moderado por:

  • Irene Bassanezi Tosi

    Doctoranda en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en UC3M

El actual marco de relaciones laborales impide dinamizar el modelo productivo

  • Antonio González

    Economista, Vicepresidente Segundo de Economistas Frente a la Crisis.

  • Ignacio Muro Benayas

    Presidente de la Plataforma por la Democracia Económica

La pervivencia de una negociación colectiva debilitada o su actualización, para que sirva como impulso a las nuevas dinámicas productivas, es lo que está en juego en estos momentos.

Recordemos que la negociación colectiva surgió como soporte del Derecho del Trabajo y como mecanismo de defensa ante el desequilibrio en las relaciones entre el empresario y el trabajador individual, que daban lugar a unos resultados de enorme precariedad vital de los asalariados.

Tras un periodo de entreguerras, en los que la confrontación social fue especialmente dura y violenta, la negociación colectiva pasó a formar parte del estatus de institución básica del Estado de Bienestar, continuación imprescindible de la organización de la Democracia y el Estado de Derecho.  Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la negociación colectiva se convirtió, además, en el factor determinante del reparto primario de la renta entre empresarios y trabajadores.

El debilitamiento continuado de la negociación colectiva

El neoliberalismo tuvo desde sus orígenes la obsesión no disimulada de alterar esos equilibrios mediante procesos generalizados de desregulación del mercado de trabajo.

Si nos centramos en España, a lo largo de las últimas décadas, dos han sido los grandes vectores que han inspirado las 18 reformas laborales desarrolladas y, especialmente, las últimas puestas en marcha después de la crisis de 2008.

Por un lado, la reducción drástica y constante de la protección del empleo, facilitando los despidos mediante la descausalización y reduciendo su coste, hasta situar la regulación española, según datos OCDE, entre los niveles más bajos de los países de nuestro entorno europeo.

El segundo de esos vectores trataba de debilitar directamente la negociación colectiva. Después de la crisis del 93, con la excusa de potenciar la autonomía de los agentes sociales, el foco de las reformas se puso en la desregulación normativa, suprimiendo o rebajando los mínimos legales cuya defensa pasaba a descargarse en los convenios colectivos. Después de la crisis del 2008 las reformas cambiaron su objetivo: ahora sí interesaba volver a implantar normas pero con el propósito, apenas disimulado, de limitar directamente la eficacia y capacidad de actuación de a negociación colectiva a través de un conjunto de cambios legales perfectamente estudiados.

Los efectos más lesivos de la actual legislación laboral

La ultractividad o pérdida de vigencia del convenio (sea sectorial o de empresa) un año después de su fecha de finalización, sin necesidad de ser sustituido por uno nuevo, es el primero de esos mecanismos con consecuencias desastrosas para la negociación colectiva. Era fácil suponer que cualquier nuevo acuerdo solo resultará aceptable para la parte empresarial si se rebajan suficientemente las condiciones del anterior:  un propósito claro que persigue desmontar, gota a gota, las mejoras conseguidas en el calor de las luchas de convenios anteriores hasta llegar a un punto cero del que se obligaba a ascender, una y otra vez, las mismas pendientes para volver a conquistar las mismas posiciones.

La reformulación del artículo 41 del ET (referido a la ‘modificación sustancial de condiciones de trabajo’) es el segundo mecanismo de vaciamiento de la capacidad y eficacia de la negociación colectiva. Permite la rebaja de esas condiciones mediante decisión unilateral del empresario, tanto de forma individual como colectiva, y hasta los límites del convenio superior que sea de aplicación. En el caso de no existir tal convenio, los límites de esa disminución podrán desplomarse hasta el nivel mínimo legal.

El tercero de los mecanismos es el que rompe la jerarquía sectorial de los convenios, estableciendo que todo convenio de empresa podrá descolgarse de cualquier convenio de ámbito superior de su sector, y tendrá la facultad de declarar inaplicable aquello que considere le perjudica. Conviene aclarar que anteriormente solo primaba el convenio de empresa si sus condiciones mejoraban, precisaban o aplicaban las del sectorial. Esta sustracción de la capacidad reguladora en el ámbito sectorial constituye otro elemento claramente dirigido a desarbolar la negociación colectiva.

A todo ello, hay que sumar la aparición de fenómenos previos de debilitamiento de los convenios colectivos como la subcontratación desregulada y la precarización contractual.

Unos cambios unilaterales “perfectamente diseñados”

Esos cambios fueron la culminación de un propósito permanente y estructural que utilizó diversos pretextos construidos alrededor de las supuestas rigideces del mercado de trabajo o de un funcionamiento deficiente de la negociación colectiva en España. Las verdaderas razones eran más sencillas: seguir las “recomendaciones” de los círculos empresariales y aprovechar las crisis y el shock causado por el derrumbe del empleo para presentar reformas que iban siempre en la misma dirección: reducir el poder de negociación de los trabajadores y alterar el reparto de los excedentes empresariales.

En la última crisis, el objetivo que lo justificaba era reducir el enorme apalancamiento de las empresas y facilitar su saneamiento, pero el mecanismo seguía siendo el aumentar la transferencia continua de salarios a beneficios y conseguir que las compañías españolas, pese a su inferior nivel tecnológico, alcanzaran unos niveles de ganancias situados entre los mayores de Europa.

Así fue. Mientras en el conjunto de la UE la participación de los beneficios en el Valor Añadido Bruto de las empresas -sociedades no financieras- se redujo entre 2008 y 2019, en España registraba el segundo crecimiento más elevado: los beneficios de las empresas crecieron en prácticamente 40.000 m€, pero los salarios solo lo hicieron en 13.400 m€. El margen de beneficios (en % del valor añadido) de las empresas españolas, es en 2019 superior al promedio de la zona euro, y al de Francia y Alemania.

Un marco de relaciones laborales caro, disfuncional, ineficiente, antiguo y desincentivador del cambio tecnológico.

Las recurrentes reformas laborales han tenido la intención de construir un modelo económico y social “coherente” cuyas consecuencias están visibles en las huellas que han dejado en el sistema productivo y en el conjunto de la sociedad. Cualquier análisis comparado deja patente que sus resultados no han mejorado la productividad y competitividad de nuestra estructura empresarial y que los elevados márgenes de beneficios han servido de dopaje para una gestión rutinaria, sin estímulo alguno para realizar esfuerzos de modernización tecnológica, comercial, organizativa que otros entornos empresariales han debido realizar para sobrevivir.  Un modelo de crecimiento insistentemente basado en niveles de productividad y de salarios muy inferiores han dejado un país destrozado por la precariedad y la desigualdad.

¿Cómo podemos calificar sus rasgos?

1. En primer lugar, se debe resaltar que, en contra de todas las proclamas, se trata de un modelo CARO porque externaliza al Estado y a la sociedad costes brutales de ajuste social que tienen tal dimensión que acentúan los efectos públicos y privados de las crisis.

Es evidente que las reformas laborales de esta década y las anteriores han inducido a las empresas que ajusten preferentemente a través de la destrucción del empleo multiplicando los efectos de las recesiones. Esta evidencia la reconoce un informe del Banco de España de 2012 cuando afirma que “esta reacción del empleo más que proporcional al descenso de la actividad (…), de hecho, generó un efecto amplificador sobre la propia crisis”.

Es caro también porque es un modelo general que no se limita a sectores concretos ni está destinado a corregir desequilibrios con circunstancias concretas (al sector de la construcción ni a la burbuja inmobiliaria) sino que se extiende para todas las ramas de actividad y se agudiza con cada nueva crisis (los efectos de la crisis del 2008 fueron sustancialmente superiores al de la anterior recesión de 1992-1993).

2. Es además un modelo DISFUNCIONAL porque desacopla a nuestra economía con las pautas europeas y nos margina de las nuevas oportunidades surgidas en cada ciclo económico.

Tanto los costes del propio ajuste laboral como su efecto presupuestario son muchos más elevados y costosos que los de nuestros socios. El resultado es que España necesita muchos más años que el resto de los países europeos para estabilizar sus cuentas públicas y los índices de desempleo, un objetivo que puede volverse imposible si las crisis se presentan con una frecuencia de ocho años que es los que viene ocurriendo en las últimas décadas. Volver al 8% de paro cuando se viene de haber superado irresponsablemente un 26%, es mucho más costoso que no haber pasado del 12-14%, como máximo, siguiendo el ejemplo de todos nuestros vecinos.

El desacople en el ciclo productivo se nota también en la evolución de la productividad durante el ciclo. Mientras en la UE la productividad crece con las fases expansivas de la economía y cae durante las recesiones en España ocurre lo contrario. En nuestro patológico sistema la productividad apenas aumenta en los periodos de auge mientras crece fuertemente durante las crisis debido a que la destrucción de empleo es (ilógicamente) mucho más fuerte que la caída de la producción.

3. Es INEFICIENTE porque dificulta la distribución adecuada de los recursos y DESINCENTIVA la adaptación del cambio tecnológico en un momento en que es la variable fundamental que determina la competitividad futura.

Un reciente informe de OCDE titulado «Compendio de indicadores de productividad 2019» ha puesto en evidencia que España es el país desarrollado que mayor cantidad de empleo ha destruido en los sectores de alta productividad entre 2010 y 2017 (483.000, un 2,5% del total).

Nuestro sistema ha intentado convertir la inestabilidad, la precariedad y los bajos salarios, en los únicos incentivos para atraer inversiones y bajar los umbrales de rentabilidad… pero ese camino ha acabado reasignando más y más recursos hacia actividades cada vez más ineficientes, que solo surgen al amparo de los bajos costes laborales, despreciando cambios que favorezcan una organización eficiente de los negocios y una mayor productividad.

La creación, en ese mismo periodo, de 354.000 empleos en sectores de baja productividad, lo que hace es insistir en el mismo círculo vicioso de “bajos salarios / baja productividad” que alimenta un tipo de empleos que volverán a ser fácilmente prescindibles al primer signo de debilitamiento económico.

4. El modelo de relaciones laborales implantado es, por último, VICIADO Y ANTIGUO porque fomenta unos comportamientos empresariales lastrados por la informalidad de la economía sumergida o, lo que es lo mismo, por la ausencia de control público en el incumplimiento de las normas sobre empleo temporal / a tiempo parcial.

El Estado se ha limitado a “legislar”, pero consintiendo y sosteniendo, al mismo tiempo, un esquema de utilización de los contratos temporales basado en una aplicación laxa de las normas (es decir, consintiendo en el fraude) como sinónimo de flexibilidad.

Con ello, el sistema ha educado a una clase empresarial perezosa y omnipotente, reforzada por la unilateralidad absoluta como principio de funcionamiento que ha sacralizado fórmulas, como el despido individual y sin justificación, (o sea, improcedente) para provocar despidos sin la revisión judicial dominante en Europa.

Una oportunidad para el cambio

Es evidente que el desarrollo de nuevas fuerzas productivas identificadas con la economía digital y el cambio tecnológico están reclamando cambios profundos en las relaciones de producción y de trabajo. El teletrabajo, el trabajo de plataformas, la aparición de algoritmos en cada vez más espacios de las relaciones laborales, la regulación de los TRADE y un estatuto de autónomos…

Los cambios reclaman un nuevo paso en el equilibrio entre flexibilidad y seguridad y hay que saber encontrar ese equilibrio en la mejor dirección. Han transcurrido ya 12 años desde el inicio de la anterior crisis, un periodo en el que la sociedad y las leyes, aun actuando con retraso, se han mostrado capaces de apuntar ya soluciones sobre nuevas líneas reguladoras que recogen la mejor tradición democrática.

Probablemente todo ello configure un nuevo texto del Estatuto de los Trabajadores adecuado a los tiempos. Pero difícilmente se podrá construir el futuro sin librarse de las argollas que el actual marco de relaciones laborales impone a la economía española.

 

Reflexiones sobre el mercado de trabajo: problemas, medidas correctoras y cambios legales

  • Belén Cardona

    Catedrática Derecho del Trabajo. Universitat de València

  • Jaime Cabeza

    Catedrático Seguridad Social y Derecho del Trabajo. Universidad de Vigo

1. Precariedad (Temporalidad, parcialidad, límites relaciones laborales)

Se trata, sin lugar a dudas, del haz de problemas sobre el que el mercado de trabajo interno ha tenido un comportamiento más patológico. Como era esperable, el porcentaje de temporalidad había caído por debajo del 21 por 100 al final del segundo semestre de 2020, en tanto que el de parcialidad hasta el 13,4 por ciento. Lo cual es muy característico de épocas de contracción en el empleo, pues el trabajo precario siempre ha actuado de amortiguador, antes de que se destruya empleo indefinido. Pero, a poco que la situación económica mejore, puede pronosticarse un crecimiento nuevo de los contratos temporales y a tiempo parcial, como reflejo habitual de una incipiente recuperación. Es decir, o se acomete con seriedad el reto de eliminar la dualidad del mercado de trabajo, o éste seguirá siendo extremadamente sensible a los cambios de ciclo, con las consecuencias destructivas que se aparejan de este fenómeno.

La temporalidad es necesaria, pero los esfuerzos por controlar el fraude y reconducirla a sus justos términos pasan por medidas contundentes que impliquen a los actores públicos y privados y centralicen la contratación en organismos especializados sometidos a supervisión pública. Asimismo, por reformas legales que solo admitan, además de contratos formativos, dos grandes modalidades: una de sustitución de personas con el contrato en suspenso y otra para afrontar necesidades temporales muy delimitadas de las empresas. Las competencias de los convenios colectivos deben precisarse mejor y restringirse en exclusiva a los de ámbito sectorial. En cuanto a la contratación a tiempo parcial, se ha disparado a partir de 2014 cuando las garantías legales se han relajado, lo que sugiere que el crecimiento obedece a la involuntariedad y al fraude de ley. Urgen medidas correctoras en favor de la voluntariedad y del control del tiempo de trabajo.

Asimismo, es necesaria una redefinición de los límites entre trabajo autónomo y subordinado que debería centrarse en dos aspectos: la posición de dependencia material –como quiera que se adjetive- de la persona que presta servicios ante la beneficiaria de los mismos y la posición material de la misma de poder negociar en el mercado.

2. Autónomos y microempresas.

El colectivo de personas que trabajan autónomamente debe ser protegido eficazmente, pero sin animar proyectos de emprendimiento insuficientemente sólidos. El emprendimiento no puede ser objeto de fomento indiscriminado en un marco plagado de microempresas, que adolece de una sobredimensión numérica de profesionales sin personas empleadas a su cargo. Así pues, las medidas de fomento del autoempleo deben ser muy selectivas, para no abocar a muchos autónomos y autónomas al estrato más vulnerable de la población activa.

No obstante, las obligaciones laborales de los pequeños empleadores deben adaptarse a su situación comparativamente distinta a la mediana y gran empresa, mediante un retorno a la idea clásica de adaptar, en alguna medida, sus obligaciones laborales a la realidad específica en la que desarrollan su actividad profesional, sin que esta línea de actuación tenga que disminuir los derechos de las personas empleadas por ellos.

3. Rentas salariales. Productividad y subida salarial. Cotización. Economía sumergida.

El asunto de los salarios y de las rentas para-salariales es un tema que merece particular atención. La subida del SMI hasta los 950 euros acerca a España al cumplimiento de la Carta Social Europea –SMI no inferior al 60 por 100 del salario promedio-. Sin embargo, este importante incremento ha corrido paralelo al estancamiento absoluto del IPREM, indicador a partir del cual se calculan muchos de los subsidios ligados a la lucha contra la pobreza. Lo cual debe ser corregido cuanto antes.

Por otra parte, dicha subida del SMI ha producido una consecuencia muy destacable: que ha absorbido muchos salarios de convenio y que, en general, las cuantías de la mayoría de las tablas retributivas que afectan a personas trabajadoras razonablemente cualificadas apenas se sitúan ligeramente por encima del SMI. Lo cual se debe a una negociación colectiva que hasta ahora ha congelado cualquier posibilidad de incremento generalizado. Sin duda, las reglas legales de estructura de la negociación colectiva han tenido mucho que ver. En cualquier caso, debe promoverse una revisión al alza de los salarios de convenio, aunque en el contexto de una necesaria moderación salarial, imprescindible hasta que el PIB no vuelva a crecer sostenidamente. Sin esa subida, es muy poco razonable plantear que pueda operarse un incremento de la productividad, que requiere, un mínimo de motivación entre los trabajadores. Que los complementos variables ganen importancia, por lo demás, exige un incremento de la transparencia en su cálculo y devengo, que debe promoverse a través de normas legales que orienten a la negociación colectiva.

4. Contratación y subcontratación. Empresas multiservicio.

Las garantías de los trabajadores de las empresas auxiliares constituyen un asunto central, en un modelo como el español demasiado proclive a la descentralización productiva y a las cadenas de subcontratación. Probablemente, apostar por una equiparación salarial general entre los trabajadores de las empresas subcontratistas y los de las empresas principales sería erróneo, pues produciría una imposibilidad real de sostenimiento de muchas pequeñas empresas. Pero también es cierto que la descentralización productiva no debe basarse casi en exclusiva en el objetivo de reducción de costes, muy principalmente los laborales.

Con estas ideas guía, sí que debe aproximarse la regulación de las empresas multiservicio a las de las empresas de trabajo temporal, quizá con un mayor protagonismo de la negociación colectiva. Al margen de lo cual, la responsabilidad de las empresas principales debe extenderse a los casos de empresas auxiliares que no sean de la propia actividad –vg., limpieza, seguridad, catering, mantenimiento…, donde se ubican los principales nichos de precariedad- y alcanzar no solo las responsabilidades salariales, sino también las indemnizatorias. Es asimismo básico eliminar o poner coto a la utilidad del contrato de obra y servicio para atender contratos mercantiles o administrativos de las empresas auxiliares.

5. Empleo y protección por desempleo. Formación

Las políticas de empleo deben sufrir una auténtica revolución en España, pues se encuentran enquistadas en una lógica propia de hace más de veinte años. La empleabilidad de las personas debe dotarse de instrumentos más eficaces y coherentes. Los servicios públicos de empleo necesitan redimensionarse para atender con eficacia y dedicación a cada persona demandante de empleo. Las Administraciones territoriales tienen que estar más articuladas y coordinadas. El sector privado de la intermediación tiene que ser mucho más colaborativo con el ámbito público y probar su eficacia y eficiencia en el desempeño de su labor, mediante procedimientos verificables. Las políticas de empleo deben ligarse a las políticas demográficas y ser coherentes entre ellas, el reto demográfico de la España vaciada obliga a diseñar y articular estrategias de creación de empleo vinculadas a la promoción del repoblamiento de entornos rurales deshabitados.

España necesita un plan estratégico hacia el pleno empleo que trascienda de la planificación propia de la Estrategia Europea de Empleo. Es crucial dotarse de profesionales del empleo, en número y cualificación suficiente para afrontar uno de los principales retos que tenemos como país.

Por lo que respecta a la protección frente al desempleo y a las políticas pasivas de empleo, hay que reformar profundamente la normativa para conseguir un sistema más equilibrado que ofrezca cobertura armónica, y no sobreprotección a quien no la necesita e infraprotección a las personas vulnerables. El sistema público de prestación y subsidio de desempleo debe dotar de un mínimo de seguridad a las personas, para que puedan emplearse sin incurrir en una espiral de des-profesionalización. Deben eliminarse muchas trampas que disuaden a las personas de aceptar empleos. Los itinerarios individualizados deben existir para todas las personas demandantes de empleo.

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • José Vicente Barcia

    Periodista, Jefe de Gabinete de la Alcaldía de Cádiz y coautor del libro 'Voces del cambio'

Conclusión del debate

En medio de la primera ola de la pandemia y con todo el país en el shock de una crisis desconocida e inesperada, saltó a la opinión pública una idea: reconstrucción. Después de unos primeros tanteos, sobre si nuevos Pactos de la Moncloa, sí, que si Pactos de la Moncloa no, todo se encaminó hacia la apertura en sede parlamentaria de cuatro comisiones sobre la reconstrucción del país. Estos mismos conceptos de reconstrucción y unidad, abrieron en Espacio Público la necesidad de abordar un debate sobre el futuro del país, y también sobre la Unión Europea, durante la pandemia y la postpandemia.

Un magnífico artículo de Leo Moscoso La necropolítica sobre el estado de alarma, nos hizo una descripción muy viva de la pandemia y la crisis sanitaria y de vida, que podía servir como telón de fondo de todo el debate.

Nos encargamos Gabriel Flores y yo mismo de redactar un primer texto de referencia, que se planteaba el siguiente objetivo: “Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía civil.

La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos”, dijimos.

Sabíamos desde el principio que entrábamos en este debate con perspectivas diferentes:

  1. a) La de Gabriel y mía era abordar los temas candentes y posibles en la negociación planteada y hacer propuestas orientadas hacia una salida progresista de la crisis (con todo lo que tenía de cajón de sastre dicha definición).
  2. b) Una visión más global que conducía a un cuestionamiento del marco económico e institucional en el que nos movíamos: UE, Constitución, Capitalismo y avanzaba más en la línea de la lucha por otro mundo diferente y a la vez posible, a un cambio de paradigma como lo definía Jaime Pastor.
  3. c) Había otra orientación que sin situarse totalmente en el cuestionamiento de las soluciones que se podrían dar en el marco de una negociación, apuntaban con intensidad y justeza por poner sobre la mesa los problemas políticos-institucionales que desde la Transición veníamos arrastrando desde el régimen de la transición (Jose Errejón, José Luis Mateos, Ana Barba, Aníbal Garzón).

El alcance del debate

El cuestionamiento más global al carácter excesivamente pragmático y limitativo de la introducción al debate, vino sobre todo de Marià de Delàs, Jaime Pastor y Marga Ferré.

Marià, en su texto que luego iba a ser discutido por Gabriel, nos interrogaba coherentemente:

“¿Es posible empezar a plantear el propósito de recuperar para el patrimonio colectivo aquellos bienes que nunca deberían haber pasado a formar parte del sector privado? ¿Qué ha de pasar para que empecemos a pensar en concreto en una nueva economía, que no esté al servicio del crecimiento sin límites? La reivindicación de “nueva normalidad”, ¿no debe poner en cuestión el beneficio que unos pocos obtienen de los créditos, los seguros, los suministros de energía, la vivienda, la explotación de las telecomunicaciones, los medios de transporte, la construcción de infraestructuras, la fabricación y distribución de medicamentos, la industria militar…?

Se dirá que los que deseen tal cosa no cuentan con la correlación de fuerzas necesaria para llevarla a la práctica. Es probable. Nunca contarán con peso suficiente si nunca lo proponen y lo argumentan para el conjunto de la población”.

Jaime Pastor por su lado señalaba la necesidad de no autolimitarse en el debate.

Si a todo esto sumamos la coincidencia de esa crisis global con la que afecta desde hace tiempo al modelo capitalista español basado en la construcción y el turismo, así como a su régimen, cuya gravedad es reconocida por firmes defensores del establishment (ya sea de forma apocalíptica por la extrema derecha, o en términos menos dramáticos por personajes como el presidente de honor de PRISA, Juan Luis Cebrián) parece evidente que, como ha defendido José Errejón en este debate (“¿Reconstrucción o refundación?”), no tiene justificación autolimitarse en la agenda a promover.

En relación al carácter sistémico de la crisis y reflejando diversas opiniones, José Luis Mateos señalaba: Y sin embargo la crisis existe y más allá de los efectos de la crisis económica sobre la estructura política del país, el descrédito –del régimen- tiene componentes institucionales (Corona, Justicia, FCSE…), jurídico-normativos (sistema electoral no proporcional, involución de las libertades, negación del derecho a decidir, impunidad de las élites, Constitución no garantista de derechos, voto rogado…), económicos y sociales (ruptura del contrato social del 78, enajenación del patrimonio público, identidad institucional con los poderes oligárquicos., corrupción estructural, expansión de la pobreza y la exclusión social…) y hasta un componente de origen histórico (mantenimiento de la impunidad del franquismo). La anterior crisis alumbró la idea de que ya no se trataba de cambiar la Constitución sino de cambiar de Constitución. Idea caída en cierto desuso.

Ha sido también significativa la valoración del consenso en el momento actual desde la necesidad del mismo, a pesar de la dificultad que tanto la tendencia histórica de ella como su momento ultramontano actual, al rechazo explicito de cualquier acuerdo con la derecha por la imposibilidad de ninguna senda común con ella (Marga Ferré, Marià de Delàs, Pastor).

Elementos ambientales

Más allá de los enfoques globales diferentes de la discusión en curso y sin perder el carácter de aportación relevante al mismo, muchas han sido las contribuciones que nos han aportado nuevos elementos y enfoques.

Muy atrayente la descripción del ambiente y el entorno en el que se produce, la virulencia de la crisis, la desarticulación de lo conocido y la incógnita del futuro (José Martí Gómez, Carlos Javier Bugallo). Importante ha sido la aportación de Federico Severino sobre la hegemonía cultural a lograr: “Por eso resultaría razonable dejar de poner nuestros esfuerzos comunicativos en mostrar la bancarrota moral y miseria de la derecha y apostar por una vía positiva, sosegada, que robustezca a una mayoría social en torno a la coalición”.

También el concejal gaditano Paco Cano nos hizo llegar las “ondas largas del 15 M” en la gestación de una salida colectiva a una crisis que nos había tocado a todos y todas desde muchos ángulos: social, sanitario, emocional, económico, laboral, de convivencia…

En el desarrollo del debate, y sobre todo en el correr de las semanas y con el conjunto de hechos de todo tipo con el que hemos convivido desde marzo, las aportaciones han ido creciendo incorporando muchos elementos para el cambio.

Economía y cambio de modelo

Desde el cambio en la economía y en el papel de los trabajadores (Francisco Vázquez García, Ramón Górriz, José Babiano, Roberto Tornamira):

Hablar de reconstrucción sin subsanar los errores del reciente pasado sería una temeridad. Dicho de otro modo: antes de iniciar la reconstrucción hay que sentar las bases de la negociación sobre suelo sólido, derogando, como mínimo, la reforma laboral de 2012 y la de Seguridad Social de 2013, entre otras derogaciones legislativas pendientes desde la moción de censura de 2018 (Tornamira).

Por último, pero no menos importante, este nuevo rumbo destinado a resituar las prioridades poniendo en el centro a la vida humana plantea dos exigencias: una democratización de las relaciones laborales y la reformulación de las libertades democráticas que han quedado dañadas en la medida en que la imposición de las políticas de austeridad necesitaban correlativamente una política autoritaria y represiva frente a la resistencia social, como bien se puso de manifiesto con la Ley Mordaza y su uso para reprimir el derecho de huelga y las protestas obreras.

Nada de esto puede obviar la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las discriminaciones de todo tipo que sufren en el puesto de trabajo, en el mercado laboral y en la sociedad (Górriz y Babiano).

Como dice Antonio Palacián, es la OPORTUNIDAD para avanzar en la participación y la democracia económica como un factor importante de cambio en la cultura empresarial y sindical. 

Gabriel Flores en la discusión con Marià de Delàs sobre el alcance de los cambios de modelo económico señalaba:

Impulsar esos cambios, requiere de unos recursos, estrategia y herramientas específicos; entre ellos, cabe señalar por su importancia la tarea de ensanchar nuestra base fiscal mediante una reforma progresista que solo puede tener resultados a medio plazo y construir una amplia concertación política y social que haga viable esa reforma clave. A corto plazo, es imprescindible contar con los recursos financieros y el arrope institucional que nos ofrece la UE.

No hay contradicción entre la agenda de protección social y la de reactivación y modernización económica, aunque la primera se puede llevar a cabo de forma inmediata y la segunda requiera plazos más prolongados; ambas son compatibles y complementarias, pero la protección social no puede mantenerse indefinidamente sobre el aumento del déficit público, requiere de un cambio de modelo de crecimiento que genere empleos decentes y salarios dignos y ensanche las bases de la recaudación fiscal.

Héctor Maravall, nos situaba el difícil marco de actuación del gobierno y la necesidad de una política decidida y realista para abordar el momento: “Las tareas del gobierno para desarrollar lo que ha denominado “el escudo social”, así como los compromisos anunciados de ayuda a las pymes y autónomos, o los previsibles apoyos a sectores como el turismo o la industria del automóvil, sea cual sea su duración e intensidad, son de una entidad, complejidad y dificultad evidentes. El gobierno tendrá que lograr financiación a corto, medio y largo plazo, en un contexto de frágil mayoría parlamentaria, con una derecha radicalizada al máximo, unos medios de comunicación desfavorables (el último en sumarse ha sido el grupo PRISA y el periódico El País) y una patronal que oscila entre las exigencias de ayudas económicas y el rechazo a cualquier modificación de la reforma laboral”.

El papel central de la UE en este proceso y los cambios que en la misma serían deseables ha sido referencia inexcusable en muchos de los artículos más generales. Severino lo reflejó sintéticamente como: “El Gobierno no debe perder de vista que el despliegue de un portentoso paquete de políticas públicas con el viento de cola de la UE es su ‘unique selling proposition’”.

Otras contribuciones estuvieron íntegramente dedicadas al papel y lugar de la UE, por ejemplo Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate que reflejó la tensión entre necesidad de apoyos comunitarios en la crisis y a la vez la necesidad de romper el inmovilismo institucional y presupuestario en el que se mueve en estos momentos, en otro enfoque Javier Doz, hizo una análisis minucioso de los presupuestos y programas comunitarios, tanto en lo estructural como ante la crisis del COVID 19 y como nos va a afectar a la “reconstrucción” hispana: “Las subvenciones y los créditos están condicionados a su aplicación a programas y proyectos que tengan que ver con los objetivos señalados y con otros como las infraestructuras y equipamientos sanitarios, los planes de I+D+i, la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza. Es decir, con los fondos de NGUE cabe la financiación de una buena parte de las inversiones de los Presupuestos del Estado Español de los próximos tres años. Desde el proceso de transición hacia un sistema energético limpio y renovable o un programa para que todas las familias tengan acceso a Internet y a equipos informáticos hasta un plan de eficiencia energética de las viviendas, pasando por la financiación de cuantos proyectos biomédicos sean necesarios u otros rubros de investigación, programas ampliados de financiación de la innovación en las pymes o de lucha contra la pobreza infantil”.

De lo general a lo particular: Sanidad, Servicios Sociales, Formación, Municipios

Si hay un ámbito en el que el debate ha hecho una aportación de contenidos y propuestas particularmente significativo ha sido en el terreno sectorial, además de las aportaciones escritas sobre el Sistema Nacional de Salud ( Manifiesto por la reconstrucción del SNS), el papel de lo local (Marta Higueras), el papel de la Formación Profesional y el cambio de modelo económico (José Luis Carretero) y los Servicios Sociales (Luis Nogués), donde la discusión tuvo un alcance a retener fue en los debates que se realizaron en TV Publico; el primero sobre el Sistema Sanitario con la participación de referentes tan significativos e influyentes como Carmen Montón, Carmen San José, Mónica García y Fernando Lamata moderado por Joseba Achotegui y el de Servicios Sociales con Patricia Bezunartea, Luis Nogués, Emiliana Vicente y Kena Yuguero moderado por Enrique del Olmo. En dichos debates además de señalar las necesidades que la sociedad española tenía para superar las debilidades preexistentes, se abordaron de forma bastante precisa las políticas a implementar y las barreras a superar. En estas dos enriquecedoras sesiones se hizo una alerta de gran potencia: no sirve sólo diseñar políticas y enunciados adecuados, sino que es imprescindible que sus resultados llegasen a la población en un corto tiempo. La alerta roja que se estaba estableciendo sobre elementos importantes del denominado “escudo social”; ERTES, Ingreso Mínimo Vital, colas del hambre, fortalecimiento urgente del Sistema Nacional de Salud, gestión pública y coordinada de la sanidad, cambio en el modelo de atención a los mayores y particularmente en las Residencias de tercera edad…Todos ellos se manifiestan como problemas perentorios para el que el atávico “vuelva usted mañana” puede ser un elemento de desafección y de caldo de cultivo a las opciones que niegan los derechos y la protección social.

Como dice el título del presente artículo, hacemos una pausa, un interludio en este debate que nos va a acompañar durante el próximo periodo, seguro que este tiempo servirá para afilar análisis, argumentos y propuestas.

 

 

 

Interludio en un debate que no puede acabar

Enrique del Olmo

En medio de la primera ola de la pandemia y con todo el país en el shock de una crisis desconocida e inesperada, saltó a la opinión pública una idea: reconstrucción. Después de unos primeros tanteos, sobre si nuevos Pactos de la Moncloa, sí, que si Pactos de la Moncloa no, todo se encaminó hacia la apertura en sede parlamentaria de cuatro comisiones sobre la reconstrucción del país. Estos mismos conceptos de reconstrucción y unidad, abrieron en Espacio Público la necesidad de abordar un debate sobre el futuro del país, y también sobre la Unión Europea, durante la pandemia y la postpandemia.

Un magnífico artículo de Leo Moscoso La necropolítica sobre el estado de alarma, nos hizo una descripción muy viva de la pandemia y la crisis sanitaria y de vida, que podía servir como telón de fondo de todo el debate.

Nos encargamos Gabriel Flores y yo mismo de redactar un primer texto de referencia, que se planteaba el siguiente objetivo: “Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía civil.

La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos”, dijimos.

Sabíamos desde el principio que entrábamos en este debate con perspectivas diferentes:

  1. a) La de Gabriel y mía era abordar los temas candentes y posibles en la negociación planteada y hacer propuestas orientadas hacia una salida progresista de la crisis (con todo lo que tenía de cajón de sastre dicha definición).
  2. b) Una visión más global que conducía a un cuestionamiento del marco económico e institucional en el que nos movíamos: UE, Constitución, Capitalismo y avanzaba más en la línea de la lucha por otro mundo diferente y a la vez posible, a un cambio de paradigma como lo definía Jaime Pastor.
  3. c) Había otra orientación que sin situarse totalmente en el cuestionamiento de las soluciones que se podrían dar en el marco de una negociación, apuntaban con intensidad y justeza por poner sobre la mesa los problemas políticos-institucionales que desde la Transición veníamos arrastrando desde el régimen de la transición (Jose Errejón, José Luis Mateos, Ana Barba, Aníbal Garzón).

El alcance del debate

El cuestionamiento más global al carácter excesivamente pragmático y limitativo de la introducción al debate, vino sobre todo de Marià de Delàs, Jaime Pastor y Marga Ferré.

Marià, en su texto que luego iba a ser discutido por Gabriel, nos interrogaba coherentemente:

“¿Es posible empezar a plantear el propósito de recuperar para el patrimonio colectivo aquellos bienes que nunca deberían haber pasado a formar parte del sector privado? ¿Qué ha de pasar para que empecemos a pensar en concreto en una nueva economía, que no esté al servicio del crecimiento sin límites? La reivindicación de “nueva normalidad”, ¿no debe poner en cuestión el beneficio que unos pocos obtienen de los créditos, los seguros, los suministros de energía, la vivienda, la explotación de las telecomunicaciones, los medios de transporte, la construcción de infraestructuras, la fabricación y distribución de medicamentos, la industria militar…?

Se dirá que los que deseen tal cosa no cuentan con la correlación de fuerzas necesaria para llevarla a la práctica. Es probable. Nunca contarán con peso suficiente si nunca lo proponen y lo argumentan para el conjunto de la población”.

Jaime Pastor por su lado señalaba la necesidad de no autolimitarse en el debate.

Si a todo esto sumamos la coincidencia de esa crisis global con la que afecta desde hace tiempo al modelo capitalista español basado en la construcción y el turismo, así como a su régimen, cuya gravedad es reconocida por firmes defensores del establishment (ya sea de forma apocalíptica por la extrema derecha, o en términos menos dramáticos por personajes como el presidente de honor de PRISA, Juan Luis Cebrián) parece evidente que, como ha defendido José Errejón en este debate (“¿Reconstrucción o refundación?”), no tiene justificación autolimitarse en la agenda a promover.

En relación al carácter sistémico de la crisis y reflejando diversas opiniones, José Luis Mateos señalaba: Y sin embargo la crisis existe y más allá de los efectos de la crisis económica sobre la estructura política del país, el descrédito –del régimen- tiene componentes institucionales (Corona, Justicia, FCSE…), jurídico-normativos (sistema electoral no proporcional, involución de las libertades, negación del derecho a decidir, impunidad de las élites, Constitución no garantista de derechos, voto rogado…), económicos y sociales (ruptura del contrato social del 78, enajenación del patrimonio público, identidad institucional con los poderes oligárquicos., corrupción estructural, expansión de la pobreza y la exclusión social…) y hasta un componente de origen histórico (mantenimiento de la impunidad del franquismo). La anterior crisis alumbró la idea de que ya no se trataba de cambiar la Constitución sino de cambiar de Constitución. Idea caída en cierto desuso.

Ha sido también significativa la valoración del consenso en el momento actual desde la necesidad del mismo, a pesar de la dificultad que tanto la tendencia histórica de ella como su momento ultramontano actual, al rechazo explicito de cualquier acuerdo con la derecha por la imposibilidad de ninguna senda común con ella (Marga Ferré, Marià de Delàs, Pastor).

Elementos ambientales

Más allá de los enfoques globales diferentes de la discusión en curso y sin perder el carácter de aportación relevante al mismo, muchas han sido las contribuciones que nos han aportado nuevos elementos y enfoques.

Muy atrayente la descripción del ambiente y el entorno en el que se produce, la virulencia de la crisis, la desarticulación de lo conocido y la incógnita del futuro (José Martí Gómez, Carlos Javier Bugallo). Importante ha sido la aportación de Federico Severino sobre la hegemonía cultural a lograr: “Por eso resultaría razonable dejar de poner nuestros esfuerzos comunicativos en mostrar la bancarrota moral y miseria de la derecha y apostar por una vía positiva, sosegada, que robustezca a una mayoría social en torno a la coalición”.

También el concejal gaditano Paco Cano nos hizo llegar las “ondas largas del 15 M” en la gestación de una salida colectiva a una crisis que nos había tocado a todos y todas desde muchos ángulos: social, sanitario, emocional, económico, laboral, de convivencia…

En el desarrollo del debate, y sobre todo en el correr de las semanas y con el conjunto de hechos de todo tipo con el que hemos convivido desde marzo, las aportaciones han ido creciendo incorporando muchos elementos para el cambio.

Economía y cambio de modelo

Desde el cambio en la economía y en el papel de los trabajadores (Francisco Vázquez García, Ramón Górriz, José Babiano, Roberto Tornamira):

Hablar de reconstrucción sin subsanar los errores del reciente pasado sería una temeridad. Dicho de otro modo: antes de iniciar la reconstrucción hay que sentar las bases de la negociación sobre suelo sólido, derogando, como mínimo, la reforma laboral de 2012 y la de Seguridad Social de 2013, entre otras derogaciones legislativas pendientes desde la moción de censura de 2018 (Tornamira).

Por último, pero no menos importante, este nuevo rumbo destinado a resituar las prioridades poniendo en el centro a la vida humana plantea dos exigencias: una democratización de las relaciones laborales y la reformulación de las libertades democráticas que han quedado dañadas en la medida en que la imposición de las políticas de austeridad necesitaban correlativamente una política autoritaria y represiva frente a la resistencia social, como bien se puso de manifiesto con la Ley Mordaza y su uso para reprimir el derecho de huelga y las protestas obreras.

Nada de esto puede obviar la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las discriminaciones de todo tipo que sufren en el puesto de trabajo, en el mercado laboral y en la sociedad (Górriz y Babiano).

Como dice Antonio Palacián, es la OPORTUNIDAD para avanzar en la participación y la democracia económica como un factor importante de cambio en la cultura empresarial y sindical. 

Gabriel Flores en la discusión con Marià de Delàs sobre el alcance de los cambios de modelo económico señalaba:

Impulsar esos cambios, requiere de unos recursos, estrategia y herramientas específicos; entre ellos, cabe señalar por su importancia la tarea de ensanchar nuestra base fiscal mediante una reforma progresista que solo puede tener resultados a medio plazo y construir una amplia concertación política y social que haga viable esa reforma clave. A corto plazo, es imprescindible contar con los recursos financieros y el arrope institucional que nos ofrece la UE.

No hay contradicción entre la agenda de protección social y la de reactivación y modernización económica, aunque la primera se puede llevar a cabo de forma inmediata y la segunda requiera plazos más prolongados; ambas son compatibles y complementarias, pero la protección social no puede mantenerse indefinidamente sobre el aumento del déficit público, requiere de un cambio de modelo de crecimiento que genere empleos decentes y salarios dignos y ensanche las bases de la recaudación fiscal.

Héctor Maravall, nos situaba el difícil marco de actuación del gobierno y la necesidad de una política decidida y realista para abordar el momento: “Las tareas del gobierno para desarrollar lo que ha denominado “el escudo social”, así como los compromisos anunciados de ayuda a las pymes y autónomos, o los previsibles apoyos a sectores como el turismo o la industria del automóvil, sea cual sea su duración e intensidad, son de una entidad, complejidad y dificultad evidentes. El gobierno tendrá que lograr financiación a corto, medio y largo plazo, en un contexto de frágil mayoría parlamentaria, con una derecha radicalizada al máximo, unos medios de comunicación desfavorables (el último en sumarse ha sido el grupo PRISA y el periódico El País) y una patronal que oscila entre las exigencias de ayudas económicas y el rechazo a cualquier modificación de la reforma laboral”.

El papel central de la UE en este proceso y los cambios que en la misma serían deseables ha sido referencia inexcusable en muchos de los artículos más generales. Severino lo reflejó sintéticamente como: “El Gobierno no debe perder de vista que el despliegue de un portentoso paquete de políticas públicas con el viento de cola de la UE es su ‘unique selling proposition’”.

Otras contribuciones estuvieron íntegramente dedicadas al papel y lugar de la UE, por ejemplo Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate que reflejó la tensión entre necesidad de apoyos comunitarios en la crisis y a la vez la necesidad de romper el inmovilismo institucional y presupuestario en el que se mueve en estos momentos, en otro enfoque Javier Doz, hizo una análisis minucioso de los presupuestos y programas comunitarios, tanto en lo estructural como ante la crisis del COVID 19 y como nos va a afectar a la “reconstrucción” hispana: “Las subvenciones y los créditos están condicionados a su aplicación a programas y proyectos que tengan que ver con los objetivos señalados y con otros como las infraestructuras y equipamientos sanitarios, los planes de I+D+i, la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza. Es decir, con los fondos de NGUE cabe la financiación de una buena parte de las inversiones de los Presupuestos del Estado Español de los próximos tres años. Desde el proceso de transición hacia un sistema energético limpio y renovable o un programa para que todas las familias tengan acceso a Internet y a equipos informáticos hasta un plan de eficiencia energética de las viviendas, pasando por la financiación de cuantos proyectos biomédicos sean necesarios u otros rubros de investigación, programas ampliados de financiación de la innovación en las pymes o de lucha contra la pobreza infantil”.

De lo general a lo particular: Sanidad, Servicios Sociales, Formación, Municipios

Si hay un ámbito en el que el debate ha hecho una aportación de contenidos y propuestas particularmente significativo ha sido en el terreno sectorial, además de las aportaciones escritas sobre el Sistema Nacional de Salud ( Manifiesto por la reconstrucción del SNS), el papel de lo local (Marta Higueras), el papel de la Formación Profesional y el cambio de modelo económico (José Luis Carretero) y los Servicios Sociales (Luis Nogués), donde la discusión tuvo un alcance a retener fue en los debates que se realizaron en TV Publico; el primero sobre el Sistema Sanitario con la participación de referentes tan significativos e influyentes como Carmen Montón, Carmen San José, Mónica García y Fernando Lamata moderado por Joseba Achotegui y el de Servicios Sociales con Patricia Bezunartea, Luis Nogués, Emiliana Vicente y Kena Yuguero moderado por Enrique del Olmo. En dichos debates además de señalar las necesidades que la sociedad española tenía para superar las debilidades preexistentes, se abordaron de forma bastante precisa las políticas a implementar y las barreras a superar. En estas dos enriquecedoras sesiones se hizo una alerta de gran potencia: no sirve sólo diseñar políticas y enunciados adecuados, sino que es imprescindible que sus resultados llegasen a la población en un corto tiempo. La alerta roja que se estaba estableciendo sobre elementos importantes del denominado “escudo social”; ERTES, Ingreso Mínimo Vital, colas del hambre, fortalecimiento urgente del Sistema Nacional de Salud, gestión pública y coordinada de la sanidad, cambio en el modelo de atención a los mayores y particularmente en las Residencias de tercera edad…Todos ellos se manifiestan como problemas perentorios para el que el atávico “vuelva usted mañana” puede ser un elemento de desafección y de caldo de cultivo a las opciones que niegan los derechos y la protección social.

Como dice el título del presente artículo, hacemos una pausa, un interludio en este debate que nos va a acompañar durante el próximo periodo, seguro que este tiempo servirá para afilar análisis, argumentos y propuestas.

 

 

 

 

Ponencia inicial

Un debate cargado de presente y de futuro

Un debate cargado de presente y de futuro

Diálogo y negociación para una salida progresista a la crisis

  • Enrique del Olmo

    Sociólogo

  • Gabriel Flores

    Economista

La crisis global y multidimensional de la que el coronavirus ha sido el detonante plantea un nuevo escenario vital que afecta a todos los componentes de las relaciones humanas, sean de índole económica, social, cultural, institucional o geopolítica, incluyendo las que mantiene nuestra especie con la naturaleza de la que somos parte, por mucho que mostremos tanto empeño en deteriorarla, explotarla y recortar la biodiversidad que le sirve de sostén y equilibrio. Nada ni nadie escapa a los impactos de esta gran crisis de inciertos desarrollo y resultados.

Lo que comenzó siendo una crisis sanitaria acabó, a los pocos meses, paralizando la actividad económica, por la obligada decisión de confinamiento de la población, e impactando sobre estructuras sociales, económicas y ecológicas profundamente desequilibradas y vulnerables. Tanto el modelo de capitalismo y globalización neoliberales como la cohesión económica, social y territorial o el medio natural del que depende la vida y la civilización se encontraban ya, antes de la pandemia, deteriorados. Volver atrás, al modelo de crecimiento y a las relaciones y estructuras productivas previas, no resolvería ninguno de los problemas que esta crisis ha desvelado. La tarea a llevar a cabo, por tanto, es doble: defender a la ciudadanía de los impactos destructivos de la pandemia y sus dañinas consecuencias económicas y sociales y superar las causas que han multiplicado el potencial destructivo de esta crisis global.

El análisis del nuevo tiempo que vive nuestro país y el conjunto de la humanidad requiere, sin duda, una mayor perspectiva temporal y un abordaje global de las múltiples causas, tendencias en acción, interrelaciones y potenciales efectos de las crisis desatadas por la pandemia. Sin embargo, la acción política no puede esperar, la sociedad, sus representantes políticos y las instituciones están obligados a actuar en el presente, en defensa de la vida y la salud de la ciudadanía, sus condiciones de trabajo, derechos, libertades y convivencia. Y seguirán tomando decisiones, como en los últimos dos meses, en unas condiciones de incertidumbre radical, mientras sigamos situados en el ojo del huracán de la pandemia y cuando ésta haya pasado y podamos hacer recuento de los destrozos causados y aplicar los planes para reconstruir lo dañado y recuperar la actividad económica. La acción política, el debate y la lucha social o la tarea de gobernar no pueden esperar.

Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía y tengan su ámbito de resolución al alcance de los votos, críticas y movilizaciones de la mayoría social: las administraciones públicas españolas y las instituciones europeas que dependen de las decisiones y el control de la sociedad civil y de sus representantes políticos.

Para iniciar y contextualizar este debate adelantamos algunos puntos de caracterización del momento político que intentamos desentrañar y en el que se inscribe la principal iniciativa política del Gobierno de coalición PSOE-UP, su propuesta de amplios acuerdos al conjunto de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales e instituciones, sin excepciones ni restricciones, para afrontar en común la búsqueda de soluciones a una parte de los grandes retos y problemas que plantea la actual crisis a nuestra sociedad y a nuestro país:

1. Hemos entrado en una nueva fase política en la que perviven lastres e inercias de un largo periodo de crisis e inestabilidad y evidentes problemas de gobernabilidad que se arrastran, al menos, desde 2016. Contamos con la reciente constitución de un gobierno de coalición progresista (una experiencia inédita en la última y larga etapa democrática de nuestra historia colectiva) que se sostiene en un limitado apoyo parlamentario y depende, en las grandes decisiones que exigen mayorías absolutas, de la negociación con un heterogéneo conglomerado de fuerzas políticas y, especialmente, de partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Un gobierno progresista aparentemente débil y una oposición de derechas aún más débil y fragmentada que no tiene ninguna posibilidad de armar una moción de censura viable ni una propuesta alternativa de gobierno.

Casado y Abascal han optado, en una situación tan excepcional como la de la pandemia, por promover la crispación social y la confrontación política para intentar maniatar y romper al gobierno progresista y encubrir esa labor tras la idea de una gran coalición dispuesta a imponer de una vez su versión uniforme, hosca, cerrada e intolerante del nacionalismo español. A pesar de esa oposición de derechas y extremas derechas que no han prestado ningún apoyo a la gobernabilidad o la gestión de la pandemia, acompañando a su desmayado apoyo al Estado de Alarma con brutales e inmorales campañas de acoso, este gobierno de coalición progresista ha construido y sigue reforzando un escudo social que protege a la mayoría social y los empleos, rentas y bienes públicos que sustentan el bienestar de la ciudadanía y el futuro del país.

2. Para abordar en profundidad esta crisis, restañar las tremendas heridas producidas en nuestra sociedad y superar el desastre económico ha aflorado una amplísima demanda social (que todos los estudios de opinión sitúan por encima del 80%) favorable a exigir a las fuerzas políticas que subordinen sus diferencias al bien común en tiempos tan excepcionales y colaboren en la búsqueda y aplicación de las soluciones que cuenten con mayor apoyo porque la sociedad las considera más eficaces y justas. En el mismo sentido somos conscientes que también la capacidad de demanda y de movilización de la sociedad va a ser importante en marcar las agendas de dialogo y las características de las salidas que se den a los diversos problemas.

3. Ese sentimiento de la ciudadanía favorable a la colaboración ha sido acogido y transformado por el presidente del Gobierno en una propuesta de reconstrucción económica y social a todas las fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, instituciones y administraciones públicas (central, autonómica y local). Más allá de las fórmulas que adoptará finalmente esa propuesta, que tendrá que ir acomodándose a las posibilidades reales que determinen el diálogo y las negociaciones en marcha, lo importante es que se abre un nuevo periodo en el que, al tiempo que gana eficacia la lucha contra la pandemia y se refuerzan y amplían las medidas de rescate social y protección del tejido empresarial, se inicia una dinámica de diálogo, negociación, disensos y posibles acuerdos que determinarán el alcance y la naturaleza de los futuros pactos y los apoyos que conseguirán en la ciudadanía. El pasado 11 de mayo, los sindicatos CCOO y UG, las patronales CEOE y CEPYME y el gobierno de coalición progresista abrieron el camino de esa dinámica de diálogo y acuerdo con la firma solemne en el Palacio de la Moncloa de la prórroga hasta el 30 de junio de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por fuerza mayor y la seguridad que ofrecen a millones de trabajadores (que mantendrán sus contratos y una parte sustancial de sus ingresos) y patronal (que se beneficiará de distintas exoneraciones de las cuotas a la seguridad social a cargo de las empresas).

Se demuestra así que las posibilidades de acuerdo existen y que los pactos pueden ser beneficiosos para todas las partes implicadas cuando responden a problemas reales y descansan sobre un justo y equilibrado reparto de los costes que conllevan. Nada tan pedagógico como este acuerdo para deshacer de un plumazo los falsos debates sobre la imposibilidad de alcanzar amplios acuerdos o sobre la inconveniencia de alcanzarlos porque supondrían siempre, al margen de una lectura concreta sobre lo acordado, la preponderancia completa de unos intereses sobre otros. El acuerdo demuestra la responsabilidad y la capacidad de dialogar, ceder y acordar que atesoran los agentes sociales y el gobierno de coalición progresista, incluso en unas condiciones críticas tan excepcionales y con una oposición de derechas que alienta la crispación y promueve la ingobernabilidad.

4. La propuesta y puesta en marcha de esa búsqueda de amplios acuerdos, lejos de suponer una restricción, tiene la pretensión de reforzar la continuidad de la experiencia de cooperación política entre PSOE y UP en las tareas de gobierno y aportar viabilidad a las medidas progresistas. Nadie, en un régimen democrático, tampoco las derechas, puede pretender cambiar la composición de un gobierno legítimamente constituido o maniatar su acción política mediante otro método que no sea el de las urnas. Las negociaciones iniciadas no están encaminadas a formar una nueva coalición gubernamental ni pueden pretender que este gobierno desista en la aplicación de su programa progresista; tampoco, que la oposición renuncie a sus ideas y propuestas o reduzca sus críticas o su labor de control a la acción gubernamental. Los objetivos son otros: explorar las posibilidades de llegar a acuerdos que permitan mejorar la eficacia de la lucha contra el coronavirus y la crisis sanitaria, reforzar el rescate y la protección social, recuperar la actividad económica con la mayor rapidez posible e instalar un nuevo clima político y social que facilite la gobernabilidad del país y una gestión de la crisis que no deje atrás a nadie, asegure un reparto equitativo y justo de sus costes y ofrezca la seguridad y las respuestas urgentes y tangibles que necesita la sociedad.

5. Todos los informes y estimaciones de la evolución económica en lo que queda del año 2020 y datos del desempeño de la economía española y mundial en este corto periodo de tiempo en los que el confinamiento ha impedido gran parte de la actividad económica dan cuenta de la intensa recesión en la que nos adentramos y de la enorme capacidad de destruir empleos, actividad económica y factores productivos de esta crisis. Las últimas previsiones para la economía española realizadas por la Comisión Europea, y publicadas el pasado 6 de mayo, muy parecidas a las que contiene el Programa de Estabilidad 2020-2023 remitido el pasado 30 de abril por el Gobierno de España, señalan un retroceso del PIB en 2020 del 9,4% (solo superado en unas décimas por Italia y Grecia), una tasa de desempleo del alrededor del 19% (solo superada por Grecia), un déficit público cercano al 10% (debido al fuerte aumento del gasto público y a la caída de los ingresos tributarios) y un aumento de algo más de 20 puntos porcentuales de la deuda pública, hasta el 115,5% del PIB.

En resumen, un auténtico desastre económico y social sin parangón histórico en tiempos de paz. Las grandes diferencias con los datos reales acumulados durante las dos recesiones sufridas por la economía española entre 2008 y 2014 son una menor afectación del empleo, gracias a las medidas tomadas por el Gobierno de coalición progresista en defensa del mantenimiento de los empleos, a través de los ERTE, un mayor esfuerzo en las prestaciones a las personas en situación de desempleo y la próxima aprobación de una nueva renta mínima que entrará en vigor y se hará efectiva el próximo mes de junio. Las medidas que se están tomando para afrontar y superar esta nueva crisis global nada tienen que ver con la nefasta estrategia de austeridad y devaluación salarial seguida ante la crisis financiera global que estalló en 2008.

La incertidumbre reinante y la falta de conocimiento sobre la evolución y las posibilidades de encontrar una vacuna o remedio terapéutico que permita controlar y superar la pandemia hacen que los ejercicios de previsión económica más allá de este año 2020 tengan mucho de invención, pero permiten hacerse una idea de la capacidad inmediata de destrucción de factores productivos y crecimiento potencial de la crisis y de la importancia de reducir sus impactos e impedir que se consoliden, para lo que sería necesario contar con la financiación necesaria para impulsar lo más rápidamente posible la actividad económica. No se trataría de limitarse a reconstruir o recuperar el tejido productivo y empresarial y el modelo de crecimiento destruidos o dañados, sino que esa reactivación económica también debe aspirar a dirigir las tendencias y los nuevos factores que surgen de esta situación crítica y que terminarán alumbrando las nuevas estructuras y especializaciones productivas, las actividades, relaciones económicas y empleos del futuro.

6. En el marco de esta crisis sanitaria, social y económica sin precedentes se pondrán sobre el tapete de los debates y posibles acuerdos un gran número de cuestiones que, sin ánimo de agotar los temas a tratar, abarcarían un amplio listado de asuntos:

  • La consolidación y mejora de la Sanidad Pública y el Sistema Nacional de Salud.
  • La puesta en pie y la financiación del cuarto pilar del Estado del Bienestar: el sistema de servicios sociales y políticas públicas de cuidados, con atención especial al sistema de protección a mayores, victimas lacerantes del coronavirus y la desprotección de las autoridades.
  • La protección de los trabajadores y hogares especialmente afectados por la crisis económica y los mayores riesgos de exclusión social. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de los cuidados, actividad desarrollada mayoritariamente por mujeres. Precisamente, uno de los colectivos más desprotegidos y que está en su inmensa mayoría integrado por mujeres es el de las Empleadas de hogar.
  • El impulso de todas las medidas contempladas por la Ley contra la violencia de género con objeto de aumentar la protección de todas las mujeres víctimas de la violencia machista, con la dotación y los medios que sean necesarios. El confinamiento ha vuelto a poner en evidencia de forma dramática la insuficiencia de las medidas actuales.
  • El establecimiento de una renta básica para todas las personas afectadas por el desempleo, la precariedad y la falta de ingresos suficientes.
  • La mejora de la calidad del empleo con las modificaciones de la estructura y la regulación del mercado de trabajo y el fortalecimiento del diálogo social y la negociación colectiva que permitan superar la inestabilidad, precariedad y temporalidad de los empleos. Los ERTE han sido un ejemplo.
  • La protección de las actividades empresariales, especialmente de Pymes y autónomos que conforman el grueso de nuestro tejido empresarial, impidiendo que los problemas de liquidez o financiación acaben en cierres definitivos y desaparición de empleos.
  • La atención a los sectores económicos y productivos especialmente perjudicados por la crisis para favorecer su modernización o reconversión hacia actividades de mayor valor añadido.
  • La reforma en profundidad de la política de vivienda, que se ha convertido en una fuente inagotable de problemas: concentración de la propiedad, dificultades de acceso, inflación de precios, inexistencia de oferta de vivienda social, generalización de los desahucios en el alquiler, transformación de las viviendas de uso residencial en uso turístico…
  • El incremento sustancial de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación que son la base de los nuevos sectores tecnológicos del futuro.
  • El aumento de la inversión destinada a mejorar la calidad de la enseñanza pública y la cualificación y formación continua de los trabajadores.
  • Para terminar este listado de temas, que solo tiene la pretensión de ilustrar algunas de las muchas cuestiones a debate, es necesario mencionar la necesidad de contar con una estructura y políticas fiscales sólidas y de carácter redistributivo que permitan sostener las medidas económicas y sociales a adoptar para recuperar el bienestar y los derechos de la ciudadanía.

En todos estos temas hay que tomar como referencia dos aspectos trasversales, la transición ecológica y las políticas de género, que nuestra sociedad ha ido incorporando mayoritariamente como preocupaciones importantes y que la crisis del COVID-19 ha puesto de nuevo de manifiesto en un sentido contradictorio (ya que se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero y las denuncias de maltrato machista), pero que sirve para que las alertas y preocupaciones relacionadas con esos dos aspectos se pongan sobre la mesa al abordar cualquiera de los temas, cuestiones o reformas que se quieran abordar.

7. En el ámbito europeo, la cuestión central seguirá siendo en los próximos meses una mayor corresponsabilidad de los Estados miembros y las instituciones comunitarias en la lucha contra la pandemia y sus efectos económicos y sociales directos e inmediatos. Y en un futuro próximo, cuando la pandemia esté más controlada, la existencia de un fondo de reconstrucción económica y la aplicación de un plan europeo de inversiones modernizadoras que no se traduzcan en un aumento sustancial de la deuda pública de los Estados miembros, porque muchos ya están altamente endeudados y no pueden fragilizar aún más sus cuentas públicas, ni en una mayor disparidad en los niveles de endeudamiento, porque impedirían la existencia de igualdad de condiciones en la competencia en el mercado único. La austeridad y los recortes no conforman ningún tipo de solución ni pueden volver a ser parte de las recetas impuestas por las instituciones comunitarias para salir de esta nueva crisis. En su lugar, la cooperación entre los Estados miembros y con las instituciones comunitarias en torno a un programa común de lucha contra el cambio climático y un nuevo acuerdo verde de desarrollo económico deben ser los puntos de partida en el impulso de las actividades económicas y los empleos del futuro. Y del reforzamiento de un proyecto de unidad europea en el que sigan vivos los principios de solidaridad y cohesión, económica, social y territorial.

8. Ya veremos qué ritmo y formas toman los primeros pasos y ejemplos del diálogo entre fuerzas políticas, agentes económicos y sociales e instituciones; y qué alcance y en torno a qué temas será posible alcanzar unos acuerdos que permitan superar esta crisis y sus impactos. En todo caso, no se trata tanto de imaginar un mundo nuevo, como de alcanzar acuerdos posibles que permitan mejorar la situación y atemperar o solucionar los graves y urgentes problemas que amenazan las condiciones de vida y trabajo de la población, el futuro del país y nuestra convivencia. El diálogo y los acuerdos que se ponen en marcha no son, ni previsiblemente llegarán a ser, discusiones constituyentes o semiconstituyentes que aborden asuntos relacionados con el régimen político o la estructura territorial del Estado, porque escapan a los afanes de la iniciativa y a las restricciones que impone el mapa político y electoral actual y, cuestión fundamental, a los requerimientos y exigencias que plantea la mayoría social en estos momentos de crisis. Tampoco serán el marco en el que se puedan abordar la crisis territorial o, de forma más explícita, los acuerdos o desacuerdos con el Govern de la Generalitat y las fuerzas independentistas, que ya tienen establecidos sus propios marcos e itinerarios de diálogo y debate, por mucho que hasta ahora hayan resultado poco operativos y tendrán que ser revisados si se pretenden revitalizar. La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos. En todo caso, lo que está por dilucidar es la capacidad de esta iniciativa para aportar soluciones a los problemas que, finalmente, terminen abordándose.

Cada uno de los temas que hemos mencionado u otros que acaben ganando relevancia en el debate público y acaben acordándose obligará a un desarrollo específico de las medidas y de la financiación necesaria para que se lleven a cabo. Es el momento de fortalecer nuestro limitado Estado de Bienestar y revertir el deterioro causado a los bienes públicos, y no sólo por los gobiernos del PP, a partir de los años 90 del siglo pasado. Aumentar el peso y la calidad de los bienes públicos es una demanda ampliamente sentida por la ciudadanía y cuenta a su favor con un amplio consenso social. Hemos conocido una década (la de los 80) de construcción y desarrollo del Estado de Bienestar y cerca de tres décadas en las que prevalecieron las transferencias de rentas y bienes públicos hacia manos privadas e intereses corporativos, descapitalizando de recursos humanos, materiales y financieros los servicios públicos.

Detrás del “tenemos una sanidad de las mejores del mundo”, se ocultaba un sistema frágil que se iba deteriorando: la Salud Pública (que aborda la prevención, vigilancia y promoción) es sólo el 1% del gasto sanitario público y el presupuesto ministerial estaba en 2017 en el mismo nivel que en 2008. Y si hablamos de servicios sociales los parámetros son todavía peores, se han convertido (como se ha visto en la dramática experiencia de las residencias de mayores), casi exclusivamente, en una fuente de negocio privado que ha experimentado un crecimiento anual del 4%, a costa de un deterioro continuo del servicio público. Hoy, las residencias privadas de mayores tienen 271.696 plazas, mientras las públicas apenas alcanzan las 100.000, arrastrando un modelo inaceptable de gestión que ha sido definido como una mezcla “de cuartel, hospital y hotel”. Toda la experiencia de deterioro de los bienes públicos de las últimas décadas nos sitúa ante un problema que no se puede abordar con medidas menores de maquillaje, sino con una inversión decidida en presupuestos y personal que nos acerquen a los porcentajes europeos en gastos e inversiones que fortalezcan los bienes públicos y la protección social.

El debate que ahora iniciamos intenta impulsar el seguimiento y desarrollo de las propuestas y negociaciones sobre el modelo de reconstrucción social y modernización productiva que nuestro país y Europa necesitan. Las intervenciones, obviamente, podrán versar sobre los aspectos más generales o sobre los aspectos sectoriales, transversales o específicos que hemos mencionado o sobre otros que os parezcan de tanta o mayor importancia, pero en todos los casos os pedimos un esfuerzo de síntesis e interacción con las intervenciones que se vayan publicando, para remarcar el carácter de debate y contraste entre diferentes puntos de vista y argumentos.

Probablemente, algunos de los temas que cobren mayor interés social o se conviertan en foco de atención de la opinión pública en los próximos meses no aparezcan en esta intervención inicial. Irán apareciendo a medida que se desarrollen las negociaciones entre fuerzas políticas en la comisión parlamentaria, en las mesas de diálogo social, en los debates entre las administraciones públicas centrales, autonómicas y locales o, incluso, en la preparación y tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2021 (porque, al final, esos PGE serán expresión de los avances o estancamiento de las negociaciones). Por ello, también resultaría muy interesante recibir textos de análisis sobre algunos de los nuevos temas o aspectos de las discusiones y negociaciones que marquen la actualidad.

Nada nos gustaría más que este nuevo debate en Espacio Público permitiera aclarar las diferentes posiciones y cuestiones en juego en este proceso negociador y que las intervenciones y debates contribuyan a articular una salida progresista a la crisis.

moderado por:

  • Gabriel Flores

    Economista

Conclusión del debate

El coronavirus acabó atropellando al mundo y lo dejó maltrecho. La pandemia y el confinamiento han trastocado en los dos últimos meses nuestras vidas y todos nuestros planes. Hemos tenido que acomodarnos a una nueva, incómoda y, en muchos casos, terrible situación.

La catástrofe humanitaria ha supuesto hasta ahora, según los datos a 19 de mayo de 2020 del Coronavirus Resource Center (John Hopskin University), más de 300 mil muertos y cerca de 5 millones de personas contagiadas en todo el mundo. Un macabro recuento provisional de víctimas que nadie sabe cuándo acabará ni qué techo alcanzará. Una auténtica catástrofe que en España ha sido particularmente grave, con 27.709 muertos y 231.606 personas contagiadas hasta el 18 de mayo. Entre las causas que explican la mayor incidencia de la pandemia en nuestro país se pueden apuntar, sin temor a equivocarse, el desbordamiento sufrido por una debilitada y recortada sanidad pública y el mercantilismo rampante en el que quedaron atrapadas las residencias de mayores en muchas Comunidades Autónomas, tras ser entregadas como objeto de negocio a la gestión privada de empresas bien relacionadas con el poder político.

La crisis sanitaria y el confinamiento obligado para impedir el contagio masivo provocaron una parálisis de la actividad económica y modificaron nuestros hábitos y algunos de nuestros miedos, ideas y prioridades. Pueden ser cambios duraderos o un paréntesis temporal, desconocemos la solidez y capacidad de prolongarse en el tiempo de los cambios producidos; nadie puede saber si en las nuevas condiciones de desescalada progresiva en las que desarrollaremos nuestras vidas y trabajos en las próximas semanas, quizás meses, se recuperará la vieja normalidad perdida o primará la emergencia de otra normalidad.

Cuando comenzó el confinamiento, a mediados del pasado mes de marzo, entramos en territorios desconocidos. Espacio Público afrontó esa situación excepcional tomando dos decisiones: aplazar temporalmente la sesión presencial que pretendía dar por concluido el interesante debate que en defensa del derecho a la salud mental se desarrollaba en aquel momento (se intentará reanudar el próximo otoño, antes de celebrar el acto presencial de cierre) y abrir un nuevo debate, “¿Qué nos estamos jugando en esta crisis?”, con el que pretendíamos mantener abierto un canal de comunicación que permitiera alentar la reflexión colectiva y darnos la posibilidad de expresar las preocupaciones, experiencias, temores o sueños de futuro ante la nueva situación.

El artículo inicial de Orencio Osuna, “Ahora y después de la pandemia”, era una invitación a compartir los primeros análisis y percepciones sobre lo que estaba pasando, los retos que planteaba la pandemia y el futuro cargado de incertidumbres en el que nos adentrábamos. En el terreno de las opciones político-estratégicas se señalaban dos posibles derivas a evitar, una “solución asiática”, que combinaría nuevas tecnologías y dominio totalitario, y una “solución neoliberal”, en la que la mano invisible de unos mercados globales sin límites, regulaciones o instituciones multilaterales de arbitraje ofrecerían nuevas y mayores oportunidades a los más aptos o adaptables a los indicadores e incentivos mercantiles, mientras profundizaba el malestar, el desconcierto y nuevas restricciones en los derechos y libertades de la mayoría social. El futuro no está encerrado en esas dos opciones, hay otras alternativas. Hay otros mundos y opciones posibles por explorar y hacer, múltiples formas de encarar la crisis y muy distintas políticas y soluciones que permitirían dar una respuesta progresista y democrática a los desastres ya ocasionados y por venir. Y de eso era de lo que queríamos hablar.

Un mes y medio después de aquel artículo inicial, 37 amigas y amigos de Espacio Público han tenido a bien poner por escrito sus inquietudes, conocimientos o experiencias y hacernos partícipes de sus opiniones y conjeturas sobre la nueva situación, los interrogantes abiertos por las crisis desatadas por el coronavirus y contarnos cómo querían, imaginaban o temían que fuera el futuro que aguarda al final de la pandemia. Ese alto número de intervenciones supone una muestra más del grado de responsabilidad con el que la ciudadanía ha vivido el confinamiento y la importancia que le damos a poder compartir sus reflexiones, debatirlas colectivamente y someter al examen crítico de los lectores nuestras ideas y percepciones sobre la situación.

Gracias a la generosidad de las personas que han intervenido en este debate escrito y nos han hecho partícipes de sus reflexiones, hemos podido conocer y contrastar diferentes opiniones y argumentos sobre lo que nos estamos jugando en esta crisis, tanto en el ámbito de los espacios sociales y los asuntos más cercanos como en aquellos hechos, tendencias o interrogantes más globales y abstractos que trascienden los límites de la ciudad, el país o el proyecto de unidad europea del que formamos parte.

El amplio abanico de temas que nos afectan y preocupan

Todas las intervenciones que nos han llegado han sido publicadas tal cual, sin ningún tipo de cortapisa o restricción, lo que muestra la voluntad de Espacio Público de servir de canal de comunicación libre de toda injerencia y al servicio de la libertad de expresión. Una reflexión colectiva y un debate público que se quieren argumentados, respetuosos y capaces de entender las diferencias y los disensos como componentes naturales y esenciales de los procesos de conocimiento, en lugar de considerarlos un lastre, descortesía o intencionada agresión.

Los temas abordados, como era de esperar, han sido muchos y con miradas muy variadas. En realidad, una panoplia de ideas y propuestas tan heterogéneas como las prioridades o los centros de atención y preocupación de los sectores progresistas y de izquierdas de una sociedad compleja, diversa y abierta a múltiples influencias y condicionantes como la nuestra.

No se me ocurre ningún asunto significativo que haya quedado fuera de esta mirada colectiva que han ido tejiendo y ofreciendo las intervenciones. Imposible resumirlas sin caer en una simplificación excesiva de la riqueza de voces, análisis y matices que expresaban. Quedan ahí, en la web de Espacio Público, a la espera de nuevos lectores que quieran conocer una buena selección de los asuntos que preocupaban a la ciudadanía durante el confinamiento y de las reflexiones a que han dado lugar.

Con la única intención de despertar el interés por su lectura cabe decir que las intervenciones tratan un amplio número de cuestiones que van desde las más globales, como los potenciales cambios geopolíticos que puede favorecer la pandemia, la importancia de las respuestas de la UE en la resolución de los problemas o las similitudes y diferencias en los impactos y evolución de la crisis en Italia y España, hasta experiencias concretas de construcción de redes de solidaridad y autoayuda en Sevilla, en torno a los sectores más vulnerables (jornaleras, inmigrantes, prostitutas), la convivencia en un barrio de Madrid o la llegada del agua y el sostenimiento de un pequeño centro de salud para contener la pandemia en un pueblo de la República de Mali.

También se han tratado diferentes tipos de controversias teóricas, como las nuevas formas que reviste el viejo debate entre seguridad y libertad, las consecuencias del uso depredador que hacemos de los ecosistemas o el contrapeso que debe ejercer una mayor presencia de la sociedad como comunidad a la previsible tendencia al fortalecimiento del Estado.

La iniciativa del Gobierno de coalición progresista de impulsar el diálogo y promover amplios acuerdos entre fuerzas políticas, agentes sociales (como el que ha concluido en el Acuerdo Social en Defensa del Empleo firmado el pasado 8 de mayo por sindicatos, patronales y gobierno de España) o mayores grados de cogobernanza entre administraciones públicas, ha recibido la atención de varios intervinientes que la han valorado con división de opiniones en cuanto a su eficacia, oportunidad o viabilidad.

También han sido objeto de reflexión los impactos de la crisis sobre las desigualdades de renta o de género y la necesidad de reforzar el modelo de protección social, los servicios sociales y los cuidados para conseguir una distribución equitativa del trabajo doméstico y los cuidados entre hombres y mujeres e impedir que la economía de los cuidados sirva como amortiguador de las crisis del sistema a costa del trabajo no remunerado ni valorado y el aislamiento y la subordinación de las mujeres.

Pero, sin duda, el tema que más atención ha concitado es el de las políticas de Salud, el examen del mediocre estado del Sistema Nacional de Salud al que habían conducido las políticas de recorte y privatización, la indefensión en la que se han encontrado los profesionales sanitarios en la lucha contra la pandemia, la necesidad de reforzar la Atención Primaria para tener una mejor sanidad pública, la importancia de los aplausos al personal sanitario como reconocimiento a su entrega y profesionalidad o la necesidad de un fortalecimiento de la sanidad pública y los sistemas nacionales de salud en el que participen instituciones comunitarias y mundiales.

Una nueva fase política y un nuevo debate

Nada está escrito de antemano y mucho de lo por venir dependerá del curso que siga la acción de la ciudadanía. Las clases y grupos sociales o los diferentes centros de poder seguirán manteniendo su pugna en defensa de sus múltiples y contradictorios intereses y objetivos, al tiempo que las fuerzas políticas que los representan intentarán construir una voluntad parlamentaria mayoritaria que permita a las instituciones del Estado traducirla en políticas practicables. En todo caso, se haces necesarias unas condiciones mínimas de estabilidad política y social que den soporte a un proyecto de país que pueda suscitar unos apoyos sociales y parlamentarios más firmes y amplios que los actuales y una gobernabilidad suficiente que permitan llevarlo a cabo.

Comienza una nueva fase de la crisis, en las que las tareas institucionales serán más arduas y de gestión más compleja que las que se han llevado a cabo en los últimos dos meses. Y no solo porque no sabemos si habrá rebrotes y marchas atrás en el control de la pandemia o si se logrará superar la confrontación, el ruido y la crispación reinantes, sino porque las tareas de reactivación de la economía son mucho más complejas que las realizadas hasta ahora para minimizar la pérdida de empleos, rentas y actividades económicas, que dependían fundamentalmente de las posibilidades de contar con la financiación suficiente o endeudarse. En las futuras tareas de reactivación de la economía se necesitarán mucha más financiación y un potente programa de inversiones capaz de dar vida e impulso a los empleos, actividades, industrias y especializaciones de futuro, tanto en la economía española como en la comunitaria.

Hay que definir una hoja de ruta colectiva para la reactivación económica que pasa necesariamente por más gasto público y, por tanto, más déficit y más deuda, porque no solo implicará una gran inversión a largo plazo en la que los retornos irán con retraso respecto a los desembolsos, sino porque implicará también más gastos para asegurar las rentas de más personas desempleadas, acogidas a expedientes de regulación (ERTE) y hogares en situación de pobreza, más préstamos con garantías públicas y más moratorias en el pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social de autónomos en cese de actividad y pequeñas empresas.

Y esos mayores requerimientos de financiación y desequilibrios en las cuentas públicas requieren acuerdo social, cooperación, reducción de la crispación política y social y apoyo y fondos comunitarios. No va a ser una tarea fácil. Y ese es el nuevo tema a debate que os proponemos y que comenzará en los próximos días.

Termino trascribiendo un diálogo a través del tiempo que inició en el siglo V a.C. el dramaturgo griego Eurípides: “Lo esperado no sucede, es lo inesperado lo que acontece”. Lo matizó 25 siglos después el economista inglés Keynes: “Lo inevitable nunca ocurre, siempre sucede lo inesperado”. Y apenas pasó medio siglo para que, en 2012, el novelista italiano Tabucchi añadiera una dosis de escepticismo: “Keynes decía que lo inevitable no sucede nunca y otros piensan que lo inesperado tampoco”.

Sería conveniente mantener la alerta en los próximos meses, no dejarse encerrar por ideas o teorías del pasado y observar con atención los nuevos datos y tendencias que nos proporcione el movimiento real de los acontecimientos. Por si llega otra vez lo inesperado, al menos poder reconocerlo.

Cerramos este debate e iniciamos uno nuevo, más acotado y centrado en la búsqueda, valoración y análisis de las respuestas y medidas políticas que permitan mantener bajo control la pandemia, organizar democráticamente nuestra convivencia e impulsar la reactivación económica a favor de la mayoría social y con la voluntad manifestada reiteradamente por el Gobierno de coalición progresista de que ninguna persona, hogar o sector social se quede atrás. Esperamos contar de nuevo con vuestra participación, apoyo e intervenciones.

Ponencia inicial

¿Qué nos estamos jugando en esta crisis?

¿Qué nos estamos jugando en esta crisis?

Ahora y después de la pandemia

  • Orencio Osuna

    Director de la Fundación Espacio Público

Nos damos una pausa

Y nos disponemos a reflexionar colectivamente sobre qué nos estamos jugando ahora

Covid-19 nos obliga a un replanteamiento de casi todo. Los impulsores de la fundación Espacio Público teníamos previsto dar por concluido el debate sobre el derecho a la salud mental con una sesión presencial, como hemos hecho con todas las cuestiones que hemos sometido a discusión durante los últimos años.

Previmos la convocatoria de un coloquio sobre ese gran tema de nuestra época el pasado día 25 de marzo, con la participación de personas muy cualificadas. Las medidas que se dieron a conocer al conocerse los primeros casos de coronavirus en el Estado español nos obligaron a un cambio de planes. Decidimos aplazar este acto y otro que ya habíamos convocado para el día 12 sobre Catalunya. No nos dimos nuevas fechas, obviamente, a la espera de la evolución de la crisis.

Pensamos en la posibilidad de mantener la discusión por escrito sobre el derecho a la salud mental, teniendo en cuenta el impacto de Covid-19, pero el consejo de gobierno de Espacio Público, reunido en teleconferencia con la asistencia del profesor Joseba Achotegui, autor de la ponencia con la que abrimos la reflexión, decidió “poner en pausa” tal debate. Pensamos que en este momento, en el cual la crisis del coronavirus lo ocupa todo, necesitábamos darnos un tiempo para pensar, para que los propios especialistas e interesados en la materia tengan tiempo para el análisis y la reflexión.

Achotegui y otros miembros del equipo nos hicieron ver que es mejor no favorecer la improvisación y propiciar el tratamiento sobre el impacto del coronavirus en la salud mental con una cierta perspectiva. Volveremos sobre el tema pues, y lo pondremos en conocimiento de todas las personas interesadas en este debate.

Al margen de ello, los impulsores de Espacio Público consideramos que convenía abrir una ventana en nuestra web, un apartado para la reflexión sobre los grandes interrogantes abiertos con la pandemia. Por ese motivo, nos proponemos la publicación de textos breves en torno a las implicaciones del Covid-19 en nuestras sociedades, sobre los efectos de esta devastadora enfermedad en la vida de las personas, en el trabajo, la economía, el medio ambiente, la propia salud, la convivencia, las instituciones, la política…

¿Qué nos estamos jugando en esta crisis?

Ahora y después de la pandemia

«Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía de la enfermedad del insomnio, y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Fue así como les quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas, y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad sólo se transmitía por la boca, y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas por el insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena, que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural, y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir«. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.

Aún no hemos podido metabolizar -como dice el profesor Joseba Achotegui- el shock terrible del coronavirus en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos. Aunque tememos y podemos intuir, que la catástrofe va a afectar a muchos de los modelos y valores sobre los que se asienta nuestra vida personal y social. La angustia, el miedo y la incertidumbre sobre el futuro que nos aguarda, individualmente y como país, pesa como una losa insoportable a la hora de identificar qué nos está pasando y que nos pasará cuando esta pesadilla acabe. Quizás esta siniestra distopía que sufrimos hoy, abra paso mañana a un tiempo de cambios y transformaciones que impida que el feroz capitalismo neoliberal -que domina el sistema mundo sin contrapesos, ni piedad- continúe sometiendo al planeta a una veloz carrera hacia su destrucción, reduciendo a los ciudadanos a meros generadores de plusvalía y figurantes inermes de la codicia de las oligarquías transnacionales. O, por el contrario, que esta crisis facilite la consolidación de un modelo aún más destructivo, en el que la preservación del planeta, los derechos humanos y la democracia, la libertad, la fraternidad y la justicia acaben siendo antiguallas arqueológicas para estudio de hermeneutas y nostálgicos.

Pero a pesar de la negra y espesa niebla de la pandemia, emerge ya una auténtica tormenta de ideas, perspectivas y reflexiones, que como los ciegos del “Ensayo sobre la ceguera” de Saramago, nos pueden ir sirviendo de guías que nos ayuden a desentrañar algunas claves para comprender qué está pasando y qué puede pasar.

Es el caso del coreano Byung Chul Han, en este artículo señala la profundidad del cambio civilizatorio que anuncia la doble utilización de la tecnología, por un lado, como instrumento de dominio totalitario y, por otro, como escudo benefactor ante los males de nuestro tiempo. La utilización del big data, los móviles, las aplicaciones informáticas y las redes sociales en la “solución asiática” de la pandemia -que está resultando probablemente eficiente- nos adentra en un mundo manejado por poderes cada vez más inaccesibles e incontrolables para los ciudadanos. Un arquetipo de sociedad que puede devenir en una horripilante distopía que combine una especie de irrealidad virtual tipo Matrix, con sus añadidos de reino de las fake news totalitarias imaginadas por Orwell en su “1984” y el dominio de los machos alfa y el consumo masivo del “soma” de la felicidad del “Mundo feliz” de Huxley.

Claro que la alternativa de la “solución neoliberal” que propugna el grotesco trío Boris/Trump/Bolsonaro -con su correlato de secuaces- es aún más espantosa: un mundo en el que impere con mano de hierro la milagrosa “mano invisible” del libre mercado sin límites, ni regulaciones, que favorece una suerte de darwinismo social en el que sólo pueden sobrevivir los más aptos. Ante una catástrofe humana como la del covid-19, les trae sin cuidado condenar a muerte a millones de viejos, pobres y enfermos, porque lo más importante no es la vida humana, si no la sagrada “economía”, es decir los intereses del sistema capitalista. Pero a pesar de utilizar los mismos o análogos instrumentos tecnológicos y autoritarios, existe una diferencia entre la “solución neoliberal” de lucha contra el coronavirus y la “solución asiática”: al menos ésta última antepone salvar vidas humanas.

Por supuesto, en toda época la tecnología ha tenido la doble función de fuerza liberadora y de opresión. Se trata de una interacción en la que la sociedad participa y decanta, con revoluciones, reformas o evoluciones. Ahora en España, en la lucha contra la pandemia, lo que debe hacer, a mi juicio, el gobierno de coalición es ganarse a la mayoría de la sociedad con medidas concretas y eficientes, esencialmente que se fortalezca el sistema sanitario y se cree un potente escudo social que proteja realmente a todos los sectores golpeados por la profunda crisis que va a producir inexorablemente.

Para que ello sea posible habrá que liquidar ya el dañino ciclo austericida y tejer las alianzas que empujen a la UE a una política de reconstrucción, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Si no fuese posible ese cambio en la UE, su futuro será una progresiva y muy tensa descomposición y un paso hacia la irrelevancia geopolítica de Europa en la nueva correlación de fuerzas mundial. Sólo así -defendiendo la salud de la población y apoyando a los trabajadores y los sectores más golpeados por la nueva crisis- el gobierno progresista encontrará el apoyo de una ‘respuesta popular’ democrática. De fracasar en esa estrategia, es muy probable que se vaya construyendo una mayoría social y política contraria, que acabe confiando el gobierno a un bloque de fuerzas compuesta por una extrema derecha populista ultra nacionalista y xenófoba, el conservadurismo nacional católico y el catecismo neoliberal. Para ello las derechas usarán todos los recursos, trampas y demagogia a su alcance, pero su fuerza radicará esencialmente en los errores y debilidades de la coalición de gobierno. La batalla no se dirimirá en internet, ni tampoco en las políticas de comunicación y la fabricación de storytelling por parte de los spin doctors de turno.

Esas batallas se ganarán si realmente se apoyan en la realidad de los hechos y en que los compromisos programáticos se gestionen y ejecuten con pericia y determinación. El compromiso de luchar contra el cambio climático; las medidas concretas por una transición energética; la prioridad de financiación para los programas de igualdad de la mujer; el fortalecimiento de los servicios y de las políticas públicas, especialmente la sanidad, la enseñanza, las pensiones, la dependencia, las residencias y la vivienda; una distribución más igualitaria de las rentas y la progresividad fiscal.

Todo ello no ha de ser palabrería, ni postureo, sino decisiones y compromisos concretos. Sin maximalismos, ni retóricas vacuas, sin gesticulaciones estériles, ni pequeñas políticas de campanario. Pero siempre sabiendo cual es la correlación de fuerzas realmente existente y que ésta siempre es cambiante.

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • Juan Tortosa

    Periodista

La diferencia no es una enfermedad

  • Joseba Achotegui

    Psiquiatra y profesor titular de la Universitat de Barcelona

Se exponen en este texto una serie de planteamientos básicos acerca de cómo abordar la atención en el área de la salud mental en el mundo de hoy. El objetivo es abrir un debate en el que puedan intervenir y expresar sus ideas, el máximo número de profesionales, así como de usuarios y personas o grupos interesados en la mejora de la atención a las personas.

El texto se ha estructurado a partir de una serie de ideas fuerza, por supuesto, todas ellas interconectadas, que expongo a continuación:

1.  Se parte de la base de que cualquier planteamiento sobre la salud mental tiene detrás una teoría, unos conceptos, a partir de los cuales se desarrolla su exposición. Pero se ha de tener en cuenta que especialmente en el área de la salud mental no solo hay detrás una perspectiva teórica, muy vinculada a la cultura, sino también toda una serie de elementos ideológicos, ya que se trata de una temática de gran relevancia social.

En relación a esta base teórica, ideológica, es imprescindible buscar en lo posible una perspectiva amplia, basarse en conocimientos científicos aceptados socialmente y en valores compartidos y no en un modelo vinculado a un partido o a un grupo social.

2. Es importante mantener una perspectiva biopsicosocial, valorando las aportaciones de las neurociencias junto a las de la psicología y las ciencias sociales. Lamentablemente no se sigue habitualmente este planteamiento. En la sociedad actual, el peso de una neurociencia con un modelo muy reduccionista de la mente es muy importante y eclipsa al resto de modelos. Así, en los medios de comunicación, e incluso en la formación, se olvida con frecuencia esta perspectiva global biopsicosocial de la salud mental.

En esta área es observable la existencia de una creciente medicalización y pisquiatrización de aspectos de la vida cotidiana. Hay que entender que el estrés y el duelo forman parte de los procesos naturales de adaptación y deben diferenciarse de las patologías mentales.

Desde esta perspectiva biopsicosocial es importante trabajar en equipos interdisciplinares que integren profesionales formados en las disciplinas que abarca esta área  trabajando con modelos que integren los elementos psicosomáticos.

3. Es relevante potenciar la autonomía del sujeto, su capacidad de autoorganización, pero vinculada a la interdependencia, a la vinculación a las  realidades sociales y ecológicas en las que se ubica la persona.  Esta vinculación de la persona a la dinámica de su sociedad es básica para tener un buen apoyo social, un buen capital social, que es fundamental para la salud mental.

Sin embargo, a la vez que se potencia esta interdependencia se ha respetar la libertad de la persona, huyendo de considerar como desviada toda conducta que se aleja de los patrones de funcionamiento standard de la sociedad.

La psicodiversidad es una gran asignatura pendiente. Por un lado está la batalla contra el estigma que existe hacia las personas con trastornos mentales, así como la aceptación de que no es lo mismo ser diferente que estar enfermo. Por otro, la aceptación de la complejidad de la conducta sexual humana, en relación a la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad…, salvo cuando se hace daño, obviamente, como en el caso de la pedofilia.

Así mismo hay que destacar la importancia de la mirada de género, evitando las actitudes y conductas discriminatorias en la asistencia, tanto desde la perspectiva del diagnóstico como desde la de la intervención.

4. Evitar las situaciones sociales que incrementan la vulnerabilidad a los trastornos mentales. Plantear que la exclusión social se halla ligada al trastorno mental, por lo que es importante trabajar en un modelo social que dé oportunidades a todos los ciudadanos. La salud mental no es compatible con sociedades estructuradas en la desigualdad radical.

5. La importancia de que toda la población tenga acceso a una educación de calidad, tanto a nivel humanístico como científico, ya que está demostrado que el nivel educativo es uno de los mejores predictores de salud física y mental. El acceso a una educación de calidad proporciona conocimientos que permiten que la persona cuide mejor su salud, comprendiendo qué elementos le pueden poner enfermo, qué informaciones son ciertas en la propaganda sobre la salud, afectada con mucha frecuencia por informaciones manipuladas, fake news, oferta de productos o técnicas  “milagro” para la felicidad,…

6. Evolucionar hacia una intervención en salud mental en la que se escuche realmente la voz de las personas con trastornos mentales, haciéndoles plenamente partícipes del tratamiento, que no debe quedar solo en manos de los expertos.

7.  La defensa del acceso a la salud y la salud mental como derecho social. Cuando no existe este acceso gratuito o este acceso es precario, es bien conocido que amplias capas de la población que no tienen recursos para pagar la atención privada sufren graves problemas de desatención. Se sabe que las personas de ingresos bajos dejan de ir a los centros de salud y seguir los tratamientos.

8. Potenciar especialmente la atención primaria en salud mental, dada su relevancia en la promoción de la salud, la prevención y la atención precoz de los trastornos mentales.

9. Mejorar los sistemas diagnósticos en el área de la salud mental, dadas las limitaciones de las clasificaciones que se utilizan actualmente.

10. Potenciar la investigación especialmente en relación a los trastornos que más afectan a la población.

11. Prestar a atención a los contextos de estrés laboral y social en relación al mobbing, bullying, burn out.

ÁREAS ESPECÍFICAS

– Trastorno mental grave. Requiere una buena integración de la atención hospitalaria cuando es necesario un ingreso, junto a la intervención ambulatoria, familiar y psicosocial. Tanto los excesos en la hospitalización e institucionalización de las personas con TMG, como en el otro extremos dejar toda la carga del trabajo asistencial en la familias, en buena parte para ahorra costes, comportan graves problemas. Desarrollar sistemas de protección de los derechos de las personas que sufren trastorno mental severo.

– La asistencia a las adicciones, evitando la estigmatización y prestando atención a los factores sociales que las potencian, como la exclusión social, el turismo descontrolado de masas, la publicidad de alcohol dirigida a menores…

– Desarrollo de programas para la atención de los grupos excluidos: sin techo, inmigrantes indocumentados, con especial atención a los contextos sociales de estos grupos humanos que dan lugar a estas realidades.

– Atención de calidad a las minorías e inmigrantes, por parte de profesionales formados en el conocimiento de las características del estrés y el duelo migratorio, con especial atención a las situaciones de separación familiar forzada,  racismo y discriminación, indefensión, así como de las características de las culturas de origen de los inmigrantes, con la habilitación de intérpretes y mediadores. La inexistencia de prestación de una atención de calidad a estas personas, sin tener en cuenta sus características, ya es una muestra de discriminación.

– Desarrollo de los neuroderechos, en un contexto en el que existe un creciente control digital y una creciente manipulación digital que afecta a la libertad de las personas.

– Tener en cuenta, en la atención a los menores y a su área familiar, los diferentes tipos de familia que existen. Prestar atención a los derechos de los menores en un contexto social de pérdida de la privacidad por la invasión de la intimidad vinculada a las redes sociales. Facilitar que los padres puedan cuidar a sus hijos, como factor esencial de salud mental, posibilitando los permisos paternales en el parto y la primera infancia, así como la conciliación familiar.

– Desarrollo de programas para la creciente población de edad avanzada que tiene necesidades específicas y entre la cual los problemas de salud físicos y mentales se entremezclan con frecuencia. Hacer efectiva la ayuda a la dependencia, que funciona con muchos problemas en nuestro país. Potenciar las redes sociales para evitar la soledad, factor de riesgo muy relevante para la salud física y mental. Prestar apoyo y atención a los cuidadores de estos pacientes que sufren altos grados de estrés.

– La importancia de la rehabilitación y la evitación de recaídas poniendo en marcha programas especialmente de tipo psicosocial.

– Atención a la discapacidad y los trastornos del desarrollo.

– La formación de los profesionales de la salud mental tiene importantes retos para la mejora de su labor. En el caso de los psiquiatras se encuentra en gran parte subrogada a los laboratorios farmacéuticos con el obvio sesgo que esto supone para la formación.

– En relación al área de la psicoterapia, es relevante la dotación de medios para la formación de los psicoterapeutas, así como la  regulación del sector, ya que el ciudadano está con frecuencia mal informado, y es víctima de manipulación desde la publicidad y los medios de comunicación.

– Prestación de una atención de calidad a las personas que viven situaciones de violencia y situaciones traumáticas. Especialmente en el caso de los abusos sexuales y la violencia con los menores, así como con la violencia de género, circunstancias que incrementan de forma muy relevante la vulnerabilidad a los trastornos mentales.

moderado por:

  • Gabriel Flores

    Economista

  • Paloma López Bermejo

    Educadora, sindicalista y política

Conclusión del debate

El modelo neoliberal capitalista y el orden mundial desregulado y cargado de incertidumbres que se sustenta en ese modelo acumulan ineficiencias y desórdenes que se manifiestan en un sinfín de tensiones políticas, étnicas y culturales, pulsiones nacionalistas, crispación social, desajustes económicos y climáticos o conflictos militares en los extrarradios del sistema. La crisis del capitalismo neoliberal se entrecruza, desde hace una década al menos, con una crisis de la democracia y los derechos humanos y con una amenaza climática y ecológica que requiere con urgencia tomar medidas globales, nacionales y locales para empezar a afrontarla de forma inmediata y poder superarla en las próximas décadas, cuando aún es posible.

La tarea de proponer y acordar reformas destinadas a corregir esos desórdenes y disolver esas amenazas debe estar situada en un lugar prioritario de la agenda de la opinión pública y del conjunto de las fuerzas progresistas. Parece aconsejable, si no obligado, intentar definir con más precisión las medidas a aplicar y exigir ritmos más rápidos en su aplicación. Al tiempo, hay que remover los obstáculos que levantan poderes económicos elitistas que no parecen tener ninguna prisa en reducir esos desórdenes mientras puedan aprovecharlos como nuevas fuentes de ganancia y mecanismos para conseguir un mayor sometimiento de la economía, la sociedad y la naturaleza a sus particulares y estrechos intereses a corto plazo.

En nuestro país, mientras tanto, el mucho ruido político y mediático sobre algunos problemas pendientes de solución (el bloqueo político, el encaje territorial de Catalunya, el avance de la extrema derecha posfranquista o los restos de corrupción política institucional) deja fuera del centro de la agenda política cuatro graves problemas:

1) lograr un reparto más equitativo y razonable de la renta para reducir la desigualdad, impedir que se consoliden bolsas de pobreza y exclusión social y facilitar la actividad económica sostenible y la creación de empleos decentes;

2) modificar pautas de consumo y estructuras productivas, a la vez que se propician compromisos nacionales e internacionales efectivos para descarbonizar la economía, reducir las emisiones de CO2 y establecer planes de financiación e inversión que aseguren una transición energética lo más rápida y justa posible, sin que este nuevo ámbito de actividad económica se convierta en pasto del marketing empresarial ni en un nuevo e injusto mecanismo de reparto de los costes que conllevará dicha transición, cargándolos sobre la mayoría social;

3) afianzar la democracia y extender el diálogo y el acuerdo a todas las manifestaciones de las relaciones y la toma de decisiones en ámbitos, como el de las empresas y la gestión y dirección empresarial, que hasta ahora se habían resistido a abrir sus puertas a la democracia;

4) hacer compatible el libre comercio y la libertad de movimientos de las personas con la existencia de mecanismos de regulación y control multilateral que impulsen una globalización inclusiva que evite el dumping social.

La simple enumeración de esos objetivos y tareas nos permiten hacernos una idea de su envergadura y dificultad, de las resistencias que va a generar su puesta en marcha y de la necesidad de un renovado consenso social y amplios acuerdos políticos que permitan empezar a dar pasos en un camino de reformas que será largo y difícil. Se trata, ni más ni menos, que de rehacer un nuevo contrato social capaz de disputar la hegemonía a las elites económicas mundiales y a las fuerzas populistas y neosoberanistas reaccionarias; se trata, en suma, de conseguir que las grandes transformaciones que ya han comenzado se hagan de forma ordenada y no disruptiva, no vayan en detrimento de las grandes mayorías sociales ni contribuyan a reconstruir privilegios basados en identidades nacionales o a dar prioridad a los intereses particulares de elites o sectores que multiplican sus ganancias y su poder gracias a los cambios desordenados que se están produciendo.

Una economía y un orden mundial en transformación que requieren de amplios acuerdos y capacidad para gestionar los cambios en curso y sus ritmos.

Una de las consecuencias políticas más recientes y significativas de la situación de reconfiguración en la que está inmerso el modelo capitalista neoliberal que ha imperado en el mundo durante las últimas décadas, tras su consolidación en los años 80 del pasado siglo, ha sido el giro a la izquierda que parte de la socialdemocracia ha llevado a cabo en los últimos tiempos, con diferente alcance y por distintas vías. Procesos de revisión de su actuación que siguen su curso, adoptando formas más o menos incipientes o desarrolladas, y que han alumbrado programas y propuestas claramente identificables con los valores de izquierdas. Un giro a la izquierda que cuestiona la Tercera Vía, esto es, su anterior colaboración con las derechas en la expansión y gestión del modelo capitalista neoliberal y, tras el estallido de la crisis global de 2008, su apoyo a una estrategia conservadora de austeridad para superar la Gran Recesión que ha sido ineficaz en la consecución de los objetivos que pretendía alcanzar y ha acabado multiplicando desigualdades y precariedad, eliminando derechos laborales y sociales, recortando protección social, deteriorando la oferta de bienes públicos y, en definitiva, haciendo más difícil la vida y el futuro de millones de personas.

Repensar la economía incluye recapacitar sobre las políticas económicas y las llamadas reformas estructurales de desregulación de los mercados impuestas en los últimos años y tratar de integrar y aprender de todas las experiencias y propuestas que cuestionan las políticas de austeridad y devaluación salarial y evidencian su pérdida de apoyos sociales y su ineficacia económica.

Es innegable que se está  produciendo una evolución hacia la izquierda de los programas de partidos socialdemócratas, en el Reino Unido y más recientemente de Alemania, asimismo están adquiriendo un peso creciente otros partidos cercanos a los planteamientos más de izquierda de la socialdemocracia, y en EEUU están ganando espacio las corrientes más progresistas del Partido Demócrata. Al igual que la cooperación de los socialistas portugueses con fuerzas situadas a su izquierda durante la pasada legislatura o la apertura de los socialistas españoles a la negociación de un Gobierno de coalición progresista con UP son algunas de las más importantes expresiones que pueden encontrarse de ese giro a la izquierda que forma parte y evidencia las tensiones generadas por el capitalismo neoliberal.

En el giro progresista de la socialdemocracia y el fortalecimiento político de otras opciones situadas más a la izquierda existen causas y razones similares: aumento de las desigualdades y la pobreza, deformación de la distribución de la renta nacional en detrimento de los salarios, pérdida de poder de negociación de los sindicatos, rápido crecimiento de las emisiones de CO2 e incapacidad o desinterés por reducirlas, extensión de los falsos autónomos y de trabajadores autónomos sin ningún tipo de protección social, retroceso del gasto público social, debilidad de la inversión pública modernizadora, inacción de los Estados y las instituciones comunitarias en la gestión de los cambios productivos, tecnológicos y energéticos o en defensa de los bienes públicos y de los equilibrios ecológicos básicos que son necesarios para sostener nuestro planeta y la propia vida… Tendencias que provocan millones de perdedores desplazados a los márgenes de la sociedad, debilitan la convivencia, fragmentan y convierten en ineficaz el mercado único en Europa o aumentan las divergencias productivas y de rentas entre los socios de la UE y entre los territorios y sectores sociales de cada Estado miembro. Y que, por ser tan negativas, terminan por ser inaceptables en democracia y generan rechazos, malestar y energías que intentan y acabarán consiguiendo cambiar las prioridades y las políticas predominantes desde hace décadas porque no se pueden perpetuar cuando son tan evidentes y destacados sus negativos impactos. El avance del euroescepticismo y de las críticas y resistencias de la ciudadanía al capitalismo neoliberal, tanto a la izquierda como a la derecha del escenario político, son claros indicadores de la crisis en la que seguimos inmersos y de la necesidad de grandes transformaciones que permitan para superarla.

También forman parte de esas tensiones, sobre la misma base de indignación o resignación de la ciudadanía pero desde el otro lado del espectro político, el avance de las derechas populistas y neosoberanistas que representan Trump o Johnson y el cuestionamiento que realizan del orden mundial neoliberal o globalista, del que critican un afán uniformador cosmopolita poco o nada respetuoso con las identidades nacionales y al que denuncian como un peligroso enemigo de sus maneras de entender y reivindicar la soberanía nacional y, sobre todo, como un instrumento de los grandes grupos empresariales transnacionales para imponer sus intereses a la mayoría de las naciones.

Todos los temas mencionados antes y algunos más han formado parte, con mayor o menor fortuna y atención, de las ponencias desarrolladas en el III Congreso de la Fundación 1º de Mayo “Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores” y de las intervenciones que se han sucedido en este Espacio Público que ha acogido las valiosas reflexiones que han permitido esclarecer y profundizar un debate necesario. Forman parte de las preocupaciones de CCOO y del resto de sindicatos de clase porque revelan al mismo tiempo la incapacidad del modelo capitalista neoliberal para responder a las preocupaciones de la sociedad y la existencia de un tiempo nuevo, propicio para que las instituciones públicas nacionales y supranacionales impulsen y gestionen cambios de política económica, legislativos, tecnológicos y sociales en un sentido que suponga la mejora de la situación de las clases trabajadoras y la mayoría social, además de un reparto más equitativo que hasta ahora de los costes y beneficios que supondrán dichos cambios.

Que este proceso de gestión de las transformaciones en curso no va a ser sencillo lo indica claramente el desastre electoral sufrido por el Partido Laborista en las recientes elecciones generales del Reino Unido celebradas el 12 de diciembre. No basta con presentar un programa nítido de izquierdas, claramente diferenciado del de las derechas conservadoras o liberales, para recolectar en forma de votos el descontento de la mayoría social. No es posible superar en una campaña electoral años y décadas de retroceso y pérdida de legitimidad del Estado de Bienestar, el diálogo social y la acción de las instituciones públicas en defensa de la igualdad de oportunidades y de los sectores más desprotegidos y marginados o de la necesidad de impulsar una inversión pública capaz de gestionar los cambios productivos y educativos en beneficio de la mayoría social; menos aun cuando esa pérdida de legitimidad fue interiorizada por los laboristas británicos durante los liderazgos de Blair y Brown y la acción política institucional y los desarrollos teóricos asociados a su tercera vía entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. No se puede revertir en una campaña electoral o con un programa de izquierdas una derrota, la pérdida de legitimidad del Estado de bienestar y de la cultura, los valores y las fuerzas que lo hicieron posible, que se fraguó durante décadas. Sobre todo si la agenda política está centrada desde hace varios años en una cuestión identitaria que ha simplificado el debate, polarizado a la ciudadanía y dificultado la búsqueda de un acuerdo político que pudiera recabar un apoyo más amplio que el que se puede construir en torno a un referéndum que sólo admite una respuesta binaria: Brexit sí o no.

El giro a la izquierda de la socialdemocracia, pese a su trascendencia política y las justificadas esperanzas que suscita, no es suficiente para acometer y gestionar las grandes transformaciones en curso y hacerlas compatibles con las necesidades de bienestar, seguridad y futuro de la mayoría social. Tampoco, para construir una alternativa a las derechas populistas, conservadoras o de extrema derecha, embarcadas en un inquietante objetivo de deconstrucción parcial del modelo capitalista neoliberal que pretende reafirmar sus rasgos más antisociales, insolidarios, xenófobos y competitivos al tiempo que intenta reafirmar identidades y soberanías nacionales formales, mientras deja todas las puertas abiertas a las imposiciones de las grandes potencias sobre la mayoría de los Estados nación.

Tampoco una amplia cooperación política, como la que en España intentan fraguar el PSOE y UP para sostener un Gobierno progresista, que suscita con razón tan amplios apoyos y simpatías es suficiente para impulsar el cambio. Hace falta completar y complementar esa cooperación política con el fortalecimiento del papel de los sindicatos de clase y una mayor presencia de un denso entramado de organizaciones y movimientos sociales enraizados en una ciudadanía viva, activa y consciente de la importancia de la acción colectiva en defensa de los intereses y necesidades que comparte la mayoría social. En este terreno de la organización y movilización social es obligado resaltar, por su decisivo impacto sobre las rentas y las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social trabajadora, la importancia de ensanchar, mediante cambios legislativos adecuados y ejemplos prácticos que se puedan replicar y extender, los marcos del diálogo social entre sindicatos y organizaciones empresariales que es esencial para afianzar la negociación colectiva y revertir las pasadas reformas del mercado laboral que la traban o dificultan. Este es el momento. Ahora es posible construir una nueva voluntad política progresista y rehacer un nuevo contrato social desde la izquierda, contando con las instituciones del Estado para impulsar el cambio posible y hacerlo de una manera ordenada, al servicio de la mayoría social y contando con el concurso de la ciudadanía y las organizaciones que la conforman, defienden y representan.

Una reflexión, un debate y una acción necesarios.

Hay ganas de debatir sobre la sociedad en la que convivimos y trabajamos y sus conexiones con la situación europea y mundial, su mal estado, las no demasiado buenas perspectivas de evolución y las formas en las que repensamos la acción sindical y sociopolítica para abrir nuevas posibilidades a la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social. Dicho de otra forma, existe una clara conciencia de la necesidad de actuar y un profundo interés por contribuir a rehacer el contrato social que la crisis económica y las políticas reaccionarias aplicadas para superarla han hecho estallar.

Los debates, ponencias e intervenciones en este Espacio Público y en el III Congreso sobre la democracia económica que organizó la Fundación 1º de Mayo han puesto en evidencia la necesidad y la importancia de llevar a cabo esa reflexión y repensar la acción sindical y sociopolítica para construir un nuevo acuerdo social que ponga la economía al servicio de la mayoría social, refuerce y amplíe los ámbitos de diálogo social y la negociación colectiva y coloque a las instituciones públicas ante su responsabilidad de llevar a cabo las reformas necesarias para que el complejo proceso de transformación en marcha del modelo capitalista y el orden mundial neoliberales se desarrolle de manera ordenada, pacífica y democrática.

Queremos terminar agradeciendo a la Fundación 1º de Mayo el haber planteado y organizado este debate y a todas las personas e instituciones que han intervenido o colaborado en su realización o difusión y lo han hecho posible. Tanto durante el Congreso realizado los pasados días 14 y 15 de noviembre de 2019, que contó con una veintena de ponentes, alrededor de dos centenares de asistentes y el respaldo y la difusión brindados por Espacio Público, Le Monde Diplomatique en español, Madrid Sindical, Público y CTXT, como a través de los artículos y el debate que durante dos meses ha discurrido en este Espacio Público y en el que ha habido más de cuarenta intervenciones.

Muchas gracias a todas las personas y entidades que han hecho posible este espacio público de reflexión, análisis y encuentro que valoramos como muy provechoso y que necesitará de continuidad para alentar propuestas y reformas que puedan ser llevadas a cabo por un Gobierno progresista. Y muchos ánimos para el camino que tenemos por delante, en el que será imprescindible aunar de nuevo esfuerzos de reflexión y acción para impulsar y apoyar el cambio posible.

Ponencia inicial

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores, conectar la democracia con la economía

  • Gabriel Flores

    Economista

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

Este debate se enmarca en la actividad desarrollada por la Fundación 1 de mayo de CCOO, el III Congreso ‘Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores’. Más información en: http://www.1mayo.ccoo.es/noticia:393539–Repensar_la_economia_con_los_trabajadores

Vivimos tiempos difíciles para la democracia en todo el mundo. No es algo nuevo, ya se han vivido antes, varias veces a lo largo del siglo XX –que no olvidemos es el siglo de la democracia en la larga Historia de la Humanidad- y siempre, hasta ahora, la democracia ha salido fortalecida frente a sus enemigos, las castas privilegiadas, las élites económicas, los latifundistas de capital. ¿Será también así en el siglo XXI? ¿Es el momento de que la democracia entre en territorios, como el de la economía y la empresa, que le estaban vedados? Creemos que sí. Cuando las fuerzas progresistas se han situado en posiciones meramente resistencialistas, el resultado ha sido el retroceso de los derechos sociales y laborales y, como consecuencia, una creciente desigualdad, como ha ocurrido en las últimas décadas.

¿De qué hablamos cuando señalamos que la democracia económica permitirá ampliar y fortalecer sistemas democráticos capaces de proteger la convivencia y el bienestar de la ciudadanía? Este amplio terreno de juego, el de la lucha por consolidar derechos y ampliar la democracia, es el que acota el nuevo debate que acoge Espacio Público en colaboración con la Fundación 1º de Mayo de CCOO.

La Gran Recesión iniciada en 2008 y las políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial impuestas por las instituciones europeas a partir de 2010, siguiendo las recetas neoliberales, han generado como reacción que gran parte de la ciudadanía haya retomado la consciencia de la importancia de contar con libertades, derechos e instituciones que nos permitan defendernos de los depredadores mercados financieros. Aunque, a la vez, también hay que reconocer que algunos sectores sociales han perdido la confianza en las bondades de un sistema democrático que cada vez les ofrece menor protección.

La recurrente explosión de burbujas financieras, fruto de una paulatina pero constante desregulación de los mercados de capitales, ha fragilizado la protección de las relaciones laborales y el derecho del trabajo, acelerando su mercantilización y el ritmo de sustitución de empleos decentes con salarios dignos por trabajos precarios de baja remuneración. La consecuencia de esos procesos, además del paulatino deterioro del Estado de Bienestar, ha sido el aumento de los riesgos de pobreza y exclusión social de una parte importante de la población, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, lo que ha incrementado su desafección hacia los partidos políticos y las instituciones representativas.

Para estos sectores de la sociedad, las distopías han ganado espacio a las utopías cercanas, de forma que la democracia se ha estrechado y ha dejado de ser apreciada, al reducirse drásticamente las alternativas políticas que apuestan por la recuperación, en un futuro previsible, de los empleos, salarios, derechos y bienestar que se han perdido en los últimos años. Muy pocos partidos con posibilidades reales de alcanzar posiciones institucionales tienen la voluntad de gobernar de otra manera para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores poniendo coto a los privilegios de las élites económicas.

Es evidente que las generaciones más jóvenes son las que han sufrido en mayor medida la precariedad laboral y las que tienen un futuro con mayores incertidumbres. Jóvenes que no se sienten interpelados por la experiencia histórica que supuso la era de las tiranías europeas, o la dictadura franquista en España, ni disponen, en muchos casos, de una memoria histórica que les ayude a comprender la ineficacia, inmoralidad e injusticia que suponen los regímenes autoritarios.

En la mayoría de los países capitalistas desarrollados cuyas instituciones democráticas no son capaces de ofrecer suficientes empleos y salarios decentes, se está generando una robusta tendencia hacía una menor identificación de la ciudadanía con los valores democráticos. Los datos de la “Encuesta Mundial de Valores” atestiguan dicha tendencia.

La democracia es una construcción frágil y reciente en términos históricos, una conquista reversible que en los últimos años está sufriendo en Europa y en todo el mundo una campaña de descrédito organizada por poderosos enemigos. Ya no buscan su demolición, su objetivo es más inteligente, es erosionarla hasta reducirla a un cascarón de ceremonias formales que les permitan seguir protegiendo sus egoístas y elitistas intereses.

Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores implica proteger lo social frente a unos mercados que reparten de forma tan desigual, como injusta, rentas y riqueza. Supone considerar que el destino de la inversión pública, y de una parte sustancial de la inversión privada, tiene que decidirse teniendo en cuenta los intereses de la mayoría de la población. Esto es, que el poder democrático de la sociedad debe prevalecer sobre el poder económico de las elites en beneficio de la mayoría social, las clases trabajadoras y el planeta que nos acoge. Ello implica movilizar todas las energías existentes y la financiación pública y privada necesarias para apostar por alcanzar el pleno empleo con trabajos y salarios decentes para todas las personas que deseen trabajar, como sucedió en Europa Occidental y EEUU durante los treinta años dorados, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la desigualdad social se redujo de forma importante.

Las elites económicas, el capital financiero y los grandes conglomerados empresariales globales actúan en sentido contrario, concentrando cada vez más poder, riqueza y rentas y utilizándolos para impedir que la sociedad les imponga límites, elimine sus posiciones de monopolio y oligopolio y regule la actividad económica en beneficio de la mayoría social y del planeta, cuya preservación es la condición previa a cualquier tipo de economía y vida. O democratizamos la economía o nos privatizan la política.

¿Cuándo hablamos de democracia económica de qué estamos hablando?

Al referirnos a la democracia económica evocamos dos amplios espacios de intervención que están interrelacionados: el primero se refiere a la participación en la dirección y el control de la gestión de las empresas de las trabajadoras y trabajadores, de los sindicatos que les representan y de las organizaciones sociales vinculadas a su actividad; el segundo, a la participación de los sindicatos representativos y del resto de agentes sociales en la definición y gestión de la política económica, en la identificación de las mejores herramientas disponibles para lograr los objetivos propuestos y en el control y evaluación de sus resultados.

Introducir la dimensión democrática en la gestión de la economía y de la empresa, resituando el papel de las clases trabajadoras en el control de los procesos económicos, más allá del alcance y la práctica de una negociación colectiva que debe ser reforzada, obedece a dos lógicas plenamente interrelacionadas: una colectiva, la de una sociedad interesada en construir sistemas económicos y políticos de pleno empleo, más justos y equitativos; otra individual, la de incrementar la cantidad y calidad de la libertad individual, permitiendo que el desarrollo de la autonomía y libre elección de los individuos sea compatible con los intereses compartidos, la solidaridad y la cohesión social o la preservación del clima y la biodiversidad, que son un patrimonio común de la humanidad.

Impulsar el avance de la democracia económica, también en el ámbito de la igualdad de género, ofrece un horizonte de nuevos derechos, de reformas, a las fuerzas progresistas que permite recuperar la hegemonía cultural, incorporando a la agenda política propuestas de modernización y cambio estructural del sistema económico y de la empresa.

Democratizar las empresas no se reduce a ampliar el ámbito del cooperativismo o la economía social y solidaria, debe extenderse también a las empresas privadas y, en particular, a los grandes grupos empresariales. Esta tarea democratizadora de la economía y la empresa, lejos de desviar la atención sobre la imprescindible democratización de los Estados nación y la propia globalización, la complementan. Difícilmente se puede aspirar a democratizar lo que está más lejano, lo macro, si no somos capaces de abrir caminos para democratizar la actividad empresarial, lo micro, en la que estamos directamente involucrados o forma parte de nuestra vida cotidiana.

La democratización de la economía no se reduce tampoco a incrementar el papel o el peso del capital público y las empresas de participación o propiedad pública, incluida la banca, debe extender su acción a las empresas privadas y, a través de un sistema fiscal más progresivo, a la mayor contribución de las rentas del capital y los grandes patrimonios privados a la modernización económica y el bienestar social.

Disponemos de múltiples experiencias locales, nacionales e internacionales de impulso de la democracia económica. Buenas prácticas de las que aprender y aplicar para que la gestión de las empresas y la economía acaben impregnadas de los mismos valores, normas y prácticas de carácter democrático que rigen en el resto de ámbitos e instituciones de la sociedad. Se trata de identificar esas experiencias, promover su conocimiento y recabar el apoyo social que requiere la experimentación de nuevas formas de democracia en la economía.

Son los consejos de administración de las empresas los que tiene que aprender del funcionamiento de las instituciones democráticas de la sociedad, ya que gracias a ellas hemos construido las sociedades más productivas, igualitarias, incluyentes y libres de la Historia de la Humanidad.

¿Es necesario un Gobierno progresista para abrir el campo de aplicación de la democracia a la economía?

Se ha planteado en Espacio Público este debate sobre la democracia en la empresa y la economía en momentos electorales y políticos especialmente complejos y crispados a los que acompaña una creciente incertidumbre sobre el futuro económico mundial que ya se ha concretado en una desaceleración del crecimiento de la actividad económica y el comercio mundial.

No obstante, el debate sobre la democracia económica rebasa con mucho el cortoplacismo de una campaña electoral en la que los partidos políticos tratan de diferenciarse. No sería apropiado para la reflexión sobre la democracia económica que este debate quedara atrapado en una maraña de argumentos, justificaciones y simplismos de carácter electoral. Pero es ineludible afirmar la conveniencia de un resultado electoral que facilite el próximo 10 de noviembre la formación de un Gobierno progresista abierto a la consideración de las reformas legales, institucionales o estructurales que convienen al avance de la democracia en las empresas y en la economía.

Por eso, es tan importante la voluntad y la experiencia del acuerdo programático y la cooperación de las fuerzas progresistas y de izquierdas portuguesas en la última legislatura (2015-2019) que analiza Francisco Louça en la ponencia que abre este debate en Espacio Público. Una cooperación no exenta de diferencias y disputas que, junto a las innegables mejoras que ha supuesto para el pueblo portugués, nos permite entender algunos de los límites e insuficiencias de la acción gubernamental como único vector de la transformación social. Siendo imprescindible, la acción de un Gobierno progresista no es suficiente para impulsar con éxito el proceso de democratización de la economía y la empresa, ya que este éste tiene que estar acompañado de un largo y complejo desarrollo de la organización y movilización política, sindical, social y cultural.

Entendemos la modernización de una sociedad como su capacidad de actuar de forma conjunta, a través de mecanismos democráticos, en una dirección y, una vez obtenidos los resultados esperados, reorientar su acción hacia otros objetivos.

Por ello, creemos que la democracia económica, en todos los rasgos que la constituyen y que son el objeto de reflexión y análisis de este debate que se ha abierto en Espacio Público, forma parte del núcleo del ilusionante proyecto de modernización del país que las fuerzas progresistas deben ofrecer a la sociedad para renovar estructuras y especializaciones productivas, reforzar la convivencia y ampliar los derechos, libertades y bienestar del conjunto de la ciudadanía.

Después de las elecciones de octubre y del fin de la “geringonça”

  • Francisco Louça

    Político y economista

Hay en Portugal un viejo dicho popular, muy viejo, que dice “de España, ni buen viento, ni buen casamiento”. Las lectoras y lectores de estas notas que viven en España captarán, así lo espero, la existencia de alguna prevención inscrita en la historia y en las percepciones populares de la única nacionalidad ibérica que no ha estado sometida al poder de Madrid a lo largo de la historia del último milenio. Y también lo que este dicho manifiesta. Literalmente, quiere decir que los vientos venidos de España (del este) son raros, pero perjudiciales para la agricultura. Asimismo, recuerda que las bodas entre las casas reales de los dos Estados se tradujeron en problemas dinásticos, diplomáticos y militares. Cuestiones que, de hecho, condujeron al único periodo en el que Portugal estuvo integrado en el reino de Castilla, entre 1580 y 1640. De ahí el “ni buen viento, ni buen casamiento”.

Claro que sobre esto los contemporáneos no tendrán nada más que una divertida curiosidad. Pero el consejo puede ser interpretado de forma moderna, sugiriendo que cada historia tiene su tiempo y su modo, lo cual sirve a ambos lados de la frontera. Y, si me permiten un consejo, tal vez sea mejor que en el debate político español tampoco se imponga alguna simplificación sobre el “ejemplo” o “modelo portugués”, tal y como lo usa de forma interesada en su estrategia el presidente en funciones Pedro Sánchez.

Sería conveniente que en España no se fíen demasiado de los vientos portugueses y tal vez menos aún de las bodas fortuitas que puedan atravesar la frontera. El riesgo de lecturas instrumentales de los acontecimientos específicos de cada país o de estrategias políticas diversas es demasiado grande, sobre todo en tiempos de emociones fuertes y conflictos duros como los que se han vivido o pueden volver a darse en las Cortes en las votaciones sobre el futuro gobierno. Lean por eso estas notas como una simple información o interpretación acerca de lo que han sido estos cuatro años, de las diferencias entre Portugal y España, y también sobre la evolución política tras las recientes elecciones parlamentarias.

Dos países diferentes, dos historias distintas

Comienzo por lo que es obvio para quien lee estas líneas. Hay varias diferencias que imponen modos de realización de la política y de expresión electoral o de las opiniones públicas que son distintas entre Portugal y España. Creo que son, sobre todo, tres.

Primero, Portugal vivió una transición postdictadura marcada por una crisis revolucionaria (de abril de 1974 a noviembre de 1975). La consecuencia más importante, para lo que nos interesa aquí, fue la forma de reconfiguración del sistema político: el principal partido de la derecha en Portugal –el Partido Popular Democrático/Partido Social Demócrata (PSD)– nace de un ala disidente del partido de la dictadura, que estaba en conflicto abierto con el gobierno sobre cuestiones democráticas, y separada de él, a todos los efectos, cuando se llega a 1974. Así, cuando cae la dictadura, la burguesía se reorganizó en torno a este nuevo partido y a otra fuerza reaccionaria, pero con mucho menor peso, el Partido del Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS). El aparato político de la dictadura fue destruido en gran parte. Esto permitió imponer una Constitución que reconocía amplios derechos populares, leyes electorales democráticas y otras reglas. En España, por el contrario, el PP constituye una prolongación tardíamente adaptada del aparato franquista. Como consecuencia de todo esto, el sistema partidario portugués es más abierto. Y, tal vez por eso, el Bloco de Esquerda (BE) fue el primer partido europeo de convergencia de la nueva izquierda, nació en 1999 por razones políticas más que por la fuerza de los movimientos sociales. En España fue necesario, sin embargo, un poderoso movimiento social, años después, para dar origen a Podemos. Así, fue entonces cuestionada en España la alternancia entre la derecha y el centro socialdemócrata. Y fue de repente, mientras que en Portugal este bipartidismo ha sido lentamente desgastado desde la emergencia del Bloco hace veinte años. Hay que señalar, además, que el movimiento social ha sido y es más fuerte en España que en Portugal, con un protagonismo de las luchas sociales (el movimiento feminista o por la vivienda, por ejemplo) que no son comparables con las de mi país.

Segundo, Portugal es un país homogéneo, mientras que España es un mapa de nacionalidades. Eso determina en España múltiples formas de expresión política, bajo la forma de varios partidos y de gobiernos autonómicos o regionales. Éstas, además, formatean al mismo tiempo la amenazadora rigidez del poder central –y hasta el papel de la monarquía y de las Fuerzas Armadas– y una maleabilidad de negociación, que los gobiernos del PSOE y los del PP aprovecharon, con el PNV o con CiU y otras fuerzas. O sea, España tiene un poder central más violento y, en muchas ocasiones, sustentado en negociaciones regionales.

Cómo se acordó la “geringonça”

La tercera particularidad de Portugal es que fuimos más castigados por el programa de austeridad y por la humillación de la presencia gobernante de la troika durante los años del ‘ajuste’, de 2011 a 2014. En España se aplicó la misma orientación –de hecho, está genéticamente inscrita en las reglas del euro–, pero en un contexto de mayor margen de maniobra y preservando el halo de la autoridad política nacional. España es una economía mayor, más desarrollada e integrada, y tiene más poder político en la UE. Para quien lea estas líneas en España, le recordaría que el primer ministro de derechas en Portugal llegó a afirmar después de la firma del Memorándum de la troika en 2011, explícita y valientemente, que su objetivo era “empobrecer Portugal” y que era necesario tomar “medidas más allá del programa de la troika” para demostrar la conformidad nacional con la austeridad y el poder de los acreedores.

Ya se darán cuenta de a dónde quiero llegar con estas tres anotaciones. Si la población portuguesa tenía en 2015 la sensación y la experiencia de un programa de austeridad económicamente destructor, que se asociaba el gobierno de las derechas (PSD-CDS), y se esperaba una solución política, esta solo podía depender de los partidos de izquierda –Bloco y Partido Comunista de Portugal (PCP)– y del de centro –Partido Socialista (PS)–, como resultado de las elecciones parlamentarias de octubre de 2015. Dado que estas condiciones hacían inviable la alternancia tradicional entre la derecha y el centro, que había estado vigente hasta entonces, el “modelo portugués” de acuerdo sobre puntos concretos programáticos para permitir el gobierno de António Costa se impuso entonces por la voluntad aplastantemente mayoritaria de las bases de estos tres partidos.

Ese modelo fue preparado por una osada iniciativa de Catarina Martins, la coordinadora del Bloco, en su debate televisivo, durante la campaña de 2015, con el secretario general del PS, a quien desafió a aceptar condiciones elementales para abrir la puerta a un acuerdo. Eran condiciones básicas: no continuar congelando el valor de las pensiones, renunciar a leyes que facilitaran el despido y no reducir las contribuciones patronales a la seguridad social. O sea, anular tres medidas que entonces constaban en el programa del PS. Por resumir una larga historia, el mismo domingo del recuento electoral ya comenzaron reuniones informales entre los dos partidos para coordinar estas condiciones y otras, como el aumento del salario mínimo, manuales escolares gratuitos o bonos de transporte público a precios bajos, por ejemplo.

En ese proceso, estos partidos no tenían en frente ni una derecha unificada, ni difíciles cuestiones de orden constitucional (como las nacionalidades en España), ni alternativas de acuerdos políticos con otros partidos. En base a los resultados electorales, el PS en 2015 solo tenía dos opciones: o dejaba la derecha (con el 38%) gobernar o, con su 32%, se entendía con los partidos de izquierda (el Bloco, 10%, y el PCP, 8%)[1].  Escogió la “solución portuguesa”.

El modelo portugués

Hubo así un entendimiento, registrado en acuerdos por escrito. No voy a resumirlos, están publicados y fácilmente disponibles. Su peculiaridad más importante era incluir, por un lado, una lista de medidas a cumplir: parar las privatizaciones y revertir las que ya se habían hecho en el sistema de transportes públicos; incrementar en un 20% el salario mínimo; aumentar salarios y pensiones y reducir los impuestos directos sobre trabajo; mejorar la cobertura en la lucha contra la pobreza. Y por otro, dejar a cada partido libertad de posición sobre el resto de temas, como cuestiones europeas y financieras, por ejemplo.

Ni el PS lo propuso ni los partidos de izquierda plantearon su participación en el gobierno. Sé que a partir de aquí tengo que escribir con todo el cuidado del mundo, pues no quiero que ninguna lectora o lector interprete mi testimonio como una sugerencia sobre lo que debería suceder en España. En el nivel de acción política en que me sitúo, y se sitúa quien toma decisiones y participa en el debate público que se quiere determinante, es preciso conocer y vivir los detalles, tener el corazón experimentado y un conocimiento profundo de cada contexto para comprender las dinámicas y las relaciones de fuerzas. Y yo no pretendo ni proponer ni ser leído como alguien que insinúa algún tipo de conclusión para las elecciones políticas españolas. Lo que escribo se refiere únicamente a Portugal: no quisimos entonces formar parte del gobierno y sabíamos, de hecho, que, dada la historia de una convergencia inédita, ese camino era impracticable.

Para ambas partes, la solución encontrada fue la más conveniente. Para el PS, ciertamente, pues podía presentar en la Unión Europea a su gobierno como una continuidad de sus compromisos políticos esenciales. Era solo parcialmente verdad, dado que el PS podía asegurar que cumpliría los objetivos macroeconómicos de reducción del déficit, pero algunas de las medidas más importantes que la UE continuaba intentando concretar quedaron bloqueadas por el acuerdo con la izquierda, como las nuevas leyes para facilitar los despidos o la reducción de los costes de seguridad social a cargo de las empresas. En el momento en que el nuevo gobierno fue amenazado con sanciones europeas –paradójicamente, porque las cuentas del anterior gobierno se habían desviado un 0,3% del PIB en relación con el objetivo de déficit–, esa relación positiva del PS con Bruselas fue utilizada para argumentar en contra de un nuevo enfrentamiento a la griega. Pero era también ventajoso para los partidos de izquierda, que mantuvieron su independencia y pudieron oponerse al gobierno en cuestiones fundamentales, ganando en algunos casos, como cuando el ejecutivo intentó alterar las condiciones de financiación de la seguridad social, y perdiendo en otros, como la financiación de la banca comercial tras una crisis o las modificaciones de la ley laboral para aumentar el periodo de prueba en un empleo.

Pienso que todos hicieron la elección correcta. La izquierda y el PS no tenían un nivel de entendimiento programático y de experiencia de trabajo en común que permitiera una cooperación gubernamental. De hecho, si esta hubiera ocurrido, el gobierno se habría deshecho en pocas semanas: el ejecutivo tomó posesión en noviembre de 2015, e inmediatamente, en diciembre, presionado por la Comisión Europea, vendió un pequeño banco, el BANIF, al Santander, gastando en la operación tres mil millones de euros, lo que la izquierda no aceptó. Si en ese momento hubiera habido ministros de los partidos de izquierda, éstos habrían salido del gobierno y el acuerdo no habría durado un mes. La presencia en el ejecutivo exige una relación de fuerzas determinante, además de capacidad social de movilización inmediata, preparación técnica y una estrategia política coherente. Pero no puede ser un juego de corto plazo, tiene que ser una disputa consistente por la hegemonía social.

Los resultados de la “solución portuguesa”

No me detendré mucho sobre los resultados de la “solución portuguesa”, que son suficientemente conocidos. Ésta se benefició de tres condiciones favorables: petróleo barato, intereses bajos debido a las inyecciones de liquidez del programa de quantitative easing (compra de títulos de deuda pública y privada) del BCE y, además, un cierto aumento de la expansión de la demanda europea en la tímida recuperación que hemos vivido. Esta evolución permitió, por primera vez en los veinte años del euro, una convergencia real con la media europea, una balanza comercial positiva y la reducción de los gastos en la balanza de rentas, gracias a emisiones de deuda de corto y medio plazo con intereses negativos. En consecuencia, la tasa oficial de desempleo se redujo a la mitad (6%); y la subida de los ingresos fiscales y de la seguridad social, la reducción de los gastos del desempleo, más un inadecuado ajuste de la inversión pública permitieron un déficit cercano al 0% en 2019. Todas las valoraciones coinciden en considerar estos resultados como positivos: para las reglas presupuestarias ortodoxas, es un caso notable; para trabajadores y pensionistas, fue un alivio importante; para la presión de los intereses de la deuda soberana, es un éxito, al menos a corto plazo; para la gestión macroeconómica, tiene el beneficio de una expansión, aunque sea limitada.

La audacia de los partidos de izquierda, ante el carácter tan restrictivo de los acuerdos escritos, permitió ir más lejos de estos. En cada presupuesto anual, fueron aprobadas otras medidas que no estaban inicialmente previstas. Ese proceso de presión y negociación fue esencial para extender algunos derechos y para crear nuevas soluciones. Fue así como se definió una tarifa social de la energía a precios bajos para una décima parte de la población nacional; se creó un programa especial para garantizar contratos de trabajo estables a decenas de miles de trabajadores precarios en la Función Pública; hubo aumentos anuales extraordinarios para las pensiones más bajas, se redujo el precio de las matrículas en la universidad pública o se crearon bonos mensuales de transporte público en las grandes ciudades a precios más reducidos (30 euros).

En otras cuestiones, se agravaron los conflictos entre la izquierda y el gobierno. En particular, en la recuperación de la antigüedad laboral congelada de los profesores, en los salarios de los funcionarios públicos o en la gestión público-privada de los hospitales públicos. En algunos casos, estos conflictos y las soluciones alternativas fueron cuidadosamente preparadas para que la izquierda obtuviera resultados. El mejor ejemplo es el de la Ley de Bases de la Salud. Un antiguo coordinador del Bloco de Esquerda, que desempeñó esa función tras mi último mandato, João Semedo[2], elaboró con un fundador del Partido Socialista y su presidente honorario, António Arnaut[3], una ley para reorganizar la estructura y las políticas de salud. Publicaron su propuesta en un libro que obtuvo un notable impacto, orientando el debate en el país. Ese trabajo de confluencia marcó la política portuguesa. El gobierno inicialmente apoyó la propuesta –el primer ministro y varios miembros del gobierno participaron en su presentación–, después decidió presentar una alternativa y le encargó la tarea a una exministra que representaba a la derecha del PS. Después, abandonó esa propuesta y buscó un acuerdo con la izquierda. Luego, presionado por los grupos financieros con intereses en este ámbito, buscó un acuerdo con el principal partido de la derecha. Finalmente, fracasadas todas estas maniobras, acabó por aceptar un acuerdo de última hora con los partidos de izquierda. El resultado es una ley progresista y la existencia de un debate fuerte sobre la experiencia de la gestión privada de los hospitales públicos –hay aun tres hospitales con ese modelo, pero el proyecto era que llegaran a ser diez–. Para el Bloco de Esquerda, este proceso es una demostración política interesante, ya que nunca había sucedido en la política portuguesa. En primer lugar, el que se diese una propuesta común de dirigentes históricos del PS y del Bloco. Y en segundo lugar, el que el Bloco condujese un debate intenso que condicionó al gobierno; mantuviese siempre su coherencia; consiguiese resistir a la presión de las grandes finanzas; y, ante el fracaso del gobierno, impulsase las reglas para un acuerdo que alcanzó la mayoría del parlamento. Toda la política es disputa.

Nunca simplifiquemos lo que es complicado: este era un gobierno minoritario de un partido de centro, el PS; no era un gobierno de izquierdas; tenía una base parlamentaria mayoritaria con acuerdos y compromisos importantes para la población y que fueran cumplidos; respondía a una exigencia inmediata de viraje político y fue, por eso, un camino para responder a la austeridad.

Las tensiones entre el PS y la izquierda

Este proceso ha estado marcado por tensiones y acuerdos y por la aprobación mayoritaria de presupuestos anuales, que consagraban estos difíciles equilibrios. Pero el mapa político de la “solución portuguesa” evolucionó y se complicó, como no podía dejar de suceder.

En esos cuatro años, a pesar de que los dos partidos de izquierdas hayan estado muy alineados en cuestiones presupuestarias, fiscales, económicas y laborales –divergen en cuestiones sociales, el PCP se opone a las propuestas del Bloco a favor de la paridad entre hombres y mujeres o de la legalización de la muerte asistida– y hayan conseguido en conjunto importantes concesiones del gobierno, el PS ha definido respuestas diferentes a los desafíos propuestos por los dos partidos de izquierdas. La estrategia del primer ministro socialista se ha basado en una distinción entre los dos partidos: favorecer al PCP (cuyo electorado se considera muy estanco en relación al del PS) y ser agresivo con el Bloco (que aparecía como un partido con más posibilidades de establecer puentes y diálogo con los electores del PS). Esta decisión política se volvió más agresiva durante la campaña electoral de 2019, en la que el principal enfrentamiento del PS no fue con sus opositores de derechas, sino contra el Bloco, presentado como un obstáculo para alcanzar la mayoría absoluta, lo que podría acarrear una situación de “ingobernabilidad”. El primer ministro usó insistentemente el ejemplo del caso español, argumentando que si el “Podemos portugués” obtuviera un respaldo electoral elevado, se podría dar un impasse en la formación del Gobierno, como en las Cortes españolas.  El Bloco respondió con una campaña firme en contra de la mayoría absoluta y defendió un programa concreto de medidas sociales y económicas para los próximos cuatro años que incluía el aumento del salario mínimo, la recuperación de derechos laborales, medidas para incrementar la oferta de viviendas sociales, propuestas para desarrollar el servicio nacional de salud y de respuesta a la emergencia climática, la nacionalización de empresas de energía y correos y el control público de la banca.

En todo caso, esa política ofensiva del PS durante este periodo ha perjudicado al PCP y favorecido al Bloco: en las elecciones presidenciales de 2016, la candidata del Bloco obtuvo el triple de votos que el candidato del PCP; y en las europeas –en las que en 2014 el PCP consiguió tres escaños y el Bloco solo uno– de 2019 el Bloco volvió a rebasar al PCP, como ya había sucedido en las legislativas de 2015. En las últimas elecciones parlamentarias del pasado 6 de octubre, el PS subió hasta el 37%, pero quedó lejos de su objetivo de mayoría absoluta, el PCP bajó al 6%, perdiendo 5 diputados y obteniendo el peor resultado de su historia, y el Bloque, mantuvo su presencia parlamentaria, con 19 diputados y cerca del 10% de los votos.

¿Por qué no hay una nueva “geringonça”?

La noche que se cerraron las urnas, el 6 de octubre, António Costa, el primer ministro, se felicitó por los resultados y reafirmó que mantendría su compromiso previo, sugiriendo una Geringonça 2.0. En ese sentido presionaba una buena parte de sus electores, además de los del PCP y el Bloco e, incluso, otros sectores de izquierdas (fue elegida también una diputada de un pequeño partido de izquierdas, Livre, y cuatro más de un partido ecologista y animalista, el PAN). Por eso, el PS, que está en minoría en el parlamento, se sintió obligado a negociar con todos esos partidos para la aprobación de un nuevo acuerdo.

Sin embargo, después de estas elecciones se producen dos diferencias esenciales respecto al contexto de 2015. La primera y más importante es que, esta vez, el PS es el partido más votado y no el segundo. Tiene, por tanto, una legitimidad formal diferente y un margen de maniobra mayor, dada la crisis de los dos partidos de la derecha, que cosecharon los peores resultados en varias décadas. La segunda diferencia es que el PCP, en parte presionado por su mal resultado electoral (fue superado por el Bloco incluso en los bastiones históricos de implantación comunista), rehusó alcanzar un acuerdo escrito para la nueva legislatura y anunció su disposición a llevar a cabo negociaciones puntuales sobre leyes y presupuestos, sin ningún tipo de compromiso sobre objetivos a cuatro años. Por el contrario, el Bloco propuso un acuerdo por escrito sobre un plan de inversión pública durante la legislatura, que incluía un programa de vivienda a bajo coste (cien mil casas con alquileres medios de 300 euros), un plan de emergencia para contratar médicos y enfermeras para el Servicio Nacional de Salud, la nacionalización de Correos, la recuperación de derechos laborales recortados por la troika, el aumento de los salarios y medidas para la reducción del tráfico de automóviles o para responder a la emergencia climática.

En respuesta, el PS, que inicialmente aceptó el principio de un acuerdo escrito y negociaciones diferenciadas con los diversos partidos, decidió retractarse cuatro días después de las elecciones, dando por cerradas las conversaciones sobre un acuerdo de legislatura. Significativamente, anunció su rechazo a las propuestas del Bloco a la salida de un encuentro con la principal asociación patronal, que había insistido en la continuidad de las normas laborales de la troika.

La idea de una Geringonça 2.0 duró, de este modo, menos de una semana y fue rechazada por el PS. Habrá, por tanto, un gobierno minoritario que buscará acuerdos puntuales con la izquierda y la derecha, beneficiándose de la crisis de los partidos de la derecha y esperando que las restricciones provocadas por la desaceleración de la economía europea y por los riesgos de la inestabilidad financiera no generen nuevas perturbaciones. Se trata, por consiguiente, de un deslizamiento del gobierno hacia el centro y la derecha en un contexto de mayor tensión con el Bloque de Izquierda y con los movimientos populares y sindicales.

Aún es pronto, en todo caso, para anticipar cuál será la percepción y la respuesta popular a este nuevo contexto. Dependerá en gran medida de movimientos dinámicos como la huelga climática o la huelga feminista, de las nuevas expresiones de la lucha sindical, así como de la relación de fuerzas que resulte de la evolución económica y de las presiones de las instituciones europeas.

Conclusión

Como siempre, nadie tiene la última palabra. Para la izquierda portuguesa, habrá victorias y derrotas y nunca hay victorias fáciles. Es la vida. La política es un ajedrez con muchas variables y muchas de ellas dependen de fuerzas que no controlamos ni anticipamos. Pero cuanto mejor conocemos a nuestra gente y a nuestros adversarios, mejor preparados estamos para responder a las responsabilidades inmensas de los tiempos presentes: garantizar seguridad a quien teme por el empleo y por el salario, disputar la sostenibilidad de la seguridad y de la protección social frente a las finanzas, impedir la uberización y precarización del trabajo, rechazar el individualismo extremo que afirma el programa neoliberal en la vida cotidiana, construir una cultura de movimiento colectivo, intensificar el aprendizaje democrático contra el autoritarismo. Y, si una cosa aprendí con la experiencia de la izquierda en España y sus nacionalidades, fue que es preciso vivir y mostrar una política inclusiva, alegre, movilizadora y sin rencor. Somos gente normal luchando por los nuestros, codo con codo entre todas. Esa es la fuerza de la izquierda.

Notas

*Este texto es una adaptación del artículo publicado en Ctxt en agosto de 2019, actualizado después de las elecciones parlamentarias del 6 de octubre de 2019. 

  1. Al contrario de la convergencia en la izquierda española en una lista unificada entre Podemos e IU, Unidas Podemos, en Portugal los dos partidos, Bloco y PCP, han mantenidos identidades muy distanciadas y poca cooperación entre sí. La propuesta del Bloco de que las reuniones de trabajo de la mayoría parlamentaria incluyeran a los tres partidos fue siempre rechazada por el PCP, que prefirió negociar por separado con el PS y se negaba a cualquier reunión que incluyera el Bloco, dando por lo tanto al PS un espacio más amplio de negociación paralela con los dos partidos de izquierdas.
  2. João Semedo fue miembro del Comité Central del PCP. Tras abandonar el partido en 1991, volvió a su actividad profesional como médico y fue director de un hospital en Oporto. Más tarde se unió al Bloco y fue su coordinador entre 2012 y 2014. Murió en 2018.
  3. António Arnaut fue fundador del PS. Como miembro del gobierno en 1979, fue el ministro responsable de la creación del Servicio Nacional de Salud. Siempre ha sido considerado y venerado como el “padre del Servicio de Salud”. Tanto Semedo como Arnaut fallecieron algunos meses antes de la conclusión del debate legislativo iniciado por la ley que propusieron.

moderado por:

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

  • Irene Bassanezi Tosi

    Doctoranda en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en UC3M

Conclusión del debate

La crónica-resumen del debate presencial ha sido publicado en Público en el siguiente enlace:

https://www.publico.es/politica/enfoques-entender-y-frenar-trumpismo.html

 

Ponencia inicial

El Trumpismo, la nueva barbarie

El Trumpismo, la nueva barbarie

El populismo al estilo Trump ha venido para quedarse

  • Pedro Chaves

    Politólogo, investigador especializado en la UE

En una Conferencia impartida en septiembre del pasado año[1], comenzaba Jurgen Habermas la misma de esta manera: “Me han pedido que hable de “Nuevas perspectivas sobre Europa”, pero no consigo pensar en ninguna”.

Habermas aludía a la “descomposición de estilo Trumpiano” que está ocupando el centro del espacio público y que ha llegado, también, al corazón de Europa.

En mi opinión, la idea de “descomposición” es solo una parte de la realidad visible, aquellas que hace referencia al debilitamiento y agonía del modelo liberal vigente y dominante a nivel global, especialmente desde comienzos de los 80. Pero oculta lo que es el rasgo más destacable pensando en perspectivas: la recomposición de los sistemas políticos de representación en todo el mundo y también en Europa.

El histrionismo de personajes como Berlusconi, en su momento,  o Trump, ahora, contribuyen a banalizar el impacto de lo que ocurre, pero resulta difícil ocultar la relevancia de una situación global que va más allá de cuestiones episódicas o anecdóticas.

La “revuelta populista” de extrema derecha, es global, generalizada y tiene importantes componentes culturales que la dotan de consistencia y estabilidad.

Las claves

  • La situación actual no es una “anormalidad”, una situación transitoria cuya evolución desembocará, antes o después en la “vuelta a la situación anterior”. Estamos ante eso que Gramsci llamaba “interregno”, una situación provisional de cambio en el modelo de dominación hegemónico. Lo que no nos gusta es que el nuevo mundo que se adivina nos horroriza. La política está para eso, para intentar cambiar la situación existente y tratar de encontrar los elementos que pueden modificar, en una dirección más favorable, la situación existente. Lo importante es asumir lo que forma parte del pasado y lo que anticipa el presente respecto a lo que puede depararnos el futuro.
  • La situación actual es el resultado de diferentes variables coincidentes, pero lo que es relevante reseñar ahora es que la crisis de los sistemas políticos tiene que ver con el asalto neoliberal a los sistemas democráticos.
  • Este asalto se reconoce en varias narrativas que han sido muy potentes en los pasados años:
    • El estado es el problema y no la solución (Reagan dixit)
    • No existe sociedad sino individuos (Thatcher dixit)
    • TINA (There is no alternative) No hay alternativa, nuevamente Thatcher dixit
    • La falta de competencia entre los partidos políticos dominantes
    • La perdida de sustancia de las democracias liberales reducidas a un espectáculo de sucesión entre los partidos mainstream
    • Las puertas giratorias entre lo privado y lo público y al revés
  • El resultado de esta desconfianza creciente afecta al conjunto de los partidos políticos y al sistema en su conjunto: afecta a los fundamentos sustantivos de las democracias representativas: la división de poderes; la calidad de la representación; la confianza en la participación política como un factor de control público o cambio; la pérdida de calidad de las elecciones como mecanismo de creación de legitimidad entre los elegidos… etc.
  • Junto a este hecho, es muy importante destacar dos cuestiones adicionales: la primera es el modo en el que la inmigración se ha constituido como un elemento central -en un contexto de incertidumbre- que articula tanto el extrañamiento de una parte de la sociedad respecto al sistema político, como el creciente temor a la pérdida de identidad de los grupos nacionales históricos y al abandono de los “modelos de vida”. Por eso, entre otras razones, la apelación a la vida (idealizada) de un pasado “ordenado y previsible” goza de tanto predicamento; la segunda cuestión es la politización de la desigualdad, no en el modo en el que habríamos previsto desde la izquierda, desde luego. La desigualdad es el fenómeno más reseñable de la crisis y la que explica el modo en el que se han distribuido de manera asimétrica los efectos sociales de la misma. La politización de la desigualdad ha servido para alimentar el rencor contra el sistema político en su conjunto. Por eso, la combinación en las protestas, de reivindicaciones razonables con otras completamente extemporáneas y modos de reivindicación del espacio público en la frontera de la anomia social.
  • La nueva situación no se explica solo ni fundamentalmente desde la “bronca de los desheredados”. La coalición social del malestar es muy amplia y formada, de manera fundamental, por las clases medias sometidas por la crisis a una situación de “privación social”, un gap entre expectativas y realidades en un contexto de desestructuración social creciente.
  • Uno de los fenómenos políticos más relevante de este hecho es el “desalineamiento”, esto es la pérdida de los vínculos tradicionales entre los partidos políticos y sus clientelas tradicionales.
  • Los otros dos hechos a destacar son: por un lado la inestabilidad creciente y persistente de los sistemas de representación: nadie sabe que va a pasar y con ello una volatilidad imprevisible; los nuevos fenómenos han venido para quedarse.
  • Los fenómenos populistas de extrema derecha están sacudiendo Estados Unidos y Europa en su conjunto. Hay que decir que hay elementos compartidos en su emergencia pero que no todos responden a las mismas dinámicas ni tienen los mismos componentes. Pero, en cualquier caso, es un error, como antes hemos querido compartir creer que el populismo es un fenómeno explicable desde la movilización de los sectores desfavorecidos o los famosos “perdedores de las globalización”. El populismo ha conseguido articular una amplia coalición social e ideológica. El caso de Trump es particularmente llamativo en este punto: en su victoria concurren tanto sectores populares afectados por el derrumbe de la industria tradicional; como conservadores ideologizados (votantes tradicionales de los Republicanos); neoliberales antiestado y antiimpuestos, como sectores tradicionales de clase media, votantes habituales de los demócratas, que se han sentido concernidos por los llamados al conservadurismo moral que Trump y la altright pregonan.
  • Además, el populismo de extrema derecha, busca activamente esta ampliación de la coalición social. No es un proyecto de “perdedores”, es un proyecto con voluntad de ganar.
  • Y un punto adicional a considerar: hay una pretensión constituyente en el populismo de derechas. Es decir, una voluntad firme de reconstruir el sistema político en una perspectiva no liberal. En este sentido el “iliberalismo” que preconizan personajes como Trump, Orvan o Salvini es una impugnación de la democracia misma, no solo de la liberal, y un intento firme por reducir la pluralidad política y criminalizar el conflicto social y la discrepancia.

¿Qué es lo común?

Prácticamente en todos los casos, la retórica de Trump, como ejemplo de otros fenómenos similares, se articula a partir de dos ejes centrales: en primer lugar, el desafío a la legítima autoridad del “establisment”. Las élites son las responsables de la situación en general y particularmente de la situación de los más desfavorecidos, que han sido “abandonados” por estas élites.

Los objetivos favoritos de esta retórica incluyen los medios de comunicación (traidores al pueblo); las elecciones (que son consideradas fraudulentas salvo que gane el candidato populista); los políticos (corruptos y vividores); los partidos políticos (disfuncionales); los funcionarios del sector público (el estado profundo); los jueces; los intelectuales (arrogantes); los científicos (quien necesita expertos?) etc.[2]

Lo importante es que la impugnación de las élites no es funcional: por lo qué hacen mal en el desempeño de su tarea; sino moral, lo sustantivo es que están equivocados en su núcleo de valores y eso los inhabilita como representantes de la sociedad y del “pueblo”. Es una despolitización del conflicto social al servicio de un liderazgo que aseguraría al pueblo frente a las amenazas externas e internas.

El segundo elemento compartido, se refiere a que la única fuente legítima de autoridad moral y política proviene del pueblo. Entendido este de un modo muy poco definido y concreto, más bien en términos de quien está conmigo sería el pueblo y quien está contra mi el enemigo del pueblo.

Por esta vía, nuevamente, se eliminan los “cuerpos intermedios”, partidos, sindicatos, asociaciones, instituciones etc… y se sobredimensiona el papel del liderazgo como articulador y defensor de los verdaderos valores del pueblo.

Había que añadir que se ha enfatizado como elemento común el uso de las redes sociales y nuevos medios de comunicación online en el desarrollo y difusión de este fenómeno, pero lo cierto es que nada de esto hubiera sido posible sin, por una parte, el desplazamiento hacia la extrema derecha de una parte de los partidos mainstream, que han “normalizado” los discursos confrontacionales y el lenguaje del odio; y en segundo lugar sin el papel jugado por algunos medios de comunicación tradicionales en ese desplazamiento del “sentido común” en el ámbito de la derecha. Es decir el fenómeno Bannon en Estados Unidos y su papel a través de la web “Breitbar news”, sería incomprensible sin el papel de la Fox y otros medios “mainstream”.

Hay muchas más cosas que podrían añadirse y que servirían al propósito de suministrar más elementos del actual contexto, pero creemos que estos pueden servir para ofrecer algunos elementos adicionales que sirvan para contextualizar el debate.

[1] https://www.socialeurope.eu/new-perspectives-for-europe

[2] Norris, Pipa y Inglehart, Ronald (2019), Cultural backlash, Trump, Brexit, and authoritarian populism. Cambridge University Press, página 4.

El regreso de los trabajadores al centro de la política económica

  • Miguel Martínez Lucio

    Profesor de la Universidad de Manchester

Unas de las características de la derecha populista, como es el caso del presidente Trump y algunos aspectos de la política de ‘Brexit’ en el Reino Unido, es la manera en la que han hecho referencia a los intereses de la clase trabajadora.  Esta derecha intenta posicionar los intereses de la clase trabajadora en oposición a lo que llaman el establecimiento ‘cosmopolita’ del sistema político. Es un desarrollo que se basa en la manera en la que grandes partes de dicha clase trabajadora han sido marginadas en la política económica de los últimos años. Aunque se puede decir que era la derecha neoliberal la que afrontó esta estrategia de cambio en la política industrial (con sus cierres de la industria de los astilleros, etc.), la manera en que la tradición social democrática participó en esta desindustrialización permite que figuras como Donald Trump en los EEUU o el político Nigel Farage en el RU sean los portavoces de estas tradiciones perdidas. Paralela a esta política ‘populista’ (post)industrial se ve el desarrollo de un discurso xenofóbico donde las pérdidas materiales de la clase obrera tradicional (por usar tal frase) se explican por el cada vez más alto ritmo de inmigración. La ironía del discurso contemporáneo de la supuesta nueva derecha es que pone énfasis en la pérdida de la identidad social y económica de los trabajadores. Se puede decir que la Nueva Derecha de los ochenta también tuvo lo que Stuart Hall (el sociólogo británico de origen caribeño) llamó también un discurso populista que manipuló las incertidumbres de tales clases: pero en este caso el proyecto juega con la ilusión de remontar la industria tradicional (aunque sea poco probable que esto ocurra) y volver a un contexto histórico del siglo XX. Este juego ideológico marca la diferencia entre el discurso neoliberal de Reagan y Thatcher con el de Trump. Este juego de palabras que significa una vuelta a las minas de carbón y a las fundiciones de acero, por ejemplo, tiene el impacto de poner a la izquierda y a los sindicatos en una posición defensiva dado su papel cómplice en el momento de la desindustrialización. La manera en la que el trabajo se ha ido degradando cada vez más como se puede ver en la economía de plataformas y su empleo fragmentado permite que esta derecha estilo Trump cree una alianza simbólica con las clases trabajadores (que se mantiene dado que es pronto para juzgar las realidades y resultados de esta contra política).

Es por esto que la respuesta de la izquierda(s) en este momento puede ser crucial para no solamente relanzar una política progresista en el seno de la economía, sino para permitir una nueva visión real y concreta del papel de los trabajadores en la economía. En el caso del RU está claro que nadie puede predecir lo que ocurrirá durante 2019 dado el contexto surreal que traen las discusiones sobre la salida del país de la Unión Europea: pero, estamos viendo debates entre partes de la izquierda que intenta confrontar este tema de como renovar el socialismo de una forma que imagina un nuevo papel institucional de los trabajadores en la economía.

El que fuera Primer Ministro del Reino Unido en dos momentos diferentes de las décadas de los 60 y 70, Harold Wilson, comentó una vez que una semana es mucho tiempo en política. La gran velocidad en la que se mueve el panorama político nos fuerza a todos a pecar de precavidos a la hora de hacer predicciones. En el caso del contexto actual del Reino Unido, muy pocas cosas resultan predecibles dada la aguda crisis por la que atraviesa el Estado como consecuencia de la decisión de salirse de la Unión Europea. Quién accederá al poder y quién tendrá posibilidades de ganar las elecciones generales en el futuro próximo es tan incierto como la naturaleza de las políticas y de los líderes de los principales partidos políticos. Sin embargo, en medio de toda esta crisis constitucional y caos político, se han producido una serie de cambios relativos a muchos aspectos del Partido Laborista, aun cuando éstos hayan ocurrido en un clima de enorme hostilidad hacia su líder, Jeremy Corbyn, y las redes y comunidades políticas alineadas con él. Los desafíos constantes a su liderazgo y las alegaciones persistentes a su postura de apoyo histórico a la causa palestina (según muchos, como parte de una estrategia para expulsarle) generan una sensación de incertidumbre y desasosiego existencial a la hora de escribir sobre lo que puede pasar en el panorama político británico.

A pesar de todo, e incluso teniendo en cuenta que para cuando este artículo se publique cada palabra del mismo pertenecerá a la historia antigua, la realidad es que el Partido Laborista ha sido testigo de dos procesos paralelos significativos en los últimos cuatro años más o menos, desde que Jeremy Corbyn se convirtiera en su líder. El primero consiste en que la tendencia más neoliberal y cercana a la filosofía del ‘Nuevo Laborismo’ de Tony Blair ha sido cuestionada desde dentro del mismo Partido Laborista. En segundo lugar, las políticas innovadoras del equipo de dirección de Jeremy Corbyn (especialmente las de John McDonnell) han supuesto una curiosa y significativa renovación del compromiso gracias a unos enfoques de la política económica e industrial más comprometidos con lo social.

En una primera instancia, las ideas en torno a la Tercera Vía, que habían surgido en torno al trabajo del sociólogo Anthony Giddens y cristalizado en algunos aspectos de las políticas del Partido Laborista de los años 90, constituyeron una ruptura importante con respecto a las políticas sociales y económicas más tradicionales y de vocación pública. Que el Partido Laborista fuese el partido históricamente considerado como más ‘socialista’ es cuestión de opiniones, pues en algunos momentos fue descrito como una ‘iglesia extensa’ que incluía tanto a socialdemócratas partidarios del mercado como a ‘socialistas democráticos’ más identificados con la clase y los sindicatos. Desde sus inicios, se han dado debates permanentes sobre el papel de los sindicatos y de la clase política, así como sobre el grado óptimo de intervención estatal. Sea como fuere, los años del Nuevo Laborismo bajo la batuta de Tony Blair y Gordon Brown representaron lo que Simon Jenkins denominó en su libro Thatcher and Sons [Thatcher y sus hijos] una política de continuidad con rasgos políticos de la Nueva Derecha en lo que se refiere a la limitada colaboración con los sindicatos de cara a la política económica y al rechazo a ampliar el papel del Estado en la economía y la industria, aunque en el terreno de lo social hubiera, en cierto sentido, una relativa mejora en la asistencia social y los servicios de salud. La filosofía surgió de las experiencias y las prácticas llevadas a cabo en Francia y España por los gobiernos respectivos de Mitterrand y González.

En gran medida, la Victoria de Jeremy Corbyn constituía en parte una reacción desde dentro y desde el entorno cercano al Partido Laborista a dichas políticas, que, para algunos, estaban asociadas a los orígenes de las políticas de austeridad y al fracaso a la hora de regular el capital de manera efectiva. También suponía, por otro lado, una reacción a la creciente inclinación de la filosofía del partido hacia los negocios y hacia la gestión, como resultado de su fascinación por todo lo que tuviera que ver con lo comercial y lo corporativo. Un camino no muy diferente al tomado por algunos de los principales líderes socialistas del caso español. Esto es, el atractivo de la idea del mercado y las escuelas de negocio como motor de la economía y su singular, aunque simbólica retórica de la responsabilidad social corporativa.

Sin embargo, el viraje reciente hacia la izquierda también ha sido el resultado de un conjunto de debates y redes que existieron y fueron fundamentales en las innovaciones que se dieron en la década de los 80 e incluso en la de los 90 a nivel local y municipal, con el socialismo municipalista como bandera. Esta era la izquierda que se había formado en las décadas de los 70 y 80 en varias ciudades claves (especialmente Londres) en oposición a la hegemonía de las políticas conservadoras de Margaret Thatcher. En ciudades como Londres se pudo experimentar con políticas locales alternativas en los campos de la economía y el transporte. Un ejemplo de ello serían las políticas industriales inclusivas e innovadoras que se pusieron en marcha en torno a organismos como el Greater London Enterprise Board, bajo el auspicio de la primera oleada de la marca de socialismo local puesto en práctica por Ken Livingstone en Londres en la década de los 80. Esta red se estableció como movimiento político ubicado en el margen izquierdo del Partido Laborista (con vínculos con la extrema izquierda), y su trabajo se caracterizó por su alto compromiso con la igualdad y las políticas multiculturales. Estos fueron los orígenes de los discursos emancipatorios de Jeremy Corbyn y John McDonnell (como ministro de economía en la oposición), ubicados en el margen izquierdo en torno a una socialdemocracia más progresista que, como ya expliqué en los Pasos de la izquierda (Número 12), permanecieron en la memoria colectiva y se constituyeron en repertorio de acción para todas aquellas personas que se ubican a la izquierda del partido y más allá.

En segundo lugar, estos acontecimientos han dado lugar a un programa del Partido Laborista que hace cinco años habría sido inimaginable. Se han incorporado una serie de innovaciones e ideas que tratan de combinar una mayor socialización de la economía y un desarrollo significativo del compromiso democrático. Que para los habitantes del norte de Europa muchas de estas políticas no se antojen ni tan radicales ni tan innovadoras, no resta importancia al hecho de que existe un intento de equilibrar la ampliación del renovado papel del Estado con una lógica industrial más participativa. Esto no significa (desafortunadamente) la proclamación de la necesidad de la clásica renacionalización a gran escala y el aumento del control por parte de los trabajadores, pero sí implica el replanteamiento del desarrollo de la economía, no solo alejándose de la obsesión por la austeridad económica sino acercándose a nuevas formas de democracia industrial. Supuestamente, los costes del programa han sido calculados y diseñados para garantizar la estabilidad económica, en parte debido a la obsesión que existe en la política británica (entre otras) con los programas presupuestados al detalle, como consecuencia de la fijación neoliberal permanente con los presupuestos económicos y su estabilidad, pero también de la certeza de que la prensa vinculada a la derecha utilizará el fantasma del gasto excesivo y la inflación (vinculados a las dosis habituales de xenofobia) para desvirtuar un programa progresista.

En lo que se refiere al nuevo programa del Partido Laborista, la creación de un Banco Nacional de Inversión para recaudar y generar una inyección de 250.000.000.000£ en la economía se presenta como el aspecto fundamental para respaldar la industria y los proyectos de infraestructura claves, así como para vincular dicha financiación al desarrollo de cooperativas y pequeños negocios, entre otras iniciativas. Esta institución no es única en Europa, pero está resultando curiosa la manera en que se está vendiendo políticamente como la priorización de los espacios alternativos que han estado copados en la práctica por el capital financiero y corporativo que ha prevalecido en el país. En cuanto a la regulación financiera, las propuestas giran fundamentalmente en torno a la aprobación de una serie de reformas que debían haberse puesto en marcha de manera efectiva en 2008 como resultado de la crisis financiera. Hasta cierto punto uno podría alegar que dichas propuestas no son radicales, pero en comparación con el Nuevo Laborismo, cuando menos, representan un giro en el modo en que las finanzas pueden replantearse. El programa también sostiene que ‘el Laborismo modificará la ley empresarial de manera que los directores cumplan sus obligaciones directas no solo con los accionistas, sino también con los empleados, los clientes, el medio ambiente y el público en general, y realizaremos una consulta sobre la aprobación de la legislación correspondiente dentro de este Parlamento’. O dicho de otro modo, promulgar el concepto de responsabilidad social corporativa de un modo más efectivo y garantizar que se presta una mayor atención a los derechos de los trabajadores y consumidores. A este respecto, uno puede apreciar el carácter innovador de las medidas en la necesidad de desarrollar la dimensión participativa que tantas restricciones sufrió durante los gobiernos laboristas previos de Blair y Brown. En el discurso actual, la confianza en el capital no es tan fuerte. El objetivo es utilizar los dispositivos legales y los marcos normativos de una manera más efectiva y generar una mayor sensibilización en torno a la importancia de la regulación. En muchos aspectos, lo que pretenden es sacar provecho de lo que los académicos de la gestión empresarial llaman ‘buenas prácticas’, y que ya existen en otros contextos nacionales, quizá más regulados, con la intención de sortear y debilitar algunas de las críticas de presunto radicalismo que la prensa asociada a la derecha activará en caso de elecciones.

En el terreno de los servicios públicos, como pueden ser los ferrocarriles, el objetivo es volver a la propiedad pública una vez terminadas las concesiones; la creación en el sector de la energía de un conjunto de influencias operativas más descentralizadas y de iniciativa pública; y la eventual transferencia de la industria del agua a estructuras regionales públicas. El discurso tiende a enfatizar los problemas surgidos de la flagrante especulación en dichos sectores y el fracaso de las estructuras regulatorias que se implementaron para proporcionar concesiones y de la supervisión minimalista que obvió el comportamiento habitual de las empresas. Este nuevo discurso se basa en una propiedad pública que no solo depende de una política estatal centralizada. El argumento central parece ser que el error cometido por la socialdemocracia en el pasado, cuando nacionalizó y pasó a ser propietaria de servicios claves como el agua, la electricidad y el transporte, consistió en no intensificar la influencia pública sobre los sectores nacionalizados al no generar un mayor grado de compromiso y rendición de cuentas públicos y políticos a nivel local. En este sentido, lo esencial de este discurso no es solo que el mercado y las privatizaciones hayan fracasado, sino que los socialdemócratas fueron incapaces de establecer un proyecto de Estado y de pensar en fórmulas de compromiso públicas y más adaptadas al ámbito regional en lo que se refiere a dichos servicios, pero también a otros. Así, lo que hizo el Nuevo Laborismo es permanecer encandilado con la nueva filosofía de gestión heredada de Thatcher, mientras que anteriormente el laborismo de Wilson y Callaghan, caracterizado por un peso (relativamente) mayor del Estado, se aferró a las fórmulas más tradicionales y jerárquicas del control de la gestión; y en ninguno de los dos casos consiguieron superar las filosofías de gestión jerárquica y alcanzar un mayor nivel de control o implicación por parte del Estado y del trabajador. Los defensores de dichos gobiernos, o incluso del de Tony Blair, podrían alegar que siempre existieron reticencias por parte de los líderes sindicales a la hora de implicarse en la gestión de los sectores industriales, pero más allá de las funciones simbólicas desempeñadas por los representantes de los consumidores y trabajadores, la crisis de la socialdemocracia se puede analizar en términos de fracaso a la hora de renovar el vínculo entre el Estado y la sociedad en lo que a participación se refiere.

Existen muchas otras dimensiones que merecería la pena analizar sobre el conjunto de propuestas políticas del actual Partido Laborista como la ampliación de los mecanismos de formación, el incremento de la inversión en el renqueante sector de las infraestructuras nacionales y el aumento de los niveles de inversión en ecología. También se presta una mayor atención a los derechos de los trabajadores en la economía de plataformas y en otros mecanismos similares en los que el trabajo está sufriendo un proceso de fragmentación y a la necesidad de una nueva estrategia para promover la dignidad laboral a través de la anulación de un conjunto de leyes que han restringido los derechos sindicales en diversos ámbitos. En cualquier caso, la clave se sitúa de nuevo, asociada al debate sobre el control público, en el intento de vincular una lógica industrial democrática a las actividades propuestas. Han sido varios los factores que han originado un interés creciente por la idea de ampliar el control y la influencia de los trabajadores sobre la industria y los negocios. Independientemente de cuál sea el contexto político futuro, el asunto de los representantes de los trabajadores y la gobernanza empresarial se antoja como un punto de debate clave. Las políticas del Partido Laborista bajo la dirección de Jeremy Corbyn comienzan a apelar a la necesidad de los trabajadores de contar con algún grado de influencia institucional sobre sus empresas, más allá de la cortina de humo que suponen los planes de sugerencias y las reuniones de equipos, aunque aún está por ver cómo y cuándo sucederá esto una vez que el laborismo entre en el gobierno. Una de las ideas que ha sido propuesta y discutida es que el Partido Laborista, una vez en el gobierno, pediría a las empresas con más de 250 empleados que reservaran hasta un tercio de los puestos de sus Consejos de Administración para los trabajadores, como método para garantizar una mayor vigilancia y control del negocio y para evitar decisiones económicas caprichosas y cortoplacistas. Esta propuesta es significativa en tanto que comienza a comprender la necesidad de democratización de la gobernanza empresarial y que este nuevo papel de los trabajadores redunda tanto en la eficiencia económica como en la justicia social de los planteamientos corporativos. Pero esto no es solo una respuesta a la crisis financiera de 2008 y al modo en que la opacidad de la toma de decisiones ha socavado la coyuntura económica del país. También constituye una fórmula para contrarrestar la recientemente estigmatizada idea promovida por los conservadores desde 1979 bajo la cual la posesión individual de acciones por parte de los trabajadores es el mejor modo de crear un capitalismo más popular y (supuestamente) responsable: el enfoque thatcheriano de la copropiedad a través de acciones ha sido poco común, fragmentado y altamente individualizado, de modo que ha supuesto un escaso control efectivo sobre los Consejos de Administración.

La idea propuesta por el laborismo parece prometedora, en parte porque el asunto de la participación colectiva del trabajador sigue quedándose fuera de la agenda política y del imaginario de la izquierda y del movimiento obrero, en la misma medida en que los discursos académicos sobre la naturaleza del trabajo se quedan absortos en la problemática de la explotación y no generan respuestas alternativas. Todos estamos legítimamente centrados en los costes sociales y económicos de la creciente degradación de la situación laboral y en las nuevas formas de explotación de la llamada economía de plataformas, pero la idea de desarrollar formas alternativas y participativas de organización y gobernanza se discute muy ocasionalmente en este contexto.

Evidentemente, estas propuestas no son las más ambiciosas que se podían presentar, tal y como podría revelar cualquier breve comparación con otras partes de Europa más comprometidas con lo social. Sin embargo, la lógica subyacente busca que la participación popular se constituya en un nuevo agente de importancia estatal. En mi opinión, estas políticas no son tan extensibles como podrían serlo, pero durante décadas el contexto político del Reino Unido no ha estado familiarizado con este tipo de políticas. La necesidad de introducir una dimensión más democrática en las estructuras de la economía y de repensar el papel de los trabajadores, más allá de la ampliación del alcance y de la práctica de la negociación colectiva, necesita de una mayor reflexión. En algunos aspectos, esto se vincularía con la lógica de democracia radical puesta en práctica por la teórica política belga, residente en el Reino Unido, Chantal Mouffe. La reforma económica y las políticas progresistas asociadas a ésta necesitan desarrollarse con la mirada puesta en nuevas formas de implicación pública y social y no solo a través de la propiedad directa o indirecta del Estado. En este sentido, se requiere un fuerte replanteamiento y un repliegue con respecto de la filosofía empresarial contemporánea y su obsesión por las heroicidades y prácticas de gestión asociadas al liderazgo individualista. El asunto al que se enfrentan los progresistas de la izquierda es que el enfoque de mercado ha seguido su curso en muchos aspectos, pero el regreso a un estado de bienestar Keynesiano clásico no es ni tan sencillo ni constituye ya una alternativa.

Sea como fuere, terminamos como empezamos: una semana es mucho tiempo en política. La posibilidad de que vuelva a haber un gobierno laborista en algún momento, y que sea con las políticas que acabamos de analizar, no está muy clara. La importancia del debate actual sobre los distintos aspectos de la izquierda británica reside en que cualquier vuelta a un conjunto de políticas más orientadas hacia lo social y con un papel más proactivo en el sector industrial que ponga fin a la economía de la austeridad, debería abordar el modo en que la influencia y el control de los trabajadores y consumidores (como colectivo) tenga efecto sobre lo económico. Ahora mismo este asunto pendiente es fundamental para la izquierda tanto dentro como fuera del Reino Unido.

moderado por:

  • Enrique del Olmo

    Sociólogo

  • Pedro Chaves

    Politólogo, investigador especializado en la UE

Conclusión del debate

¿Cambio de ciclo en América Latina?

¿Involución en América Latina? Espacio Público lanzó la pregunta en esta página web para propiciar la reflexión por escrito sobre los cambios que allí tienen lugar. Lo hizo con la ponencia inicial del director del portal informativo latinoamericano Nodal, Pedro Brieger. Decenas de personas estudiosas de la historia y la realidad latinoamericana y caribeña se pronunciaron sobre el tema con elaboradas respuestas. A modo de conclusión, como siempre, Espacio Público convocó un coloquio presencial. En esta ocasión, la Casa de América de Madrid acogió la iniciativa y la cantidad de personas que quisieron asistir desbordó con mucho la capacidad de la sala Simón Bolívar y de la adyacente que se habilitó para intentar ampliar el aforo.

Allí se discutió sobre los recientes acontecimientos y las tendencias generales. Sobre lo que preocupa a la población y sobre las causas ¿Nos encontramos realmente ante un cambio de ciclo en América Latina?, ¿asistimos a un retorno de las políticas económicas neoliberales que parecían descartadas?, ¿qué resistencia oponen las fuerzas de izquierda a los movimientos favorables a una restauración conservadora?, ¿hasta qué punto se implica de nuevo la administración norteamericana en las decisiones de los gobiernos latinoamericanos?

¿Vuelve Estados Unidos sobre el “patio trasero”?

El mayor protagonismo de Estados Unidos en la vida política venezolana llama la atención y abre más interrogantes sobre su significado en la actual coyuntura internacional.

La directora de Público, Ana Pardo de Vera, planteó el debate con la incógnita de las repercusiones que tendrá la iniciativa de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, poniendo el acento en que nada de lo que allí ocurre es ajeno para Europa y mucho menos para España.

Algunos ponentes fueron bastante explícitos:

“Estados Unidos nunca descansa en América Latina”, aseguró el periodista y sociólogo argentino Pedro Brieger. Ahora “lo novedoso es la simultaneidad en los cambios”, explicó para destacar la gran cantidad de países que en poco tiempo pasaron a tener gobiernos progresistas así como los procesos que tienen lugar desde hace pocos años en sentido contrario.

“En la frontera de México con Estados Unidos hay más militares que en Siria”, dijo la profesora mexicana y española Isabel Wences, que denunció como muy peligroso el odio que manifiesta Donald Trump hacia los mexicanos y mexicanas, a los que siempre se refiere con todo tipo de insultos.
“Estados Unidos ha entrado con nueva doctrina en América Latina, que ya no es la de la Escuela de las Américas, para ‘milicos’”, advirtió el analista brasileño Beto Vazquez.

Los estados centroamericanos siguen intervenidos, y no solo por Estados Unidos, explicó la investigadora social guatemalteca Mercedes Hernández.
Pero los análisis sobre la implicación estadounidense en la región son evidentemente complejos y están llenos de matices. Así se puso de manifiesto durante todo el coloquio.

El periodista Roberto Montoya, por ejemplo, estuvo de acuerdo con Brieger en que Estados Unidos nunca abandonará América Latina, pero habló de la existencia de un declive en la hegemonía norteamericana, debido a la presencia de China, y en menor medida de Rusia, en la vida económica de los diferentes países de la zona.

Brieger discrepó de la idea según la cual Estados Unidos habría abandonado Latinoamérica para concentrarse en conflictos como el de Afganistán o Irak, y recordó que el intento de construcción de un área de libre comercio en las Américas fue el gran proyecto estadounidense para América Latina.
Para Montoya, sin embargo, el hecho de que Donald Trump preste respaldo a los gobiernos más ultras, como el de Bolsonaro en Brasil y potencie la intervención de su país en Venezuela, no puede hacer olvidar que “tiene muchos frentes abiertos” y que la situación económica y política “no le dejan margen de maniobra para hacer lo que quiera”.

En América Latina, explicó, el neoliberalismo se hizo fuerte de la mano de gobiernos militares, luego continuó por otros medios. Está claro según él que en aquel continente se ha producido el cambio de ciclo objeto de discusión en este debate. Cambios en “procesos distintos”. El ciclo progresista empezó en el 98 con Hugo Chávez en Venezuela. Lo que ocurra en este país es importante porque podría cerrar ese ciclo, también en Venezuela, señaló.

El profesor José Antonio Sanahuja también habló sobre la influencia de China en todos los países, sea cual sea la naturaleza ideológica de su gobierno, del retorno de Estados Unidos a América Latina y explicó que los liderazgos opuestos a la “lógica neoconservadora” fueron posibles en alguna medida porque la Administración norteamericana se había retirado de la región para prestar atención a su intervención en Oriente Medio.

Los atentados del 11S en Estados Unidos tuvieron bastante que ver con este cambio de actitud de la primera potencia occidental, se recordó en el debate.
Sanahuja señaló, por otra parte, que la democracia liberal atraviesa “una profundísima crisis”. Las clases medias, que han experimentado una expansión notable, se enfrentan a las rigideces que nos les permiten ascender socialmente, explicó y caracterizó el actual momento con la constatación de la existencia de “un elemento importante que hay que tener presente”: “Hay descontento social profundo entre una población que quiere cambios”.

“Las izquierdas en América Latina no han sabido crear un bien público” y han dejado espacio a la derecha, explicó el profesor de la UCM.

Beto Vázquez mantuvo que “la estrategia de vuelta al poder” de la derecha estaba “muy elaborada”. Han llegado al poder con “campañas de manipulación y noticias falsas”. “Estamos ante un otoño de los pueblos”, afirmó el analista brasileño.

Isabel Wences, que calificó como “anticíclica” la actual experiencia mexicana, puso en valor los reconocimientos formales de los derechos humanos en diferentes países de América Latina, pero habló sobre la necesidad de mirar la otra cara de la moneda, a menudo olvidada, que tiene que ver con la extrema pobreza en la que viven muchas personas y las situaciones de auténtica esclavitud,
Y Brieger, aunque también había señalado el “avance de algunas derechas en Latinoamérica” y que la consecuencia había sido que numerosos países dejaron de contar con gobiernos progresistas, insistió en la existencia de una corriente de izquierda muy heterogénea, presente en diferentes países.

La esperanza feminista y el fanatismo religioso

Ana Pardo de Vera preguntó por las causas del odio de la ultraderecha hacia el feminismo y se refirió al “fanatismo religioso”, que caracterizó “como un virus que se ha ido inoculando” para difundir entre la población las ideas más contrarias al respeto por los derechos humanos.

“Miro con esperanza el movimiento feminista argentino”, afirmó Mercedes Hernández, que destacó la juventud de las mujeres que llenan las calles de las ciudades, pero no pasó por alto la “nostalgia del pasado de los machos”. La investigadora guatemalteca denunció la existencia de una “ofensiva de hombres que cultivan todo tipo de odios”. El fanatismo religioso, dijo, “es una de las herramientas” de un discurso del odio, misógino, “que nos debe llenar de preocupación”, afirmó.

Isabel Wences, que insistió en la necesidad de detener el discurso del odio que fomenta Donald Trump, habló sobre la necesidad de “devolver la dignidad a los mexicanos” y sobre la responsabilidad de su actual presidente Andres Manuel López Obrador. “Tiene una gran tarea por delante, para restablecer la relación entre iguales”, dijo y reclamó que para ello es preciso trabajar con una “agenda feminista”.

López Obrador, observó, “ha puesto a mujeres en puestos clave” de su administración, “pero esto no es suficiente”, “hay que recuperar lo público”. Pero Wences también advirtió sobre la creciente influencia de las organizaciones religiosas. “Los movimientos evangélicos son peligrosísimos”, dijo, y reconoció que López Obrador y el propio Lula, en su momento, tuvieron que contar con su pujanza.

La izquierda y la inseguridad

La directora de Público reclamó atención sobre las responsabilidades de los gobiernos de izquierda en los procesos de involución.

Chávez, afirmó Montoya, dio un paso importante con iniciativas de integración latinoamericana que fueron más allá de la cooperación económica, pero los gobiernos progresistas “no vieron venir la contraofensiva conservadora”. La izquierda, según este analista, no sólo ha de señalar a los injerencistas, sino también a sus cómplices.

Wences y Brieger ya habían señalado que muy a menudo cuando se habla de América Latina se ponen sobre el tapete problemas de corrupción y de calidad democrática pero se olvidan problemas realmente acuciantes: “No hablamos del hambre de la población”.

Y José Antonio Sanahuja señaló en esta reflexión el menosprecio o el “olvido” de los dirigentes progresistas latinoamericanos por un tema tan grave como la seguridad ciudadana. “La preocupación por la inseguridad” existe y “las izquierdas no han sabido abordarla”. La derecha, en cambio, ha asumido el tema pero con el “punitivismo” como receta.

Ponencia inicial

¿Involución en América Latina?

¿Involución en América Latina?

  • Pedro Brieger

    Periodista y sociólogo

América Latina es hoy la única región donde hay un cuestionamiento real en un conjunto de países a las políticas neoliberales impuestas por los organismos financieros internacionales. Si uno mira hacia Europa, África, Asia u Oceanía verá que existen múltiples movimientos sociales que cuestionan las políticas de ajuste y que algunos tienen una importante representatividad parlamentaria. Sin embargo, como región, hay sólo una donde existen debates profundos y liderazgos fuertes que cuestionan –como mínimo– el orden neoliberal y proponen propuestas superadoras.

La reciente dura respuesta del gobierno de los Estados Unidos a la decisión de El Salvador de romper relaciones con Taiwán y reconocer a la República Popular China es un claro ejemplo de la preocupación de la Casa Blanca por cada paso mínimo que pueda dar en su “patio Trasero” un gobierno alineado con la corriente progresista que se ha desarrollado en América Latina y el Caribe en el siglo veintiuno.

Hay que destacar que esta corriente es muy heterogénea y difícil de definir en términos conceptuales porque abarca desde el Frente Amplio de Pepe Mujica en el Uruguay hasta la Cuba revolucionaria, pasando por el chavismo en Venezuela, Evo Morales Bolivia o el kirchnerismo en la Argentina que gobernó durante doce años. Esta corriente está formada por hombre y mujeres que se definen como “progresistas”, de “izquierda”, “populistas”, “nacionales y populares”, “socialistas”, y una amplia gama de definiciones que incluyen a algunos y excluyen a otros. Sin embargo, tienen muchos puntos en común que los llevó a acercarse para forjar por primera vez desde las independencias nacionales del siglo XIX una región integrada en base a un discurso que algunos definen como “post-neoliberal”, aunque varios hayan seguido aplicando postulados clásicos del dogma neoliberal; y la búsqueda de un camino de integración regional sin la tutela de los Estados Unidos, aunque esto tampoco implica una retórica “antiimperialista” en conjunto.

Esta nueva corriente emergió como una novedad para América Latina en el siglo XXI y se fue consolidando en franca disputa con las corrientes conservadoras, liberales, de derecha que con sus diferencias y matices gobernaron durante los siglos XIX y XX.
En el siglo XX los gobiernos populares-progresistas-nacionalistas o de izquierda en sus múltiples variantes fueron relativamente de corta duración porque la mayoría fueron derrocados por sangrientos golpes de Estado, con la salvedad de Cuba y su revolución en 1959.

Así se puede mencionar a modo de ejemplo los derrocamientos de Juan Domingo Perón en la Argentina en 1995, Joao Goulart en Brasil en 1964 o Salvador Allende en Chile en 1973, entre una larga lista de gobiernos populares. Estos golpes venían acompañados del cierre de los parlamentos y la postergación indefinida de elecciones, prohibición de partidos políticos y sindicatos, censura, represión, muertes y desapariciones. Si se lo compara con las destituciones de Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2016) se verá que en estos tres casos se intentó mantener un relativo grado de “institucionalidad” respetando incluso los cronogramas electorales establecidos. Esto quiere decir que algo se ha modificado en América Latina en el siglo XXI porque –por ahora– son imposibles los golpes militares a la usanza del siglo XX.

Si miramos retrospectivamente veremos que la última etapa de uniformidad en la región fue la década de los noventa del siglo pasado, la que en diversos trabajos hemos definido como “la década del mito neoliberal”. Esa década en América Latina tuvo una característica: la aplicación de las teorías neoliberales y el éxito de su discurso mediático. Salvo Cuba, que es un caso aparte, en los noventa la ola del pensamiento neoliberal se expandió a lo largo y ancho de América Latina. El neoliberalismo extremo desde una posición marginal y minoritaria durante casi todo el siglo XX logró convertirse en doctrina hegemónica. Para ello fueron necesarias dos fases: una de imposición y otra de consenso. En la primera, para imponer su nuevo paradigma como verdad absoluta e incuestionable, necesitaron de dictaduras militares que impidieran cualquier tipo de oposición y sociedades paralizadas por el miedo (ej: Brasil, Chile, Argentina).
Es importante señalar que la imposición del modelo neoliberal no fue consecuencia directa del fracaso de los proyectos “populistas” porque la mayoría de los gobiernos “populistas” NO fueron castigados por el voto popular, sino que fueron derrocados por golpes de Estado.

En la segunda fase, con la apreciable participación de los medios masivos de comunicación se fue consolidando un consenso ideológico aplastante y la conformación de lo que Ignacio Ramonet definió como “pensamiento único”. El trabajo ideológico de los pensadores que difundieron las teorías neoliberales tuvo éxito ya que en pocos años lograron que sus ideas parecieran –reitero, parecieran– el único modelo lógico y viable.

Un grupo importante de economistas –muchos de ellos conocidos como “los Chicago Boys”– apoyados por los principales organismos económicos internacionales y sostenidos monetariamente por empresas multinacionales, crearon fundaciones, institutos o centros de investigación y lograron una real inserción en los principales medios de comunicación que les permitió convencer de lo “moderno” de sus teorías, aunque sus postulados originales se remontaran al siglo XVIII o XIX. También lograron imponer la idea generalizada de que todo lo público es “ineficiente”, que el Estado es intrínsecamente perverso, que la única manera para que las empresas de servicios funcionen es privatizándolas, que así se reducirán gastos y se eliminará la corrupción; de la necesidad de achicar el Estado, bajar el gasto público, abrir los mercados, incrementar la producción de artículos destinados a la exportación, flexibilizar y “modernizar” los mercados laborales, quebrar el poder de los sindicatos supuestamente interesados solamente en enriquecer a sus cúpulas, y reducir los gastos sociales. Estos, y otros postulados, se basaron en la construcción de un mito de crecimiento y prosperidad en los años noventa del siglo pasado y que fueron conocidos como el “consenso de Washington”, los principios esbozados en 1989 por el británico John Williamson, que trabajó en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, esta década se vio alterada por tres hechos. Primero, la aparición del zapatismo el 1 de enero de 1994 justo cuando se implementaba el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Segundo, el triunfo de Hugo Chávez en diciembre de 1998 en Venezuela. Tercero, la revuelta popular que en la Argentina derrocó al gobierno del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, vista en la región como una revuelta en contra del neoliberalismo porque la Argentina era presentada por los organismos internacionales como ejemplo de “éxito” de las reformas estructurales y el “consenso de Washington”

Con el comienzo del siglo se inició un proceso de triunfos electorales que llevó a la conformación de una corriente heterogénea difícil de calificar en los cánones tradicionales de “izquierda-derecha”. En el año 2005 hizo su aparición de manera conjunta y con alto impacto político durante la Cumbre de las Américas en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Allí, los cuatro presidentes del MERCOSUR (Kirchner, Lula de Silva, Tabaré Vázquez y Duarte Frutos) conjuntamente con Hugo Chávez, evitaron que naciera el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), el gran proyecto regional de Estados Unidos para toda América, excluyendo a Cuba. Y lo hicieron de manera espectacular con un gran acto público en un estadio de futbol con Chávez como principal orador y Evo Morales –en ese entonces un dirigente social– en las tribunas. La Cumbre de las Américas fue un momento de inflexión porque de manera inesperada Washington se quedó sin perspectivas claras y las derechas latinoamericanas –subordinadas a la Casa Blanca– tampoco atinaron a esbozar algún tipo de respuesta al finalizar la cumbre para darle continuidad al ALCA.

Poco tiempo después Evo Morales se convirtió en presidente de Bolivia, apareció Rafael Correa en Ecuador y se fue conformando un eje político que se atrevió a disputar la hegemonía de Estados Unidos y las derechas latinoamericanas de manera simultánea como nunca antes había sucedido desde las independencias doscientos años atrás.

En un momento, dejando de lado Guyana y Surinam (dos países que recién se están acercando a la región a pesar de su lugar geográfico), ocho de los otros diez países de América del Sur estaban gobernados por esta corriente.

De manera intuitiva –a veces– se comprendió que existía una disputa continental y que debían estar juntos, con sus diferencias (a veces profundas). Y en 2008 nació la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como claro proyecto político para integrar la región y en 2010 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) incorporando a Cuba y dejando fuera a Estados Unidos y Canadá en un gesto político sin precedentes si se recuerda que en 1962 la Organización de Estados Americanos –el único organismo regional existente en ese entonces– excluyó a Cuba. La CELAC, no sólo les imponía a los gobiernos de derecha la incorporación de Cuba, sino que también excluía a Estados Unidos.

La cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en Quito el 27 de enero de 2016 demostró la vigencia de este organismo regional. A pesar de las dificultades que tienen los presidentes para asistir a tantos eventos internacionales, la mitad de los 33 países envió a sus presidentes o primeros ministros. Salvo los presidentes de Argentina, Surinam y Uruguay llegaron a Quito 9 presidentes de UNASUR, lo que marca la importancia que le otorgan todos.
A nadie se le escapa que la CELAC fue creada para excluir a los Estados Unidos de un organismo continental que incluye 33 de los 35 países del continente, y para incluir a Cuba, marginada de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la década del sesenta, como recordó Rafael Correa. De la misma manera, cualquier conocedor de la historia americana sabe que la OEA fue impulsada por los Estados Unidos en 1948 para brindarle legitimidad a sus políticas mucho antes de la revolución cubana de 1959.

En ese momento las derechas latinoamericanas parecían arrinconadas por el avance arrollador de la corriente progresista. Hasta tal punto, que en 2009 Álvaro Uribe –presidente de Colombia y un pilar de la política regional de Washington– tuvo que aceptar que UNASUR hiciera una reunión especial para debatir y rechazar los acuerdos militares de su país con los Estados Unidos y la instalación de bases militares.

Empero, en 2009 fue destituido Manuel Zelaya en Honduras y en 2012 Fernando Lugo en Paraguay. El presidente de Ecuador Rafael Correa advirtió que se estaba generando una “restauración conservadora” de las derechas con el inestimable apoyo de los Estados Unidos. En el año 2015 hubo un hecho trascendental: la corriente progresista en el poder sufrió en la Argentina una derrota en las urnas frente a un candidato de derecha, Mauricio Macri. Pocos meses después, en agosto 2016 fue destituida Dilma Rousseff, destitución convalidada inmediatamente por el presidente argentino. El giro a la derecha de los dos países más poderosos de la región parecía avalar la tesis de Correa de “restauración conservadora”. Los grandes grupos de comunicación rápidamente instalaron la idea que el “populismo” desaparecería y todo volvería a la “normalidad”; esto es, gobiernos “pro-mercado” y alineados con los Estados Unidos en vez de bregar por un mundo multipolar.

Sin embargo, las derechas latinoamericanas tienen serias dificultades para consolidar esta “restauración conservadora” y resolver la disputa a nivel regional. Hoy los golpes de Estado al estilo del siglo XX no son viables para cerrar ciclos, por lo tanto, estos ciclos progresistas no sufren derrotas históricas producto del asesinato, cárcel o exilio de sus principales referentes. Las elecciones en la Argentina en 2105 son un ejemplo de lo antedicho. El kirchnerismo sufrió una derrota electoral pero no fue derrotado. La diferencia es sustancial. La presidenta Cristina Fernández, en su último día al frente del país, convocó a una multitud frente al palacio presidencial para despedirse después de doce años de kirchnerismo, casi como si estuviera festejando una victoria de su movimiento y no una derrota. Al día siguiente asumió la presidencia Mauricio Macri sin fervor popular y casi sin gente en las calles.

Esto quiere decir que la “restauración conservadora” tiene serias dificultades para consolidarse. En primer lugar, porque no puede recurrir a los golpes de Estado del siglo XX para resolver la disputa que existe a nivel regional, aunque triunfe en procesos electorales, destituya presidentes por la vía institucional o utilice al Poder Judicial para perseguir a los referentes populares que sufren derrotas, pero no son derrotados (ej. Cristina Fernández, Rafael Correa, Lula de Silva). Por otra parte, las derechas latinoamericanas pueden ganar elecciones con una exitosa estrategia de marketing político “en contra de”, pero no tienen nada nuevo para ofrecer o seducir a las grandes mayorías como está quedando demostrado en el caso argentino y las dificultades del presidente Macri para imponer sus políticas de ajuste.
Sus planes económicos son el clásico compendio de políticas neoliberales, similares a las delineadas por el “consenso de Washington” en los años noventa del siglo pasado, o a lo que el “gurú” del neoliberalismo –Milton Friedman– le sugería en una carta a Augusto Pinochet en 1975. Allí bosquejó una serie de recomendaciones muy similares a las medidas económicas que hoy los gobiernos de corte neoliberal presentan como “modernas”.

La corriente progresista no está derrotada a nivel regional, aunque hoy le cueste marcar la agenda política. La corriente de derecha-conservadora parece más abocada a destruir lo heredado que a construir una agenda propositiva. La disputa entre las dos corrientes puede extenderse en el tiempo: La gran pregunta es cómo se resolverá.

PD: El resultado de la primera vuelta electoral en Brasil permite pensar en un triunfo del candidato de corte fascista Jair Bolsonaro el 28 de octubre y una modificación sustancial para la región. En caso de asumir Bolsonaro el 1 de enero de 2019 la disputa regional tendría nuevas características, difíciles de analizar al momento de entregar este trabajo.

* (Brieger es un periodista y sociólogo argentino, autor de más de siete libros y colaborador en publicaciones sobre temas internacionales. Actualmente se desempeña como director de NODAL, un portal dedicado exclusivamente a las noticias de América Latina y el Caribe. Ha colaborado y colabora con diferentes medios nacionales como Clarín, El Cronista, La Nación, Página/12, Perfil y para revistas como Noticias, Somos, Le Monde Diplomatique y Panorama. A lo largo de su trayectoria Brieger ha ganado importantes premios por su labor informativa en la radio y televisión).

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • Ana Barba

    Edafóloga, activista social y política por la democracia participativa, el feminismo y la ecología.

  • Paloma Bravo

    Graduada en Ciencias Politicas (UCM), activista social y estudiantil

Un fantasma recorre Europa, y nosotras le llamamos camarada. El leve aleteo de las alas de una mariposa se siente ya en cualquier parte del mundo y se multiplica como un eco.

I

13 de febrero de 2011: “Se non ora quando?”. Todas las ciudades italianas acogieron una masiva movilización de mujeres que luchaban por su reconocimiento y su dignidad, y contra su cosificación como objetos de intercambio sexual.

21 de enero de 2017: Women´s March. La movilización más multitudinaria en Estados Unidos desde la guerra de Vietnam comenzó en Washington y tuvo una auténtica “hermanada”, casi 700 marchas hermanas en todo el mundo. Con esta Marcha se quiso rememorar la Marcha de un Millón de Mujeres celebrada en 1997 en Filadelfia, en la que participaron centenares de miles de mujeres afroamericanas. Hoy se ha articulado alrededor de la Women´s March Global y mueve una gran marea de reivindicaciones feministas.

3 de junio de 2015. “Ni una menos” #Niunamenos. La movilización de las mujeres ocupa 80 ciudades argentinas contra las violencias machistas y el feminicidio. En 1995, la mexicana Susana Chávez utilizó el lema “Ni una mujer menos, ni una muerta más” para protestar por los feminicidios en Ciudad Juárez. Chávez fue después una víctima de feminicidio (2011). Su lema fue propuesto por la argentina Vanina Escales para la maratón de lectura del 26 de marzo de 2015, dando nombre, finalmente, a la movilización del 3 de junio de ese mismo año. El impulso no perdió fuerza y se repitió en años sucesivos: el 3 de junio de 2016 #Vivasnosqueremos y el 3 de junio de 2017 Basta de violencia machista y complicidad estatal. Hoy se ha extendido como una gran mancha de aceite en otros países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Perú y México.

8 de marzo de 2017. El desborde feminista en España “Ni una menos, nos queremos vivas”, “Ni un paso atrás”, es la traducción ibérica de una alianza mundial. A partir de ese 8 de marzo, las promotoras de la Asamblea Feminista se reúnen el 8 de cada mes para generar las condiciones que este año nos llevarán, sin ninguna duda, a una movilización sin precedentes: #HaciaLaHuelgaFeminista, “Si nosotras paramos todo se para”, “Paramos para cambiarlo todo”, “Juntas somos más”. Las mujeres, unidas, combativas y rebeldes, no son solo una agregación o una suma de mujeres.

II

En España las mujeres sufren más paro, más jornadas parciales, una abultada brecha salarial (aunque su nivel formativo es superior al de los varones), una vejez más depauperada, mayor discriminación en el empleo, y un trabajo de cuidados no remunerado que nuestro sistema productivo ni siquiera podría pagar (Pérez Orozco, Carrasco, Pazos, Gálvez); sufren la falta de paridad en los órganos de poder y una escasa representación en los puestos de responsabilidad y dirección (Valcárcel, Amorós); ven mermados sus derechos sexuales y reproductivos, ahora en riesgo de regresividad, gracias, entre otras cosas, al recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra la vigente ley del aborto y cuya ponencia ha recaído sobre un magistrado afín; y son víctimas de una violencia física, sexual y económica, tan cruel como pertinaz, con la que no ha logrado acabar nuestra estrechísima Ley de Violencia de Género (Bodelón, Montero, Gimeno).

La Ley se ha topado en estos años con recortes brutales, con trabas en la asistencia letrada a las mujeres, con turnos judiciales infradotados y desiguales en función de la residencia de la víctima, con la falta de especialización y de formación del personal de justicia, y con un sistema probatorio dantesco que obliga a las mujeres a demostrar no sólo que han sufrido una agresión, sino que tal agresión es el fruto de una dominación machista y reiterada. De hecho, en España, el problema no ha sido nunca el de las denuncias falsas de la popular mitología machista sino más bien que se ha denunciado poco, que cada vez hay más renuncias a las denuncias, y que, cuando se ha denunciado, ni las víctimas, ni sus hijos/as, han recibido suficiente protección.

La Ley de Violencia de Género ha sido la Ley más resistida de España en el ámbito judicial, y no ha podido evitar que casi 1000 mujeres hayan sido asesinadas desde 2002-2003, ni que un 1.4 millones de mujeres y niñas hayan sido víctimas de violencia sexual. Los casos de Diana Quer, Nagore Lafagge o de “la manada”, han demostrado, además, que esa resistencia es compartida por una buena parte de la sociedad. La parte que desplaza la responsabilidad de ellos a ellas, las culpabiliza por lo que les sucede, y pone en duda la credibilidad de sus testimonios. Lamentablemente, y a pesar del Convenio de Estambul, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado hace unos meses en el Congreso, no ha contemplado ni los derechos ni la reparación de estas víctimas, pero ni en España, ni en el resto del mundo, se han podido acallar sus voces.

El movimiento #MeToo, como otros antes, ha roto bruscamente el silencio cómplice y encubridor que se había instalado alrededor de las agresiones sexuales y la cultura de la violación (Despentes), generando una onda imparable de sororidad digital; las movilizaciones en lugares tan alejados como Chile, Polonia o Turquía, han puesto el acento en las dimensiones pandémicas de la violencia machista. En 2014, solo en la UE se contabilizaban 13 millones de mujeres entre las víctimas de violencia física, y 3.7 millones, entre las de violencia sexual (una de cada 20 mujeres declaraba haber sido violada antes de los 15 años de edad).

III

La emergencia global feminista frente a todas las violencias machistas (física, psíquica, sexual, social, cultural y/o simbólica), con las que se intenta continuamente laminarnos, ha sido también la respuesta de las mujeres a las opciones políticas que han colonizado las instituciones con planteamientos agresivos y excluyentes, en los que el machismo y la misoginia han jugado un papel decisivo: frente a Trump y sus agresiones verbales, frente a Macri, Erdogan o la Rusia de Putin. Si en 2008 eclosionó la movilización mundial contra los recortes y la ideología de la austeridad; contra la depauperación, la precarización y la desposesión a la que tal ideología nos condujo, y contra la ausencia de una respuesta institucional que pudiera contenerla, no hay duda de que estos últimos años han sido los años de las mujeres.

El feminismo ha desmontado las falacias meritocráticas que han alimentado un sinfín de gobiernos conservadores y neoliberales; se ha alzado contra el desmantelamiento de las políticas sociales, el abierto desdén por las acciones afirmativas, la tajante división público-privado, la exclusiva protección de la familia heteropatriarcal, la conservación de la cultura en su versión más reaccionaria, la alianza con las Iglesias y los poderes establecidos, la protección de las élites o el clasismo racializado, todas ellas marcas indelebles de unas propuestas políticas que, o bien niegan las estructuras patriarcales de dominación, o bien no encuentran nada de malo en ellas.

IV

El feminismo universalizado en esta última década ha girado, además, alrededor de la centralidad del cuerpo de las mujeres, un campo de batalla violentado y agredido por la barbarie capitalista y patriarcal (Segato), pero también la última frontera en la conformación/deconstrucción de sus identidades y la reivindicación de sus derechos (Wittig, De Lauretis, Serano). Y ha sido esta centralidad del cuerpo la que ha llevado a algunas feministas a poner en valor la experiencia del inacabamiento, la finitud y la fragilidad (Nussbaum); la de vivir inmersas en un nudo de relaciones concretas que visibiliza nuestra inter/ecodependencia.

Este feminismo ha reivindicado, entre otras cosas, el cuidado como una virtud cívica y un deber público de civilidad, colocando en primer plano las prácticas feministas, la experiencia y el aprendizaje de las mujeres (Del Olmo).

Desde la ética del cuidado (Gilligan), la autonomía no se concibe como inmunidad o autosuficiencia, fruto de experiencias psicológicas estrictamente subjetivas, estrictamente solipsistas, sino como el resultado de sinergias relacionales, en permanente estado de regeneración, reflexión, revisión y diálogo (L. Gil, Béjar). La diferenciación no se entiende como separación o fragmentación sino como un modo particular de estar conectada con las otras. La autonomía es, aquí, sinónima de capacidad distintiva; la capacidad de crear y transformar las condiciones de la existencia y la vida propia en un mundo común. Y el cuidado no se percibe solo en su dimensión material sino también inmaterial, de ahí que se haya hablado de una política de los afectos. Por supuesto, no se trata aquí de apelar a las relaciones de cuidado generadas en la desigualdad, sino de pensar en los cuidados como una palanca de transformación social. Y aunque no faltan quienes han conectado este discurso con la trascendencia de la maternidad (también en su dimensión normativa), esta conexión no ha de verse necesariamente en un código reaccionario. La relevancia de la “madre” como sujeto político se ha articulado desde posiciones constructivistas, materialistas y deconstructivistas, entre otras, y ha estimulado un largo debate que, por fortuna, no acaba de cerrarse (Chodorow, Muraro, Merino, Llopis).

Lo cierto es que si hoy el norte no percibe la grave crisis de cuidados que le devora, es porque esta responsabilidad social ha recaído sobre un contingente de mujeres migrantes. Mujeres que cuidan a nuestrxs hijxs, nuestros dependientes, nuestrxs mayores, y que dejan a lxs suyxs al cuidado de otras mujeres. Mujeres que suplen la ausencia de las instituciones y la irresponsabilidad de los varones, nutriendo nuestros vínculos, mientras debilitan los suyos, y que generan una plusvalía afectiva y emocional que no podemos siquiera calcular. Estas mujeres precarizadas, explotadas, invisibilizadas, revictimizadas una y mil veces, viven conectando dos espacios territorialmente discontinuos, uno aquí y uno allí, tejiendo redes materiales y cultivando un imaginario de cariño en la distancia. Gracias a ellas podemos nosotras acceder a un trabajo remunerado en mejores condiciones, tener hijxs, criarlxs, educarlxs, “conciliar”, habilitar un mundo en el que la dependencia no sea un estigma invalidante, y hasta disfrutar de una casa ordenada, limpia y apacible; gracias a ellas podemos comprar el tiempo que nos roba un sistema patriarcal y depredador, y hacerlo a un coste bajo o accesible.

La crisis de los cuidados que sufrimos en el norte se amortigua con las crisis endémicas del sur, con contingente de mujeres que llegan trabajosamente desde otros lugares, enfrentando graves dificultades para arraigarse y regularizarse, y que son tratadas como infraciudadanas y como inframujeres. Este trasvase del cuidado de unas manos femeninas a otras, está estructurado por la clase social, la etnicidad y la raza, genera desigualdad intragénero, refuerza el rol pasivo del varón, y apuntala el sistema capitalista y misógino que acaba con todas nosotras (Sassen, Benhabib, Anzaldúa, Lugones).

V

La misma violencia que nos desposee a todas de nuestras relaciones, que nos fragmenta, nos divide y nos disocia, hasta de nosotras mismas, es también la que acaba con nuestros territorios y con los recursos naturales a los que debemos nuestra subsistencia (Shiva, Herrero, Puleo). El colapso civilizatorio que hoy padecemos, y que se muestra en el cambio climático, el fin de la biodiversidad, la tortura animal, la crisis alimentaria, el expolio de los territorios y sus cultivos, entre otras cosas, muestra también los efectos devastadores de esos valores masculinos asociados al crecimiento desenfrenado, el egoísmo como presupuesto racional, el individualismo, el narcisismo, la competitividad como motor del “bienestar”, el “progreso”, la visión lineal del tiempo. Y en todas partes del mundo, las mujeres resisten a diario frente al expolio de los comunes (Federici), defendiendo la reproducción de la vida, con todos los nudos materiales e inmateriales de los que depende nuestra misma posibilidad de ser.

VI

En fin, en el cuidado se asume nuestra radical vulnerabilidad y la normalidad de la dependencia, intentando eliminar su estigma negativo para concebirla como un rasgo necesario y universal de las relaciones humanas, por eso, en esta construcción, las necesidades no puedan desligarse de los bienes relacionales, ni de las deudas de vínculo que hemos contraído con las otras. Esta epistemología arraigada en las vivencias y en los saberes situados que hemos extraído de ellas (Haraway), ha sido una fuente indudable de cambio, porque entiende que la única manera coherente de hacer acotaciones teóricas generales consiste en tomar conciencia de que estamos realmente localizadxs en algún lugar específico (Spivak, Braidotti, Rich). De hecho, como se ha dicho en muchas ocasiones, ha sido el discurso experto el que ha contribuido al sometimiento de las mujeres, eliminando los instrumentos que tenía a su alcance para canalizar sus protestas.

VII

De manera que los derechos que reivindican las mujeres y su resistencia frente a la violencia sistémica están fuertemente enraizados en su experiencia relacional y en una construcción que apela más a las vivencias concretas y colectivas, que a la abstracción y la formalidad propias del androcentrismo jurídico (Mackinnon) y el discurso clásico de los derechos (Facio, Held). Las mujeres hemos comprendido que la lucha por acceder al poder y a la riqueza en condiciones de igualdad, no podía desvincularse de nuestra diferencia (Young) ni de un horizonte de emancipación en el que tuviera cabida un nosotras plural (Fraser, Butler). Y este discurso anclado en la subjetividad, nos ha permitido subvertir los códigos culturales dominantes, situándonos más cómodamente en un universo posthegemónico que en el de las rígidas ideologías y los grandes relatos. Si hay algo que el feminismo ha dejado claro es que no son los macrorrelatos los que hoy motivan, movilizan y socializan.

VIII

La revolución feminista que está en marcha será el origen de una larga noche para muchos, pero nuestra fortaleza consiste en haber respondido a la exclusión simplificadora y homogeneizante del unipoder, con dosis cada vez más ricas de complejidad e interseccionalidad (Vasallo); en sabernos diferentes y sentirnos cómodas compartiendo un horizonte común de transformación social, cultural y de sensibilidad. Las mujeres hemos logrado construir una narrativa cultural propia partiendo de una polifonía de voces y de una arqueología de lo común; asumiendo las contradicciones y la contingencia con ese pensamiento contextual y enraizado que tan bien representó bell hooks y en el que se conjugaba sin problemas la realidad relacional y el desafío al canon de la semántica hegemónica.

La clave de nuestra resistencia es la de no haber simplificado nuestros ecosistemas, la de haber logrado caminar, paso a paso, la inconclusa senda de nuestra propia construcción, contrastando, releyendo y superando nuestras diferentes identidades, y disputando sin descanso el relato y el imaginario colectivo (Woolf, Millett, Lorde, Freixas). Frente a lo uno, las muchas. Mientras no pueda hablarse de un feminismo en singular, la victoria será nuestra.

IX- inacabado

Venceremos, porque en cada jardín habrá un rumor de bosque.

moderado por:

  • Ariel Jerez

    Profesor de Ciencia Política (UCM) y Consejero estatal coordinador del Area Consejo del Mundo Rural, la sostenibilidad y la Soberanía Alimentaria de Podemos.

  • Paloma Bravo

    Graduada en Ciencias Politicas (UCM), activista social y estudiantil

  • Fernando Fernández Such

  • Juantxo López de Uralde

    Activista ecologista, coportavoz de Equo y diputado en el Congreso del Grupo Confederal de Unidos Podemos

No recordábamos una temporada de sequía como la que estamos atravesando, que es probable que el año entrante traiga recortes también al consumo doméstico en muchas localidades. La sequía es una realidad que nos amenaza con carácter cíclico, pero en el actual contexto de cambio climático se ve agravada por la inevitable reducción de reservas de agua ante una mayor evaporación (hasta el 20% en épocas estivales) y un crecimiento de pozos ilegales y regadíos insostenibles, sin duda evitables. Nuestro mundo rural está siendo muy afectado por el cambio climático, que refuerza tendencias de por si negativas observadas en las últimas décadas, pero es vital insistir que la desestructuración de mundo rural tiene un impacto negativo para el conjunto de la sociedad. El fracaso de nuestro modelo rural nos afecta a todos, en pueblos y ciudades.

De alguna manera la realidad actual pone también de manifiesto el agotamiento del modelo de  producción agropecuaria que se apoya en el paradigma del desarrollismo agroindustrial. La actividad agrícola y ganadera abandonó el equilibrio que tradicionalmente le vinculó al entorno natural,  que hoy se acerca más a un modelo fabril de producción de alimentos, con un manejo de los recursos naturales como simples factores de producción, que en un contexto de cambio ambiental está sobreexplotando nuestros campos y acuíferos, y contribuye al vaciado el mundo rural.

Es urgente repensar nuestro mundo rural, el modelo económico organizado desde las ciudades y su realidad territorial. Necesitamos esta reflexión sobre toda una serie de problemas, errores y fracasos ya evidentes, todavía no solventados, muchas veces ni siquiera asumidos ni abordados. En este contexto de crisis social y de proyecto de país, no se puede perder de vista que determinadas iniciativas de política retrógrada que aprovechan las tensiones del proceso independentista, para afirmar una identidad rural conservadora ligada a valores pretendidamente  tradicionales, que se sienten amenazados por sectores ecologistas urbanos a los que falazmente denuncian por poner en peligro no solo sus costumbres, sino también sus fuentes de trabajo y supervivencia.

Según muchos analistas, el sentimiento de abandono del mundo rural trabajado por la derecha reaccionaria, explica el aumento del voto a la ultraderecha en países como Alemania y Estados Unidos, y fenómenos como el Brexit. Nos encontramos en la situación paradójica que buena parte de las élites presentes hace décadas en las decisiones adoptadas en las instituciones rurales locales y regionales, hoy no tienen empacho en denunciar la situación como un problema de identidad, con la intención sin duda para ocultar el problema de fondo: el modelo de agro español es altamente concentrador, hace muy ricos a muy pocos, en un territorio escaso como el peninsular tiene altos costes cada vez más insostenibles para la mayoría rural, al tiempo que contribuye a despoblar regiones enteras.

Ante esta situación necesitamos reforzar los puentes entre pueblos y ciudades, abrir nexos entre los tejidos asociativos urbanos y rurales, para pensar un nuevo modelo que garantice los derechos constitucionales de todos los vecinos, sean rurales o urbanos, en todas las comarcas de todos los territorios autonómicos de España. Ante la desertificación que amenaza al 80% de nuestro territorio, solo tendremos futuro como país si somos capaces de hacer emerger una nueva corriente de opinión sostenible, capaz de repensar nuestro modelo de desarrollo, recuperando el pulso en nuestros pueblos y sensibilizando en nuestras ciudades sobre los principios de mitigación y adaptación al cambio climático, en un marco alternativo de una nueva cultura de la sostenibilidad.

El medio rural abarca el 80% del territorio español, pero en él solo vive el 20% de la población, y esa cifra cada vez es menor. No hay nada más insostenible para el futuro del mundo rural que la despoblación. Una realidad que afecta casi un tercio de nuestras comarcas, y con especial incidencia en los pueblos de menos de 5000 habitantes. El libro de Sergio del Molino ha dado nombre a amplias zonas de la España interior: la España vacía, y también ha avivado el debate sobre el potencial de recuperación de muchos de nuestros pueblos, un espacio que pierde población a pasos agigantados. Nos formulamos muchas preguntas ¿Es posible recuperar nuestros pueblos? ¿Cuál debe ser la fórmula para hacerlo?

Estas mismas preguntas se las hicieron antes quienes impulsaron la ley de Desarrollo Sostenible del medio rural. Una ley que pretendió precisamente poner ideas y recursos en marcha, pero que se quedó enterrada en los cajones de un Gobierno cuyo compromiso con el auténtico desarrollo rural no existe. Precisamente desde Unidos Podemos en el Congreso, llevamos dos años trabajando para desempolvarla como primer paso para avanzar hacia la recuperación del medio rural.

El desarrollo rural no ha interesado en España. Basta ver cómo las líneas de ferrocarril que unían nuestras comarcas y vertebraban el territorio se han ido desmantelando, faltas de cualquier presupuesto. La política de transportes ha apostado desde 1992 por las grandes líneas de alta velocidad que unen grandes núcleos urbanos, pero que los pueblos sólo ven pasar, como pasan los meses y los años sin que nadie pase por allí. Es inexplicable que todavía hoy la mayor parte del territorio español no tenga un acceso decente a Internet, herramienta imprescindible para cualquier emprendimiento empresarial. El abandono acarrea también una precarización de los servicios públicos, y todo ello profundiza la sensación de abandono que hoy es dominante en nuestros pueblos.

En lo referido al sistema agropecuario, el Estado lleva décadas impulsando un sistema agroindustrial que promueve las grandes explotaciones y que no solo desincentiva las explotaciones familiares pequeñas y medianas, sino que las desprecia por considerarlas ineficientes, inviables y alejadas del modelo agroexportador que promueve. Esa política continúa amparándose en una PAC que necesita de una revisión profunda de sus postulados, en el horizonte de negociación de la futura reforma partir de 2020. Por hacernos una idea del tipo de agricultura que impulsa la PAC (más allá de la retórica que la rodea) basta decir que el 18,71% de los perceptores cobra el 76,52% de las ayudas.  España se está convirtiendo en el país con mayor número de cabezas de porcino por hectárea y con las mayores explotaciones de engorde de porcino, por el simple hecho de que la gran cantidad de residuos que se generan hacen indeseables esas explotaciones en otros países. Es decir, somos receptores de las actividades ganaderas indeseadas, mientras la ganadería extensiva mucho más sostenible sufre de un progresivo abandono por la falta de ayudas y apoyos reales a su mantenimiento. El modelo de macrogranjas se ha extendido del porcino al aviar, y del aviar al ovino de leche, vacuno de carne y al vacuno de leche. Hoy todo el sector lechero en crisis desde que se produjo el desmantelamiento de las cuotas en el 2012, se resiste y trata de sensibilizar a la opinión pública ciudadana contra la Macrogranja de 20.000 vacas que se pretende instalar en el pequeño pueblo de Noviercas en la Soria abandonada. Mientras el Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León, tan solo responden con la cínica pregunta “¿mientras que cumpla la normativa que problema hay?”

Parece que el modelo actual impulsa en España un espacio rural vacío, en el que la industria extractiva pueda moverse a sus anchas.  Así, las exiguas poblaciones de algunas comarcas tratan de movilizarse contra grandes proyectos mineros. Este es el caso de la oposición a la mina de uranio de la empresa Berkeley en el Campo Charro salmantino, o las movilizaciones en Ávila contra las minas de feldespato.

Son muchos los proyectos “neocoloniales” de este tipo, que dejarán escasa riqueza local salvo el pelotazo de algún oportunista y dejarán detrás enormes costes ambientales para sufrir y pagar entre todos. La regulación ineficiente y falta de atención pública de los medios de comunicación sobre territorios poco visibles han permitido excesos empresariales con iniciativas de explotación altamente lesivos para nuestros recursos naturales y ecosistemas que antes o después, tendrán que transitar hacia modelos más sostenibles. Solo una voluntad firme de la autoridad pública puede enfrentar la adecuada innovación normativa para luchar contra el fraude, reforzando con recursos la capacidad de inspección y sanción de una Fiscalía Ambiental que necesita mayor autonomía, y planificar nuevas iniciativas de desarrollo local en los territorios afectados por las diversas reconversiones de actividad para garantizar una transición socialmente justa a la sostenibilidad.

Precisamente, en el cuidado y conservación de la riqueza natural y de nuestro patrimonio en biodiversidad para las generaciones venideras tenemos una ventana de oportunidad para revitalizar nuestro mundo rural. Una biodiversidad puede y debe servir como uno de los motores de desarrollo sostenible del mundo rural, ya que el 27% del territorio se encuentra bajo la figura de protección de la red Natura 2000. Pero es necesario entender que esa riqueza natural es la consecuencia de años de interrelación de los habitantes con su medio, y que por tanto solo será posible mantener si revitalizamos el factor humano. El empleo verde y la fiscalidad rural especial, tienen que orientar una política pública de repoblación con mucha mayor coordinación entre los planes de las administraciones europea, estatal, autonómica y local.

En este contexto el debate de la gobernanza de este mundo rural se vuelve esencial. El caciquismo ha sido el mal político y social endémico, extendido todavía en el mundo rural de nuestro país en pleno siglo XX. Mientras 3.200 municipios de España están amenazados por su desaparición y mientras que en 100 zonas rurales, más del 40% de la población supera los 65 años, los gobiernos tanto autonómicos como estatales, solo se esfuerzan en apuntalar las diputaciones como respuesta administrativa, sin avanzar propuestas que pongan el énfasis en el desarrollo local endógeno y participativo de base comarcal.

Estamos convencidos que un mundo rural vivo y sostenible en España es posible. Pero este proyecto nos exige pensar en dos objetivos fundamentales: cómo reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático del que puede considerarse el sector económico más afectado, el agropecuario; y entender la despoblación no solo como problema demográfico, sino de primer orden político democrático, donde mantener el horizonte de igualdad de derechos constitucionales en todo nuestro país, reclama revisar una institucionalidad a todas luces fallida, que debe lograr avanzar en mayores cuotas de  coordinación interadministrativa de base comarcal. La noción de “vigilancia ciudadana del territorio” es un factor clave de protección ante excesos empresariales y la corrupción, de fiscalización de la gestión de nuestros recursos naturales, bienes comunes que estamos obligados a pensar como patrimonio público del conjunto del país.

Un proyecto de país justo, socialmente equilibrado, y ecológicamente viable exige una ciudadanía crítica, activa y movilizada. Por eso, con la participación de decenas de entidades, en el marco del Foro Social del Clima que tuvo lugar en el congreso el 14 y 15 de diciembre de 2017, se plantearon algunas propuestas políticas concretas para seguir trabajando:

  • Lucha activa contra la despoblación rural

Sin gente no es posible el impulso que necesita el mundo rural, por ello la lucha contra la despoblación es clave. Para ello es imprescindible garantizar servicios sociales de calidad, como educación y sanidad; la adopción de medidas fiscales que favorezcan la repoblación rural, mejora de comunicaciones y garantizar servicios como el acceso universal a Internet.

  • Impulso al desarrollo sostenible del medio rural

Es necesario dar un impulso político a la Ley de Desarrollo sostenible del mundo rural, y garantizar la adecuada financiación de las políticas que promovemos.

  • Desarrollo de las Comarcas como espacios de gobernanza de futuro

La comarca da respuesta a la gobernanza ligada a un entorno cultural, ecológico, económico y social en el cual las vinculaciones de sus habitantes con el territorio son reales y permite construir el desarrollo sostenible rural por el que abogamos.

  • Plan de acción contra el cambio climático

Además de las acciones de mitigación y reducción de emisiones, es imprescindible abordar un Plan de Adaptación del medio rural a los impactos del cambio climático. El sector primario es el más afectado por los cambios del clima. Las afecciones pueden ir desde los cambos en las épocas de cultivo, a la disponibilidad de agua.

  • Apoyo a la protección de la biodiversidad

Consideramos que la biodiversidad es uno de nuestros más importantes recursos, y que puede ser motor de empleo. Para ello es imprescindible que se aborde la activación de la Red Natura 2000, elaborando Planes de Ordenación en todas las reservas, que permitan el impulso de actividades de conservación y divulgación.

  • Política agroalimentaria al servicio de un nuevo modelo de producción social y sostenible.

Hay que cambiar el paradigma de producción agrícola, fomentando un nuevo modelo que prime y apoye las pequeñas explotaciones frente al modelo actual que se basa en fomentar a las macroexplotaciones en detrimento de lo pequeño y sostenible.

  • Una nueva Política Pesquera Común

Que prime la pesca artesanal, que genera más y mejor empleo, promoviendo el consumo de pescado de cercanía. Impulso a las reservas marinas para fortalecer las pesquerías. Garantizar la sostenibiidad de os caladores.

  • Una nueva política de aguas

El cambio climático esta reduciendo la disponibilidad de agua y esto no puede corregirse con grandes infraestructuras, sino con nuevas políticas que promuevan el ahorro y la eficiencia, apoyada en el adecuado cambio tecnológico y una nueva cultura de la sostenibilidad impulsada desde la sociedad civil, que deben velar por un bien común tan vital como este.

  • Introducir criterios de género que favorezcan el papel de la mujer en el desarrollo rural.

Debe promoverse el papel de la mujer en el mundo rural desde una perspectiva igualitaria en este nuevo modelo, tanto facilitando la diversificación en la actividad agropecuaria como buscando impulsar su protagonismo en la política participativa comunitaria en una política local renovada, factor clave de un nuevo modelo de desarrollo.

  • Favorecer y promover la ganadería extensiva y los sistemas tradicionales de pastoreo.

Ya que son los que al mismo tiempo garantizan una producción sostenible, el mantenimiento de los ecosistemas naturales y mayor generación de empleo. Pero son necesarias ayudas que permitan un aumento sustancial de la calidad de vida de las personas que trabajan en el sector, para hacerlo más atractivo.

  • No a los acuerdos globales de libre comercio (TTIP y CETA)

Porque impulsan el modelo agroindustrial más destructivo del medio ambiente, del empelo y de las políticas sociales. A veces la destrucción del medio rural se decide muy lejos

  • Proteger la biodiversidad cultivada y las variedades de semillas y razas autóctonas.

Especies y variedades autóctonas que son especialmente valiosas por si mismos. Pero en el momento actual  de cambio ambiental suponen una riqueza enorme para hacer frente a las alteraciones que puedan producirse .

  • Prohibir la liberación en el medio ambiente de OMGs

España es el único país de la UE en el que se cultivan comercialmente OGMs. Por Principio de precaución y en tanto en cuanto no este demostrada su inocuidad, estos productos no deberían ser liberados en el medio ambiente.

Juantxo López de Uralde. Activista ecologista, coportavoz de Equo y diputado en el Congreso del Grupo Confederal de Unidos Podemos.


Ariel Jerez. Profesor de Ciencia Política (UCM) y Consejero estatal coordinador del Area Consejo del Mundo Rural, la sostenibilidad y la Soberanía Alimentaria de Podemos.

moderado por:

  • Enrique del Olmo

    Sociólogo

  • Marga Ferré

    Presidenta de la FEC (Fundación Europa de los Ciudadanos) y miembro de la red europea de pensamiento crítico Transform!

  • Juan Carlos Monedero

    Profesor CC. Políticas

La Revolución que reinventó el mundo

  • Josep Fontana

La conmemoración del centenario de la revolución rusa de octubre de 1917 debería llevarnos a una evaluación razonada de sus aciertos y sus errores, de la cual podamos sacar lecciones útiles para un presente de desconcierto e incertidumbre. Entre sus aportaciones positivas figura en primer lugar la de haber alentado en todo el mundo las esperanzas de cambio y la voluntad de protesta de los de abajo hasta forzar a los gobiernos del capitalismo avanzado a desarrollar políticas de “reformismo del miedo” para defenderse de la amenaza potencial de la subversión. Fue en gran medida el miedo al comunismo lo que favoreció que la socialdemocracia crease lo que llamamos el estado del bienestar, basado en una redistribución de los beneficios de la actividad económica. La prueba de ello es que cuando, a fines de los años setenta, desapareció el miedo al comunismo,comenzó el desguace del estado del bienestar y se inició la etapa de desigualdad creciente en que estamos hoy sumergidos.

Otra de sus aportaciones decisivas fue su contribución al proceso de descolonización, un campo en el que los comunistas se mantuvieron activos desde que en 1927 inspiraron la reunión en Bruselas de la Liga contra el imperialismo que reunió a representantes de 134 organizaciones, procedentes de 37 territorios coloniales distintos, con la participación de figuras como Sukarno, Nehru, Haya de la Torre, Messali Hadj y una amplia representación del Kuomintang chino. Un año más tarde, en septiembre de 1928, el sexto congreso de la Internacional comunista publicaba unas Tesis sobre los movimientos revolucionarios en los países coloniales y semicoloniales en que se planteaban los métodos con que ayudar a las “revoluciones democrático-burguesas” de estos países.

Entre sus errores más graves figura el de haber renunciado al ideal leninista de crear una sociedad que, tras una fase transitoria de dictadura del proletariado, procedería a abolir gradualmente todos los mecanismos de poder del estado –la policía, el ejército y la burocracia- iniciando así el camino hacia su desaparición y hacia una sociedad en que se preveía incluso el fin del trabajo asalariado. Lejos de ello, el poder soviético acabó erigiendo un estado opresor, escudándose en la necesidad de defender la revolución de sus enemigos internos y externos.

Para entender cómo ocurrió esto hay que ir hasta la génesis de la revolución. Su planteamiento inicial, desde febrero de 1917, repetía la fórmula de los partidos socialdemócratas tradicionales: convocar una asamblea constituyente, establecer una república democrático-burguesa y emprender el camino de una lenta evolución hacia el socialismo. Fue Lenin quien en abril de 1917, haciéndose eco de la crítica a la socialdemocracia que Marx había formulado en 1875, propuso ir más allá y forzar el paso inmediato a una sociedad socialista. Seis meses más tarde, en octubre, era evidente que el gobierno que presidía Kerensky no podía seguir conteniendo la disolución del ejército y el malestar de obreros y campesinos, de modo que la toma del poder por un gobierno de los soviets se produjo con facilidad.

En lo que se había equivocado Lenin era en sus previsiones de que el capitalismo europeo estaba en trance de “venirse abajo”. Lejos de ello, replicó armando a los participantes en una llamada “guerra civil” en que intervinieron, directa o indirectamente, hasta dieciséis países distintos, que causó ocho millones de muertos y destruyó por completo la economía.

El programa de transformación de la sociedad que se había iniciado en 1917 se estancó en el verano de 1918 como consecuencia del inicio de una revuelta en que participaban a la vez los partidarios de la asamblea constituyente y las fuerzas del zarismo, armadas por las potencias capitalistas. La denuncia que Kaustky hizo en Die Diktatur des Proletariats, presentando lo que ocurría en Rusia como el enfrentamiento entre un socialismo democrático y una dictadura bolchevique,demostraba que no había entendido lo que estaba ocurriendo realmente.

La ”guerra civil” se ganó gracias al apoyo de los obreros y los campesinos, pero lo que en octubre de 1917 era un poder representativo de los soviets se había convertido entre tanto, por las circunstancias de la guerra, en una dictadura bolchevique, contra la que en 1921 protestaban los obreros de Petrogrado y los marinos de Kronstadt. Lenin consideró que era necesario mantener este control político mientras se emprendía una campaña de reconstrucción económica, como condición necesaria para reemprender el programa de transformación social.

Tras la muerte de Lenin este proyecto pudo haber seguido sobre la base de la continuidad de la Nueva Política Económica y del desarrollo de los métodos de planificación que elaboraba el Gosplan, como proponían Bujarin o Rykov. Pero Stalin optó en 1929 por iniciar una nueva “revolución” que propugnaba la industrialización forzada, lo cual condujo a un enorme despilfarro de recursos y a una oleada de violencia que se reforzó todavía entre 1937 y 1938, cuando el pánico a la supuesta amenaza de una conjura interior, en complicidad con un ataque externo, costó la vida a más de setecientas mil víctimas.

Aunque los sucesores de Stalin no volvieron a recurrir al terror en esta escala, conservaron un miedo a la disidencia que hizo muy difícil que tolerasen la democracia interna. Consiguieron así salvar el régimen soviético, pero fue a costa de mantener un estado opresivo y de la renuncia a avanzar en la construcción de una sociedad socialista.

A pesar de todo, en el resto el mundo la ilusión generada por el proyecto leninista siguió animando durante muchos años las luchas de quienes aspiraban a realizar la revolución, lo cual ayudó a la socialdemocracia en su tarea de combatir la expansión de las ideas revolucionarias con una política de reformas que hizo posible que entre 1945 y 1975 se viviesen en el mundo desarrollado lo que los franceses llaman “los treinta años gloriosos” en que el crecimiento económico estuvo acompañado por un grado de igualdad social como no se había conocido hasta entonces en la historia reciente.

A partir de 1968, sin embargo, el “socialismo realmente existente” mostró claramente sus límites como proyecto revolucionario, cuando en París renunció a implicarse en los combates en la calle, y cuando en Praga aplastó las posibilidades de desarrollar un socialismo con rostro humano. Perdida su capacidad de generar esperanzas, dejó también de aparecer como una amenaza que inquietase a las clases propietarias de “occidente”, lo cual las permitió retirar las concesiones que habían hecho hasta entonces, al tiempo que la socialdemocracia se acomodaba a la situación y aceptaba plenamente la economía neoliberal.

En los años ochenta, en momentos de crisis económica y de inmovilismo político, los ciudadanos del área controlada por la Unión Soviética decidieronque no merecía la pena seguir defendiendo el sistema en el que habían vivido durante tantos años. El testimonio de un antiguo habitante de la Alemania oriental que hoy vive en Estados Unidos ilustra acerca de la naturaleza de este desengaño. Sabíamos entonces, afirma, que lo que nuestraprensa decía sobre nuestro país era un montón de mentiras, de modo que creímos que lo que decía sobre “occidente” era también mentira. No fue hasta llegar a Estados Unidos que descubrió que era verdad que había mucha gente en la pobreza, viviendo en las calles y sin acceso a cuidados médicos, tal como decía la prensa de su país. Hubiese deseado, concluye, haberlo sabido a tiempo para decidir qué aspectos de las sociedades de occidente merecía la pena adoptar, en lugar de permitir a sus expertos que nos impusieran la totalidad del modelo neoliberal.

Una reflexión como esta debería servirnos de advertencia en estos días, cuando la mayoría de las evocaciones del centenario de la revolución que se publiquen van a ser enteramente negativas, fruto de cien años de lavado del cerebro de una propaganda hostil, animada todavía hoy por el interés en ocultar todo lo que pueda haber de positivo en su legado. La alternativa no puede ser la defensa a ultranza, sino un análisis objetivo -no digo desapasionado, porque no es posible eliminar la pasión en algo que trata de la vida y el bienestar de los seres humanos- con el fin de rescatar lo que siga siendo válido de sus aciertos y evitar caer de nuevo en sus errores.

moderado por:

  • Marià de Delàs

    Periodista

  • Orencio Osuna

    Director de la Fundación Espacio Público

Conclusión del debate

El cambio que necesita Europa para que la gente se sienta segura

Europa está en crisis y la izquierda europea no es capaz de dar respuesta. Cuando la izquierda no encuentra la respuesta «la extrema derecha es el plan del B del sistema». Este fue el debate que se puso sobre la mesa este miércoles en el coloquio organizado por Espacio Público. Existe una mayoría social que anhela un cambio, en cambio la izquierda europea está en crisis y esto lo está aprovechando la extrema derecha.

En un debate organizado por Espacio Público, la política y exministra socialista Cristina Narbona, el economista y miembro del Consejo de Estado de Portugal Bloco de Esquerda, Francisco Louça, la antropóloga y activista ecofeminista Yayo Herrero, el periodista Josep Ramoneda y el economista Nacho Álvarez han reflexionado este miércoles sobre el auge de la extrema derecha y las oportunidades para el cambio en Europa. El debate ha sido moderado por la directora de Público, Ana Pardo de Vera.

Europa necesita el cambio, pero ¿de qué forma puede hacerlo? Hay puntos de intersección sobre las crisis europeas. Hay quienes proponen promover el cambio a través de las instituciones y quienes piensan que lo mejor es acabar con Europa y empezar de nuevo.

La extrema derecha en Europa

«El problema al que vamos a asistir es que una parte de la derecha clásica se acerca a la extrema derecha que tratará de homologarse”, explicaba el periodista Josep Ramoneda. Ramoneda ha explicado que a la izquierda social demócrata le está costando encontrar las claves para responder a las inquietudes de la ciudadanía. A día de hoy hay un malestar profundo y la extrema derecha se está convirtiendo en la consecuencia final de “una fantasía”.

Marine Le Pen es ejemplo de ello. Ramoneda explica lo siguiente: «Ha habido una evolución del discurso de Le Pen, pasó de un discurso de mujer moderna con dos demonios: Europa y el islam. Al mismo tiempo en el seno de su partido estaba su sobrina, quien representa un núcleo ideológico muy duro, muy católico, integrista y conservador. Esta mezcla ha hecho posible que la capacidad de atracción fuese importante».

A día de hoy, y en opinión del escritor, “la diferencia entre fascismo, derecha y extrema derecha se está acortando”. Por este motivo Ramoneda llama a recuperar la idea del progreso con una perspectiva de futuro ya que alerta de que “la extrema derecha es el plan B del sistema”.

El periodista explica que la extrema derecha ha aspirado más que la extrema izquierda y que a esto se le ha llamado «populismo». Un término al que Ramoneda se niega utilizar. Considera que «no es una categoría que explica sino que es una categoría que etiqueta. Solo quiere decir que ‘estos señores no son aceptables para gobernar en el régimen en el que vivimos’, y por tanto no me interesa como categoría».

Las democracias liberales están en crisis y parecen no tener respuesta al movimiento de extrema derecha europeo. En cambio esta situación en Portugal es diferente.

El caso portugués

Francisco Louça, dirigente del Bloco de Esquerda en Portugal alerta: “Todas las sociedades europeas tienen miedo de las decisiones en Europa, eso quiere decir que se tiene miedo a la solución que se basa en la democracia”. En el país vecino la extrema derecha no tiene significado y esto, según explica Louça, se debe a que en Portugal la democracia surge de la revolución y con la derrota de la dictadura se desplaza a la política. En Portugal “la mayor amenaza es lo que ocurre en Europa”.

Además, Louça advierte de que en Europa se está utilizando la amenaza “para justificar un paso que no se había dado hasta ahora” y es el de “limitar las libertades y favorecer la militarización”.

El político portugués llama a “mirar con atención a la extrema derecha europea”, aunque afirma que a pesar de ser una gran “amenaza” existen problemas más terribles en nuestro continente.

Louça alude a la economía para tratar la crisis europea. «Pensar que el desarrollo del capitalismo europeo es el resultado histórico inevitable tiene una idea por detrás del contrato social europeo, una solución socialdemócrata. Habría una forma de democratizar europea».

Además, afirma que dar un paso más a la reconstrucción «es peligroso». El cambio del capitalismo provoca la supremacía de las finanzas.
Louça explica que la única forma de encontrar una solución a la moneda europea pasa «por la devaluación», es decir «reducir salarios y pensiones». El economista portugués alude al caso de Grecia y afirma que «solo se pueden discutir soluciones basándonos en el caso de Grecia».

Asimismo, explica el término de varias velocidades: «Todos los gobiernos dicen que estarán en la primera velocidad, y esto es solo publicidad. La única razón política es que nadie sabe que son varias velocidades».
Francisco Louça concluye que «el cambio necesario está en la correlación de fuerzas democráticas».

«Si la izquierda no lo evita triunfará la tecnocracia»

Cristina Narbona también quiso dar su punto de vista sobre la situación de la extrema derecha en Europa. “El mundo a día de hoy se enfrenta a una crisis social y ecológica y debe ser la izquierda la que ponga los límites”, de esta forma analizaba la situación europea la militante socialista.

La exministra de Medio Ambiente considera que el mundo se enfrenta a una fuerza civilizadora y que “si la izquierda no lo evita triunfará la tecnocracia conservadora que conducirá al colapso”. Solo podrá forzar un cambio las alianzas progresistas que surjan en cada país. “Debemos insertar en nuestro debate la evolución del proyecto europeo y cómo cambiarlo, algo que solo podrá cambiar con una alianza de fuerzas progresistas”.

La militante socialista considera que en España se está iniciando “un nuevo tiempo político que sirva para crear un espacio positivo de consenso”. A pesar de ello alerta del auge de la extrema derecha y pide “una vacuna contra los pliegos de la extrema derecha”. Considera que la única vacuna posible contra las posiciones conservadoras es “una revisión del contrato capital-trabajo para poder construir un nuevo contrato que persiga un progreso más justo, seguro y duradero”.

Narbona considera necesario insertar «nuestro debate en la evolución del proyecto europeo y en cómo puede cambiar. Solo puede cambiar con una alianza de fuerzas progresistas. Esto se debe empezar a construir en el ámbito de cada país y en España estamos en el inicio de un nuevo tiempo político que sirva para crear una espacio positivo de consenso.»

Además, Narbona, ya en el plano económico, reconoció que la reforma del artículo 135 de la Constitución «era un error» ya que «obligaba a respetar los límites». Hasta 2011 la Constitución reconocía lo siguiente: «El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito», es decir, el artículo facultaba al Gobierno para emitir deuda pública y así financiarse. En cambio tras la reforma el artículo se amplió a cinco puntos y ponía tope al gasto del Estado y a la exigencia de pagar la deuda pública antes que nada.

Narbona considera que se debe producir de otra manera y aspira a soluciones «supranacionales». Sus argumentos coinciden en este plano con los de Yayo Herrero.

Un progreso «más justo»

Un progreso más justo también lo reclamaba la activista ecofeminista Yayo Herrero. Yayo denuncia que “dentro de nuestro modelo económico solo se ve lo productivo y no se ven las necesidades humanas”. Las sociedades creen “en la economía y no en quien las sostiene”.

La antropóloga denuncia que las rentas de trabajo bajas no mantienen el modelo económico. A Herrero le preocupa el incremento del PIB y considera necesario tener en cuenta el «cómo, quién y para qué» se produce.
Además, explica que existen rentas bajas «porque no se puede mantener el crecimiento». De esta forma critica que se impidan la llegada de recursos naturales.

Yayo alude al discurso homófobo de Le Pen de “no cabemos todos” para denunciar que con este argumento la líder de la ultraderecha francesa es capaz de proporcionar un discurso “más creíble y fundamentado” y ahí radica el problema actual de Europa. “El sostenimiento de este modelo requiere que haya otras personas excluidas y por eso el sur de Europa tiende a la expulsión de los focos”.

Herrero apela a la necesidad que tienen las izquierdas «de hacer propuestas creíbles” ya que hasta que no los hagan “no tomarán tierra”.
La activista incide en los datos y rechaza «considerarlo catastrofismo», cree que las políticas deben gestionar la demanda. Considera que «la izquierda tiene que tomar tierra».

Yayo Herrero debatió con Josep Ramoneda sobre la posible solución de Europa. Mientras que el político explicaba que aludir al catastrofismo no era la solución, y se resistía al aquí no acabemos todos y «se debía debatir» porque imponía el «miedo y la inseguridad». Ramoneda afirmaba entender que «una de las urgencias principales es reconocer que los miedos y las inseguridades son fundadas y por tanto hay que construir sobre ellas.» Yayo explicaba que estos eran los datos. La activista ecofeminista aludía a la huella ecológica para defender sus argumentos.

Herrero defendió que «si toda la población del planeta viviese como la vida de una persona nos harían falta 3 planetas. Desde los años 80 los rendimientos del trabajo han ido descendiendo y lo que ha ido subiendo son rentas financieras. Las rentas del trabajo bajan porque no hay condiciones materiales que sostengan el modelo de crecimiento»

«La crisis de la UE es la crisis de la socialdemocracia»

El economista Nacho Álvarez también ha querido mandar un mensaje a las izquierdas europeas para salvar su situación y hacer frente a la extrema derecha. Álvarez pide que sean capaces de “construir discursos que puedan transmitir la idea de que la seguridad pasa por el cambio”, y en ningún caso la izquierda debe dar a elegir entre seguridad y cambio porque de esa forma no triunfará.

El economista hacía referencia a que «la crisis de la Unión Europea es la crisis de la socialdemocracia» y explicaba la existencia de dos tipos de crisis: una de tinte social y otra política.

El responsable de economía de Podemos explicaba así la crisis de la izquierda : “Buena parte de las sociedades europeas entienden que no solo hay una crisis económica y que la gestión se torna en una suerte de estafa y esto ocurre cuando se visibiliza la ruptura del contrato social.” Alude a dos planos uno nacional y otro supranacional.

En España esta ruptura se visibilizó con el movimiento 15M. En Europa hay una mayoría social “que anhela un cambio” y para ello Álvarez propone que se construya “un frente que se oponga al neoliberalismo de los últimos años”.
La crisis de la izquierda preocupa a los demócratas y por ello Ramoneda opta por “construir una idea de progreso”. Es necesario que la gente tome conciencia “de que lo que está lejano está ya aquí”. Por tanto es importante acortar la distancia mentalmente y que la recuperación «se produzca en el ámbito de las ciudades».

Opinión que comparte Louça quien pide atención para “mirar lo que se puede hacer a corto plazo” y denuncia que «la unión provoca la desunión».

Cierre de los debates de ‘Espacio Público’

Desde la fila cero hubo quien quiso apuntar sus conclusiones. Jaime Pastor afirmó que «la Unión Europea es irreformable». Eddy Sanchez explicó que «la batalla política está en la periferia. Ambos habían participado en los debates de Espacio Público.

Con este coloquio se ha cerrado el debate iniciado en Espacio Público sobre las oportunidades para el cambio en Europa, propuesto por Francisco Louça y la discusión sobre el auge de la extrema derecha que arrancaba con un texto de Josep Ramoneda.

Ambos debates han contado con la intervención de intelectuales y dirigentes como Rosa Regàs, Ska Keller, Marina Albiol, Nick Dearden, Miguel Urban, Carlos Berzosa, Héctor Maravall, Isidor Boix, Julián Ariza, Javier Madrazo, Pere Vilanova, Joan Subirats, Jaime Pastor, Javier Doz, Sabino Cuadra, Daniel Albarracín, Fernando Luengo, Eddy Sánchez, Gabriel Flores…

Ponencia inicial

¿Se abren o se cierran oportunidades para el cambio en Europa?

¿Se abren o se cierran oportunidades para el cambio en Europa?

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • Teresa Gómez

Conclusión del debate

El cambio que necesita Europa para que la gente se sienta segura

Europa está en crisis y la izquierda europea no es capaz de dar respuesta. Cuando la izquierda no encuentra la respuesta «la extrema derecha es el plan del B del sistema». Este fue el debate que se puso sobre la mesa este miércoles en el coloquio organizado por Espacio Público. Existe una mayoría social que anhela un cambio, en cambio la izquierda europea está en crisis y esto lo está aprovechando la extrema derecha.

En un debate organizado por Espacio Público, la política y exministra socialista Cristina Narbona, el economista y miembro del Consejo de Estado de Portugal Bloco de Esquerda, Francisco Louça, la antropóloga y activista ecofeminista Yayo Herrero, el periodista Josep Ramoneda y el economista Nacho Álvarez han reflexionado este miércoles sobre el auge de la extrema derecha y las oportunidades para el cambio en Europa. El debate ha sido moderado por la directora de Público, Ana Pardo de Vera.

Europa necesita el cambio, pero ¿de qué forma puede hacerlo? Hay puntos de intersección sobre las crisis europeas. Hay quienes proponen promover el cambio a través de las instituciones y quienes piensan que lo mejor es acabar con Europa y empezar de nuevo.

La extrema derecha en Europa

«El problema al que vamos a asistir es que una parte de la derecha clásica se acerca a la extrema derecha que tratará de homologarse”, explicaba el periodista Josep Ramoneda. Ramoneda ha explicado que a la izquierda social demócrata le está costando encontrar las claves para responder a las inquietudes de la ciudadanía. A día de hoy hay un malestar profundo y la extrema derecha se está convirtiendo en la consecuencia final de “una fantasía”.

Marine Le Pen es ejemplo de ello. Ramoneda explica lo siguiente: «Ha habido una evolución del discurso de Le Pen, pasó de un discurso de mujer moderna con dos demonios: Europa y el islam. Al mismo tiempo en el seno de su partido estaba su sobrina, quien representa un núcleo ideológico muy duro, muy católico, integrista y conservador. Esta mezcla ha hecho posible que la capacidad de atracción fuese importante».

A día de hoy, y en opinión del escritor, “la diferencia entre fascismo, derecha y extrema derecha se está acortando”. Por este motivo Ramoneda llama a recuperar la idea del progreso con una perspectiva de futuro ya que alerta de que “la extrema derecha es el plan B del sistema”.

El periodista explica que la extrema derecha ha aspirado más que la extrema izquierda y que a esto se le ha llamado «populismo». Un término al que Ramoneda se niega utilizar. Considera que «no es una categoría que explica sino que es una categoría que etiqueta. Solo quiere decir que ‘estos señores no son aceptables para gobernar en el régimen en el que vivimos’, y por tanto no me interesa como categoría».

Las democracias liberales están en crisis y parecen no tener respuesta al movimiento de extrema derecha europeo. En cambio esta situación en Portugal es diferente.

El caso portugués

Francisco Louça, dirigente del Bloco de Esquerda en Portugal alerta: “Todas las sociedades europeas tienen miedo de las decisiones en Europa, eso quiere decir que se tiene miedo a la solución que se basa en la democracia”. En el país vecino la extrema derecha no tiene significado y esto, según explica Louça, se debe a que en Portugal la democracia surge de la revolución y con la derrota de la dictadura se desplaza a la política. En Portugal “la mayor amenaza es lo que ocurre en Europa”.

Además, Louça advierte de que en Europa se está utilizando la amenaza “para justificar un paso que no se había dado hasta ahora” y es el de “limitar las libertades y favorecer la militarización”.

El político portugués llama a “mirar con atención a la extrema derecha europea”, aunque afirma que a pesar de ser una gran “amenaza” existen problemas más terribles en nuestro continente.

Louça alude a la economía para tratar la crisis europea. «Pensar que el desarrollo del capitalismo europeo es el resultado histórico inevitable tiene una idea por detrás del contrato social europeo, una solución socialdemócrata. Habría una forma de democratizar europea».
Además, afirma que dar un paso más a la reconstrucción «es peligroso». El cambio del capitalismo provoca la supremacía de las finanzas.
Louça explica que la única forma de encontrar una solución a la moneda europea pasa «por la devaluación», es decir «reducir salarios y pensiones». El economista portugués alude al caso de Grecia y afirma que «solo se pueden discutir soluciones basándonos en el caso de Grecia».

Asimismo, explica el término de varias velocidades: «Todos los gobiernos dicen que estarán en la primera velocidad, y esto es solo publicidad. La única razón política es que nadie sabe que son varias velocidades». Francisco Louça concluye que «el cambio necesario está en la correlación de fuerzas democráticas».

«Si la izquierda no lo evita triunfará la tecnocracia»

Cristina Narbona también quiso dar su punto de vista sobre la situación de la extrema derecha en Europa. “El mundo a día de hoy se enfrenta a una crisis social y ecológica y debe ser la izquierda la que ponga los límites”, de esta forma analizaba la situación europea la militante socialista.

La exministra de Medio Ambiente considera que el mundo se enfrenta a una fuerza civilizadora y que “si la izquierda no lo evita triunfará la tecnocracia conservadora que conducirá al colapso”. Solo podrá forzar un cambio las alianzas progresistas que surjan en cada país. “Debemos insertar en nuestro debate la evolución del proyecto europeo y cómo cambiarlo, algo que solo podrá cambiar con una alianza de fuerzas progresistas”.

La militante socialista considera que en España se está iniciando “un nuevo tiempo político que sirva para crear un espacio positivo de consenso”. A pesar de ello alerta del auge de la extrema derecha y pide “una vacuna contra los pliegos de la extrema derecha”. Considera que la única vacuna posible contra las posiciones conservadoras es “una revisión del contrato capital-trabajo para poder construir un nuevo contrato que persiga un progreso más justo, seguro y duradero”.

Narbona considera necesario insertar «nuestro debate en la evolución del proyecto europeo y en cómo puede cambiar. Solo puede cambiar con una alianza de fuerzas progresistas. Esto se debe empezar a construir en el ámbito de cada país y en España estamos en el inicio de un nuevo tiempo político que sirva para crear una espacio positivo de consenso.»

Además, Narbona, ya en el plano económico, reconoció que la reforma del artículo 135 de la Constitución «era un error» ya que «obligaba a respetar los límites». Hasta 2011 la Constitución reconocía lo siguiente: «El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito», es decir, el artículo facultaba al Gobierno para emitir deuda pública y así financiarse. En cambio tras la reforma el artículo se amplió a cinco puntos y ponía tope al gasto del Estado y a la exigencia de pagar la deuda pública antes que nada.

Narbona considera que se debe producir de otra manera y aspira a soluciones «supranacionales». Sus argumentos coinciden en este plano con los de Yayo Herrero.

Un progreso «más justo»

Un progreso más justo también lo reclamaba la activista ecofeminista Yayo Herrero. Yayo denuncia que “dentro de nuestro modelo económico solo se ve lo productivo y no se ven las necesidades humanas”. Las sociedades creen “en la economía y no en quien las sostiene”.

La antropóloga denuncia que las rentas de trabajo bajas no mantienen el modelo económico. A Herrero le preocupa el incremento del PIB y considera necesario tener en cuenta el «cómo, quién y para qué» se produce.
Además, explica que existen rentas bajas «porque no se puede mantener el crecimiento». De esta forma critica que se impidan la llegada de recursos naturales.

Yayo alude al discurso homófobo de Le Pen de “no cabemos todos” para denunciar que con este argumento la líder de la ultraderecha francesa es capaz de proporcionar un discurso “más creíble y fundamentado” y ahí radica el problema actual de Europa. “El sostenimiento de este modelo requiere que haya otras personas excluidas y por eso el sur de Europa tiende a la expulsión de los focos”.

Herrero apela a la necesidad que tienen las izquierdas «de hacer propuestas creíbles” ya que hasta que no los hagan “no tomarán tierra”. La activista incide en los datos y rechaza «considerarlo catastrofismo», cree que las políticas deben gestionar la demanda. Considera que «la izquierda tiene que tomar tierra».

Yayo Herrero debatió con Josep Ramoneda sobre la posible solución de Europa. Mientras que el político explicaba que aludir al catastrofismo no era la solución, y se resistía al aquí no acabemos todos y «se debía debatir» porque imponía el «miedo y la inseguridad». Ramoneda afirmaba entender que «una de las urgencias principales es reconocer que los miedos y las inseguridades son fundadas y por tanto hay que construir sobre ellas.» Yayo explicaba que estos eran los datos. La activista ecofeminista aludía a la huella ecológica para defender sus argumentos.

Herrero defendió que «si toda la población del planeta viviese como la vida de una persona nos harían falta 3 planetas. Desde los años 80 los rendimientos del trabajo han ido descendiendo y lo que ha ido subiendo son rentas financieras. Las rentas del trabajo bajan porque no hay condiciones materiales que sostengan el modelo de crecimiento»

«La crisis de la UE es la crisis de la socialdemocracia»

El economista Nacho Álvarez también ha querido mandar un mensaje a las izquierdas europeas para salvar su situación y hacer frente a la extrema derecha. Álvarez pide que sean capaces de “construir discursos que puedan transmitir la idea de que la seguridad pasa por el cambio”, y en ningún caso la izquierda debe dar a elegir entre seguridad y cambio porque de esa forma no triunfará.

El economista hacía referencia a que «la crisis de la Unión Europea es la crisis de la socialdemocracia» y explicaba la existencia de dos tipos de crisis: una de tinte social y otra política.

El responsable de economía de Podemos explicaba así la crisis de la izquierda : “Buena parte de las sociedades europeas entienden que no solo hay una crisis económica y que la gestión se torna en una suerte de estafa y esto ocurre cuando se visibiliza la ruptura del contrato social.” Alude a dos planos uno nacional y otro supranacional.

En España esta ruptura se visibilizó con el movimiento 15M. En Europa hay una mayoría social “que anhela un cambio” y para ello Álvarez propone que se construya “un frente que se oponga al neoliberalismo de los últimos años”.
La crisis de la izquierda preocupa a los demócratas y por ello Ramoneda opta por “construir una idea de progreso”. Es necesario que la gente tome conciencia “de que lo que está lejano está ya aquí”. Por tanto es importante acortar la distancia mentalmente y que la recuperación «se produzca en el ámbito de las ciudades».

Opinión que comparte Louça quien pide atención para “mirar lo que se puede hacer a corto plazo” y denuncia que «la unión provoca la desunión».

Cierre de los debates de ‘Espacio Público’

Desde la fila cero hubo quien quiso apuntar sus conclusiones. Jaime Pastor afirmó que «la Unión Europea es irreformable». Eddy Sanchez explicó que «la batalla política está en la periferia. Ambos habían participado en los debates de Espacio Público.

Con este coloquio se ha cerrado el debate iniciado en Espacio Público sobre las oportunidades para el cambio en Europa, propuesto por Francisco Louça y la discusión sobre el auge de la extrema derecha que arrancaba con un texto de Josep Ramoneda.

Ambos debates han contado con la intervención de intelectuales y dirigentes como Rosa Regàs, Ska Keller, Marina Albiol, Nick Dearden, Miguel Urban, Carlos Berzosa, Héctor Maravall, Isidor Boix, Julián Ariza, Javier Madrazo, Pere Vilanova, Joan Subirats, Jaime Pastor, Javier Doz, Sabino Cuadra, Daniel Albarracín, Fernando Luengo, Eddy Sánchez, Gabriel Flores…

Ponencia inicial

El ascenso de la extrema derecha en Europa

El ascenso de la extrema derecha en Europa

Notas sobre el auge de la extrema derecha en Europa

1.- La extrema derecha no es el fascismo, aunque en algunas cosas se le parezca. Podríamos decir al modo de Emmanuel Terray que la extrema derecha “se mueve en el espacio intermedio que separa a la derecha clásica del fascismo”. Si en la derecha hay siempre una pulsión a favor del orden establecido, no es el caso del fascismo que pretende la construcción de un Estado nuevo, que alienta a las masas contra las élites, que cree en la violencia y en la guerra como estado superior de la realización humana y que hace del vínculo directo entre el líder y las masas la forma suprema de la política.

No hace falta recordar que para Carl Schmitt el estado nazi y el estado bolchevique tenían una cosa común: era las dos formas de estado modernas. Esto no significa que no haya espacios de proximidad entre la extrema derecha y el fascismo. Buena parte del programa –sobre todo por lo que hace a la exaltación nacional, la defensa de una identidad excluyente conceptualmente cercana a la idea de raza y a la identificación pueblo patria- es compartida.La derecha democrática se mueve actualmente entre los parámetros del llamado neoliberalismo económico y el conservadurismo social.

Los neoliberales ponen el acento en la desregulación de la economía, en el papel ancilar de la política supeditada a las exigencias del poder financiero global, en el cosmopolitismo, en la globalización sin fronteras, en la prioridad del crecimiento y del beneficio empresarial sobre la redistribución y la cohesión social. Aunque el crecimiento de momento sólo beneficie a unos pocos, a la larga acabará reportando beneficios a todos, como el agua que cae del cielo.

El escritor suizo Jonas Luescher bautizó este argumento como teoría del estiércol de caballo: “Cuanta más avena demos al caballo, más abundante será su producción de excrementos y los pajarillos tendrán más para comer”. Apoteosis de la idea de desigualdad y del desprecio del neoliberalismo por el común de los mortales. El conservadurismo apuesta por la continuidad, por la tradición, por los valores cristianos, por el orden por el marco patriótico y nacional. Ambas concepciones raramente se dan en estado puro, y más bien se han ido acoplando en la medida en que el neoliberalismo marca los límites de la gobernanza económica y el conservadurismo aporta la cobertura política, para hacer más llevaderas las incertidumbres que el proceso de globalización genera en los ciudadanos.

François Fillon es un ejemplo casi perfecto de ello: él mismo se presenta como liberal en lo económico y radical conservador en la tradición de la derecha católica francesa.En este contexto, la extrema derecha representa la radicalización de los valores conservadores para encuadrar a unas clases medias y populares que se sienten abandonadas e indefensas. Los valores fundamentales son compartidos: orden, autoridad, jerarquía, desigualdad, defensa de las instituciones, nacionalismo fundamental, prioridad a los nacionales, lo que vería es el nivel de intensidad. Volviendo a Emmanuel Terray: “Si la derecha clásica sólo admite la violencia si se ejerce en los límites fijados por la ley; la derecha extrema la contempla como un medio entre otros, a utilizar en función de las circunstancias”. Y así el rechazo al extranjero se convierte en xenofobia, el patriotismo en nacionalismo identitario y chauvinismo, la lucha antiterrorista en guerra al Islam, la autoridad en autoritarismo.

Y una última precisión conceptual: hay que abandonar la inflación de palabras usadas con intencionalidad política, ya que nada significan: no aportan conocimiento sino confusión; no sirven para entender sino para fomentar la ignorancia. La razón de su uso es estrictamente descalificatoria. Simplemente, se trata de colocar una etiqueta al adversario que le marque como excluido. Me refiero especialmente a populismo y antisistema. Y ahora está entrando en escena una tercera que camina rápidamente hacia este papel de gadget ideológico para todos los servicios: posverdad.A juzgar por los discursos oficiales, Marine Le Pen, Trump, los Grillini, el independentismo catalán y Podemos tienen en común que son populistas y antisistema. Magnífico recurso para descalificar a todo aquello que desborda los estrictos límites del monopolio tradicional del poder, sin aportar información ni conocimiento alguno. Lo único que une a cosas tan dispares es que son diferentes expresiones al malestar generado por los estragos provocados por los años nihilistas en que se creyó que todo era posible, que no había límites al capitalismo, que acabaron con la crisis de 2008, y por la gestión que de ella hicieron los gobiernos conservadores y socialdemócratas.

Pero la extrema derecha, ya sea en su versión norteamericana –Trump- o en su versión francesa –Le Pen- no tiene nada de antisistema, al contrario, es el plan B autoritario del sistema, y el independentismo catalán será anticonstitucional pero sumamente respetuoso con el sistema económico y social.Igualmente, populismo es una palabra que atrapa todo, que ya no significa nada. Sus definiciones más solventes son dos: hacer promesas a la ciudadanía a sabiendas que no podrán ser cumplidas. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nada se ajusta tanto a esta definición como la campaña electoral de Rajoy de 2011. La otra definición gira en torno a la conversión del pueblo en sujeto político de cambio, bajo liderazgos personales fuertes. Pero el pueblo es un concepto demasiado amplio, que sólo adquiere sentido desde la pluralidad que lo constituye. Algunos dirigentes de Podemos han hecho suya la idea de populismo, para identificar la construcción de un nuevo relato de base popular. Pero que poco tiene que ver con el uso descalificativo que se hace del término populismo, y con los otros movimientos identificados como tales. En cuanto a la posverdad -`presentar como novedad la apelación a los sentimientos y a las emociones en política’-, me parece ridículo. La novedad es que la viralización de las mentiras las convierte en verdades con grandes dificultades para combatirlas. Para revisar el crecimiento de la extrema derecha en Europa hay que despojarse de estos tópicos.

2.- En general, toda Europa viene sufriendo un desplazamiento a la derecha desde los años 80. La inseminación de la derecha clásica por el llamado neoliberalismo, que ha dado lugar a una síntesis a menudo llamada neoconservadurismo, en un contexto de inseguridad e incertidumbre creciente; y la incapacidad de la izquierda para dar respuesta al desamparo de las clases medias y populares hundidas por la crisis, ha dejado espacio libre al crecimiento de la extrema derecha en Europa. La derecha clásica ha sido radical en las devastadoras políticas económicas, pero discreta y prudente en el discurso público. Y la extrema derecha, sin complejos a la hora de levantar la voz, ha canalizado las iras de muchos sectores. Y ha conseguido arrastrar a buena parte de la derecha –e incluso a la izquierda en algunos casos- para hacer su propia agenda.La extrema derecha se nutre de las crisis de las clases medias. Como ha descrito Marina Subirats, desde los años 90 se fue construyendo la ilusión de que toda la sociedad era una inmensa clase media, con unos pocos ricos en la parte de arriba de la pirámide que habían optado por la secesión, y unos sectores marginales, casi invisibles, por la parte de abajo. Unos compraban en Zara y otros incluso en Louis Vuitton pero la quimera de la felicidad estaba construida con los mismos mimbres mentales del consumismo de masas. Esta ilusión se quebró con la crisis de 2008 que rompió a las clases medias por la mitad. Los que conservaron el empleo y pudieron mantener su trabajo profesional, favorecidos por la caída de la inflación, pudieron trampear la crisis razonablemente, pero se sintieron asediados por una de los sentimientos que más rápidamente se propagan en las clases medias: el miedo.

Los que perdieron posición y se encontraron ante un abismo que creían ya superado para siempre, entraron en el desconcierto y la angustia. Y muchos de ellos abandonaron a los partidos en los que habían confiado al sentirse traicionados y se dejaron llevar por el rechazo a la política o por las promesas de redención comunitarista que ofrecía el discurso duro de la extrema derecha. La izquierda vio cómo su propio electorado se iba al otro lado del espectro. Y la derecha, pero también la socialdemocracia, optaron por el mimetismo de la extrema derecha: seguridad, xenofobia y miedo, con lo cual no hicieron más que reforzarla.3.- La ciudadanía, en su desamparo, necesitaba chivos expiatorios: los encontró en los inmigrantes y en las élites. La crisis de los refugiados –a la que Ángela Merkel intentó inicialmente responder con franqueza, pero acabó acomodándose al estado general de opinión- reforzó el discurso contra los extranjeros, convirtiendo a los nacionales en víctimas y presentando a los inmigrantes como privilegiados que nos roban bienes y derechos.

Desde esta perspectiva se han ido desplegando todos los tópicos del discurso de extrema derecha: excepción nacional, antieuropeísmo, repliegue identitario, prioridad a los autóctonos, comunitarismo, rechazo a la diversidad cultural. Los atentados del terrorismo yihaidista han reforzado el rechazo al extranjero, convirtiendo a los musulmanes en principal chivo expiatorio.El complemento ideológico de la extrema derecha es el discurso antiélites, que les permite presentarse como lo que no son: una alternativa al sistema. En realidad, la extrema derecha es el plan B del sistema: la vía más directa hacia el autoritarismo posdemocrático. Pero se trata de capitalizar la reacción de la ciudadanía contra unas clases dirigentes y contra una clase política que, escondida detrás del discurso de los expertos, se ha ido alejando de la ciudadanía y desconectando de ella. Y para ello se presenta como personas ajenas a los que mandan, cercanas al pueblo y parte de él. Autenticidad popular como fondo de legitimación: somos como todos. El discurso antiélites es también una respuesta a una política que está transformando la democracia por la vía de la transferencia de la soberanía hacia la aristocracia de los expertos. Es decir, hacia la liquidación de la democracia liberal.4.- La derechización de Europa debilita enormemente los valores de las grandes tradiciones liberales y republicanas europeas. Como si la enorme inundación producida por la globalización, que siguió a la caída del muro de Berlín, siguiera todavía activa. Primero, se llevó por delante al comunismo, después a la socialdemocracia, ahora tocaría al liberalismo.

La razón crítica, la conciencia universal expresada en el imperativo categórico kantiano, la idea de humanidad como portadora de derechos básicos de todas las personas, las libertades civiles, se sienten amenazadas. Y el principio republicano es reemplazado por un comunitarismo de la peor especie. Y lo grave de la situación es que la derecha abandona el liberalismo ideológico –que no el económico- para hacer suya la agenda de la extrema derecha. Lo hemos visto en Francia donde la derecha católica, tradicional y conservadora ha desplazado al más liberal de los candidatos de las primarias, Alain Juppé, a favor del neoconservadurismo de François Fillon. Y no olvidemos que la derecha española ha sido pionera en este sentido. Mariano Rajoy intentó imponer una contrarreforma en los primeros años de su mandato. El presidente quiso demostrar que la derecha había recuperado el poder sin complejos, y puso en acción al arsenal católico, conservador y centralizador. Desde la impunidad de la mayoría absoluta, implementó tres proyectos estrella que encargó a los tres ministros con más carga ideológica del Gobierno: la ley de Educación de Wert, la ley Mordaza de Fernández Díaz, y la del Aborto, en manos de Alberto Ruiz Gallardón. La propina fue la reforma laboral. Los tres ministros ya no están, sacrificados a mayor gloria del presidente. La reforma del aborto quedó en intento. La Lomce ya ha decaído, envuelta en una promesa de pacto sobre la educación. Y la ley Mordaza está en el punto de mira de la oposición. España resiste, en parte porque la reacción contra la crisis nihilista ha venido de la izquierda y no de la extrema derecha.

moderado por:

  • Eddy Sánchez

    Profesor de Ciencias Políticas de la UCM y Director de la Fundación de Investigaciones Marxistas

  • Ana Barba

    Edafóloga, activista social y política por la democracia participativa, el feminismo y la ecología.

Conclusión del debate

El pasado noviembre de 2016 Espacio Púbico y CTXT iniciaron un debate inédito en los medios de comunicación, no solo españoles, sino europeos. A una década del comienzo de una de las crisis económicas más profundas desde el crack de 1929, los debates, cuando se han tenido, han girado sobre la idea de reformar el capitalismo; sin embargo, desde Espacio Público hemos decidido preguntarnos sobre el socialismo.

Conscientes de que el verdadero poder consiste en lograr que no se hable de lo que no interesa a quienes lo detentan, el economista y sindicalista Bruno Estrada elaboró el guión sobre el que se desarrolló el debate, moderado por Ana Barba, Portavoz de Ganemos Madrid y por Eddy Sánchez, Profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.

Durante tres meses y a través de treinta intervenciones, académicos, militantes de todas las izquierdas, activistas de movimientos sociales, sindicalistas y periodistas desarrollaron uno de los debates políticos más intensos dirigidos a responder a una pregunta: qué entendemos por socialismo hoy.

El socialismo hoy nace ante la evidencia de pensar en términos estratégicos, atendiendo a la necesidad de poner la mirada en las dinámicas de fondo que recorren nuestras sociedades y la incertidumbre de encontrarnos, ante una gran transición geopolítica y de los modos en que se ha organizado nuestra sociedad y formas de trabajar.

Movimientos de fondo que se profundizarán ante los escenarios que se mueven, entre el énfasis en una economía global en que el capital cada vez tendrá menos impedimentos para circular por el mundo y las reacciones y resistencias que genera.

La expansión de la globalización económica ha resucitado no solo expresiones de identidades étnicas y locales, sino que ha resucitado al gran sujeto a través del cual el socialismo ha desarrollado sus estrategias a lo largo del siglo XX: el poder del Estado.

Durante esta década de crisis han surgido movimientos sociales que han ido construyendo dinámicas de movilización con el objetivo de enfrentarse a los expolios originados por la movilidad del capital, que ven en el Estado la principal estructura de oportunidad para las formas de actividad política de dichos movimientos.

El objetivo de democratizar la economía aparece de nuevo como la estrategia más adecuada para emprender planes de cambios sociales radicales, algo que fue compartido por las estrategias socialistas y socialdemócratas del pasado siglo.

La idea sobre el declive de los Estados territoriales y su necesaria recuperación o no, la necesidad de elaborar estrategias globales que superen el “repliegue” hacia el Estado-nación, la participación de los trabajadores en la gestión y el capital de las empresas, la cuestión del trabajo y del sujeto de cambio sustentado sobre el trabajo o la concepción del cambio social sobre la idea del desarrollo en términos de atraso-modernidad o la constatación de su necesaria superación, son parte de los ejes de un debate al que invitamos a profundizar.

Finalizamos este debate con un acto el próximo martes 21 de febrero a las 12h en la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la Universidad Complutense.

Ponencia inicial

El socialismo de este siglo

El socialismo de este siglo

moderado por:

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

  • Nalonso

    Profesora en la URJC y miembro de EconoNuestra

Conclusión del debate

«La austeridad es una falacia». Así comenzaba la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de EconoNuestra, Nuria Alonso, un debate organizado por Espacio Público, EconoNuestra y Economistas Frente a la Crisis para analizar y explicar las consecuencias de las políticas de recorte en Europa y sus alternativas.

En el coloquio moderado por el economista Iván Ayala han intervenido además Nacho Álvarez (secretario de Economía de Podemos), Manuel de la Rocha Vázquez (secretario de Economía del PSOE) y Bruno Estrada (miembro de Economistas Frente a la Crisis y adjunto al secretario general de CCOO).

Nuria Alonso se ha referido a la idea del despilfarro del capitalismo que explica la aplicación de esta política de recortes que ha asolado Europa. «La austeridad ha cuajado en la calle, por eso hemos votado lo que hemos votado», ha añadido la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos.

Manuel de la Rocha Vázquez ha abogado por el concepto erróneo de austeridad que los neoliberales «utilizaron para atacar el Estado de Bienestar». Además, el secretario de Economía del PSOE cree que los defensores de esta ideología han utilizado esta idea para avanzar en los recortes y subir los impuestos.

El secretario de Economía de Podemos ha hecho alusión al «robo» de este término por parte de los mandatarios europeos al movimiento ecologista, quienes planteaban una austeridad «sensata, con unos recortes necesarios para hacer frente al consumismo exacerbado».

En cuanto a los efectos, Alonso sostiene que el problema de todo esto es que, con la excusa de vivir por encima de nuestras posibilidades, las autoridades europeas han aprovechado para recortar en los gastos sociales y, al mismo tiempo, ceder ese dinero al sector privado. «La prestación al servicio público ha quedado totalmente mermada».

Bruno Estrada ha mencionado una cartografía de los recortes en la que se analiza la evolución del gasto público de las administraciones públicas entre 2009 y 2014. Este informe, elaborado por CCOO, estimó que se habían recortado 77.000 millones de euros. 
Asimismo, el miembro de Economistas Frente a la Crisis considera que «este ajuste salarial ha aumentado las desigualdades entre los españoles».

Estrada cree además que la Unión Europea no tiene los recursos suficientes para paliar este problema económico, lo cual refleja la debilidad de las instituciones europeas. «Eran otras políticas las que se tenían que haber aplicado en Europa», ha zanjado.

«Por supuesto que la austeridad ha sido un éxito. Sin duda, esta política de recortes ha sido utilizada para blindar el capital financiero controlado por un cierto sector de la derecha europea, especialmente de la alemana», ha argumentado Nuria Alonso para explicar los errores que se han cometido a la hora que aplicar estas políticas.

El secretario de Economía del PSOE ha afirmado que hay que valorar el tamaño del sector público para garantizar el Estado de Bienestar. «Hay que luchar en Europa para que se respete la unión monetaria y fiscal, que inyecte dinero público y reduzca el déficit público de forma gradual».

Brexit y austeridad

«Son muchos los gobiernos de la Unión Europea, entre ellos Cameron, que han utilizado estos ajustes para apretar las tuercas a la ciudadanía que tanto ha luchado conseguir los derechos otorgados por el Estado de Bienestar», ha dicho Nacho Álvarez, quien además sostiene que Reino Unido podía haber evitado los recortes, ya que no pertenece a la Unión Monetaria. «Cameron ha hecho recortes porque ha querido», ha aclarado.

Estrada ha hecho referencia a la práctica interesada de estas medidas por parte de los mandatarios europeos y, especialmente, de los líderes ingleses: «Cuando ocurrieron los atentados de París, de repente, Gran Bretaña se olvidó de estas austeridad para invertir en un armamento necesario que eliminara al Estado Islámico».

Álvarez cree que hay que revertir los recortes para solucionar esta situación. «No hay que gastar sin más, sino revertir los recortes que han dejado profundas cicatrices en el Estado de Bienestar».

El secretario de Economía del PSOE confía en la inversión europea de redes transeuropeas que defiendan el bienestar público y actúen contra el cambio climático. También, sostiene que los países con más margen, como Alemania, podrían hacer una inversión más proactiva para ayudar a los estados miembros. En cuanto a España, De la Rocha determina la defensa de las clases trabajadoras como un principio básico para acabar con estas políticas de ajuste.

Por último, la miembro de EconoNuestra, como reflejó en su aportación a través del debate online abierto en Espacio Público en torno a las consecuencias y soluciones de estas políticas de ajuste, ha manifestado la importancia del papel del sector público para terminar con la austeridad. «Hay que regular la actividad privada para revertir la situación porque esta iniciativa no es capaz de hacerlo. Sigo confiando en la defensa del Estado de Bienestar para hacer frente a esta crisis», ha zanjado.

Ponencia inicial

¿Hacia dónde nos conduce la austeridad?

¿Hacia dónde nos conduce la austeridad?

En 2014, el profesor de la Universidad de Brown, Mark Blyth, editó un libro cuyo título llevaba incorporada su tesis: Austeridad. Historia de una idea peligrosa (editorial Crítica). Por él fue galardonado con el premio Hans Matthöfer a la mejor publicación económica del año en lengua alemana, que concedía la Fundación Ebert, muy cercana al Partido Socialdemócrata (SPD). Blith fue a Berlín a recoger el premio. Pero antes contó en un artículo lo que había pensado al enterarse de que se lo habían concedido: que a pesar de la impresión que se tenía en EEUU y en otras partes, en Alemania «había un movimiento que rehuía el planteamiento de que la austeridad es la única manera de resolver la crisis de la eurozona, al menos entre los socialdemócratas» y que lo más trágico de esta crisis era que «el centro-izquierda de toda Europa no sólo ha aceptado, sino que en muchos casos ha apoyado activamente unas políticas que no han hecho más que perjudicar a su supuesto núcleo de votantes.

El discurso con el que Blith recibió el premio se tituló, no menos expresivamente que el libro, Alegato contra la austeridad. Acabar con el paraíso del acreedor, en el que resaltaba la ironía de ser distinguido con un galardón «en un país que parece, al menos en el nivel de las élites, moralmente insensible al mensaje del libro que se premia hoy». Lo terminó como lo había empezado, con un mensaje a los socialdemócratas: «… lo importante es que recuperen su voz, no sólo su memoria histórica. Su porcentaje de votos no cae porque hagan lo que está haciendo la CDU [la democracia cristina germana]. Cae porque si todo lo que hacen es eso, ¿por qué debería votarles alguien? Espero que la lectura de mi libro le recuerde al SPD una cosa: que la razón de su existencia es hacer algo más que simplemente permitir un paraíso para el acreedor en Europa». Alguien había dicho que, en relación con las políticas de austeridad, los conservadores y los socialdemócratas europeos se han parecido a Twwedledum y Tweedledee, los gemelos de Alicia a través del espejo.

Sin embargo, no hace mucho tiempo la idea de la austeridad había sido una visión lúcidamente progresista. Hace tan sólo unas décadas la austeridad parecía uno de los instrumentos centrales para impugnar desde la raíz un modelo de crecimiento basado en el derroche y en el desaprovechamiento de los recursos naturales, una herramienta para sentar las bases de la sustitución del consumismo más exacerbado y para luchar contra el cambio climático, considerado poco a poco el problema más grave de la humanidad. ¿En qué momento esta idea fuerza de una austeridad progresista se transformó en algo tan diferente como ha sido la política económica dominante aplicada en Europa -especialmente en Europa del Sur- durante la Gran Recesión? ¿Qué tiene que ver la una con la otra?

Unos meses antes del estallido de la primera crisis del petróleo, en la década de los setenta del siglo pasado, el Club de Roma, una organización no gubernamental fundada en 1968, encargó al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) un informe que se tituló Los límites del crecimiento. En él se mantenía que si el incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantenían sin variación, la Tierra alcanzaría los límites absolutos de crecimiento todo lo más en un siglo. Se argumentaba que en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial [población y producto per cápita] no eran sostenibles, por lo que se exigían políticas de austeridad. Veinte años después, en 1992, se actualizó de aquel informe bajo el título de Más allá de los límites del crecimiento, y en 2004 se publicó una versión integral de los dos textos anteriores, titulada Los límites del crecimiento: 30 años después.

El testigo del Club de Roma a favor de una austeridad transformadora y redistributiva lo recogió en la izquierda el partido intelectualmente más imaginativo que ha existido en el pasado inmediato: el Partido Comunista italiano (PCI), liderado por ese personaje fascinante llamado Enrico Berlinguer. En un opúsculo titulado Austeridad (editorial Materiales), Berlinguer contestaba a cuestiones como por qué antes de la crisis del petróleo la izquierda no hablaba de la austeridad como posible estrategia superadora del capitalismo, y desde mitad de los años setenta sí; o por qué la política de austeridad transformadora era algo radicalmente distinto de una política de rentas y de una política de estabilización económica pese a que presentasen apariencias comunes. No dejaba de ser sintomático que Berlinguer desarrollara las ideas de su opúsculo sobre la austeridad en dos asambleas muy distintas: ante una convención de intelectuales y ante un grupo de obreros comunistas. Intelectuales y obreros eran las dos piezas básicas del proyecto del PCI, el único partido occidental a la izquierda de la socialdemocracia que estuvo a punto de gobernar (hasta que llegó Syriza, en Grecia)

Berlinguer, uno de los creadores de los conceptos de eurocomunismo y del compromiso histórico, explicaba que la austeridad, según los contenidos y las fuerzas que la encaucen, puede utilizarse como instrumento de depresión económica, de represión política y de perpetuación y agrandamiento de las injusticias sociales, o como ocasión para la implantación de un modelo de crecimiento económico y social nuevo, para un riguroso sometimiento del Estado, para una profunda transformación social, para la defensa y expansión de la democracia. Así, una política de austeridad transformadora no sería una política de nivelación a la baja hacia la pobreza o la indigencia, ni ha de proponerse como objetivos la mera supervivencia de un sistema que había entrado en crisis. Por el contrario, había de tener como finalidad la justicia, la eficacia y una moralidad nueva, conceptos u´tiles pero demasiado genéricos para la actualidad.

Esta es la interpretación del concepto de austeridad arrebatado a la izquierda. Concebida como lo hizo Berlinguer, aunque una política de austeridad implique (necesariamente, por su propia naturaleza) determinadas renuncias y sacrificios concretos, adquiría al tiempo un significado renovador y devenía en un acto de libertad para los sometidos a viejas subordinaciones y a intolerables marginaciones, creaba solidaridades y «al ir acaparando un consenso creciente, [se convertía] en un amplio movimiento democrático al servicio de una tarea de transformación social».

Berlinguer planteaba hace casi 40 años (1977) un dilema muy actual: o nos abandonamos al curso actual de los acontecimientos dejándonos caer peldaño a peldaño por la escalera de la decadencia, de la barbarización de la vida y, más temprano que tarde, de una involución política, o por el contrario se afronta la versión redistributiva de la austeridad. Ello implicaría restricciones de ciertos bienes a los que nos hemos acostumbrado, renunciar a ciertas ventajas adquiridas aunque nunca en el terreno de la protección social. «Estamos convencidos de que no es absoluto cierto que la sustitución de determinadas costumbres actuales por otras más austeras y no derrochadoras, vayan a conducir a un empeoramiento de la calidad y de la humanidad de la vida. Una sociedad más austera puede ser una sociedad más justa, menos desigualdad, realmente libre, más democrática, más humana». En definitiva, se adelantaba a nuestros tiempos con una versión de la austeridad muy distinta a la austeridad autoria de nuestros días.

La mejor definición técnica de austeridad la de Blyth en su libro: es una forma de deflación voluntaria por la cual la economía entra en un proceso de ajuste basado en la reducción de los salarios, el descenso de los precios y un menor gasto público, todo enfocado a una meta: la de lograr la recuperación de los índices de competitividad, algo cuya mejor y más pronta consecución exige (supuestamente) el recorte de los Presupuestos del Estado y la disminución de la deuda y el déficit. Adoptar este paquete de medidas generaría de modo teórico una mayor confianza empresarial, dado que el gobierno habría dejado tanto de copar el mercado inversor, al absorber todo el capital disponible mediante la emisión de la deuda, como de incrementar la deuda nacional, ya excesivamente grandes de por sí.

Frente a la visión de la austeridad progresista se ha expandido durante la Gran Recesión, sobre todo en la Unión Europea, otra modalidad de austeridad que en el lenguaje académico se ha denominado «austeridad expansiva». Arranca de un trabajo de los profesores italianos de la Universidad de Harvard, Alberto Alesina y Silvia Ardagna («Tales of Fiscal Adjustment») publicado en 1998, que defiende lo siguiente: independientemente del nivel inicial que pudiera tener la deuda, todo ajuste fiscal que base sus objetivos en recortar el gasto y vaya acompañado de una moderación salarial y de un proceso de devaluación tendrá carácter expansivo. Resumiendo: los recortes de hoy provocarán el crecimiento de mañana. Los que se quedan por el camino son considerados algo así como los «daños colaterales» de la austeridad expansiva.

Este texto fue actualizado en 2009, en la coyuntura más baja de la Gran Recesión («Large Changes in Fiscal Policy). Los autores toman nueve ejemplos de otras tantas contracciones expansivas, para concluir que los ajustes fiscales de éxito se fundamentan por entero en la introducción de un conjunto de recortes en el gasto, acompañados de una reducción tributaria. Ambos artículos conforman el corpus teórico inicial de esta tipología de austeridad, y han sido objeto de disecciones, añadidos, comprobaciones y refutaciones en el mundo académico y de los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, ha sido la propia realidad (lo sucedido en los países de Europa del Sur) la que ha desacreditado y debilitado las tesis de Alesina y Ardagna, cooptadas durante todo este tiempo por Alemania y su glacis, así como por sus principales aliados, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Si se analizan las porciones de «austeridad expansiva» que se han administrado en Europa, no precisamente en dosis homeopáticas, se concluirá que ha habido menos crecimiento que antes, pero sobre todo que no se ha reducido la deuda pública, ni se ha protegido a las poblaciones en tiempos difíciles. Más pobres, más desiguales, más desempleados, más precarios, y menos protegidos: se ha manifestado un profundo y prolongado declive (con efectos estructurales), que continuará durante mucho tiempo, en sectores mayoritarios de la sociedad, más vulnerables cuanto más desfavorecidos han sido por la gestión de la crisis económica..

Un informe publicado en octubre de 2012 por los analistas de perspectivas de la economía mundial del FMI llegaba a la conclusión de que en la aplicación de esa austeridad expansiva se habían subestimado de modo generalizado los multiplicadores fiscales negativos de la eurozona, de modo que los efectos de tal política económica (las devaluaciones salariales, los recortes en el gasto público, el incremento del paro…) se ampliaron en todos los sectores de la economía, llegando en algunos casos a quedar sobrevalorados en un 150% de lo previsto.

El momento de gloria de Alesina y Ardagna llegó a su fin -por ahora- en el punto en el que el nada sospechoso FMI recordó que si se aplican a las economías reales y a la vida de las personas tales dosis de esta modalidad de austeridad será «una idea peligrosa» (*) Serían risibles, si la austeridad expansiva no hubiera tenido consecuencias tan dolorosas, las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, de que «nos hemos pasado cuatro pueblos» aplicando esa política).. El profesor de la Universidad de Brown, como antes Steve Keen (**) La parte más asombrosa del extraordinario libro La economía desenmascarada (editorial Capitán Swing) del profesor australiano Steve Keen -premio Revere Award de la Real World Economics Review por haber sido el economista que con más contundencia advirtió de la crisis- quizá sea aquella en la que su autor describe la penetración de la ortodoxia neoclásica en la docencia -libros de texto, profesorado, cátedras,…-, servicios de estudio, programas de investigación, organismos multilaterales, etcétera. Cuando analiza la falta de autocrítica de las ideas expuestas, con resultados tan nocivos, Keen subraya: «Llegué a la conclusión de que la razón por la que manifestaban estas conductas tan poco intelectuales, tan ideológicas y en apariencia tan destructivas desde el punto de vista social, no tenía que ver con patologías personales superficiales sino que era de naturaleza más profunda. Lo que ocurría es que la forma en que habían sido formados les había inculcado las pautas de comportamiento de los fanáticos, más que de intelectuales desapasionados». Pero este es otro debate. y otros, se duele de la ausencia de autocrítica y de la falta de responsabilidades ante errores tan graves como el de los multiplicadores fiscales sobrevalorados, que tantos sacrificios superfluos han generado: «No obstante, y a pesar de que el FMI haya perdido la fe en la austeridad, esto no significa que sus defensores no estén tratando de encontrar nuevos ejemplos de su (presunto) funcionamiento positivo. Hay demasiadas reputaciones en juego, y demasiado es también el capital político invertido, como para permitir que unos simples e inoportunos hechos vengan a interponerse en el camino de esta ideología».

Este es parte del estado de la cuestión sobre la austeridad.

moderado por:

  • María Eugenia Rodríguez Palop

    Eurodiputada de Unidas Podemos. Titular de filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

  • Vanesa Jiménez

  • Ignacio Sánchez-Cuenca

    Profesor de Ciencias Políticas de la Carlos III y consejero editorial de CTXT

Conclusión del debate

«Cómo financiar un buen medio, esa la gran cuestión». Así planteaba el filósofo y escritor Santiago Alba Rico la necesidad de garantizar y fomentar la pluralidad de los medios para acabar con el «paradigma letrado» que impera en nuestra sociedad.

En un debate organizado por Espacio Público y CTXT, la periodista Rosa Pereda, la profesora de Filosofía del Derecho María Eugenia Rodríguez Palop, el politólogo Víctor Alonso Rocafort y Santiago Alba Rico han discutido sobre el papel de los intelectuales y los medios en la esfera pública, y sobre su influencia en la agenda política actual. Miguel Mora, director de CTXT, ha sido el encargado de la moderación y planteamiento del tema.

En su intervención, Rosa Pereda ha insistido en que, a pesar de la degradación de la esfera pública, los intelectuales siguen estando presentes como siempre y, por supuesto, «luchando como cuando lo hacíamos contra Franco».

«Los intelectuales están en trance de desaparición», ha explicado Santiago Alba Rico. Cree que «sigue habiendo muchas palabras, pero no hay intelectuales».

Francia, según ha dicho, es de alguna manera una excepción: «La intelectualidad forma parte del folclore francés, pero es de derechas, islamófoba y capitalista, por lo que influye en el discurso y en la ciudadanía».

Alba Rico considera que los medios de la transición tuvieron mucha importancia, mientras que ahora, estos mismos medios se están pasando al lado oscuro. Para él, «España, por un lado, es débil y por eso se va a la derecha y, por otro lado, hay una parte indeterminada de la sociedad que es la que hay que trabajar para vincularla al discurso».

El ensayista además ha afirmado que la filosofía ya no existe, ya que ésta estaba sujeta a la narrativa. «Esto se debe al capitalismo», ha explicado.

María Eugenia Rodríguez Palop ha iniciado su intervención con una serie de datos que refleja el panorama de la mujer en el mundo de la universidad: el 56,6% de las graduadas universitarias son mujeres, el 40% son profesoras titulares, hay un 20% de catedráticas y solo una rectora.

La profesora de Derecho se ha mostrado muy crítica con la carrera académica, ya que el sistema «impuesto» permite que los alumnos absorban estructuras de dominación por parte de los profesores.

María Eugenia Rodríguez Palop, quien ha asegurado que «los medios se rigen por la lógica del capital financiero», cree que los intelectuales deben ser pensadores autónomos y críticos. Y sobre todo, tienen que deberse al servicio público.

Víctor Alonso Rocafort, el único de los cuatro participantes que ha reivindicado la política, ha propuesto dejar atrás el régimen del 78, crear nuevos medios y que el intelectual entre en escena desde el cuidado de la palabra.

En cuanto a la Universidad, el politólogo considera que es un «agujero ético» en el que unos grupos de poder someten. «Como no podemos crear una Universidad alternativa, podemos crear unos medios que echen cara a los tradicionales», ha añadido.

Asimismo, Rocafort ha señalado que en España hay una tradición antiintelectual en la izquierda y antireaccionaria que ataca a la ciencia, la filosofía, las humanidades, la música… «La intelectualidad que tenemos que defender es aquella que forme a los ciudadanos como oradores. Por eso hay que potenciar las humanidades, la filosofía y la ciencia para transformar la esfera pública», ha insistido.

Fomentar la pluralidad

«El periodismo no puede ser gratis», ha comentado Alba Rico. Además, el filósofo sostiene que los medios alternativos no han conseguido la autoridad necesaria como sí hicieron otros medios durante la Transición.

Por su parte, Rocafort ha manifestado que tenemos que «repensar muchas cosas», como fomentar un espacio público donde se apoye a todos los proyectos políticos y por supuesto, donde la crítica tenga una aceptación. «Los medios deben de ser muy conscientes para permitir la pluralidad porque eso es lo que garantiza la democracia», ha zanjado.

Juan Carlos Monedero, desde el público, ha destacado la necesidad de optimismo en estos tiempos para la regeneración de la esfera pública. «Deberíamos dejar a un lado los discursos facilones de orden sentimental», ha respondido Santiago Alba Rico al sentirse aludido por las palabras del politólogo.

El encuentro pone broche final al debate abierto por Espacio Público y la revista CTXT desde el pasado mes de mayo titulado Medios, intelectuales y política: un debate largamente aplazado y cuyo ponente, Pablo Sánchez León, trata, entre otros temas, de las ventajas de los intelectuales como grupo sin organización, los intelectuales españoles del 78, las ‘puertas giratorias’ del mundo académico posfranquista, y a quién rinde cuentas el intelectual mediático.

Entre los nombres que han debatido en el espacio virtual, además de los invitados al espacio digital, destacan: Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Ciencias Políticas de la Carlos III; Leopoldo A. Moscoso, politólogo y sociólogo; José Antonio Pérez Tapias, miembro del Comité Federal del PSOE y profesor decano de Filosofía en la UGR; Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas; Marina Subirats, socióloga, política y filósofa; o Beatriz Gimeno, consejera y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.

Ponencia inicial

Medios, intelectuales y política

Medios, intelectuales y política

un debate largamente aplazado

Introducción

CTXT y Espacio Público abren sus páginas a una discusión cultural conjunta sobre el papel de los intelectuales y los medios en la esfera pública, y sobre su influencia en la agenda política actual.

La crisis que ha vivido España ha producido un cuestionamiento general de las estructuras políticas y económicas del país, generándose un debate inédito sobre nuestro sistema político y sus límites. Dicho debate no podía dejar de alcanzar al papel de los medios de comunicación y de los intelectuales en una sociedad quebrada generacionalmente.

Surgen cuestiones sobre la independencia de los medios, sobre la renovación generacional de los intelectuales, sobre los límites de la crítica al sistema y sobre la persistencia de valores políticos que se remontan a la transición o al periodo de bipartidismo imperfecto que viene existiendo desde 1982.

La aparición de una cultura y una política crítica con la anterior, ese pequeño milagro, no previsto, se traduce en el choque de dos culturas -quizás sea más correcto definirlas como culturas, antes que como generaciones-. Una, con unos presupuestos que parecen haberse formulado en los 80, que han sufrido pocas variaciones, y que aparece cotidianamente en los medios. Y otra formada fuera de los medios convencionales, en la red, que ha fabricado críticas a esa cultura, al sistema posterior a la Transición, y que, por lo que sea, no tiene un acceso normal a los medios. Sin duda, se trata de una situación única en Europa. Más allá de una ruptura tecnológica, que parece organizar el mundo en dos grandes grupos generacionales, aquí existe una brecha cultural y política, enfrentada y separada.

Es posible que ambas culturas no tengan nada que decirse. Lo que es seguro es que ambas culturas carecen del lugar dónde hacerlo. CTXT y la sección de Público, Espacio Público, en ese sentido, pretenden establecer un diálogo entre ambas culturas sobre dos temas o ejes. A saber: el rol del intelectual en los últimos 40 años en el Estado y la agenda política del siglo XXI en España.

Se trata de verbalizar un enfrentamiento singular, cultural y político, producido en una cultura y una política tan cerradas que no ha habido lugar ni tiempo para ello hasta ahora. El debate se realizará a través de artículos de no más de 1600 palabras, firmados por personas que tienen algo que decir al respecto, y tendrá unas reglas estrictas, que impedirán roces y malhumores más allá de los habituales en un enfrentamiento cultural. Se trata de las reglas habituales en el periodismo, en los estudios culturales, en los estudios políticos, en la crítica, que en otras culturas han posibilitado que este debate, aquí aplazado, haya fluido con cotidianidad.

En esta línea, el historiador Pablo Sánchez León comienza el debate Medios, intelectuales y política con una ponencia en la que trata, entre otros temas, de las ventajas de los intelectuales como grupo sin organización, los intelectuales españoles del 78 y las ‘puertas giratorias’ del mundo académico posfranquista, y a quién rinde cuentas el intelectual mediático.

De esta manera, pedimos a los participantes que quieran discutir, que lo hagan con el vitalismo, la claridad y la contundencia que quieran. Pero también con ¿deportividad?, desde la predisposición a establecer un diálogo, a ser contestados más allá de cómo se suele contestar al adversario en una tertulia radiofónica o televisiva. Es decir, con unos presupuestos que no existe en nuestros medios locales. Les pedimos, por tanto, que se inventen un modo de hablar que posibilite eso que no ha existido hasta ahora: autocrítica, generosidad y diálogo.

Los ciudadanos, los medios y el poder de los intelectuales

En las últimas semanas los intelectuales españoles han pasado al centro de atención de la opinión pública. De pronto, en lugar de leer sus columnas y escuchar sus comentarios en busca de opinión se habla críticamente de su actividad y del lugar que deben ocupar en la esfera de opinión pública. Teniendo en cuenta que en los últimos años han sido objeto de escrutinio público recurrente también los políticos, los grandes empresarios, las administraciones públicas, los poderes financieros o las autoridades de la Unión Europea, la primera pregunta que surge es más bien por qué han tardado tanto tiempo ellos en ser reevaluados por parte de una ciudadanía más exigente. Porque lo curioso del caso es que, aunque nadie les reconoce una función determinante en la puesta en entredicho de esos poderes, lo cierto es que se han librado de la censura social durante los años duros de la crisis. Si se trata de un privilegio, ¿dónde se origina o de qué proviene? Si no lo es, ¿por qué es solo ahora cuando se les pone en entredicho?

Para hacerse cargo de estas cuestiones se necesita una mirada sobre la historia de los formadores de opinión en España, sean estos intelectuales o no por su formación. Pero seguramente se necesita algo más, aunque sea para evitar, como hasta ahora, hablar de gente concreta cuya manera de ejercer de opinadores empieza a aparecer como inadmisible u obsoleta a pasos rápidos. ¿Quién debe legítimamente evaluar a los evaluadores de la conducta pública de nuestros poderosos? Si a lo que se aspira es a no quedarse en cómo son los intelectuales mediáticos españoles de ayer y hoy, sino en los que deseamos para mañana mismo, la reflexión debería culminar en propuestas que vayan más allá de clasificarlos en intelectuales con y sin desfachatez.

Las ventajas de un grupo sin organización

Aunque siempre han ejercido como una suerte de aristocracia de la opinión, desde el principio los intelectuales han ejercido su actividad entre la búsqueda de la aprobación popular y la defensa del orden establecido aunque, con el desarrollo del capitalismo, cada vez más también lo han hecho simplemente como fuente de ingresos. Para no depender de forma directa del Estado —ni menos de la aclamación ciudadana— han contado a su favor con su indefinición corporativa. En efecto, ya en su contexto de surgimiento un rasgo singular de este grupo es que no estaba adscrito a ningún gremio susceptible de reglamentación jurídica pero, a diferencia del resto de los trabajadores asalariados y profesionales liberales, tampoco se ha destacado después por invertir en organización colectiva. Esta falta de regulación interna ha permitido a los intelectuales parecer desde fuera un grupo cohesivo —cuando lo habitual entre sus miembros es la competencia no reglada por el estatus. Así, cuando Gramsci planteaba el partido de vanguardia como un intelectual “orgánico”, tensaba al máximo el sueño frustrado de incorporar a los intelectuales a la lucha por la hegemonía de un proyecto de transformación social.

No es esta su única marca del pasado que llega hasta hoy. Por el camino se dieron algunos procesos importantes de especialización, entre ellos separar el político profesional, el ideólogo de una facción y el propietario de un periódico respecto de la pluma firmante de tribunas y manifiestos, pues al principio lo habitual era que estas funciones se confundieran en una misma persona. Otro jalón fundamental tuvo lugar con el despliegue del Estado social y las políticas de bienestar de la posguerra mundial: la incorporación de los expertos a la nómina de los formadores de opinión con presencia cotidiana en los medios de información. Con este último rasgo nos acercamos ya al modelo de intelectual que al parecer seguimos reclamando. Pero ¿realmente queremos un espacio público dominado por autoridades solo porque posean conocimientos? La ciencia no suele operar como un promotor de la discusión pública, sino al contrario: a menudo se recurre a ella para imponer consensos y zanjar cuestiones sin participación ciudadana. Si lo que aportan al debate fuera realmente conocimiento, la hegemonía de los expertos ¿no debería ser inversamente proporcional al aumento del nivel cultural de la sociedad?

Hay bastantes espejismos en el prestigio social de los intelectuales. Uno último a considerar es que dan la impresión de adecuarse con facilidad a nuevas realidades, públicos y contextos, permitiendo la promoción de nuevos rostros y firmas por mecanismos meritocráticos. No es en absoluto el caso, pero surge la pregunta: si los intelectuales no están organizados en un sindicato, ¿cómo regulan el acceso a sus rangos de los neófitos? En realidad, que no estén organizados no quiere decir que no haya condiciones para su apertura y cierre como grupo. En el caso de democracias jóvenes como la española, hay en juego una componente importante de tipo temporal: se equivocan quienes piensan que los intelectuales españoles de hoy forman una generación, pero sí forman en su mayoría parte de una generación concreta, y ello explica bastante cómo son los mecanismos de regulación de la intelectualidad española que heredamos del siglo XX.

Los intelectuales españoles del 78 y las “puertas giratorias” del mundo académico posfranquista

En la medida en que la Constitución del 78 ha sido fundamento de un orden de cosas o un régimen, ello ha sido obra de una cohorte demográfica con conciencia de protagonismo histórico, que también ha sido la mayor beneficiaria del bienestar del fin de siglo. Hoy ya no se niega que la democracia posfranquista generó su propio marco cultural —la llamada Cultura de la Transición (CT)— con sus lógicas de inclusión y exclusión y su economía política de la producción de consenso. Abundando críticamente en esta perspectiva es posible ubicar a los intelectuales españoles del posfranquismo hasta la actualidad.

Entre las especificaciones por desarrollar de esa CT está la de los orígenes académicos de una parte importante de los formadores de opinión en la España de la dictadura a la democracia. La secuencia es fácil de seguir: la primera gran cohorte de universitarios españoles nutrió los cuadros de la oposición antifranquista primero, y después los de las mayorías de la socialdemocracia —o, en la acepción de Alfonso Ortí, la “socialtecnocracia” posfranquista. De vuelta les vino el acceso masivo a la condición funcionarial desde mediados de los ochenta, y con ello el control de la renovación del propio profesorado futuro y los recursos públicos para la I+D. Los intelectuales españoles que han empezado a jubilarse en estos años han regulado ellos la reproducción de la masa de expertos que vienen figurando como intelectuales en los medios.

El dato principal que no debe faltar en esta narración es que la universidad española —como otros servicios estratégicos del Estado, como el espionaje— tardó demasiado en democratizarse, si es que realmente ha llegado a hacerlo hasta la fecha. Los intelectuales de la transición y de después saltaron pues a las tribunas de la prensa y la televisión sin un entrenamiento en las maneras del diálogo, la deliberación colectiva y la promoción del bien común antes que el particular o partidista. Un mundo cultural no democratizado se caracteriza porque en él las relaciones personales priman sobre la autonomía de criterio, y los debates, entre escasos y nulos, no modifican un ápice las prioridades de los agentes implicados y con poder. El académico español es además un espacio en el que se ejerce mucho poder sin ostentar cargo alguno, a través de facciones, clientelas, autoridades personales —normalmente heredadas de la época de fuerte adscripción ideológica del profesorado en la transición— nunca sometidas a escrutinio crítico ni a rendimiento de cuentas, pero de las que depende el acceso, la estabilidad o la promoción.

Cuando Sánchez Cuenca habla de una “cultura del colegueo”, ¿no conviene subrayar que ese rasgo viene de atrás, y de otro lugar, que es el pasado académico de la mayoría de los intelectuales españoles? Porque tampoco vale decir que se trata de un rasgo moral común entre los españoles. Lo que nos falta es identificar en el salto de la universidad a los medios un mecanismo de “puertas giratorias” tan extendido como el que se denuncia desde el cargo político a los consejos de administración: lo preside una análoga lógica patrimonial, de la prebenda personal y los favores recibidos —o las enemistades profundas y duraderas trasladadas del campo profesional al mediático. Este rasgo en concreto se lleva además especialmente bien con la jerarquía interna que cultiva la empresa privada, como puede ser el caso de muchos periódicos y medios. Habría que añadir aquí cómo se ha venido realizando el encaje de estos intelectuales mediáticos con los periodistas profesionales, especialmente con quienes son elevados a la condición de formadores de opinión. Así como con sus crecientes competidores, las celebridades y los tertulianos de todo tipo.

Esto último puede ser un fenómeno más generalizado en países de nuestro entorno. Lo que en cambio es más de aquí es que estos intelectuales fraguados en el antifranquismo se hicieron formadores de opinión por la loable pretensión de emular a los grandes intelectuales públicos del primer tercio del siglo XX. La paradoja, sin embargo, es que ahora, treinta años después, se encuentran acusados de defender un régimen de oligarquía y caciquismo como el de que a fines del siglo XIX justificó la implicación pública de sus predecesores.

Puestos a buscar motivos de esta pérdida de valoración social, una hipótesis es que no han cultivado la escucha ni de los jóvenes ni de la gente normal: ante una situación de dramática crisis económica y moral, se están dedicando más bien a señalar las virtudes del orden establecido, su “natural reformabilidad” aunque no se sepa hacia dónde, y no han dudado en cebarse con los peligros de las alternativas. No solo no se muestran empáticos con los problemas de la gente, sino que utilizan las tribunas para amedrentar y airear peligros desde su supuesta condición de expertos. ¿Seguro entonces —como se nos ha querido decir— que el intelectual posfranquista se ha “democratizado”? Porque la impresión es que muy al contrario más bien se ha oligarquizado: además de volverse elitista, ha perdido el vínculo sustantivo con la ciudadanía, y esta finalmente ha pasado a señalarlos.

En los intelectuales de la generación del 78 se perciben desde luego tics propios del envejecimiento, pero esto puede justificarse como ley de vida. Lo que conviene en cambio evaluar es si al tiempo han surgido públicos más exigentes, incluso más inteligentes y cultos que sus elites. Da la impresión de que hay ahora un ciudadano distanciado de los mitos fundacionales de la transición cuyo discurso trae consigo una nueva etiquetación crítica de lo que antes parecía normal, de ahí que se reclame a los intelectuales del 78 que siguen en activo que expliquen por qué ya no piensan como pensaban antes.

Con todo, este escenario podría tener una fácil resolución conforme aumentan los medios de información y opinión: cuantos más lugares donde opinar, más oportunidades de leer nuevos tribunos más sensibles a los problemas de la gente. Y sin embargo, el pluralismo mediático puede no bastar si por el camino no se abre en canal la cuestión de qué intelectuales, con qué códigos de conducta y para qué formación de opinión.

¿A quién rinde cuentas el intelectual mediático?

¿Por qué dar tanta importancia a un grupo indefinido, lastrado por su propia biografía colectiva, y que no representa en principio un poder formal como un consejo de administración o siquiera un concejal de obras públicas? ¿Cuál, si lo hay, es el poder del intelectual? La clave está en la calidad de lo que se emite, medida por su contraste con el valor de todo lo que queda sin publicar y podría contribuir a la opinión. Esta enorme desigualdad relativa es la que convierte a los intelectuales que consiguen verse publicados en representantes de la opinión, y lo que explica que se acaben dando apenas unos pocos nombres propios cuando se trata de llamar la atención acerca de las prácticas y maneras de un colectivo potencialmente mucho más extenso.

Siempre existirá una aristocracia del saber. Lo que no es de recibo en una democracia es que pueda estar tan poco representada en una oligarquía de la opinión. Visto así, la regeneración de este espacio pasa, como el de todo poder, por el rendimiento de cuentas. Cuando hoy día se denuncia que muchos intelectuales españoles escriben con total impunidad se está señalando que, aun careciendo a menudo de autoridad, lo que parece sobrarles es un poder ejercido sin rendimiento de cuentas. ¿Qué puede razonablemente exigírsele al intelectual formador de opinión? ¿Cuál es la responsabilidad mínima que se puede reclamar a un formador de opinión con credenciales académicas? Por descontado, que conozca del tema que se trata o del que se le solicita una opinión; pero esto no es suficiente: también hay que reclamarle que re-conozca su ejercicio de poder ante la opinión pública. Todo lo que no pase por ahí es tratar al público de tonto.

Por concluir, lo que creo que ha vuelto a determinados publicistas españoles cada vez más insoportables ante públicos más exigentes es su forma de presentarse en público como si el poder no fuera con ellos, como si se tratase de algo externo que ellos solo vienen a estudiar y criticar. Esta interpretación puede parecer acertada o no: lo que en cambio no parece discutible es que un intelectual —que ha logrado el prestigio y el sobresueldo por su condición de experto en conocer el poder— demuestra ser un fraude como profesional desde el momento en que niega públicamente que su actividad pública y mediática carece de una dimensión de poder.

Es de este tipo de actitudes de las que una ciudadanía activa debe protegerse, y a ese fin los medios deben contribuir sin escudarse en argumentos de oportunidad y línea editorial. Más allá de hacer a estas vacas sagradas legítimo objeto de sátira —tal vez la más elemental y sana actividad de crítica ciudadana— la gente reclama que los intelectuales no sigan siendo intocables. Se trata sin duda de un tema espinoso, y no solo por evitar dar argumentos a quienes aprovechan cualquier crítica a sus privilegios para ponerse en la posición de víctimas de ataques a la libertad de prensa y opinión: en la medida en que se trata de un poder informal, igualmente las sanciones contra quienes transgreden han de ser informales. Si ellos no se pueden regular a sí mismos, al menos deberían recibir el mentís colectivo interno de la profesión —sus colegas de oficio— y de los medios donde escriben, con los periodistas profesionales a la cabeza.

Si los propietarios y directivos de los nuevos medios de comunicación no ponen en marcha ninguna medida de rendimiento de cuentas se encontrarán con ese elemental mecanismo propio de la democracia de mercado que es “votar con los pies”: los lectores tenderán a irse a otra parte a buscar la opinión. Es cierto que las nuevas tecnologías han aportado ya su nada desdeñable granito de arena a la reestructuración del campo entero de la comunicación, pero hay que reconocer que el sistema de comentarios al pie de las tribunas en medios electrónicos más bien favorece un formato plebeyo —por aclamación o rechazo— que realmente una participación popular en la formación de la opinión. Por aquí se trata de seguir experimentando.

Por el camino la alternativa es poner a los intelectuales reticentes al rendimiento de cuentas en el nivel de las celebrities que les corresponde: están ahí por su capital social, no por su capital humano. Y de lo que habrá que debatir es que son los famosos, no los pensadores, quienes ya funcionan como articuladores de la circulación de las elites culturales.

moderado por:

  • Carlos Enrique Bayo

    Periodista

  • Henrique Mariño

Conclusión del debate

Tras crisis de los refugiados subyace el fracaso político de la UE. Es la conclusión a la que han llegado este jueves los ponentes del debate Europa ante la inmigración, organizado en Madrid por el foro Espacio Público, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el diario Público. No sería, pues, una crisis coyuntural debido al éxodo motivado por la guerra siria sino la constatación de que las políticas comunitarias han dado la espalda a los extranjeros que buscan un futuro mejor o huyen de conflictos.

“La UE fracasó en su política de emigración, dejándola treinta años en manos de las mafias. No es un problema de individuos sino un problema estructural”, cree el politólogo Sami Naïr, encargado de abrir el acto, celebrado en Ecooo, y que llenó por completo los espacios habilitados para seguir el debate. “La crisis de los refugiados ha demostrado la ausencia de una política común”, añade el filósofo francés de origen argelino, que considera que “Europa ha pisoteado sus valores”.

El último ejemplo, el pacto con Turquía para expulsar a los solicitantes de asilo llegados a Grecia, que a su juicio “no va a funcionar porque los países miembros no lo van a aplicar o lo aplicarán según sus intereses”. Es decir, que no acogerán a los refugiados que deberían. Basta el ejemplo de España, que en seis meses sólo ha recibido a dieciocho de las casi 16.000 personas que se comprometió a traer a nuestro país.

“Puede erigir los muros que quieran, porque las migraciones seguirán”, añadió Naïr, convencido de que hoy en día “la UE no existe” y de que “sus dirigentes no representan a las sociedades europeas”. Frente a esa pasividad institucional, son las ONG quienes asisten a los recién llegados, lo que lleva al responsable de relaciones externas de Médicos Sin Fronteras, Carlos Ugarte, a considerar “impresentable” que sean los voluntarios quienes tengan que asumir la función de la Unión Europea.

“El faro a la hora de adoptar una solución política es tratar a la gente con humanidad”, cree el miembro de MSF. “Uno no puede blindar las fronteras sin que se desvíen los flujos migratorios hacia los puntos más peligrosos, es decir, hacia el mar”. Ugarte, que recordó que en 2015 hubo casi 60 millones de personas desplazadas en el mundo, criticó a Frontex por estar orientado a la protección de las fronteras, “lo que demuestra la ceguera absoluta de la UE”, que permite que el mar “haga una criba”.

“No sólo es una crisis humanitaria sino también una crisis de derechos humanos”, explicó Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autonóma de Madrid. También supone una “crisis de valores de las instituciones europeas, que debería repensar su política exterior”, añadió la moderadora del acto, que dio paso a Estrella Galán, convencida de que “el derecho de asilo ha sido secuestrado, por no decir que ha sido ahogado intencionadamente en el Mediterráneo”.

La secretaria general de CEAR no sólo fue crítica con la “deshumanización” de Bruselas, cuyas estrategias “son parches porque las rutas van a cambiar”, sino también con el Gobierno de Mariano Rajoy. “España ha enseñado a la UE cómo expulsar legalmente a los refugiados, al tiempo que les sigue exigiendo el visado de tránsito, un trámite que no se puede realizar cuando las embajadas cierran debido a las guerras”.

Marina Albiol quiso dejar claro que “ésta no es una crisis humanitaria inevitable sino consecuencia de políticas llevadas a cabo por la UE y Estados Unidos debido a intereses económicos, que es lo que hay detrás de todas las guerras”. La europarlamentaria de Izquierda Unida advirtió además de que “la extrema derecha no está sola”, pues su discurso está siendo compartido por partidos socialdemócratas, conservadores y liberales.

“El acuerdo con Turquía, ilegal e inhumano, es un mercadeo de intereses, pues se compran y venden personas por 6.000 millones”, concluyó Albiol, quien llamó a la movilización de la ciudadanía: “No vamos a ganar nada en los Parlamentos que no se haya ganado previamente en las calles”.

Tras su intervención, tomaron la palabra una veintena de expertos, periodistas, políticos y representantes de ONG. Julio Rodríguez, exjefe del Estado Mayor de la Defensa, criticó el uso de la “estrategia del miedo” por parte de la UE, que ha fracasado por aplicar “soluciones cortoplacistas a problemas que vienen de lejos». El número dos de Podemos al Congreso por Zaragoza, que finalmente no fue elegido diputado en las pasadas elecciones generales, recordó que, tras los atentados de París, las empresas armamentísticas se dispararon en bolsa.

Antonio Miguel Carmona, que encabezó la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, trajo a la memoria que “Europa creció gracias a la llegada de inmigrantes”. A su juicio, Bruselas no lleva a cabo una política migratoria sino “antimigratoria”, por lo que la gestión de los refugiados supone una “vergüenza”. Carmona, al igual que antes había hecho Galán, censuró que los campos de refugiados se hayan convertido en “campos de internamiento” o de detención. Y abogó por una Europa multicultural: “Debe abrir sus fronteras porque no pertenece a los europeos sino al mundo. Si no es así, dejará de ser Europa”.

Fede García, que trabaja con inmigrantes desde SOS Racismo Araba, criticó “unas leyes que impiden que personas que llevan en nuestro país muchos años no puedan conseguir los papeles”, mientras que el secretario de la federación estatal de la citada organización no gubernamental, Mikel Mazkiaran, pidió la retirada de subvenciones a los partidos que fomentan el odio. “La UE está cometiendo un delito de omisión de socorro, pero como no la podemos enviar a un tribunal, la ciudadanía tiene que tomar la acción”, apuntó.

La necesidad de dar ese paso adelante fue compartido por varios ponentes. Así, la socióloga Cristina Santamarina consideró que “la sociedad civil tiene que pasar a la acción y generar un movimiento cívico, porque no se está poniendo en juego la humanidad de las personas que buscan refugio sino también nuestra propia humanidad”. Por su parte, Patricia Orejudo, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense, creyó conveniente “recapacitar sobre cómo nos hemos venido comportando para cambiar esa actitud”.

Rosa Martínez, diputada de Equo, incidió en que en los desplazamientos forzosos también influye el cambio climático, que podría afectar en el futuro al sudeste español. “Es un multiplicador de los efectos políticos, como se refleja en Siria, donde seis meses antes de la guerra una sequía provocó el éxodo a las ciudades”. Por su parte, Nuria del Viso, investigadora Fuhem Ecosocial, subrayó el “problema estructural” de que “pocas personas tengan un nivel de vida despilfarrador a fuerza de explotar los recursos de muchas personas, lo que provoca que termine habiendo desplazados”.

El mundo del periodismo también tomó la palabra. Fernando Berlín se refirió al “fracaso de la moral individual”; Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, advirtió del “peligro de la ausencia democrática”, que provoca “que se actúe a espaldas de lo que exige la ciudadanía”; y Pepe Mejía pidió el derecho a voto para los inmigrantes, el cierre de los CIE y el fin del “negocio» de las deportaciones.

Ussama Jandali, portavoz de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, coincidió con Albiol en el peligro que representa el avance de la extrema derecha y abogó por luchar para que los ultras y otros partidos “no puedan capitalizar lo que está ocurriendo, llevándonos a la deriva”. Jandali también consideró que “hay que trabajar en origen para evitar que la gente no tenga que huir” y fue crítico con la “hipocresía” de ciertos discursos de izquierda que critican los bombardeos de EEUU pero se tapan los ojos ante los de Rusia.

El economista Manuel Garí denunció que la UE ha sufrido “una involución autoritaria”, por lo que resulta necesaria “una labor ingente de reconstrucción de otra globalización de la solidaridad y la cooperación”, mientras que Pablo Sapag, profesor de la Universidad Complutense y del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, se refirió a la “malversación conceptual” que lleva a “confundir a inmigrantes con refugiados”.

La presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria, Pilar Estébanez, mostró finalmente su tristeza porque “la primera vez que la UE de los Veintiocho tiene una crisis hemos tratado a las víctimas sin dignidad”, lo que le llevó a sentenciar que “la Europa social está muerta”. Para que cambie, Estébanez también apostó por “salir a las calles” para protestar contra “la cloaca y el vertedero de los derechos humanos” en los que se han convertido nuestras fronteras, en palabras de un asistente al acto que intervino tras los invitados.

Este debate presencial, que contó con la presencia de numeroso público e hizo necesario habilitar otra sala en la que los presentes pudieron seguir las intervenciones a través de una pantalla, pone fin al debate online ¿Qué debe hacer la UE sobre la inmigración?, que desde finales de enero puede seguirse a través de la web de Espacio Público.

Ponencia inicial

¿Qué debe hacer la UE sobre la inmigración?

¿Qué debe hacer la UE sobre la inmigración?

La UE se enfrenta a dos tipos entremezclados de demanda migratoria; una estructural: la de los inmigrantes económicos; otra coyuntural: la de los solicitantes de asilo. Los primeros intentan escapar de la miseria en países pobres no comunitarios, los segundos huyen de situaciones de guerras civiles. Ahora bien, desde que se proyectó una estrategia de contención de los flujos migratorios en 1986, por causa de la creación de un espacio económico común, materializado por el Acta Única (1986), el Tratado de Maastricht (1991) y los Acuerdos de Schengen (1993) seguidos por el Convenio de Dublín (2003), la UE siempre tuvo una visión de la demanda migratoria instrumental y cortoplacista. Esquemáticamente definido, el lema era: primero favorecer la libre circulación de los comunitarios (adopción de la libertad de circulación y establecimiento en el Tratado de Maastricht), segundo, los extra comunitarios sólo pueden ser aceptados cuando se les necesitan.

Se instauraron varias medidas: el cierre de la libertad de inmigración laboral para los no-comunitarios a cambio de un aumento de la reagrupación familiar para aquellos instalados legalmente en Europa; la reducción drástica de la concesión del estatuto de refugiado y, por tanto, del derecho de asilo; la gestión policíaca del control de fronteras y, por fin, la adopción, en 2003, del principio por el cual el solicitante de asilo no puede interponer su solicitud en el país final de destino sino que debe hacerlo en el de llegada a Europa. Esta última decisión, impuesta por los países del primer círculo europeo (principalmente Alemania y Francia) obligaba a los demás a volverse gendarmes de la estrategia migratoria europea. De ahí la creación de barreras en las fronteras externas europeas para contener a los inmigrantes (campos de internamientos y Frontex).

Esta estrategia ha funcionado con un éxito relativo hasta 2008. Pero la crisis económica, el aumento de las desigualdades entre Europa y África del norte y subsahariana, el empobrecimiento súbito de los países del este sometidos a políticas despiadadas de ajuste estructural, la extensión incontrolable del caos en Oriente Medio con la destrucción del Estado iraquí en 2003 y la descomposición de Siria desde 2011, provocan la huida de millones de personas hacia Europa. Frente a esa enorme demanda de socorro, la muralla de los acuerdos de Schengen y Dublín se ha derribado. Y más grave aún, la UE ha sido incapaz de reaccionar colectivamente.

La tendencia actual de renacionalización de las políticas migratorias, que se perfilaba desde los años 2010, lo demuestra con creces.

En realidad, si las políticas de contención de estos últimos treinta años saltan hoy, es, por un lado, porque han llevado a la acumulación de una enorme demanda migratoria insatisfecha de las poblaciones migrantes y, por otro, porque la UE no tenía una política común de gestión de la misma en su entorno geoeconómico.

Era una ilusión irresponsable considerar que se podía construir un espacio económico europeo rico e integrador sin tener en cuenta la situación económica y política del contexto regional extra europeo: la población de la orilla sur del Mediterráneo va a superar los 356,9 millones de habitantes para mediados de 2030 sin que se pueda prever una mejora en la capacidad integradora de los mercados de trabajo en estos países. En África subsahariana, la población está creciendo rápidamente y va a alcanzar los 1.369 millones de habitantes para mediados de 2030, con un aumento estimado, según proyecciones de la ONU, de 200 millones de personas por década. A eso hay que añadir que África subsahariana no ha reducido su tasa de pobreza estos últimos 25 años. Según un informe del Banco Mundial, “solo consiguió sacar a un 28% de la población de la penuria, porcentaje que chirría frente al norte de África (81%), sudeste asiático (84%) y América Latina y el Caribe (66%).» En consecuencia, la demanda migratoria será incontenible.

Por otra parte, si los países del Este no sufren el mismo auge demográfico, en cambio sí que afrontan una importante demanda de empleo pues sus condiciones de vida y poder adquisitivo están cada vez más condicionados por el euro y el mercado único europeo. De ahí la irreprensible necesidad de emigración hacia la zona euro. Y si desde Afganistán, Iraq, Siria, la demanda migratoria es de peticionarios de asilo, en el fondo también se trata de una emigración económica. Igual desde Eritrea, Somalia, Níger, Libia.

Hoy en día, es de hecho muy difícil diferenciar entre los solicitantes de asilo y los inmigrantes económicos, puesto que todos padecen la misma condición económica y social.

Frente a esta situación, los países europeos están divididos: unos necesitan inmigrantes (Alemania), otros no. Y cada uno va a lo suyo. La única manera de salir de este círculo vicioso, es replantear radicalmente la estrategia europea en materia de inmigración. Por ello, es preciso tener claro una visión de largo alcance.

En primer lugar, se debe admitir claramente, y explicárselo a la opinión pública, que los flujos migratorios seguirán: es verdad, por varias razones, que es imposible abrir las fronteras para volver a la libre circulación e instalación que prevaleció casi hasta 1980, pero la gestión policíaca imperante hoy en día no basta. El aumento de la inmigración ilegal, las dificultades de integración vinculadas a la reagrupación familiar y la proliferación de las mafias de trata de seres humano atestiguan la complejidad del fenómeno migratorio.

En cuanto a la crisis actual de los refugiados, se necesitará años para resolverse, si se resuelve, pues no se puede descartar el derrumbe definitivo de unos Estados actuales y el surgimiento de un nuevo mapa geopolítico, tal y como lo pretende hoy en día el supuesto Estado islámico. Es decir nuevas olas de refugiados.

La UE debe tomar en cuenta este contexto; y por ello, reorientar su política migratoria con unas medidas imprescindibles:

1) Para los refugiados:

  • Proponer a los socios europeos una cumbre para elaborar un balance de los Acuerdos Schengen y revisar el Reglamento de Dublín. Es muy peligroso aceptar la metodología impuesta por Alemania que modificó su ley de asilo sin consultar al resto de los países europeos.

  • Reexaminar los criterios de definición actualizando la noción de países seguros y también adaptar la vinculación al primer país de llegada a territorio europeo con el procedimiento de solicitud de asilo.

  • Incrementar la implementación de vías legales para la solicitud de asilo y en particular garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen, limítrofes y de tránsito.

  • Incrementar las oficinas europeas de examen de solicitudes de asilo, que debieran multiplicarse, y asegurar en ellas la presencia de representantes de ACNUR, sobre todo en los países limítrofes a aquellos en los que existen situaciones de conflicto que generan desplazamientos de refugiados. Es imposible hacerlo en Siria, Afganistán o Eritrea, pero se puede conseguir en Jordania, Líbano, Iraq o Turquía, por referirse sólo a ejemplos que afectan a los refugiados sirios.

  • Activar específicamente y de forma flexible los visados humanitarios.

  • Flexibilizar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto.

  • Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias.

  • Reforzar e incrementar los programas de re-asentamiento en coherencia con el número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los Estados, a partir de un sistema común europeo de asilo. Es decir, aceptar las cuotas obligatorias.

2) Para los inmigrantes estrictamente económicos:

  • Flexibilizar las entradas, y no sólo para los cualificados. En realidad, son las capas populares quienes necesitan de la emigración para poder enviar remesas a su país de origen.

  • Crear, junto a los permisos de residencia ya existentes en todos los países de la zona euro, documentos de residencia «movilidad» de los trabajadores, de acuerdo con los países de origen y en función de las necesidades de los países de acogida. Hay que establecer una política de visados más democrática, aumentar significativamente su número para la entrada de trabajadores con permisos de residencia temporal y renovable en aquellos sectores en que sean necesarios. Esos permisos pueden dar lugar, al término de un período determinado y en condiciones específicas, a un permiso de residencia permanente.

  • Incentivar una política europea común de codesarrollo vinculada a los flujos migratorios. Ésta debe ser articulada con las políticas nacionales de cooperación, del mismo modo que se debe aumentar el presupuesto europeo consagrado a la ayuda al desarrollo para financiar proyectos empresariales (comerciales e industriales), medio-ambientales y agrícolas en los países de origen.

Desde el Consejo europeo de Tampere (1999) se ha aceptado la vinculación de los flujos migratorios no comunitarios con una política de codesarrollo, es decir, de ayuda al desarrollo de los países de origen utilizando el vector migratorio. Hay que aplicar esta decisión, instaurando una gestión de ida y vuelta de la inmigración, ayudando a quienes quisieran volver a sus países con proyectos económicos factibles y sin quitarles el derecho de regresar a Europa para implementar sus actividades.

  • Elaborar una estrategia común con los países fronterizos para luchar contra las mafias y, bajo mandato de la ONU, para actuar en mar y en tierra ayudando a los Estados fallidos.

Es, por lo tanto, crucial que las instituciones europeas inicien juntas una reflexión que elabore una estrategia solidaria de gestión a largo plazo de las migraciones. Que sean de trabajo o de asilo, las migraciones serán uno de los grandes desafíos del siglo XXI, así como el medio ambiente o la pobreza. Es un reto no sólo social y económico, sino también cultural e identitario. A la hora de la acogida, los países europeos no deben vacilar en dejar claro a los recién llegados las condiciones de la misma: respeto de los valores, normas y adhesión a la identidad común. Cada colectividad tiene el derecho a defender su identidad. Pero eso no significa aceptar el repliegue nacionalista y xenófobo. Hoy en día, en el contexto de crisis del empleo, en todos los países europeos se están desarrollando comportamientos de rechazo a la inmigración, de desprecio a los refugiados. Y, por lo tanto, de restricción drástica de los derechos de los extranjeros, ya sean inmigrantes o refugiados. Es imprescindible luchar contra esta corriente y afirmar, con la máxima determinación, que la defensa a la libertad de emigrar es una causa profundamente justa y humana. No hay que dejarse impresionar por el contexto de hostilidad actualmente dominante.

El continente europeo, el espacio más rico y desarrollado del planeta, debe apostar por relaciones cooperativas y solidarias con su flanco mediterráneo, zona de las más peligrosas fracturas del mundo. Porque, al fin y al cabo, el porvenir de ambos es indisociable y común.

moderado por:

  • Orencio Osuna

    Director de la Fundación Espacio Público

  • Teresa Gómez

Conclusión del debate

Tras dos meses de interesante discusión en nuestra web, y cuando están a punto de abrirse las urnas y votar en elecciones generales, damos por finalizado un debate que ha resultado rico y plural, tanto por el nivel de sus intervenciones como por los puntos de vista aportados. La ponencia inicial de José Luis de Zárraga proponía delimitar qué tipo de cambio queremos para este país, quiénes pueden confluir para protagonizarlo y cómo habría que realizar esa confluencia.

Moderado por Orencio Osuna y Teresa Gómez, los autores de las aportaciones han oscilado entre quienes consideran que el cambio es muy difícil y quienes piensan justo lo contrario. La opinión más generalizada es que las cosas no van a ser nunca como hasta ahora tras las elecciones del domingo 20 de diciembre para elegir los miembros del nuevo Congreso de Diputados. Hay quienes consideran que el proceso de transformación tiene que ser urgente y quienes apuestan por la prudencia. De uno u otro modo, se ha puesto en marcha un proceso irreversible que hace muy pertinente que hayamos estado debatiendo en nuestro foro hasta qué punto la oportunidad de cambio existe o no.

Plantea Zárraga que, dada “la improbabilidad de una mayoría absoluta, cualquier gobierno precisará el apoyo de varias fuerzas, y que la cuestión de la confluencia de movimientos y partidos que propugnan el cambio se encuentra esta vez en primer plano y adquiere una importancia decisiva”.

En su misma línea, o discrepando de su planteamiento, han intervenido con aportaciones políticos como Sabino Cuadra, economistas como Fernando Prieto o abogados como Héctor Maravall. Para el sociólogo Enrique del Olmo “vamos a un período donde las fórmulas de acción van a ser diversas y los instrumentos también, y donde las decisiones que se tomen van a tener un impacto real”, El historiador Pablo Sánchez León, por su parte, sostiene que
“la clave no está tanto en los resultados en sí cuanto en la manera en que sean introyectados por los ciudadanos que llevan desde el comienzo de la crisis aumentando su conciencia política y su sensibilidad social”

La tesis de Dolors Comas, catedrática de Antropología, es que “las fisuras y los agujeros del sistema político español han dejado al descubierto sus insuficiencias y podredumbre. No es extraño, añade, que mucha gente aspire a que las cosas cambien, pero este deseo de cambio se proyecta hacia actores múltiples dispersándose en el camino”.

Invitamos a repasar tanto estas intervenciones como las de Jaime Pastor, José Antonio Errejón, Eddy Sánchez, Jordi Guillot y las del resto de autores que han tenido a bien honrarnos con sus aportaciones.

A todos ellos muchas gracias, así como a quienes intervinieron en el debate presencial que tuvo lugar en la madrileña sala cultural Galileo el 3 de diciembre y en el que intervinieron, moderados por Ana Pardo de Vera, Alfonso García Vicente (PP); Rafael Simancas (PSOE); Rafael Mayoral (Podemos); Carolina Punset (Ciudadanos) y Víctor Alonso Rocafort (Unidad Popular)

Ponencia inicial

20 D: Oportunidad de cambio

20 D: Oportunidad de cambio

  • ¿Qué cambio queremos, cuáles son los objetivos fundamentales de este cambio?
  • ¿Quiénes –movimientos, partidos- pueden confluir para este cambio y protagonizarlo en el gobierno y en el parlamento?
  • ¿Cómo realizar esta confluencia, dotarla de un programa común y garantizar una política de cambios efectiva?

Hace justamente dos años se abría el foro de debates Espacio público. El primer debate propuso como tema ¿Cómo lograr una mayoría social de cambio? El debate que ahora se propone, a dos meses de las elecciones generales, continúa aquel primero y vuelve sobre la cuestión del cambio.

Pero, por una parte, lo que ha sucedido en España y fuera de España durante estos dos años últimos replantea la cuestión del cambio en condiciones nuevas, muy distintas, porque en este tiempo se han acumulado experiencias prácticas de cambio –o intentos de cambio- en las que se han evidenciado las dificultades, los obstáculos y los límites de un cambio real, así como la eficacia de las estrategias ensayadas para lograrlo y de las estrategias de las clases dominantes para impedirlo.

Y, por otra parte, la inmediatez de las elecciones generales plantea ahora la cuestión de un modo mucho más concreto y práctico. Ya no se trata de discutir en abstracto sobre una posible mayoría social de cambio, sino sobre la posibilidad real de un cambio inmediato, que ha de iniciarse o frustrarse en el plazo de dos meses.

En el debate de hace dos años numerosas intervenciones, tanto desde la perspectiva de Podemos como desde la de las Mareas y movimientos sociales y de las asambleas del 15M, rechazaban la definición de un espacio ‘de izquierdas’ y la posibilidad o la conveniencia de pactos de gobierno con partidos. Sin embargo, ante las elecciones municipales y autonómicas se formaron coaliciones diversas, con participación de movimientos y partidos; y tras las elecciones se constituyeron gobiernos municipales en varias de las principales ciudades, y gobiernos autonómicos en varias comunidades, con la participación, o al menos con el apoyo parlamentario, de movimientos y partidos, desde las mareas a Podemos, Compromís, Equo, Izquierda Unida o el PSOE. Se ha pasado del rechazo ‘por principios’ a esas alianzas a la negociación de acuerdos de coalición y pactos entre movimientos populares y partidos de izquierdas, que han permitido formar nuevos gobiernos municipales y autonómicos e iniciar políticas de cambio.

En la perspectiva de unas elecciones generales en las que son muy improbables las mayorías absolutas y cualquier gobierno precisará el apoyo de varias fuerzas, la cuestión de la confluencia de movimientos y partidos que propugnan el cambio está en primer plano y adquiere una importancia decisiva. El 20 D ofrece una oportunidad de cambio y sobre ese cambio, su posibilidad, sus condiciones y el modo de lograrlo vamos a debatir en Espacio Público.

I. La primera cuestión: Qué cambio

Hoy, todos los partidos políticos y movimientos sociales apelan al cambio. ‘Cambio’ es la palabra indispensable de todo discurso político. Y es así porque ‘el cambio’ es una demanda unánime de los electores: la gente quiere cambiar el gobierno, y no solo el gobierno y sus políticas, sino también la política en general, el modo de gobernar y las reglas del juego.

Por eso, lo primero que hay que aclarar es de qué cambio hablamos, cuál es el contenido fundamental del cambio que queremos. Es indispensable para despejar la bruma en la que todos los gatos son pardos y deshacer los equívocos sobre el ‘cambio’.

Hay dos aspectos principales del cambio político: (1) el cambio de orientación de las políticas, el cambio de rumbo; (2) los cambios concretos que se propone hacer desde el gobierno, a corto plazo –los cambios inmediatos, lo más urgente- y a plazo de la legislatura –el programa de gobierno-. En ambos aspectos hay que decir qué es lo fundamental y, por tanto, cuál es el foco y el alcance de la confluencia posible.

Es obvio que no se trata de confluir en un programa vacío, o en cambios que no respondan a las demandas de la gente, que no van a cambiar nada sustancial y que defraudarán y desalentarán a quienes se han estado movilizando por cambios reales durante estos años. Es obvio también que no toda demanda social podrá ser satisfecha por el gobierno que salga de estas elecciones. La gente tiene derecho a saber hacia dónde se quiere ir, qué se va a cambiar, qué se va a intentar, y también con qué restricciones y dentro de qué límites se va a gobernar.

En el contenido del cambio hay dos divisiones principales: hay que diferenciar entre cambios sistémicos y cambios dentro del sistema; y hay que diferenciar entre cambios políticos y cambios económicos. En parte esas dos divisiones se superponen, porque ‘sistema’ puede entenderse en el sentido particular de ‘sistema político’ –y en ese sentido los partidos del cambio sistémico se identifican con los partidarios de un proceso constituyente- y puede entenderse en el sentido fuerte, más general, de sistema social, que engloba tanto el sistema económico como el político.

¿Se trata, con el cambio que se propone, de cambiar el sistema o solo de mejorarlo corrigiendo debilidades y disfunciones en la medida de lo necesario para que funcione mejor? Y, en todo caso –pero sobre todo si de lo que se trata es de cambios sistémicos- ¿se trata de cambiar el modo de hacer política, –la democracia formal, representativa, tal como quedó definida en la Constitución de 1978 y en las leyes que la desarrollaron- y sus prácticas –la opacidad, la corrupción, la partitocracia, el bipartidismo…- por una democracia más participativa, más transparente y más limpia? ¿O se trata de cambiar (también) pautas básicas del sistema económico neoliberal dictado por el capital financiero que domina en España y en la UE por otras en las que lo común se sustraiga a las conveniencias del poder económico y el interés público predomine sobre el privado?

II. La segunda cuestión: Quiénes

¿Con quiénes –partidos, movimientos sociales…- se puede confluir? Como se ha dicho antes, todos ofrecen ‘cambio’, pero es muy distinto el cambio que ofrecen. Y, ofrezcan lo que ofrezcan, es muy distinto el cambio que representan, los cambios que es verosímil que realicen. El ‘cambio’ tiene muy distintos contenidos.

Izquierda Unida, IC-V, Compromís, Podemos, las mareas y otros partidos y movimientos, proponen cambios profundos, pero unos con el acento puesto, sobre todo, en el sistema político y otros, en los cambios en el sistema económico. El PSOE y el PSC –tras un giro evidente en su línea anterior- también propugnan ahora cambios políticos y económicos, de distinto calado y orientación que aquellos. Ciudadanos propone también cambios políticos y económicos, en algunos casos –en el terreno político- coincidentes con los anteriores, y en otros –especialmente en el terreno económico y en el de la organización territorial- cambios en sentido contrario. Para el mismo PP la referencia fundamental de su discurso electoral va a ser el cambio, en un doble sentido: (a) defendiendo y reivindicando el cambio que representa respecto a la política del gobierno socialista anterior; y (b), a la inversa que todos los demás, argumentando lo negativo que sería un cambio en sus políticas, el peligro de un cambio ‘regresivo’ que arruinara al país.

En todo caso, propugnando ‘cambios’, hay partidos del sistema y partidos del cambio sistémico, a los que a veces se denomina ‘antisistema’, calificación meramente negativa con la que los partidos del sistema intentan descalificarlos a ojos de la gente. Y entre los partidarios del sistema los hay conservadores, reformistas (de izquierdas y de derechas), reaccionarios e incluso quienes son, a la vez, en ciertos aspectos reformistas y en otros reaccionarios.

¿Pueden entenderse en esta coyuntura –pueden confluir en pactos postelectorales- los partidarios de cambios sistémicos con los partidos reformistas dentro del sistema? ¿En qué grado y bajo qué condiciones es ello posible, si lo es? ¿Qué garantías hay de que el gobierno que se formase sobre semejantes compromisos no caería en una trampa, no tendría las manos atadas y estaría abocado al fracaso o al abandono de sus principios? ¿Entenderían los ciudadanos los pactos postelectorales con partidos a los que se ha criticado y descalificado antes y los compromisos y renuncias que los hagan posible? Y, al contrario, ¿entenderían los votantes que se renunciase a gobernar por mantener la integridad del programa y la pureza ideológica?

III. La tercera cuestión: Cómo

En casi todos los documentos que se publicaron como ‘material de trabajo’ junto con las intervenciones del debate de 2013 –que siguen disponibles en la web de Espacio Público y que pueden tomarse también como referencia en el debate actual- se hacía un llamamiento a la convergencia de ciudadanos y organizaciones en lo que se denominaba de formas diversas: ‘un frente amplio’, ‘un bloque social y político’, ‘un frente común’, etc., como forma preelectoral de su confluencia en una alternativa de gobierno. La formación de esa alternativa ha sido objeto de un debate público intenso durante estos dos últimos años, y especialmente antes y después de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, con resultados prácticos diversos.

Cuando está a punto de cerrarse la cuestión con la presentación de las coaliciones para las próximas elecciones generales (cuya fecha límite es el 6 de noviembre) no queda ya margen para debatir, con efectos prácticos, sobre los pactos preelectorales. Por tanto, el debate sobre el cómo se centra en los pactos postelectorales para la formación de un gobierno de cambio.

Si los resultados electorales hacen posible cambios reales, probablemente va a ser a través de pactos, porque no parece probable la mayoría absoluta de una lista que propugne el cambio, ni de ninguna. Pero, además, después de las experiencias de los gobiernos de mayoría absoluta que hemos tenido en España, la mayoría de los ciudadanos, cuando se les pregunta, prefieren gobiernos de pacto, formados por varias fuerzas o que requieran su apoyo para gobernar.

El pacto puede ser de gobierno, participando en su formación, o solo de apoyo parlamentario; y en este segundo caso puede ser de investidura –apoyo para investir un presidente, sin otros compromisos- o de legislatura –apoyo para desarrollar un programa-. Que sea de uno u otro tipo dependerá de entre quienes se pacte y de los compromisos a que se llegue. Qué es preferible y en qué condiciones se está dispuesto a investir a un gobierno, a participar en él o a apoyarlo en el desarrollo de un programa es materia de debate. Los ciudadanos, antes de votar, deberían saber a qué están dispuestos –y a qué no- las distintas opciones electorales en cuanto a pactos y formación de gobierno.

En cualquier pacto de gobierno es cuestión esencial el criterio con el que se decide el pacto. Cuando el criterio dominante es el interés de los partidos –su trozo de pastel- o el trapicheo en el que se intercambian beneficios, el pacto es rechazado por los votantes. Los votantes tienen que poderse reconocer en los criterios del pacto. Y para ello, el criterio fundamental es el acuerdo programático, sea un acuerdo básico, mínimo, de cambio de rumbo, sea el acuerdo sobre un programa de cambios. Los partidos han de fijar los mínimos por debajo de los cuales no apoyarán a un gobierno, lo irrenunciable; y, a la vez, las líneas rojas que no aceptarán que se traspase, lo intocable.

Pero, además, los partidos han de comprometerse a que los pactos no se acuerden a espaldas de la gente, en secreto y sin su participación. El debate de los pactos postelectorales debe ser público y abierto a la participación de los ciudadanos. Las condiciones y límites de los pactos postelectorales y el modo como se acordarán y como la gente podrá participar en la discusión y expresar su opinión es también, por tanto, materia de este debate.

IV. Los problemas y la estrategia del cambio

En el contexto actual –español y europeo- un cambio real va a requerir, necesariamente, forzar los límites. Los límites han sido establecidos para impedir el cambio, son resultado de ‘consensos’ que se nos han impuesto con ese fin: ‘consenso’ constitucional, ‘consenso’ económico, ‘consenso’ europeo… No se puede cambiar realmente nada sustancial sin forzar esos límites. Pero, hay que decir también, no se va a cambiar nada sustancial ignorando la eficacia de los límites impuestos y de los mecanismos creados para imponerlos. Lo principal de una estrategia de cambio, hoy, radica en cómo superar esos límites, no en las declaraciones, sino en la práctica, eficazmente. De inmediato, hay –necesariamente- que gobernar cambiando, cambiar pese a los límites; y en un futuro próximo, hay –necesariamente- que cambiar los límites. Hay por tanto dos horizontes y dos estrategias adecuadas a ellos: los problemas inmediatos, que hay que resolver ahora; las condiciones de la política, que hay que cambiar para el futuro.

Las estrategias de cambio y los pactos para lograrlo están erizados de problemas y hay que reflexionar y debatir sobre las experiencias –positivas y negativas- que respecto a ello tenemos.

En España, las elecciones municipales y autonómicas recientes ofrecen un abanico de casos paradigmáticos de ‘oportunidades de cambio’. Por una parte, las experiencias de pactos que han llevado al gobierno fuerzas de cambio en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Cádiz y en otras ciudades y autonomías. Por otra parte, los casos que ponen en primer plano las dificultades, problemas y distintas posturas posibles ante los pactos para formar gobiernos. Hay casos muy distintos, que ilustran bien esas dificultades, problemas y posturas. Uno, bien conocido, que permanece abierto, el del posible apoyo de la CUP a un gobierno de Junts pel Sí, tras las elecciones catalanas. Otro, el del fracaso de las negociaciones entre el PSOE y Podemos e Izquierda Unida en Andalucía, con la investidura de la candidata socialista como Presidenta con el voto de Ciudadanos. Otro, menos conocido, el de la formación de los gobiernos municipales de las dos principales ciudades asturianas, Gijón y Oviedo; en Gijón continúa gobernando el Foro de Álvarez Cascos tras abortarse el pacto entre el PSOE, IU y ‘Xixón sí puede’; en Oviedo ha salido del gobierno el PP tras dos décadas de mayorías absolutas y gobierna el PSOE gracias al apoyo de ‘Somos Oviedo’, que en las elecciones fue la primera fuerza tras el PP.

En el ámbito europeo, la experiencia griega proporciona enseñanzas dramáticas sobre las estrategias posibles ante las constricciones de la realidad: qué márgenes de maniobra hay, con qué recursos se puede contar, qué se puede y qué no se puede hacer y en qué condiciones… Y en Portugal permanece abierta la posibilidad de un pacto entre el Partido Socialista, el Bloque de Izquierdas y el Partido Comunista que desplazaría del gobierno a Passos Coelho y podría iniciar un cambio de políticas.

El 20 D ofrece una oportunidad de cambio, cuya realización efectiva, alcance y profundidad va a depender de la confluencia de los movimientos sociales y partidos de izquierdas que lo propugnan. Espacio Público propone a todos ellos, y a los ciudadanos en general, debatir qué cambios, entre quiénes y cómo.

moderado por:

  • Alejandro López de Miguel

    Periodista de Público

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

Conclusión del debate

En el debate sobre el Tratado Trasatlántico de Libre Comercio (TTIP) hemos tenido el honor de contar con verdaderas firmas de prestigio durante los dos largos meses en que ha estado abierto el foro de “Espacio Público” para discutir este asunto. Un lujo. Estamos convencidos que toda aquella persona interesada en entender qué es exactamente el TTIP, por qué se trata de un tema tan controvertido y cuál es la envergadura de los asuntos que están en juego obtendrá cumplida respuesta si recurre a la lectura de las intervenciones que hemos ofrecido en nuestra web durante las últimas semanas y que ahora quedan aquí para quien en cualquier momento tenga interés en consultarlas.

Gracias a la moderación de Lourdes Lucía y Alejandro López de Miguel, hemos conseguido contar con el abanico más amplio de firmas posible. Desde Susan George, autora de la ponencia, a Cecilia Malmström, Comisaria Europea de Comercio y cuya postura está en las antípodas de la que defiende la ponente, presidenta de honor de Attac y presidenta en la actualidad del Transnational Institute de Ámsterdam.

Entre los europarlamentarios que representan a España en Bruselas han intervenido en nuestro debate sobre el TTIP Lola Sánchez (Podemos); Jordi Sebastià (Compromís-Primavera Europea); Marina Albiol (Izquierda Unida); Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE); Santiago Fisas (PP) y Maite Pagazaurtundúa (UPyD). Cecile Olivet y Hilde van der Pas han escrito en nombre del Transnational Institute y Liliane Spendeler como directora de Amigos de la Tierra. También hemos contado con la aportación de instituciones como Business Europe o Corporate Europe Observatory (el Observatorio de los lobbies en Bruselas). También han realizado aportaciones representantes políticos y sindicales de todos los colores, lo que ha permitido que el debate haya sido muy vivo y, a nuestro juicio, sumamente clarificador.

Fue muy interesante el “Cara a cara” que, como colofón a todo lo que se estaba exponiendo en el Foro, mantuvieron el 22 de octubre de 2015 en el plató de “Espacio Público” moderado por Juan Tortosa, la eurodiputada Marina Albiol, de Izquierda Unida, y el diputado del Partido Popular José López Garrido. También el debate presencial moderado por Lourdes Lucía en el que, una semana después intervinieron, con el aforo completo, Juan Fernando López Aguilar (PSOE); Lola Sánchez (Podemos); Cuca Hernández (Attac); Antonio Espinosa (Ciudadanos); Sol Sánchez (Unidad Popular) y Luis Rico (Ecologistas en Acción)

Parte de las intervenciones que han tenido lugar en el debate en la web de “Espacio Público”, incluída la ponencia de Susan George, aparecen publicadas en el número especial que “Le Monde diplomatique” dedicó en Octubre al TTIP y a otros tratados internacionales como TISA o NAFTA.

Pensamos que por mucho que se hable del TTIP y de cuáles pueden ser sus consecuencias, siempre será poco dado el secretismo con el que, desde hace dos años, se llevan las negociaciones en Bruselas y la escasísima repercusión que esas conversaciones están teniendo en la mayor parte de los medios de comunicación. En este Foro hemos querido aportar nuestro humilde granito de arena. Un punto y seguido, porque muy probablemente, y más pronto que tarde, habremos de volver sobre ello.

Ponencia inicial

Sólo la ciudadanía puede frenar la grave amenaza del TTIP

Sólo la ciudadanía puede frenar la grave amenaza del TTIP

moderado por:

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

Conclusión del debate

La decisión de abrir en nuestra web un debate sobre Renta Mínima Garantizada surgió a raíz de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) puesta en marcha por CCOO y UGT con la intención de reunir 500.000 firmas y presentarla en el Parlamento (en el que surja de las próximas elecciones, por supuesto).

La idea, que Carlos Bravo expone en la ponencia inicial, es asegurar recursos económicos básicos a todas las personas residentes legales en España, en edad laboral, que queriendo trabajar no pueden hacerlo, que hoy no tienen prestaciones de desempleo y carecen de recursos que les permitan vivir con dignidad.

Según datos del INE, recuerda Bravo, actualmente hay 2.151.000 personas que se encuentran en esta situación y viven en hogares con una renta per cápita inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, 5.837 euros anuales, por lo que podrían ser beneficiarios de esta prestación. Estas personas viven en hogares conformados por un total de 6 millones de personas, de los que cerca de 2 millones son niños.

La Prestación que proponen los sindicatos ascendería a una cuantía mínima equivalente al 80% del IPREM (426 euros/mes) y se vería incrementada para los beneficiarios con hijos y familiares a cargo. Para garantizar su universalidad la proponen como una prestación de la Seguridad Social en su ámbito no contributivo, cuya financiación debería garantizarse vía impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado. El coste sería de 11.000 millones de euros.

Nada más publicar la ponencia, el debate empezó fuerte porque Daniel Raventós, presidente de la Red Renta Básica y miembro de ATTAC, nos remitió la primera aportación, que tituló de una manera directa y nada ambigua: “La miseria de una renta mínima garantizada, ¿estamos hablando en serio? –se preguntaba.

Para Raventós, la renta mínima garantizada (RMI) es un desastre porque , aunque respecto a la situación que tenemos actualmente, algo ayudaría a algunas personas, respecto a lo que se sería necesario para paliar la terrible situación de millones de personas la RMI es menos que insuficiente. Mientras la Renta Básica (RB) permite, según el presidente de la Red que la defiende, eludir las llamadas trampas de la pobreza y del paro, para él a RMI es un subsidio condicionado. “La RB se garantiza ex-ante, la RMI, en caso de poder tener acceso a ella, ex-post” – escribe, como podrán comprobar cuando se detengan a leer su aportación completa.

¿Qué propuesta fortalece más la posición de los trabajadores al negociar su salario?

José María Herreros, del Observatorio Renta Básica de ATTAC Madrid, la defiende argumentando que la RB permite que las necesidades fundamentales, como disponer de un ingreso con el que hacer frente a los costes de la vida diaria, no dependan necesariamente de un mercado laboral que persigue objetivos diferentes y distantes de lo que es la justicia social. Además, fortalece la posición de trabajadores y los empodera a la hora de cualquier negociación, ya que permite ‘decir no’ a condiciones laborales abusivas.

Tal vez sea ésta una de las razones –“provoca” Herreros- por la que desde el mundo sindical se ha mirado siempre con recelo la RB, pensando que restaría importancia a la acción sindical cuando sería justamente lo contrario pues no solamente reforzaría los derechos laborales sino que también permitiría o facilitaría el reparto del empleo existente y pondría en valor el trabajo que existe y que el mercado ni considera ni tiene en cuenta.

En cambio Miguel Laparra, de la Universidad Pública de Navarra, cree que el debate no es entre una propuesta de renta mínima de inclusión o una renta básica universal. Según él, el éxito de la implantación de una renta mínima garantizada será un avance significativo hacia un modelo de protección social más inspirado en derechos universales como la renta básica (aunque sea por diversas vías) y que seguramente deberá construirse progresivamente.

Cive Pérez, partidario también de la Renta Básica nos recuerda que, por definición, tanto las rentas mínimas de inserción como los subsidios por desempleo están sujetos a la condición de que el perceptor no efectúe ningún tipo de trabajo remunerado. Lo que significa que si a un perceptor de la ayuda se le ofrece la oportunidad de efectuar algún pequeño trabajo se enfrenta a un tremendo dilema: si acepta el trabajo perderá el subsidio y volverá a la pobreza; si rechaza el trabajo mantendrá el subsidio, pero como su cuantía está por debajo del umbral de pobreza, seguirá sumido en ésta. No estamos hablando, por supuesto, de un empleo bien remunerado, sino de alguna actividad eventual que le permitiera complementar el magro ingreso del subsidio.

Esto conduce a una situación dramática, según Cive Pérez, porque los perceptores de una renta de este tipo, lograda tras superar arduos trámites administrativos, no pueden permitirse el lujo de perder esa ayuda por una eventualidad pasajera. Por ejemplo, aceptar un empleo de tiempo parcial o completo cuyo salario neto, aproximándose al nivel del beneficio neto, suponga para el interesado la pérdida de la totalidad del beneficio.

Y pone un ejemplo: si a una persona que percibe un subsidio de 55 se le ofrece un salario de 100, que una vez efectuada la retención fiscal se queda en 90, es normal que lo rechace ya que el hecho mismo de trabajar genera costos adicionales (transporte, comida fuera de casa, guarderías, etc) que anulan el diferencial de beneficio obtenido con la venta de tiempo vital.

Carlos Susias, presidente de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), escribe en su aportación que “desde las Administraciones Locales y el Tercer Sector de Acción Social se debería trabajar más para ampliar el conocimiento de los mecanismos de Sistema de Rentas Mínimas y de sus características entre las personas en situación de pobreza y exclusión social, ya que aún falta desarrollar una mayor conciencia de sus derechos. Un buen sistema de rentas mínimas, enmarcado en un pacto contra la pobreza que funcione, añade, puede ser la mejor carta de presentación para una Renta Básica… y así sí se puede esperar su necesaria llegada”.

Ventajas e inconvenientes

La ensayista Carolina del Olmo, por su parte, expone cuál es a su juicio la ventaja fundamental de la Renta Básica frente a otras formas –como la que proponen CCOO y UGT- de intentar garantizar un ingreso mínimo a quienes lo necesitan. Y lo explica así: al ser incondicionada, desaparecen los trámites y papeleos, en ocasiones tan complejos que, según reconoce la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, sólo un 10 por ciento de los expedientes que reciben para tramitar la Renta Mínima de Inserción (RMI) llegan completos.

La mayoría de los efectos beneficiosos de una RB para la erradicación de la pobreza y la redistribución de la renta se pueden conseguir, a juicio del sociólogo José Antonio Noguera, con mucho menos dinero de lo que parece y con reformas viables. Hay alternativa tanto a las medidas tímidas e incompletas como a la huida hacia adelante. Una renta garantizada que ponga a toda la población por encima del umbral de la pobreza monetaria es perfectamente viable y financiable, y se puede plantear de forma técnicamente más exigente que la propuesta sindical, asegura.

María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de Filosofía del Derecho, considera que la RMI y la RB no se plantean objetivos muy distintos, pero técnicamente, están en las antípodas, y esto no es baladí, escribe. La distancia entre ellos es insalvable por lo que hace a sus presupuestos antropológicos (según se niegue más o menos la sociabilidad humana), su concepción del trabajo asalariado (un espacio transformado más o menos emancipatorio), su visión de la libertad como no dominación (a lo Kant o a lo Rousseau), su mayor o menor confianza en los individuos aislados o asociados, su mayor o menor preocupación por la protección de los bienes comunes, y sus distancias calculadas del sistema capitalista/crecentista.

Contra los tópicos

El economista Lluís Torrens considera que el ochenta por ciento de la población sale ganando con la combinación de renta básica y una fiscalidad del IRPF sencilla y transparente que permite calcular los efectos individuales.
Si el fraude se redujera, el tipo medio bajaría significativamente o se podrían aplicar compensaciones ad-hoc para estas clases medias aparentemente perjudicadas que ahora están el top de la pirámide de ingresos. Hace Torrens especial hincapié en el, a su juicio, inmenso valor emancipador que tiene una renta básica: la posibilidad de que los jóvenes o las mujeres dependientes se vayan de casa cuando deseen, con una asignación de partida para emprender su proyecto vital, y sin tener que declararse pobres.
“Cualquier cabeza de familia –añade- sería feliz pagando un poco más a cambio de poder liberar a sus hijos adultos de la obligación de permanecer eternamente en el hogar materno; cualquier jubilado sería feliz de no ver a sus nietos sentados en su mesa cada día únicamente porque sus hijos no tienen recursos para ponerles la mesa en casa”.

El Impuesto Negativo sobre la Renta (INR)

José Antonio Herce, profesor de Economía en la Complutense madrileña, considera que para conseguir los efectos deseables de una RB o de una RMI sin caer en ninguno de sus efectos indeseables, es mucho más eficaz y eficiente un esquema de Impuesto Negativo sobre la Renta (INR). Los elementos de tal esquema ya existen en todos los ordenamientos de imposición personal del mundo y solo con un elemento adicional de transferencia para quien cumpla una sencilla condición dinámica de ingresos se lograría el resultado deseado. Además, el aparato administrativo necesario para su operación ya existe y no sería precisa ninguna adaptación costosa para adaptarlo a la funcionalidad requerida por un esquema de este tipo.

El INR es simplemente un esquema de impuesto sobre la renta (proporcional a tipo único, o progresivo, lo mismo da) en el que la existencia universal de un mínimo exento determina una transferencia al contribuyente exento del pago del impuesto por un importe equivalente a la diferencia entre dicho mínimo exento y sus ingresos efectivos. Así de simple. Quien esté 1 euro por debajo del mínimo exento recibe un euro (puede hacerse por tramos casi continuos) y quien esté 1 euro por encima del mínimo exento paga los impuestos que le corresponda a ese euro. Solo se pagan impuestos por el exceso de renta más allá del mínimo exento, de forma que, en su caso, no se pierde toda la transferencia si antes se estuviese debajo del mínimo. El esquema, incluso con un tipo único (que a muchos asusta, inexplicablemente) puede hacerse tan progresivo como se desee o la sociedad admita, solo con ajustar el mínimo exento.

La Renta Garantizada de Ciudadanía

Sobre este asunto habla en el debate Diosdado Toledano, representante en Catalunya de la Comisión Promotora de la ILP de Garantía Ciudadana. Razona por qué este derecho es fundamental para superar la pobreza en Catalunya y garantizar la dignidad de las personas se encuentra en una etapa decisiva para su aprobación como Ley. La propuesta de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), tras superar una larga carrera de obstáculos a lo largo de dos años y medio, desde la aceptación de esta Iniciativa Legislatura Popular (ILP) por la Mesa del Parlament a principios de 2013, acaba de entrar en la fase de ponencia, debate de enmiendas y votación.

¿En que se fundamenta la reclamación de este derecho? En el redactado del artículo 24.3 del Estatut d’Autonomía de Catalunya aprobado en 2006, que dice textualmente: “Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen”.

Sobre la aceptación social de las propuestas

Desde un punto de vista del sistema general de protección, las prestaciones a los mayores y a los trabajadores (estos cada vez menos) continúan siendo la parte fuerte del sistema. Nos lo recuerda en su aportación Guillermo Fernández Maíllo, miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA para explicar que seguimos teniendo un sistema excesivamente asimétrico. Un sistema que los jóvenes entienden claramente injusto hacia ellos. El volumen económico de nuestro sistema de prestaciones asistenciales, aún siendo cuantitativamente importante, es muy ineficaz en términos de reducción de la pobreza comparativamente con los países de nuestro entorno. Necesitamos con urgencia, reclama Maíllo, acometer el incremento de la renta por diversas vías porque estamos consolidando una fractura social que no nos imaginamos las consecuencias que tendrá en el largo plazo. En el corto no se puede permitir que las discusiones de este espacio de reflexión se anulen entre sí. Todas deben sumar, desde distintas experiencias y formas de ver la realidad. Los ciudadanos llevan mucho tiempo esperando.

En su segunda intervención, Daniel Raventós replica a quienes piensan que la RB no es la mejor alternativa para enfrentarnos de forma inmediata al contexto de emergencia social en la que nos encontramos y se pregunta: Si en situaciones de mayor bonanza económica y social no era una medida “inmediata” y tampoco lo es en una situación de emergencia social como la actual, ¿será la Renta Básica alguna vez una medida a tener en cuenta?

A quienes sostienen que la Renta Básica tiene menos aceptación social que, por ejemplo, la Renta Mínima de Inserción, Raventós les replica que “la aceptación social es algo que varía muchísimo. Hace solamente un año, ya no digamos tres, ¿había alguien que pensase que las nuevas alcaldesas de Barcelona y Madrid, mero ejemplo, tenían mucha aceptación social? Una de las buenas formas para que algo que no goza de mucha aceptación social consiga tenerla cabo de no mucho tiempo… es aportando razones.
La escritora María Pazos también interviene en el debate y afirma que necesitamos discutir a fondo los principios de la política social en democracia y cómo aplicarlos efectivamente. “A cada persona según sus necesidades y de cada persona según sus posibilidades”, un planteamiento algo distinto a darle a cada persona una cantidad y que se las arregle como pueda.
Pero estos debates no son los que estamos manteniendo –escribe Pazos-. “En cambio, continúa, nos enfrascamos en otros en los que, curiosamente, no salen a relucir esos principios en torno a los que se forjó un pacto social en la segunda mitad del siglo XX. Diferentes premisas que se confrontan sin explicitarse y convierten la conversación en un diálogo de sordas/os. Lo que es más triste, este escollo nos está haciendo perder un tiempo precioso para debatir las medidas urgentes de política social”. Y remata su intervención con este lamento: “Al final yo también he terminado hablando de la Renta Básica. ¡Qué pena!”.

Como colofón al debate en la web, Público TV emitió por streaming el jueves 25 de junio un coloquio moderado por Juan Tortosa en el que, además del ponente, Carlos Bravo, los participantes fueron Miguel Laparra, José Antonio Herce, María Eugenia Rodríguez Palop, Lluís Torrens, Guillermo Fernández Maíllo y Daniel Raventós, todos ellos autores de distintas aportaciones durant4e el tiempo que el debate se mantuvo abierto en nuestra página web.

Ponencia inicial

Completar las redes de protección social, una necesidad

Completar las redes de protección social, una necesidad

Alejar a la economía de la recesión no es lo mismo que sacar a las personas de la crisis. A pesar de los datos de crecimiento económico de los últimos trimestres, la cifra de demandantes de empleo supera con creces los 5,5 millones de personas, de ellos más de la mitad son mujeres, y el número de desempleados de larga duración se sitúa cerca de los 3 millones de personas.

De no hacer nada, la recuperación económica terminará provocando una salida de la crisis que va a dejar atrás a cientos de miles de personas, muchas de ellas trabajadoras y trabajadores cuyas edades, cualificaciones, etc., han dejado de ser interesantes para las empresas. La garantía del acceso al derecho al trabajo para todos y todas es una prioridad de los sindicatos, y por ello venimos proponiendo políticas económicas y laborales radicalmente diferentes a las impuestas hasta ahora, pero hasta que se concrete la recuperación del empleo, hasta que este empleo sea de calidad y de estabilidad económica real a las personas y, en cualquier caso, con carácter estructural, debemos garantizar protección social a quienes no la tienen.

Las reformas de la protección por desempleo, lejos de haberse adaptado al actual mercado de trabajo y de dar respuestas al elevado desempleo y subempleo estructural, han estado guiadas por el objetivo de la reducción del gasto, lo que ha derivado en una reducción de más de 25 puntos porcentuales en los índices de cobertura del desempleo. No sólo se ha precarizado el mercado laboral sino también la prestación por desempleo. Se ha restringido el número de beneficiarios y la duración y cuantía de su percepción.

El conjunto del actual sistema de protección social, siendo importante, se ha visto claramente sobrepasado por la crisis y los recortes, de modo que crecen las lagunas de desatención. El número de hogares en los que todos sus miembros carecen de cualquier tipo de renta laboral (salario, desempleo, subsidios, pensiones,…) no ha parado de crecer y ya alcanza los 771.000. El riesgo de pobreza alcanza a 1 de cada 4 personas y se concentra mayoritariamente en las personas en desempleo. Tristemente, la pobreza infantil ya no es sólo un problema de los países en vías de desarrollo.

En el siglo XXI un Estado moderno y desarrollado como el español debe cuidar de todos sus ciudadanos, ampliando y completando los sistemas de protección social. Tiene el deber de intervenir en la economía para frenar el empobrecimiento que está sufriendo a parte muy importante de nuestra sociedad. La reducción de la pobreza, y la integración social y laboral, deben ser objetivos prioritarios para los poderes públicos. Todos los ciudadanos y ciudadanas deben tener garantizada una adecuada protección social pública.

Por ello, CCOO y UGT hemos propuesto mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) la creación de una Prestación de Ingresos Mínimos que asegure unos recursos económicos básicos a todas las personas residentes legales en España, en edad laboral, que queriendo trabajar no pueden hacerlo, que hoy no tienen prestaciones de desempleo y carecen de recursos que les permitan vivir con dignidad. Según datos del INE, actualmente 2.151.000 personas se encuentran en esta situación y viven en hogares con una renta per cápita inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, 5.837 euros anuales, por lo que podrían ser beneficiarios de esta prestación. Estas personas viven en hogares conformados por un total de 6 millones de personas, de los que cerca de 2 millones son niños.

La Prestación de Ingresos Mínimos que proponemos UGT y CCOO ascendería a una cuantía mínima equivalente al 80% del IPREM (426 euros/mes) y se vería incrementada para los beneficiarios con hijos y familiares a cargo. Para garantizar su universalidad la hemos propuesto como una prestación de la Seguridad Social en su ámbito no contributivo, cuya financiación debe garantizarse vía impuestos, a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Se trata de una prestación común para todo el Estado, compatible con las competencias en materia de asistencia social de las comunidades autónomas. Es una propuesta ambiciosa, sin duda, pero realizable. Con un coste mínimo en el momento actual, de extrema necesidad para millones de personas, de 11.000 millones de €, que irían a consumo inmediato en su totalidad y, con ello, ayudarían a mejorar la actividad económica y generarían, en consecuencia, ingresos adicionales al Estado que facilitarían su financiación. Su coste estructural sería, una vez fuera de la crisis, inferior, pero seguiría siendo necesario para evitar los vacíos de cobertura de nuestros sistemas de protección social. Hoy son mayores, pero existen siempre.

Esta Prestación se configura así como un pilar fundamental de una política económica y social basada en la lucha contra la pobreza, ya que garantiza el acceso a la protección social de una parte importante de la población que en la actualidad no está siendo amparada por ninguna prestación. El objetivo es el de completar nuestro actual sistema de protección social y dar respuesta a las necesidades esenciales de millones de personas castigadas por la crisis y por las erróneas políticas económicas aplicadas.

Para lograr la creación de esta Prestación de Ingresos Mínimos, CCOO y UGT junto a otros colectivos sociales, impulsamos una Iniciativa Legislativa Popular que requerirá de una importante movilización social, a la que desde aquí invitamos a todos cuantos compartan con nosotros el objetivo de garantizar una protección social pública suficiente para todas las personas y una salida social y justa de la crisis.

moderado por:

  • Pedro Chaves

    Politólogo, investigador especializado en la UE

  • Marià de Delàs

    Periodista

Conclusión del debate

¿Se pueden cambiar las ciudades? Esta pregunta ha sido el punto de partida de la ponencia que el geógrafo y urbanista Jordi Borja ha desarrollado en nuestra web durante los dos últimos meses.

En ella, su autor planteaba que hay que “socializar políticamente las elecciones” y que, ante el cambio de época en el que estamos, es preciso replantearse la ciudad metropolitana, la base económica, la unificación fiscal y política y un proyecto urbanístico integrador. Esto, a su juicio, requiere grandes proyectos entre los que se encuentran reorganizar el mapa territorial o adaptar la institucionalidad política y financiera a las realidades económicas y sociales para hacer posible una fiscalidad más justa.

Aboga el ponente por acentuar actuaciones especialmente referidas a la pobreza, la vivienda, el empleo y la protección social. Ante las actuaciones más potentes, las referidas al urbanismo, las intervenciones en el tejido urbano o los desarrollos nuevos, se pregunta: ¿para quién? Recuerda que hay tener en cuenta los efectos perversos de las buenas acciones urbanísticas, las que mejoran la ciudad pero contribuyen a multiplicar los precios del suelo y de la vivienda porque esto suele acabar redundando –afirma- en la expulsión de las ciudades de los sectores populares y a veces también medios.

Apuesta Borja por yugular la especulación mediante políticas fiscales y urbanísticas que a la larga acaben socializando el suelo urbano y urbanizable. Y termina haciendo votos por la llegada del aire fresco: “Los portavoces de la nueva política –escribe- se presentan a las elecciones, veremos cuando lleguen al gobierno lo que proponen y lo que hacen después… Ya es mucho que existan, que hayan sabido presentarse exitosamente en el escenario político y mediático y que tengan opciones de gobernar tanto a nivel local y autonómico como estatal. Pero por ahora, sobre todo es una marca. Y la marca también se ha convertido en producto”.

En el foro de Espacio Público pueden leerse las diversas aportaciones que a la exposición de Borja han ido haciendo distintos autores, entre ellos Enrique del Olmo, Rosa de la Fuente, Martiño Noriega, Xulio Ferreiro, Francisco Ramos, Nacho Murgui o Jaume Grau entre otros.

Frente al “Resistir es tener esperanza” de René Chair que citaba Borja en su ponencia, Martiño Noriega, candidato por Compostela Aberta a la alcaldía de Santiago, sostiene que “Resistir es perder” y señala la gravedad que supone que el PP haya realizado, en estos últimos años, “una privatización partidaria de los ayuntamientos bajo la coartada del necesario cambio conservador, y mientras Roma arde”.

El socialista Ramos Antón, parlamentario en las Cortes de Castilla León, exponía en su aportación que “en la maleta de las grandes reformas no hay que olvidar constitucionalizar el derecho al gobierno local y el espacio político de las competencias locales, para que no se lo lleve el viento”.

Por su parte la profesora de Ciencia Política Rosa de la Fuente planteaba, entre otras cuestiones, cómo se puede sustituir el urbanismo neoliberal del ciclo expansivo de la economía por un urbanismo social en un contexto de contención de las inversiones públicas o privadas.

El candidato de Marea Atlántica a la alcaldía de A Coruña, Xulio Ferreiro, si bien no cree “que podamos esperar de estas elecciones municipales que sean el pistoletazo de salida inmediato a un proceso constituyente sí piensa, sin embargo, que pueden servir para recuperar la esperanza e impulsar eso que llamamos «nuevo ciclo político».

Nacho Murgui, número dos, tras Manuela Carmena, en la lista de Ahora Madrid al ayuntamiento, ha querido valorar positivamente por escrito el hecho de que, “tras décadas de desafección política y desencanto, de acudir a las urnas con la «pinza en la nariz», llega ahora el momento de la sonrisa y la alegría de seguir avanzando en los cambios que hagan de nuestro país y de nuestras ciudades lugares dignos en los que vivir”.

Como colofón al debate en la web, Público TV emitió por streaming el miércoles 20 de mayo un coloquio moderado por la periodista Pepa Roma y en el que, además del propio ponente, los participantes fueron Montserrat Muñoz, número dos a la Comunidad de Madrid en las listas de IU; Carme García Lores, PSC, alcaldesa de Rubí; Nacho Murgui, Purificación Causapié, número dos por el PSOE al ayuntamiento de Madrid y el sociólogo Julio Alguacil, profesor de la Universidad Carlos III.

Ponencia inicial

Municipalismo. Cómo cambiar las ciudades

Municipalismo. Cómo cambiar las ciudades

moderado por:

  • Manuel Garí

    Economista

  • Juan Tortosa

    Periodista

Conclusión del debate

Cuando la calefacción o el aire acondicionado se convierten en un lujo

¿Es necesario repensar la definición de pobreza energética?¿Desciende la esperanza de vida cuando se pasa demasiado frío o demasiado calor? ¿Es posible disminuir las facturas del consumo básico de energía en las familias y al mismo tiempo generar empleo? ¿Hasta cuándo va a continuar la escalada de precios de la electricidad, del gas…? ¿Es el “bono social”, tal y como está pensado, una solución?

Durante casi dos meses, Espacio Público ha mantenido en su web un debate a partir de estas preguntas que Rodrigo Moretón planteaba en su ponencia de arranque sobre la “Pobreza Energética”, un fenómeno cada vez más preocupante en nuestro país. “No debemos entender la pobreza energética como una realidad independiente del proceso de pobreza y desigualdad que se está produciendo en nuestro país”, sostiene Moretón, y en ello abunda también Cote Romero cuando apunta en su comentario que “el confort térmico es una cuestión clave que afecta a la salud de las personas (agrava enfermedades pre-existentes, por ejemplo), pero esto no impide hacer un análisis más exhaustivo de la definición de la pobreza energética: la falta de acceso a servicios de primera necesidad genera una profunda desigualdad y exclusión social”.

Guillermo Fernández Maíllo, de Cáritas y la Fundación FOESSA, expone cómo “las estrategias para la supervivencia, en el espacio de la exclusión, llegan a hacer perder la posibilidad de un proyecto vital” y por su parte Laia Ortiz, portavoz de ICV, plantea que “la mejor política para prevenir la pobreza energética sería realizar una auditoría de la deuda eléctrica, promocionar más y mejor las renovables, facilitar y promover el autoconsumo y, en definitiva, recuperar el control público y ciudadano de un sector vital para la economía que ayude a garantizar unas condiciones de vida dignas a millones de familias en este país”.

El debate presencial para cerrar el ciclo tuvo lugar el martes 28 de abril en la sede de ECOOoo. Participaronm Jorge Morales, Cote Romero, Jorge Fabra, Rosa Martínez, Rodrigo Moretón y José Vicente Barcia.

«La pobreza tiene nombre y apellidos», comenzó diciendo Barcia como moderador de la charla. “Cada vez son más los españoles que sufren pobreza energética: 4 millones de personas se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno en 2012”.

«Ya nadie se cree los cuentos chinos de las eléctricas» explicaba por su parte Jorge Morales, ingeniero y empresario defensor de un nuevo modelo energético. «Deberíamos plantear un nuevo modelo que tuviera en cuenta una definición personalizada, para que cada caso o familia pagara lo que le correspondiera sin seguir normas absurdas, y habría que definir quién está pagando esta pobreza energética», criticaba Morales. Según el ingeniero, «las empresas no están pagando el bono social, sino todos los ciudadanos en las desmedidas facturas».

«La pobreza energética es una situación insostenible e invisible«, señalaba Rosa Martínez, coportavoz de Equo, ecologista y ecofeminista. «Es muy difícil cuantificar cuánta gente da de comer a sus hijos latas en lugar de cocinar o hacen que hagan los deberes en la biblioteca porque en su casa no tienen luz», incidía.

Para la ecologista, existe una «clara falta de voluntad política por solucionar este problema, que cada vez afecta a más españoles». «Hay soluciones técnicas y tecnológicas suficientes como para hacer frente a la pobreza energética, empezando por construir o rehabilitar los edificios que no sean ecoeficientes», explicaba.

«No es normal que las empresas paguen menos que las familias» incidía Jorge Fabra, economista y referente en el ámbito de la regulación eléctrica. Fabra recuerda que según los datos de Eurostat del año 2013, todos los sectores españoles, desde el segmento industrial hasta el doméstico pagan más por sus facturas que el resto de la Unión Europea. «Por ejemplo, las rentas medias de nuestro país pagan un 26% más que la media de los europeos», citó.

A lo que se sumaba Cote Romero, directora de Ecooo: «La pobreza energética genera exclusión social y puede provocar hasta la muerte”. «La Organización Mundial de la Salud ha sacado un informe sobre cómo el 30% de las muertes en invierno es por no tener en el hogar la temperatura adecuada«.

«El problema energético ha empezado a tener importancia y peso en la sociedad por la actual coyuntura política y de crisis que estamos viviendo», decía por otro lado Rodrigo Moretón, investigador en el Instituto de Energía Solar, miembro del Círculo de Economía, Energía y Ecología de Podemos (3E) y firmante de la Ponencia. “Es un modelo social, medioambiental y económicamente insostenible”. Según Moretón, la energía solar fotovoltaica podría ser algo «peligroso o directamente un enemigo» para las grandes compañías, porque se trata de algo que proporciona independencia y autonomía a los ciudadanos».

«¿Nacionalización sí o no?». En este punto todos los miembros de la mesa parecían estar de acuerdo: «No es necesario siempre y cuando las grandes compañías cumplan y respeten los derechos de los ciudadanos, cosa que actualmente no hacen”.

Ponencia inicial

¿A quién enriquece la pobreza energética?

¿A quién enriquece la pobreza energética?

Desde un punto de vista térmico, los últimos años no han destacado por valores extremos. Las temperaturas invernales se han mantenido en torno a los 8ºC de media, que es lo habitual. Sin embargo, la sensación térmica social ha cambiado y se tiene la percepción de que los inviernos están siendo especialmente crudos. El cambio fundamental es que antes de la crisis el frío estaba fuera, pero poco a poco se ha ido metiendo en las casas. Así se ha normalizado y extendido el concepto de pobreza energética.

La primera vez que se formuló esta idea fue en 1973 con el objetivo de medir las consecuencias sociales que la “crisis del petróleo” estaba teniendo sobre la población. La definición inicial de pobreza energética se hace desde una perspectiva “térmica”, bien medida como proporción de los hogares que no pueden mantener la temperatura media en invierno entre 18ºC y 21ºC (Organización Mundial de la Salud, 1987), bien como aquellos que gastan más de un 10 por ciento de sus ingresos en asegurar el confort térmico. Además se identificaron tres factores primarios a partir de lo que se explicaba la renta de las familias, la eficiencia energética de las viviendas y los precios de la energía.

Han pasado cuarenta años desde que se propuso esta definición y en este tiempo han cambiado los patrones culturales y tecnológicos de acceso energético. Además, las condiciones socioeconómicas que marcan esta crisis son muy diferentes a las que se vivieron en los años setenta. Surge aquí una primera cuestión:

¿Es necesario repensar la definición de pobreza energética?

Por un lado, habría que incorporar todos los consumos que tienen las familias como el agua, el gas, la electricidad e incluso el acceso a internet, sin reducir el campo a lo “térmico”. Por otro, sería necesario añadir a los factores primarios la cultura energética -los hábitos- que hasta ahora solo se han tenido en cuenta como elemento para incentivar el consumo. Incorporar nuevos insumos (factores de producción) es clave, ya que marcan los puntos sobre los que dirigir el desarrollo de políticas que consigan revertir la situación.

Más allá de como la definamos, no debemos entender la pobreza energética como una realidad independiente del proceso de pobreza y desigualdad que se está produciendo en nuestro país. Se trata simplemente de una mirada desde una perspectiva “energética” a un problema estructural. Las familias que se encuentran bajo el umbral de la pobreza sufren pobreza energética, pero se hace difícil pensar que pudiese haber personas en pobreza energética que no se encuentren en un proceso de exclusión.

Desde que la crisis empezase en el año 2008 la pobreza se ha hecho más extensa. La Encuesta de Condiciones de Vida (INE) de 2013 reconoce una tasa de pobreza del 21,6% de la población de nuestro país (10 millones de personas). El informe de la Fundación FOESSA presentado recientemente amplía ese número a 11,7 millones de personas porque incorpora más factores, además de la renta. Por último el propio INE, al aplicar el indicador AROPE de la UE (que mezcla renta, número de empleos en los hogares y privación), llega hasta los 13 millones (28% de la población) en el año 2013.

En los últimos cinco años, el umbral de la pobreza ha pasado para una persona de 7.576,8 euros a 7.182,1. Una familia compuesta por dos adultos y dos menores ese techo estaba en 2010 en 15.911,2 euros; a finales de 2014 se había reducido hasta loa a 15.082, casi mil euros menos. En resumen, los “pobres” son ahora “más pobres”. La pobreza se ha hecho más crónica también porque la desigualdad se ha disparado –el índice Gini que mide la desigualdad se encuentra en los niveles de 1986- y hace que las personas que están en situación de pobreza tengan menos posibilidades de salir de su situación.

El gasto energético de las familias

Para conocer cuál es el gasto energético de las familias, lo mejor es acudir a la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE) y comparar los datos del año 2006 con los de 2011. Son años en los que se ha producido un significativo cambio en el peso de las partidas de la economía de los hogares. Las que más crecieron fueron los alquileres (45%), la electricidad, el gas y otros combustibles (45%) y los servicios relacionados con la vivienda -como el agua- (31%). De media se pasó de dedicar un 4,6% del presupuesto doméstico a la energía y los suministros a un 6,5%.

Estas variaciones se deben a dos elementos diferentes. El primero es el notable incremento del precio de los insumos (materias primas) energéticos. La electricidad ha incrementado su precio en un 59,7 % entre 2006 y 2013 según el Instituto Energético de Galicia (INEGA); el precio efectivo del gas ha subido un 25% desde el año 2005. También lo ha hecho el agua y pueden servir de ejemplo los datos del Observatorio del Precio del Agua (Agència Catalana de l’Aigua) que reconoce que el precio medio que se paga por metro cúbico en Cataluña —sin las tasas municipales— se ha incrementado casi en un 44% entre 2008 y principios de 2012.

El segundo factor al que atribuir el aumento del presupuesto doméstico para la energía tiene que ver con la propia gestión de la economía familiar. La reducción de renta obliga a ajustar los gastos y a priorizar unas partidas sobre otras. Se toman decisiones que, en función de la situación serán más o menos drásticas. A la hora de atarse el cinturón una familia comenzará, por lo general, reduciendo sus costes variables: menos gasto en ocio, en ropa… Luego pasará a reducir todo lo que pueda sus costes fijos. Más tarde decidirá prescindir de aquellos servicios que parecen más superfluos, posiblemente internet.

Este proceso acaba trasladando a coste variable –del que se puede prescindir- la mayor parte de partidas que antes se consideraban coste fijo. Cuando ya no quede de donde reducir, llegará el momento de renunciar a la calefacción, o restringirla; después llegará el turno de prescindir del agua caliente –alterando sus hábitos de higiene-. Y por último, muy posiblemente, hasta se deje de usar la cocina y se apueste microondas. Al final empezará a jugar con su “tesorería” y se producirá una dinámica de pagos intermitentes de facturas para poder mantener el servicio –Un 9,2% de familias tuvo ya en 2013, según el INE, dificultades para pagar el agua, la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad, la comunidad… y tuvieron que dejar pendientes recibos hasta poder pagarlos… o no. El proceso desembocará inevitablemente en el corte de los suministros y por último, si no se puede pagar la vivienda, en una dinámica de exclusión acelerada: el desahucio y todo lo que lleva aparejado. Son precisamente los Alquileres y las hipotecas, la partida que más ha crecido en la Encuesta de Presupuestos Familiares.

Las dos compañías eléctricas que gestionan el 80% del suministro doméstico (Endesa e Iberdrola) realizaron en 2013, tal y como recogen sus memorias, 931.263 desconexiones. Si se hace una extrapolación al 20% restante, el dato resultante es que se “cortó la luz” a más de un millón de hogares, el 5% de los usuarios domésticos. Teniendo en cuenta el tamaño medio de los hogares españoles estaríamos hablando de 3,6 millones de personas. La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) calcula que se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace cuatro años. De estos, se llegan a ejecutar aproximadamente un 60%, es decir, 300.000. Podríamos tener datos similares con otros suministros domésticos como el gas.

En este contexto de pobreza es donde hay que interpretar los datos que la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) aporta en su informe sobre pobreza energética del año 2014: Un 9% de familias se declaran incapaces de mantener su vivienda caliente (4 millones de personas) y un 12% gasta más de un 10% de sus ingresos en confort térmico (7 millones de personas). Aunque el informe es de 2014, los datos son de 2012.

El descenso de la esperanza de vida

El resultado de esta espiral negativa es que empeora las condiciones de vida de millones de personas y las instala en una desigualdad estructural. En el año 2007 se realizó un estudio sobre la esperanza de vida en la ciudad de Madrid con resultados llamativos. Un varón residente en el Barrio de Salamanca vive 78,9 años frente a los 71,3 años de uno residente en el Barrio de Orcasur. Esta diferencia de 7,6 años se produce en una distancia de 15 kilómetros. Siete años después, y con una crisis de por medio, lo que ha ocurre es que además de que las condiciones de vida son más difíciles (más frío, menos higiene, peor alimentación,…) es necesario trabajar más para llegar a fin de mes. Según la Fundación 1º de Mayo, el 12,3% de los trabajadores se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Han de trabajar más horas para alcanzar una renta mínima. La suma de ambos elementos hace que hoy la distancia entre Orcasur y el Barrio de Salamanca supere, con toda seguridad, esos 7,6 años de diferencia en la esperanza de vida. Esta es la consecuencia real de la pobreza energética.

Hasta el momento, para paliar esta situación se ha utilizado el Bono Social recogido en la Ley 24/2013. Se trata de un descuento del 25% de la factura eléctrica para aquellos hogares con una potencia contratada inferior a 3kW, pensionistas con más de 60 años que perciban pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, familias numerosas y también aquellas otras en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo. Casi dos millones y medio de hogares se beneficiaron del Bono Social en 2013, la mayor parte por tener menos de 3 Kw de potencia. Es interesante ver que, desde el año 2009, el número de personas inscritas ha disminuido en medio millón, lo que no parece lógico cuando la situación social ha empeorado y los gastos en energía crecen tal y como indica la Encuesta de Presupuestos Familiares. Y llama la atención el crecimiento de las solicitudes de las familias numerosas, que llegan a los 162.000 hogares.

¿Es el Bono social tal y como está pensado una solución?

A la luz de los datos parece que no. En primer lugar, no está llegando a la gente que más lo necesita; gran parte de las familias numerosas que lo solicitan no parecen estar entre las que menos renta tienen y un porcentaje no despreciable de los que tienen menos de 3 Kw de potencia contratados –a los que se les aplica sin solicitarlos- son segundas residencias vacacionales. En segundo lugar, el problema se circunscribe a la electricidad cuando lo generan también otros muchos factores. Lo que también ocurre es que la población vulnerable no está accediendo todo lo esperado al sistema, pero no por una mejora de su renta.

¿Es posible disminuir la factura en necesidades básicas de las familias y generar empleo simultáneamente?

En este momento las políticas de eficiencia energética están pensadas como inversiones a realizar en el marco de mejoras de viviendas –apoyo a cambio de ventanas, cambio de calderas, electrodomésticos eficientes,…- o edificios –grandes intervenciones en fachadas subvencionadas parcialmente-. Pero este tipo de políticas seguramente va a contribuir a aumentar la “desigualdad energética”: son cada vez más ineficientes los que más lo necesitan y cada vez más eficientes los que menos lo requieren.

Un cambio en la política es posible si se decide invertir en mejorar las viviendas de los hogares pobres. Se trataría no sólo de inversiones en edificios –que son elevadas para la rentas de los hogares y requieren cofinanciación y acuerdo de todos los vecinos-, sino también poner en marcha pequeñas intervenciones en viviendas particulares a fondo perdido sobre elementos de poco coste como lámparas de bajo consumo, perlizadores de agua, aislamiento de ventanas mediante aislantes adhesivos, termostatos… Se trata de hacer una política macro como suma de muchas intervenciones micro.

En términos sociales esto podría permitir, por un lado, generar un nicho para una mano de obra que no requiere una altísima cualificación y que facilitaría reengancharse tras haber sido expulsada del mercado de trabajo –muchos de la construcción- y por otro, una intervención en hogares vulnerables que incrementaría su renta de forma estable como consecuencia del ahorro producido. En términos energéticos, este tipo de actuaciones son menos eficientes en las viviendas que las que se realizan globalmente en los edificios, pero muchas intervenciones micro sumadas –y posibles- son más eficientes que pocas intervenciones globales –poco factibles a día de hoy-.

¿Es posible disponer de un sistema de precios diferenciados?

Las grandes compañías multinacionales suministradoras de insumos tienen parte de su negocio en otros lugares. En algunos países latinoamericanos, por ejemplo, existen tarifas diferenciadas en función de la renta. Plantear una propuesta de tarifas en función de algunos tramos de renta es una posibilidad que al menos habría que explorar.

Es posible un replanteamiento del Bono Social para resolver el problema de aquellas familias más vulnerables. Sería más eficiente si se tratase de un sistema por el cual, siempre en función de la renta, se solicitase una mejora en la eficiencia de la vivienda que reduciría establemente las facturas y además generaría empleo. Esto debería ampliarse también a otros insumos (gas, internet, agua, electricidad y podría acompañarse de la implantación de un sistema de tarifas en función de la renta. No hay que olvidar en ningún momento que otro de los temas que está presente permanentemente en el análisis es el coste de la energía

¿Se puede mantener la escalada de los precios de la energía?

El cambio de la política sobre la energía en este momento es una buena herramienta para luchar contra la pobreza de forma estructural. La Estrategia Europea 2020 marca como desafíos fundamentales, entre otros, el cambio climático y el aprovisionamiento energético y como objetivos el empleo, la educación y la pobreza. Estos conceptos se traducen en líneas de financiación de fondos europeos (FSE y FEDER fundamentalmente) que pueden ser orientados en estos campos y sobre los que se está en proceso de decisión.

Temas abiertos para debatir, hay. Y posibilidades financieras para abordarlos, también.

moderado por:

  • Julia Pérez

    Unión de Asociaciones Familiares. UNAL

  • Orencio Osuna

    Director de la Fundación Espacio Público

Conclusión del debate

La Justicia habría de ser un servicio útil y no lo es. Hoy día no es el servicio público que precisa la gran mayoría de ciudadanos para resolver sus litigios, basados en los derechos y obligaciones, tanto entre sí como entre ellos y el Estado. Así comienza Manuela Carmena la ponencia con la que “Espacio Público” abrió el debate sobre la necesidad de reinventar la justicia. Durante los más de dos meses en que ha estado abierto, han contribuido como reflexiones personalidades de todos los ámbitos del mundo de la Justicia.

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, plantea que “si existe un documento formalmente antiguo e inadecuado en nuestras Administraciones Públicas ese es la citación judicial. Un documento totalmente incomprensible para el español medio e intolerablemente amenazante para quien es llamado a colaborar con la Administración de Justicia. La citación –añade Carnicer- es muchas veces el primer acto de la Justicia al que asiste el ciudadano que es llamado a colaborar con ella. Y la mala imagen que tiene la Justicia entre los ciudadanos podría evitarse si, simplemente, se tratara a los ciudadanos con el respeto que merecen”.

Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la UAB, escribe que “es posible propiciar una transformación de la Justicia con mecanismos de actuación más horizontal, con participación de agentes sociales y alejada de los ritos que hoy la anquilosan”

El juez José María Fernández Seijo propone la desaparición del Ministerio de Justicia: “En algún momento –afirma- debería ponerse un poco de orden y rediseñar el tablero partiendo en primer lugar de la desaparición del ministerio de justicia, sus competencias deberían ser o bien transferidas a las comunidades autónomas o bien redistribuidas entre el ministerio de presidencia, el de administraciones públicas, el de exteriores y el de cultura”.

Por su parte María Victoria Cinto, vocal del Consejo General del Poder Judicial, cree que “definitivamente es la hora del cambio, de la reinvención, de promover unos nuevos usos y maneras, de fijar los objetivos de una nueva gestión que acerque la justicia a las demandas de la sociedad, que sirva para resolver sus conflictos y crear un marco de convivencia asumible por todos”

Joan Baucells Lladós, profesor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, entiende que “no podremos avanzar en la mejora de la elaboración de las leyes si no se reinventan también los mecanismos de control de estos niveles de racionalidad. Cuando uno lee sus sentencias –explica-, tiene la impresión que el control de las leyes penales por el Tribunal constitucional no ha hecho más que empezar, y que aún está pendiente de elaboración una teoría suficientemente comprensiva de sus contenidos y de sus límites”.

El abogado Jaume Asens critica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “institución endogámica, a su juicio, altamente politizada e incapaz de acometer su principal tarea: poner orden en la justicia y proteger la independencia de quien debe ejercerla. Con su vinculación al poder político, -añade Asens-se ha convertido en un problema más que en la solución.

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia sostiene que “es probable que no haya ningún ámbito como el de la Justicia en el que exista una coincidencia tan generalizada en la percepción de un patente abandono institucional” y Antonio Segura, vicepresidente del Foro de abogados de izquierdas mantiene que “el componente social de la propia plantilla de jueces, juezas, y miembros del ministerio fiscal no se corresponde con la diversidad ideológica de la actual realidad social”.

Para la ex ministra Margarita Robles, ahora magistrada del Tribunal Supremo, “los jueces tienen que ser el punto esencial y básico de la protección de los derechos de los ciudadanos” mientras que el también magistrado Ignacio González Vega repasa y analiza la manera de acceder a la judicatura en nuestro país.

Este fue uno de los puntos de más controversia entre los participantes en el debate presencial previo al cierre de esta ponencia, que moderó Julia Pérez, especialista en Tribunales del diario Público, y que tuvo lugar el pasado 9 de abril en Madrid, en la sede de Ecooo.  En él intervinieron, junto a Manuela Carmena, los también magistrados Joaquim Bosch y Manuel Ruiz de Lara y los abogados Gloria Elizo, Jaume Asens y Antonio Segura.

Quien esté interesado en conocer el debate que ha tenido lugar en la web desde febrero hasta abril de 2015, lo puede consultar a continuación.

Ponencia inicial

La Justicia: hay que reinventarla

La Justicia: hay que reinventarla

moderado por:

  • Laura Freixas

    Escritora, Asoc Clásicas y Modernas

  • Paula Ortega Faura

Conclusión del debate

Este debate, que se ha desarrolló fundamentalmente en los dos últimos meses del 2014, ha tratado de analizar las causas profundas de un fenómeno socialmente alarmante, cómo es el de la violencia de género. La ponencia de la que arranca la discusión analiza las circunstancias y la lógica que motivaron la promulgación de la ley orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género y sostiene que la violencia no es un problema que afecte sólo al ámbito privado sino que fundamentalmente atañe   al ámbito público y representa una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

Planteada en este ámbito la discusión, muchas de las intervenciones han señalado que no estamos ante un problema propio de un colectivo: las mujeres (puesto que las mujeres no constituyen “un colectivo” y esta consideración sería inaudita en el caso de los hombres) sino ante un problema social frente al que el Estado tiene que tomar medidas efectivas , puesto que todo Poder Público tiene la obligación de garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas..

El centro de la discusión se ha centrado en la igualdad. No hay democracia sin igualdad, y no puede haber igualdad en la sociedad sin democracia (Miguel Lorente). El debate sin embargo desborda el ámbito estrictamente político para adentrarse en las causas profundas que laten en la sociedad y que alimentan el machismo.

La violencia es un concepto adquirido. Frecuentemente, la violencia de los hombres contra las mujeres comienza en la infancia y representa parte de la socialización masculina. Muchos muchachos son socializados en la creencia de que las mujeres y niñas tienen obligaciones con ellos (cuidar de la casa, cuidar de los hijos, tener relaciones sexuales con ellos…).( Francisco Abril ) Este análisis arroja un dato inquietante: que los jóvenes, son más propensos a usar la violencia que cualquier otro grupo. La violencia de los hombres contra las mujeres se ejerce, principalmente, en el espacio privado y las relaciones de pareja y su inicio tiene lugar, muchas veces, en las parejas más jóvenes.

El machismo viene de lejos y se introduce en el inconsciente; este es otro de los aspectos relevantes que ha aportado el debate. La imposición de los esquemas del Patriarcado no sólo se producen por mecanismos sociales, culturales y económicos, sino también, por un entramado de estereotipos de género inconscientes, que se han ido tejiendo a lo largos de las generaciones que nos preceden. Durante la infancia se transmiten, consciente e inconscientemente, tanto por el padre como por la madre, y cristalizan en la adolescencia. (Regina Bayo) Estos aspectos de la subjetividad e identidad sexual no son conscientes, -y precisamente por eso-, se manifiestan con gran fuerza en momentos de cambio o de crisis en la vida de la pareja, como con el nacimiento de los hijos, o ante la pérdida de la estabilidad económica.

El debate deja claro que la violencia machista no se puede entender si se reduce a un problema que ocurre entre dos personas. Las causas hay que buscarlas más bien en un conjunto de dispositivos sociales que provocan que las mujeres sufran constantemente una violencia que es estructural. Se trata de una forma de control que el patriarcado ejerce sobre todas las mujeres (Isabel Serra y Rebeca Moreno)

Uno de los mecanismos por el que se reproduce la dominación es la “violencia simbólica”, que afecta a las mujeres (y a los hombres) de modo que las ciega respecto a la sumisión en la que incurren. Las mujeres están sometidas a un continuo bombardeo de mensajes contradictorios: una publicidad obsesivamente centrada en el cuerpo y en la seducción que reinscribe los clichés de feminidad más conservadores disfrazados de modernidad (Ángeles de la Concha); una exaltación de la libertad sexual que luego en la intimidad se ignora o se castiga; un acceso al mundo del trabajo, a la política y a las profesiones más prestigiosas que resultan luego irreconciliables con una vida familiar en el que la pareja se limita a “ayudar” en temas y ocasiones puntuales; una exaltación de la maternidad que se castiga laboralmente con el despido encubierto o la relegación a puestos de segundo orden; un reconocimiento a la valía profesional que fuerza a renuncias personales…

De este modo, más allá del plano conceptual, pero en relación con el concepto de “feminismo”, luchar contra la violencia machista implica  mejorar las condiciones materiales de las mujeres. La  violencia machista no puede ser entendida como una circunstancia al margen de las condiciones sociales, políticas y económicas en las que se desarrolla

En esta relación entra la violencia y las condiciones sociales están de acuerdo la mayoría de los intervinientes. Si bien algunos entienden que además de eso hay que tener en cuenta el poco amparo real que los juzgados prestan a las mujeres maltratadas. El 55 por ciento de las denuncias se archivan sin más trámites y el resultado final es que no llegan al 40 por ciento los maltratadores condenados (Lidia Falcón). Esta tesis considera que la ley contra la violencia de género es radicalmente insuficiente, entre otros factores, porque solo ampara a las mujeres que tengan vínculos sentimentales con los maltratadores.

Una parte significativa de las intervenciones han subrayado un factor especifico que acompaña a la violencia de género: la víctima, en muchos casos con lazos afectivos con el agresor, es una víctima especial, muy distinta a las víctimas de otros delitos. Se constata que estas agresiones y crímenes son los únicos en los que son las víctimas las que se avergüenzan o esconden y no quienes los perpetran. Todo ello envuelto frecuentemente en un halo de fracaso vital.

No es raro, pues, que las mujeres sean remisas a denunciar. (Eulalia Lledó). A esto se le tiene que sumar la silenciada desprotección en que las mujeres suelen quedar después de denunciar.

La discusión sobre la violencia de género se complementó con un debate en Público TV que moderó la escritora Laura Freixas y en el que participaron la escritora y periodista Lidia Falcón, el psicólogo Pablo Llamas, miembro a su vez de la AHIGE, Ángeles de la Concha, catedrática de lengua inglesa, la ponente Soledad Murillo y el profesor de Derecho Constitucional Octavio Salazar

Ponencia inicial

¿Ha llegado la democracia a la vida privada?

¿Ha llegado la democracia a la vida privada?

Identifico democracia con el mutuo respeto, una regla de la que nos dotamos siempre que aceptemos las distintas formas de vivir. John Rawls definía la justicia en términos de procurar hacer efectivas las “bases sociales del autorespeto”. En el plano personal, el respeto consiste en concederse un valor innegociable. En suma, resistirse a claudicar cuando alguien en nombre de los afectos, pretende amoldar un proyecto vital, por el simple hecho de ser ajeno a sus necesidades particulares. Situaciones demasiado frecuentes en un vínculo de pareja, donde mantener lo propio, desde las amistades, hasta las aspiraciones profesionales, pudieran representar motivo de tensiones, o conflictos más serios.

Sabemos bien que las interacciones sentimentales son extraordinariamente complejas, pero no siempre los desacuerdos recurren a la palabra y menos aún a pactos en los que se explicite lo que cada persona espera de la otra. Todo lo contrario, la pareja también es un escenario de poder. Un poder que no se muestra públicamente, se reproduce en la intimidad de una relación sentimental, se justifica en nombre del amor y requiere de una sistemática expropiación de la identidad. Además, contiene una firme desautorización de todo rasgo de individualidad, recurriendo desde los agravios, hasta los golpes. De hecho, debemos a la teoría feminista haber conceptualizado el poder desde el esquema de subordinación y autoridad, y visibilizado aquellos mecanismos sociales, económicos y culturales que legitiman la desigualdad.

Esta lógica fue clave en la elaboración de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tuve la oportunidad de participar activamente en su elaboración. Fui el primer cargo público en materia de igualdad, pero sin añadir, familia, infancia o juventud entre sus competencias. Sólo igualdad. Razón por la cual las siguientes reflexiones son deudoras de la legislatura de la que formé parte (2004-2008), así como de las negociaciones, o mejor decir, las conversaciones con el ánimo de convencer de la necesidad de una norma a aquellos que serían los responsables de su puesta en marcha. La Ley tuvo su origen en una propuesta por parte de la oposición, en el año 2002 y en sede parlamentaria, que el Gobierno del Presidente Aznar desestimó. Las entonces muy minoritarias, pero constantes, manifestaciones de mujeres cada 25 de noviembre, no dejaban de recordar la urgencia de la medida. Se recuperó la idea y se amplió el campo de su articulado. Para empezar, ya en su exposición de motivos, o tarjeta de presentación de todas las normas, que recomiendo leer para conocer los principios que las inspiran, en la Ley 1/2004 se cita expresamente que la violencia no es un problema que afecte al ámbito privado sino al ámbito público. Y se añade que representa una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Antes de su promulgación, era el concepto violencia doméstica el más usado, desde la jurisprudencia, hasta los medios de comunicación. De esta manera, quedaban fuera de esta definición aquellas mujeres que no convivían con el agresor: tanto jóvenes que sufrían violencia, así como las mujeres maduras que eran amenazadas por su expareja. Esta focalización en la vida afectiva como escenario de violencia, fue muy controvertida por creerse que era reduccionista. De hecho se dudaba de su eficacia, dado que no se recogían todos los tipos de violencia que figuran en la Resolución 48/104 de la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 1993: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada». En cambio la Ley perfila la figura del maltratador en un compañero sentimental, se conviva o no.

Primeras Objeciones a la Ley 1/2004.

Una de las principales dificultades para entender la especificidad de la violencia de género, fue su denominación. En primer lugar, desde el punto de vista nominativo la definición de “género” que aportaba la Ley, fue rechazada por la Real Academia de la Lengua, que advirtió sobre la inutilidad de su uso, eso sí, sin citar ninguna de las múltiples referencias teóricas sobre la aplicabilidad del mismo. Ni lo entendió entonces, ni aún hoy está incorporado; a pesar de mostrarse receptiva ante términos como “friki”, “manga”, entre muchos otros, con más suerte por parte de la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico de la RAE. Esta valoración es mucho más que una anécdota, representa la inquietante estrategia de convertir una categoría de análisis en una extravagancia y, como tal, cualquiera puede desestimarla, negarla o refutarla, sin más. La misma idea que mantienen aún las Universidades españolas, al ubicar los estudios de género, como un conocimiento periférico en la capacitación curricular: master o asignaturas optativas son las únicas opciones. Esta limitación en la oferta educativa repercute en reforzar la subestimación teórica por parte de quienes deben aplicar la Ley, porque de no entender su significado, esta omisión afectará al desarrollo de su práctica profesional y sobre todo, a la eficacia de respuesta a las mujeres maltratadas.

En segundo lugar, fue extraordinariamente complejo desvincular la violencia de género de su interpretación como un asunto privado, un suerte de problema de pareja en el que no es lícito inmiscuirse, salvo que se produzcan actos constitutivos de delito. Pero convertirla en un asunto público fue clave en cada proceso de presentación de la Ley a distintos profesionales, que en un futuro deberían implementarla. Se trataba de recordar que la violencia era consecuencia de una deficitaria aplicación de las políticas de igualdad y esto repercute en las conductas de los agresores y de las víctimas. Bien es cierto, que cada día tenemos la fortuna de contar con rigurosos análisis sobre la materia, donde cada aportación teórica, o práctica, nos ayuda a entender la complejidad del fenómeno; sin embargo es necesario profundizar en aquellos análisis que relacionen violencia, con la posición de inferioridad que se reserva a las mujeres dentro de la estructura social, política o económica de nuestro país. En otras palabras, disponemos de menos ejemplos que vinculen la violencia con el grado de igualdad de trato y que a su vez sean capaces de identificar qué factores de desigualdad provocarían un estado de indefensión de las mujeres. Nos convendría saber ¿con qué recursos personales cuenta una mujer para poder iniciar el difícil proceso de iniciar un proceso judicial? O bien, conocer qué ocurre en el intervalo entre llamar al teléfono de emergencia 016, más de 30.000 llamadas anuales, y la decisión de interponer una denuncia, que representan menos de la mitad. De todo ello informó el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, órgano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya anterior Presidenta Inmaculada Montalbán mostró, en el año 2013, su preocupación por una caída en las denuncias de un 9,6 en los últimos cinco años.

En tercer lugar, hacer entender que no se trata de un problema propio de un colectivo, porque si todo Estado de Derecho tiene la obligación de garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas, con esta obligación constitucional se deberían ver implicadas todas las instancias sociales, y no sólo las áreas de mujer inscritas en cualquiera de las instituciones públicas. Sin embargo, un problema fundamental radica en la extendida interpretación de considerar a las mujeres como un colectivo. Pero ¿qué efectos tiene para las mujeres ser definidas de este modo? Aparentemente parece una definición neutral, carente de consecuencias, pero nada más lejos de la realidad. Primero, porque los colectivos se asimilan a las minorías, es decir, se les adjudica un rasgo particular que les adscribe al grupo en función de su -color, raza, edad, clase social-. Lo cual no ofrecería problemas, sino fuera porque esta operación sólo rige para las mujeres, en ningún caso a los hombres se les concede tal tratamiento diferencial, salvo que posean una particularidad concreta: jóvenes, ejecutivos, jubilados. En cambio, las mujeres siempre son catalogadas como un colectivo en su totalidad. Ni siquiera es preciso adscribirse a un grupo a través de un rasgo concreto, ni por edades, renta, color u orientación sexual. Las mujeres por el hecho de ser mujeres se definen como un colectivo, cuando en nuestro país representan un 50,8% de la población censada (INE. A 1 de enero de 2014).

Esta es la primera estrategia de exclusión, pero lo más inquietante, son las características que se les atribuye como colectivo, cuyo significado común son sus “especiales dificultades”: problemas de conciliación, de autoestima, de trabajo, entre otros. Dificultades que se analizan como inherentes a las mujeres. Es decir, no quedan cuestionadas instancias públicas cuyo funcionamiento y regulación horaria, pudieran representar un serio obstáculo a su participación. O las constantes convocatorias de reuniones, que se convierten en requisitos de una presencia activa, sin olvidarnos de las interminables jornadas diarias que la esfera política, sindical, empresarial reserva para afianzar sus relaciones formales e informales, pero estas pautas de funcionamiento no se cuestionan. Si las mujeres no tienen tiempo es un asunto personal o, lo que es lo mismo, imputable a su organización horaria.

Como personas interesadas en la violencia de género debemos preguntarnos, ¿aceptamos estas definiciones u optamos por seguir haciéndonos preguntas? En suma, ¿las interpretamos como características propias de las mujeres o resultado de una división sexual de funciones, que hombres y mujeres reproducen a través de los roles? Sin embargo, al asimilar al conjunto de las mujeres al repertorio de los colectivos,estas quedan expuestas a ser tratadas desde esta óptica de grupo, definición que opera para los responsables de diseñar políticas sociales. ¿Qué ventajas depara esta clasificación, si estadísticamente las mujeres representan la mayoría de la población? Para empezar a las minorías se les reconoce más por sus “problemas” pendientes de solucionar, que por sus méritos o aportaciones. No olvidemos que las necesidades tienen un tratamiento político distinto que los derechos, sobre las primeras recae la incierta voluntad política de solucionarlas pero siempre estarán cautivas de presupuestos públicos, o del grado de conocimiento sobre igualdad de quienes la incluyen entre sus competencias. Carencia que ni siquiera se tiene pudor de lamentar. El propio Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad reconoció, según sus propias palabras, en una rueda de prensa que no se había leído la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a pesar de formar parte de un gobierno que iniciaría una reforma regresiva de la misma.

Por estas razones, los programas, o medidas son específicas y se orientan a subsanar aquellos supuestos “déficits” que las mujeres presentan. De esta manera se utiliza el término “inserción” en cualquiera de las esferas sociales: laborales, culturales. Pero la respuesta está condicionada por el grado de compromiso de cambio de las instituciones, demasiado refractarias a una revisión de sus procesos. Resulta más sencillo administrar políticas específicas: los programas de diversidad, dentro del capítulo Responsabilidad Social, en la empresa privada, o bien el denominado sector, dentro de la Administración Pública. La misma interpretación motiva que en los foros internacionales se organicen sesiones específicas sobre mujeres. Por ejemplo, en la Unión Europea la agenda de igualdad se ubica en la Comisión de Políticas Sociales, a cuyas sesiones acuden aquellos cargos políticos que la incluyen entre sus responsabilidades pero deben compartirla con otras áreas de trabajo, lo que concentra la igualdad junto a otras competencias como Educación, Salud, Políticas Sociales (Alemania, Grecia, Portugal, Italia Reino Unido, Noruega, Finlandia). Son excepcionales los países en que existen Ministerios de la Mujer en la Administración General del Estado (España hasta el 2010 y Suecia). Si acudimos a los escenarios políticos, observamos al líder de cualquier partido haciendo un acto sólo para mujeres, reproduciendo así la concepción de éstas como colectivo, lo que creará estructuras específicas, mujeres de, feminismos de, a la que se añade el nombre de la formación política.

En todos los casos, se comparte el mismo discurso: la indudable capacidad de las mujeres y su injusta invisibilidad. Tal defensa sobre las virtudes de un colectivo, sería inaudita en el caso de los hombres. Además, fuera de estos marcos de proclamación de excelencia, cuando las agendas públicas o privadas, políticas, traten asuntos claves, como la economía, la protección por desempleo o la administración territorial, estás no tendrán presencia alguna en la toma de decisiones. Evitar esto fue un propósito de La Ley 1/2004, que quiso convertir en un asunto de interés general aquello que se definía como un asunto privado de las mujeres. Por ello, lejos de establecer regulaciones en clave de colectivo específico, se buscó una equivalencia de derechos en el espacio público y para ello, era preciso aportar artículos sobre educación, mercado de trabajo, hasta la creación de nuevas estructuras, como los juzgados especializados de violencia contra la mujer y una fiscalía de violencia de género. O la Delegación Especial contra la Violencia de Género, que creó un observatorio para homologar datos estadísticos, además de crear el teléfono 016.

En cuarto lugar, más que un obstáculo, se trata de lo que fue, bajo mi punto de vista, una pérdida irreparable para aumentar la efectividad de la Ley: no lograr introducir el machismo como un agravante. Del mismo modo, que la xenofobia, el antisemitismo o el racismo son tipificados como tales en el artículo 22.4 del Código Penal. Esta valiente propuesta la hizo la Presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, quien argumentó en una comparecencia en el Congreso, la conveniencia de introducir este tipo de discriminación en el código penal, dado que la Ley 2/2004 sólo agravaba las penas para los delitos de lesiones. Pero nadie, ni siquiera el partido del Gobierno que impulsaba la Ley, aceptó su fundamentación. La negativa fue contundente, lo que demuestra que la violencia se encapsulaba en los problemas de un colectivo específico y no precisaba tratamientos jurídicos más severos para evitarla. Siempre me he preguntado si la presencia de otras discriminaciones directas en la legislación, no habrá dependido de la solidez de alianzas, o de la capacidad de presión, como lobbies, de los colectivos que las padecen.

En quinto lugar, sobre la Ley pesó otra grave acusación: la de beneficiar a las mujeres en detrimento de los hombres, concretamente en relación al artículo 38: Protección contra las amenazas. El debate procesal se basaba en un interrogante: ¿por qué un mismo hecho: amenazar o coaccionar tiene un distinto tratamiento penal, tipificado como delito en el caso de lo realice un hombre con una relación sentimental con la víctima, y no pesa del mismo modo para las mujeres? Esta elevación de la pena fue interpretada como una relación inversa entre legalidad y discriminación, y provocó encendidos argumentos. Sabíamos, como se manifestó en los encuentros de trabajo con médicos forenses que las coacciones y amenazas eran la antesala de las lesiones. Los hombres no vivencian pánico, es cierto que pueden sentir ira, agresividad, pero no miedo y, mucho menos, terror. Pero este aparente “trato de favor” conectaba peligrosamente con el imaginario social sobre que las acciones positivas, o en el ámbito político, las famosas “cuotas” y que a pesar de ser mecanismos garantes de la igualdad, se presentan ante la opinión pública como medidas fraudulentas para favorecer a las mujeres.

Si las mujeres carecen de referentes de autoridad, ¿de qué elementos podrán servirse para reunir las fuerzas suficientes para tomar una decisión? ¿Qué significados les devuelve la vida pública que les doten de la suficiente legitimidad para denunciar una situación insostenible? ¿Acaso no incide en su autoconcepto, la insistente representación de lo femenino a través de la emocionalidad, la nigromancia y sólo con algunas excepciones, son convocadas en el papel de expertas, para hacer aportaciones sobre la economía o la ciencia?

La tarea de una sociedad decente, como diría Martha Nussbaum, es ofrecer a todos sus ciudadanos las mejores condiciones para desarrollar sus capacidades, y esto sólo se logra si colocamos la igualdad no como un mero principio, sino desde el exigente plano de una buena convivencia. Si las mujeres no perciben la igualdad de trato, o como la define Ronald Dworkin, la distribución equitativa de recursos y oportunidades vitales ¿cómo va a marcar límites a quien coacciona su libertad, sobre todo cuando no se trata de cualquier persona, sino de aquel con quien está vinculada afectivamente? Sin embargo, todo el mundo espera que ella dé el primer paso, que la víctima denuncie, como única vía para acceder al sistema de protección. ¿Por qué la fiscalía no actúa de oficio, cuando está autorizada para hacerlo conforme a sus competencias? ¿O todavía se define la violencia de género como un delito privado, y no como un delito público? ¿Qué ocurre entre la denuncia y el final del procedimiento?

Se sigue depositando en la víctima el poder de decisión, en una interacción donde los primeros efectos de la violencia radican en hacer dudar a la víctima de sus propias percepciones. ¿Con qué elementos podrá defenderse y actuar en nombre de su autonomía? Especialmente, cuando la imagen que devuelven las instancias públicas o privadas sobre las mujeres está ligada a sus problemas y no a sus capacidades. De dónde extraerán las mujeres la suficiente autoafirmación para escapar del círculo de la violencia. Quizás esto explique que aún carezcamos de campañas contra la violencia, cuando disponemos de campañas de tráfico con periodicidad bimensual. Son los medios de comunicación quienes informan sobre los episodios de violencia, sobre la crueldad de los asesinatos y, aunque aún esta materia informativa se ubique en la sección de sociedad y no en la sección política, es indudable que han contribuido a mantener este persistente fenómeno.

Una víctima sin similitudes: la mujer maltratada

Las relaciones sentimentales fueron el eje de la Ley, porque su dinámica genera una grave indefensión para la víctima y una certeza de impunidad para el agresor. Sabemos que toda pareja debería estar abierta para aceptar los desacuerdos como un factor saludable propio de la intimidad, porque de no existir diferencias, estaríamos ante un miembro que siempre cede frente a otro que lidera. Uno de los pactos igualitarios en un vínculo afectivo radica en ampliar la libertad del otro, para lograr que la pareja sea una suma de individuos con proyectos propios, no de roles, provistos de identidades y funciones. En nombre del amor, no cabe exigir la pertenencia de otra persona, nadie es propiedad privada de nadie. Muchas mujeres se comportan como si tuvieran un propietario, por lo cual la secuencia de “tenerse” como referencia se vuelve problemática para ellas, como si traicionaran su rol.

Saberse un individuo es mucho más que una afirmación personal, señala el grado de autonomía que puede disfrutar una persona, comprobar si se toma como referencia a la hora de tomar decisiones o bien busca la aprobación. Por ejemplo, en los lenguajes cotidianos detectamos a mujeres, jóvenes o adultas sometiendo sus opciones al consentimiento de sus parejas afectivas. En suma, considerarse sujeto es la máxima protección contra la violencia y precisa de una poderosa voluntad de deslealtad hacia los preceptos de género, un doble vínculo con difícil salida. Si la privacidad, en el sentido positivo de lo «propio» y como elemento constitutivo de la individualidad, es una tarea difícil para cualquiera, lo es aún más para quienes gozan de mayor aceptación, si la renuncia y el sacrificio conforman sus virtudes públicas más valoradas. La habitación propia de Virginia Woolf resulta una brillante metáfora de la decisión a pensarse en singular, libre de toda demanda externa que las encierre en un conflicto de lealtades, entre lo que quiere hacer y lo que debe. En esta línea, Richard Sennett, señala dos tipos de compromiso, aquellos que parten de la decisión y los que encierran un mandato de obligación.

Podríamos afirmar, que la autonomía, entendida como “autogobierno”, como libertad de pensamiento y de acción es la prevención más eficaz contra todo tipo de violencias. Sabiendo, de la dificultad que esto entraña en una relación de pareja. Como señala la socióloga Eva Illouz, todo vínculo sentimental opera sobre “la economía de la escasez respecto a las libres opciones con otros encuentros”. Y añade “qué se puede esperar legítimamente del otro sin quebrantar su libertad”. Ahora bien, si nos centramos en una relación de maltrato no cabe esperar matices: la libertad de movimiento está prohibida. Se reclama una severa división de roles, y cualquier rasgo de individualidad será interpretado como una rebelión inaceptable, ante la cual el castigo sirve de advertencia y alecciona de posibles infracciones.

¿Qué diferencias existen en una víctima de violencia respecto a otras víctimas? Pensemos en un escenario de conflicto. Ante el mismo, un sujeto tiene la posibilidad de huir, pedir ayuda, o responder a la agresión. Ninguno de estos gestos son opciones para una víctima de violencia. La huida es tan complicada, por las dudas y el miedo, que la psicóloga Leonor Walker escribió una estrategia de fuga específica para las mujeres maltratadas. Tampoco pide ayuda, ni lo comparte con sus amistades o con su familia. Volverá clandestinos los agravios y las agresiones que sufre. Incluso aquellos que dejan señales; camuflará sus lesiones y si requieren atención médica los revestirá de accidentes domésticos. Hecho que motivó en la Ley la creación de unos protocolos destinados a los facultativos de atención primaria, quienes se hallaban ante la contradicción deontológica, de dar verosimilitud al testimonio de la paciente, o bien redactar un parte de denuncia ante la evidencia de las agresiones. Porque la denunciar representa para las mujeres maltratadas un rotundo fracaso personal, la constatación de no haber sabido hacerlo de un modo que no provoque iras.

Como investigadora, al realizar grupos de discusión con mujeres maltratadas, coincido con otros que concluyen que el sentimiento de vergüenza, de culpabilidad y fracaso sólo deja de ser paralizante en el caso de que los hijos e hijas puedan sufrir algún riesgo. En esas circunstancias el rol de madre, gana al de esposa, o compañera sentimental, y produce el impulso necesario para solicitar ayuda o asesoramiento. Del resultado de este acompañamiento experto dependerá el tiempo que requiera para sentirse segura e interponer una denuncia. La víctima de violencia es singular por otros motivos. Porque no responde a la agresión, aun viviendo en un régimen de terror cotidiano, ella espera a que las cosas cambien, mientras realiza un autoexamen revisando en qué podría haber fallado. Su discurso culpabilizador coexiste con la rehabilitación del agresor, buscando una explicación a su hostilidad. Siempre serán los agentes externos los responsables de su crueldad: el trabajo, su carácter, su infancia. Michael Foucault señalaba que el miedo es el mejor instrumento de control porque logra que la víctima aprenda a examinar cada gesto que pueda molestar a su agresor. Se inhibe por adelantado anticipándose a las posibles reacciones. El miedo es devastador y anestesia cualquier intento de salida.

Sin analizar estos hechos, sin analizar qué significa la igualdad, los cuerpos y fuerzas de seguridad, trabajadoras y trabajadores sociales, el personal médico, del campo de la psicología, o de la judicatura, fiscalía y abogacía seguirán sin comprender por qué resulta tan lento y penoso para las mujeres maltratadas tomar la decisión de denunciar, o qué causas concurren para que ella retire una denuncia antes de la vista oral. En otros escenarios, como las casas de acogida, o los pisos de emergencia, las directoras se preguntan qué les lleva a preguntar por él una vez que el miedo ha remitido, o qué les incita a querer acordar una cita. Incluso aspectos aún más espinosos, cuando una Orden de Alejamiento se vulnera cada vez que ella abre la puerta o accede a un encuentro, aun sabiendo que éste sea sumamente peligroso. Todas estas vicisitudes provocan que los profesionales, la policía nacional o local, no sepan cómo actuar, aunque el cumplimiento de la Ley es taxativa: vulnerar la Orden de Alejamiento es constitutiva de delito, pero el consentimiento de la víctima les confunde. El resto de los profesionales, saben que a pesar de haber invertido su trabajo, o su asesoramiento acompañado a la víctima, ésta no responde como el resto de las víctimas a su intervención; duda y perdona. Por lo que es lógico, que experimenten una desafección con su tarea, porque no siempre existe reciprocidad entre su empeño y el resultado esperado.

Lo mismo sucede en la familia nuclear de la mujer agredida, o bien están desorientados porque no aciertan sobre cómo influir en su hija, o en su hermana, y porque temen que al advertirla del peligro de una relación tan nociva provoquen, muy a su pesar, la reacción contraria: una encendida defensa del maltratador. Su desorientación es el motivo de demanda al teléfono de emergencia 016, que registra una media de un 23% de sus llamadas a solicitud de familiares y allegados. En otros casos, encontramos aquellas familias que prefieren apelar a la estabilidad de la pareja y minimizan el desastre, por lo que la disuaden de mantener la denuncia y, en muchas ocasiones, le piden que la retire. Lo que constituye uno de los motivos de preocupación para la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas (www.cemabog.org)sobre el papel que juega la familia en la cronificación de la violencia. Pero todas estas aptitudes carecerían de sentido sin relacionar la violencia contra las mujeres con las políticas de igualdad y el género. Por supuesto, sin olvidarnos qué clase de perjuicios persisten para desautorizar la Ley, y lo que es más grave, a las mujeres víctimas de violencia de género, como incoherentes, o tramposas, como sucedió con la difamación sobre las denuncias falsas.

Podría parecer que los valores de la sociedad se renuevan en la medida que se ejercita la democracia, tanto en la esfera pública como privada. Lo que significa enterrar principios de autoritarismo y subordinación hasta convertirlos en aptitudes intolerables. Sin embargo, las encuestas (Barómetros del CIS) demuestran que la igualdad, como principio; es decir como idea es aceptada sin fisuras. Todas las respuestas coinciden en que mujeres y hombres disfrutan de los mismos derechos, ahora bien, cuando la igualdad ha de traducirse en prácticas sociales concretas, en acciones, los parámetros de género muestran enormes resistencias. Persevera la desigualdad en el uso del tiempo. Un solo ejemplo en cuanto al grado de corresponsabilidad familiar: La atención de hijos e hijas (CIS. Marzo, 2014 ) es asumida por las madres en un 82%, seguida de la abuela en un 8,5% y en tercer lugar el padre, con un 4,5%.

La vigencia del término “género”

El término género no debe entenderse sólo en el plano descriptivo de unas diferencias biológicas, sino como una interpretación cultural, un conjunto de expectativas sociales de los roles que han de desempeñar mujeres y hombres. En suma, un código de comportamientos y de convenciones sociales. Está directamente ligado a la división de espacios: lo público y lo privado. La sociedad, si bien parece distribuir jurídicamente la igualdad, nombra como responsables del hogar a las mujeres y como sustentadores principales a los varones. Ante un conflicto dentro de una relación afectiva, cabría saber si nos hallamos ante dos sujetos cuya opinión quiere hacerse valer, o bien son los roles masculinos y femeninos quienes se abren paso en la contienda. ¿En que se apoya cada uno en la discusión, de qué modelos o experiencias se sirven? Los roles son pautas de conducta exigentes y logran ejercer una enorme presión de conformidad, pero a cambio aseguran a quienes se adaptan un tranquilizador sentimiento de legitimidad ante los demás. No hay rupturas ni extrañezas. En definitiva, un código basado en el “deber ser”, en el caso de los roles femeninos más orientados a especializarse en lo ajeno, que en una misma como un marco de referencia vital.

Si la categoría género es útil para entender qué papel juegan los roles, aumenta su capacidad explicativa a la hora de interpretar la dinámica de una relación de maltrato. Por ejemplo, ¿a qué patrones de comportamiento responde permanecer cautiva de una relación de maltrato durante 8 años de promedio? O, el número estadísticamente relevante de hombres que no dudan en declarar que las aman, incluso después de haberles provocado lesiones o la muerte. ¿Qué les lleva a experimentar una culpabilidad subjetiva cuando son ellas las vejadas y agredidas? ¿Por qué no actúan como otro tipo de víctimas, con capacidad para asociarse y demandar adhesiones a la sociedad, con fuerza para denunciar su agresión públicamente, y exigen de manera firme una reparación al daño causado? Son escasas las asociaciones, o su nombre lo dice todo: Asociación Mujeres Supervivientes de Andalucía. La mayoría de las mujeres maltratadas no siguen este modelo, la vergüenza y una enorme sensación de derrota las inhabilita para formar asociaciones, o para reclamar medidas cuando las Administraciones Públicas no actúan con la debida diligencia.

En las relaciones de maltrato el peso de los roles de género no sólo actúan como un elemento desencadenante del conflicto, también sirven para perpetuarlo. Muchos policías se sorprenden sobre el tipo de hechos que el agresor relata como motivo de una paliza, e incluso del asesinato. Las diligencias recogen unos hechos que, aparentemente, carecen de entidad para provocar tan cruel castigo. En principio, pudieran parecer hechos sin importancia, discusiones habituales en el ámbito doméstico. Su perplejidad es sincera. No lo entienden. Lo cual es lógico, porque se trata de algo mucho más importante que el grado de satisfacción respecto a la tarea doméstica; el maltratador persigue verificar un escrupuloso cumplimiento del rol femenino y por supuesto, de no hacerse así su pareja se atendrá a las consecuencias.

Sabemos que el rol de esposa y madre aún están confinados a un desprendimiento de una misma para atender las necesidades ajenas. Y aunque los nuevos estilos de vida han enriquecido las formas de su ejercicio: madre sola, mujeres separadas, o madres con una orientación sexual distinta, sus compromisos de atención son requeridos sin contemplaciones. Resulta muy difícil mantener unos límites a las demandas familiares y, con el mismo empeño a mantener a salvo una relación de pareja, más aún exigir reciprocidad. La figura de la “madre” no sólo alude a quienes efectivamente lo son, sino que se reclama como un atributo definitorio, una cualidad sustancialmente femenina. La maternidad siempre remite a un rol femenino; un hombre se feminiza al adoptarlo y pasa a ser una excepción con una gran valoración positiva. Así es, porque la definición de la paternidad se define por otros rasgos: la trasmisión de apellido y de la principal renta familiar. En cambio, la maternidad es una aptitud de cuidado, de hecho las chicas jóvenes “cuidan” a sus compañeros sentimentales, se ajustan a sus tiempos, a su peculiar forma de ser, o bien se adaptan a sus gustos, o a sus amigos. Y, en la mayoría de los casos, esta atención conlleva la desatención de sus propias amistades, o afecta a su rendimiento. ¿Todavía nos sorprende que en una vista oral, la víctima rectifique su testimonio? Además el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la figura del derecho a la dispensa, o la posibilidad que tiene toda mujer de no declarar contra su marido, aunque éste sea el maltratador y ella la víctima. Ante lo cual el fiscal puede retirar la acusación.

Sostener emocionalmente una relación es definido como logro en el discurso femenino, ello pudiera explicar que más de un 36% de las víctimas se nieguen a declarar contra su marido o compañero sentimental. Lo cual nos indica la tensión de lealtades que operan en un acto procesal de este tipo, donde no siempre los jueces advierten de lo que eso significa. Los resultados son estremecedores, el maltratador sale en libertad y es previsible que ajuste cuentas con su “delatora”. La Memoria Anual de la Fiscal de Sala, Coordinadora de la Violencia contra la Mujer, alerta sobre otras estrategias de desautorización de la víctima, como son los Recursos de Revisión ante la Sala II del Tribunal Supremo. El condenado se querella contra la víctima sosteniendo que su condena sólo se basó en una denuncia, la mujer se presta a declarar y, como resultado de confirmar este supuesto, queda condenada. La propia Memoria reconoce que es preciso estudiar esta forma específica de violencia, porque sabe que los comportamientos de género inciden en el desarrollo procesal. El número de sobreseimientos es el indicador sobre el grado de impunidad de los maltratadores, que desde el año 2005 ha supuesto un incremento de un 158%. Suspender la causa por falta de pruebas, sin iniciar investigaciones de oficio, delata un mal funcionamiento de los órganos de justicia, ante cuyos déficits no parece haber ni un seguimiento y, mucho menos, se activan las medidas correctoras suficientes.

En cuanto a los hombres maltratadores, un debate permanente se centraba sobre la posibilidad de lograr su rehabilitación, o bien dudar de cualquier método eficaz para ello. Este tema, además gravita sobre una posición ética acerca de la capacidad de recuperación de un sujeto. En el caso de los maltratadores, es una condición ineludible que éstos acepten su responsabilidad en la agresión, sin señalar a su pareja como la principal causante de su hostilidad. Y esta dificultad en reconocerse como agresor, es precisamente el obstáculo sobre el que aluden la mayoría de los terapeutas en el tratamiento. Los maltratadores encuentran una extraordinaria dificultad en asumir la responsabilidad de sus acciones, para minimizarlas. Los hombres violentos, ni perciben el pánico ni viven disculpándose. Testimonios de los que son testigos permanentes los cuerpos de policía especializados, que observan su modo de definirse: sujetos que “responden” a una provocación, a una suerte de insubordinación. Del mismo modo, cuando el conflicto remite los maltratadores saben activar la lástima, han vivido del perdón y de las segundas oportunidades que les facilitaba la víctima. Esto ocurre justo en el momento de la ruptura, o cuando se está tramitando una denuncia. Es frecuente hallar testimonios de hombres que reclaman el perdón y apelan al sentimiento de pena, pero sin reconocer la gravedad de lo sucedido, no para rendir cuentas sobre lo arraigado del poder y el narcisismo, sino con la intención de purgarse, de redimirse.

“Yo parecía la victima cuando salí de la cárcel”. Un maltratador que narró en el diario El País (13.03.2011) cómo disciplinó a su mujer, una periodista con carácter independiente, que a pesar de reiteradas agresiones, nunca denunció. Fueron los vecinos, porque los golpes suenan, quienes tomaron la iniciativa. Otras veces, son los vecinos quienes declaran en los reportajes de televisión, la extrañeza ante la detención de un maltratador, puesto que era correcto, e incluso, amable. Sin pensar que el agresor se especializa en quien sabe que seguro mantendrá la espiral de silencio que precisa la violencia. También La Ley contra la Violencia contempla medidas en este campo. Se incluyeron trabajos en beneficio de la comunidad, como parte de la reeducación de maltratadores, una medida aún pendiente de práctica. Sería difícil contabilizar el número de Ayuntamientos que así lo hicieron, pero no cualquier clase de trabajo, sino aquellos cuya naturaleza esté ligada al cuidado, por ejemplo, en la atención de personas dependientes, o en centros de salud, o de mayores. Porque si el poder ha estructurado sus relaciones sentimentales, vivenciarse en la posición de procurar cuidado a los demás, sería un cambio nada desdeñable para ellos.

Sabemos que la identidad masculina se centra en una independencia económica y en aportar la principal renta a la unidad familiar. Su identidad positiva es directamente proporcional a su posición en el mercado de trabajo. ¿Acaso no se vincula la identidad masculina con la esfera laboral? Con tal contundencia como la que conlleva un despido en el que se hace un examen retrospectivo sobre en qué se falló. El cine de Fernando León, en su film Los lunes al sol, muestra la desolación de un grupo de hombres despedidos, cuya conversación se recrea en las anécdotas de su trabajo, única forma de seguir cohesionando al grupo. Otro tema sería reparar en el papel reservado a las mujeres de sus protagonistas. Resignificar la masculinidad, tomar el poder patriarcal como una debilidad y no como un signo de prestigio, es un buen ejercicio que promueven los Grupos de Hombres por la Igualdad, quienes buscan renovar los modos de relación convencional, donde la sentimentalidad mal entendida, requiere de la subordinación sentimental de las mujeres para afianzarse.

Materiales de derribo contra la Ley.

Desde el año 2005 que se crea, siguiendo la Ley 1/2004, el Observatorio Estatal de la Violencia de Género (https://www.msssi.gob.es/) no hay respuestas institucionales firmes a la altura de la gravedad del fenómeno. Incluso, contando con 65 mujeres asesinadas de promedio año, aún persisten ideas que colocan la Ley como sospechosa de no ser ecuánime con los principios de igualdad de trato ante la justicia. Veamos algunas de ellas y aprovechemos para hacernos preguntas sobre los significados que recaen sobre la violencia.

La primera de las difamaciones fue extender la idea de que las mujeres maltratadas incurrían en el delito de falsedad en sede judicial, sosteniendo denuncias falsas, las cuales son constitutivas de delito, conforme a los artículos 456 y 457 del Código Penal. Ante ellas, el juez, como la fiscalía o el Ministerio Público, debe actuar con contundencia. La responsable de contaminar a la opinión pública con estas afirmaciones, fue la Jueza Decana de Barcelona, María Sanahuja que añadía “da la sensación que algunas personas usan la fase de instrucción para tener mejor situación en los casos de separación”. El terreno estaba abonado para fomentar el sentimiento de sospecha sobre las mujeres maltratadas. Nunca presentó datos, o estadísticas que avalaran su afirmación. La cual sigue dando sus frutos, dado que recientemente, un Diputado de UpyD, miembro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, sin aportar dato alguno, pero sabiendo muy bien que se hacía eco de un estereotipo con gran aceptación, volvió a inculpar a las mujeres. Tuvo que ser el Consejo General del Poder Judicial quien recordará en su informe del año 2011 que se produjeron 134.002 denuncias de las cuales sólo 19 fueron falsas, es decir, un 0,01. Pero sabemos bien que los prejuicios no admiten argumentos. En este sentido, cabría hacerse una pregunta: ¿Qué opera en la sociedad española para no contrarrestar esta idea con el elevado número de denuncias? Sin contar que el teléfono de emergencia 016, creado en el año 2005 con el único propósito de asesorar, haya recibido a 1 de enero de 2014, 10.220 consultas, o las 9.475 registradas en el año anterior.

Otra difamación radica en plantear que la Ley es inservible, tan contundente conclusión se expresa sin contar con una evaluación de la misma, como se fijó en la Disposición Adicional undécima. Lamentablemente, sólo se dispone de un informe de un grupo de expertos a iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en abril de 2006, referido sólo a cuestiones técnicas sobre su aplicabilidad. Es necesario emprender una evaluación global, con más años de perspectiva. Y sobre todo, en relación con los mecanismos de coordinación que fijó en su articulado. Por ejemplo, las Unidades de Igualdad de las Subdelegaciones de Gobierno, ubicadas en cada capital de provincia con el objetivo de reunir a jueces, fiscales, cuerpos y fuerzas de seguridad, asociaciones de mujeres. Uno de los primeros recursos que utilizan las mujeres para asesorarse, así como cualquier grupo experto. De esta forma se actuaría en un doble plano: prevención y seguimiento de las víctimas de violencia. Sin olvidar, el ámbito rural que tan estrecho margen de anonimato ofrece a las mujeres que quieren asesorarse o denunciar. Estas unidades dependen de la Vicepresidencia de Gobierno, deberían contar con personal y con medios. ¿Qué objetivos se han cumplido en estas Subdelegaciones, o bien, con a qué tipo de obstáculos se enfrentan?

Lo más cómodo es reproducir la lógica del rival y manifestar que la Ley no funciona y a continuación añadir el número de víctimas como prueba irrefutable de su fracaso. Así es la norma y no su aplicación la responsable de esta pérdida de eficacia. Así se pronunció la Ministra Ana Mato en sede parlamentaria, proponiendo un mecanismo que se ha vuelto el comodín político por excelencia: un Pacto de Estado, un compromiso entre Gobierno y distintos grupos políticos para establecer acuerdos sobre esta materia. Es evidente, que el primer punto debería ser aplicar la Ley, para para ello se ha de contar con un riguroso diagnóstico del grado de cumplimiento de la misma. Sin embargo, la retórica política soporta todo y tiende a poner el cronómetro a cero. Así mientras el Ministerio competente de su seguimiento se inclina por las alianzas, el Ministerio de Justicia estudia reformar el Código Penal introduciendo cambios lesivos para las víctimas de violencia de género. Veamos algunos: determinar una pena de multa para los delitos de violencia, dado que en el caso de ir a prisión el maltratador, esto afecta a los bienes gananciales, e incluso merma la renta familiar. Las vejaciones deberán ser falta y no delito. O el más grave, por contradecir las prescripciones de Naciones Unidas, es utilizar el mecanismo de mediación cuando una de las condiciones para que ésta sea efectiva es que exista una relación de equivalencia en cuanto a la capacidad de negociación, algo imposible si se reconoce que entre una víctima y su agresor, el poder es la pauta interactiva predominante.

Otro argumento sobre la supuesta inutilidad de la Ley, que triunfa entre quienes sospechan de la inutilidad de la misma, es decir que lo más útil es la educación, en una clara invocación a la capacidad de los valores sociales para desechar conductas intolerables en las relaciones de pareja. Sin embargo, aunque la Ley incluyó la posibilidad de que Asociaciones o personas expertas en esta materia, se integrarán en los Consejos Escolares, a 10 años de la promulgación de la norma, aún no se ha aplicado. Si a ello sumamos la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, donde el respeto y la resolución de conflictos formaban parte curricular y aportaba ideas para la didáctica escolar, el escenario se complica. Es cierto que apelar a la educación es totalmente necesario. La educación mixta se implantó en España en 1970, pero a pesar de ello, aún pervive una distinta valoración sobre las conductas de niñas y niños: “los niños no lloran” y “las niñas no deben hablar así”, como expresa Marina Subirats, son signos de una educación que debería introducir materiales de coeducación como forma de corregir estas conductas. Por suerte, contamos con excelentes materiales que versan sobre cómo educar para la igualdad, o impulsan una educación no sexista, que Institutos de la Mujer o asociaciones de profesoras han elaborado. Aun así, el sistema educativo no hace los suficientes esfuerzos en esta línea. Ante ello surge una pregunta: ¿Qué resultados obtendríamos si el sistema educativo hiciera el mismo esfuerzo que cuando logró al desacreditar el hábito de fumar, si insistiera en la importancia del cuidado en el ámbito familiar, así como en un reparto equitativo de las tareas domésticas?

Una forma eficaz de derribo radica en ir degradando la igualdad privándola de recursos. Las políticas de igualdad, son políticas activas y como tal son un asunto económico. Los Presupuestos Generales del Estado y de las Administraciones Públicas han reducido en un 27% los capítulos de gasto destinados a la violencia de género. Sabemos que este mes de noviembre celebrarán muchos actos condenando la violencia, este gesto es gratis y mantiene su capacidad de convocatoria ciudadana, pero y simultáneamente es compatible seguir al pie de la letra la Ley 27/2013 sobre la Racionalización de la Administración Local, que afectará directamente a la prestación de atención a la Violencia de Género. Pero es mucho esperar que las agendas políticas supervisen los efectos de su toma de decisiones, aunque sean lesivas para las trayectorias profesionales y vitales de las mujeres.

Todo cabe en materia de igualdad, por ello mientras se busca un Pacto de Estado cautivo de la buena voluntad de las partes, hay pendientes de aprobación leyes urgentes, como una Ley Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual. O bien, recuperar derechos que se han quebrantado,como que las mujeres hayan dejado de cotizar por cuidados a personas dependientes la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, más conocida como la Ley de Dependencia, ha sido derogada de facto, aunque siga en vigor.

No hay consecuencias, porque lo que no aporten las Administraciones Públicas, como son las prestaciones derivadas de los servicios sociales, bien los pueden cubrir las mujeres, que de hecho no contabilizan el tiempo donado en los cuidados, ni obtienen reconocimiento alguno por parte de los miembros de la familia que se benefician de ello. Si se sigue degradando la igualdad como derecho práctico, no será fácil para una mujer maltratada creer que le asiste el derecho a proteger su dignidad, física o mental, si además sólo es visible para los poderes públicos el 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres.

moderado por:

  • Orencio Osuna

    Director de la Fundación Espacio Público

  • Bonifacio Cañibano

    Periodista

Conclusión del debate

Este debate sobre el sindicalismo, que se ha mantenido vivo durante algunos meses, ha abordado múltiples cuestiones que resulta imposible resumir en unos folios, de modo que nos centraremos en algunas de las más destacadas. Una parte de las intervenciones han resaltado el valor histórico que han tenido los sindicatos a la hora de conseguir no solo condiciones de trabajo más dignas para la clase obrera, sino también su contribución en la introducción y mejora de los derechos sociales y la democracia, haya llegado esta a un grado de desarrollo mayor o menor. Este es un apunte significativo, especialmente en el contexto español, donde los sindicatos se implicaron directamente en la lucha contra la dictadura y desempeñaron un papel relevante en su desaparición. ¿Dónde estaríamos ahora sin la lucha sindical? ¿cuales serían las condiciones de trabajo sin la presencia de miles de sindicalistas en las empresas? Estaríamos más cerca de Singapur que de Suecia (Héctor Maravall). Esta corriente, la que ha resaltado en el debate el papel histórico de los sindicatos, se pregunta también por las causas por las que los sindicatos , sobre todo los mayoritarios , tienen una imagen tan devaluada ante la ciudadanía

Titulamos el debate “los sindicatos en tiempos neoliberales” para encuadrar la situación actual de los sindicatos, que soportan, como el conjunto de los ciudadanos la agresión frontal del capitalismo “sin complejos”, empeñado en desmantelar toda forma de resistencia de las clases populares, y entra esas formas muy especialmente la resistencia de los sindicatos . A resaltar esta agresión han contribuido numerosas intervenciones. En el marco de la agresión del capitalismo neoliberal contra “la resistencia”, sitúan muchos de los intervinientes la mala imagen de los sindicatos que finalmente se ha instalado en la sociedad. “Hay que estar ciego para no ver que, más allá de hechos o conductas reprobables de algunos de sus miembros; más allá de errores o carencias, tal campaña guarda relación directa con el hecho de que los sindicatos constituyen el principal obstáculo frente al desarrollo de las políticas en curso, cuyo fondo, aquí y en Europa, es desarbolar el modelo social construido tras el final de la Segunda Guerra Mundial” (Julián Ariza)

Es también en este contexto donde se sitúa la represión policial y judicial contra los sindicalistas por parte del Gobierno, que ha recurrido sin dudarlo a métodos que difícilmente se compadecen con el sistema democrático. Más de trescientos sindicalistas de las formaciones mayoritarias están procesados y les ocurre lo mismo a varios centenares más de las formaciones minoritarias “se ha producido un brutal y sistemático ataque contra los sindicatos más representativos y mayoritarios, con participación de empresarios, policía, jueces y fiscales y poderosos medios de comunicación. Esta triada perversa, está socavando, no sólo la credibilidad de los sindicatos, sino hasta el propio Derecho Constitucional de Huelga, que tan costoso fue para los trabajadores conquistarlo en la Dictadura. Utilizando una vía indirecta y basándose en el apartado 3 del art. 315. Un apartado, antigualla del C. P. franquista que quedó en el Código Penal vigente, tras su revisión en el año 1995. Basándose en él, están penalizando a los participantes en los piquetes informativos” (Eduardo Saborido)

No han faltado las intervenciones que han subrayado los errores tácticos, los abandonos de su cometido o la falta de honestidad de algunos comportamientos sindicales. “El sindicato “gestoría” que resuelve mi tema sin importarme lo que tengo al lado. El sindicato gestoría o incluso el sindicato empresa que tiene a su servicio gestores y que se comporta como una auténtica empresa en el mercado capitalista que nos envuelve. Que vende el producto: seguros de vida, seguros si te pones enfermo, viajes, vacaciones, cuotas súper-rebajadas…que también despide a sus trabajadores como otra cualquier empresa.” (Ángela Sánchez)

Todos estos factores han contribuido a la actual crisis del sindicalismo, porque en este debate hay un amplio consenso en la aceptación del que el sindicalismo atraviesa una crisis importante; pero también hay consenso a la hora de señalar las causas objetivas de esa crisis, que van más allá de los comportamientos sindicales y que se enraízan en el cambio vertiginoso que se ha producido en la organización del trabajo y en el modelo de producción.

Joan Coscubiela lo señalaba en su exposición: Al sindicalismo le esta desapareciendo el hábitat que lo vio nacer: el estado-nación, la sociedad industrialista, la empresa integrada, las condiciones de trabajo homogéneas, fruto de la organización fordista del trabajo incluso el empresario tradicional, que ahora no tiene en muchas ocasiones cara, y que es sustituido con frecuencia por un ejecutivo que gestiona unos fondos posiblemente multinacionales que conforman el capital de la empresa. Han desaparecido del paisaje habitual, salvo excepciones, las grandes empresas y prolifera el minifundismo empresarial y los pequeños centros de trabajo donde es cada vez más difícil organizar a los trabajadores. A los sindicatos les ha pasado como al oso panda, que están desapareciendo los bosques de bambú en los que vivía y de los que se alimentaba , ejemplarizaba Coscubiela en el debate en Público TV, que ha cerrado el debate virtual.

Esta es quizás la cuestión más inquietante que se ha planteado y para la que no hay respuestas fáciles en este momento gramsciano en el que el viejo sindicalismo no se ha ido todavía y el nuevo no ha llegado aún. Emergerá una nueva forma de organización sindical, porque en la medida en que mutan los poderes empresariales mutarán también las formas de resistencia frente a ellos (Ignacio Muro).

Con una clase obrera profundamente fragmentada y dispersa, con la inmensa mayoría de los trabajadores en precario, con una patronal crecida y corrupta, con los viejos partidos obreros, que han dejado de ser obreros, los sindicatos están abocados a asumir funciones que van más allá de los intereses de sus afiliados y que van más allá de concebir los centros de trabajo como el núcleo fundamental de la lucha. En estas circunstancias , “sencillamente no es posible hacer sindicalismo exclusivamente desde los centros de trabajo y ha llegado el momento de organizar a los trabajadores fuera de las fábricas “(Leo Moscoso).

Una nueva organización de los sindicatos mutando hacia una forma de organización social, que desborde el propio centro de trabajo, ha sido una posición claramente defendida por una parte significativa de los intervinientes “Porque el problema principal es que el empleo ya no es mecanismo de integración, es sinónimo de precariedad y pobreza. Y es por ello que la lucha quizá no pase por defender el empleo, sino por defender la vida, la dignidad no del empleo, sino de nuestro día a día” (Ignacio Martín)

Algunos de los que sostienen este planteamiento contemplan que la huelga general de consumo sería ahora mucho más factible y eficaz que la huelga general del trabajo, que ha sido tradicionalmente la forma de resistencia sindical más contundente, pero que en el ecosistema del minifundismo empresarial, es difícilmente ejecutable .

Ponencia inicial

Los sindicatos en tiempos neoliberales

Los sindicatos en tiempos neoliberales

Me piden que introduzca el debate sobre sindicalismo y de entrada constato la dificultad de poder hacer una reflexión serena entre tanto ruido de fondo. Pero me decido a intentarlo, porque el tema se lo merece.

Para comenzar conviene recordar que, como en muchos otros temas, esta reflexión sale marcada por un estado de opinión publicada muy consolidado, y eso es una dificultad añadida.

Conviene también constatar que en el debate sobre “sindicalismo hoy” se entrecruzan al menos tres planos, que debemos tener presente y diferenciar al mismo tiempo.

El primero y más estructural se refiere a la “crisis” de transformación del sindicalismo y las dificultades de adaptación a un entorno que la globalización ha puesto “patas para arriba”. Un proceso que se inició hace cuatro décadas y que a otros sindicalismos les pilló crecidos y consolidados, pero al español le pilló naciendo y cogiendo posiciones.

El segundo, algo más coyuntural, se refiere a las dificultades sobrevenidas, que en algunos casos adoptan forma de impotencia, para responder a los efectos de esta crisis, a las necesidades, a las expectativas depositadas y a las exigencias de los trabajadores.

Y el tercero y no menor, hace referencia a la incidencia que en el debate social tiene la ofensiva que los poderes económicos y sus representantes políticos han lanzado para derribar o debilitar cualquier contrapoder social, aprovechando la oportunidad que les brinda la crisis. Y entre los medios utilizados, además del debilitamiento institucional y legal, nos encontramos con la destrucción interesada de la legitimidad social del sindicalismo, de su reputación pública. Destruir las formas colectivas de organización y su capacidad de actuar como contrapesos sociales deviene clave para imponer la hegemonía económica, política y sobre todo ideológica del capitalismo financiero.

Analizar la incidencia de estos tres planos, sin negarlos ni magnificarlos me parece la clave para una reflexión útil, que huya de las certezas de lo conocido o de las respuestas fáciles. Por eso me ha parecido que la mejor fórmula para introducir el debate es la de la duda. No dar por seguro ni compartido nada y por el contrario plantearse muchas preguntas, incluso la más básica.

¿De qué hablamos, cuando hablamos de sindicalismo, hoy?

La pregunta puede parecer naíf, pero estoy en condiciones de afirmar que ni en el seno del sindicalismo organizado la respuesta es pacífica y no solo porque a lo largo de la historia del sindicalismo se han producido cambios muy notables.
Hoy, en las primeras décadas del siglo XXI la palabra sindicalismo describe realidades tan distintas, como la de la organización sindical de los sherpas nepalíes, la organización de las trabajadoras del textil en Bangladesh, los sindicatos de algunos países europeos implicados en diferentes formas e intensidades en la gestión del Estado Social. A todo le llamamos sindicalismo, sin olvidar las formas patológicas que adquiere en determinados países y sectores, en los que se llama sindicalismo a organizaciones que no trabajan por la emancipación de los trabajadores, sino por su control social.

Por eso en este intento de reflexión utilizaré Europa como punto de referencia, con algunas incursiones globales sin las cuales hoy no es posible entender nada.

Si hoy en España hacemos la pregunta ¿Qué son los sindicatos? nos podemos encontrar con las siguientes respuestas espontaneas – aunque no tanto-.

Organizaciones a las que el Estado les encomienda la función de defender a los trabajadores. Instituciones públicas financiadas por el Estado para que realicen determinadas funciones, como negociación colectiva, asesoramiento. Organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores.

En mis experimentos de estar por casa con esta pregunta, incluso entre personas con responsabilidad sindical, la respuesta espontanea que menos sale es la que a mi entender mejor define a las organizaciones sindicales.

El sindicalismo nació, se convirtió en protagonista social del siglo XX y debe continuar siendo así en el siglo XXI, un “espacio de auto organización de los trabajadores para la defensa de sus intereses “

¿Estamos de acuerdo? ¿Continúa siendo así? ¿Y esto como se concreta, aquí y hoy?, teniendo en cuenta la profunda transformación de todos los elementos que alumbraron el sindicalismo como forma de organización social. Entre ellos, el sujeto histórico – la clase obrera- el hábitat económico y social en que se desarrolló. O sea la economía industrial,la sociedad industrialista, la empresa integrada, el Estado Nación.

La respuesta a esta pregunta es clave, porque de ella se desprenden otras preguntas determinantes.

¿Cuál es la misión del sindicalismo hoy?

¿Es el sindicalismo una organización para los trabajadores o de trabajadores?

¿Cómo organizar a colectivos, cada vez más amplios que no tienen vínculo permanente con una empresa, que es el hábitat natural del sindicalismo?

¿Cómo generar conciencia y prácticas de cooperación entre colectivos de trabajadores en un modelo productivo que tiende a la descentralización y a la competencia entre trabajadores?

¿Cómo dar respuesta a la estrategia del capitalismo financiero global? resumida en la frase “repartiros el salario y los derechos entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan y de redistribuirlos fiscalmente, ni hablar

¿De dónde nace la legitimidad del sindicalismo” ¿Y cómo se mide esta legitimidad?

¿Debe el sindicalismo asumir funciones que vayan más allá de los intereses de sus afiliados? ¿Y si es así, cuales, en qué condiciones?

¿Las funciones del sindicalismo se limitan a la mejora de las condiciones de trabajo o abarcan otros aspectos sociales?

¿Qué relación debe tener el sindicalismo con otras formas de organización social de los trabajadores fuera del lugar de trabajo?

¿Qué puede aprender o desaprender el sindicalismo de esas formas de organización social?

¿Debe el sindicalismo asumir las funciones de representación política del conflicto social? ¿Y si es así con que limites?

¿Es viable un sindicalismo propio del Estado Nación en el marco de una economía globalizada?

¿Cuál es el papel de la comunicación en el funcionamiento del sindicalismo, en su legitimidad social?

¿Es hoy el sindicalismo un instrumento útil para la lucha social y para el objetivo de la igualdad? ¿Y cómo se mesura?

Las preguntas son inacabables y este espacio se queda pequeño, pero aunque pueda parecerlo no son preguntas teóricas. Se las plantean cada día, consciente o inconscientemente, decenas de miles de hombres y mujeres sindicalistas. Y responden como siempre con la práctica, no exenta de muchas contradicciones y callejones sin salida, también de notables éxitos, no siempre reconocidos, ni tan siquiera por sus protagonistas.

Ninguna de estas preguntas tiene respuesta fácil ni única. Lo que si sería deseable es que no respondiéramos a ellas con una cosa y su contrario a la vez.

Para explicarme, nada mejor que algunos ejemplos de afirmaciones muy repetidas por parte de trabajadores, sindicalistas, empresarios, sociedad y opinión publicada.

Por parte de trabajadores cosas como “Los sindicatos solo se preocupan de sus afiliados, por eso yo no me afilio” Para a continuación decir “Los sindicatos no me resuelven el problema”

Por parte de sindicalistas cosas como: “No queda más remedio que aceptar la doble escala salarial para trabajadores de nuevo ingreso, si no queremos que los trabajadores actuales nos tumben el convenio o el Comité. Para a continuación constatar el riesgo que esos jóvenes vean al sindicato como algo ajeno.

Por parte de las empresas afirmaciones como: “Los trabajadores y los sindicatos deberían implicarse más en el futuro de la empresa”, para a continuación decir que la participación de trabajadores y sindicatos en la organización de la empresa es un estorbo. Que eso es facultad exclusiva del empresario

Por parte de la sociedad: “Yo, como trabajadora de sanidad o de educación tengo derecho a hacer huelga”, para días después olvidarse que una huelga en los transportes públicos ocasiona perjuicio a los usuarios. Por supuesto el ejemplo puede ser perfectamente en dirección inversa.

Por parte de la opinión publicada: Los sindicatos deben modernizarse y no atender solo al salario directo, sino ofrecer servicios, para a continuación decir que los sindicatos no deben hacer estas funciones. O en sentido contrario, que si deben realizarlas,exigiendoles además que la atención a los inmigrantes, el asesoramiento jurídico o la formación que deben hacer los sindicatos debe ser universal a todos los trabajadores/as y financiado solo con los recursos de los afiliados.

Si he destacado estas contradicciones frecuentes, de las que nadie estamos exentos, es para poner de manifiesto la complejidad del debate. Y para intentar huir de respuestas fáciles a algunas preguntas clave.

Apunto algunas de mis reflexiones a lo largo de estos años. Sin ninguna pretensión ni sistémica ni omnicomprensiva. Simplemente para intentar que el debate pueda estructurarse

¿ESTA EN CRISIS EL SINDICALISMO?

Creo que las organizaciones sindicales son conscientes que el sindicalismo sufre una profunda crisis de transformación, fruto de los cambios que en la economía, en la sociedad, en las estructuras sociales ha provocado la globalización. Al sindicalismo le sucede lo que a otras formas de organización social y política del siglo XX; Le está desapareciendo el hábitat que lo hizo nacer: sociedad industrialista – no me refiero solo a empresa y economía- estado nación, empresa integrada, condiciones de trabajo homogéneas fruto de las formas fordistas y tayloristas de organización del trabajo.

En todo caso, la pregunta importante es si las respuestas que está dando el sindicalismo llevan a una transformación útil y regeneradora o son simplemente conservacionistas.

¿CUÁL ES LA MISIÓN DEL SINDICALISMO HOY?

¿Continúa siendo la de ser un espacio de auto organización de los trabajadores para la defensa de sus intereses? O bien en el sindicalismo también han impactado los cambios en las categorías sociales que llevan a considerar al ciudadano como usuario, como consumidor

Es importante destacar el concepto de “auto organización” o sea la voluntad de los trabajadores de ser parte activa del sindicato y no esperar a que sean otros los que les resuelvan su papeleta y ellos solo dedicarse a esperar resultados y exigir.

Este concepto de sujeto activo, choca con una cultura dominante hoy y que avanza en el conjunto de la sociedad. El paso de la condición de ciudadanos a la de usuarios o clientes. Un tránsito cultural que impregna el Estado social – convirtiendo derechos en bienes- que afecta a la política – de la economía de mercado a la sociedad de mercado y la política de mercado, donde los ciudadanos son clientes de la política. Y por supuesto al sindicalismo, al que muchos trabajadores no ven como un espacio de auto organización, sino como un proveedor de servicios y protección.

Sin duda, las formas de organización del sindicalismo no son ajenas a estas concepciones. El debate y el conflicto entre “sindicalismo de trabajadores o sindicalismo para trabajadores” lleva varias décadas entre nosotros.

Que pueden hacer los sindicatos para ser “de trabajadores y no para trabajadores”. Supongo que disponer de una cultura y formas organizativas que lo faciliten. Aunque lo que antaño fue la asamblea de grandes centros de trabajo, ahora en un contexto de fuerte dispersión productiva resulta mucho más complejo.

SINDICALISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES.

¿Hay alguna experiencia positiva de los movimientos sociales que pueda ser útil para el sindicalismo? Creo que sí. La capacidad de la PAH para ser al mismo tiempo espacio de ayuda mutua y soporte emocional, mecanismo de solución de problemas individuales e impugnación del sistema, es un buen referente. Entre otras cosas porque esta es exactamente la manera en que nació el sindicalismo. ¿Qué son sino las primeras luchas mineras y los fondos de ayuda mutua? ¿Han desaparecido estas prácticas del sindicalismo actual? Mi percepción es contradictoria. Se mantienen en muchos ámbitos, donde el sindicalismo continua jugando este papel de protagonismo de los trabajadores y es más difuso en otros.

¿Y de que depende? De muchas cosas. Si el objeto de la lucha es muy cercano, los objetivos muy homogéneos y las formas de comunicación con los trabajadores son directas, es mucho más fácil el sindicalismo de trabajadores. Aunque no se conozca, porque es una realidad invisibilizada por los medios, estas prácticas son frecuentes y cotidianas hoy. Pero conviven con otras expresiones del sindicalismo, donde la amplitud de los afectados, la dispersión y heterogeneidad de intereses, dificultan estas formas de protagonismo de los trabajadores y además propician que la realidad llegue a los trabajadores y a la sociedad de manera muy “intermediada” por los medios de comunicación. El caso más evidente el de los procesos de concertación social de un lado o el de las huelgas generales de otro.

Una última pregunta. ¿Se evalúa al sindicalismo con el mismo rasante que a otras formas de organización social?

¿Alguien hace responsable a sus protagonistas de que determinados movimientos sociales hayan sido muy activos en la reivindicación y la resistencia, pero ello no se haya trasladado a triunfos tangibles? Creo que no y así debe ser.
¿Se utiliza este mismo criterio para las movilizaciones sindicales? No lo parece, creo que el grado de exigencia de utilidad concreta es diferente. ¿Por qué razones?

Me atrevo a sugerir algunas. Las formas de trabajo y su traslación a la sociedad aparecen en ocasiones muy institucionalizadas y esa imagen lleva a los trabajadores a criterios de exigencia propios de las instituciones y no de organizaciones sociales. Además los poderes, incluidos los mediáticos, no suelen preocuparse de movimientos que nacen, actúan y desaparecen. Lo que de verdad les preocupa es que estos movimientos adquieran formas estables de organización, sean sindicatos o sean la PAH. Y un tercer factor más doméstico y muy antiguo en la cultura de la izquierda es la hipercriticidad con todo aquello que no se controla. En todo caso insisto que cada una de estos interrogantes tiene respuestas – si es que las tiene- muy complejas.

¿QUE PAPEL DEBE DESARROLLAR EL SINDICALISMO?

SINDICATO CONFLICTO, SINDICATO NEGOCIACIÓN

Planteo esta pregunta, porque está presente en el debate, pero es posiblemente la que me resulta más vacía. Es casi como preguntar a un niño a quien quiere más, a su padre o a su madre. O como preguntar, cuál de los dos pulmones es más importante para la persona.

La propia esencia del sindicalismo conlleva la convivencia de este binomio de dos caras que cuando una de las dos falta el resultado pierde su esencia. De hecho más que dos, son cuatro las patas. Capacidad de identificar los problemas y la reivindicación que aúne fuerzas, capacidad de ejercer el conflicto, capacidad de convertir la fuerza del conflicto en propuestas y por ultimo capacidad de convertir todo ello en acuerdo útil.

Y si lo he traído a colación es porque desde fuera del sindicalismo se suele negar esta dualidad. Los que niegan el conflicto social como parte de su estrategia de deslegitimación social. Y los que niegan la negociación y los acuerdos como forma también de deslegitimación. Aunque en ocasiones partan de posiciones ideológicamente muy confrontadas, ambas formas de deslegitimar el sindicalismo tienen en común la no comprensión de cuál es su función.

¿TIENE LEGITIMIDAD SOCIAL EL SINDICALISMO? ¿CÓMO SE MIDE?

Esta pregunta tiene tantas respuestas como universos a los que se formule. No es lo mismo formularla, como hace el CIS, al conjunto de la sociedad, incluidos empresarios, que hacerlo solo a los asalariados. La propia configuración del universo ya contribuye a una imagen del sindicalismo como institución pública y no como organización de trabajadores. Y por supuesto condiciona el resultado de la respuesta

En todo caso es evidente que en los últimos años la legitimación social del sindicalismo está sufriendo una importante erosión débil. Y ello a pesar que sus niveles de afiliación y representatividad son iguales o mejores que otras formas de organización social.

Desde su nacimiento el sindicalismo se legitima a partir de los trabajadores y a través de dos mecanismos, el de la afiliación y el de la representatividad.

En cada país hay un modelo distinto, en el nuestro prima legalmente el de la representatividad, pero también cuenta el de la afiliación.

Si analizamos la UE, el proceso es de pérdida de afiliación en las últimas décadas. No así en España que ha vivido, hasta la llegada de la crisis y la reducción de 3,5 millones de ocupados, uno de los procesos de crecimiento de la afiliación más intensos de toda la Confederación Europea de Sindicatos. Los tópicos e imágenes estereotipadas sobre afiliación son muchos e imposibles de debatir aquí.
Sugiero la lectura de los Informes de la Fundación 1 de mayo coordinados por Pere J Beneyto o los trabajos del Observatorio de la Afiliación del Centro de Estudios (CERES) de CCOO de Catalunya, coordinados por Ramón Alós y Pere Jodar.

En todo caso constatar que niveles de afiliación que oscilan entre el 15% y el 18 % no son despreciables en un entorno de fuerte precariedad y rotación y una cultura,la española, refractaria al asociacionismo. Y que aguanta muy bien la comparación con otras formas de organización social y política.

En el terreno de la representatividad, la celebración de elecciones sindicales cada 4 años comporta niveles de legitimación directa por parte de los trabajadores muy importantes. Ello sin olvidar algunos problemas importantes. Las elecciones están previstas para empresas a partir de 10 trabajadores o de seis o más, en un país en que el 78% de las empresas tienen solo hasta cinco trabajadores.

Otro factor de distorsión es que las elecciones sindicales otorgan una gran legitimidad democrática y social a los sindicatos, pero generan algunos efectos colaterales no deseados. En la medida que nuestra legislación hace depender la capacidad de actuar como sindicato, y sobre todo la de negociar convenios, de la representatividad electoral, ello comporta un desincentivo a la afiliación como elemento de vínculo estable entre trabajadores y sus sustitución por un vínculo delegativo como el voto. Osea, propicia el sindicato para trabajadores y no de trabajadores que comporta la afiliación. Y además es el responsable de importantes confusiones y contradicciones. Especialmente la de cuáles son los destinatarios de la acción del sindicato, solo los afiliados o también todos los trabajadores. Y si son todos los trabajadores, ¿con que recursos se sufragan los costes de funcionamiento, organización y acción? ¿Solo con los que aportan los afiliados para que se beneficien todos los trabajadores? ¿O con recursos públicos? atendiendo a la naturaleza de las funciones públicas que desarrollan, como la negociación de convenios de eficacia general a los que la Ley otorga la naturaleza de norma jurídica con capacidad para obligar.

Es este el debate que debe hacerse a mí entender sobre modelo sindical o formas de financiación. Lo que se hace hoy en algunos medios está entre la trampa, la manipulación o el acoso.

¿ES VIABLE EL SINDICALISMO NACIONAL EN UN CONTEXTO DE GLOBALIZACIÓN?

El sindicalismo ejercido solo entre las paredes del estado nación, en un contexto de economía globalizada, tiene las mismas limitaciones, expresa las mismas contradicciones que las de todas las formas sociales o institucionales fruto de una economía y una política nacional.

Que no son otras que el profundo desequilibrio de fuerzas que genera el conflicto entre una economía globalizada, con una hegemonía del capitalismo financiero y unas organizaciones sindicales limitadas al ámbito del estado nación.

Pero pasar de la teoría a la práctica parece ser algo más complejo. Sobre todo porque la estrategia de fuerte competitividad entre empresas y países, que comporta este modelo económico, dificulta la puesta en marcha de estrategias de cooperación entre trabajadores, entre sindicatos. También porque en muchos países, los sindicatos, como otras organizaciones e instituciones viven el espejismo de que es posible la defensa del Estado Social en un solo país. Es un espejismo interesado a partir de concepciones legítimas de conservación de los derechos existentes. Pero que sea humanamente comprensible no significa que sea operativo o útil.

En todo caso conviene tomar nota de lo que significa que tanto a nivel de Europa, como Mundial y a pesar de estas dificultades, las organizaciones que agrupan a los sindicatos (la CES y la CSI) sean los espacios de organización europea y social que más esfuerzos están haciendo para la construcción del sindicalismo global.

Estoy seguro que en el debate aparecerán formas concretas de cooperación sindical y también de espacios o instrumentos de trabajo conjunto entre sindicalismo y otros sujetos sociales, como las ONG.

¿ES UTIL EL SINDICALISMO HOY?

Para intentar responder a esta pregunta conviene hacerse otras con carácter previo.

¿Existe hoy la necesidad de continuar luchando contra las desigualdades sociales o a favor de la transformación social?

Desgraciadamente de un lado y afortunadamente de otro, la crisis ha hecho desaparecer el falso imaginario de la desaparición de las clases sociales. El aumento brutal de la desigualdad y de la pobreza ha tumbado todos los espejismos de una sociedad sin conflicto social, sobre la que se ha construido la hegemonía conservadora. Una hegemonía ideológica que adquirió su momento culmen en la construcción tatcheriana del “capitalismo popular”, tan real como prepotente e imprudentemente menospreciada por la izquierda europea.

Posiblemente la mejor respuesta a esta pregunta esté en otra pregunta.

¿Qué debe hacer el sindicalismo para continuar siendo útil a los trabajadores del siglo XXI? Y útil a los objetivos que dan razón a su existencia.

INTERROGANTES DE COMPLEJA RESPUESTA.

Este son los grandes interrogantes a los que los sindicalistas intentan dar respuesta cada día, no siempre con éxito. Y todos tienen en común el reto de como transformar las formas de ser, organizar, actuar en una realidad profundamente transformada en relación a la que alumbró el sindicalismo.

Me refiero a cómo organizar sindicalmente a los precarios, como conseguir trabajar en un entorno de empresas pequeñas o micro, muy periféricas en la organización del trabajo en un proceso productivo profundamente descentralizado, marcado por la externalización de riesgos y costes hacia los de debajo de la pirámide.
Cómo construir cohesión en un entorno económico y social que camina hacia la desvertebración. Cómo cohesionar a los trabajadores, evitando la tendencia natural al corporativismo y al mismo tiempo a la externalización de los ajustes desde los más protegidos – que son al mismo tiempo los más organizados- hacia los más desprotegidos – que son también los menos organizados-.
En este contexto de desagregación, ¿se puede construir sindicalismo solo desde el centro de trabajo? ¿Existen alternativas a la organización en el centro de trabajo que no comporten la perdida de la propia naturaleza del sindicato? ¿Les corresponde esta función a las organizaciones sindicales?
Como construir sindicalismo global en el marco de una estrategia competitiva salvaje que apuesta por el conflicto entre países, empresas y trabajadores.

Aunque no siempre salga a la luz y no siempre se destaque por parte de los medios, estas son preguntas que el sindicalismo organizado se plantea a nivel teórico y a las que está intentando – me consta – dar respuesta cotidiana. Pero mucho me temo que la respuesta solo se verá con el tiempo y posiblemente de ello dependa la capacidad del sindicalismo para continuar teniendo como lo tiene un papel clave en la organización social del siglo XXI.

EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN.

He dejado para el final el papel de la comunicación que, como en otros temas, deviene clave.

La comunicación resulta determinante para dotar al sindicalismo de formas organizativas nuevas en un tejido productivo desvertebrado y un sujeto social no cohesionado. También para llegar a los trabajadores en todas aquellas funciones que se refieren a realidades amplias y que van más allá de los centros de trabajo. También para reforzar la legitimidad social del sindicalismo

Hoy uno de los grandes problemas del sindicalismo estriba en las dificultades para la comunicación directa con los afiliados y trabajadores en general, en espacios territoriales y temporales que nada tienen que ver con la economía y la sociedad industrialista.

Y los actuales medios de comunicación no solo no son útiles a estas necesidades sino que son un factor distorsionador. No sucede solo con el sindicalismo, la capacidad de los medios de comunicación de intermediar en exclusiva entre las organizaciones y las personas a las que se dirigen conceden a estos medios un gran poder que ejercen en función de los intereses económicos de sus propietarios si son medios privados y de sus controladores – desgraciadamente – si son públicos.

Construir nuevas formas de autocomunicación de masas que permitan formas organizativas y de comunicación que garanticen la independencia de las personas y las organizaciones, deviene el gran reto del siglo XXI. No solo para el sindicalismo, en general para cualquier forma de organización social que pretenda jugar una función de contrapeso o contrapoder social.

moderado por:

  • Concepción García Herrera

    Socióloga

Conclusión del debate

Con las 10 preguntas de la ponencia Partidos, militantes y ciudadanos buscamos cartografiar una serie de problemas que gravitan sobre la crisis de representación y sus dinámicas de despolitización/repolitización en el contexto de movilización post15-M en nuestro país. Dada la extensión de la ponencia las intervenciones de las personas participantes se centraron sólo en algunas de ellas, aunque en su mayoría comparten en buena medida la tesis de partida: la “indignación” es algo más que un reactivo repudio moral de la gente decente porque abre espacios a la repolitización por parte de nuevos sujetos, como movimientos sociales democratizadores (Marisa Revilla, Pedro Ibarra, Tomás Villasante, Antonio Antón, Javier Ramos, Leopoldo Moscoso) (Pregunta1). Y también en buena medida comparten la propuesta con la que concluimos reclamando un nuevo pacto social sobre participación para reconstruir la virtud cívica por parte de una ciudadanía activa que busca incidir, modular y controlar sus propios espacios de participación-representación.

Para calibrar el recorrido de los procesos de politización en diferentes estructuras y procesos institucionales sobre los que discurren y se articulan tanto representación como participación, lanzamos una serie de preguntas al conjunto del sistema político, a los imaginarios ideológicos y culturas militantes de los partidos. Y también a las posibilidades abiertas por el nuevo contexto tecnológico comunicacional, con objeto de indagar sobre las posibles interacciones y articulaciones entre todos estos procesos, los nuevos sujetos movilizados por la crisis y la gran mayoría despolitizada-desmovilizada.

Dando por evidente la crisis que, en su función electoral-parlamentaria, atraviesan los partidos políticos, hoy visualizados como “clase política” alejada de la ciudadanía, insistimos en la importancia de éstos como ordenadores simbólicos, productores de identidad y formuladores de discurso con el que generar mapas cognitivos y emocionales para interpretar la crisis (Pregunta2). Sin duda, del hecho de que sigan jugando este papel depende en buena medida su sobrevivencia. Algunos ponentes hacían hincapié en la importancia de este papel ideológico discursivo, tanto para señalar la necesidad de mantener en la izquierda un horizonte radical de acción orientado por la autogestión y la desmercantilización (Andrés de Francisco), así como por la ineludible renovación discursiva en temas como la hegemonía y la moral, la racionalidad y la emocionalidad, o la clase como único sujeto: Disputar los intereses sin disputar los imaginarios que los permiten es perder la lucha política antes de comenzarla (Javier Franzé). Ello implica buscar superar el eje izquierda-derecha reformulándolo desde un eje arriba y abajo (Jorge Moruno) que, en el decir del último libro de Santiago Alba, nos obliga a pensar en nuevos mandamientos laicos para reagrupar las mayorías que comparten el “no matar, no robar, no mentir, buscar la igualdad, la fraternidad y la justicia social”.

Como es obvio, no podíamos dejar de señalar que el pluralismo y la alternancia sobre los que tradicionalmente descansó la legitimidad de la democracia parlamentaria están hoy gravemente amenazadas en el contexto de una globalización que pervierte la representación liberal cooptando a los reguladores institucionales y dejando gobernar al mercado en contra de la ciudadanía (Pregunta3). Muchas intervenciones se interrogan cómo hemos llegado a esta situación de blindaje de los poderes, que los impermeabilizan las de las reivindicaciones, demandas, reacciones y cuestionamientos de la ciudadanía (Marisa Revilla). Otros subrayan que una de las funciones principales del turno ordenado bipartidista consiste en excluir del debate político y el intercambio discursivo que precede a la elaboración de políticas las demandas de unos movimientos sociales que son a su vez el escenario y el mecanismo de la fragua de identidades cívicas e ideológicas (Leopoldo Moscoso). Las tensiones entre Capitalismo y Democracia en la sociedad del hiperconsumismo orientada por el pacto corporativo entre poderes financieros, políticos y mediáticos que someten la democracia al exclusivo dictado de los mercados sólo se resuelven con más Democracia (Javier Ramos). La nueva desregulación política neoliberal exige la construcción de un nuevo proyecto político que apoyándose en la protesta y la propuesta ciudadanas, afronte cuestiones económicas, fiscales e institucionales “fuertes” que durante las últimas décadas fueron declaradas “zonas prohibidas” (Maria José Fairiñas).

En el contexto de la crisis se reclama una virtud cívica que el sistema político no puede ni suministrar ni reproducir por sí sólo, sin el concurso de la cual se vuelve imposible para las mayorías sociales impedir el poder corruptor del interés general por parte de las oligarquías, reclamando la participación como clave para activar cualquier agenda de soluciones (muchas de ellas a experimentar) (Pregunta4). Una intervención nos recordaba que “tal virtud no está tan extendida como queremos creer” desde la izquierda (José Antonio Postigo Martín), y otra que la democracia parlamentaria es solo un punto de partida para construir cultura democrática (Pedro Ibarra).

Con este marco amplio de la crisis de representación en el sistema político, descendimos al papel que juegan militantes y votantes en los partidos políticos, en tanto portadores hacia afuera de cosmovisiones (simpatizantes y votantes) y de costumbres y estilos hacia adentro (cuadros y militantes) (Pregunta5). Indagamos sobre el papel de la militancia a la hora de conectar esos procesos de participación que abundan en los espacios intersticiales de las políticas públicas (Joan Subirat), hacia el interior de los partidos y hacia el sistema político en su conjunto con objeto de reorganizar la comunidad de referencia de los aparatos partidarios más allá de su lógica electoral. En este caso señalábamos algunas singularidades de nuestra cultura política derivadas de los pactos postfranquistas de la transición que configuraron, en la monarquía juancarlista, un sistema de representación altamente excluyente que impuso altos costes a la participación. Confluyen estrategias de desmovilización, burocratización y profesionalización en la lucha por cargos que bloquean los procesos de toma de decisiones, situándolos a espaldas del electorado y de las minorías militantes tanto de los partidos como de otras organizaciones sociales, las cuales, a pesar de sus sacrificios, tienen dificultades para generar trasvases virtuosos de participación entre distintas estructuras institucionales. Una intervención en hermoso lenguaje poético nos interrogaba sobre cómo hemos aprendido a tolerar lo intolerable al tiempo que nos recomienda la necesidad de desacostumbrarse y de desaprender (Jorge Riechmann).

El estatus quo defendido por la derecha es estructuralmente beneficiario de la caída de la participación, un problema principalmente para la izquierda, que aspira a reunificarse a través de ella. Necesitamos una perspectiva histórica para comprender cómo la izquierda se “derechiza” al generar activamente cortocircuitos en la participación (Pregunta6). Desde la transición, el campo progresista ha estado sometido contradictoriamente a la desmovilización por parte de sus propias organizaciones partidarias y sindicales, que han intentado controlarla férreamente desde perspectivas vanguardistas muchas veces maniqueas. Por ello en varias intervenciones se apunta la necesidad de tender puentes entre espacios, tradiciones y sensibilidades (Tomás Villasante, Pedro Ibarra, Olga Abasolo, Joan Subirats, Jorge Moruno). Es difícil que la renovación pueda surgir dentro de estos espacios organizativos marcados por la cultura de la exclusión, por lo que es de esperar que en la competencia electoral se consoliden iniciativas dispuestas a impulsar estos cambios se sensibilidad tan postergados como urgentes.

Prestamos también particular atención al papel de los activistas abstencionistas, fundamentales para reclamar una interacción virtuosa entre militantes, simpatizantes y ciudadanos (Pregunta7). Esto obliga a comprender el desencanto ante el “supermercado electoral” y reiniciar el proceso de reconstrucción de ciudadanía al lado de activistas abstencionistas que promueven agendas de compromiso intelectual y político. Su importancia es más cualitativa que cuantitativa, y fuerza a los partidos que busquen representarlos a alejarse de los tics del pasado: menosprecio ciudadano, corrupción y degeneración de la vida pública. En este sentido son significativas las intervenciones de personas que se consideran hasta cierto comprometidas, a menudo anteriormente despolitizadas pero hoy en plena politización (Pedro Tena, Agustin Campos Ruiz, Pedro Muñoz Moreno).

También nos preguntamos sobre el liderazgo, sobre su papel en la ingeniería político-discursiva para la construcción de espacios de interacción social e ideológica que habiliten a la ciudadanía en su potencial recuperación de voz y acción políticas (Pregunta 8). No está claro si es más fácil hacer converger formaciones políticas clásicas en torno a programas, o si un liderazgo puede adquirir posibilidades estratégicas extraordinarias en una coyuntura de crisis, como ha sucedido en el ciclo político reciente de muchos gobiernos progresistas latinoamericanos. Sin duda, también los contextos culturales y las condiciones institucionales (políticas y mediáticas) pesan sobre el papel de los liderazgos a la hora de llamar la atención de públicos y bases sociales de apoyo, reformulando discursos y relatos y promoviendo nuevos proyectos políticos con nuevas coaliciones entre actores socio-políticos, económicos y culturales. A pesar de la relevancia del papel liderazgo en la actual coyuntura electoral, esta fue una cuestión eludida en las participaciones, salvo un caso en el que se subraya la necesidad de que la autoridad individual del liderazgo debe ayudar al relato colectivo si quiere contribuir a la emancipación, mostrándose preocupado por la fascinación personal y la eventual falta de control sobre el liderazgo carismático-mediático (Manuel Gari).

Evaluamos la propuesta de primarias tan discutida como remedio para la partidocracia en el campo progresista, considerando que si éstas son cerradas hacia el interior de la militancia difícilmente pueden rebasar el aislamiento social y la atrofia institucional que atenaza a los partidos clásicos (Pregunta9). Sin resultar una panacea en un contexto ideológico como el nuestro, sólo unas primarias abiertas a la sociedad acompañadas con una generosa voluntad de construir mayorías sociales puede activar dinámicas de reconexión que promuevan la virtud cívica entre los actores de una sociedad civil marcada por el conservadurismo y la fragmentación. Cabe señalar que, a pesar de su actualidad política, esta pregunta no recibió atención por parte de los intervinientes.

Frente las lógicas de participación y representación clásicas, también nos planteamos la cuestión de cómo está influyendo la recomposición del campo comunicacional aggiornado por la llamada revolución digital. Aquí también apuntamos cómo el sistema mediático convencional es un producto de una transición conservadora y tan poco modélica y de la falta de voluntad de renovación de las fuerzas organizadas de izquierda a lo largo de más de tres décadas de democracia. Solo la reconfiguración forzada por la generalización del uso de internet ha posibilitado a los círculos activistas y al nuevo periodismo activar espacios mediáticos desde donde intentar disputar la hegemonía ideológica al bipartidismo postfranquista. De hecho, aparecen nuevas propuestas como Podemos o la Red Ciudadana-PartidoX que se apoyan en nuevos capitales mediáticos y nuevos recursos metodológicos-formativos como espacios sociotecnológicos fundamentales para la experimentación desde donde los militantes activistas buscan influir en una ciudadanía todavía mayoritariamente pasiva (Joan Subirats). Nuevos discursos buscan intervenir a través de la emocionalidad en la emergencia de nuevas subjetividades que reconstruyen identidades y comunidades de referencia, y que se presentan como campos fundamentales para experimentar, primero, al interior de los partidos y, después, sobre el conjunto del sistema político, delineando nuevas comunidades de participación que buscan incidir en diversos los procesos decisorios que orientan las políticas públicas sobre una perspectiva de democracia participativa (Pedro Ibarra) o potenciando grupos promotores cuidadores en los tejidos comunitarios (Tomás Villasante). Se insta así a un nuevo pacto social por la participación desde el que incidir en la propia reforma de la representación hoy ya viciada del sistema político liberal, tanto como ampliar en el marco del conjunto estatal los horizontes autogestionarios y desmercantilizadores de la acción colectiva sostenida.

Ponencia inicial

Partidos, militantes y ciudadanos

Partidos, militantes y ciudadanos

¿Es la indignación un fenómeno político sólo reactivo?

Con el ciclo de movilización ciudadana abierto desde el 15-M, la indignación centra los discursos procedentes de la sociedad civil. Lo que sigue abierto es el sentido, la amplitud y la perduración del fenómeno.

La crisis ha hundido la credibilidad de las instituciones del gobierno representativo y ello está afectando también a las principales organizaciones de canalización de demandas políticas, los partidos. La enmienda a la totalidad lanzada contra la denominada “clase política” tiene mucho de explosión visceral frente a la corrupción y la exhibición de intereses de poderosos que amenazan la integridad de la “gente decente”. Pero la impresión es que más allá del repudio moral hay en marcha toda una repolitización que no sólo fomenta el reencuentro de militantes de izquierda de diversas generaciones sino que alcanza también a amplios sectores antes “apolíticos” o con conciencia política débil. En suma, una cuestión elemental es si estamos ante un fenómeno puramente reactivo o ante el comienzo de un nuevo ciclo de mayor implicación de la ciudadanía en la política.

¿Veremos desaparecer los partidos políticos?

Hay motivos para la indignación contra los políticos profesionales. Mientras la democracia parlamentaria se muestra incapaz de velar por los derechos sociales de ciudadanía, cuando los partidos políticos tradicionales esgrimen defensas del Estado del bienestar éstas son cada vez más percibidas como retóricas y puntuales. Lo que no está claro es que la postura aparentemente radical de suprimir o superar los partidos contenga un diagnóstico acertado acerca de si es posible otra política libre de ellos.

Es cierto que por primera vez los partidos evidencian dificultades para lograr mayorías electorales. La cuestión es si esto es señal suficiente de que los partidos políticos vayan a desaparecer. Pues no está claro que su continuidad dependa sólo de su función en el sistema parlamentario. Los partidos parecen jugar otro papel más básico y complejo, del que el bipartidismo postfranquista es un elocuente ejemplo: la estabilización de los posicionamientos políticos. Detrás de esta no hay siempre credos ideológicos muy definidos ni intensos, pero el fenómeno apunta a toda una dimensión situada más allá de la canalización política de intereses.

Ya en origen, en el siglo XIX, “partido” indicaba a “los que toman tal o cual partido” ante una determinada encrucijada en la naciente historia del autogobierno ciudadano. Desde esta perspectiva, vinculada a la libertad de adscripción ideológica constitutiva del ser ciudadano, los partidos funcionan como comunidades que compiten por el alma política de los ciudadanos por mucho que parezca que sólo lo hacen por su voto. Desplegando esta actividad de producción y reproducción de identidad seleccionan y acumulan valores, símbolos, principios y convicciones (aunque sin duda también arraigados prejuicios), imaginarios de memoria y de utopía, tradiciones de pensamiento-acción, procedimientos, estilos y culturas de acción, etc.

Aunque incumplan sus programas una vez en el poder, los partidos garantizan que siga existiendo un lenguaje que habla de izquierda y de derecha. El apolítico declarado que desearía la superación de esas divisorias pierde de vista que, si puede permitirse el lujo de declararse ajeno a la política, es precisamente porque existe dicha divisoria izquierda/derecha. Todo indica que mientras sigamos en un mundo en el que las ideas políticas cuentan para el gobierno de la cosa pública, existirán mapas sobre la organización de las afinidades ideológicas al servicio de esa amplia mayoría de habitantes de un país para quienes en algún tramo de su trayectoria biográfica el plano político ha pesado, o sigue pesando, en sus decisiones vitales.

¿Son el pluralismo y la alternancia garantías de calidad democrática?

No está claro que sean los partidos el principal problema. La pregunta que contiene la crítica a los políticos profesionales es más bien si, con la elección entre opciones de partido, la democracia parlamentaria que se ha establecido en una parte creciente del mundo tiene garantizada por sí sola su continuidad en el tiempo. Durante décadas ha dominado el supuesto de que el pluralismo político y la concurrencia de opciones de voto garantizaban la reproducción, por medio de la alternancia, de un círculo virtuoso entre la ciudadanía y la política. El problema que se está haciendo manifiesto es que esos principios y mecanismos no son un seguro contra la desafección y la corrupción en el sistema que avanzan en la era de la globalización y amenazan con hundir el parlamentarismo democrático.

Visto así, es el sistema que reduce la ciudadanía política al voto lo que está en crisis. Y lo está en gran medida porque se ha enrocado en sí mismo, además, de manera que lejos de identificar sus debilidades y reinventarse se mantiene aferrado a un ideal normativo que convierte en vicio la virtud de la representación política. El reto de la indignación social está en cómo canalizar la virtud cívica sin rendirse ante la representación como ideología excluyente. Es aquí donde la cuestión de la participación ciudadana aparece como crucial.

¿Es posible reproducir la virtud cívica desde dentro del sistema político?

Hay acuerdo en que la única garantía contra la corrupción de la vida política y el predominio de las oligarquías económicas sobre las mayorías ciudadanas está en la promoción del interés colectivo por encima de los intereses particulares. El problema es que sabemos poco sobre cómo establecer condiciones institucionales que reproduzcan la virtud cívica. Normalmente se hace hincapié en esferas como la educación en valores, pero ésta, además de insuficiente, se sitúa fuera del sistema político.

Si existe una actividad a la indispensable para la virtud ciudadana, legítima y relativamente interna al sistema —pues ejerce como gozne entre las culturas políticas y las instituciones democráticas— es la participación. Ahora bien, lo cierto es que ésta permanece como una especie de caja negra que no se sabe bien cómo pone en marcha su mecanismo interno, ni cómo deja de ponerlo. Con todo, si hay algo evidente es que la manera más segura de aumentar la participación es por medio de participación: no conocemos otros recursos fiables para lograr implicarnos políticamente que haciéndolo.

Esta respuesta puede parecer circular, pero tiene la virtud de dar reconocimiento a la indignación en lo que esta ha sido hasta el momento capaz de activar y reactivar: un conjunto de prácticas e instituciones —asambleas, redes sociales, etc — cuyo rasgo común es el fomento de la participación. Y de la participación entendida además como remedio ante los riesgos de reducir la política de los ciudadanos a la representación.

¿De quién son los partidos políticos, de sus militantes o de sus votantes?

Cuando se observan más allá de la rentabilidad electoral, los partidos aparecen como suministradores de cosmovisiones para sus seguidores y de costumbres y estilos para sus miembros. La pregunta es si entre unas y otros se encuentra la participación.

La respuesta es sin duda variada, pero se puede decir que en general no centra sus filosofías ni sus programas. Ni siquiera está claro que los partidos sean conscientes de a quién han de rendir cuentas, es decir, cuál es su verdadera comunidad de referencia, si la de dentro o la de fuera de sus fronteras. Por un lado los partidos cuentan con simpatizantes, sus potenciales votantes. Por otro están sus militantes, un tipo de votante más identificado con la organización y que trabaja en o para ella. En la lógica electoral son los simpatizantes los que marcan los límites de expansión del partido. Pero en la vida política rutinaria dependen de sus cuadros y militantes.

A estas afirmaciones se puede contraponer que la militancia puede resultar todavía un valor decisivo en la confrontación electoral y en la reproducción de la organización a largo plazo. Esto vale para democracias de larga trayectoria o con una cultura nacional homogénea, como Francia o Suecia. Pero en España, el largo hiato de la dictadura en libertades de asociación y opinión y el establecimiento de un sistema generalizado de concertación –un buen ejemplo es el sindicalismo– hace que en la fisonomía de los partidos prime la representación sobre la implantación por medio de cuadros y militantes afiliados. En ese sentido los partidos parecen hechos a imagen y semejanza de un sistema representativo, el postfranquista, que se muestra sumamente excluyente: con altos costes a la participación y con altos grados de discrecionalidad en el manejo de recursos, funciona como un auténtico inhibidor de frecuencias para la participación ciudadana.

Y sin embargo, en la percepción social no parece dominar la idea de que los partidos representan a sus simpatizantes y potenciales votantes. Esto no quiere decir que, al igual que se dice de los sindicatos y cada vez más también de las asociaciones del tercer sector, estén en manos de una minoría de cuadros profesionales. Pues existe también toda una cultura de militantes hiperactivos de larga duración en partidos así como en colectivos y movimientos sociales y en diversas organizaciones extraparlamentarios históricamente marginadas, cuyas bases suelen desconfíar abiertamente de la gestión de los recursos institucionales. En su compromiso cotidiano, con gravosos costes personales en una sociedad individualista, los afiliados realizan enormes sacrificios. Al menos cuando se les compara con todo un magma de ciudadanos en general desmovilizados y sólo excepcionalmente participantes más allá del voto.

Es hasta cierto punto normal que existan culturas con posturas bastante contrarias ante el compromiso político. La cuestión es si se da entre ellas una comunicación capaz de impulsar sinergias de participación. Hay motivos para pensar que no es así.

Los militantes y cuadros trabajan en escenarios dominados por la concertación entre partidos y administración y a menudo en contextos de desmovilización, consumiendo buena parte de la energía de la organización en acuerdos a espaldas del electorado y luchas intestinas que oscurecen el trabajo de sus militantes y su imagen pública. Cabe preguntarse qué es lo que los ciudadanos con un mínimo de conciencia pueden legítimamente reclamar a los cuadros y militantes de los partidos. Pues frente a la sociedad éstos aparecen a menudo como incapaces de anteponer los fines colectivos de la comunidad a los propios de una organización percibida como privatizada y que corre el riesgo de cerrarse sobre sí misma con un relato que se aleja de la realidad. En suma, lo que el contexto parece pedir a los militantes es una actitud que permita a los que les observan desde fuera comprobar que anteponen el todo a la parte.

¿Por qué no está unida la izquierda española y cómo puede lograr su reunificación?

Si los partidos aspiran a beneficiarse de la participación ciudadana, han de reconocer no sólo problemas de comunicación con una sociedad civil variada y cada vez más consciente sino también desencuentros con otras organizaciones. La compleja rearticulación del campo de la izquierda española en la transición postfranquista hace que hayan perdurado conflictos entre partidos. La expresión culmen de esto es la histórica incomunicación entre el PSOE e IU. Cabe preguntarse si ello revela la sensibilidad dominante entre sus respectivos votantes o más bien la mutua exclusión de sus directivas. Pues desde 1977 llevan competiendo por el mismo espacio político entre sí pero también contra todas las demás opciones ideológicas a su izquierda, constatando así la máxima de que la identidad propia se construye demonizando las ajenas. Incluso a costa de alejar a potenciales simpatizantes y militantes.

Lo singular de la izquierda política española procede de que el principal baluarte de la lucha contra la dictadura franquista no consiguió hacerse con la mayoría electoral durante la transición. La perspectiva histórica nos hace comprender cada vez mejor que ese fracaso se debió en buena medida a que, en la práctica y retóricas aparte, el programa político del PCE era bastante análogo al del PSOE durante y después de la transición. Conviene recordar que el liderazgo comunista aceptó entonces el establecimiento de una democracia continuista con los poderes del franquismo y promovió una desmovilización estratégica hasta hoy deficientemente explicada a unas bases que se siguen viendo como vanguardistas, mientras que su gestión municipal no ha marcado importantes diferencias con las mayorías socialistas.

Por su parte, con las peripecias geopolíticas del socialismo español en la transición, a muchos ciudadanos les cuesta creer que el PSOE sea un partido de izquierdas tras el abandono del socialismo como horizonte de expectativa y sobre todo tras liderazgos y políticas de gobierno que han socavado la sostenibilidad del Estado de bienestar que las propias mayorías socialistas permitieron asentar. Sin embargo, este veredicto corre el riesgo de tirar al niño con la bacinilla si se concluye que su base electoral más fiel no forma ya parte de la comunidad de la izquierda. Porque además la crisis está demostrando que la ciudadanía posfranquista española tiene por referentes innegociables los derechos sociales, lo cual anticipa que las polémicas ideológicas se seguirán jugando en el espacio tradicional de la socialdemocracia en los próximos años.

Así planteado el asunto, la recreación de la utópica “casa común de la izquierda” no parece ser sólo un problema de programa, sino también de comprensión de las condiciones de posibilidad de la unificación. Cabe reclamar que la evaluación que se haga del contexto actual incluya una hipótesis acerca del marco organizativo más adecuado para alcanzar ese objetivo. Lejos de seguir tratando de señalar en el mapa “dos orillas” para ahondar en ellas, la única izquierda que merece la pena es una que tenga éxito estableciendo puentes entre tradiciones, sensibilidades y formaciones legítimas en el mapa actual. No parece fácil desde luego que algo así salga del interior de unas organizaciones en las que ha arraigado una cultura de exclusión mutua. Pero la competencia electoral puede tener rendimientos inesperados.

¿Qué representan los ciudadanos activistas que no votan, y quién les puede representar?

En el contexto de la creciente participación ciudadana en movilizaciones contra la crisis se está tejiendo una trama conexión concéntrica entre círculos de militantes, simpatizantes y ciudadanos sin clara afiliación política. Los partidos, en su doble condición de engranajes del gobierno representativo y comunidad de adscripción política, pueden aprovecharla o no. Una de las claves para ello está en la comprensión de los fundamentos del desencanto.

Del formato partidocrático que tenemos deriva un fenómeno complejo, pero rastreable desde la transición, como es el de la abstención activa. Esa amplia franja del electorado que no vota, en su margen izquierda incluye una minoría extensa y cada vez menos desdeñable de ciudadanos que no acuden a las urnas porque han dejado de creer que el “supermercado” de las opciones electorales refleje mínimamente su conciencia política. Mantienen no obstante un elevado grado de compromiso con la participación cívica, sea en campañas o protestas puntuales, colaborando con movimientos, asociaciones y ONGs del tercer sector, o promoviendo debates y agendas intelectuales críticas.

Hemos tenido que esperar al 15-M para que se produzca una reivindicación del valor de los no-votantes participantes. Tal vez este sea el cambio de énfasis que menos esperaban las formaciones políticas exteriores al bipartidismo (IU y UPyD a nivel estatal), confiadas en arañar votos a las mayoritarias en su desgaste por su pésima gestión de la crisis. La cuestión es si dicha estrategia ha quedado sobrepasada por un nuevo escenario en el que recupera valor la participación ciudadana. Lo que parece claro es que el espacio histórico de los abstencionistas no sigue ya circunscrito a los márgenes del escenario. Su relevancia no sería además de orden meramente cuantitativo, sino sobre todo simbólica aunque no por ello menos contante y sonante electoralmente. Pues puede que aquel partido que más y mejor consiga atraer abstencionistas potenciales sea el que termine presentándose ante la opinión pública como más libre de rémoras del pasado de menosprecio ciudadano, corrupción y degradación de la vida política. Dicho de otra manera, cabe preguntarse si se puede ya producir un vuelco electoral en forma de “voto útil” a favor de ninguna formación lastrada por prácticas de discriminación positiva hacia sus militantes y votantes seguros.

¿Qué función puede tener el liderazgo en la renovación de la izquierda?

Con la crisis, el mundo de ciudadanía social y estatus mesocrático formateado en la posguerra se encuentra en la encrucijada; mas, lejos de reducir la movilización política a su defensa, es posible simultanear ésta con luchas que apunten hacia otros imaginarios sociales. A este respecto, algunas dinámicas posteriores al 15M dan motivo para tomarse en serio la posibilidad de construir un nuevo imaginario colectivo para mayorías que, por ejemplo, pase por una adaptación crítica de las coaliciones populares que han promovido el último ciclo político de gobiernos progresistas en América latina. Una cuidadosa reflexión en este sentido puede contribuir a la hibridación selectiva de sus experiencias de gobierno, y sobre todo a llevar a cabo su traducción a los marcos conceptuales y de praxis de las democracias del Sur de Europa. Esto a su vez podría producir un rearme identitario de la izquierda española y activar un recambio ideológico en la izquierda europea, por el momento incapaz de rearticularse con su propio repositorio de referentes.

En este escenario, la cuestión es si ese objetivo ha de ser el resultado de una lenta convergencia de formaciones en torno de un programa consensuado o si el liderazgo adquiere unas posibilidades estratégicas excepcionales de cara a la reunificación de la izquierda. En cualquier caso, todo indica que la clave sigue estando en establecer condiciones institucionales para que los liderazgos se vean forzados a renovar sus bases de apoyo, innovar en sus propuestas frente a la crisis y a reformular discursos y relatos para ganar la atención de públicos internos y externos.

¿Qué tipo de primarias pueden maximizar la participación?

Ante la pérdida de legitimidad de la representación partidocrática, las diferentes formaciones se plantean las primarias como método para configurar sus listas electorales. El problema es que en general éstas se presentan ante todo como una opción para aumentar la participación hacia dentro de los partidos. Todas ellas deberían cuando menos plantearse abiertamente la cuestión de si las primarias han de servir también para activar y redimensionar esa comunidad que marca los confines de los partidos hacia fuera.

Una democratización de los partidos a la altura de sus problemas heredados de aislamiento social y atrofia institucional parece pasar por unas primarias abiertas que otorguen derecho de voto no solo a militantes, sino también a los ciudadanos con un mínimo de simpatía hacia los valores, propuestas y sensibilidades de las formaciones que se plantean vehiculizarlos. Si las primarias no son abiertas, probablemente ahondarán en la desafección.

Dicho esto, es probable que el modelo de primarias, importado de un contexto como el estadounidense sin marcas significativas de partidos tradicionales de clase, no sea en sí mismo garantía para una recomposición organizativa verdaderamente unificadora. Para remozar esta comunidad de referencia parece obligado actualizar además los vínculos de relación de los partidos con otras redes socio-culturales y políticas activas.

¿Es intervenir en política desde los medios hacerlo desde afuera o desde arriba?

Al igual que el sistema político, el sistema mediático construido a la salida de la dictadura pivota sobre los consensos excluyentes de los pactos transicionales. La renuncia del comunismo postfranquista a contar —a diferencia de la mayoría de sus homólogos europeos— con un medio escrito propio, así como la subordinación estratégica del espacio socialista al grupo comunicacional PRISA —forjado en el seno de la esfera de opinión del franquismo desarrollista— ha derivado en una abrumadora sobrerrepresentación mediática del conservadurismo neoliberal en nuestra esfera pública.

Sin embargo, con la progresiva incorporación a internet por parte de las redes militantes (Nodo50, Rebelión, Diagonal, Sin Permiso, Madrilonia etc), y la reconfiguración de los medios informativos comerciales tras el cierre de la edición en papel de Público en 2012 (con nuevas cabeceras como eldiario.es, La Marea, , Mongolia, Infolibre, etc) por primera vez se cuenta con un espacio de información crítica con suficiente proyección pública como para concurrir en las disputas por las hegemonías discursivas.

Los capitales mediáticos y los recursos comunicativos son ya herramientas ineludibles para la acción política. Cabe preguntarse si podrán rellenar el histórico hueco entre minorías militantes y mayorías ciudadanas pasivas, y hacia dónde se orientarán sus posibles convergencias. Hay una parte de todo esto que sigue siendo de experimentación. Pero parece que esas nuevas formas de poder están ya en condiciones de disputar al establishment sus estrategias también mediáticas de desmovilización, o de movilización reaccionaria. Lo cierto es que con la nueva configuración mediática no sólo se han roto las divisorias entre dentro y fuera, sino también entre hacer política desde arriba y desde abajo. Ello pone en evidencia aún más a los partidos y sus fronteras y jerarquías. Una propuesta tecnopolítica como la del Partido X, tras la ciberexperimentación desarrollada en el marco de las movilizaciones del 15M, intenta dar cuenta de esta nueva lógica activista.
Otro interesante ejemplo es el “movimiento de ficha” realizado por “Podemos”, apoyado en la trayectoria de compromiso mediactivista de Pablo Iglesias que se ha abierto hueco en el masivo espacio televisivo promoviendo tertulias propias y ajenas. No parece casual que el fenómeno esté resultando un revulsivo en el quieto estanque en el que las fuerzas parlamentarias miraban autocomplacientemente su devenir electoral.

De la indignación a un nuevo pacto social de participación

La reunificación de la izquierda puede darse o no darse. Tal vez el peor escenario no sería sin embargo el de la continuidad en la desunión sino uno en el que la unificación lograse una mayoría parlamentaria pero a costa de no conseguir detener la erosión de la legitimidad democrática. Todo parece indicar que, para reunir la izquierda refundando la ciudadanía, es imprescindible amalgamar perspectivas ideológicas diversas con sensibilidades de corte republicano que subrayan el valor de la virtud ciudadana en la vida política y económica. En este contexto, la promoción entre la ciudadanía movilizada de la emoción política aparece como una baza imprescindible para alcanzar una subjetividad colectiva empoderadora que garantice una salida de la crisis social y políticamente inclusiva.

Lo que está en juego tiene que ver con un sueño que otros han vivido ya. España no ha conocido desde los años treinta, salvo si acaso un breve período en la primera mayoría absoluta del PSOE hasta el engaño del referéndum de la OTAN (en la práctica los años 1983-1984), un escenario en el que unas bases ciudadanas movilizadas orienten su acción colectiva al apoyo crítico de una coalición por la extensión en clave radical de los derechos ciudadanos y la economía social. Lo que ha conocido ha sido, en el mejor de los casos, movilizaciones puntuales de oposición más o menos exitosa seguidas de períodos más largos de reflujo en la implicación y la movilización ciudadana. Siempre se habla de la capacidad de la derecha de movilizar desde el poder a sus bases, y esta es desde luego la asignatura pendiente de la izquierda española posterior a la derrota de la Segunda República. Es aquí donde más se nota que la ciudadanía crítica ha perdido incluso la capacidad de soñar.

Hacer realidad ese sueño sin duda comporta un cambio en las relaciones entre partidos, militantes y ciudadanos, que podemos definir como un “pacto por la participación” que genere un nuevo espacio de encuentro entre la organización y la acción políticas. Como todo pacto, éste comporta libertades y obligaciones. Los de los partidos y militantes ya han sido aquí exploradas. Falta decir algo de los de los ciudadanos.
Se habla mucho de falta de mecanismos de control y rendimiento de cuentas por parte de los políticos, pero no se señala a continuación que este reclamo debiera darse en un doble sentido: la responsabilidad de los ciudadanos para con las formaciones que votan o con las que se identifican debiera ir más allá del instante del paso por las urnas. Seguramente esto sólo puede plantearse a cambio de algún grado de reconocimiento por parte de las formaciones políticas más allá del pacto de votos a cambio del cumplimiento de los programas.

La encrucijada histórica reclama voluntad política y virtud cívica para activar nuevas hibridaciones entre formatos de representación y de participación ciudadana. Si los partidos quieren estar a la altura de los tiempos, deberían experimentarlas en sus propias carnes organizativas.

moderado por:

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

  • Iván H. Ayala

    Investigador asociado al ICEI y miembro de econoNuestra

Conclusión del debate

Las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo han sido un momento importante en la construcción europea. Los siete años de crisis han puesto a prueba la idea común de Europa y no parece que sea tan sólida como se creía a la vista de los resultados electorales. Es precisamente la percepción de que necesitamos Otra Europa la que ha hecho que se abriese durante dos meses este debate.

El punto de partida ha sido un documento elaborado por EconoNuestra. A modo de resumen se pueden destacar tres puntos fundamentales. En primer lugar la relación entre la Europa económica y la Europa social. La economía debe estar al servicio de una propuesta de construcción del estado del bienestar y de reducción de las desigualdades; estas últimas se están acrecentando tanto en los que se refiere a los ciudadanos de cada país como en términos regionales, con una polarización centro-periferia cada vez más acentuada ¿queremos una Europa de las finanzas o de los ciudadanos?

El segundo punto es el modelo económico ¿qué sistema financiero? ¿Nos sirve este Euro? ¿Cuál debe ser el papel del Banco Central Europeo? ¿Qué hacemos con la deuda? ¿Necesitamos una fiscalidad común? A estas preguntas se suman las que vienen del modelo productivo. Se ponen sobre la mesa la sostenibilidad, el paro, la precarización laboral…

El último punto es la construcción política ¿qué entramado institucional necesitamos? ¿Cómo mantener la soberanía? ¿Están funcionando las instituciones europeas? ¿Generan Confianza? Es precisamente la falta de confianza la que genera desafección y hace que no haya una idea de ciudadanía común y que se esté lejos de tenerla.

El debate se ha desarrollado por dos vías que han estado en permanente interrelación: las intervenciones escritas en el ágora de la página web y las mesas redondas retransmitidas por streaming. Han sido 25 las intervenciones escritas y 3 los debates en vivo. El primero fue un cara a cara entre Fernando Luengo (EconoNuestra) y Manuel de la Rocha (Economistas Frente a la Crisis); el segundo fue un seminario promovido conjuntamente con la Universidad Complutense de Madrid en el que participaron Josep Borrell, Ángel González Martínez-Tablas, Emilio Ontiveros y Juan Francisco Martín Seco. El último, una mesa redonda con la participación de Yayo Herrero, Fernando Luengo, Pablo Padilla, Pedro Chaves y Santos Ruesga. Los tres actos se encuentran disponibles en el archivo de Espacio Público.
Un debate sobre un tema tan amplio y complejo está lleno de matices, pero en un intento de sistematizar el intercambio diríamos que se ha centrado en dos bloques . El primero se refiere a la construcción del proyecto europeo:

1. ¿Nos encontramos ante problemas estructurales o coyunturales ¿Se trata de ajustar algunas instituciones y su funcionamiento o es cuestión del diseño y de la orientación del mismo? Estas preguntas se traslucen a lo largo del debate, ya sea en los temas económicos o sociales y las aportaciones van hacia el carácter estructural del problema.

2. No se trata sólo de cómo están diseñada la Europa actual, sino también de si son suficientes las instituciones: Parlamento europeo y Banco Central Europeo son claros ejemplos de esta insuficiencia. En este sentido también se echan en falta políticas conjuntas en aspectos tan cruciales como la fiscalidad o los presupuestos.

3. ¿Se ha quedado el proyecto europeo a la mitad? ¿Ha perdido impulso? Da la sensación de que en estos momentos hay “poco proyecto” y que los pasos que se dieron inicialmente con fuerza ahora son tibios e indecisos ¿tal vez el proyecto era sólo la integración económica y de una determinada dirección ideológica?

Hay un segundo bloque que tiene que ver con las consecuencias:

1. Hay una importante asimetría territorial que ha terminado en la Europa de dos velocidades. Hay centralidad y periferia en casi todos los aspectos: políticos, financieros, productivos, de movilidad humana,…

2. Existe una desigualdad creciente que empieza a pasar de ser efecto a ser causas de nuevos problemas que pueden romper el proyecto. El peso de la Europa económica hace que apenas se piense en la Europa social.

3. El binomio economía financiera-economía productiva se ha desequilibrado hacia la primera. Esto ha llevado a que la influencia del sector financiero en las decisiones políticas sea cada vez mayor.

4. La falta de centralidad de la economía productiva ha hecho que el paro haya crecido. Además no se ha introducido el elemento sostenibilidad en el sistema.

El resultado es un proceso de desconfianza y desafección crecientes que se ha instalado en la ciudadanía europea y que les lleva a preguntarse ¿merece la pena esta Europa? ¿Es mejor bajarse de este tren u otra Europa es posible?

Ponencia inicial

Otra Europa

Otra Europa

Las elecciones al Parlamento Europeo son una buena ocasión para debatir sobre los límites y las posibilidades, las ventajas y los inconvenientes de la integración europea. Sin pretensiones de abarcar todos los temas posibles, desde el grupo de trabajo de EconoNuestra (eN) “Otra Europa” queremos aportar elementos para ese debate, más allá del estricto ámbito electoral que viviremos con creciente intensidad hasta el 25 de Mayo.

Europa necesita soluciones estructurales, porque sus problemas son estructurales. Las medidas económicas coyunturales que se están adoptando contribuyen a empeorar la situación y a deteriorar aún más las condiciones de vida de la mayoría de la población, como sucede en España. Por ello apostamos por Otra Europa y no por la mera reforma de la actual Unión Europea (UE).

1. Al hablar de Europa no se puede hablar solo de la UE

1.1. Europa es más que un entramado institucional. Europa es una realidad más amplia y plural. La construcción europea exige respetar las diferencias y reforzar las similitudes; fomentar la igualdad, desde la solidaridad; distribuir con equidad los costes y las ventajas de la integración, reservando un papel regulador básico para las políticas públicas ejercidas desde la UE y sus Estados miembros. El creciente distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones europeas muestra que los avances de la integración en Europa no van por buen camino.

Las instituciones actuales sólo son funcionales a un modelo que fomenta los desequilibrios y refuerza los privilegios de unas élites que se oponen al bienestar de la mayoría de los ciudadanos.

1.2. El debate sobre Europa debe incluir también su inserción en la economía mundial y su papel en las relaciones internacionales. Europa es un territorio con un alto grado de apertura al exterior. La globalización ha incrementado las relaciones de Europa con el resto del mundo, pero a la vez han aumentado las desigualdades entre países. Por ello avanzar en la construcción europea implica, entre otras consideraciones, plantearse cómo cambiar las reglas que gobiernan las relaciones económicas mundiales, cómo mejorar el papel regulador de los organismos internacionales, y cómo trabajar activamente en favor de la reducción de las desigualdades en el mundo. En consecuencia, es necesario actuar más allá de los límites geográficos de Europa porque, en las actuales circunstancias, globalización y bienestar parecen términos cada vez más incompatibles.

2. La UE no puede ser fundamentalmente un club económico

2.1. Pedimos otra economía para Otra Europa. El discurso dominante es el discurso ortodoxo neoliberal, que se ha impuesto como “pensamiento único” y con el que cada vez se identifican menos ciudadanos. Como discurso alternativo proponemos hablar de la economía nuestra, de activar políticas en favor del empleo, de no asumir las restricciones laborales y salariales que nos imponen, de favorecer el bienestar y la igualdad de oportunidades. Los datos de coyuntura económica se utilizan demasiadas veces para ocultar los problemas que de verdad importan, que son los problemas estructurales y los problemas de la mayoría de los ciudadanos.

Es obligado debatir sobre el carácter de las políticas macroeconómicas y su impacto microeconómico, sobre la obligación de cambiar la estrategia integradora emprendida por el euro y la unión monetaria, sobre las reformas fiscales y la mejora del presupuesto europeo, pero es más importante aún conocer cómo afectan esos temas a las personas. Porque el bienestar también depende del marco de legitimidad democrática y de transparencia. Y depende del buen funcionamiento de las redes construidas por la ciudadanía para participar en la vida política y social, y para mejorar su participación en la actividad económica, más allá de los parámetros que reflejan los indicadores económicos convencionales. Por ello, consideramos necesario abrir un debate profundo sobre el crecimiento económico y sus efectos sobre el bienestar, el empleo, la igualdad y el medio ambiente.

2.1.1. Es necesario corregir el desigual reparto de las ventajas y costes de la integración. Este es un tema central, puesto que esas ventajas y costes no se reparten por igual. Desde la UE, como actor con capacidad de implementar políticas públicas, hay que reforzar los mecanismos de cohesión para combatir las disparidades sociales, territoriales, sectoriales. Además, es indispensable equilibrar la estructura productiva europea en todos sus ámbitos, prestando especial atención a las actividades sectoriales y geográficas más vinculadas a la creación y mantenimiento del empleo. También hay que modificar e incrementar sustancialmente el presupuesto comunitario para reforzar los fondos estructurales, las políticas de cohesión y las iniciativas destinadas a fomentar la participación ciudadana y el control democrático. Algunas ideas pueden ayudar a entender la necesidad de actuar en favor de un reparto equilibrado de los costes y beneficios de la integración europea:

– La libre movilidad no es una realidad en la actual UE. Muchos ciudadanos solo perciben como real la libre movilidad internacional de los capitales.

– La unión monetaria, en su actual formulación y fase de desarrollo, no ha sido un instrumento de cohesión económica y política. No ha servido para avanzar de forma equilibrada y con equidad en la integración europea, sino para ahondar en las desigualdades entre países y personas. El ‘modus operandi’ del BCE (Banco Central Europeo) solo es eficiente para los intereses del sector financiero, no para el conjunto de la ciudadanía. Si la unión bancaria sigue el mismo camino muchos europeos se alejarán aún más las instituciones de la UE.

– El euro no puede ser contemplado como un símbolo fallido de la integración europea. La moneda no puede estar al servicio de unos pocos. Los objetivos de la política monetaria deben estar subordinados a la consecución de la estabilidad, la equidad, el pleno empleo y la protección social de todos los ciudadanos de la UE.

– La integración fiscal no puede ser una falacia. No puede limitarse a la aproximación de ciertas figuras fiscales sujetas a mecanismos de votación que impiden avanzar en la convergencia y la progresividad de los sistemas fiscales. Es necesaria una profunda reforma fiscal, a la vez que una armonización fiscal a escala europea que permita la financiación de las políticas públicas sostenibles, es decir, de políticas que reposen sobre sistemas fiscales consistentes, equitativos y capaces de combatir el fraude. La integración europea difícilmente podrá avanzar en una senda de equidad y estabilidad mientras existan amplias bolsas de fraude fiscal, paraísos fiscales y redes de blanqueo de dinero, dentro y fuera del espacio europeo.

2.1.2. Es urgente que el BCE modifique su forma de intervención en los mercados financieros. Las funciones del BCE y de la unión monetaria no pueden consistir solo en el control de la inflación y en ayudar al sector financiero. La política económica ha de buscar la estabilidad y la eficacia global y social. Sin embargo, Europa y sus gobiernos han apostado por una austeridad mal entendida, ignorando que la política económica puede ser contracíclica. En la UE se ha olvidado que la creación de empleo ha de ser la principal prioridad política y que el empleo contribuye al equilibrio fiscal.

Además, en la UE no será posible reforzar los criterios de equidad de las políticas públicas sin un control democrático de las instituciones que gobiernan su economía y sus finanzas. Por ello, el Parlamento Europeo debe vigilar que las actuaciones del BCE contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la integración europea. Con carácter urgente, el BCE debe modificar su forma de intervención en los mercados, para apoyar de manera clara las políticas públicas destinadas a reactivar la actividad y el empleo. A continuación, el Parlamento Europeo habrá de buscar un modo de encajar esos cambios funcionales del BCE en el ordenamiento jurídico común.

2.2. Es preciso reforzar los valores sociales y políticos que sustenten una economía al servicio de las personas y en pro del bienestar colectivo.

2.2.1. No se puede construir Europa sin esperanza. Sin la esperanza de que la integración atiende los problemas reales de las personas. Queremos una Europa solidaria, en la que se pueda mejorar la educación y la sanidad, y se puedan atender los problemas de la inmigración, la pobreza y el hambre en Europa y en el mundo. En la que se pueda fomentar la investigación y aumentar las inversiones en actividades que mejoren el bienestar, protejan el medio ambiente y ayuden a evitar las guerras en el mundo.

2.2.2. Los ciudadanos no pueden percibir Europa como un conjunto de instituciones sin una sólida base de legitimidad democrática. Y eso puede ser válido para el BCE, pero también podría aplicarse al Parlamento Europeo si su capacidad de acción no mejora sustancialmente. De hecho, el Parlamento quedará muy mermado ni no puede actuar en materia fiscal y presupuestaria, más allá de los compromisos y restricciones plurianuales actualmente existentes. Se trata de ampliar el concepto de democracia en Europa y de retomar los planteamientos federales desde una perspectiva que incluya el federalismo fiscal. Ello exigirá las necesarias reformas de la fiscalidad comunitaria y de los sistemas fiscales de los países miembros, como estrategia para hacer compatible en Europa una ordenación territorial más acorde al sentir de los distintos pueblos que la componen.

3. La amenaza de la no-Europa y la amenaza de la soberanía

3.1. Europa no puede construirse sobre el miedo a perder la soberanía nacional o regional, ni sobre el miedo a que deje de existir la actual UE. La integración tendrá sentido si avanza hacia una Europa política y social, en la que la unión económica y monetaria esté al servicio del bienestar colectivo. La unión monetaria nació de un acuerdo político y solo culminará si el conjunto de Estados se muestran dispuestos a compartir su soberanía como requisito para avanzar hacia una unión económica y monetaria. Y para progresar en la unión económica se requiere un avance sustantivo en la complementariedad de los sistemas fiscales, lo que es imposible con los actuales procedimientos de decisión de la UE en materia fiscal.

3.2. La UE y sus instituciones han de cambiar radicalmente, si el objetivo es avanzar hacia un modelo de soberanía compartida. Las grandes decisiones no pueden adoptarse solo de manera intergubernamental, bajo la presión de los Consejos Europeos. Si se pide a los ciudadanos elegir un Parlamento, representativo de los pueblos de Europa, los eurodiputados han de conjugar la proximidad a sus electores y la preservación de objetivos comunes para el conjunto de ciudadanos de la UE. Es difícil que esa combinación de intereses pueda sustentarse solo sobre el marco de representatividad que ofrecen los partidos políticos nacionales. Europa es una realidad más amplia y plural y necesita apoyarse también sobre la configuración de grupos y redes supranacionales, que refuercen un modelo de soberanía compartida.

En la UE es prioritario acabar con el lastre de la deuda y la situación de endeudamiento que atenaza a muchos de sus países, y que son el resultado de opciones y políticas económicas equivocadas: las políticas de austeridad mal entendida. Se trata de una situación cuyo origen y posterior evolución plantea tantas dudas que resulta obligado exigir una auditoría de la deuda de los países europeos.

3.3. No habrá Otra Europa sin consolidar una ciudadanía común. No se puede hablar de ciudadanía europea si no hay recursos para garantizar la igualdad de oportunidades, con independencia del lugar de nacimiento. Todavía es necesario suprimir muchas fronteras internas y no construir nuevas barreras artificiales, preservando como valor esencial la diversidad.

4. Otra Europa

El objetivo de avanzar en la construcción de Otra Europa requiere propuestas específicas, que habrán de formularse y debatirse con rigor y serenidad. Desde el grupo de trabajo planteamos algunas líneas de acción preliminar.

4.1. Reclamamos un debate claro y exhaustivo sobre las alternativas de reforma, ruptura y nuevo proceso constituyente en Europa, incluyendo como primer paso la unión monetaria y el euro. ¿Tiene sentido avanzar por el actual camino, si una mayoría de los ciudadanos ven el euro y el BCE como instrumentos al servicio de los intereses financieros? ¿No sería más lógico modificar con urgencia el funcionamiento de facto del BCE, mientras se acuerda cómo modificar sus fundamentos jurídicos?

4.2. Europa vinculada al mundo. Europa depende en exceso de un contexto mundial infectado por el neoliberalismo. En él, la soberanía se disipa porque la absorben y diluyen los mercados. Europa no puede aislarse del mundo, pero tampoco puede sobrevivir aislada: ni aislada siendo un reducto de bienestar ni aislada de la obligación de contribuir a reformar el desorden mundial. Si sometemos a los organismos internacionales a un control democrático riguroso su capacidad de acción podrá ser útil para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos.

4.3. Hay que reclamar valores humanos, frente a la idea de que los riesgos de vivir en sociedad han de afrontarse de manera individual. Apostamos por la solidaridad como base del progreso y por combatir las desigualdades, por encima de los intereses de las minorías codiciosas y usureras. Buscamos poner énfasis en los valores que pueden sustentar la construcción europea, tomando distancias del neoliberalismo y del revestimiento ideológico que proporciona para la defensa de intereses individuales.

4.4. Necesitamos una sociedad civil más participativa y solidaria, que exija a los políticos el cumplimiento de sus promesas, que evite la endogamia de los partidos políticos. Reclamamos que el Parlamento Europeo participe en la construcción de Otra Europa, no solo con votaciones simbólicas y recomendaciones de carácter no vinculante.

4.5. Buscamos un debate que convierta la economía en economía nuestra, no en la economía de otros. Que convierta la economía en un instrumento en favor del bienestar de la mayoría y no en beneficio de una minoría. Proponemos un debate que exija al BCE y a las instituciones comunes unas políticas distintas. El debate no puede centrarse solo en las instituciones de la UE, sino en la Europa real y la Europa posible: en la Otra Europa.

Pensamos que las reformas de los sistemas fiscales y de los símbolos más visibles de la integración europea, como el BCE o los objetivos de facilitar la movilidad y la igualdad de oportunidades en Europa, pueden ayudar a la construcción de una Europa en la que las políticas públicas, incluidas las implementadas por la UE, contribuyan al bienestar. Otra economía es posible, lejos del paradigma de crecimiento económico y financiarización que hasta ahora ha prevalecido. Reclamamos un cambio radical que permita la construcción de Otra Europa. Exigimos un debate sobre estos temas.

moderado por:

  • Orencio Osuna

    Director de la Fundación Espacio Público

Conclusión del debate

El debate organizado por Espacio Público a partir de una ponencia inicial del profesor Vicenç Navarro, ha contado con un total de 106 aportaciones -más numerosos archivos con documentos adjuntos- escritas por responsables políticos, historiadores, economistas, constitucionalistas,sociólogos y numerosos lectores del diario Público. Todos estas intervenciones así como el debate que se realizó en streaming en Público TV, podrán ser consultados en adelante en los Dossieres de Espacio Público.

La gran pluralidad de perspectivas políticas e ideolólogicas, la diversidad de disciplinas académicas, la complejidad de las cuestiones implicadas en la reivindicación del derecho a decidir, o la propia variedad de procedencias territoriales de las intervenciones que ha suscitado el debate, muestran a las claras la trascendencia política del asunto a discusión que hemos propuesto, así como la heterogeneidad de sus numerosas implicaciones. También hay que destacar que, aunque la polémica suscita una gran pasión intelectual, politica y emocional en todos los rincones de la sociedad catalana y española, existe entre la izquierda y los intervinientes una gran capacidad de respeto, diálogo y civismo democrático. Talante del que carece, por cierto, la derecha uniformadora y excluyente que se se rasga las vestiduras ante el sacrílegio del separatismo e invoca como razón suprema la sagrada e inviolable unidad de la España Una , Grande y Libre o que se aferra a una Constitución inamovible e irreformable, per secula seculorum.

Hemos abordado en este foro de discusión durante estos últimos meses uno de los debates de más trascendencia que para su presente y futuro tienen ante si los ciudadanos catalanes, pero también para el conjunto de los ciudadanos españoles. Tanto si el derecho a decidir, que reclama la mayoría de la sociedad catalana, desembocase en la creación de un estado independiente de incierto destino, como en un estado federal o confederal que reconozca efectivamente la plurinacionalidad del estado español, o ,incluso, en una reacción autoritaria recentralizadora -como la que propugnan sectores de la derecha española más uniformadora-, la vastedad del impacto de cualquiera de estas salidas abriría un nuevo tiempo para la totalidad de la sociedad española.

Un asunto, en definitiva, de capital importancia que debería afrontarse sin dramatismo ni histerismos, sin apelaciones al choque entre patriotismos viejos o posmodernos, con comprensión mutua de los intereses y opciones colectivos en presencia y, sobre todo, y por encima de todo, con espíritu de ciudadanos libres y democráticos. En la convicción de que en la sociedad española de hoy- asaltada, golpeada y saqueada por poderes fuera del control de la soberanía popular- el único método legítimo para organizar la convivencia es de la práctica de la democracia y el respeto a la voluntad libre y democrática de los ciudadanos.

Somos conscientes que estamos ante los primeros momentos de una dinámica política que fluye hacia importantes acontecimientos en los próximos meses-quizás años- y que tendrán momentos decisivos, como la próxima Diada del 11 de Septiembre, la consulta convocada por el gobierno de la Generalitat el 9 de Noviembre o, incluso, posibles reformas de la Constitución del 78, y que, en consecuencia, no podemos cerrar este foro de discusión definitivamente.

Espacio Público abrirá en el mes de septiembre una nueva fase de este debate conectado al calendario del proceso abierto en Catalunya, pero también relacionándolo con el nuevo ciclo político que supone la abdicación de Juan Carlos I, la sucesión de Felipe VI y las propuestas de cambios profundos que exige una gran parte de la sociedad española.

Moderador.
Orencio Osuna

Ponencia inicial

Catalunya y el derecho a decidir

Catalunya y el derecho a decidir

  • Vicenç Navarro

    Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

En contra de lo que ha estado enfatizando la sabiduría convencional definida por el establishment español (la estructura de poder político y mediático que define los parámetros de lo que debe creerse en el país), la Transición de la dictadura a la democracia no fue un proceso modélico, fruto de un consenso entre iguales, entre los herederos de los vencedores (las derechas, ultraderechas en el abanico político europeo) y los herederos de los vencidos (las izquierdas y otras fuerzas democráticas) de lo que se llama en España la Guerra Civil. En la versión oficial de la Transición, esta se presenta como una ruptura con el anterior Estado dictatorial, habiéndose establecido, como resultado de tal Transición, un Estado democrático homologable a cualquier democracia existente en la Europa occidental. Y la Constitución de este nuevo Estado se presenta como el resultado de aquel consenso entre iguales, estableciendo el marco jurídico donde la democracia española se ha ido desarrollando.

Esta versión de la Transición es profundamente errónea y no se corresponde con los hechos ocurridos en aquel periodo. Lejos de ser ejemplar, aquel proceso estuvo dominado por las mismas fuerzas que controlaban el Estado dictatorial, y que lideraron y dirigieron aquel cambio. Las fuerzas conservadoras controlaban todas las ramas y aparatos del Estado, así como la gran mayoría de medios de información del país, mientras que las izquierdas acababan de salir de la clandestinidad. No fue un pacto entre iguales ni tampoco fue una ruptura con el Estado anterior. En realidad fue una abertura de aquel Estado para incorporar a las izquierdas en un nivel subalterno, sometidas a una ley electoral que claramente las desfavorecía. Presentar la Constitución como un producto consensuado entre iguales, sin admitir que estuviera condicionada por las fuerzas que dominaban la Transición, es una frivolidad propagandística promovida primordialmente por las derechas y, en ocasiones, por aquellos sectores de las izquierdas gobernantes que se adaptaron rápidamente a aquel Estado.

Las consecuencias de aquel proceso inmodélico: la limitadísima democracia, el escaso bienestar social y el no reconocimiento del derecho a decidir

Las consecuencias de aquel dominio conservador son enormes. Una de ellas es la limitadísima capacidad de decisión de la ciudadanía en los quehaceres de la gobernanza del país. Democracia en España quiere decir votar cada cuatro años (dentro de un sistema electoral poco representativo) a partidos políticos que carecen de democracia interna, gobernados por élites que se eternizan, con escasa transparencia y que, por su opacidad, son fácilmente coaptables por parte de intereses financieros y económicos. La Transición inmodélica favoreció esta visión de la democracia, que reduce la política al “politiqueo entre sus dirigentes”. Formas de democracia directa, tales como referéndums (ni consultivos siquiera), son difíciles cuando no imposibles de realizar.

Esta limitadísima democracia, dentro de un Estado heredado del anterior con escasa renovación, explica varios hechos. Uno, es el enorme subdesarrollo del Estado del Bienestar en España. Treinta y cinco años después de iniciarse la democracia, España continúa teniendo uno de los gastos públicos y uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). He escrito extensamente sobre este tema (ver Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, 2002). Esta subfinanciación se está incluso acentuando más como consecuencia de las políticas de austeridad (lo que quiere decir de recortes del gasto público), orientadas a privatizar los servicios públicos del Estado del Bienestar. Desde 2008, los gobiernos españoles, argumentando erróneamente que no hay otra alternativa, están debilitando y/o desmontando el Estado del Bienestar. Utilizan para justificar este desmantelamiento el argumento que el Estado español ha perdido soberanía y tiene que seguir la normativa dictada por la Troika, a fin de poder mantenerse en el euro. He escrito extensamente mostrando la falta de evidencia que apoye estos argumentos. En realidad, tanto la banca como la gran patronal están consiguiendo lo que siempre desearon: el debilitamiento del mundo del trabajo, la privatización del Estado del Bienestar y la reducción de los salarios. Las políticas públicas realizadas por los gobiernos centrales y la mayoría de los gobiernos autonómicos han sido responsables de tales hechos.

El tema nacional tampoco se ha resuelto

Otra consecuencia del dominio de los herederos de los vencedores de la Guerra Civil en el proceso de transición fue la incorporación a la Constitución de la visión de España que tenían sus antepasados, que se definieron a sí mismos como los “nacionales”. Esta visión negaba la plurinacionalidad de España, oponiéndose a reconocer las distintas naciones que constituyen el país, imponiendo un Estado uninacional centrado en el establishment político y mediático existente en Madrid. En realidad, el Estado de las Autonomías (el “café para todos”) era la manera de negar esta plurinacionalidad, permitiendo una descentralización administrativa en un marco normativo claramente centralizado. Un indicador de esta centralización es el sistema radial de transporte. Lleva un poco más de dos horas ir en tren de Barcelona a Madrid, pero algo más de seis horas para ir de Barcelona a Bilbao, que es la misma distancia. Esta visión uninacional de España está escrita en la Constitución, la cual asigna al Ejército (sucesor del que había llevado a cabo un golpe militar contra un Estado democrático) la misión de defender la unidad de España (una cláusula única entre las constituciones en Europa), estando bajo la dirección del Monarca, jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Estas fueron unas cláusulas que el Monarca y el Ejército impusieron, como han admitido protagonistas de aquella Transición.

Esta negación del carácter plurinacional ha sido una constante en el periodo democrático. Y su último ejemplo son los “cepillazos” y
“vetos” al último Estatuto, iniciado por el gobierno tripartito en Catalunya presidido por Maragall (y más tarde por Montilla), que habían intentado redefinir España, sustituyendo la visión de España heredera del golpe militar por una España plural y pluricéntrica. El fracaso de este proyecto fue lo que no dejó otra alternativa a Catalunya que conseguir la movilización popular exigiendo el reconocimiento de Catalunya como una nación soberana, con pleno derecho a decidir su futuro, considerando la independencia como una alternativa entre otras. La gran mayoría de la población catalana (el 75% según las últimas encuestas) está de acuerdo con que se realice un referéndum sobre el futuro que la población desea para Catalunya.

Democracia significa el derecho a decidir

Los dos polos opuestos del nacionalismo –el españolista, que es el nacionalismo más extremo, dominante y asfixiante, y el catalanista- quieren presentar este derecho a decidir como equivalente a la petición de secesión de Catalunya del Estado español. Esta interpretación interesada no corresponde a la realidad. El número de personas que desean ejercer el derecho a decidir es mayor que el que desea la separación de Catalunya del Estado español. Catalunya podría ser un Estado soberano dentro de un Estado federal español. En realidad, históricamente la gran mayoría de fuerzas políticas de las izquierdas, tanto catalanas como españolas, han deseado esta forma de Estado federal, dentro del cual cada nación pueda decidir su futuro. Los “nacionales” fascistas llamaban “separatistas” a los catalanes –como el President Companys– que deseaban un Estado catalán dentro de una federación española. No eran anti España (como se los acusa), sino que eran voces que pedían una redefinición de lo que era España y su Estado.

Es importante subrayar que incluso los partidos políticos de izquierdas españoles pidieron durante la clandestinidad el derecho a decidir (se llamaba autodeterminación) de las distintas naciones (tan recientemente como en el Congreso de Octubre de 1974 de Suresnes, el PSOE subrayaba que “la definitiva solución del problema de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada nacionalidad y región pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español” (Resolución sobre nacionalidades y regiones). Y más tarde, en el 27 Congreso del PSOE en diciembre de 1976, se aprobó que “el Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán en pie de igualdad el Estado federal que preconizamos… La Constitución garantizará el derecho de autodeterminación”, manteniendo que “el análisis histórico nos dice que en la actual coyuntura la lucha por la liberación de las nacionalidades… no es opuesta, sino complementaria con el internacionalismo de la clase trabajadora”). Fue durante la Transición que las izquierdas españolas abandonaron este compromiso, aceptando la condición impuesta por la Monarquía y por el Ejército, convirtiéndose en las grandes valedoras de aquella Constitución.

Los cambios en Catalunya (y en España)

El nacionalismo españolista es profundamente excluyente y define como antiespañoles a aquellos que tienen otra visión de España. Su rigidez e intolerancia explica el gran incremento de independentistas como rechazo a este nacionalismo españolista. Y este rechazo incluye a amplios sectores de la población catalana que se siente española, y también de izquierdas. Desean separarse del Estado español sin ser independentistas, pues no creen que este Estado español se pueda convertir en un Estado democrático plurinacional, con mayor democracia representativa, enriquecida con formas de democracia directa, con plena diversidad de ideologías en los medios y cuyas políticas públicas tengan mayor sensibilidad social. En realidad, este Estado español tampoco es percibido como representativo por parte de la mayoría de la ciudadanía española, que está de acuerdo con el lema del movimiento 15-M “no nos representan”. Es urgente y necesario que se establezcan alianzas a los dos lados del Ebro para facilitar el rechazo a este Estado.

El problema que se presenta en Catalunya no es si se permitirá o no la consulta. Este no es el problema mayor, por extraño que ello parezca. De una manera u otra, si la mayoría de la población en Catalunya lo desea, la consulta se realizará, ya sea legal o ilegalmente. El problema es la Transición hacia la otra Catalunya deseada por la mayoría de la población, sea esta independiente o no. Lo que está claro es que la mayoría de la población catalana quiere otra Catalunya. Pero cómo llegar a ella es un punto esencial. En España ya existe el ejemplo de que las fuerzas políticas que dominaron la Transición, dominaron también el producto resultado de esta Transición. Pues lo mismo podría ocurrir en Catalunya. El rechazo al Estado español, que es distinto al rechazo a España (un sentimiento este muy minoritario en Catalunya) no es suficiente para garantizar una Catalunya más justa, más solidaria y más democrática. Y ahí está el auténtico reto. Fuerzas conservadoras y neoliberales que, aliadas con sus homólogas en el Estado español, han aprobado las reformas que han acentuado el deterioro tan notable de la Catalunya social, continúan teniendo gran influencia política y mediática en Catalunya, controlando los medios públicos de la Generalitat, instrumentalizándolos abusivamente. Mucho se ha hablado de esta instrumentalización por parte de las fuerzas independentistas. Pero el abuso ha sido igual de intenso en la promoción del neoliberalismo. El programa “Lliçons d’Economia” de TV3 promueve las teorías del economista ultraliberal de la casa (que predeciblemente es independentista), que quiere desmantelar el Estado del Bienestar y privatizar los servicios públicos y las pensiones en Catalunya, medidas que dañarían enormemente a las clases populares de Catalunya. Mientras, las izquierdas son sistemáticamente excluidas de estos medios. Últimamente están apareciendo movimientos político-sociales –como el Procés Constituent– que se están expandiendo por toda Catalunya y que están movilizando a la población para presentar otra alternativa, estimulando que los partidos de izquierdas hagan un frente común, alternativo, exigiendo una Catalunya popular.

Esta agitación en Catalunya es paralela a la gran agitación social contra el Estado español, un Estado que se ve instrumentalizado por los poderes financieros y económicos, que utilizan Europa para conseguir sus objetivos. De ahí el enorme valor de los movimientos iniciados por el 15-M, que cuestionan la sabiduría convencional que nos ha llevado a una situación claramente desfavorable para las clases populares. Ello explica el enorme descrédito del Estado y su pérdida de legitimidad. Este establishment se aferra a la Constitución (tal como vimos hacer a Felipe González en Salvados) como el instrumento legal que le permite salvaguardar sus intereses, confundiendo ley con legitimidad. Las clases populares están indignadas y no perciben a las instituciones políticas como sensibles a sus demandas y reivindicaciones. De ahí la gran urgencia e importancia de movimientos político-sociales que presionen para forzar una segunda Transición, que permita el paso de una democracia sumamente limitada, a una democracia auténticamente participativa y representativa que hoy no existe en España.

moderado por:

  • Bonifacio Cañibano

    Periodista

  • Carolina Bescansa

    Profesora de Ciencia Política de la UCM

Conclusión del debate

El debate, que se abrió en noviembre pasado y se ha prolongado durante tres meses, ha promovido 54 intervenciones, además de publicar una ponencia de planteamiento de las cuestiones y dos decenas de documentos relevantes de los analistas y grupos que durante el último año han tomado postura sobre esas cuestiones. Todos los textos continuarán accesibles en la sección de Dossieres de Espacio Público y se invita a leerlos a quienes no lo hayan hecho. Los interesados en esta cuestión –y todos los ciudadanos deberían serlo- encontrarán en estos textos un inventario polémico de las posturas y las vías para construir la mayoría social de cambio que necesitamos urgentemente.

Que esta mayoría de cambio es necesaria nadie lo discute. Que es posible lo cuestionan algunas de las intervenciones, pesimistas respecto al futuro inmediato, pero en todo caso es la hipótesis de trabajo para avanzar y no instalarnos en la lamentación. Es necesario construir una mayoría social de cambio, y en eso estamos.

En este debate algunos llamamos ‘izquierda’ a lo que otros llaman simplemente ‘democracia’. No es cuestión de discutir sobre palabras. Se manipulan las palabras y muchas veces se llama, sea ‘izquierda’ sea ‘democracia’, a cosas que no son tales, que son su negación. La izquierda de verdad y la democracia real son hoy una misma cosa.

Cómo construir esta mayoría necesaria es la cuestión fundamental. Una mayoría en la calle –en las movilizaciones populares- y en las instituciones –en los parlamentos y en los gobiernos de todos los ámbitos-. Si para construir esa mayoría deben confluir, en unidad estratégica, los movimientos populares y las izquierdas políticas organizadas es materia de debate, y hay posiciones diversas sobre ello. Pero hay que preguntarse si es posible construir esa mayoría y que sea realmente de cambio sin esa confluencia. No se produce cambio real sin cambiar las instituciones políticas y para ello no basta con pedirlo a gritos, es preciso intervenir en ellas, es indispensable ganar elecciones y gobiernos. Y elecciones y gobiernos no cambiarán realmente nada sin la movilización popular.

En este foro ha quedado patente la desconfianza que suscitan los partidos políticos, pero también que no puede confundirse a todos en el mismo saco. Junto a muchas personas ajenas a los partidos, en las movilizaciones han participado muchos militantes políticos. De los movimientos populares están surgiendo nuevos partidos, o si se prefiere, nuevas organizaciones políticas, para intervenir en procesos electorales y en las instituciones. Desde el principio y al final, izquierdas políticas y movimientos sociales confluyen en las luchas concretas. Discutimos en este debate cómo hacer que esa confluencia sea posible y más eficaz.

Hoy el debate se cierra en este Foro, pero continúa en la sociedad. El reto de los próximos meses y años seguirá siendo cómo construir una mayoría social de cambio.

Ponencia inicial

¿Cómo lograr una mayoría social de cambio?

¿Cómo lograr una mayoría social de cambio?

moderado por:

  • Antonio Sanabria

    Profesor Economía Aplicada. Universidad Complutense Madrid

  • Iván H. Ayala

    Investigador asociado al ICEI y miembro de econoNuestra

Planteamiento

El objetivo de esta ponencia es enmarcar y ordenar una discusión abierta sobre la problemática actual y el futuro de la eurozona. Nos parece que la discusión que planteamos debe tener como objetivo final dar respuestas – aunque sean éstas provisionales e inseguras – a las dos preguntas siguientes: ¿va a sobrevivir el euro?, ¿debe sobrevivir el euro?

Para responder a la primera pregunta hemos imaginado los escenarios posibles en cada una de las dos alternativas: que el euro se disuelva o que se consolide. Los escenarios – descritos en el epígrafe 3 – son las situaciones resultantes de las posibles formas de resolver lo que consideramos el problema central de la eurozona, que describiremos muy brevemente en el apartado 2. En el apartado 4 se formulan las cuestiones sobre las que debería centrarse la discusión y de cuyas respuestas depende la probabilidad atribuible a cada uno de los dos escenarios.

La segunda pregunta ¿merece el euro sobrevivir? debe responderse teniendo en cuenta:

  • a) la probabilidad atribuible a cada escenario;
  • b) la estimación de las consecuencias económicas, sociales y políticas que su materialización comportaría;
  • c) los valores y preferencias políticas de quienes se pronuncian sobre esta cuestión.

Esquema de la crisis

Comenzaremos por hacer un breve esbozo de cómo se ha producido y ha evolucionado la crisis de la eurozona.

La primera idea es que la crisis debe ser entendida como resultado no de un choque exógeno, sino de la propia dinámica interna de la UME derivada de un diseño defectuoso. Es decir, que una perturbación externa – la crisis en los Estados Unidos – pudo precipitarla pero que, en cualquier caso, se había producido sin ella.

El mecanismo central de la crisis sería: las tasas de inflación diferentes entre los países del Norte y los países del Sur han provocado una pérdida de competitividad de los segundos respecto de los primeros generadora de los déficits comerciales de aquellos y de la consiguiente acumulación de deuda externa. Expuesto de otro modo, el exceso de ahorro del bloque Norte financia sus déficits comerciales al bloque Sur, haciendo posible así que éste absorba su excedente de producción.

Sobre cómo se generaron los diferenciales de inflación entre el bloque Sur y el bloque Norte existen tres explicaciones no excluyentes:

  • a) flujo masivo de capitales del Norte a los países del Sur, que se produce al desaparecer el riesgo de variación del tipo de cambio por la creación del euro y que provocó euforia financiera y burbujas en éstos;
  • b) inadecuación del tipo de interés único que marca el Banco Central Europeo a las necesidades de países diferentes, resultando excesivamente bajo para unos – Sur – y demasiado alto para otros – Norte –, apareciendo, en consecuencia, en los primeros una inflación más elevada que en los segundos;
  • c) Podríamos denominarlo neomercantilismo alemán y es una estrategia que consiste en que Alemania resuelve su problema de insuficiencia de la demanda interna promocionando sus exportaciones mediante la contención acordada con los sindicatos del crecimiento de salarios y precios.

Mientras los déficits comerciales persisten, la deuda externa crece pero – por el estallido de las burbujas, por la eclosión de la crisis en los Estados Unidos o porque la deuda había alcanzado un nivel de saturación –, el deseo de endeudarse de familias y empresas y la voluntad de prestar de los acreedores cesaron. El colapso del crédito bancario, el derrumbe del sector de la construcción y la incertidumbre provocaron una contracción de las economías del Sur y, por la activación de los estabilizadores automáticos, el incremento de los déficits públicos, el crecimiento de la deuda pública y, para contenerlo, las medidas de austeridad aún en vigor. El endeudamiento público ha compensado el desendeudamiento privado y los organismos oficiales – BCE, ESM, EFSF y FMI – han cubierto posteriormente la retirada de los prestamistas privados.

El doble problema de la UME es ahora cómo eliminar (¿pagar?) el stock de deuda externa acumulada y el problema de conseguir que, sin recesión, en los países del Sur desaparezcan sus déficits corrientes – el flujo – para que el crecimiento de la deuda externa cese. La eliminación de las políticas de austeridad, la conversión de los déficits de los países del Sur en superávits y el estímulo de la demanda interna de Alemania lograrían reequilibrar la eurozona y restaurar su tasa de crecimiento.

Los escenarios

El futuro que podemos imaginar se bifurca en dos alternativas: ruptura del euro y continuidad del euro, surgiendo, según nuestra visión, cuatro posibles escenarios en caso de ruptura y tres escenarios si el euro sobrevive. Los escenarios de ruptura son:

Ruptura acordada del euro

Las condiciones de ruptura, fundamentalmente la redenominación de las deudas, se negociarían y se acordarían entre los países miembros y las autoridades de la UME.

Colapso financiero

Se produciría si, por elevarse mucho la prima de riesgo, la deuda se hace explosiva y, al no intervenir el BCE con fuerza suficiente, se llega al default de uno o varios países del Sur y a su salida del euro, aun en contra de su voluntad.

Ruptura por decisión de uno o varios países del Sur

Para eludir las tensiones sociales o por victoria electoral de un partido anti-euro el país decide abandonar la eurozona. En este caso y en el anterior serían los países que abandonen los que adoptarían una nueva moneda que podemos denominar euro débil porque inmediatamente se devaluaría.

Salida unilateral de Alemania

En este escenario es Alemania el país que decide salirse del euro y crear una moneda nueva para eludir la carga de subvencionar a los países del Sur. Esta moneda experimentaría una apreciación respecto al euro normal y podríamos llamarla euro fuerte.

Los escenarios de la continuidad del euro son:

Revaluación de Alemania

Alemania aceptaría una tasa de inflación más elevada que la de los países del Sur, permitiendo a éstos recuperar su competitividad, obtener superávits exteriores y controlar el crecimiento o reducir su deuda externa.

Devaluación de los países del Sur

Mediante la devaluación interna, es decir, logrando los países del Sur tasas de crecimiento de salarios y precios inferiores a las registradas en los países del Norte, se invertiría la situación que originó la crisis y los países del Sur podrían obtener superávits comerciales y reducir su endeudamiento.

Conversión de los países periféricos en un gigantesco “mezzogiorno”

En este caso no se produciría devaluación interna o lo haría con mucha lentitud. Subsistirían los déficits externos e internos de los países periféricos y los superávits simétricos de Alemania. La deuda externa generada sería asumida, mediante monetización, por el BCE o condonada. Sería necesario un flujo continuo de transferencias de Norte a Sur. La UME se convertiría en la transfer union tan indeseable para los alemanes.

Cuestiones-guía para la discusión

Las cuestiones en torno a las que proponemos desarrollar la discusión serían:

  • 1. ¿Considera factible y probable una ruptura acordada del euro?
  • 2. ¿Puede considerarse que la devaluación interna es una política eficaz para que los países del Sur recuperen su competividad?
  • 3. ¿Respondería Alemania a la posible devaluación interna de los países del Sur con políticas de limitación del crecimiento salarial para preservar su actual ventaja competitiva?
  • 4. ¿Soportarán los países del Sur el desempleo elevado y las consiguientes tensiones sociales durante los largos períodos necesarios para lograr la devaluación interna?
  • 5. ¿Es la suavización o supresión de las políticas de austeridad la solución o una contribución a la solución de los problemas de la eurozona? ¿Son necesarias las medidas de austeridad para impulsar la devaluación interna?
  • 6. ¿Contribuyen las reformas que se proponen y que se aplican a restaurar el crecimiento económico de los países del Sur?
  • 7. ¿Aceptarán los mercados financieros proseguir con las compras de la deuda pública de los países del Sur siendo dudosa la solvencia de éstos pero estando respaldados por el compromiso del BCE de hacer “todo lo necesario”?
  • 8. ¿Considera que Alemania aceptará tasas de inflación más elevadas que las de los países periféricos para facilitar la recuperación de la competitividad de éstos?
  • 9. ¿Estará dispuesta Alemania, para garantizar la supervivencia del euro, a realizar las transferencias necesarias para que el Sur no colapse, es decir, a aceptar que la UME es, de hecho, una transfer union?
  • 10. ¿Puede la eurozona tener un superávit comercial permanente con el resto del mundo procurando mantener una paridad baja del euro?
  • 11. ¿Bastará que un país salga del euro para que, por contagio, se produzca la desintegración total de la eurozona?
  • 12. ¿Qué indicadores debemos observar para juzgar si la crisis de la eurozona se está superando o se está agravando? ¿Cómo se están comportando esos indicadores?
  • 13. ¿Se creará un mecanismo de autocorrección en la eurozona por el cual las autoridades de la UME – influidas por Alemania – suavicen las exigencias de austeridad impuestas a los países del Sur ante:
    • a) La excesiva contracción de las economía del Sur, que merma las posibilidades de exportación del bloque Norte; y
    • b) El riesgo de que en un país se alcance una tensión social excesiva o una deriva electoral anti-euro que provoque el abandono del país con la reacción de contagio que ello podría implicar?
  • 14. ¿Es plausible que Alemania prefiera la salida del euro como rechazo al papel de “donante” que le correspondería en la posible transfer union?
  • 15. ¿Cómo es previsible que evolucionen el crecimiento económico, el empleo y la calidad de la democracia en los escenarios más probables de cada una de las alternativas: disolución o permanencia del euro?

moderado por:

  • Teresa Carreras

    Periodista. Profesora UAB. Presidenta Associació Periodistes Europeus de Catalunya (APEC)

  • Olga Rodríguez

    Periodista y escritora especializada en asuntos internacionales

De: “Más Europa” a: «La UE, ¿para qué?»

No podrá decirse que la palabra crisis es ajena a la Unión Europea. Prácticamente desde su constitución los avatares de la construcción europea han ido vinculados a situaciones de estancamiento y/o de incertidumbre en el proceso de integración. Hasta ahora era normal considerar que esas situaciones se saldaban con algún progreso en el proceso de transferencia de soberanía nacional y de reforzamiento de las instituciones comunitarias, en una suerte de teleología del proceso de integración que ha mostrado toda su insustancialidad en estos momentos. El futuro de la UE no es necesariamente un modelo de estado federal al que caminamos inexorablemente de la mano fría, pero firme, del mercado único.

Por primera vez la idea de crisis sobrevuela Bruselas, proyectando una sombra amenazante sobre el futuro de Europa. No es que nadie haya propuesto o proyectado un futuro sin la UE, pero hay dudas más que razonables sobre lo que quedará del famoso modelo europeo tras la gestión de este tsunami económico.

La crisis y la gestión de la misma han puesto de relieve hasta qué punto el “mantra” neoliberal estaba interiorizado en la cabeza y en los corazones de las principales familias políticas en los estados nacionales. Resumiendo: tanto la tradición socialdemócrata como la democratacristiana, ambas abanderadas de este proceso de integración, se han señalado también como defensoras –con mayores o menores dosis de pasión- de la ortodoxia macroeconómica vinculada al pensamiento económico dominante y de las recetas de devaluación interna, estabilidad presupuestaria, privatizaciones y auxilio sin límites al sistema financiero que han caracterizado la salida a la crisis por doquier.

En lo que nos concierne, el resultado es una pérdida llamativa de derechos sociales y de retroceso de las políticas públicas en toda Europa. La intensidad mayor en la destrucción se la llevan los países del Sur de Europa, precisamente aquellos a los que los años de prosperidad sobrevenida solo habían llegado para construir un estado del “medio-estar”. Pero la dinámica general va en la misma dirección: desmantelar los estados del bienestar. Recientemente en Holanda, el príncipe llamaba, en un giro político-conceptual digno de ser reseñado, a transformar el “estado social en un estado participativo” (sic).

Aún en 2010, el Grupo de reflexión sobre el futuro de Europa presidido por Felipe González destacaba el hecho de vivir “un punto crítico de nuestra historia”, y llamaba a utilizar la crisis como una oportunidad, así como a resolver dos desafíos relacionados: “garantizar la continuidad de nuestro modelo social y económico, y desarrollar los medios de apoyar y defender dicho modelo”. Difícilmente podría seguir defendiéndose eso mismo hoy.

Pero este giro en los objetivos de la UE manifiesta un problema desde varias perspectivas: en primer lugar, está por ver si esta modificación de los objetivos originales de la UE, toda vez que la gestión de la crisis se ha llevado o se va a llevar por delante lo que queda de los estados del bienestar, mantiene el vínculo de las dos grandes familias políticas en relación con el proyecto europeo. En segundo lugar, obliga a la tradición socialdemócrata a reformular sus objetivos a corto y medio plazo. En tercer lugar, quiebra una seña de identidad sobre la que se había construido hasta ahora un icono que singularizaba a Europa frente a la globalización anglosajona, y con ello una de las razones de legitimación del proceso tecnocrático y despolitizado de integración.

En ausencia de legitimidad de origen –vinculada a procesos democráticos de decisión- la UE se había legitimado sobre la base de los efectos prácticos de sus políticas, en la medida en que parecía que el resultado de las mismas era tanto una mejora del bienestar general como un incremento del valor añadido específicamente europeo, consistente en un estado social que ofrecía perspectivas de integración, seguridad y bienestar creciente a la mayoría. Sin esa perspectiva de integración y bienestar, la UE ha comenzado a ser percibida por su ciudadanía como parte de los problemas y no como parte de las soluciones. En consecuencia su gestión ha adquirido naturaleza política, esto es conflictiva y partidaria y su popularidad ha caído a niveles desconocidos desde que se tiene noticia en los eurobarómetros (1974).

El último estudio demoscópico europeo (Eurobarómetro 79/2013) publicado señala que en España hemos pasado en 6 años de una valoración positiva de +42 puntos a una negativa de -58 puntos. Lo que significa que hoy hay un 17% de españoles que confían en la UE frente a un 75% que desconfía.

Una dimensión problemática más es que también las tradiciones alternativas de izquierda se ven interrogadas sobre sus propuestas. En este espacio nunca hubo unanimidad ni acuerdo respecto a qué pensar de la UE y ahora, ocupado el espacio del repliegue nacional e identitario por las fuerzas de extrema derecha, queda por ver qué harán las organizaciones situadas tradicionalmente a la izquierda de la socialdemocracia.

Es importante, a mi juicio, esta articulación de crisis económica, crisis inducida del modelo social europeo y pérdida de legitimidad del proyecto de integración mismo.

En realidad, algunos de los problemas que hoy se consideran más destacables no son nuevos, pero su notoriedad se ha acrecentado en este nuevo escenario.

Podríamos destacar, en primer lugar, el fin de la supuesta relación virtuosa entre Europa y la Unión Europea, que se han venido utilizando como conceptos equivalentes, en una confusión entre civilización (si la hubiere) y proyecto político, claramente excesiva. La crisis y la gestión de la misma han puesto de relieve la existencia de varias Europas que no necesariamente convergen y se encuentran, rompiendo con ello el mito de que el proyecto de integración acercaba tanto las economías como las sociedades europeas.

En segundo lugar, despojado de esta perspectiva civilizatoria, el proyecto de integración aparece como lo que realmente ha sido desde el comienzo: un diseño político y económico fruto de diversas y diferentes correlaciones de fuerza. Construido sin un propósito previo pero sí mediante un método que hacía de la despolitización y de las servidumbres tecnocráticas el motivo mismo de su existencia.

La lógica del proceso de integración ha funcionado mientras ha sido posible mantener la ficción de que la UE se encargaba de cuestiones que requerían de un saber técnico y la política seguía residiendo –con sus grandezas y miserias- en el espacio estatal-nacional. La crisis ha puesto especialmente de manifiesto la naturaleza infundada de esa creencia, y que la UE es un proyecto político de los pies a la cabeza, con una elevadísima capacidad decisional, pero también con un severísimo y crónico déficit democrático. Esto quiere decir que la UE toma decisiones sobre cuestiones relevantes y decisivas para la vida de las gentes, pero lo hace a través de procedimientos insuficientemente democráticos y escasamente controlables por instituciones representativas.

En efecto, desde sus orígenes, la UE como proyecto político cuenta con una asimetría estructural que condiciona su presente y su futuro. La centralidad acordada a la construcción del mercado único ha habilitado a las instituciones europeas para llevar a cabo una tarea minuciosa de voladura controlada de los estados del bienestar. Este objetivo económico es el que ha dado sentido al funcionamiento de las instituciones europeas y ha contado con el apoyo de los estados mismos, convencidos de la bondad y pertinencia de esta estrategia. Pero pronto se descubrió que remover los obstáculos que dificultaban la construcción del mercado único venía a significar limitar las capacidades de control de las administraciones públicas sobre el desarrollo económico en sus fronteras; favorecer el empoderamiento de la empresas en la determinación de los objetivos económicos y desmontar los derechos sociales y laborales, en el buen entendimiento de que se trataba de privilegios y obstáculos en la búsqueda de un bien mayor. No pocos sindicatos aceptaron con gusto esta dinámica.

Podrían haberse transferido a la UE las capacidades para reconstruir, en el espacio europeo, las condiciones de regulación pública del mercado desmontadas en los estados-nación, pero no fue el caso. O podrían haberse determinado objetivos sociales o laborales que acompañasen, moderasen o condicionasen la instauración del mercado único. Nada impedía que hubiera podido hacerse de esta manera, pero tampoco fue el caso. Así, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo se convirtieron en los motores del desmantelamiento de las políticas públicas de control del mercado, convertidas en los chivos expiatorios de todos los males de las economías europeas . Pero los ajustes necesarios para paliar –o intentarlo- los efectos de ese desmontaje sistemático de los estados sociales quedó en manos exclusivamente de los gobiernos. No se transfirieron capacidades de regulación en política social, ni se legisló a nivel europeo para asegurar umbrales homologables de protección social o indicadores exigibles de gasto social, por ejemplo.

El Tratado de Maastrich (1992) significó la consolidación de ese proceso histórico, y confundió a las opiniones públicas europeas, hasta entonces entusiastas del proceso de integración. El apoyo a la UE cayó por primera vez en más de diez puntos respecto al período anterior y, hasta ahora, no sólo no se han recuperado los niveles de aceptación previos a Maastricht, sino que se han deteriorado significativamente.

Según el eurobarómetro antes citado (79/2013), sólo el 31% de los europeos confían en la Unión Europea (en 2007, confiaban el 57%); los que tienen una imagen positiva de la UE son el 30% frente a un 29% que la tienen negativa; y el 67% de los encuestados considera que su opinión no cuenta en la UE.

Esa asimetría fundacional determina el funcionamiento mismo de las instituciones y sus capacidades, más allá de la voluntad coyuntural de algún actor político o institucional en particular. Además, las instituciones europeas y los estados miembros han sido protagonistas de ese diseño y defensores de sus consecuencias. Por alguna razón, se instaló el convencimiento generalizado de que la construcción del mercado único traería aparejada la instauración de un orden político democrático equiparable y equivalente a los modelos democráticos afirmados en el proceso histórico de construcción del estado nación, como si la politización fuera un proceso natural.

Pero las fuerzas que hicieron posible mantener el encantamiento respecto a las bondades inherentes al mercado único -el intergubernamentalismo, o la legitimidad de los estados; la propuesta federal, o un futuro político para este proyecto; y el mercado único, o una propuesta de prosperidad incremental- han agotado ya todas sus capacidades de embelesamiento. La gestión de la crisis ha revelado con contundencia tanto la disposición ideológica de la mayoría de los gobiernos a servir dócilmente a la globalización financiera y sus servidumbres, como la exquisita funcionalidad del proceso de integración en su actual configuración para esos fines.

En este punto, la actual arquitectura institucional de la UE ha revelado sus severas limitaciones democráticas y sus servicios prestados a la despolitización de decisiones sustancialmente políticas.

El frankestein institucional que conforman la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia Europeo, ha favorecido un marco decisional donde la participación ciudadana y la capacidad de control misma sobre lo que estas instituciones deciden están excluidas.

El modelo es ilegible políticamente para la mayoría de la sociedad europea y no existen condiciones para que instancias ajenas a las mismas instituciones puedan ejercer su capacidad de control y exigencia de responsabilidad.

La arquitectura institucional de la UE hace prácticamente imposible que puedan materializarse las exigencias de responsabilidad política, rendición de cuentas, control democrático y capacidad de escuchar a la sociedad, exigibles para cualquier institución democrática.

Esto permite que las instituciones de la UE –especialmente la Comisión Europea- puedan decir que no saben nada de las políticas de austeridad, y que los gobiernos nacionales a su vez culpen sistemáticamente a la Comisión Europea y sus exigencias de las mencionadas políticas. En este contexto un mero aumento de los poderes del Parlamento Europeo, aunque pudiera paliar parcialmente el problema, no resuelve la condición no democrática de este diseño institucional. Sirva como anécdota de este desencuentro entre intenciones y realidades, y como ejemplo (aquí ya sin consideraciones anecdóticas) de las dificultades sistémicas de la arquitectura institucional de la UE para ofrecer espacios de participación y control democrático, que este año 2013 ha sido declarado por la Comisión Europea como el año de la ciudadanía europea; y está a punto de terminar este momento señalado para la participación ciudadana, sin que la ciudadanía concernida se haya siquiera enterado de que estaba convocada para algo.

Debemos reconocer que aquí aparece un problema vinculado al tipo de respuesta que la ciudadanía dé a la pregunta de ¿qué queremos hacer con la UE? Si la respuesta es “marcharse a toda prisa”, el entramado institucional y sus complejidades serán solo preocupación de académicos y curiosos. Si la respuesta es “apoyamos la perspectiva del proceso de integración, pero esto no nos vale”, entonces tenemos que encontrar respuestas a la cuestión de cómo construir una democracia supranacional. Es decir, el entramado institucional existente hasta ahora reproduce y amplifica el déficit democrático de manera permanente y, por tanto, no nos sirve si nos preocupa hacer de la UE un proyecto democrático. Pero tenemos que construir un diseño democrático supranacional que hasta ahora, carece de modelo. Este diseño debería dar respuestas a las problemáticas de la participación ciudadana en el espacio europeo y la construcción de un espacio público europeo, y a la cuestión de si es necesaria alguna identidad europea para hacer posibles lógicas de participación y empoderamiento; de qué papel deben jugar los parlamentos nacionales en este diseño, y de cuánta transferencia de soberanía es soportable sin que se pierda la condición democrática de las decisiones políticas.

Un aspecto más e igualmente importante tiene que ver con la dimensión exterior de la UE. Hay razones relacionadas con la pérdida de peso y de dinamismo económico de esta región del planeta en relación con otras más pujantes. Pero además de esa dimensión económica, está la proyección exterior de la UE y su presumida condición de defensora de un nuevo paradigma en las relaciones internacionales. Hay que decir que la historia de la UE se compadece mal con esa voluntad de proponerse como una baluarte de los derechos humanos en un mundo hostil y hobbesiano. Lo cierto es que la política exterior de la Unión Europea ha sido un espacio más caracterizado por los discursos que por las prácticas. Éstas han quedado en manos de los estados, que a menudo han buscado complicidades en la UE, no siempre con éxito.. La evidencia del escaso interés que los países de la Unión daban a la política exterior común se sustanció en la elección de una Alta Representante (la señora Alhston), cuyo papel y funciones poca gente conoce y cuyo nivel de competencia técnica es puesto en cuestión regularmente.

En fin, los desafíos y preguntas que a día de hoy son pertinentes en relación con la UE tienen un calado sistémico. No son asuntos de matiz o de detalle, no se trata de mejorar una u otra política. La crisis económica y la gestión de la misma han desnudado el proyecto de sus ropajes tecnocráticos y despolitizados y han mostrado al emperador desnudo. La cuestión ha dejado de ser la de “empujar para hacer posible ‘más Europa’”. En realidad, habría que decir que esa formulación fue, en general, una manera de justificar el proceso de integración realmente existente eludiendo más preguntas sobre el mismo.

Lo pertinente e imprescindible hoy es responder a la siguiente pregunta: ¿necesitamos esta Unión Europea? Ninguna de las dos respuestas posibles nos conduce, necesariamente, a una sola alternativa. Tanto el “sí” como el “no” pueden sugerir propuestas que, en un caso serán pensadas como reformas mayores o menores, y en el otro como la necesidad de pensar en profundidad para refundar el proyecto europeo.

moderado por:

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

  • Albert Recio Andreu

    Economista

Conclusión del debate

Recientemente se ha publicado en Espacio Público, marco habilitado para el debate por el diario Público, el artículo ¿Es posible salir del hoyo del paro? En este artículo señalábamos que las políticas que impone la Troika a los distintos países de la Unión Europea –y muy en particular a los periféricos– están resultando un fracaso a la hora de solucionar el principal problema de nuestras economías: el desempleo. Las políticas de recortes fiscales y devaluaciones salariales no sólo no han ayudado a frenar la destrucción de empleo, sino que durante los últimos dos años han colaborado a que el paro siga aumentando.

Frente a esta orientación de Bruselas y de los distintos gobiernos europeos, el artículo habla de la necesidad de propiciar un giro radical en la política económica. La creación de empleo debe ser la vara que mida el éxito de la política económica. Para ello es necesaria una nueva política fiscal –basada en un fuerte aumento del gasto público y en una reforma que grave más a quien más tiene–. En segundo lugar, se plantaba también la necesidad de incrementar de forma generalizada los salarios y reducir la jornada laboral, como mecanismos para impulsar la demanda agregada, invertir el patrón de distribución de la renta imperante y repartir el empleo. Finalmente, sin quitas significativas sobre la deuda de los hogares –particularmente sobre la deuda hipotecaria de la primera vivienda– difícilmente será posible salir de la actual situación de estancamiento y cuasi deflación, y crear empleo.

Las respuestas y reacciones que han tenido lugar en el foro de Espacio Público ante dicho artículo son muy interesantes. Dedicamos las siguientes líneas a revisar y discutir estas aportaciones.

Trataremos de agrupar estas contribuciones en cuatro grandes líneas de debate: 1) calidad del empleo, 2) sostenibilidad ecológica y renta básica, 3) viabilidad del pleno empleo en la actualidad y, finalmente, 4) democratización de la economía.

Una primera cuestión, ciertamente ineludible cuando hablamos de creación de empleo, remite a la calidad del empleo generado. Difícilmente podremos decir que se ha salido de la crisis de forma beneficiosa para el conjunto de la población –y en particular, de la población trabajadora– si, aunque se cree empleo de forma sostenida, este empleo resulta inestable, de mala calidad y mal remunerado.

La formidable extensión que han alcanzado fenómenos como la precariedad laboral, o la existencia de trabajadores pobres, cuestiona abiertamente lo que otrora fuera el pasaporte básico de ciudadanía en las sociedades occidentales: el trabajo como vehículo de inserción social en una colectividad. Hoy día tener un trabajo ya no es condición suficiente para poder desarrollar una vida relativamente independiente y autónoma, en la medida en que las sucesivas reformas laborales de nuestro ordenamiento jurídico han ido progresivamente traspasando el riesgo económico y empresarial desde los accionistas a los trabajadores. Un giro en la política económica debiera tener en cuenta, por tanto, no sólo la necesidad de crear empleo, sino también la prioridad porque este sea de calidad. Re-regular el mercado de trabajo, aboliendo su “flexibilidad”, contribuiría a resituar el riesgo económico y empresarial en quien la teoría económica lo ha situado históricamente –en el empresario–, garantizando con ello condiciones de trabajo y de vida más estables y dignas.

La segunda línea de debate remite a un tema que ya el artículo original consideraba: la sostenibilidad ecológica. De acuerdo con la teoría de la demanda efectiva, tal cual fue formulada por Kalecki en la década de 1930, un gobierno puede aumentar el nivel de demanda de la economía –y por tanto el nivel de producción de bienes y servicios, y la creación de empleo– siempre y cuando existan recursos ociosos de fuerza de trabajo. En esos casos, los aumentos del gasto público no se transforman en inflación. La batalla por el pleno empleo puede encontrar así en el Estado un instrumento útil, si se pone al servicio de la creación de empleo.

No obstante, y como se señalaba tanto en el artículo original como –con mayor insistencia aún– en algunas aportaciones al debate, no es viable –en términos ecológicos– que el pleno empleo se alcance únicamente, ni principalmente, por la vía de un incremento de la producción.

Frente a la lógica de crecer debe imponerse la lógica de distribuir. Así, además de que la demanda pública se oriente hacia los servicios sociales –intensivos en fuerza de trabajo cualificada, y poco consumidores de energía–, las distintas contribuciones al debate señalan la prioridad por adoptar otras dos medidas: reducciones generalizadas de la jornada laboral y/o una renta básica universal sufragada por una fiscalidad justa y progresiva.

Aunque ambas medidas no son excluyentes entre sí, e incluso pueden reforzarse como vía para construir un modelo alternativo de trabajo, entendemos que una sociedad basada en criterios de igualdad y reciprocidad debería primar el que los incrementos de productividad derivados del avance tecnológico permitan “trabajar menos para trabajar todos”, y avanzar así hacia una sociedad del tiempo libre.

Aun reconociendo la utilidad de una reivindicación como la renta básica para hacer pivotar la lógica desde el crecimiento hacia la distribución, para incrementar sustancialmente el poder de negociación de los trabajadores, y para terminar con la precariedad laboral y la pobreza, consideramos que presenta dos grandes problemas. En buena medida, la aportación del individuo a la sociedad difícilmente puede dejar de ser la base de los derechos colectivos y, además, un ingreso universal garantizado haría inevitable una sociedad dual (por un lado, los “liberados” del trabajo que perciben una renta garantizada y, por otro, los asalariados que, a cambio de elegir trabajar, se ven compensados por una renta superior).

La tercera línea de debate tiene que ver con una pregunta trascendental: ¿es posible el pleno empleo en el marco de la actual zona Euro? Es más, ¿es posible el pleno empleo en sociedades capitalistas?

Hay quien plantea que el giro en la política económica planteado en el artículo original –importante aumento del gasto público, gratuidad y universalización de los servicios públicos, incrementos salariales, reducción de la jornada laboral, quitas sobre la deuda hipotecaria–, en la medida en que no cabe en el actual marco de la zona euro, obliga –antes de nada– a romper con la unión monetaria. Siendo cierto que dichas políticas no caben en la actual conformación del sistema-euro, parece más lógico señalar cuáles deben ser las prioridades en materia de empleo, y desvelar las propias contradicciones de la unión económica y monetaria, que limitarse a identificar la salida de la zona euro como la única solución viable. Diversas “salidas” o “rupturas” de la zona euro son posibles y, desde luego, no todas conducen al pleno empleo. Del mismo modo, la refundación integral del proyecto europeo –que democratice sus instituciones, restituya la soberanía política y garantice la solidaridad interterritorial– no debe excluirse como exigencia política sobre la que articular la política de empleo.

Por otro lado, existe sobrada evidencia empírica, así como fundamentación teórica, para defender que efectivamente el paro resulta consustancial a la sociedad capitalista. ¿Quiere eso decir que no podemos debatir o articular una estrategia para intentar alcanzar el pleno empleo en la situación actual? En primer lugar, se debe ser consciente de que, aunque el pleno empleo no es una realidad que haya existido en las sociedades capitalistas –salvo casos muy puntuales–, las diferencias entre unas economías y otras, y entre unos momentos históricos y otros son enormes: poco tienen que ver las reducidas tasas de paro de las economías desarrolladas durante las décadas de 1950 y 1960, con las experimentadas a partir de 1980, momento en el que empiezan a subir sustancialmente. Poco tiene que ver la tasa de paro que actualmente ostenta la economía española (del 26,6%) con la que presenta la economía alemana (5,4%). Y la política económica –junto a, por supuesto, otros factores económicos– resulta crucial para entender tales diferencias.

Los factores que explican estas diferencias son diversos: entre otros, el grado de desarrollo de una determinada economía, su inserción externa o la dimensión y el vigor de la demanda agregada. En cualquier caso, entre estos factores ocupa un papel importante también la política económica que se aplique. De hecho, en las sociedades capitalistas los factores que explican la oferta y la demanda de trabajo responden a determinantes distintos y, por lo tanto, difícilmente coincidirán y “vaciarán” el mercado. Con ello, el empleo queda, en términos generales, al albur de las exigencias de la rentabilidad empresarial. Precisamente por ello, la exigencia de pleno empleo delimita una batalla política de primer orden entre las distintas clases sociales –centrada en la apropiación que los distintos grupos sociales hacen de la riqueza producida–. En dicho contexto, la política económica resulta un instrumento primordial al servicio de un grupo social u otro.

Y es este argumento el que nos lleva directamente hasta la cuarta cuestión que aparece en el debate: la necesidad de democratizar la economía. De nuevo, aunque la democracia económica no puede ser plenamente alcanzada en el marco del capitalismo, poner la política al servicio del pleno empleo entrañaría avanzar en dicha democratización. No es fácil identificar a qué nos referimos cuando hablamos de “democratizar” un ámbito que, por definición, no es democrático. Resulta evidente sin embargo que aquellas medidas que van en la línea de limitar la gestión de la propiedad privada en aras del bienestar colectivo conllevan incrementos de igualdad, libertad y solidaridad (y, también, de eficiencia económica) que redundan en una mayor democracia. Así, que se regule por ley la calidad del empleo, o que los incrementos de productividad sirvan para reducir el tiempo de trabajo, evidencia cómo la política económica puede contribuir no sólo a la creación de empleo, sino también a la democratización de la economía.

Ponencia inicial

¿Es posible salir del hoyo del paro?

¿Es posible salir del hoyo del paro?

La actual crisis económica ha disparado las cifras de desempleo en Europa, convirtiendo el paro en el principal problema económico y social del momento: en España hemos pasado de 1,8 a 6,1 millones de desempleados entre 2007 y 2013, mientras que en la UE se ha pasado de 16,8 a 26,7 millones durante estos años. La reducción del desempleo debiera ser por tanto el referente que guíe el conjunto de la política económica.

El gobierno español, al igual que las instituciones de Bruselas, defienden su política de recortes del gasto público y de reducción de los salarios como la condición necesaria para que nuestras economías capten financiación externa, ganen competitividad y se produzca con ello la recuperación del crecimiento económico. Se fía la salida de la crisis por tanto al supuesto papel estabilizador que el “saneamiento” del sector público tendrá sobre la inversión privada, así como al motor de las exportaciones.

Sin embargo, comprobamos cómo esta política resulta un autentico fracaso en términos de creación de empleo y de recuperación económica. Los recortes del gasto público no están propiciando una reducción paralela del déficit de las administraciones, ni una recuperación de la inversión privada, en la medida en que los gobiernos han ignorado el papel del multiplicador fiscal: la reducción de las partidas del presupuesto impacta negativamente –y en mayor medida de lo esperado– en la actividad económica, lo que se traduce no sólo en un menor crecimiento económico sino también en una intensa caída de la recaudación y en nuevos gastos (desempleo, ayudas sociales, etc.). En este contexto, la inversión privada se reduce y, con ello, retroalimenta la propia contracción de la demanda agregada.

Por otro lado, los recortes salariales en las empresas no se han traducido en una mejora de las exportaciones capaz de compensar el efecto recesivo que dichos recortes tienen sobre el consumo privado. Es más, cuando estas políticas de “devaluación interna” se aplican de forma simultánea por el conjunto de los socios de la UE, como es el caso, los efectos depresivos se amplifican, en la medida en que el crecimiento de las exportaciones se ve limitado por la política de los vecinos.

Ante este fracaso resulta imprescindible propiciar un giro radical en la política económica. No obstante, una nueva política económica que tome la creación de empleo como referente fundamental debe tener en cuenta que la crisis que vivimos es sistémica y que, además de los aspectos económicos, otras dos cuestiones deben ser consideradas: la dramática situación ecológica que atravesamos y la crisis del actual modelo reproductivo. Necesitamos crear empleo urgentemente y necesitamos hacerlo sin que ello entrañe un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero –que amenazan con hacer inviable la vida en el planeta como consecuencia del calentamiento global–. Y, además, necesitamos también que –desde una perspectiva de género– la nueva política de empleo camine en la dirección de propiciar un reparto efectivo del trabajo familiar.

Señalamos tres posibles pilares en torno a los que hacer pivotar esta nueva política económica: una nueva política fiscal, una nueva política laboral y de rentas y, por último, una nueva estrategia respecto al problema del sobreendeudamiento.

En primer lugar, y tal y como reza el conocido proverbio, para salir del hoyo lo primero es dejar de cavar. Es imprescindible poner fin a la estrategia de austeridad sine die de Bruselas. Los recortes del gasto público deben dar paso a una política de intensa expansión del presupuesto dedicado a servicios públicos. No sólo para reconstruir un “escudo social” que blinde las principales necesidades de la mayoría de la población frente a los efectos de la crisis, sino también porque en un contexto de recesión de balances como el actual, en el que buena parte de los actores privados permanecen constreñidos por el peso de la deuda y por tanto sin capacidad para invertir o consumir, el sector público es el único que puede actuar como motor económico.

La expansión del gasto público debiera centrarse en determinados ámbitos que faciliten la recuperación del empleo y el crecimiento de la renta de los hogares, sin ocasionar con ello un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Resultarían así prioritarios los servicios de atención a la dependencia, la sanidad, la educación o la rehabilitación inmobiliaria, todos ellos intensivos en fuerza de trabajo y de limitado consumo energético. Es más, el propio sector público debiera ser quien impulsase la transición energética necesaria para avanzar hacia una economía sostenible, asegurando tanto las inversiones necesarias para ello como la correspondiente “transición justa” para los trabajadores de los sectores más contaminantes. Además, la financiación de tales políticas debiera producirse fundamentalmente con cargo a una intensa reforma fiscal –que grave más a quien más tiene y que persiga el elevado fraude fiscal de las rentas más elevadas– coordinada a nivel europeo.

El segundo pilar de una política económica verdaderamente encaminada a crear empleo debiera pasar por una reducción generalizada de la jornada laboral, para hacer frente al desafío del desempleo sin comprometer con ello la sostenibilidad del planeta. Así, el reparto del empleo ya no haría necesaria la consecución de elevados ritmos de crecimiento y consumo material para ocupar a la población desempleada. Valga como ejemplo, a pesar de todas las limitaciones que el proyecto presentó, el caso francés: la reducción de la jornada laboral a 35 horas legislada por el gobierno de Jospin supuso la creación de más de un millón de empleos netos durante el bienio 2000-2001 en Francia.

Es más, una política de reparto del empleo, al reducir la jornada laboral diaria, sería la base para el avance en el reparto del trabajo doméstico. Un avance efectivo en la igualdad de género exigiría no obstante inversiones públicas adicionales, posibles en un contexto de nueva fiscalidad como el señalado: permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, así como la universalización de la educación infantil desde los cero años.

En paralelo a la reducción de la jornada laboral, una nueva política de rentas debiera impulsarse. Esta política de rentas tiene que partir del hecho de que en las décadas anteriores hemos asistido a un deterioro del peso de los salarios en el PIB que es necesario contrarrestar, si no queremos que crecientes volúmenes de liquidez alimenten continuamente burbujas inmobiliarias, bursátiles y financieras. Para ello deberían articularse incrementos en los salarios reales superiores al crecimiento de la productividad. Resulta por tanto necesario derogar las últimas reformas laborales, que han quebrado la capacidad de negociación sindical. De hecho, el crecimiento salarial debe coordinarse a nivel europeo, facilitándose incrementos más intensos en las economías del centro para contribuir así a limitar los desequilibrios de balanza de pagos e impulsar la recuperación de la periferia. Esta estrategia de “recuperación liderada por los salarios” vendría a reforzar la política expansiva del gasto público anteriormente mencionada.

Por último, el tercer pilar de la política económica que aquí proponemos pasa por retirar la losa económica que pesa en este momento sobre buena parte de los hogares, acometiendo quitas de las deudas privadas mediante una reducción significativa en el valor facial de las hipotecas. Políticas similares se pusieron en marcha en EE.UU. durante la década de 1930, o en Islandia en el contexto de la crisis actual, y en ambos casos las quitas colaboraron a una recuperación progresiva de la renta disponible de los hogares y, con ello, a la dinamización de la actividad económica.

El saneamiento de las entidades bancarias que una medida de estas características podría conllevar debiera hacerse con cargo a gerentes, accionistas y acreedores, y no con cargo al erario como ha sucedido hasta la fecha en nuestra economía. En cualquier caso, las ayudas públicas que pudiesen hacer falta tras este saneamiento deberían acompañarse de la correspondiente toma de control accionarial de las instituciones financieras por parte del Estado.

El cambio de orientación en la política económica aquí defendido –necesario para que la salida de la crisis se pueda producir en beneficio de la mayoría social– tiene una virtud de la que carece la estrategia actual de Bruselas: mientras que esta última presenta un carácter competitivo que devalúa su implementación, la que nosotros proponemos es de naturaleza netamente cooperativa, de forma que cuantos más países la implementen tanto mejor funcionará. Así, mientras que las “devaluaciones internas” impulsadas por la Troika al aplicarse simultáneamente en varios países refuerzan los efectos depresivos a escala continental, una recuperación liderada por los salarios resultaría tanto más beneficiosa para Europa cuantos más países la llevasen a cabo.

A pesar de ello, hoy por hoy es precisamente en el ámbito supranacional donde una estrategia alternativa como la que aquí se propone encuentra su mayor dificultad: el marco institucional del euro y el diseño de la Unión Económica y Monetaria asfixian la posibilidad de implementar una política económica alternativa. Por ello, para aplicar estas medidas es precisa una refundación integral del proyecto europeo que democratice sus instituciones, restituya la soberanía política y garantice la solidaridad interterritorial. De lo contrario, aquellos gobiernos que, en caso de producirse vuelcos electorales, quieran apostar por aplicar reformas que garanticen verdaderamente el progreso social, el empleo y la defensa de los derechos adquiridos, puede que se vean abocados –para bien o para mal– a la ruptura con la UE y a la salida del euro.

moderado por:

  • Francisco Javier Braña Pino

    Investigador asociado en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

  • Alejandro Inurrieta

1. Punto de partida

Como es sabido el crecimiento del déficit público español ha evolucionado desde tasas negativas en 2006 y 2007 (1) En 2006 y 2007 hubo superávits de las AAPP del 1,84% y 2.23% del PIB respectivamente. a tasas crecientes (p.e., 11,2% del PIB en 2009 o 9,4% en 2012), lo que incide en el crecimiento de la deuda pública (que en la actualidad se sitúa en el 100% del PIB, con su mínimo en 2007 del 36% entre 2000; constituyendo aproximadamente hoy un tercio de la deuda soberana, es decir de la deuda total de España). Este es uno de los efectos económico-financieros más relevantes de la gran recesión en España. La gestión económica y política del mismo ha logrado imponer en el imaginario colectivo de los ciudadanos, con la acrítica colaboración de los medios de comunicación de masas y de no pocos economistas convencionales, dos ideas simplificadoras sobre este hecho central de la recesión actual:

  • a) Que el déficit público (y, por tanto, la deuda pública) es la causa o una de las causas por antonomasia de la gran recesión que sufrimos, obviando de esta manera su complejidad causal. Es lo que podría denominarse como tesis de la “perversión” ideológica tecnocrática. Frente a dicha perversión debemos preguntarnos, en otras cosas, cuál el peso de lo público y de lo privado en dicho déficit. No podemos olvidar que los causantes de la crisis, los llamados mercados, son los que han impuesto la actual razón de Estado según la cual los mercados dirigen la política y el Estado asume el pago de la deuda privada.
  • b) Que este déficit, a duras penas contenido por las políticas de consolidación fiscal o austeridad (de nuevo eufemismos), y la deuda pública creciente, es insostenible per se y, por tanto, su contención exige un inevitable ajuste del gasto público (sobre todo de los bienes preferentes o comunes: educación, sanidad y servicios sociales) y reformas fiscales que contribuyan a su reducción sin poner en cuestión los incentivos de la inversión privada y, particularmente, los intereses del gran capital financiero transnacional. Es la tesis de la “inevitabilidad” del ajuste a la baja o desmantelamiento del Estado de Bienestar.

Ambas tesis, perversión ideológica (encubierta técnicamente) e inevitabilidad subsiguiente de los recortes de prestaciones sociales, es decir, de derechos sociales, son la doble cara complementaria de la gestión política de la gran depresión mediante las llamadas políticas de austeridad que ocultan su verdadero reverso: una combinación de ilusión financiera (en lo ideológico) y de lucha fiscal (en parte latente y en menor medida explícita) en torno al presupuesto de gastos e ingresos, combinación que continúa y completa los ajustes producidos en el mercado de trabajo y en la distribución primaria de la renta.

De ahí que la consideración de la naturaleza económica del déficit público, y de la deuda pública, sea insuficiente para analizar sus causas e impactos y precisemos de una mirada a su naturaleza más profunda, lo que nos invita a una consideración de las dimensiones financieras, económicas, políticas e ideológicas de esta realidad.

En las líneas que siguen, y a modo de esquema tentativo para el debate, planteamos la necesidad de esa visión ampliada y más compleja de la naturaleza económico-política del déficit público y de la deuda pública. El supuesto de partida es que la gran recesión de principios del presente siglo está suponiendo un cambio en profundidad, iniciado en 1980 (aproximadamente) y acelerado desde 1990, en los fundamentos del pacto keynesiano de postguerra, es decir, en la relación salarial (mercado de trabajo) y en la relación social ampliada o sistema de cohesión social (Estado de Bienestar).

Los ajustes de la relación salarial (para recuperar la tasa de beneficio y el poder empresarial) han generado una creciente desigualdad social a la vez que un empobrecimiento relativo de grandes mayorías de ciudadanos (paliado en base al endeudamiento de los hogares) que se completan con un ajuste a la baja o de minimización de los derechos sociales universales que sostenían la relación social o pacto social del Estado de Bienestar, haciendo más frágil el sistema de cohesión social; se trata de dos procesos paralelos que se refuerzan entre si y cuyas modalidades varían entre los distintos Estados de bienestar nacionales. Sólo si se contemplan de manera complementaria ambos procesos de cambio es posible aproximarse a una visión más compleja del déficit público como expresión de los conflictos redistributivos de la sociedad y, en base a ello plantear alternativas plausibles en pro de modelos de crecimiento sostenible en los que el Estado tiene un papel estratégico.

2. La dimensión económico-política del déficit y de la deuda pública

Existe una larga tradición en el análisis económico de considerar la dimensión político-institucional de la Hacienda Pública y de los presupuestos de gastos e ingresos.

Si consideramos la causa o causas del déficit público nos parece un buen punto de partida la tesis de Álvarez, Luengo y Uxó (2013) de que el déficit público es uno de los resultados de una crisis financiera alentada por burbujas y elevados apalancamientos privados en el contexto de un crecimiento desigual interno (España) y externo (la Europa del euro). Según dicha tesis el crecimiento del déficit público tiene uno de sus fundamentos en la asunción por parte del Estado del desastre financiero especulativo, impuesto justamente por quien lo ha provocado (el llamado mercado). Una vez agotado el espejismo de los estímulos fiscales de los años 2008-2009 como intento de retomar una senda de crecimiento especulativo ya imposible, la opción que se impone como inevitable y único mejor camino es saldar la deuda financiera privada a costa del gasto público como condición de la recuperación económica.

Los bajos niveles de déficit público, incluso superávits, de los primeros años de la década pasada eran en gran medida una ilusión fiscal por cuanto una parte importante de los ingresos procedían de manera anormal de la economía inmobiliaria y especulativa. Una vez que dicha economía entra en depresión (a partir de 2008 pero con signos de agotamiento en 2007) se reduce radicalmente la base fiscal de un Estado que había aplicado una política sistemática de rebajas e incentivos fiscales, sobre todo al sector financiero. Con una previa base fiscal debilitada la política aplicada por los gobiernos desde mayo de 2010, y sobre todo a partir de 2012, de asumir la responsabilidad del conjunto de la deuda soberana, conduce de manera inevitable a una crisis fiscal del Estado que, para evitar su bancarrota del país, aplica drásticos ajustes en el gasto público, sobre todo en el gasto social, investigación e infraestructuras.

La política dictada por los mercados impone que los ciudadanos se hagan cargo de parte de la deuda soberana, sobre todo la bancaria, sin consulta previa (2) Recuérdese la reforma del artº 135 de la Constitución, sin referéndum, sobre los límites estructurales del déficit., mediante la reducción del gasto público social, al mismo tiempo que ello proporciona la oportunidad de acelerar la tercera fase de reestructuración del Estado de Bienestar, la fase de la privatización ampliada de servicios colectivos (3) Durante la primera, 1980-1990, la reestructuración fue sobre todo ideológica: el discurso de la inviabilidad futura del Estado de Bienestar; durante la segunda, 1990-2007, la reestructuración consistió en la contención del gasto social y la progresiva apertura a la llamada externalización de la gestión de los servicios y ampliación de la oferta mercantil..

Los bajos niveles de déficit público, incluso superávits, de los primeros años de la década pasada eran en gran medida una ilusión fiscal por cuanto una parte importante de los ingresos procedían de manera anormal de la economía inmobiliaria. Una vez que dicha economía entra en depresión (a partir de 2008 pero con signos de agotamiento en 2007) se reduce radicalmente la base fiscal de un Estado que había aplicado una política sistemática de rebajas e incentivos fiscales. Con una previa base fiscal debilitada la política aplicada por los gobiernos desde mayo de 2010, y sobre todo a partir de 2012, de asumir la responsabilidad del conjunto de la deuda soberana, conduce de manera inevitable a una crisis fiscal del Estado que para evitar su bancarrota aplica drásticos ajustes en el gasto público, de manera llamativa el gasto social, además de recorte del gasto público en investigación e infraestructuras.

Los ciudadanos se hacen cargo de parte de la deuda soberana, sobre todo la bancaria, sin consulta previa, mediante la reducción del gasto público social, al mismo tiempo que ello proporciona la oportunidad de acelerar la tercera fase de reestructuración del Estado del bienestar, la fase de la privatización ampliada de servicios colectivos (3).

Durante todo el segundo período, 1990-2007, una doble ilusión impidió ver en España la catástrofe que se avecinaba. Por una parte, la “ilusión financiera” provocada por la facilidad de acceso al crédito al consumo y a la vivienda, alentada por los excedentes financieros de los países ayer prestamistas, hoy exigentes demandantes del cobro de la deuda pero que, sin duda, también permitía paliar la lenta redistribución negativa de la renta primaria. Por otra parte, la “ilusión fiscal” alentada por los gobiernos – el discurso de la bajada de impuestos o rebajas fiscales – que fue minando la base fiscal del Estado con la eliminación de impuestos, como el del patrimonio, y la progresiva retirada de las grandes fortunas de la base contributiva.

Cuando estas ilusiones estallan el Estado de Bienestar se encuentra con que tiene que asumir la responsabilidad de una parte importante de la deuda privada bancaria y que su base fiscal se ha deteriorado (la crisis no hace sino agravar un proceso ya existente). Como decimos ambas ilusiones son el reflejo ideológico de la deriva de un modelo de capitalismo hiperfinanciero que encuentra su rentabilidad en el endeudamiento especulativo cuyo coste, cuando se hace inmanejable (la especulación siempre estalla), se traslada a los ciudadanos a través del Sector Público que lo traduce en políticas de austeridad salarial y de austeridad en el gasto público, eufemismos ambos que ocultan la socialización de las pérdidas del capital financiero.

3. Hacia dónde dirigir el debate y respuestas factibles de políticas alternativas

En el debate sobre el déficit público parece necesario ampliar el foco del análisis para comprender sus causas y efectos con mayor profundidad. En este sentido cabe:

  • a) Considerar de manera conjunta el análisis de la relación salarial (mercado de trabajo) y la relación social ampliada o sistema de cohesión social (Estado de Bienestar) en la medida en que el gasto público es un factor estructural para un desarrollo equilibrado y, por tanto, es necesario revalorizar el papel estratégico del sector público en el desarrollo de un nuevo modelo de crecimiento sostenible.
  • b) Considerar de manera conjunta la vertiente del gasto público y la vertiente del ingreso o fiscalidad. Los análisis económicos se centran en los recortes y sus impactos sociales y económicos pero en menor medida en el análisis de la crisis de la base fiscal del Estado cuyo deterioro no se explica solamente por el crecimiento negativo de la economía sino también por los cambios institucionales acaecidos a lo largo de las dos últimas décadas que han reducido la base fiscal del Estado, sobre todo la relacionada con el gran capital financiero e inmobiliario.
  • c) Considerar la gestión del déficit como instrumento, no como fin, para salir de la crisis e impulsar un crecimiento reproductivo y sostenible. Reducir el déficit público es un objetivo no cuestionable pero si el modo de su gestión: el modo en que se distribuye la carga, los ámbitos que asumen su reducción (bienes públicos) y los ritmos de su reducción.

Del correcto análisis previo puede promoverse un debate y una respuesta social en torno a objetivos que superen el objetivo de la llamada austeridad por otros que tengan en cuenta:

  • a) La centralidad de los bienes preferentes o comunes como instrumento de respuesta a los riesgos sociales. La lucha contra el déficit no puede servir de pretexto para la transformación del Estado de Bienestar (gestión de riesgos colectivos) en Estado Asistencial (gestión de riesgos individuales). Que los derechos sociales son incuestionables debe ser un principio guía del debate social.
  • b) La importancia de reconstruir la base fiscal del Estado mediante nuevas fuentes de ingresos sobre las grandes fortunas y los beneficios del gran capital financiero. Una vez que la ilusión financiera y fiscal ha sido desvelada es necesaria una nueva reforma fiscal. El problema es que la colusión de intereses del viejo patrimonialismo y el poder financiero transnacional ciegan las vías de una reforma social (y, por tanto, fiscal) necesaria y cohesiva y alientan una indeseable dualización social que tiende a consolidarse en el mercado de trabajo y se amplía al seno del Estado de Bienestar.
  • c) La negociación del calendario de devolución de la deuda en conjunción con el resto de los países del Sur de Europa de modo que sea posible reiniciar el crecimiento económico, aunque sobre nuevas bases de desarrollo sostenible. Plazos nuevos, moratorias y reestructuraciones de la deuda deben ser negociados con los prestamistas de la zona euro por parte de los países del Sur de Europa como vía para retomar el crecimiento y el bienestar.

moderado por:

  • Ariel Jerez

    Profesor de Ciencia Política (UCM) y Consejero estatal coordinador del Area Consejo del Mundo Rural, la sostenibilidad y la Soberanía Alimentaria de Podemos.

  • Pedro Ibarra

    Fundación Betiko

Todo el mundo habla de política. Entonces ¿ya no hay que hacer más?

Democracia (demos, pueblo, y cratos, poder) es, etimológicamente, el gobierno del pueblo. Esto fue una novedad surgida en una pequeña zona entre el sur de Europa y el Asia oriental hace 2500 años. Cuenta Platón en su Protágoras que el apresuramiento de Epimeteo a la hora de repartir originariamente las cualidades entre los animales dejó a los seres humanos sin las habilidades que tenían otros seres vivos (rapidez, fuerza, vuelo, vista). Para compensar ese problema, los dioses concedieron a todos los humanos, sin distinción, el don de la política. No era poca cosa, pues junto a la economía y el trabajo que la procura, al lado de los asuntos normativos y las leyes de cualquier tipo que nos damos, acompañando a la cultura y a las identidades en donde nos reconocemos, la política es parte esencial de los asuntos relevantes de la vida social. Esta metáfora deja claro que cualquiera puede hablar de política, si bien, y tampoco es asunto de pequeña relevancia, deja sin responder a otra pregunta. Al ser también la economía, el sistema normativo y la cultura asuntos que conforman lo social ¿no debiéramos con la misma soltura opinar de esos ámbitos? Entonces, ¿por qué no lo hacemos sin preparación y sí lo hacemos en cambio con la política?
La política, como aquella parte de la vida en común que tiene que ver con las metas colectivas que todos los miembros de una sociedad han de cumplir, es un ámbito social que nos obliga a posicionarnos a favor o en contra de los asuntos comunes. Como compensación, nos permite participar, aunque sólo sea opinando. Ante una decisión política –algo evidente en el caso de cualquier ley- sólo hay dos posiciones: estar en contra o estar a favor. Nadie es apolítico, pues si algo que es colectivo y obligatorio no se confronta se apoya tácitamente. Aunque se refunfuñe en la soledad del hogar. El que no desobedece ni protesta, obedece y asiente. Los asuntos colectivos se solventan en los ámbitos colectivos. Las «mayorías silenciosas» refuerzan el poder. Aunque refunfuñen en la tranquilidad de sus hogares. Tenía razón Nixón y tiene razón Rajoy cuando afirman que “la mayoría silenciosa” refuerza sus políticas.
La política puede beneficiar al conjunto de una sociedad o beneficiar a las minorías. Siguiendo a Aristóteles sabemos que las variaciones son escasas: el gobierno de uno, de varios o de todos. Y sus mixturas. El gobierno de todos que beneficia al conjunto de la sociedad lo llamaba politeia. A su degeneración, democracia (para el conservador Aristóteles, se trataba del gobierno de la chusma). Nosotros diríamos que el ideal es la democracia y su degeneración la demagogia (un populismo que apelara a los instintos del pueblo y no lo corresponsabilizara). En la lectura moderna, llamamos democracia, siguiendo a Lincoln, al gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, al gobierno que emana del pueblo (no de los reyes ni de los dioses ni de los ricos), que lo ejerce el pueblo (de manera directa o a través de alguna forma de representación consentida) y para el pueblo (al final del viaje, todo el pueblo debe beneficiarse de manera equitativa de la vida social).

Cuatro apreciaciones nada sencillas

Los problemas sociales existen cuando son expresados. Puede existir un 70% de pobreza y no estar en la agenda pública. Basta que los pobres sean invisibles o se vean a sí mismos como «perdedores». La interiorización de los malos tratos hace que no existan como problema social los malos tratos. Ante la enunciación de un conflicto hay tres posibilidades: (1) solventar las causas del conflicto; (2) silenciar la enunciación del conflicto, logrando que vuelva a quedar sepultado; (3) maquillar el conflicto para que sin solventarse, su enunciación crítica -y, por tanto, su posible solución, pierda fuerza.
Crear un conflicto y solventarlo tiene mucho que ver con el poder. Hay dos grandes maneras de entrar al poder: una, poco transitada, es pensar el poder como una capacidad colectiva vinculada a las ventajas del número (poder para). Juntos podemos mover cosas que no podríamos desplazar en solitario. La otra interpretación del poder es igualmente una capacidad pero que puede ser individual o de un pequeño grupo y que tiene como objetivo lograr algo de los demás sin consideración de sus propios intereses (poder sobre).
Desde esa segunda perspectiva (poder sobre), en la ciencia política se distingue a su vez entre tres tipos de poder: la capacidad que tiene alguien de lograr que otra persona haga algo al margen de su voluntad (definición de Weber); la capacidad de alguien de lograr que alguien no haga algo aunque esa inacción lesione sus intereses (aportación de Bachrach y Baratz) y la capacidad de alguien de configurar las preferencias de otra persona (matiz muy relevante que introduce Lukes). Este último es el más difícil de combatir porque es invisible y choca contra la presunción de la libre autodeterminación de las personas (¿alguien va a saber mejor que uno mismo cuáles son sus intereses?). Para que exista democracia, estos tres tipos de poder deben estar limitados.
Igualmente es importante entender que los conflictos sociales pueden venir de tres lugares que coinciden con las formas de conocer que tenemos los seres humanos: la ciencia, la estética y la ética. La ciencia nos dice lo que es verdadero o falso, la estética lo que es hermoso (o alegre o expresivo o comprensible o armonioso o musical) y la ética lo que está bien o lo que está mal. De estos tres ámbitos, el que más ruido social crea es el de la justicia pues está siempre en tensión por las desigualdades (las diferentes cargas y la diferente distribución de las ventajas y desventajas de la vida social) y, más en concreto, por la percepción de las desigualdades que tenemos los seres humanos. Tenemos así diferentes puntos de vista sobre lo que las cosas son: disputas en la ciencia, en la lectura de la historia, en la existencia o no de lo que no se puede demostrar, en los efectos del uso de la tecnología, etc.-; también sobre los diferentes puntos de vista sobre las representaciones del mundo -recordemos que los nazis prohibieron el jazz o el arte expresionista, que la iglesia prohibía en Semana Santa toda música que no fuera sacra, que la risa o el humor pueden ser sancionados-; y, sobre todo, diferentes maneras de repartir cargas y beneficios de la vida social -hacer de la división técnica del trabajo una división social-. Todas estas diferencias son las que hacen interesante la democracia, ya que las desigualdes tensionan a las sociedades y las someten siempre al riesgo de la guerra civil (o cuanto menos de disturbios). La principal tarea de la política es evitar la guerra civil y, después, la guerra externa. Una invasión, una guerra, afecta a toda la sociedad. Las guerras son expresión máxima de la política: la guerra, dijo Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios. La política, dijo Lenin, es la contnuación de la guerra por otros medios. La política y la guerra afectan a todos los miembros de una comunidad. Las guerras, a su manera, son democráticas. Aunque no es cierto que los que las empiezan paguen por ellas.
Vivimos en un mundo donde la hegemonía es neoliberal, es decir, un mundo en donde el individualismo y la competitividad son el sentido común general. De una forma u otra, toda la sociedad se rige por criterios mercantiles (nunca han existido tantos ámbitos convertidos en mercancías), por la precarización laboral (que genera una profunda frustración de estatus) y la desconexión propia de la vida urbana y tecnológica. Estos tres ámbitos generan miedo, y el miedo es el caldo de cultivo de soluciones autoritarias (ajenas a la democracia). Convertidos en “empresarios de nosotros mismos” nos olvidamos de una idea de democracia como sustancia y la convertimos en mero procedimiento. Es decir, en un mercado político. Y no es lo mismo.

Mirar a Grecia para saber a qué llamamos democracia

La Grecia que alumbró la democracia era una sociedad de ciudadanos económicamente desiguales. Las tensiones sociales que generaba la desigual distribución de la riqueza social generó unos mecanismos políticos (es decir, colectivos y obligatorios) que tenían como objetivo disminuir las tensiones generadas por la existencia de ricos y pobres. El primer paso fue el establecimiento de la ciudadanía (donde no estaban las mujeres, los jóvenes, los trabajadores inmigrantes ni los numerosos esclavos) y después, la puesta en marcha de mecanismos de participación, de deliberación y de decisión. Mientras que la Constitución norteamericana de 1787 estaba redactada por propietarios y, por eso, hizo énfasis en la libertad, las reformas puestas en marcha por Clístenes buscaban dar herramientas a la mayoría para enfrentar los problemas sociales ligados a la desigualdad. Dos palabras son clave en la democracia griega: isonomía, es decir, la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos (desde esta exigencia va a construir el liberalismo la división de poderes como garantía de esa igualdad), y la isegoría, esto es, la igualdad de los ciudadanos de defender en el ágora -en la plaza pública- sus propios intereses. Los griegos diferenciaron el ámbito privado (vinculado al oikos, es decir, la casa y su gestión) y el ámbito público que se construía rompiendo las cadenas heredadas de la antigua norma aristocrática: las de la culpa y las deudas, las del odio y la violencia, las de la venganza y la revancha (Roth). Con esta separación nacía la idea de que existía un «bienestar público» diferente del «bienestar privado» y que reclamaba unas reglas diferentes. La democracia griega buscaba darle a los pobres herramientas para disminuir las desigualdades sociales, gestionando las mayorías (el 99%) el bienestar colectivo, participando en la plaza pública de la definición de los problemas y de la enunciación de su posible solución.

La muerte de la democracia

Desde sus orígenes y hasta hoy, la democracia ha estado sometida a la tensión de dos grandes fuerzas: (1) la tensión entre los intereses individuales -o de un grupo- y los intereses colectivos (base de las desigualdades); (2) y la tensión entre la representación y la gestión propia de los asuntos particulares (es decir, entre la delegación a unas minorías de los asuntos que afectan a todos los individuos o la gestión de los mismos por cada cual). Decía con razón Rousseau que sólo se representa lo que no está. Por tanto, si se representa al pueblo, el pueblo no está. La representación es contraria a la democracia. La única democracia posible es la democracia directa. De ahí que uno de los principales teóricos contemporáneos de la democracia, Robert Dahl, dijera que nuestros sistemas debieran llamarse «poliarquías» en vez de democracias (el concepto no tuvo éxito). Ahora bien ¿es posible la democracia directa? Es lo que se llama el «problema de las escalas». No es igual la democracia local -como la griega- que la democracia en los Estados modernos. El Estado, desde que nació a finales del siglo XV, fue representativo: unos pocos representan a todos. Por eso, el Estado, por definición, es un freno a la democracia y, al tiempo, la palanca más poderosa que se puede tener para establecer lka democracia. En esas contradicciones vivimos. La democracia absoluta es un ideal imposible. Pero sirve para marcar la pauta hacia donde se debe ir si en verdad se quiere hablar de democracia.
A través de diferentes hitos intelectuales, desde la Revolución Francesa y a través del desarrollo del pensamiento liberal, la democracia ha ido convirtiéndose en representación. Votar cada cuatro años. Rousseau decía «El pueblo inglés cree ser libre, pero se equivoca; sólo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento; una vez elegidos, se convierte en esclavo, no es nada». De hecho, a los diputados, mandatados por el pueblo, los llamamos equivocadamente “mandatarios”, y nosotros, el pueblo soberano, ahora somos los mandatados. Pero la existencia del representante libera a la gente de la obligación de dedicar tiempo a los asuntos colectivos. Algo de agradecer cuando se trabajan tantas horas al día, cuando hay tantos estímulos para el consumo, para la “realización personal”, para “invertir en uno mismo”.

Riesgos y potencialidades en los comienzos del siglo XXI

Las necesidades de reproducción del capital necesitan “desconstitucionalizar” el Constitucionalismo de posguerra (Ferrajoli) y reducir la participación de una ciudadanía que se hizo más consciente y, por tanto, más exigente. Las garantías del Estado social y democrático de derecho van en contra del actual modelo neoliberal y el capitalismo de depredación en curso (en un momento donde no se puede seguir explotando pacíficamente a los países del sur, a la naturaleza o a las generaciones futuras) e, igualmente, las muchas exigencias sobrecargan al Estado que, de no disponer de recursos, termina colapsando. El vaciamiento del Estado social con las privatizaciones y los recortes, la disminución de los asuntos sobre los que se decide en las elecciones (por ejemplo, la política económica) o la partidización de la justicia, necesaria para sostener la cartelización de los partidos políticos, rompen ese paréntesis conocido como “edad de oro de la socialdemocracia” (1945-1973). Añadamos que después del 11S de 2001, hay un “derecho del enemigo” que puede llevar a crímenes de estado presentados como hechos heroicos (asesinato de Bin Laden, de Gadafi, de palestinos, etc.) o la persecución de personas que ayudan a la democracia (Assange, Manning, Snowden). Si es cierto que las luchas de ayer son los derechos de hoy, la ausencia de conflicto político de calado desde 1968 explica por qué, especialmente después de la caída de la URSS, ha significado una progresiva pérdida de derechos que se va viendo de manera “natural”.

Soluciones controvertidas

Para que haya democracia tiene que existir capacidad de deliberación, capacidad de decisión y capacidad de ejecución de políticas públicas. Tres elementos que estaban perdidos (y que gracias a Internet parece empezar a revertirse, especialmente por lo que implica de posibilidad de consciencia alternativa). La realidad invita al pesimismo: está el problema del aumento de la desigualdad, que quita capacidad, interés y tiempo para dedicarnos a la cosa pública, está la cartelización de los partidos (todos cumplen una serie de comportamientos similares que les alejan de la política de la calle y les entregan a las instituciones), está la desaparición de espacios para debatir y elaborar políticas públicas, está el hecho de que la libertad de expresión ha sido ocupada por las empresas de medios de comunicación.
Los políticos y los periodistas han perdido el control del monopolio de la representación ciudadana (Sampedro). Añadamos que también la universidad y la escuela han perdido el monopolio del conocimiento y la religión el monopolio de la trascendencia. Sólo el sector financiero sigue teniendo el monopolio de la riqueza monetaria. La unión de un Estado que no rinde cuentas, de corporaciones económicas (donde se cruza el mundo financiero, los gigantes informáticos –Google, Microsoft, Skype, Facebook, Twitter- y los servicios de inteligencia y militar público y privado, y de medios de comunicación que “privatizan” la información, construye un entramado muy consistente donde las minorías tienen más poder, en todos los sentidos, que las mayorías.

La reinvención de la democracia tiene cuatro espacios: (1) democracia en los ámbitos de la representación. Esto afecta a los partidos -su democracia interna y su financiación y el empoderamiento de los militantes-, a todo el entramado del Estado, con especial atención a los jueces -que tienen que estar controlados por la ciudadanía y responder ante ella-, y a los gastos y la financiación públicos y de los intermediarios políticos -es decir, a los asuntos de la transparencia-); (2) democracia en los ámbitos de la vida social (que afectan al ámbito doméstico, al derecho a la ciudad, a la fábrica o la empresa y a la colonización cultural que proviene de la globalización. Igualmente está aquí la democracia vinculada a la defensa común de los bienes comunes, con especial atención a los medios de producción colectivos y al medio ambiente); (3) democracia en los ámbitos de la deliberación (con nuevas formas de democracia ligadas a la información y la comunicación). (4) Y, finalmente, democracia vinculada a la elaboración y evaluación de políticas públicas y de control de la gestión política (referéndum vinculante, iniciativa legislativa popular con garantías, referéndum revocatorio de los cargos públicos, etc.). Dentro de este ámbito está la base democrática de todas las demás posibilidades: un proceso constituyente que establezca de manera participada y corresponsable los elementos compartidos del nuevo contrato social.

Final: las herramientas previas para lograr la democracia

Hace falta rebajar la incertidumbre en un mundo confuso. Para que eso no lo haga un líder o partido autoritario, xenófobo o nacionalista autoritario, hay que buscar soluciones. Para conseguir la democratización en los ámbitos señalados, en un mundo donde el sentido común es neoliberal, hacen falta los siguientes asuntos: liderazgos -en plural, que emerjan de las propias luchas sociales; organizaciones sociales que se articulen de manera autogestionada (y que para sumarse a otras organizaciones deberán asumir algún tipo de representación). Y formas tradicionales de representación, donde van a seguir siendo necesarios, al menos en el corto plazo, partidos políticos. Hace falta democracia en los ámbitos clásicos del Estado liberal y en el ámbito experimental de las nuevas formas políticas autogestionadas. Si ha cambiado el contrato social de posguerra por la imposición del modelo neoliberal, hay que reinventar el contrato social. No desde lo abstracto a lo concreto sino, muy al contrario, de lo concreto a lo abstracto. Partiendo de los derechos humanos esenciales de cualquier persona, empezando por el derecho a alimentarse. De ahí que la democracia ahora mismo pasa por reinventar un nuevo contrato que de respuestas a la necesidad de repartir el trabajo, de otorgar una renta básica universal, de terminar con el modelo de crecimiento depredador de la naturaleza, de cohonestar las necesidades particulares con las necesidades del resto del planeta y de las generaciones futuras. Y eso se logra con una ciudadanía consciente que ha tomado democráticamente sus propias decisiones. Es decir, a través de un proceso constituyente emanado desde abajo.