados ante el desborde de este elemento vivificador, como si se le hubiese administrado en sobredosis. La bendición parece transformarse en maldición. Las razones para esto -prosigue- me parecen ser una informalización de la esfera pública y una indiferenciación de los correspondientes papeles. La utilización de internet simultáneamente amplió y fragmentó los nexos de comunicación. Por eso internet produce (…) un efecto subversivo, en regímenes que dispensan un tratamiento autoritario a la esfera pública.” [2]

Su efecto subversivo, no obstante, no se da solamente bajo los regímenes «autoritarios». El más dañino es el proceso que él vislumbra para los regímenes de democracia plena o en construcción de su plenitud que van -paulatinamente- flexionando a sus instituciones del molde al que se ajustan -substituyendo la fuerza normativa creada por la política y por los partidos apoyados en la Constitución- por la fuerza normativa de lo “fáctico”. Orientado por las necesidades del capitalismo financiero, en todos los niveles de la vida común, el sentido democrático de la existencia, en el capitalismo bajo la tutela del dinero virtual y de las especulaciones con las monedas débiles, parece oscurecer las conquistas de las luces y disolver la vida entera de los individuos en el servilismo del mercado sin alma.

La victoria de Manuel López Obrador en México, en medio de una crisis social endémica y con una seguridad pública con niveles de precariedad alarmante -en un continente en el que las experiencias de gobiernos de centro-izquierda han sido derrotas o vaciadas-, coloca a su futuro gobierno en el centro de la “cuestión democrática” en América Latina. Del curso que escoja el gobierno de Obrador serán abiertos los nuevos afluentes que irrigarán la recuperación de nuestros patrones democráticos y sociales de gobernabilidad “por la izquierda”. O sellaran -por un largo periodo- los métodos y soluciones liberal-rentistas, que se han mostrado impotentes para rescatar las promesas del Estado Social de Derecho y promover la implementación de sus deberes fundamentales.

La realidad financiera y geopolítica mundial, con la victoria política y económica del capitalismo sobre las experiencias del socialismos real, ya demostró que los países que no están en el centro orgánico del sistema del capital no tienen espacios amplios de opción para decidir “cómo”, dentro del régimen democrático heredado de las “Luces” (Estado de Derecho flexible a la legalidad del mercado, elecciones periódicas bajo el impacto del poder económico, posibilidades de comunicación desigual frente a los oligopolios mediáticos), crearan sus espacios de decisión sobre las economías reales. Las normas de los regímenes democráticos actuales, con sus surtos de “excepción” periódicos, son hostiles a las reformas de carácter distributivo y a la promoción del desarrollo con justicia social. Reconocer la “legalidad” material del mercado como fuerza superior a la fuerza normativa de las constituciones formales -que apuntan a la cohesión social y a la promoción de niveles mínimos de igualdad- es una decisión voluntaria (o forzada) de las élites dirigentes del continente.

El nacional-desarrollismo clásico y el social-democratismo contractual de la 2ª revolución industrial ya no tienen condiciones de ofrecer estas respuestas, si es que en algún momento las tuvo. En las condiciones de la América Latina colonial-imperial la necesidad de adaptarse a la globalización financiera se volvió casi una fatalidad y lo que se discute -en realidad- en el campo de la izquierda, que prefiere ampararse en las “reglas del juego” para no dislocarse en tentativas de revolución sin futuro, es cual es la mejor posibilidad para salvar una democracia que proteja niveles máximos de cohesión social y limite los niveles máximos de desigualdad.

Se trata, en realidad, de la creación de un “estado del arte” democrático donde las fuerzas políticas interesadas en re-pactar el contrato social inclusivo del Estado Social consoliden: a) una estabilidad sustentada en principios e intereses que puedan bloquear el neofascismo emergente y/o el ultra-liberalismo destructivo de la idea de nación; y b) un nuevo estadio de comunicación material con la globalización financiera por medio de la obtención de un sistema de cooperación y autodeterminación con soberanía, considerando la diversidad de puntos, tanto de apoyo como de conflictos, en el actual orden mundial.

La multipolaridad política en el mundo, engendrada por el capitalismo financiero global, creó, al mismo tiempo, sistemas regionales que son concurrentes y unitarios, los cuales al mismo tiempo que constituyen y refuerzan nuevos polos políticos, unifican financieramente al mundo de forma desigual. Las diversas políticas liberales de desarrollo, neo-socialdemócratas, populistas distributivas o incluso formalmente “socialistas” son creadas y disueltas en este nuevo orden mundial y ninguna de ellas se consigue estabilizar -ni siquiera por un cierto tiempo- sin algún tipo de regulación concertada o conflictiva con el sistema financiero global.

Esta regulación concertada enseguida estimulada un nuevo “concierto” (en el mismo o en otro gobierno) para un nuevo punto de estabilidad, prontamente puesto en “jaque”. Y este punto crítico reiterado por las votaciones presupuestarias, por la no ejecución del presupuesto, por la frustración con la eliminación de ciertas políticas públicas de protección social o distributivas, reconduce a un nuevo endeudamiento: de ahí viene una nueva crisis y una nueva extorsión de los recursos por la atenta y reiterada especulación con la deuda pública.

Si tuviera que señalar de dónde vienen, al lago de su gran éxito, las mayores debilidades del gobierno Lula -dos gobiernos exitosos y altamente politizados- diría que vienen, primeramente, de la fatalidad histórica vivida por una centro-izquierda que llegó al gobierno en una época de desmantelamiento tanto de la socialdemocracia como de las retaguardias alternativas al orden económico mundial vigente; y, en segundo lugar, de la debilidad comprensible de los dirigentes de esta experiencia -todos nosotros- que no supimos que los límites programáticos “reales” de nuestros gobiernos no deberían vincularse a la “bravata” irrealista de que “no vamos a conciliar con los mercados (lo que rápidamente hicimos al llegar al gobierno), sino que debería estar en la afirmación de que la cooperación interdependiente con soberanía solo se realizaría con un programa factible y transparente.

Este gobierno debería decir a todos, incluyendo a los mercados, los verdaderos contornos de su proyecto, que si no tenía las condiciones de enfrentar y derrotar el orden mundial capitalista podría convivir con él sostenido por una concertación política interna que mostrase “quien pierde” y “quien gana” con un proyecto de nación democrática y social. Posiblemente la metáfora histórica mas probable fuese la siguiente: una NEP democrática y social posible, para no caer en un arrebato estilo Varoufákis que solo podría tener éxito si el capital financiero estuviese de acuerdo, previamente, en sacrificar sus lucros exorbitantes.

Estos son los temas con los que López Obrador -con maestría y osadía- tendrá que lidiar si no quiere ser substituido por un gobierno conservador de centro-derecha demagógico o incluso del fascismo emergente con sus soluciones “finales” -en la política y la economía- que igual son implacables en un continente todavía ocupado por el hambre y por la miseria como son violentes y profundamente deshumanos.

[1] La rivista – Italianieuropei – Bimestrale del reformismo Italiano, 4/2006, pag. 197.
[2] HABERMAS, Jürgen. “O caos da esfera pública”. In: jornal Folha de São Paulo, Caderno Mais!, 13/08/2006. pp. 4/5.

La utilización de casos de corrupción para deponer y evitar que gobiernen los partidos y presidentes progresistas en América Latina tiene larga data y en Argentina comienza con el golpe a Hipólito Yrigoyen el 6 de setiembre de 1930, quien fue depuesto bajo argumentos de corrupción que lo involucraban. Cabe observar, que Yrigoyen murió pobre y con el tiempo se comprobó que las acusaciones habían sido infundados.

Más allá de que puedan existir casos reales de corrupción, hoy su impacto mediático multiplica varias veces su peso real en la sociedad y en la economía. Particularmente, los casos de corrupción pública, o el lado público de los casos de corrupción que involucran tanto a funcionarios como a grandes empresas.

Según un estudio de Raymond Baker del año 2005, “El talón de Aquiles del capitalismo”, la corrupción sería el problema de menor tamaño de los 3 que motivan flujos financieros ilícitos entre países (siendo los otros dos, los hechos criminales, y los vinculados al comercio). El problema de la corrupción representaría menos del 5% de los flujos financieros ilícitos a nivel mundial. Entonces, quizá cabría pensar de qué hablamos cuando hablamos de corrupción.

El problema más importante entre los flujos financieros ilícitos (con un impacto de más del 62%) sería el del comercio mundial: el contrabando, la subfacturación y sobrefacturación de exportaciones e importaciones, la utilización de servicios intragrupo, endeudamiento privado, pagos de regalías y pagos de dividendos para mover dinero entre países, sin pagar impuestos en ningún país, ocultando el origen del dinero y el destino de las autoridades fiscales y de lucha contra el lavado de dinero de los diversos países donde tienen actividades económicas las empresas.

En este tipo de flujos financieros ilícitos tienen un rol preponderante las multinacionales y quienes actúan como promotores y facilitadores del lavado de dinero, la elusión y la evasión fiscal: los bancos, y los asesores legales y fiscales.

Jorge Gaggero, Magdalena Rua y Alejandro Gaggero estimaron desde el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFID-AR) que el total de activos de los argentinos que habrían salido del país entre 1991 y 2012 alcanzaba los 380 mil millones de dólares.

En el caso de Brasil, Global Financial Integrity estima, utilizando una metodología distinta, que los flujos que habrían salido del país entre 1960 y 2012 excederían los 400 mil millones de dólares.

Actualmente, los datos oficiales del gobierno argentino estiman que se habría duplicado la fuga de capitales en el primer semestre de 2018 respecto de igual período del año anterior, en un contexto de libre movilidad de capitales acompañado de alta inestabilidad económica.

Por otra parte según datos recientemente publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la deuda externa bruta (pública y privada) ha aumentado en los países de América Latina y el Caribe pasando de 834 mil millones de dólares en 2009 a 1.495 billones en 2016. Esta relación entre ciclos de endeudamiento y fuga de capitales no es casual, y ya ha sido resaltada por economistas como Eduardo Basualdo.

El reciente acuerdo de Argentina con el FMI por un monto de 56 mil millones de dólares (los cuales en el actual contexto de libre movilidad de capitales no tardarán en convertirse en fuga de capitales), no se incluyen en la anterior estimación.

El gobierno de Argentina que asumió en diciembre de 2015, liberalizó las restricciones a la movilidad de capitales, eliminó o redujo las tarifas a las exportaciones, redujo la tasa de impuesto a las ganancias, e impulsa una reforma laboral que apunta a flexibilizar y precarizar las condiciones de trabajo con el consabido argumento de que ello atraerá más inversiones, una frase que se escucha también de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que hoy tiene sus oficinas en Argentina dentro del Banco Central de la República Argentina.

En Brasil, el gobierno de facto de Temer logró que se aprobara una reforma laboral en 2017 que pone en un segundo plano las negociaciones colectivas, es decir, debilitando el rol de los sindicatos; y aumenta la jornada laboral a 12 horas, entre otras cosas.

En otro orden de cosas, Argentina ha dado varios pasos por acercarse a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en particular en lo referido a la implementación de los estándares mínimos y algunos más, del Plan de Acción BEPS de la OCDE/G20, aún a costa de eliminar secciones de la ley de impuesto a las ganancias de la Argentina que eran más efectivas para la lucha contra la evasión y la elusión que las sugeridas por el club de países ricos, como el 6to método para la valoración de los commodities exportados.

En la región, Chile y México ya pertenecen a la OCDE, mientras que Colombia y Costa Rica están en proceso de adhesión; y Brasil, Perú y Argentina se encuentran en distintos niveles de cooperación e implementación de programas.

En el caso de que Brasil termine por convertirse en miembro de la OCDE, es posible que deba resignar la posición que ha tenido hasta ahora en materia de lucha contra la evasión y elusión fiscal, ya que de la misma manera que China e India, Brasil se ha caracterizado por sostener alternativas más simples y efectivas que las sugeridas por la OCDE (un organismo que ha sido denunciado en diversas ocasiones por la influencia que ejerce en sus recomendaciones la Cámara Internacional de Comercio).

Por otra parte, en Argentina, los economistas del establishment local debaten si ir hacia una dolarización o volver a una convertibilidad como la que existió entre 1991 y 2001 (y que terminó en la debacle económica). A nivel regional, no sería el único país en seguir esta línea, ya que Ecuador dolarizó su economía en el año 2000.

Finalmente, diversos tratados de libre comercio con Estados Unidos o con la Unión Europea ya atan las relaciones comerciales de distintos países de la región, y el Mercosur se encuentra cada vez más cerca de cerrar un tratado de libre comercio con la Unión Europea (la reciente victoria de Jair Messias Boslonaro en Brasil, quien parecería estar interesado en profundizar las políticas neoliberales en Brasil, haría suponer que se eliminaran todas las trabas para concretar dicho acuerdo).

Por lo tanto, cabe pensar que, tal como ocurrió durante periodos anteriores de financierización (en la década del ‘70) y de introducción de políticas neoliberales en la región (como las de la década del ’90), quienes se encuentran moviendo los hilos para volver a consolidar políticas cercanas a sus intereses son las multinacionales; ya que ellas, y las oligarquías latinoamericanas (muchas veces cercanas a las primeras) son las primeras beneficiarias de este giro en la política de la región.

Ya en el 2013 comenzó un intercambio de opiniones entre analistas e intelectuales comprometidos con los procesos progresistas acerca de si era posible una reversión de los mismos. Estos debates se incrementaron desde el 2016 y se pasó a discutir si estábamos frente a un fin de de ciclo. Ahora lo que se discute es el avance de las derechas y el cambio de clima político. Sin dudas hay una involución en la región, es la respuesta a la pregunta que nos hace el Espacio-Público.com para iniciar el intercambio.

1. América latina ha sido la región donde mayores resistencias se opusieron al neoliberalismo y de donde surgieron alternativas políticas y sociales que en varios países dieron origen a los gobiernos progresistas. Claro está que esta denominación es un genérico porque hay diferencias entre estos gobiernos. De una u otra manera todos se inscribieron en el neodesarrollismo pero algunos con una impronta mucho más socio-liberal (Brasil, Uruguay) y otros con una mayor presencia estatal (Venezuela, Ecuador, Argentina), en tanto que otros para el logro de sus reformas avanzaron en rupturas parciales con el imperialismo y en un discurso y ciertas prácticas orientadas al anticapitalismo (Bolivia, Venezuela).

En la llamada década larga la mayoría de estos gobiernos se beneficiaron ampliamente de los nuevos términos del intercambio favorables a los países productores de materias primas. Contaron así con recursos para expandir la acción del Estado y hacer políticas sociales activas con avances importantes en lo social y en el manejo de las principales variables económicas, así como han buscado posicionamientos autónomos en el plano internacional. Lograron reducir los índices de pobreza aunque la región sigue siendo la más desigual del planeta. En general el ascenso en las condiciones más elementales de vida no fue acompañado por un rápido acceso a los servicios esenciales –salud, educación, comunicaciones, vivienda- lo que generó tensiones de nuevo tipo.

El desarrollismo de los años ’60 del siglo pasado estaba más centrado en el desarrollo de las fuerzas productivas al interior de los Estados-nación, por el contrario el neodesarrollismo de los últimos 15 años necesitaba de la integración de ahí los esfuerzos por construir organismos como la UNASUR y la CELAC (que por primera vez excluían la participación de EEUU y Canadá) o el ALBA (que aún en muy pequeña escala mostró que otra forma de comerciar y de relacionarse eran posibles). La relación con los BRICS y jugar en el marco de la multipolaridad son también muestras de la búsqueda de autonomía ya señalada. Todo quedó a mitad de camino, por no hablar de las frustradas iniciativas del Banco del Sur, Petrosur o la moneda única, entre otros. Sin embargo son experiencias que no deben dejarse caer en el vacío.

De conjunto puede decirse que modificaron la relación de fuerzas sociales pero no lograron modificar el patrón de acumulación y la inserción subordinada al mercado mundial, ni distribuir la riqueza. Así el extractivismo y la primarización crecieron, mientras descendía la manufactura. “Si en 1998 todos tenían al menos el 15 por ciento de su PBI explicado por la industria, en 2012 solo quedaba Argentina superando ese porcentual”. (Le Monde Diplomatique, Mayo/junio 2014). En 2018 ese porcentaje también es menor en Argentina.

2. Sea por la situación económica, por las maniobras desestabilizadoras de EEUU, por los intentos re-reeleccionarios, por las corruptelas o por las prácticas desmovilizadoras, el consenso policlasista que les permitió lograr cierta hegemonía se quebró y los gobiernos terminaron apoyándose en el clientelismo y el electoralismo para garantizar gobernabilidad.
De conjunto han mostrado que el progresismo al no plantearse un horizonte de superación del capitalismo y quedarse solo en las reformas –con mayor o menor intensidad según los casos- y en una actitud conservadora en cuanto a la autonomía de las masas, encontró allí sus propios límites.

En la actualidad no pareciera existir mucho margen para los progresismos distribucionistas o capitalismos estatales que requieren cierta autonomía de los poderes mundiales, el aire del tiempo ha virado a derecha. Dicho esto no se puede ignorar que tanto en Venezuela como en Bolivia se sigue disputando con el imperialismo y las oligarquías locales espacios de poder y proyectos sociales, incluso el triunfo de López Obrador en México, aún con las limitaciones del caso, puede incluirse como contratendencia. Pero sospecho que cualquiera sea la resolución de estas disputas ya nada será igual a lo que pudo haber sido.

3. Casi dos décadas después del surgimiento del ciclo progresista la derecha se muestra a la ofensiva y dispuesta a recuperar el poder político perdido. Todo inició en 2011 con el nacimiento de la Alianza para el Pacífico; los golpes en Honduras y Paraguay; el triunfo parlamentario de la derecha en Venezuela; la pérdida del referéndum por la re-reelección en Bolivia y el golpe jurídico/institucional en Brasil, y todo lo que vino después en la región y especialmente en Venezuela. Por la vía electoral llegaron al gobierno Macri en Argentina, Piñera en Chile, Duque en Colombia y ahora Bolsonaro en Brasil. No hay dudas que EEUU ha jugado sus fichas en cada caso, al fin de cuentas la región sigue siendo su “patio trasero”, que ve disputado por Rusia y sobre todo por China, que ya tiene firmadas “Asociaciones Estratégicas Integrales” con ocho países. Las inversiones chinas en la región alcanzan a los 200.000 millones de dólares, mayoritariamente concentradas en Perú, Brasil y Argentina.

4. Este proceso no es ajeno a lo que está pasando en el mundo. La consolidación de nuevos centros capitalistas (China, Rusia, India); la llegada de Donald Trump a la presidencia de los EEUU; el Brexit en Inglaterra; el avance de las derechas neofascistas en Europa, son síntomas de que tanto los equilibrios geopolíticos como el orden estatal construidos a la salida de la 2da. Guerra Mundial bajo la hegemonía de los EEUU están en crisis y ya no alcanzan a contener la contradicción estructural -histórica pero exacerbada en la globalización- entre la mundialización de la acumulación y su territorialización estatal.

Estas contradicciones y tendencias se expresan también en América latina, por otra parte territorio en disputa interimperialista como se señaló más arriba. En este contexto las derechas que han alcanzado el poder político en varios países se dedican más, como bien señala Pedro Brieger, a desarmar los logros del período anterior, que a proyectar algún futuro. Es que los proyectos neoliberales encuentran serias dificultades para relanzar el proceso de acumulación y reproducción de capitales en una perspectiva de largo plazo. Necesitan del ingreso de capitales, pero hoy el crecimiento de la economía de EEUU y la reforma tributaria de la administración Trump hacen que el flujo de fondos se revierta sobre el país del norte y la IED en nuestros países es mínima y focalizada en nichos de alta productividad (Según la UNCTAD los flujos de inversión cayeron un 41% en el primer semestre de año, la causa principal son “las repatriaciones de las sedes centrales de las compañías estadounidenses de los ingresos acumulados en el exterior por sus subsidiarias, tras las reformas fiscales en EEUU”). Así los proyectos quedan atrapados por las contradicciones de la coyuntura, con la particularidad que la década larga progresista dejó un piso de derechos sociales y democráticos que los trabajadores y los sectores populares no parecen estar dispuestos a ceder sin pelea. Nada garantiza que los proyectos neoliberales se consoliden.

5. El reciente triunfo del fascista Jair Bolsonaro en las presidenciales de Brasil consolida la tendencia regresiva y agrega nuevos elementos a analizar en una coyuntura por demás crítica para nuestra América latina (algunos comentarios he avanzado en mis “Notas sobre el proto-fascismo en Brasil”, publicado semanas atrás en el portal de Viento Sur). Los ataques a los militantes del PT, a las personas negras y LGTTQ… a las feministas. Las amenazas de cárcel o exilio para los “rojos”, son muestras de que aunque hubiera ganado Haddad la situación política había cambiado y que para los militantes de izquierda y progresistas en general se les hará difícil la vida de aquí en más y que necesitarán de toda la solidaridad internacional.

Bolsonaro es un fascista pero eso no implica que mecánicamente pueda instalar un régimen fascista. Tiene que trasformar el apoyo electoral en un movimiento nacional con un programa y bases sólidas. La amenaza de estos días de desatar una guerra contra Venezuela –para lo que contaría con el apoyo de la administración Trump en EEUU- aún cuando fuera meramente declarativo busca darle consistencia a ese movimiento, no obstante tiene muchas contradicciones para resolver.

Todo indica que el nuevo gobierno combinará una política regresiva en lo social-político, y neoliberal en economía pero todo estará sometido a fuertes tensiones y contradicciones y se verá cómo evoluciona la relación entre dichos y hechos concretos. El peso social, político, económico y territorial del país frente a la debilidad de los liderazgos regionales y el estancamiento de los procesos integradores, empujará a Brasil a recuperar centralidad en la región y a ser el interlocutor válido frente a los EEUU, lo que puede modificar seriamente la geopolítica de la región. Bolsonaro ya ha anunciado una “Cumbre liberal-conservadora” destinada a reunir a líderes y grupos de derecha para discutir políticas para la región.

Un párrafo aparte merece el peso político que han tomado los evangélicos en la región (en especial los pentecostales), no solo en Brasil donde han sido decisivos en el apoyo a Bolsonaro, sino también en Chile, en Costa Rica, en Colombia y en Guatemala, donde han colocado al actual presidente. En Argentina se estima que entre el 10 y 12% de la población profesa el culto evangélico, tienen una fuerte inserción entre los pobres de donde han desplazado a la iglesia católica. Han mostrado todo su poder de movilización en la reciente lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, y desde entonces han tomado una actitud mucho más agresiva, incluso contra la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. En un país donde la tasa de embarazo de niñas y adolescentes es de las más elevadas de América latina.

6. La posible recuperación de la economía brasileña genera expectativas en Argentina cuando el gobierno Macri atraviesa una crisis que lo ha llevado al FMI a solicitar el préstamo más grande concedido por el organismo en toda su historia (56.300 millones de dólares, de los que el 88% llegará en los próximos doce meses. Esta crisis es resultado de tendencias mundiales descriptas precedentemente y por el otro por problemas propios. Se trata de una crisis económico-financiera y política. El primer término de esta ecuación combina un nuevo eslabón en el largo encadenamiento de crisis producto de los límites estructurales del capitalismo nacional -límites que ninguna fracción burguesa pudo superar- con una vulnerabilidad extrema ante los cambios mundiales exacerbada por las políticas pro-mercado del gobierno Macri.

Para las concepciones neoclásicas bajo su forma neoliberal, en las que se sustenta el gobierno, en lo económico el mercado es el mejor asignado de recursos –por eso no hay plan de largo plazo- y en lo social es la medida de valor de todos los valores –por eso la individuación, la meritocracia y el emprendedurismo, es que para ellos el mercado es el regulador de las relaciones económico-sociales. Así la política queda reducida a su mínima expresión, agravada en este caso porque los principales funcionarios provienen del empresariado, especialmente del sector financiero y no tienen la menor idea del manejo de los asuntos del Estado

Provisoriamente podemos pensar que en estos términos el ciclo macrista está terminado, su razón de ser ha quedado prisionera del ajuste, no queda nada de su relato fundacional, de la nueva política, de un futuro promisorio. Lo que no necesariamente signifique una próxima derrota electoral. La nueva situación en el principal socio comercial de Argentina agregará nuevas tensiones y el MERCOSUR estará en la discusión.

7. Producto de la combinación de una economía mundial que marcha al estancamiento de largo plazo y de la recomposición de las derechas surge un nuevo escenario, el clima de época ha cambiado radicalmente y no para mejor. El futuro de nuestra región está en disputa en condiciones muy difíciles

Nos encontramos entonces en un momento bisagra en que vuelve el enfrentamiento abierto con el neoliberalismo. A diferencia de los ’90 hoy es posible y necesario darle a ese enfrentamiento una perspectiva anticapitalista e internacionalista.

El artículo de Pedro Brieger, Involución en América Latina, me hizo pensar en un caso que encuentro muy familiar. Mi país, Uruguay.

Esta pequeña república, de casi tres millones y medio de habitantes, destaca en una región donde la democracia está amenazada por un nacionalismo exacerbado, corrupción política y conservadurismo. En 2016 The Economist colocó a Uruguay entre las veinte “democracias plenas” en su índice de democracia mundial, siendo el único país de Latinoamérica en ocupar los primeros lugares.

Dentro del auge de la derecha en el continente, con la victoria de Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile e Iván Duque en Colombia; y una izquierda con déficit democrático en Nicaragua y Venezuela, Uruguay parece ser una de las izquierdas más exitosas de la región por conservar políticas “neoliberales” y mantener su vocación social.

En julio de este año, durante el Foro de São Paulo, encuentro de los países de izquierda de la región, Uruguay dejó clara su postura sobre los regímenes autoritarios latinoamericanos mientras se leía una declaración que apoyaba al gobierno de Venezuela y Nicaragua, alegando que las violaciones de derechos humanos y los actos de barbarie que ocurren desde abril en el país centroamericano son responsabilidad de la derecha golpista nicaragüense. El Presidente del Frente Amplio en Uruguay, Javier Miranda, sostuvo que la declaración realizada por el Foro São Paulo no refleja lo que su partido piensa sobre la crisis social y política que vive Nicaragua. “Es una declaración injusta, inadecuada, y en la medida que el Foro tiene representantes del Frente Amplio, quiero desmarcarnos de esa posición”, afirmó Miranda.

Uruguay es un país laico, característica que lo distingue de la mayoría de los países de Latinoamérica y que enorgullece a gran parte de su población. En 2012, se convirtió en el segundo país de América Latina (además de Cuba) en aprobar la ley de aborto. La implementación de la ley de la venta de marihuana en todo su territorio en 2017, proposición del ex presidente José Mujica, fue un logro sin precedentes. Posicionó a Uruguay en la vanguardia por ser el primer país sudamericano en permitir la compra de marihuana en farmacias.

Por último, y no menos importante, este mes se aprobó la Ley Integral para personas Trans, que promueve medidas para combatir la discriminación y avanzar en la garantía de sus derechos. Iniciativa que lo ha consagrado como uno de los países más avanzados en protección de derechos de las personas LGTBI. Estas son algunas de las demostraciones de Uruguay por ser uno de los países más democráticos y progresistas de la región y del mundo. Aspectos de los que sin duda podrían aprender algunos países del continente.
Sin embargo, Uruguay está empezando a enfrentar otros problemas. La tasa de homicidios ha crecido un 66,4 por ciento en la primera mitad de 2018 con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior del país. En números generales las cifras no son tan altas en comparación con otros países de América Latina, pero el volumen de crecimiento de los homicidios en Uruguay es preocupante. Mientras en el primer semestre de 2017 se registraron 131 homicidios, en el mismo periodo de este año fueron 218. Estas cifras convierten a Uruguay, teniendo en cuenta su número de habitantes, en uno de los países de América Latina con más asesinatos cada 100.000 personas.

Según el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el 45% de los homicidios fueron consecuencia de enfrentamientos de bandas de narcotráfico por el control de territorio. Aspecto que podría estar relacionado con la legalización de la venta de cannabis, ya que se calcula que desde su implementación han pasado diez millones de dólares a la economía legal de los aproximadamente cuarenta millones que mueve en total el comercio de la marihuana en el país. Lo que generaría mayor disputa entre narcotraficantes por el manejo del mercado negro.

El actual Presidente, Tabaré Vázquez, a pesar mostrar disconformidad con la incitativa antes de su implementación, podría aprovechar esta oportunidad para tomar las riendas del asunto. Si decide destinar presupuestos en seguridad para detener la violencia, podría demostrarles a países como Colombia, Méjico, Brasil y Argentina, que no es necesaria una lucha armada para enfrentar al narcotráfico.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Uruguay se realizarán en octubre de 2019. Queda exactamente un año para que el gobierno de Tabaré Vázquez pueda trabajar la problemática de la seguridad y bajar las tasas de violencia que enfrenta el país. Será un período decisivo para la izquierda en Uruguay, si quiere seguir manteniendo su mandato. Desde ya, partidos políticos de centro derecha están aprovechando para incluir propuestas de seguridad dentro de sus campañas políticas, debido a que la sociedad civil reclama un cambio.

Uruguay, por el momento, es un ejemplo latente de que la corriente progresista aún sigue viva en Latinoamérica. Los próximos doce meses serán determinantes para ver si este pequeño país permanecerá al margen, o si se sumará al impulso de la corriente derecha-conservadora que atraviesa América Latina.

En América Latina asistimos hoy a un retorno voraz del capitalismo salvaje y extractivista. Gobierno neoliberales se han vuelto a instalar en la región buscando desmontar los Estados para quitar derechos y excluir a las mayorías.

El mundo de hoy está dominado por una mirada desde el norte y cimentada en el consenso neoliberal. Los escenarios que se plantean para el futuro de los trabajadores van en dos niveles: menos puestos de trabajo por el avance tecnológico sin la necesaria reconversión y mayor flexibilidad debido a los cambios en los regímenes de trabajo. La urgencia desde las organizaciones sindicales es debatir qué tipo de sociedad del trabajo queremos. Porque los trabajadores sabemos que esta sociedad injusta, dominada por el capital transnacional especulativo nos hará más pobres y nos arrebatará más derechos.

La especulación financiera se está imponiendo de manera grotesca sobre el desarrollo productivo. El neoliberalismo, encarnado en los acuerdos de libre comercio y vehiculizado por los nuevos gobiernos de derecha en la región, pretende privatizar los servicios públicos, achicar el Estado a su mínima expresión y reformar el sistema previsional y laboral. Este movimiento, con todo, es mundial, y por lo tanto las luchas populares deben ser internacionalistas.

En este contexto surge las preguntas sobre cómo, cuándo y por qué se produjo el debilitamiento y caída de las opciones de gobierno calificadas como progresistas en nuestra región. Pregunta por demás compleja y abierta a múltiples interpretaciones, entre las que se pueden desarrollar algunas en forma preliminar y siempre acotada. Veamos.

Existe un amplio consenso respecto a que, con algunos matices en todo caso, desde el inicio del milenio y hasta hace apenas dos o tres años, América Latina protagonizó un ascenso de fuerzas políticas y coaliciones gobernantes que asumieron un rumbo progresista y de ampliación de derechos para las mayorías. Con sus bemoles y de acuerdo a la historia de cada país -factor por demás determinante en el caso por ejemplo de Brasil-, estas fuerzas progresistas o de izquierda obtuvieron y conservaron por un ciclo de aproximadamente diez años un consenso popular.

Pero a menudo la nostalgia de los tiempos pasados y mejores puede nublar un poco el análisis: la mayoría de estos gobiernos progresistas que ascendieron en la región recurrieron a amplias coaliciones de etiquetas partidarias heterogéneas o al menos no pudieron valerse exclusivamente de su propia base partidaria para llegar y mantenerse en el poder. Esto produjo fuertes limitaciones al margen de acción y programa político que intentaron impulsar, sin obstar ello su relevancia histórica en las conquistas de derechos para grandes mayorías.

Si queremos pensar en las causas del retroceso en el apoyo social a estas fuerzas, debemos tener en cuenta un conjunto de variables: la primera de ellas consiste en apelar al realismo político y decir que cualquier partido en el gobierno y cualquier movimiento de masas en el poder que se rija o al menos se encauce dentro de los canales democráticos e institucionales no podrá sostenerse eternamente. El uso y administración del poder político lleva consigo inevitablemente un desgaste. Pero a este desgaste, que podríamos llamar natural, se añade un embate desde los sectores oligárquicos opositores. Frente a ello, las distintas expresiones de gobiernos progresistas en la región escogieron sus alternativas. Algunos optaron por moderar su programa político y económico y convivir con los poderes enquistados en sus sociedades, mientras que otros apostaron por la profundización a veces ciega y solitaria de sus consignas más altisonantes. Cada opción tuvo sus costos y algunos de ellos están claramente frente a nuestros ojos.

En segunda instancia, otro elemento a considerar para analizar el desgaste de las fuerzas progresistas en la última década es la forma en que la ampliación de derechos y el acceso a mejoras económicas en virtud de políticas de incremento del consumo interno no implicaban necesariamente un grado equivalente de compromiso ideológico hacia el gobierno. En otras palabras, las mejoras materiales no generan linealmente fidelidad política. Por el contrario, el voto muchas veces está guiado por las expectativas futuras o por imaginarios más generales, y esto permite explicar por qué el discurso de algunos gobiernos progresistas de la región, enfocados en subrayar la mejora económica de los sectores populares, no logró ser eficiente en batallas electorales decisivas, como muestra por ejemplo el caso argentino en 2015. Es decir, las grandes mayorías que fueron beneficiadas con mejoras socioeconómicas producto de políticas públicas inclusivas no adquirieron conciencia del rol clave del Estado y de las fuerzas políticas que los condujeron a esta mejora.

Más aún, en muchos casos tales mejoras fueron acompañadas en el plano ideológico por una asociación de la idea de inclusión a la capacidad de incrementar los niveles de consumo de los sectores populares, como si el objetivo de dichas políticas fuese igualar los patrones de consumo de estos sectores a los de las clases acomodadas, sin ver que ello resultaba materialmente imposible sin una previa transformación de la estructura económica de nuestros países. Esta idea de inclusión por el consumo fue posible durante el ciclo alcista de los precios de las materias primas que exporta gran parte de los países de la región. Sin embargo, una vez agotado este proceso, la imposibilidad de seguir promoviendo niveles crecientes de consumo por parte de los sectores populares mutó en cuestionamientos hacia los gobiernos progresistas, que a su vez enfrentaban obstáculos estructurales cada vez más importantes.

La pelea por transformar el sentido y las conciencias de las grandes mayorías fue relegada en algunos casos a un segundo plano por las fuerzas políticas progresistas, o bien en otros casos la batalla se disputó con magros resultados. Este derrotero se conjuga y está íntimamente emparentado con lo que sucedió luego en las contiendas electorales en la mayor parte de nuestra región: los más vulnerables optaron por fuerzas políticas que pregonan valores antidemocráticos, conservadores y hasta fascistas y una vez producido el cambio de gobierno, aún cuando en la dimensión socioeconómica han perdido derechos y poder adquisitivo, mayorías de votantes relegan estos factores a un segundo plano y sostienen estas opciones políticas regresivas porque se identifican con alguno de sus lineamientos ideológicos.

Antes de perder las contiendas electorales, las fuerzas progresistas en América Latina perdieron la disputa por el sentido. En este punto es fundamental mirar la relación entre estos gobiernos y los grandes conglomerados de medios de comunicación, así como la situación y postura del poder judicial frente al Ejecutivo. Medios y Poder Judicial cerraron filas para oponerse al discurso y valores democráticos de las fuerzas progresistas porque estas no pudieron o no quisieron avanzar en las reformas profundas necesarias para democratizar el poder que estos detentaban.

A diferencia de las situaciones de Bolivia, Colombia y Venezuela que plantearon la alternativa de ganar las elecciones para luego asumir el poder, y refundar el país mediante una asamblea constituyente, otros gobiernos progresistas en nuestra región optaron por un sistema de convivencia pacífica con los poderes fácticos de sus países. Eso a la larga demostró ser un error estratégico porque puso límites al margen de acción de los gobiernos e incluso derivó en sucesos como los golpes parlamentarios en el caso de Honduras en 2009, Paraguay en 2012 y Brasil en 2016, donde la elite de uno de los poderes del Estado acudió a recursos ilegales o ilegítimos para desmontar procesos de cambio y ampliación de derechos.

Medios masivos de comunicación y poder judicial fueron el trampolín que abrió las puertas a nuevas opciones políticas regresivas y conservadoras, pero en cierta medida tampoco pudieron discriminar que tan regresivas y/o conservadoras fueron esas figuras a las que abrieron la puerta. Ejemplo de ello es Bolsonaro, que más allá de proponer el regreso a un modelo económico neoliberal, encarna un cuestionamiento del propio Estado de Derecho y de los valores democráticos fundamentales cuando predica el odio, la violencia y la intolerancia hacia las minorías. Hoy en Brasil asistimos a la salida de las fuerzas de derecha y centro-derecha del mapa político: aparece una fuerza regresiva que es fascista y no solamente posee núcleos liberales, recordando los peores regímenes fascistas.

Otro ejemplo que ilustra la importancia de iniciativas políticas de cambio y debate profundo como son la Asamblea Constituyente lo brinda la situación vivida en Colombia en 1991. Esta Asamblea permitió introducir reformas progresistas y fue un freno a la perpetuidad de Álvaro Uribe en el poder, que intentó de diversas maneras introducir la reelección indefinida y por eso no pudo volver a ser candidato a presidente. En esta línea de pensamiento se inserta la propuesta que llevó adelante nuestra CTA para establecer una Constituyente Social que discutiera en diferentes lugares del país, a través de asambleas abiertas, las demandas fundamentales de nuestro pueblo y que pudieran plasmarse en cambios constitucionales concretos.

El caso argentino

El capítulo argentino es una muestra de lo que sucedió en toda la región. El proceso de ampliación de derechos e inclusión económica fue impulsado como respuesta al fracaso de las políticas neoliberales de los años ’90 y ya en los primeros años de este siglo contó con un contexto internacional muy favorable. En dicho marco se incluyeron intentos de reformar el Poder Judicial y debilitar el papel protagónico de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, estas reformas fueron tardías y no alcanzaron a ser implementadas, a tal punto que fueron rápidamente desestimadas o desmontadas a posteriori por la falta de solidez institucional que concitaron. Por solo citar un ejemplo, la Ley de Medios en Argentina, orientada a la democratización del acceso y la producción de contenidos audiovisuales, fue derogada por un decreto del presidente Macri a pocos meses de asumir. Y si bien está ley, más allá de las críticas que puedan hacérsele, gozaba de un amplio consenso social y había sido discutida con amplias porciones de la sociedad civil, ello no impidió que fuera abatida rápidamente.

Desde la perspectiva sindical, hemos tenido una mirada crítica sobre el proceso que encabezaron Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina durante doce años de gobierno. Hemos visto abrirse algunas oportunidades de participación y visibilización de la sociedad civil en el desarrollo de la integración regional a nivel por ejemplo del fortalecimiento del MERCOSUR y la creación de la UNASUR. También fuimos protagonistas de la lucha contra la creación del ALCA en el año 2005 en Mar del Plata. Pero nuestra visión y experiencia permitió evidenciar un alcance limitado de la participación de los sindicatos como interlocutores habilitados para debatir y construir política junto a las fuerzas gobernantes. Muchas veces los espacios de participación abiertos fueron más bien testimoniales, y en los hechos la disidencia fue percibida desde el gobierno como una amenaza a acallar, más que como una diferencia a conciliar y debatir.

Tal como sucedió en otros países hermanos de la región, el proceso de transformación de los gobiernos progresistas o posneoliberales fue más retórico que sustancial en la medida en que no buscó alterar la matriz productiva ni fiscal del país, caracterizada por la extranjerización de la economía en manos de grandes empresas transnacionales dedicadas al comercio de commodities, favoreciendo un círculo vicioso que impide avanzar desde la economía basada en bienes primarios hacia el desarrollo industrial soberano. En términos fiscales tampoco se alteró la estructura profundamente regresiva de impuestos que recaen sobre los trabajadores y trabajadoras, los más vulnerables. Mientras tanto, las multinacionales mineras, las corporaciones dedicadas a la agroindustria y el capital financiero especulativo continuaron sus prácticas de elusión y evasión fiscal para saquear nuestros bienes comunes y riquezas.
La falta de cambios profundos a nivel económico, pero también político y de sentido simplificó la tarea para el ascenso de fuerzas políticas regresivas en los años posteriores. Nuestra lucha por el desarrollo soberano basado en una matriz productiva y fiscal sustentable en términos de preservación ambiental y de derechos humanos se mantiene, pero a ella se añade también la pelea en la dimensión política contra el recorte y quita de derechos, la persecución y criminalización de la protesta social y la garantía de derechos democráticos sustanciales.

Mientras tanto los poderes fácticos en articulación con los grandes medios masivos de comunicación y sectores muy importantes del Poder Judicial siguen sin rendir cuentas ante la ciudadanía y conservan su control sobre la estructura productiva de nuestros países y sobre el papel performativo sobre los imaginarios sociales. Esto es un profundo déficit para la democracia y el debate público, y constituye una amenaza a futuro para cualquier propuesta de transformación social.

Sudamérica gira la derecha, pero en Brasil asoma el fascismo

A los giros conservadores en la Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Colombia, se suma el triunfo en primera vuelta en las elecciones de Brasil del ultraderechista Jair Bolsonaro. Este nuevo fenómeno de un candidato racista, sexista, misógino y defensor de las dictaduras militares obtuvo 49 millones de votos.

Bolsonaro lleva como estandarte un discurso de odio en dos sentidos:

1) Odio contra el distinto, el otro, el diferente. Amenaza a los movimientos sindicales y sociales, anuncia que prohibirá su activismo si llega a Presidente y que quitará los derechos sociales adquiridos en una lucha de décadas. A esto se suma ataque a indígenas, negros, mujeres y se complementa con la gravísima apología al Terrorismo de Estado y la tortura, un pasado nefasto para los latinoamericanos, que choca contra nuestro estandarte encarnado en la frase “Nunca Más Dictadura”.

2) Un programa ultraliberal inspirado en el plan económico de la Escuela de Chicago que se implementó durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y que aún hoy la democracia en ese país no pudo desmontar. El plan consiste en convertir al Estado en un ente jibarizado y mendigo. Un mero títere del capital financiero y transnacional que se apoderará de los recursos naturales en un esquema basado en la privatización de todo lo estatal.

Es por eso que los presidentes Mauricio Macri, Sebastián Piñera e Iván Duque enviaron señales de aliento a Bolsonaro y su elección en primera vuelta. No olvidemos que el capital especulativo, el cual no produce riquezas para el pueblo sino para unos pocos, genera a nivel mundial una tasa de ganancia anual promedio del 9%. En tanto que el capital productivo, generador de empleos, infraestructura, bienes y servicios, tiene un promedio del 2,5%, según cifras del propio Banco Mundial.

¿Qué papel tiene el sindicalismo hoy?

El movimiento sindical está en la mira de estos gobiernos conservadores y sus socios transnacionales que vienen a nuestros países a apropiarse y extraer nuestras riquezas sin dejar nada a cambio. Los trabajadores generamos las riquezas y nos dejan las migajas. Amenazan nuestra soberanía y derechos fundamentales.

El mundo de hoy nos exige como trabajadores conformar un bloque de acción e intervención en la arena internacional. Romper la dependencia sobre los centros de poder, generar alianzas entre quienes tenemos realidades similares, e intervenir de manera contundente en las decisiones que marcan el ritmo de las luchas laborales de los trabajadores de la humanidad.

El desafío ante la tercera ola neoliberal es luchar contra las desigualdades que el modelo impone, una lucha que no puede agotarse en el impulso de alternativas político electorales, sino que debe ir más allá al punto de proponer una forma de organización social superadora de la actual. Ello incluye encontrar respuestas de conjunto que permitan cuestionar la hiperconcentración de la riqueza que hay en el mundo y los avances tecnológicos que relegan a los países periféricos ensanchando las desigualdades: pleno empleo con reducción de la jornada laboral sin traumatismo, es decir sin quita salarial. Abordar la Cuarta Revolución Industrial, también llamada Industria 4.0, sin perder derechos ni empleos, sin que los jóvenes y las mujeres sigan siendo la moneda de ajuste.

El capitalismo especulativo nos ofrece un mundo de felicidad y confort para el 1%, pero el 99% restante exigimos un mundo real. Es un crimen que una madre o padre no puedan dar de comer o llevar a su hijo a la escuela o a un hospital; es un crimen que hombres y mujeres no tengan empleo digno, que cuenten centavo a centavo para llegar a fin de mes. La especulación financiera es un delito que el sistema avala para excluir mediante el odio a la mayoría de la humanidad como si fuera población sobrante. Los desafíos nos convocan. La lucha es por la vida contra la muerte.

A nivel de las conciencias, podemos bien decir que en muchos casos, como sucedió con Argentina, Brasil y Uruguay, los gobiernos progresistas que alcanzaron el poder en el nuevo milenio resignaron entablar una disputa directa contra poderes fácticos enquistados como son las grandes corporaciones cartelizadas y concentradas, y por el contrario establecieron una convivencia pacífica con ellas Pero el panorama actual en Brasil nos ha mostrado las graves consecuencias que esta posición puede traer a la larga. Por eso es necesario que los movimientos sociales progresistas en la región, partidos políticos, sindicatos combativos y fuerzas populares mancomunen sus esfuerzos en una ofensiva internacionalista, tan transnacional como el capital financiero y especulativo aliado con fuerzas políticas regresivas que nos somete a diario. Es la única manera de enfrentar este ataque a los derechos sociales y construir alternativas autocríticas que permitan a la vez extraer enseñanzas de los aciertos y los errores cometidos en el pasado en la preservación del poder político y social construido.

* Secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A).

El Ecuador es una clara muestra de los retrocesos que se viven y experimentan en América Latina y de la “restauración conservadora” que lideran, desde hace algunos años, las derechas del Continente. Varias son las formas en las que podemos describir los retrocesos en la Región, desde vergonzosas candidaturas fascistoides con ganas de ponerse “las botas” para gobernar, hasta la persecución mediática, política y judicial instaurada contra líderes, lideresas y figuras políticas progresistas. Para describir el caso ecuatoriano me centraré solamente en tres hechos: (1) el regreso de la economía neoliberal; (2) la instalación de un “Estado de revancha”, en lugar de un “Estado de derechos”; (3) el bloqueo y la proscripción de adversarios y opositores políticos.

(1) De vuelta al Consenso de Washington

El fracasado modelo económico que el Ecuador utilizó entre 1981 y 2006 ha vuelto de la mano de antiguos y nuevos discípulos del neoliberalismo. Los rostros y el discurso se han renovado pero los dogmas de la austeridad, de la apertura comercial, de la ineficiencia estatal, de la desregulación financiera y de la flexibilidad laboral se mantienen intactos.

El actual gobierno del Ecuador no solo que ha permitido, sino que ha utilizado como soportes políticos el corporativismo y el rentismo de las élites económicas. El manejo de la economía y las finanzas públicas volvió a las cámaras y al Comité Empresarial; la política comercial se sobrepuso a la industrial y abrió de par en par las puertas a la importación; la atracción de inversiones extranjeras se apoya ciegamente en los nefastos tratados bilaterales de inversión; la política fiscal amplió generosamente los “incentivos” para los ricos y empezó a revisar y disminuir los “subsidios” para los pobres (cabe resaltar que la transferencia de recursos públicos para los de arriba la llaman incentivo y la misma transferencia para los de abajo la llaman subsidio); y en lo social se deslegitimó la inversión pública y se han desmontado algunas políticas de Estado.

A esto se suma una buena parte del sector privado que es muy calculador y reticente de asumir corresponsabilidad en el desarrollo nacional, que no se compromete con metas de generación de empleo, que invierte poco o no invierte en productividad, que no entrega créditos suficientes para la producción, que saca sus recursos de la economía nacional para depositarlos en paraísos fiscales y que cree que la única forma de ganar competitividad es reduciendo salarios y derechos laborales.

Lo más frustrante del caso ecuatoriano es que esta forma de entender la economía no ganó las últimas elecciones nacionales de 2017; por el contrario, sus representantes fueron los más duros críticos del entonces candidato Lenin Moreno, quien presentó un programa de gobierno progresista y totalmente distinto al que hoy ejecuta.

Desde el inicio del gobierno las malas bromas del Presidente Moreno empezaron a marcar su dirección programática, pues señaló, en una reunión con banqueros, que “empezaba a odiar a los que votaron por él” y privilegió las reuniones con el gran capital a aquellas con trabajadores o emprendedores de la economía popular y solidaria.

Este esquema económico ha quedado consumado también en el marco legal. Las leyes económicas enviadas por el gobierno han consagrado renuncias fiscales a favor de las grandes inversiones hasta por 20 años, han bajado las defensas frente a la salida de divisas, han condonado intereses, multas y recargos tributarios por más de 2.000 millones de dólares, han permitido evadir el pago de utilidades a trabajadores de empresas petroleras transnacionales y han recuperado, de una manera grosera, los lesivos tratados bilaterales de inversión.

(2) Un engaño llamado Consulta Popular

De iguales o peores proporciones que en el campo económico son los retrocesos en materia legal-institucional. Los sectores opositores al expresidente Rafael Correa posicionaron, al final de su período, la idea de “descorreizar” el país. Para ello construyeron un discurso, difundido masivamente por todos los medios de comunicación, donde la “corrupción, la libertad de expresión, la independencia de las funciones del Estado y la recuperación de los entes de control” fueron sus principales dispositivos. La tesis de la “descorreización” ha sido acompañada de un papel orgánico y disciplinado de prácticamente todos los medios de comunicación. Su rol ha sido construir la imagen de un Estado tan deteriorado que ha permitido y legitimado violaciones a la Constitución y al marco legal con tal de lograr su propósito. Todo ello sin que los otrora guardianes de la institucionalidad democrática digan una sola palabra.

Lenín Moreno (vicepresidente de Rafael Correa por 6 años, de los 10 que gobernó) se abanderó de la tesis de la “descorreización” y la canalizó con el llamamiento a una Consulta Popular, la misma que ni siquiera cumplió con el imperativo dictamen de constitucionalidad.

La Consulta Popular incorporó, en 7 preguntas, las principales propuestas de los más duros adversarios de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, su verdadero objetivo siempre fue impedir cualquier opción electoral de Rafael Correa y asegurarse el control de entidades como la Contraloría General del Estado, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, las superintendencias o la Corte Constitucional.

Si ya las preguntas de la Consulta Popular contenían inconstitucionalidades, más grave ha sido el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Esta entidad es la llamada a conformar comisiones ciudadanas para que organicen los procesos de concurso, oposición y méritos que permiten seleccionar a las principales autoridades de control; sin embargo, el Consejo transitorio solo se ha dedicado a cesar a toda autoridad que se cruce por su camino, a tal punto que hoy casi todas las autoridades importantes de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, como es el ecuatoriano, son encargadas y transitorias. Nos referimos a los jueces de la Corte Constitucional, a los miembros del Consejo de la Judicatura, al Fiscal General de la Nación, al Contralor, al Defensor del Pueblo, al Defensor Público, a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, a los principales de las distintas superintendencias, entre otras.

Ecuador vive una “transitocracia”, en la que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio dice públicamente tener carácter constitucional y, por lo tanto, sus resoluciones tienen la misma o mayor jerarquía que las disposiciones constitucionales.

(3) Proscripción política de críticos y adversarios

“Se respira libertad”. Esta fue la frase con la cual el Presidente de la República daba cuenta del “respeto a la libertad de expresión” y de una posición de “tolerancia frente a las diferencias políticas”. Pero los hechos han demostrado todo lo contrario. Así por ejemplo, cuando su bloque legislativo propuso preguntas distintas para la Consulta Popular, los voceros del Presidente iniciaron una operación política para alinear las posiciones y fracturar en dos su propia bancada. Algunas voces críticas han sido censuradas en medios de comunicación. Un profesor universitario fue cesado de sus cátedras por cuestionar la política oficial en un programa de opinión y debate. El responsable del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos fue separado de su cargo luego de publicar las cifras de la encuesta de empleo y pobreza que mostraban algunas caídas significativas, y funcionarios públicos que trabajaban para el gobierno anterior o que expresaban simpatía por sus posiciones se han quedado sin trabajo.

El Vicepresidente de la República, que fue electo en fórmula para este período, cumple una orden de detención producto de un proceso de investigación por asociación ilícita, que dejó varios vacíos legales y que se aceleró luego de que él hiciera públicas algunas críticas a la gestión gubernamental.
También se ha desplegado un sistema de persecución y de disciplinamiento en el que las acciones de control de la Contraloría y las investigaciones de Fiscalía cumplen un rol central. Como muestra de ello podemos señalar los 8 procesos penales que se han iniciado en contra del expresidente Correa o las cerca de 200 acciones de control que suman los 29 asambleístas que se han mantenido de lado de la Revolución Ciudadana.

Ya se han señalado los procesos de evaluación expedita que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio desplegó sobre casi todas las autoridades de control, en algunos casos extralimitándose, y que terminaron con su cesación. En este marco, un hecho realmente insólito fue declarar en el país una “vacancia constitucional” por dos meses, luego de cesar a los jueces de la Corte Constitucional.

Sin embargo, el escenario solo se completa con la proscripción política, por parte de la autoridad electoral, de la fuerza en la que milita Correa: la Revolución Ciudadana.
Varios líderes de esta posición política dirigían el Movimiento Alianza PAIS (otrora movimiento de Correa y Moreno) y fueron expulsados, el momento de la ruptura, con mañas y jugarretas que el órgano contencioso electoral nunca revisó a cabalidad.
Una vez fuera de Alianza PAIS (sea por expulsión o desafiliación), los militantes de la Revolución Ciudadana iniciaron su proceso legal de inscripción y formación de una nueva agrupación política, pero el camino ha sido cerrado en 3 ocasiones por el Consejo Nacional Electoral.

La primera de ellas, impidiéndole usar el nombre de Revolución Ciudadana por ser similar al ideario de Alianza PAIS; la segunda, rechazando el nombre de Revolución Alfarista, por ser Eloy Alfaro líder de la Revolución Liberal de 1895 y, por lo tanto, se objetó “pretender utilizar una figura liberal para un movimiento de izquierda” (argumento oficial del Consejo Nacional Electoral); y la tercera ocasión, incidentando la representación legal de un movimiento en vías de formalización por el cual la Revolución Ciudadana levantó medio millón de firmas para su inscripción (más del doble del número legal estipulado).

Estos hechos han llamado poderosamente la atención de la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no solo se quiere acallar un sector de oposición sino, sobre todo, proscribir a una fuerza política con claras opciones de triunfo electoral.

Esta descripción no agota los problemas, pero sí da una idea de los retrocesos políticos, económicos y sociales que experimenta Ecuador, un país en el que, a diferencia de Argentina donde la derecha ganó las elecciones presidenciales de 2015 o Brasil donde se consumó un golpe de Estado en 2016, una opción progresista ganó las elecciones de 2017. Lo hizo con un margen apretado, pero fue la cuarta elección presidencial consecutiva (de las 14 victorias electorales entre 2007 – 2017) en la que la mayoría de ecuatorianos apostaron por seguir construyendo equidad y justicia social, en lugar de gobernar para unos pocos y de poner al capital por encima de las necesidades y las demandas ciudadanas.

La ponencia de Pedro Brieger es un buen punto de partida para debatir sobre lo que en el título de este Espacio Público se pregunta: ¿Involución en América Latina?

Sí, involución sin duda. Pero para analizar desde una perspectiva crítica y autocrítica esa involución hace falta evitar esa simplificación que abunda en la izquierda ‘campista’, que nos muestra la batalla de dos bloques supuestamente homogéneos, el de gobiernos progresistas puros y de nobles ideales por un lado y el de los gobiernos neoliberales desalmados, autoritarios y corruptos por el otro. La realidad es mucho más compleja.

La pregunta del título de este nuevo interesante debate auspiciado por Público encierra a su vez entre otras, las siguientes preguntas:

▬ ¿Cuándo datamos el inicio de esa involución, tal vez cuando se produjo el primer ‘golpe blando’ del siglo XXI, en Honduras contra Manuel Zelaya en 2009, al que en 2012 seguiría el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay en 2016 contra Dilma Rousseff? ¿O la referencia del momento de inicio de la contraofensiva neoliberal es 2015, cuando en Venezuela la variopinta coalición de la oposición Mesa de Unidad Democrática (MUD) obtuvo la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas? ¿O tal vez cuando en Argentina Mauricio Macri derrotaba a Daniel Scioli, el candidato propuesto por la presidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner?, ¿O cuando en Bolivia Evo Morales Morales perdía el referéndum con el que pretendía poder ser reelegido? ¿O cuando en Brasil la Justicia encarcelaba al tesorero y otros importantes cargos del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT) y decidía investigar a Lula da Silva por corrupción?

▬ ¿La involución de la izquierda, de los gobiernos ‘progresistas’, o neo desarrollistas, o post liberales, ha sido obra exclusivamente de las tradicionales conspiraciones de las oligarquías criollas y del imperialismo estadounidense, o han ayudado a ella en gran medida también esos propios gobiernos con sus errores, ineptitud en la gestión y corrupción?

▬ ¿Han roto esos gobiernos con los pilares de la democracia representativa y han apostado por la democracia directa?

▬ ¿Han dado pasos serios para pasar gradualmente de un modelo económico extractivista y depredador a un nuevo modelo sostenible? ¿Han previsto que la caída de las materias primas a nivel mundial darían indefectiblemente por tierra en algún momento con sus principales reformas sociales si no planificaban a medio y largo plazo y preveían fuentes de producción alternativas?

▬ ¿Qué avances lograron las gobiernos progresistas en temas como la legalización del aborto y los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI?

▬ ¿Resistirán el embate de la contraofensiva neoliberal los organismos de integración independientes creados en las últimas dos décadas por los gobiernos progresistas, o serán vaciados de contenido y los EEUU recuperarán con Trump esa parte de terreno perdido?

Estas son algunas de las muchas preguntas que tendríamos que hacernos para intentar entender el conjunto de causas que están detrás de las caídas de varios de ellos y el cambio de signo ideológico que se está extendiendo de forma alarmante como una mancha de aceite por toda América Latina y el Caribe.

Muchos hechos precedieron a la llegada de los gobiernos progresistas

Ni ‘el cambio’ se inició el 2 de febrero de 1999 cuando Hugo Chávez ganó de forma aplastante las elecciones en Venezuela por primera vez, ni el fin de ciclo comenzó con el golpe contra el liberal Manuel Zelaya, al que se pasó a incluir como parte de los mandatarios progresistas tras su empírica -y plausible- radicalización.

Después de la larga noche de dictaduras militares y el fin de la Guerra Fría, tomaron el relevo en la región una serie de gobiernos neoliberales moldeados por el Consenso de Washington. Ahí estaban Menem, Fujimori, Collor de Melo, Salinas de Gortari, todos los cuales terminaron implicados en graves casos de corrupción cuando no de terrorismo de Estado, como fue el caso de Fujimori.

En esa década de fiesta neoliberal, las multinacionales españolas supieron aprovechar la corrupción de esos mandatarios y la venta a saldo de las empresas públicas para hacerse con el control de ellas… hasta el día de hoy. Pero esas políticas de capitalismo salvaje provocaron en muchos países resistencia popular, aparición de nuevos movimientos sociales y nuevos protagonistas políticos.

Pedro Brieger cita tres hechos que alteraron esa década de hegemonía neoliberal. Recordemos otros: La expansión en los ’90 del Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil, de orientación marxista, fundado en 1985, que llegó a aglutinar a más de un millón de campesinos tras la bandera de la reforma agraria y la justicia social en 23 de los 27 estados brasileños.

También en Brasil, el Partido de los Trabajadores (PT), el partido de Lula da Silva y Dilma Roussseff, conquistaba en 1988 la poderosa alcaldía de Sao Paulo, la de Porto Alegre y de otras treinta ciudades.
Otro hecho relevante fue el triunfo del Frente Amplio de Uruguay que ganó las elecciones a la alcaldía de la capital, Montevideo.

En El Salvador, donde en 1992 se había alcanzado la paz tras 12 años de guerra y 75.000 muertos, la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) obtenía 27 escaños en el Parlamento nacional en 1997.

En Venezuela, La Causa Radical -escisión del PC de los años ’70- pasó de 3 a 40 diputados en 1993, pocos meses de la sublevación militar de Hugo Chávez contra el régimen de Carlos Andrés Pérez.
En México, Cuauhtémoc Cárdenas, el líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ganó las elecciones a la Gobernación de la Ciudad de México, la capital del país.

Toda esa acumulación de fuerzas y victorias electorales en varios países latinoamericanos durante la década de los ’90 e incluso antes, fueron los precedentes de las victorias que a partir de 1998 con Hugo Chávez llevaron al poder a partidos, movimientos y coaliciones progresistas.

De ahí su apoyo popular, de ahí el triunfo de los referendos que a poco tiempo de llegar al poder convocaron y ganaron Chávez, Morales y Correa para crear Asambleas Constituyentes en sus respectivos países, provocando la alarma en Washington y Bruselas. Campesinos, indígenas y movimientos sociales se vieron así por primera vez representados.

Si la revolución cubana en 1959 y la sandinista en 1979 habían provocado una euforia en la izquierda y en los movimientos sociales y populares de América Latina y el Caribe, la lluvia de procesos progresistas que se iniciaron en cadena desde fines del siglo XX e inicios de este siglo volvió a recuperar la ilusión perdida de millones de personas en la región y en todo el mundo.

Nunca antes se había producido un proceso progresista simultáneo de tal magnitud en la región. Para Cuba supuso un balón de oxígeno fundamental. Sucedía en un momento crítico para la isla, tras el desmembramiento de la URSS y el derrumbe de los países del mal llamado socialismo real y el COMECON y el Pacto de Varsovia.

La radicalización y el empirismo de Chávez le llevó rápidamente a seguir los pasos de Cuba y lanzar con su apoyo una masiva campaña de analfabetismo y de ampliación de la sanidad pública a todos los rincones de Venezuela. A estas siguieron los ambiciosos planes de vivienda social, de extensión de la jubilación y la protección social a cientos de miles de personas.

En las consultas electorales posteriores se comprobó el amplio apoyo social que tenía su gestión. En el plano externo Chávez fue sin duda también el mentor de los grandes proyectos de integración regional, al que se fueron sumando los nuevos gobiernos del cambio.

Chávez supo usar el petróleo venezolano como gran arma política y de integración, haciendo trueque con Cuba a cambio de miles y miles de médicos y maestros y profesores que organizaran las campañas sanitarias y de alfabetización en toda Venezuela; otorgando precios preferenciales a países de América Latina y el Caribe.

Con el concurso de Bolivia, Ecuador y otros países nació el ALBA, UNASUR, el Banco el Sur…, se proyectó una moneda común, el sucre. Era un cambio que parecía revolucionarlo todo.

La lacra de la corrupción no se logró desterrar

Sin embargo, con el transcurso de los años surgieron los problemas, en el seno de cada uno de esos procesos y en los nuevos organismos regionales creados. En varios de los países que avanzaron más en la nacionalización o renacionalización de empresas de importancia estratégica, la mala gestión, burocratización y corrupción, como fue el caso de la otrora poderosa petrolera venezolana estatal PDVSA y muchas otras, terminaron debilitándolas -cuando no hundiéndolas-, desaprovechando así una oportunidad histórica.

La corrupción no llegó con Chávez, fue una lacra que marcó durante décadas los gobiernos anteriores de Acción Democrática y COPEI, pero tampoco él logró romper con ella.

Los incipientes pasos dados para comenzar a transitar el camino hacia el llamado socialismo ‘del siglo XXI’ se frenaron. Las fuerzas oligárquicas de siempre siguieron detentando su poder en la importación y distribución -claves en un país que lo importa todo- ; la ‘boliburguesía’ arañó a su vez su parte del botín y las empresas estratégicas quedaron mayoritariamente -como varias gobernaciones- controladas por militares, que no fueron en general precisamente ejemplo ni de eficacia ni de transparencia en su gestión.

La falta de una verdadera reforma fiscal, la pésima gestión de la crisis y la criminalización de las protestas que esta generó, fueron utilizadas por una oposición derechista que por un lado profundizó su guerra económica y especulativa, y por otro lado adoptó un hábil discurso populista con el que comenzó a conseguir apoyo social y votos en sectores populares hasta entonces fieles al chavismo.

Otro tanto sucedió en Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, como bajo los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, entre otros. La corrupción fue parte del problema, del debilitamiento de sus proyectos, de la desilusión y hartazgo de sus pueblos, de la retirada de apoyo cuando la crisis mundial golpeó sus economías y frenó las importantes reformas que habían beneficiado a millones de personas.

La derecha sabe aprovechar esas situaciones para presentarse como incorruptible y salvadora, asumiendo hábilmente un discurso populista. Lo ha hecho Macri y lo ha repetido ahora el peligrosísimo Bolsonaro, un Trump latinoamericano con quien puede consolidarse regionalmente la contraofensiva liberal.

El freno y no la radicalización de los procesos progresistas iniciados fue lo que más daño les hizo y cuando el ‘maná’ petróleo u otras materias primas cayeron bruscamente en los mercados internacionales, los modelos extractivistas y cortoplacistas se paralizaron, comenzando a desandar buena parte del camino hecho en reformas sociales.

Las alianzas de gobierno contranatura con fuerzas de la derecha neoliberal en países como Brasil, Chile, Nicaragua o El Salvador, influyeron también en la no profundización de los procesos progresistas y en sus contradictorias políticas económicas, políticas y sociales.

En las ideológicamente contradictorias políticas llevadas a cabo a nivel social y derechos humanos por la mayoría de gobiernos progresistas, como en el tema del aborto libre y en general en los derechos de igualdad y del movimiento LGTBI, han influido decisivamente las Iglesias, tanto la católica, como las cada vez más influyentes iglesias evangélicas que cuentan en varios países con bloques parlamentarios propios.

A pesar de ser América Latina y el Caribe una de las regiones del mundo con mayor porcentaje de abortos clandestinos, en dos décadas de gobiernos ‘del cambio’ la interrupción voluntaria del embarazo solo se ha legalizado en Uruguay, durante el mandato de ‘Pepe’ Mújica, sumándose así a Cuba, país que lo legalizó en 1965. En algunos países recularon ante la presión de las Iglesias, como en Brasil o Bolivia, en otros porque sus gobernantes se mostraron abiertamente contrarios al aborto, como fue el caso de Nicaragua, Ecuador o Argentina.

Pocos países han legalizado igualmente bajo gobiernos progresistas el matrimonio entre personas del mismo sexo o han adoptado medidas a favor del movimiento LGTBI.

La influencia regional de la crisis de Venezuela

La crisis de Venezuela ha sido sin duda hasta ahora -antes de la llegada de Bolsonaro- la que más repercusión ha tenido en la región, afectando a Cuba y países con gobiernos progresistas, y también debilitando organismos regionales que apuntalaban el proyecto ‘bolivariano’.

Hugo Chávez fue el gran impulsor de proyectos como el del ALBA, UNASUR, la CELAC, el Banco del Sur, que permitieron una toma de conciencia colectiva de la necesidad de estrechar lazos económicos, políticos, sociales, culturales y de seguridad para garantizar su independencia.

Han dado sin duda pasos importantes a nivel político constituyéndose en embriones de lo que pudieran ser realmente alternativas a la OEA y otros organismos tradicionales, pero no han logrado todavía consolidarse, ganar en confianza mutua, en cesión de parcelas de su soberanía en aras de construir un ambicioso proyecto alternativo para los cientos de millones de habitantes de la zona.

Su debilidad se ha demostrado en problemas fronterizos como los que existen entre Colombia y Venezuela, entre Chile y Bolivia, entre Chile y Perú, entre Bolivia y Brasil.

El giro de China hacia su mercado interno también afecta a nivel económico y comercial a los países latinoamericanos, que habían encontrado en el coloso asiático un nuevo y poderoso comprador de sus materias primas y de sus bonos de deuda externa.

Estados Unidos, que nunca dejó de ser el primer inversor en América Latina a pesar de que vio derrotado su proyecto del ALCA como nos recordaba Brieger, ha visto ya con la Administración Obama y mucho más ahora con Trump, la oportunidad de recuperar la hegemonía en la región, debilitada en el momento de la ola de gobiernos progresistas y nuevos organismos regionales que dejaron a EEUU fuera.

Con Venezuela tocada, con Brasil a punto de recuperarse para la derecha con el ya más que probable triunfo del ultra Jair Bolsonaro, con un liberal como Macri al frente de otro país de peso como Argentina; con Piñera de nuevo en Chile; con el ultraderechista ARENA salvadoreño como favorito para las próximas elecciones generales, y con Colombia en manos del derechista Iván Duque, hay razones para el optimismo en Whashington, en el FMI y el BM.

La izquierda, las izquierdas, los movimientos sociales latinoamericanos y caribeños tienen mucho trabajo por delante para poder empezar a revertir la que por ahora al menos parece imparable ofensiva neoliberal, patriarcal y autoritaria.

Faltando diez días para la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, se divulgaron algunos detalles de la estrategia y funcionamiento de los grupos de mensajería digital de la campaña de Jair Bolsonaro. El tema ya venía siendo ubicado como pieza relevante de la campaña de Bolsonaro por algunos analistas políticos y de comunicación en medios escritos, pero sin mayores repercusiones. Este miércoles el New York Times publicó una columna en la cual se revelaron detalles del funcionamiento de la divulgación másiva de contenidos falsos por grupos de mensajería y el jueves finalmente la Folha de Sao Paulo le dio cobertura a la conexión entre empresas y el financiamiento de la estrategia de divulgación de noticias falsas.

Llamar ahora la atención sobre el tema no es menor. Pero la reacción ante su incidencia en el proceso electoral llega demasiado tarde, sobre todo porque se trata de una estrategia que viene siendo implementada por lo menos desde hace 3 años.

Ingresar a los grupos de whatsapp y telegram de Bolsonaro no es difícil. Sobre todo en los grupos activados para la segunda vuelta que tuvieron como eje la agitación digital en los estados y ciudades del nordeste donde el candidato perdió contra Fernando Haddad en la primera vuelta.

Uno de los grupos de whatsapp fue creado en enero de 2017, es decir, un año y medio antes de estas elecciones. Otro de los grupos, en este caso de Telegram, tuvo una media de 8400 mensajes diarios, con 3500 miembros estables. A partir de los resultados de la primera vuelta del 7 de octubre, cuando se confirmó que el nordeste fue donde más se resistió el embate de Bolsonaro, se pudo monitorear por lo menos 26 grupos de whatsapp, atendiendo diferentes estados y puntos urbanos de esa región. Como whatsapp tiene un límite relativamente pequeño de integrantes por grupo, se segmentaron hasta generar centenas de nuevos grupos, además de pasar a emplear Telegram para los mega-grupos que permiten varios miles de usuarios.

Es importante tener claro que la etapa de rápida masificación de la estrategia de mensajería de Bolsonaro está bastante alejada en el tiempo de la etapa de implantación de la estrategia. Todo indica que el inicio del trabajo de generación de contenidos coincide en el tiempo con hechos como las movilizaciones de 2015 en paralelo al proceso de impeachment a Dilma, el transcurso de la investigación Lava Jato y la huelga de camioneros.

Es decir, primero hubo un aprovechamiento de los grupos de mensajería en teoría “no políticos” pero que estaban fuertemente activados en demandas o campañas de movilización contra el gobierno, para transmitir un mensaje de descontento político. Una vez instalado el proceso electoral, la “migración” desde esos grupos “no políticos” a grupos de apoyo a Bolsonaro fue casi instantáneo.

La estrategia le dió buenos resultados. Luego del ataque en Juiz de Fora, el candidato no participó en actividades urbanas. Si se considera además que Bolsonaro casi no tuvo presencia en el horario electoral asignado en televisión abierta, y se compara su rendimiento del 7 de octubre con el de Geraldo Alckmin que tuvo la segunda mayor asignación de minutos en el horario electoral, el contraste no puede ser más chocante. La decisión de no utilizar la mediación de los canales tradicionales para transmitir su mensaje le generó innumerables beneficios al candidato del PSL. Pero para que ello fuera posible, estos dispositivos debieron ser desarrollados con mucho tiempo de antelación respecto al momento específico de las elecciones.

¿Lo peor es que sea fake?

La reacción de los últimos días en Brasil apuntó que estos canales se utilizan para diseminar contenidos falsos y fake news. Sin embargo el problema mayor no es este. En general todavía desde la izquierda -pero también especialistas de comunicación política, académicos o periodistas- no se tiene muy claro donde radica lo más grave del asunto. Un análisis del funcionamiento y de los diferentes tipos de mensajes pueden dar algunas pistas, pero teniendo claro que solo eso no proporciona mayor información sobre lo que está detrás de la estructura de emisores, receptores y mensajes.

Los grupos vistos en las últimas semanas se tratan más que nada de espacios agitativos y de difusión de memes, videos variados (que van desde los tópicos clásicos del “marxismo cultural”, la Escuela de Frankfort y el psicoanálisis hasta consejos de “sobrevivencia urbana”) y de propagación de consignas. Una menor cantidad de mensajes refieren a posteos más “clásicos” con comentarios o análisis de una nota, la campaña en general, propuestas de los candidatos, etc. Algunos grupos especializados en debates evitan los videos y las imágenes y se centran en pulir frases para los diferentes temas de la campaña electoral, y como rebatir argumentos de otras personas.

Entre las centenas de mensajes diarios, se pueden identificar patrones de organización bastante sencillos, así como los roles que juegan algunos usuarios que pasan de ser simples adherentes. Con relación a lo primero, usualmente los grupos amplifican los mensajes de tipo “Tarea del día”, que indican alguna acción digital concreta para realizar de forma bastante simple y automática luego que llega el mensaje. Por ejemplo, una “Tarea del Día” era ingresar al sitio del Senado y clickear en la opción de plebiscitar la revocación del Estatuto de Desarme Civil. El resultado a las pocas horas fue medio millón de votos por el “Si”. Y así, muchas otras “tareas”, como reenviar videos a los contactos particulares, intervenir en discusiones en Twitter o Facebook, hostigar a algún analista “del otro bando”.

Los mensajes en general tratan de ser muy sencillos. Sin embargo, no es el contenido del mensaje en sí lo que resalta sino la rapidez con que se plantean respuestas ante los temas del día o incluso, del momento exacto. Otro aspecto es que en casi ningún caso se trata de construir argumentos para una discusión racional sino que la repetición, la instantaneidad y las respuestas seteadas (pre-elaboradas) indican una lógica instrumental pero no comunicativa. El hecho en si termina constituyendo un hecho comunicativo pero no la lógica detrás del funcionamiento de estos dispositivos de respuesta rápida. Lo más creíble no es lo más divulgado ni aceptado. Mensajes absurdos -cuando no directamente grotéscos- dan paso a múltiples respuestas y reacciones que preparan a los usuarios para eventuales interacciones cuando son reenviados a otros grupos que funcionan en la periferia de la política (grupos familiares, de amigos, en el trabajo, etc.).

No existe posibilidad alguna de establecer un canal de diálogo racional por fuera de toda esa racionalidad instrumental. Muchos videos comienzan con la muletilla de reconocer el derecho a cada uno elegir su candidato, para luego dar paso a la seguidilla de que optar por Haddad es darle el voto a un payaso que defiende bandidos y por ello quien lo defienda es otro bandido, o un gay o una puta o un cínico en los tonos más despectivos e insultantes posibles. El interés mayor no es convencer al otro sino derrotarlo. Todo en 15 segundos de tensión, aceleración total.

Hubo fraude, hay fraude, habrá fraude

Lo que se quiere decir con todo esto es que el eje no parece estar planteado entre lo verdadero y lo falso, sino entre la adhesión y el rechazo, entre la aceptación y el odio. Lo importante es que la máquina funcione y no tanto lo que produzca.

Bolsonaro no es un político que se pueda decir que haya sido productivo a lo largo de su carrera como parlamentario. No obstante lo cual, en junio de 2017, presentó dos proyectos relacionados al uso de whatsapp, incluso uno de enmienda constitucional que apuntaba a agregar un inciso al Artículo 102, indicando que el uso de servicios de mensajería como whatsapp solamente podía ser limitado por una decisión del Supremo Tribunal Federal, y no por jueces de primera o segunda instancia. Frenar un dispositivo tecnológico puntual no resolverá el problema, porque como se ha mencionado, existen varios más para cumplir su función. El estudio de los mensajes analizados por la nota del New York Times estimaba que un 56% de los contenidos más compartidos analizados eran engañosos. Poner el acento sobre un contenido en particular que sea falso, no modificará la esencia del problema.

Llama la atención como los adherentes y miembros del “movimiento” comparten la idea que todo el sistema político, el conjunto de actores políticos y diferentes instituciones -incluído el Tribunal Electoral- están contra Bolsonaro. Se engaña el que piensa que solamente hay críticas a los llamados “esquerdópatas” (izquierdistas, afines al PT, PcdoB, Lula, etc. En Uruguay la figura que se asemeja es la de “focas” con la cual usualmente se procura ridiculizar a los adherentes del Frente Amplio) sino también a figuras de partidos tradicionales de la centro-derecha brasilera como Fernando Henrique Cardoso o José Serra. Otro foco de crítica es la cobertura que hacen de Bolsonaro los medios de prensa escrita (sobre todo Folha de Sao Paulo), pero también la cadena Globo de televisión o incluso la Iglesia Católica tampoco se salva.

Esto le termina impregnando a todo el asunto un carácter de gesta, de rebelión brutal contra el status quo. Con esa solidez, la interacción no deja de ser un tránsito entre la tragedia, bajezas repugnantes y caricaturas de debates extremádamente serios. Armas, aborto, anticomunismo ferviente, el reconocimiento de derechos para personas LGBT, todo pasa por el tamiz de un sentido de urgencias, un “esto no da para más” civilizatorio más impostado que verosímil. Más fingido incluso, como un “hacer de cuenta” que pueda ser cierto que si no gana Bolsonaro solamente se deberá al fraude del PT y no a la unificación de todo un espectro democrático para frenar al fascismo. Brasil es demasiado festivo como para el “que se vayan todos” pero está expresando de esta manera que si no gana Bolsonaro el caos será el titulo del día siguiente.

En los diferentes grupos, la reacción a la denuncia de las notas mencionadas fue de épica: el bolsonarismo inquietando a los medios más influyentes del mundo. En definitiva terminó reforzando el mecanismo de “todos contra nosotros” y la idea que “el pueblo está bancando la campaña del Capitão” solamente con sus celulares.

El resultado de la segunda vuelta no alterará en lo fundamental estos vasos comunicantes de una porción significativa de la politicidad de la sociedad brasilera. Tampoco alterará la composición del Congreso. Después de todo, las corporaciones más importantes de la estructura económica y social de Brasil reforzaron su presencia en el Parlamento. Las bancadas religiosas, militar, de ex-policías y del agronegocio podrán imponer sus pautas sin grandes dificultades al próximo gobierno. Proyectos como el régimen penal para menores infractores, la liberación del porte de armas, el fin de demarcación de tierras para comunidades indígenas, negras y campesinas, podrá ser impuesto como moneda de cambio entre el próximo Ejecutivo y el Congreso.

En los grupos se expresa lo más superficial de esos temas; de hecho llama la atención la marginalidad de lo económico y lo laboral entre los miles de mensajes cruzados. Nadie habla de crisis económica o del recorte del gasto público para políticas sociales o de la reforma laboral implantada por el gobierno de Temer.

Talvez sea demasiado pronto para afirmar que las redes sociales cambiaron para siempre la política, tal como dijo recientemente José Roberto De Toledo, un periodista de la Revista Piauí al afirmar que “whatsapp es el cementerio de la democracia”. Lo que si parece claro es que salir ahora a las apuradas a intentar contener el impacto no tiene mayor sentido. Incluso hablar de este tema en este tramo de la campaña también puede tener un efecto de cáscara de banana para lo que resta del sistema político democrático. De hecho, como si fuera una macabra bienvenida al mundo del bolsonarismo, otros temas muy importantes denunciados esta semana quedaron tapados, por ejemplo la denuncia publicada en Carta Capital el pasado lunes sobre la interceptación y seguimiento del equipo de campaña de Haddad por un sector de la inteligencia del Ejército.

Para muestra:

“Comenzó la represión en Whatsapp!, Comenzó la Censura general en internet, Flavio Bolsonaro se encuentra impedido de utilizar la red! Su número +552199548-9280 está impedido de registrarse en whatsapp. Divulguen”

“Es así gente, ellos están apelando a todo. Dios mío, eso es alarmante. Régimen totalitario es lo que ya vivimos!”

“Los comunistas petistas y psolistas revelan su vocación para la censura y el cercenamiento de las libertades individuales”.

“Fascismo mata? Si. Racismo mata? Si. Machismo mata? Si. Homofóbia mata? Si. Xenofobia mata? Si. Pero tu ignorancia disfrazada de pseudo-intelectualidad histórica como justificación para votar en partido de bandidos mata mucho más.”

“Solicitar el bloqueo de Whatsapp fue la mayor estupidez electoral en la historia política brasilera. #VeASerBurrodeEsaFormaaVenezuela”

“Amigos, necesitamos de gente en este grupo para reclutar nuevos bolsonaristas @haddadvsbolsonaro

“Video DENUNCIA GRAVÍSIMA!! PT planea armar un atentado a Haddad en las vísperas de las elecciones. Este es el nuevo golpe del PT. https://deusacimadetodos.com/”

“Para interactuar con personas en búsqueda conocimientos y habilidades de sobrevivencia urbana y rural con la llegada del posible CAOS si la IZQUIERDA gana la elecciones de manera fraudulenta, ingresar al grupo.”

“Grupo Whatsapp para Denuncias (43) 99644-9099 Envíe videos y fotos de abusos políticos en su Parroquia! -Reenvíen este video para que todas las personas que vayan mañana a misa por el día de Nuestra Señora Aparecida denuncien a curas y obispos y quienes vayan a hacer campaña por el PT”

“Atención Católicos, denuncien a curas que usen la maquinaria de la Iglesia para hablar de política. Filmar el hecho es importante para realizar la denuncia.”

“Cuando uno piensa que el PT ya no tiene más nada para robar, viene y le roba los colores de la campaña a Bolsonaro.”

“Feliz día del Niño, en especial aquellos que van a nacer. Aquí no abortamos el futuro de una Nación.”

“¿Será que Trump viene a la asunción de Bolsonaro?”

“Hoy refuté (con argumentos) a un colega que dijo que Bolsonaro era racista. El se basó en aquella entrevista en CQC -respondiendo a la pregunta capciosa- de la negra Gil. Argumenté que Bolsonaro pidió la grabación original para probar que el programa había manipulado el orden de las respuestas. Que Dios nos bendiga en esta lucha que enfrentamos”

“Patriotas! Vamos a garantizar un gobierno anti-comunista en 2019. En el día de la Elección, vote y permanezca próximo al local de votación hasta la difusión de los resultados. Estén preparados para parar indefinidamente el país en todas las 5570 ciudades. Bolsonaro solamente no será ganador de estas elecciones si hay fraude. Resistencia Patriótica Brasilera. Dios, Familia y Patria con Orden y Progreso”

“El infierno está delante de tus ojos: LUla CIro FERnando. Y nos va a reinar si tu lo permites

“Están queriendo implantar el Día de Marielle. Si Bolsonaro hubiera muerto nosotros también deberíamos exigir el día de Bolsonaro. El si lo merece y ella no. Solo por ser negra, pobre y de favela. Pobre no, era concejal y ya gana bien”

“Haddad tiene que entender que Brasil quiere a Bolsonaro y nada que el haga va a cambiar eso… Solo culpa a las redes sociales siendo que detrás de las redes sociales existe una persona, un elector, un ser humano buscando cambios. Mi sueño es encontrar este Haddad frente mio….”

El artículo de Pedro Brieger: “América Latina en disputa”, además de ser de gran actualidad, deja poco espacio para el desacuerdo al describir hechos contrastables y al formular preguntas, más que aventurar respuestas. La fundamental, la última, con la que acaba el texto: “¿Cómo se resolverá la disputa entre las dos corrientes, la conservadora y la progresista, en la región latinoamericana?”

Antes de realizar algunos comentarios que buscan complementar el contenido del artículo de Brieger, me permito señalar la discrepancia que tengo con la afirmación de que América Latina es la única región donde se cuestionan las políticas neoliberales impuestas por los organismos financieros internacionales. En el Este y Sur de Asia, en países como China, Vietnam, Singapur, Taiwán, Indonesia…, se llevan décadas practicando, con gran éxito por cierto, políticas alternativas a las neoliberales dictadas por el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Políticas con las que el sector público ha intervenido activamente en la economía estableciendo aranceles para proteger el desarrollo industrial; subsidiando créditos a industrias seleccionadas por su interés estratégico; creando o manteniendo bancos de desarrollo bajo la propiedad del Estado; otorgando un fuerte apoyo público a la investigación (I+D); o estableciendo organismos públicos de apoyo a la exportación, entre muchas otras. Se trata de políticas poco difundidas en otras regiones, pues escaso ha sido el interés de las instituciones financieras internacionales en que se imiten. ¿Quién sabe, por ejemplo, que el 82% de las viviendas producidas en Singapur, un supuesto “modelo de libre mercado”, son producidas por el Estado? Políticas, por otra parte, que fueron aplicadas profusamente y sin excepción en otros tiempos, por los llamados países desarrollados, como bien ha analizado Ha-Joon Chang, profesor de la Universidad de Cambridge, en varias de sus obras, a pesar de que hoy tratan de impedirlas en los países en desarrollo.

En cualquier caso, en América Latina, como afirma Brieger, en los últimos años se ha constatado una fuerte ofensiva de la derecha para desplazar a los gobiernos no neoliberales de la región. Con gran éxito, por cierto: de los nueve que podían considerarse parte de este grupo -sin incluir a Cuba, por sus características especiales- nada menos que cinco han sido apartados: dos en las urnas, los de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina -quienes gobernaron de 2003 a 2015- y los de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile -quienes lo hicieron de 2000 a 2018, con el paréntesis del conservador Piñera de 2010-14-; y otros tres a través de procedimientos constitucionales llevados al límite, forzando dimisiones en los parlamentos o en tribunales de justicia: los casos Brasil -donde Lula y Dilma Rousseff gobernaron de 2003 a 2016-; Paraguay -donde lo hizo Fernando Lugo de 2008 a 2012-; y Honduras -donde presidió Manuel Zelaya de 2006 a 2009-.

De aquellos nueve, sólo permanecen cuatro: los de Tabaré Vázquez y el “Pepe” Mujica en Uruguay, donde gobierna el Frente Amplio desde 2004; los de Rafael Correa y Lenin Moreno en Ecuador, en el poder desde 2007 -a pesar de las diferencias que tanto han distanciado a ambas figuras-; los de Evo Morales en Bolivia, que se prolongan desde 2006; y los de Chávez y Maduro, que rigen Venezuela desde 1998 -por cuestionado que esté Maduro en la actualidad-. A ellos es posible que se añada el de México, con López Obrador, aunque habrá que esperar a analizar las políticas que aplique; y cabría agregar el de El Salvador, si bien el FMLN no ganó las elecciones hasta 2014. Obsérvese que no he incluido el gobierno de Daniel Ortega, en el poder en Nicaragua desde 2006, ya que, a pesar de su retórica izquierdista, no ha dejado de aplicar el recetario neoliberal, por no hablar de las masacres recientes contra la población descontenta.

Así que, el peso de los gobiernos progresistas en la región fue claro en los tres primeros quinquenios del siglo XXI, un período que coincidió además con unos ventajosos precios internacionales de las exportaciones latinoamericanas -soja, café, cobre, oro, petróleo…-, con fuertes inversiones extranjeras y con unas nada desdeñables entradas de divisas por las remesas de emigrantes -que en 2007, por ejemplo, superaron los 60 mil millones de dólares-.

Estos gobiernos no neoliberales fueron bastante exitosos en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Los datos son inequívocos: si la población por debajo de la línea de pobreza en América Latina se redujo desde el 44% en 1999 hasta el 28% en 2014 (cifras de CEPAL) y lo hizo también la desigualdad de acuerdo al descenso del índice de Gini, que pasó del 0.55 al 0.50 en esos años, los gobiernos progresistas contribuyeron más a estos resultados que los gobiernos conservadores. Ejemplos: Bolivia bajó la pobreza del 61% al 39% de la población; Brasil del 37% al 13%; Chile del 31 al 12%; mientras, en el lado conservador, encontramos países como México y Costa Rica que la vieron aumentar. Respecto a la igualdad: Brasil redujo su índice Gini en esos lustros en 13 centésimas; Bolivia y Argentina en 15; Chile en 11; Venezuela en 12… mientras México sólo lo rebajó en 4 y Colombia en 5.

Sin duda, los gobiernos progresistas aprovecharon mejor los factores favorables mencionados -el boom de los precios, las remesas y la inversión extranjera- para el bienestar de la población. Y aprovecharon mejor este “viento de cola” precisamente porque se distanciaron de las políticas neoliberales apostando por las mejoras laborales, como el salario mínimo y los acuerdos tripartitos entre el gobierno, sector privado y sindicatos; la inversión social, como en la educación; y los programas de transferencias monetarias para hogares en situación de pobreza -como “Hambre cero”- condicionadas a la asistencia escolar de los niños/as.

Ahora bien, aunque los gobiernos progresistas hayan mostrado mejores resultados que los conservadores y logrado algunos avances en derechos cívicos, no aprovecharon suficientemente los recursos de los que dispusieron, quedando así sujetos a cuestionamientos que, desde luego, la derecha no iba a desaprovechar. Ésta carece, como bien señala Brieger, de un proyecto seductor pero, por mucho que no tenga éxitos que mostrar -por no hablar de los resultados tan negativos de los actuales gobiernos de Brasil y Argentina-, cuenta con los grandes medios de comunicación y gozará siempre del apoyo de los organismos internacionales y los gobiernos conservadores de Occidente. Si las fuerzas progresistas no avanzan resueltamente en algunos asuntos clave, donde se encuentran sus principales limitaciones, aumentarán las posibilidades de que pierdan en su disputa con la derecha. Entre ellos están los siguientes:

Corrupción. Los votantes de izquierda no la perdonan. Y algo ha fallado en su control por parte de quienes estaban obligados a atajarla. Grandes escándalos, que no podemos repasar aquí, han sacudido a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador … y se conocerán también en Venezuela en su momento. Sólo Uruguay muestra casos aislados, como el que obligó a dimitir al vicepresidente Sendic. La derecha podrá exagerar su alcance, pero la responsabilidad por la corrupción en los países que nos ocupan, compete a los gobiernos progresistas que ejercieron el poder. Es preciso insistir también en las consecuencias económicas del mal manejo de recursos y en cómo afecta a la calidad del gasto público y al propio desarrollo sostenible el hecho de que parte de las partidas presupuestarias no lleguen a su destino.

Inseguridad. La bandera contra la inseguridad la enarbola la derecha, a pesar de que perjudica sobre todo a la población más desfavorecida. Las cifras en América Latina son excesivas no sólo en víctimas sino también en los costos económicos que la violencia conlleva: inversiones no realizadas, emigración de personas amenazadas, gastos en seguridad, juicios, atención a víctimas… La derecha con sus medios siempre trasmite una percepción de inseguridad mayor a la realmente existente cuando gobierna la izquierda, pero lo cierto es que los gobiernos progresistas de la región no han sabido o podido combinar la educación temprana en la no violencia con la necesaria represión del delincuente y con su rehabilitación. La candidatura de Bolsonaro debe mucho a esta percepción de inseguridad con los gobiernos de Lula y Dilma.

Política fiscal y presupuestaria. Aún con algunos avances, no se ha asistido en este terreno a los cambios requeridos para avanzar más resueltamente en la igualdad, mientras América Latina sigue siendo, con diferencia, la región más desigual del planeta. Si en la Unión Europea el índice de Gini, después de la intervención del Estado -a través del cobro de impuestos y el pago de transferencias- cae de 0.49 a 0.30, en América Latina sólo se reduce del 0.51 al 0.48. Este escaso papel redistributivo se explica por las tasas tributarias nada progresivas -con un gran predominio del IVA y un escaso pago de impuestos por parte del decil más rico de la población- y por la escasa calidad del gasto público. Sin duda este es otro terreno en el que los gobiernos progresistas pueden hacer mucho más.

Progreso tecnológico. Se cumple siempre: cuando los precios de las materias primas están altos, la economía de la región va bien; cuando bajan, todos los países, con independencia del signo de sus gobiernos, muestran problemas. En cuanto cayeron los precios alcanzados por las materias primas, en torno a 2015, la población por debajo de la línea de pobreza aumentó. La necesidad de diversificar la producción y las exportaciones hacia bienes con un mayor valor añadido a través de distintas políticas -industrial, tecnológica, científica, educativa, de apoyo a la pequeña y mediana empresa y de comercio exterior- es muy clara en la región. En 2010, más de la mitad de las exportaciones de América Latina la constituían bienes primarios; y, lo que es peor, durante el boom de precios, la región acentuó su especialización en bienes de bajo procesamiento basados en la abundancia de recursos naturales. Mientras China dedicó el 2,07% de su PIB a I+D, la Unión Europea (UE 28) el 2,03% y un país como Malasia el 1,3%, América Latina destinaba sólo el 0,7%. La necesidad de cambiar la estructura productiva y comercial de la región es evidente y constituye otro reto para las fuerzas progresistas.

Medioambiente. Tal vez sesgada por la ideología productivista predominante, tampoco la izquierda latinoamericana ha mostrado ser portadora en este ámbito de nuevos valores. La deforestación desbocada; la minería a cielo abierto; los conflictos con los pueblos indígenas sobre el uso del suelo, la gestión del agua y la extracción de petróleo y minerales, se han vivido con intensidad en los países que nos ocupan: en Chile en los territorios mapuches; en la Amazonía, tanto en Brasil como en Ecuador; en las provincias norteñas -Salta, Jujuy- argentinas, y también en Bolivia con revueltas indígenas por la extracción petrolera y la construcción de presas. Ni Evo Morales, quien ha luchado por la dignidad de los pobladores originarios de su país y ha conseguido redistribuir más equitativamente las ganancias que repatriaban las empresas trasnacionales, ha podido superar satisfactoriamente este desafío.

Igualdad de género. La igualdad como meta abarca no sólo a los distintos sectores sociales, sino también a las distintas etnias, territorios, generaciones y a la de derechos entre mujeres y hombres. Los indicadores referidos al porcentaje de participación de las mujeres en posiciones de poder -gobiernos, parlamentos, empresas…- muestran el camino que aún falta por recorrer. También destaca el elevado número de feminicidios, que apenas ha disminuido en los países gobernados por fuerzas progresistas (en Chile multiplica al de España por dos; en Venezuela y Ecuador, por cuatro; en Argentina, por cinco; en Uruguay, por seis; y en Bolivia por nueve). Otro dato: de los nueve países considerados con gobiernos progresistas -sin contar Cuba-, la interrupción voluntaria del embarazo sólo se permite en Uruguay. En los demás se admite sólo si hay violación, peligro para la madre o malformaciones del feto. La influencia de las iglesias, católica y evangelistas, también sobre las fuerzas progresistas, es desproporcionada.

No toda solución a estos problemas se encuentra en los gobiernos latinoamericanos. Los países ricos tienen una gran responsabilidad en numerosos asuntos, comenzando por la existencia de paraísos fiscales, que permiten la evasión de cifras elevadísimas de impuestos en la región. Las grandes empresas transnacionales, con mecanismos sobrados para eludir el pago de impuestos, tampoco facilitan las cosas, ni lo hacen las reglas del comercio internacional o los acuerdos de propiedad intelectual. Los países ricos suelen primar sus intereses comerciales e inversores a corto plazo, mientras, cegados por esos intereses, desconsideran los planetarios en el largo plazo, que son también los suyos. No se puede esperar por ello una gran colaboración de Occidente en el desarrollo sostenible de América Latina, el cual descansará principalmente en lo que hagan los países de la región y en sus procesos de integración y cooperación horizontal. Pero, en este camino, la región tiene que atender esas “trampas de países de renta media” relacionadas con la excesiva dependencia del sector primario y la escasa calidad de las políticas públicas e instituciones encargadas de aplicarlas, que dificultan los avances hacia un desarrollo humano sostenible y sostenido.

Una buena oportunidad para las fuerzas progresistas de la región la constituye la aprobación de la Agenda 2030 por 193 países en Naciones Unidas en 2015, la cual parece hecha a la medida de los retos de América Latina. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la Agenda incluye, llaman a la construcción de un modelo más equitativo y sostenible. Las fuerzas del progreso, conscientes de la capacidad transformadora de las políticas públicas, pueden encontrar una importante fuente de inspiración en esta Agenda, la que también, lamentablemente, pondrá en evidencia la incapacidad de la derecha para, con su fe ciega en el papel del mercado, avanzar en ella. Se resolvería así, ventajosamente y por un largo período de tiempo, la disputa entre el conservadurismo y el progresismo a la que Brieger se refiere.

La coyuntura o la situación en curso en América Latina, dominada por el fenomenal avance de la derecha, legitimada por los votos, tiene hoy (semana del 15 de octubre de 2018) su punto más álgido en Brasil, donde el próximo domingo 28 se dirimirá la elección de presidente y vice del país. De esto trata la presente nota, cuyo objetivo es plantear algunas hipótesis explicativas que necesitan ser validadas (o refutadas) mediante investigaciones rigurosas, sin pretensión de ser la única explicación posible.

El punto de partida es el enunciado de cinco premisas necesarias para cualquier análisis de coyuntura, y de una sexta específica para Brasil. Va de suyo que las mismas no pueden desplegarse ampliamente dentro de los límites disponibles editorialmente.

Premisa 1. Las situaciones o coyunturas por las que atraviesa cada sociedad sólo se explican adecuadamente teniendo el cuenta el coeficiente histórico (en los términos de Piotr Sztompka) y la historia de larga duración (conforme Fernand Braudel) de la sociedad en cuestión.

Premisa 2. Mal que les pese a muchos, las clases sociales y la lucha de clases aún existe, al margen de las modificaciones fundamentales del último medio siglo y del hecho de que la bipolaridad clásica burguesía/proletariado se haya modificado y que las clases se definan por algo más que su relación con los medios de producción. No nombrarlas no las hace desaparecer de la realidad.

Premisa 3. Izquierda y derecha también siguen existiendo, aunque algunos no lo creen, y no son sujetos políticos: son expresiones ideológicas de sujetos políticos y sociales. Sujetos políticos son los partidos, las corporaciones empresariales, los sindicatos, los medios de comunicación concentrados, en algunos casos (como en Brasil hoy), las Fuerzas Armadas. Los sujetos sociales son el pueblo, las clases(burguesía, campesinado, pequeña burguesía, obrera o trabajadora, clase media). La cosmovisión, la ideología, la práctica, el modo de ser de la burguesía son de derecha, pero su capacidad para crear sentido común de sus proposiciones ha permeado en las clases subalternas, incluyendo a los trabajadores o proletarios, como se prefiera.

Premisa 4. Triunfos electorales sucesivos y liderazgos personalistas firmes, no son lo mismo que construir y detentar hegemonía, aunque sean necesarios para ello.

Premisa 5. En situaciones de crisis de hegemonía, enseña Antonio Gramsci, cuando los grupos sociales se separan de sus partidos políticos, es decir, cuando éstos dejan de expresar a una clase o una fracción de ella (crisis de representación), se crean condiciones que posibilitan soluciones de fuerza y la actividad de “oscuras potencias” expresadas en hombres providenciales o carismáticos.
Premisa 6. No se explica la relación entre política y sociedad en Brasil si no se atienden a tres componentes del coeficiente histórico brasileño: la mentalidad esclava/esclavista, la importancia de la amplia religiosidad popular, la política de alianzas.

Al finalizar el domingo 28 de octubre de 2018 se sabrá quien será el próximo presidente de Brasil: Jair Bolsonaro, de extrema derecha, o Fernando Hassad, de centro-izquierda. En el sistema de balotaje, se elige en la primera vuelta, se opta en la segunda. Elegir y optar no son necesariamente lo mismo, menos en política. Por eso son más relevantes los resultados de la elección que los de la opción. Es altamente posible que el primero sea el vencedor, aunque existe una ligerísima esperanza -algo así como un triple milagro de dios, la historia y la naturaleza- de que lo sea el segundo, pues como decía Jorge Luis Borges, la esperanza nunca es vana, si bien, como agregaba, el coraje es siempre mejor.

Que un candidato racista, homofóbico, machista, enemigo de inmigrantes, de indígenas y de afrobrasileños, anticomunista, ultrareaccionario, defensor de la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas (1964-1985), ponderador de la tortura, entre otras manifestaciones, haya obtenido en la primera ronda el 45 % de los votos emitidos es la cuestión más importante a analizar, incluso en el hipotético -milagroso- caso de un triunfo de Haddad. ¿Por qué una sociedad que vivió un proceso de movilidad social ascendente, que dignificó la vida de millones de personas, entre otros muchas conquistas, dentro de un marco reformista, ha elegido un candidato que es la antítesis de esos y otros logros? Los propios beneficiarios ofrecen una buena pista: según una encuesta divulgada hace un tiempo, más del 90 % de los entrevistados admitió haber mejorado sus condiciones de vida durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT); pero al ser preguntados por las motivos de ese ascenso, 80 % respondió graças a Deus. El dato es más que significativo. Es un ejemplo claro de cómo la movilidad social ascendente ocluye la lucha de clases, algo que histórica y sociológicamente no es una novedad. Traigo a colación un ejemplo temprano: en 1904, comisionado por el gobierno nacional, Juan Bialet Massé, recorrió Argentina para dar cuenta del estado de la clase obrera, con vista a un proyecto de Código del Trabajo, a la postre frustrado. Una de sus constataciones fue encontrar en la ciudad de Córdoba a una de las patronales más terribles, que lo era mucho más porque buena parte de esa patronal estaba constituida por ex obreros panaderos que habían ascendidos socialmente. Allí, en la importancia de la movilidad social ascendente, hay que empezar a bucear las razones del, para muchos, sorprendente resultado de las elecciones del pasado domingo 7.

No obstante, señales previas hubo muchas. Es curioso que políticos, intelectuales y científicos sociales -de los cuales Brasil tiene muchos y muy excelentes- no hayan advertido con antelación suficiente la proyección de un hombre que en las elecciones de 2014 fue el diputado federal más votado en el estado de Rio de Janeiro, y en 2017 FSB Pesquisa -organización que se presenta como “instituto especializado en la producción de estudios para decisiones estratégicas” (http://www.institutofsbpesquisa.com.br)- lo considerara el congresista más influyente en las redes sociales, el medio de proselitismo más utilizado, y con resonantes resultados, por buena parte de las derechas latinoamericanas (con las de Brasil y Argentina a la cabeza). con profusa apelación a fake news y trolls. Ahora proliferan los compilados de las múltiples declaraciones realizadas por el ex capitán a lo largo de su carrera política, una más aberrante que otra. No las pronunció desde que en marzo de este año anunció su candidatura: las hizo a lo largo de treinta años. Había muchas señales, imposibles de reseñar en estas páginas, que quienes debían estar atentos y alertas pasaron y dejaron pasar por alto. Es penoso leer a un distinguido colega reconocer que no le prestaron atención. Este es, también, un dato insoslayable. Aquí es donde la responsabilidad de los intelectuales y de los científicos sociales críticos se revela fundamental.

Hay en la sociedad brasileña un coeficiente histórico de larga duración, generado básicamente en el Imperio (1822-1889), si bien sus raíces son coloniales, pues fue entonces cuando se constituyó la principal matriz societal del país: la plantación esclavista. La esclavitud fue abolida en 1888, pero las mentalidades propias de la dialéctica amo/esclavo -es decir, la del dominador, pero también la del dominado- no desaparecieron y se prolongan hasta hoy, traducida en múltiples formas de exclusión social, de la cual escapan, relativamente, unos pocos hombres que sobresalen en el fútbol y eventualmente en la música popular.

El color de la piel se constituyó en clave de diferenciación social, incluyendo la establecida entre pardos (reemplazo de negros) y mulatos. Así, por ejemplo, el censo de población de Salvador de Bahia de 1950 distinguía entre pardos, pretos y brancos. Era una de las tantas formas de ocultar la cuestión negra, cuyo locus principal se encontraba (se encuentra) en la división social del trabajo. La emigración de hombres y mujeres del nordeste hacia los estados del centro-sur del país, donde siempre fueron “baianos/as”, el grado más bajo de la calificación social, como bien mostrara Francisco de Oliveira en O elo perdido (1987), libro en el que señala también que, históricamente, el elemento decisivo de la estigmatización no fue el color, sino el trabajo esclavo metamorfoseado en color.
Los ejemplos de exclusión social de los afrobrasileños se ha manifestado y manifiesta en todos los aspectos de la vida cotidiana del país. Traigo a colación un ejemplo del mundo del fútbol, deporte tan asociado a Brasil: el del fenomenal O Tigre Arthur Friedenreich, que brilló entre 1909 y 1935, y que a despecho de nombre y apellido era, por hijo de alemán y de afrobrasileña, mulato, por tanto, para sus años mozos, preto, en tiempos en los cuales a los descendientes de africanos se los excluía -como bajo la presidencia de Epitácio Pessoa (1919-1922)- de la práctica del fútbol o bien, cuando se les permitía, las faltas que les cometían los jugadores blancos no eran penadas. Para burlar la prohibición, Friedenreich, que tenía ojos verdes, se ponía polvo de arroz en todo el cuerpo y se peinaba con fijador para esconder las motas. En 26 años de práctica convirtió 1.329, 1.354 o 1.379 goles (no hay acuerdo sobre la cifra exacta), siendo el máximo goleador mundial registrado, superando a Edson Aranto do Nascimento -o rei Pelé-, quien hizo 1.282 goles a lo largo de 21 años y rompió, finalmente a costa de rupturas identitarias, la exclusión. Adicionalmente, Friedenreich es considerado el iniciador del estilo brasileño de jugar al fútbol, o jogo bonito. No es un dato menor.
Un segundo ejemplo es el de lo que Oliveira llamó, en el libro citado, el mito da mulata, ese que se construyó en los años 1950 a partir de la elección de una bahiana como Miss Brasil (y luego casi Miss Universo). Significativo hecho: el cuerpo de la mujer negra/mulata como posibilidad de reconocimiento social, falsedad ideológica y expresión de lo que el mismo destacado sociólogo llamó la sutileza del racismo brasileño. La música popular también contribuyó en ese proceso de re-presentación/autorepresentación frente a los otros colectivos sociales. El mito de la mulata construido en los cincuenta es la forma contemporánea, menos brutal y más sutil, de la apropiación del cuerpo de la mujer negra, que en los tiempos de la esclavitud se expresaba en las defloraciones y los estupros de las esclavas. Pero siempre apropiación, dominación.

Un segundo coeficiente histórico es el de la religiosidad popular, que suele asociarse generalmente con la presencia de ritos africanos hibridados con cristianos, percepción devenida sentido común. Sin embargo, más importante ha sido y es la religiosidad popular derivada de la particular apropiación de leyendas europeas originadas en las luchas contra los musulmanes en la península ibérica, particularmente la de los Doce Caballeros de Francia y la del apóstol Santiago, el santo guerrero. No se entiende el mundo campesino brasileño, sobre todo nordestino -y por las migraciones internas difumadas por buena parte del país, sobre todo por los estados del centro-sur-, desde las movimientos mesiánicos de Canudos y Contestado hasta hoy, pasando por el bandidismo social, las acciones de Virgolino Ferreira (conocido como Lampião y «o Rei do Cangaço») y las del cura Cícero Romão, (el organizador del Batallón Patriótico para combatir, en los años 1920, a la columna Prestes), las treinta y dos “pequeñas guerras campesinas” del siglo XX (desde la del Pinheirinho, en 1902, hasta la de São Bonifácio o Guerra da Ponte, en 1987) y, en otro registro y clave, el papel de las Comunidades Eclesiásticas de Base en la formación del PT, sin descuidar el papel de la Teología de la Liberación. No son para desdeñar los hechos de que 1) la revuelta de la República dos Anjos, 1925, haya sido dirigida por una mujer, Benedicta Cypriano Gomes, una joven 19 años conocida popularmente como Santa Dica y como la “Lenin del sexo diferente” por los coroneles y la prensa adicta, y 2) la de São Bonifácio, por otra mujer, Jane Resende, y un homosexual asumido, Víctor Hugo Rosa.

La relación entre religión y política no es, por tanto, un hecho nuevo, como tampoco lo es el creciente y decisivo papel de las iglesias evangelistas, ahora tenidas como una de las razones explicativas del triunfo de Bolsonaro. En este sentido, las agudas observaciones de la latinoamericanista franco-tunecina Lamia Oualalou, autora del reciente libro Jésus t’aime. La déferlante évangélique (Les Éditons du Cerf, Paris, 2018), en el que analiza el proceso mediante el cual esas congregaciones religiosas se fueron infiltrando por todas las instituciones, sean ellas estatales -gobiernos locales, Poderes Legislativos (90 diputados) y Judicial, policías, sistema penitenciario- o de la sociedad civil -particularmente empresas de radio y televisión (Edir Macedo Bezerra, fundador, en 1977, de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), y uno de los hombres más ricos del mundo, según Forbes, controla Rede Familia y es socio mayoritario de la principalísima Rede Record)-, con un nivel de eficacia tal que ha llevado a los sacerdotes católicos a imitar algunas de sus estrategias, como la de incorporar temas de rock and roll en los templos. No ocurre solamente que el mayor país católico del mundo está dejando (si no ha dejado) de serlo. Toda la vida cotidiana ha empezado a transformarse: la Coca-Cola, “bebida del diablo”, es reemplazada por la Judah Cola, cuya receta ha sido dictada por el Espíritu Santo; las radios proclaman “¡Jesús te ama!”, la televisión difunde telenovelas con contenido religioso; la policía ha modificado el mandamiento “No matarás” por “Dios retira la vida. Solo estoy apretando el gatillo”. En el Congreso, las sesiones se interrumpen para orar… Los pastores han devenido líderes en el seno de la sociedad civil y han ganado y ganan cargos políticos electivos. No se trata tampoco de un suceso inesperado. Ya en las elecciones de 1989, donde los medios de comunicación hicieron campaña sucia contra la candidatura presidencial de Lula, los grupos evangelistas jugaron un papel decisivo en el triunfo de Fernando Collor de Mello.

Las iglesias evangelistas han reemplazado la Teología de la Liberación por la teología de la prosperidad, cuya lógica es, señala Oualalou, internalizar en los fieles la convicción de que tienen derecho a todo -a la buena vida material, a la salud- en esta vida, no en la próxima. “ Y si no lo tiene ya es porque no sabe exigir”, un viraje en el modo de concebir y practicar la relación con Dios, que tiene que dar aquello y para lo cual “sólo tienes que saber pedírselo. Y para pedírselo debes formar parte del grupo evangélico, pagar y rezar”. Así, “la gente sólo escucha la radio evangélica, ve la televisión evangélica, acude a los grupos evangélicos de Facebook y WhatsApp (…), vive encerrada en ese mundo.”

Todo ello es grave, pero más lo es la constatación inequívoca de Oualalou, tal como lo ha señalado en la entrevista que le hiciera Eduardo Febbro para el diario argentino Página/12 (edición del 16 de octubre), “los partidos y movimientos progresistas, el PT por ejemplo, abandonaron a esta gente. Al final, lo que ocurrió es que se cortaron los puentes para dialogar con la gente humilde”. En momentos de crisis y miedo, Bolsonaro apareció con el discurso de orden, de “matar a los bandidos”, yuxtapuesto con el discurso de los pastores demonizando al PT al presentarlo como lo que no es, un partido radical, utilizando los templos para alimentar la idea de “que la crisis y la recesión son culpa de Satanás, y ese Satanás es el PT. (…). Distribuyen una retórica que nada tiene que ver con la realidad y la gente cree”.

En ese punto aparece la importancia de la cuarta premisa del inicio: no basta ganar elecciones y tener liderazgos consolidados: es imprescindible generar hegemonía, nuevo sentido común. Ello requiere llevar adelante una sostenida, continua, sólida tarea de educación política. En evidente que no la hubo. De haberla habido, las formidables conquistas sociales no hubiesen sido “gracias a Dios”, ni el lema“Brasil y Dios por encima de todos” se habría impuesto a “El pueblo será feliz de nuevo”.

El PT se creó en 1980 al calor de la lucha contra la dictadura militar, desde abajo (un dato novedoso en la historia política del país), por la convergencia de fuerzas ideológicamente heterogéneas, con fuerte presencia de las Comunidades Eclesiásticas de Base y, sobre todo, obrera (el novo sindicalismo antiverticalista y fuerte opositor del peleguismo derivado de la Consolidación de las Leyes del Trabajo, de 1943, inspiradas en la Carta del Lavoro fascista, de 1927). Surgió con una denuncia crítica del reformismo social demócrata, en una postura inequívocamente de izquierda, si bien su relativo radicalismo inicial se fue metamorfoseando, inclinándose hacia el centro, particularmente mientras fue gobierno. Esa transformación se ha manifestado (se manifiesta) en el abandono del lenguaje en términos de clases, de donde el abandono de políticas de clase. No abro juicio de valor: señalo un hecho.
No obstante, los gobiernos del PT (2003-2016), caracterizados como de “nueva izquierda”, progresista, socialista democrático o de centro izquierda, sacaron a millones de hombres y mujeres de la pobreza, redujeron las desigualdades -logro más que considerable en un país de algo más 208 millones de habitantes-, ampliaron y fortalecieron la clase media, esquivaron la crisis de 2008, permitieron el crecimiento económico y transformaron a Brasil en un país relevante al integrarse, en el plano mundial, a los BRICS, al apuntar al fortalecimiento del Mercosur y de la Unasur…

Lula dejó la presidencia con una aprobación de alrededor del 80%. Preso, tenía una intención de votos para las presidenciales del 40 %, lejos del 29 % que obtuvo Haddad, lo que también es un dato revelador de la primacía del liderazgo personal por sobre el partido como colectivo, fenómeno que no es privativo de Brasil y sobre el cual bien vale un debate, más político que académico.

Una acotación más. ¿Cómo explicar que la ilegítimamente derrocada presidenta Dilma Roussef, sobre la cual ni siquiera los golpistas apelaron a perseguirla judicialmente con acusaciones de corrupción, como sí hicieron con Luiz Inácio Lula da Silva, resultara ¡cuarta! en la elección senatorial en su estado, Minas Gerais? Faltó trabajo político de base, faltó hegemonía.

Brasil es un país presidencialista, pero a diferencia del resto de América Latina, su presidencialismo se caracteriza, particularmente en los últimos treinta años, por ser de coalición. Lo es doblemente: por la fórmula presidencial, bipartidaria, y porque la que triunfa no tiene la mayoría legislativa, lo que obliga a continuas negociaciones, una práctica que es también parte del coeficiente histórico de las culturas políticas brasileñas, herencia de los tiempos en que la política era cuestión de caballeros y las masas estaban excluidas. El PT llevó a las masas a un protagonismo antes desconocido, pero nunca pudo tener mayoría propia y debió negociar permanentemente, como si la afirmación de Francisco José de Oliveira Vianna, hijo de dos familias fluminenses tradicionales y, a mi juicio, el mayor pensador de las derechas brasileñas -expuesta, no recuerdo si en Populações meridionais do Brasil (1920) o en Evolução do povo brasileiro (1923)-, pesara como una maldición: en Brasil, se gobierna con las 400 familias fundadoras o, sin ellas, no se gobierna.

Está claro que Bolsonaro gobernará con (y para) ellas, en tanto metáfora de las clases dominantes, no necesariamente hoy las mismas del pasado. No obstante, tendrá que negociar con el Congreso (si es que no lo cierra), pues su representación partidaria es de sólo 4 senadores (sobre 81, de 20 partidos) y de 52 diputados (sobre 531, de 30 partidos), Cámara ésta donde el PT es primera minoría con apenas 4 votos por encima del Partido Social Liberal de Bolsonaro. La cuestión de la gobernabilidad, no teniendo mayoría propia en el Congreso, obligará a negociar. Lo mismo ocurriría en el eventual triunfo de Haddad, que tendría, mayores dificultades para ello.

Es cierto que Bolsonaro podría zanjar el problema, sin demasiados costos políticos, optando por un gobierno militar. Un país puede llegar a tener un gobierno de carácter militar, aunque las Fuerzas Armadas como tales no participen del mismo, una posibilidad también prevista por Gramsci para situaciones de crisis orgánica. Brasil está ad portam de la misma, reforzada por el carácter militar de la dupla Jair Bolsonario-Antônio Hamilton Mourão, retirados con los grados de capitán y general, respectivamente. Como ironía, metáfora o catacresis, Bolsonaro fue, militarmente, antes de hacerse político, paracaidista. Pero si políticamente puede ser considerado paracaidista, eso es pertinente para sus inicios, en 1988, cuando saltó de los cuarteles a la polis y fue electo vereador (concejal) por Rio de Janeiro. Después se forjó como un típico político brasileño, de esos que transitan por una sucesión de partidos, otro dato no menor de las culturas políticas del país, donde nunca hubo sistema de partidos fuertes, ni tampoco, salvo contadísimas excepciones (como la del PT), partidos relativamente fuertes. El ex capitán pasó, entre 1988 y 2018, por nueve agrupaciones políticas, habiéndose iniciado en la Democracia Cristiana (DC).

Las fuerzas políticas de derecha han logrado un considerable éxito con la cuestión de la corrupción, que no es otra dato menor en las culturas política brasileñas. Ya en 1960, Jânio Quadros (también él iniciado en la DC) hizo de ella el núcleo duro de su campaña para la presidencia del país (que logró), mostrando como emblema una escoba, con la cual iba a “barrer la corrupción” de la política brasileña. En la actualidad, esas fuerzas de derecha han alcanzado, en varios de nuestros países, resultados formidables, en parte merced a la judicialización de la política y una cantinela, reiterada hasta el hartazgo, demonizadora del Estado como locus de la corrupción, frente a la “pureza” del Mercado. Una expresión devenida sentido común, manifiesta en Argentina, por ejemplo, es una muestra de ello: “un gobierno de ricos no roba porque, como son ricos, no necesitan hacerlo”. ¡Ja! La corrupción tiene, para decir una obviedad (pero no trivial), dos partes: corruptor y corrompido. En Argentina, hoy, sólo se investiga, posiblemente se condene, a los corrompidos (hombres y mujeres de la política), reales o supuestos, mientras los corruptores (hombres y mujeres del “Mercado”) quedan fuera. La figura del empresario “arrepentido” que denuncia a políticos (no importa cuan realmente cierto) beneficiarios de la “coima”, un aporte brasileño, está haciendo escuela en Argentina.

Cuando hay votantes que deciden su voto conforme el precepto “prefiero un presidente que incluso puede ser homofóbico y racista, pero que no es ladrón”, como dijo un funcionario bahiano, votante de Bolsonaro (https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45781389), seguramente expresando un sentir hecho sentido común, se puede medir la eficacia del discurso derechista.

La Iglesia Universal del Reino de Dios se está expandiendo, por ahora, sobre todo en Argentina y Chile, y su programa televisivo Pare de sufrir se emite a toda América Latina y está ganando espacio en canales de Argentina (C5N y el muy popular Cónica), Bolivia, Paraguay y Uruguay. La presencia de la URD es creciente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su conurbano, desplazando al catolicismo. A este hecho, constatable empíricamente, que para políticos y científicos sociales argentinos parece pasar desapercibido, se suman otros, preocupantes, como las múltiples agresiones a chicas portadoras del pañuelo verde, distintivo de quienes defienden la despenalización del aborto legal; la intromisión de un grupo de personas en una escuela secundaria (media) de la ciudad de La Plata, que, con sus pañuelos celestes (emblema de quienes bregan por mantener la penalización), trataron de impedir el desarrollo de una clase de Educación Sexual Integral; el atropello en la turística ciudad de Mar del Plata a un abogado y a un juez que trataron de impedir los malos tratos a una persona por parte de efectivos policiales que, al igual que un grupo de personas presentes, le reprocharon al juez ser “garantista”. Por añadidura, los policías fueron ascendidos por sus superiores. Hay cada vez más xenofobia en un país hecho en buena medida por inmigrantes…, claro, europeos, no latinoamericanos o africanos, o asiáticos. Ya hay políticos, de menor relieve (hoy) que se proclaman admiradores de Bolsonaro. Indicadores hay muchos y hay que prestarles atención, cosa que las fuerzas de izquierda, centro izquierda, nacional-populares y progresistas en general no están haciendo. No sea que cuando se lo haga, sea, como en Brasil, demasiado tarde. Más vale, reaccionar como en el viejo refrán: “Cuando veas arder las barbas de tu vecino, pon las tuyas a remojar”.

Quién defina la agenda en esta segunda vuelta, insertándola en una narrativa coherente, probablemente saldrá victorioso. El gran desafío de la campaña de Haddad/Manuela es construir esta agenda, potencialmente mayoritaria, y presentarse como quien, representando la herencia y el sueño de Lula, es capaz de vencer al gran enemigo de los derechos del pueblo brasileño que es Bolsonaro

A Otávio Dulci, compañero siempre

“Ahora es fácil”, dice el panfleto: una foto de Bolsonaro y otra de Haddad. “Escoja entre el policía y el bandido”.

Parece simplista, pero no lo es. Hay una narrativa, una agenda y un personaje. Hasta llegar a esta síntesis hubo un concepto, una larga inversión en una narrativa e, ahora, hay un personaje para encarnarla. El concepto de que el PT es “neopatrimonialista” (en lenguaje directo: asalta el poder para robar), formulada por Fernando Henrique Cardoso a partir de una interpretación fraudulenta de la obra de Raymundo Faoro , que organiza la cobertura de las grandes empresas de la mídia desde 2005. La narrativa de que el mal de Brasil es la corrupción encarnada por los “políticos” – principalmente por el PT – y actualizada al final de la primera vuelta por la asociación Moro/Globo, filtrando la delación premiada de Palocci. Bolsonaro es el gran actor (¿“mito”, “Mesías” o “héroe”?) que viene desde fuera del sistema político para limpiar Brasil y salvarlo de la crisis profunda en que se hunde.

La formula “bandido” hace el pasaje del primer Bolsonaro (el que creció en Rio de Janeiro con la bandera “bandido bueno es bandido muerto”) al Bolsonaro Presidente (el que va a salvar a Brasil de los bandidos del PT). Bolsonaro se establece como el gran heredero del antipetismo, construido bajo la dirección del PSDB , hoy ya embarrado por la imagen de la corrupción. Bolsonaro es limpio: el capitán y el soldado, el “policía” de Brasil: las Fuerzas Armadas, en medio al descredito de las instituciones, ¿no seria la más confiable?

Roger Griffin, el gran estudioso del fascismo clásico y contemporáneo, identifica el “fascismo genérico” exactamente a partir de esta noción central de una regeneración moral de una sociedad nacional en crisis: Bolsonaro viene a limpiar Brasil de los bandidos que asaltan en las calles, asaltan el Estado, asaltan los valores de la familia. “La contrarevolución”, afirmaba el reaccionario Joseph de Maistre, “no es lo opuesto de una revolución, es una revolución opuesta”.

Bolsonaro viene a dar continuidad al ideario de la Lava Jato, de forma más amplia y por otros medios. Lula y lo que el significa sobrevivió a la Lava Jato pero no sobrevivirá a Bolsonaro. La violencia es necesaria para extirpar de la sociedad su parte más enferma. La izquierda, en un sentido amplio, debe ser eliminada para que Brasil resurja sano. Sin corrupción, Brasil volverá a crecer y será posible tener dinero para hacer las políticas que el pueblo necesita: ¿no es esta la gran formula del cuadro popular “El Brasil que el pueblo quiere”, presentado diariamente a lo largo de los últimos meses por el Jornal Nacional ?

Nuestra agenda, narrativa y actor

En la primera vuelta, 90% o más del esfuerzo de la campaña de Haddad fue promover el traspaso de votos de Lula. Puede discutirse si, a partir de su llegada al 20% de las intenciones de voto, la polarización con Bolsonaro podría haberse iniciado. Pero este es el principal desafío de la segunda vuelta. Porque se trata, fundamentalmente, de disputar la narrativa, la agenda y el actor con la narrativa fascista de Bolsonaro. Quien venza esta disputa vencerá las elecciones.

En una expresión aproximativa (que se vale de una intervención del compañero Jacques Wagner ), se podría formular de la siguiente manera: el profesor que quiere continuar los sueños de Lula del Brasil feliz y en paz versus el mito del torturador que es enemigo de los derechos del pueblo brasileño.

Sí, es necesario fijar, dar a conocer más, expresar la autonomía de voz, construir el liderazgo político de Haddad. Pero seria un verdadero desastre pretender despegar su candidatura de la presencia central y polarizadora de Lula: Bolsonaro ya lo llama de “pelele” “prepuesto del bandido” desde el inicio de la campaña. El centro de su biografia es haber sido profesor de la USP y ministro de educación de los gobiernos Lula. Dejar Lula a un lado seria una verdadera quiebra de narrativa, una desorganización del centro de coherencia y de la imagen de la campaña.

La agenda central es: Quién defiende y va a extender, y quién es el enemigo de los derechos del pueblo brasileño. Son los derechos sociales y del trabajo, los derechos de las mujeres, negros y gays, los derechos a la libertad y a vivir en paz. No hay porque caer en el error de contraponer unos derechos a otros, como de forma apresurada concluyeron algunos: el rechazo de las mujeres a Bolsonaro, principalmente mujeres pobres, fue lo que aseguró la segunda vuelta (la diferencia de votos en Bolsonaro entre hombres y mujeres continuó siendo muy alta hasta el final) y continúa siendo fundamental. ¡Denunciarlo como racista continúa siendo fundamental: el brutal y cobarde asesinato del Maestro de capoeira bahiano es un símbolo dramático de la campaña!

Los derechos sociales y del trabajo deben ir al centro ahora. Amplio acuerdo: empleo, salario mínimo, salud, educación y seguridad son las principales reivindicaciones del pueblo brasileño según las encuestas. Bolsonaro voto con Temer contra el pueblo brasileño en todas estas cuestiones. ¡Voto a favor de no haber más inversión en educación, salud, seguridad y Bolsa Familia por veinte años!

Debemos, a partir de esta narrativa de izquierda y de esta identidad, acoger el deseo del pueblo brasileño de vivir en un país libre de corrupción sistémica. No es el centro, pero este compromiso debe ser suscrito. No subscribirlo es darle la razón, por omisión, a Bolsonaro. Es necesario combatir la mayor de la fake news de esta campaña: ¡presentarse Bolsonaro como líder del combate a la corrupción! ¿La conciencia del pueblo brasileño ya no tuvo la experiencia de Aécio ?

¿Por qué llamarlo de “mito torturador”? Pues porque el mito del “mito” es el torturador Brilhante Ustra . No se tiene noticias de Bolsonaro como torturador, pero como personaje político el se ha construido como heredero del coronel Ustra. La expresión “mito” en este caso vale como desconstrucción: el capitán no representa a las Fuerzas Armadas brasileñas, ni en su historia ni en su conjunto, pero sí en su peor momento y en sus facciones más tenebrosas. La agenda de la paz y la democracia contra la violencia y la amenaza de la dictadura debe ser estar siempre con nosotros.

¿Por qué es posible y hasta probable vencer?

Este artículo está siendo escrito cuando todavía no hay ninguna encuesta de segunda vuelta. Pero es probable que, así como en la última semana de la primera vuelta, con exposición en el Jornal Nacional, Ibope y Datafolha vengan a público para exponer la imposibilidad de una victoria de Haddad en esta segunda vuelta. Las dos encuestas no bajaron la votación de Haddad (convergiendo en el mismo error de previsión, coincidencia, créanlo si quieren) durante los últimos días de la primera vuelta, forzando la posibilidad de victoria de Bolsonaro en la primera vuelta, ¿contra todas las demás encuestas?

Pero esto no es verdad. Es exactamente lo contrario a esto: la victoria de Haddad es posible y hasta probable, si vence en la disputa narrativa y de agenda.

El único movimiento político que confronto a Bolsonaro hasta ahora ha sido el ¡#Elenão! El candidato Bolsonaro se inmunizó a la crítica, por el atentado criminoso que sufrió, durante un periodo decisivo. Alckim predicó contra él por ser un candidato fácil de ser derrotado por el PT. La campaña de Ciro estaba legítimamente volcada para disputar el voto útil contra Haddad. E la campaña de Haddad solo inició el ataque tarde, en la fase de ascenso final de Bolsonaro.

En la última quincena, hacia Bolsonaro ya convergía lo fundamental del sistema económico, político, mediático, de las iglesias conservadoras y una dinámica de voto útil. El 46% de los votos válidos a Bolsonaro en este contexto – 49 millones, un tercio del electorado brasileño – representan un estado óptimo de su desempeño. Ciertamente, parte nada despreciable de estos votos recientes son de un Bolsonaro todavía no sometido a la crítica e no están cristalizados.

En el Sudeste y Sur de Brasil la campaña de Haddad no contará con fuertes apoyos en la campaña de segunda vuelta para los gobiernos estaduales. Esta es su mayor dificultad. ¿Pero el apoyo de Dória ou Zema ou Witzel traerán nuevos votos a Bolsonaro? ¿En qué medida el voto a presidente, en una elección tan polarizada, no seguirá fundamentalmente una dinámica nacionalizada?

Haddad tiene ahora tres nuevas ventajas. El traspaso de votos de Lula, en su primer y necesario estadio, ya está realizado. Ahora su candidatura puede dedicarse integralmente a la polarización e a reafirmar su programa para el país. ¡Aún en el auge de la fake news, en la última semana de la campaña, su índice de rechazo en las encuestas era inferior a Bolsonaro!

En segundo lugar, recibirá el refuerzo decisivo de Ciro y sus electores además de la importantísima militancia de Boulos y del PSOL y el apoyo formal del PSB . Puede todavía contar con el apoyo, aún con mediaciones, de sectores democráticos del PSDB e de Rede . Contará, sin duda, con todo el apoyo de los sectores artísticos, intelectuales y de liderazgos religiosos. Tendrá a su lado toda la militancia de los movimientos sociales.

En tercer lugar, tendrá la mitad del tiempo de publicidad en la televisión, en el momento más decisivo de la disputa. Tiene todas las condiciones para salir con una importante ventaja de todos los debates a los que Bolsonaro acuda.

A ilusión es la esperanza sin razones. La esperanza se asienta, en momentos como estos, solo con una extraordinaria movilización de la voluntad, pero necesita razones. Y hay muchas para confiar que una victoria de Haddad todavía es posible y hasta probable.

Juarez Guimarães, es profesor de Ciencia Política de la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil)

Este articulado fue publicado en primer lugar en Carta Maior (cartamaior.com.br)
Traducción y notas: Mauricio Benito Durá

NOTAS
1. Abogado e intelectual brasileño jugó un papel político importante en la transición a la democracia en Brasil. Es autor de Os Donos do Poder donde analiza la formación sociopolítica “patrimonialista” de Brasil.
2. Partido da Social Democracia Brasileira. A pesar del nombre, el PSDB es un partido de centro-derecha, teniendo entre sus líderes el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, y los excandidatos a presidente José Serra, Geraldo Alckmin y Aecio Neves. Fue el principal opositor del PT en los últimos 20 años y articulador clave del golpe contra Dilma Rousseff.
3. El Jornal Nacional es el noticiero de mayor audiencia de la televisión brasileña y se emite por la cadena Globo. Durante los últimos meses ha contado con un espacio en que se recogen breves declaraciones de ciudadanos y ciudadanas, por lo general de zonas marginadas y rurales, que responden a la pregunta de que Brasil quiere el pueblo.
4. Jacques Wagner, dirigente del PT, fue diputado federal durante tres mandatos y gobernador del estado de Bahía en dos periodos. Ministro Jefe de la Casa Civil y de la Defensa durante el segundo gobierno de Dilma Rousseff. Fue electo senador en las elecciones del pasado 7 de octubre.
5. Por medio de enmienda constitucional, durante el gobierno Temer, se fijó el techo de gasto por 20 años restringiendo las inversiones en sanidad y educación.
6. Fue candidato del PSDB a la Presidencia de la República en las elecciones de 2014, perdiendo para Dilma Rousseff en la segunda vuelta. Fue uno de los principales articuladores del golpe a Dilma. Tras una campaña como abanderado de la lucha contra la corrupción acabó, en 2017, como reo de la justicia por corrupción y obstrucción de la justicia. En su contra pesan grabaciones filtradas donde se le escucha pidiendo soborno a un empresario y barajando la posibilidad de matar a su propio primo que sería el encargado de recoger el dinero. Fue elegido diputado federal el último 07 de octubre.
7. Coronel del Ejercito Brasileño, fue jefe del DOI-CODI (uno de los órganos de represión política durante la dictadura militar en Brasil. 1964-1985) en la región de São Paulo entre 1970 y 1974. La Comisión de Justicia y Paz de la arquidiócesis de São Paulo recopiló 502 casos de tortura en su contra. En la sesión del Congreso Nacional en que se votó el impeachment de Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro al votar lo dedicó a Ustra. Dilma Rousseff, presa política y torturada, estaba entre las víctimas.
8. Ibope y Datafolha son las dos principales empresas de encuestas de opinión en Brasil.
9. Geraldo Alckim, candidato presidencial en estas elecciones, obtuvo apenas el 4,76% de los votos válidos.
10. João Doria es candidato por el PSDB a gobernador del Estado de São Paulo en la segunda vuelta.
11. Romeu Zema del partido NOVO, candidato outsider que disputará la segunda vuelta al gobierno de Minas Geráis. Ha declarado apoyo a Bolsonaro.
12. Wilson Witzel del partido PSC, candidato outsider apoyado por Bolsonaro, disputará la segunda vuelta al gobierno de Rio de Janeiro.
13. Ciro Gomes, candidato de centro izquierda del Partido Democrático Laborista (PDT por sus siglas en portugués) obtuvo en la primera vuelta el 12,5% de los votos válidos. El PDT ha declarado su apoyo “crítico” a Fernando Haddad para “frenar las fuerzas atrasadas de Brasil”.
14. Guillerme Boulos, dirigente del Movimiento de Trabajadores sin Techo (MTST) y del Frente Pueblo Sin Miedo (FPSM) fue candidato presidencial por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Boulos es un gran defensor de la inocencia de Lula y durante la campaña manifestó su intención de indultarlo en caso de victoria. Pese a haber obtenido apenas el 0,58% de los votos su apoyo a Haddad es valorado como muy importante por la fuerza militante que aporta a la campaña.
15. Partido Socialista Brasileño
16. Rede es el partido de Marina Silva que obtuvo el 1% de los votos válidos en la primera vuelta.