Hay que esforzarse por debatir más de políticas que de meritocracia en público
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Carlos Gil
Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo (Italia), con la tesis Cracking Meritocracy from the Starting Gate (2020), premiada por el European Consortium for Sociologial Research (ECSR)
Uno de los principales problemas en la acalorada discusión pública sobre la meritocracia es la confusión generalizada sobre su significado y el papel del esfuerzo. Hay dos interpretaciones que hay que aclarar antes de tener un debate serio sobre las políticas y acuerdos necesarios para mejorar la igualdad de oportunidades: (1) la meritocracia como mecanismo de selección y (2) la meritocracia como ideología cargada de (pre)juicios morales. Una vez aclaradas, veremos que la meritocracia es una concepción muy pobre de la igualdad y que hablar de ella en público agita el avispero ideológico, desviando así la atención de las políticas indispensables para construir sociedades más justas.
La meritocracia como mecanismo de selección
Por un lado, la meritocracia puede entenderse como un mecanismo de selección o asignación de las posiciones y recompensas valoradas en una sociedad basado en el mérito del individuo, sea lo que sea el mérito, quién lo define y si es posible medirlo — un debate clave que abordaré más abajo.
Nadie dijo que no haya que esforzarse. Ya desde las revoluciones liberales del siglo XIX se hacía énfasis en la carrera abierta al talento en las burocracias estatales para derribar las sociedades aristocráticas donde la posición social era directamente heredada por linaje familiar, tradición o propiedad. En las democracias actuales, la mayoría de los ciudadanos prefiere que el sistema educativo, el mercado de trabajo o las instituciones públicas se rijan por los criterios más transparentes y objetivos posibles en los procesos de selección, evaluación y promoción — como la capacidad y el trabajo duro. Pocas personas consideran que esforzarse no sirva para nada y que no haya que hacerlo para salir adelante. Que se recompense —eso sí, de forma igualitaria— el esfuerzo es necesario para motivar e incentivar a la gente para, por ejemplo, cursar estudios más difíciles o trabajar en ocupaciones con mayor responsabilidad. Esto es lo mínimo que se espera del capitalismo: una competición justa en la que se recompense a cada uno según sus méritos individuales y lo que el mercado valore en ese momento histórico, independientemente de si vienes de abajo o de arriba, de tu género, orientación sexual u origen étnico.
Últimamente se ha desviado interesadamente el debate sobre la meritocracia hacia el peligro de cuestionar la sacrosanta trinidad de levantarse temprano, trabajar duro y ser resilientes y difundir así la cínica idea de que esforzarse no vale para nada a nuestros ingenuos jóvenes. ¡A ver si van a quedarse en casa de brazos cruzados a esperar la “paguita”! Así, se desvía la atención de una segunda interpretación de la meritocracia menos idílica: la meritocracia como caballo de troya del liberalismo extremo, el statu quo y la legitimación de desigualdades injustas para aquellos desafortunados en la lotería social y genética. Nadie elige ni merece las (des)ventajas de nacer en una familia con menos o más recursos o heredar unos u otros genes que influencian el desarrollo de las habilidades productivas que valora el mercado.
Para que quede negro sobre blanco: esforzarse es importante para conseguir los objetivos que uno se proponga y sobre todo si vienes de abajo. Por algo se llama clase trabajadora. Dicho esto, si vienes de clase obrera, tener talento y trabajar duro no te garantiza los mismos resultados que a alguien que venga de la elite y también se esfuerce, o incluso no dé palo al agua — que se lo digan a Froilán. Que el mismo esfuerzo no tenga la misma recompensa según la clase social en la que has tenido la fortuna de nacer no quiere decir que el esfuerzo no tenga valor, sino que la meritocracia es un timo. El esfuerzo solo podría justificar desigualdades entre personas que han nacido en las mismas circunstancias de clase y, como no podemos cuantificar todas estas circunstancias, quizá podríamos centrar nuestros esfuerzos en ofrecer más oportunidades en lugar de juzgar quién merece qué antes de ofrecerlas. Podemos aspirar a más como sociedades democráticas que competir en una carrera amañada desde el pitido de salida para repartir los trabajos y bienes que valoramos.
La meritocracia como sistema ideológico
En su segunda interpretación, la meritocracia es un sistema ideológico de legitimación de la desigualdad que da por hecho el hollywoodiense sueño americano de que hay igualdad de oportunidades. El sueño de que, si te levantas muy temprano, te esfuerzas mucho y te buscas un buen coaching, no habrá obstáculo que te impida conseguir aquello que te propongas: ya sea ser astronauta, millonario, influencer, jugador de fútbol, CEO de una multinacional o estrella del trap, tú lo vales. Si no lo consigues, podrás culparte solo a ti mismo por tus malas decisiones y por tu falta de habilidad, empeño o carácter. Tuviste poco autocontrol y te comiste la golosina de la mesa en lugar de esperar media horita más para tener dos. Cada uno recibe lo que se merece, ni más ni menos ¡Espera, la meritocracia no siempre fue así, me la han cambiado!
El origen distópico de la meritocracia y su metamorfosis liberal. La palabra meritocracia es joven y nació como una sátira distópica del sociólogo Michael Young para denunciar los peligros de una sociedad que aplicara a rajatabla la fórmula mérito = habilidad + esfuerzo para elegir a sus elites gobernantes. En esta sátira ambientada en Gran Bretaña, las posiciones en la estructura de clase se deciden desde la escuela primaria sin tener en cuenta las desigualdades socioeconómicas de partida entre las familias para puntuar más alto o bajo en esta fórmula meritocrática. No en vano, el término meritocracia se acuñó como una crítica a la reforma del segregador sistema educativo inglés de 1944, que introdujo la diferenciación temprana de itinerarios curriculares —el equivalente español del bachillerato o formación profesional— basada en una prueba de cociente intelectual a los 10 años. El cuento de la meritocracia acabó como el rosario de la aurora, con una rebelión de las clases sociales perdedoras en 2033, despreciadas por el desdén de la oligarquía ganadora. En lugar de una sociedad eficiente y justa, la meritocracia derivó en una tiranía cruel y despiadada con los menos afortunados.
Poco a poco, pero sobre todo desde los años 80, la meritocracia sufrió una dulce metamorfosis hasta derivar en un sistema ideológico que justifica las desigualdades y pone el foco en la responsabilidad del individuo. Se moraliza la desigualdad y no se reconoce ni las circunstancias materiales ni los factores estructurales que la explican. Como consecuencia de este martillo pilón ideológico y en paralelo al incremento de la desigualdad de ingresos y riqueza, ha crecido también la creencia en que nuestras sociedades son meritocráticas. Ya se sabe, “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”.
Así, casi sin darnos cuenta, la meritocracia se convirtió en un slogan vacío de políticas que promete el sueño americano para todos. Un ebrio brindis al sol tal y como ya lo expresara Tony Blair, ex primer ministro británico y máximo exponente de la tercera vía socialdemócrata tras la caída del bloque comunista. De estar a años luz de ser una meritocracia en 1995, Blair se regocijaba de que, solo dos años después, mientras se desmantelaban los estados de bienestar y se privatizaba la economía, ya lo habían conseguido:
“Estamos a años luz de ser una verdadera meritocracia” (Julio de 1995). “Quiero una sociedad basada en la meritocracia” (Abril de 1997). “La Gran Bretaña de las elites se ha acabado”. “La nueva Gran Bretaña es una meritocracia” (Octubre de 1997). “El antiguo establishment está siendo reemplazado por una nueva, más grande y más meritocrática clase media” (Enero de 1999). T. Blair
Aunque Michael Young se tirara de los pelos, apelar a la meritocracia se convirtió en un comodín aspiracional, una cortina de humo tanto liberal como socialdemócrata (de tercera vía), para vender la moto del ascensor social y no abrir el melón del frigorífico: ¿qué políticas públicas y grandes acuerdos entre fuerzas políticas hacen falta para reducir las desigualdades de clase y conseguir mayores niveles de igualdad de oportunidades? ¿A qué privilegios tendrían que renunciar las elites para tal envite?
No hay lugar ni momento justo para evaluar el mérito. La carrera es una metáfora recurrente para ilustrar cómo se reparten las posiciones sociales y recompensas económicas valoradas en una sociedad bajo la meritocracia. Imaginemos una carrera de velocidad en la que se dibuja la línea de salida en la misma posición para todos los participantes y así compitan en igualdad de partida. A partir del pistoletazo de salida, las posiciones finales y los trofeos serían solo una función de la habilidad (velocidad) y el esfuerzo (entrenamiento previo) de los corredores.
Si aplicamos esta metáfora a nuestro sistema educativo o mercado de trabajo, ¿cuándo sería justo dibujar la línea para que empiece la carrera por el estatus socioeconómico en igualdad de condiciones y evaluar el mérito? ¿Al nacimiento, en la educación primaria o en el mercado de trabajo? ¿Cómo diferenciamos el mérito individual de las circunstancias familiares que escapan a nuestro control y que ayudan o dificultan desarrollar este mérito? ¿Cómo separamos nuestras decisiones responsables de las circunstancias materiales que las preceden y posibilitan?
Desde el nacimiento, e incluso antes, ya empiezan a gestarse desigualdades de clase, a través de los recursos culturales y económicos familiares, en el desarrollo de aquellas habilidades productivas —cognitivas y socioemocionales— que luego serán recompensadas con calificaciones y sueldo por los evaluadores del mérito en el sistema educativo y mercado de trabajo: los profesores y los empleadores. La educación es el principal canal para la movilidad social de los hijos de la clase trabajadora, al no contar con un capital y patrimonio considerable que heredar. En la meritocracia liberal, se da por sentado que los sistemas educativos públicos son suficientes para compensar las desigualdades de partida e igualar las oportunidades de acumular las competencias que más recompensa el mercado. A pesar del meritorio esfuerzo de la comunidad educativa en hacer que estas desigualdades no fueran aún más grandes, si no existiera la escuela pública, estás desigualdades de clase en el desarrollo del mérito académico se mantienen casi intactas a lo largo del sistema educativo y no se han reducido significativamente en las últimas décadas.
Así, se pone todo el peso y la culpa de la política social en el sistema educativo público y la (falta de) habilidad individual. El papel de la escuela pública como igualador social es crucial, pero es solo condición necesaria, ya que, por cada acción política para igualar el terreno de juego, habrá una reacción de las clases privilegiadas para ir varios pasos por delante. Por ejemplo, a través de la educación privada, que no para de crecer. ¿De verdad somos tan ingenuos de creer que solo por facilitar el acceso a la universidad pública a las clases trabajadoras vamos a erradicar la desigualdad de oportunidades? Hay una infinidad de canales por los que los hijos de clases altas seguirán aún en ventaja para conseguir una mejor posición en el mercado de trabajo: la formación privada y en el extranjero, la transmisión de capital y patrimonio, los contactos, la información privilegiada o el know-how de cómo funcionan las bambalinas de las instituciones.
Volviendo al ejemplo de la carrera, imaginemos que el ganador tiene la línea de salida adelantada con respecto al resto de corredores partiendo así con varios metros de ventaja, empieza a correr cinco segundos antes del pitido de salida, calza las mejores zapatillas del mercado y ha entrenado en el mejor club de atletismo con Usain Bolt como instructor personal. El resto de los corredores, además, afronta una calle llena de obstáculos en la pista. Obviamente, aunque genéticamente nuestro hipotético personaje no goce de ventajas considerables, gana la carrera y se le recompensa con un premio en metálico 50 veces superior al segundo clasificado. Además, nuestro aventajado corredor recoge el trofeo henchido de orgullo mientras los espectadores y medios de comunicación ensalzan su gran habilidad y esfuerzo para ganar la carrera, llevándose todo el prestigio y reconocimiento social.
¿A quién le puede parecer esto justo? Probablemente solo a quien parta de una situación de privilegio y quiera conservarla para él mismo y los suyos. Es racional mirar por el interés propio, sí, pero no es justo bajo ninguna óptica moral. La investigación psicológica ha mostrado que hasta los niños de 3 años saben reconocer la injusticia y tienen una preferencia universal por la equidad. Quizá esto nos diga algo sobre el rol evolutivo que ha tenido la cooperación para que el ser humano progrese como especie y sociedad, en lugar de resignarnos a que el hombre sea un lobo para el hombre. Si más gente que nace o llega a situaciones de privilegio lo reconociera también y estuviera dispuesta a cambiar el statu quo no sería del todo hipócrita, sino solidario con quienes no tuvieron la misma suerte. Ahí queda la llamada de multimillonarios como Warren Buffet a tasar más a los ricos al pagar un porcentaje ridículo de impuestos en términos relativos con respecto a un trabajador medio de su empresa.
Incluso cuando es un hecho científico que gran parte de nuestros logros está condicionada por las (des)ventajas de nacer en una familia con más o menos recursos, así como por las instituciones, inversiones e infraestructuras públicas, muchos atribuyen su éxito única y exclusivamente a su esfuerzo y valía personal. Investigaciones experimentales indican que, al jugar al Monopoly, si se lanza una moneda al aire para determinar al azar qué jugador empezará la partida con más dinero que el resto y tirará con dos dados, el jugador que por pura suerte y sin ningún mérito ha empezado la partida con ventaja suele racionalizar las causas de su victoria a través de sus brillantes dotes estrategas ¡Oye, que a mí nadie me ha regalado nada!
Dos mitos fundacionales de la meritocracia desmontados por la evidencia
La igualdad de oportunidades no existe, son los padres. La ideología liberal meritocrática da por hecho que ya hemos llegado a la igualdad de oportunidades y todos navegamos en el mismo barco, el de la clase media, sea lo que sea. La acumulación de riqueza de las elites goteará hasta que suba la marea y eleve todos los barcos. El sueño americano se parece más a la utopía socialista sin clases sociales que a las sociedades capitalistas de alta desigualdad de ingresos y riqueza heredada en las que vivimos. Es una visión tremendamente distorsionada que no refleja los altos niveles de desigualdad realmente existentes.
En España no hay meritocracia. Si la entendemos como una sociedad en la que haya igualdad de oportunidades y la clase social de nuestros padres no influya en nuestro nivel educativo, ocupación, ingresos y riqueza, y sean solo nuestro esfuerzo y habilidad los responsables. ¿Y la europea? Es un hecho empírico que la igualdad de oportunidades no se cumple ni en las sociedades contemporáneas que han hecho mayores esfuerzos por reducir las desigualdades durante décadas a través de amplios acuerdos políticos, estados de bienestar universalistas, redistribución y dinamismo económico, como los países nórdicos. La igualdad de oportunidades solo existe sobre papel mojado, basta abrir cualquier constitución o declaración de derechos. Ni en la España de hoy, ni en ninguna sociedad industrial o posindustrial de la historia moderna ha existido la igualdad de oportunidades plena hasta la fecha. Ni siquiera en las sociedades comunistas.
Los monopolios privados, los beneficios empresariales desorbitados, el fraude fiscal, la corrupción pública y la transmisión de (des)ventajas de padres a hijos implican que no haya una competición justa. Si no queda más remedio que competir, si no hay otra alternativa, que al menos la competición no sea una pantomima.
No hay igualdad de oportunidades, ni se la espera. La igualdad de oportunidades es una utopía. El punto clave del debate es que sin igualdad de partida nunca puede haber una “verdadera” meritocracia en la que las circunstancias de la cuna sean irrelevantes, solo legitimación de la desigualdad. Aun más importante, la igualdad de oportunidades es imposible de conseguir por cuatro razones: (1) falta de consenso político y del votante en las políticas para combatir la desigualdad de resultados por los juicios morales que la consideran como justa o injusta; (2) la fractura de la meritocracia por parte de las clases altas con la transmisión intergeneracional de sus privilegios; (3) los límites de intervención del estado; (4) la imposibilidad de igualar los resultados en la generación de los padres dentro de sociedades capitalistas avanzadas tecnológicamente con una gran división técnica del trabajo.
Esto no quiere decir que haya que tirar la toalla y abandonar la política social, sino todo lo contrario: políticas universalistas, redistributivas y compensatorias que no beneficien solo a las clases medias-altas son esenciales para acercarnos a la utopía de la igualdad de oportunidades en su segunda acepción: “una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano”.
Consenso político. Dado el grado de polarización política en materia fiscal y educativa, es muy difícil remar en la misma dirección y construir un estado de bienestar fuerte con mayor recaudación, redistribución y generosas políticas sociales durante décadas. La búsqueda de la igualdad de oportunidades no es cuestión de una legislatura y esta es precisamente una de las principales líneas rojas entre la derecha y la izquierda, entre el liberalismo y la socialdemocracia.
Los límites de intervención del estado y las familias. El estado no puede inmiscuirse en que los padres inculquen a sus hijos habilidades, aspiraciones y preferencias específicas para sus estudios o carrera profesional. Las familias más aventajadas, como todas, siempre querrán lo mejor para sus hijos, cosa legítima y natural, pero romperán así con la meritocracia y la carrera comenzará ya desvirtuada desde la cuna. La familia es incompatible con la igualdad de oportunidades y aquí el estado poco puede hacer, pero hay canales de transmisión de la desigualdad entre padres e hijos que pueden considerarse más injustos, como la transmisión directa de riqueza y los enchufes.
Además, hay un punto fundamental del que no se habla. Dependiendo del punto de vista ideológico, se centra el relato en la falta de oportunidades de los que vienen de abajo para subir o en su falta de habilidad, esfuerzo o motivación para conseguirlo. Sin embargo, ¿qué pasa con los de arriba? Para que existiera una meritocracia o la movilidad social fuera “perfecta”, los hijos de familias aventajadas deberían caer en ocupaciones no cualificadas o renta baja si no se esfuerzan lo suficiente o muestran talento.
En la realidad, las clases altas tienen recursos económicos, culturales y sociales para garantizar que sus hijos no se despeñen en la escalera social: gozan de un suelo de cristal, red de seguridad o paracaídas. Son solo ellos quienes pueden permitirse el lujo de equivocarse, no esforzarse o tener bajas habilidades productivas. Tienen más segundas oportunidades y por ello las clases altas rompen la meritocracia con sus privilegios. Un ilustrativo ejemplo reciente es el escándalo Varsity Blues por los sobornos de familias de alto estatus para que sus hijos, que no eran muy brillantes, fueran admitidos a universidades americanas de élite.
Si de verdad tanto quieren una meritocracia, las clases sociales más aventajadas deberían estar dispuestas a renunciar a parte de sus privilegios para igualar el terreno de juego y que haya una competición sin trampas. Solo si esto sucediera, que no lo hará, tendría sentido hablar de meritocracia.
La pescadilla que se muerde la cola. La meritocracia sufre una contradicción intrínseca que la convierte en una falacia circular: no cuestiona el nivel de desigualdad de ingresos o de riqueza en la sociedad, lo que se conoce como desigualdad de resultados o premios en la carrera. Esta desigualdad incentivaría en cambio el trabajo duro, la creatividad y la innovación. En una meritocracia perfecta, habría movilidad social hacia abajo y hacia arriba: los hijos de las elites bajarían en el ascensor social con la misma probabilidad que los hijos de clases trabajadoras subirían. Habría un cambio de cromos en la estructura de clases sociales, pero la pobreza, la precariedad y las desigualdades económicas y de riqueza seguirían intactas.
Ya sabemos que es imposible en la práctica, pero incluso si hubiera igualdad de oportunidades en la generación de los padres, estos conseguirían resultados muy diferentes en términos de recursos culturales y económicos que después transmitirían a sus hijos. Esta desigualdad de resultados sin límite, que consiente la meritocracia, imposibilita la igualdad de oportunidades en la generación de los hijos. Combinar mucha movilidad social o igualdad de oportunidades y mucha desigualdad de resultados es incompatible en la práctica. Las sociedades modernas más igualitarias del planeta, las nórdicas, dan buena cuenta de ello. Aunque el expresidente demócrata de Estados Unidos, B. Obama, no prometía la igualdad de resultados, sí que sabía que la combinación de desigualdad y baja movilidad social deja desvelado al sueño americano:
“La premisa de que todos hemos sido creados iguales es la razón de ser de la historia americana. Y dado que nosotros no prometemos igualdad de resultados, nos hemos esforzado por dar igualdad de oportunidad a todos – esta es la idea de que el éxito no depende de haber nacido en la riqueza o el privilegio, sino que depende del esfuerzo y el mérito”. […] “Las tendencias combinadas del aumento de la desigualdad y la disminución de movilidad amenazan fundamentalmente el Sueño Americano, a nuestra forma de vida, y lo que representamos alrededor del mundo”. B. Obama (2013).
La meritocracia como una pobre concepción de la igualdad
Lo podemos pensar como una pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad: ¿queremos vivir en un rascacielos sin ascensores ni escaleras donde una subclase malvive en el sótano sin luz ni agua mientras la elite del ático bebe champagne en el jacuzzi? Los del ático y los del sótano serían siempre hijos de las mismas dinastías familiares ¿O preferimos vivir en un edificio más bajo, horizontal y abierto en el que las plantas estén conectadas por escaleras mecánicas de subida y de bajada?
Bajo las lentes de la meritocracia liberal, la sociedad se entiende como una competición por la distribución de los recursos, por los trabajos más prestigiosos y mejor pagados. La otra pregunta que debemos hacernos como sociedad es si lo que valora el mercado, los premios que se dan a los ganadores de la carrera, son los mejores criterios para determinar nuestro bienestar colectivo. Que el mercado recompense un trabajo con un salario 500 veces más alto que otro no implica que este trabajo sea 500 veces más útil o beneficioso para la sociedad, que esta persona se haya esforzado 500 veces más, que su esfuerzo valga 500 veces más, que su trabajo tenga 500 veces más responsabilidad o que sea 500 veces más difícil de desempeñar. Repítelo 500 veces conmigo. Quizá sería hora de dignificar el trabajo y su valor también por debajo y mejorar las condiciones económicas y laborales de la mayoría, la de los trabajadores. La igualdad no está reñida con el crecimiento económico, hasta el Fondo Monetario Internacional lo ha reconocido.
Al César lo que es del César: tampoco sería justo que hubiera igualdad total de resultados o recompensas, ya que no habría ningún incentivo para esforzarse o asumir responsabilidad. Cómo dijo M. Rajoy allá por 1984, no es cuestión de “equiparar a quien por capacidad, trabajo y méritos son claramente desiguales”, pero tampoco es que se pretenda, cómo también temía Rajoy, “explotar la envidia y el resentimiento para asentar sobre tan negativas pulsiones la dictadura igualitaria”. Se trata de otra cosa, de la última pregunta que tenemos que responder: ¿cuánto queremos (re)compensar y tasar a los “ganadores” y a los “perdedores” de la carrera si no podemos separar sus circunstancias de sus méritos? Aunque hasta hace poco la respuesta del liberalismo y la socialdemocracia era relativamente unánime, esta pregunta es un dilema moral que hoy representa una gruesa línea roja entre la izquierda y la derecha. De cómo resolvamos este dilema dependerá nuestra capacidad para construir sociedades con mayor igualdad de oportunidades y despertar del sueño americano porque, cómo decía el cómico George Carlin, que en paz descanse: “se llama sueño americano porque hay que estar dormido para creérselo”.
La meritocracia es una meta e ideal político muy pobre, vacío de contenido, un canto de sirena que nos distrae de las políticas públicas realmente necesarias para construir sociedades más justas y que exploten el potencial personal y productivo de todos sus ciudadanos, independientemente del accidente de nacimiento ¡Despertemos y manos a la obra!
Notas:
Carlos Gil es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo (Italia), gracias a la beca Salvador de Madariaga del Ministerio de Educación, con la tesis Cracking Meritocracy from the Starting Gate (2020), premiada por el European Consortium for Sociologial Research (ECSR). El artículo está basado en esta tesis y un capítulo del libro La movilidad social en España (2015), coescrito con Ildefonso Marqués y publicado por Catarata.
La encuesta sobre la monarquía de la Plataforma de Medios Independientes [PMI] manifestó la potencia del periodismo que practica la colaboración con el público y entre distintos medios. Como señalaba en la ponencia inaugural y en el primer resumen que hice de este debate, la PMI ofrece información como bien común; es decir, que se elabora y sostiene de forma mancomunada. La PMI sería un germen del Cuarto Poder en Red que quisiera promover este debate, abierto hace más de dos meses y que ha contado con 26 intervenciones. Nuestro agradecimiento a los autores y una primera conclusión: sigue abierto con una enorme vitalidad y urge concretarlo en iniciativas futuras de la PMI.
UN DEBATE CARGADO DE FUTURO
La mayoría de las intervenciones -como las de Carolina Bescansa, Cristina Flesher o Miren Gutiérrez- constataban la precariedad del apoyo social a la Corona, además de una clara fractura territorial y generacional. Sin embargo, no existe (aún) una mayoría social republicana suficiente. Y el proyecto republicano -como señalaban Felipe Gómez-Pallete, Paz Torres y Gabriel Flores- carece de hegemonía en el campo institucional y mediático. Así lo demuestran el retrato de la monarquía en el cine y la televisión –que diseccionaron Manuel Palacio, Vicente J. Benet y Sara Martín– o la Prensa de la que se ocuparon Fernando Ruíz, Marià de Delàs, Manuel Garí, Carlos J. Bugallo o J.L. F. del Corral. La indignación moral que expresaron Alfons Cervera o Manuel Chaparro se explica con la crisis de la mediación periodística que identificó Sánchez-Cuenca, el análisis de Paula Pof sobre el estado de la enseñanza de la profesión o la apuesta de David G. Marcos por una emancipación comunicativa alcanzable, claro está, a través de una comunicación emancipadora.
El relato periodístico predominante, desvelaba Josep Lluís Fecé, contrapone el orden al caos: identifica el primero con la monarquía y el segundo con la república. La estrategia de defensa monárquica minimiza y blanquea las corrupciones de La Zarzuela limitándolas al periodo reinante del ex-monarca (que queda, así, impune) y pretende eximir a su familia extensa, la consorte y el hijo heredero.
A pesar de la endeble solidez jurídica –demostrada de forma ejemplar por Carlos López-Keller Álvarez– este relato de la prensa cortesana blinda a la Corona. Para ello, airea los trapos sucios (sólo los de Juan Carlos I) de forma parcial, inconexa y discontinua. Con espasmos -según las urgencias de la regularización y la prescripción de los delitos– los tertulianos y editorialistas escenifican un escándalo moral que escamotea la rendición de cuentas.
Pero resulta imposible blanquear toda la colada de palacio. Los errores “puntuales” y “personales”, los pecados “veniales” y los fallos “menores” “del pasado” cobran verdadero alcance y magnitud cuando periodistas de la talla de Esther Rebollo hacen inventario; en su caso de los desmanes e intercambios de favores entre la casa de Borbón y la de Saud. Una auténtica pesadilla de 1.000 y una noches de farra compartida, connivencia y expolio de las arcas públicas.
UNA LÍNEA EDITORIAL COMPARTIDA PARA LA PMI
Sato Díaz, ex-director de Cuarto Poder, tomó la palabra cuando, por desgracia, cerró “su” medio… Ahora tenemos opción de recuperarlo desde la PMI en un Cuarto Poder en Red, Sato ;-) La urgencia cotidiana impidió tomar aliento y perspectiva a otros compañeros y compañeras. Quien escribe y Marià Delàs advertimos del riesgo de la irrelevancia para los medios sesgados por el “minifundismo” e “indiferentes” a la periferia. El gran Juan Tortosa denunció los vínculos entre “precariedad y sectarismo” y desafió el corporativismo que tapa vergüenzas propias y ajenas de connivencia con el poder. Considerando estas contribuciones y que los medios de la PMI mantienen líneas editoriales próximas, me permito señalar tres principios con los que funcionar en el futuro. Se trata de avanzar en el modelo de plataforma digital, que respete la autonomía de cada medio, pero dándoles la capacidad de influencia que solo pueden lograr si colaboran entre ellos y con sus públicos.
(1) Rehuir el proselitismo y (2) el reduccionismo del proyecto republicano o de reforma constitucional a la celebración de un referéndum. Porque (3) el periodismo, a diferencia de los gabinetes de relaciones públicas y la mercadotecnia electoral, no recluta votantes ni supedita su independencia a una meta partidaria. Aspira a que la razón democrática prevalezca sobre la razón de Estado y su Jefatura. ¿Cabe más alta misión?
El periodismo independiente no imparte doctrina ni directrices. Hace, en cambio, pedagogía democrática. Sin sermones ni arengas. Facilitando que la población ejerza sus derechos. Informar consiste en abrir debates, transmitir y repartir conocimiento; es decir, poder. En democracia el Pueblo lo ejerce sin tutela y apenas censura, investido del derecho a decidir. La titularidad de este derecho libera a la ciudadanía de la servidumbre y el vasallaje. La democracia universaliza la autodeterminación y el autogobierno, en el nivel personal y colectivo; extendiéndolos a la plebe.
Este marco ofrece potencial emancipador y democratizador. Y se mantiene vivo sólo si el derecho a decidir no se limita a celebrar un referéndum sobre la Corona o o la configuración territorial del Estado. En el Manifiesto por un nuevo republicanismo, sosteníamos que “la soberanía real (con minúsculas, pero inconmensurable) es, ante todo, alimentaria, tecnológica, científica y humanista”. Ese master frame –marco o encuadre general– para ser un “sueño eficaz” englobaría otros marcos y objetos de debate más concretos. Podría llegar a abordar cambios en la Jefatura y la organización territorial del Estado. Pero rebasa esos objetivos con creces: “[para el nuevo republicanismo] la paz se cifra en la defensa inalienable de los derechos humanos, dentro y fuera de las fronteras. Y se articula en los derechos sociales, el compromiso cívico y los cuidados mutuos”. “Dentro y fuera de las fronteras” son las seis palabras clave de la cita.
El periodismo independiente no es proselitista ni adoctrinador. Guarda distancia crítica respecto a programas políticos concretos y los desborda. Un medio informativo no es un púlpito para impartir dogmas. Ni una plataforma de relaciones y campañas públicas. Menos aún, una trinchera de combate ideológico o cultural. Un medio independiente lo es porque atiende a la agenda de su público. Le pregunta por sus preferencias, como hizo la PMI con la monarquía, y abre debates sin prefigurar el resultado.
PERIODISMO INDEPENDIENTE EN VEZ DE PROSELITISMO REPUBLICANO.
La encuesta de la PMI anuncia aires de cambio, pero no augura un tsunami republicano. En todo caso, se instaló en Cataluña y podría desatarse en Euskadi. En el resto de las autonomías, el republicanismo carece (por ahora) de respaldo institucional y social para forzar un cambio. Quizás resulta prematuro gritar “Abajo el Rey”. El desenlace de una consulta resulta incierto y sus consecuencias últimas, más que problemáticas.
No olvidemos que el 48% de los encuestados apostaban por un presidente “elegido directamente y con amplios poderes”. Muchos menos (28%) que quienes lo preferirían elegido por “el Parlamento y con pocos poderes”. Por desgracia, el presidencialismo duro casa bien con el militarismo. También con la ultraderecha de Vox, la muleta del destropopulismo o trumpismo que ha tomado las riendas del PP. Recordemos también que las FAS, bajo mando supremo del Rey, figuran en la encuesta de la PMI como la institución que despierta más confianza. Recibe una valoración de 6,3 sobre 10, frente al 3 de los partidos políticos. ¿Podría, entonces, el “viejo” republicanismo acelerar una involución democrática?
El imaginario de la II República carece de arraigo transversal y articulación institucional. A la amnesia oficial y la distorsión de la memoria histórica, se suma la instrumentalización, en no pocas ocasiones doctrinaria y sectaria, del legado republicano. Peleas intestinas no resueltas en quienes se arrogan “la izquierda” o el “progresismo”, escasa auto-crítica y demasiadas exclusiones (la del anarquismo, la más evidente) minan el frente republicano. Y lo debilitan en las guerras culturales que la (ultra)derecha disputa en bloque. Frente al negacionismo y la equidistancia guerracivilista, el memorialismo republicano quizás ofrece un exceso de melancolía. Su panteón de figuras, los credos y las filiaciones siguen todavía en disputa.
El periodismo, instalado en narrar el presente y el pasado próximo, debiera proyectarse hacia el futuro, rescatando figuras con carga emancipatoria en el presente. Las pioneras en la igualdad y la participación femeninas en la esfera pública serían un buen ejemplo. Desacralizar y desembalsamar el legado republicano requiere autocrítica e imaginación. Precisa una re(creación) distribuida y plural que actualice el proyecto de una III República, proyectando un futuro abierto a toda la ciudadanía.
¿Hará la PMI un editorial conjunto el próximo 8M para “Salvar a la Princesa Leonor”? Sería una vía para acercar el nuevo republicanismo a todas a aquellas que se niegan a verse reducidas a un papel reproductivo. Desvincularía el amor de los linajes (con)sanguíneos y liberaría a la heredera de la Corona de un matrimonio concertado por el pedigree y el patrimonio. ¿Recogerá firmas la PMI para que, coincidiendo con el próximo 23-F, se derogen la Ley de Secretos Oficiales, la Ley Mordaza o el Decreto Ley que permite suspender webs y cerrar internet sin autorización judicial previa? Son el marco legal que impide cuestionar la Corona y su blindaje constitucional.
Se trataría, entonces, de ir construyendo el escenario y acercando la hora de decidir sin ira, sin urgencias, sin miedo, sin tabúes y sin complejos (como la ultra-derecha). Pero desde el respeto democrático. Es decir, aportando toda la información y todas las voces relevantes, con un enfoque que nos conecta con las democracias de nuestro entorno donde la monarquía es una anomalía. Y donde el exilio republicano colaboró en derrotar las dictaduras nazifascistas. Se trataría, pues, no de guillotinar periodísticamente a los Borbones sino de avanzar hacia un sistema político-informativo en el cual se les pueda fiscalizar y, si está justificado, cesar, sin que por ello se tambalee todo el marco institucional.
El relato del nuevo republicanismo exige informar (insisto, no arengar) con el retrovisor del pasado, pero encendiendo las luces largas: mirando hacia delante, por caminos no trillados y sobrevolando las fronteras territoriales, ideológicas e identitarias; sin nostalgia ni melancolía. La controversia, que se solapó a nuestro debate, sobre figuras atravesadas de contradicciones y manipuladas por el franquismo, como fue Unamuno, también pueden promover un republicanismo laico (sin dogmas ni santorales) más allá de los iconos clásicos que son objetivo de la (ultra)derecha.
El republicanismo necesita disputar un relato con marcos discursivos renovados, plurales y compartidos. Abiertos a sectores desafectos. Y nunca reactivo a las guerras memorialistas. Es preciso denunciar las provocaciones sin responder a ellas de forma inmediata y automática. Buscan anclar el debate en divisiones fraticidas y en la idea del fracaso colectivo que han reactualizado con la pandemia. Civilizar el discurso público, en el sentido de desmilitarizarlo y anclarlo en los derechos humanos y civiles, es la tarea más urgente.
No habiendo, por ahora, mayoría social suficiente y decantada por la III República, ni memoria histórica, cultura política y periodística propicias, habría que tejerlas en red. Una PMI con medios distintos pero de líneas editoriales convergentes impulsan agendas temáticas y debates prohibidos. La deliberación mediática-social previa y los sujetos que se construyen en el camino importan más que las convocatorias o consultas electorales.
ANTES DE RECLAMAR UN REFERÉNDUM, FACILITEMOS UNA UNA DELIBERACIÓN QUE LO HAGA INEVITABLE Y DESBORDE SU ALCANCE.
Ante una consulta ciudadana, una periodista no diseña ni realiza la campaña. Puede y hasta debe desvelar sus preferencias, como hacen algunos medios y profesionales de la PMI. Además de ser un gesto de honestidad intelectual, previene al público ante posibles sesgos. Las campañas son competencia de los spin doctors, fontaneros y publicistas del poder. Un/a periodista, en cambio, se debe al público y le sirve como contrapoder. Examina la consistencia de esas campañas: el apoyo popular, los intereses en juego y las consecuencias que se derivan de una u otra opción. Sin adoctrinar ni sumar prosélitos, el medio independiente ofrece una plataforma para debatirla. Y, para no incurrir en el sectarismo, intenta que todas las partes se expresen y una mayoría transversal alcance consensos inclusivos. Es decir, apela e intenta sumar el mayor número de gentes y perfiles.
La ideología, el credo o la identidad del informador no suponen problema alguno. Lo peligroso sería que, desde la indefinición y el interés propio, adoptase los del dueño o el anunciante del medio en el que trabaja. Un informador profesional es consciente de sus sesgos. Los explicita ante sí mismo y su público. Y se previene frente a ellos aplicando un protocolo profesional para que la subjetividad no condicione los temas que aborda o las fuentes que consulta. Recelar de sí mismo, del jefe de redacción, de sus correligionarios o de su tribu urbana es una actitud periodística elemental. Y se traduce en prácticas profesionales antagónicas a las del publicista. Este último sirve a su cliente la versión que demanda; ya sea un eslogan para una campaña o una noticia que, en realidad, es publicidad o propaganda encubierta.
La función deliberativa de la prensa tiene más recorrido y conjuga más intereses públicos en juego. El debate sobre la Jefatura del Estado se vincula inevitablemente al de un Estado unitario o plurinacional. Por tanto también a una reforma de la Constitución, que en la encuesta de la PMI apoyaba un aplastante 72 % (frente al menguado 14%, que no la considera necesaria). El objeto y el alcance de la reforma no están claros entre los encuestados. ¿Modernizar o jubilar a la monarquía? ¿Para eliminar las Comunidades Autónomas o darles carácter federal? Para el periodista independiente solo cabe anteponer los electorados (en plural) a las estrategias partidistas.
La deliberación debiera importar más que el resultado del referendo. Porque la calidad del debate determina el carácter democrático del resultado. Al periodismo independiente le compete facilitar una deliberación que resulte en consultas a la busca de nuevos consensos. Normalizarían el derecho a disentir y a seguir alcanzando acuerdos que, de forma forzosa, se entienden temporales y que necesitan renovarse cada cierto tiempo. Esa es la propuesta del patriotismo constitucional, formulado por Jürgen Habermas y secuestrado por la (ultra)derecha constitucionalista.
Antes de reclamar un referéndum, recordemos los tres precedentes con que contamos (además de las “elecciones” y “refrendos” del franquismo). El Referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política sirvió (según reconoció el propio Adolfo Suárez) para introducir la monarquía “por la puerta de atrás” en 1976. El referéndum de 1978 la blindó en la Constitución, haciendo casi imposible reformarla. Y el de la OTAN resultó una tomadura de pelo y un fiasco. El PSOE pasó de pedir el No al Sí. El PP recorrió el camino inverso, solicitando el No. Y los ministros de Defensa del PSOE y PP gestionaron el resultado sin problemas. Desde 1986 seguimos en la OTAN vulnerando las condiciones del referéndum. Por tanto, convocar una consulta sobre la monarquía no garantiza la coherencia partidista ni el cumplimiento de un mandato popular que, además, no está decantado. Por último, el bloque republicano de las izquierdas y los nacionalismos periféricos no tiene un relato sólido y compartido en comparación con el “Dios, Patria y Rey” que une a la (ultra)derecha.
Plantear una reforma constitucional cosmética de la Corona parece la opción menos arriesgada para los partidos clásicos del bipartidismo. Representa la opción gatopardista, al estilo de Lampedusa (cambiar para que todo siga igual) y Felipe González (gato blanco, gato negro, lo que importa es que el rey felino cace ratones republicanos y separatistas). Pero ¿satisfará a los votantes socialistas con pulsión republicana? ¿Renunciará el PP a patrimonializar la Constitución y la bandera rojigualda? ¿Y Vox, a emplearlas como martillo de independentistas, etarras y bolivarianos?
La ultraderecha (post)franquista odiaba a Juan Carlos I por traicionar al Movimiento Nacional cuyos principios había jurado. Años después, el aznarismo se alió con medios y periodistas conservadores para conspirar contra él. Contrapusieron su figura a la de su padre, Don Juan, intentando que cediese el trono a Felipe VI. La derecha sostenía entonces que el juancarlismo, hermanado con el felipismo, aseguraba la continuidad de los gobiernos socialdemócratas acosados por la corrupción en los años 90.
Ahora que se habla tanto de polarización, cabe recordar que fue entonces cuando arrancó la estrategia de la “crispación”, como señalaba Juan Tortosa en su texto. Uno de sus principales muñidores, Luis María Anson, la definió como “una operación de acoso y derribo que efectivamente hicimos, y la hicimos muy bien». Resulta difícil expresar con mayor rigor y descaro la relación de los medios conservadores con los Borbones: gestionan las cloacas y esto les da una enorme ventaja frente a los republicanos vetados en la corte.»Para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado», añadió Anson. El aventurismo destropopulista es, por tanto, capaz de girar su agenda 360º, según capitalice y rentabilice la polarización. Todo indica que un referéndum inminente le daría alas; al menos, al sur del Ebro.
ANTEPONER LA RAZÓN DEMOCRÁTICA A LA RAZÓN DE ESTADO(S).
¿De qué proyecto nacional sería Felipe VI seña de identidad? Esta es la pregunta-nudo gordiano. ¿Lo desanudará el gatopardismo, el unionismo involucionista o el enfoque plurinacional? Estas, y por este orden, parecen ser las posibles salidas. La primera ofrece un vuelo corto en el horizonte que proyecta la sociedad civil. Que la Corona representase la plurinacionalidad exigiría a La Zarzuela, al nacionalismo español y a los periféricos una refundación radical, a largo-medio plazo. Y, por último, el club de Visegrado demuestra que la UE no es un club exclusivo para democracias. La debacle socioeconómica tras la pandemia y la parálisis de reformas estructurales podría convertir a España en la Bulgaria del Sur de Europa. Enric Juliana advertía de esa posibilidad en el foro de CTXT que debatió la encuesta de la PMI sobre la monarquía.
La ansiedad y el dolor social provocados por la COVID-19 son caldo de cultivo de antagonismos y aventuras destropopulistas. El proyecto republicano y plurinacional, que abrazaría la PMI, requiere una transversalidad y una mayoría electoral de las que carece la actual coalición de Gobierno. Los aliados independentistas no comparten proyecto nacional y cohesionan el unionismo, también arraigado en el PSOE o el PCE. La posibilidad de que J.M Aznar o un émulo de Bolsonaro presidiese la III República española no justifica cerrar el debate o renunciar al referéndum. Al contrario, abrir la deliberación y normalizar el derecho a decidir, aplicándolo a cuestiones políticas de menor entidad, serían las vías más democráticas para conjurar el riesgo de degradación o involución. No es este el espacio donde concretar estas medidas. Y, en todo caso, implica una tarea de reflexión colectiva que supera este espacio.
Una cosa está clara: las actuales posiciones partidarias y los apoyos sociales al marco constitucional están cambiando. El objeto de la consulta y el demos que decida serán disputados. En lugar de supeditarse a los planteamientos partidarios actuales, el periodismo independiente debería promover debates que los superasen, (re)tejiendo una memoria y una cultura política democráticas. Insisto, el marco discursivo general (master frame) podría ser el derecho a decidir. Podría aplicarse a la Jefatura del Estado, el modelo territorial y/o una nueva Constitución. Pero debates previos o en paralelo ampliarían y aplicarían el derecho a decidir a otros planos mucho más mundanos; por ejemplo, la soberanía alimentaria, energética y tecnológica. Esta agenda a refrendar tiene un impacto cotidiano sobre la vida de la ciudadanía muy superior a la ultrapasada soberanía nacional.
No es misión de periodistas priorizar la razón del Estado ni de ninguna otra “comunidad imaginada” que se esgrima como fundamento de nuevos estados nacionales. Esto implica no plegarse a estrategias ni tacticismos electorales. Como demostró la encuesta de la PMI, hay que sentar las bases del diálogo público y ampliar el derecho a decidir hasta donde sea posible. Normalizar la autodeterminación individual y colectiva – el primer principio democrático – es la misión periodística por excelencia. Exige, como advierte el maestro Martín Caparrós, contarle al lector lo que no quiere oír ni saber. He intentado seguir su consejo.
Faltaría proponer prácticas periodísticas e iniciativas concretas para seguir abriendo la esfera pública. He apuntado algunas, pero no soy quién para prescribir cómo orientar las redacciones. Me limito pues a señalar esta tarea pendiente de la PMI y les emplazo a la conversación que cerrará este debate.
El lunes 10 de mayo a las 17:00 nos reuniremos con Miguel Mora, director de Contexto, y Patricia López, periodista de investigación de Público. Repasaremos la cobertura preelectoral en Madrid y el legado comunicativo del 15M. ¿Fue posible informar con independencia sobre las candidaturas en liza? ¿Qué queda del revulsivo quincemayista tras diez años de existencia? El 15M pretendía tejer con los periodistas una red de contrapoder informativo, basado en la colaboración entre medios independientes y la ciudadanía. La encuesta sobre la Corona fue ejemplo de ello, así como esta información sobre las tramas económicas, policiales y mediáticas de la Comunidad Autónoma de Madrid elaborada entre CTXT y Público. Una vez más, el debate está abierto a su participación. Financiemos, pues, los medios de la PMI, co-produzcamos sus agendas y viralicemos contenidos. Basten tres ejemplos de cómo hacerlo factible.
En paralelo a este debate y en colaboración con El Salto, convertimos un Trabajo Final de Grado de Periodismo (habrá más) en piezas de investigación; en este caso sobre la financiación fraudulenta de los medios de la Alt-Right y la (ultra)derecha por parte de la CAM. Desde Luzes de Galiza y en colaboración con Público, celebramos la segunda edición del festival Abril Republicano. Y en junio ofreceremos un Taller de Seguridad Digital para Periodistas. Porque la soberanía tecnológica es condición necesaria para proteger las fuentes, la investigación en curso y, por tanto, su independencia. Periodismo ciudadano de investigación, cultura popular y autonomía tecnológica. Tres pilares del Cuarto Poder en Red en el 10º aniversario del 15M.