Hay que esforzarse por debatir más de políticas que de meritocracia en público

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  Carlos Gil

  Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo (Italia), con la tesis Cracking Meritocracy from the Starting Gate (2020), premiada por el European Consortium for Sociologial Research (ECSR)

Uno de los principales problemas en la acalorada discusión pública sobre la meritocracia es la confusión generalizada sobre su significado y el papel del esfuerzo. Hay dos interpretaciones que hay que aclarar antes de tener un debate serio sobre las políticas y acuerdos necesarios para mejorar la igualdad de oportunidades: (1) la meritocracia como mecanismo de selección y (2) la meritocracia como ideología cargada de (pre)juicios morales. Una vez aclaradas, veremos que la meritocracia es una concepción muy pobre de la igualdad y que hablar de ella en público agita el avispero ideológico, desviando así la atención de las políticas indispensables para construir sociedades más justas.

La meritocracia como mecanismo de selección

Por un lado, la meritocracia puede entenderse como un mecanismo de selección o asignación de las posiciones y recompensas valoradas en una sociedad basado en el mérito del individuo, sea lo que sea el mérito, quién lo define y si es posible medirlo — un debate clave que abordaré más abajo.

Nadie dijo que no haya que esforzarse. Ya desde las revoluciones liberales del siglo XIX se hacía énfasis en la carrera abierta al talento en las burocracias estatales para derribar las sociedades aristocráticas donde la posición social era directamente heredada por linaje familiar, tradición o propiedad. En las democracias actuales, la mayoría de los ciudadanos prefiere que el sistema educativo, el mercado de trabajo o las instituciones públicas se rijan por los criterios más transparentes y objetivos posibles en los procesos de selección, evaluación y promoción — como la capacidad y el trabajo duro. Pocas personas consideran que esforzarse no sirva para nada y que no haya que hacerlo para salir adelante. Que se recompense —eso sí, de forma igualitaria— el esfuerzo es necesario para motivar e incentivar a la gente para, por ejemplo, cursar estudios más difíciles o trabajar en ocupaciones con mayor responsabilidad. Esto es lo mínimo que se espera del capitalismo: una competición justa en la que se recompense a cada uno según sus méritos individuales y lo que el mercado valore en ese momento histórico, independientemente de si vienes de abajo o de arriba, de tu género, orientación sexual u origen étnico.

Últimamente se ha desviado interesadamente el debate sobre la meritocracia hacia el peligro de cuestionar la sacrosanta trinidad de levantarse temprano, trabajar duro y ser resilientes y difundir así la cínica idea de que esforzarse no vale para nada a nuestros ingenuos jóvenes. ¡A ver si van a quedarse en casa de brazos cruzados a esperar la “paguita”! Así, se desvía la atención de una segunda interpretación de la meritocracia menos idílica: la meritocracia como caballo de troya del liberalismo extremo, el statu quo y la legitimación de desigualdades injustas para aquellos desafortunados en la lotería social y genética. Nadie elige ni merece las (des)ventajas de nacer en una familia con menos o más recursos o heredar unos u otros genes que influencian el desarrollo de las habilidades productivas que valora el mercado.

Para que quede negro sobre blanco: esforzarse es importante para conseguir los objetivos que uno se proponga y sobre todo si vienes de abajo. Por algo se llama clase trabajadora. Dicho esto, si vienes de clase obrera, tener talento y trabajar duro no te garantiza los mismos resultados que a alguien que venga de la elite y también se esfuerce, o incluso no dé palo al agua — que se lo digan a Froilán. Que el mismo esfuerzo no tenga la misma recompensa según la clase social en la que has tenido la fortuna de nacer no quiere decir que el esfuerzo no tenga valor, sino que la meritocracia es un timo. El esfuerzo solo podría justificar desigualdades entre personas que han nacido en las mismas circunstancias de clase y, como no podemos cuantificar todas estas circunstancias, quizá podríamos centrar nuestros esfuerzos en ofrecer más oportunidades en lugar de juzgar quién merece qué antes de ofrecerlas. Podemos aspirar a más como sociedades democráticas que competir en una carrera amañada desde el pitido de salida para repartir los trabajos y bienes que valoramos.

La meritocracia como sistema ideológico

En su segunda interpretación, la meritocracia es un sistema ideológico de legitimación de la desigualdad que da por hecho el hollywoodiense sueño americano de que hay igualdad de oportunidades. El sueño de que, si te levantas muy temprano, te esfuerzas mucho y te buscas un buen coaching, no habrá obstáculo que te impida conseguir aquello que te propongas: ya sea ser astronauta, millonario, influencer, jugador de fútbol, CEO de una multinacional o estrella del trap, tú lo vales. Si no lo consigues, podrás culparte solo a ti mismo por tus malas decisiones y por tu falta de habilidad, empeño o carácter. Tuviste poco autocontrol y te comiste la golosina de la mesa en lugar de esperar media horita más para tener dos. Cada uno recibe lo que se merece, ni más ni menos ¡Espera, la meritocracia no siempre fue así, me la han cambiado!

El origen distópico de la meritocracia y su metamorfosis liberal. La palabra meritocracia es joven y nació como una sátira distópica del sociólogo Michael Young para denunciar los peligros de una sociedad que aplicara a rajatabla la fórmula mérito = habilidad + esfuerzo para elegir a sus elites gobernantes. En esta sátira ambientada en Gran Bretaña, las posiciones en la estructura de clase se deciden desde la escuela primaria sin tener en cuenta las desigualdades socioeconómicas de partida entre las familias para puntuar más alto o bajo en esta fórmula meritocrática. No en vano, el término meritocracia se acuñó como una crítica a la reforma del segregador sistema educativo inglés de 1944, que introdujo la diferenciación temprana de itinerarios curriculares —el equivalente español del bachillerato o formación profesional— basada en una prueba de cociente intelectual a los 10 años. El cuento de la meritocracia acabó como el rosario de la aurora, con una rebelión de las clases sociales perdedoras en 2033, despreciadas por el desdén de la oligarquía ganadora. En lugar de una sociedad eficiente y justa, la meritocracia derivó en una tiranía cruel y despiadada con los menos afortunados.

Poco a poco, pero sobre todo desde los años 80, la meritocracia sufrió una dulce metamorfosis hasta derivar en un sistema ideológico que justifica las desigualdades y pone el foco en la responsabilidad del individuo. Se moraliza la desigualdad y no se reconoce ni las circunstancias materiales ni los factores estructurales que la explican. Como consecuencia de este martillo pilón ideológico y en paralelo al incremento de la desigualdad de ingresos y riqueza, ha crecido también la creencia en que nuestras sociedades son meritocráticas. Ya se sabe, “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”.

Así, casi sin darnos cuenta, la meritocracia se convirtió en un slogan vacío de políticas que promete el sueño americano para todos. Un ebrio brindis al sol tal y como ya lo expresara Tony Blair, ex primer ministro británico y máximo exponente de la tercera vía socialdemócrata tras la caída del bloque comunista. De estar a años luz de ser una meritocracia en 1995, Blair se regocijaba de que, solo dos años después, mientras se desmantelaban los estados de bienestar y se privatizaba la economía, ya lo habían conseguido:

“Estamos a años luz de ser una verdadera meritocracia” (Julio de 1995). “Quiero una sociedad basada en la meritocracia” (Abril de 1997). “La Gran Bretaña de las elites se ha acabado”. “La nueva Gran Bretaña es una meritocracia” (Octubre de 1997). “El antiguo establishment está siendo reemplazado por una nueva, más grande y más meritocrática clase media” (Enero de 1999). T. Blair

Aunque Michael Young se tirara de los pelos, apelar a la meritocracia se convirtió en un comodín aspiracional, una cortina de humo tanto liberal como socialdemócrata (de tercera vía), para vender la moto del ascensor social y no abrir el melón del frigorífico: ¿qué políticas públicas y grandes acuerdos entre fuerzas políticas hacen falta para reducir las desigualdades de clase y conseguir mayores niveles de igualdad de oportunidades? ¿A qué privilegios tendrían que renunciar las elites para tal envite?

No hay lugar ni momento justo para evaluar el mérito. La carrera es una metáfora recurrente para ilustrar cómo se reparten las posiciones sociales y recompensas económicas valoradas en una sociedad bajo la meritocracia. Imaginemos una carrera de velocidad en la que se dibuja la línea de salida en la misma posición para todos los participantes y así compitan en igualdad de partida. A partir del pistoletazo de salida, las posiciones finales y los trofeos serían solo una función de la habilidad (velocidad) y el esfuerzo (entrenamiento previo) de los corredores.

Si aplicamos esta metáfora a nuestro sistema educativo o mercado de trabajo, ¿cuándo sería justo dibujar la línea para que empiece la carrera por el estatus socioeconómico en igualdad de condiciones y evaluar el mérito? ¿Al nacimiento, en la educación primaria o en el mercado de trabajo? ¿Cómo diferenciamos el mérito individual de las circunstancias familiares que escapan a nuestro control y que ayudan o dificultan desarrollar este mérito? ¿Cómo separamos nuestras decisiones responsables de las circunstancias materiales que las preceden y posibilitan?

Desde el nacimiento, e incluso antes, ya empiezan a gestarse desigualdades de clase, a través de los recursos culturales y económicos familiares, en el desarrollo de aquellas habilidades productivas —cognitivas y socioemocionales— que luego serán recompensadas con calificaciones y sueldo por los evaluadores del mérito en el sistema educativo y mercado de trabajo: los profesores y los empleadores. La educación es el principal canal para la movilidad social de los hijos de la clase trabajadora, al no contar con un capital y patrimonio considerable que heredar. En la meritocracia liberal, se da por sentado que los sistemas educativos públicos son suficientes para compensar las desigualdades de partida e igualar las oportunidades de acumular las competencias que más recompensa el mercado. A pesar del meritorio esfuerzo de la comunidad educativa en hacer que estas desigualdades no fueran aún más grandes, si no existiera la escuela pública, estás desigualdades de clase en el desarrollo del mérito académico se mantienen casi intactas a lo largo del sistema educativo y no se han reducido significativamente en las últimas décadas.

Así, se pone todo el peso y la culpa de la política social en el sistema educativo público y la (falta de) habilidad individual. El papel de la escuela pública como igualador social es crucial, pero es solo condición necesaria, ya que, por cada acción política para igualar el terreno de juego, habrá una reacción de las clases privilegiadas para ir varios pasos por delante. Por ejemplo, a través de la educación privada, que no para de crecer. ¿De verdad somos tan ingenuos de creer que solo por facilitar el acceso a la universidad pública a las clases trabajadoras vamos a erradicar la desigualdad de oportunidades? Hay una infinidad de canales por los que los hijos de clases altas seguirán aún en ventaja para conseguir una mejor posición en el mercado de trabajo: la formación privada y en el extranjero, la transmisión de capital y patrimonio, los contactos, la información privilegiada o el know-how de cómo funcionan las bambalinas de las instituciones.

Volviendo al ejemplo de la carrera, imaginemos que el ganador tiene la línea de salida adelantada con respecto al resto de corredores partiendo así con varios metros de ventaja, empieza a correr cinco segundos antes del pitido de salida, calza las mejores zapatillas del mercado y ha entrenado en el mejor club de atletismo con Usain Bolt como instructor personal. El resto de los corredores, además, afronta una calle llena de obstáculos en la pista. Obviamente, aunque genéticamente nuestro hipotético personaje no goce de ventajas considerables, gana la carrera y se le recompensa con un premio en metálico 50 veces superior al segundo clasificado. Además, nuestro aventajado corredor recoge el trofeo henchido de orgullo mientras los espectadores y medios de comunicación ensalzan su gran habilidad y esfuerzo para ganar la carrera, llevándose todo el prestigio y reconocimiento social.

¿A quién le puede parecer esto justo? Probablemente solo a quien parta de una situación de privilegio y quiera conservarla para él mismo y los suyos. Es racional mirar por el interés propio, sí, pero no es justo bajo ninguna óptica moral. La investigación psicológica ha mostrado que hasta los niños de 3 años saben reconocer la injusticia y tienen una preferencia universal por la equidad. Quizá esto nos diga algo sobre el rol evolutivo que ha tenido la cooperación para que el ser humano progrese como especie y sociedad, en lugar de resignarnos a que el hombre sea un lobo para el hombre. Si más gente que nace o llega a situaciones de privilegio lo reconociera también y estuviera dispuesta a cambiar el statu quo no sería del todo hipócrita, sino solidario con quienes no tuvieron la misma suerte. Ahí queda la llamada de multimillonarios como Warren Buffet a tasar más a los ricos al pagar un porcentaje ridículo de impuestos en términos relativos con respecto a un trabajador medio de su empresa.

Incluso cuando es un hecho científico que gran parte de nuestros logros está condicionada por las (des)ventajas de nacer en una familia con más o menos recursos, así como por las instituciones, inversiones e infraestructuras públicas, muchos atribuyen su éxito única y exclusivamente a su esfuerzo y valía personal. Investigaciones experimentales indican que, al jugar al Monopoly, si se lanza una moneda al aire para determinar al azar qué jugador empezará la partida con más dinero que el resto y tirará con dos dados, el jugador que por pura suerte y sin ningún mérito ha empezado la partida con ventaja suele racionalizar las causas de su victoria a través de sus brillantes dotes estrategas ¡Oye, que a mí nadie me ha regalado nada!

Dos mitos fundacionales de la meritocracia desmontados por la evidencia

La igualdad de oportunidades no existe, son los padres. La ideología liberal meritocrática da por hecho que ya hemos llegado a la igualdad de oportunidades y todos navegamos en el mismo barco, el de la clase media, sea lo que sea. La acumulación de riqueza de las elites goteará hasta que suba la marea y eleve todos los barcos. El sueño americano se parece más a la utopía socialista sin clases sociales que a las sociedades capitalistas de alta desigualdad de ingresos y riqueza heredada en las que vivimos. Es una visión tremendamente distorsionada que no refleja los altos niveles de desigualdad realmente existentes.

En España no hay meritocracia. Si la entendemos como una sociedad en la que haya igualdad de oportunidades y la clase social de nuestros padres no influya en nuestro nivel educativo, ocupación, ingresos y riqueza, y sean solo nuestro esfuerzo y habilidad los responsables. ¿Y la europea? Es un hecho empírico que la igualdad de oportunidades no se cumple ni en las sociedades contemporáneas que han hecho mayores esfuerzos por reducir las desigualdades durante décadas a través de amplios acuerdos políticos, estados de bienestar universalistas, redistribución y dinamismo económico, como los países nórdicos. La igualdad de oportunidades solo existe sobre papel mojado, basta abrir cualquier constitución o declaración de derechos. Ni en la España de hoy, ni en ninguna sociedad industrial o posindustrial de la historia moderna ha existido la igualdad de oportunidades plena hasta la fecha. Ni siquiera en las sociedades comunistas.

Los monopolios privados, los beneficios empresariales desorbitados, el fraude fiscal, la corrupción pública y la transmisión de (des)ventajas de padres a hijos implican que no haya una competición justa. Si no queda más remedio que competir, si no hay otra alternativa, que al menos la competición no sea una pantomima.

No hay igualdad de oportunidades, ni se la espera. La igualdad de oportunidades es una utopía. El punto clave del debate es que sin igualdad de partida nunca puede haber una “verdadera” meritocracia en la que las circunstancias de la cuna sean irrelevantes, solo legitimación de la desigualdad. Aun más importante, la igualdad de oportunidades es imposible de conseguir por cuatro razones: (1) falta de consenso político y del votante en las políticas para combatir la desigualdad de resultados por los juicios morales que la consideran como justa o injusta; (2) la fractura de la meritocracia por parte de las clases altas con la transmisión intergeneracional de sus privilegios; (3) los límites de intervención del estado; (4) la imposibilidad de igualar los resultados en la generación de los padres dentro de sociedades capitalistas avanzadas tecnológicamente con una gran división técnica del trabajo.

Esto no quiere decir que haya que tirar la toalla y abandonar la política social, sino todo lo contrario: políticas universalistas, redistributivas y compensatorias que no beneficien solo a las clases medias-altas son esenciales para acercarnos a la utopía de la igualdad de oportunidades en su segunda acepción: “una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano”.

Consenso político. Dado el grado de polarización política en materia fiscal y educativa, es muy difícil remar en la misma dirección y construir un estado de bienestar fuerte con mayor recaudación, redistribución y generosas políticas sociales durante décadas. La búsqueda de la igualdad de oportunidades no es cuestión de una legislatura y esta es precisamente una de las principales líneas rojas entre la derecha y la izquierda, entre el liberalismo y la socialdemocracia.

Los límites de intervención del estado y las familias. El estado no puede inmiscuirse en que los padres inculquen a sus hijos habilidades, aspiraciones y preferencias específicas para sus estudios o carrera profesional. Las familias más aventajadas, como todas, siempre querrán lo mejor para sus hijos, cosa legítima y natural, pero romperán así con la meritocracia y la carrera comenzará ya desvirtuada desde la cuna. La familia es incompatible con la igualdad de oportunidades y aquí el estado poco puede hacer, pero hay canales de transmisión de la desigualdad entre padres e hijos que pueden considerarse más injustos, como la transmisión directa de riqueza y los enchufes.

Además, hay un punto fundamental del que no se habla. Dependiendo del punto de vista ideológico, se centra el relato en la falta de oportunidades de los que vienen de abajo para subir o en su falta de habilidad, esfuerzo o motivación para conseguirlo. Sin embargo, ¿qué pasa con los de arriba? Para que existiera una meritocracia o la movilidad social fuera “perfecta”, los hijos de familias aventajadas deberían caer en ocupaciones no cualificadas o renta baja si no se esfuerzan lo suficiente o muestran talento.

En la realidad, las clases altas tienen recursos económicos, culturales y sociales para garantizar que sus hijos no se despeñen en la escalera social: gozan de un suelo de cristal, red de seguridad o paracaídas. Son solo ellos quienes pueden permitirse el lujo de equivocarse, no esforzarse o tener bajas habilidades productivas. Tienen más segundas oportunidades y por ello las clases altas rompen la meritocracia con sus privilegios. Un ilustrativo ejemplo reciente es el escándalo Varsity Blues por los sobornos de familias de alto estatus para que sus hijos, que no eran muy brillantes, fueran admitidos a universidades americanas de élite.

Si de verdad tanto quieren una meritocracia, las clases sociales más aventajadas deberían estar dispuestas a renunciar a parte de sus privilegios para igualar el terreno de juego y que haya una competición sin trampas. Solo si esto sucediera, que no lo hará, tendría sentido hablar de meritocracia.

La pescadilla que se muerde la cola. La meritocracia sufre una contradicción intrínseca que la convierte en una falacia circular: no cuestiona el nivel de desigualdad de ingresos o de riqueza en la sociedad, lo que se conoce como desigualdad de resultados o premios en la carrera. Esta desigualdad incentivaría en cambio el trabajo duro, la creatividad y la innovación. En una meritocracia perfecta, habría movilidad social hacia abajo y hacia arriba: los hijos de las elites bajarían en el ascensor social con la misma probabilidad que los hijos de clases trabajadoras subirían. Habría un cambio de cromos en la estructura de clases sociales, pero la pobreza, la precariedad y las desigualdades económicas y de riqueza seguirían intactas.

Ya sabemos que es imposible en la práctica, pero incluso si hubiera igualdad de oportunidades en la generación de los padres, estos conseguirían resultados muy diferentes en términos de recursos culturales y económicos que después transmitirían a sus hijos. Esta desigualdad de resultados sin límite, que consiente la meritocracia, imposibilita la igualdad de oportunidades en la generación de los hijos. Combinar mucha movilidad social o igualdad de oportunidades y mucha desigualdad de resultados es incompatible en la práctica. Las sociedades modernas más igualitarias del planeta, las nórdicas, dan buena cuenta de ello. Aunque el expresidente demócrata de Estados Unidos, B. Obama, no prometía la igualdad de resultados, sí que sabía que la combinación de desigualdad y baja movilidad social deja desvelado al sueño americano:

 “La premisa de que todos hemos sido creados iguales es la razón de ser de la historia americana. Y dado que nosotros no prometemos igualdad de resultados, nos hemos esforzado por dar igualdad de oportunidad a todos – esta es la idea de que el éxito no depende de haber nacido en la riqueza o el privilegio, sino que depende del esfuerzo y el mérito”. […] “Las tendencias combinadas del aumento de la desigualdad y la disminución de movilidad amenazan fundamentalmente el Sueño Americano, a nuestra forma de vida, y lo que representamos alrededor del mundo”. B. Obama (2013).

La meritocracia como una pobre concepción de la igualdad

Lo podemos pensar como una pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad: ¿queremos vivir en un rascacielos sin ascensores ni escaleras donde una subclase malvive en el sótano sin luz ni agua mientras la elite del ático bebe champagne en el jacuzzi? Los del ático y los del sótano serían siempre hijos de las mismas dinastías familiares ¿O preferimos vivir en un edificio más bajo, horizontal y abierto en el que las plantas estén conectadas por escaleras mecánicas de subida y de bajada?

Bajo las lentes de la meritocracia liberal, la sociedad se entiende como una competición por la distribución de los recursos, por los trabajos más prestigiosos y mejor pagados. La otra pregunta que debemos hacernos como sociedad es si lo que valora el mercado, los premios que se dan a los ganadores de la carrera, son los mejores criterios para determinar nuestro bienestar colectivo. Que el mercado recompense un trabajo con un salario 500 veces más alto que otro no implica que este trabajo sea 500 veces más útil o beneficioso para la sociedad, que esta persona se haya esforzado 500 veces más, que su esfuerzo valga 500 veces más, que su trabajo tenga 500 veces más responsabilidad o que sea 500 veces más difícil de desempeñar. Repítelo 500 veces conmigo. Quizá sería hora de dignificar el trabajo y su valor también por debajo y mejorar las condiciones económicas y laborales de la mayoría, la de los trabajadores. La igualdad no está reñida con el crecimiento económico, hasta el Fondo Monetario Internacional lo ha reconocido.

Al César lo que es del César: tampoco sería justo que hubiera igualdad total de resultados o recompensas, ya que no habría ningún incentivo para esforzarse o asumir responsabilidad. Cómo dijo M. Rajoy allá por 1984, no es cuestión de “equiparar a quien por capacidad, trabajo y méritos son claramente desiguales”, pero tampoco es que se pretenda, cómo también temía Rajoy, “explotar la envidia y el resentimiento para asentar sobre tan negativas pulsiones la dictadura igualitaria”. Se trata de otra cosa, de la última pregunta que tenemos que responder: ¿cuánto queremos (re)compensar y tasar a los “ganadores” y a los “perdedores” de la carrera si no podemos separar sus circunstancias de sus méritos? Aunque hasta hace poco la respuesta del liberalismo y la socialdemocracia era relativamente unánime, esta pregunta es un dilema moral que hoy representa una gruesa línea roja entre la izquierda y la derecha. De cómo resolvamos este dilema dependerá nuestra capacidad para construir sociedades con mayor igualdad de oportunidades y despertar del sueño americano porque, cómo decía el cómico George Carlin, que en paz descanse: “se llama sueño americano porque hay que estar dormido para creérselo”.

La meritocracia es una meta e ideal político muy pobre, vacío de contenido, un canto de sirena que nos distrae de las políticas públicas realmente necesarias para construir sociedades más justas y que exploten el potencial personal y productivo de todos sus ciudadanos, independientemente del accidente de nacimiento ¡Despertemos y manos a la obra!

Notas:

Carlos Gil es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo (Italia), gracias a la beca Salvador de Madariaga del Ministerio de Educación, con la tesis Cracking Meritocracy from the Starting Gate (2020), premiada por el European Consortium for Sociologial Research (ECSR). El artículo está basado en esta tesis y un capítulo del libro La movilidad social en España (2015), coescrito con Ildefonso Marqués y publicado por Catarata.

Transición ecológica: una cuestión de justicia global y supervivencia

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  Cristina Narbona

  Vicepresidenta Primera del Senado. Presidenta del PSOE

 1. Introducción

Hace cincuenta años se celebró en Estocolmo la primera reunión de Naciones Unidas dedicada a los problemas ambientales (1). Los gobiernos escandinavos fueron los más activos a la hora de introducir tales cuestiones en la agenda internacional: sus ciudadanos estaban ya entonces concienciados y preocupados por el fenómeno de la peligrosa “lluvia ácida”, consecuencia de actividades muy contaminantes en los países de su entorno, en particular en el Reino Unido.

Ese mismo año se publicó “Los límites del crecimiento”, un informe del Club de Roma(2), encargado a diecisiete científicos del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), que predecía un colapso ambiental generalizado a finales del presente siglo, si no cambiaban profundamente las pautas de producción y de consumo del modelo económico dominante. En 2020 se habían cumplido ya buena parte de sus pronósticos, que fueron rotundamente descalificados como catastrofistas durante mucho tiempo.

Diez años antes, se había publicado “Primavera silenciosa”, de la bióloga estadounidense Rachel Carson (3). Este libro -una contundente denuncia de los riesgos de los pesticidas químicos sobre la salud- produjo un importante efecto en la opinión pública norteamericana, con efectos muy relevantes: algunos años después, se prohibía el DDT en EEUU, y se creaba la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Estos tres hechos constituyen, según mi opinión, hitos fundamentales en el inicio de lo que hoy denominamos la “transición ecológica” de la economía. Por “transición ecológica” entendemos la transformación gradual del sistema productivo, de forma que se reduzca el consumo de recursos naturales así como todo tipo de contaminación, y que se preserven y restauren los ecosistemas, hasta alcanzar una situación compatible con el mantenimiento de los principales equilibrios ecológicos.

Ello exige el uso de nuevas tecnologías, pero también un cambio substancial en los hábitos de vida, y por lo tanto un esfuerzo colectivo de máxima responsabilidad.

Los avances de la ciencia y de la concienciación ciudadana, han sido determinantes para conocer cada vez mejor los efectos de la acción humana sobre la salud del planeta -y sobre las correspondientes consecuencias para la salud de todos los seres vivos-, así como para transmitir este conocimiento a la opinión pública, incentivando su implicación.

El problema más grave es sin duda la lentitud en el necesario cambio de paradigma económico, teniendo en cuenta la velocidad de las alteraciones en los ecosistemas, -muy superior a la prevista hasta hace poco por la comunidad científica- que comportan ya situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular para los ciudadanos más desfavorecidos y para los países más pobres.

La resistencia al citado cambio es el resultado de la concentración de poder económico y mediático en muy pocas manos, lo que conlleva una gran capacidad para cuestionar la realidad de los problemas ambientales, de forma que la opinión pública llega a creer que tales problemas no son tan graves y que son, en todo caso, el precio ineludible del progreso económico y social. Todavía demasiadas personas están convencidas de que, si aumenta el PIB, se está generando riqueza y bienestar. Afortunadamente cada vez hay más baja evidencia de esta peligrosa falacia (4).

Todo lo anterior remite a la imprescindible aproximación ética al tema objeto de esta ponencia: quienes se ven más perjudicados por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, son precisamente quienes menos han contribuido a provocar dichos procesos.

En África, en el Sudeste asiático, en buena parte de América Latina y en las pequeñas islas del Pacífico, se sufren severas y crecientes hambrunas, sequías, inundaciones, elevación del nivel del mar… así como gravísimos episodios de contaminación del suelo, del aire y del agua causados por la acumulación de residuos, muchos de ellos tóxicos, procedentes de los países más ricos del planeta. Una reciente investigación (5) sobre el aumento de las exportaciones de residuos electrónicos desde el mundo más desarrollado hacia los países más pobres, pone de manifiesto la cara oscura de la supuesta “economía limpia” de la que presumimos en nuestro entorno… La transición ecológica constituye por tanto una cuestión de justicia, de “equidad global”, cada vez más evidente: el consumismo exagerado y el cortoplacismo del modo de vida occidental, afectan en particular a aquellos países de los que obtenemos materias primas -pensemos simplemente en la deforestación acelerada de la Amazonia, o en los recursos mineros que se extraen con serias consecuencias para la salud de los mineros-, y que convertimos también en nuestros vertederos.

Un ejemplo: la Unión Europea y Estados Unidos generan más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de China, durante los procesos de fabricación de productos que después se consumen en nuestros países.

Cuando hablamos de “transición ecológica”, tenemos por lo tanto que añadir “justa”, es decir acompañada por medidas específicas para evitar consecuencias sociales indeseables tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

2. Lo que la ciencia nos dice

La comunidad científica venía alertando de los riesgos ambientales mucho antes de que éstos aparecieran en la agenda política internacional. Tanto el cambio climático como el agujero en la capa de ozono habían sido identificados durante la primera mitad del siglo XX como la consecuencia de determinados gases de efecto invernadero (GEI ), en el primer caso, y de ciertas substancias químicas en el segundo. Asimismo, eran ya conocidos en esa época muchos de los efectos de la contaminación sobre la salud humana, y, de hecho, en muchos países occidentales se promulgaron leyes sobre calidad del aire y del agua potable, antes de que existieran compromisos al respecto a nivel supranacional.

La ciencia fue incorporándose gradualmente como soporte de decisiones políticas nacionales e internacionales: el caso más importante fue la creación en 1988 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPPC), impulsado por el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) y por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que está compuesto por centenares de expertos en diferentes disciplinas, apoyados por el trabajo de aproximadamente cinco mil especialistas. Los informes periódicos del IPCC -el último en 2021-(6) han ido reflejando el avance de la ciencia en la comprensión del proceso de calentamiento global, con hallazgos recientes que confirman la gravedad de la denominada “emergencia climática”. Hoy conocemos mucho mejor, por ejemplo, la relación entre el océano y la atmósfera, que actúa como acelerador del cambio climático, aumentando la frecuencia y la intensidad de huracanes e inundaciones; y también la progresiva pérdida de capacidad del océano como sumidero de GEI, a causa del aumento de la temperatura y de la contaminación en nuestros mares. Sabemos ya que la desaparición de la capa de permafrost en las regiones más próximas al Polo Norte está liberando ingentes cantidades de metano (uno de los más dañinos GEI) y provocando una peligrosa inestabilidad de los suelos, en áreas donde se ubican instalaciones industriales e incluso plantas de energía nuclear.

Lo más relevante es que -a pesar de la dificultad, reconocida por los científicos, para predecir el momento en que el calentamiento global produce efectos irreversibles-, existe un alto consenso sobre la inminencia de ese momento de “no retorno” en numerosos procesos de la vida en nuestro planeta.

La ciencia nos alerta también sobre la conexión entre el cambio climático, la degradación de los suelos, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, conexión que agrava la evolución de cada uno de estos procesos.

El equipo de científicos del Instituto para la Resiliencia de Estocolmo lleva varios años profundizando en el concepto de los “límites planetarios”, que entre otras cosas permite estimar el momento de “no retorno” anteriormente aludido, en un total de nueve procesos básicos para la supervivencia de la especie humana. (7)

El conocimiento científico ha permitido -además del diagnóstico sobre los desafíos ecológicos- el desarrollo de nuevas tecnologías más eficientes y menos contaminantes, (cruciales para la transición energética gracias al coste decreciente de las energías renovables y de la electrificación del transporte), así como de las denominadas “soluciones basadas en la naturaleza” (por ejemplo, los llamados “filtros verdes” como alternativa a las depuradoras convencionales).

De todo ello se deduce la importancia de tener en cuenta los avances de la ciencia y de la tecnología en la toma de decisiones tanto en el ámbito del sector público como del sector privado: se trata de cuestiones que afectan ya a la salud y a la seguridad de la especie humana, y que por supuesto condicionarán la calidad de vida de las generaciones futuras.

3. La concienciación ciudadana

Toda actuación humana conlleva un impacto sobre el medio ambiente. Nuestra “huella ecológica“ depende de miles de decisiones diarias: aunque esas decisiones pueden tomarse de forma más o menos sostenible, dependiendo de la regulación y de los incentivos establecidos por la legislación, hay una evidente responsabilidad individual en nuestra alimentación, nuestros modos de transporte, nuestros hábitos de consumo… e incluso en nuestras preferencias a la hora de votar a unas opciones políticas o a otras. Y es obvio que no se puede poner permanentemente a un policía detrás de cada ciudadano para comprobar la sostenibilidad de sus actos.

Hoy día las nuevas tecnologías de la comunicación permiten acceder con facilidad a toda la información disponible sobre las causas y las consecuencias de los problemas ambientales; y permiten también compartir esta información con millones de personas, facilitando un auténtico activismo global. Es una buena noticia, ya que sin una implicación mucho más generalizada de la ciudadanía en el necesario cambio de paradigma económico, dicho cambio no será viable o, en todo caso, se producirá demasiado tarde, cuando hayamos superado el punto de “no retorno” en los denominados “límites planetarios”. Los ciudadanos pueden, con sus decisiones sobre lo que consumen, cómo se mueven o cómo votan, influir significativamente en las empresas y en los gobiernos.

Desde la acción pública se puede, y se debe, incentivar la participación pública para avanzar en la concienciación ciudadana en materia ambiental. Un buen ejemplo es la puesta en marcha de la Asamblea Ciudadana por el Clima, prevista en la ley sobre cambio climático, compuesta por cien personas representativas de nuestra sociedad en términos sociales, de género y territoriales, que han presentado recientemente al gobierno sus primeras recomendaciones. (8)

4. Cómo se puede incidir desde la política para acelerar la transición ecológica. El caso de España.

Lo primero que cabe decir es que no sirve de nada promover la transición ecológica desde un ámbito específico del gobierno (local, nacional o supranacional), si no se interiorizan sus objetivos y sus condicionantes en todas y cada una de las áreas de la acción pública. De nada sirve, por ejemplo, que se incentive el ahorro y la eficiencia en el consumo de agua, si desde la política agrícola se continúa fomentando la expansión del regadío, incluso con acuíferos sobreexplotados; de nada sirve exigir responsabilidad ambiental a las empresas dentro de nuestras fronteras, si dichas empresas, gracias a los tratados de comercio y de inversión internacional, pueden deslocalizar parte de su producción hacia países con una regulación ambiental laxa… La coherencia entre las diferentes políticas es crucial para avanzar de verdad en la transición ecológica. Esa coherencia resulta menos compleja de conseguir si quien tiene la responsabilidad en materia de transición ecológica está en un nivel jerárquico superior respecto a los responsables de otras políticas sectoriales. Por eso, la decisión de crear una vicepresidencia para la transición ecológica en el gobierno de Pedro Sánchez, con capacidad para orientar decisiones de distintos ministerios, constituye un hito muy notable que debería ser replicado en las administraciones territoriales.

A nivel europeo se cuenta también con una de las vicepresidencias de la Comisión Europea con análogas competencias.(9)

Existen numerosas medidas útiles para promover el uso de tecnologías más limpias y eficientes, así como para fomentar comportamientos individuales más responsables, comenzando por la educación. Las generaciones más jóvenes ya están aprendiendo, desde muy pequeños, las consecuencias de nuestros actos sobre nuestro entorno natural; las normas vigentes sobre el curriculum educativo exigen reforzar este conocimiento, asociado al aprendizaje de valores éticos fundamentales para que esos niños y niñas sean en el futuro ciudadanos responsables respecto de su propio comportamiento y a la vez exigentes frente a empresas y a gobiernos.

El acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental son derechos incorporados a nuestra legislación desde 2006 (10), año en el que también se creó la Fiscalía especial de Medio Ambiente y Urbanismo, que cuenta actualmente con más de 170 fiscales dedicados a la prevención y persecución de los delitos ecológicos y urbanísticos.(11)

España ha consolidado un potente liderazgo a escala internacional en materia de energías renovables, gracias a una prolongada acción política desde la década de los noventa, interrumpida sólo durante las etapas de gobierno del Partido Popular, que llegó a eliminar los correspondientes incentivos en 2012, provocando entre otras cosas la pérdida de 80.000 puestos de trabajo. Actualmente se está desarrollando una ambiciosa hoja de ruta, el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC) (12), para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris sobre reducción de las emisiones de GEI, hasta alcanzar la plena descarbonización de nuestra economía en el año 2050. El PNIEC contempla además un calendario de cierre de las centrales nucleares, establecido de forma que dicho cierre se produzca cuando esté plenamente garantizado el suministro alternativo de electricidad.

El transporte (terrestre, marítimo y aéreo) es uno de los sectores donde resulta más difícil reducir la correspondiente contaminación, al consumir casi exclusivamente combustibles fósiles, causantes tanto del cambio climático como de importantes problemas de salud. La Comisión Europea está avanzando en el establecimiento de normas que, entre otras cosas, prohibirán la venta de vehículos que utilicen gasolina o diesel a partir de 2035, impulsando con potentes incentivos el vehículo eléctrico, así como el uso de biocombustibles y del transporte público.

Una de las cuestiones más complejas para el éxito de la transición ecológica en España es la política del agua, ya que todavía parte de la opinión pública (en particular en el medio rural) sigue convencida de que la simple construcción de embalses o conducciones garantiza sin límite los recursos hídricos. Lamentablemente, el cambio climático comporta ya una drástica reducción de precipitaciones que se acentuará en los próximos años, y que obliga a cambiar el enfoque de oferta hasta hoy dominante. Las condiciones climáticas exigen un replanteamiento de las actividades agrícolas y ganaderas para una mejor adaptación al cambio climático, a partir de una reducción del uso del agua para regadío, que supone en la actualidad más del 80% del consumo total del agua.

Es urgente además evitar la contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos, así como la consideración de los denominados “caudales ecológicos”, es decir del establecimiento de un volumen de agua no destinable a ningún uso consuntivo, para preservar la biodiversidad fluvial y la necesaria aportación de sedimentos y de agua dulce en las desembocaduras de los ríos, para garantizar también la estabilidad del litoral así como la biodiversidad marina.

Actualmente se están tramitando los nuevos planes hidrológicos de todas las cuencas hidrográficas, para adaptarlos a las exigencias de la Comisión Europea.

Por último,- sin perjuicio de muchas otras medidas – cabe destacar la importancia de la preservación y restauración de la biodiversidad marina, objeto de Estrategias ya aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dichas estrategias deben contribuir tambien tanto a la fijación de población en el medio rural como a la garantía de suministro de alimentos y a la prevención de enfermedades. La pandemia del COVID 19 ha puesto de manifiesto la estrecha relación existente entre nuestra salud y la salud de los ecosistemas: más del 70% de las enfermedades infecciosas son la consecuencia de alteraciones en los mismos. (13).

La existencia de los fondos europeos Next Generation supone una extraordinaria oportunidad para impulsar la transición ecológica en España, ya que el 40% de los 140.000 millones de euros concedidos a nuestro país tienen que destinarse precisamente a dicha transición. Y, lo que no es menos importante, la aplicación de la totalidad de los fondos tiene que cumplir el principio de “no regresión ambiental”, es decir que no podrán financiar inversiones que resulten perjudiciales para el medio ambiente.

Vivimos, por lo tanto, un momento excepcionalmente positivo en términos de compatibilidad entre economía y ecología. Pero no cabe ignorar el avance de planteamientos negacionistas respecto del cambio climático o de la Agenda 2030  -esa hoja de ruta, comprometida por nuestro Gobierno, que integra objetivos económicos, sociales y medioambientales con un acertado enfoque holístico-.

Notas:
(1) Cumbre de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1972. www.un.org
(2) Club de Roma, “Los límites del crecimiento”, D. Meadows y otros, Fondo de Cultura Económica, 1972.
(3) R. Carson “Primavera Silenciosa” Editorial Crítica, 1962.
(4) “Más allá del PIB”, Banco Mundial, 2021.
(5) UNICEF: "Medio ambiente e infancia” 2022 www.unicef.org.
(6) IPCC: “Sexto Informe”, 2021 www.ipcc.es , 9 agosto 2021.
(7) Instituto para la Resiliencia de Estocolmo. “Planetary bounderies”, Nature 2009.
(8) Asamblea Ciudadana para el Clima. www.asambleaciudadanadelcambioclimatico.es
(9) Frans Timmermans, Vicepresidente para el Pacto Verde Europeo.
(10) Ley 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
la participación y la justicia en materia ambiental.
(11) Incorporada en la Ley 10/2006 de 28 de abril por la que se modifica la Ley 43/2003 de Montes.
(12) Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 www.miteco.es.
(13) Fernando Valladares: “La ciencia tiene que aprenderse a hacer valer”. Ethic, 31 marzo 2022.

 

Para pensar la política educativa

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  José Saturnino Martínez García

  Profesor Titular de Sociología en la Universidad de Laguna, especializado en educación y desigualdad. Desde 2020 es Director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa

Un debate sosegado sobre política educativa necesita el entendimiento de por qué se producen tensiones en educación. Para ello, debemos empezar por lo que entendemos como educación. Es un concepto con diferentes sentidos, resultado de diversas tensiones. Empecemos por la tensión entre capital humano y capital cultural. Como capital humano, el fin de la educación es lograr una economía más productiva. Por tanto, los saberes deben orientarse hacia aquello que desean quienes disponen de poder de compra, es decir, manda el dinero. Por otro lado, como capital cultural, la educación es el cultivo de la naturaleza humana. Aquí, a su vez, se genera una nueva tensión en torno a qué es cultivar. Por un lado, quienes defienden que para que sea posible el cultivo, es necesario abonar con la tradición. Por tanto, la educación obligatoria debe orientarse a asegurar el canon cultural de una época dada en los estudiantes. Por otro, el cultivo se entiende como apoyar a la propia semilla que cada estudiante lleva en su interior, y por tanto, la educación es acompañamiento de las necesidades e inquietudes individuales. Esta tensión se expresa en polémicas como que es más importante en la educación obligatoria, si saber analizar el Poema de Mio Cid o apostar más por la educación emocional.

Como vemos, al hablar de educación podemos estar hablando de dinero, tradición o desarrollo personal. Que una misma palabra se emplee para realidades tan diferentes lleva a conflictos. Son conflictos que, más que por la razón, se dirimen según la fuerza de las partes implicadas, fuerza que depende de los recursos (dinero y prestigio) de cada posición. Quienes estén más cercanos al mundo de la empresa o más preocupados por el desarrollo económico cuando hablan de educación no hablan de lo mismo que quienes están más preocupados por preservar el canon cultural que define quien es de clase media, o quienes piensan que cada persona debe aprovechar su paso por la escuela para su desarrollo personal. Los contenidos de las materias no serán los mismos, incluso puede diferir la didáctica.

Está bien desear que estas formas de entender la educación fuesen coherentes y su desarrollo integrado, pero el deseo nos oculta el entendimiento. En la realidad lo que se produce es un equilibrio inestable entre estos polos de tensión, un equilibrio que casi como una estructura fractal, se produce tanto al nivel más macro del diseño del sistema educativo como al nivel más micro de cómo en un aula se enfoca la didáctica de un tema en concreto, pasando por todos los niveles intermedios. Hablar de consenso en educación supone aceptar equilibrios entre estas tres concepciones, que obedecen a intereses diferentes. Dinero, religión y pensamiento crítico, son tres de las formas en que se expresa cada una de estas formas de entender la educación.

Hay otros dos elementos de naturaleza educativa que no podemos obviar para encuadrar el debate, y que se confunden al emplear la palabra educación en genérico. Por un lado, el nivel educativo. La experiencia educativa, tanto del alumnado como del profesorado, es muy heterogénea por niveles educativos, tanto en vertical como en horizontal. Nada tiene que ver la educación infantil con la universitaria, o la diferencia entre un cuarto de ESO y un primero de FP Básica es abismal. No hacen falta las mismas competencias y habilidades docentes para dar clase en un segundo de ESO que en un segundo de Bachillerato. La falsa homogeneidad con la que tratamos estas cuestiones se expresa en disfunciones, como, por ejemplo, que la última persona en llegar al centro se queda a cargo de los grupos de mayor complejidad. Si no ponemos al profesorado más veterano con los grupos más complejos, quizá sería interesante distinguir mejor entre el profesorado capacitado para dar en unos u otros grupos, y en vez de dejar que la decisión dependa de un criterio tan poco educativo como que el trabajo más duro sea para el recién llegado.

Por otro lado, tenemos la naturaleza de las disciplinas. No cabe entender la didáctica como algo general, debe ser específica. En una doble especificidad: la madurez del alumnado y la naturaleza de la propia disciplina. Los métodos para enseñar estadística no son los mismos que para enseñar filosofía. Pero además, no se pueden explicar igual si un estudiante tiene trece o veinticuatro años. En demasiadas ocasiones entramos en el debate del deber ser de enseñar sin pararnos antes a analizar las condiciones concretas en las que se enseña según qué materia. El docente debe tener la panoplia de métodos para adaptarse a esta variedad de situaciones, y según su criterio, decidir qué se adapta mejor a la situación concreta. Lo importante es saber adaptar la enseñanza a cómo se produce el aprendizaje y cuál es el contexto social y educativo en que se produce.

Otro elemento fundamental son las experiencias educativas de quienes estudian. El primer día en la vida en que una persona atraviesa el umbral de la escuela, ya trae mucho en la “mochila”. Las capacidades difieren, y el nivel socioeconómico y cultural varía. La experiencia escolar está pensada para personas con ciertas capacidades, intereses y de clase media o alta, cishetero, de un grupo no racializado… Quien se aleje de este retrato robot es etiquetado como un problema, necesitado de recursos adicionales. Dicho de otra forma, se diseña un sistema rígido que acaba produciendo estudiantes problemáticos. Parte de las quejas con lo mal que está el sistema educativo no atinan con el diagnóstico: la culpa no es del alumnado (o las familias) que no se ajusta al retrato robot, sino de unas reglas de juego que lo dejan fuera.

Además, contamos con un currículum obligatorio muy enfocado hacia las disciplinas universitarias, dejando de lado el trabajo manual. Persiste la idea de que el fin esperable de la escuela es la universidad, y de esa forma, los saberes manuales tienen poca cabida y reconocimiento en las etapas obligatorias. Si tan bien les va a los fontaneros, podríamos enseñar un poco más de fontanería u otros oficios manuales en la etapa obligatoria.

Si bien diría que desde la Ley General de Educación de 1970 la escuela toma conciencia de estas limitaciones y se proponen medidas para paliarlas, lo cierto es que hay una inercia que deja en el margen otras experiencias que quieren escapar a este modelo. Un modelo igualitario en tanto que da los mismos medios y espera los mismos resultados de todo el alumnado, pero no reconoce la diversidad y es pacato en recursos para afrontarla. No está demás recordar que, por ley, la población entre 6 y 16 años que debe permanecer obligatoriamente en el sistema. Un indicador sencillo de esta falta de sensibilidad es el peso que sigue teniendo el nivel socioeconómico y cultural de las familias en explicar el éxito educativo del alumnado, especialmente el nivel educativo de la madre. Es una prueba de que una de las condiciones que facilita el éxito educativo en su ambiente familiar que se parezca lo más posible a la escuela, en vez de ser al revés. Recientes estudios muestran que una forma exitosa de compensar estos problemas consiste en reforzar con clases extra materias básicas en grupos con pocos estudiantes (cinco aproximadamente), es decir, que las clases particulares pasen a ser públicas.

Al finalizar la etapa obligatoria el alumnado debe tomar la decisión de si proseguir en el sistema. Aquí intervienen principalmente dos factores. Por un lado, la adaptación que ha mostrado al sistema, que se expresa básicamente en las notas. Por otro, los costes de seguir estudiando. Hemos logrado reducir considerablemente los costes directos de estudiar, pues la educación post-obligatoria pública es prácticamente gratis, a excepción del material escolar, y de la educación universitaria. Y si bien esta es cara en contexto de la Unión Europea, la proporción de alumnado que no paga la matrícula por renta hace que el peso de personas que no estudia por no poder costearse los estudios sea escaso (del 2%). Más importantes son la suma de costes indirectos (manutención), así como los costes de oportunidad, es decir, el ingreso que podría lograr esa persona si estuviese en el mercado de trabajo, en vez de ser inactiva, dedicada a estudiar a tiempo completo. La Gran Recesión nos mostró la importancia de estos costes, pues posiblemente sea la principal explicación del descenso de las tasas de abandono educativo temprano en España, de más del 30% al 16%. La crisis no llevó a más fracaso escolar, a pesar de los recortes en educación, sino a menos, debido a que el aumento de la tasa de paro bajó el coste de oportunidad de estudiar.

La relación entre paro y estudios debe interpretarse no tanto por el nivel medio de paro al que se enfrentan los jóvenes, sino por las diferencias de paro entre niveles educativos. A diferencia de la crisis económica de los noventa, en la iniciada en 2008 la destrucción de empleo fue mucho más selectiva entre los jóvenes según su nivel de estudios. Eso explica que con esta última crisis haya aumentado sobre todo la proporción de jóvenes matriculados en FP, un aumento de la demanda que no está siendo adecuadamente acompañado por el aumento de plazas públicas. Esto se debe a que no es fácil improvisar un grupo de FP (hacen falta infraestructuras, materiales, profesorado cualificado…), pero esta dificultad que experimentan los centros públicos está siento aprovechada por el sector privado.

La sensibilidad de la FP a las condiciones del mercado de trabajo nos muestra que si queremos a más jóvenes estudiando en FP son necesarias mejores becas también para estos estudios, especialmente cuando baja el paro juvenil de quienes no tienen más estudios que la ESO. También ha habido un ligero aumento en la universidad. En el caso de la universidad debe destacarse que en las últimas décadas ha habido un incremento del importe medio de la beca (hasta los recortes de 2011), sin que haya sido acompañado de un aumento en paralelo de estudiantes de orígenes populares que van a la universidad (desde finales de los setenta la proporción ronda en torno a uno de cada cinco). Parece por tanto que las becas universitarias en España no son de una cuantía suficiente como para asegurar que el alumnado de sectores populares estudie más.

El sistema educativo no solo está pensado para un alumnado que encaje en el retrato robot antes aludido, también vive de espaldas a las experiencias educativas que ocurren fuera de sus puertas. En España tenemos a poca gente trabajando con titulaciones medias. Se asume sin reflexión que son trabajadoras y trabajadores sin cualificación, cuando lo que sucede en muchas ocasiones es que no tienen certificaciones de lo que han aprendido a hacer fuera del sistema educativo, en parte por las rigideces para circular entre niveles educativos. Recuerdo que cuando se empezó a exigir título específico para conducir ambulancias, conductores con años de experiencia tenían dificultades para lograr el título, debido a que les pedían saber qué es una sinalefa, y otros conocimientos así, del canon de la clase media. Es necesario un sistema educativo lo suficientemente flexible, en el que sea fácil entrar y salir, sin vías muertas (como pasaba hasta la LOMCE con los ciclos medios de FP o con no titular en la ESO), en el que sea posible reconocer lo que las personas saben hacer y progresen desde ese punto. En este sentido, lo que sabemos de la nueva ley de FP, facilitando el reconocimiento de lo que muchas personas han aprendido a lo largo de su experiencia laboral, está bien encaminado.

Los diversos modelos de entender la educación (dinero, tradición o desarrollo personal) comparten la idea de que quienes estudian son mejores personas que quienes no estudian. No deja de ser un elitismo peligroso, con una deriva en sus versiones más extremas lleva a criticar que una persona que no haya ido a la universidad pueda ser representante político (con el corolario de hay quienes que para estar en política, amañan sus títulos). Se olvidan de que uno de los mejores políticos de las últimas décadas a nivel mundial no fue a la universidad: Lula. Este elitismo nos lleva a un mundo de los salvados y los hundidos, las dos categorías en que los presos se dividían en Auschwitz, según Primo Levi. Quienes se salven por la educación, ya sea porque son personas muy productivas, tienen un conocimiento complejo, sofisticado y distinguido de su tradición cultural o llegan a altos niveles de refinamiento en su desarrollo personal, deben ser recompensadas de forma extraordinaria.

Las tres visiones de la educación se solapan en entender a la educación como un bien de salvación. Quienes lo consiguen, tienen derecho a un pase para el ascensor social y vivir en el último piso. El resto, debe conformarse con sobrevivir. Aquí caben dos observaciones. Por un lado, debemos fomentar que la relación con la educación sea intrínseca, no extrínseca. Es decir, el premio por estudiar es el propio estudio, es la gratificación que experimentamos todos y todas quienes hemos estudiado algo complejo con esfuerzo y luego hemos llegado al eureka, es una recompensa intrínseca por desarrollar una de nuestras más altas capacidades, nuestro cerebro ya se encarga de premiarnos. El problema es que en vez de orientar el sistema educativo hacia el “eureka”, lo enfocamos hacia la nota. De esa forma, el motivo para estudiar es extrínseco, el premio. De pequeño la nota, de mayor el pase para el ascensor social. Sin duda es más fácil el control externo mediante la motivación extrínseca, como ratones de laboratorio, simplifica mucho la tarea educativa, pero corremos el riesgo de degradar el proceso natural de aprendizaje. Esto no quiere decir que desterremos la nota de nuestro sistema educativo, pues además de un valor de recompensa para el estudiante, tiene un valor informativo para el conjunto de la sociedad, pues certifica lo que el estudiante sabe. Pero su papel no puede ser el mismo cuando los estudiantes son niños en la educación a la que están obligados por ley que cuando están en un máster, esperando el título para promocionar en su empresa. Debemos desterrar la idea de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe interpretar solo como un modelo conductista de sufrimiento y recompensa, en el que la nota es para el estudiante lo que el queso para el ratón.

Más allá de que lo razonable que sea un mayor reconocimiento para aquellos que han destacado en la educación (sea lo que sea lo que entendemos por esta palabra), la posibilidad de llevar una vida digna no puede estar vinculada a los resultados educativos. No podemos basar nuestra sociedad en el chantaje de que si no estudias, quedas a merced total de la incertidumbre y de la voluntad arbitraria de quienes tienen poder, como la persona que te contrata. Un destino reservado a los pobres que no estudian, no a los rentistas. El estudio es lo suficientemente noble en sí mismo, y se degrada cuando lo tratamos como un medio y no como un fin. Un diseño conductista genera estudiantes que en vez de orientar su inteligencia a la curiosidad y a saber más, acaban siendo expertos en minimizar el esfuerzo para maximizar la nota.

Antifeminismo y extrema derecha

• 

  María Eugenia Rodríguez Palop

  Eurodiputada de Unidas Podemos. Titular de filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Parte I

La extrema derecha se ha presentado como una resistencia de fácil acceso, sencilla pero robusta, contra los desmanes de las oligarquías políticas y las élites económicas. Es uno de los frutos de las contradicciones del neoliberalismo globalizador de estas décadas y de la connivencia de partidos conservadores, socialdemócratas y socioliberales con la mundialización financiera y el capital especulativo. Su programa es hoy de sobra conocido: repliegue nacional, orden y seguridad, reacción punitiva, militarismo, xenofobia, aporofobia, homofobia, misoginia… Una revolución conformista que no solo obedece a factores ideológicos, sino que también tiene una raíz vivencial y un anclaje empírico evidente: la experiencia de desarraigo, la desintegración social y la violencia institucionalizada que han sufrido las mayorías sociales, especialmente, en estos años, combinada con una situación real de escasez de recursos y su concentración en pocas manos. La extrema derecha ha sabido vehicular la rabia y el resentimiento de quienes se han considerados perdedores, y también el miedo de quienes tenían algo que perder.

Con todo, lo que resulta más atractivo en su itinerario no es la movilización de esas emociones negativas sino la restauración, en toda regla, de un cierto imaginario de lo común y la confrontación, sin paliativos, con todo lo que puede fragmentarlo. Y es en este itinerario en que el feminismo se presenta como una fuente de fracturas y desestabilización porque, entre otras cosas, el feminismo divide y pervierte la célula indisoluble que representa la familia heteronormativa. En este punto, el antifeminismo de la extrema derecha se apoya en un pensamiento conservador y reaccionario que deriva, en buena parte, de su alianza con las iglesias. De hecho, su discurso político y su articulación jurídica funcionan como el brazo armado de una moral puritana. La complicidad de Bolsonaro con los pentecostales en Brasil es paradigmática en este sentido, como lo es la del partido Ley y Justicia (Pis) o la de Vox con la Iglesia católica.

Buey, Bala y Biblia, o sea, agronegocio, militarismo y Pentecostales, ha sido la base del bolsonarismo. La Iglesia Universal del Reino de Dios ha jugado un papel primordial en el (des)gobierno de Bolsonaro. Una Iglesia-Empresa que dispone de 70 emisoras de TV, 50 radios, un banco, varios diarios y 3500 templos en zonas ricas de Brasil[1], y cuyo fundador, el obispo Macedo, llegó a denostar a la Universidad por ofrecer una educación idéntica para la mujer y el varón. En España, Vox ha liderado la lucha contra la educación sexo-afectiva de la mano del Opus Dei. La apuesta por la educación religiosa y la criminalización de la diversidad sexual o la llamada “ideología de género” se orienta, entre otras cosas, a lograr la sumisión y la claudicación de las mujeres, su expulsión del mercado laboral y su vuelta al hogar familiar. La “ideología de género” es una “ideología negativa” porque, como dice Segato, desobedece el mandato de la masculinidad. “El desmonte del mandato de masculinidad amenaza el mundo de los dueños, coloca el dedo en la llaga en el lugar de reproducción del mundo de la dueñidad, del señorío […]”[2]. En cualquiera de sus versiones, la extrema derecha apela a una amalgama de políticas natalistas que se conectan con presupuestos excluyentes y nacionalistas.

Esa amalgama explica, por ejemplo, la posición que se mantiene frente a las violencias machistas. La violencia contra las mujeres no existe, no tiene género o no tiene causas estructurales, las denuncias son falsas, las entidades de atención son chiringuitos que no aportan nada a las verdaderas víctimas y los hijos e hijas son víctimas de madres manipuladoras, y cuando se denuncia, se hace solo para criminalizar a foráneos, especialmente los musulmanes, que han entrado en el país gracias a la excesiva laxitud de la legislación migratoria. Se ha llegado a afirmar que la violencia tiene su origen en “los flujos migratorios incontrolados” y que son los extranjeros los que cometen la mayor parte de los feminicidios y las violaciones. De hecho, cuando la extrema derecha señala las dificultades para conciliar la maternidad con la vida profesional, solo lo hace para defender a las mujeres nacionales, a las que se utiliza para paliar el déficit demográfico, evitar la reposición a base de población migrante y asegurar el mantenimiento de los valores cristianos.

Lo cierto es que negar continuamente la existencia de violencias machistas tiene consecuencias letales para millones de mujeres. En la Unión Europea, por ejemplo, hay siete países que no han ratificado todavía el Convenio de Estambul (Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Reino Unido) y la Unión Europea tampoco lo ha hecho todavía. Hace poco el Parlamento Europeo aprobó una Resolución en la que se afirmaba que “asistimos a una ofensiva visible y organizada a escala mundial y europea contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres”. La Resolución condenaba categóricamente “las tentativas de algunos Estados miembros de retirar medidas ya adoptadas en aplicación del Convenio de Estambul para la lucha contra la violencia contra las mujeres” así como “los ataques y las campañas contra el Convenio [de Estambul] por su malinterpretación intencionada y la presentación sesgada de sus contenidos a la población”[3]. Toda esa resistencia tiene su origen, fundamentalmente, en el rígido bloqueo que ha generado el lobby anti-elección, liderado por el eje Polonia-Hungría y su política natalista.

El caso polaco es especialmente preocupante. Desde la caída del muro de Berlín, el país ha ido restringiendo el derecho al aborto hasta prohibirlo casi totalmente. Ahora mismo solo es posible interrumpir el embarazo en casos de violación, incesto o riesgo severo para la vida de la madre. En octubre, el Tribunal Constitucional, controlado por jueces nombrados por el Gobierno, declaró inconstitucional el tercer supuesto que recogía la ley de 1993: la malformación o enfermedad irreversible del feto. La cuestión es que en 2019 se practicaron unos 1.100 abortos legales en Polonia y el 97% de los casos fueron por este motivo. En realidad, se estima que cada año 200.000 mujeres polacas se ven obligadas a usar píldoras abortivas y otras técnicas sin supervisión médica. Unas 30.000 viajan al extranjero para ejercer un derecho que su país les niega.

Desde la llegada del partido Ley y Justicia (PiS) al Gobierno en 2015, la Iglesia católica y la organización ultraconservadora Ordo Iuris han impulsado una radical vuelta al pasado. En 2016, las mujeres polacas salieron masivamente a la calle vestidas de negro y lograron frenar una propuesta de ley promovida por el Gobierno para prohibir el aborto e imponer penas de cárcel a quienes lo practicasen. Ganaron aquella batalla, pero no la guerra contra sus derechos sexuales y reproductivos. El PiS trasladó la contienda al Tribunal Constitucional, cuya sentencia “es un nuevo ataque al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales”, según reconoció el mismísimo Parlamento Europeo.

Como dijo Margaret Atwood en El cuento de la criada, “no se puede confiar en la frase: ‘Esto aquí no puede pasar’. En determinadas circunstancias, puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar”. Siempre es posible retroceder[4].

La violencia de género que señala a la pareja o la expareja como posible agresora, los derechos sexuales y reproductivos, en concreto, el derecho al aborto, o el matrimonio homosexual, forman una tríada demoledora para la familia heteronormativa. La demonización del feminismo cae, pues, por su propio peso.

Parte II

Podría decirse que la visión que la extrema derecha tiene del feminismo se identifica casi exclusivamente con el feminismo “liberal”, la versión más clásica y extendida del feminismo, dado que la liberación de la mujer de los roles convencionales de madre y esposa se considera, en sí misma, fragmentadora y divisoria. La emancipación de la mujer se identifica aquí con su mercantilización y el feminismo con una posición “empresarial”, autoemprendedora, que lanza a la mujer al espacio público-mercado y la desafecta del espacio privado-núcleo familiar.

De manera que el feminismo es la no-familia, un proceso que estimula la des-vinculación de las esencias familiares (o patrias), la masculinización de las mujeres, la usurpación por parte de ellas de los roles tradicionalmente adjudicados a ellos, el fin de los estereotipos de “género”. Así que la del “género” es una “ideología” que oculta y tergiversa la verdad, lo que realmente somos. Lo que somos biológica y socialmente. Altera, por tanto, la “naturaleza” del ser mujer. Un “ser” que pasa por la identificación acrítica entre el ser anatómico, social y jurídico, por ese orden. No se trata de lo que una quiera o necesite ser, sino de lo que una es y debe ser, considerando aquí que el ser y el deber ser forman parte del mismo plano, en un punto en el que no solo no pueden separarse, sino que no pueden diferenciarse conceptualmente. El ser es esencia (naturaleza) y permanencia (estabilidad social e histórica) y todo lo que es debe ser y seguir siendo. Así de fácil. Cosas del Derecho Natural y de lo que se ha venido llamando “falacia naturalista”. No es esta una cuestión en la que me vaya a detener ahora (aunque le he dedicado largas horas de mi vida), pero sí es importante señalar que el antifeminismo (como la mayor parte de lo que la extrema derecha plantea) se mueve en ese marco naturalista y preilustrado.

Evidentemente, de aquí se deriva, de momento, la negación de la “libertad” vinculada al “deseo”, al “querer”, entendida como “libertinaje”, pero no solo. Se niega también la “libertad” entendida como “autodeterminación”, esto es, como un proceso de emancipación del mundo de la “necesidad”. Las necesidades, aunque son sentidas individualmente, son siempre construcciones sociales e históricas, sin duda, pero eso no significa que sean frutos aleatorios de la historia ni tampoco productos de la manipulación que de ella se haga desde el poder. Para la extrema derecha, el feminismo es una forma de dominación que crea (inventa) necesidades donde no las hay. O sea, que el feminismo es tan alienante como el machismo y somete también a las mujeres: las desaliena de la familia para alienarlas al mercado, generándoles problemas de identidad, desarraigo, soledad e infelicidad.

Esto es, las opciones sexuales no pueden elegirse (como suponía Foucault) y el binarismo es obligado. El binarismo no es solo que las mujeres y los hombres, son, con mayúsculas, distintos, sino que los segundos dominan, han dominado y dominarán siempre sobre las primeras, en todos los órdenes de la vida, excepto en el hogar, donde a las mujeres se les otorga un rol social y políticamente relevante. “Ser” madre y esposa es lo único que ellas pueden ser y jugar ese papel es lo que las hace verdaderamente libres, porque ese es el único rol en el que están desalienadas, en el que pueden liderar como “mujeres”, independientemente de los varones. Cualquier otra alternativa, es una renuncia a su libertad natural y no es, por tanto, emancipación sino mercantilización; sujeción al reino masculino, insatisfacción (dado que el ser no se consuma) y sometimiento al reino de las necesidades creadas socialmente por el poder. De manera que cuando el feminismo anima a las mujeres a salir al mercado, lo que hace, en realidad, es esclavizarlas. El patriarcado no está donde las feministas creen que está sino en otro lugar; justo en el lugar al que ellas se dirigen.

La igualdad entre hombres y mujeres no solo no es posible, sino que no es deseable, como sucede también por lo que hace a las diferentes clases sociales o nacionales. La extrema derecha es clasista y xenófoba pero no únicamente por aporofobia o xenofobia, sino porque se asume que la desigualdad es un dato y que siempre ha habido y habrá seres “superiores”, llamados por naturaleza, a dirigir al rebaño. Y estos líderes naturales son los hombres, los ricos y los nacionales. ¿Por qué? Porque la historia demuestra que son los que mejor lo han hecho. Su éxito social ratifica sus méritos, sus méritos ratifican sus virtudes, y sus virtudes confirman sus capacidades naturales. En el fondo de este argumento, late una concesión, sin paliativos, a las sociedades meritocráticas basadas, eso sí, no al estilo “liberal”, en los éxitos empresariales-mercantiles, sino al estilo “conservador”, en el mantenimiento impertérrito de las esencias naturales (de lo que es y debe ser porque siempre ha sido). Las feministas podrán vociferar lo que quieran, pero están de paso, como está de paso el marxismo o el multiculturalismo. Nada ni nadie logrará cambiar el destino que la rueda depredadora de la historia ha escrito para las mujeres, los pobres y los extranjeros.

Parte III

Si asumimos que un antídoto es la sustancia que contrarresta los efectos nocivos de otra, cabe preguntarse si el feminismo “liberal” o el llamado “feminismo de la igualdad” puede presentarse, por sí mismo, como un antídoto frente a la extrema derecha. No tengo intención de analizar sus presupuestos, ni tampoco de criticarlos, sino de plantear en qué medida puede presentarse como una alternativa efectiva frente a estas posiciones.

Este feminismo niega la diferencia sexual por ser fuente de discriminaciones y suele distinguirse del “feminismo de la diferencia”, que reconoce un valor positivo a la diferencia sexual entendida como una realidad histórica que se apoya en la experiencia de las mujeres (no en su esencia, ojo). Evidentemente, esta es una aproximación muy simplificada. Conozco bien su complejidad y sé que hay diferentes escuelas y corrientes (a veces, casi tantas como autoras y militantes) pero mi objetivo aquí, insisto, es apuntar qué feminismo es más “eficiente” en la lucha contra la extrema derecha y me parece que hay unas pocas cosas claras.

No puede combatirse a la extrema derecha identificando mercantilización con emancipación, esto es, con un feminismo “empresarial” clasista y elitista, para el que la igualdad de oportunidades se traduzca en equiparar a hombres y mujeres en la dominación. Esta posición no nos sirve porque confirma parcialmente lo que la extrema derecha quiere confirmar: el feminismo arrastra a las mujeres al reino de la sumisión y la necesidad porque las desaliena de su lugar “natural”, el de la familia (buena y justa por definición), para alienarlas al mercado. Ya sé que la familia no es un lugar “natural”, ni siquiera, necesariamente, amable, para el feminismo “liberal” (aunque en ocasiones se ha asumido acríticamente), pero estas posiciones sí refuerzan la segunda parte del axioma y eso las inhabilita para contrarrestar eficientemente a la extrema derecha.

En primer lugar, porque lógica mercatoria es la lógica capitalista de la acumulación que ha puesto en crisis la vida tal como la conocemos. Como ha dicho en varias ocasiones Amaia Pérez Orozco, la lógica mercatoria y la lógica de la vida son irreconciliables y solo parecen compatibles cuando se esconde la tensión que late entre ellas a fin de relegar la vida al terreno de lo invisible. Cuando la vida se invisibiliza, se invisibilizan los cuidados y se oculta a las mujeres, que son las que se ocupan de ellos. Si este proceso tiene éxito es porque son ellas las que absorben la tensión que el capitalismo ha creado entre lo productivo y lo reproductivo, y el feminismo liberal acaba reforzando este marco.

En segundo lugar, porque la división público-privado que defiende este feminismo de la igualdad, o como lo que queramos llamar (ahora esto es irrelevante), es la que facilita que se reconozcan derechos solo a quienes ocupan un espacio público atravesado por la racionalidad del mercado. La rígida división público-privado presupone la inferiorización de lo privado en la medida en la que al mundo de los derechos se accede únicamente desde el espacio público; desde una ciudadanía que no puede desligarse del locus productivo, el “trabajo” y el consumo.

El problema es que no debería tratarse solo de impulsar el acceso de las mujeres al mercado (casi siempre, como mano de obra barata y flexible) y promover un cambio de valores que reconozca a las “trabajadoras” como ciudadanas, subalternizando, colateralmente, a las que “no trabajan”. Si queremos combatir a la extrema derecha no podemos reducirnos al feminismo del 1%, lobbista, empresarial e institucional, para mujeres ricas con voluntad de liderar. Hay que romper los techos de cristal, sin duda, pero ni este objetivo puede ser el único, ni resulta especialmente útil para contrarrestar el antifeminismo de la extrema derecha. El nuestro no puede ser el feminismo de la falsa meritocracia, una revolución que solo cambia, relativamente, la vida de las pocas mujeres que cumplen los requisitos formales que el patriarcado exige para formar parte de una élite. Y digo “relativamente” porque la libertad no empieza y termina con la firma un contrato sobre cuyas condiciones no se tiene ningún control.

En tercer lugar, la dicotomía autonomía-dependencia organizada sobre el eje de los ingresos monetarios y la propiedad privada, en la que también se apoya el feminismo liberal, impide el reconocimiento de la interdependencia social y deprecia/desprecia la red de cuidados que ya existe y que sostienen las mujeres. Con esta dicotomía, no solo se hace un flaco favor a las mujeres, sino que se fortalece, una vez más, el marco conceptual en el que se apoya la extrema derecha.

En cuarto lugar, no podemos abonarnos a un feminismo que individualiza los problemas estructurales y acaba debilitando el énfasis en la coerción social a la que las mujeres estamos sometidas. Cuando lo único que se busca, por ejemplo, es criminalizar y castigar a un agresor concreto, la referencia deja de ser la mujer “como clase” y pasa a ser, simplemente, el “yo”, la mujer “como víctima”. Cuando solo se nos protege mediante el uso de sanciones, se nos fragmenta, se nos despolitiza, y se nos deja sin protección como grupo.

Un proyecto legal desligado de un programa político-económico redistributivo, de una agenda social más amplia en torno a las violencias, y centrado únicamente en la justicia penal, tiene un alcance muy limitado, confirma el statu quo y alimenta las dinámicas utilitaristas del sistema. Dinámicas que pueden llevar a castigos espectaculares para los agresores señalados mediáticamente, represalias individualizadas de enorme calado para disuadir a terceros, pero que resultan inútiles, una vez eliminadas unas cuantas manzanas podridas.

No olvidemos que el punitivismo es un acicate para una extrema derecha sanguinaria que clama en favor de la cadena perpetua y la prisión permanente revisable frente a violadores extranjeros.

Vaya, es cierto que, frente a un Derecho patriarcal, la protección de las mujeres requiere de un trato especial, pero ese trato no puede reducirse a una criminalización más vasta. Se requiere de un plan social y exige, además, un sistema penal y penitenciario que incorpore, sin reservas, políticas preventivas.

El Derecho es una extraña combinación de persuasión, burocracia y violencia, pero para funcionar, para generar orden, seguridad y justicia, esa combinación ha de ser equilibrada. No sirve de nada castigar si no se entiende el sentido del castigo. Si la violencia machista es un problema estructural, su abordaje no puede concentrarse únicamente en la figura del delincuente, ni en la de la víctima. No digo que no haya que castigar, digo que el castigo ha de aplicarse considerando que el delito no es el fruto de una patología individual (que también puede existir) sino de una red de relaciones profundamente patriarcales, y esa es la red que se tiene que erradicar[5]. Negar, ocultar o minimizar los problemas estructurales facilita la criminalización y la persecución focalizada que alienta la extrema derecha.

Parte IV

Decía, al principio, que la extrema derecha se anclaba en la experiencia de desarraigo, desintegración social y violencia institucionalizada que han sufrido las mayorías sociales, especialmente, en estos años, y que ha vehiculado la rabia y el resentimiento de quienes se han considerados perdedores, así como el terror de los que tenían algo que perder. Frente a la soledad y el miedo, ha ofrecido la restauración de un mundo perdido; un mundo común y compartido que no mira al futuro sino al pasado, al reino de la naturaleza hoy subvertido y adulterado. Se ha perdido el equilibrio y la armonía que nos ofrecía el orden natural, que es el orden moral y la fuente de nuestra felicidad, y la extrema derecha debe restaurarlo. Esta épica militante tiene que ver con esa lucha y puede desembocar en una violenta batalla en la que el fin justifique los medios, en la que se cuente con un ejército, se asuman víctimas necesarias y se designe a los próceres cuya misión heroica sea corregir los desvíos depravados de la historia.

Pues bien, si es esto es así, parece claro que solo el feminismo de la diferencia, ajustado y corregido, está en condiciones de amortiguar el impacto de la extrema derecha puede tener sobre la vida de las mujeres, contrarrestar su propaganda y articular una resistencia efectiva. Ajustado y corregido porque es en su versión relacional en la que puede tener más recorrido. Me explico.

La marea feminista de los últimos tiempos ha asumido el diagnóstico que acabo de describir, pero, a diferencia de la extrema derecha, ha logrado canalizar la rabia y el miedo hacia una contestación de signo radicalmente opuesto. El feminismo relacional se mueve con el mismo material humano, pero apelando a una semántica de la experiencia completamente diferente porque la misma conciencia de vulnerabilidad y dependencia que ha dado lugar a la extrema derecha, ha encontrado aquí un tejido bien trabado para derribar sus fronteras.

Uno. Este feminismo relacional asume la racionalidad del miedo frente a la soledad, la fragmentación y el vacío al que nos han arrastrado las políticas neoliberales. Asume las violencias sistémicas que sufrimos las mujeres. Asume la necesidad de redes y vínculos comunitarios; la misma necesidad a la que dan respuesta las iglesias, los nacionalismos excluyentes y el conservadurismo político. De hecho, parte de la vulnerabilidad y la dependencia como condición estructural de lo que significa ser humano, pero no es ni puede ser conservador. No asume la desigualdad como dato, ni la superioridad de unos sobre otros, porque el éxito de los varones, los ricos y los nacionales, no confirma sus capacidades, sino que es una prueba de su egoísmo y su codicia. Reivindica un imaginario de lo común que pone en valor la revolución de los cuidados y los afectos, pero no se centra en la familia patriarcal porque no entiende el cuidado como un destino fatal derivado de la biología o la maternidad (real o potencial).

Dos. Dado que la violencia sistémica y la escasez de recursos es fruto de la codicia de los propietarios, los ricos y los especuladores, este feminismo se opone a los procesos de desposesión, las privatizaciones y el nuevorriquismo que la extrema derecha alienta. Se articula también desde un imaginario de lo común, aunque lo hace en la consciencia de que el sostenimiento de la vida y la supervivencia de las mujeres depende de bienes comunes/públicos y de las prácticas relacionales que favorecen su gestión compartida, equitativa y sostenible.

Tres. Se asume que hay buenas razones para tener miedo, pero no al pobre, sino a la pobreza, no al extranjero, sino al exilio, no a los migrantes, sino a la precariedad y a la intemperie. O sea, que es a los pocos ricos opulentos y no a los muchos desarrapados a los que tenemos buenas razones para temer. Precisamente porque teme a los pocos y no a los muchos, a las élites y las minorías excluyentes, este feminismo resiste la captura securitaria de nuestra vulnerabilidad que representa el Estado policial, el militarismo, el racismo institucional y el colonialismo; las reacciones punitivistas del poder que la extrema derecha activa frente a las emergencias que ella misma crea y/o amplifica.

Cuatro. Y por esta misma razón, el refugio de las feministas no puede ser esa abstracta y fantasiosa comunidad nacional cerrada, excluyente y expulsiva que dibuja el patriotismo de banderas, sino las vivencias cotidianas de interacción, las relaciones afectivas y los vínculos que las mujeres cultivan. Los “bienes” relacionales que necesitamos para vivir y sobrevivir al desamparo.

Lo importante aquí no es lo que hemos sido, ni tampoco la narración épico-narrativa de lo que somos, sino lo que queremos ser en común; lo que hacemos y queremos hacer con quienes compartimos un espacio vital concreto. Es decir, que la pertenencia a una comunidad política, en esta versión feminista, viene determinada por la actividad y la experiencia compartida. Por eso es siempre más integrador el expediente de la vecindad que el de la ciudadanía. Lo importante es lo “bueno” que hay entre nosotros, las redes de cuidados que, parafraseando a Marina Garcés, no pueden visualizarse desde una mirada focalizada (lo concreto-particular) ni panorámica (lo abstracto-universal), sino desde el ojo “implicado”, libremente vinculado. De todo esto se deduce la relevancia de la vivencia, el testimonio y la épica cotidiana.

En la comunidad feminista el eje central no son los intereses personales, las robustas voluntades individuales, ni los deseos de unos pocos, sino las necesidades insatisfechas y de cuidado que tienen los muchos. De manera que, frente al narcisismo, el utilitarismo y la competitividad que solo favorece a las élites, se alza la cultura de la responsabilidad, el hacerse cargo y el cuidado. Se trata de plantear los derechos propios en el marco de una “ética del cuidado” que conceda un valor político a los bienes relacionales y los vínculos, y que reconozca las deudas de vínculo que hemos contraído con quienes nos han cuidado, nos cuidan y nos cuidarán. Unas deudas que se proyectan hacia el pasado y hacia el futuro, y que superan, con creces, la visión lineal del tiempo.

Por eso aquí es importante la justicia generacional: lo que le debemos a quienes han vivido antes, el deber de memoria, y lo que debemos a quienes vendrán después. Puede reformularse la familia y la nación sin desvincularse ni alienarse a la lógica mercatoria.

Cinco. El feminismo relacional es anticapitalista y antiproductivista. El capitalismo se apoya en la obtención del máximo beneficio posible en el menor tiempo y con el menor coste posible; crecer de forma indefinida externalizando los costes para que sean otros los que paguen las deudas (la deuda ecológica – deuda de carbono, biopiratería, pasivos ambientales y exportación de residuos – y la deuda del trabajo en condiciones de explotación). La intención es apropiarse y reapropiarse de lo común bajo el paraguas de una propiedad privada sacralizada e intocable, que deja a los más vulnerables, y a las mujeres en particular, apriorísticamente, al margen del sistema.

Si la propiedad privada no es política, sino prepolítica; si tiene un valor moral, y no instrumental, no hay ninguna razón para hablar de su función social y su utilidad pública. No es un instrumento para satisfacer necesidades básicas, sino un objetivo en sí mismo, y puede ser estrictamente especulativa.

Las mujeres tienen que alinearse con las políticas de lo común que se orientan a la redistribución de la riqueza y que defienden la prioridad del derecho a la subsistencia sobre el derecho a la propiedad, asumiendo que el segundo ha de protegerse solo cuando se orienta a la satisfacción del primero. Garantizar la subsistencia y los bienes comunes exige limitar los bienes privados (propiedad privada) y requiere también de la existencia de bienes públicos (evitar tanto la dominación horizontal y vertical).

Las políticas privatizadoras y extractivistas de la extrema derecha son el epítome del clasismo y el supremacismo, y se explican, una vez más, y entre otras cosas, a partir de la superioridad natural e histórica de unos sobre otros. La dominación de unos sobre otros y el dominio total sobre la naturaleza.

El feminismo relacional, en cambio, asume la ecodependencia, la dependencia que tenemos de la naturaleza para sostener la vida y la relevancia del dolor para articular responsabilidades con los animales no humanos. La civilización no es subyugación y sumisión, y la cultura de la responsabilidad tiene que extenderse también a la esfera no humana.

Parte V

En definitiva, contra quienes mitifican la libertad contra los otros, la autoestima soberbia del yo, la autoconsciencia, el auto-reconocimiento, la inmunidad y la autosuficiencia, el feminismo relacional plantea el contagio, el contacto, el reconocimiento del otro y la construcción del tú. Somos el resultado de nuestras sinergias relacionales, en permanente estado de regeneración, reflexión, revisión y diálogo.

Frente a la política de los muros y el aislamiento grupal que fomenta la extrema derecha, el feminismo relacional alza la vivencia, la experiencia compartida y la política continua de los cuerpos[6].

El cuerpo como campo de batalla, objeto de violencias machistas (física, sexual, emocional y económica), feminicidios y violencia institucional. Una violencia que se ha incrementado cuando el poder jerárquico de la masculinidad se ha visto amenazado.

El cuerpo como fuente de subjetividad. “Mi cuerpo es mío” es un grito contra el sistema que discrimina y oprime a las mujeres, y quiere decir “mi cuerpo soy yo”, no soy disociable de mi cuerpo, porque hay una relación entre el cuerpo y el yo que no puede entenderse en la clave patrimonialista del individualismo posesivo.

El cuerpo como objeto de cuidados que apela al deber de cuidar (deber público de civilidad) y al derecho a cuidar y ser cuidados. La interdependencia pone de manifiesto la relevancia de las mujeres, la conexión entre el sistema productivo y el reproductivo, el trabajo remunerado y no remunerado, y la necesidad, en definitiva, de redefinir lo que entendemos por “trabajo”. Subraya también la relevancia de las abuelas y las mujeres migrantes: el trasvase de cuidados de unas generaciones a otras, que supera las fronteras del tiempo, y la cadena global de cuidados, que supera las del espacio, porque no tiene ni nacionalidad ni Estado. En ese juego de manos femeninas, ni hay varones ni hay instituciones.

Finalmente, el cuerpo necesitado, dependiente del ecosistema y los recursos naturales que el productivismo y el consumismo depreda y desmantela. La ecodependencia nos recuerda que el colapso civilizatorio al que estamos asistiendo es también el colapso de los valores masculinos asociados al egoísmo, el individualismo, el narcisismo, el progreso lineal y el crecimiento infinito, a los que nuestra civilización responde.

La extrema derecha maneja un imaginario de lo común reaccionario y excluyente que consiste en regresar a los enclaves seguros del pasado: la familia, la iglesia, la clase, el Estado, la nación y la propiedad privada. El feminismo relacional apela a una comunidad de cuidados mucho más amplia e inclusiva, revirtiendo el uso que el poder ha hecho de esas instituciones e incorporando la corporalidad sintiente a la lógica abstracta de la normatividad.

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[1]http://www.rebelion.org/noticia.php?id=248169

[2]https://www.dw.com/es/cunde-la-alarma-ante-la-posibilidad-del-fin-del-orden-patriarcal-dijo-rita-segato-a-dw/a-56809492

[3]https://www.bing.com/search?FORM=XKSBDF&PC=XK01&q=La+Europa+de+las+mujeres+frente+al+lobby+anti-elecci%C3%B3n

[4]https://www.elsaltodiario.com/opinion/el-rayo-que-no-cesa

[5]http://lapenultima.info/articulos/feminismo-antipunitivista-de-por-que-el-incremento-de-las-penas-no-es-la-solucion/

[6]https://ctxt.es/es/20190306/Firmas/24814/Maria-Eugenia-Rodriguez-Palop-extracto-revolucion-feminista-y-politicas-de-lo-comun-extrema-derecha.htm

 

 

Independencia periodística, contrapoder mancomunado

• 

  Víctor Sampedro Blanco

  Catedrático de Comunicación Política

“Sueña el rey que es rey [..]
y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe [...]

La encuesta de la Plataforma de 16 Medios Independientes [PMI, en adelante], publicada el pasado 12 de octubre, ratifica con números a Calderón de la Barca. Al Reino de España pueden llegar a faltarle súbditos. La mitad de los encuestados aún cree que le debe la democracia a Juan Carlos I. Pero un tercio ya no le aplaude por ello. Y los aplausos a Felipe VI dependen ahora de un contrato hipotecario. Los plazos y condiciones se endurecen. De modo que la familia real podría ser desalojada de la Zarzuela. La mitad de la población, según la encuesta, considera la Monarquía “cosa de otros tiempos: no tiene sentido en una democracia”. La misma proporción sostiene que la valoración “depende de como sea el rey” y que “su coste es desproporcionado”. Es decir, Felipe VI está de prestado. Y soplan vientos de cambio. Si el advenimiento inmediato de la III República parece harto improbable, también lo es que la Corona perviva sin asumir ciertas reformas que la encuesta presenta como inevitables. El calado de estas reformas determinará, en gran medida, la estabilidad del edificio institucional instaurado en 1978.

Evidenciar el apoyo y el rechazo social a la Corona es ejercer de contrapoder frente al vergonzante y vergonzoso silencio de 5 años del CIS. La PMI siguió un esquema clásico: actuó de forma mancomunada, aliándose con sus públicos y entre varias redacciones. El periodismo independiente y de investigación hace hablar a su público y evita la censura reverberando su voz. Practicarlo es una exhibición de profesionalidad periodística en tiempos de pseudocracia: el gobierno de la mentira que, repetida mil veces y sin posibilidad de contrastarla, se convierte en verdad única. Desafiarla conlleva represalias y exige coraje. Vean si no los debates de Espacio Público sobre Wikileaks– Assange y sobre el periodismo de datos y filtraciones, con la presencia de Hervé Falciani.

Los índices de audiencia y los clics generan pseudoinformación: relaciones públicas y propaganda disfrazadas de noticias. Sin embargo, los públicos (ciudadanía no mercantilizada como audiencia) costean determinados medios para dictarles la agenda informativa. Mecenas plebeyos aportan micro-aportaciones y suscripciones: adelantan un dinero que expresa máxima confianza (el activo que el periodismo convencional ha perdido). Así se mantiene un espacio para hacerse oír, que rehúye el sectarismo, escucha y dialoga con otros sectores del público. Por eso la PMI es la antítesis de Hazte Oír: el megáfono reaccionario del conglomerado de partidos y pánzers de pensamiento de la ultra(derecha) – FAES-PP+Disenso-Vox – que se disfraza de altavoz popular.

El periodismo independiente “escucha al público antes de dirigirle la palabra y pretender representarle. Una cuestión de mero respeto, vamos.” Esto distingue al periodismo que construye democracia del que “inventa mayorías para hablar en su nombre. Si pueden, ignoran la que se les enfrenta. Si no, la criminalizan.” El contrapoder mediático se manifiesta facilitando una deliberación pública, plural y sin tabúes; sin ocultar el posicionamiento propio. La encuesta fue radicalmente democrática: la estadística inferencial dio a todos los censados (a partir de los 16 años) la misma oportunidad de responder a idénticas preguntas.

En comparación, la réplica monárquica resultó antitética y antiestética: un video en el que 183 cortesanos vitoreaban al Rey desde sus ordenadores. ¿Los consideran púlpitos o tribunas suficientes para sostener la Corona? Pero aquel iluso (¿interesado?) gesto de vasallaje no carecía de intenciones inquisitoriales. Los últimos 4 minutos del video (casi un tercio del metraje) reproducen las contestaciones de quienes declinaron participar. Les presentan como cobardes, desleales, cínicos y/o hipócritas. Y así señalan (sin nombres) a políticos, empresarios, sindicalistas y representantes de la cultura que no se adhirieron. Ajustes de cuentas, en fin, entre celebrities. Puro astroturfing, que dicen los anglosajones, que suplanta a la ciudadanía y que aquí desprende tufo a Torquemada.

La monarquía ha sido y es la espina dorsal del conservadurismo español. Este, sea de derechas o izquierdas, entiende las adhesiones públicas como un pronunciamiento (también militar) de lealtad a la Corona. El “¡Viva el Rey!” es también un señalamiento de los disidentes. Ese gesto mecánico, estigmatizador y criminalizador (siamés del constitucionalismo del 78), que equipara disidencia y terrorismo. Y que cuestiona el carácter democrático del video mencionado y de la institución que ensalza.

La PMI, en cambio, cocinó la encuesta con las recetas del Cuarto Poder en Red del s. XXI. Reconozcamos, pues, el banquete que nos ofreció.

• Se sirvió información considerándola un bien público. Ni privatizado ni monetizado con muros de pago, inscripciones o suscripciones obligatorias. Así, por lo menos, se habría paliado la auto-explotación activista que mantiene las redacciones de estos 16 medios abiertas.
• Se aportaron datos incontestables, sorteando diques institucionales (CIS) y corporativos (los grandes medios cortesanos). Eran resultado de un protocolo científico objetivo y neutral. Materializaba la equivalencia que The Economist establecía entre el “We the People”, que escribió la constitución de EE.UU., y el “We the Data” que rige la economía y la política contemporáneas.
• Los datos servidos eran “libres e iguales”, adjetivos que se arrogaban los protagonistas del spot monárquico. La expresión de ciudadanos que, sin coacciones y con idéntica posibilidad de participar, contestaron a un mismo cuestionario en una muestra estadística representativa. Y eras datos de libre uso (también para la corte de Felipe VI), abiertos al tratamiento que quiera dárseles.
• El festín contó con el concurso de expertos (la ex-directora del CIS dirigía el estudio) y recursos mancomunados: poniendo manos en común. Se abrió así un debate independiente del mercadeo (más bien, trapicheo) de “exclusivas” oficiales (en realidad, notas de prensa de la Casa Real). La encuesta, por tanto, es una respuesta anticipada a las filtraciones, globos sonda, puestas en escena o postureos vergonzantes con los que han respondido los medios de la Corte.

La colaboración (con públicos y entre medios) y no la competencia (dopada desde el poder) aporta valor, pone en valor el periodismo. Es una práctica asumida y explícita desde hace tiempo por alguna cabecera de la PMI. Periodismo de código libre y abierto; frente a reverencias zarzuelescas. Y no es la primera vez que se pone en práctica. En la estela de Wikileaks y en abril de 2014, varios medios involucrados ahora en la encuesta crearon Fíltrala. Fue el primer buzón de filtraciones no oficiales de este país. La primera de ellas, los Papeles de la Castellana, revelaba (hace cuatro años) los paraísos fiscales de varios miembros de la Casa real. Aquel periodismo, de inspiración quincemayista, también cuajó en el 15M para Rato: la filtración de las Black Cards de Bankia que ajustó cuentas con un ex-ministro de Economía y ex-presidente del FMI.

Aquellos medios indigentes han vuelto a mostrarse independientes. La PMI es algo más que un gesto o una semilla. Baliza el camino para seguir tejiendo en red una esfera pública más democrática. Juan Carlos I no “salió” ni “se marchó” de España. Mucho menos se “exilió”. Según la evidencia demoscópica (la visión estadística del Pueblo) el ex-monarca no es un “rey emérito”: sino un prófugo de los tribunales de justicia y del de la opinión pública. Necesitamos cartografiar el debate que abrió y las futuras sendas del periodismo independiente. Por de pronto, para hacerlo posible participen de él: suscríbanse a alguno o, mejor, varios de estos medios. Y tomen voz en el debate que desplegaremos a partir de ahora en este Espacio Público.

Diálogo y negociación para una salida progresista a la crisis

• 

  Enrique del Olmo

  Sociólogo

• 

  Gabriel Flores

  Economista

La crisis global y multidimensional de la que el coronavirus ha sido el detonante plantea un nuevo escenario vital que afecta a todos los componentes de las relaciones humanas, sean de índole económica, social, cultural, institucional o geopolítica, incluyendo las que mantiene nuestra especie con la naturaleza de la que somos parte, por mucho que mostremos tanto empeño en deteriorarla, explotarla y recortar la biodiversidad que le sirve de sostén y equilibrio. Nada ni nadie escapa a los impactos de esta gran crisis de inciertos desarrollo y resultados.

Lo que comenzó siendo una crisis sanitaria acabó, a los pocos meses, paralizando la actividad económica, por la obligada decisión de confinamiento de la población, e impactando sobre estructuras sociales, económicas y ecológicas profundamente desequilibradas y vulnerables. Tanto el modelo de capitalismo y globalización neoliberales como la cohesión económica, social y territorial o el medio natural del que depende la vida y la civilización se encontraban ya, antes de la pandemia, deteriorados. Volver atrás, al modelo de crecimiento y a las relaciones y estructuras productivas previas, no resolvería ninguno de los problemas que esta crisis ha desvelado. La tarea a llevar a cabo, por tanto, es doble: defender a la ciudadanía de los impactos destructivos de la pandemia y sus dañinas consecuencias económicas y sociales y superar las causas que han multiplicado el potencial destructivo de esta crisis global.

El análisis del nuevo tiempo que vive nuestro país y el conjunto de la humanidad requiere, sin duda, una mayor perspectiva temporal y un abordaje global de las múltiples causas, tendencias en acción, interrelaciones y potenciales efectos de las crisis desatadas por la pandemia. Sin embargo, la acción política no puede esperar, la sociedad, sus representantes políticos y las instituciones están obligados a actuar en el presente, en defensa de la vida y la salud de la ciudadanía, sus condiciones de trabajo, derechos, libertades y convivencia. Y seguirán tomando decisiones, como en los últimos dos meses, en unas condiciones de incertidumbre radical, mientras sigamos situados en el ojo del huracán de la pandemia y cuando ésta haya pasado y podamos hacer recuento de los destrozos causados y aplicar los planes para reconstruir lo dañado y recuperar la actividad económica. La acción política, el debate y la lucha social o la tarea de gobernar no pueden esperar.

Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía y tengan su ámbito de resolución al alcance de los votos, críticas y movilizaciones de la mayoría social: las administraciones públicas españolas y las instituciones europeas que dependen de las decisiones y el control de la sociedad civil y de sus representantes políticos.

Para iniciar y contextualizar este debate adelantamos algunos puntos de caracterización del momento político que intentamos desentrañar y en el que se inscribe la principal iniciativa política del Gobierno de coalición PSOE-UP, su propuesta de amplios acuerdos al conjunto de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales e instituciones, sin excepciones ni restricciones, para afrontar en común la búsqueda de soluciones a una parte de los grandes retos y problemas que plantea la actual crisis a nuestra sociedad y a nuestro país:

1. Hemos entrado en una nueva fase política en la que perviven lastres e inercias de un largo periodo de crisis e inestabilidad y evidentes problemas de gobernabilidad que se arrastran, al menos, desde 2016. Contamos con la reciente constitución de un gobierno de coalición progresista (una experiencia inédita en la última y larga etapa democrática de nuestra historia colectiva) que se sostiene en un limitado apoyo parlamentario y depende, en las grandes decisiones que exigen mayorías absolutas, de la negociación con un heterogéneo conglomerado de fuerzas políticas y, especialmente, de partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Un gobierno progresista aparentemente débil y una oposición de derechas aún más débil y fragmentada que no tiene ninguna posibilidad de armar una moción de censura viable ni una propuesta alternativa de gobierno.

Casado y Abascal han optado, en una situación tan excepcional como la de la pandemia, por promover la crispación social y la confrontación política para intentar maniatar y romper al gobierno progresista y encubrir esa labor tras la idea de una gran coalición dispuesta a imponer de una vez su versión uniforme, hosca, cerrada e intolerante del nacionalismo español. A pesar de esa oposición de derechas y extremas derechas que no han prestado ningún apoyo a la gobernabilidad o la gestión de la pandemia, acompañando a su desmayado apoyo al Estado de Alarma con brutales e inmorales campañas de acoso, este gobierno de coalición progresista ha construido y sigue reforzando un escudo social que protege a la mayoría social y los empleos, rentas y bienes públicos que sustentan el bienestar de la ciudadanía y el futuro del país.

2. Para abordar en profundidad esta crisis, restañar las tremendas heridas producidas en nuestra sociedad y superar el desastre económico ha aflorado una amplísima demanda social (que todos los estudios de opinión sitúan por encima del 80%) favorable a exigir a las fuerzas políticas que subordinen sus diferencias al bien común en tiempos tan excepcionales y colaboren en la búsqueda y aplicación de las soluciones que cuenten con mayor apoyo porque la sociedad las considera más eficaces y justas. En el mismo sentido somos conscientes que también la capacidad de demanda y de movilización de la sociedad va a ser importante en marcar las agendas de dialogo y las características de las salidas que se den a los diversos problemas.

3. Ese sentimiento de la ciudadanía favorable a la colaboración ha sido acogido y transformado por el presidente del Gobierno en una propuesta de reconstrucción económica y social a todas las fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, instituciones y administraciones públicas (central, autonómica y local). Más allá de las fórmulas que adoptará finalmente esa propuesta, que tendrá que ir acomodándose a las posibilidades reales que determinen el diálogo y las negociaciones en marcha, lo importante es que se abre un nuevo periodo en el que, al tiempo que gana eficacia la lucha contra la pandemia y se refuerzan y amplían las medidas de rescate social y protección del tejido empresarial, se inicia una dinámica de diálogo, negociación, disensos y posibles acuerdos que determinarán el alcance y la naturaleza de los futuros pactos y los apoyos que conseguirán en la ciudadanía. El pasado 11 de mayo, los sindicatos CCOO y UG, las patronales CEOE y CEPYME y el gobierno de coalición progresista abrieron el camino de esa dinámica de diálogo y acuerdo con la firma solemne en el Palacio de la Moncloa de la prórroga hasta el 30 de junio de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por fuerza mayor y la seguridad que ofrecen a millones de trabajadores (que mantendrán sus contratos y una parte sustancial de sus ingresos) y patronal (que se beneficiará de distintas exoneraciones de las cuotas a la seguridad social a cargo de las empresas).

Se demuestra así que las posibilidades de acuerdo existen y que los pactos pueden ser beneficiosos para todas las partes implicadas cuando responden a problemas reales y descansan sobre un justo y equilibrado reparto de los costes que conllevan. Nada tan pedagógico como este acuerdo para deshacer de un plumazo los falsos debates sobre la imposibilidad de alcanzar amplios acuerdos o sobre la inconveniencia de alcanzarlos porque supondrían siempre, al margen de una lectura concreta sobre lo acordado, la preponderancia completa de unos intereses sobre otros. El acuerdo demuestra la responsabilidad y la capacidad de dialogar, ceder y acordar que atesoran los agentes sociales y el gobierno de coalición progresista, incluso en unas condiciones críticas tan excepcionales y con una oposición de derechas que alienta la crispación y promueve la ingobernabilidad.

4. La propuesta y puesta en marcha de esa búsqueda de amplios acuerdos, lejos de suponer una restricción, tiene la pretensión de reforzar la continuidad de la experiencia de cooperación política entre PSOE y UP en las tareas de gobierno y aportar viabilidad a las medidas progresistas. Nadie, en un régimen democrático, tampoco las derechas, puede pretender cambiar la composición de un gobierno legítimamente constituido o maniatar su acción política mediante otro método que no sea el de las urnas. Las negociaciones iniciadas no están encaminadas a formar una nueva coalición gubernamental ni pueden pretender que este gobierno desista en la aplicación de su programa progresista; tampoco, que la oposición renuncie a sus ideas y propuestas o reduzca sus críticas o su labor de control a la acción gubernamental. Los objetivos son otros: explorar las posibilidades de llegar a acuerdos que permitan mejorar la eficacia de la lucha contra el coronavirus y la crisis sanitaria, reforzar el rescate y la protección social, recuperar la actividad económica con la mayor rapidez posible e instalar un nuevo clima político y social que facilite la gobernabilidad del país y una gestión de la crisis que no deje atrás a nadie, asegure un reparto equitativo y justo de sus costes y ofrezca la seguridad y las respuestas urgentes y tangibles que necesita la sociedad.

5. Todos los informes y estimaciones de la evolución económica en lo que queda del año 2020 y datos del desempeño de la economía española y mundial en este corto periodo de tiempo en los que el confinamiento ha impedido gran parte de la actividad económica dan cuenta de la intensa recesión en la que nos adentramos y de la enorme capacidad de destruir empleos, actividad económica y factores productivos de esta crisis. Las últimas previsiones para la economía española realizadas por la Comisión Europea, y publicadas el pasado 6 de mayo, muy parecidas a las que contiene el Programa de Estabilidad 2020-2023 remitido el pasado 30 de abril por el Gobierno de España, señalan un retroceso del PIB en 2020 del 9,4% (solo superado en unas décimas por Italia y Grecia), una tasa de desempleo del alrededor del 19% (solo superada por Grecia), un déficit público cercano al 10% (debido al fuerte aumento del gasto público y a la caída de los ingresos tributarios) y un aumento de algo más de 20 puntos porcentuales de la deuda pública, hasta el 115,5% del PIB.

En resumen, un auténtico desastre económico y social sin parangón histórico en tiempos de paz. Las grandes diferencias con los datos reales acumulados durante las dos recesiones sufridas por la economía española entre 2008 y 2014 son una menor afectación del empleo, gracias a las medidas tomadas por el Gobierno de coalición progresista en defensa del mantenimiento de los empleos, a través de los ERTE, un mayor esfuerzo en las prestaciones a las personas en situación de desempleo y la próxima aprobación de una nueva renta mínima que entrará en vigor y se hará efectiva el próximo mes de junio. Las medidas que se están tomando para afrontar y superar esta nueva crisis global nada tienen que ver con la nefasta estrategia de austeridad y devaluación salarial seguida ante la crisis financiera global que estalló en 2008.

La incertidumbre reinante y la falta de conocimiento sobre la evolución y las posibilidades de encontrar una vacuna o remedio terapéutico que permita controlar y superar la pandemia hacen que los ejercicios de previsión económica más allá de este año 2020 tengan mucho de invención, pero permiten hacerse una idea de la capacidad inmediata de destrucción de factores productivos y crecimiento potencial de la crisis y de la importancia de reducir sus impactos e impedir que se consoliden, para lo que sería necesario contar con la financiación necesaria para impulsar lo más rápidamente posible la actividad económica. No se trataría de limitarse a reconstruir o recuperar el tejido productivo y empresarial y el modelo de crecimiento destruidos o dañados, sino que esa reactivación económica también debe aspirar a dirigir las tendencias y los nuevos factores que surgen de esta situación crítica y que terminarán alumbrando las nuevas estructuras y especializaciones productivas, las actividades, relaciones económicas y empleos del futuro.

6. En el marco de esta crisis sanitaria, social y económica sin precedentes se pondrán sobre el tapete de los debates y posibles acuerdos un gran número de cuestiones que, sin ánimo de agotar los temas a tratar, abarcarían un amplio listado de asuntos:

• La consolidación y mejora de la Sanidad Pública y el Sistema Nacional de Salud.
• La puesta en pie y la financiación del cuarto pilar del Estado del Bienestar: el sistema de servicios sociales y políticas públicas de cuidados, con atención especial al sistema de protección a mayores, victimas lacerantes del coronavirus y la desprotección de las autoridades.
• La protección de los trabajadores y hogares especialmente afectados por la crisis económica y los mayores riesgos de exclusión social. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de los cuidados, actividad desarrollada mayoritariamente por mujeres. Precisamente, uno de los colectivos más desprotegidos y que está en su inmensa mayoría integrado por mujeres es el de las Empleadas de hogar.
• El impulso de todas las medidas contempladas por la Ley contra la violencia de género con objeto de aumentar la protección de todas las mujeres víctimas de la violencia machista, con la dotación y los medios que sean necesarios. El confinamiento ha vuelto a poner en evidencia de forma dramática la insuficiencia de las medidas actuales.
• El establecimiento de una renta básica para todas las personas afectadas por el desempleo, la precariedad y la falta de ingresos suficientes.
• La mejora de la calidad del empleo con las modificaciones de la estructura y la regulación del mercado de trabajo y el fortalecimiento del diálogo social y la negociación colectiva que permitan superar la inestabilidad, precariedad y temporalidad de los empleos. Los ERTE han sido un ejemplo.
• La protección de las actividades empresariales, especialmente de Pymes y autónomos que conforman el grueso de nuestro tejido empresarial, impidiendo que los problemas de liquidez o financiación acaben en cierres definitivos y desaparición de empleos.
• La atención a los sectores económicos y productivos especialmente perjudicados por la crisis para favorecer su modernización o reconversión hacia actividades de mayor valor añadido.
• La reforma en profundidad de la política de vivienda, que se ha convertido en una fuente inagotable de problemas: concentración de la propiedad, dificultades de acceso, inflación de precios, inexistencia de oferta de vivienda social, generalización de los desahucios en el alquiler, transformación de las viviendas de uso residencial en uso turístico…
• El incremento sustancial de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación que son la base de los nuevos sectores tecnológicos del futuro.
• El aumento de la inversión destinada a mejorar la calidad de la enseñanza pública y la cualificación y formación continua de los trabajadores.
• Para terminar este listado de temas, que solo tiene la pretensión de ilustrar algunas de las muchas cuestiones a debate, es necesario mencionar la necesidad de contar con una estructura y políticas fiscales sólidas y de carácter redistributivo que permitan sostener las medidas económicas y sociales a adoptar para recuperar el bienestar y los derechos de la ciudadanía.

En todos estos temas hay que tomar como referencia dos aspectos trasversales, la transición ecológica y las políticas de género, que nuestra sociedad ha ido incorporando mayoritariamente como preocupaciones importantes y que la crisis del COVID-19 ha puesto de nuevo de manifiesto en un sentido contradictorio (ya que se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero y las denuncias de maltrato machista), pero que sirve para que las alertas y preocupaciones relacionadas con esos dos aspectos se pongan sobre la mesa al abordar cualquiera de los temas, cuestiones o reformas que se quieran abordar.

7. En el ámbito europeo, la cuestión central seguirá siendo en los próximos meses una mayor corresponsabilidad de los Estados miembros y las instituciones comunitarias en la lucha contra la pandemia y sus efectos económicos y sociales directos e inmediatos. Y en un futuro próximo, cuando la pandemia esté más controlada, la existencia de un fondo de reconstrucción económica y la aplicación de un plan europeo de inversiones modernizadoras que no se traduzcan en un aumento sustancial de la deuda pública de los Estados miembros, porque muchos ya están altamente endeudados y no pueden fragilizar aún más sus cuentas públicas, ni en una mayor disparidad en los niveles de endeudamiento, porque impedirían la existencia de igualdad de condiciones en la competencia en el mercado único. La austeridad y los recortes no conforman ningún tipo de solución ni pueden volver a ser parte de las recetas impuestas por las instituciones comunitarias para salir de esta nueva crisis. En su lugar, la cooperación entre los Estados miembros y con las instituciones comunitarias en torno a un programa común de lucha contra el cambio climático y un nuevo acuerdo verde de desarrollo económico deben ser los puntos de partida en el impulso de las actividades económicas y los empleos del futuro. Y del reforzamiento de un proyecto de unidad europea en el que sigan vivos los principios de solidaridad y cohesión, económica, social y territorial.

8. Ya veremos qué ritmo y formas toman los primeros pasos y ejemplos del diálogo entre fuerzas políticas, agentes económicos y sociales e instituciones; y qué alcance y en torno a qué temas será posible alcanzar unos acuerdos que permitan superar esta crisis y sus impactos. En todo caso, no se trata tanto de imaginar un mundo nuevo, como de alcanzar acuerdos posibles que permitan mejorar la situación y atemperar o solucionar los graves y urgentes problemas que amenazan las condiciones de vida y trabajo de la población, el futuro del país y nuestra convivencia. El diálogo y los acuerdos que se ponen en marcha no son, ni previsiblemente llegarán a ser, discusiones constituyentes o semiconstituyentes que aborden asuntos relacionados con el régimen político o la estructura territorial del Estado, porque escapan a los afanes de la iniciativa y a las restricciones que impone el mapa político y electoral actual y, cuestión fundamental, a los requerimientos y exigencias que plantea la mayoría social en estos momentos de crisis. Tampoco serán el marco en el que se puedan abordar la crisis territorial o, de forma más explícita, los acuerdos o desacuerdos con el Govern de la Generalitat y las fuerzas independentistas, que ya tienen establecidos sus propios marcos e itinerarios de diálogo y debate, por mucho que hasta ahora hayan resultado poco operativos y tendrán que ser revisados si se pretenden revitalizar. La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos. En todo caso, lo que está por dilucidar es la capacidad de esta iniciativa para aportar soluciones a los problemas que, finalmente, terminen abordándose.

Cada uno de los temas que hemos mencionado u otros que acaben ganando relevancia en el debate público y acaben acordándose obligará a un desarrollo específico de las medidas y de la financiación necesaria para que se lleven a cabo. Es el momento de fortalecer nuestro limitado Estado de Bienestar y revertir el deterioro causado a los bienes públicos, y no sólo por los gobiernos del PP, a partir de los años 90 del siglo pasado. Aumentar el peso y la calidad de los bienes públicos es una demanda ampliamente sentida por la ciudadanía y cuenta a su favor con un amplio consenso social. Hemos conocido una década (la de los 80) de construcción y desarrollo del Estado de Bienestar y cerca de tres décadas en las que prevalecieron las transferencias de rentas y bienes públicos hacia manos privadas e intereses corporativos, descapitalizando de recursos humanos, materiales y financieros los servicios públicos.

Detrás del “tenemos una sanidad de las mejores del mundo”, se ocultaba un sistema frágil que se iba deteriorando: la Salud Pública (que aborda la prevención, vigilancia y promoción) es sólo el 1% del gasto sanitario público y el presupuesto ministerial estaba en 2017 en el mismo nivel que en 2008. Y si hablamos de servicios sociales los parámetros son todavía peores, se han convertido (como se ha visto en la dramática experiencia de las residencias de mayores), casi exclusivamente, en una fuente de negocio privado que ha experimentado un crecimiento anual del 4%, a costa de un deterioro continuo del servicio público. Hoy, las residencias privadas de mayores tienen 271.696 plazas, mientras las públicas apenas alcanzan las 100.000, arrastrando un modelo inaceptable de gestión que ha sido definido como una mezcla “de cuartel, hospital y hotel”. Toda la experiencia de deterioro de los bienes públicos de las últimas décadas nos sitúa ante un problema que no se puede abordar con medidas menores de maquillaje, sino con una inversión decidida en presupuestos y personal que nos acerquen a los porcentajes europeos en gastos e inversiones que fortalezcan los bienes públicos y la protección social.

El debate que ahora iniciamos intenta impulsar el seguimiento y desarrollo de las propuestas y negociaciones sobre el modelo de reconstrucción social y modernización productiva que nuestro país y Europa necesitan. Las intervenciones, obviamente, podrán versar sobre los aspectos más generales o sobre los aspectos sectoriales, transversales o específicos que hemos mencionado o sobre otros que os parezcan de tanta o mayor importancia, pero en todos los casos os pedimos un esfuerzo de síntesis e interacción con las intervenciones que se vayan publicando, para remarcar el carácter de debate y contraste entre diferentes puntos de vista y argumentos.

Probablemente, algunos de los temas que cobren mayor interés social o se conviertan en foco de atención de la opinión pública en los próximos meses no aparezcan en esta intervención inicial. Irán apareciendo a medida que se desarrollen las negociaciones entre fuerzas políticas en la comisión parlamentaria, en las mesas de diálogo social, en los debates entre las administraciones públicas centrales, autonómicas y locales o, incluso, en la preparación y tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2021 (porque, al final, esos PGE serán expresión de los avances o estancamiento de las negociaciones). Por ello, también resultaría muy interesante recibir textos de análisis sobre algunos de los nuevos temas o aspectos de las discusiones y negociaciones que marquen la actualidad.

Nada nos gustaría más que este nuevo debate en Espacio Público permitiera aclarar las diferentes posiciones y cuestiones en juego en este proceso negociador y que las intervenciones y debates contribuyan a articular una salida progresista a la crisis.

Ahora y después de la pandemia

• 

  Orencio Osuna

  Director de la Fundación Espacio Público

Nos damos una pausa

Y nos disponemos a reflexionar colectivamente sobre qué nos estamos jugando ahora

Covid-19 nos obliga a un replanteamiento de casi todo. Los impulsores de la fundación Espacio Público teníamos previsto dar por concluido el debate sobre el derecho a la salud mental con una sesión presencial, como hemos hecho con todas las cuestiones que hemos sometido a discusión durante los últimos años.

Previmos la convocatoria de un coloquio sobre ese gran tema de nuestra época el pasado día 25 de marzo, con la participación de personas muy cualificadas. Las medidas que se dieron a conocer al conocerse los primeros casos de coronavirus en el Estado español nos obligaron a un cambio de planes. Decidimos aplazar este acto y otro que ya habíamos convocado para el día 12 sobre Catalunya. No nos dimos nuevas fechas, obviamente, a la espera de la evolución de la crisis.

Pensamos en la posibilidad de mantener la discusión por escrito sobre el derecho a la salud mental, teniendo en cuenta el impacto de Covid-19, pero el consejo de gobierno de Espacio Público, reunido en teleconferencia con la asistencia del profesor Joseba Achotegui, autor de la ponencia con la que abrimos la reflexión, decidió “poner en pausa” tal debate. Pensamos que en este momento, en el cual la crisis del coronavirus lo ocupa todo, necesitábamos darnos un tiempo para pensar, para que los propios especialistas e interesados en la materia tengan tiempo para el análisis y la reflexión.

Achotegui y otros miembros del equipo nos hicieron ver que es mejor no favorecer la improvisación y propiciar el tratamiento sobre el impacto del coronavirus en la salud mental con una cierta perspectiva. Volveremos sobre el tema pues, y lo pondremos en conocimiento de todas las personas interesadas en este debate.

Al margen de ello, los impulsores de Espacio Público consideramos que convenía abrir una ventana en nuestra web, un apartado para la reflexión sobre los grandes interrogantes abiertos con la pandemia. Por ese motivo, nos proponemos la publicación de textos breves en torno a las implicaciones del Covid-19 en nuestras sociedades, sobre los efectos de esta devastadora enfermedad en la vida de las personas, en el trabajo, la economía, el medio ambiente, la propia salud, la convivencia, las instituciones, la política…

¿Qué nos estamos jugando en esta crisis?

Ahora y después de la pandemia

«Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía de la enfermedad del insomnio, y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Fue así como les quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas, y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad sólo se transmitía por la boca, y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas por el insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena, que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural, y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir«. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.

Aún no hemos podido metabolizar -como dice el profesor Joseba Achotegui- el shock terrible del coronavirus en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos. Aunque tememos y podemos intuir, que la catástrofe va a afectar a muchos de los modelos y valores sobre los que se asienta nuestra vida personal y social. La angustia, el miedo y la incertidumbre sobre el futuro que nos aguarda, individualmente y como país, pesa como una losa insoportable a la hora de identificar qué nos está pasando y que nos pasará cuando esta pesadilla acabe. Quizás esta siniestra distopía que sufrimos hoy, abra paso mañana a un tiempo de cambios y transformaciones que impida que el feroz capitalismo neoliberal -que domina el sistema mundo sin contrapesos, ni piedad- continúe sometiendo al planeta a una veloz carrera hacia su destrucción, reduciendo a los ciudadanos a meros generadores de plusvalía y figurantes inermes de la codicia de las oligarquías transnacionales. O, por el contrario, que esta crisis facilite la consolidación de un modelo aún más destructivo, en el que la preservación del planeta, los derechos humanos y la democracia, la libertad, la fraternidad y la justicia acaben siendo antiguallas arqueológicas para estudio de hermeneutas y nostálgicos.

Pero a pesar de la negra y espesa niebla de la pandemia, emerge ya una auténtica tormenta de ideas, perspectivas y reflexiones, que como los ciegos del “Ensayo sobre la ceguera” de Saramago, nos pueden ir sirviendo de guías que nos ayuden a desentrañar algunas claves para comprender qué está pasando y qué puede pasar.

Es el caso del coreano Byung Chul Han, en este artículo señala la profundidad del cambio civilizatorio que anuncia la doble utilización de la tecnología, por un lado, como instrumento de dominio totalitario y, por otro, como escudo benefactor ante los males de nuestro tiempo. La utilización del big data, los móviles, las aplicaciones informáticas y las redes sociales en la “solución asiática” de la pandemia -que está resultando probablemente eficiente- nos adentra en un mundo manejado por poderes cada vez más inaccesibles e incontrolables para los ciudadanos. Un arquetipo de sociedad que puede devenir en una horripilante distopía que combine una especie de irrealidad virtual tipo Matrix, con sus añadidos de reino de las fake news totalitarias imaginadas por Orwell en su “1984” y el dominio de los machos alfa y el consumo masivo del “soma” de la felicidad del “Mundo feliz” de Huxley.

Claro que la alternativa de la “solución neoliberal” que propugna el grotesco trío Boris/Trump/Bolsonaro -con su correlato de secuaces- es aún más espantosa: un mundo en el que impere con mano de hierro la milagrosa “mano invisible” del libre mercado sin límites, ni regulaciones, que favorece una suerte de darwinismo social en el que sólo pueden sobrevivir los más aptos. Ante una catástrofe humana como la del covid-19, les trae sin cuidado condenar a muerte a millones de viejos, pobres y enfermos, porque lo más importante no es la vida humana, si no la sagrada “economía”, es decir los intereses del sistema capitalista. Pero a pesar de utilizar los mismos o análogos instrumentos tecnológicos y autoritarios, existe una diferencia entre la “solución neoliberal” de lucha contra el coronavirus y la “solución asiática”: al menos ésta última antepone salvar vidas humanas.

Por supuesto, en toda época la tecnología ha tenido la doble función de fuerza liberadora y de opresión. Se trata de una interacción en la que la sociedad participa y decanta, con revoluciones, reformas o evoluciones. Ahora en España, en la lucha contra la pandemia, lo que debe hacer, a mi juicio, el gobierno de coalición es ganarse a la mayoría de la sociedad con medidas concretas y eficientes, esencialmente que se fortalezca el sistema sanitario y se cree un potente escudo social que proteja realmente a todos los sectores golpeados por la profunda crisis que va a producir inexorablemente.

Para que ello sea posible habrá que liquidar ya el dañino ciclo austericida y tejer las alianzas que empujen a la UE a una política de reconstrucción, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Si no fuese posible ese cambio en la UE, su futuro será una progresiva y muy tensa descomposición y un paso hacia la irrelevancia geopolítica de Europa en la nueva correlación de fuerzas mundial. Sólo así -defendiendo la salud de la población y apoyando a los trabajadores y los sectores más golpeados por la nueva crisis- el gobierno progresista encontrará el apoyo de una ‘respuesta popular’ democrática. De fracasar en esa estrategia, es muy probable que se vaya construyendo una mayoría social y política contraria, que acabe confiando el gobierno a un bloque de fuerzas compuesta por una extrema derecha populista ultra nacionalista y xenófoba, el conservadurismo nacional católico y el catecismo neoliberal. Para ello las derechas usarán todos los recursos, trampas y demagogia a su alcance, pero su fuerza radicará esencialmente en los errores y debilidades de la coalición de gobierno. La batalla no se dirimirá en internet, ni tampoco en las políticas de comunicación y la fabricación de storytelling por parte de los spin doctors de turno.

Esas batallas se ganarán si realmente se apoyan en la realidad de los hechos y en que los compromisos programáticos se gestionen y ejecuten con pericia y determinación. El compromiso de luchar contra el cambio climático; las medidas concretas por una transición energética; la prioridad de financiación para los programas de igualdad de la mujer; el fortalecimiento de los servicios y de las políticas públicas, especialmente la sanidad, la enseñanza, las pensiones, la dependencia, las residencias y la vivienda; una distribución más igualitaria de las rentas y la progresividad fiscal.

Todo ello no ha de ser palabrería, ni postureo, sino decisiones y compromisos concretos. Sin maximalismos, ni retóricas vacuas, sin gesticulaciones estériles, ni pequeñas políticas de campanario. Pero siempre sabiendo cual es la correlación de fuerzas realmente existente y que ésta siempre es cambiante.

La diferencia no es una enfermedad

• 

  Joseba Achotegui

  Psiquiatra y profesor titular de la Universitat de Barcelona

Se exponen en este texto una serie de planteamientos básicos acerca de cómo abordar la atención en el área de la salud mental en el mundo de hoy. El objetivo es abrir un debate en el que puedan intervenir y expresar sus ideas, el máximo número de profesionales, así como de usuarios y personas o grupos interesados en la mejora de la atención a las personas.

El texto se ha estructurado a partir de una serie de ideas fuerza, por supuesto, todas ellas interconectadas, que expongo a continuación:

1.  Se parte de la base de que cualquier planteamiento sobre la salud mental tiene detrás una teoría, unos conceptos, a partir de los cuales se desarrolla su exposición. Pero se ha de tener en cuenta que especialmente en el área de la salud mental no solo hay detrás una perspectiva teórica, muy vinculada a la cultura, sino también toda una serie de elementos ideológicos, ya que se trata de una temática de gran relevancia social.

En relación a esta base teórica, ideológica, es imprescindible buscar en lo posible una perspectiva amplia, basarse en conocimientos científicos aceptados socialmente y en valores compartidos y no en un modelo vinculado a un partido o a un grupo social.

2. Es importante mantener una perspectiva biopsicosocial, valorando las aportaciones de las neurociencias junto a las de la psicología y las ciencias sociales. Lamentablemente no se sigue habitualmente este planteamiento. En la sociedad actual, el peso de una neurociencia con un modelo muy reduccionista de la mente es muy importante y eclipsa al resto de modelos. Así, en los medios de comunicación, e incluso en la formación, se olvida con frecuencia esta perspectiva global biopsicosocial de la salud mental.

En esta área es observable la existencia de una creciente medicalización y pisquiatrización de aspectos de la vida cotidiana. Hay que entender que el estrés y el duelo forman parte de los procesos naturales de adaptación y deben diferenciarse de las patologías mentales.

Desde esta perspectiva biopsicosocial es importante trabajar en equipos interdisciplinares que integren profesionales formados en las disciplinas que abarca esta área  trabajando con modelos que integren los elementos psicosomáticos.

3. Es relevante potenciar la autonomía del sujeto, su capacidad de autoorganización, pero vinculada a la interdependencia, a la vinculación a las  realidades sociales y ecológicas en las que se ubica la persona.  Esta vinculación de la persona a la dinámica de su sociedad es básica para tener un buen apoyo social, un buen capital social, que es fundamental para la salud mental.

Sin embargo, a la vez que se potencia esta interdependencia se ha respetar la libertad de la persona, huyendo de considerar como desviada toda conducta que se aleja de los patrones de funcionamiento standard de la sociedad.

La psicodiversidad es una gran asignatura pendiente. Por un lado está la batalla contra el estigma que existe hacia las personas con trastornos mentales, así como la aceptación de que no es lo mismo ser diferente que estar enfermo. Por otro, la aceptación de la complejidad de la conducta sexual humana, en relación a la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad…, salvo cuando se hace daño, obviamente, como en el caso de la pedofilia.

Así mismo hay que destacar la importancia de la mirada de género, evitando las actitudes y conductas discriminatorias en la asistencia, tanto desde la perspectiva del diagnóstico como desde la de la intervención.

4. Evitar las situaciones sociales que incrementan la vulnerabilidad a los trastornos mentales. Plantear que la exclusión social se halla ligada al trastorno mental, por lo que es importante trabajar en un modelo social que dé oportunidades a todos los ciudadanos. La salud mental no es compatible con sociedades estructuradas en la desigualdad radical.

5. La importancia de que toda la población tenga acceso a una educación de calidad, tanto a nivel humanístico como científico, ya que está demostrado que el nivel educativo es uno de los mejores predictores de salud física y mental. El acceso a una educación de calidad proporciona conocimientos que permiten que la persona cuide mejor su salud, comprendiendo qué elementos le pueden poner enfermo, qué informaciones son ciertas en la propaganda sobre la salud, afectada con mucha frecuencia por informaciones manipuladas, fake news, oferta de productos o técnicas  “milagro” para la felicidad,…

6. Evolucionar hacia una intervención en salud mental en la que se escuche realmente la voz de las personas con trastornos mentales, haciéndoles plenamente partícipes del tratamiento, que no debe quedar solo en manos de los expertos.

7.  La defensa del acceso a la salud y la salud mental como derecho social. Cuando no existe este acceso gratuito o este acceso es precario, es bien conocido que amplias capas de la población que no tienen recursos para pagar la atención privada sufren graves problemas de desatención. Se sabe que las personas de ingresos bajos dejan de ir a los centros de salud y seguir los tratamientos.

8. Potenciar especialmente la atención primaria en salud mental, dada su relevancia en la promoción de la salud, la prevención y la atención precoz de los trastornos mentales.

9. Mejorar los sistemas diagnósticos en el área de la salud mental, dadas las limitaciones de las clasificaciones que se utilizan actualmente.

10. Potenciar la investigación especialmente en relación a los trastornos que más afectan a la población.

11. Prestar a atención a los contextos de estrés laboral y social en relación al mobbing, bullying, burn out.

ÁREAS ESPECÍFICAS

– Trastorno mental grave. Requiere una buena integración de la atención hospitalaria cuando es necesario un ingreso, junto a la intervención ambulatoria, familiar y psicosocial. Tanto los excesos en la hospitalización e institucionalización de las personas con TMG, como en el otro extremos dejar toda la carga del trabajo asistencial en la familias, en buena parte para ahorra costes, comportan graves problemas. Desarrollar sistemas de protección de los derechos de las personas que sufren trastorno mental severo.

– La asistencia a las adicciones, evitando la estigmatización y prestando atención a los factores sociales que las potencian, como la exclusión social, el turismo descontrolado de masas, la publicidad de alcohol dirigida a menores…

– Desarrollo de programas para la atención de los grupos excluidos: sin techo, inmigrantes indocumentados, con especial atención a los contextos sociales de estos grupos humanos que dan lugar a estas realidades.

– Atención de calidad a las minorías e inmigrantes, por parte de profesionales formados en el conocimiento de las características del estrés y el duelo migratorio, con especial atención a las situaciones de separación familiar forzada,  racismo y discriminación, indefensión, así como de las características de las culturas de origen de los inmigrantes, con la habilitación de intérpretes y mediadores. La inexistencia de prestación de una atención de calidad a estas personas, sin tener en cuenta sus características, ya es una muestra de discriminación.

– Desarrollo de los neuroderechos, en un contexto en el que existe un creciente control digital y una creciente manipulación digital que afecta a la libertad de las personas.

– Tener en cuenta, en la atención a los menores y a su área familiar, los diferentes tipos de familia que existen. Prestar atención a los derechos de los menores en un contexto social de pérdida de la privacidad por la invasión de la intimidad vinculada a las redes sociales. Facilitar que los padres puedan cuidar a sus hijos, como factor esencial de salud mental, posibilitando los permisos paternales en el parto y la primera infancia, así como la conciliación familiar.

– Desarrollo de programas para la creciente población de edad avanzada que tiene necesidades específicas y entre la cual los problemas de salud físicos y mentales se entremezclan con frecuencia. Hacer efectiva la ayuda a la dependencia, que funciona con muchos problemas en nuestro país. Potenciar las redes sociales para evitar la soledad, factor de riesgo muy relevante para la salud física y mental. Prestar apoyo y atención a los cuidadores de estos pacientes que sufren altos grados de estrés.

– La importancia de la rehabilitación y la evitación de recaídas poniendo en marcha programas especialmente de tipo psicosocial.

– Atención a la discapacidad y los trastornos del desarrollo.

– La formación de los profesionales de la salud mental tiene importantes retos para la mejora de su labor. En el caso de los psiquiatras se encuentra en gran parte subrogada a los laboratorios farmacéuticos con el obvio sesgo que esto supone para la formación.

– En relación al área de la psicoterapia, es relevante la dotación de medios para la formación de los psicoterapeutas, así como la  regulación del sector, ya que el ciudadano está con frecuencia mal informado, y es víctima de manipulación desde la publicidad y los medios de comunicación.

– Prestación de una atención de calidad a las personas que viven situaciones de violencia y situaciones traumáticas. Especialmente en el caso de los abusos sexuales y la violencia con los menores, así como con la violencia de género, circunstancias que incrementan de forma muy relevante la vulnerabilidad a los trastornos mentales.

El populismo al estilo Trump ha venido para quedarse

• 

  Pedro Chaves

  Politólogo, investigador especializado en la UE

En una Conferencia impartida en septiembre del pasado año[1], comenzaba Jurgen Habermas la misma de esta manera: “Me han pedido que hable de “Nuevas perspectivas sobre Europa”, pero no consigo pensar en ninguna”.

Habermas aludía a la “descomposición de estilo Trumpiano” que está ocupando el centro del espacio público y que ha llegado, también, al corazón de Europa.

En mi opinión, la idea de “descomposición” es solo una parte de la realidad visible, aquellas que hace referencia al debilitamiento y agonía del modelo liberal vigente y dominante a nivel global, especialmente desde comienzos de los 80. Pero oculta lo que es el rasgo más destacable pensando en perspectivas: la recomposición de los sistemas políticos de representación en todo el mundo y también en Europa.

El histrionismo de personajes como Berlusconi, en su momento,  o Trump, ahora, contribuyen a banalizar el impacto de lo que ocurre, pero resulta difícil ocultar la relevancia de una situación global que va más allá de cuestiones episódicas o anecdóticas.

La “revuelta populista” de extrema derecha, es global, generalizada y tiene importantes componentes culturales que la dotan de consistencia y estabilidad.

Las claves

• La situación actual no es una “anormalidad”, una situación transitoria cuya evolución desembocará, antes o después en la “vuelta a la situación anterior”. Estamos ante eso que Gramsci llamaba “interregno”, una situación provisional de cambio en el modelo de dominación hegemónico. Lo que no nos gusta es que el nuevo mundo que se adivina nos horroriza. La política está para eso, para intentar cambiar la situación existente y tratar de encontrar los elementos que pueden modificar, en una dirección más favorable, la situación existente. Lo importante es asumir lo que forma parte del pasado y lo que anticipa el presente respecto a lo que puede depararnos el futuro.
• La situación actual es el resultado de diferentes variables coincidentes, pero lo que es relevante reseñar ahora es que la crisis de los sistemas políticos tiene que ver con el asalto neoliberal a los sistemas democráticos.
• Este asalto se reconoce en varias narrativas que han sido muy potentes en los pasados años:

• • El estado es el problema y no la solución (Reagan dixit)
  • No existe sociedad sino individuos (Thatcher dixit)
  • TINA (There is no alternative) No hay alternativa, nuevamente Thatcher dixit
  • La falta de competencia entre los partidos políticos dominantes
  • La perdida de sustancia de las democracias liberales reducidas a un espectáculo de sucesión entre los partidos mainstream
  • Las puertas giratorias entre lo privado y lo público y al revés

• El resultado de esta desconfianza creciente afecta al conjunto de los partidos políticos y al sistema en su conjunto: afecta a los fundamentos sustantivos de las democracias representativas: la división de poderes; la calidad de la representación; la confianza en la participación política como un factor de control público o cambio; la pérdida de calidad de las elecciones como mecanismo de creación de legitimidad entre los elegidos… etc.
• Junto a este hecho, es muy importante destacar dos cuestiones adicionales: la primera es el modo en el que la inmigración se ha constituido como un elemento central -en un contexto de incertidumbre- que articula tanto el extrañamiento de una parte de la sociedad respecto al sistema político, como el creciente temor a la pérdida de identidad de los grupos nacionales históricos y al abandono de los “modelos de vida”. Por eso, entre otras razones, la apelación a la vida (idealizada) de un pasado “ordenado y previsible” goza de tanto predicamento; la segunda cuestión es la politización de la desigualdad, no en el modo en el que habríamos previsto desde la izquierda, desde luego. La desigualdad es el fenómeno más reseñable de la crisis y la que explica el modo en el que se han distribuido de manera asimétrica los efectos sociales de la misma. La politización de la desigualdad ha servido para alimentar el rencor contra el sistema político en su conjunto. Por eso, la combinación en las protestas, de reivindicaciones razonables con otras completamente extemporáneas y modos de reivindicación del espacio público en la frontera de la anomia social.
• La nueva situación no se explica solo ni fundamentalmente desde la “bronca de los desheredados”. La coalición social del malestar es muy amplia y formada, de manera fundamental, por las clases medias sometidas por la crisis a una situación de “privación social”, un gap entre expectativas y realidades en un contexto de desestructuración social creciente.
• Uno de los fenómenos políticos más relevante de este hecho es el “desalineamiento”, esto es la pérdida de los vínculos tradicionales entre los partidos políticos y sus clientelas tradicionales.
• Los otros dos hechos a destacar son: por un lado la inestabilidad creciente y persistente de los sistemas de representación: nadie sabe que va a pasar y con ello una volatilidad imprevisible; los nuevos fenómenos han venido para quedarse.
• Los fenómenos populistas de extrema derecha están sacudiendo Estados Unidos y Europa en su conjunto. Hay que decir que hay elementos compartidos en su emergencia pero que no todos responden a las mismas dinámicas ni tienen los mismos componentes. Pero, en cualquier caso, es un error, como antes hemos querido compartir creer que el populismo es un fenómeno explicable desde la movilización de los sectores desfavorecidos o los famosos “perdedores de las globalización”. El populismo ha conseguido articular una amplia coalición social e ideológica. El caso de Trump es particularmente llamativo en este punto: en su victoria concurren tanto sectores populares afectados por el derrumbe de la industria tradicional; como conservadores ideologizados (votantes tradicionales de los Republicanos); neoliberales antiestado y antiimpuestos, como sectores tradicionales de clase media, votantes habituales de los demócratas, que se han sentido concernidos por los llamados al conservadurismo moral que Trump y la altright pregonan.
• Además, el populismo de extrema derecha, busca activamente esta ampliación de la coalición social. No es un proyecto de “perdedores”, es un proyecto con voluntad de ganar.
• Y un punto adicional a considerar: hay una pretensión constituyente en el populismo de derechas. Es decir, una voluntad firme de reconstruir el sistema político en una perspectiva no liberal. En este sentido el “iliberalismo” que preconizan personajes como Trump, Orvan o Salvini es una impugnación de la democracia misma, no solo de la liberal, y un intento firme por reducir la pluralidad política y criminalizar el conflicto social y la discrepancia.

¿Qué es lo común?

Prácticamente en todos los casos, la retórica de Trump, como ejemplo de otros fenómenos similares, se articula a partir de dos ejes centrales: en primer lugar, el desafío a la legítima autoridad del “establisment”. Las élites son las responsables de la situación en general y particularmente de la situación de los más desfavorecidos, que han sido “abandonados” por estas élites.

Los objetivos favoritos de esta retórica incluyen los medios de comunicación (traidores al pueblo); las elecciones (que son consideradas fraudulentas salvo que gane el candidato populista); los políticos (corruptos y vividores); los partidos políticos (disfuncionales); los funcionarios del sector público (el estado profundo); los jueces; los intelectuales (arrogantes); los científicos (quien necesita expertos?) etc.[2]

Lo importante es que la impugnación de las élites no es funcional: por lo qué hacen mal en el desempeño de su tarea; sino moral, lo sustantivo es que están equivocados en su núcleo de valores y eso los inhabilita como representantes de la sociedad y del “pueblo”. Es una despolitización del conflicto social al servicio de un liderazgo que aseguraría al pueblo frente a las amenazas externas e internas.

El segundo elemento compartido, se refiere a que la única fuente legítima de autoridad moral y política proviene del pueblo. Entendido este de un modo muy poco definido y concreto, más bien en términos de quien está conmigo sería el pueblo y quien está contra mi el enemigo del pueblo.

Por esta vía, nuevamente, se eliminan los “cuerpos intermedios”, partidos, sindicatos, asociaciones, instituciones etc… y se sobredimensiona el papel del liderazgo como articulador y defensor de los verdaderos valores del pueblo.

Había que añadir que se ha enfatizado como elemento común el uso de las redes sociales y nuevos medios de comunicación online en el desarrollo y difusión de este fenómeno, pero lo cierto es que nada de esto hubiera sido posible sin, por una parte, el desplazamiento hacia la extrema derecha de una parte de los partidos mainstream, que han “normalizado” los discursos confrontacionales y el lenguaje del odio; y en segundo lugar sin el papel jugado por algunos medios de comunicación tradicionales en ese desplazamiento del “sentido común” en el ámbito de la derecha. Es decir el fenómeno Bannon en Estados Unidos y su papel a través de la web “Breitbar news”, sería incomprensible sin el papel de la Fox y otros medios “mainstream”.

Hay muchas más cosas que podrían añadirse y que servirían al propósito de suministrar más elementos del actual contexto, pero creemos que estos pueden servir para ofrecer algunos elementos adicionales que sirvan para contextualizar el debate.

[1] https://www.socialeurope.eu/new-perspectives-for-europe

[2] Norris, Pipa y Inglehart, Ronald (2019), Cultural backlash, Trump, Brexit, and authoritarian populism. Cambridge University Press, página 4.

El regreso de los trabajadores al centro de la política económica

• 

  Miguel Martínez Lucio

  Profesor de la Universidad de Manchester

Unas de las características de la derecha populista, como es el caso del presidente Trump y algunos aspectos de la política de ‘Brexit’ en el Reino Unido, es la manera en la que han hecho referencia a los intereses de la clase trabajadora.  Esta derecha intenta posicionar los intereses de la clase trabajadora en oposición a lo que llaman el establecimiento ‘cosmopolita’ del sistema político. Es un desarrollo que se basa en la manera en la que grandes partes de dicha clase trabajadora han sido marginadas en la política económica de los últimos años. Aunque se puede decir que era la derecha neoliberal la que afrontó esta estrategia de cambio en la política industrial (con sus cierres de la industria de los astilleros, etc.), la manera en que la tradición social democrática participó en esta desindustrialización permite que figuras como Donald Trump en los EEUU o el político Nigel Farage en el RU sean los portavoces de estas tradiciones perdidas. Paralela a esta política ‘populista’ (post)industrial se ve el desarrollo de un discurso xenofóbico donde las pérdidas materiales de la clase obrera tradicional (por usar tal frase) se explican por el cada vez más alto ritmo de inmigración. La ironía del discurso contemporáneo de la supuesta nueva derecha es que pone énfasis en la pérdida de la identidad social y económica de los trabajadores. Se puede decir que la Nueva Derecha de los ochenta también tuvo lo que Stuart Hall (el sociólogo británico de origen caribeño) llamó también un discurso populista que manipuló las incertidumbres de tales clases: pero en este caso el proyecto juega con la ilusión de remontar la industria tradicional (aunque sea poco probable que esto ocurra) y volver a un contexto histórico del siglo XX. Este juego ideológico marca la diferencia entre el discurso neoliberal de Reagan y Thatcher con el de Trump. Este juego de palabras que significa una vuelta a las minas de carbón y a las fundiciones de acero, por ejemplo, tiene el impacto de poner a la izquierda y a los sindicatos en una posición defensiva dado su papel cómplice en el momento de la desindustrialización. La manera en la que el trabajo se ha ido degradando cada vez más como se puede ver en la economía de plataformas y su empleo fragmentado permite que esta derecha estilo Trump cree una alianza simbólica con las clases trabajadores (que se mantiene dado que es pronto para juzgar las realidades y resultados de esta contra política).

Es por esto que la respuesta de la izquierda(s) en este momento puede ser crucial para no solamente relanzar una política progresista en el seno de la economía, sino para permitir una nueva visión real y concreta del papel de los trabajadores en la economía. En el caso del RU está claro que nadie puede predecir lo que ocurrirá durante 2019 dado el contexto surreal que traen las discusiones sobre la salida del país de la Unión Europea: pero, estamos viendo debates entre partes de la izquierda que intenta confrontar este tema de como renovar el socialismo de una forma que imagina un nuevo papel institucional de los trabajadores en la economía.

El que fuera Primer Ministro del Reino Unido en dos momentos diferentes de las décadas de los 60 y 70, Harold Wilson, comentó una vez que una semana es mucho tiempo en política. La gran velocidad en la que se mueve el panorama político nos fuerza a todos a pecar de precavidos a la hora de hacer predicciones. En el caso del contexto actual del Reino Unido, muy pocas cosas resultan predecibles dada la aguda crisis por la que atraviesa el Estado como consecuencia de la decisión de salirse de la Unión Europea. Quién accederá al poder y quién tendrá posibilidades de ganar las elecciones generales en el futuro próximo es tan incierto como la naturaleza de las políticas y de los líderes de los principales partidos políticos. Sin embargo, en medio de toda esta crisis constitucional y caos político, se han producido una serie de cambios relativos a muchos aspectos del Partido Laborista, aun cuando éstos hayan ocurrido en un clima de enorme hostilidad hacia su líder, Jeremy Corbyn, y las redes y comunidades políticas alineadas con él. Los desafíos constantes a su liderazgo y las alegaciones persistentes a su postura de apoyo histórico a la causa palestina (según muchos, como parte de una estrategia para expulsarle) generan una sensación de incertidumbre y desasosiego existencial a la hora de escribir sobre lo que puede pasar en el panorama político británico.

A pesar de todo, e incluso teniendo en cuenta que para cuando este artículo se publique cada palabra del mismo pertenecerá a la historia antigua, la realidad es que el Partido Laborista ha sido testigo de dos procesos paralelos significativos en los últimos cuatro años más o menos, desde que Jeremy Corbyn se convirtiera en su líder. El primero consiste en que la tendencia más neoliberal y cercana a la filosofía del ‘Nuevo Laborismo’ de Tony Blair ha sido cuestionada desde dentro del mismo Partido Laborista. En segundo lugar, las políticas innovadoras del equipo de dirección de Jeremy Corbyn (especialmente las de John McDonnell) han supuesto una curiosa y significativa renovación del compromiso gracias a unos enfoques de la política económica e industrial más comprometidos con lo social.

En una primera instancia, las ideas en torno a la Tercera Vía, que habían surgido en torno al trabajo del sociólogo Anthony Giddens y cristalizado en algunos aspectos de las políticas del Partido Laborista de los años 90, constituyeron una ruptura importante con respecto a las políticas sociales y económicas más tradicionales y de vocación pública. Que el Partido Laborista fuese el partido históricamente considerado como más ‘socialista’ es cuestión de opiniones, pues en algunos momentos fue descrito como una ‘iglesia extensa’ que incluía tanto a socialdemócratas partidarios del mercado como a ‘socialistas democráticos’ más identificados con la clase y los sindicatos. Desde sus inicios, se han dado debates permanentes sobre el papel de los sindicatos y de la clase política, así como sobre el grado óptimo de intervención estatal. Sea como fuere, los años del Nuevo Laborismo bajo la batuta de Tony Blair y Gordon Brown representaron lo que Simon Jenkins denominó en su libro Thatcher and Sons [Thatcher y sus hijos] una política de continuidad con rasgos políticos de la Nueva Derecha en lo que se refiere a la limitada colaboración con los sindicatos de cara a la política económica y al rechazo a ampliar el papel del Estado en la economía y la industria, aunque en el terreno de lo social hubiera, en cierto sentido, una relativa mejora en la asistencia social y los servicios de salud. La filosofía surgió de las experiencias y las prácticas llevadas a cabo en Francia y España por los gobiernos respectivos de Mitterrand y González.

En gran medida, la Victoria de Jeremy Corbyn constituía en parte una reacción desde dentro y desde el entorno cercano al Partido Laborista a dichas políticas, que, para algunos, estaban asociadas a los orígenes de las políticas de austeridad y al fracaso a la hora de regular el capital de manera efectiva. También suponía, por otro lado, una reacción a la creciente inclinación de la filosofía del partido hacia los negocios y hacia la gestión, como resultado de su fascinación por todo lo que tuviera que ver con lo comercial y lo corporativo. Un camino no muy diferente al tomado por algunos de los principales líderes socialistas del caso español. Esto es, el atractivo de la idea del mercado y las escuelas de negocio como motor de la economía y su singular, aunque simbólica retórica de la responsabilidad social corporativa.

Sin embargo, el viraje reciente hacia la izquierda también ha sido el resultado de un conjunto de debates y redes que existieron y fueron fundamentales en las innovaciones que se dieron en la década de los 80 e incluso en la de los 90 a nivel local y municipal, con el socialismo municipalista como bandera. Esta era la izquierda que se había formado en las décadas de los 70 y 80 en varias ciudades claves (especialmente Londres) en oposición a la hegemonía de las políticas conservadoras de Margaret Thatcher. En ciudades como Londres se pudo experimentar con políticas locales alternativas en los campos de la economía y el transporte. Un ejemplo de ello serían las políticas industriales inclusivas e innovadoras que se pusieron en marcha en torno a organismos como el Greater London Enterprise Board, bajo el auspicio de la primera oleada de la marca de socialismo local puesto en práctica por Ken Livingstone en Londres en la década de los 80. Esta red se estableció como movimiento político ubicado en el margen izquierdo del Partido Laborista (con vínculos con la extrema izquierda), y su trabajo se caracterizó por su alto compromiso con la igualdad y las políticas multiculturales. Estos fueron los orígenes de los discursos emancipatorios de Jeremy Corbyn y John McDonnell (como ministro de economía en la oposición), ubicados en el margen izquierdo en torno a una socialdemocracia más progresista que, como ya expliqué en los Pasos de la izquierda (Número 12), permanecieron en la memoria colectiva y se constituyeron en repertorio de acción para todas aquellas personas que se ubican a la izquierda del partido y más allá.

En segundo lugar, estos acontecimientos han dado lugar a un programa del Partido Laborista que hace cinco años habría sido inimaginable. Se han incorporado una serie de innovaciones e ideas que tratan de combinar una mayor socialización de la economía y un desarrollo significativo del compromiso democrático. Que para los habitantes del norte de Europa muchas de estas políticas no se antojen ni tan radicales ni tan innovadoras, no resta importancia al hecho de que existe un intento de equilibrar la ampliación del renovado papel del Estado con una lógica industrial más participativa. Esto no significa (desafortunadamente) la proclamación de la necesidad de la clásica renacionalización a gran escala y el aumento del control por parte de los trabajadores, pero sí implica el replanteamiento del desarrollo de la economía, no solo alejándose de la obsesión por la austeridad económica sino acercándose a nuevas formas de democracia industrial. Supuestamente, los costes del programa han sido calculados y diseñados para garantizar la estabilidad económica, en parte debido a la obsesión que existe en la política británica (entre otras) con los programas presupuestados al detalle, como consecuencia de la fijación neoliberal permanente con los presupuestos económicos y su estabilidad, pero también de la certeza de que la prensa vinculada a la derecha utilizará el fantasma del gasto excesivo y la inflación (vinculados a las dosis habituales de xenofobia) para desvirtuar un programa progresista.

En lo que se refiere al nuevo programa del Partido Laborista, la creación de un Banco Nacional de Inversión para recaudar y generar una inyección de 250.000.000.000£ en la economía se presenta como el aspecto fundamental para respaldar la industria y los proyectos de infraestructura claves, así como para vincular dicha financiación al desarrollo de cooperativas y pequeños negocios, entre otras iniciativas. Esta institución no es única en Europa, pero está resultando curiosa la manera en que se está vendiendo políticamente como la priorización de los espacios alternativos que han estado copados en la práctica por el capital financiero y corporativo que ha prevalecido en el país. En cuanto a la regulación financiera, las propuestas giran fundamentalmente en torno a la aprobación de una serie de reformas que debían haberse puesto en marcha de manera efectiva en 2008 como resultado de la crisis financiera. Hasta cierto punto uno podría alegar que dichas propuestas no son radicales, pero en comparación con el Nuevo Laborismo, cuando menos, representan un giro en el modo en que las finanzas pueden replantearse. El programa también sostiene que ‘el Laborismo modificará la ley empresarial de manera que los directores cumplan sus obligaciones directas no solo con los accionistas, sino también con los empleados, los clientes, el medio ambiente y el público en general, y realizaremos una consulta sobre la aprobación de la legislación correspondiente dentro de este Parlamento’. O dicho de otro modo, promulgar el concepto de responsabilidad social corporativa de un modo más efectivo y garantizar que se presta una mayor atención a los derechos de los trabajadores y consumidores. A este respecto, uno puede apreciar el carácter innovador de las medidas en la necesidad de desarrollar la dimensión participativa que tantas restricciones sufrió durante los gobiernos laboristas previos de Blair y Brown. En el discurso actual, la confianza en el capital no es tan fuerte. El objetivo es utilizar los dispositivos legales y los marcos normativos de una manera más efectiva y generar una mayor sensibilización en torno a la importancia de la regulación. En muchos aspectos, lo que pretenden es sacar provecho de lo que los académicos de la gestión empresarial llaman ‘buenas prácticas’, y que ya existen en otros contextos nacionales, quizá más regulados, con la intención de sortear y debilitar algunas de las críticas de presunto radicalismo que la prensa asociada a la derecha activará en caso de elecciones.

En el terreno de los servicios públicos, como pueden ser los ferrocarriles, el objetivo es volver a la propiedad pública una vez terminadas las concesiones; la creación en el sector de la energía de un conjunto de influencias operativas más descentralizadas y de iniciativa pública; y la eventual transferencia de la industria del agua a estructuras regionales públicas. El discurso tiende a enfatizar los problemas surgidos de la flagrante especulación en dichos sectores y el fracaso de las estructuras regulatorias que se implementaron para proporcionar concesiones y de la supervisión minimalista que obvió el comportamiento habitual de las empresas. Este nuevo discurso se basa en una propiedad pública que no solo depende de una política estatal centralizada. El argumento central parece ser que el error cometido por la socialdemocracia en el pasado, cuando nacionalizó y pasó a ser propietaria de servicios claves como el agua, la electricidad y el transporte, consistió en no intensificar la influencia pública sobre los sectores nacionalizados al no generar un mayor grado de compromiso y rendición de cuentas públicos y políticos a nivel local. En este sentido, lo esencial de este discurso no es solo que el mercado y las privatizaciones hayan fracasado, sino que los socialdemócratas fueron incapaces de establecer un proyecto de Estado y de pensar en fórmulas de compromiso públicas y más adaptadas al ámbito regional en lo que se refiere a dichos servicios, pero también a otros. Así, lo que hizo el Nuevo Laborismo es permanecer encandilado con la nueva filosofía de gestión heredada de Thatcher, mientras que anteriormente el laborismo de Wilson y Callaghan, caracterizado por un peso (relativamente) mayor del Estado, se aferró a las fórmulas más tradicionales y jerárquicas del control de la gestión; y en ninguno de los dos casos consiguieron superar las filosofías de gestión jerárquica y alcanzar un mayor nivel de control o implicación por parte del Estado y del trabajador. Los defensores de dichos gobiernos, o incluso del de Tony Blair, podrían alegar que siempre existieron reticencias por parte de los líderes sindicales a la hora de implicarse en la gestión de los sectores industriales, pero más allá de las funciones simbólicas desempeñadas por los representantes de los consumidores y trabajadores, la crisis de la socialdemocracia se puede analizar en términos de fracaso a la hora de renovar el vínculo entre el Estado y la sociedad en lo que a participación se refiere.

Existen muchas otras dimensiones que merecería la pena analizar sobre el conjunto de propuestas políticas del actual Partido Laborista como la ampliación de los mecanismos de formación, el incremento de la inversión en el renqueante sector de las infraestructuras nacionales y el aumento de los niveles de inversión en ecología. También se presta una mayor atención a los derechos de los trabajadores en la economía de plataformas y en otros mecanismos similares en los que el trabajo está sufriendo un proceso de fragmentación y a la necesidad de una nueva estrategia para promover la dignidad laboral a través de la anulación de un conjunto de leyes que han restringido los derechos sindicales en diversos ámbitos. En cualquier caso, la clave se sitúa de nuevo, asociada al debate sobre el control público, en el intento de vincular una lógica industrial democrática a las actividades propuestas. Han sido varios los factores que han originado un interés creciente por la idea de ampliar el control y la influencia de los trabajadores sobre la industria y los negocios. Independientemente de cuál sea el contexto político futuro, el asunto de los representantes de los trabajadores y la gobernanza empresarial se antoja como un punto de debate clave. Las políticas del Partido Laborista bajo la dirección de Jeremy Corbyn comienzan a apelar a la necesidad de los trabajadores de contar con algún grado de influencia institucional sobre sus empresas, más allá de la cortina de humo que suponen los planes de sugerencias y las reuniones de equipos, aunque aún está por ver cómo y cuándo sucederá esto una vez que el laborismo entre en el gobierno. Una de las ideas que ha sido propuesta y discutida es que el Partido Laborista, una vez en el gobierno, pediría a las empresas con más de 250 empleados que reservaran hasta un tercio de los puestos de sus Consejos de Administración para los trabajadores, como método para garantizar una mayor vigilancia y control del negocio y para evitar decisiones económicas caprichosas y cortoplacistas. Esta propuesta es significativa en tanto que comienza a comprender la necesidad de democratización de la gobernanza empresarial y que este nuevo papel de los trabajadores redunda tanto en la eficiencia económica como en la justicia social de los planteamientos corporativos. Pero esto no es solo una respuesta a la crisis financiera de 2008 y al modo en que la opacidad de la toma de decisiones ha socavado la coyuntura económica del país. También constituye una fórmula para contrarrestar la recientemente estigmatizada idea promovida por los conservadores desde 1979 bajo la cual la posesión individual de acciones por parte de los trabajadores es el mejor modo de crear un capitalismo más popular y (supuestamente) responsable: el enfoque thatcheriano de la copropiedad a través de acciones ha sido poco común, fragmentado y altamente individualizado, de modo que ha supuesto un escaso control efectivo sobre los Consejos de Administración.

La idea propuesta por el laborismo parece prometedora, en parte porque el asunto de la participación colectiva del trabajador sigue quedándose fuera de la agenda política y del imaginario de la izquierda y del movimiento obrero, en la misma medida en que los discursos académicos sobre la naturaleza del trabajo se quedan absortos en la problemática de la explotación y no generan respuestas alternativas. Todos estamos legítimamente centrados en los costes sociales y económicos de la creciente degradación de la situación laboral y en las nuevas formas de explotación de la llamada economía de plataformas, pero la idea de desarrollar formas alternativas y participativas de organización y gobernanza se discute muy ocasionalmente en este contexto.

Evidentemente, estas propuestas no son las más ambiciosas que se podían presentar, tal y como podría revelar cualquier breve comparación con otras partes de Europa más comprometidas con lo social. Sin embargo, la lógica subyacente busca que la participación popular se constituya en un nuevo agente de importancia estatal. En mi opinión, estas políticas no son tan extensibles como podrían serlo, pero durante décadas el contexto político del Reino Unido no ha estado familiarizado con este tipo de políticas. La necesidad de introducir una dimensión más democrática en las estructuras de la economía y de repensar el papel de los trabajadores, más allá de la ampliación del alcance y de la práctica de la negociación colectiva, necesita de una mayor reflexión. En algunos aspectos, esto se vincularía con la lógica de democracia radical puesta en práctica por la teórica política belga, residente en el Reino Unido, Chantal Mouffe. La reforma económica y las políticas progresistas asociadas a ésta necesitan desarrollarse con la mirada puesta en nuevas formas de implicación pública y social y no solo a través de la propiedad directa o indirecta del Estado. En este sentido, se requiere un fuerte replanteamiento y un repliegue con respecto de la filosofía empresarial contemporánea y su obsesión por las heroicidades y prácticas de gestión asociadas al liderazgo individualista. El asunto al que se enfrentan los progresistas de la izquierda es que el enfoque de mercado ha seguido su curso en muchos aspectos, pero el regreso a un estado de bienestar Keynesiano clásico no es ni tan sencillo ni constituye ya una alternativa.

Sea como fuere, terminamos como empezamos: una semana es mucho tiempo en política. La posibilidad de que vuelva a haber un gobierno laborista en algún momento, y que sea con las políticas que acabamos de analizar, no está muy clara. La importancia del debate actual sobre los distintos aspectos de la izquierda británica reside en que cualquier vuelta a un conjunto de políticas más orientadas hacia lo social y con un papel más proactivo en el sector industrial que ponga fin a la economía de la austeridad, debería abordar el modo en que la influencia y el control de los trabajadores y consumidores (como colectivo) tenga efecto sobre lo económico. Ahora mismo este asunto pendiente es fundamental para la izquierda tanto dentro como fuera del Reino Unido.

¿Qué debe hacer la UE sobre la inmigración?

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  Sami Nair

La UE se enfrenta a dos tipos entremezclados de demanda migratoria; una estructural: la de los inmigrantes económicos; otra coyuntural: la de los solicitantes de asilo. Los primeros intentan escapar de la miseria en países pobres no comunitarios, los segundos huyen de situaciones de guerras civiles. Ahora bien, desde que se proyectó una estrategia de contención de los flujos migratorios en 1986, por causa de la creación de un espacio económico común, materializado por el Acta Única (1986), el Tratado de Maastricht (1991) y los Acuerdos de Schengen (1993) seguidos por el Convenio de Dublín (2003), la UE siempre tuvo una visión de la demanda migratoria instrumental y cortoplacista. Esquemáticamente definido, el lema era: primero favorecer la libre circulación de los comunitarios (adopción de la libertad de circulación y establecimiento en el Tratado de Maastricht), segundo, los extra comunitarios sólo pueden ser aceptados cuando se les necesitan.

Se instauraron varias medidas: el cierre de la libertad de inmigración laboral para los no-comunitarios a cambio de un aumento de la reagrupación familiar para aquellos instalados legalmente en Europa; la reducción drástica de la concesión del estatuto de refugiado y, por tanto, del derecho de asilo; la gestión policíaca del control de fronteras y, por fin, la adopción, en 2003, del principio por el cual el solicitante de asilo no puede interponer su solicitud en el país final de destino sino que debe hacerlo en el de llegada a Europa. Esta última decisión, impuesta por los países del primer círculo europeo (principalmente Alemania y Francia) obligaba a los demás a volverse gendarmes de la estrategia migratoria europea. De ahí la creación de barreras en las fronteras externas europeas para contener a los inmigrantes (campos de internamientos y Frontex).

Esta estrategia ha funcionado con un éxito relativo hasta 2008. Pero la crisis económica, el aumento de las desigualdades entre Europa y África del norte y subsahariana, el empobrecimiento súbito de los países del este sometidos a políticas despiadadas de ajuste estructural, la extensión incontrolable del caos en Oriente Medio con la destrucción del Estado iraquí en 2003 y la descomposición de Siria desde 2011, provocan la huida de millones de personas hacia Europa. Frente a esa enorme demanda de socorro, la muralla de los acuerdos de Schengen y Dublín se ha derribado. Y más grave aún, la UE ha sido incapaz de reaccionar colectivamente.

La tendencia actual de renacionalización de las políticas migratorias, que se perfilaba desde los años 2010, lo demuestra con creces.

En realidad, si las políticas de contención de estos últimos treinta años saltan hoy, es, por un lado, porque han llevado a la acumulación de una enorme demanda migratoria insatisfecha de las poblaciones migrantes y, por otro, porque la UE no tenía una política común de gestión de la misma en su entorno geoeconómico.

Era una ilusión irresponsable considerar que se podía construir un espacio económico europeo rico e integrador sin tener en cuenta la situación económica y política del contexto regional extra europeo: la población de la orilla sur del Mediterráneo va a superar los 356,9 millones de habitantes para mediados de 2030 sin que se pueda prever una mejora en la capacidad integradora de los mercados de trabajo en estos países. En África subsahariana, la población está creciendo rápidamente y va a alcanzar los 1.369 millones de habitantes para mediados de 2030, con un aumento estimado, según proyecciones de la ONU, de 200 millones de personas por década. A eso hay que añadir que África subsahariana no ha reducido su tasa de pobreza estos últimos 25 años. Según un informe del Banco Mundial, “solo consiguió sacar a un 28% de la población de la penuria, porcentaje que chirría frente al norte de África (81%), sudeste asiático (84%) y América Latina y el Caribe (66%).» En consecuencia, la demanda migratoria será incontenible.

Por otra parte, si los países del Este no sufren el mismo auge demográfico, en cambio sí que afrontan una importante demanda de empleo pues sus condiciones de vida y poder adquisitivo están cada vez más condicionados por el euro y el mercado único europeo. De ahí la irreprensible necesidad de emigración hacia la zona euro. Y si desde Afganistán, Iraq, Siria, la demanda migratoria es de peticionarios de asilo, en el fondo también se trata de una emigración económica. Igual desde Eritrea, Somalia, Níger, Libia.

Hoy en día, es de hecho muy difícil diferenciar entre los solicitantes de asilo y los inmigrantes económicos, puesto que todos padecen la misma condición económica y social.

Frente a esta situación, los países europeos están divididos: unos necesitan inmigrantes (Alemania), otros no. Y cada uno va a lo suyo. La única manera de salir de este círculo vicioso, es replantear radicalmente la estrategia europea en materia de inmigración. Por ello, es preciso tener claro una visión de largo alcance.

En primer lugar, se debe admitir claramente, y explicárselo a la opinión pública, que los flujos migratorios seguirán: es verdad, por varias razones, que es imposible abrir las fronteras para volver a la libre circulación e instalación que prevaleció casi hasta 1980, pero la gestión policíaca imperante hoy en día no basta. El aumento de la inmigración ilegal, las dificultades de integración vinculadas a la reagrupación familiar y la proliferación de las mafias de trata de seres humano atestiguan la complejidad del fenómeno migratorio.

En cuanto a la crisis actual de los refugiados, se necesitará años para resolverse, si se resuelve, pues no se puede descartar el derrumbe definitivo de unos Estados actuales y el surgimiento de un nuevo mapa geopolítico, tal y como lo pretende hoy en día el supuesto Estado islámico. Es decir nuevas olas de refugiados.

La UE debe tomar en cuenta este contexto; y por ello, reorientar su política migratoria con unas medidas imprescindibles:

1) Para los refugiados:

• Proponer a los socios europeos una cumbre para elaborar un balance de los Acuerdos Schengen y revisar el Reglamento de Dublín. Es muy peligroso aceptar la metodología impuesta por Alemania que modificó su ley de asilo sin consultar al resto de los países europeos.

• Reexaminar los criterios de definición actualizando la noción de países seguros y también adaptar la vinculación al primer país de llegada a territorio europeo con el procedimiento de solicitud de asilo.

• Incrementar la implementación de vías legales para la solicitud de asilo y en particular garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen, limítrofes y de tránsito.

• Incrementar las oficinas europeas de examen de solicitudes de asilo, que debieran multiplicarse, y asegurar en ellas la presencia de representantes de ACNUR, sobre todo en los países limítrofes a aquellos en los que existen situaciones de conflicto que generan desplazamientos de refugiados. Es imposible hacerlo en Siria, Afganistán o Eritrea, pero se puede conseguir en Jordania, Líbano, Iraq o Turquía, por referirse sólo a ejemplos que afectan a los refugiados sirios.

• Activar específicamente y de forma flexible los visados humanitarios.

• Flexibilizar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto.

• Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias.

• Reforzar e incrementar los programas de re-asentamiento en coherencia con el número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los Estados, a partir de un sistema común europeo de asilo. Es decir, aceptar las cuotas obligatorias.

2) Para los inmigrantes estrictamente económicos:

• Flexibilizar las entradas, y no sólo para los cualificados. En realidad, son las capas populares quienes necesitan de la emigración para poder enviar remesas a su país de origen.

• Crear, junto a los permisos de residencia ya existentes en todos los países de la zona euro, documentos de residencia «movilidad» de los trabajadores, de acuerdo con los países de origen y en función de las necesidades de los países de acogida. Hay que establecer una política de visados más democrática, aumentar significativamente su número para la entrada de trabajadores con permisos de residencia temporal y renovable en aquellos sectores en que sean necesarios. Esos permisos pueden dar lugar, al término de un período determinado y en condiciones específicas, a un permiso de residencia permanente.

• Incentivar una política europea común de codesarrollo vinculada a los flujos migratorios. Ésta debe ser articulada con las políticas nacionales de cooperación, del mismo modo que se debe aumentar el presupuesto europeo consagrado a la ayuda al desarrollo para financiar proyectos empresariales (comerciales e industriales), medio-ambientales y agrícolas en los países de origen.

Desde el Consejo europeo de Tampere (1999) se ha aceptado la vinculación de los flujos migratorios no comunitarios con una política de codesarrollo, es decir, de ayuda al desarrollo de los países de origen utilizando el vector migratorio. Hay que aplicar esta decisión, instaurando una gestión de ida y vuelta de la inmigración, ayudando a quienes quisieran volver a sus países con proyectos económicos factibles y sin quitarles el derecho de regresar a Europa para implementar sus actividades.

• Elaborar una estrategia común con los países fronterizos para luchar contra las mafias y, bajo mandato de la ONU, para actuar en mar y en tierra ayudando a los Estados fallidos.

Es, por lo tanto, crucial que las instituciones europeas inicien juntas una reflexión que elabore una estrategia solidaria de gestión a largo plazo de las migraciones. Que sean de trabajo o de asilo, las migraciones serán uno de los grandes desafíos del siglo XXI, así como el medio ambiente o la pobreza. Es un reto no sólo social y económico, sino también cultural e identitario. A la hora de la acogida, los países europeos no deben vacilar en dejar claro a los recién llegados las condiciones de la misma: respeto de los valores, normas y adhesión a la identidad común. Cada colectividad tiene el derecho a defender su identidad. Pero eso no significa aceptar el repliegue nacionalista y xenófobo. Hoy en día, en el contexto de crisis del empleo, en todos los países europeos se están desarrollando comportamientos de rechazo a la inmigración, de desprecio a los refugiados. Y, por lo tanto, de restricción drástica de los derechos de los extranjeros, ya sean inmigrantes o refugiados. Es imprescindible luchar contra esta corriente y afirmar, con la máxima determinación, que la defensa a la libertad de emigrar es una causa profundamente justa y humana. No hay que dejarse impresionar por el contexto de hostilidad actualmente dominante.

El continente europeo, el espacio más rico y desarrollado del planeta, debe apostar por relaciones cooperativas y solidarias con su flanco mediterráneo, zona de las más peligrosas fracturas del mundo. Porque, al fin y al cabo, el porvenir de ambos es indisociable y común.