moderado por:

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

  • Irene Bassanezi Tosi

    Activista y Doctoranda en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en UC3M

Conclusión del debate

La crónica-resumen del debate presencial ha sido publicado en Público en el siguiente enlace:

https://www.publico.es/politica/enfoques-entender-y-frenar-trumpismo.html

 

Ponencia inicial

El Trumpismo, la nueva barbarie

El Trumpismo, la nueva barbarie

El populismo al estilo Trump ha venido para quedarse

  • Pedro Chaves

    Profesor CC. Políticas

En una Conferencia impartida en septiembre del pasado año[1], comenzaba Jurgen Habermas la misma de esta manera: “Me han pedido que hable de “Nuevas perspectivas sobre Europa”, pero no consigo pensar en ninguna”.

Habermas aludía a la “descomposición de estilo Trumpiano” que está ocupando el centro del espacio público y que ha llegado, también, al corazón de Europa.

En mi opinión, la idea de “descomposición” es solo una parte de la realidad visible, aquellas que hace referencia al debilitamiento y agonía del modelo liberal vigente y dominante a nivel global, especialmente desde comienzos de los 80. Pero oculta lo que es el rasgo más destacable pensando en perspectivas: la recomposición de los sistemas políticos de representación en todo el mundo y también en Europa.

El histrionismo de personajes como Berlusconi, en su momento,  o Trump, ahora, contribuyen a banalizar el impacto de lo que ocurre, pero resulta difícil ocultar la relevancia de una situación global que va más allá de cuestiones episódicas o anecdóticas.

La “revuelta populista” de extrema derecha, es global, generalizada y tiene importantes componentes culturales que la dotan de consistencia y estabilidad.

Las claves

  • La situación actual no es una “anormalidad”, una situación transitoria cuya evolución desembocará, antes o después en la “vuelta a la situación anterior”. Estamos ante eso que Gramsci llamaba “interregno”, una situación provisional de cambio en el modelo de dominación hegemónico. Lo que no nos gusta es que el nuevo mundo que se adivina nos horroriza. La política está para eso, para intentar cambiar la situación existente y tratar de encontrar los elementos que pueden modificar, en una dirección más favorable, la situación existente. Lo importante es asumir lo que forma parte del pasado y lo que anticipa el presente respecto a lo que puede depararnos el futuro.
  • La situación actual es el resultado de diferentes variables coincidentes, pero lo que es relevante reseñar ahora es que la crisis de los sistemas políticos tiene que ver con el asalto neoliberal a los sistemas democráticos.
  • Este asalto se reconoce en varias narrativas que han sido muy potentes en los pasados años:
    • El estado es el problema y no la solución (Reagan dixit)
    • No existe sociedad sino individuos (Thatcher dixit)
    • TINA (There is no alternative) No hay alternativa, nuevamente Thatcher dixit
    • La falta de competencia entre los partidos políticos dominantes
    • La perdida de sustancia de las democracias liberales reducidas a un espectáculo de sucesión entre los partidos mainstream
    • Las puertas giratorias entre lo privado y lo público y al revés
  • El resultado de esta desconfianza creciente afecta al conjunto de los partidos políticos y al sistema en su conjunto: afecta a los fundamentos sustantivos de las democracias representativas: la división de poderes; la calidad de la representación; la confianza en la participación política como un factor de control público o cambio; la pérdida de calidad de las elecciones como mecanismo de creación de legitimidad entre los elegidos… etc.
  • Junto a este hecho, es muy importante destacar dos cuestiones adicionales: la primera es el modo en el que la inmigración se ha constituido como un elemento central -en un contexto de incertidumbre- que articula tanto el extrañamiento de una parte de la sociedad respecto al sistema político, como el creciente temor a la pérdida de identidad de los grupos nacionales históricos y al abandono de los “modelos de vida”. Por eso, entre otras razones, la apelación a la vida (idealizada) de un pasado “ordenado y previsible” goza de tanto predicamento; la segunda cuestión es la politización de la desigualdad, no en el modo en el que habríamos previsto desde la izquierda, desde luego. La desigualdad es el fenómeno más reseñable de la crisis y la que explica el modo en el que se han distribuido de manera asimétrica los efectos sociales de la misma. La politización de la desigualdad ha servido para alimentar el rencor contra el sistema político en su conjunto. Por eso, la combinación en las protestas, de reivindicaciones razonables con otras completamente extemporáneas y modos de reivindicación del espacio público en la frontera de la anomia social.
  • La nueva situación no se explica solo ni fundamentalmente desde la “bronca de los desheredados”. La coalición social del malestar es muy amplia y formada, de manera fundamental, por las clases medias sometidas por la crisis a una situación de “privación social”, un gap entre expectativas y realidades en un contexto de desestructuración social creciente.
  • Uno de los fenómenos políticos más relevante de este hecho es el “desalineamiento”, esto es la pérdida de los vínculos tradicionales entre los partidos políticos y sus clientelas tradicionales.
  • Los otros dos hechos a destacar son: por un lado la inestabilidad creciente y persistente de los sistemas de representación: nadie sabe que va a pasar y con ello una volatilidad imprevisible; los nuevos fenómenos han venido para quedarse.
  • Los fenómenos populistas de extrema derecha están sacudiendo Estados Unidos y Europa en su conjunto. Hay que decir que hay elementos compartidos en su emergencia pero que no todos responden a las mismas dinámicas ni tienen los mismos componentes. Pero, en cualquier caso, es un error, como antes hemos querido compartir creer que el populismo es un fenómeno explicable desde la movilización de los sectores desfavorecidos o los famosos “perdedores de las globalización”. El populismo ha conseguido articular una amplia coalición social e ideológica. El caso de Trump es particularmente llamativo en este punto: en su victoria concurren tanto sectores populares afectados por el derrumbe de la industria tradicional; como conservadores ideologizados (votantes tradicionales de los Republicanos); neoliberales antiestado y antiimpuestos, como sectores tradicionales de clase media, votantes habituales de los demócratas, que se han sentido concernidos por los llamados al conservadurismo moral que Trump y la altright pregonan.
  • Además, el populismo de extrema derecha, busca activamente esta ampliación de la coalición social. No es un proyecto de “perdedores”, es un proyecto con voluntad de ganar.
  • Y un punto adicional a considerar: hay una pretensión constituyente en el populismo de derechas. Es decir, una voluntad firme de reconstruir el sistema político en una perspectiva no liberal. En este sentido el “iliberalismo” que preconizan personajes como Trump, Orvan o Salvini es una impugnación de la democracia misma, no solo de la liberal, y un intento firme por reducir la pluralidad política y criminalizar el conflicto social y la discrepancia.

¿Qué es lo común?

Prácticamente en todos los casos, la retórica de Trump, como ejemplo de otros fenómenos similares, se articula a partir de dos ejes centrales: en primer lugar, el desafío a la legítima autoridad del “establisment”. Las élites son las responsables de la situación en general y particularmente de la situación de los más desfavorecidos, que han sido “abandonados” por estas élites.

Los objetivos favoritos de esta retórica incluyen los medios de comunicación (traidores al pueblo); las elecciones (que son consideradas fraudulentas salvo que gane el candidato populista); los políticos (corruptos y vividores); los partidos políticos (disfuncionales); los funcionarios del sector público (el estado profundo); los jueces; los intelectuales (arrogantes); los científicos (quien necesita expertos?) etc.[2]

Lo importante es que la impugnación de las élites no es funcional: por lo qué hacen mal en el desempeño de su tarea; sino moral, lo sustantivo es que están equivocados en su núcleo de valores y eso los inhabilita como representantes de la sociedad y del “pueblo”. Es una despolitización del conflicto social al servicio de un liderazgo que aseguraría al pueblo frente a las amenazas externas e internas.

El segundo elemento compartido, se refiere a que la única fuente legítima de autoridad moral y política proviene del pueblo. Entendido este de un modo muy poco definido y concreto, más bien en términos de quien está conmigo sería el pueblo y quien está contra mi el enemigo del pueblo.

Por esta vía, nuevamente, se eliminan los “cuerpos intermedios”, partidos, sindicatos, asociaciones, instituciones etc… y se sobredimensiona el papel del liderazgo como articulador y defensor de los verdaderos valores del pueblo.

Había que añadir que se ha enfatizado como elemento común el uso de las redes sociales y nuevos medios de comunicación online en el desarrollo y difusión de este fenómeno, pero lo cierto es que nada de esto hubiera sido posible sin, por una parte, el desplazamiento hacia la extrema derecha de una parte de los partidos mainstream, que han “normalizado” los discursos confrontacionales y el lenguaje del odio; y en segundo lugar sin el papel jugado por algunos medios de comunicación tradicionales en ese desplazamiento del “sentido común” en el ámbito de la derecha. Es decir el fenómeno Bannon en Estados Unidos y su papel a través de la web “Breitbar news”, sería incomprensible sin el papel de la Fox y otros medios “mainstream”.

Hay muchas más cosas que podrían añadirse y que servirían al propósito de suministrar más elementos del actual contexto, pero creemos que estos pueden servir para ofrecer algunos elementos adicionales que sirvan para contextualizar el debate.

[1] https://www.socialeurope.eu/new-perspectives-for-europe

[2] Norris, Pipa y Inglehart, Ronald (2019), Cultural backlash, Trump, Brexit, and authoritarian populism. Cambridge University Press, página 4.

El regreso de los trabajadores al centro de la política económica

  • Miguel Martínez Lucio

    Profesor de la Universidad de Manchester

Unas de las características de la derecha populista, como es el caso del presidente Trump y algunos aspectos de la política de ‘Brexit’ en el Reino Unido, es la manera en la que han hecho referencia a los intereses de la clase trabajadora.  Esta derecha intenta posicionar los intereses de la clase trabajadora en oposición a lo que llaman el establecimiento ‘cosmopolita’ del sistema político. Es un desarrollo que se basa en la manera en la que grandes partes de dicha clase trabajadora han sido marginadas en la política económica de los últimos años. Aunque se puede decir que era la derecha neoliberal la que afrontó esta estrategia de cambio en la política industrial (con sus cierres de la industria de los astilleros, etc.), la manera en que la tradición social democrática participó en esta desindustrialización permite que figuras como Donald Trump en los EEUU o el político Nigel Farage en el RU sean los portavoces de estas tradiciones perdidas. Paralela a esta política ‘populista’ (post)industrial se ve el desarrollo de un discurso xenofóbico donde las pérdidas materiales de la clase obrera tradicional (por usar tal frase) se explican por el cada vez más alto ritmo de inmigración. La ironía del discurso contemporáneo de la supuesta nueva derecha es que pone énfasis en la pérdida de la identidad social y económica de los trabajadores. Se puede decir que la Nueva Derecha de los ochenta también tuvo lo que Stuart Hall (el sociólogo británico de origen caribeño) llamó también un discurso populista que manipuló las incertidumbres de tales clases: pero en este caso el proyecto juega con la ilusión de remontar la industria tradicional (aunque sea poco probable que esto ocurra) y volver a un contexto histórico del siglo XX. Este juego ideológico marca la diferencia entre el discurso neoliberal de Reagan y Thatcher con el de Trump. Este juego de palabras que significa una vuelta a las minas de carbón y a las fundiciones de acero, por ejemplo, tiene el impacto de poner a la izquierda y a los sindicatos en una posición defensiva dado su papel cómplice en el momento de la desindustrialización. La manera en la que el trabajo se ha ido degradando cada vez más como se puede ver en la economía de plataformas y su empleo fragmentado permite que esta derecha estilo Trump cree una alianza simbólica con las clases trabajadores (que se mantiene dado que es pronto para juzgar las realidades y resultados de esta contra política).

Es por esto que la respuesta de la izquierda(s) en este momento puede ser crucial para no solamente relanzar una política progresista en el seno de la economía, sino para permitir una nueva visión real y concreta del papel de los trabajadores en la economía. En el caso del RU está claro que nadie puede predecir lo que ocurrirá durante 2019 dado el contexto surreal que traen las discusiones sobre la salida del país de la Unión Europea: pero, estamos viendo debates entre partes de la izquierda que intenta confrontar este tema de como renovar el socialismo de una forma que imagina un nuevo papel institucional de los trabajadores en la economía.

El que fuera Primer Ministro del Reino Unido en dos momentos diferentes de las décadas de los 60 y 70, Harold Wilson, comentó una vez que una semana es mucho tiempo en política. La gran velocidad en la que se mueve el panorama político nos fuerza a todos a pecar de precavidos a la hora de hacer predicciones. En el caso del contexto actual del Reino Unido, muy pocas cosas resultan predecibles dada la aguda crisis por la que atraviesa el Estado como consecuencia de la decisión de salirse de la Unión Europea. Quién accederá al poder y quién tendrá posibilidades de ganar las elecciones generales en el futuro próximo es tan incierto como la naturaleza de las políticas y de los líderes de los principales partidos políticos. Sin embargo, en medio de toda esta crisis constitucional y caos político, se han producido una serie de cambios relativos a muchos aspectos del Partido Laborista, aun cuando éstos hayan ocurrido en un clima de enorme hostilidad hacia su líder, Jeremy Corbyn, y las redes y comunidades políticas alineadas con él. Los desafíos constantes a su liderazgo y las alegaciones persistentes a su postura de apoyo histórico a la causa palestina (según muchos, como parte de una estrategia para expulsarle) generan una sensación de incertidumbre y desasosiego existencial a la hora de escribir sobre lo que puede pasar en el panorama político británico.

A pesar de todo, e incluso teniendo en cuenta que para cuando este artículo se publique cada palabra del mismo pertenecerá a la historia antigua, la realidad es que el Partido Laborista ha sido testigo de dos procesos paralelos significativos en los últimos cuatro años más o menos, desde que Jeremy Corbyn se convirtiera en su líder. El primero consiste en que la tendencia más neoliberal y cercana a la filosofía del ‘Nuevo Laborismo’ de Tony Blair ha sido cuestionada desde dentro del mismo Partido Laborista. En segundo lugar, las políticas innovadoras del equipo de dirección de Jeremy Corbyn (especialmente las de John McDonnell) han supuesto una curiosa y significativa renovación del compromiso gracias a unos enfoques de la política económica e industrial más comprometidos con lo social.

En una primera instancia, las ideas en torno a la Tercera Vía, que habían surgido en torno al trabajo del sociólogo Anthony Giddens y cristalizado en algunos aspectos de las políticas del Partido Laborista de los años 90, constituyeron una ruptura importante con respecto a las políticas sociales y económicas más tradicionales y de vocación pública. Que el Partido Laborista fuese el partido históricamente considerado como más ‘socialista’ es cuestión de opiniones, pues en algunos momentos fue descrito como una ‘iglesia extensa’ que incluía tanto a socialdemócratas partidarios del mercado como a ‘socialistas democráticos’ más identificados con la clase y los sindicatos. Desde sus inicios, se han dado debates permanentes sobre el papel de los sindicatos y de la clase política, así como sobre el grado óptimo de intervención estatal. Sea como fuere, los años del Nuevo Laborismo bajo la batuta de Tony Blair y Gordon Brown representaron lo que Simon Jenkins denominó en su libro Thatcher and Sons [Thatcher y sus hijos] una política de continuidad con rasgos políticos de la Nueva Derecha en lo que se refiere a la limitada colaboración con los sindicatos de cara a la política económica y al rechazo a ampliar el papel del Estado en la economía y la industria, aunque en el terreno de lo social hubiera, en cierto sentido, una relativa mejora en la asistencia social y los servicios de salud. La filosofía surgió de las experiencias y las prácticas llevadas a cabo en Francia y España por los gobiernos respectivos de Mitterrand y González.

En gran medida, la Victoria de Jeremy Corbyn constituía en parte una reacción desde dentro y desde el entorno cercano al Partido Laborista a dichas políticas, que, para algunos, estaban asociadas a los orígenes de las políticas de austeridad y al fracaso a la hora de regular el capital de manera efectiva. También suponía, por otro lado, una reacción a la creciente inclinación de la filosofía del partido hacia los negocios y hacia la gestión, como resultado de su fascinación por todo lo que tuviera que ver con lo comercial y lo corporativo. Un camino no muy diferente al tomado por algunos de los principales líderes socialistas del caso español. Esto es, el atractivo de la idea del mercado y las escuelas de negocio como motor de la economía y su singular, aunque simbólica retórica de la responsabilidad social corporativa.

Sin embargo, el viraje reciente hacia la izquierda también ha sido el resultado de un conjunto de debates y redes que existieron y fueron fundamentales en las innovaciones que se dieron en la década de los 80 e incluso en la de los 90 a nivel local y municipal, con el socialismo municipalista como bandera. Esta era la izquierda que se había formado en las décadas de los 70 y 80 en varias ciudades claves (especialmente Londres) en oposición a la hegemonía de las políticas conservadoras de Margaret Thatcher. En ciudades como Londres se pudo experimentar con políticas locales alternativas en los campos de la economía y el transporte. Un ejemplo de ello serían las políticas industriales inclusivas e innovadoras que se pusieron en marcha en torno a organismos como el Greater London Enterprise Board, bajo el auspicio de la primera oleada de la marca de socialismo local puesto en práctica por Ken Livingstone en Londres en la década de los 80. Esta red se estableció como movimiento político ubicado en el margen izquierdo del Partido Laborista (con vínculos con la extrema izquierda), y su trabajo se caracterizó por su alto compromiso con la igualdad y las políticas multiculturales. Estos fueron los orígenes de los discursos emancipatorios de Jeremy Corbyn y John McDonnell (como ministro de economía en la oposición), ubicados en el margen izquierdo en torno a una socialdemocracia más progresista que, como ya expliqué en los Pasos de la izquierda (Número 12), permanecieron en la memoria colectiva y se constituyeron en repertorio de acción para todas aquellas personas que se ubican a la izquierda del partido y más allá.

En segundo lugar, estos acontecimientos han dado lugar a un programa del Partido Laborista que hace cinco años habría sido inimaginable. Se han incorporado una serie de innovaciones e ideas que tratan de combinar una mayor socialización de la economía y un desarrollo significativo del compromiso democrático. Que para los habitantes del norte de Europa muchas de estas políticas no se antojen ni tan radicales ni tan innovadoras, no resta importancia al hecho de que existe un intento de equilibrar la ampliación del renovado papel del Estado con una lógica industrial más participativa. Esto no significa (desafortunadamente) la proclamación de la necesidad de la clásica renacionalización a gran escala y el aumento del control por parte de los trabajadores, pero sí implica el replanteamiento del desarrollo de la economía, no solo alejándose de la obsesión por la austeridad económica sino acercándose a nuevas formas de democracia industrial. Supuestamente, los costes del programa han sido calculados y diseñados para garantizar la estabilidad económica, en parte debido a la obsesión que existe en la política británica (entre otras) con los programas presupuestados al detalle, como consecuencia de la fijación neoliberal permanente con los presupuestos económicos y su estabilidad, pero también de la certeza de que la prensa vinculada a la derecha utilizará el fantasma del gasto excesivo y la inflación (vinculados a las dosis habituales de xenofobia) para desvirtuar un programa progresista.

En lo que se refiere al nuevo programa del Partido Laborista, la creación de un Banco Nacional de Inversión para recaudar y generar una inyección de 250.000.000.000£ en la economía se presenta como el aspecto fundamental para respaldar la industria y los proyectos de infraestructura claves, así como para vincular dicha financiación al desarrollo de cooperativas y pequeños negocios, entre otras iniciativas. Esta institución no es única en Europa, pero está resultando curiosa la manera en que se está vendiendo políticamente como la priorización de los espacios alternativos que han estado copados en la práctica por el capital financiero y corporativo que ha prevalecido en el país. En cuanto a la regulación financiera, las propuestas giran fundamentalmente en torno a la aprobación de una serie de reformas que debían haberse puesto en marcha de manera efectiva en 2008 como resultado de la crisis financiera. Hasta cierto punto uno podría alegar que dichas propuestas no son radicales, pero en comparación con el Nuevo Laborismo, cuando menos, representan un giro en el modo en que las finanzas pueden replantearse. El programa también sostiene que ‘el Laborismo modificará la ley empresarial de manera que los directores cumplan sus obligaciones directas no solo con los accionistas, sino también con los empleados, los clientes, el medio ambiente y el público en general, y realizaremos una consulta sobre la aprobación de la legislación correspondiente dentro de este Parlamento’. O dicho de otro modo, promulgar el concepto de responsabilidad social corporativa de un modo más efectivo y garantizar que se presta una mayor atención a los derechos de los trabajadores y consumidores. A este respecto, uno puede apreciar el carácter innovador de las medidas en la necesidad de desarrollar la dimensión participativa que tantas restricciones sufrió durante los gobiernos laboristas previos de Blair y Brown. En el discurso actual, la confianza en el capital no es tan fuerte. El objetivo es utilizar los dispositivos legales y los marcos normativos de una manera más efectiva y generar una mayor sensibilización en torno a la importancia de la regulación. En muchos aspectos, lo que pretenden es sacar provecho de lo que los académicos de la gestión empresarial llaman ‘buenas prácticas’, y que ya existen en otros contextos nacionales, quizá más regulados, con la intención de sortear y debilitar algunas de las críticas de presunto radicalismo que la prensa asociada a la derecha activará en caso de elecciones.

En el terreno de los servicios públicos, como pueden ser los ferrocarriles, el objetivo es volver a la propiedad pública una vez terminadas las concesiones; la creación en el sector de la energía de un conjunto de influencias operativas más descentralizadas y de iniciativa pública; y la eventual transferencia de la industria del agua a estructuras regionales públicas. El discurso tiende a enfatizar los problemas surgidos de la flagrante especulación en dichos sectores y el fracaso de las estructuras regulatorias que se implementaron para proporcionar concesiones y de la supervisión minimalista que obvió el comportamiento habitual de las empresas. Este nuevo discurso se basa en una propiedad pública que no solo depende de una política estatal centralizada. El argumento central parece ser que el error cometido por la socialdemocracia en el pasado, cuando nacionalizó y pasó a ser propietaria de servicios claves como el agua, la electricidad y el transporte, consistió en no intensificar la influencia pública sobre los sectores nacionalizados al no generar un mayor grado de compromiso y rendición de cuentas públicos y políticos a nivel local. En este sentido, lo esencial de este discurso no es solo que el mercado y las privatizaciones hayan fracasado, sino que los socialdemócratas fueron incapaces de establecer un proyecto de Estado y de pensar en fórmulas de compromiso públicas y más adaptadas al ámbito regional en lo que se refiere a dichos servicios, pero también a otros. Así, lo que hizo el Nuevo Laborismo es permanecer encandilado con la nueva filosofía de gestión heredada de Thatcher, mientras que anteriormente el laborismo de Wilson y Callaghan, caracterizado por un peso (relativamente) mayor del Estado, se aferró a las fórmulas más tradicionales y jerárquicas del control de la gestión; y en ninguno de los dos casos consiguieron superar las filosofías de gestión jerárquica y alcanzar un mayor nivel de control o implicación por parte del Estado y del trabajador. Los defensores de dichos gobiernos, o incluso del de Tony Blair, podrían alegar que siempre existieron reticencias por parte de los líderes sindicales a la hora de implicarse en la gestión de los sectores industriales, pero más allá de las funciones simbólicas desempeñadas por los representantes de los consumidores y trabajadores, la crisis de la socialdemocracia se puede analizar en términos de fracaso a la hora de renovar el vínculo entre el Estado y la sociedad en lo que a participación se refiere.

Existen muchas otras dimensiones que merecería la pena analizar sobre el conjunto de propuestas políticas del actual Partido Laborista como la ampliación de los mecanismos de formación, el incremento de la inversión en el renqueante sector de las infraestructuras nacionales y el aumento de los niveles de inversión en ecología. También se presta una mayor atención a los derechos de los trabajadores en la economía de plataformas y en otros mecanismos similares en los que el trabajo está sufriendo un proceso de fragmentación y a la necesidad de una nueva estrategia para promover la dignidad laboral a través de la anulación de un conjunto de leyes que han restringido los derechos sindicales en diversos ámbitos. En cualquier caso, la clave se sitúa de nuevo, asociada al debate sobre el control público, en el intento de vincular una lógica industrial democrática a las actividades propuestas. Han sido varios los factores que han originado un interés creciente por la idea de ampliar el control y la influencia de los trabajadores sobre la industria y los negocios. Independientemente de cuál sea el contexto político futuro, el asunto de los representantes de los trabajadores y la gobernanza empresarial se antoja como un punto de debate clave. Las políticas del Partido Laborista bajo la dirección de Jeremy Corbyn comienzan a apelar a la necesidad de los trabajadores de contar con algún grado de influencia institucional sobre sus empresas, más allá de la cortina de humo que suponen los planes de sugerencias y las reuniones de equipos, aunque aún está por ver cómo y cuándo sucederá esto una vez que el laborismo entre en el gobierno. Una de las ideas que ha sido propuesta y discutida es que el Partido Laborista, una vez en el gobierno, pediría a las empresas con más de 250 empleados que reservaran hasta un tercio de los puestos de sus Consejos de Administración para los trabajadores, como método para garantizar una mayor vigilancia y control del negocio y para evitar decisiones económicas caprichosas y cortoplacistas. Esta propuesta es significativa en tanto que comienza a comprender la necesidad de democratización de la gobernanza empresarial y que este nuevo papel de los trabajadores redunda tanto en la eficiencia económica como en la justicia social de los planteamientos corporativos. Pero esto no es solo una respuesta a la crisis financiera de 2008 y al modo en que la opacidad de la toma de decisiones ha socavado la coyuntura económica del país. También constituye una fórmula para contrarrestar la recientemente estigmatizada idea promovida por los conservadores desde 1979 bajo la cual la posesión individual de acciones por parte de los trabajadores es el mejor modo de crear un capitalismo más popular y (supuestamente) responsable: el enfoque thatcheriano de la copropiedad a través de acciones ha sido poco común, fragmentado y altamente individualizado, de modo que ha supuesto un escaso control efectivo sobre los Consejos de Administración.

La idea propuesta por el laborismo parece prometedora, en parte porque el asunto de la participación colectiva del trabajador sigue quedándose fuera de la agenda política y del imaginario de la izquierda y del movimiento obrero, en la misma medida en que los discursos académicos sobre la naturaleza del trabajo se quedan absortos en la problemática de la explotación y no generan respuestas alternativas. Todos estamos legítimamente centrados en los costes sociales y económicos de la creciente degradación de la situación laboral y en las nuevas formas de explotación de la llamada economía de plataformas, pero la idea de desarrollar formas alternativas y participativas de organización y gobernanza se discute muy ocasionalmente en este contexto.

Evidentemente, estas propuestas no son las más ambiciosas que se podían presentar, tal y como podría revelar cualquier breve comparación con otras partes de Europa más comprometidas con lo social. Sin embargo, la lógica subyacente busca que la participación popular se constituya en un nuevo agente de importancia estatal. En mi opinión, estas políticas no son tan extensibles como podrían serlo, pero durante décadas el contexto político del Reino Unido no ha estado familiarizado con este tipo de políticas. La necesidad de introducir una dimensión más democrática en las estructuras de la economía y de repensar el papel de los trabajadores, más allá de la ampliación del alcance y de la práctica de la negociación colectiva, necesita de una mayor reflexión. En algunos aspectos, esto se vincularía con la lógica de democracia radical puesta en práctica por la teórica política belga, residente en el Reino Unido, Chantal Mouffe. La reforma económica y las políticas progresistas asociadas a ésta necesitan desarrollarse con la mirada puesta en nuevas formas de implicación pública y social y no solo a través de la propiedad directa o indirecta del Estado. En este sentido, se requiere un fuerte replanteamiento y un repliegue con respecto de la filosofía empresarial contemporánea y su obsesión por las heroicidades y prácticas de gestión asociadas al liderazgo individualista. El asunto al que se enfrentan los progresistas de la izquierda es que el enfoque de mercado ha seguido su curso en muchos aspectos, pero el regreso a un estado de bienestar Keynesiano clásico no es ni tan sencillo ni constituye ya una alternativa.

Sea como fuere, terminamos como empezamos: una semana es mucho tiempo en política. La posibilidad de que vuelva a haber un gobierno laborista en algún momento, y que sea con las políticas que acabamos de analizar, no está muy clara. La importancia del debate actual sobre los distintos aspectos de la izquierda británica reside en que cualquier vuelta a un conjunto de políticas más orientadas hacia lo social y con un papel más proactivo en el sector industrial que ponga fin a la economía de la austeridad, debería abordar el modo en que la influencia y el control de los trabajadores y consumidores (como colectivo) tenga efecto sobre lo económico. Ahora mismo este asunto pendiente es fundamental para la izquierda tanto dentro como fuera del Reino Unido.

moderado por:

  • Enrique del Olmo

    Sociólogo y militante socialista

  • Pedro Chaves

    Profesor CC. Políticas

Conclusión del debate

¿Cambio de ciclo en América Latina

¿Involución en América Latina? Espacio Público lanzó la pregunta en esta página web para propiciar la reflexión por escrito sobre los cambios que allí tienen lugar. Lo hizo con la ponencia inicial del director del portal informativo latinoamericano Nodal, Pedro Brieger. Decenas de personas estudiosas de la historia y la realidad latinoamericana y caribeña se pronunciaron sobre el tema con elaboradas respuestas. A modo de conclusión, como siempre, Espacio Público convocó un coloquio presencial. En esta ocasión, la Casa de América de Madrid acogió la iniciativa y la cantidad de personas que quisieron asistir desbordó con mucho la capacidad de la sala Simón Bolívar y de la adyacente que se habilitó para intentar ampliar el aforo.

Allí se discutió sobre los recientes acontecimientos y las tendencias generales. Sobre lo que preocupa a la población y sobre las causas ¿Nos encontramos realmente ante un cambio de ciclo en América Latina?, ¿asistimos a un retorno de las políticas económicas neoliberales que parecían descartadas?, ¿qué resistencia oponen las fuerzas de izquierda a los movimientos favorables a una restauración conservadora?, ¿hasta qué punto se implica de nuevo la administración norteamericana en las decisiones de los gobiernos latinoamericanos?

¿Vuelve Estados Unidos sobre el “patio trasero”?

El mayor protagonismo de Estados Unidos en la vida política venezolana llama la atención y abre más interrogantes sobre su significado en la actual coyuntura internacional.

La directora de Público, Ana Pardo de Vera, planteó el debate con la incógnita de las repercusiones que tendrá la iniciativa de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, poniendo el acento en que nada de lo que allí ocurre es ajeno para Europa y mucho menos para España.

Algunos ponentes fueron bastante explícitos:

“Estados Unidos nunca descansa en América Latina”, aseguró el periodista y sociólogo argentino Pedro Brieger. Ahora “lo novedoso es la simultaneidad en los cambios”, explicó para destacar la gran cantidad de países que en poco tiempo pasaron a tener gobiernos progresistas así como los procesos que tienen lugar desde hace pocos años en sentido contrario.

“En la frontera de México con Estados Unidos hay más militares que en Siria”, dijo la profesora mexicana y española Isabel Wences, que denunció como muy peligroso el odio que manifiesta Donald Trump hacia los mexicanos y mexicanas, a los que siempre se refiere con todo tipo de insultos.
“Estados Unidos ha entrado con nueva doctrina en América Latina, que ya no es la de la Escuela de las Américas, para ‘milicos’”, advirtió el analista brasileño Beto Vazquez.

Los estados centroamericanos siguen intervenidos, y no solo por Estados Unidos, explicó la investigadora social guatemalteca Mercedes Hernández.
Pero los análisis sobre la implicación estadounidense en la región son evidentemente complejos y están llenos de matices. Así se puso de manifiesto durante todo el coloquio.

El periodista Roberto Montoya, por ejemplo, estuvo de acuerdo con Brieger en que Estados Unidos nunca abandonará América Latina, pero habló de la existencia de un declive en la hegemonía norteamericana, debido a la presencia de China, y en menor medida de Rusia, en la vida económica de los diferentes países de la zona.

Brieger discrepó de la idea según la cual Estados Unidos habría abandonado Latinoamérica para concentrarse en conflictos como el de Afganistán o Irak, y recordó que el intento de construcción de un área de libre comercio en las Américas fue el gran proyecto estadounidense para América Latina.
Para Montoya, sin embargo, el hecho de que Donald Trump preste respaldo a los gobiernos más ultras, como el de Bolsonaro en Brasil y potencie la intervención de su país en Venezuela, no puede hacer olvidar que “tiene muchos frentes abiertos” y que la situación económica y política “no le dejan margen de maniobra para hacer lo que quiera”.

En América Latina, explicó, el neoliberalismo se hizo fuerte de la mano de gobiernos militares, luego continuó por otros medios. Está claro según él que en aquel continente se ha producido el cambio de ciclo objeto de discusión en este debate. Cambios en “procesos distintos”. El ciclo progresista empezó en el 98 con Hugo Chávez en Venezuela. Lo que ocurra en este país es importante porque podría cerrar ese ciclo, también en Venezuela, señaló.

El profesor José Antonio Sanahuja también habló sobre la influencia de China en todos los países, sea cual sea la naturaleza ideológica de su gobierno, del retorno de Estados Unidos a América Latina y explicó que los liderazgos opuestos a la “lógica neoconservadora” fueron posibles en alguna medida porque la Administración norteamericana se había retirado de la región para prestar atención a su intervención en Oriente Medio.

Los atentados del 11S en Estados Unidos tuvieron bastante que ver con este cambio de actitud de la primera potencia occidental, se recordó en el debate.
Sanahuja señaló, por otra parte, que la democracia liberal atraviesa “una profundísima crisis”. Las clases medias, que han experimentado una expansión notable, se enfrentan a las rigideces que nos les permiten ascender socialmente, explicó y caracterizó el actual momento con la constatación de la existencia de “un elemento importante que hay que tener presente”: “Hay descontento social profundo entre una población que quiere cambios”.

“Las izquierdas en América Latina no han sabido crear un bien público” y han dejado espacio a la derecha, explicó el profesor de la UCM.

Beto Vázquez mantuvo que “la estrategia de vuelta al poder” de la derecha estaba “muy elaborada”. Han llegado al poder con “campañas de manipulación y noticias falsas”. “Estamos ante un otoño de los pueblos”, afirmó el analista brasileño.

Isabel Wences, que calificó como “anticíclica” la actual experiencia mexicana, puso en valor los reconocimientos formales de los derechos humanos en diferentes países de América Latina, pero habló sobre la necesidad de mirar la otra cara de la moneda, a menudo olvidada, que tiene que ver con la extrema pobreza en la que viven muchas personas y las situaciones de auténtica esclavitud,
Y Brieger, aunque también había señalado el “avance de algunas derechas en Latinoamérica” y que la consecuencia había sido que numerosos países dejaron de contar con gobiernos progresistas, insistió en la existencia de una corriente de izquierda muy heterogénea, presente en diferentes países.

La esperanza feminista y el fanatismo religioso

Ana Pardo de Vera preguntó por las causas del odio de la ultraderecha hacia el feminismo y se refirió al “fanatismo religioso”, que caracterizó “como un virus que se ha ido inoculando” para difundir entre la población las ideas más contrarias al respeto por los derechos humanos.

“Miro con esperanza el movimiento feminista argentino”, afirmó Mercedes Hernández, que destacó la juventud de las mujeres que llenan las calles de las ciudades, pero no pasó por alto la “nostalgia del pasado de los machos”. La investigadora guatemalteca denunció la existencia de una “ofensiva de hombres que cultivan todo tipo de odios”. El fanatismo religioso, dijo, “es una de las herramientas” de un discurso del odio, misógino, “que nos debe llenar de preocupación”, afirmó.

Isabel Wences, que insistió en la necesidad de detener el discurso del odio que fomenta Donald Trump, habló sobre la necesidad de “devolver la dignidad a los mexicanos” y sobre la responsabilidad de su actual presidente Andres Manuel López Obrador. “Tiene una gran tarea por delante, para restablecer la relación entre iguales”, dijo y reclamó que para ello es preciso trabajar con una “agenda feminista”.

López Obrador, observó, “ha puesto a mujeres en puestos clave” de su administración, “pero esto no es suficiente”, “hay que recuperar lo público”. Pero Wences también advirtió sobre la creciente influencia de las organizaciones religiosas. “Los movimientos evangélicos son peligrosísimos”, dijo, y reconoció que López Obrador y el propio Lula, en su momento, tuvieron que contar con su pujanza.

La izquierda y la inseguridad

La directora de Público reclamó atención sobre las responsabilidades de los gobiernos de izquierda en los procesos de involución.

Chávez, afirmó Montoya, dio un paso importante con iniciativas de integración latinoamericana que fueron más allá de la cooperación económica, pero los gobiernos progresistas “no vieron venir la contraofensiva conservadora”. La izquierda, según este analista, no sólo ha de señalar a los injerencistas, sino también a sus cómplices.

Wences y Brieger ya habían señalado que muy a menudo cuando se habla de América Latina se ponen sobre el tapete problemas de corrupción y de calidad democrática pero se olvidan problemas realmente acuciantes: “No hablamos del hambre de la población”.

Y José Antonio Sanahuja señaló en esta reflexión el menosprecio o el “olvido” de los dirigentes progresistas latinoamericanos por un tema tan grave como la seguridad ciudadana. “La preocupación por la inseguridad” existe y “las izquierdas no han sabido abordarla”. La derecha, en cambio, ha asumido el tema pero con el “punitivismo” como receta.

Ponencia inicial

¿Involución en América Latina?

¿Involución en América Latina?

América Latina es hoy la única región donde hay un cuestionamiento real en un conjunto de países a las políticas neoliberales impuestas por los organismos financieros internacionales. Si uno mira hacia Europa, África, Asia u Oceanía verá que existen múltiples movimientos sociales que cuestionan las políticas de ajuste y que algunos tienen una importante representatividad parlamentaria. Sin embargo, como región, hay sólo una donde existen debates profundos y liderazgos fuertes que cuestionan –como mínimo– el orden neoliberal y proponen propuestas superadoras.

La reciente dura respuesta del gobierno de los Estados Unidos a la decisión de El Salvador de romper relaciones con Taiwán y reconocer a la República Popular China es un claro ejemplo de la preocupación de la Casa Blanca por cada paso mínimo que pueda dar en su “patio Trasero” un gobierno alineado con la corriente progresista que se ha desarrollado en América Latina y el Caribe en el siglo veintiuno.

Hay que destacar que esta corriente es muy heterogénea y difícil de definir en términos conceptuales porque abarca desde el Frente Amplio de Pepe Mujica en el Uruguay hasta la Cuba revolucionaria, pasando por el chavismo en Venezuela, Evo Morales Bolivia o el kirchnerismo en la Argentina que gobernó durante doce años. Esta corriente está formada por hombre y mujeres que se definen como “progresistas”, de “izquierda”, “populistas”, “nacionales y populares”, “socialistas”, y una amplia gama de definiciones que incluyen a algunos y excluyen a otros. Sin embargo, tienen muchos puntos en común que los llevó a acercarse para forjar por primera vez desde las independencias nacionales del siglo XIX una región integrada en base a un discurso que algunos definen como “post-neoliberal”, aunque varios hayan seguido aplicando postulados clásicos del dogma neoliberal; y la búsqueda de un camino de integración regional sin la tutela de los Estados Unidos, aunque esto tampoco implica una retórica “antiimperialista” en conjunto.

Esta nueva corriente emergió como una novedad para América Latina en el siglo XXI y se fue consolidando en franca disputa con las corrientes conservadoras, liberales, de derecha que con sus diferencias y matices gobernaron durante los siglos XIX y XX.
En el siglo XX los gobiernos populares-progresistas-nacionalistas o de izquierda en sus múltiples variantes fueron relativamente de corta duración porque la mayoría fueron derrocados por sangrientos golpes de Estado, con la salvedad de Cuba y su revolución en 1959.

Así se puede mencionar a modo de ejemplo los derrocamientos de Juan Domingo Perón en la Argentina en 1995, Joao Goulart en Brasil en 1964 o Salvador Allende en Chile en 1973, entre una larga lista de gobiernos populares. Estos golpes venían acompañados del cierre de los parlamentos y la postergación indefinida de elecciones, prohibición de partidos políticos y sindicatos, censura, represión, muertes y desapariciones. Si se lo compara con las destituciones de Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2016) se verá que en estos tres casos se intentó mantener un relativo grado de “institucionalidad” respetando incluso los cronogramas electorales establecidos. Esto quiere decir que algo se ha modificado en América Latina en el siglo XXI porque –por ahora– son imposibles los golpes militares a la usanza del siglo XX.

Si miramos retrospectivamente veremos que la última etapa de uniformidad en la región fue la década de los noventa del siglo pasado, la que en diversos trabajos hemos definido como “la década del mito neoliberal”. Esa década en América Latina tuvo una característica: la aplicación de las teorías neoliberales y el éxito de su discurso mediático. Salvo Cuba, que es un caso aparte, en los noventa la ola del pensamiento neoliberal se expandió a lo largo y ancho de América Latina. El neoliberalismo extremo desde una posición marginal y minoritaria durante casi todo el siglo XX logró convertirse en doctrina hegemónica. Para ello fueron necesarias dos fases: una de imposición y otra de consenso. En la primera, para imponer su nuevo paradigma como verdad absoluta e incuestionable, necesitaron de dictaduras militares que impidieran cualquier tipo de oposición y sociedades paralizadas por el miedo (ej: Brasil, Chile, Argentina).
Es importante señalar que la imposición del modelo neoliberal no fue consecuencia directa del fracaso de los proyectos “populistas” porque la mayoría de los gobiernos “populistas” NO fueron castigados por el voto popular, sino que fueron derrocados por golpes de Estado.

En la segunda fase, con la apreciable participación de los medios masivos de comunicación se fue consolidando un consenso ideológico aplastante y la conformación de lo que Ignacio Ramonet definió como “pensamiento único”. El trabajo ideológico de los pensadores que difundieron las teorías neoliberales tuvo éxito ya que en pocos años lograron que sus ideas parecieran –reitero, parecieran– el único modelo lógico y viable.

Un grupo importante de economistas –muchos de ellos conocidos como “los Chicago Boys”– apoyados por los principales organismos económicos internacionales y sostenidos monetariamente por empresas multinacionales, crearon fundaciones, institutos o centros de investigación y lograron una real inserción en los principales medios de comunicación que les permitió convencer de lo “moderno” de sus teorías, aunque sus postulados originales se remontaran al siglo XVIII o XIX. También lograron imponer la idea generalizada de que todo lo público es “ineficiente”, que el Estado es intrínsecamente perverso, que la única manera para que las empresas de servicios funcionen es privatizándolas, que así se reducirán gastos y se eliminará la corrupción; de la necesidad de achicar el Estado, bajar el gasto público, abrir los mercados, incrementar la producción de artículos destinados a la exportación, flexibilizar y “modernizar” los mercados laborales, quebrar el poder de los sindicatos supuestamente interesados solamente en enriquecer a sus cúpulas, y reducir los gastos sociales. Estos, y otros postulados, se basaron en la construcción de un mito de crecimiento y prosperidad en los años noventa del siglo pasado y que fueron conocidos como el “consenso de Washington”, los principios esbozados en 1989 por el británico John Williamson, que trabajó en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, esta década se vio alterada por tres hechos. Primero, la aparición del zapatismo el 1 de enero de 1994 justo cuando se implementaba el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Segundo, el triunfo de Hugo Chávez en diciembre de 1998 en Venezuela. Tercero, la revuelta popular que en la Argentina derrocó al gobierno del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, vista en la región como una revuelta en contra del neoliberalismo porque la Argentina era presentada por los organismos internacionales como ejemplo de “éxito” de las reformas estructurales y el “consenso de Washington”

Con el comienzo del siglo se inició un proceso de triunfos electorales que llevó a la conformación de una corriente heterogénea difícil de calificar en los cánones tradicionales de “izquierda-derecha”. En el año 2005 hizo su aparición de manera conjunta y con alto impacto político durante la Cumbre de las Américas en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Allí, los cuatro presidentes del MERCOSUR (Kirchner, Lula de Silva, Tabaré Vázquez y Duarte Frutos) conjuntamente con Hugo Chávez, evitaron que naciera el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), el gran proyecto regional de Estados Unidos para toda América, excluyendo a Cuba. Y lo hicieron de manera espectacular con un gran acto público en un estadio de futbol con Chávez como principal orador y Evo Morales –en ese entonces un dirigente social– en las tribunas. La Cumbre de las Américas fue un momento de inflexión porque de manera inesperada Washington se quedó sin perspectivas claras y las derechas latinoamericanas –subordinadas a la Casa Blanca– tampoco atinaron a esbozar algún tipo de respuesta al finalizar la cumbre para darle continuidad al ALCA.

Poco tiempo después Evo Morales se convirtió en presidente de Bolivia, apareció Rafael Correa en Ecuador y se fue conformando un eje político que se atrevió a disputar la hegemonía de Estados Unidos y las derechas latinoamericanas de manera simultánea como nunca antes había sucedido desde las independencias doscientos años atrás.

En un momento, dejando de lado Guyana y Surinam (dos países que recién se están acercando a la región a pesar de su lugar geográfico), ocho de los otros diez países de América del Sur estaban gobernados por esta corriente.

De manera intuitiva –a veces– se comprendió que existía una disputa continental y que debían estar juntos, con sus diferencias (a veces profundas). Y en 2008 nació la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como claro proyecto político para integrar la región y en 2010 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) incorporando a Cuba y dejando fuera a Estados Unidos y Canadá en un gesto político sin precedentes si se recuerda que en 1962 la Organización de Estados Americanos –el único organismo regional existente en ese entonces– excluyó a Cuba. La CELAC, no sólo les imponía a los gobiernos de derecha la incorporación de Cuba, sino que también excluía a Estados Unidos.

La cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en Quito el 27 de enero de 2016 demostró la vigencia de este organismo regional. A pesar de las dificultades que tienen los presidentes para asistir a tantos eventos internacionales, la mitad de los 33 países envió a sus presidentes o primeros ministros. Salvo los presidentes de Argentina, Surinam y Uruguay llegaron a Quito 9 presidentes de UNASUR, lo que marca la importancia que le otorgan todos.
A nadie se le escapa que la CELAC fue creada para excluir a los Estados Unidos de un organismo continental que incluye 33 de los 35 países del continente, y para incluir a Cuba, marginada de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la década del sesenta, como recordó Rafael Correa. De la misma manera, cualquier conocedor de la historia americana sabe que la OEA fue impulsada por los Estados Unidos en 1948 para brindarle legitimidad a sus políticas mucho antes de la revolución cubana de 1959.

En ese momento las derechas latinoamericanas parecían arrinconadas por el avance arrollador de la corriente progresista. Hasta tal punto, que en 2009 Álvaro Uribe –presidente de Colombia y un pilar de la política regional de Washington– tuvo que aceptar que UNASUR hiciera una reunión especial para debatir y rechazar los acuerdos militares de su país con los Estados Unidos y la instalación de bases militares.

Empero, en 2009 fue destituido Manuel Zelaya en Honduras y en 2012 Fernando Lugo en Paraguay. El presidente de Ecuador Rafael Correa advirtió que se estaba generando una “restauración conservadora” de las derechas con el inestimable apoyo de los Estados Unidos. En el año 2015 hubo un hecho trascendental: la corriente progresista en el poder sufrió en la Argentina una derrota en las urnas frente a un candidato de derecha, Mauricio Macri. Pocos meses después, en agosto 2016 fue destituida Dilma Rousseff, destitución convalidada inmediatamente por el presidente argentino. El giro a la derecha de los dos países más poderosos de la región parecía avalar la tesis de Correa de “restauración conservadora”. Los grandes grupos de comunicación rápidamente instalaron la idea que el “populismo” desaparecería y todo volvería a la “normalidad”; esto es, gobiernos “pro-mercado” y alineados con los Estados Unidos en vez de bregar por un mundo multipolar.

Sin embargo, las derechas latinoamericanas tienen serias dificultades para consolidar esta “restauración conservadora” y resolver la disputa a nivel regional. Hoy los golpes de Estado al estilo del siglo XX no son viables para cerrar ciclos, por lo tanto, estos ciclos progresistas no sufren derrotas históricas producto del asesinato, cárcel o exilio de sus principales referentes. Las elecciones en la Argentina en 2105 son un ejemplo de lo antedicho. El kirchnerismo sufrió una derrota electoral pero no fue derrotado. La diferencia es sustancial. La presidenta Cristina Fernández, en su último día al frente del país, convocó a una multitud frente al palacio presidencial para despedirse después de doce años de kirchnerismo, casi como si estuviera festejando una victoria de su movimiento y no una derrota. Al día siguiente asumió la presidencia Mauricio Macri sin fervor popular y casi sin gente en las calles.

Esto quiere decir que la “restauración conservadora” tiene serias dificultades para consolidarse. En primer lugar, porque no puede recurrir a los golpes de Estado del siglo XX para resolver la disputa que existe a nivel regional, aunque triunfe en procesos electorales, destituya presidentes por la vía institucional o utilice al Poder Judicial para perseguir a los referentes populares que sufren derrotas, pero no son derrotados (ej. Cristina Fernández, Rafael Correa, Lula de Silva). Por otra parte, las derechas latinoamericanas pueden ganar elecciones con una exitosa estrategia de marketing político “en contra de”, pero no tienen nada nuevo para ofrecer o seducir a las grandes mayorías como está quedando demostrado en el caso argentino y las dificultades del presidente Macri para imponer sus políticas de ajuste.
Sus planes económicos son el clásico compendio de políticas neoliberales, similares a las delineadas por el “consenso de Washington” en los años noventa del siglo pasado, o a lo que el “gurú” del neoliberalismo –Milton Friedman– le sugería en una carta a Augusto Pinochet en 1975. Allí bosquejó una serie de recomendaciones muy similares a las medidas económicas que hoy los gobiernos de corte neoliberal presentan como “modernas”.

La corriente progresista no está derrotada a nivel regional, aunque hoy le cueste marcar la agenda política. La corriente de derecha-conservadora parece más abocada a destruir lo heredado que a construir una agenda propositiva. La disputa entre las dos corrientes puede extenderse en el tiempo: La gran pregunta es cómo se resolverá.

PD: El resultado de la primera vuelta electoral en Brasil permite pensar en un triunfo del candidato de corte fascista Jair Bolsonaro el 28 de octubre y una modificación sustancial para la región. En caso de asumir Bolsonaro el 1 de enero de 2019 la disputa regional tendría nuevas características, difíciles de analizar al momento de entregar este trabajo.

* (Brieger es un periodista y sociólogo argentino, autor de más de siete libros y colaborador en publicaciones sobre temas internacionales. Actualmente se desempeña como director de NODAL, un portal dedicado exclusivamente a las noticias de América Latina y el Caribe. Ha colaborado y colabora con diferentes medios nacionales como Clarín, El Cronista, La Nación, Página/12, Perfil y para revistas como Noticias, Somos, Le Monde Diplomatique y Panorama. A lo largo de su trayectoria Brieger ha ganado importantes premios por su labor informativa en la radio y televisión).

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • Ana Barba

    Portavoz de Ganemos Madrid y activista de Colectivo Burbuja

  • Paloma Bravo

    Graduada en Ciencias Politicas (UCM), activista social y estudiantil

Un fantasma recorre Europa, y nosotras le llamamos camarada. El leve aleteo de las alas de una mariposa se siente ya en cualquier parte del mundo y se multiplica como un eco.

I

13 de febrero de 2011: “Se non ora quando?”. Todas las ciudades italianas acogieron una masiva movilización de mujeres que luchaban por su reconocimiento y su dignidad, y contra su cosificación como objetos de intercambio sexual.

21 de enero de 2017: Women´s March. La movilización más multitudinaria en Estados Unidos desde la guerra de Vietnam comenzó en Washington y tuvo una auténtica “hermanada”, casi 700 marchas hermanas en todo el mundo. Con esta Marcha se quiso rememorar la Marcha de un Millón de Mujeres celebrada en 1997 en Filadelfia, en la que participaron centenares de miles de mujeres afroamericanas. Hoy se ha articulado alrededor de la Women´s March Global y mueve una gran marea de reivindicaciones feministas.

3 de junio de 2015. “Ni una menos” #Niunamenos. La movilización de las mujeres ocupa 80 ciudades argentinas contra las violencias machistas y el feminicidio. En 1995, la mexicana Susana Chávez utilizó el lema “Ni una mujer menos, ni una muerta más” para protestar por los feminicidios en Ciudad Juárez. Chávez fue después una víctima de feminicidio (2011). Su lema fue propuesto por la argentina Vanina Escales para la maratón de lectura del 26 de marzo de 2015, dando nombre, finalmente, a la movilización del 3 de junio de ese mismo año. El impulso no perdió fuerza y se repitió en años sucesivos: el 3 de junio de 2016 #Vivasnosqueremos y el 3 de junio de 2017 Basta de violencia machista y complicidad estatal. Hoy se ha extendido como una gran mancha de aceite en otros países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Perú y México.

8 de marzo de 2017. El desborde feminista en España “Ni una menos, nos queremos vivas”, “Ni un paso atrás”, es la traducción ibérica de una alianza mundial. A partir de ese 8 de marzo, las promotoras de la Asamblea Feminista se reúnen el 8 de cada mes para generar las condiciones que este año nos llevarán, sin ninguna duda, a una movilización sin precedentes: #HaciaLaHuelgaFeminista, “Si nosotras paramos todo se para”, “Paramos para cambiarlo todo”, “Juntas somos más”. Las mujeres, unidas, combativas y rebeldes, no son solo una agregación o una suma de mujeres.

II

En España las mujeres sufren más paro, más jornadas parciales, una abultada brecha salarial (aunque su nivel formativo es superior al de los varones), una vejez más depauperada, mayor discriminación en el empleo, y un trabajo de cuidados no remunerado que nuestro sistema productivo ni siquiera podría pagar (Pérez Orozco, Carrasco, Pazos, Gálvez); sufren la falta de paridad en los órganos de poder y una escasa representación en los puestos de responsabilidad y dirección (Valcárcel, Amorós); ven mermados sus derechos sexuales y reproductivos, ahora en riesgo de regresividad, gracias, entre otras cosas, al recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra la vigente ley del aborto y cuya ponencia ha recaído sobre un magistrado afín; y son víctimas de una violencia física, sexual y económica, tan cruel como pertinaz, con la que no ha logrado acabar nuestra estrechísima Ley de Violencia de Género (Bodelón, Montero, Gimeno).

La Ley se ha topado en estos años con recortes brutales, con trabas en la asistencia letrada a las mujeres, con turnos judiciales infradotados y desiguales en función de la residencia de la víctima, con la falta de especialización y de formación del personal de justicia, y con un sistema probatorio dantesco que obliga a las mujeres a demostrar no sólo que han sufrido una agresión, sino que tal agresión es el fruto de una dominación machista y reiterada. De hecho, en España, el problema no ha sido nunca el de las denuncias falsas de la popular mitología machista sino más bien que se ha denunciado poco, que cada vez hay más renuncias a las denuncias, y que, cuando se ha denunciado, ni las víctimas, ni sus hijos/as, han recibido suficiente protección.

La Ley de Violencia de Género ha sido la Ley más resistida de España en el ámbito judicial, y no ha podido evitar que casi 1000 mujeres hayan sido asesinadas desde 2002-2003, ni que un 1.4 millones de mujeres y niñas hayan sido víctimas de violencia sexual. Los casos de Diana Quer, Nagore Lafagge o de “la manada”, han demostrado, además, que esa resistencia es compartida por una buena parte de la sociedad. La parte que desplaza la responsabilidad de ellos a ellas, las culpabiliza por lo que les sucede, y pone en duda la credibilidad de sus testimonios. Lamentablemente, y a pesar del Convenio de Estambul, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado hace unos meses en el Congreso, no ha contemplado ni los derechos ni la reparación de estas víctimas, pero ni en España, ni en el resto del mundo, se han podido acallar sus voces.

El movimiento #MeToo, como otros antes, ha roto bruscamente el silencio cómplice y encubridor que se había instalado alrededor de las agresiones sexuales y la cultura de la violación (Despentes), generando una onda imparable de sororidad digital; las movilizaciones en lugares tan alejados como Chile, Polonia o Turquía, han puesto el acento en las dimensiones pandémicas de la violencia machista. En 2014, solo en la UE se contabilizaban 13 millones de mujeres entre las víctimas de violencia física, y 3.7 millones, entre las de violencia sexual (una de cada 20 mujeres declaraba haber sido violada antes de los 15 años de edad).

III

La emergencia global feminista frente a todas las violencias machistas (física, psíquica, sexual, social, cultural y/o simbólica), con las que se intenta continuamente laminarnos, ha sido también la respuesta de las mujeres a las opciones políticas que han colonizado las instituciones con planteamientos agresivos y excluyentes, en los que el machismo y la misoginia han jugado un papel decisivo: frente a Trump y sus agresiones verbales, frente a Macri, Erdogan o la Rusia de Putin. Si en 2008 eclosionó la movilización mundial contra los recortes y la ideología de la austeridad; contra la depauperación, la precarización y la desposesión a la que tal ideología nos condujo, y contra la ausencia de una respuesta institucional que pudiera contenerla, no hay duda de que estos últimos años han sido los años de las mujeres.

El feminismo ha desmontado las falacias meritocráticas que han alimentado un sinfín de gobiernos conservadores y neoliberales; se ha alzado contra el desmantelamiento de las políticas sociales, el abierto desdén por las acciones afirmativas, la tajante división público-privado, la exclusiva protección de la familia heteropatriarcal, la conservación de la cultura en su versión más reaccionaria, la alianza con las Iglesias y los poderes establecidos, la protección de las élites o el clasismo racializado, todas ellas marcas indelebles de unas propuestas políticas que, o bien niegan las estructuras patriarcales de dominación, o bien no encuentran nada de malo en ellas.

IV

El feminismo universalizado en esta última década ha girado, además, alrededor de la centralidad del cuerpo de las mujeres, un campo de batalla violentado y agredido por la barbarie capitalista y patriarcal (Segato), pero también la última frontera en la conformación/deconstrucción de sus identidades y la reivindicación de sus derechos (Wittig, De Lauretis, Serano). Y ha sido esta centralidad del cuerpo la que ha llevado a algunas feministas a poner en valor la experiencia del inacabamiento, la finitud y la fragilidad (Nussbaum); la de vivir inmersas en un nudo de relaciones concretas que visibiliza nuestra inter/ecodependencia.

Este feminismo ha reivindicado, entre otras cosas, el cuidado como una virtud cívica y un deber público de civilidad, colocando en primer plano las prácticas feministas, la experiencia y el aprendizaje de las mujeres (Del Olmo).

Desde la ética del cuidado (Gilligan), la autonomía no se concibe como inmunidad o autosuficiencia, fruto de experiencias psicológicas estrictamente subjetivas, estrictamente solipsistas, sino como el resultado de sinergias relacionales, en permanente estado de regeneración, reflexión, revisión y diálogo (L. Gil, Béjar). La diferenciación no se entiende como separación o fragmentación sino como un modo particular de estar conectada con las otras. La autonomía es, aquí, sinónima de capacidad distintiva; la capacidad de crear y transformar las condiciones de la existencia y la vida propia en un mundo común. Y el cuidado no se percibe solo en su dimensión material sino también inmaterial, de ahí que se haya hablado de una política de los afectos. Por supuesto, no se trata aquí de apelar a las relaciones de cuidado generadas en la desigualdad, sino de pensar en los cuidados como una palanca de transformación social. Y aunque no faltan quienes han conectado este discurso con la trascendencia de la maternidad (también en su dimensión normativa), esta conexión no ha de verse necesariamente en un código reaccionario. La relevancia de la “madre” como sujeto político se ha articulado desde posiciones constructivistas, materialistas y deconstructivistas, entre otras, y ha estimulado un largo debate que, por fortuna, no acaba de cerrarse (Chodorow, Muraro, Merino, Llopis).

Lo cierto es que si hoy el norte no percibe la grave crisis de cuidados que le devora, es porque esta responsabilidad social ha recaído sobre un contingente de mujeres migrantes. Mujeres que cuidan a nuestrxs hijxs, nuestros dependientes, nuestrxs mayores, y que dejan a lxs suyxs al cuidado de otras mujeres. Mujeres que suplen la ausencia de las instituciones y la irresponsabilidad de los varones, nutriendo nuestros vínculos, mientras debilitan los suyos, y que generan una plusvalía afectiva y emocional que no podemos siquiera calcular. Estas mujeres precarizadas, explotadas, invisibilizadas, revictimizadas una y mil veces, viven conectando dos espacios territorialmente discontinuos, uno aquí y uno allí, tejiendo redes materiales y cultivando un imaginario de cariño en la distancia. Gracias a ellas podemos nosotras acceder a un trabajo remunerado en mejores condiciones, tener hijxs, criarlxs, educarlxs, “conciliar”, habilitar un mundo en el que la dependencia no sea un estigma invalidante, y hasta disfrutar de una casa ordenada, limpia y apacible; gracias a ellas podemos comprar el tiempo que nos roba un sistema patriarcal y depredador, y hacerlo a un coste bajo o accesible.

La crisis de los cuidados que sufrimos en el norte se amortigua con las crisis endémicas del sur, con contingente de mujeres que llegan trabajosamente desde otros lugares, enfrentando graves dificultades para arraigarse y regularizarse, y que son tratadas como infraciudadanas y como inframujeres. Este trasvase del cuidado de unas manos femeninas a otras, está estructurado por la clase social, la etnicidad y la raza, genera desigualdad intragénero, refuerza el rol pasivo del varón, y apuntala el sistema capitalista y misógino que acaba con todas nosotras (Sassen, Benhabib, Anzaldúa, Lugones).

V

La misma violencia que nos desposee a todas de nuestras relaciones, que nos fragmenta, nos divide y nos disocia, hasta de nosotras mismas, es también la que acaba con nuestros territorios y con los recursos naturales a los que debemos nuestra subsistencia (Shiva, Herrero, Puleo). El colapso civilizatorio que hoy padecemos, y que se muestra en el cambio climático, el fin de la biodiversidad, la tortura animal, la crisis alimentaria, el expolio de los territorios y sus cultivos, entre otras cosas, muestra también los efectos devastadores de esos valores masculinos asociados al crecimiento desenfrenado, el egoísmo como presupuesto racional, el individualismo, el narcisismo, la competitividad como motor del “bienestar”, el “progreso”, la visión lineal del tiempo. Y en todas partes del mundo, las mujeres resisten a diario frente al expolio de los comunes (Federici), defendiendo la reproducción de la vida, con todos los nudos materiales e inmateriales de los que depende nuestra misma posibilidad de ser.

VI

En fin, en el cuidado se asume nuestra radical vulnerabilidad y la normalidad de la dependencia, intentando eliminar su estigma negativo para concebirla como un rasgo necesario y universal de las relaciones humanas, por eso, en esta construcción, las necesidades no puedan desligarse de los bienes relacionales, ni de las deudas de vínculo que hemos contraído con las otras. Esta epistemología arraigada en las vivencias y en los saberes situados que hemos extraído de ellas (Haraway), ha sido una fuente indudable de cambio, porque entiende que la única manera coherente de hacer acotaciones teóricas generales consiste en tomar conciencia de que estamos realmente localizadxs en algún lugar específico (Spivak, Braidotti, Rich). De hecho, como se ha dicho en muchas ocasiones, ha sido el discurso experto el que ha contribuido al sometimiento de las mujeres, eliminando los instrumentos que tenía a su alcance para canalizar sus protestas.

VII

De manera que los derechos que reivindican las mujeres y su resistencia frente a la violencia sistémica están fuertemente enraizados en su experiencia relacional y en una construcción que apela más a las vivencias concretas y colectivas, que a la abstracción y la formalidad propias del androcentrismo jurídico (Mackinnon) y el discurso clásico de los derechos (Facio, Held). Las mujeres hemos comprendido que la lucha por acceder al poder y a la riqueza en condiciones de igualdad, no podía desvincularse de nuestra diferencia (Young) ni de un horizonte de emancipación en el que tuviera cabida un nosotras plural (Fraser, Butler). Y este discurso anclado en la subjetividad, nos ha permitido subvertir los códigos culturales dominantes, situándonos más cómodamente en un universo posthegemónico que en el de las rígidas ideologías y los grandes relatos. Si hay algo que el feminismo ha dejado claro es que no son los macrorrelatos los que hoy motivan, movilizan y socializan.

VIII

La revolución feminista que está en marcha será el origen de una larga noche para muchos, pero nuestra fortaleza consiste en haber respondido a la exclusión simplificadora y homogeneizante del unipoder, con dosis cada vez más ricas de complejidad e interseccionalidad (Vasallo); en sabernos diferentes y sentirnos cómodas compartiendo un horizonte común de transformación social, cultural y de sensibilidad. Las mujeres hemos logrado construir una narrativa cultural propia partiendo de una polifonía de voces y de una arqueología de lo común; asumiendo las contradicciones y la contingencia con ese pensamiento contextual y enraizado que tan bien representó bell hooks y en el que se conjugaba sin problemas la realidad relacional y el desafío al canon de la semántica hegemónica.

La clave de nuestra resistencia es la de no haber simplificado nuestros ecosistemas, la de haber logrado caminar, paso a paso, la inconclusa senda de nuestra propia construcción, contrastando, releyendo y superando nuestras diferentes identidades, y disputando sin descanso el relato y el imaginario colectivo (Woolf, Millett, Lorde, Freixas). Frente a lo uno, las muchas. Mientras no pueda hablarse de un feminismo en singular, la victoria será nuestra.

IX- inacabado

Venceremos, porque en cada jardín habrá un rumor de bosque.

moderado por:

  • Enrique del Olmo

    Sociólogo y militante socialista

  • Marga Ferré

    Presidenta de la Fundación Europa de los Ciudadanos

  • Juan Carlos Monedero

    Profesor CC. Políticas

La Revolución que reinventó el mundo

La conmemoración del centenario de la revolución rusa de octubre de 1917 debería llevarnos a una evaluación razonada de sus aciertos y sus errores, de la cual podamos sacar lecciones útiles para un presente de desconcierto e incertidumbre. Entre sus aportaciones positivas figura en primer lugar la de haber alentado en todo el mundo las esperanzas de cambio y la voluntad de protesta de los de abajo hasta forzar a los gobiernos del capitalismo avanzado a desarrollar políticas de “reformismo del miedo” para defenderse de la amenaza potencial de la subversión. Fue en gran medida el miedo al comunismo lo que favoreció que la socialdemocracia crease lo que llamamos el estado del bienestar, basado en una redistribución de los beneficios de la actividad económica. La prueba de ello es que cuando, a fines de los años setenta, desapareció el miedo al comunismo,comenzó el desguace del estado del bienestar y se inició la etapa de desigualdad creciente en que estamos hoy sumergidos.

Otra de sus aportaciones decisivas fue su contribución al proceso de descolonización, un campo en el que los comunistas se mantuvieron activos desde que en 1927 inspiraron la reunión en Bruselas de la Liga contra el imperialismo que reunió a representantes de 134 organizaciones, procedentes de 37 territorios coloniales distintos, con la participación de figuras como Sukarno, Nehru, Haya de la Torre, Messali Hadj y una amplia representación del Kuomintang chino. Un año más tarde, en septiembre de 1928, el sexto congreso de la Internacional comunista publicaba unas Tesis sobre los movimientos revolucionarios en los países coloniales y semicoloniales en que se planteaban los métodos con que ayudar a las “revoluciones democrático-burguesas” de estos países.

Entre sus errores más graves figura el de haber renunciado al ideal leninista de crear una sociedad que, tras una fase transitoria de dictadura del proletariado, procedería a abolir gradualmente todos los mecanismos de poder del estado –la policía, el ejército y la burocracia- iniciando así el camino hacia su desaparición y hacia una sociedad en que se preveía incluso el fin del trabajo asalariado. Lejos de ello, el poder soviético acabó erigiendo un estado opresor, escudándose en la necesidad de defender la revolución de sus enemigos internos y externos.

Para entender cómo ocurrió esto hay que ir hasta la génesis de la revolución. Su planteamiento inicial, desde febrero de 1917, repetía la fórmula de los partidos socialdemócratas tradicionales: convocar una asamblea constituyente, establecer una república democrático-burguesa y emprender el camino de una lenta evolución hacia el socialismo. Fue Lenin quien en abril de 1917, haciéndose eco de la crítica a la socialdemocracia que Marx había formulado en 1875, propuso ir más allá y forzar el paso inmediato a una sociedad socialista. Seis meses más tarde, en octubre, era evidente que el gobierno que presidía Kerensky no podía seguir conteniendo la disolución del ejército y el malestar de obreros y campesinos, de modo que la toma del poder por un gobierno de los soviets se produjo con facilidad.

En lo que se había equivocado Lenin era en sus previsiones de que el capitalismo europeo estaba en trance de “venirse abajo”. Lejos de ello, replicó armando a los participantes en una llamada “guerra civil” en que intervinieron, directa o indirectamente, hasta dieciséis países distintos, que causó ocho millones de muertos y destruyó por completo la economía.

El programa de transformación de la sociedad que se había iniciado en 1917 se estancó en el verano de 1918 como consecuencia del inicio de una revuelta en que participaban a la vez los partidarios de la asamblea constituyente y las fuerzas del zarismo, armadas por las potencias capitalistas. La denuncia que Kaustky hizo en Die Diktatur des Proletariats, presentando lo que ocurría en Rusia como el enfrentamiento entre un socialismo democrático y una dictadura bolchevique,demostraba que no había entendido lo que estaba ocurriendo realmente.

La ”guerra civil” se ganó gracias al apoyo de los obreros y los campesinos, pero lo que en octubre de 1917 era un poder representativo de los soviets se había convertido entre tanto, por las circunstancias de la guerra, en una dictadura bolchevique, contra la que en 1921 protestaban los obreros de Petrogrado y los marinos de Kronstadt. Lenin consideró que era necesario mantener este control político mientras se emprendía una campaña de reconstrucción económica, como condición necesaria para reemprender el programa de transformación social.

Tras la muerte de Lenin este proyecto pudo haber seguido sobre la base de la continuidad de la Nueva Política Económica y del desarrollo de los métodos de planificación que elaboraba el Gosplan, como proponían Bujarin o Rykov. Pero Stalin optó en 1929 por iniciar una nueva “revolución” que propugnaba la industrialización forzada, lo cual condujo a un enorme despilfarro de recursos y a una oleada de violencia que se reforzó todavía entre 1937 y 1938, cuando el pánico a la supuesta amenaza de una conjura interior, en complicidad con un ataque externo, costó la vida a más de setecientas mil víctimas.

Aunque los sucesores de Stalin no volvieron a recurrir al terror en esta escala, conservaron un miedo a la disidencia que hizo muy difícil que tolerasen la democracia interna. Consiguieron así salvar el régimen soviético, pero fue a costa de mantener un estado opresivo y de la renuncia a avanzar en la construcción de una sociedad socialista.

A pesar de todo, en el resto el mundo la ilusión generada por el proyecto leninista siguió animando durante muchos años las luchas de quienes aspiraban a realizar la revolución, lo cual ayudó a la socialdemocracia en su tarea de combatir la expansión de las ideas revolucionarias con una política de reformas que hizo posible que entre 1945 y 1975 se viviesen en el mundo desarrollado lo que los franceses llaman “los treinta años gloriosos” en que el crecimiento económico estuvo acompañado por un grado de igualdad social como no se había conocido hasta entonces en la historia reciente.

A partir de 1968, sin embargo, el “socialismo realmente existente” mostró claramente sus límites como proyecto revolucionario, cuando en París renunció a implicarse en los combates en la calle, y cuando en Praga aplastó las posibilidades de desarrollar un socialismo con rostro humano. Perdida su capacidad de generar esperanzas, dejó también de aparecer como una amenaza que inquietase a las clases propietarias de “occidente”, lo cual las permitió retirar las concesiones que habían hecho hasta entonces, al tiempo que la socialdemocracia se acomodaba a la situación y aceptaba plenamente la economía neoliberal.

En los años ochenta, en momentos de crisis económica y de inmovilismo político, los ciudadanos del área controlada por la Unión Soviética decidieronque no merecía la pena seguir defendiendo el sistema en el que habían vivido durante tantos años. El testimonio de un antiguo habitante de la Alemania oriental que hoy vive en Estados Unidos ilustra acerca de la naturaleza de este desengaño. Sabíamos entonces, afirma, que lo que nuestraprensa decía sobre nuestro país era un montón de mentiras, de modo que creímos que lo que decía sobre “occidente” era también mentira. No fue hasta llegar a Estados Unidos que descubrió que era verdad que había mucha gente en la pobreza, viviendo en las calles y sin acceso a cuidados médicos, tal como decía la prensa de su país. Hubiese deseado, concluye, haberlo sabido a tiempo para decidir qué aspectos de las sociedades de occidente merecía la pena adoptar, en lugar de permitir a sus expertos que nos impusieran la totalidad del modelo neoliberal.

Una reflexión como esta debería servirnos de advertencia en estos días, cuando la mayoría de las evocaciones del centenario de la revolución que se publiquen van a ser enteramente negativas, fruto de cien años de lavado del cerebro de una propaganda hostil, animada todavía hoy por el interés en ocultar todo lo que pueda haber de positivo en su legado. La alternativa no puede ser la defensa a ultranza, sino un análisis objetivo -no digo desapasionado, porque no es posible eliminar la pasión en algo que trata de la vida y el bienestar de los seres humanos- con el fin de rescatar lo que siga siendo válido de sus aciertos y evitar caer de nuevo en sus errores.

moderado por:

  • Marià de Delàs

    Periodista

  • Orencio Osuna

    Escritor y analista político

Conclusión del debate

El cambio que necesita Europa para que la gente se sienta segura

Europa está en crisis y la izquierda europea no es capaz de dar respuesta. Cuando la izquierda no encuentra la respuesta «la extrema derecha es el plan del B del sistema». Este fue el debate que se puso sobre la mesa este miércoles en el coloquio organizado por Espacio Público. Existe una mayoría social que anhela un cambio, en cambio la izquierda europea está en crisis y esto lo está aprovechando la extrema derecha.

En un debate organizado por Espacio Público, la política y exministra socialista Cristina Narbona, el economista y miembro del Consejo de Estado de Portugal Bloco de Esquerda, Francisco Louça, la antropóloga y activista ecofeminista Yayo Herrero, el periodista Josep Ramoneda y el economista Nacho Álvarez han reflexionado este miércoles sobre el auge de la extrema derecha y las oportunidades para el cambio en Europa. El debate ha sido moderado por la directora de Público, Ana Pardo de Vera.

Europa necesita el cambio, pero ¿de qué forma puede hacerlo? Hay puntos de intersección sobre las crisis europeas. Hay quienes proponen promover el cambio a través de las instituciones y quienes piensan que lo mejor es acabar con Europa y empezar de nuevo.

La extrema derecha en Europa

«El problema al que vamos a asistir es que una parte de la derecha clásica se acerca a la extrema derecha que tratará de homologarse”, explicaba el periodista Josep Ramoneda. Ramoneda ha explicado que a la izquierda social demócrata le está costando encontrar las claves para responder a las inquietudes de la ciudadanía. A día de hoy hay un malestar profundo y la extrema derecha se está convirtiendo en la consecuencia final de “una fantasía”.

Marine Le Pen es ejemplo de ello. Ramoneda explica lo siguiente: «Ha habido una evolución del discurso de Le Pen, pasó de un discurso de mujer moderna con dos demonios: Europa y el islam. Al mismo tiempo en el seno de su partido estaba su sobrina, quien representa un núcleo ideológico muy duro, muy católico, integrista y conservador. Esta mezcla ha hecho posible que la capacidad de atracción fuese importante».

A día de hoy, y en opinión del escritor, “la diferencia entre fascismo, derecha y extrema derecha se está acortando”. Por este motivo Ramoneda llama a recuperar la idea del progreso con una perspectiva de futuro ya que alerta de que “la extrema derecha es el plan B del sistema”.

El periodista explica que la extrema derecha ha aspirado más que la extrema izquierda y que a esto se le ha llamado «populismo». Un término al que Ramoneda se niega utilizar. Considera que «no es una categoría que explica sino que es una categoría que etiqueta. Solo quiere decir que ‘estos señores no son aceptables para gobernar en el régimen en el que vivimos’, y por tanto no me interesa como categoría».

Las democracias liberales están en crisis y parecen no tener respuesta al movimiento de extrema derecha europeo. En cambio esta situación en Portugal es diferente.

El caso portugués

Francisco Louça, dirigente del Bloco de Esquerda en Portugal alerta: “Todas las sociedades europeas tienen miedo de las decisiones en Europa, eso quiere decir que se tiene miedo a la solución que se basa en la democracia”. En el país vecino la extrema derecha no tiene significado y esto, según explica Louça, se debe a que en Portugal la democracia surge de la revolución y con la derrota de la dictadura se desplaza a la política. En Portugal “la mayor amenaza es lo que ocurre en Europa”.

Además, Louça advierte de que en Europa se está utilizando la amenaza “para justificar un paso que no se había dado hasta ahora” y es el de “limitar las libertades y favorecer la militarización”.

El político portugués llama a “mirar con atención a la extrema derecha europea”, aunque afirma que a pesar de ser una gran “amenaza” existen problemas más terribles en nuestro continente.

Louça alude a la economía para tratar la crisis europea. «Pensar que el desarrollo del capitalismo europeo es el resultado histórico inevitable tiene una idea por detrás del contrato social europeo, una solución socialdemócrata. Habría una forma de democratizar europea».

Además, afirma que dar un paso más a la reconstrucción «es peligroso». El cambio del capitalismo provoca la supremacía de las finanzas.
Louça explica que la única forma de encontrar una solución a la moneda europea pasa «por la devaluación», es decir «reducir salarios y pensiones». El economista portugués alude al caso de Grecia y afirma que «solo se pueden discutir soluciones basándonos en el caso de Grecia».

Asimismo, explica el término de varias velocidades: «Todos los gobiernos dicen que estarán en la primera velocidad, y esto es solo publicidad. La única razón política es que nadie sabe que son varias velocidades».
Francisco Louça concluye que «el cambio necesario está en la correlación de fuerzas democráticas».

«Si la izquierda no lo evita triunfará la tecnocracia»

Cristina Narbona también quiso dar su punto de vista sobre la situación de la extrema derecha en Europa. “El mundo a día de hoy se enfrenta a una crisis social y ecológica y debe ser la izquierda la que ponga los límites”, de esta forma analizaba la situación europea la militante socialista.

La exministra de Medio Ambiente considera que el mundo se enfrenta a una fuerza civilizadora y que “si la izquierda no lo evita triunfará la tecnocracia conservadora que conducirá al colapso”. Solo podrá forzar un cambio las alianzas progresistas que surjan en cada país. “Debemos insertar en nuestro debate la evolución del proyecto europeo y cómo cambiarlo, algo que solo podrá cambiar con una alianza de fuerzas progresistas”.

La militante socialista considera que en España se está iniciando “un nuevo tiempo político que sirva para crear un espacio positivo de consenso”. A pesar de ello alerta del auge de la extrema derecha y pide “una vacuna contra los pliegos de la extrema derecha”. Considera que la única vacuna posible contra las posiciones conservadoras es “una revisión del contrato capital-trabajo para poder construir un nuevo contrato que persiga un progreso más justo, seguro y duradero”.

Narbona considera necesario insertar «nuestro debate en la evolución del proyecto europeo y en cómo puede cambiar. Solo puede cambiar con una alianza de fuerzas progresistas. Esto se debe empezar a construir en el ámbito de cada país y en España estamos en el inicio de un nuevo tiempo político que sirva para crear una espacio positivo de consenso.»

Además, Narbona, ya en el plano económico, reconoció que la reforma del artículo 135 de la Constitución «era un error» ya que «obligaba a respetar los límites». Hasta 2011 la Constitución reconocía lo siguiente: «El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito», es decir, el artículo facultaba al Gobierno para emitir deuda pública y así financiarse. En cambio tras la reforma el artículo se amplió a cinco puntos y ponía tope al gasto del Estado y a la exigencia de pagar la deuda pública antes que nada.

Narbona considera que se debe producir de otra manera y aspira a soluciones «supranacionales». Sus argumentos coinciden en este plano con los de Yayo Herrero.

Un progreso «más justo»

Un progreso más justo también lo reclamaba la activista ecofeminista Yayo Herrero. Yayo denuncia que “dentro de nuestro modelo económico solo se ve lo productivo y no se ven las necesidades humanas”. Las sociedades creen “en la economía y no en quien las sostiene”.

La antropóloga denuncia que las rentas de trabajo bajas no mantienen el modelo económico. A Herrero le preocupa el incremento del PIB y considera necesario tener en cuenta el «cómo, quién y para qué» se produce.
Además, explica que existen rentas bajas «porque no se puede mantener el crecimiento». De esta forma critica que se impidan la llegada de recursos naturales.

Yayo alude al discurso homófobo de Le Pen de “no cabemos todos” para denunciar que con este argumento la líder de la ultraderecha francesa es capaz de proporcionar un discurso “más creíble y fundamentado” y ahí radica el problema actual de Europa. “El sostenimiento de este modelo requiere que haya otras personas excluidas y por eso el sur de Europa tiende a la expulsión de los focos”.

Herrero apela a la necesidad que tienen las izquierdas «de hacer propuestas creíbles” ya que hasta que no los hagan “no tomarán tierra”.
La activista incide en los datos y rechaza «considerarlo catastrofismo», cree que las políticas deben gestionar la demanda. Considera que «la izquierda tiene que tomar tierra».

Yayo Herrero debatió con Josep Ramoneda sobre la posible solución de Europa. Mientras que el político explicaba que aludir al catastrofismo no era la solución, y se resistía al aquí no acabemos todos y «se debía debatir» porque imponía el «miedo y la inseguridad». Ramoneda afirmaba entender que «una de las urgencias principales es reconocer que los miedos y las inseguridades son fundadas y por tanto hay que construir sobre ellas.» Yayo explicaba que estos eran los datos. La activista ecofeminista aludía a la huella ecológica para defender sus argumentos.

Herrero defendió que «si toda la población del planeta viviese como la vida de una persona nos harían falta 3 planetas. Desde los años 80 los rendimientos del trabajo han ido descendiendo y lo que ha ido subiendo son rentas financieras. Las rentas del trabajo bajan porque no hay condiciones materiales que sostengan el modelo de crecimiento»

«La crisis de la UE es la crisis de la socialdemocracia»

El economista Nacho Álvarez también ha querido mandar un mensaje a las izquierdas europeas para salvar su situación y hacer frente a la extrema derecha. Álvarez pide que sean capaces de “construir discursos que puedan transmitir la idea de que la seguridad pasa por el cambio”, y en ningún caso la izquierda debe dar a elegir entre seguridad y cambio porque de esa forma no triunfará.

El economista hacía referencia a que «la crisis de la Unión Europea es la crisis de la socialdemocracia» y explicaba la existencia de dos tipos de crisis: una de tinte social y otra política.

El responsable de economía de Podemos explicaba así la crisis de la izquierda : “Buena parte de las sociedades europeas entienden que no solo hay una crisis económica y que la gestión se torna en una suerte de estafa y esto ocurre cuando se visibiliza la ruptura del contrato social.” Alude a dos planos uno nacional y otro supranacional.

En España esta ruptura se visibilizó con el movimiento 15M. En Europa hay una mayoría social “que anhela un cambio” y para ello Álvarez propone que se construya “un frente que se oponga al neoliberalismo de los últimos años”.
La crisis de la izquierda preocupa a los demócratas y por ello Ramoneda opta por “construir una idea de progreso”. Es necesario que la gente tome conciencia “de que lo que está lejano está ya aquí”. Por tanto es importante acortar la distancia mentalmente y que la recuperación «se produzca en el ámbito de las ciudades».

Opinión que comparte Louça quien pide atención para “mirar lo que se puede hacer a corto plazo” y denuncia que «la unión provoca la desunión».

Cierre de los debates de ‘Espacio Público’

Desde la fila cero hubo quien quiso apuntar sus conclusiones. Jaime Pastor afirmó que «la Unión Europea es irreformable». Eddy Sanchez explicó que «la batalla política está en la periferia. Ambos habían participado en los debates de Espacio Público.

Con este coloquio se ha cerrado el debate iniciado en Espacio Público sobre las oportunidades para el cambio en Europa, propuesto por Francisco Louça y la discusión sobre el auge de la extrema derecha que arrancaba con un texto de Josep Ramoneda.

Ambos debates han contado con la intervención de intelectuales y dirigentes como Rosa Regàs, Ska Keller, Marina Albiol, Nick Dearden, Miguel Urban, Carlos Berzosa, Héctor Maravall, Isidor Boix, Julián Ariza, Javier Madrazo, Pere Vilanova, Joan Subirats, Jaime Pastor, Javier Doz, Sabino Cuadra, Daniel Albarracín, Fernando Luengo, Eddy Sánchez, Gabriel Flores…

Ponencia inicial

¿Se abren o se cierran oportunidades para el cambio en Europa?

¿Se abren o se cierran oportunidades para el cambio en Europa?

En las notas que siguen me aproximo a tres temas, con el deseo de fomentar o facilitar la discusión con las lectoras y los lectores de «Público». En primer lugar, recordar las predicciones para el 2016 y como confirmaron casi todo lo peor de lo que podría suceder. En segundo lugar, describo brevemente la post-crisis y efectos de alto riesgo en Europa. Por último, y antes de algunas conclusiones sobre lo que puede cambiar en Europa, una nota sobre los mayores riesgos inmediatos.

Lo que podía ser peor en 2016

A finales de 2015, varias instituciones publicaron sus listas de pesadillas acerca de todo lo peor que podría suceder en el nuevo año. En resumen, tenían tres tipos de riesgos, lo que llaman «cisnes negros» o aquello que es improbable y que, a pesar de serlo, puede incluso ocurrir: el Brexit y la crisis europea; la crisis financiera y degradación económica; y la elección de Trump y crisis de la globalización. Se suponía entonces que estos serían escenarios extremos y poco probables.

La agencia Bloomberg, basándose en encuestas de los principales empresarios, confeccionó entonces un ranking de pesadillas y presentó un cuadro para calcular sus efectos. Las tres peores serían un ataque de Daesh a los oleoductos en Oriente Medio, que empujaría hacia arriba el precio del petróleo, el Brexit y un ciberataque destructivo contra la banca internacional.

La elección de Trump, por el contrario, que pensaban que sólo era posible si Clinton desistía, apenas aparecía en las pesadillas de Bloomberg para 2016. Se consideró que formaba parte de lo casi imposible, pero se suponía que podría provocar una gran incertidumbre que favorecería a la industria militar, un acuerdo con Rusia para una nueva Guerra Fría desplazada hacia el Pacífico y efectos impredecibles sobre el orden internacional. Para la Unión Europea, la pesadilla sería la salida del Reino Unido, el debilitamiento de Merkel y la marcha atrás del Banco Central Europeo en la política de expansión monetaria. En economía, el peor escenario sería un crecimiento débil de China o la aceleración del calentamiento global con efectos peligrosos para la agricultura y el acceso al agua. Otras fuentes de tensión podrían encontrarse en Brasil si Rousseff fuera apartada del poder y en Venezuela si se prolongara la crisis.

Tal como se puede ver, casi todas estas pesadillas se hicieron realidad.
Otra institución que planteó posibles escenarios fue The Economist: el peor, aunque con baja probabilidad, sería la elección de Trump, que desestabilizaría la economía global. La Unión Europea podría fracturarse si el Reino Unido la abandonara, si la crisis de refugiados creara nuevas tensiones internas que afectaran a Merkel y si Grecia fuera empujada a abandonar el euro.

De todo eso ya tenemos bastante, pero podía ser peor. En primer lugar, la crisis europea: muros contra los refugiados y aumento de la xenofobia, la aventura de Cameron con el referéndum británico, la sangría de Grecia… Pero luego vinieron más acontecimientos: el referéndum en Italia con la derrota de Renzi y las elecciones en Austria, que confirmaron la fuerza de la extrema derecha y el desvanecimiento de los partidos tradicionales. Y en 2017 tenemos elecciones francesas, holandesas y alemanas (y quizás italianas). Cada uno de estos procesos sólo puede acentuar la crisis europea.
En segundo lugar, la victoria de Trump. Amenaza inmediata, el repudio del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Pero también hay que mirar hacia el gobierno que se perfila, con el peso de los tiburones de Wall Street y de la industria petrolera, los militares belicistas y la resurrección de los profetas ultraconservadores. Podemos ver lo que se nos viene encima: maná de los dioses para las finanzas y el neoliberalismo emparejado con el autoritarismo, como en sus peores momentos.

Pero existe todavía otra pesadilla que está por llegar: una nueva crisis financiera. La pregunta, por cierto, no es si esta crisis se producirá, sino cuándo se va a producir. El aumento de la volatilidad de los mercados financieros y la acumulación de la deuda son las consecuencias de una política amenazadora: el BCE puso dinero en circulación que revalorizó las acciones pero no impulsó la demanda y en particular la inversión, mientras que las tasas de interés negativas estrecharon los márgenes bancarios y estimularon nuevas operaciones financieras de riesgo, de las que el Deutsche Bank es un ejemplo (el valor nocional de los derivados es superior al valor del PIB mundial). Es decir, nuestro problema mundial son las soluciones al problema.

Al finalizar el año pasado, nos encontramos con una crisis de la demanda mundial y con una escasa capacidad para responder a una recesión, porque los bancos centrales no pueden hacer mucho.

Tomen nota, por favor: el centro del peligro está en Europa, que acumuló los mayores errores durante toda la década y lo pagará ahora con la ‘trumpificaçión’ de su política en Francia y Alemania.

Europa en el torbellino

La anterior crisis financiera, desencadenada por el colapso de las subprime a partir de verano de 2007, fue una oportunidad para cambiar la brújula. En el caso de la Unión Europea, el crash y la prolongada recesión fueron el contexto, la justificación y el motor para realizar mas cambios en los sistemas sociales, sometiendo la disputa social por los salarios a un nuevo mecanismo de control y transferencia de ingresos para el capital.
En crisis anteriores, el mecanismo de ajuste fue la depreciaciación de los salarios a través de la inflación o los aumentos de impuestos, reforzada mediante la depreciación de la moneda. Las políticas fiscales y monetarias se utilizaron para devaluar una parte del capital y sobre todo para devaluar el trabajo, ajustando de esta manera el proceso de acumulación.

En las condiciones actuales, ninguno de estos instrumentos se encuentra disponible, al menos en la zona euro. Así que para este cambio gradual de régimen, el aumento del desempleo estructural se ha convertido en el instrumento más importante para reducir los salarios directos, y el aumento de los impuestos para reducir el salario indirecto. La Figura 1 muestra el aumento del desempleo en la zona euro durante los primeros años de la recesión, y conviene señalar que el resultado agregado oculta los extremos, especialmente el crecimiento exponencial del paro en España, Portugal y Grecia.

Gráfico 1

F: Mark Blyth (2013). Promedio en toda la zona del euro en 2013

Este gráfico, como los siguientes, muestra la evolución durante los años inmediatamente posteriores a la crisis financiera, para dejar claros los factores agravantes de las contradicciones y la posibilidad de haber optado por una alternativa. La verdad es que esto es la historia de un fracaso (o del suceso de la destrucción): ante la crisis que el desempleo pone de manifiesto, se elige la solución de la austeridad, que agrava la crisis. La austeridad siempre fue una «idea peligrosa», tal como señaló Blyth.
Para este análisis, el indicador del desempleo es preferible al del PIB, ya que es más representativo de la evolución de la situación social y no tanto de un efecto de combinación de señales posiblemente contradictorias. Y este indicador describe el proceso de desintegración de las sociedades europeas, en particular de protectorados bajo la política de austeridad: en promedio, en la zona del euro, desde el tiempo de las subprime hasta ahora, el desempleo se ha duplicado.

La justificación para esta corrección ‘austeritária’, que condujo a un aumento del desempleo, fue la insostenibilidad de las deudas soberanas (deudas públicas), alimentadas por un gasto público excesivo e ineficiente. Sin embargo, como se puede ver en los gráficos de Mark Blyth, este es un caso en el que la causa parece ser consecuencia de la consecuencia o en al que la consecuencia parece ser causa de la causa: el aumento del gasto público se produce después de la crisis y no antes crisis.
El Gráfico 2 muestra como creció el peso de las deudas soberanas a lo largo de cuatro décadas, siendo evidente que se estabilizó durante los primeros años del nuevo siglo, para dispararse a continuación con la recesión.

Gráfico 2

F: ibid. Media no ponderada de la deuda soberana promedio de trece países de la OCDE, incluyendo las economías dominantes

Evolución del peso de las deudas soberanas hasta los programas de ajuste en Grecia, Irlanda y Portugal, 1970-2011

Lo mismo ocurrió en cada uno de los países, si se toman por separado. Ocurrió incluso en Alemania: se produjo un aumento del gasto público como respuesta a la depresión y, en consecuencia, el peso de la deuda en el Producto creció significativamente, pasando de cerca del 65% en 2008 al 80% en 2011.

Gráfico 3

F: ibid.

¿El buen ejemplo de Alemania?

La política del gobierno alemán era la misma que la que crítica o impide que se aplique en otros países: amplió la política presupuestaria para estimular la demanda, como respuesta a la crisis. Pero no permite que esto se lleve a cabo en otros países, a los que impone condiciones de austeridad, es decir, de política recesiva para responder a la recesión. En consecuencia, en los países sometidos a rescate y que, no siendo centros financieros, están obligados a pagar un interés excesivo por la financiación en los mercados internacionales, el déficit y la deuda se agravan por efecto de la recesión, al tiempo que aumenta el desempleo y las economías pierden capacidad de producción, o sea, que pierden la capacidad de resolver la crisis recesiva.

Saturno y sus hijos

¿Así que todo lo peor que podía pasar en 2016 llegó a pasar? Calma. Los pronósticos apocalípticos eran un poco exagerados y todavía hemos de ver lo peor. Estas predicciones vinieron de todas partes, es cierto: los adversarios de Brexit anunciaron la catástrofe si el Reino Unido optaba por salir de la Unión Europea, muchas gentes del continente continental suspiraban para que llegara un momento clarificador que iluminara sobre los errores de la institución europea. Y, sin embargo, «los mercados», el termómetro de nuestros días, no dijeron ni mu. No hay recesión en el Reino Unido, ni los capitales huyeron, ni la Unión desbancó..
Lo mismo en Italia. El referéndum se volvió en contra de Renzi y de sus planes de concentración de poder, forzando los resultados de las elecciones (él el primer ministro sin haberse presentado a las elecciones), pero «los mercados» se mantuvieron en lo suyo. En resumen, el Brexit todavía necesitará su tiempo y en Italia no hay aun un tipo de Brexit.

El problema empieza a partir de ahora, porque, como nos dicen, calma, Italia no está por el Brexit, no hay que asustarse, y luego Francia tampoco está por el Brexit, como Italia, Austria es un lugar tranquilo, Holanda no es Francia, Alemania no es Holanda, todos los casos son diferentes y todos tienen el mismo problema. Eso significa que tenemos el peor de los problemas: la Unión, como Saturno, quiere devorar a sus hijos. Calma, por lo tanto, pero atención, porque hay que tener en cuenta que la cosa está peor incluso de lo que parece.

Se fue Cameron y se fue Renzi. Hay que tener en cuenta la coincidencia: ambos tenían amplia mayoría parlamentaria. No les fallaron las instituciones, fue el pueblo, hasta el punto de que, confundidos en el intento cesarista de un referéndum, se embarcaron en ambos casos en juegos políticos que precipitaron su caída. Hollande también se va y probablemente Dijsselbloem también se irá, o quien lo sostiene, y vamos a ver quién más. Saturno va tras todos sus hijos, metódico y voraz, mientras los creadores de las normas europeas y sus líderes van creando vacíos a su alrededor.

De hecho, la UE no tiene un liderazgo convincente. Tiene una jefatura autoritaria, pero renuente y postrada, Merkel, que, tras el fracaso del acuerdo con Turquía sobre los refugiados, se retiró para estar pendiente de sus elecciones (tal como se ha recordado, en Europa no se hará nada hasta octubre de 2017, cuando en Alemania vayan a las urnas y poca cosa se hará de manera diferente a partir de entonces, ya que la correlación de fuerzas será todavía peor). La UE también tiene también bomberos pirómanos en los países del Este, celebra cumbres «refundadoras» cada semestre, genera discursos inconexos y, en ausencia de cualquier otra cosa, elabora llamamientos a los «valores» para conmover a los creyentes. En esencia, no sabe qué hacer y no hace nada.

En esta parálisis, el peligro es Saturno, que devora a los gobernantes, les conduce a la irrelevancia y deja pasar el tiempo. Perdida la capacidad de responder a escala nacional a la crisis económica, se vuelven rehenes de las agencias de calificación; renunciando a la democracia parlamentaria para votar los presupuestos, resuelven con reglas sin legitimidad; reducen la política al arte de la espera de un milagro y quedan reducidos a espectáculo. Y el espectáculo no es suficiente para entretener durante todo el día.

Es por eso por lo que debe asustarnos la calma de los «mercados» en Italia y en el Reino Unido. La prolongación de la agonía de una recuperación mediocre que deja a los jóvenes en el desempleo, hacer la vista gorda a las guerras del petróleo y los muros contra sus refugiados, son las opciones que agravan las divisiones, la desconfianza y la corrosión social, es decir, esto si que es el trabajo de Saturno.

La Unión se destruye por dentro, porque es divergencia y no es Unión. En otras palabras, la calma Europea es solamente miedo. Miedo a que se necesite inyectar rápidamente varios miles de millones en el banco Monte dei Paschi di Siena (Nota: esto fue escrito a mediados de diciembre, antes de la decisión sobre el Monte), miedo de que venga después Unicredit, miedo lo que pueda dar de sí el Deutsche Bank, el miedo al dominó.

Pero, sobre todo, Europa tiene miedo de todas las elecciones. Es esto lo que se viene abajo. La diferencia es la siguiente: ya estuvieron Berlusconi y Sarkozy en el Consejo Europeo, como Trumps avant la lettre, la cosa iba bien desde los tratados si pusieran en pie para hacer cumplir las reglas del euro; ahora el virus de la desconfianza rompe esquemas, descompone a los partidos de la postguerra, se convierte en un calvario de desmantelamiento. Es la obra de Saturno.

Conclusiones para la política

Esto me permite presentar seis conclusiones, mediante revisando los argumentos aquí compilados y sugiriendo otros para el debate.
La primera es que las crisis forman parte del pulso del capitalismo, aunque en las últimas dos décadas las burbujas especulativas hayan tenido mayor volumen e impacto como resultado de la globalización y la liberalización financiera.

La segunda es que esta combinación de acumulación de dificultades por medio de la extracción de los ingresos financieros ha creado un proceso de endeudamiento insostenible, que condujo a la crisis de las subprime de 2007 y a la recesión de 2008, después de un largo período recesivo.

La tercera es que este proceso de endeudamiento se vio alimentado por la creciente desigualdad que, al igual que en la década anterior a la primera depresión (1929), estimuló la transferencia de ingresos de los trabajadores y pensionistas hacia las finanzas, primero a través de la deuda privada y luego de la deuda pública.

La cuarta es que la política de austeridad orientada hacia el aumento del desempleo tiene un efecto estratégico: debilitar el poder de negociación de los trabajadores y de los movimientos sociales y obtener la privatización los bienes públicos esenciales, y se diferencia así de las políticas de respuesta a la primera gran depresión, con las que se procuraba aumentar la inversión para crear puestos de trabajo.

La quinta conclusión es que la recesión y austeridad generan el espiral de la deuda, por lo que la austeridad es la causa más que la cura de la depresión. La austeridad es además una idea peligrosa. Para responder a la depresión es preciso poner fin a la austeridad y, por lo tanto, la reestructuración de las deudas.

La sexta conclusión es que para reestructurar las deudas es preciso abandonar el euro e imponer y reconvertir la deuda en la nueva moneda nacional, devaluada para promover la sustitución de importaciones y mejorar los saldos comerciales y, sobre todo, permitindo asi la emisión monetaria y, por tanto, dejar de depender de la financiación a través de los mercados financieros, recuperando un banco central nacional. Después de la experiencia del gobierno griego, no es posible que la izquierda siga fomentando la ilusión de que la Unión Europea permite una negociación amable para un acuerdo que salve las economías endeudadas. Si Grecia ha enseñado algo ha sido que el castigo político y la destrucción de un país serán los instrumentos de la Comisión y del BCE para garantizar la protección de los acreedores y las rentas perpetuas para apoyar la financiación.

El centro y la izquierda en la evolución europea

Con la actual correlación de fuerzas y con la polarización política que la victoria de Trump acentúa, la pregunta más difícil de responder es si las izquierdas pueden protagonizar la alternativa. Deben hacerlo, en todo caso. Como que la Unión es la divergencia, caminará hacia la descomposición o recomposición y, si los movimientos populares no tienen la capacidad de determinar las políticas, estos serán los primeros objetivos del populismo y de las instituciones que lo instigan. Así, la recuperación de la iniciativa por parte de los movimientos populares significa la movilización de las mayorías que, en este contexto de desintegración, puede levantar al mismo tiempo la legitimidad democrática (y por lo tanto las identidades de los estados-nación, que son el único sostén de la democracia) y un proyecto de lucha por el pleno empleo (y, por tanto, la reestructuración de la deuda con la salida del euro y la nacionalización de los bancos).

¿Puede esta mayoría hacerse con el centro? No puede, o al menos no se puede hacer de forma estable de tal manera que responda a la crisis europea. El centro está desapareciendo, porque los partidos socialistas, al igual que otras formaciones, fueron absorbidos por la doble idea del predominio de las finanzas (que es el modo de reproducción social de la élite) y la idolatría del neoliberalismo (que es la ideología autoidentificadora y constitucional de la UE). En casi todos los países, empezando por Alemania, los líderes del PS forman parte de los engranajes de la máquina de justificación de la austeridad, la privatización y la desregulación. El discurso sobre los «valores» de Europa se ha convertido en el mantra que unifica a las élites gobernantes y que preside su educación y reproducción, sin admitir excepciones ni disensiones.

La doctrina y las reglas de la libertad de circulación de capitales, que destruye la posibilidad de que las políticas de expansión de la demanda o de reorganización de la oferta y de los sistemas de producción, es el dogma que se escribe en los tratados europeos, blindados a alteraciones que puedan favorecer políticas anti-cíclicas. En otras palabras, la Unión Europea sólo reconoce las políticas destructivas para responder a una recesión y sólo se reconoce en el discurso que las ensalza.

Es cierto que ha habido algunas excepciones en el campo de los partidos socialistas en los últimos tiempos: la revuelta de las bases del Partidos Laborista contra Blairismo con la elección y reelección de Corbyn, y la aceptación por parte del PS portugués de un acuerdo con la izquierda, en contra de toda su historia. Estos casos muestran que las políticas de izquierdas tienen que encontrar caminos unitarios, siempre que se puedan medir en logros sociales importantes, que se contrapongan a la cultura de sumisión a la austeridad. Si el nuevo gobierno portugués aumenta el salario mínimo a pesar de la ira de la patronal y de la presión europea, si se compromete a no privatizar y a dar marcha atrás todo lo posible en esa política a pesar de las presiones internacionales, a reducir los impuestos sobre el trabajo y a reequilibrar el sistema fiscal en detrimento de los grandes patrimonios, si se incrementan las pensiones y se recupera los salarios recortados durante el período de la troika, entonces eso ayudaría a recomponer la correlación de fuerzas. Así que hay que poner mucha atención en el contenido específico de la política y la responsabilidad de luchar por nuestra gente.

Pero éstas son excepciones creadas por las circunstancias. En Alemania, el SPD es parte de la mayoría Merkel; y tanto Gabriel como Schauble se alinean en el ataque contra Grecia. En España o en Francia, el centro se va fragmentando por haber seguido la orientación que criticó y contra la que prometía ofrecer una alternativa.

El centro vive bajo una amenaza. La amenaza es su propia ortodoxia neoliberal y, en particular, el riesgo de una próxima crisis financiera que acentúa la agresión económica neoliberal, es decir, la trumpificación de la política europea. Mediante la adopción de políticas neoliberales, el centro ha dado la victoria a la derecha en casi todos los países y, después de diez años de recesión y estancamiento, la situación social y la capacidad de respuesta es disminuida por la austeridad. Europa está menos preparada para responder a una nueva crisis: los bancos centrales no pueden actuar con impacto rápido (los tipos de interés ya no pueden bajar), el desempleo es mayor que en cualquier período anterior a las recesiones pasadas, y la vulnerabilidad social es más pronunciada. La desigualdad, que es el nombre de la explotación en la sociedad de clases, es ahora mayor que antes de la crisis de 2007-2008. Conclusión: una nueva crisis financiera provocará políticas sociales más duras y continuará destruyendo el centro.
Europa está cambiando, sí, pero sus instituciones forman parte de esta deriva hacia la derecha. La UE se ha convertido en una máquina para la hegemonía de la derecha, su agenda se reduce a la política neoliberal y aplica únicamente la vieja solución: búsqueda de más valor absoluto, más tiempo de trabajo, con menores salarios y pensiones más bajas, menor salario indirecto (escuela, salud, políticas sociales) y más sumisión.
A los analistas y lectores, una nota: no hay que olvidar nunca lo esencial. Todo lo que está en juego es la distribución de lo que se produce.

A los militantes de izquierda, sólo un consejo: no piensen que la música que sonará será la misma de siempre. La historia comienza como farsa puede terminar como tragedia. Todo depende de quién esté y de lo que hagamos.

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • Teresa Gómez

Conclusión del debate

El cambio que necesita Europa para que la gente se sienta segura

Europa está en crisis y la izquierda europea no es capaz de dar respuesta. Cuando la izquierda no encuentra la respuesta «la extrema derecha es el plan del B del sistema». Este fue el debate que se puso sobre la mesa este miércoles en el coloquio organizado por Espacio Público. Existe una mayoría social que anhela un cambio, en cambio la izquierda europea está en crisis y esto lo está aprovechando la extrema derecha.

En un debate organizado por Espacio Público, la política y exministra socialista Cristina Narbona, el economista y miembro del Consejo de Estado de Portugal Bloco de Esquerda, Francisco Louça, la antropóloga y activista ecofeminista Yayo Herrero, el periodista Josep Ramoneda y el economista Nacho Álvarez han reflexionado este miércoles sobre el auge de la extrema derecha y las oportunidades para el cambio en Europa. El debate ha sido moderado por la directora de Público, Ana Pardo de Vera.

Europa necesita el cambio, pero ¿de qué forma puede hacerlo? Hay puntos de intersección sobre las crisis europeas. Hay quienes proponen promover el cambio a través de las instituciones y quienes piensan que lo mejor es acabar con Europa y empezar de nuevo.

La extrema derecha en Europa

«El problema al que vamos a asistir es que una parte de la derecha clásica se acerca a la extrema derecha que tratará de homologarse”, explicaba el periodista Josep Ramoneda. Ramoneda ha explicado que a la izquierda social demócrata le está costando encontrar las claves para responder a las inquietudes de la ciudadanía. A día de hoy hay un malestar profundo y la extrema derecha se está convirtiendo en la consecuencia final de “una fantasía”.

Marine Le Pen es ejemplo de ello. Ramoneda explica lo siguiente: «Ha habido una evolución del discurso de Le Pen, pasó de un discurso de mujer moderna con dos demonios: Europa y el islam. Al mismo tiempo en el seno de su partido estaba su sobrina, quien representa un núcleo ideológico muy duro, muy católico, integrista y conservador. Esta mezcla ha hecho posible que la capacidad de atracción fuese importante».

A día de hoy, y en opinión del escritor, “la diferencia entre fascismo, derecha y extrema derecha se está acortando”. Por este motivo Ramoneda llama a recuperar la idea del progreso con una perspectiva de futuro ya que alerta de que “la extrema derecha es el plan B del sistema”.

El periodista explica que la extrema derecha ha aspirado más que la extrema izquierda y que a esto se le ha llamado «populismo». Un término al que Ramoneda se niega utilizar. Considera que «no es una categoría que explica sino que es una categoría que etiqueta. Solo quiere decir que ‘estos señores no son aceptables para gobernar en el régimen en el que vivimos’, y por tanto no me interesa como categoría».

Las democracias liberales están en crisis y parecen no tener respuesta al movimiento de extrema derecha europeo. En cambio esta situación en Portugal es diferente.

El caso portugués

Francisco Louça, dirigente del Bloco de Esquerda en Portugal alerta: “Todas las sociedades europeas tienen miedo de las decisiones en Europa, eso quiere decir que se tiene miedo a la solución que se basa en la democracia”. En el país vecino la extrema derecha no tiene significado y esto, según explica Louça, se debe a que en Portugal la democracia surge de la revolución y con la derrota de la dictadura se desplaza a la política. En Portugal “la mayor amenaza es lo que ocurre en Europa”.

Además, Louça advierte de que en Europa se está utilizando la amenaza “para justificar un paso que no se había dado hasta ahora” y es el de “limitar las libertades y favorecer la militarización”.

El político portugués llama a “mirar con atención a la extrema derecha europea”, aunque afirma que a pesar de ser una gran “amenaza” existen problemas más terribles en nuestro continente.

Louça alude a la economía para tratar la crisis europea. «Pensar que el desarrollo del capitalismo europeo es el resultado histórico inevitable tiene una idea por detrás del contrato social europeo, una solución socialdemócrata. Habría una forma de democratizar europea».
Además, afirma que dar un paso más a la reconstrucción «es peligroso». El cambio del capitalismo provoca la supremacía de las finanzas.
Louça explica que la única forma de encontrar una solución a la moneda europea pasa «por la devaluación», es decir «reducir salarios y pensiones». El economista portugués alude al caso de Grecia y afirma que «solo se pueden discutir soluciones basándonos en el caso de Grecia».

Asimismo, explica el término de varias velocidades: «Todos los gobiernos dicen que estarán en la primera velocidad, y esto es solo publicidad. La única razón política es que nadie sabe que son varias velocidades». Francisco Louça concluye que «el cambio necesario está en la correlación de fuerzas democráticas».

«Si la izquierda no lo evita triunfará la tecnocracia»

Cristina Narbona también quiso dar su punto de vista sobre la situación de la extrema derecha en Europa. “El mundo a día de hoy se enfrenta a una crisis social y ecológica y debe ser la izquierda la que ponga los límites”, de esta forma analizaba la situación europea la militante socialista.

La exministra de Medio Ambiente considera que el mundo se enfrenta a una fuerza civilizadora y que “si la izquierda no lo evita triunfará la tecnocracia conservadora que conducirá al colapso”. Solo podrá forzar un cambio las alianzas progresistas que surjan en cada país. “Debemos insertar en nuestro debate la evolución del proyecto europeo y cómo cambiarlo, algo que solo podrá cambiar con una alianza de fuerzas progresistas”.

La militante socialista considera que en España se está iniciando “un nuevo tiempo político que sirva para crear un espacio positivo de consenso”. A pesar de ello alerta del auge de la extrema derecha y pide “una vacuna contra los pliegos de la extrema derecha”. Considera que la única vacuna posible contra las posiciones conservadoras es “una revisión del contrato capital-trabajo para poder construir un nuevo contrato que persiga un progreso más justo, seguro y duradero”.

Narbona considera necesario insertar «nuestro debate en la evolución del proyecto europeo y en cómo puede cambiar. Solo puede cambiar con una alianza de fuerzas progresistas. Esto se debe empezar a construir en el ámbito de cada país y en España estamos en el inicio de un nuevo tiempo político que sirva para crear una espacio positivo de consenso.»

Además, Narbona, ya en el plano económico, reconoció que la reforma del artículo 135 de la Constitución «era un error» ya que «obligaba a respetar los límites». Hasta 2011 la Constitución reconocía lo siguiente: «El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito», es decir, el artículo facultaba al Gobierno para emitir deuda pública y así financiarse. En cambio tras la reforma el artículo se amplió a cinco puntos y ponía tope al gasto del Estado y a la exigencia de pagar la deuda pública antes que nada.

Narbona considera que se debe producir de otra manera y aspira a soluciones «supranacionales». Sus argumentos coinciden en este plano con los de Yayo Herrero.

Un progreso «más justo»

Un progreso más justo también lo reclamaba la activista ecofeminista Yayo Herrero. Yayo denuncia que “dentro de nuestro modelo económico solo se ve lo productivo y no se ven las necesidades humanas”. Las sociedades creen “en la economía y no en quien las sostiene”.

La antropóloga denuncia que las rentas de trabajo bajas no mantienen el modelo económico. A Herrero le preocupa el incremento del PIB y considera necesario tener en cuenta el «cómo, quién y para qué» se produce.
Además, explica que existen rentas bajas «porque no se puede mantener el crecimiento». De esta forma critica que se impidan la llegada de recursos naturales.

Yayo alude al discurso homófobo de Le Pen de “no cabemos todos” para denunciar que con este argumento la líder de la ultraderecha francesa es capaz de proporcionar un discurso “más creíble y fundamentado” y ahí radica el problema actual de Europa. “El sostenimiento de este modelo requiere que haya otras personas excluidas y por eso el sur de Europa tiende a la expulsión de los focos”.

Herrero apela a la necesidad que tienen las izquierdas «de hacer propuestas creíbles” ya que hasta que no los hagan “no tomarán tierra”. La activista incide en los datos y rechaza «considerarlo catastrofismo», cree que las políticas deben gestionar la demanda. Considera que «la izquierda tiene que tomar tierra».

Yayo Herrero debatió con Josep Ramoneda sobre la posible solución de Europa. Mientras que el político explicaba que aludir al catastrofismo no era la solución, y se resistía al aquí no acabemos todos y «se debía debatir» porque imponía el «miedo y la inseguridad». Ramoneda afirmaba entender que «una de las urgencias principales es reconocer que los miedos y las inseguridades son fundadas y por tanto hay que construir sobre ellas.» Yayo explicaba que estos eran los datos. La activista ecofeminista aludía a la huella ecológica para defender sus argumentos.

Herrero defendió que «si toda la población del planeta viviese como la vida de una persona nos harían falta 3 planetas. Desde los años 80 los rendimientos del trabajo han ido descendiendo y lo que ha ido subiendo son rentas financieras. Las rentas del trabajo bajan porque no hay condiciones materiales que sostengan el modelo de crecimiento»

«La crisis de la UE es la crisis de la socialdemocracia»

El economista Nacho Álvarez también ha querido mandar un mensaje a las izquierdas europeas para salvar su situación y hacer frente a la extrema derecha. Álvarez pide que sean capaces de “construir discursos que puedan transmitir la idea de que la seguridad pasa por el cambio”, y en ningún caso la izquierda debe dar a elegir entre seguridad y cambio porque de esa forma no triunfará.

El economista hacía referencia a que «la crisis de la Unión Europea es la crisis de la socialdemocracia» y explicaba la existencia de dos tipos de crisis: una de tinte social y otra política.

El responsable de economía de Podemos explicaba así la crisis de la izquierda : “Buena parte de las sociedades europeas entienden que no solo hay una crisis económica y que la gestión se torna en una suerte de estafa y esto ocurre cuando se visibiliza la ruptura del contrato social.” Alude a dos planos uno nacional y otro supranacional.

En España esta ruptura se visibilizó con el movimiento 15M. En Europa hay una mayoría social “que anhela un cambio” y para ello Álvarez propone que se construya “un frente que se oponga al neoliberalismo de los últimos años”.
La crisis de la izquierda preocupa a los demócratas y por ello Ramoneda opta por “construir una idea de progreso”. Es necesario que la gente tome conciencia “de que lo que está lejano está ya aquí”. Por tanto es importante acortar la distancia mentalmente y que la recuperación «se produzca en el ámbito de las ciudades».

Opinión que comparte Louça quien pide atención para “mirar lo que se puede hacer a corto plazo” y denuncia que «la unión provoca la desunión».

Cierre de los debates de ‘Espacio Público’

Desde la fila cero hubo quien quiso apuntar sus conclusiones. Jaime Pastor afirmó que «la Unión Europea es irreformable». Eddy Sanchez explicó que «la batalla política está en la periferia. Ambos habían participado en los debates de Espacio Público.

Con este coloquio se ha cerrado el debate iniciado en Espacio Público sobre las oportunidades para el cambio en Europa, propuesto por Francisco Louça y la discusión sobre el auge de la extrema derecha que arrancaba con un texto de Josep Ramoneda.

Ambos debates han contado con la intervención de intelectuales y dirigentes como Rosa Regàs, Ska Keller, Marina Albiol, Nick Dearden, Miguel Urban, Carlos Berzosa, Héctor Maravall, Isidor Boix, Julián Ariza, Javier Madrazo, Pere Vilanova, Joan Subirats, Jaime Pastor, Javier Doz, Sabino Cuadra, Daniel Albarracín, Fernando Luengo, Eddy Sánchez, Gabriel Flores…

Ponencia inicial

El ascenso de la extrema derecha en Europa

El ascenso de la extrema derecha en Europa

Notas sobre el auge de la extrema derecha en Europa

1.- La extrema derecha no es el fascismo, aunque en algunas cosas se le parezca. Podríamos decir al modo de Emmanuel Terray que la extrema derecha “se mueve en el espacio intermedio que separa a la derecha clásica del fascismo”. Si en la derecha hay siempre una pulsión a favor del orden establecido, no es el caso del fascismo que pretende la construcción de un Estado nuevo, que alienta a las masas contra las élites, que cree en la violencia y en la guerra como estado superior de la realización humana y que hace del vínculo directo entre el líder y las masas la forma suprema de la política.

No hace falta recordar que para Carl Schmitt el estado nazi y el estado bolchevique tenían una cosa común: era las dos formas de estado modernas. Esto no significa que no haya espacios de proximidad entre la extrema derecha y el fascismo. Buena parte del programa –sobre todo por lo que hace a la exaltación nacional, la defensa de una identidad excluyente conceptualmente cercana a la idea de raza y a la identificación pueblo patria- es compartida.La derecha democrática se mueve actualmente entre los parámetros del llamado neoliberalismo económico y el conservadurismo social.

Los neoliberales ponen el acento en la desregulación de la economía, en el papel ancilar de la política supeditada a las exigencias del poder financiero global, en el cosmopolitismo, en la globalización sin fronteras, en la prioridad del crecimiento y del beneficio empresarial sobre la redistribución y la cohesión social. Aunque el crecimiento de momento sólo beneficie a unos pocos, a la larga acabará reportando beneficios a todos, como el agua que cae del cielo.

El escritor suizo Jonas Luescher bautizó este argumento como teoría del estiércol de caballo: “Cuanta más avena demos al caballo, más abundante será su producción de excrementos y los pajarillos tendrán más para comer”. Apoteosis de la idea de desigualdad y del desprecio del neoliberalismo por el común de los mortales. El conservadurismo apuesta por la continuidad, por la tradición, por los valores cristianos, por el orden por el marco patriótico y nacional. Ambas concepciones raramente se dan en estado puro, y más bien se han ido acoplando en la medida en que el neoliberalismo marca los límites de la gobernanza económica y el conservadurismo aporta la cobertura política, para hacer más llevaderas las incertidumbres que el proceso de globalización genera en los ciudadanos.

François Fillon es un ejemplo casi perfecto de ello: él mismo se presenta como liberal en lo económico y radical conservador en la tradición de la derecha católica francesa.En este contexto, la extrema derecha representa la radicalización de los valores conservadores para encuadrar a unas clases medias y populares que se sienten abandonadas e indefensas. Los valores fundamentales son compartidos: orden, autoridad, jerarquía, desigualdad, defensa de las instituciones, nacionalismo fundamental, prioridad a los nacionales, lo que vería es el nivel de intensidad. Volviendo a Emmanuel Terray: “Si la derecha clásica sólo admite la violencia si se ejerce en los límites fijados por la ley; la derecha extrema la contempla como un medio entre otros, a utilizar en función de las circunstancias”. Y así el rechazo al extranjero se convierte en xenofobia, el patriotismo en nacionalismo identitario y chauvinismo, la lucha antiterrorista en guerra al Islam, la autoridad en autoritarismo.

Y una última precisión conceptual: hay que abandonar la inflación de palabras usadas con intencionalidad política, ya que nada significan: no aportan conocimiento sino confusión; no sirven para entender sino para fomentar la ignorancia. La razón de su uso es estrictamente descalificatoria. Simplemente, se trata de colocar una etiqueta al adversario que le marque como excluido. Me refiero especialmente a populismo y antisistema. Y ahora está entrando en escena una tercera que camina rápidamente hacia este papel de gadget ideológico para todos los servicios: posverdad.A juzgar por los discursos oficiales, Marine Le Pen, Trump, los Grillini, el independentismo catalán y Podemos tienen en común que son populistas y antisistema. Magnífico recurso para descalificar a todo aquello que desborda los estrictos límites del monopolio tradicional del poder, sin aportar información ni conocimiento alguno. Lo único que une a cosas tan dispares es que son diferentes expresiones al malestar generado por los estragos provocados por los años nihilistas en que se creyó que todo era posible, que no había límites al capitalismo, que acabaron con la crisis de 2008, y por la gestión que de ella hicieron los gobiernos conservadores y socialdemócratas.

Pero la extrema derecha, ya sea en su versión norteamericana –Trump- o en su versión francesa –Le Pen- no tiene nada de antisistema, al contrario, es el plan B autoritario del sistema, y el independentismo catalán será anticonstitucional pero sumamente respetuoso con el sistema económico y social.Igualmente, populismo es una palabra que atrapa todo, que ya no significa nada. Sus definiciones más solventes son dos: hacer promesas a la ciudadanía a sabiendas que no podrán ser cumplidas. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nada se ajusta tanto a esta definición como la campaña electoral de Rajoy de 2011. La otra definición gira en torno a la conversión del pueblo en sujeto político de cambio, bajo liderazgos personales fuertes. Pero el pueblo es un concepto demasiado amplio, que sólo adquiere sentido desde la pluralidad que lo constituye. Algunos dirigentes de Podemos han hecho suya la idea de populismo, para identificar la construcción de un nuevo relato de base popular. Pero que poco tiene que ver con el uso descalificativo que se hace del término populismo, y con los otros movimientos identificados como tales. En cuanto a la posverdad -`presentar como novedad la apelación a los sentimientos y a las emociones en política’-, me parece ridículo. La novedad es que la viralización de las mentiras las convierte en verdades con grandes dificultades para combatirlas. Para revisar el crecimiento de la extrema derecha en Europa hay que despojarse de estos tópicos.

2.- En general, toda Europa viene sufriendo un desplazamiento a la derecha desde los años 80. La inseminación de la derecha clásica por el llamado neoliberalismo, que ha dado lugar a una síntesis a menudo llamada neoconservadurismo, en un contexto de inseguridad e incertidumbre creciente; y la incapacidad de la izquierda para dar respuesta al desamparo de las clases medias y populares hundidas por la crisis, ha dejado espacio libre al crecimiento de la extrema derecha en Europa. La derecha clásica ha sido radical en las devastadoras políticas económicas, pero discreta y prudente en el discurso público. Y la extrema derecha, sin complejos a la hora de levantar la voz, ha canalizado las iras de muchos sectores. Y ha conseguido arrastrar a buena parte de la derecha –e incluso a la izquierda en algunos casos- para hacer su propia agenda.La extrema derecha se nutre de las crisis de las clases medias. Como ha descrito Marina Subirats, desde los años 90 se fue construyendo la ilusión de que toda la sociedad era una inmensa clase media, con unos pocos ricos en la parte de arriba de la pirámide que habían optado por la secesión, y unos sectores marginales, casi invisibles, por la parte de abajo. Unos compraban en Zara y otros incluso en Louis Vuitton pero la quimera de la felicidad estaba construida con los mismos mimbres mentales del consumismo de masas. Esta ilusión se quebró con la crisis de 2008 que rompió a las clases medias por la mitad. Los que conservaron el empleo y pudieron mantener su trabajo profesional, favorecidos por la caída de la inflación, pudieron trampear la crisis razonablemente, pero se sintieron asediados por una de los sentimientos que más rápidamente se propagan en las clases medias: el miedo.

Los que perdieron posición y se encontraron ante un abismo que creían ya superado para siempre, entraron en el desconcierto y la angustia. Y muchos de ellos abandonaron a los partidos en los que habían confiado al sentirse traicionados y se dejaron llevar por el rechazo a la política o por las promesas de redención comunitarista que ofrecía el discurso duro de la extrema derecha. La izquierda vio cómo su propio electorado se iba al otro lado del espectro. Y la derecha, pero también la socialdemocracia, optaron por el mimetismo de la extrema derecha: seguridad, xenofobia y miedo, con lo cual no hicieron más que reforzarla.3.- La ciudadanía, en su desamparo, necesitaba chivos expiatorios: los encontró en los inmigrantes y en las élites. La crisis de los refugiados –a la que Ángela Merkel intentó inicialmente responder con franqueza, pero acabó acomodándose al estado general de opinión- reforzó el discurso contra los extranjeros, convirtiendo a los nacionales en víctimas y presentando a los inmigrantes como privilegiados que nos roban bienes y derechos.

Desde esta perspectiva se han ido desplegando todos los tópicos del discurso de extrema derecha: excepción nacional, antieuropeísmo, repliegue identitario, prioridad a los autóctonos, comunitarismo, rechazo a la diversidad cultural. Los atentados del terrorismo yihaidista han reforzado el rechazo al extranjero, convirtiendo a los musulmanes en principal chivo expiatorio.El complemento ideológico de la extrema derecha es el discurso antiélites, que les permite presentarse como lo que no son: una alternativa al sistema. En realidad, la extrema derecha es el plan B del sistema: la vía más directa hacia el autoritarismo posdemocrático. Pero se trata de capitalizar la reacción de la ciudadanía contra unas clases dirigentes y contra una clase política que, escondida detrás del discurso de los expertos, se ha ido alejando de la ciudadanía y desconectando de ella. Y para ello se presenta como personas ajenas a los que mandan, cercanas al pueblo y parte de él. Autenticidad popular como fondo de legitimación: somos como todos. El discurso antiélites es también una respuesta a una política que está transformando la democracia por la vía de la transferencia de la soberanía hacia la aristocracia de los expertos. Es decir, hacia la liquidación de la democracia liberal.4.- La derechización de Europa debilita enormemente los valores de las grandes tradiciones liberales y republicanas europeas. Como si la enorme inundación producida por la globalización, que siguió a la caída del muro de Berlín, siguiera todavía activa. Primero, se llevó por delante al comunismo, después a la socialdemocracia, ahora tocaría al liberalismo.

La razón crítica, la conciencia universal expresada en el imperativo categórico kantiano, la idea de humanidad como portadora de derechos básicos de todas las personas, las libertades civiles, se sienten amenazadas. Y el principio republicano es reemplazado por un comunitarismo de la peor especie. Y lo grave de la situación es que la derecha abandona el liberalismo ideológico –que no el económico- para hacer suya la agenda de la extrema derecha. Lo hemos visto en Francia donde la derecha católica, tradicional y conservadora ha desplazado al más liberal de los candidatos de las primarias, Alain Juppé, a favor del neoconservadurismo de François Fillon. Y no olvidemos que la derecha española ha sido pionera en este sentido. Mariano Rajoy intentó imponer una contrarreforma en los primeros años de su mandato. El presidente quiso demostrar que la derecha había recuperado el poder sin complejos, y puso en acción al arsenal católico, conservador y centralizador. Desde la impunidad de la mayoría absoluta, implementó tres proyectos estrella que encargó a los tres ministros con más carga ideológica del Gobierno: la ley de Educación de Wert, la ley Mordaza de Fernández Díaz, y la del Aborto, en manos de Alberto Ruiz Gallardón. La propina fue la reforma laboral. Los tres ministros ya no están, sacrificados a mayor gloria del presidente. La reforma del aborto quedó en intento. La Lomce ya ha decaído, envuelta en una promesa de pacto sobre la educación. Y la ley Mordaza está en el punto de mira de la oposición. España resiste, en parte porque la reacción contra la crisis nihilista ha venido de la izquierda y no de la extrema derecha.

moderado por:

  • Eddy Sánchez

    Profesor de Ciencias Políticas de la UCM y Director de la Fundación de Investigaciones Marxistas

  • Ana Barba

    Portavoz de Ganemos Madrid y activista de Colectivo Burbuja

Conclusión del debate

El pasado noviembre de 2016 Espacio Púbico y CTXT iniciaron un debate inédito en los medios de comunicación, no solo españoles, sino europeos. A una década del comienzo de una de las crisis económicas más profundas desde el crack de 1929, los debates, cuando se han tenido, han girado sobre la idea de reformar el capitalismo; sin embargo, desde Espacio Público hemos decidido preguntarnos sobre el socialismo.

Conscientes de que el verdadero poder consiste en lograr que no se hable de lo que no interesa a quienes lo detentan, el economista y sindicalista Bruno Estrada elaboró el guión sobre el que se desarrolló el debate, moderado por Ana Barba, Portavoz de Ganemos Madrid y por Eddy Sánchez, Profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.

Durante tres meses y a través de treinta intervenciones, académicos, militantes de todas las izquierdas, activistas de movimientos sociales, sindicalistas y periodistas desarrollaron uno de los debates políticos más intensos dirigidos a responder a una pregunta: qué entendemos por socialismo hoy.

El socialismo hoy nace ante la evidencia de pensar en términos estratégicos, atendiendo a la necesidad de poner la mirada en las dinámicas de fondo que recorren nuestras sociedades y la incertidumbre de encontrarnos, ante una gran transición geopolítica y de los modos en que se ha organizado nuestra sociedad y formas de trabajar.

Movimientos de fondo que se profundizarán ante los escenarios que se mueven, entre el énfasis en una economía global en que el capital cada vez tendrá menos impedimentos para circular por el mundo y las reacciones y resistencias que genera.

La expansión de la globalización económica ha resucitado no solo expresiones de identidades étnicas y locales, sino que ha resucitado al gran sujeto a través del cual el socialismo ha desarrollado sus estrategias a lo largo del siglo XX: el poder del Estado.

Durante esta década de crisis han surgido movimientos sociales que han ido construyendo dinámicas de movilización con el objetivo de enfrentarse a los expolios originados por la movilidad del capital, que ven en el Estado la principal estructura de oportunidad para las formas de actividad política de dichos movimientos.

El objetivo de democratizar la economía aparece de nuevo como la estrategia más adecuada para emprender planes de cambios sociales radicales, algo que fue compartido por las estrategias socialistas y socialdemócratas del pasado siglo.

La idea sobre el declive de los Estados territoriales y su necesaria recuperación o no, la necesidad de elaborar estrategias globales que superen el “repliegue” hacia el Estado-nación, la participación de los trabajadores en la gestión y el capital de las empresas, la cuestión del trabajo y del sujeto de cambio sustentado sobre el trabajo o la concepción del cambio social sobre la idea del desarrollo en términos de atraso-modernidad o la constatación de su necesaria superación, son parte de los ejes de un debate al que invitamos a profundizar.

Finalizamos este debate con un acto el próximo martes 21 de febrero a las 12h en la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la Universidad Complutense.

Ponencia inicial

El socialismo de este siglo

El socialismo de este siglo

El verdadero poder consiste en lograr que no se hable de lo que no interesa a quienes lo detentan. Hace nueve años estalló la mayor crisis financiera, económica y social de los últimos ochenta años, ocasionada por una creciente desregulación de los mercados financieros a escala global y por la creciente concentración de capital vivida en las últimas décadas en muy pocas manos, como nos muestra Piketty, una crisis que por su magnitud solo es comparable con el Crac de 1929 y, sin embargo, la palabra socialismo está ausente del debate político. Curioso.

Desde tiempos inmemoriales se han producido movimientos de protesta contra los privilegiados. Los bagaudas eran tropas de campesinos sin tierra que lucharon contra los latifundistas patricios y las legiones que los protegían en las postrimerías del Bajo Imperio romano. La rebelión armada de más de trescientos mil campesinos alemanes que se inició en 1525, la movilización social más importante de Europa antes de la Revolución Francesa, ponía en cuestión la gran concentración de tierras y riqueza de la que gozaban los príncipes de la Iglesia católica. Thomas Müntzer, uno de sus principales líderes, incluso pregonaba que todos los cristianos debían tener las mismas propiedades y que, por tanto, se debía abolir la propiedad privada y repartir todos los bienes de la Iglesia entre los integrantes de la comunidad cristiana.

Pero el concepto político del socialismo no surgió hasta el desarrollo del capitalismo en las sociedades europeas, bastante avanzado ya el siglo XIX, tras las profundas transformaciones que experimentaron esos países. En menos de un siglo atrasadas sociedades agrarias se convirtieron en modernas sociedades industriales con un alto grado de urbanización, con una gran concentración de trabajadores en inmensas fábricas y en las que el capital sustituyó a la religión como principal herramienta de cooperación social.

Pero el capital, a diferencia de la religión, no crea sentimiento de pertenencia a una comunidad,  ya que los valores predominantes en una sociedad basada en la libertad de creación y acumulación de capital son esencialmente insolidarios y egoístas. A partir del siglo XVIII los nuevos grupos sociales emergentes, la burguesía industrial y financiera, necesitaron un cambio de paradigma moral que definiera lo que estaba bien y mal en las nuevas sociedades capitalistas. Se trataba de dotar de una superioridad moral al individualismo egoísta que fomentaba el incipiente capitalismo industrial inglés, imprescindible para lograr hegemonía cultural. No hay que olvidar que los pobres eran abandonados a su suerte en las grandes ciudades industriales inglesas. El capitalismo industrial inglés no solo tenía que “vencer” comercial y/o militarmente al del resto del planeta, también tenía que “convencer”. El individualismo insolidario debía ser moralmente superior al comunitarismo sumiso que imponía la religión, por eso el “darwinismo social” de Spencer impregnó la ideología de las clases dirigentes capitalistas en el siglo XIX.

El socialismo surge, antes que como una ideología, como un grito desesperado de quienes eran explotados con salarios de miseria en trabajos rutinarios, mecánicos y alienantes. Bertolt Brecht contaba que, en los años veinte, en las reuniones de los intelectuales alemanes comprometidos con la Revolución con los obreros se suscitaba a menudo una pregunta: ¿Qué es el socialismo? No como un sistema definido por conceptos más o menos abstractos, sino como algo concreto, comprensible para los obreros analfabetos, embrutecidos por un trabajo duro y repetitivo. En una de esas reuniones nocturnas, robando unas horas al descanso imprescindible para recuperar fuerzas después de un agotador día de trabajo, un corpulento minero con su cara tiznada por los restos el carbón respondió: “Socialismo son patatas”. Durante gran parte del siglo XIX, el socialismo, en una sociedad capitalista que era tremendamente depredadora para la inmensa mayoría de los trabajadores, significaba en primer lugar lograr un sistema económico que garantizara condiciones de materiales de vida dignas y que pusiera freno a la explotación.

Hay que esperar hasta el siglo XIX para que emerja una elaboración ideológica, de la mano de intelectuales burgueses como Carlos Marx y Friedrich Engels, capaz de ofrecer no solo una crítica global a las desigualdades sino también la formulación de valores sobre los que debiera erigirse una sociedad, que superara los valores de supervivencia propios de Sociedades de la Necesidad. El socialismo, desde sus orígenes, está profundamente imbricado con la democracia, ya que es un instrumento de cooperación social horizontal, en el que todos pueden participar en la determinación de los fines por los que se coopera, a diferencia de la religión y el capital. El sufragio universal era para Bernstein el gran arma del proletariado, donde este se implantaba los trabajadores lograban grandes avances sociales.

Hay que recordar que a principios del siglo XX, en la mayor parte de los países europeos la democracia tan sólo podían ejercerla quienes tenían un cierto patrimonio, la llamada democracia censitaria. La lucha por el sufragio universal formó parte de las reivindicaciones y luchas obreras casi desde sus inicios. Ya en 1836 la Asociación de Trabajadores de Inglaterra elaboró la Carta del Pueblo en la que exigía el voto universal y secreto. La extensión de la democracia para todos los ciudadanos suponía que las organizaciones obreras no solo defendían los intereses materiales de un grupo social explotado, sino también unos valores de libertad e igualdad social que implicaban al conjunto de la sociedad. Ensanchando la base de la democracia, construyendo comunidad entre trabajadores, es como ganaron hegemonía cultural las ideas socialistas.

Las luchas que se englobaron bajo el paraguas ideológico del socialismo tenían la idea de construir sociedades más justas y libres, por eso plantearon actuaciones en tres ámbitos: en el económico, buscando la mejora del bienestar material de los trabajadores; en el político, impulsando la democratización de la sociedad para que cada trabajador-ciudadano fuera libre para decidir sobre su futuro; y en el cultural creando, gracias al concepto de clase, la percepción emocional de que los excluidos pertenecían a una comunidad.

En Rusia, tras la Revolución de 1917, se produjo una alteración sustancial de los principales valores que conformaban el socialismo.  A la igualdad se la consideró preeminente sobre la libertad, como un fin en sí mismo, no como un medio para conseguir “mas libertad para más personas”, en términos de Stuart Mill. Lenin, en 1920 durante el VIII Congreso de los Soviets, apenas transcurridos tres años desde el inicio de Revolución Rusa lanzó un epigrama, una consigna, lo que hoy sería un mensaje de Twitter, que intentaba sintetizar para las masas de obreros y campesinos iletrados qué era el socialismo: “el poder de los soviets más la electrificación”. La electrificación a principios del siglo XX representaba la modernización, los avances técnicos logrados por el capitalismo, que distribuidos a través de un sistema dirigido por los soviets, permitiría garantizar condiciones de vida dignas para todos. Las “patatas” demandadas por el minero alemán.

Sin embargo, los soviets, los organismos democráticos de los que se dotaron los trabajadores rusos para hacer oír su voz en las fábricas y en la política, fueron esclerotizados poco a poco por los bolcheviques. Quienes entendieron el socialismo como la estatalización de la mayor parte del aparato productivo intentaron competir con el capitalismo en su capacidad de proveer bienes materiales, pero esa carrera la ganó el capitalismo y finalmente significó el fin de la Unión Soviética. La estatalización del aparato productivo se acompañó de un proceso de restricción de las libertades y de la participación política que estaba en contra de las bases mismas que habían dado lugar al concepto político del socialismo. Los regímenes del autodenominado “socialismo real” terminaron ofreciendo pocas patatas, a la vez que secuestraban la democracia y la libertad. Mal negocio.

Alguien tan poco sospechoso de ser socialista, como Joseph Schumpeter, intuyó que la verdadera amenaza del capitalismo eran los cambios sociológicos que se iban a producir en las Sociedades de la Abundancia creadas por el propio capitalismo. En su libro “Capitalismo, Socialismo y Democracia”, escrito en 1941, ya dijo que son los éxitos del capitalismo los que le condenan. Percibió que las democracias liberales de principios del siglo XX, por presión de los partidos y los sindicatos, estaban mutando hacia estructuras sociales más inclusivas, desarrollando la democracia industrial y sólidas instituciones públicas con capacidad regulatoria sobre la actividad económica.

Hoy se puede comprobar cuánta razón tenía. Los países del planeta más ricos, inclusivos y democráticos, los países nórdicos, son aquellos que han sido capaces de crear grandes cantidades de capital y de distribuirlo con relativa equidad entre toda su población gracias a la profundización de la democracia. Es decir, en estas inclusivas Sociedades de la Abundancia se ha producido una cierta agonía del homo economicus que ya predijo Schumpeter y se observa un crecimiento de valores altruistas, de libertad, postmateriales, laicos y solidarios, según nos indica la World Value Survey, una hegemonía cultural del “universo de los valores socialistas”. Ello ha sido posible porque una gran mayoría de la población de esos países tiene sus necesidades materiales básicas cubiertas, garantizadas por un marco de relaciones laborales que protege los derechos de los trabajadores y por un Estado del Bienestar que les provee de vivienda, educación y sanidad.

De forma paralela se ha producido una fuerte penetración de la ideología neoliberal entre las élites económicas y políticas, incluidas las vinculadas a los partidos socialdemócratas. Con la Tercera Vía la mayor parte de sus líderes participaron de esa hegemonía cultural neoliberal, adoptando una posición de sumisión al marco político, económico y social definido por los intereses de la oligarquía financiera: la globalización financiera y comercial.

A finales de los años noventa y principios del S. XXI se produjo una situación paradójica. La tecnoestructura política de la socialdemocracia compró la agenda política neoliberal, y en ese sentido la hegemonía cultural cambió de manos. Por primera vez la vieja socialdemocracia se situó por detrás del cambio social, en muchas ocasiones incluso frenándolo. Por ello, sus partidos, cómplices activos de las políticas neoliberales, pierden el apoyo de su base electoral en muchos países europeos, en Alemania, en Francia, en España, en Grecia, en Austria.

Lo que ignoraron los líderes de la Tercera Vía es que una elevada desigualdad social no es solo una consecuencia no deseada del actual sistema económico dominante, sino parte consustancial de él. De ahí que el concepto de igualdad de oportunidades resulte vacío en términos políticos. La desigualdad es funcional para las élites del capitalismo, tal como expresaba Mandeville, ya que permite que los valores de supervivencia, predominantemente  egoístas y de escasa sociabilidad, tengan un importante peso en las sociedades ricas.

En las Sociedades de la Abundancia, en las que se enquista una elevada desigualdad durante un largo periodo de tiempo, se termina erosionando la propia democracia, y eso lo aprovechan algunos grandes latifundistas de capital para privatizar la política, como ha ocurrido con Trump en EEUU, en la Italia de Berlusconi, o en la España del Partido Popular y su financiación corrupta.

El concepto político de socialismo ha ido cambiando en función de las transformaciones sociales que se han venido produciendo, por eso el gran reto del socialismo en este siglo es su capacidad de representar, en términos de intereses pero también en términos emocionales, de valores, a un universo de trabajadores mucho más amplio: a un creciente volumen de jóvenes trabajadores de actividades de servicios, de alta y baja cualificación, con escasa capacidad de negociación de sus condiciones individuales y colectivas de trabajo, a caballo entre una creciente explotación laboral y unas relaciones contractuales que suponen una mercantilización de las relaciones laborales (economía colaborativa, externalización productiva, trabajadores autónomos); representar a una menguante clase obrera industrial pero en la que un gran número de trabajadores aun conserva una notable capacidad de negociación colectiva, gracias a la actuación de los sindicatos; a un número creciente de trabajadores de alta cualificación, formados gracias a un sólido sistema de educación pública, con un elevado poder de negociación individual o colectivo de sus condiciones de trabajo, lo que en términos de consumo les ha permitido ser considerados como clase media. Este es el grupo social en el cual es más patente la agonía del “homo economicus”.

En la actualidad la vieja socialdemocracia esta en una terrible encrucijada: apenas encarna al primer grupo social; representa porciones cada vez menores de una decreciente clase obrera en competencia no solo con movimientos políticos más a la izquierda, sino también más a la derecha (fenómeno Berlusconi, Le Pen o Trump); y el fracasado experimento de la Tercera Vía le ha desconectado del profundo cambio de valores que ha experimentado el tercer grupo social. En los países desarrollados hemos asistido al aumento de los trabajadores pobres, en mayor medida tras la Gran Recesión de 2007, y de forma paralela a la creciente utilización demagógica por parte de la derecha política populista de sentimientos comunitarios arcaicos y excluyentes, la pertenencia a una religión, raza o nación. Asimismo, en la medida que las trabajadoras y trabajadores se han hecho más diversos, resulta evidente que el concepto marxista de clase es incapaz de ofrecer una identidad colectiva muy amplia, con capacidad de construir hegemonía.

El socialismo del siglo XXI debe seguir siendo capaz de ofrecer una mejora del bienestar material, “patatas”, para los dos primeros grupos sociales, por eso no debe despreocuparse por el crecimiento económico y por lograr un reparto más igualitario de la riqueza generada. Pero debe ofrecer bastante más. El socialismo debe identificarse como una organización social en la que todos los ciudadanos puedan disfrutar de altos grados libertad en todos los campos de la vida personal y social, no solo los más ricos ni los que han accedido a una mayor cualificación y formación. Por eso las fuerzas que se reclamen socialistas deben avanzar en la democratización de la economía, el lugar donde se quedó varada la vieja socialdemocracia a finales del siglo XX.

Un socialismo de este siglo debe integrar, como elementos complementarios, al Estado y al mercado. Lo más relevante para generar sociedades más igualitarias y más libres no es la forma de distribuir los bienes y servicios producidos, sino la propiedad de las empresas. Socialismo debe ser sinónimo de una democratización de la economía que debe entrar en la empresa, creando sólidos espacios de capital “colectivo”, como planteó la ley de cogestión alemana de 1976, los Fondos Colectivos de Inversión de los Trabajadores que se instauraron en Suecia en 1984, el Fondo de Solidaridad creado por la Federación de Trabajadores de Quebec en 1983, o el fondo del petróleo de Noruega de los años noventa.

A lo largo de su historia la democracia ha sido el mejor instrumento que ha encontrado el ser humano para aunar colectivamente los vectores de libertad, conocimiento y cooperación, que son los que modernizan las sociedades, no solo tecnológicamente sino también en términos de valores morales. La ampliación de la base de la democracia exige democratizar la globalización, profundizar en la democratización de los Estados-nación, democratizar las empresas y, cómo no, democratizar el futuro, esto es, tener en consideración que nuestros actos de hoy van a condicionar la vida de cientos de millones de personas mañana, por ejemplo en relación al cambio climático.

Las recientes elecciones de EEUU han puesto en evidencia que el centro del conflicto económico, político y social sigue situado entre dos polos: la democratización de la economía o la privatización de la política. Es evidente que la democratización de la economía tiene una gran potencialidad redistribuidora, pero el reto del socialismo de este siglo también debe ser el reconstruir para millones de trabajadores una percepción emocional colectiva vinculada a la ciudadanía democrática: “pertenecen a una misma comunidad todos los individuos que libremente participan en la toma de decisiones sobre su futuro colectivo”. La democracia es el instrumento de transformación colectiva mediante el cual las trabajadoras y trabajadores deben reconquistar la hegemonía cultural perdida frente a los latifundistas de capital.

moderado por:

  • María Eugenia Rodríguez Palop

    Titular filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Investigadora en el Instituto de derechos humanos y en el Instituto de Estudios de Género

  • Vanesa Jiménez

  • Ignacio Sánchez-Cuenca

    Profesor de Ciencias Políticas de la Carlos III y consejero editorial de CTXT

Conclusión del debate

«Cómo financiar un buen medio, esa la gran cuestión». Así planteaba el filósofo y escritor Santiago Alba Rico la necesidad de garantizar y fomentar la pluralidad de los medios para acabar con el «paradigma letrado» que impera en nuestra sociedad.

En un debate organizado por Espacio Público y CTXT, la periodista Rosa Pereda, la profesora de Filosofía del Derecho María Eugenia Rodríguez Palop, el politólogo Víctor Alonso Rocafort y Santiago Alba Rico han discutido sobre el papel de los intelectuales y los medios en la esfera pública, y sobre su influencia en la agenda política actual. Miguel Mora, director de CTXT, ha sido el encargado de la moderación y planteamiento del tema.

En su intervención, Rosa Pereda ha insistido en que, a pesar de la degradación de la esfera pública, los intelectuales siguen estando presentes como siempre y, por supuesto, «luchando como cuando lo hacíamos contra Franco».

«Los intelectuales están en trance de desaparición», ha explicado Santiago Alba Rico. Cree que «sigue habiendo muchas palabras, pero no hay intelectuales».

Francia, según ha dicho, es de alguna manera una excepción: «La intelectualidad forma parte del folclore francés, pero es de derechas, islamófoba y capitalista, por lo que influye en el discurso y en la ciudadanía».

Alba Rico considera que los medios de la transición tuvieron mucha importancia, mientras que ahora, estos mismos medios se están pasando al lado oscuro. Para él, «España, por un lado, es débil y por eso se va a la derecha y, por otro lado, hay una parte indeterminada de la sociedad que es la que hay que trabajar para vincularla al discurso».

El ensayista además ha afirmado que la filosofía ya no existe, ya que ésta estaba sujeta a la narrativa. «Esto se debe al capitalismo», ha explicado.

María Eugenia Rodríguez Palop ha iniciado su intervención con una serie de datos que refleja el panorama de la mujer en el mundo de la universidad: el 56,6% de las graduadas universitarias son mujeres, el 40% son profesoras titulares, hay un 20% de catedráticas y solo una rectora.

La profesora de Derecho se ha mostrado muy crítica con la carrera académica, ya que el sistema «impuesto» permite que los alumnos absorban estructuras de dominación por parte de los profesores.

María Eugenia Rodríguez Palop, quien ha asegurado que «los medios se rigen por la lógica del capital financiero», cree que los intelectuales deben ser pensadores autónomos y críticos. Y sobre todo, tienen que deberse al servicio público.

Víctor Alonso Rocafort, el único de los cuatro participantes que ha reivindicado la política, ha propuesto dejar atrás el régimen del 78, crear nuevos medios y que el intelectual entre en escena desde el cuidado de la palabra.

En cuanto a la Universidad, el politólogo considera que es un «agujero ético» en el que unos grupos de poder someten. «Como no podemos crear una Universidad alternativa, podemos crear unos medios que echen cara a los tradicionales», ha añadido.

Asimismo, Rocafort ha señalado que en España hay una tradición antiintelectual en la izquierda y antireaccionaria que ataca a la ciencia, la filosofía, las humanidades, la música… «La intelectualidad que tenemos que defender es aquella que forme a los ciudadanos como oradores. Por eso hay que potenciar las humanidades, la filosofía y la ciencia para transformar la esfera pública», ha insistido.

Fomentar la pluralidad

«El periodismo no puede ser gratis», ha comentado Alba Rico. Además, el filósofo sostiene que los medios alternativos no han conseguido la autoridad necesaria como sí hicieron otros medios durante la Transición.

Por su parte, Rocafort ha manifestado que tenemos que «repensar muchas cosas», como fomentar un espacio público donde se apoye a todos los proyectos políticos y por supuesto, donde la crítica tenga una aceptación. «Los medios deben de ser muy conscientes para permitir la pluralidad porque eso es lo que garantiza la democracia», ha zanjado.

Juan Carlos Monedero, desde el público, ha destacado la necesidad de optimismo en estos tiempos para la regeneración de la esfera pública. «Deberíamos dejar a un lado los discursos facilones de orden sentimental», ha respondido Santiago Alba Rico al sentirse aludido por las palabras del politólogo.

El encuentro pone broche final al debate abierto por Espacio Público y la revista CTXT desde el pasado mes de mayo titulado Medios, intelectuales y política: un debate largamente aplazado y cuyo ponente, Pablo Sánchez León, trata, entre otros temas, de las ventajas de los intelectuales como grupo sin organización, los intelectuales españoles del 78, las ‘puertas giratorias’ del mundo académico posfranquista, y a quién rinde cuentas el intelectual mediático.

Entre los nombres que han debatido en el espacio virtual, además de los invitados al espacio digital, destacan: Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Ciencias Políticas de la Carlos III; Leopoldo A. Moscoso, politólogo y sociólogo; José Antonio Pérez Tapias, miembro del Comité Federal del PSOE y profesor decano de Filosofía en la UGR; Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas; Marina Subirats, socióloga, política y filósofa; o Beatriz Gimeno, consejera y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.

Ponencia inicial

Medios, intelectuales y política

Medios, intelectuales y política

un debate largamente aplazado

Introducción

CTXT y Espacio Público abren sus páginas a una discusión cultural conjunta sobre el papel de los intelectuales y los medios en la esfera pública, y sobre su influencia en la agenda política actual.

La crisis que ha vivido España ha producido un cuestionamiento general de las estructuras políticas y económicas del país, generándose un debate inédito sobre nuestro sistema político y sus límites. Dicho debate no podía dejar de alcanzar al papel de los medios de comunicación y de los intelectuales en una sociedad quebrada generacionalmente.

Surgen cuestiones sobre la independencia de los medios, sobre la renovación generacional de los intelectuales, sobre los límites de la crítica al sistema y sobre la persistencia de valores políticos que se remontan a la transición o al periodo de bipartidismo imperfecto que viene existiendo desde 1982.

La aparición de una cultura y una política crítica con la anterior, ese pequeño milagro, no previsto, se traduce en el choque de dos culturas -quizás sea más correcto definirlas como culturas, antes que como generaciones-. Una, con unos presupuestos que parecen haberse formulado en los 80, que han sufrido pocas variaciones, y que aparece cotidianamente en los medios. Y otra formada fuera de los medios convencionales, en la red, que ha fabricado críticas a esa cultura, al sistema posterior a la Transición, y que, por lo que sea, no tiene un acceso normal a los medios. Sin duda, se trata de una situación única en Europa. Más allá de una ruptura tecnológica, que parece organizar el mundo en dos grandes grupos generacionales, aquí existe una brecha cultural y política, enfrentada y separada.

Es posible que ambas culturas no tengan nada que decirse. Lo que es seguro es que ambas culturas carecen del lugar dónde hacerlo. CTXT y la sección de Público, Espacio Público, en ese sentido, pretenden establecer un diálogo entre ambas culturas sobre dos temas o ejes. A saber: el rol del intelectual en los últimos 40 años en el Estado y la agenda política del siglo XXI en España.

Se trata de verbalizar un enfrentamiento singular, cultural y político, producido en una cultura y una política tan cerradas que no ha habido lugar ni tiempo para ello hasta ahora. El debate se realizará a través de artículos de no más de 1600 palabras, firmados por personas que tienen algo que decir al respecto, y tendrá unas reglas estrictas, que impedirán roces y malhumores más allá de los habituales en un enfrentamiento cultural. Se trata de las reglas habituales en el periodismo, en los estudios culturales, en los estudios políticos, en la crítica, que en otras culturas han posibilitado que este debate, aquí aplazado, haya fluido con cotidianidad.

En esta línea, el historiador Pablo Sánchez León comienza el debate Medios, intelectuales y política con una ponencia en la que trata, entre otros temas, de las ventajas de los intelectuales como grupo sin organización, los intelectuales españoles del 78 y las ‘puertas giratorias’ del mundo académico posfranquista, y a quién rinde cuentas el intelectual mediático.

De esta manera, pedimos a los participantes que quieran discutir, que lo hagan con el vitalismo, la claridad y la contundencia que quieran. Pero también con ¿deportividad?, desde la predisposición a establecer un diálogo, a ser contestados más allá de cómo se suele contestar al adversario en una tertulia radiofónica o televisiva. Es decir, con unos presupuestos que no existe en nuestros medios locales. Les pedimos, por tanto, que se inventen un modo de hablar que posibilite eso que no ha existido hasta ahora: autocrítica, generosidad y diálogo.

Los ciudadanos, los medios y el poder de los intelectuales

En las últimas semanas los intelectuales españoles han pasado al centro de atención de la opinión pública. De pronto, en lugar de leer sus columnas y escuchar sus comentarios en busca de opinión se habla críticamente de su actividad y del lugar que deben ocupar en la esfera de opinión pública. Teniendo en cuenta que en los últimos años han sido objeto de escrutinio público recurrente también los políticos, los grandes empresarios, las administraciones públicas, los poderes financieros o las autoridades de la Unión Europea, la primera pregunta que surge es más bien por qué han tardado tanto tiempo ellos en ser reevaluados por parte de una ciudadanía más exigente. Porque lo curioso del caso es que, aunque nadie les reconoce una función determinante en la puesta en entredicho de esos poderes, lo cierto es que se han librado de la censura social durante los años duros de la crisis. Si se trata de un privilegio, ¿dónde se origina o de qué proviene? Si no lo es, ¿por qué es solo ahora cuando se les pone en entredicho?

Para hacerse cargo de estas cuestiones se necesita una mirada sobre la historia de los formadores de opinión en España, sean estos intelectuales o no por su formación. Pero seguramente se necesita algo más, aunque sea para evitar, como hasta ahora, hablar de gente concreta cuya manera de ejercer de opinadores empieza a aparecer como inadmisible u obsoleta a pasos rápidos. ¿Quién debe legítimamente evaluar a los evaluadores de la conducta pública de nuestros poderosos? Si a lo que se aspira es a no quedarse en cómo son los intelectuales mediáticos españoles de ayer y hoy, sino en los que deseamos para mañana mismo, la reflexión debería culminar en propuestas que vayan más allá de clasificarlos en intelectuales con y sin desfachatez.

Las ventajas de un grupo sin organización

Aunque siempre han ejercido como una suerte de aristocracia de la opinión, desde el principio los intelectuales han ejercido su actividad entre la búsqueda de la aprobación popular y la defensa del orden establecido aunque, con el desarrollo del capitalismo, cada vez más también lo han hecho simplemente como fuente de ingresos. Para no depender de forma directa del Estado —ni menos de la aclamación ciudadana— han contado a su favor con su indefinición corporativa. En efecto, ya en su contexto de surgimiento un rasgo singular de este grupo es que no estaba adscrito a ningún gremio susceptible de reglamentación jurídica pero, a diferencia del resto de los trabajadores asalariados y profesionales liberales, tampoco se ha destacado después por invertir en organización colectiva. Esta falta de regulación interna ha permitido a los intelectuales parecer desde fuera un grupo cohesivo —cuando lo habitual entre sus miembros es la competencia no reglada por el estatus. Así, cuando Gramsci planteaba el partido de vanguardia como un intelectual “orgánico”, tensaba al máximo el sueño frustrado de incorporar a los intelectuales a la lucha por la hegemonía de un proyecto de transformación social.

No es esta su única marca del pasado que llega hasta hoy. Por el camino se dieron algunos procesos importantes de especialización, entre ellos separar el político profesional, el ideólogo de una facción y el propietario de un periódico respecto de la pluma firmante de tribunas y manifiestos, pues al principio lo habitual era que estas funciones se confundieran en una misma persona. Otro jalón fundamental tuvo lugar con el despliegue del Estado social y las políticas de bienestar de la posguerra mundial: la incorporación de los expertos a la nómina de los formadores de opinión con presencia cotidiana en los medios de información. Con este último rasgo nos acercamos ya al modelo de intelectual que al parecer seguimos reclamando. Pero ¿realmente queremos un espacio público dominado por autoridades solo porque posean conocimientos? La ciencia no suele operar como un promotor de la discusión pública, sino al contrario: a menudo se recurre a ella para imponer consensos y zanjar cuestiones sin participación ciudadana. Si lo que aportan al debate fuera realmente conocimiento, la hegemonía de los expertos ¿no debería ser inversamente proporcional al aumento del nivel cultural de la sociedad?

Hay bastantes espejismos en el prestigio social de los intelectuales. Uno último a considerar es que dan la impresión de adecuarse con facilidad a nuevas realidades, públicos y contextos, permitiendo la promoción de nuevos rostros y firmas por mecanismos meritocráticos. No es en absoluto el caso, pero surge la pregunta: si los intelectuales no están organizados en un sindicato, ¿cómo regulan el acceso a sus rangos de los neófitos? En realidad, que no estén organizados no quiere decir que no haya condiciones para su apertura y cierre como grupo. En el caso de democracias jóvenes como la española, hay en juego una componente importante de tipo temporal: se equivocan quienes piensan que los intelectuales españoles de hoy forman una generación, pero sí forman en su mayoría parte de una generación concreta, y ello explica bastante cómo son los mecanismos de regulación de la intelectualidad española que heredamos del siglo XX.

Los intelectuales españoles del 78 y las “puertas giratorias” del mundo académico posfranquista

En la medida en que la Constitución del 78 ha sido fundamento de un orden de cosas o un régimen, ello ha sido obra de una cohorte demográfica con conciencia de protagonismo histórico, que también ha sido la mayor beneficiaria del bienestar del fin de siglo. Hoy ya no se niega que la democracia posfranquista generó su propio marco cultural —la llamada Cultura de la Transición (CT)— con sus lógicas de inclusión y exclusión y su economía política de la producción de consenso. Abundando críticamente en esta perspectiva es posible ubicar a los intelectuales españoles del posfranquismo hasta la actualidad.

Entre las especificaciones por desarrollar de esa CT está la de los orígenes académicos de una parte importante de los formadores de opinión en la España de la dictadura a la democracia. La secuencia es fácil de seguir: la primera gran cohorte de universitarios españoles nutrió los cuadros de la oposición antifranquista primero, y después los de las mayorías de la socialdemocracia —o, en la acepción de Alfonso Ortí, la “socialtecnocracia” posfranquista. De vuelta les vino el acceso masivo a la condición funcionarial desde mediados de los ochenta, y con ello el control de la renovación del propio profesorado futuro y los recursos públicos para la I+D. Los intelectuales españoles que han empezado a jubilarse en estos años han regulado ellos la reproducción de la masa de expertos que vienen figurando como intelectuales en los medios.

El dato principal que no debe faltar en esta narración es que la universidad española —como otros servicios estratégicos del Estado, como el espionaje— tardó demasiado en democratizarse, si es que realmente ha llegado a hacerlo hasta la fecha. Los intelectuales de la transición y de después saltaron pues a las tribunas de la prensa y la televisión sin un entrenamiento en las maneras del diálogo, la deliberación colectiva y la promoción del bien común antes que el particular o partidista. Un mundo cultural no democratizado se caracteriza porque en él las relaciones personales priman sobre la autonomía de criterio, y los debates, entre escasos y nulos, no modifican un ápice las prioridades de los agentes implicados y con poder. El académico español es además un espacio en el que se ejerce mucho poder sin ostentar cargo alguno, a través de facciones, clientelas, autoridades personales —normalmente heredadas de la época de fuerte adscripción ideológica del profesorado en la transición— nunca sometidas a escrutinio crítico ni a rendimiento de cuentas, pero de las que depende el acceso, la estabilidad o la promoción.

Cuando Sánchez Cuenca habla de una “cultura del colegueo”, ¿no conviene subrayar que ese rasgo viene de atrás, y de otro lugar, que es el pasado académico de la mayoría de los intelectuales españoles? Porque tampoco vale decir que se trata de un rasgo moral común entre los españoles. Lo que nos falta es identificar en el salto de la universidad a los medios un mecanismo de “puertas giratorias” tan extendido como el que se denuncia desde el cargo político a los consejos de administración: lo preside una análoga lógica patrimonial, de la prebenda personal y los favores recibidos —o las enemistades profundas y duraderas trasladadas del campo profesional al mediático. Este rasgo en concreto se lleva además especialmente bien con la jerarquía interna que cultiva la empresa privada, como puede ser el caso de muchos periódicos y medios. Habría que añadir aquí cómo se ha venido realizando el encaje de estos intelectuales mediáticos con los periodistas profesionales, especialmente con quienes son elevados a la condición de formadores de opinión. Así como con sus crecientes competidores, las celebridades y los tertulianos de todo tipo.

Esto último puede ser un fenómeno más generalizado en países de nuestro entorno. Lo que en cambio es más de aquí es que estos intelectuales fraguados en el antifranquismo se hicieron formadores de opinión por la loable pretensión de emular a los grandes intelectuales públicos del primer tercio del siglo XX. La paradoja, sin embargo, es que ahora, treinta años después, se encuentran acusados de defender un régimen de oligarquía y caciquismo como el de que a fines del siglo XIX justificó la implicación pública de sus predecesores.

Puestos a buscar motivos de esta pérdida de valoración social, una hipótesis es que no han cultivado la escucha ni de los jóvenes ni de la gente normal: ante una situación de dramática crisis económica y moral, se están dedicando más bien a señalar las virtudes del orden establecido, su “natural reformabilidad” aunque no se sepa hacia dónde, y no han dudado en cebarse con los peligros de las alternativas. No solo no se muestran empáticos con los problemas de la gente, sino que utilizan las tribunas para amedrentar y airear peligros desde su supuesta condición de expertos. ¿Seguro entonces —como se nos ha querido decir— que el intelectual posfranquista se ha “democratizado”? Porque la impresión es que muy al contrario más bien se ha oligarquizado: además de volverse elitista, ha perdido el vínculo sustantivo con la ciudadanía, y esta finalmente ha pasado a señalarlos.

En los intelectuales de la generación del 78 se perciben desde luego tics propios del envejecimiento, pero esto puede justificarse como ley de vida. Lo que conviene en cambio evaluar es si al tiempo han surgido públicos más exigentes, incluso más inteligentes y cultos que sus elites. Da la impresión de que hay ahora un ciudadano distanciado de los mitos fundacionales de la transición cuyo discurso trae consigo una nueva etiquetación crítica de lo que antes parecía normal, de ahí que se reclame a los intelectuales del 78 que siguen en activo que expliquen por qué ya no piensan como pensaban antes.

Con todo, este escenario podría tener una fácil resolución conforme aumentan los medios de información y opinión: cuantos más lugares donde opinar, más oportunidades de leer nuevos tribunos más sensibles a los problemas de la gente. Y sin embargo, el pluralismo mediático puede no bastar si por el camino no se abre en canal la cuestión de qué intelectuales, con qué códigos de conducta y para qué formación de opinión.

¿A quién rinde cuentas el intelectual mediático?

¿Por qué dar tanta importancia a un grupo indefinido, lastrado por su propia biografía colectiva, y que no representa en principio un poder formal como un consejo de administración o siquiera un concejal de obras públicas? ¿Cuál, si lo hay, es el poder del intelectual? La clave está en la calidad de lo que se emite, medida por su contraste con el valor de todo lo que queda sin publicar y podría contribuir a la opinión. Esta enorme desigualdad relativa es la que convierte a los intelectuales que consiguen verse publicados en representantes de la opinión, y lo que explica que se acaben dando apenas unos pocos nombres propios cuando se trata de llamar la atención acerca de las prácticas y maneras de un colectivo potencialmente mucho más extenso.

Siempre existirá una aristocracia del saber. Lo que no es de recibo en una democracia es que pueda estar tan poco representada en una oligarquía de la opinión. Visto así, la regeneración de este espacio pasa, como el de todo poder, por el rendimiento de cuentas. Cuando hoy día se denuncia que muchos intelectuales españoles escriben con total impunidad se está señalando que, aun careciendo a menudo de autoridad, lo que parece sobrarles es un poder ejercido sin rendimiento de cuentas. ¿Qué puede razonablemente exigírsele al intelectual formador de opinión? ¿Cuál es la responsabilidad mínima que se puede reclamar a un formador de opinión con credenciales académicas? Por descontado, que conozca del tema que se trata o del que se le solicita una opinión; pero esto no es suficiente: también hay que reclamarle que re-conozca su ejercicio de poder ante la opinión pública. Todo lo que no pase por ahí es tratar al público de tonto.

Por concluir, lo que creo que ha vuelto a determinados publicistas españoles cada vez más insoportables ante públicos más exigentes es su forma de presentarse en público como si el poder no fuera con ellos, como si se tratase de algo externo que ellos solo vienen a estudiar y criticar. Esta interpretación puede parecer acertada o no: lo que en cambio no parece discutible es que un intelectual —que ha logrado el prestigio y el sobresueldo por su condición de experto en conocer el poder— demuestra ser un fraude como profesional desde el momento en que niega públicamente que su actividad pública y mediática carece de una dimensión de poder.

Es de este tipo de actitudes de las que una ciudadanía activa debe protegerse, y a ese fin los medios deben contribuir sin escudarse en argumentos de oportunidad y línea editorial. Más allá de hacer a estas vacas sagradas legítimo objeto de sátira —tal vez la más elemental y sana actividad de crítica ciudadana— la gente reclama que los intelectuales no sigan siendo intocables. Se trata sin duda de un tema espinoso, y no solo por evitar dar argumentos a quienes aprovechan cualquier crítica a sus privilegios para ponerse en la posición de víctimas de ataques a la libertad de prensa y opinión: en la medida en que se trata de un poder informal, igualmente las sanciones contra quienes transgreden han de ser informales. Si ellos no se pueden regular a sí mismos, al menos deberían recibir el mentís colectivo interno de la profesión —sus colegas de oficio— y de los medios donde escriben, con los periodistas profesionales a la cabeza.

Si los propietarios y directivos de los nuevos medios de comunicación no ponen en marcha ninguna medida de rendimiento de cuentas se encontrarán con ese elemental mecanismo propio de la democracia de mercado que es “votar con los pies”: los lectores tenderán a irse a otra parte a buscar la opinión. Es cierto que las nuevas tecnologías han aportado ya su nada desdeñable granito de arena a la reestructuración del campo entero de la comunicación, pero hay que reconocer que el sistema de comentarios al pie de las tribunas en medios electrónicos más bien favorece un formato plebeyo —por aclamación o rechazo— que realmente una participación popular en la formación de la opinión. Por aquí se trata de seguir experimentando.

Por el camino la alternativa es poner a los intelectuales reticentes al rendimiento de cuentas en el nivel de las celebrities que les corresponde: están ahí por su capital social, no por su capital humano. Y de lo que habrá que debatir es que son los famosos, no los pensadores, quienes ya funcionan como articuladores de la circulación de las elites culturales.

moderado por:

  • Carlos Enrique Bayo

    Periodista

  • Henrique Mariño

Conclusión del debate

Tras crisis de los refugiados subyace el fracaso político de la UE. Es la conclusión a la que han llegado este jueves los ponentes del debate Europa ante la inmigración, organizado en Madrid por el foro Espacio Público, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el diario Público. No sería, pues, una crisis coyuntural debido al éxodo motivado por la guerra siria sino la constatación de que las políticas comunitarias han dado la espalda a los extranjeros que buscan un futuro mejor o huyen de conflictos.

“La UE fracasó en su política de emigración, dejándola treinta años en manos de las mafias. No es un problema de individuos sino un problema estructural”, cree el politólogo Sami Naïr, encargado de abrir el acto, celebrado en Ecooo, y que llenó por completo los espacios habilitados para seguir el debate. “La crisis de los refugiados ha demostrado la ausencia de una política común”, añade el filósofo francés de origen argelino, que considera que “Europa ha pisoteado sus valores”.

El último ejemplo, el pacto con Turquía para expulsar a los solicitantes de asilo llegados a Grecia, que a su juicio “no va a funcionar porque los países miembros no lo van a aplicar o lo aplicarán según sus intereses”. Es decir, que no acogerán a los refugiados que deberían. Basta el ejemplo de España, que en seis meses sólo ha recibido a dieciocho de las casi 16.000 personas que se comprometió a traer a nuestro país.

“Puede erigir los muros que quieran, porque las migraciones seguirán”, añadió Naïr, convencido de que hoy en día “la UE no existe” y de que “sus dirigentes no representan a las sociedades europeas”. Frente a esa pasividad institucional, son las ONG quienes asisten a los recién llegados, lo que lleva al responsable de relaciones externas de Médicos Sin Fronteras, Carlos Ugarte, a considerar “impresentable” que sean los voluntarios quienes tengan que asumir la función de la Unión Europea.

“El faro a la hora de adoptar una solución política es tratar a la gente con humanidad”, cree el miembro de MSF. “Uno no puede blindar las fronteras sin que se desvíen los flujos migratorios hacia los puntos más peligrosos, es decir, hacia el mar”. Ugarte, que recordó que en 2015 hubo casi 60 millones de personas desplazadas en el mundo, criticó a Frontex por estar orientado a la protección de las fronteras, “lo que demuestra la ceguera absoluta de la UE”, que permite que el mar “haga una criba”.

“No sólo es una crisis humanitaria sino también una crisis de derechos humanos”, explicó Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autonóma de Madrid. También supone una “crisis de valores de las instituciones europeas, que debería repensar su política exterior”, añadió la moderadora del acto, que dio paso a Estrella Galán, convencida de que “el derecho de asilo ha sido secuestrado, por no decir que ha sido ahogado intencionadamente en el Mediterráneo”.

La secretaria general de CEAR no sólo fue crítica con la “deshumanización” de Bruselas, cuyas estrategias “son parches porque las rutas van a cambiar”, sino también con el Gobierno de Mariano Rajoy. “España ha enseñado a la UE cómo expulsar legalmente a los refugiados, al tiempo que les sigue exigiendo el visado de tránsito, un trámite que no se puede realizar cuando las embajadas cierran debido a las guerras”.

Marina Albiol quiso dejar claro que “ésta no es una crisis humanitaria inevitable sino consecuencia de políticas llevadas a cabo por la UE y Estados Unidos debido a intereses económicos, que es lo que hay detrás de todas las guerras”. La europarlamentaria de Izquierda Unida advirtió además de que “la extrema derecha no está sola”, pues su discurso está siendo compartido por partidos socialdemócratas, conservadores y liberales.

“El acuerdo con Turquía, ilegal e inhumano, es un mercadeo de intereses, pues se compran y venden personas por 6.000 millones”, concluyó Albiol, quien llamó a la movilización de la ciudadanía: “No vamos a ganar nada en los Parlamentos que no se haya ganado previamente en las calles”.

Tras su intervención, tomaron la palabra una veintena de expertos, periodistas, políticos y representantes de ONG. Julio Rodríguez, exjefe del Estado Mayor de la Defensa, criticó el uso de la “estrategia del miedo” por parte de la UE, que ha fracasado por aplicar “soluciones cortoplacistas a problemas que vienen de lejos». El número dos de Podemos al Congreso por Zaragoza, que finalmente no fue elegido diputado en las pasadas elecciones generales, recordó que, tras los atentados de París, las empresas armamentísticas se dispararon en bolsa.

Antonio Miguel Carmona, que encabezó la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, trajo a la memoria que “Europa creció gracias a la llegada de inmigrantes”. A su juicio, Bruselas no lleva a cabo una política migratoria sino “antimigratoria”, por lo que la gestión de los refugiados supone una “vergüenza”. Carmona, al igual que antes había hecho Galán, censuró que los campos de refugiados se hayan convertido en “campos de internamiento” o de detención. Y abogó por una Europa multicultural: “Debe abrir sus fronteras porque no pertenece a los europeos sino al mundo. Si no es así, dejará de ser Europa”.

Fede García, que trabaja con inmigrantes desde SOS Racismo Araba, criticó “unas leyes que impiden que personas que llevan en nuestro país muchos años no puedan conseguir los papeles”, mientras que el secretario de la federación estatal de la citada organización no gubernamental, Mikel Mazkiaran, pidió la retirada de subvenciones a los partidos que fomentan el odio. “La UE está cometiendo un delito de omisión de socorro, pero como no la podemos enviar a un tribunal, la ciudadanía tiene que tomar la acción”, apuntó.

La necesidad de dar ese paso adelante fue compartido por varios ponentes. Así, la socióloga Cristina Santamarina consideró que “la sociedad civil tiene que pasar a la acción y generar un movimiento cívico, porque no se está poniendo en juego la humanidad de las personas que buscan refugio sino también nuestra propia humanidad”. Por su parte, Patricia Orejudo, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense, creyó conveniente “recapacitar sobre cómo nos hemos venido comportando para cambiar esa actitud”.

Rosa Martínez, diputada de Equo, incidió en que en los desplazamientos forzosos también influye el cambio climático, que podría afectar en el futuro al sudeste español. “Es un multiplicador de los efectos políticos, como se refleja en Siria, donde seis meses antes de la guerra una sequía provocó el éxodo a las ciudades”. Por su parte, Nuria del Viso, investigadora Fuhem Ecosocial, subrayó el “problema estructural” de que “pocas personas tengan un nivel de vida despilfarrador a fuerza de explotar los recursos de muchas personas, lo que provoca que termine habiendo desplazados”.

El mundo del periodismo también tomó la palabra. Fernando Berlín se refirió al “fracaso de la moral individual”; Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, advirtió del “peligro de la ausencia democrática”, que provoca “que se actúe a espaldas de lo que exige la ciudadanía”; y Pepe Mejía pidió el derecho a voto para los inmigrantes, el cierre de los CIE y el fin del “negocio» de las deportaciones.

Ussama Jandali, portavoz de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, coincidió con Albiol en el peligro que representa el avance de la extrema derecha y abogó por luchar para que los ultras y otros partidos “no puedan capitalizar lo que está ocurriendo, llevándonos a la deriva”. Jandali también consideró que “hay que trabajar en origen para evitar que la gente no tenga que huir” y fue crítico con la “hipocresía” de ciertos discursos de izquierda que critican los bombardeos de EEUU pero se tapan los ojos ante los de Rusia.

El economista Manuel Garí denunció que la UE ha sufrido “una involución autoritaria”, por lo que resulta necesaria “una labor ingente de reconstrucción de otra globalización de la solidaridad y la cooperación”, mientras que Pablo Sapag, profesor de la Universidad Complutense y del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, se refirió a la “malversación conceptual” que lleva a “confundir a inmigrantes con refugiados”.

La presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria, Pilar Estébanez, mostró finalmente su tristeza porque “la primera vez que la UE de los Veintiocho tiene una crisis hemos tratado a las víctimas sin dignidad”, lo que le llevó a sentenciar que “la Europa social está muerta”. Para que cambie, Estébanez también apostó por “salir a las calles” para protestar contra “la cloaca y el vertedero de los derechos humanos” en los que se han convertido nuestras fronteras, en palabras de un asistente al acto que intervino tras los invitados.

Este debate presencial, que contó con la presencia de numeroso público e hizo necesario habilitar otra sala en la que los presentes pudieron seguir las intervenciones a través de una pantalla, pone fin al debate online ¿Qué debe hacer la UE sobre la inmigración?, que desde finales de enero puede seguirse a través de la web de Espacio Público.

Ponencia inicial

¿Qué debe hacer la UE sobre la inmigración?

¿Qué debe hacer la UE sobre la inmigración?

La UE se enfrenta a dos tipos entremezclados de demanda migratoria; una estructural: la de los inmigrantes económicos; otra coyuntural: la de los solicitantes de asilo. Los primeros intentan escapar de la miseria en países pobres no comunitarios, los segundos huyen de situaciones de guerras civiles. Ahora bien, desde que se proyectó una estrategia de contención de los flujos migratorios en 1986, por causa de la creación de un espacio económico común, materializado por el Acta Única (1986), el Tratado de Maastricht (1991) y los Acuerdos de Schengen (1993) seguidos por el Convenio de Dublín (2003), la UE siempre tuvo una visión de la demanda migratoria instrumental y cortoplacista. Esquemáticamente definido, el lema era: primero favorecer la libre circulación de los comunitarios (adopción de la libertad de circulación y establecimiento en el Tratado de Maastricht), segundo, los extra comunitarios sólo pueden ser aceptados cuando se les necesitan.

Se instauraron varias medidas: el cierre de la libertad de inmigración laboral para los no-comunitarios a cambio de un aumento de la reagrupación familiar para aquellos instalados legalmente en Europa; la reducción drástica de la concesión del estatuto de refugiado y, por tanto, del derecho de asilo; la gestión policíaca del control de fronteras y, por fin, la adopción, en 2003, del principio por el cual el solicitante de asilo no puede interponer su solicitud en el país final de destino sino que debe hacerlo en el de llegada a Europa. Esta última decisión, impuesta por los países del primer círculo europeo (principalmente Alemania y Francia) obligaba a los demás a volverse gendarmes de la estrategia migratoria europea. De ahí la creación de barreras en las fronteras externas europeas para contener a los inmigrantes (campos de internamientos y Frontex).

Esta estrategia ha funcionado con un éxito relativo hasta 2008. Pero la crisis económica, el aumento de las desigualdades entre Europa y África del norte y subsahariana, el empobrecimiento súbito de los países del este sometidos a políticas despiadadas de ajuste estructural, la extensión incontrolable del caos en Oriente Medio con la destrucción del Estado iraquí en 2003 y la descomposición de Siria desde 2011, provocan la huida de millones de personas hacia Europa. Frente a esa enorme demanda de socorro, la muralla de los acuerdos de Schengen y Dublín se ha derribado. Y más grave aún, la UE ha sido incapaz de reaccionar colectivamente.

La tendencia actual de renacionalización de las políticas migratorias, que se perfilaba desde los años 2010, lo demuestra con creces.

En realidad, si las políticas de contención de estos últimos treinta años saltan hoy, es, por un lado, porque han llevado a la acumulación de una enorme demanda migratoria insatisfecha de las poblaciones migrantes y, por otro, porque la UE no tenía una política común de gestión de la misma en su entorno geoeconómico.

Era una ilusión irresponsable considerar que se podía construir un espacio económico europeo rico e integrador sin tener en cuenta la situación económica y política del contexto regional extra europeo: la población de la orilla sur del Mediterráneo va a superar los 356,9 millones de habitantes para mediados de 2030 sin que se pueda prever una mejora en la capacidad integradora de los mercados de trabajo en estos países. En África subsahariana, la población está creciendo rápidamente y va a alcanzar los 1.369 millones de habitantes para mediados de 2030, con un aumento estimado, según proyecciones de la ONU, de 200 millones de personas por década. A eso hay que añadir que África subsahariana no ha reducido su tasa de pobreza estos últimos 25 años. Según un informe del Banco Mundial, “solo consiguió sacar a un 28% de la población de la penuria, porcentaje que chirría frente al norte de África (81%), sudeste asiático (84%) y América Latina y el Caribe (66%).» En consecuencia, la demanda migratoria será incontenible.

Por otra parte, si los países del Este no sufren el mismo auge demográfico, en cambio sí que afrontan una importante demanda de empleo pues sus condiciones de vida y poder adquisitivo están cada vez más condicionados por el euro y el mercado único europeo. De ahí la irreprensible necesidad de emigración hacia la zona euro. Y si desde Afganistán, Iraq, Siria, la demanda migratoria es de peticionarios de asilo, en el fondo también se trata de una emigración económica. Igual desde Eritrea, Somalia, Níger, Libia.

Hoy en día, es de hecho muy difícil diferenciar entre los solicitantes de asilo y los inmigrantes económicos, puesto que todos padecen la misma condición económica y social.

Frente a esta situación, los países europeos están divididos: unos necesitan inmigrantes (Alemania), otros no. Y cada uno va a lo suyo. La única manera de salir de este círculo vicioso, es replantear radicalmente la estrategia europea en materia de inmigración. Por ello, es preciso tener claro una visión de largo alcance.

En primer lugar, se debe admitir claramente, y explicárselo a la opinión pública, que los flujos migratorios seguirán: es verdad, por varias razones, que es imposible abrir las fronteras para volver a la libre circulación e instalación que prevaleció casi hasta 1980, pero la gestión policíaca imperante hoy en día no basta. El aumento de la inmigración ilegal, las dificultades de integración vinculadas a la reagrupación familiar y la proliferación de las mafias de trata de seres humano atestiguan la complejidad del fenómeno migratorio.

En cuanto a la crisis actual de los refugiados, se necesitará años para resolverse, si se resuelve, pues no se puede descartar el derrumbe definitivo de unos Estados actuales y el surgimiento de un nuevo mapa geopolítico, tal y como lo pretende hoy en día el supuesto Estado islámico. Es decir nuevas olas de refugiados.

La UE debe tomar en cuenta este contexto; y por ello, reorientar su política migratoria con unas medidas imprescindibles:

1) Para los refugiados:

  • Proponer a los socios europeos una cumbre para elaborar un balance de los Acuerdos Schengen y revisar el Reglamento de Dublín. Es muy peligroso aceptar la metodología impuesta por Alemania que modificó su ley de asilo sin consultar al resto de los países europeos.

  • Reexaminar los criterios de definición actualizando la noción de países seguros y también adaptar la vinculación al primer país de llegada a territorio europeo con el procedimiento de solicitud de asilo.

  • Incrementar la implementación de vías legales para la solicitud de asilo y en particular garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen, limítrofes y de tránsito.

  • Incrementar las oficinas europeas de examen de solicitudes de asilo, que debieran multiplicarse, y asegurar en ellas la presencia de representantes de ACNUR, sobre todo en los países limítrofes a aquellos en los que existen situaciones de conflicto que generan desplazamientos de refugiados. Es imposible hacerlo en Siria, Afganistán o Eritrea, pero se puede conseguir en Jordania, Líbano, Iraq o Turquía, por referirse sólo a ejemplos que afectan a los refugiados sirios.

  • Activar específicamente y de forma flexible los visados humanitarios.

  • Flexibilizar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto.

  • Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias.

  • Reforzar e incrementar los programas de re-asentamiento en coherencia con el número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los Estados, a partir de un sistema común europeo de asilo. Es decir, aceptar las cuotas obligatorias.

2) Para los inmigrantes estrictamente económicos:

  • Flexibilizar las entradas, y no sólo para los cualificados. En realidad, son las capas populares quienes necesitan de la emigración para poder enviar remesas a su país de origen.

  • Crear, junto a los permisos de residencia ya existentes en todos los países de la zona euro, documentos de residencia «movilidad» de los trabajadores, de acuerdo con los países de origen y en función de las necesidades de los países de acogida. Hay que establecer una política de visados más democrática, aumentar significativamente su número para la entrada de trabajadores con permisos de residencia temporal y renovable en aquellos sectores en que sean necesarios. Esos permisos pueden dar lugar, al término de un período determinado y en condiciones específicas, a un permiso de residencia permanente.

  • Incentivar una política europea común de codesarrollo vinculada a los flujos migratorios. Ésta debe ser articulada con las políticas nacionales de cooperación, del mismo modo que se debe aumentar el presupuesto europeo consagrado a la ayuda al desarrollo para financiar proyectos empresariales (comerciales e industriales), medio-ambientales y agrícolas en los países de origen.

Desde el Consejo europeo de Tampere (1999) se ha aceptado la vinculación de los flujos migratorios no comunitarios con una política de codesarrollo, es decir, de ayuda al desarrollo de los países de origen utilizando el vector migratorio. Hay que aplicar esta decisión, instaurando una gestión de ida y vuelta de la inmigración, ayudando a quienes quisieran volver a sus países con proyectos económicos factibles y sin quitarles el derecho de regresar a Europa para implementar sus actividades.

  • Elaborar una estrategia común con los países fronterizos para luchar contra las mafias y, bajo mandato de la ONU, para actuar en mar y en tierra ayudando a los Estados fallidos.

Es, por lo tanto, crucial que las instituciones europeas inicien juntas una reflexión que elabore una estrategia solidaria de gestión a largo plazo de las migraciones. Que sean de trabajo o de asilo, las migraciones serán uno de los grandes desafíos del siglo XXI, así como el medio ambiente o la pobreza. Es un reto no sólo social y económico, sino también cultural e identitario. A la hora de la acogida, los países europeos no deben vacilar en dejar claro a los recién llegados las condiciones de la misma: respeto de los valores, normas y adhesión a la identidad común. Cada colectividad tiene el derecho a defender su identidad. Pero eso no significa aceptar el repliegue nacionalista y xenófobo. Hoy en día, en el contexto de crisis del empleo, en todos los países europeos se están desarrollando comportamientos de rechazo a la inmigración, de desprecio a los refugiados. Y, por lo tanto, de restricción drástica de los derechos de los extranjeros, ya sean inmigrantes o refugiados. Es imprescindible luchar contra esta corriente y afirmar, con la máxima determinación, que la defensa a la libertad de emigrar es una causa profundamente justa y humana. No hay que dejarse impresionar por el contexto de hostilidad actualmente dominante.

El continente europeo, el espacio más rico y desarrollado del planeta, debe apostar por relaciones cooperativas y solidarias con su flanco mediterráneo, zona de las más peligrosas fracturas del mundo. Porque, al fin y al cabo, el porvenir de ambos es indisociable y común.

moderado por:

  • Orencio Osuna

    Escritor y analista político

  • Teresa Gómez

Conclusión del debate

Tras dos meses de interesante discusión en nuestra web, y cuando están a punto de abrirse las urnas y votar en elecciones generales, damos por finalizado un debate que ha resultado rico y plural, tanto por el nivel de sus intervenciones como por los puntos de vista aportados. La ponencia inicial de José Luis de Zárraga proponía delimitar qué tipo de cambio queremos para este país, quiénes pueden confluir para protagonizarlo y cómo habría que realizar esa confluencia.

Moderado por Orencio Osuna y Teresa Gómez, los autores de las aportaciones han oscilado entre quienes consideran que el cambio es muy difícil y quienes piensan justo lo contrario. La opinión más generalizada es que las cosas no van a ser nunca como hasta ahora tras las elecciones del domingo 20 de diciembre para elegir los miembros del nuevo Congreso de Diputados. Hay quienes consideran que el proceso de transformación tiene que ser urgente y quienes apuestan por la prudencia. De uno u otro modo, se ha puesto en marcha un proceso irreversible que hace muy pertinente que hayamos estado debatiendo en nuestro foro hasta qué punto la oportunidad de cambio existe o no.

Plantea Zárraga que, dada “la improbabilidad de una mayoría absoluta, cualquier gobierno precisará el apoyo de varias fuerzas, y que la cuestión de la confluencia de movimientos y partidos que propugnan el cambio se encuentra esta vez en primer plano y adquiere una importancia decisiva”.

En su misma línea, o discrepando de su planteamiento, han intervenido con aportaciones políticos como Sabino Cuadra, economistas como Fernando Prieto o abogados como Héctor Maravall. Para el sociólogo Enrique del Olmo “vamos a un período donde las fórmulas de acción van a ser diversas y los instrumentos también, y donde las decisiones que se tomen van a tener un impacto real”, El historiador Pablo Sánchez León, por su parte, sostiene que
“la clave no está tanto en los resultados en sí cuanto en la manera en que sean introyectados por los ciudadanos que llevan desde el comienzo de la crisis aumentando su conciencia política y su sensibilidad social”

La tesis de Dolors Comas, catedrática de Antropología, es que “las fisuras y los agujeros del sistema político español han dejado al descubierto sus insuficiencias y podredumbre. No es extraño, añade, que mucha gente aspire a que las cosas cambien, pero este deseo de cambio se proyecta hacia actores múltiples dispersándose en el camino”.

Invitamos a repasar tanto estas intervenciones como las de Jaime Pastor, José Antonio Errejón, Eddy Sánchez, Jordi Guillot y las del resto de autores que han tenido a bien honrarnos con sus aportaciones.

A todos ellos muchas gracias, así como a quienes intervinieron en el debate presencial que tuvo lugar en la madrileña sala cultural Galileo el 3 de diciembre y en el que intervinieron, moderados por Ana Pardo de Vera, Alfonso García Vicente (PP); Rafael Simancas (PSOE); Rafael Mayoral (Podemos); Carolina Punset (Ciudadanos) y Víctor Alonso Rocafort (Unidad Popular)

Ponencia inicial

20 D: Oportunidad de cambio

20 D: Oportunidad de cambio

  • ¿Qué cambio queremos, cuáles son los objetivos fundamentales de este cambio?
  • ¿Quiénes –movimientos, partidos- pueden confluir para este cambio y protagonizarlo en el gobierno y en el parlamento?
  • ¿Cómo realizar esta confluencia, dotarla de un programa común y garantizar una política de cambios efectiva?

Hace justamente dos años se abría el foro de debates Espacio público. El primer debate propuso como tema ¿Cómo lograr una mayoría social de cambio? El debate que ahora se propone, a dos meses de las elecciones generales, continúa aquel primero y vuelve sobre la cuestión del cambio.

Pero, por una parte, lo que ha sucedido en España y fuera de España durante estos dos años últimos replantea la cuestión del cambio en condiciones nuevas, muy distintas, porque en este tiempo se han acumulado experiencias prácticas de cambio –o intentos de cambio- en las que se han evidenciado las dificultades, los obstáculos y los límites de un cambio real, así como la eficacia de las estrategias ensayadas para lograrlo y de las estrategias de las clases dominantes para impedirlo.

Y, por otra parte, la inmediatez de las elecciones generales plantea ahora la cuestión de un modo mucho más concreto y práctico. Ya no se trata de discutir en abstracto sobre una posible mayoría social de cambio, sino sobre la posibilidad real de un cambio inmediato, que ha de iniciarse o frustrarse en el plazo de dos meses.

En el debate de hace dos años numerosas intervenciones, tanto desde la perspectiva de Podemos como desde la de las Mareas y movimientos sociales y de las asambleas del 15M, rechazaban la definición de un espacio ‘de izquierdas’ y la posibilidad o la conveniencia de pactos de gobierno con partidos. Sin embargo, ante las elecciones municipales y autonómicas se formaron coaliciones diversas, con participación de movimientos y partidos; y tras las elecciones se constituyeron gobiernos municipales en varias de las principales ciudades, y gobiernos autonómicos en varias comunidades, con la participación, o al menos con el apoyo parlamentario, de movimientos y partidos, desde las mareas a Podemos, Compromís, Equo, Izquierda Unida o el PSOE. Se ha pasado del rechazo ‘por principios’ a esas alianzas a la negociación de acuerdos de coalición y pactos entre movimientos populares y partidos de izquierdas, que han permitido formar nuevos gobiernos municipales y autonómicos e iniciar políticas de cambio.

En la perspectiva de unas elecciones generales en las que son muy improbables las mayorías absolutas y cualquier gobierno precisará el apoyo de varias fuerzas, la cuestión de la confluencia de movimientos y partidos que propugnan el cambio está en primer plano y adquiere una importancia decisiva. El 20 D ofrece una oportunidad de cambio y sobre ese cambio, su posibilidad, sus condiciones y el modo de lograrlo vamos a debatir en Espacio Público.

I. La primera cuestión: Qué cambio

Hoy, todos los partidos políticos y movimientos sociales apelan al cambio. ‘Cambio’ es la palabra indispensable de todo discurso político. Y es así porque ‘el cambio’ es una demanda unánime de los electores: la gente quiere cambiar el gobierno, y no solo el gobierno y sus políticas, sino también la política en general, el modo de gobernar y las reglas del juego.

Por eso, lo primero que hay que aclarar es de qué cambio hablamos, cuál es el contenido fundamental del cambio que queremos. Es indispensable para despejar la bruma en la que todos los gatos son pardos y deshacer los equívocos sobre el ‘cambio’.

Hay dos aspectos principales del cambio político: (1) el cambio de orientación de las políticas, el cambio de rumbo; (2) los cambios concretos que se propone hacer desde el gobierno, a corto plazo –los cambios inmediatos, lo más urgente- y a plazo de la legislatura –el programa de gobierno-. En ambos aspectos hay que decir qué es lo fundamental y, por tanto, cuál es el foco y el alcance de la confluencia posible.

Es obvio que no se trata de confluir en un programa vacío, o en cambios que no respondan a las demandas de la gente, que no van a cambiar nada sustancial y que defraudarán y desalentarán a quienes se han estado movilizando por cambios reales durante estos años. Es obvio también que no toda demanda social podrá ser satisfecha por el gobierno que salga de estas elecciones. La gente tiene derecho a saber hacia dónde se quiere ir, qué se va a cambiar, qué se va a intentar, y también con qué restricciones y dentro de qué límites se va a gobernar.

En el contenido del cambio hay dos divisiones principales: hay que diferenciar entre cambios sistémicos y cambios dentro del sistema; y hay que diferenciar entre cambios políticos y cambios económicos. En parte esas dos divisiones se superponen, porque ‘sistema’ puede entenderse en el sentido particular de ‘sistema político’ –y en ese sentido los partidos del cambio sistémico se identifican con los partidarios de un proceso constituyente- y puede entenderse en el sentido fuerte, más general, de sistema social, que engloba tanto el sistema económico como el político.

¿Se trata, con el cambio que se propone, de cambiar el sistema o solo de mejorarlo corrigiendo debilidades y disfunciones en la medida de lo necesario para que funcione mejor? Y, en todo caso –pero sobre todo si de lo que se trata es de cambios sistémicos- ¿se trata de cambiar el modo de hacer política, –la democracia formal, representativa, tal como quedó definida en la Constitución de 1978 y en las leyes que la desarrollaron- y sus prácticas –la opacidad, la corrupción, la partitocracia, el bipartidismo…- por una democracia más participativa, más transparente y más limpia? ¿O se trata de cambiar (también) pautas básicas del sistema económico neoliberal dictado por el capital financiero que domina en España y en la UE por otras en las que lo común se sustraiga a las conveniencias del poder económico y el interés público predomine sobre el privado?

II. La segunda cuestión: Quiénes

¿Con quiénes –partidos, movimientos sociales…- se puede confluir? Como se ha dicho antes, todos ofrecen ‘cambio’, pero es muy distinto el cambio que ofrecen. Y, ofrezcan lo que ofrezcan, es muy distinto el cambio que representan, los cambios que es verosímil que realicen. El ‘cambio’ tiene muy distintos contenidos.

Izquierda Unida, IC-V, Compromís, Podemos, las mareas y otros partidos y movimientos, proponen cambios profundos, pero unos con el acento puesto, sobre todo, en el sistema político y otros, en los cambios en el sistema económico. El PSOE y el PSC –tras un giro evidente en su línea anterior- también propugnan ahora cambios políticos y económicos, de distinto calado y orientación que aquellos. Ciudadanos propone también cambios políticos y económicos, en algunos casos –en el terreno político- coincidentes con los anteriores, y en otros –especialmente en el terreno económico y en el de la organización territorial- cambios en sentido contrario. Para el mismo PP la referencia fundamental de su discurso electoral va a ser el cambio, en un doble sentido: (a) defendiendo y reivindicando el cambio que representa respecto a la política del gobierno socialista anterior; y (b), a la inversa que todos los demás, argumentando lo negativo que sería un cambio en sus políticas, el peligro de un cambio ‘regresivo’ que arruinara al país.

En todo caso, propugnando ‘cambios’, hay partidos del sistema y partidos del cambio sistémico, a los que a veces se denomina ‘antisistema’, calificación meramente negativa con la que los partidos del sistema intentan descalificarlos a ojos de la gente. Y entre los partidarios del sistema los hay conservadores, reformistas (de izquierdas y de derechas), reaccionarios e incluso quienes son, a la vez, en ciertos aspectos reformistas y en otros reaccionarios.

¿Pueden entenderse en esta coyuntura –pueden confluir en pactos postelectorales- los partidarios de cambios sistémicos con los partidos reformistas dentro del sistema? ¿En qué grado y bajo qué condiciones es ello posible, si lo es? ¿Qué garantías hay de que el gobierno que se formase sobre semejantes compromisos no caería en una trampa, no tendría las manos atadas y estaría abocado al fracaso o al abandono de sus principios? ¿Entenderían los ciudadanos los pactos postelectorales con partidos a los que se ha criticado y descalificado antes y los compromisos y renuncias que los hagan posible? Y, al contrario, ¿entenderían los votantes que se renunciase a gobernar por mantener la integridad del programa y la pureza ideológica?

III. La tercera cuestión: Cómo

En casi todos los documentos que se publicaron como ‘material de trabajo’ junto con las intervenciones del debate de 2013 –que siguen disponibles en la web de Espacio Público y que pueden tomarse también como referencia en el debate actual- se hacía un llamamiento a la convergencia de ciudadanos y organizaciones en lo que se denominaba de formas diversas: ‘un frente amplio’, ‘un bloque social y político’, ‘un frente común’, etc., como forma preelectoral de su confluencia en una alternativa de gobierno. La formación de esa alternativa ha sido objeto de un debate público intenso durante estos dos últimos años, y especialmente antes y después de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, con resultados prácticos diversos.

Cuando está a punto de cerrarse la cuestión con la presentación de las coaliciones para las próximas elecciones generales (cuya fecha límite es el 6 de noviembre) no queda ya margen para debatir, con efectos prácticos, sobre los pactos preelectorales. Por tanto, el debate sobre el cómo se centra en los pactos postelectorales para la formación de un gobierno de cambio.

Si los resultados electorales hacen posible cambios reales, probablemente va a ser a través de pactos, porque no parece probable la mayoría absoluta de una lista que propugne el cambio, ni de ninguna. Pero, además, después de las experiencias de los gobiernos de mayoría absoluta que hemos tenido en España, la mayoría de los ciudadanos, cuando se les pregunta, prefieren gobiernos de pacto, formados por varias fuerzas o que requieran su apoyo para gobernar.

El pacto puede ser de gobierno, participando en su formación, o solo de apoyo parlamentario; y en este segundo caso puede ser de investidura –apoyo para investir un presidente, sin otros compromisos- o de legislatura –apoyo para desarrollar un programa-. Que sea de uno u otro tipo dependerá de entre quienes se pacte y de los compromisos a que se llegue. Qué es preferible y en qué condiciones se está dispuesto a investir a un gobierno, a participar en él o a apoyarlo en el desarrollo de un programa es materia de debate. Los ciudadanos, antes de votar, deberían saber a qué están dispuestos –y a qué no- las distintas opciones electorales en cuanto a pactos y formación de gobierno.

En cualquier pacto de gobierno es cuestión esencial el criterio con el que se decide el pacto. Cuando el criterio dominante es el interés de los partidos –su trozo de pastel- o el trapicheo en el que se intercambian beneficios, el pacto es rechazado por los votantes. Los votantes tienen que poderse reconocer en los criterios del pacto. Y para ello, el criterio fundamental es el acuerdo programático, sea un acuerdo básico, mínimo, de cambio de rumbo, sea el acuerdo sobre un programa de cambios. Los partidos han de fijar los mínimos por debajo de los cuales no apoyarán a un gobierno, lo irrenunciable; y, a la vez, las líneas rojas que no aceptarán que se traspase, lo intocable.

Pero, además, los partidos han de comprometerse a que los pactos no se acuerden a espaldas de la gente, en secreto y sin su participación. El debate de los pactos postelectorales debe ser público y abierto a la participación de los ciudadanos. Las condiciones y límites de los pactos postelectorales y el modo como se acordarán y como la gente podrá participar en la discusión y expresar su opinión es también, por tanto, materia de este debate.

IV. Los problemas y la estrategia del cambio

En el contexto actual –español y europeo- un cambio real va a requerir, necesariamente, forzar los límites. Los límites han sido establecidos para impedir el cambio, son resultado de ‘consensos’ que se nos han impuesto con ese fin: ‘consenso’ constitucional, ‘consenso’ económico, ‘consenso’ europeo… No se puede cambiar realmente nada sustancial sin forzar esos límites. Pero, hay que decir también, no se va a cambiar nada sustancial ignorando la eficacia de los límites impuestos y de los mecanismos creados para imponerlos. Lo principal de una estrategia de cambio, hoy, radica en cómo superar esos límites, no en las declaraciones, sino en la práctica, eficazmente. De inmediato, hay –necesariamente- que gobernar cambiando, cambiar pese a los límites; y en un futuro próximo, hay –necesariamente- que cambiar los límites. Hay por tanto dos horizontes y dos estrategias adecuadas a ellos: los problemas inmediatos, que hay que resolver ahora; las condiciones de la política, que hay que cambiar para el futuro.

Las estrategias de cambio y los pactos para lograrlo están erizados de problemas y hay que reflexionar y debatir sobre las experiencias –positivas y negativas- que respecto a ello tenemos.

En España, las elecciones municipales y autonómicas recientes ofrecen un abanico de casos paradigmáticos de ‘oportunidades de cambio’. Por una parte, las experiencias de pactos que han llevado al gobierno fuerzas de cambio en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Cádiz y en otras ciudades y autonomías. Por otra parte, los casos que ponen en primer plano las dificultades, problemas y distintas posturas posibles ante los pactos para formar gobiernos. Hay casos muy distintos, que ilustran bien esas dificultades, problemas y posturas. Uno, bien conocido, que permanece abierto, el del posible apoyo de la CUP a un gobierno de Junts pel Sí, tras las elecciones catalanas. Otro, el del fracaso de las negociaciones entre el PSOE y Podemos e Izquierda Unida en Andalucía, con la investidura de la candidata socialista como Presidenta con el voto de Ciudadanos. Otro, menos conocido, el de la formación de los gobiernos municipales de las dos principales ciudades asturianas, Gijón y Oviedo; en Gijón continúa gobernando el Foro de Álvarez Cascos tras abortarse el pacto entre el PSOE, IU y ‘Xixón sí puede’; en Oviedo ha salido del gobierno el PP tras dos décadas de mayorías absolutas y gobierna el PSOE gracias al apoyo de ‘Somos Oviedo’, que en las elecciones fue la primera fuerza tras el PP.

En el ámbito europeo, la experiencia griega proporciona enseñanzas dramáticas sobre las estrategias posibles ante las constricciones de la realidad: qué márgenes de maniobra hay, con qué recursos se puede contar, qué se puede y qué no se puede hacer y en qué condiciones… Y en Portugal permanece abierta la posibilidad de un pacto entre el Partido Socialista, el Bloque de Izquierdas y el Partido Comunista que desplazaría del gobierno a Passos Coelho y podría iniciar un cambio de políticas.

El 20 D ofrece una oportunidad de cambio, cuya realización efectiva, alcance y profundidad va a depender de la confluencia de los movimientos sociales y partidos de izquierdas que lo propugnan. Espacio Público propone a todos ellos, y a los ciudadanos en general, debatir qué cambios, entre quiénes y cómo.

moderado por:

  • Pedro Chaves

    Profesor CC. Políticas

  • Marià de Delàs

    Periodista

Conclusión del debate

¿Se pueden cambiar las ciudades? Esta pregunta ha sido el punto de partida de la ponencia que el geógrafo y urbanista Jordi Borja ha desarrollado en nuestra web durante los dos últimos meses.

En ella, su autor planteaba que hay que “socializar políticamente las elecciones” y que, ante el cambio de época en el que estamos, es preciso replantearse la ciudad metropolitana, la base económica, la unificación fiscal y política y un proyecto urbanístico integrador. Esto, a su juicio, requiere grandes proyectos entre los que se encuentran reorganizar el mapa territorial o adaptar la institucionalidad política y financiera a las realidades económicas y sociales para hacer posible una fiscalidad más justa.

Aboga el ponente por acentuar actuaciones especialmente referidas a la pobreza, la vivienda, el empleo y la protección social. Ante las actuaciones más potentes, las referidas al urbanismo, las intervenciones en el tejido urbano o los desarrollos nuevos, se pregunta: ¿para quién? Recuerda que hay tener en cuenta los efectos perversos de las buenas acciones urbanísticas, las que mejoran la ciudad pero contribuyen a multiplicar los precios del suelo y de la vivienda porque esto suele acabar redundando –afirma- en la expulsión de las ciudades de los sectores populares y a veces también medios.

Apuesta Borja por yugular la especulación mediante políticas fiscales y urbanísticas que a la larga acaben socializando el suelo urbano y urbanizable. Y termina haciendo votos por la llegada del aire fresco: “Los portavoces de la nueva política –escribe- se presentan a las elecciones, veremos cuando lleguen al gobierno lo que proponen y lo que hacen después… Ya es mucho que existan, que hayan sabido presentarse exitosamente en el escenario político y mediático y que tengan opciones de gobernar tanto a nivel local y autonómico como estatal. Pero por ahora, sobre todo es una marca. Y la marca también se ha convertido en producto”.

En el foro de Espacio Público pueden leerse las diversas aportaciones que a la exposición de Borja han ido haciendo distintos autores, entre ellos Enrique del Olmo, Rosa de la Fuente, Martiño Noriega, Xulio Ferreiro, Francisco Ramos, Nacho Murgui o Jaume Grau entre otros.

Frente al “Resistir es tener esperanza” de René Chair que citaba Borja en su ponencia, Martiño Noriega, candidato por Compostela Aberta a la alcaldía de Santiago, sostiene que “Resistir es perder” y señala la gravedad que supone que el PP haya realizado, en estos últimos años, “una privatización partidaria de los ayuntamientos bajo la coartada del necesario cambio conservador, y mientras Roma arde”.

El socialista Ramos Antón, parlamentario en las Cortes de Castilla León, exponía en su aportación que “en la maleta de las grandes reformas no hay que olvidar constitucionalizar el derecho al gobierno local y el espacio político de las competencias locales, para que no se lo lleve el viento”.

Por su parte la profesora de Ciencia Política Rosa de la Fuente planteaba, entre otras cuestiones, cómo se puede sustituir el urbanismo neoliberal del ciclo expansivo de la economía por un urbanismo social en un contexto de contención de las inversiones públicas o privadas.

El candidato de Marea Atlántica a la alcaldía de A Coruña, Xulio Ferreiro, si bien no cree “que podamos esperar de estas elecciones municipales que sean el pistoletazo de salida inmediato a un proceso constituyente sí piensa, sin embargo, que pueden servir para recuperar la esperanza e impulsar eso que llamamos «nuevo ciclo político».

Nacho Murgui, número dos, tras Manuela Carmena, en la lista de Ahora Madrid al ayuntamiento, ha querido valorar positivamente por escrito el hecho de que, “tras décadas de desafección política y desencanto, de acudir a las urnas con la «pinza en la nariz», llega ahora el momento de la sonrisa y la alegría de seguir avanzando en los cambios que hagan de nuestro país y de nuestras ciudades lugares dignos en los que vivir”.

Como colofón al debate en la web, Público TV emitió por streaming el miércoles 20 de mayo un coloquio moderado por la periodista Pepa Roma y en el que, además del propio ponente, los participantes fueron Montserrat Muñoz, número dos a la Comunidad de Madrid en las listas de IU; Carme García Lores, PSC, alcaldesa de Rubí; Nacho Murgui, Purificación Causapié, número dos por el PSOE al ayuntamiento de Madrid y el sociólogo Julio Alguacil, profesor de la Universidad Carlos III.

Ponencia inicial

Municipalismo. Cómo cambiar las ciudades

Municipalismo. Cómo cambiar las ciudades

“Resistir es tener esperanza” (René Char)

“Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo” afirmó, segun cuentan, Arquímedes. Las elecciones municipales en España probablemente no moverán el mundo pero sí a muchos cargos públicos de sus sillones de platea, no únicamente alcaldes y concejales. Puede ser el fin de un sistema político carcomido y desacreditato y una renovación de la política y de la mayoría de sus representantes institucionales actuales. Según cuál sea el resultado de estas elecciones las siguientes, las generales, serán simplemente la puntilla. No plantearlo así no solamente sería perder una oportunidad de iniciar un proceso de “salud pública” sino también frustrar las esperanzas latentes de una ciudadanía que vive en un estado de malestar permanente.

Por lo tanto hay que “socializar políticamente las elecciones”. Expresar el rechazo del sistema electoral, el bipartidismo, el gobierno del PP, la reducción de la política a la delegación electorial, la partitocracia, la miseria de los instrumentos participativos, etc. El adversario principal es el PP. Hacer de las elecciones municipales la derrota aplastante del PP y de sus cómplices (en cada ciudad o comunidad autónoma los hay). Se trata de democratizar una democracia interrupta y a la vez degenerada. El discurso político democratizador del ámbito local hay que elevarlo al conjunto del Estado.

Estamos en un cambio de época. El capitalismo financiero global condiciona las economías locales. Triunfa la especulación sobre la producción y todo es mercancía, los valores de cambio se imponen a los de uso. No hace falta leer a Piketty para observar cómo crecen las desigualdades y exclusiones sociales en nuestras ciudades. Un indicador nada sospechoso de “izquierdista” coloca a Madrid y Barcelona entre las ciudades de menos “cohesión social”.(1)IESE. Business School, Centro de Globalización y Estrategia. Indice “Cities in Motion”, 2015. Como es sabido el IESE está estrechamente ligado al Opus Dei. Patrocinan el estudio Scneider Electric, Telefónica e IBM. En el ranking de cohesión social, entre 148 grandes ciudades del mundo, Barcelona se sitúa en el número 129 y Madrid en el 124 . En cambio en el ranking global (incluye además capital humano, economía, gestión pública, gobernanza, movilidad, medio ambiente, planificación urbana, proyeccción internacional y tecnología) Barcelona se sitúa en el lugar 34 y Madrid en el 35. Las ciudades “centrales” españolas se recalificaron en las dos décadas que siguieron a las primeras elecciones municipales democráticas post dictadura (1979). Pero a partir de los años 90, el boom immobiliario primero y la posterior crisis la década después se han hecho gradualmente excluyentes: han expulsado a sectores populares, jóvenes e inmigrantes hacia las periferias “donde la ciudad cambia de nombre”, es decir urbanización sin ciudad.(2)Candel, Francisco, reflejó las condicione de vida de los barrios de chabolas en los años 50 en una de sus primeras obras. La “urbanización sin ciudad” es lo urbano sin ciudadanía, sin derechos.
El informe del Banco Mundial de 2009, en plena crisis del sector immobiliario, consideraba como uno de los principales indicadores del “desarrollo” es el número de km cuadrados de urbanizaciones periféricas y diseminadas, segregación y exclusión sociales, barrios cerrados, suelos expectantes para especular, etc. Todo ello con altos costes sociales y ambientales. Los organismos internacionales apostaron por la especulación.

Hay que replantearse la ciudad metropolitana (plurimunicipal): la base económica (economía productiva, social y verde), la unificación fiscal y política y un proyecto urbanístico integrador. Y esto requiere grandes proyectos, sin miedo a la palabra a veces pervertida. Hay que evitar caer del lado del “socialismo reaccionario”(3)Crítica de Marx y Engels a Sismondi y otros cientistas sociales que escandalizados por la expulsión de los campesinos y la miseria urbana y laboral de los trabajadores de la industria mitificaron el pasado precapitalista.. Se trata de “hacer ciudad”.

Es urgente reorganizar el mapa territorial. Sin entrar en el tema de las nacionalidades en España, sobran muchos municipios, sobran las provincias y cualquier otra entidad intermedia. Incluso sobran bastantes comunidades autónomas. Excepto en algunas zonas rurales y de baja urbanización, es necesario organizar el territorio en entidades urbanas o metropolitanas, bien tengan una ciudad central o tiendan a polarizarse por algunas ciudades intermedias. La cobardía y los intereses corporativos de la actual clase política ante reformas estructurales (y electorales), las prebendas que genera la multiplicación de instituciones y entidades territoriales y la consiguiente ineficacia y opacidad de las mismas representan un alto coste económico y político. Estas entidades tendrán gran parte de las municipales, las de las provincias y parte de las autonómicas.

Los actuales municipios serán circunscripción electoral (sin perjuicio de una estricta proporcionalidad) y entes descentralizados con funciones de ejecución, gestión, cooperación e iniciativa. Hay que adaptar la institucionalidad política y financiera a las realidades económicas y sociales. Lo cual hace posible una fiscalidad más justa.

Las izquierdas, cuando llegan a ocupar los gobiernos locales, tienden a actuar en tres direcciones: actuaciones sociales de urgencia en barrios deficitarios y para poblaciones vulnerables; mejora de los servicios públicos de uso colectivo, los medioambientales y los culturales; y finalmente intervenciones urbanísticas: espacio público, equipamientos, vivienda protegida o social y en algunos casos generación de empleo. Nada que oponer, las intenciones son buenas y los resultados immediatos acostumbran a ser positivos, pero limitados. Sería un gran error no acentuar estas actuaciones, especialmente referidas a la pobreza, la vivienda, el empleo y la protección social.

Pero precisamente ante las actuaciones más potentes, las referidas al urbanismo, las intervenciones en el tejido urbano o los desarrollos nuevos, hay que preguntarse ¿para quién? No discutiremos los beneficios que reciben los afectados por estas actuaciones. Pero ¿y después? Hay que tener en cuenta los efectos perversos de las buenas acciones urbanísticas. Se mejora la ciudad, se multiplican los precios del suelo y de la vivienda y el mercado acaba expulsando a los sectores populares y a veces medios. Son sustituidos por población de mayores ingresos, comercios y oficinas y usos turísticos. Se trata de intervenir en los procesos causales excluyentes: control del suelo y recuperación de plusvalías, operaciones de vivienda, policentrismo, mixtura social y funcional. Y ante todo yugular la especulación mediante políticas fiscales y urbanísticas (que a la larga acaben socializando el suelo urbano y urbanizable). No hay que temer a la señora “propiedad” cuando se trata de bienes vocacionalmente comunes como el suelo, el agua, el aire y la energía. No vamos a ser menos que los griegos antiguos.

Para terminar, veamos esta nueva palabra: “passepartout”, como el Cantinflas de La vuelta al mundo en 80 días. Me refiero a la “nueva política”. “Desconfiad de las palabras”, leí en un enorme graffiti en el barrio parisino de Belleville (por cierto, muy cerca de la librería Le Genre Urbain, especializada en temas urbanos). Nació como marca de una actitud política crítica, gente indignada que quería que se le tuviera en cuenta, que sentía que los representantes institucionales no le representaban, que aspiraba a conquistar derechos reales y no meramente formales. Se ha convertido en una marca. Ha circulado mucho, demasiado, ha dado vueltas y vueltas, el círculo se ha hecho vicioso… La marca existe, pero el producto aún no. Los portavoces de la nueva política se presentan a las elecciones, veremos cuando lleguen al gobierno lo que proponen y lo que hacen después. No es una crítica, es lógico que sea así, hay que ver cómo actúan cuando se enfrenten con la resistencia de la realidad. Ya es mucho que existan, que hayan sabido presentarse exitosamente en el escenario político y mediático y que tengan opciones de gobernar tanto a nivel local y autonómico como estatal. Pero por ahora, sobre todo es una marca. Y la marca también se ha convertido en producto.

¿Cúal es el producto? El contenido específico de la “nueva política” es la participación, la iniciativa popular, la movilización social. La propaganda es legítima y necesaria pero, con más o menos apoyos, los gobernantes deben saber qué quieren ellos y qué quieren los ciudadanos, cuáles son las prioridades y los instrumentos y cuál la estrategia para alcanzar resultados a medio y largo plazo, no solo lo inmediato. Los ciudadanos esperan que los gobernantes, los nuevos, se enfrenen con problemas a los que aportar algunas soluciones. Tienen derecho a participar, criticar, proponer y apoyar, pero no el deber. Las llamadas a la movilización son acciones retóricas. Se hacen si hay condiciones concretas, pero no se proclaman.

Una última consideración sobre el tiempo. Políticas ciudadanas que dejen huellas, que dificílmente sean reversibles, que modifiquen la relación de fuerzas entre la acumulación especulativa de capital y la mejora significativa del salario indirecto o ciudadano (o reproducción social) y que suponen una dinámica profunda que reoriente las tendencias perversas actuales requieren tiempo. Cuando la nueva política, con su honesta y necesaria ambición transformadora, inicie su travesía en las instituciones de gobierno debe tener muy claro cuál es su objetivo prioritario: mantenerse en el poder, ganar las siguientes elecciones y las siguientes. Los grandes cambios requieren en muchos casos 10 ó 15 años de poder político con apoyo e iniciativa populares.

Hay que partir de la base que las elecciones se ganan porque los que gobiernan las pierden, como decía Popper (en esto creo que tenía razón)(4)Popper aducía un argumento simple. Los ciudadanos votan principalmente porque no quieren que los que gobiernan sigan, quieren echarlos. Votan a otros sin saber muy bien que harán pero al menos para probarlo.. Para ganar las próximas elecciones no es necesario tener un programa concreto, ni una respuesta para todo. Como leí en una inscripción de un muro en Lima: “No queremos hechos, queremos

ilusiones”. Transmitir ilusión y esperanza, sinceridad y seriedad es la clave. Pero hay que saber lo que se va a hacer durante los primeros seis meses, y eso supone tener una idea clara de los objetivos y de los instrumentos. Lo que no se plantea al inicio del mandato difícilmente se va a realizar más tarde.

moderado por:

  • Julia Pérez

    Unión de Asociaciones Familiares. UNAL

  • Orencio Osuna

    Escritor y analista político

Conclusión del debate

La Justicia habría de ser un servicio útil y no lo es. Hoy día no es el servicio público que precisa la gran mayoría de ciudadanos para resolver sus litigios, basados en los derechos y obligaciones, tanto entre sí como entre ellos y el Estado. Así comienza Manuela Carmena la ponencia con la que “Espacio Público” abrió el debate sobre la necesidad de reinventar la justicia. Durante los más de dos meses en que ha estado abierto, han contribuido como reflexiones personalidades de todos los ámbitos del mundo de la Justicia.

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, plantea que “si existe un documento formalmente antiguo e inadecuado en nuestras Administraciones Públicas ese es la citación judicial. Un documento totalmente incomprensible para el español medio e intolerablemente amenazante para quien es llamado a colaborar con la Administración de Justicia. La citación –añade Carnicer- es muchas veces el primer acto de la Justicia al que asiste el ciudadano que es llamado a colaborar con ella. Y la mala imagen que tiene la Justicia entre los ciudadanos podría evitarse si, simplemente, se tratara a los ciudadanos con el respeto que merecen”.

Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la UAB, escribe que “es posible propiciar una transformación de la Justicia con mecanismos de actuación más horizontal, con participación de agentes sociales y alejada de los ritos que hoy la anquilosan”

El juez José María Fernández Seijo propone la desaparición del Ministerio de Justicia: “En algún momento –afirma- debería ponerse un poco de orden y rediseñar el tablero partiendo en primer lugar de la desaparición del ministerio de justicia, sus competencias deberían ser o bien transferidas a las comunidades autónomas o bien redistribuidas entre el ministerio de presidencia, el de administraciones públicas, el de exteriores y el de cultura”.

Por su parte María Victoria Cinto, vocal del Consejo General del Poder Judicial, cree que “definitivamente es la hora del cambio, de la reinvención, de promover unos nuevos usos y maneras, de fijar los objetivos de una nueva gestión que acerque la justicia a las demandas de la sociedad, que sirva para resolver sus conflictos y crear un marco de convivencia asumible por todos”

Joan Baucells Lladós, profesor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, entiende que “no podremos avanzar en la mejora de la elaboración de las leyes si no se reinventan también los mecanismos de control de estos niveles de racionalidad. Cuando uno lee sus sentencias –explica-, tiene la impresión que el control de las leyes penales por el Tribunal constitucional no ha hecho más que empezar, y que aún está pendiente de elaboración una teoría suficientemente comprensiva de sus contenidos y de sus límites”.

El abogado Jaume Asens critica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “institución endogámica, a su juicio, altamente politizada e incapaz de acometer su principal tarea: poner orden en la justicia y proteger la independencia de quien debe ejercerla. Con su vinculación al poder político, -añade Asens-se ha convertido en un problema más que en la solución.

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia sostiene que “es probable que no haya ningún ámbito como el de la Justicia en el que exista una coincidencia tan generalizada en la percepción de un patente abandono institucional” y Antonio Segura, vicepresidente del Foro de abogados de izquierdas mantiene que “el componente social de la propia plantilla de jueces, juezas, y miembros del ministerio fiscal no se corresponde con la diversidad ideológica de la actual realidad social”.

Para la ex ministra Margarita Robles, ahora magistrada del Tribunal Supremo, “los jueces tienen que ser el punto esencial y básico de la protección de los derechos de los ciudadanos” mientras que el también magistrado Ignacio González Vega repasa y analiza la manera de acceder a la judicatura en nuestro país.

Este fue uno de los puntos de más controversia entre los participantes en el debate presencial previo al cierre de esta ponencia, que moderó Julia Pérez, especialista en Tribunales del diario Público, y que tuvo lugar el pasado 9 de abril en Madrid, en la sede de Ecooo.  En él intervinieron, junto a Manuela Carmena, los también magistrados Joaquim Bosch y Manuel Ruiz de Lara y los abogados Gloria Elizo, Jaume Asens y Antonio Segura.

Quien esté interesado en conocer el debate que ha tenido lugar en la web desde febrero hasta abril de 2015, lo puede consultar a continuación.

Ponencia inicial

La Justicia: hay que reinventarla

La Justicia: hay que reinventarla

Empecemos por el final, que puede ser el principio. Veamos de qué se trata. Empecemos a entrever “en qué y para qué” podría llegar a ser la Justicia. Construyamos en primer lugar un marco conceptual, incluso un escenario, de esa “Otra Justicia”.

Valga esto como obligada introducción, de aviso si se quiere. Liberémonos de entrada de ataduras heredadas de otros momentos. Ya veremos después ( desde donde estamos, con la Justicia que tenemos y caracterizándola en primer lugar) algunas medidas posibles. Que el pragmatismo sin embargo, quizás necesario, no nos impida contemplar el horizonte de la reinvención, ese sí que realmente es imprescindible.

La Justicia habría de ser un servicio útil. No lo es. Hoy día no es el servicio público que precisa la gran mayoría de ciudadanos para resolver sus litigios, basados en los derechos y obligaciones, tanto entre sí como entre ellos y el Estado.

No basta con modificaciones parciales. Hay que revisar el concepto: lo que debe ser la Justicia. En tanto que no se replantee, como algo distinto, las reformas parciales, aun bien intencionadas, dirigidas a esa utilidad, acaban siendo fagocitadas   y deformadas por los valores, usos e intereses de la inercial cultura judicial.

HAY QUE REINVENTAR LA JUSTICIA. De Zeus a Hermes

El Profesor belga de filosofía del derecho François d’Ost sostiene que es necesario cambiar el modelo actual de la Justicia. La justicia se concibe como una línea vertical y autoritaria, que él identifica con Zeus-Júpiter. Hay que apostar en su lugar por el de una línea horizontal, de intermediación o comunicación que, en contraposición, él identifica con Hermes o Marte. Esto es, con los dioses del comercio y la comunicación.

Podemos concebir esa nueva justicia diferente como un gran proceso de intercomunicación social. Los jueces no sólo aplican las leyes sino que tienen en cuenta los efectos que estas van a producir. Por eso, incorporan a los agentes sociales que pueden completar primero esa evaluación y equilibrar después los efectos de aplicación de la norma.

Imaginemos escenarios diferentes, salas de reuniones, en lugar de salas de audiencias con estrados, rituales e indescriptible jerga. Imaginemos jueces y profesionales diversos, sin disfraz que se codean, y trabajan en conjunto, con los propios interesados, para la resolución de los procesos. Se suscitan diálogos entre unos y otros, en lugar de los secos e indiciáticos ritos procesales a los que se nos acostumbra.

Sí, en ese nuevo escenario, los jueces dirigen ese proceso de intermediación y configuran también la resolución final, pero no lo hacen desde arriba, desde la columna sino desde el círculo, que nos iguala y complementa.

La justicia que ahora se conoce como justicia restaurativa va en esa dirección. No obstante, la nueva visión de la Justicia va más allá. Está enraizada en lo social, hecha entre todos, y tejida con estrategias de mediación. Incorporar a los agentes sociales en los procesos constituiría sin duda la novedad. Eso no significa en modo alguno abdicar de su obligación de castigar o sancionar las conductas que pueden resultar inadmisibles, pero lo hace de otra forma.

Cuando la justicia se concibe como un instrumento de intercomunicación social para la resolución de los conflictos, los castigos deben contar   con la aceptación que exige, por encima de todo, su utilidad social.

La nueva Justicia ha de Individualizar el castigo, buscar las causas y las motivaciones del hecho que se reprocha. Trata de que el reproche, la sanción y/o el castigo, sean esencialmente útiles tanto para la sociedad como para el castigado. Útil para lograr que el sujeto del delito modifique la conducta que se le reprocha. Útil para que la sociedad se identifique con los valores sociales que provocan el rechazo al acto ilícito. Útil también para que la sociedad conozca porque se producen esos actos y aborde como evitarlos. Y finalmente útil también para diseñar las formas en las que habrá que reparar el daño que ha podido causar el acto ilícito de que se trate, haya victimas individualizables o se trate de victimas difusas.

Así, por ejemplo, la sociedad española está en este momento indignada ante la constatación de la falta de honestidad de su clase política. La sociedad necesita saber quiénes, cómo y por qué han sido o siguen siendo deshonestos.

Ese derecho a la verdad tiene difícil encaje en la justicia tradicional y además condiciona no solo el acierto en el reproche sino la adecuada individualización final del castigo.

Ante interminables procesos de gran calado social, sentencias recientes concluyen con meros “no ha resultado probado”. Incertidumbres justificadas en la técnica procesal, que resultan difíciles de comprender socialmente. Por ejemplo, en la Sentencia del caso Fabra se dice: “No ha habido delito de trafico de influencias, porque de las pruebas celebradas solo se ha aclarado una actividad de “recomendación” que, aun sin ser ética, no es delictiva”.Ha habido delito fiscal , continúa la Sentencia, por no haber declarado el acusado y su esposa   la percepción de cantidades importantes de dinero, pero, como estas no se sabe por qué les fueron entregadas, se les absuelve del delito de cohecho”.

Casi nadie lee las sentencias, como mucho se lee un mini resumen. Si se leyeran esa incapacidad de saber realmente lo que ha sucedido, se entendería como una prueba de impunidad. Muchos dirían: “¿Tendrían que haber llamado a la prensa para hacer entrega de esas cantidades para que quedara constancia pública de la entrega?”

Una justicia útil tiene que poder ofrecer la verdad del suceso. Hoy día la justicia penal no aporta la verdad real de los sucesos (jurídicamente decimos la verdad material) solo lo que se llama la verdad formal, que no es otra cosa que el resultado de la aplicación de una serie de normas técnicas en el enjuiciamiento.

HERMES REQUIERE NUEVAS LEYES, …y hechas de otra manera

La reinvención de la justicia empieza por una manera diferente de entender las leyes. No solo hay que reenfocar   la actividad jurisdiccional en clave de utilidad social, sino que además hay que replantearse profundamente el papel de la norma en la sociedad. Analizar si las normas, tal como las conocemos hoy día, son el instrumento más idóneo para modificar las conductas sociales. En todo caso, hay que estudiar detenidamente cómo y qué clase de normas pueden y deben ser útiles para mejorar la Justicia, y en último término la convivencia social.

La forma en la que se regulan los derechos y los deberes es determinante. El acierto en su regulación, tanto en la forma como en el contenido, es definitivo. De ahí la importancia y necesidad de reinventar, también, la elaboración de las normas.

“El Legislativo” es uno de los tres poderes del Estado. Está sin embargo desdibujado en la conciencia crítica social. Cuando suceden acontecimientos que generan indignación social se descubren cantidad de leyes absurdas y/o injustas, en las que los aplicadores de la justicia (los jueces) tienden a escudarse para justificar tremendas y cuestionables decisiones judiciales. Se genera así un ping-pong de reproches que alimenta titulares pero que, sin saber por qué, no logra trasmitir la necesidad de plantear y profundizar ante la gran cuestión: cómo y para qué nos hacen las leyes nuestros diputados.

Reinventar la manera de hacer las leyes también implica ampliar y socializar el Legislativo. La sociedad presenta una gran complejidad y encierra en sí misma un gran potencial. No puede limitarse a trabajar solo, con y entre los diputados. El Parlamento tiene que abrirse. Tiene que ser crisol del debate sobre el diagnóstico y la solución normativa de aquellos problemas que a los ciudadanos les inquieten. La tecnología permite hoy que los ciudadanos interactúen con el Parlamento, mandando datos, experiencias y opiniones sobre la actividad normativa y, por supuesto, participando también en la elaboración de las normas. Es incomprensible esa desconfianza a las iniciativas legislativas de los ciudadanos. También es incomprensible que los diputados puedan sentirse satisfechos en el contexto de un Parlamento también cuajado, como la Justicia, de comportamientos decimonónicos.

Un legislativo diferente, implicado en la sociedad, debe sobre todo evaluar la norma y asumir su incidencia social. No puede legislar solo en papel y para el papel. La norma no puede ser más que un elemento en la solución de un conflicto. Quizás necesaria, nunca resulta suficiente. Su incidencia y utilidad siempre dependerán de la interactuación social.

Si un Parlamento decide normas por las que se facilitan (o incluso pretendan disminuirse) los desahucios, deberá estudiar sus consecuencias, saber cuántas personas, previsiblemente, se quedaran sin vivienda, qué efectos provocarán esos desalojos y, sobre todo, qué va a pasar con los desahuciados, cuándo y dónde se les podrá realojar.

Ese legislar solo en papel, y para el papel, explica que una ley como la de Enjuiciamiento Civil, aprobada en el año 2.000, llegue a establecer lo que debe hacer el juzgado que desahucia con los bienes materiales -ropas muebles, etc.- de los desahuciados y no diga ni una palabra sobre qué habría que hacer con la familia que se la deja en la calle.

Y MIENTRAS TANTO, AÚN CON ZEUS, HAY MEJORAS POSIBLES

La reinvención de la justicia será consecuencia de procesos de reflexión necesarios pero forzosamente lentos. Por eso considero conveniente, mientras que estos procesos vayan dando su fruto, analizar también lo que se considera que son los grandes males de nuestra Justicia actual. Ante ellos propongo pautas e iniciativas que mejorarían el diagnostico actual y que podrían propiciar y generar cambios futuros hacia Hermes. Valga su enunciado como mecanismo de propiciar el debate.

1. La justicia es oscura, burocrática y displicente…

En alguna medida, todas las encuestas que se han hecho, y que se siguen haciendo, coinciden en que la Justicia no ofrece una imagen de servicio a la ciudadanía. La justicia decimonónica, que el franquismo aceptó, no se ha modificado sensiblemente durante el periodo democrático.

Otros países europeos, Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda o Dinamarca no manifiestan el nivel de oscuridad burocrática y displicencia respecto a la gente, que sin embargo presenta nuestra Justicia. El franquismo, entre otros infortunios, nos legó el asilamiento institucional y así nuestra democracia ha entrado poco, y tarde, en la democratización de las instituciones judiciales.

Las reformas que se han producido en la Justicia durante la democracia, aunque incorporaron los derechos y libertades de los que carecíamos, no han entrado en analizar la oscuridad, la burocracia y el alejamiento del ciudadano, que caracterizan nuestra Justicia. ¿Quizás parecían características intrínsecas de toda Justicia, inevitables por tanto, o es que no se ha dado importancia a su alcance, de cara a conseguir una Justicia útil y al servicio del ciudadano? .

Planteemos de entrada algunas categóricas afirmaciones sintomáticas: no es aceptable hoy día que un ciudadano no pueda acudir directamente ante un Juez. Tampoco que la jerga con la que la Justicia se expresa resulte incomprensible.

En torno al principio de este siglo, una coordinadora social de colectivos relacionadas con la Justicia redactamos un Decálogo de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Lo hacíamos con la esperanza no solo de que se convirtiera en ley, sino que se insertara en los articulados de todas las otras leyes atenidas. El 16 de abril de 2002 el Pleno del Congreso de los Diputados hizo un gesto, ciertamente descomprometido. Asumió parte del contenido de ese Decálogo y aprobó, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, una Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. No obstante, se trataba de una Proposición no de Ley, cuyo escaso alcance es conocido. No es de extrañar que, salvo algunos carteles, pegados en las paredes de las dependencias judiciales que concedieron en su exposición pública, no haya tenido trascendencia alguna y absolutamente ninguna eficacia.

Nunca nadie explicó por qué no se aprobó como un texto legislativo ni lo que es más importante, por qué no se implementó dicho texto en todas las leyes procesales, sancionando su incumplimiento. La Carta tendría que convertirse efectivamente en ley y, consecuentemente, sancionar de manera oportuna y ejemplarizante su no aplicación. Hacerlo ya constituiría un paso, seguramente significativo, hacia el cambio.

La burocratización y la oscuridad de Justicia tienen mucho que ver con la terquedad de seguir utilizando la escritura como única forma de comunicación con los ciudadanos.

Sin duda la escritura significó a lo largo de la historia la única manera de constatación posible de la actividad de los tribunales. Pero a su vez también la hacía inaccesible, y en todo caso distante, a una población esencialmente analfabeta. Conviene recordar que el escribano (origen de los actuales Secretarios Judiciales) era quien escribía las decisiones de los jueces, muchos de los cuales no sabían escribir. A la vez que garantía, la escritura suponía un encarecimiento y una fuente de ingresos. Resulta divertido constatar como precisamente, una vez que se inventó la máquina de escribir, fuera en la Administración de Justicia en el último lugar de la Administración Pública donde se autorizó su uso. Eso sí, señalando de forma muy precisa el número de líneas que debía contener cada folio, para no perjudicar así una actividad económica que se tarifaba por folio escrito.

Muchas cuestiones se entremezclan cuando se cuestiona la escritura, como ha de hacerse hoy inevitablemente, aunque sea ante la sorpresa, cuando no ante el rechazo expreso de tantos. Escritura y procedimientos van ligados. Cuando los medios, con su muestra de desconocimiento, señalan con lógica exclamación, que un proceso cuenta con miles, o millones de folios, no sabe que la inmensa mayoría de esos “folios” son meras comunicaciones entre las partes, tan absolutamente estereotipadas como inútiles, reflejo tan solo de una inercia burocrática que nadie se ha parado, en serio, a reconsiderar.

Hoy día la constatación audiovisual hace innecesaria la escritura como algo ineludible.

Si queremos de una vez por todas acabar con la burocracia de la Justicia es completamente imprescindible acabar con la escritura como único método de relación entre los jueces y los ciudadanos, así como de su constatación.

Los procesos judiciales tienen que discurrir como diálogos bilaterales, con unos principios claros que permitan su correcto desarrollo, pero sin menudencia de normas procedimentales que traben la necesaria comunicación. No hay que confundir garantías con enredo, tantas veces convertido en trapacería procesal.

Las decisiones judiciales pueden, y deben, expresarse de palabra. Ya contamos con tecnología suficiente para grabarlos, y en su caso procesarlos por escrito, aunque ello no fuera siempre necesario. Aun sin transcripción escrita, pueden catalogarse a disposición de quien tenga necesidad de utilizarlos.

Sobre la exigencia de escribir, que hoy tanto lastra la labor decisoria de los jueces, habría mucho que decir. Los jueces, como colectivo, es posible que escriban al año más que escritores y periodistas en la cultura imperante de los “140 caracteres”. Incluso se llega a valorar las sentencias “al peso”, como los informes de las consultoras, por su número de folios, más que por su contenido. La decisión, el fallo y su porqué, es lo que, con precisión y meticulosidad, han de redactar los jueces. Es su tarea específica, su trascendente y diferencial encomienda social. En la redacción de otras componentes de las sentencias, en la transcripción de referentes y antecedentes jurisprudenciales, e incluso en la plasmación de las posiciones de las partes, sin menoscabo de su importancia, podrían muy bien contribuir los oficiales de los juzgados y tribunales. La elaboración de las sentencias podría, y debería ser un trabajo en equipo, controlado pero no necesariamente realizado directamente por los jueces. Esta propuesta lleva a otra, de más calado, que es la de la organización de la oficina judicial y, en últimos término, a la consideración de la gestión de la Justicia, la gran asignatura pendiente.

2. La sempiterna lentitud de la Justicia

La tardanza siempre ha caracterizado la Justicia. Tiende a considerarse un intrínseco “atributo” de tan excelsa actividad. Pareciera incluso otorgarle respetabilidad. En cualquier caso, la Justicia en democracia requiere tiempo, detenimiento. Solo la justicia de las dictaduras puede ser fulminante. Los mayores aún recordamos con horror aquellos juicios sumarísimos del franquismo, en que en menos de 48 horas se dictaba sentencia y esta se ejecutaba, aun siendo de muerte.

La justicia exige su tiempo. Por eso, su tramitación en tiempo razonable nunca puede recortar derechos de los intervinientes ni deshumanizar su práctica. Hay tribunales que son mucho más rápidos que otros. La simple medida estadística de los tiempos puede encerrar prácticas muy diversas. Algunos pueden ser rápidos a cuenta   de no celebrar audiencias, limitar pruebas, recortar los informes de los abogados y/o de “cortar y pegar” resoluciones tipo. Otros pueden tardar más al realizar prácticas distintas, que exigen, además de esfuerzo, algún tiempo más. No es tanto el tiempo sino el talante, el modo en que se aborden los procesos, lo que cuenta. Y ello, no olvidando lo que puede resultar más relevante, que es la organización, la eficacia en la gestión de la justicia, como en cualquier otra actividad económico-administrativa. ¿Cuánto debe tardar un proceso judicial? La respuesta directa, conocedora del entramado judicial, resulta evidente: depende, depende de muchos factores y circunstancias. Sin embargo, la respuesta obvia, por más que formal, sería: lo que establezcan las leyes. Puede parecer mentira, pero eso no es así.

En su regulación, los procesos judiciales están todos ellos llenos de cortos y repetidos plazos para cada uno de sus pequeños trámites. Los juzgados y tribunales los incumplen sistemáticamente. Esos plazos están concebidos sin pies ni cabeza por unos legisladores que parecieran responder a clamores mediáticos en ausencia de conocimiento preciso de la realidad del entramado judicial. En primer lugar, los plazos parecen estar establecidos, con generalidad, como si en cada juzgado o tribunal solo existiera un único proceso. Los plazos, incluso perentorios, de días, solo se aplican de hecho a los interesados y sus abogados, a quienes les sobrevienen implacables consecuencias si no los respetan. No así para los propios órganos judiciales, que, “ya se sabe”, no pueden cumplirlos. Incluso hay una coletilla de estilo para reconocerlo y eludir cualquier responsabilidad que se incorpora a las sentencias. “La carga de trabajo ha impedido el cumplimiento de los plazos”.

El único plazo que los juzgados y tribunales observan es el de la prisión preventiva. No en vano, la ley ha incorporado la inmediata libertad para el preso, una vez transcurrido el plazo máximo permitido

La jurisprudencia solo considera incumplimiento de los plazos y la indebida duración del proceso para aplicar la atenuante que disminuye la pena para los condenados, cuando su duración haya sido extraordinariamente larga. Ni que decir tiene que, seguramente no por casualidad, de ello se benefician los condenados en los larguísimos procesos de corrupción…

Así, a pesar de las machaconas y recurrentes prescripciones de plazos que imagina e impone el poder legislativo, estos no se aplican. Solo muestra que ese legislativo, como antes decíamos, solo trabaja “con y para el papel”.

Frente a ello, la única posición sensata, acorde con la realidad, es que el plazo debe ser el razonable. Sin duda parece una definición indeterminada. Lo que muestra es la imposibilidad e inadecuación de establecer plazos, de forma indiscriminada y con carácter general. Tienen que estar sujetos a condicionantes y, en primer lugar, a la evaluación que el propio juez responsable haga, en cuanto aborde el caso, de lo que, habida cuenta de sus características, y a la luz de su experiencia, el proceso puede durar.

Este termino- el plazo razonable- es el que emplea el Pacto Europeo de Derechos Humanos

Hablemos por tanto de plazos razonables.

¿Cuál es el plazo razonable para resolver una investigación compleja, celebrar el juicio e imponer la sentencia?

Todos los procedimientos judiciales deberían incorporar un cronograma. Cuestión esta impensable hoy por hoy, cuando resulta extraño, casi subversivo, exigir algo tan obvio como un índice. Los expedientes de los procesos judiciales, desde los pequeños hasta los de gran envergadura, de millares de folios, no tienen nunca un índice. Sin duda parecerá inaudito, pero es así.

Mencionando esa ausencia, tan grave y que hace tan difícil el manejo de los legajos judiciales, adelanto ya lo esencial: la enorme tardanza de la Justicia se debe a su ausencia absoluta de organización. Ello queda de manifiesto si a posteriori y de forma detallada se hace un cronograma del proceso. Allí se ve enseguida en qué se ha empleado el tiempo,… cambios de jueces (en los que el recién llegado no tiene un índice siquiera del legajo), cambios de personal, resoluciones meramente adjetivas sin valor alguno, repeticiones sin limite, sistemas absurdos para solicitar las pruebas, convocatorias irracionales,… ¡todo ello en un mundo digitalizado! Lamentablemente, la informatización de la justicia no ha hecho sino informatizar el siglo XIX.

La organización judicial no tiene una cabeza; más bien no tiene ni pies ni cabeza. En un juzgado o tribunal todos mandan un poco y nadie manda del todo nada. Un juzgado cualquiera depende de tres Administraciones diferentes, con competencias entrecruzadas, Por supuesto, nadie sabe lo que hoy día es el abc en una organización bien gestionada. Ni siquiera ello se considera como problema, primer paso necesario para resolverlo. Es imprescindible formar gestores judiciales.

En muchos sistemas judiciales los gestores judiciales tienen una enorme relevancia social. La necesidad de incorporar la gestión judicial comenzó hace ya muchos años en el mundo anglosajón. ¿Cómo es posible que hoy día no haya en ninguna universidad española enseñanzas en gestión de la organización y los procesos judiciales? ¿Como es posible que no hayamos aun considerado, ni diseñando por tanto, un cuerpo de altos gestores de la Justicia, bien preparados en las técnicas de gestión?

Una buena concepción organizativa debería establecer a priori protocolos de duración de acuerdo con las características generales de los procesos. No obstante, debería a su vez contemplar la conveniencia de otorgar, pero también de exigir, al juez la prerrogativa de autoimponerse un plazo, tras haber entrado a considerar el caso concreto. La pretensión actual de pretender que la instrucción estándar sea de 6 meses, no puede considerarse más que una nueva simpleza dirigida a los medios.

3. La justicia es independiente pero no tanto.

A pesar de que efectivamente la sociedad española percibe la justicia como muy presionada por el poder político, lo cierto es que esto no es exactamente así, sobre todo si se compara con muchos sistemas judiciales en el mundo en los que el nivel de independencia es infinitamente menor que el de la justicia española.

Los jueces españoles son independientes, los procedimientos que se les atribuyen lo son por sorteos informáticos aleatorios muy difícilmente manipulables y, aunque pueda caber algún tipo de irregularidad de adscripción a través de las guardias judiciales de unos u otros jueces instructores, podemos decir que el nivel de intervención del poder político o económico en el reparto de asuntos tiene poca trascendencia  .

Sin embargo, tenemos que admitir que la enorme politización, tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la Fiscalía del Estado, significa efectivamente una importante intromisión en la independencia judicial.

Desgraciadamente, el Parlamento español no ha nombrado a los vocales del Consejo del Poder Judicial por sus trayectorias profesionales. Lo ha hecho por criterios de partido, cada uno mirando al suyo y recelando de los del otro. Ni siquiera las mayorías cualificadas aseguran otra aproximación. Así, la aplicación de las importantísimas competencias del Consejo para nombrar a los cargos en la carrera judicial (los magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes de los Tribunales Superiores de las comunidades autónomas, los presidentes de las Audiencias Provinciales y los jueces sustitutos de los altos tribunales) están efectivamente politizadas, al estilo de los nombramientos que se hacen en el seno de los partidos políticos o para elegir los cargos de sus gobiernos. Se prima la lealtad frente a la competencia.

El Consejo no puede privar sin más a un juez del asunto que está tramitando. Ello constituye indiscutiblemente una garantía. Es lo que la ciencia política integra en la independencia judicial. No obstante, sí puede sancionar ante una falta muy grave, que puede llegar a impedir efectivamente que un juez pueda continuar la tramitación de un determinado asunto.

Y lo que es más grave, el Tribunal Supremo y los tribunales superiores ( cuyos miembros son designados por el Consejo del Poder Judicial, con la consiguiente intoxicación partidaria) son quienes deciden las querellas que pueden prosperar contra jueces y magistrados. El resultado es conocido. No es una hipótesis. Lo hemos vivido en casos señalados: el del Juez Baltasar Garzón y, más recientemente, en el del Juez Elpidio Silva.

Pero además, con mayor amplitud, mientras que la Justicia no sea autónoma económicamente, no se podrá hablar de una verdadera independencia judicial. Ahora, todos los medios dependen de las diferentes Administraciones, en definitiva del Poder Ejecutivo.. El Consejo General del Poder Judicial ni siquiera tiene competencia para pagar los sueldos de “sus” jueces. El lamento sistemático de los profesionales de la Justicia, pidiendo más y más medios, tiene que ver en última instancia con la falta de capacidad auto organizativa. En todo caso, la rentabilización económica de los recursos que se dedican a la Justicia no está dirigida a propiciar su independencia. Sin duda, la Justicia carece de recursos técnicos y económicos imprescindibles, pero también presenta un enorme despilfarro, entre otras causas motivado por la confluencia de competencias, y no siempre coincidencia de intereses, entre los distintos niveles del Ejecutivo que la administra. Ello nada tiene que ver con una verdadera independencia.

Hace ya muchos años, cuando era Juez de Vigilancia Penitenciaria, dicte una resolución que gustó poco a quien entonces era el Director General de Instituciones Penitenciarias. El Ministerio de Justicia, en respuesta a una petición mía, había dotado anteriormente a mi juzgado de una asistente social. Al día siguiente de conocer mi resolución, me retiró a la asistenta social. ¿Una vendetta personal intrascendente o todo un síntoma?

No tener independencia económica provoca esas incidencias.

El Consejo General del Poder Judicial debe asumir todas las competencias en materia de Justicia. El presupuesto económico de la Justicia debe ser discutido anualmente entre los tres poderes, propuesto por el Consejo, recogido en la propuesta del Ejecutivo y aprobado finalmente por las Cortes. La administración de los recursos personales y materiales deben ser de exclusiva responsabilidad del Consejo, rindiendo cuentas a posteriori. El Consejo debe tener una composición autonómica y sus vocales deben ser elegidos en el seno de sus parlamentos autonómicos, pero con sistemas de interactuación ciudadana.

4. La deshumanización de la Justicia

Constantemente llegan al conocimiento de la opinión pública casos en los que el comportamiento judicial parece evidenciar una falta de sensibilidad social. Esta, en muchos casos, tiende a ampararse sin embargo en un cumplimiento estricto de la norma escrita. Esta puede estar trasnochada. Ocurre en ocasiones. Más allá de ello, se achaca a los magistrados, y con razón, un déficit de contextualización personal y social en la aplicación de la ley.

Los magistrados reciben una formación exclusivamente jurídica que produce profesionales poco preparados para resolver conflictos humanos con acierto y eficacia.

Resulta imprescindible que los jueces y magistrados tengan perfiles personales idóneos para la tarea que tienen que realizar y que manejen bien habilidades imprescindibles para la gestión humanizada de los asuntos que se les presentan.

En Francia, en el 2005, se llevó a cabo una encuesta parlamentaria como consecuencia del disgusto social provocado por lo que se llamó el caso de los pederastas de Outreau, en el que estuvieron mas de 3 años en prisión personas inocentes como consecuencia de una torpe instrucción judicial.

La Escuela Nacional de la Magistratura francesa, a partir de ese momento, cambio su línea de actuación. Resulta interesante escuchar las reflexiones de su director en el 2011:

« Une importante réforme de l’ENM a été initiée en 2007. Elle a notamment pour objectifs de moderniser le concours et de l’adapter à l’exigence de qualité du recrutement, de mieux prendre en compte à tous les stades de la formation la dimension humaine du métier de magistrat .Pour les concours, de nouvelles épreuves sont destinées à évaluer les compétences personnelles des candidats……. Concernant la formation, l’accent est mis sur l’acquisition des compétences fondamentales du magistrat, telles l’éthique et la déontologie, la technique d’entretien, la psychologie, plutôt que sur une approche uniquement technicienne »

( En 2007 comenzó una importante reforma de L’ENEM. Sus objetivos fueron modernizar la oposición y adaptarla a las exigencias de calidad en el reclutamiento , teniendo en cuenta   en todas las fases de la formación la dimensión humana de la profesión de juez. En la oposición hemos diseñado nuevas pruebas para evaluar las competencias personales de los candidatos … En lo que se refiere a la formación, hemos puesto el acento en la adquisición de competencias fundamentales para los jueces, como la ética, la deontología , las técnicas de entrevistas o la sicología mas que en conocimientos meramente técnicos …)

Ante esa reflexión no cabe sino decir: imitémosles. Hagamos que nuestra escuela se parezca a la suya.

5. Un Legislativo para el papel, que solo busca la noticia

No hay Justicia adecuada sin organización, sin jueces preparados ni sin leyes que persigan esa justicia.

¿Cómo se hacen las leyes? ¿Por qué se deciden? ¿Cómo se redactan? ¿Qué se pretende conseguir con ellas?

Hoy día la elaboración de las leyes es sobre todo un instrumento de comunicación del que se sirven los gobiernos para conseguir aceptación del electorado y asegurar su mantenimiento. Ello todavía es más evidente cuando se redactan “en caliente”, ante una supuesta alarma social, como siempre, alimentada por los medios. En todo caso, y aun sin responder a ese esquema extremo, se hacen interesadamente, de acuerdo a ese patrón.

Suelen tener un propósito real algunos tipos de leyes meramente “autoritativas”; es decir, aquellas cuyo objetivo es solo acabar con algún tipo de prohibición. Esto es lo que sucedió por ejemplo con la autorización del matrimonio homosexual.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los gobiernos que proponen las normas no buscan una modificación real de la sociedad, ni la resolución o atenuación de algún problema o comportamiento social, sino principalmente los réditos del anuncio mismo de la medida legislativa. Si su propósito fuera efectivamente modificar la realidad, antes que nada se estudiaría y analizaría esa realidad social, en la que se quiere aplicar la norma. También entonces se valorarían detalladamente los efectos que han producido anteriores normas, algo que no solo no se hace sino que puede expresamente esquivarse, si ello justifica, por errónea que sea, la promulgación de una nueva ley o sobre todo la modificación de otra anterior.

Los réditos mediáticos parecen interesantes para los gobiernos. Las leyes no cuestan nada o muy poco y generan muchos titulares y trasmiten la apariencia de “hacer muchas cosas

Así, la elaboración de leyes resulta en sí misma interesante para los gobiernos que las proponen. No es necesario hacer nada para constatar el efecto que puedan producir. El sistema no exige seguimiento alguno respecto al acierto legislativo. Además, cuando las leyes estén finalmente implantadas presumiblemente será otro el gobierno en el poder.

Se me ocurre un ejemplo esclarecedor. En España tenemos uno de los índices más altos en prisionización. Sin embargo, y como todo el mundo comenta con sorpresa al saber esto, el nivel delincuencial es bajo y de poca gravedad.

El diagnóstico es sencillo. En otros países europeos, con nivel delincuencial más alto, el índice de prisionización es más bajo porque existe un importante sistema de medidas alternativas a la prisión.

El Código Penal de 1995 introdujo, aunque tímidamente, medidas alternativas a la prisión, entre las que figuraban el arresto de fin de semana y los trabajos en beneficio de la comunidad. Pues bien, y sin que se hubieran implantado adecuadamente dichas nuevas medidas, en sucesivas reformas posteriores del Código Penal se han ido derogando o se han reducido de una manera importante.

Es un supuesto interesante para el estudio de la irracionalidad del Legislativo. En la Exposición de Motivos de la reforma del Código Penal del 2003 se deroga la pena alternativa de arresto de fin de semana con esta frase: “Se suprime la pena de arresto de fin de semana, cuya aplicación práctica no ha sido satisfactoria”. En la reforma del Código Penal del 2010 se restringe sensiblemente la medida de trabajos en beneficio de la comunidad, sin explicación alguna clara. ¿Qué significa eso de que su aplicación práctica no ha sido satisfactoria? ¿Por qué se restringe la pena de trabajos en beneficio de la comunidad?

Ni una palabra sobre el objetivo que se quiso conseguir cuando se implantaron esas medidas alternativas en el 1995, ni por qué su balance de aplicación se tilda de “insatisfactorio”. Ni una estadística sobre su utilización. Se cambia y punto. Es desde luego un ejemplo apasionante, pues quienes hemos vivido de cerca todo este barullo sabemos bien el comportamiento de estas medidas alternativas y de los fallos que ha habido en su diseño legislativo (se le dio la competencia de su gestión a la propia Dirección de Instituciones Penitenciarias) y aplicación que en absoluto comprometían ni el concepto ni su propósito. Todo ello naturalmente sin perder de vista que ni tan siquiera hemos definido qué significa un nivel satisfactorio de la pena privativa de libertad.

¿Alguien ha establecido en qué consiste la eficacia de las penas que se imponen en el Código Penal?¿En qué consiste la eficacia de la pena de cárcel?¿Qué resultado esperamos de las penas de cárcel?

Seamos sinceros, ni siquiera nos hemos puesto a estudiarlo en serio.

¡Que importante seria crear un departamento en el Congreso en el que se hiciera el seguimiento del cumplimiento de las normas que se fueran aprobando!. Un organismo que analizara si el índice de incumplimiento de la norma era consecuencia de la propia naturaleza de la norma, o si, por el contrario, se debía a una inadecuada implementación.

moderado por:

  • Laura Freixas

    Escritora, Asoc Clásicas y Modernas

  • Paula Ortega Faura

Conclusión del debate

Este debate, que se ha desarrolló fundamentalmente en los dos últimos meses del 2014, ha tratado de analizar las causas profundas de un fenómeno socialmente alarmante, cómo es el de la violencia de género. La ponencia de la que arranca la discusión analiza las circunstancias y la lógica que motivaron la promulgación de la ley orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género y sostiene que la violencia no es un problema que afecte sólo al ámbito privado sino que fundamentalmente atañe   al ámbito público y representa una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

Planteada en este ámbito la discusión, muchas de las intervenciones han señalado que no estamos ante un problema propio de un colectivo: las mujeres (puesto que las mujeres no constituyen “un colectivo” y esta consideración sería inaudita en el caso de los hombres) sino ante un problema social frente al que el Estado tiene que tomar medidas efectivas , puesto que todo Poder Público tiene la obligación de garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas..

El centro de la discusión se ha centrado en la igualdad. No hay democracia sin igualdad, y no puede haber igualdad en la sociedad sin democracia (Miguel Lorente). El debate sin embargo desborda el ámbito estrictamente político para adentrarse en las causas profundas que laten en la sociedad y que alimentan el machismo.

La violencia es un concepto adquirido. Frecuentemente, la violencia de los hombres contra las mujeres comienza en la infancia y representa parte de la socialización masculina. Muchos muchachos son socializados en la creencia de que las mujeres y niñas tienen obligaciones con ellos (cuidar de la casa, cuidar de los hijos, tener relaciones sexuales con ellos…).( Francisco Abril ) Este análisis arroja un dato inquietante: que los jóvenes, son más propensos a usar la violencia que cualquier otro grupo. La violencia de los hombres contra las mujeres se ejerce, principalmente, en el espacio privado y las relaciones de pareja y su inicio tiene lugar, muchas veces, en las parejas más jóvenes.

El machismo viene de lejos y se introduce en el inconsciente; este es otro de los aspectos relevantes que ha aportado el debate. La imposición de los esquemas del Patriarcado no sólo se producen por mecanismos sociales, culturales y económicos, sino también, por un entramado de estereotipos de género inconscientes, que se han ido tejiendo a lo largos de las generaciones que nos preceden. Durante la infancia se transmiten, consciente e inconscientemente, tanto por el padre como por la madre, y cristalizan en la adolescencia. (Regina Bayo) Estos aspectos de la subjetividad e identidad sexual no son conscientes, -y precisamente por eso-, se manifiestan con gran fuerza en momentos de cambio o de crisis en la vida de la pareja, como con el nacimiento de los hijos, o ante la pérdida de la estabilidad económica.

El debate deja claro que la violencia machista no se puede entender si se reduce a un problema que ocurre entre dos personas. Las causas hay que buscarlas más bien en un conjunto de dispositivos sociales que provocan que las mujeres sufran constantemente una violencia que es estructural. Se trata de una forma de control que el patriarcado ejerce sobre todas las mujeres (Isabel Serra y Rebeca Moreno)

Uno de los mecanismos por el que se reproduce la dominación es la “violencia simbólica”, que afecta a las mujeres (y a los hombres) de modo que las ciega respecto a la sumisión en la que incurren. Las mujeres están sometidas a un continuo bombardeo de mensajes contradictorios: una publicidad obsesivamente centrada en el cuerpo y en la seducción que reinscribe los clichés de feminidad más conservadores disfrazados de modernidad (Ángeles de la Concha); una exaltación de la libertad sexual que luego en la intimidad se ignora o se castiga; un acceso al mundo del trabajo, a la política y a las profesiones más prestigiosas que resultan luego irreconciliables con una vida familiar en el que la pareja se limita a “ayudar” en temas y ocasiones puntuales; una exaltación de la maternidad que se castiga laboralmente con el despido encubierto o la relegación a puestos de segundo orden; un reconocimiento a la valía profesional que fuerza a renuncias personales…

De este modo, más allá del plano conceptual, pero en relación con el concepto de “feminismo”, luchar contra la violencia machista implica  mejorar las condiciones materiales de las mujeres. La  violencia machista no puede ser entendida como una circunstancia al margen de las condiciones sociales, políticas y económicas en las que se desarrolla

En esta relación entra la violencia y las condiciones sociales están de acuerdo la mayoría de los intervinientes. Si bien algunos entienden que además de eso hay que tener en cuenta el poco amparo real que los juzgados prestan a las mujeres maltratadas. El 55 por ciento de las denuncias se archivan sin más trámites y el resultado final es que no llegan al 40 por ciento los maltratadores condenados (Lidia Falcón). Esta tesis considera que la ley contra la violencia de género es radicalmente insuficiente, entre otros factores, porque solo ampara a las mujeres que tengan vínculos sentimentales con los maltratadores.

Una parte significativa de las intervenciones han subrayado un factor especifico que acompaña a la violencia de género: la víctima, en muchos casos con lazos afectivos con el agresor, es una víctima especial, muy distinta a las víctimas de otros delitos. Se constata que estas agresiones y crímenes son los únicos en los que son las víctimas las que se avergüenzan o esconden y no quienes los perpetran. Todo ello envuelto frecuentemente en un halo de fracaso vital.

No es raro, pues, que las mujeres sean remisas a denunciar. (Eulalia Lledó). A esto se le tiene que sumar la silenciada desprotección en que las mujeres suelen quedar después de denunciar.

La discusión sobre la violencia de género se complementó con un debate en Público TV que moderó la escritora Laura Freixas y en el que participaron la escritora y periodista Lidia Falcón, el psicólogo Pablo Llamas, miembro a su vez de la AHIGE, Ángeles de la Concha, catedrática de lengua inglesa, la ponente Soledad Murillo y el profesor de Derecho Constitucional Octavio Salazar

Ponencia inicial

¿Ha llegado la democracia a la vida privada?

¿Ha llegado la democracia a la vida privada?

Identifico democracia con el mutuo respeto, una regla de la que nos dotamos siempre que aceptemos las distintas formas de vivir. John Rawls definía la justicia en términos de procurar hacer efectivas las “bases sociales del autorespeto”. En el plano personal, el respeto consiste en concederse un valor innegociable. En suma, resistirse a claudicar cuando alguien en nombre de los afectos, pretende amoldar un proyecto vital, por el simple hecho de ser ajeno a sus necesidades particulares. Situaciones demasiado frecuentes en un vínculo de pareja, donde mantener lo propio, desde las amistades, hasta las aspiraciones profesionales, pudieran representar motivo de tensiones, o conflictos más serios.

Sabemos bien que las interacciones sentimentales son extraordinariamente complejas, pero no siempre los desacuerdos recurren a la palabra y menos aún a pactos en los que se explicite lo que cada persona espera de la otra. Todo lo contrario, la pareja también es un escenario de poder. Un poder que no se muestra públicamente, se reproduce en la intimidad de una relación sentimental, se justifica en nombre del amor y requiere de una sistemática expropiación de la identidad. Además, contiene una firme desautorización de todo rasgo de individualidad, recurriendo desde los agravios, hasta los golpes. De hecho, debemos a la teoría feminista haber conceptualizado el poder desde el esquema de subordinación y autoridad, y visibilizado aquellos mecanismos sociales, económicos y culturales que legitiman la desigualdad.

Esta lógica fue clave en la elaboración de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tuve la oportunidad de participar activamente en su elaboración. Fui el primer cargo público en materia de igualdad, pero sin añadir, familia, infancia o juventud entre sus competencias. Sólo igualdad. Razón por la cual las siguientes reflexiones son deudoras de la legislatura de la que formé parte (2004-2008), así como de las negociaciones, o mejor decir, las conversaciones con el ánimo de convencer de la necesidad de una norma a aquellos que serían los responsables de su puesta en marcha. La Ley tuvo su origen en una propuesta por parte de la oposición, en el año 2002 y en sede parlamentaria, que el Gobierno del Presidente Aznar desestimó. Las entonces muy minoritarias, pero constantes, manifestaciones de mujeres cada 25 de noviembre, no dejaban de recordar la urgencia de la medida. Se recuperó la idea y se amplió el campo de su articulado. Para empezar, ya en su exposición de motivos, o tarjeta de presentación de todas las normas, que recomiendo leer para conocer los principios que las inspiran, en la Ley 1/2004 se cita expresamente que la violencia no es un problema que afecte al ámbito privado sino al ámbito público. Y se añade que representa una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Antes de su promulgación, era el concepto violencia doméstica el más usado, desde la jurisprudencia, hasta los medios de comunicación. De esta manera, quedaban fuera de esta definición aquellas mujeres que no convivían con el agresor: tanto jóvenes que sufrían violencia, así como las mujeres maduras que eran amenazadas por su expareja. Esta focalización en la vida afectiva como escenario de violencia, fue muy controvertida por creerse que era reduccionista. De hecho se dudaba de su eficacia, dado que no se recogían todos los tipos de violencia que figuran en la Resolución 48/104 de la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 1993: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada». En cambio la Ley perfila la figura del maltratador en un compañero sentimental, se conviva o no.

Primeras Objeciones a la Ley 1/2004.

Una de las principales dificultades para entender la especificidad de la violencia de género, fue su denominación. En primer lugar, desde el punto de vista nominativo la definición de “género” que aportaba la Ley, fue rechazada por la Real Academia de la Lengua, que advirtió sobre la inutilidad de su uso, eso sí, sin citar ninguna de las múltiples referencias teóricas sobre la aplicabilidad del mismo. Ni lo entendió entonces, ni aún hoy está incorporado; a pesar de mostrarse receptiva ante términos como “friki”, “manga”, entre muchos otros, con más suerte por parte de la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico de la RAE. Esta valoración es mucho más que una anécdota, representa la inquietante estrategia de convertir una categoría de análisis en una extravagancia y, como tal, cualquiera puede desestimarla, negarla o refutarla, sin más. La misma idea que mantienen aún las Universidades españolas, al ubicar los estudios de género, como un conocimiento periférico en la capacitación curricular: master o asignaturas optativas son las únicas opciones. Esta limitación en la oferta educativa repercute en reforzar la subestimación teórica por parte de quienes deben aplicar la Ley, porque de no entender su significado, esta omisión afectará al desarrollo de su práctica profesional y sobre todo, a la eficacia de respuesta a las mujeres maltratadas.

En segundo lugar, fue extraordinariamente complejo desvincular la violencia de género de su interpretación como un asunto privado, un suerte de problema de pareja en el que no es lícito inmiscuirse, salvo que se produzcan actos constitutivos de delito. Pero convertirla en un asunto público fue clave en cada proceso de presentación de la Ley a distintos profesionales, que en un futuro deberían implementarla. Se trataba de recordar que la violencia era consecuencia de una deficitaria aplicación de las políticas de igualdad y esto repercute en las conductas de los agresores y de las víctimas. Bien es cierto, que cada día tenemos la fortuna de contar con rigurosos análisis sobre la materia, donde cada aportación teórica, o práctica, nos ayuda a entender la complejidad del fenómeno; sin embargo es necesario profundizar en aquellos análisis que relacionen violencia, con la posición de inferioridad que se reserva a las mujeres dentro de la estructura social, política o económica de nuestro país. En otras palabras, disponemos de menos ejemplos que vinculen la violencia con el grado de igualdad de trato y que a su vez sean capaces de identificar qué factores de desigualdad provocarían un estado de indefensión de las mujeres. Nos convendría saber ¿con qué recursos personales cuenta una mujer para poder iniciar el difícil proceso de iniciar un proceso judicial? O bien, conocer qué ocurre en el intervalo entre llamar al teléfono de emergencia 016, más de 30.000 llamadas anuales, y la decisión de interponer una denuncia, que representan menos de la mitad. De todo ello informó el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, órgano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya anterior Presidenta Inmaculada Montalbán mostró, en el año 2013, su preocupación por una caída en las denuncias de un 9,6 en los últimos cinco años.

En tercer lugar, hacer entender que no se trata de un problema propio de un colectivo, porque si todo Estado de Derecho tiene la obligación de garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas, con esta obligación constitucional se deberían ver implicadas todas las instancias sociales, y no sólo las áreas de mujer inscritas en cualquiera de las instituciones públicas. Sin embargo, un problema fundamental radica en la extendida interpretación de considerar a las mujeres como un colectivo. Pero ¿qué efectos tiene para las mujeres ser definidas de este modo? Aparentemente parece una definición neutral, carente de consecuencias, pero nada más lejos de la realidad. Primero, porque los colectivos se asimilan a las minorías, es decir, se les adjudica un rasgo particular que les adscribe al grupo en función de su -color, raza, edad, clase social-. Lo cual no ofrecería problemas, sino fuera porque esta operación sólo rige para las mujeres, en ningún caso a los hombres se les concede tal tratamiento diferencial, salvo que posean una particularidad concreta: jóvenes, ejecutivos, jubilados. En cambio, las mujeres siempre son catalogadas como un colectivo en su totalidad. Ni siquiera es preciso adscribirse a un grupo a través de un rasgo concreto, ni por edades, renta, color u orientación sexual. Las mujeres por el hecho de ser mujeres se definen como un colectivo, cuando en nuestro país representan un 50,8% de la población censada (INE. A 1 de enero de 2014).

Esta es la primera estrategia de exclusión, pero lo más inquietante, son las características que se les atribuye como colectivo, cuyo significado común son sus “especiales dificultades”: problemas de conciliación, de autoestima, de trabajo, entre otros. Dificultades que se analizan como inherentes a las mujeres. Es decir, no quedan cuestionadas instancias públicas cuyo funcionamiento y regulación horaria, pudieran representar un serio obstáculo a su participación. O las constantes convocatorias de reuniones, que se convierten en requisitos de una presencia activa, sin olvidarnos de las interminables jornadas diarias que la esfera política, sindical, empresarial reserva para afianzar sus relaciones formales e informales, pero estas pautas de funcionamiento no se cuestionan. Si las mujeres no tienen tiempo es un asunto personal o, lo que es lo mismo, imputable a su organización horaria.

Como personas interesadas en la violencia de género debemos preguntarnos, ¿aceptamos estas definiciones u optamos por seguir haciéndonos preguntas? En suma, ¿las interpretamos como características propias de las mujeres o resultado de una división sexual de funciones, que hombres y mujeres reproducen a través de los roles? Sin embargo, al asimilar al conjunto de las mujeres al repertorio de los colectivos,estas quedan expuestas a ser tratadas desde esta óptica de grupo, definición que opera para los responsables de diseñar políticas sociales. ¿Qué ventajas depara esta clasificación, si estadísticamente las mujeres representan la mayoría de la población? Para empezar a las minorías se les reconoce más por sus “problemas” pendientes de solucionar, que por sus méritos o aportaciones. No olvidemos que las necesidades tienen un tratamiento político distinto que los derechos, sobre las primeras recae la incierta voluntad política de solucionarlas pero siempre estarán cautivas de presupuestos públicos, o del grado de conocimiento sobre igualdad de quienes la incluyen entre sus competencias. Carencia que ni siquiera se tiene pudor de lamentar. El propio Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad reconoció, según sus propias palabras, en una rueda de prensa que no se había leído la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a pesar de formar parte de un gobierno que iniciaría una reforma regresiva de la misma.

Por estas razones, los programas, o medidas son específicas y se orientan a subsanar aquellos supuestos “déficits” que las mujeres presentan. De esta manera se utiliza el término “inserción” en cualquiera de las esferas sociales: laborales, culturales. Pero la respuesta está condicionada por el grado de compromiso de cambio de las instituciones, demasiado refractarias a una revisión de sus procesos. Resulta más sencillo administrar políticas específicas: los programas de diversidad, dentro del capítulo Responsabilidad Social, en la empresa privada, o bien el denominado sector, dentro de la Administración Pública. La misma interpretación motiva que en los foros internacionales se organicen sesiones específicas sobre mujeres. Por ejemplo, en la Unión Europea la agenda de igualdad se ubica en la Comisión de Políticas Sociales, a cuyas sesiones acuden aquellos cargos políticos que la incluyen entre sus responsabilidades pero deben compartirla con otras áreas de trabajo, lo que concentra la igualdad junto a otras competencias como Educación, Salud, Políticas Sociales (Alemania, Grecia, Portugal, Italia Reino Unido, Noruega, Finlandia). Son excepcionales los países en que existen Ministerios de la Mujer en la Administración General del Estado (España hasta el 2010 y Suecia). Si acudimos a los escenarios políticos, observamos al líder de cualquier partido haciendo un acto sólo para mujeres, reproduciendo así la concepción de éstas como colectivo, lo que creará estructuras específicas, mujeres de, feminismos de, a la que se añade el nombre de la formación política.

En todos los casos, se comparte el mismo discurso: la indudable capacidad de las mujeres y su injusta invisibilidad. Tal defensa sobre las virtudes de un colectivo, sería inaudita en el caso de los hombres. Además, fuera de estos marcos de proclamación de excelencia, cuando las agendas públicas o privadas, políticas, traten asuntos claves, como la economía, la protección por desempleo o la administración territorial, estás no tendrán presencia alguna en la toma de decisiones. Evitar esto fue un propósito de La Ley 1/2004, que quiso convertir en un asunto de interés general aquello que se definía como un asunto privado de las mujeres. Por ello, lejos de establecer regulaciones en clave de colectivo específico, se buscó una equivalencia de derechos en el espacio público y para ello, era preciso aportar artículos sobre educación, mercado de trabajo, hasta la creación de nuevas estructuras, como los juzgados especializados de violencia contra la mujer y una fiscalía de violencia de género. O la Delegación Especial contra la Violencia de Género, que creó un observatorio para homologar datos estadísticos, además de crear el teléfono 016.

En cuarto lugar, más que un obstáculo, se trata de lo que fue, bajo mi punto de vista, una pérdida irreparable para aumentar la efectividad de la Ley: no lograr introducir el machismo como un agravante. Del mismo modo, que la xenofobia, el antisemitismo o el racismo son tipificados como tales en el artículo 22.4 del Código Penal. Esta valiente propuesta la hizo la Presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, quien argumentó en una comparecencia en el Congreso, la conveniencia de introducir este tipo de discriminación en el código penal, dado que la Ley 2/2004 sólo agravaba las penas para los delitos de lesiones. Pero nadie, ni siquiera el partido del Gobierno que impulsaba la Ley, aceptó su fundamentación. La negativa fue contundente, lo que demuestra que la violencia se encapsulaba en los problemas de un colectivo específico y no precisaba tratamientos jurídicos más severos para evitarla. Siempre me he preguntado si la presencia de otras discriminaciones directas en la legislación, no habrá dependido de la solidez de alianzas, o de la capacidad de presión, como lobbies, de los colectivos que las padecen.

En quinto lugar, sobre la Ley pesó otra grave acusación: la de beneficiar a las mujeres en detrimento de los hombres, concretamente en relación al artículo 38: Protección contra las amenazas. El debate procesal se basaba en un interrogante: ¿por qué un mismo hecho: amenazar o coaccionar tiene un distinto tratamiento penal, tipificado como delito en el caso de lo realice un hombre con una relación sentimental con la víctima, y no pesa del mismo modo para las mujeres? Esta elevación de la pena fue interpretada como una relación inversa entre legalidad y discriminación, y provocó encendidos argumentos. Sabíamos, como se manifestó en los encuentros de trabajo con médicos forenses que las coacciones y amenazas eran la antesala de las lesiones. Los hombres no vivencian pánico, es cierto que pueden sentir ira, agresividad, pero no miedo y, mucho menos, terror. Pero este aparente “trato de favor” conectaba peligrosamente con el imaginario social sobre que las acciones positivas, o en el ámbito político, las famosas “cuotas” y que a pesar de ser mecanismos garantes de la igualdad, se presentan ante la opinión pública como medidas fraudulentas para favorecer a las mujeres.

Si las mujeres carecen de referentes de autoridad, ¿de qué elementos podrán servirse para reunir las fuerzas suficientes para tomar una decisión? ¿Qué significados les devuelve la vida pública que les doten de la suficiente legitimidad para denunciar una situación insostenible? ¿Acaso no incide en su autoconcepto, la insistente representación de lo femenino a través de la emocionalidad, la nigromancia y sólo con algunas excepciones, son convocadas en el papel de expertas, para hacer aportaciones sobre la economía o la ciencia?

La tarea de una sociedad decente, como diría Martha Nussbaum, es ofrecer a todos sus ciudadanos las mejores condiciones para desarrollar sus capacidades, y esto sólo se logra si colocamos la igualdad no como un mero principio, sino desde el exigente plano de una buena convivencia. Si las mujeres no perciben la igualdad de trato, o como la define Ronald Dworkin, la distribución equitativa de recursos y oportunidades vitales ¿cómo va a marcar límites a quien coacciona su libertad, sobre todo cuando no se trata de cualquier persona, sino de aquel con quien está vinculada afectivamente? Sin embargo, todo el mundo espera que ella dé el primer paso, que la víctima denuncie, como única vía para acceder al sistema de protección. ¿Por qué la fiscalía no actúa de oficio, cuando está autorizada para hacerlo conforme a sus competencias? ¿O todavía se define la violencia de género como un delito privado, y no como un delito público? ¿Qué ocurre entre la denuncia y el final del procedimiento?

Se sigue depositando en la víctima el poder de decisión, en una interacción donde los primeros efectos de la violencia radican en hacer dudar a la víctima de sus propias percepciones. ¿Con qué elementos podrá defenderse y actuar en nombre de su autonomía? Especialmente, cuando la imagen que devuelven las instancias públicas o privadas sobre las mujeres está ligada a sus problemas y no a sus capacidades. De dónde extraerán las mujeres la suficiente autoafirmación para escapar del círculo de la violencia. Quizás esto explique que aún carezcamos de campañas contra la violencia, cuando disponemos de campañas de tráfico con periodicidad bimensual. Son los medios de comunicación quienes informan sobre los episodios de violencia, sobre la crueldad de los asesinatos y, aunque aún esta materia informativa se ubique en la sección de sociedad y no en la sección política, es indudable que han contribuido a mantener este persistente fenómeno.

Una víctima sin similitudes: la mujer maltratada

Las relaciones sentimentales fueron el eje de la Ley, porque su dinámica genera una grave indefensión para la víctima y una certeza de impunidad para el agresor. Sabemos que toda pareja debería estar abierta para aceptar los desacuerdos como un factor saludable propio de la intimidad, porque de no existir diferencias, estaríamos ante un miembro que siempre cede frente a otro que lidera. Uno de los pactos igualitarios en un vínculo afectivo radica en ampliar la libertad del otro, para lograr que la pareja sea una suma de individuos con proyectos propios, no de roles, provistos de identidades y funciones. En nombre del amor, no cabe exigir la pertenencia de otra persona, nadie es propiedad privada de nadie. Muchas mujeres se comportan como si tuvieran un propietario, por lo cual la secuencia de “tenerse” como referencia se vuelve problemática para ellas, como si traicionaran su rol.

Saberse un individuo es mucho más que una afirmación personal, señala el grado de autonomía que puede disfrutar una persona, comprobar si se toma como referencia a la hora de tomar decisiones o bien busca la aprobación. Por ejemplo, en los lenguajes cotidianos detectamos a mujeres, jóvenes o adultas sometiendo sus opciones al consentimiento de sus parejas afectivas. En suma, considerarse sujeto es la máxima protección contra la violencia y precisa de una poderosa voluntad de deslealtad hacia los preceptos de género, un doble vínculo con difícil salida. Si la privacidad, en el sentido positivo de lo «propio» y como elemento constitutivo de la individualidad, es una tarea difícil para cualquiera, lo es aún más para quienes gozan de mayor aceptación, si la renuncia y el sacrificio conforman sus virtudes públicas más valoradas. La habitación propia de Virginia Woolf resulta una brillante metáfora de la decisión a pensarse en singular, libre de toda demanda externa que las encierre en un conflicto de lealtades, entre lo que quiere hacer y lo que debe. En esta línea, Richard Sennett, señala dos tipos de compromiso, aquellos que parten de la decisión y los que encierran un mandato de obligación.

Podríamos afirmar, que la autonomía, entendida como “autogobierno”, como libertad de pensamiento y de acción es la prevención más eficaz contra todo tipo de violencias. Sabiendo, de la dificultad que esto entraña en una relación de pareja. Como señala la socióloga Eva Illouz, todo vínculo sentimental opera sobre “la economía de la escasez respecto a las libres opciones con otros encuentros”. Y añade “qué se puede esperar legítimamente del otro sin quebrantar su libertad”. Ahora bien, si nos centramos en una relación de maltrato no cabe esperar matices: la libertad de movimiento está prohibida. Se reclama una severa división de roles, y cualquier rasgo de individualidad será interpretado como una rebelión inaceptable, ante la cual el castigo sirve de advertencia y alecciona de posibles infracciones.

¿Qué diferencias existen en una víctima de violencia respecto a otras víctimas? Pensemos en un escenario de conflicto. Ante el mismo, un sujeto tiene la posibilidad de huir, pedir ayuda, o responder a la agresión. Ninguno de estos gestos son opciones para una víctima de violencia. La huida es tan complicada, por las dudas y el miedo, que la psicóloga Leonor Walker escribió una estrategia de fuga específica para las mujeres maltratadas. Tampoco pide ayuda, ni lo comparte con sus amistades o con su familia. Volverá clandestinos los agravios y las agresiones que sufre. Incluso aquellos que dejan señales; camuflará sus lesiones y si requieren atención médica los revestirá de accidentes domésticos. Hecho que motivó en la Ley la creación de unos protocolos destinados a los facultativos de atención primaria, quienes se hallaban ante la contradicción deontológica, de dar verosimilitud al testimonio de la paciente, o bien redactar un parte de denuncia ante la evidencia de las agresiones. Porque la denunciar representa para las mujeres maltratadas un rotundo fracaso personal, la constatación de no haber sabido hacerlo de un modo que no provoque iras.

Como investigadora, al realizar grupos de discusión con mujeres maltratadas, coincido con otros que concluyen que el sentimiento de vergüenza, de culpabilidad y fracaso sólo deja de ser paralizante en el caso de que los hijos e hijas puedan sufrir algún riesgo. En esas circunstancias el rol de madre, gana al de esposa, o compañera sentimental, y produce el impulso necesario para solicitar ayuda o asesoramiento. Del resultado de este acompañamiento experto dependerá el tiempo que requiera para sentirse segura e interponer una denuncia. La víctima de violencia es singular por otros motivos. Porque no responde a la agresión, aun viviendo en un régimen de terror cotidiano, ella espera a que las cosas cambien, mientras realiza un autoexamen revisando en qué podría haber fallado. Su discurso culpabilizador coexiste con la rehabilitación del agresor, buscando una explicación a su hostilidad. Siempre serán los agentes externos los responsables de su crueldad: el trabajo, su carácter, su infancia. Michael Foucault señalaba que el miedo es el mejor instrumento de control porque logra que la víctima aprenda a examinar cada gesto que pueda molestar a su agresor. Se inhibe por adelantado anticipándose a las posibles reacciones. El miedo es devastador y anestesia cualquier intento de salida.

Sin analizar estos hechos, sin analizar qué significa la igualdad, los cuerpos y fuerzas de seguridad, trabajadoras y trabajadores sociales, el personal médico, del campo de la psicología, o de la judicatura, fiscalía y abogacía seguirán sin comprender por qué resulta tan lento y penoso para las mujeres maltratadas tomar la decisión de denunciar, o qué causas concurren para que ella retire una denuncia antes de la vista oral. En otros escenarios, como las casas de acogida, o los pisos de emergencia, las directoras se preguntan qué les lleva a preguntar por él una vez que el miedo ha remitido, o qué les incita a querer acordar una cita. Incluso aspectos aún más espinosos, cuando una Orden de Alejamiento se vulnera cada vez que ella abre la puerta o accede a un encuentro, aun sabiendo que éste sea sumamente peligroso. Todas estas vicisitudes provocan que los profesionales, la policía nacional o local, no sepan cómo actuar, aunque el cumplimiento de la Ley es taxativa: vulnerar la Orden de Alejamiento es constitutiva de delito, pero el consentimiento de la víctima les confunde. El resto de los profesionales, saben que a pesar de haber invertido su trabajo, o su asesoramiento acompañado a la víctima, ésta no responde como el resto de las víctimas a su intervención; duda y perdona. Por lo que es lógico, que experimenten una desafección con su tarea, porque no siempre existe reciprocidad entre su empeño y el resultado esperado.

Lo mismo sucede en la familia nuclear de la mujer agredida, o bien están desorientados porque no aciertan sobre cómo influir en su hija, o en su hermana, y porque temen que al advertirla del peligro de una relación tan nociva provoquen, muy a su pesar, la reacción contraria: una encendida defensa del maltratador. Su desorientación es el motivo de demanda al teléfono de emergencia 016, que registra una media de un 23% de sus llamadas a solicitud de familiares y allegados. En otros casos, encontramos aquellas familias que prefieren apelar a la estabilidad de la pareja y minimizan el desastre, por lo que la disuaden de mantener la denuncia y, en muchas ocasiones, le piden que la retire. Lo que constituye uno de los motivos de preocupación para la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas (www.cemabog.org)sobre el papel que juega la familia en la cronificación de la violencia. Pero todas estas aptitudes carecerían de sentido sin relacionar la violencia contra las mujeres con las políticas de igualdad y el género. Por supuesto, sin olvidarnos qué clase de perjuicios persisten para desautorizar la Ley, y lo que es más grave, a las mujeres víctimas de violencia de género, como incoherentes, o tramposas, como sucedió con la difamación sobre las denuncias falsas.

Podría parecer que los valores de la sociedad se renuevan en la medida que se ejercita la democracia, tanto en la esfera pública como privada. Lo que significa enterrar principios de autoritarismo y subordinación hasta convertirlos en aptitudes intolerables. Sin embargo, las encuestas (Barómetros del CIS) demuestran que la igualdad, como principio; es decir como idea es aceptada sin fisuras. Todas las respuestas coinciden en que mujeres y hombres disfrutan de los mismos derechos, ahora bien, cuando la igualdad ha de traducirse en prácticas sociales concretas, en acciones, los parámetros de género muestran enormes resistencias. Persevera la desigualdad en el uso del tiempo. Un solo ejemplo en cuanto al grado de corresponsabilidad familiar: La atención de hijos e hijas (CIS. Marzo, 2014 ) es asumida por las madres en un 82%, seguida de la abuela en un 8,5% y en tercer lugar el padre, con un 4,5%.

La vigencia del término “género”

El término género no debe entenderse sólo en el plano descriptivo de unas diferencias biológicas, sino como una interpretación cultural, un conjunto de expectativas sociales de los roles que han de desempeñar mujeres y hombres. En suma, un código de comportamientos y de convenciones sociales. Está directamente ligado a la división de espacios: lo público y lo privado. La sociedad, si bien parece distribuir jurídicamente la igualdad, nombra como responsables del hogar a las mujeres y como sustentadores principales a los varones. Ante un conflicto dentro de una relación afectiva, cabría saber si nos hallamos ante dos sujetos cuya opinión quiere hacerse valer, o bien son los roles masculinos y femeninos quienes se abren paso en la contienda. ¿En que se apoya cada uno en la discusión, de qué modelos o experiencias se sirven? Los roles son pautas de conducta exigentes y logran ejercer una enorme presión de conformidad, pero a cambio aseguran a quienes se adaptan un tranquilizador sentimiento de legitimidad ante los demás. No hay rupturas ni extrañezas. En definitiva, un código basado en el “deber ser”, en el caso de los roles femeninos más orientados a especializarse en lo ajeno, que en una misma como un marco de referencia vital.

Si la categoría género es útil para entender qué papel juegan los roles, aumenta su capacidad explicativa a la hora de interpretar la dinámica de una relación de maltrato. Por ejemplo, ¿a qué patrones de comportamiento responde permanecer cautiva de una relación de maltrato durante 8 años de promedio? O, el número estadísticamente relevante de hombres que no dudan en declarar que las aman, incluso después de haberles provocado lesiones o la muerte. ¿Qué les lleva a experimentar una culpabilidad subjetiva cuando son ellas las vejadas y agredidas? ¿Por qué no actúan como otro tipo de víctimas, con capacidad para asociarse y demandar adhesiones a la sociedad, con fuerza para denunciar su agresión públicamente, y exigen de manera firme una reparación al daño causado? Son escasas las asociaciones, o su nombre lo dice todo: Asociación Mujeres Supervivientes de Andalucía. La mayoría de las mujeres maltratadas no siguen este modelo, la vergüenza y una enorme sensación de derrota las inhabilita para formar asociaciones, o para reclamar medidas cuando las Administraciones Públicas no actúan con la debida diligencia.

En las relaciones de maltrato el peso de los roles de género no sólo actúan como un elemento desencadenante del conflicto, también sirven para perpetuarlo. Muchos policías se sorprenden sobre el tipo de hechos que el agresor relata como motivo de una paliza, e incluso del asesinato. Las diligencias recogen unos hechos que, aparentemente, carecen de entidad para provocar tan cruel castigo. En principio, pudieran parecer hechos sin importancia, discusiones habituales en el ámbito doméstico. Su perplejidad es sincera. No lo entienden. Lo cual es lógico, porque se trata de algo mucho más importante que el grado de satisfacción respecto a la tarea doméstica; el maltratador persigue verificar un escrupuloso cumplimiento del rol femenino y por supuesto, de no hacerse así su pareja se atendrá a las consecuencias.

Sabemos que el rol de esposa y madre aún están confinados a un desprendimiento de una misma para atender las necesidades ajenas. Y aunque los nuevos estilos de vida han enriquecido las formas de su ejercicio: madre sola, mujeres separadas, o madres con una orientación sexual distinta, sus compromisos de atención son requeridos sin contemplaciones. Resulta muy difícil mantener unos límites a las demandas familiares y, con el mismo empeño a mantener a salvo una relación de pareja, más aún exigir reciprocidad. La figura de la “madre” no sólo alude a quienes efectivamente lo son, sino que se reclama como un atributo definitorio, una cualidad sustancialmente femenina. La maternidad siempre remite a un rol femenino; un hombre se feminiza al adoptarlo y pasa a ser una excepción con una gran valoración positiva. Así es, porque la definición de la paternidad se define por otros rasgos: la trasmisión de apellido y de la principal renta familiar. En cambio, la maternidad es una aptitud de cuidado, de hecho las chicas jóvenes “cuidan” a sus compañeros sentimentales, se ajustan a sus tiempos, a su peculiar forma de ser, o bien se adaptan a sus gustos, o a sus amigos. Y, en la mayoría de los casos, esta atención conlleva la desatención de sus propias amistades, o afecta a su rendimiento. ¿Todavía nos sorprende que en una vista oral, la víctima rectifique su testimonio? Además el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la figura del derecho a la dispensa, o la posibilidad que tiene toda mujer de no declarar contra su marido, aunque éste sea el maltratador y ella la víctima. Ante lo cual el fiscal puede retirar la acusación.

Sostener emocionalmente una relación es definido como logro en el discurso femenino, ello pudiera explicar que más de un 36% de las víctimas se nieguen a declarar contra su marido o compañero sentimental. Lo cual nos indica la tensión de lealtades que operan en un acto procesal de este tipo, donde no siempre los jueces advierten de lo que eso significa. Los resultados son estremecedores, el maltratador sale en libertad y es previsible que ajuste cuentas con su “delatora”. La Memoria Anual de la Fiscal de Sala, Coordinadora de la Violencia contra la Mujer, alerta sobre otras estrategias de desautorización de la víctima, como son los Recursos de Revisión ante la Sala II del Tribunal Supremo. El condenado se querella contra la víctima sosteniendo que su condena sólo se basó en una denuncia, la mujer se presta a declarar y, como resultado de confirmar este supuesto, queda condenada. La propia Memoria reconoce que es preciso estudiar esta forma específica de violencia, porque sabe que los comportamientos de género inciden en el desarrollo procesal. El número de sobreseimientos es el indicador sobre el grado de impunidad de los maltratadores, que desde el año 2005 ha supuesto un incremento de un 158%. Suspender la causa por falta de pruebas, sin iniciar investigaciones de oficio, delata un mal funcionamiento de los órganos de justicia, ante cuyos déficits no parece haber ni un seguimiento y, mucho menos, se activan las medidas correctoras suficientes.

En cuanto a los hombres maltratadores, un debate permanente se centraba sobre la posibilidad de lograr su rehabilitación, o bien dudar de cualquier método eficaz para ello. Este tema, además gravita sobre una posición ética acerca de la capacidad de recuperación de un sujeto. En el caso de los maltratadores, es una condición ineludible que éstos acepten su responsabilidad en la agresión, sin señalar a su pareja como la principal causante de su hostilidad. Y esta dificultad en reconocerse como agresor, es precisamente el obstáculo sobre el que aluden la mayoría de los terapeutas en el tratamiento. Los maltratadores encuentran una extraordinaria dificultad en asumir la responsabilidad de sus acciones, para minimizarlas. Los hombres violentos, ni perciben el pánico ni viven disculpándose. Testimonios de los que son testigos permanentes los cuerpos de policía especializados, que observan su modo de definirse: sujetos que “responden” a una provocación, a una suerte de insubordinación. Del mismo modo, cuando el conflicto remite los maltratadores saben activar la lástima, han vivido del perdón y de las segundas oportunidades que les facilitaba la víctima. Esto ocurre justo en el momento de la ruptura, o cuando se está tramitando una denuncia. Es frecuente hallar testimonios de hombres que reclaman el perdón y apelan al sentimiento de pena, pero sin reconocer la gravedad de lo sucedido, no para rendir cuentas sobre lo arraigado del poder y el narcisismo, sino con la intención de purgarse, de redimirse.

“Yo parecía la victima cuando salí de la cárcel”. Un maltratador que narró en el diario El País (13.03.2011) cómo disciplinó a su mujer, una periodista con carácter independiente, que a pesar de reiteradas agresiones, nunca denunció. Fueron los vecinos, porque los golpes suenan, quienes tomaron la iniciativa. Otras veces, son los vecinos quienes declaran en los reportajes de televisión, la extrañeza ante la detención de un maltratador, puesto que era correcto, e incluso, amable. Sin pensar que el agresor se especializa en quien sabe que seguro mantendrá la espiral de silencio que precisa la violencia. También La Ley contra la Violencia contempla medidas en este campo. Se incluyeron trabajos en beneficio de la comunidad, como parte de la reeducación de maltratadores, una medida aún pendiente de práctica. Sería difícil contabilizar el número de Ayuntamientos que así lo hicieron, pero no cualquier clase de trabajo, sino aquellos cuya naturaleza esté ligada al cuidado, por ejemplo, en la atención de personas dependientes, o en centros de salud, o de mayores. Porque si el poder ha estructurado sus relaciones sentimentales, vivenciarse en la posición de procurar cuidado a los demás, sería un cambio nada desdeñable para ellos.

Sabemos que la identidad masculina se centra en una independencia económica y en aportar la principal renta a la unidad familiar. Su identidad positiva es directamente proporcional a su posición en el mercado de trabajo. ¿Acaso no se vincula la identidad masculina con la esfera laboral? Con tal contundencia como la que conlleva un despido en el que se hace un examen retrospectivo sobre en qué se falló. El cine de Fernando León, en su film Los lunes al sol, muestra la desolación de un grupo de hombres despedidos, cuya conversación se recrea en las anécdotas de su trabajo, única forma de seguir cohesionando al grupo. Otro tema sería reparar en el papel reservado a las mujeres de sus protagonistas. Resignificar la masculinidad, tomar el poder patriarcal como una debilidad y no como un signo de prestigio, es un buen ejercicio que promueven los Grupos de Hombres por la Igualdad, quienes buscan renovar los modos de relación convencional, donde la sentimentalidad mal entendida, requiere de la subordinación sentimental de las mujeres para afianzarse.

Materiales de derribo contra la Ley.

Desde el año 2005 que se crea, siguiendo la Ley 1/2004, el Observatorio Estatal de la Violencia de Género (https://www.msssi.gob.es/) no hay respuestas institucionales firmes a la altura de la gravedad del fenómeno. Incluso, contando con 65 mujeres asesinadas de promedio año, aún persisten ideas que colocan la Ley como sospechosa de no ser ecuánime con los principios de igualdad de trato ante la justicia. Veamos algunas de ellas y aprovechemos para hacernos preguntas sobre los significados que recaen sobre la violencia.

La primera de las difamaciones fue extender la idea de que las mujeres maltratadas incurrían en el delito de falsedad en sede judicial, sosteniendo denuncias falsas, las cuales son constitutivas de delito, conforme a los artículos 456 y 457 del Código Penal. Ante ellas, el juez, como la fiscalía o el Ministerio Público, debe actuar con contundencia. La responsable de contaminar a la opinión pública con estas afirmaciones, fue la Jueza Decana de Barcelona, María Sanahuja que añadía “da la sensación que algunas personas usan la fase de instrucción para tener mejor situación en los casos de separación”. El terreno estaba abonado para fomentar el sentimiento de sospecha sobre las mujeres maltratadas. Nunca presentó datos, o estadísticas que avalaran su afirmación. La cual sigue dando sus frutos, dado que recientemente, un Diputado de UpyD, miembro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, sin aportar dato alguno, pero sabiendo muy bien que se hacía eco de un estereotipo con gran aceptación, volvió a inculpar a las mujeres. Tuvo que ser el Consejo General del Poder Judicial quien recordará en su informe del año 2011 que se produjeron 134.002 denuncias de las cuales sólo 19 fueron falsas, es decir, un 0,01. Pero sabemos bien que los prejuicios no admiten argumentos. En este sentido, cabría hacerse una pregunta: ¿Qué opera en la sociedad española para no contrarrestar esta idea con el elevado número de denuncias? Sin contar que el teléfono de emergencia 016, creado en el año 2005 con el único propósito de asesorar, haya recibido a 1 de enero de 2014, 10.220 consultas, o las 9.475 registradas en el año anterior.

Otra difamación radica en plantear que la Ley es inservible, tan contundente conclusión se expresa sin contar con una evaluación de la misma, como se fijó en la Disposición Adicional undécima. Lamentablemente, sólo se dispone de un informe de un grupo de expertos a iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en abril de 2006, referido sólo a cuestiones técnicas sobre su aplicabilidad. Es necesario emprender una evaluación global, con más años de perspectiva. Y sobre todo, en relación con los mecanismos de coordinación que fijó en su articulado. Por ejemplo, las Unidades de Igualdad de las Subdelegaciones de Gobierno, ubicadas en cada capital de provincia con el objetivo de reunir a jueces, fiscales, cuerpos y fuerzas de seguridad, asociaciones de mujeres. Uno de los primeros recursos que utilizan las mujeres para asesorarse, así como cualquier grupo experto. De esta forma se actuaría en un doble plano: prevención y seguimiento de las víctimas de violencia. Sin olvidar, el ámbito rural que tan estrecho margen de anonimato ofrece a las mujeres que quieren asesorarse o denunciar. Estas unidades dependen de la Vicepresidencia de Gobierno, deberían contar con personal y con medios. ¿Qué objetivos se han cumplido en estas Subdelegaciones, o bien, con a qué tipo de obstáculos se enfrentan?

Lo más cómodo es reproducir la lógica del rival y manifestar que la Ley no funciona y a continuación añadir el número de víctimas como prueba irrefutable de su fracaso. Así es la norma y no su aplicación la responsable de esta pérdida de eficacia. Así se pronunció la Ministra Ana Mato en sede parlamentaria, proponiendo un mecanismo que se ha vuelto el comodín político por excelencia: un Pacto de Estado, un compromiso entre Gobierno y distintos grupos políticos para establecer acuerdos sobre esta materia. Es evidente, que el primer punto debería ser aplicar la Ley, para para ello se ha de contar con un riguroso diagnóstico del grado de cumplimiento de la misma. Sin embargo, la retórica política soporta todo y tiende a poner el cronómetro a cero. Así mientras el Ministerio competente de su seguimiento se inclina por las alianzas, el Ministerio de Justicia estudia reformar el Código Penal introduciendo cambios lesivos para las víctimas de violencia de género. Veamos algunos: determinar una pena de multa para los delitos de violencia, dado que en el caso de ir a prisión el maltratador, esto afecta a los bienes gananciales, e incluso merma la renta familiar. Las vejaciones deberán ser falta y no delito. O el más grave, por contradecir las prescripciones de Naciones Unidas, es utilizar el mecanismo de mediación cuando una de las condiciones para que ésta sea efectiva es que exista una relación de equivalencia en cuanto a la capacidad de negociación, algo imposible si se reconoce que entre una víctima y su agresor, el poder es la pauta interactiva predominante.

Otro argumento sobre la supuesta inutilidad de la Ley, que triunfa entre quienes sospechan de la inutilidad de la misma, es decir que lo más útil es la educación, en una clara invocación a la capacidad de los valores sociales para desechar conductas intolerables en las relaciones de pareja. Sin embargo, aunque la Ley incluyó la posibilidad de que Asociaciones o personas expertas en esta materia, se integrarán en los Consejos Escolares, a 10 años de la promulgación de la norma, aún no se ha aplicado. Si a ello sumamos la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, donde el respeto y la resolución de conflictos formaban parte curricular y aportaba ideas para la didáctica escolar, el escenario se complica. Es cierto que apelar a la educación es totalmente necesario. La educación mixta se implantó en España en 1970, pero a pesar de ello, aún pervive una distinta valoración sobre las conductas de niñas y niños: “los niños no lloran” y “las niñas no deben hablar así”, como expresa Marina Subirats, son signos de una educación que debería introducir materiales de coeducación como forma de corregir estas conductas. Por suerte, contamos con excelentes materiales que versan sobre cómo educar para la igualdad, o impulsan una educación no sexista, que Institutos de la Mujer o asociaciones de profesoras han elaborado. Aun así, el sistema educativo no hace los suficientes esfuerzos en esta línea. Ante ello surge una pregunta: ¿Qué resultados obtendríamos si el sistema educativo hiciera el mismo esfuerzo que cuando logró al desacreditar el hábito de fumar, si insistiera en la importancia del cuidado en el ámbito familiar, así como en un reparto equitativo de las tareas domésticas?

Una forma eficaz de derribo radica en ir degradando la igualdad privándola de recursos. Las políticas de igualdad, son políticas activas y como tal son un asunto económico. Los Presupuestos Generales del Estado y de las Administraciones Públicas han reducido en un 27% los capítulos de gasto destinados a la violencia de género. Sabemos que este mes de noviembre celebrarán muchos actos condenando la violencia, este gesto es gratis y mantiene su capacidad de convocatoria ciudadana, pero y simultáneamente es compatible seguir al pie de la letra la Ley 27/2013 sobre la Racionalización de la Administración Local, que afectará directamente a la prestación de atención a la Violencia de Género. Pero es mucho esperar que las agendas políticas supervisen los efectos de su toma de decisiones, aunque sean lesivas para las trayectorias profesionales y vitales de las mujeres.

Todo cabe en materia de igualdad, por ello mientras se busca un Pacto de Estado cautivo de la buena voluntad de las partes, hay pendientes de aprobación leyes urgentes, como una Ley Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual. O bien, recuperar derechos que se han quebrantado,como que las mujeres hayan dejado de cotizar por cuidados a personas dependientes la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, más conocida como la Ley de Dependencia, ha sido derogada de facto, aunque siga en vigor.

No hay consecuencias, porque lo que no aporten las Administraciones Públicas, como son las prestaciones derivadas de los servicios sociales, bien los pueden cubrir las mujeres, que de hecho no contabilizan el tiempo donado en los cuidados, ni obtienen reconocimiento alguno por parte de los miembros de la familia que se benefician de ello. Si se sigue degradando la igualdad como derecho práctico, no será fácil para una mujer maltratada creer que le asiste el derecho a proteger su dignidad, física o mental, si además sólo es visible para los poderes públicos el 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres.

moderado por:

  • Concepción García Herrera

    Socióloga

Conclusión del debate

Con las 10 preguntas de la ponencia Partidos, militantes y ciudadanos buscamos cartografiar una serie de problemas que gravitan sobre la crisis de representación y sus dinámicas de despolitización/repolitización en el contexto de movilización post15-M en nuestro país. Dada la extensión de la ponencia las intervenciones de las personas participantes se centraron sólo en algunas de ellas, aunque en su mayoría comparten en buena medida la tesis de partida: la “indignación” es algo más que un reactivo repudio moral de la gente decente porque abre espacios a la repolitización por parte de nuevos sujetos, como movimientos sociales democratizadores (Marisa Revilla, Pedro Ibarra, Tomás Villasante, Antonio Antón, Javier Ramos, Leopoldo Moscoso) (Pregunta1). Y también en buena medida comparten la propuesta con la que concluimos reclamando un nuevo pacto social sobre participación para reconstruir la virtud cívica por parte de una ciudadanía activa que busca incidir, modular y controlar sus propios espacios de participación-representación.

Para calibrar el recorrido de los procesos de politización en diferentes estructuras y procesos institucionales sobre los que discurren y se articulan tanto representación como participación, lanzamos una serie de preguntas al conjunto del sistema político, a los imaginarios ideológicos y culturas militantes de los partidos. Y también a las posibilidades abiertas por el nuevo contexto tecnológico comunicacional, con objeto de indagar sobre las posibles interacciones y articulaciones entre todos estos procesos, los nuevos sujetos movilizados por la crisis y la gran mayoría despolitizada-desmovilizada.

Dando por evidente la crisis que, en su función electoral-parlamentaria, atraviesan los partidos políticos, hoy visualizados como “clase política” alejada de la ciudadanía, insistimos en la importancia de éstos como ordenadores simbólicos, productores de identidad y formuladores de discurso con el que generar mapas cognitivos y emocionales para interpretar la crisis (Pregunta2). Sin duda, del hecho de que sigan jugando este papel depende en buena medida su sobrevivencia. Algunos ponentes hacían hincapié en la importancia de este papel ideológico discursivo, tanto para señalar la necesidad de mantener en la izquierda un horizonte radical de acción orientado por la autogestión y la desmercantilización (Andrés de Francisco), así como por la ineludible renovación discursiva en temas como la hegemonía y la moral, la racionalidad y la emocionalidad, o la clase como único sujeto: Disputar los intereses sin disputar los imaginarios que los permiten es perder la lucha política antes de comenzarla (Javier Franzé). Ello implica buscar superar el eje izquierda-derecha reformulándolo desde un eje arriba y abajo (Jorge Moruno) que, en el decir del último libro de Santiago Alba, nos obliga a pensar en nuevos mandamientos laicos para reagrupar las mayorías que comparten el “no matar, no robar, no mentir, buscar la igualdad, la fraternidad y la justicia social”.

Como es obvio, no podíamos dejar de señalar que el pluralismo y la alternancia sobre los que tradicionalmente descansó la legitimidad de la democracia parlamentaria están hoy gravemente amenazadas en el contexto de una globalización que pervierte la representación liberal cooptando a los reguladores institucionales y dejando gobernar al mercado en contra de la ciudadanía (Pregunta3). Muchas intervenciones se interrogan cómo hemos llegado a esta situación de blindaje de los poderes, que los impermeabilizan las de las reivindicaciones, demandas, reacciones y cuestionamientos de la ciudadanía (Marisa Revilla). Otros subrayan que una de las funciones principales del turno ordenado bipartidista consiste en excluir del debate político y el intercambio discursivo que precede a la elaboración de políticas las demandas de unos movimientos sociales que son a su vez el escenario y el mecanismo de la fragua de identidades cívicas e ideológicas (Leopoldo Moscoso). Las tensiones entre Capitalismo y Democracia en la sociedad del hiperconsumismo orientada por el pacto corporativo entre poderes financieros, políticos y mediáticos que someten la democracia al exclusivo dictado de los mercados sólo se resuelven con más Democracia (Javier Ramos). La nueva desregulación política neoliberal exige la construcción de un nuevo proyecto político que apoyándose en la protesta y la propuesta ciudadanas, afronte cuestiones económicas, fiscales e institucionales “fuertes” que durante las últimas décadas fueron declaradas “zonas prohibidas” (Maria José Fairiñas).

En el contexto de la crisis se reclama una virtud cívica que el sistema político no puede ni suministrar ni reproducir por sí sólo, sin el concurso de la cual se vuelve imposible para las mayorías sociales impedir el poder corruptor del interés general por parte de las oligarquías, reclamando la participación como clave para activar cualquier agenda de soluciones (muchas de ellas a experimentar) (Pregunta4). Una intervención nos recordaba que “tal virtud no está tan extendida como queremos creer” desde la izquierda (José Antonio Postigo Martín), y otra que la democracia parlamentaria es solo un punto de partida para construir cultura democrática (Pedro Ibarra).

Con este marco amplio de la crisis de representación en el sistema político, descendimos al papel que juegan militantes y votantes en los partidos políticos, en tanto portadores hacia afuera de cosmovisiones (simpatizantes y votantes) y de costumbres y estilos hacia adentro (cuadros y militantes) (Pregunta5). Indagamos sobre el papel de la militancia a la hora de conectar esos procesos de participación que abundan en los espacios intersticiales de las políticas públicas (Joan Subirat), hacia el interior de los partidos y hacia el sistema político en su conjunto con objeto de reorganizar la comunidad de referencia de los aparatos partidarios más allá de su lógica electoral. En este caso señalábamos algunas singularidades de nuestra cultura política derivadas de los pactos postfranquistas de la transición que configuraron, en la monarquía juancarlista, un sistema de representación altamente excluyente que impuso altos costes a la participación. Confluyen estrategias de desmovilización, burocratización y profesionalización en la lucha por cargos que bloquean los procesos de toma de decisiones, situándolos a espaldas del electorado y de las minorías militantes tanto de los partidos como de otras organizaciones sociales, las cuales, a pesar de sus sacrificios, tienen dificultades para generar trasvases virtuosos de participación entre distintas estructuras institucionales. Una intervención en hermoso lenguaje poético nos interrogaba sobre cómo hemos aprendido a tolerar lo intolerable al tiempo que nos recomienda la necesidad de desacostumbrarse y de desaprender (Jorge Riechmann).

El estatus quo defendido por la derecha es estructuralmente beneficiario de la caída de la participación, un problema principalmente para la izquierda, que aspira a reunificarse a través de ella. Necesitamos una perspectiva histórica para comprender cómo la izquierda se “derechiza” al generar activamente cortocircuitos en la participación (Pregunta6). Desde la transición, el campo progresista ha estado sometido contradictoriamente a la desmovilización por parte de sus propias organizaciones partidarias y sindicales, que han intentado controlarla férreamente desde perspectivas vanguardistas muchas veces maniqueas. Por ello en varias intervenciones se apunta la necesidad de tender puentes entre espacios, tradiciones y sensibilidades (Tomás Villasante, Pedro Ibarra, Olga Abasolo, Joan Subirats, Jorge Moruno). Es difícil que la renovación pueda surgir dentro de estos espacios organizativos marcados por la cultura de la exclusión, por lo que es de esperar que en la competencia electoral se consoliden iniciativas dispuestas a impulsar estos cambios se sensibilidad tan postergados como urgentes.

Prestamos también particular atención al papel de los activistas abstencionistas, fundamentales para reclamar una interacción virtuosa entre militantes, simpatizantes y ciudadanos (Pregunta7). Esto obliga a comprender el desencanto ante el “supermercado electoral” y reiniciar el proceso de reconstrucción de ciudadanía al lado de activistas abstencionistas que promueven agendas de compromiso intelectual y político. Su importancia es más cualitativa que cuantitativa, y fuerza a los partidos que busquen representarlos a alejarse de los tics del pasado: menosprecio ciudadano, corrupción y degeneración de la vida pública. En este sentido son significativas las intervenciones de personas que se consideran hasta cierto comprometidas, a menudo anteriormente despolitizadas pero hoy en plena politización (Pedro Tena, Agustin Campos Ruiz, Pedro Muñoz Moreno).

También nos preguntamos sobre el liderazgo, sobre su papel en la ingeniería político-discursiva para la construcción de espacios de interacción social e ideológica que habiliten a la ciudadanía en su potencial recuperación de voz y acción políticas (Pregunta 8). No está claro si es más fácil hacer converger formaciones políticas clásicas en torno a programas, o si un liderazgo puede adquirir posibilidades estratégicas extraordinarias en una coyuntura de crisis, como ha sucedido en el ciclo político reciente de muchos gobiernos progresistas latinoamericanos. Sin duda, también los contextos culturales y las condiciones institucionales (políticas y mediáticas) pesan sobre el papel de los liderazgos a la hora de llamar la atención de públicos y bases sociales de apoyo, reformulando discursos y relatos y promoviendo nuevos proyectos políticos con nuevas coaliciones entre actores socio-políticos, económicos y culturales. A pesar de la relevancia del papel liderazgo en la actual coyuntura electoral, esta fue una cuestión eludida en las participaciones, salvo un caso en el que se subraya la necesidad de que la autoridad individual del liderazgo debe ayudar al relato colectivo si quiere contribuir a la emancipación, mostrándose preocupado por la fascinación personal y la eventual falta de control sobre el liderazgo carismático-mediático (Manuel Gari).

Evaluamos la propuesta de primarias tan discutida como remedio para la partidocracia en el campo progresista, considerando que si éstas son cerradas hacia el interior de la militancia difícilmente pueden rebasar el aislamiento social y la atrofia institucional que atenaza a los partidos clásicos (Pregunta9). Sin resultar una panacea en un contexto ideológico como el nuestro, sólo unas primarias abiertas a la sociedad acompañadas con una generosa voluntad de construir mayorías sociales puede activar dinámicas de reconexión que promuevan la virtud cívica entre los actores de una sociedad civil marcada por el conservadurismo y la fragmentación. Cabe señalar que, a pesar de su actualidad política, esta pregunta no recibió atención por parte de los intervinientes.

Frente las lógicas de participación y representación clásicas, también nos planteamos la cuestión de cómo está influyendo la recomposición del campo comunicacional aggiornado por la llamada revolución digital. Aquí también apuntamos cómo el sistema mediático convencional es un producto de una transición conservadora y tan poco modélica y de la falta de voluntad de renovación de las fuerzas organizadas de izquierda a lo largo de más de tres décadas de democracia. Solo la reconfiguración forzada por la generalización del uso de internet ha posibilitado a los círculos activistas y al nuevo periodismo activar espacios mediáticos desde donde intentar disputar la hegemonía ideológica al bipartidismo postfranquista. De hecho, aparecen nuevas propuestas como Podemos o la Red Ciudadana-PartidoX que se apoyan en nuevos capitales mediáticos y nuevos recursos metodológicos-formativos como espacios sociotecnológicos fundamentales para la experimentación desde donde los militantes activistas buscan influir en una ciudadanía todavía mayoritariamente pasiva (Joan Subirats). Nuevos discursos buscan intervenir a través de la emocionalidad en la emergencia de nuevas subjetividades que reconstruyen identidades y comunidades de referencia, y que se presentan como campos fundamentales para experimentar, primero, al interior de los partidos y, después, sobre el conjunto del sistema político, delineando nuevas comunidades de participación que buscan incidir en diversos los procesos decisorios que orientan las políticas públicas sobre una perspectiva de democracia participativa (Pedro Ibarra) o potenciando grupos promotores cuidadores en los tejidos comunitarios (Tomás Villasante). Se insta así a un nuevo pacto social por la participación desde el que incidir en la propia reforma de la representación hoy ya viciada del sistema político liberal, tanto como ampliar en el marco del conjunto estatal los horizontes autogestionarios y desmercantilizadores de la acción colectiva sostenida.

Ponencia inicial

Partidos, militantes y ciudadanos

Partidos, militantes y ciudadanos

¿Es la indignación un fenómeno político sólo reactivo?

Con el ciclo de movilización ciudadana abierto desde el 15-M, la indignación centra los discursos procedentes de la sociedad civil. Lo que sigue abierto es el sentido, la amplitud y la perduración del fenómeno.

La crisis ha hundido la credibilidad de las instituciones del gobierno representativo y ello está afectando también a las principales organizaciones de canalización de demandas políticas, los partidos. La enmienda a la totalidad lanzada contra la denominada “clase política” tiene mucho de explosión visceral frente a la corrupción y la exhibición de intereses de poderosos que amenazan la integridad de la “gente decente”. Pero la impresión es que más allá del repudio moral hay en marcha toda una repolitización que no sólo fomenta el reencuentro de militantes de izquierda de diversas generaciones sino que alcanza también a amplios sectores antes “apolíticos” o con conciencia política débil. En suma, una cuestión elemental es si estamos ante un fenómeno puramente reactivo o ante el comienzo de un nuevo ciclo de mayor implicación de la ciudadanía en la política.

¿Veremos desaparecer los partidos políticos?

Hay motivos para la indignación contra los políticos profesionales. Mientras la democracia parlamentaria se muestra incapaz de velar por los derechos sociales de ciudadanía, cuando los partidos políticos tradicionales esgrimen defensas del Estado del bienestar éstas son cada vez más percibidas como retóricas y puntuales. Lo que no está claro es que la postura aparentemente radical de suprimir o superar los partidos contenga un diagnóstico acertado acerca de si es posible otra política libre de ellos.

Es cierto que por primera vez los partidos evidencian dificultades para lograr mayorías electorales. La cuestión es si esto es señal suficiente de que los partidos políticos vayan a desaparecer. Pues no está claro que su continuidad dependa sólo de su función en el sistema parlamentario. Los partidos parecen jugar otro papel más básico y complejo, del que el bipartidismo postfranquista es un elocuente ejemplo: la estabilización de los posicionamientos políticos. Detrás de esta no hay siempre credos ideológicos muy definidos ni intensos, pero el fenómeno apunta a toda una dimensión situada más allá de la canalización política de intereses.

Ya en origen, en el siglo XIX, “partido” indicaba a “los que toman tal o cual partido” ante una determinada encrucijada en la naciente historia del autogobierno ciudadano. Desde esta perspectiva, vinculada a la libertad de adscripción ideológica constitutiva del ser ciudadano, los partidos funcionan como comunidades que compiten por el alma política de los ciudadanos por mucho que parezca que sólo lo hacen por su voto. Desplegando esta actividad de producción y reproducción de identidad seleccionan y acumulan valores, símbolos, principios y convicciones (aunque sin duda también arraigados prejuicios), imaginarios de memoria y de utopía, tradiciones de pensamiento-acción, procedimientos, estilos y culturas de acción, etc.

Aunque incumplan sus programas una vez en el poder, los partidos garantizan que siga existiendo un lenguaje que habla de izquierda y de derecha. El apolítico declarado que desearía la superación de esas divisorias pierde de vista que, si puede permitirse el lujo de declararse ajeno a la política, es precisamente porque existe dicha divisoria izquierda/derecha. Todo indica que mientras sigamos en un mundo en el que las ideas políticas cuentan para el gobierno de la cosa pública, existirán mapas sobre la organización de las afinidades ideológicas al servicio de esa amplia mayoría de habitantes de un país para quienes en algún tramo de su trayectoria biográfica el plano político ha pesado, o sigue pesando, en sus decisiones vitales.

¿Son el pluralismo y la alternancia garantías de calidad democrática?

No está claro que sean los partidos el principal problema. La pregunta que contiene la crítica a los políticos profesionales es más bien si, con la elección entre opciones de partido, la democracia parlamentaria que se ha establecido en una parte creciente del mundo tiene garantizada por sí sola su continuidad en el tiempo. Durante décadas ha dominado el supuesto de que el pluralismo político y la concurrencia de opciones de voto garantizaban la reproducción, por medio de la alternancia, de un círculo virtuoso entre la ciudadanía y la política. El problema que se está haciendo manifiesto es que esos principios y mecanismos no son un seguro contra la desafección y la corrupción en el sistema que avanzan en la era de la globalización y amenazan con hundir el parlamentarismo democrático.

Visto así, es el sistema que reduce la ciudadanía política al voto lo que está en crisis. Y lo está en gran medida porque se ha enrocado en sí mismo, además, de manera que lejos de identificar sus debilidades y reinventarse se mantiene aferrado a un ideal normativo que convierte en vicio la virtud de la representación política. El reto de la indignación social está en cómo canalizar la virtud cívica sin rendirse ante la representación como ideología excluyente. Es aquí donde la cuestión de la participación ciudadana aparece como crucial.

¿Es posible reproducir la virtud cívica desde dentro del sistema político?

Hay acuerdo en que la única garantía contra la corrupción de la vida política y el predominio de las oligarquías económicas sobre las mayorías ciudadanas está en la promoción del interés colectivo por encima de los intereses particulares. El problema es que sabemos poco sobre cómo establecer condiciones institucionales que reproduzcan la virtud cívica. Normalmente se hace hincapié en esferas como la educación en valores, pero ésta, además de insuficiente, se sitúa fuera del sistema político.

Si existe una actividad a la indispensable para la virtud ciudadana, legítima y relativamente interna al sistema —pues ejerce como gozne entre las culturas políticas y las instituciones democráticas— es la participación. Ahora bien, lo cierto es que ésta permanece como una especie de caja negra que no se sabe bien cómo pone en marcha su mecanismo interno, ni cómo deja de ponerlo. Con todo, si hay algo evidente es que la manera más segura de aumentar la participación es por medio de participación: no conocemos otros recursos fiables para lograr implicarnos políticamente que haciéndolo.

Esta respuesta puede parecer circular, pero tiene la virtud de dar reconocimiento a la indignación en lo que esta ha sido hasta el momento capaz de activar y reactivar: un conjunto de prácticas e instituciones —asambleas, redes sociales, etc — cuyo rasgo común es el fomento de la participación. Y de la participación entendida además como remedio ante los riesgos de reducir la política de los ciudadanos a la representación.

¿De quién son los partidos políticos, de sus militantes o de sus votantes?

Cuando se observan más allá de la rentabilidad electoral, los partidos aparecen como suministradores de cosmovisiones para sus seguidores y de costumbres y estilos para sus miembros. La pregunta es si entre unas y otros se encuentra la participación.

La respuesta es sin duda variada, pero se puede decir que en general no centra sus filosofías ni sus programas. Ni siquiera está claro que los partidos sean conscientes de a quién han de rendir cuentas, es decir, cuál es su verdadera comunidad de referencia, si la de dentro o la de fuera de sus fronteras. Por un lado los partidos cuentan con simpatizantes, sus potenciales votantes. Por otro están sus militantes, un tipo de votante más identificado con la organización y que trabaja en o para ella. En la lógica electoral son los simpatizantes los que marcan los límites de expansión del partido. Pero en la vida política rutinaria dependen de sus cuadros y militantes.

A estas afirmaciones se puede contraponer que la militancia puede resultar todavía un valor decisivo en la confrontación electoral y en la reproducción de la organización a largo plazo. Esto vale para democracias de larga trayectoria o con una cultura nacional homogénea, como Francia o Suecia. Pero en España, el largo hiato de la dictadura en libertades de asociación y opinión y el establecimiento de un sistema generalizado de concertación –un buen ejemplo es el sindicalismo– hace que en la fisonomía de los partidos prime la representación sobre la implantación por medio de cuadros y militantes afiliados. En ese sentido los partidos parecen hechos a imagen y semejanza de un sistema representativo, el postfranquista, que se muestra sumamente excluyente: con altos costes a la participación y con altos grados de discrecionalidad en el manejo de recursos, funciona como un auténtico inhibidor de frecuencias para la participación ciudadana.

Y sin embargo, en la percepción social no parece dominar la idea de que los partidos representan a sus simpatizantes y potenciales votantes. Esto no quiere decir que, al igual que se dice de los sindicatos y cada vez más también de las asociaciones del tercer sector, estén en manos de una minoría de cuadros profesionales. Pues existe también toda una cultura de militantes hiperactivos de larga duración en partidos así como en colectivos y movimientos sociales y en diversas organizaciones extraparlamentarios históricamente marginadas, cuyas bases suelen desconfíar abiertamente de la gestión de los recursos institucionales. En su compromiso cotidiano, con gravosos costes personales en una sociedad individualista, los afiliados realizan enormes sacrificios. Al menos cuando se les compara con todo un magma de ciudadanos en general desmovilizados y sólo excepcionalmente participantes más allá del voto.

Es hasta cierto punto normal que existan culturas con posturas bastante contrarias ante el compromiso político. La cuestión es si se da entre ellas una comunicación capaz de impulsar sinergias de participación. Hay motivos para pensar que no es así.

Los militantes y cuadros trabajan en escenarios dominados por la concertación entre partidos y administración y a menudo en contextos de desmovilización, consumiendo buena parte de la energía de la organización en acuerdos a espaldas del electorado y luchas intestinas que oscurecen el trabajo de sus militantes y su imagen pública. Cabe preguntarse qué es lo que los ciudadanos con un mínimo de conciencia pueden legítimamente reclamar a los cuadros y militantes de los partidos. Pues frente a la sociedad éstos aparecen a menudo como incapaces de anteponer los fines colectivos de la comunidad a los propios de una organización percibida como privatizada y que corre el riesgo de cerrarse sobre sí misma con un relato que se aleja de la realidad. En suma, lo que el contexto parece pedir a los militantes es una actitud que permita a los que les observan desde fuera comprobar que anteponen el todo a la parte.

¿Por qué no está unida la izquierda española y cómo puede lograr su reunificación?

Si los partidos aspiran a beneficiarse de la participación ciudadana, han de reconocer no sólo problemas de comunicación con una sociedad civil variada y cada vez más consciente sino también desencuentros con otras organizaciones. La compleja rearticulación del campo de la izquierda española en la transición postfranquista hace que hayan perdurado conflictos entre partidos. La expresión culmen de esto es la histórica incomunicación entre el PSOE e IU. Cabe preguntarse si ello revela la sensibilidad dominante entre sus respectivos votantes o más bien la mutua exclusión de sus directivas. Pues desde 1977 llevan competiendo por el mismo espacio político entre sí pero también contra todas las demás opciones ideológicas a su izquierda, constatando así la máxima de que la identidad propia se construye demonizando las ajenas. Incluso a costa de alejar a potenciales simpatizantes y militantes.

Lo singular de la izquierda política española procede de que el principal baluarte de la lucha contra la dictadura franquista no consiguió hacerse con la mayoría electoral durante la transición. La perspectiva histórica nos hace comprender cada vez mejor que ese fracaso se debió en buena medida a que, en la práctica y retóricas aparte, el programa político del PCE era bastante análogo al del PSOE durante y después de la transición. Conviene recordar que el liderazgo comunista aceptó entonces el establecimiento de una democracia continuista con los poderes del franquismo y promovió una desmovilización estratégica hasta hoy deficientemente explicada a unas bases que se siguen viendo como vanguardistas, mientras que su gestión municipal no ha marcado importantes diferencias con las mayorías socialistas.

Por su parte, con las peripecias geopolíticas del socialismo español en la transición, a muchos ciudadanos les cuesta creer que el PSOE sea un partido de izquierdas tras el abandono del socialismo como horizonte de expectativa y sobre todo tras liderazgos y políticas de gobierno que han socavado la sostenibilidad del Estado de bienestar que las propias mayorías socialistas permitieron asentar. Sin embargo, este veredicto corre el riesgo de tirar al niño con la bacinilla si se concluye que su base electoral más fiel no forma ya parte de la comunidad de la izquierda. Porque además la crisis está demostrando que la ciudadanía posfranquista española tiene por referentes innegociables los derechos sociales, lo cual anticipa que las polémicas ideológicas se seguirán jugando en el espacio tradicional de la socialdemocracia en los próximos años.

Así planteado el asunto, la recreación de la utópica “casa común de la izquierda” no parece ser sólo un problema de programa, sino también de comprensión de las condiciones de posibilidad de la unificación. Cabe reclamar que la evaluación que se haga del contexto actual incluya una hipótesis acerca del marco organizativo más adecuado para alcanzar ese objetivo. Lejos de seguir tratando de señalar en el mapa “dos orillas” para ahondar en ellas, la única izquierda que merece la pena es una que tenga éxito estableciendo puentes entre tradiciones, sensibilidades y formaciones legítimas en el mapa actual. No parece fácil desde luego que algo así salga del interior de unas organizaciones en las que ha arraigado una cultura de exclusión mutua. Pero la competencia electoral puede tener rendimientos inesperados.

¿Qué representan los ciudadanos activistas que no votan, y quién les puede representar?

En el contexto de la creciente participación ciudadana en movilizaciones contra la crisis se está tejiendo una trama conexión concéntrica entre círculos de militantes, simpatizantes y ciudadanos sin clara afiliación política. Los partidos, en su doble condición de engranajes del gobierno representativo y comunidad de adscripción política, pueden aprovecharla o no. Una de las claves para ello está en la comprensión de los fundamentos del desencanto.

Del formato partidocrático que tenemos deriva un fenómeno complejo, pero rastreable desde la transición, como es el de la abstención activa. Esa amplia franja del electorado que no vota, en su margen izquierda incluye una minoría extensa y cada vez menos desdeñable de ciudadanos que no acuden a las urnas porque han dejado de creer que el “supermercado” de las opciones electorales refleje mínimamente su conciencia política. Mantienen no obstante un elevado grado de compromiso con la participación cívica, sea en campañas o protestas puntuales, colaborando con movimientos, asociaciones y ONGs del tercer sector, o promoviendo debates y agendas intelectuales críticas.

Hemos tenido que esperar al 15-M para que se produzca una reivindicación del valor de los no-votantes participantes. Tal vez este sea el cambio de énfasis que menos esperaban las formaciones políticas exteriores al bipartidismo (IU y UPyD a nivel estatal), confiadas en arañar votos a las mayoritarias en su desgaste por su pésima gestión de la crisis. La cuestión es si dicha estrategia ha quedado sobrepasada por un nuevo escenario en el que recupera valor la participación ciudadana. Lo que parece claro es que el espacio histórico de los abstencionistas no sigue ya circunscrito a los márgenes del escenario. Su relevancia no sería además de orden meramente cuantitativo, sino sobre todo simbólica aunque no por ello menos contante y sonante electoralmente. Pues puede que aquel partido que más y mejor consiga atraer abstencionistas potenciales sea el que termine presentándose ante la opinión pública como más libre de rémoras del pasado de menosprecio ciudadano, corrupción y degradación de la vida política. Dicho de otra manera, cabe preguntarse si se puede ya producir un vuelco electoral en forma de “voto útil” a favor de ninguna formación lastrada por prácticas de discriminación positiva hacia sus militantes y votantes seguros.

¿Qué función puede tener el liderazgo en la renovación de la izquierda?

Con la crisis, el mundo de ciudadanía social y estatus mesocrático formateado en la posguerra se encuentra en la encrucijada; mas, lejos de reducir la movilización política a su defensa, es posible simultanear ésta con luchas que apunten hacia otros imaginarios sociales. A este respecto, algunas dinámicas posteriores al 15M dan motivo para tomarse en serio la posibilidad de construir un nuevo imaginario colectivo para mayorías que, por ejemplo, pase por una adaptación crítica de las coaliciones populares que han promovido el último ciclo político de gobiernos progresistas en América latina. Una cuidadosa reflexión en este sentido puede contribuir a la hibridación selectiva de sus experiencias de gobierno, y sobre todo a llevar a cabo su traducción a los marcos conceptuales y de praxis de las democracias del Sur de Europa. Esto a su vez podría producir un rearme identitario de la izquierda española y activar un recambio ideológico en la izquierda europea, por el momento incapaz de rearticularse con su propio repositorio de referentes.

En este escenario, la cuestión es si ese objetivo ha de ser el resultado de una lenta convergencia de formaciones en torno de un programa consensuado o si el liderazgo adquiere unas posibilidades estratégicas excepcionales de cara a la reunificación de la izquierda. En cualquier caso, todo indica que la clave sigue estando en establecer condiciones institucionales para que los liderazgos se vean forzados a renovar sus bases de apoyo, innovar en sus propuestas frente a la crisis y a reformular discursos y relatos para ganar la atención de públicos internos y externos.

¿Qué tipo de primarias pueden maximizar la participación?

Ante la pérdida de legitimidad de la representación partidocrática, las diferentes formaciones se plantean las primarias como método para configurar sus listas electorales. El problema es que en general éstas se presentan ante todo como una opción para aumentar la participación hacia dentro de los partidos. Todas ellas deberían cuando menos plantearse abiertamente la cuestión de si las primarias han de servir también para activar y redimensionar esa comunidad que marca los confines de los partidos hacia fuera.

Una democratización de los partidos a la altura de sus problemas heredados de aislamiento social y atrofia institucional parece pasar por unas primarias abiertas que otorguen derecho de voto no solo a militantes, sino también a los ciudadanos con un mínimo de simpatía hacia los valores, propuestas y sensibilidades de las formaciones que se plantean vehiculizarlos. Si las primarias no son abiertas, probablemente ahondarán en la desafección.

Dicho esto, es probable que el modelo de primarias, importado de un contexto como el estadounidense sin marcas significativas de partidos tradicionales de clase, no sea en sí mismo garantía para una recomposición organizativa verdaderamente unificadora. Para remozar esta comunidad de referencia parece obligado actualizar además los vínculos de relación de los partidos con otras redes socio-culturales y políticas activas.

¿Es intervenir en política desde los medios hacerlo desde afuera o desde arriba?

Al igual que el sistema político, el sistema mediático construido a la salida de la dictadura pivota sobre los consensos excluyentes de los pactos transicionales. La renuncia del comunismo postfranquista a contar —a diferencia de la mayoría de sus homólogos europeos— con un medio escrito propio, así como la subordinación estratégica del espacio socialista al grupo comunicacional PRISA —forjado en el seno de la esfera de opinión del franquismo desarrollista— ha derivado en una abrumadora sobrerrepresentación mediática del conservadurismo neoliberal en nuestra esfera pública.

Sin embargo, con la progresiva incorporación a internet por parte de las redes militantes (Nodo50, Rebelión, Diagonal, Sin Permiso, Madrilonia etc), y la reconfiguración de los medios informativos comerciales tras el cierre de la edición en papel de Público en 2012 (con nuevas cabeceras como eldiario.es, La Marea, , Mongolia, Infolibre, etc) por primera vez se cuenta con un espacio de información crítica con suficiente proyección pública como para concurrir en las disputas por las hegemonías discursivas.

Los capitales mediáticos y los recursos comunicativos son ya herramientas ineludibles para la acción política. Cabe preguntarse si podrán rellenar el histórico hueco entre minorías militantes y mayorías ciudadanas pasivas, y hacia dónde se orientarán sus posibles convergencias. Hay una parte de todo esto que sigue siendo de experimentación. Pero parece que esas nuevas formas de poder están ya en condiciones de disputar al establishment sus estrategias también mediáticas de desmovilización, o de movilización reaccionaria. Lo cierto es que con la nueva configuración mediática no sólo se han roto las divisorias entre dentro y fuera, sino también entre hacer política desde arriba y desde abajo. Ello pone en evidencia aún más a los partidos y sus fronteras y jerarquías. Una propuesta tecnopolítica como la del Partido X, tras la ciberexperimentación desarrollada en el marco de las movilizaciones del 15M, intenta dar cuenta de esta nueva lógica activista.
Otro interesante ejemplo es el “movimiento de ficha” realizado por “Podemos”, apoyado en la trayectoria de compromiso mediactivista de Pablo Iglesias que se ha abierto hueco en el masivo espacio televisivo promoviendo tertulias propias y ajenas. No parece casual que el fenómeno esté resultando un revulsivo en el quieto estanque en el que las fuerzas parlamentarias miraban autocomplacientemente su devenir electoral.

De la indignación a un nuevo pacto social de participación

La reunificación de la izquierda puede darse o no darse. Tal vez el peor escenario no sería sin embargo el de la continuidad en la desunión sino uno en el que la unificación lograse una mayoría parlamentaria pero a costa de no conseguir detener la erosión de la legitimidad democrática. Todo parece indicar que, para reunir la izquierda refundando la ciudadanía, es imprescindible amalgamar perspectivas ideológicas diversas con sensibilidades de corte republicano que subrayan el valor de la virtud ciudadana en la vida política y económica. En este contexto, la promoción entre la ciudadanía movilizada de la emoción política aparece como una baza imprescindible para alcanzar una subjetividad colectiva empoderadora que garantice una salida de la crisis social y políticamente inclusiva.

Lo que está en juego tiene que ver con un sueño que otros han vivido ya. España no ha conocido desde los años treinta, salvo si acaso un breve período en la primera mayoría absoluta del PSOE hasta el engaño del referéndum de la OTAN (en la práctica los años 1983-1984), un escenario en el que unas bases ciudadanas movilizadas orienten su acción colectiva al apoyo crítico de una coalición por la extensión en clave radical de los derechos ciudadanos y la economía social. Lo que ha conocido ha sido, en el mejor de los casos, movilizaciones puntuales de oposición más o menos exitosa seguidas de períodos más largos de reflujo en la implicación y la movilización ciudadana. Siempre se habla de la capacidad de la derecha de movilizar desde el poder a sus bases, y esta es desde luego la asignatura pendiente de la izquierda española posterior a la derrota de la Segunda República. Es aquí donde más se nota que la ciudadanía crítica ha perdido incluso la capacidad de soñar.

Hacer realidad ese sueño sin duda comporta un cambio en las relaciones entre partidos, militantes y ciudadanos, que podemos definir como un “pacto por la participación” que genere un nuevo espacio de encuentro entre la organización y la acción políticas. Como todo pacto, éste comporta libertades y obligaciones. Los de los partidos y militantes ya han sido aquí exploradas. Falta decir algo de los de los ciudadanos.
Se habla mucho de falta de mecanismos de control y rendimiento de cuentas por parte de los políticos, pero no se señala a continuación que este reclamo debiera darse en un doble sentido: la responsabilidad de los ciudadanos para con las formaciones que votan o con las que se identifican debiera ir más allá del instante del paso por las urnas. Seguramente esto sólo puede plantearse a cambio de algún grado de reconocimiento por parte de las formaciones políticas más allá del pacto de votos a cambio del cumplimiento de los programas.

La encrucijada histórica reclama voluntad política y virtud cívica para activar nuevas hibridaciones entre formatos de representación y de participación ciudadana. Si los partidos quieren estar a la altura de los tiempos, deberían experimentarlas en sus propias carnes organizativas.

moderado por:

  • Orencio Osuna

    Escritor y analista político

Conclusión del debate

El debate organizado por Espacio Público a partir de una ponencia inicial del profesor Vicenç Navarro, ha contado con un total de 106 aportaciones -más numerosos archivos con documentos adjuntos- escritas por responsables políticos, historiadores, economistas, constitucionalistas,sociólogos y numerosos lectores del diario Público. Todos estas intervenciones así como el debate que se realizó en streaming en Público TV, podrán ser consultados en adelante en los Dossieres de Espacio Público.

La gran pluralidad de perspectivas políticas e ideolólogicas, la diversidad de disciplinas académicas, la complejidad de las cuestiones implicadas en la reivindicación del derecho a decidir, o la propia variedad de procedencias territoriales de las intervenciones que ha suscitado el debate, muestran a las claras la trascendencia política del asunto a discusión que hemos propuesto, así como la heterogeneidad de sus numerosas implicaciones. También hay que destacar que, aunque la polémica suscita una gran pasión intelectual, politica y emocional en todos los rincones de la sociedad catalana y española, existe entre la izquierda y los intervinientes una gran capacidad de respeto, diálogo y civismo democrático. Talante del que carece, por cierto, la derecha uniformadora y excluyente que se se rasga las vestiduras ante el sacrílegio del separatismo e invoca como razón suprema la sagrada e inviolable unidad de la España Una , Grande y Libre o que se aferra a una Constitución inamovible e irreformable, per secula seculorum.

Hemos abordado en este foro de discusión durante estos últimos meses uno de los debates de más trascendencia que para su presente y futuro tienen ante si los ciudadanos catalanes, pero también para el conjunto de los ciudadanos españoles. Tanto si el derecho a decidir, que reclama la mayoría de la sociedad catalana, desembocase en la creación de un estado independiente de incierto destino, como en un estado federal o confederal que reconozca efectivamente la plurinacionalidad del estado español, o ,incluso, en una reacción autoritaria recentralizadora -como la que propugnan sectores de la derecha española más uniformadora-, la vastedad del impacto de cualquiera de estas salidas abriría un nuevo tiempo para la totalidad de la sociedad española.

Un asunto, en definitiva, de capital importancia que debería afrontarse sin dramatismo ni histerismos, sin apelaciones al choque entre patriotismos viejos o posmodernos, con comprensión mutua de los intereses y opciones colectivos en presencia y, sobre todo, y por encima de todo, con espíritu de ciudadanos libres y democráticos. En la convicción de que en la sociedad española de hoy- asaltada, golpeada y saqueada por poderes fuera del control de la soberanía popular- el único método legítimo para organizar la convivencia es de la práctica de la democracia y el respeto a la voluntad libre y democrática de los ciudadanos.

Somos conscientes que estamos ante los primeros momentos de una dinámica política que fluye hacia importantes acontecimientos en los próximos meses-quizás años- y que tendrán momentos decisivos, como la próxima Diada del 11 de Septiembre, la consulta convocada por el gobierno de la Generalitat el 9 de Noviembre o, incluso, posibles reformas de la Constitución del 78, y que, en consecuencia, no podemos cerrar este foro de discusión definitivamente.

Espacio Público abrirá en el mes de septiembre una nueva fase de este debate conectado al calendario del proceso abierto en Catalunya, pero también relacionándolo con el nuevo ciclo político que supone la abdicación de Juan Carlos I, la sucesión de Felipe VI y las propuestas de cambios profundos que exige una gran parte de la sociedad española.

Moderador.
Orencio Osuna

Ponencia inicial

Catalunya y el derecho a decidir

Catalunya y el derecho a decidir

En contra de lo que ha estado enfatizando la sabiduría convencional definida por el establishment español (la estructura de poder político y mediático que define los parámetros de lo que debe creerse en el país), la Transición de la dictadura a la democracia no fue un proceso modélico, fruto de un consenso entre iguales, entre los herederos de los vencedores (las derechas, ultraderechas en el abanico político europeo) y los herederos de los vencidos (las izquierdas y otras fuerzas democráticas) de lo que se llama en España la Guerra Civil. En la versión oficial de la Transición, esta se presenta como una ruptura con el anterior Estado dictatorial, habiéndose establecido, como resultado de tal Transición, un Estado democrático homologable a cualquier democracia existente en la Europa occidental. Y la Constitución de este nuevo Estado se presenta como el resultado de aquel consenso entre iguales, estableciendo el marco jurídico donde la democracia española se ha ido desarrollando.

Esta versión de la Transición es profundamente errónea y no se corresponde con los hechos ocurridos en aquel periodo. Lejos de ser ejemplar, aquel proceso estuvo dominado por las mismas fuerzas que controlaban el Estado dictatorial, y que lideraron y dirigieron aquel cambio. Las fuerzas conservadoras controlaban todas las ramas y aparatos del Estado, así como la gran mayoría de medios de información del país, mientras que las izquierdas acababan de salir de la clandestinidad. No fue un pacto entre iguales ni tampoco fue una ruptura con el Estado anterior. En realidad fue una abertura de aquel Estado para incorporar a las izquierdas en un nivel subalterno, sometidas a una ley electoral que claramente las desfavorecía. Presentar la Constitución como un producto consensuado entre iguales, sin admitir que estuviera condicionada por las fuerzas que dominaban la Transición, es una frivolidad propagandística promovida primordialmente por las derechas y, en ocasiones, por aquellos sectores de las izquierdas gobernantes que se adaptaron rápidamente a aquel Estado.

Las consecuencias de aquel proceso inmodélico: la limitadísima democracia, el escaso bienestar social y el no reconocimiento del derecho a decidir

Las consecuencias de aquel dominio conservador son enormes. Una de ellas es la limitadísima capacidad de decisión de la ciudadanía en los quehaceres de la gobernanza del país. Democracia en España quiere decir votar cada cuatro años (dentro de un sistema electoral poco representativo) a partidos políticos que carecen de democracia interna, gobernados por élites que se eternizan, con escasa transparencia y que, por su opacidad, son fácilmente coaptables por parte de intereses financieros y económicos. La Transición inmodélica favoreció esta visión de la democracia, que reduce la política al “politiqueo entre sus dirigentes”. Formas de democracia directa, tales como referéndums (ni consultivos siquiera), son difíciles cuando no imposibles de realizar.

Esta limitadísima democracia, dentro de un Estado heredado del anterior con escasa renovación, explica varios hechos. Uno, es el enorme subdesarrollo del Estado del Bienestar en España. Treinta y cinco años después de iniciarse la democracia, España continúa teniendo uno de los gastos públicos y uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). He escrito extensamente sobre este tema (ver Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, 2002). Esta subfinanciación se está incluso acentuando más como consecuencia de las políticas de austeridad (lo que quiere decir de recortes del gasto público), orientadas a privatizar los servicios públicos del Estado del Bienestar. Desde 2008, los gobiernos españoles, argumentando erróneamente que no hay otra alternativa, están debilitando y/o desmontando el Estado del Bienestar. Utilizan para justificar este desmantelamiento el argumento que el Estado español ha perdido soberanía y tiene que seguir la normativa dictada por la Troika, a fin de poder mantenerse en el euro. He escrito extensamente mostrando la falta de evidencia que apoye estos argumentos. En realidad, tanto la banca como la gran patronal están consiguiendo lo que siempre desearon: el debilitamiento del mundo del trabajo, la privatización del Estado del Bienestar y la reducción de los salarios. Las políticas públicas realizadas por los gobiernos centrales y la mayoría de los gobiernos autonómicos han sido responsables de tales hechos.

El tema nacional tampoco se ha resuelto

Otra consecuencia del dominio de los herederos de los vencedores de la Guerra Civil en el proceso de transición fue la incorporación a la Constitución de la visión de España que tenían sus antepasados, que se definieron a sí mismos como los “nacionales”. Esta visión negaba la plurinacionalidad de España, oponiéndose a reconocer las distintas naciones que constituyen el país, imponiendo un Estado uninacional centrado en el establishment político y mediático existente en Madrid. En realidad, el Estado de las Autonomías (el “café para todos”) era la manera de negar esta plurinacionalidad, permitiendo una descentralización administrativa en un marco normativo claramente centralizado. Un indicador de esta centralización es el sistema radial de transporte. Lleva un poco más de dos horas ir en tren de Barcelona a Madrid, pero algo más de seis horas para ir de Barcelona a Bilbao, que es la misma distancia. Esta visión uninacional de España está escrita en la Constitución, la cual asigna al Ejército (sucesor del que había llevado a cabo un golpe militar contra un Estado democrático) la misión de defender la unidad de España (una cláusula única entre las constituciones en Europa), estando bajo la dirección del Monarca, jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Estas fueron unas cláusulas que el Monarca y el Ejército impusieron, como han admitido protagonistas de aquella Transición.

Esta negación del carácter plurinacional ha sido una constante en el periodo democrático. Y su último ejemplo son los “cepillazos” y
“vetos” al último Estatuto, iniciado por el gobierno tripartito en Catalunya presidido por Maragall (y más tarde por Montilla), que habían intentado redefinir España, sustituyendo la visión de España heredera del golpe militar por una España plural y pluricéntrica. El fracaso de este proyecto fue lo que no dejó otra alternativa a Catalunya que conseguir la movilización popular exigiendo el reconocimiento de Catalunya como una nación soberana, con pleno derecho a decidir su futuro, considerando la independencia como una alternativa entre otras. La gran mayoría de la población catalana (el 75% según las últimas encuestas) está de acuerdo con que se realice un referéndum sobre el futuro que la población desea para Catalunya.

Democracia significa el derecho a decidir

Los dos polos opuestos del nacionalismo –el españolista, que es el nacionalismo más extremo, dominante y asfixiante, y el catalanista- quieren presentar este derecho a decidir como equivalente a la petición de secesión de Catalunya del Estado español. Esta interpretación interesada no corresponde a la realidad. El número de personas que desean ejercer el derecho a decidir es mayor que el que desea la separación de Catalunya del Estado español. Catalunya podría ser un Estado soberano dentro de un Estado federal español. En realidad, históricamente la gran mayoría de fuerzas políticas de las izquierdas, tanto catalanas como españolas, han deseado esta forma de Estado federal, dentro del cual cada nación pueda decidir su futuro. Los “nacionales” fascistas llamaban “separatistas” a los catalanes –como el President Companys– que deseaban un Estado catalán dentro de una federación española. No eran anti España (como se los acusa), sino que eran voces que pedían una redefinición de lo que era España y su Estado.

Es importante subrayar que incluso los partidos políticos de izquierdas españoles pidieron durante la clandestinidad el derecho a decidir (se llamaba autodeterminación) de las distintas naciones (tan recientemente como en el Congreso de Octubre de 1974 de Suresnes, el PSOE subrayaba que “la definitiva solución del problema de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada nacionalidad y región pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español” (Resolución sobre nacionalidades y regiones). Y más tarde, en el 27 Congreso del PSOE en diciembre de 1976, se aprobó que “el Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán en pie de igualdad el Estado federal que preconizamos… La Constitución garantizará el derecho de autodeterminación”, manteniendo que “el análisis histórico nos dice que en la actual coyuntura la lucha por la liberación de las nacionalidades… no es opuesta, sino complementaria con el internacionalismo de la clase trabajadora”). Fue durante la Transición que las izquierdas españolas abandonaron este compromiso, aceptando la condición impuesta por la Monarquía y por el Ejército, convirtiéndose en las grandes valedoras de aquella Constitución.

Los cambios en Catalunya (y en España)

El nacionalismo españolista es profundamente excluyente y define como antiespañoles a aquellos que tienen otra visión de España. Su rigidez e intolerancia explica el gran incremento de independentistas como rechazo a este nacionalismo españolista. Y este rechazo incluye a amplios sectores de la población catalana que se siente española, y también de izquierdas. Desean separarse del Estado español sin ser independentistas, pues no creen que este Estado español se pueda convertir en un Estado democrático plurinacional, con mayor democracia representativa, enriquecida con formas de democracia directa, con plena diversidad de ideologías en los medios y cuyas políticas públicas tengan mayor sensibilidad social. En realidad, este Estado español tampoco es percibido como representativo por parte de la mayoría de la ciudadanía española, que está de acuerdo con el lema del movimiento 15-M “no nos representan”. Es urgente y necesario que se establezcan alianzas a los dos lados del Ebro para facilitar el rechazo a este Estado.

El problema que se presenta en Catalunya no es si se permitirá o no la consulta. Este no es el problema mayor, por extraño que ello parezca. De una manera u otra, si la mayoría de la población en Catalunya lo desea, la consulta se realizará, ya sea legal o ilegalmente. El problema es la Transición hacia la otra Catalunya deseada por la mayoría de la población, sea esta independiente o no. Lo que está claro es que la mayoría de la población catalana quiere otra Catalunya. Pero cómo llegar a ella es un punto esencial. En España ya existe el ejemplo de que las fuerzas políticas que dominaron la Transición, dominaron también el producto resultado de esta Transición. Pues lo mismo podría ocurrir en Catalunya. El rechazo al Estado español, que es distinto al rechazo a España (un sentimiento este muy minoritario en Catalunya) no es suficiente para garantizar una Catalunya más justa, más solidaria y más democrática. Y ahí está el auténtico reto. Fuerzas conservadoras y neoliberales que, aliadas con sus homólogas en el Estado español, han aprobado las reformas que han acentuado el deterioro tan notable de la Catalunya social, continúan teniendo gran influencia política y mediática en Catalunya, controlando los medios públicos de la Generalitat, instrumentalizándolos abusivamente. Mucho se ha hablado de esta instrumentalización por parte de las fuerzas independentistas. Pero el abuso ha sido igual de intenso en la promoción del neoliberalismo. El programa “Lliçons d’Economia” de TV3 promueve las teorías del economista ultraliberal de la casa (que predeciblemente es independentista), que quiere desmantelar el Estado del Bienestar y privatizar los servicios públicos y las pensiones en Catalunya, medidas que dañarían enormemente a las clases populares de Catalunya. Mientras, las izquierdas son sistemáticamente excluidas de estos medios. Últimamente están apareciendo movimientos político-sociales –como el Procés Constituent– que se están expandiendo por toda Catalunya y que están movilizando a la población para presentar otra alternativa, estimulando que los partidos de izquierdas hagan un frente común, alternativo, exigiendo una Catalunya popular.

Esta agitación en Catalunya es paralela a la gran agitación social contra el Estado español, un Estado que se ve instrumentalizado por los poderes financieros y económicos, que utilizan Europa para conseguir sus objetivos. De ahí el enorme valor de los movimientos iniciados por el 15-M, que cuestionan la sabiduría convencional que nos ha llevado a una situación claramente desfavorable para las clases populares. Ello explica el enorme descrédito del Estado y su pérdida de legitimidad. Este establishment se aferra a la Constitución (tal como vimos hacer a Felipe González en Salvados) como el instrumento legal que le permite salvaguardar sus intereses, confundiendo ley con legitimidad. Las clases populares están indignadas y no perciben a las instituciones políticas como sensibles a sus demandas y reivindicaciones. De ahí la gran urgencia e importancia de movimientos político-sociales que presionen para forzar una segunda Transición, que permita el paso de una democracia sumamente limitada, a una democracia auténticamente participativa y representativa que hoy no existe en España.

moderado por:

  • Bonifacio Cañibano

    Periodista

  • Carolina Bescansa

    Profesora de Ciencia Política de la UCM

Conclusión del debate

El debate, que se abrió en noviembre pasado y se ha prolongado durante tres meses, ha promovido 54 intervenciones, además de publicar una ponencia de planteamiento de las cuestiones y dos decenas de documentos relevantes de los analistas y grupos que durante el último año han tomado postura sobre esas cuestiones. Todos los textos continuarán accesibles en la sección de Dossieres de Espacio Público y se invita a leerlos a quienes no lo hayan hecho. Los interesados en esta cuestión –y todos los ciudadanos deberían serlo- encontrarán en estos textos un inventario polémico de las posturas y las vías para construir la mayoría social de cambio que necesitamos urgentemente.

Que esta mayoría de cambio es necesaria nadie lo discute. Que es posible lo cuestionan algunas de las intervenciones, pesimistas respecto al futuro inmediato, pero en todo caso es la hipótesis de trabajo para avanzar y no instalarnos en la lamentación. Es necesario construir una mayoría social de cambio, y en eso estamos.

En este debate algunos llamamos ‘izquierda’ a lo que otros llaman simplemente ‘democracia’. No es cuestión de discutir sobre palabras. Se manipulan las palabras y muchas veces se llama, sea ‘izquierda’ sea ‘democracia’, a cosas que no son tales, que son su negación. La izquierda de verdad y la democracia real son hoy una misma cosa.

Cómo construir esta mayoría necesaria es la cuestión fundamental. Una mayoría en la calle –en las movilizaciones populares- y en las instituciones –en los parlamentos y en los gobiernos de todos los ámbitos-. Si para construir esa mayoría deben confluir, en unidad estratégica, los movimientos populares y las izquierdas políticas organizadas es materia de debate, y hay posiciones diversas sobre ello. Pero hay que preguntarse si es posible construir esa mayoría y que sea realmente de cambio sin esa confluencia. No se produce cambio real sin cambiar las instituciones políticas y para ello no basta con pedirlo a gritos, es preciso intervenir en ellas, es indispensable ganar elecciones y gobiernos. Y elecciones y gobiernos no cambiarán realmente nada sin la movilización popular.

En este foro ha quedado patente la desconfianza que suscitan los partidos políticos, pero también que no puede confundirse a todos en el mismo saco. Junto a muchas personas ajenas a los partidos, en las movilizaciones han participado muchos militantes políticos. De los movimientos populares están surgiendo nuevos partidos, o si se prefiere, nuevas organizaciones políticas, para intervenir en procesos electorales y en las instituciones. Desde el principio y al final, izquierdas políticas y movimientos sociales confluyen en las luchas concretas. Discutimos en este debate cómo hacer que esa confluencia sea posible y más eficaz.

Hoy el debate se cierra en este Foro, pero continúa en la sociedad. El reto de los próximos meses y años seguirá siendo cómo construir una mayoría social de cambio.

Ponencia inicial

¿Cómo lograr una mayoría social de cambio?

¿Cómo lograr una mayoría social de cambio?

Tema: ¿Cómo lograr una mayoría social de cambio?

  • ¿Es posible y es deseable la unidad estratégica de izquierda política y movimientos sociales, y bajo qué condiciones?
  • ¿Qué objetivos generales deben fijarse a una unión estratégica de las izquierdas políticas y los movimientos sociales?
  • ¿Qué condiciones y características deberá tener una unión en la perspectiva electoral?

I. ¿De qué estamos hablando?

Antes de entrar en el fondo del debate, como cuestión preliminar, hay que aclarar bien los términos de su planteamiento:

  • ¿A qué ‘mayoría social’ nos referimos?
  • ¿A qué llamamos ‘izquierda política’ [IP] en este debate? ¿Cómo, con qué criterios delimitamos el campo de la IP?
  • ¿A qué ‘movimientos sociales’ [MS] nos referimos en este debate?
  • ¿Qué entendemos por ‘unidad estratégica’?

(A) ¿A qué ‘mayoría social’ nos referimos?

Mayorías sociales puede haber muchas. Aquí queremos debatir ahora sobre la formación de una mayoría social de cambio, una mayoría social con voluntad y capacidad efectiva para cambiar de rumbo la política actual, un cambio que deberá afectar no solo a los objetivos, los programas y las acciones de los gobiernos, sino también a las instituciones políticas.

(B) ¿A qué llamamos ‘izquierda política’?

Izquierda es un término de definición borrosa, que ha sido muy deformado y manipulado, pero que conserva, pese a todo, una significación clara para sectores muy amplios de población que se identifican y se movilizan con ella. Históricamente ha estado asociada a los objetivos y luchas de emancipación, por la igualdad y la solidaridad, y ha tenido siempre como objetivo final la erradicación de la injusticia, la defensa de lo público y el mayor bienestar de todos. La izquierda ha luchado siempre contra un sistema social regido por el interés privado y la explotación de unos por otros, y ha tenido como objetivo último la implantación de un sistema más justo e igualitario. Cómo hayan desarrollado su lucha, qué métodos hayan aplicado, cuán radicalmente se hayan opuesto al sistema establecido y cómo hayan concebido sus alternativas son aspectos que diferencian –y a veces han enfrentado- a unas izquierdas de otras. Pero, en la medida en que comparten el rechazo del sistema establecido y el objetivo de transformarlo, puede considerarse que estas diversas izquierdas forman parte de un campo político común, enfrentado al de la derecha, que defiende ese sistema y pretende conservarlo.

Izquierda política es la que actúa en las instituciones o/y en la calle, pero en todo caso luchando por objetivos políticos, es decir, relativos a la organización pública en todos los ámbitos, a las instituciones y al ordenamiento legislativo. Aquí nos referimos primariamente a la IP organizada, en sentido amplio, sea en partidos, sindicatos, asociaciones o cualquier tipo de grupos organizados con programas y objetivos de carácter político; pero el debate incluye también a las personas y los grupos informales que se consideren de izquierdas y tengan voluntad de participar en la acción política.

Sin embargo, más allá de los discursos y las declaraciones programáticas, ¿a qué partidos y grupos concretos nos referimos, dónde podríamos fijar la línea de demarcación de lo que consideramos izquierda en este debate? Eso también podrá ser materia del debate.

(C) ¿A qué ‘movimientos sociales’ nos referimos?

‘Movimiento social’ es también una expresión muy vaga. Hay muchas clases de MS, según el tipo de movilización que realizan, su grado de organización y su permanencia, y, sobre todo, sus objetivos y su ámbito de acción.

En el marco de este debate hablamos de MS con suficiente participación y continuidad, con un nivel mínimo de organización permanente y, sobre todo, con objetivos que suponen transformaciones profundas del sistema dominante. Estos objetivos pueden ser de ámbito general –como el de cambiar el sistema político o la orientación general de las políticas económicas- o sectorial –como la defensa de la sanidad pública o del acceso a la vivienda-, pero serán siempre objetivos que requerirán cambios institucionales y legislativos de amplio alcance, que suponen transformaciones radicales del sistema vigente. El debate sobre la unidad estratégica de IP y MS tiene sentido con todo movimiento de transformación social profunda, que por ello tendrá que tener objetivos definidos, continuidad y la organización necesaria.

(D) ¿Qué entendemos por ‘unidad estratégica’?

Unidad es un término de significado amplio: desde la unión táctica en un acto singular (como convocar una manifestación o declarar el rechazo de una medida legislativa) hasta la fusión en una organización común, hay muchas formas de unidad.

Aquí llamamos ‘unidad estratégica’ a una actuación unitaria continuada, con una estrategia a medio o largo plazo, en vista a unos objetivos generales definidos en común. La ‘unidad estratégica’ no implica en absoluto la fusión en una misma organización, pero puede conllevar la formación de órganos comunes que sean necesarios para coordinar las acciones y desarrollar la estrategia. La ‘unidad estratégica’ no se reduce a la unión táctica en algunos actos singulares, sino que supone una serie de acciones coordinadas y articuladas en su desarrollo, según una estrategia dirigida a lograr unos objetivos definidos. Bajo qué condiciones puede lograrse esa unidad y qué características debe tener ha de discutirse en este debate.

II. ¿Es posible y necesaria la unidad estratégica IP-MS? ¿Bajo qué condiciones?

En principio, hay que reconocer que sólo en circunstancias excepcionales se ha logrado, ante una coyuntura a nivel estatal, una unidad estratégica de la IP, ni la participación en ella de los MS activos en dicha coyuntura. Pueden recordarse, como coyunturas en las que nos hemos acercado a esa unidad, las luchas en el final del franquismo y en la transición a la democracia, la lucha contra el ingreso en la OTAN, la lucha contra la guerra de Irak… Hoy, la posibilidad habrá que probarla en la práctica.

La necesidad parece indiscutible, al menos para quienes deseen realmente lograr transformaciones sociales permanentes y no se contenten con arreglos parciales para satisfacer reivindicaciones concretas de limitado alcance. Para cambiar el rumbo de las políticas y transformar las instituciones es patente –la experiencia de estos cinco años de crisis lo prueba- la necesidad de unir todas las fuerzas que se oponen al sistema y de actuar en todos los ámbitos, en las calles y en las instituciones, con la mayor presión popular y la ocupación de centros de poder institucional –ayuntamientos, parlamentos, gobiernos…-

Pero si puede suponerse el acuerdo sobre la posibilidad y la necesidad de una unidad estratégica IP-MS en la coyuntura actual, el desacuerdo puede aparecer respecto a las condiciones bajo las que tal unidad sería posible.

  • (a) Es condición que la unidad se forje entre IP y MS. No bastaría forjar una unidad estratégica en el seno de la IP, entre partidos y organizaciones políticas, o en el seno de los MS. Es esencial que la unidad se logre entre IP y MS. Sabemos, por experiencia, que las movilizaciones populares se disuelven en la práctica y no alcanzan sus objetivos si no producen cambios institucionales, nuevas leyes, otros sistemas de participación y decisión política, otras formas de gobernar lo común y otros gobiernos. Y sabemos, también por experiencia, que la acción de la IP nunca logrará cambiar de verdad el sistema establecido si no es con la presión de la calle.
  • (b) Es condición que nadie se arrogue un papel dominante en la unidad IP-MS, ni siquiera en el seno de la IP o de los MS.
  • (c) Es condición que se acuerden en común unos objetivos generales, unos métodos y unas formas organizativas que constituyan la base para la unidad estratégica. Esa base es un común denominador, define unos mínimos y por ello no excluye que las organizaciones y movimientos mantengan sus propios objetivos y organizaciones.
  • (d) Es condición para no caer en la inoperancia que las decisiones estratégicas, organizativas y de acción que se tomen a partir de la base común consensuada se adopten por mayorías cualificadas –sin requerir unanimidades que muchas veces serían imposibles de lograr- tras una deliberación democrática.
  • (e) Es condición que exista un compromiso de todos para mantener la unidad, sobre la base común, aceptando y aplicando los acuerdos adoptados por mayoría.

Estas y otras condiciones para que esa unión sea posible y sea eficaz han de discutirse en el debate.

III. ¿Qué objetivos generales?

Es la cuestión fundamental, la que debería ser la principal materia del debate. La principal condición para una unidad estratégica es el acuerdo sobre sus objetivos.

  • (a) Un primer problema es el del nivel de abstracción de los objetivos: si son muy abstractos y generales (como ‘la transformación progresista de la sociedad’ o ‘una economía al servicio del bienestar de todos’), será fácil ponerse de acuerdo sobre ellos, pero los problemas se trasladarán a su traducción en actuaciones y objetivos a corto plazo; si son demasiado concretos, se convertirán en un programa y el acuerdo básico entre fuerzas diversas se dificultará mucho. Habrá que encontrar una formulación de objetivos de un rango medio de abstracción y generalidad o combinar objetivos de distinto nivel.
  • (b) Otro asunto a debatir es el ámbito de los objetivos, que podrían definirse con una concepción amplia, de abarcar todos los aspectos públicos relevantes –tanto del ámbito de la política como del ámbito de la economía-, o de un modo más restrictivo, centrándose, sea en lo político, poniendo entre paréntesis las cuestiones económicas, sea en lo económico, poniendo entre paréntesis lo político. Es una decisión crucial, que puede dejar fuera de la unidad estratégica a MS renuentes a salir del campo en el que se han movido, o, por el contrario, dejar fuera cuestiones fundamentales. Una posibilidad es reconocer que el marco de cualquier reivindicación y campo de lucha social es, a la vez, político y económico, que no son posibles transformaciones profundas en lo económico sin una participación efectiva de la gente en las decisiones políticas, y que los cambios en los procedimientos democráticos de la política no resuelven por sí solos los problemas de la desigualdad o de la explotación económica.
  • (c) El alcance que se quiere dar a la unidad estratégica determina también sus objetivos. La cuestión aquí es si se plantea esta unidad en una perspectiva electoral o con una perspectiva más amplia. En este punto habrá quienes limiten la perspectiva –y, consecuentemente, los objetivos- a las coyunturas electorales próximas, y también quienes quieran dejar fuera de la estrategia común las cuestiones electorales; y, por supuesto, quienes se sitúen en una perspectiva en la que los procesos electorales sean únicamente un eslabón.
  • (d) Un punto fundamental en los objetivos es hasta qué punto ponen en cuestión el sistema y pretenden transformarlo o se proponen reformarlo conservando el marco sistémico… Es posible sostener que ciertas reformas del sistema pueden suponer transformaciones profundas –como una reforma radical del sistema electoral o de la regulación de los mercados. O que el sistema no es reformable y para transformarlo realmente es necesario un proceso constituyente. Los objetivos de cambio sistémico presentan por otra parte la dificultad de la falta de un diseño consistente de sistema alternativo –político o/y económico-, al menos sobre el que exista hoy consenso.

IV. ¿Una unión en perspectiva electoral?

Si se está de acuerdo en que los objetivos de la unidad estratégica deben incluir necesariamente la perspectiva electoral, hay que debatir sobre las condiciones y características que deberá tener esa unión.

Casi todas las declaraciones públicas y manifiestos de los últimos meses coinciden en reclamar una unión de la IP y los MS en los procesos electorales próximos. Casi todos los que sienten la urgencia de cambios profundos en las políticas actuales, y quienes, de distintas formas, en las instituciones o en la calle, están luchando por ello, son conscientes de la necesidad de desalojar a la derecha de los centros de poder que ocupa hoy, en todos los ámbitos, con mayorías absolutas que le confieren impunidad y facultades omnímodas. Y ese desalojo no basta con reclamarlo a voces, sólo es posible lograrlo derrotándola en las elecciones. La derrota electoral de la derecha gobernante, por supuesto, no resuelve los problemas, pero es condición necesaria para su resolución.

La alternativa de la abstención, aunque mucho menos presente en los manifiestos, es también una cuestión a debatir, puesto que hay sectores importantes de los MS que la propugnan.

La posibilidad, las condiciones y las características de una unión en perspectiva electoral deberá ser, por tanto, materia central en este debate.

moderado por:

  • Teresa Carreras

    Periodista. Profesora UAB. Presidenta Associació Periodistes Europeus de Catalunya (APEC)

  • Olga Rodríguez

    Periodista y escritora especializada en asuntos internacionales

De: “Más Europa” a: «La UE, ¿para qué?»

No podrá decirse que la palabra crisis es ajena a la Unión Europea. Prácticamente desde su constitución los avatares de la construcción europea han ido vinculados a situaciones de estancamiento y/o de incertidumbre en el proceso de integración. Hasta ahora era normal considerar que esas situaciones se saldaban con algún progreso en el proceso de transferencia de soberanía nacional y de reforzamiento de las instituciones comunitarias, en una suerte de teleología del proceso de integración que ha mostrado toda su insustancialidad en estos momentos. El futuro de la UE no es necesariamente un modelo de estado federal al que caminamos inexorablemente de la mano fría, pero firme, del mercado único.

Por primera vez la idea de crisis sobrevuela Bruselas, proyectando una sombra amenazante sobre el futuro de Europa. No es que nadie haya propuesto o proyectado un futuro sin la UE, pero hay dudas más que razonables sobre lo que quedará del famoso modelo europeo tras la gestión de este tsunami económico.

La crisis y la gestión de la misma han puesto de relieve hasta qué punto el “mantra” neoliberal estaba interiorizado en la cabeza y en los corazones de las principales familias políticas en los estados nacionales. Resumiendo: tanto la tradición socialdemócrata como la democratacristiana, ambas abanderadas de este proceso de integración, se han señalado también como defensoras –con mayores o menores dosis de pasión- de la ortodoxia macroeconómica vinculada al pensamiento económico dominante y de las recetas de devaluación interna, estabilidad presupuestaria, privatizaciones y auxilio sin límites al sistema financiero que han caracterizado la salida a la crisis por doquier.

En lo que nos concierne, el resultado es una pérdida llamativa de derechos sociales y de retroceso de las políticas públicas en toda Europa. La intensidad mayor en la destrucción se la llevan los países del Sur de Europa, precisamente aquellos a los que los años de prosperidad sobrevenida solo habían llegado para construir un estado del “medio-estar”. Pero la dinámica general va en la misma dirección: desmantelar los estados del bienestar. Recientemente en Holanda, el príncipe llamaba, en un giro político-conceptual digno de ser reseñado, a transformar el “estado social en un estado participativo” (sic).

Aún en 2010, el Grupo de reflexión sobre el futuro de Europa presidido por Felipe González destacaba el hecho de vivir “un punto crítico de nuestra historia”, y llamaba a utilizar la crisis como una oportunidad, así como a resolver dos desafíos relacionados: “garantizar la continuidad de nuestro modelo social y económico, y desarrollar los medios de apoyar y defender dicho modelo”. Difícilmente podría seguir defendiéndose eso mismo hoy.

Pero este giro en los objetivos de la UE manifiesta un problema desde varias perspectivas: en primer lugar, está por ver si esta modificación de los objetivos originales de la UE, toda vez que la gestión de la crisis se ha llevado o se va a llevar por delante lo que queda de los estados del bienestar, mantiene el vínculo de las dos grandes familias políticas en relación con el proyecto europeo. En segundo lugar, obliga a la tradición socialdemócrata a reformular sus objetivos a corto y medio plazo. En tercer lugar, quiebra una seña de identidad sobre la que se había construido hasta ahora un icono que singularizaba a Europa frente a la globalización anglosajona, y con ello una de las razones de legitimación del proceso tecnocrático y despolitizado de integración.

En ausencia de legitimidad de origen –vinculada a procesos democráticos de decisión- la UE se había legitimado sobre la base de los efectos prácticos de sus políticas, en la medida en que parecía que el resultado de las mismas era tanto una mejora del bienestar general como un incremento del valor añadido específicamente europeo, consistente en un estado social que ofrecía perspectivas de integración, seguridad y bienestar creciente a la mayoría. Sin esa perspectiva de integración y bienestar, la UE ha comenzado a ser percibida por su ciudadanía como parte de los problemas y no como parte de las soluciones. En consecuencia su gestión ha adquirido naturaleza política, esto es conflictiva y partidaria y su popularidad ha caído a niveles desconocidos desde que se tiene noticia en los eurobarómetros (1974).

El último estudio demoscópico europeo (Eurobarómetro 79/2013) publicado señala que en España hemos pasado en 6 años de una valoración positiva de +42 puntos a una negativa de -58 puntos. Lo que significa que hoy hay un 17% de españoles que confían en la UE frente a un 75% que desconfía.

Una dimensión problemática más es que también las tradiciones alternativas de izquierda se ven interrogadas sobre sus propuestas. En este espacio nunca hubo unanimidad ni acuerdo respecto a qué pensar de la UE y ahora, ocupado el espacio del repliegue nacional e identitario por las fuerzas de extrema derecha, queda por ver qué harán las organizaciones situadas tradicionalmente a la izquierda de la socialdemocracia.

Es importante, a mi juicio, esta articulación de crisis económica, crisis inducida del modelo social europeo y pérdida de legitimidad del proyecto de integración mismo.

En realidad, algunos de los problemas que hoy se consideran más destacables no son nuevos, pero su notoriedad se ha acrecentado en este nuevo escenario.

Podríamos destacar, en primer lugar, el fin de la supuesta relación virtuosa entre Europa y la Unión Europea, que se han venido utilizando como conceptos equivalentes, en una confusión entre civilización (si la hubiere) y proyecto político, claramente excesiva. La crisis y la gestión de la misma han puesto de relieve la existencia de varias Europas que no necesariamente convergen y se encuentran, rompiendo con ello el mito de que el proyecto de integración acercaba tanto las economías como las sociedades europeas.

En segundo lugar, despojado de esta perspectiva civilizatoria, el proyecto de integración aparece como lo que realmente ha sido desde el comienzo: un diseño político y económico fruto de diversas y diferentes correlaciones de fuerza. Construido sin un propósito previo pero sí mediante un método que hacía de la despolitización y de las servidumbres tecnocráticas el motivo mismo de su existencia.

La lógica del proceso de integración ha funcionado mientras ha sido posible mantener la ficción de que la UE se encargaba de cuestiones que requerían de un saber técnico y la política seguía residiendo –con sus grandezas y miserias- en el espacio estatal-nacional. La crisis ha puesto especialmente de manifiesto la naturaleza infundada de esa creencia, y que la UE es un proyecto político de los pies a la cabeza, con una elevadísima capacidad decisional, pero también con un severísimo y crónico déficit democrático. Esto quiere decir que la UE toma decisiones sobre cuestiones relevantes y decisivas para la vida de las gentes, pero lo hace a través de procedimientos insuficientemente democráticos y escasamente controlables por instituciones representativas.

En efecto, desde sus orígenes, la UE como proyecto político cuenta con una asimetría estructural que condiciona su presente y su futuro. La centralidad acordada a la construcción del mercado único ha habilitado a las instituciones europeas para llevar a cabo una tarea minuciosa de voladura controlada de los estados del bienestar. Este objetivo económico es el que ha dado sentido al funcionamiento de las instituciones europeas y ha contado con el apoyo de los estados mismos, convencidos de la bondad y pertinencia de esta estrategia. Pero pronto se descubrió que remover los obstáculos que dificultaban la construcción del mercado único venía a significar limitar las capacidades de control de las administraciones públicas sobre el desarrollo económico en sus fronteras; favorecer el empoderamiento de la empresas en la determinación de los objetivos económicos y desmontar los derechos sociales y laborales, en el buen entendimiento de que se trataba de privilegios y obstáculos en la búsqueda de un bien mayor. No pocos sindicatos aceptaron con gusto esta dinámica.

Podrían haberse transferido a la UE las capacidades para reconstruir, en el espacio europeo, las condiciones de regulación pública del mercado desmontadas en los estados-nación, pero no fue el caso. O podrían haberse determinado objetivos sociales o laborales que acompañasen, moderasen o condicionasen la instauración del mercado único. Nada impedía que hubiera podido hacerse de esta manera, pero tampoco fue el caso. Así, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo se convirtieron en los motores del desmantelamiento de las políticas públicas de control del mercado, convertidas en los chivos expiatorios de todos los males de las economías europeas . Pero los ajustes necesarios para paliar –o intentarlo- los efectos de ese desmontaje sistemático de los estados sociales quedó en manos exclusivamente de los gobiernos. No se transfirieron capacidades de regulación en política social, ni se legisló a nivel europeo para asegurar umbrales homologables de protección social o indicadores exigibles de gasto social, por ejemplo.

El Tratado de Maastrich (1992) significó la consolidación de ese proceso histórico, y confundió a las opiniones públicas europeas, hasta entonces entusiastas del proceso de integración. El apoyo a la UE cayó por primera vez en más de diez puntos respecto al período anterior y, hasta ahora, no sólo no se han recuperado los niveles de aceptación previos a Maastricht, sino que se han deteriorado significativamente.

Según el eurobarómetro antes citado (79/2013), sólo el 31% de los europeos confían en la Unión Europea (en 2007, confiaban el 57%); los que tienen una imagen positiva de la UE son el 30% frente a un 29% que la tienen negativa; y el 67% de los encuestados considera que su opinión no cuenta en la UE.

Esa asimetría fundacional determina el funcionamiento mismo de las instituciones y sus capacidades, más allá de la voluntad coyuntural de algún actor político o institucional en particular. Además, las instituciones europeas y los estados miembros han sido protagonistas de ese diseño y defensores de sus consecuencias. Por alguna razón, se instaló el convencimiento generalizado de que la construcción del mercado único traería aparejada la instauración de un orden político democrático equiparable y equivalente a los modelos democráticos afirmados en el proceso histórico de construcción del estado nación, como si la politización fuera un proceso natural.

Pero las fuerzas que hicieron posible mantener el encantamiento respecto a las bondades inherentes al mercado único -el intergubernamentalismo, o la legitimidad de los estados; la propuesta federal, o un futuro político para este proyecto; y el mercado único, o una propuesta de prosperidad incremental- han agotado ya todas sus capacidades de embelesamiento. La gestión de la crisis ha revelado con contundencia tanto la disposición ideológica de la mayoría de los gobiernos a servir dócilmente a la globalización financiera y sus servidumbres, como la exquisita funcionalidad del proceso de integración en su actual configuración para esos fines.

En este punto, la actual arquitectura institucional de la UE ha revelado sus severas limitaciones democráticas y sus servicios prestados a la despolitización de decisiones sustancialmente políticas.

El frankestein institucional que conforman la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia Europeo, ha favorecido un marco decisional donde la participación ciudadana y la capacidad de control misma sobre lo que estas instituciones deciden están excluidas.

El modelo es ilegible políticamente para la mayoría de la sociedad europea y no existen condiciones para que instancias ajenas a las mismas instituciones puedan ejercer su capacidad de control y exigencia de responsabilidad.

La arquitectura institucional de la UE hace prácticamente imposible que puedan materializarse las exigencias de responsabilidad política, rendición de cuentas, control democrático y capacidad de escuchar a la sociedad, exigibles para cualquier institución democrática.

Esto permite que las instituciones de la UE –especialmente la Comisión Europea- puedan decir que no saben nada de las políticas de austeridad, y que los gobiernos nacionales a su vez culpen sistemáticamente a la Comisión Europea y sus exigencias de las mencionadas políticas. En este contexto un mero aumento de los poderes del Parlamento Europeo, aunque pudiera paliar parcialmente el problema, no resuelve la condición no democrática de este diseño institucional. Sirva como anécdota de este desencuentro entre intenciones y realidades, y como ejemplo (aquí ya sin consideraciones anecdóticas) de las dificultades sistémicas de la arquitectura institucional de la UE para ofrecer espacios de participación y control democrático, que este año 2013 ha sido declarado por la Comisión Europea como el año de la ciudadanía europea; y está a punto de terminar este momento señalado para la participación ciudadana, sin que la ciudadanía concernida se haya siquiera enterado de que estaba convocada para algo.

Debemos reconocer que aquí aparece un problema vinculado al tipo de respuesta que la ciudadanía dé a la pregunta de ¿qué queremos hacer con la UE? Si la respuesta es “marcharse a toda prisa”, el entramado institucional y sus complejidades serán solo preocupación de académicos y curiosos. Si la respuesta es “apoyamos la perspectiva del proceso de integración, pero esto no nos vale”, entonces tenemos que encontrar respuestas a la cuestión de cómo construir una democracia supranacional. Es decir, el entramado institucional existente hasta ahora reproduce y amplifica el déficit democrático de manera permanente y, por tanto, no nos sirve si nos preocupa hacer de la UE un proyecto democrático. Pero tenemos que construir un diseño democrático supranacional que hasta ahora, carece de modelo. Este diseño debería dar respuestas a las problemáticas de la participación ciudadana en el espacio europeo y la construcción de un espacio público europeo, y a la cuestión de si es necesaria alguna identidad europea para hacer posibles lógicas de participación y empoderamiento; de qué papel deben jugar los parlamentos nacionales en este diseño, y de cuánta transferencia de soberanía es soportable sin que se pierda la condición democrática de las decisiones políticas.

Un aspecto más e igualmente importante tiene que ver con la dimensión exterior de la UE. Hay razones relacionadas con la pérdida de peso y de dinamismo económico de esta región del planeta en relación con otras más pujantes. Pero además de esa dimensión económica, está la proyección exterior de la UE y su presumida condición de defensora de un nuevo paradigma en las relaciones internacionales. Hay que decir que la historia de la UE se compadece mal con esa voluntad de proponerse como una baluarte de los derechos humanos en un mundo hostil y hobbesiano. Lo cierto es que la política exterior de la Unión Europea ha sido un espacio más caracterizado por los discursos que por las prácticas. Éstas han quedado en manos de los estados, que a menudo han buscado complicidades en la UE, no siempre con éxito.. La evidencia del escaso interés que los países de la Unión daban a la política exterior común se sustanció en la elección de una Alta Representante (la señora Alhston), cuyo papel y funciones poca gente conoce y cuyo nivel de competencia técnica es puesto en cuestión regularmente.

En fin, los desafíos y preguntas que a día de hoy son pertinentes en relación con la UE tienen un calado sistémico. No son asuntos de matiz o de detalle, no se trata de mejorar una u otra política. La crisis económica y la gestión de la misma han desnudado el proyecto de sus ropajes tecnocráticos y despolitizados y han mostrado al emperador desnudo. La cuestión ha dejado de ser la de “empujar para hacer posible ‘más Europa’”. En realidad, habría que decir que esa formulación fue, en general, una manera de justificar el proceso de integración realmente existente eludiendo más preguntas sobre el mismo.

Lo pertinente e imprescindible hoy es responder a la siguiente pregunta: ¿necesitamos esta Unión Europea? Ninguna de las dos respuestas posibles nos conduce, necesariamente, a una sola alternativa. Tanto el “sí” como el “no” pueden sugerir propuestas que, en un caso serán pensadas como reformas mayores o menores, y en el otro como la necesidad de pensar en profundidad para refundar el proyecto europeo.

moderado por:

  • Ariel Jerez

    Profesor de Ciencia Política (UCM) y Consejero estatal coordinador del Area Consejo del Mundo Rural, la sostenibilidad y la Soberanía Alimentaria de Podemos.

  • Pedro Ibarra

    Fundación Betiko

Todo el mundo habla de política. Entonces ¿ya no hay que hacer más?

Democracia (demos, pueblo, y cratos, poder) es, etimológicamente, el gobierno del pueblo. Esto fue una novedad surgida en una pequeña zona entre el sur de Europa y el Asia oriental hace 2500 años. Cuenta Platón en su Protágoras que el apresuramiento de Epimeteo a la hora de repartir originariamente las cualidades entre los animales dejó a los seres humanos sin las habilidades que tenían otros seres vivos (rapidez, fuerza, vuelo, vista). Para compensar ese problema, los dioses concedieron a todos los humanos, sin distinción, el don de la política. No era poca cosa, pues junto a la economía y el trabajo que la procura, al lado de los asuntos normativos y las leyes de cualquier tipo que nos damos, acompañando a la cultura y a las identidades en donde nos reconocemos, la política es parte esencial de los asuntos relevantes de la vida social. Esta metáfora deja claro que cualquiera puede hablar de política, si bien, y tampoco es asunto de pequeña relevancia, deja sin responder a otra pregunta. Al ser también la economía, el sistema normativo y la cultura asuntos que conforman lo social ¿no debiéramos con la misma soltura opinar de esos ámbitos? Entonces, ¿por qué no lo hacemos sin preparación y sí lo hacemos en cambio con la política?
La política, como aquella parte de la vida en común que tiene que ver con las metas colectivas que todos los miembros de una sociedad han de cumplir, es un ámbito social que nos obliga a posicionarnos a favor o en contra de los asuntos comunes. Como compensación, nos permite participar, aunque sólo sea opinando. Ante una decisión política –algo evidente en el caso de cualquier ley- sólo hay dos posiciones: estar en contra o estar a favor. Nadie es apolítico, pues si algo que es colectivo y obligatorio no se confronta se apoya tácitamente. Aunque se refunfuñe en la soledad del hogar. El que no desobedece ni protesta, obedece y asiente. Los asuntos colectivos se solventan en los ámbitos colectivos. Las «mayorías silenciosas» refuerzan el poder. Aunque refunfuñen en la tranquilidad de sus hogares. Tenía razón Nixón y tiene razón Rajoy cuando afirman que “la mayoría silenciosa” refuerza sus políticas.
La política puede beneficiar al conjunto de una sociedad o beneficiar a las minorías. Siguiendo a Aristóteles sabemos que las variaciones son escasas: el gobierno de uno, de varios o de todos. Y sus mixturas. El gobierno de todos que beneficia al conjunto de la sociedad lo llamaba politeia. A su degeneración, democracia (para el conservador Aristóteles, se trataba del gobierno de la chusma). Nosotros diríamos que el ideal es la democracia y su degeneración la demagogia (un populismo que apelara a los instintos del pueblo y no lo corresponsabilizara). En la lectura moderna, llamamos democracia, siguiendo a Lincoln, al gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, al gobierno que emana del pueblo (no de los reyes ni de los dioses ni de los ricos), que lo ejerce el pueblo (de manera directa o a través de alguna forma de representación consentida) y para el pueblo (al final del viaje, todo el pueblo debe beneficiarse de manera equitativa de la vida social).

Cuatro apreciaciones nada sencillas

Los problemas sociales existen cuando son expresados. Puede existir un 70% de pobreza y no estar en la agenda pública. Basta que los pobres sean invisibles o se vean a sí mismos como «perdedores». La interiorización de los malos tratos hace que no existan como problema social los malos tratos. Ante la enunciación de un conflicto hay tres posibilidades: (1) solventar las causas del conflicto; (2) silenciar la enunciación del conflicto, logrando que vuelva a quedar sepultado; (3) maquillar el conflicto para que sin solventarse, su enunciación crítica -y, por tanto, su posible solución, pierda fuerza.
Crear un conflicto y solventarlo tiene mucho que ver con el poder. Hay dos grandes maneras de entrar al poder: una, poco transitada, es pensar el poder como una capacidad colectiva vinculada a las ventajas del número (poder para). Juntos podemos mover cosas que no podríamos desplazar en solitario. La otra interpretación del poder es igualmente una capacidad pero que puede ser individual o de un pequeño grupo y que tiene como objetivo lograr algo de los demás sin consideración de sus propios intereses (poder sobre).
Desde esa segunda perspectiva (poder sobre), en la ciencia política se distingue a su vez entre tres tipos de poder: la capacidad que tiene alguien de lograr que otra persona haga algo al margen de su voluntad (definición de Weber); la capacidad de alguien de lograr que alguien no haga algo aunque esa inacción lesione sus intereses (aportación de Bachrach y Baratz) y la capacidad de alguien de configurar las preferencias de otra persona (matiz muy relevante que introduce Lukes). Este último es el más difícil de combatir porque es invisible y choca contra la presunción de la libre autodeterminación de las personas (¿alguien va a saber mejor que uno mismo cuáles son sus intereses?). Para que exista democracia, estos tres tipos de poder deben estar limitados.
Igualmente es importante entender que los conflictos sociales pueden venir de tres lugares que coinciden con las formas de conocer que tenemos los seres humanos: la ciencia, la estética y la ética. La ciencia nos dice lo que es verdadero o falso, la estética lo que es hermoso (o alegre o expresivo o comprensible o armonioso o musical) y la ética lo que está bien o lo que está mal. De estos tres ámbitos, el que más ruido social crea es el de la justicia pues está siempre en tensión por las desigualdades (las diferentes cargas y la diferente distribución de las ventajas y desventajas de la vida social) y, más en concreto, por la percepción de las desigualdades que tenemos los seres humanos. Tenemos así diferentes puntos de vista sobre lo que las cosas son: disputas en la ciencia, en la lectura de la historia, en la existencia o no de lo que no se puede demostrar, en los efectos del uso de la tecnología, etc.-; también sobre los diferentes puntos de vista sobre las representaciones del mundo -recordemos que los nazis prohibieron el jazz o el arte expresionista, que la iglesia prohibía en Semana Santa toda música que no fuera sacra, que la risa o el humor pueden ser sancionados-; y, sobre todo, diferentes maneras de repartir cargas y beneficios de la vida social -hacer de la división técnica del trabajo una división social-. Todas estas diferencias son las que hacen interesante la democracia, ya que las desigualdes tensionan a las sociedades y las someten siempre al riesgo de la guerra civil (o cuanto menos de disturbios). La principal tarea de la política es evitar la guerra civil y, después, la guerra externa. Una invasión, una guerra, afecta a toda la sociedad. Las guerras son expresión máxima de la política: la guerra, dijo Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios. La política, dijo Lenin, es la contnuación de la guerra por otros medios. La política y la guerra afectan a todos los miembros de una comunidad. Las guerras, a su manera, son democráticas. Aunque no es cierto que los que las empiezan paguen por ellas.
Vivimos en un mundo donde la hegemonía es neoliberal, es decir, un mundo en donde el individualismo y la competitividad son el sentido común general. De una forma u otra, toda la sociedad se rige por criterios mercantiles (nunca han existido tantos ámbitos convertidos en mercancías), por la precarización laboral (que genera una profunda frustración de estatus) y la desconexión propia de la vida urbana y tecnológica. Estos tres ámbitos generan miedo, y el miedo es el caldo de cultivo de soluciones autoritarias (ajenas a la democracia). Convertidos en “empresarios de nosotros mismos” nos olvidamos de una idea de democracia como sustancia y la convertimos en mero procedimiento. Es decir, en un mercado político. Y no es lo mismo.

Mirar a Grecia para saber a qué llamamos democracia

La Grecia que alumbró la democracia era una sociedad de ciudadanos económicamente desiguales. Las tensiones sociales que generaba la desigual distribución de la riqueza social generó unos mecanismos políticos (es decir, colectivos y obligatorios) que tenían como objetivo disminuir las tensiones generadas por la existencia de ricos y pobres. El primer paso fue el establecimiento de la ciudadanía (donde no estaban las mujeres, los jóvenes, los trabajadores inmigrantes ni los numerosos esclavos) y después, la puesta en marcha de mecanismos de participación, de deliberación y de decisión. Mientras que la Constitución norteamericana de 1787 estaba redactada por propietarios y, por eso, hizo énfasis en la libertad, las reformas puestas en marcha por Clístenes buscaban dar herramientas a la mayoría para enfrentar los problemas sociales ligados a la desigualdad. Dos palabras son clave en la democracia griega: isonomía, es decir, la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos (desde esta exigencia va a construir el liberalismo la división de poderes como garantía de esa igualdad), y la isegoría, esto es, la igualdad de los ciudadanos de defender en el ágora -en la plaza pública- sus propios intereses. Los griegos diferenciaron el ámbito privado (vinculado al oikos, es decir, la casa y su gestión) y el ámbito público que se construía rompiendo las cadenas heredadas de la antigua norma aristocrática: las de la culpa y las deudas, las del odio y la violencia, las de la venganza y la revancha (Roth). Con esta separación nacía la idea de que existía un «bienestar público» diferente del «bienestar privado» y que reclamaba unas reglas diferentes. La democracia griega buscaba darle a los pobres herramientas para disminuir las desigualdades sociales, gestionando las mayorías (el 99%) el bienestar colectivo, participando en la plaza pública de la definición de los problemas y de la enunciación de su posible solución.

La muerte de la democracia

Desde sus orígenes y hasta hoy, la democracia ha estado sometida a la tensión de dos grandes fuerzas: (1) la tensión entre los intereses individuales -o de un grupo- y los intereses colectivos (base de las desigualdades); (2) y la tensión entre la representación y la gestión propia de los asuntos particulares (es decir, entre la delegación a unas minorías de los asuntos que afectan a todos los individuos o la gestión de los mismos por cada cual). Decía con razón Rousseau que sólo se representa lo que no está. Por tanto, si se representa al pueblo, el pueblo no está. La representación es contraria a la democracia. La única democracia posible es la democracia directa. De ahí que uno de los principales teóricos contemporáneos de la democracia, Robert Dahl, dijera que nuestros sistemas debieran llamarse «poliarquías» en vez de democracias (el concepto no tuvo éxito). Ahora bien ¿es posible la democracia directa? Es lo que se llama el «problema de las escalas». No es igual la democracia local -como la griega- que la democracia en los Estados modernos. El Estado, desde que nació a finales del siglo XV, fue representativo: unos pocos representan a todos. Por eso, el Estado, por definición, es un freno a la democracia y, al tiempo, la palanca más poderosa que se puede tener para establecer lka democracia. En esas contradicciones vivimos. La democracia absoluta es un ideal imposible. Pero sirve para marcar la pauta hacia donde se debe ir si en verdad se quiere hablar de democracia.
A través de diferentes hitos intelectuales, desde la Revolución Francesa y a través del desarrollo del pensamiento liberal, la democracia ha ido convirtiéndose en representación. Votar cada cuatro años. Rousseau decía «El pueblo inglés cree ser libre, pero se equivoca; sólo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento; una vez elegidos, se convierte en esclavo, no es nada». De hecho, a los diputados, mandatados por el pueblo, los llamamos equivocadamente “mandatarios”, y nosotros, el pueblo soberano, ahora somos los mandatados. Pero la existencia del representante libera a la gente de la obligación de dedicar tiempo a los asuntos colectivos. Algo de agradecer cuando se trabajan tantas horas al día, cuando hay tantos estímulos para el consumo, para la “realización personal”, para “invertir en uno mismo”.

Riesgos y potencialidades en los comienzos del siglo XXI

Las necesidades de reproducción del capital necesitan “desconstitucionalizar” el Constitucionalismo de posguerra (Ferrajoli) y reducir la participación de una ciudadanía que se hizo más consciente y, por tanto, más exigente. Las garantías del Estado social y democrático de derecho van en contra del actual modelo neoliberal y el capitalismo de depredación en curso (en un momento donde no se puede seguir explotando pacíficamente a los países del sur, a la naturaleza o a las generaciones futuras) e, igualmente, las muchas exigencias sobrecargan al Estado que, de no disponer de recursos, termina colapsando. El vaciamiento del Estado social con las privatizaciones y los recortes, la disminución de los asuntos sobre los que se decide en las elecciones (por ejemplo, la política económica) o la partidización de la justicia, necesaria para sostener la cartelización de los partidos políticos, rompen ese paréntesis conocido como “edad de oro de la socialdemocracia” (1945-1973). Añadamos que después del 11S de 2001, hay un “derecho del enemigo” que puede llevar a crímenes de estado presentados como hechos heroicos (asesinato de Bin Laden, de Gadafi, de palestinos, etc.) o la persecución de personas que ayudan a la democracia (Assange, Manning, Snowden). Si es cierto que las luchas de ayer son los derechos de hoy, la ausencia de conflicto político de calado desde 1968 explica por qué, especialmente después de la caída de la URSS, ha significado una progresiva pérdida de derechos que se va viendo de manera “natural”.

Soluciones controvertidas

Para que haya democracia tiene que existir capacidad de deliberación, capacidad de decisión y capacidad de ejecución de políticas públicas. Tres elementos que estaban perdidos (y que gracias a Internet parece empezar a revertirse, especialmente por lo que implica de posibilidad de consciencia alternativa). La realidad invita al pesimismo: está el problema del aumento de la desigualdad, que quita capacidad, interés y tiempo para dedicarnos a la cosa pública, está la cartelización de los partidos (todos cumplen una serie de comportamientos similares que les alejan de la política de la calle y les entregan a las instituciones), está la desaparición de espacios para debatir y elaborar políticas públicas, está el hecho de que la libertad de expresión ha sido ocupada por las empresas de medios de comunicación.
Los políticos y los periodistas han perdido el control del monopolio de la representación ciudadana (Sampedro). Añadamos que también la universidad y la escuela han perdido el monopolio del conocimiento y la religión el monopolio de la trascendencia. Sólo el sector financiero sigue teniendo el monopolio de la riqueza monetaria. La unión de un Estado que no rinde cuentas, de corporaciones económicas (donde se cruza el mundo financiero, los gigantes informáticos –Google, Microsoft, Skype, Facebook, Twitter- y los servicios de inteligencia y militar público y privado, y de medios de comunicación que “privatizan” la información, construye un entramado muy consistente donde las minorías tienen más poder, en todos los sentidos, que las mayorías.

La reinvención de la democracia tiene cuatro espacios: (1) democracia en los ámbitos de la representación. Esto afecta a los partidos -su democracia interna y su financiación y el empoderamiento de los militantes-, a todo el entramado del Estado, con especial atención a los jueces -que tienen que estar controlados por la ciudadanía y responder ante ella-, y a los gastos y la financiación públicos y de los intermediarios políticos -es decir, a los asuntos de la transparencia-); (2) democracia en los ámbitos de la vida social (que afectan al ámbito doméstico, al derecho a la ciudad, a la fábrica o la empresa y a la colonización cultural que proviene de la globalización. Igualmente está aquí la democracia vinculada a la defensa común de los bienes comunes, con especial atención a los medios de producción colectivos y al medio ambiente); (3) democracia en los ámbitos de la deliberación (con nuevas formas de democracia ligadas a la información y la comunicación). (4) Y, finalmente, democracia vinculada a la elaboración y evaluación de políticas públicas y de control de la gestión política (referéndum vinculante, iniciativa legislativa popular con garantías, referéndum revocatorio de los cargos públicos, etc.). Dentro de este ámbito está la base democrática de todas las demás posibilidades: un proceso constituyente que establezca de manera participada y corresponsable los elementos compartidos del nuevo contrato social.

Final: las herramientas previas para lograr la democracia

Hace falta rebajar la incertidumbre en un mundo confuso. Para que eso no lo haga un líder o partido autoritario, xenófobo o nacionalista autoritario, hay que buscar soluciones. Para conseguir la democratización en los ámbitos señalados, en un mundo donde el sentido común es neoliberal, hacen falta los siguientes asuntos: liderazgos -en plural, que emerjan de las propias luchas sociales; organizaciones sociales que se articulen de manera autogestionada (y que para sumarse a otras organizaciones deberán asumir algún tipo de representación). Y formas tradicionales de representación, donde van a seguir siendo necesarios, al menos en el corto plazo, partidos políticos. Hace falta democracia en los ámbitos clásicos del Estado liberal y en el ámbito experimental de las nuevas formas políticas autogestionadas. Si ha cambiado el contrato social de posguerra por la imposición del modelo neoliberal, hay que reinventar el contrato social. No desde lo abstracto a lo concreto sino, muy al contrario, de lo concreto a lo abstracto. Partiendo de los derechos humanos esenciales de cualquier persona, empezando por el derecho a alimentarse. De ahí que la democracia ahora mismo pasa por reinventar un nuevo contrato que de respuestas a la necesidad de repartir el trabajo, de otorgar una renta básica universal, de terminar con el modelo de crecimiento depredador de la naturaleza, de cohonestar las necesidades particulares con las necesidades del resto del planeta y de las generaciones futuras. Y eso se logra con una ciudadanía consciente que ha tomado democráticamente sus propias decisiones. Es decir, a través de un proceso constituyente emanado desde abajo.