moderado por:

  • Ignacio Muro Benayas

    Director Fundación Espacio Público

España inacabada

El conflicto territorial

Fecha de inicio: 02 de abril

Un debate decisivo para las izquierdas

El debate que se plantea tiene como propósito abordar las desigualdades y las deficiencias democráticas y funcionales del actual Estado de las Autonomías. Responde a la preocupación creciente que genera la persistencia del bloqueo para realizar cualquier reforma constitucional, situación que está acentuando y cronificando las deficiencias actuales.

Los déficits institucionales son evidentes: por un lado, la imposibilidad de concretar el perfil de las nacionalidades reconocidas en la Constitución en línea de una España plurinacional, por otro, el bloqueo para que el Senado asuma ser una cámara territorial. Son reformas constitucionales que previsiblemente seguirán bloqueadas, al menos, durante buena parte de la próxima década.

Ocurre que, en el «mientras tanto», se está dando una oportunidad a las inercias históricas (centralismo, caciquismo, particularismos) y a las fuerzas espontáneas del mercado (pugnas fiscales a la baja para captar capital) para que hagan su trabajo. El resultado es que crecen las diferencias territoriales en los servicios esenciales del Estado de Bienestar, con la sanidad como paradigma negativo; cada sequía nos recuerda la incapacidad de encontrar soluciones multilaterales al conflicto del agua, esencial ante el cambio climático; la solución ante el problema de la vivienda se pierde entre bloqueos institucionales y el ingreso mínimo vital se disuelve entre burocracias superpuestas.

La ausencia de programas de colaboración horizontal entre CCAA y la proliferación del unilateralismo vertical y del “qué hay de lo mío” en relación con el gobierno del Estado o la propia acumulación de poder económico en la Comunidad de Madrid… dibujan un Estado con dificultades para afrontar los grandes retos que las transiciones tecnológicas, demográficas y medioambientales nos plantean como país.

La incomodidad de las izquierdas estatales con la cuestión territorial es evidente. Atravesadas por sentimientos contrapuestos, no son capaces de madurar un referente federal consistente que supere las pulsiones centralistas y, al tiempo, complemente o sirva de contrapeso a las izquierdas confederales o soberanistas de Catalunya, Euskadi o Galicia y otras comunidades. Como resultado, pierden peso, a veces simultáneamente, en la España interior y en las nacionalidades. Afecta al PSOE, pero, sobre todo, a las fuerzas situadas a su izquierda especialmente heridas por la fragmentación territorial y los localismos que han propiciado el estado autonómico.

Para abordar esta situación, la Fundación Espacio Público y Público proponen realizar un debate en la que se propicie un balance de la situación del Estado de las Autonomías mediante la participación de expertos y expertas del ámbito político, periodístico, académico, etc.

Modera: Ignacio Muro. Director de la Fundación Espacio Público.

Intervienen
Marina Subirats. Catedrática emérita en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Mertxe Aizpurua. Diputada de EH Bildu en el Congreso.
Joan Romero. Catedrático emérito en la Universitat de València y autor de «España inacabada».
Roberto Uriarte. Profesor de Derecho constitucional en la Universidad del País Vasco (Podemos).
Javier Pérez Royo. Catedrático de Derecho constitucional en la Universidad de Sevilla.
Monserrat Colldeforms. Economista experta en financiación pública.
Teresa Rodríguez. Portavoz y líder de Adelante Andalucía.
Joan Botella. Catedrático de Ciencia política (UAB) y vocal de la Asociación por una España Federal.
Amanda Meyer. Abogada y miembro de de la dirección federal de Izquierda Unida.
Alberto López Basaguren. Vicepresidente de la Asociación Por una España Federal y catedrático de Derecho constitucional de la Universidad del País Vasco.
Carme Valls. Médica y vicepresidenta de Federalistes de Esquerres.
Marina Llansana Rosich. Periodista, filóloga y exdiputada al Parlamento de Cataluña.
Goretti Sanmartín. Alcadesa de Santiago de Campostela (BNG).
Juan Carlos Monedero. Profesor titular en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Cofundador de Podemos.

moderado por:

  • Pedro González de Molina Soler

    Profesor de Geografía e Historia

Hay que esforzarse por debatir más de políticas que de meritocracia en público

  • Carlos Gil

    Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo (Italia), con la tesis Cracking Meritocracy from the Starting Gate (2020), premiada por el European Consortium for Sociologial Research (ECSR)

Uno de los principales problemas en la acalorada discusión pública sobre la meritocracia es la confusión generalizada sobre su significado y el papel del esfuerzo. Hay dos interpretaciones que hay que aclarar antes de tener un debate serio sobre las políticas y acuerdos necesarios para mejorar la igualdad de oportunidades: (1) la meritocracia como mecanismo de selección y (2) la meritocracia como ideología cargada de (pre)juicios morales. Una vez aclaradas, veremos que la meritocracia es una concepción muy pobre de la igualdad y que hablar de ella en público agita el avispero ideológico, desviando así la atención de las políticas indispensables para construir sociedades más justas.

La meritocracia como mecanismo de selección

Por un lado, la meritocracia puede entenderse como un mecanismo de selección o asignación de las posiciones y recompensas valoradas en una sociedad basado en el mérito del individuo, sea lo que sea el mérito, quién lo define y si es posible medirlo — un debate clave que abordaré más abajo.

Nadie dijo que no haya que esforzarse. Ya desde las revoluciones liberales del siglo XIX se hacía énfasis en la carrera abierta al talento en las burocracias estatales para derribar las sociedades aristocráticas donde la posición social era directamente heredada por linaje familiar, tradición o propiedad. En las democracias actuales, la mayoría de los ciudadanos prefiere que el sistema educativo, el mercado de trabajo o las instituciones públicas se rijan por los criterios más transparentes y objetivos posibles en los procesos de selección, evaluación y promoción — como la capacidad y el trabajo duro. Pocas personas consideran que esforzarse no sirva para nada y que no haya que hacerlo para salir adelante. Que se recompense —eso sí, de forma igualitaria— el esfuerzo es necesario para motivar e incentivar a la gente para, por ejemplo, cursar estudios más difíciles o trabajar en ocupaciones con mayor responsabilidad. Esto es lo mínimo que se espera del capitalismo: una competición justa en la que se recompense a cada uno según sus méritos individuales y lo que el mercado valore en ese momento histórico, independientemente de si vienes de abajo o de arriba, de tu género, orientación sexual u origen étnico.

Últimamente se ha desviado interesadamente el debate sobre la meritocracia hacia el peligro de cuestionar la sacrosanta trinidad de levantarse temprano, trabajar duro y ser resilientes y difundir así la cínica idea de que esforzarse no vale para nada a nuestros ingenuos jóvenes. ¡A ver si van a quedarse en casa de brazos cruzados a esperar la “paguita”! Así, se desvía la atención de una segunda interpretación de la meritocracia menos idílica: la meritocracia como caballo de troya del liberalismo extremo, el statu quo y la legitimación de desigualdades injustas para aquellos desafortunados en la lotería social y genética. Nadie elige ni merece las (des)ventajas de nacer en una familia con menos o más recursos o heredar unos u otros genes que influencian el desarrollo de las habilidades productivas que valora el mercado.

Para que quede negro sobre blanco: esforzarse es importante para conseguir los objetivos que uno se proponga y sobre todo si vienes de abajo. Por algo se llama clase trabajadora. Dicho esto, si vienes de clase obrera, tener talento y trabajar duro no te garantiza los mismos resultados que a alguien que venga de la elite y también se esfuerce, o incluso no dé palo al agua — que se lo digan a Froilán. Que el mismo esfuerzo no tenga la misma recompensa según la clase social en la que has tenido la fortuna de nacer no quiere decir que el esfuerzo no tenga valor, sino que la meritocracia es un timo. El esfuerzo solo podría justificar desigualdades entre personas que han nacido en las mismas circunstancias de clase y, como no podemos cuantificar todas estas circunstancias, quizá podríamos centrar nuestros esfuerzos en ofrecer más oportunidades en lugar de juzgar quién merece qué antes de ofrecerlas. Podemos aspirar a más como sociedades democráticas que competir en una carrera amañada desde el pitido de salida para repartir los trabajos y bienes que valoramos.

La meritocracia como sistema ideológico

En su segunda interpretación, la meritocracia es un sistema ideológico de legitimación de la desigualdad que da por hecho el hollywoodiense sueño americano de que hay igualdad de oportunidades. El sueño de que, si te levantas muy temprano, te esfuerzas mucho y te buscas un buen coaching, no habrá obstáculo que te impida conseguir aquello que te propongas: ya sea ser astronauta, millonario, influencer, jugador de fútbol, CEO de una multinacional o estrella del trap, tú lo vales. Si no lo consigues, podrás culparte solo a ti mismo por tus malas decisiones y por tu falta de habilidad, empeño o carácter. Tuviste poco autocontrol y te comiste la golosina de la mesa en lugar de esperar media horita más para tener dos. Cada uno recibe lo que se merece, ni más ni menos ¡Espera, la meritocracia no siempre fue así, me la han cambiado!

El origen distópico de la meritocracia y su metamorfosis liberal. La palabra meritocracia es joven y nació como una sátira distópica del sociólogo Michael Young para denunciar los peligros de una sociedad que aplicara a rajatabla la fórmula mérito = habilidad + esfuerzo para elegir a sus elites gobernantes. En esta sátira ambientada en Gran Bretaña, las posiciones en la estructura de clase se deciden desde la escuela primaria sin tener en cuenta las desigualdades socioeconómicas de partida entre las familias para puntuar más alto o bajo en esta fórmula meritocrática. No en vano, el término meritocracia se acuñó como una crítica a la reforma del segregador sistema educativo inglés de 1944, que introdujo la diferenciación temprana de itinerarios curriculares —el equivalente español del bachillerato o formación profesional— basada en una prueba de cociente intelectual a los 10 años. El cuento de la meritocracia acabó como el rosario de la aurora, con una rebelión de las clases sociales perdedoras en 2033, despreciadas por el desdén de la oligarquía ganadora. En lugar de una sociedad eficiente y justa, la meritocracia derivó en una tiranía cruel y despiadada con los menos afortunados.

Poco a poco, pero sobre todo desde los años 80, la meritocracia sufrió una dulce metamorfosis hasta derivar en un sistema ideológico que justifica las desigualdades y pone el foco en la responsabilidad del individuo. Se moraliza la desigualdad y no se reconoce ni las circunstancias materiales ni los factores estructurales que la explican. Como consecuencia de este martillo pilón ideológico y en paralelo al incremento de la desigualdad de ingresos y riqueza, ha crecido también la creencia en que nuestras sociedades son meritocráticas. Ya se sabe, “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”.

Así, casi sin darnos cuenta, la meritocracia se convirtió en un slogan vacío de políticas que promete el sueño americano para todos. Un ebrio brindis al sol tal y como ya lo expresara Tony Blair, ex primer ministro británico y máximo exponente de la tercera vía socialdemócrata tras la caída del bloque comunista. De estar a años luz de ser una meritocracia en 1995, Blair se regocijaba de que, solo dos años después, mientras se desmantelaban los estados de bienestar y se privatizaba la economía, ya lo habían conseguido:

“Estamos a años luz de ser una verdadera meritocracia” (Julio de 1995). “Quiero una sociedad basada en la meritocracia” (Abril de 1997). “La Gran Bretaña de las elites se ha acabado”. “La nueva Gran Bretaña es una meritocracia” (Octubre de 1997). “El antiguo establishment está siendo reemplazado por una nueva, más grande y más meritocrática clase media” (Enero de 1999). T. Blair

Aunque Michael Young se tirara de los pelos, apelar a la meritocracia se convirtió en un comodín aspiracional, una cortina de humo tanto liberal como socialdemócrata (de tercera vía), para vender la moto del ascensor social y no abrir el melón del frigorífico: ¿qué políticas públicas y grandes acuerdos entre fuerzas políticas hacen falta para reducir las desigualdades de clase y conseguir mayores niveles de igualdad de oportunidades? ¿A qué privilegios tendrían que renunciar las elites para tal envite?

No hay lugar ni momento justo para evaluar el mérito. La carrera es una metáfora recurrente para ilustrar cómo se reparten las posiciones sociales y recompensas económicas valoradas en una sociedad bajo la meritocracia. Imaginemos una carrera de velocidad en la que se dibuja la línea de salida en la misma posición para todos los participantes y así compitan en igualdad de partida. A partir del pistoletazo de salida, las posiciones finales y los trofeos serían solo una función de la habilidad (velocidad) y el esfuerzo (entrenamiento previo) de los corredores.

Si aplicamos esta metáfora a nuestro sistema educativo o mercado de trabajo, ¿cuándo sería justo dibujar la línea para que empiece la carrera por el estatus socioeconómico en igualdad de condiciones y evaluar el mérito? ¿Al nacimiento, en la educación primaria o en el mercado de trabajo? ¿Cómo diferenciamos el mérito individual de las circunstancias familiares que escapan a nuestro control y que ayudan o dificultan desarrollar este mérito? ¿Cómo separamos nuestras decisiones responsables de las circunstancias materiales que las preceden y posibilitan?

Desde el nacimiento, e incluso antes, ya empiezan a gestarse desigualdades de clase, a través de los recursos culturales y económicos familiares, en el desarrollo de aquellas habilidades productivas —cognitivas y socioemocionales— que luego serán recompensadas con calificaciones y sueldo por los evaluadores del mérito en el sistema educativo y mercado de trabajo: los profesores y los empleadores. La educación es el principal canal para la movilidad social de los hijos de la clase trabajadora, al no contar con un capital y patrimonio considerable que heredar. En la meritocracia liberal, se da por sentado que los sistemas educativos públicos son suficientes para compensar las desigualdades de partida e igualar las oportunidades de acumular las competencias que más recompensa el mercado. A pesar del meritorio esfuerzo de la comunidad educativa en hacer que estas desigualdades no fueran aún más grandes, si no existiera la escuela pública, estás desigualdades de clase en el desarrollo del mérito académico se mantienen casi intactas a lo largo del sistema educativo y no se han reducido significativamente en las últimas décadas.

Así, se pone todo el peso y la culpa de la política social en el sistema educativo público y la (falta de) habilidad individual. El papel de la escuela pública como igualador social es crucial, pero es solo condición necesaria, ya que, por cada acción política para igualar el terreno de juego, habrá una reacción de las clases privilegiadas para ir varios pasos por delante. Por ejemplo, a través de la educación privada, que no para de crecer. ¿De verdad somos tan ingenuos de creer que solo por facilitar el acceso a la universidad pública a las clases trabajadoras vamos a erradicar la desigualdad de oportunidades? Hay una infinidad de canales por los que los hijos de clases altas seguirán aún en ventaja para conseguir una mejor posición en el mercado de trabajo: la formación privada y en el extranjero, la transmisión de capital y patrimonio, los contactos, la información privilegiada o el know-how de cómo funcionan las bambalinas de las instituciones.

Volviendo al ejemplo de la carrera, imaginemos que el ganador tiene la línea de salida adelantada con respecto al resto de corredores partiendo así con varios metros de ventaja, empieza a correr cinco segundos antes del pitido de salida, calza las mejores zapatillas del mercado y ha entrenado en el mejor club de atletismo con Usain Bolt como instructor personal. El resto de los corredores, además, afronta una calle llena de obstáculos en la pista. Obviamente, aunque genéticamente nuestro hipotético personaje no goce de ventajas considerables, gana la carrera y se le recompensa con un premio en metálico 50 veces superior al segundo clasificado. Además, nuestro aventajado corredor recoge el trofeo henchido de orgullo mientras los espectadores y medios de comunicación ensalzan su gran habilidad y esfuerzo para ganar la carrera, llevándose todo el prestigio y reconocimiento social.

¿A quién le puede parecer esto justo? Probablemente solo a quien parta de una situación de privilegio y quiera conservarla para él mismo y los suyos. Es racional mirar por el interés propio, sí, pero no es justo bajo ninguna óptica moral. La investigación psicológica ha mostrado que hasta los niños de 3 años saben reconocer la injusticia y tienen una preferencia universal por la equidad. Quizá esto nos diga algo sobre el rol evolutivo que ha tenido la cooperación para que el ser humano progrese como especie y sociedad, en lugar de resignarnos a que el hombre sea un lobo para el hombre. Si más gente que nace o llega a situaciones de privilegio lo reconociera también y estuviera dispuesta a cambiar el statu quo no sería del todo hipócrita, sino solidario con quienes no tuvieron la misma suerte. Ahí queda la llamada de multimillonarios como Warren Buffet a tasar más a los ricos al pagar un porcentaje ridículo de impuestos en términos relativos con respecto a un trabajador medio de su empresa.

Incluso cuando es un hecho científico que gran parte de nuestros logros está condicionada por las (des)ventajas de nacer en una familia con más o menos recursos, así como por las instituciones, inversiones e infraestructuras públicas, muchos atribuyen su éxito única y exclusivamente a su esfuerzo y valía personal. Investigaciones experimentales indican que, al jugar al Monopoly, si se lanza una moneda al aire para determinar al azar qué jugador empezará la partida con más dinero que el resto y tirará con dos dados, el jugador que por pura suerte y sin ningún mérito ha empezado la partida con ventaja suele racionalizar las causas de su victoria a través de sus brillantes dotes estrategas ¡Oye, que a mí nadie me ha regalado nada!

Dos mitos fundacionales de la meritocracia desmontados por la evidencia

La igualdad de oportunidades no existe, son los padres. La ideología liberal meritocrática da por hecho que ya hemos llegado a la igualdad de oportunidades y todos navegamos en el mismo barco, el de la clase media, sea lo que sea. La acumulación de riqueza de las elites goteará hasta que suba la marea y eleve todos los barcos. El sueño americano se parece más a la utopía socialista sin clases sociales que a las sociedades capitalistas de alta desigualdad de ingresos y riqueza heredada en las que vivimos. Es una visión tremendamente distorsionada que no refleja los altos niveles de desigualdad realmente existentes.

En España no hay meritocracia. Si la entendemos como una sociedad en la que haya igualdad de oportunidades y la clase social de nuestros padres no influya en nuestro nivel educativo, ocupación, ingresos y riqueza, y sean solo nuestro esfuerzo y habilidad los responsables. ¿Y la europea? Es un hecho empírico que la igualdad de oportunidades no se cumple ni en las sociedades contemporáneas que han hecho mayores esfuerzos por reducir las desigualdades durante décadas a través de amplios acuerdos políticos, estados de bienestar universalistas, redistribución y dinamismo económico, como los países nórdicos. La igualdad de oportunidades solo existe sobre papel mojado, basta abrir cualquier constitución o declaración de derechos. Ni en la España de hoy, ni en ninguna sociedad industrial o posindustrial de la historia moderna ha existido la igualdad de oportunidades plena hasta la fecha. Ni siquiera en las sociedades comunistas.

Los monopolios privados, los beneficios empresariales desorbitados, el fraude fiscal, la corrupción pública y la transmisión de (des)ventajas de padres a hijos implican que no haya una competición justa. Si no queda más remedio que competir, si no hay otra alternativa, que al menos la competición no sea una pantomima.

No hay igualdad de oportunidades, ni se la espera. La igualdad de oportunidades es una utopía. El punto clave del debate es que sin igualdad de partida nunca puede haber una “verdadera” meritocracia en la que las circunstancias de la cuna sean irrelevantes, solo legitimación de la desigualdad. Aun más importante, la igualdad de oportunidades es imposible de conseguir por cuatro razones: (1) falta de consenso político y del votante en las políticas para combatir la desigualdad de resultados por los juicios morales que la consideran como justa o injusta; (2) la fractura de la meritocracia por parte de las clases altas con la transmisión intergeneracional de sus privilegios; (3) los límites de intervención del estado; (4) la imposibilidad de igualar los resultados en la generación de los padres dentro de sociedades capitalistas avanzadas tecnológicamente con una gran división técnica del trabajo.

Esto no quiere decir que haya que tirar la toalla y abandonar la política social, sino todo lo contrario: políticas universalistas, redistributivas y compensatorias que no beneficien solo a las clases medias-altas son esenciales para acercarnos a la utopía de la igualdad de oportunidades en su segunda acepción: “una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano”.

Consenso político. Dado el grado de polarización política en materia fiscal y educativa, es muy difícil remar en la misma dirección y construir un estado de bienestar fuerte con mayor recaudación, redistribución y generosas políticas sociales durante décadas. La búsqueda de la igualdad de oportunidades no es cuestión de una legislatura y esta es precisamente una de las principales líneas rojas entre la derecha y la izquierda, entre el liberalismo y la socialdemocracia.

Los límites de intervención del estado y las familias. El estado no puede inmiscuirse en que los padres inculquen a sus hijos habilidades, aspiraciones y preferencias específicas para sus estudios o carrera profesional. Las familias más aventajadas, como todas, siempre querrán lo mejor para sus hijos, cosa legítima y natural, pero romperán así con la meritocracia y la carrera comenzará ya desvirtuada desde la cuna. La familia es incompatible con la igualdad de oportunidades y aquí el estado poco puede hacer, pero hay canales de transmisión de la desigualdad entre padres e hijos que pueden considerarse más injustos, como la transmisión directa de riqueza y los enchufes.

Además, hay un punto fundamental del que no se habla. Dependiendo del punto de vista ideológico, se centra el relato en la falta de oportunidades de los que vienen de abajo para subir o en su falta de habilidad, esfuerzo o motivación para conseguirlo. Sin embargo, ¿qué pasa con los de arriba? Para que existiera una meritocracia o la movilidad social fuera “perfecta”, los hijos de familias aventajadas deberían caer en ocupaciones no cualificadas o renta baja si no se esfuerzan lo suficiente o muestran talento.

En la realidad, las clases altas tienen recursos económicos, culturales y sociales para garantizar que sus hijos no se despeñen en la escalera social: gozan de un suelo de cristal, red de seguridad o paracaídas. Son solo ellos quienes pueden permitirse el lujo de equivocarse, no esforzarse o tener bajas habilidades productivas. Tienen más segundas oportunidades y por ello las clases altas rompen la meritocracia con sus privilegios. Un ilustrativo ejemplo reciente es el escándalo Varsity Blues por los sobornos de familias de alto estatus para que sus hijos, que no eran muy brillantes, fueran admitidos a universidades americanas de élite.

Si de verdad tanto quieren una meritocracia, las clases sociales más aventajadas deberían estar dispuestas a renunciar a parte de sus privilegios para igualar el terreno de juego y que haya una competición sin trampas. Solo si esto sucediera, que no lo hará, tendría sentido hablar de meritocracia.

La pescadilla que se muerde la cola. La meritocracia sufre una contradicción intrínseca que la convierte en una falacia circular: no cuestiona el nivel de desigualdad de ingresos o de riqueza en la sociedad, lo que se conoce como desigualdad de resultados o premios en la carrera. Esta desigualdad incentivaría en cambio el trabajo duro, la creatividad y la innovación. En una meritocracia perfecta, habría movilidad social hacia abajo y hacia arriba: los hijos de las elites bajarían en el ascensor social con la misma probabilidad que los hijos de clases trabajadoras subirían. Habría un cambio de cromos en la estructura de clases sociales, pero la pobreza, la precariedad y las desigualdades económicas y de riqueza seguirían intactas.

Ya sabemos que es imposible en la práctica, pero incluso si hubiera igualdad de oportunidades en la generación de los padres, estos conseguirían resultados muy diferentes en términos de recursos culturales y económicos que después transmitirían a sus hijos. Esta desigualdad de resultados sin límite, que consiente la meritocracia, imposibilita la igualdad de oportunidades en la generación de los hijos. Combinar mucha movilidad social o igualdad de oportunidades y mucha desigualdad de resultados es incompatible en la práctica. Las sociedades modernas más igualitarias del planeta, las nórdicas, dan buena cuenta de ello. Aunque el expresidente demócrata de Estados Unidos, B. Obama, no prometía la igualdad de resultados, sí que sabía que la combinación de desigualdad y baja movilidad social deja desvelado al sueño americano:

 “La premisa de que todos hemos sido creados iguales es la razón de ser de la historia americana. Y dado que nosotros no prometemos igualdad de resultados, nos hemos esforzado por dar igualdad de oportunidad a todos – esta es la idea de que el éxito no depende de haber nacido en la riqueza o el privilegio, sino que depende del esfuerzo y el mérito”. […] “Las tendencias combinadas del aumento de la desigualdad y la disminución de movilidad amenazan fundamentalmente el Sueño Americano, a nuestra forma de vida, y lo que representamos alrededor del mundo”. B. Obama (2013).

La meritocracia como una pobre concepción de la igualdad

Lo podemos pensar como una pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad: ¿queremos vivir en un rascacielos sin ascensores ni escaleras donde una subclase malvive en el sótano sin luz ni agua mientras la elite del ático bebe champagne en el jacuzzi? Los del ático y los del sótano serían siempre hijos de las mismas dinastías familiares ¿O preferimos vivir en un edificio más bajo, horizontal y abierto en el que las plantas estén conectadas por escaleras mecánicas de subida y de bajada?

Bajo las lentes de la meritocracia liberal, la sociedad se entiende como una competición por la distribución de los recursos, por los trabajos más prestigiosos y mejor pagados. La otra pregunta que debemos hacernos como sociedad es si lo que valora el mercado, los premios que se dan a los ganadores de la carrera, son los mejores criterios para determinar nuestro bienestar colectivo. Que el mercado recompense un trabajo con un salario 500 veces más alto que otro no implica que este trabajo sea 500 veces más útil o beneficioso para la sociedad, que esta persona se haya esforzado 500 veces más, que su esfuerzo valga 500 veces más, que su trabajo tenga 500 veces más responsabilidad o que sea 500 veces más difícil de desempeñar. Repítelo 500 veces conmigo. Quizá sería hora de dignificar el trabajo y su valor también por debajo y mejorar las condiciones económicas y laborales de la mayoría, la de los trabajadores. La igualdad no está reñida con el crecimiento económico, hasta el Fondo Monetario Internacional lo ha reconocido.

Al César lo que es del César: tampoco sería justo que hubiera igualdad total de resultados o recompensas, ya que no habría ningún incentivo para esforzarse o asumir responsabilidad. Cómo dijo M. Rajoy allá por 1984, no es cuestión de “equiparar a quien por capacidad, trabajo y méritos son claramente desiguales”, pero tampoco es que se pretenda, cómo también temía Rajoy, “explotar la envidia y el resentimiento para asentar sobre tan negativas pulsiones la dictadura igualitaria”. Se trata de otra cosa, de la última pregunta que tenemos que responder: ¿cuánto queremos (re)compensar y tasar a los “ganadores” y a los “perdedores” de la carrera si no podemos separar sus circunstancias de sus méritos? Aunque hasta hace poco la respuesta del liberalismo y la socialdemocracia era relativamente unánime, esta pregunta es un dilema moral que hoy representa una gruesa línea roja entre la izquierda y la derecha. De cómo resolvamos este dilema dependerá nuestra capacidad para construir sociedades con mayor igualdad de oportunidades y despertar del sueño americano porque, cómo decía el cómico George Carlin, que en paz descanse: “se llama sueño americano porque hay que estar dormido para creérselo”.

La meritocracia es una meta e ideal político muy pobre, vacío de contenido, un canto de sirena que nos distrae de las políticas públicas realmente necesarias para construir sociedades más justas y que exploten el potencial personal y productivo de todos sus ciudadanos, independientemente del accidente de nacimiento ¡Despertemos y manos a la obra!

Notas:

Carlos Gil es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo (Italia), gracias a la beca Salvador de Madariaga del Ministerio de Educación, con la tesis Cracking Meritocracy from the Starting Gate (2020), premiada por el European Consortium for Sociologial Research (ECSR). El artículo está basado en esta tesis y un capítulo del libro La movilidad social en España (2015), coescrito con Ildefonso Marqués y publicado por Catarata.

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • Marià de Delàs

    Periodista

Transición ecológica: una cuestión de justicia global y supervivencia

  • Cristina Narbona

    Vicepresidenta Primera del Senado. Presidenta del PSOE

 1. Introducción

Hace cincuenta años se celebró en Estocolmo la primera reunión de Naciones Unidas dedicada a los problemas ambientales (1). Los gobiernos escandinavos fueron los más activos a la hora de introducir tales cuestiones en la agenda internacional: sus ciudadanos estaban ya entonces concienciados y preocupados por el fenómeno de la peligrosa “lluvia ácida”, consecuencia de actividades muy contaminantes en los países de su entorno, en particular en el Reino Unido.

Ese mismo año se publicó “Los límites del crecimiento”, un informe del Club de Roma(2), encargado a diecisiete científicos del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), que predecía un colapso ambiental generalizado a finales del presente siglo, si no cambiaban profundamente las pautas de producción y de consumo del modelo económico dominante. En 2020 se habían cumplido ya buena parte de sus pronósticos, que fueron rotundamente descalificados como catastrofistas durante mucho tiempo.

Diez años antes, se había publicado “Primavera silenciosa”, de la bióloga estadounidense Rachel Carson (3). Este libro -una contundente denuncia de los riesgos de los pesticidas químicos sobre la salud- produjo un importante efecto en la opinión pública norteamericana, con efectos muy relevantes: algunos años después, se prohibía el DDT en EEUU, y se creaba la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Estos tres hechos constituyen, según mi opinión, hitos fundamentales en el inicio de lo que hoy denominamos la “transición ecológica” de la economía. Por “transición ecológica” entendemos la transformación gradual del sistema productivo, de forma que se reduzca el consumo de recursos naturales así como todo tipo de contaminación, y que se preserven y restauren los ecosistemas, hasta alcanzar una situación compatible con el mantenimiento de los principales equilibrios ecológicos.

Ello exige el uso de nuevas tecnologías, pero también un cambio substancial en los hábitos de vida, y por lo tanto un esfuerzo colectivo de máxima responsabilidad.

Los avances de la ciencia y de la concienciación ciudadana, han sido determinantes para conocer cada vez mejor los efectos de la acción humana sobre la salud del planeta -y sobre las correspondientes consecuencias para la salud de todos los seres vivos-, así como para transmitir este conocimiento a la opinión pública, incentivando su implicación.

El problema más grave es sin duda la lentitud en el necesario cambio de paradigma económico, teniendo en cuenta la velocidad de las alteraciones en los ecosistemas, -muy superior a la prevista hasta hace poco por la comunidad científica- que comportan ya situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular para los ciudadanos más desfavorecidos y para los países más pobres.

La resistencia al citado cambio es el resultado de la concentración de poder económico y mediático en muy pocas manos, lo que conlleva una gran capacidad para cuestionar la realidad de los problemas ambientales, de forma que la opinión pública llega a creer que tales problemas no son tan graves y que son, en todo caso, el precio ineludible del progreso económico y social. Todavía demasiadas personas están convencidas de que, si aumenta el PIB, se está generando riqueza y bienestar. Afortunadamente cada vez hay más baja evidencia de esta peligrosa falacia (4).

Todo lo anterior remite a la imprescindible aproximación ética al tema objeto de esta ponencia: quienes se ven más perjudicados por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, son precisamente quienes menos han contribuido a provocar dichos procesos.

En África, en el Sudeste asiático, en buena parte de América Latina y en las pequeñas islas del Pacífico, se sufren severas y crecientes hambrunas, sequías, inundaciones, elevación del nivel del mar… así como gravísimos episodios de contaminación del suelo, del aire y del agua causados por la acumulación de residuos, muchos de ellos tóxicos, procedentes de los países más ricos del planeta. Una reciente investigación (5) sobre el aumento de las exportaciones de residuos electrónicos desde el mundo más desarrollado hacia los países más pobres, pone de manifiesto la cara oscura de la supuesta “economía limpia” de la que presumimos en nuestro entorno… La transición ecológica constituye por tanto una cuestión de justicia, de “equidad global”, cada vez más evidente: el consumismo exagerado y el cortoplacismo del modo de vida occidental, afectan en particular a aquellos países de los que obtenemos materias primas -pensemos simplemente en la deforestación acelerada de la Amazonia, o en los recursos mineros que se extraen con serias consecuencias para la salud de los mineros-, y que convertimos también en nuestros vertederos.

Un ejemplo: la Unión Europea y Estados Unidos generan más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de China, durante los procesos de fabricación de productos que después se consumen en nuestros países.

Cuando hablamos de “transición ecológica”, tenemos por lo tanto que añadir “justa”, es decir acompañada por medidas específicas para evitar consecuencias sociales indeseables tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

2. Lo que la ciencia nos dice

La comunidad científica venía alertando de los riesgos ambientales mucho antes de que éstos aparecieran en la agenda política internacional. Tanto el cambio climático como el agujero en la capa de ozono habían sido identificados durante la primera mitad del siglo XX como la consecuencia de determinados gases de efecto invernadero (GEI ), en el primer caso, y de ciertas substancias químicas en el segundo. Asimismo, eran ya conocidos en esa época muchos de los efectos de la contaminación sobre la salud humana, y, de hecho, en muchos países occidentales se promulgaron leyes sobre calidad del aire y del agua potable, antes de que existieran compromisos al respecto a nivel supranacional.

La ciencia fue incorporándose gradualmente como soporte de decisiones políticas nacionales e internacionales: el caso más importante fue la creación en 1988 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPPC), impulsado por el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) y por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que está compuesto por centenares de expertos en diferentes disciplinas, apoyados por el trabajo de aproximadamente cinco mil especialistas. Los informes periódicos del IPCC -el último en 2021-(6) han ido reflejando el avance de la ciencia en la comprensión del proceso de calentamiento global, con hallazgos recientes que confirman la gravedad de la denominada “emergencia climática”. Hoy conocemos mucho mejor, por ejemplo, la relación entre el océano y la atmósfera, que actúa como acelerador del cambio climático, aumentando la frecuencia y la intensidad de huracanes e inundaciones; y también la progresiva pérdida de capacidad del océano como sumidero de GEI, a causa del aumento de la temperatura y de la contaminación en nuestros mares. Sabemos ya que la desaparición de la capa de permafrost en las regiones más próximas al Polo Norte está liberando ingentes cantidades de metano (uno de los más dañinos GEI) y provocando una peligrosa inestabilidad de los suelos, en áreas donde se ubican instalaciones industriales e incluso plantas de energía nuclear.

Lo más relevante es que -a pesar de la dificultad, reconocida por los científicos, para predecir el momento en que el calentamiento global produce efectos irreversibles-, existe un alto consenso sobre la inminencia de ese momento de “no retorno” en numerosos procesos de la vida en nuestro planeta.

La ciencia nos alerta también sobre la conexión entre el cambio climático, la degradación de los suelos, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, conexión que agrava la evolución de cada uno de estos procesos.

El equipo de científicos del Instituto para la Resiliencia de Estocolmo lleva varios años profundizando en el concepto de los “límites planetarios”, que entre otras cosas permite estimar el momento de “no retorno” anteriormente aludido, en un total de nueve procesos básicos para la supervivencia de la especie humana. (7)

El conocimiento científico ha permitido -además del diagnóstico sobre los desafíos ecológicos- el desarrollo de nuevas tecnologías más eficientes y menos contaminantes, (cruciales para la transición energética gracias al coste decreciente de las energías renovables y de la electrificación del transporte), así como de las denominadas “soluciones basadas en la naturaleza” (por ejemplo, los llamados “filtros verdes” como alternativa a las depuradoras convencionales).

De todo ello se deduce la importancia de tener en cuenta los avances de la ciencia y de la tecnología en la toma de decisiones tanto en el ámbito del sector público como del sector privado: se trata de cuestiones que afectan ya a la salud y a la seguridad de la especie humana, y que por supuesto condicionarán la calidad de vida de las generaciones futuras.

3. La concienciación ciudadana

Toda actuación humana conlleva un impacto sobre el medio ambiente. Nuestra “huella ecológica“ depende de miles de decisiones diarias: aunque esas decisiones pueden tomarse de forma más o menos sostenible, dependiendo de la regulación y de los incentivos establecidos por la legislación, hay una evidente responsabilidad individual en nuestra alimentación, nuestros modos de transporte, nuestros hábitos de consumo… e incluso en nuestras preferencias a la hora de votar a unas opciones políticas o a otras. Y es obvio que no se puede poner permanentemente a un policía detrás de cada ciudadano para comprobar la sostenibilidad de sus actos.

Hoy día las nuevas tecnologías de la comunicación permiten acceder con facilidad a toda la información disponible sobre las causas y las consecuencias de los problemas ambientales; y permiten también compartir esta información con millones de personas, facilitando un auténtico activismo global. Es una buena noticia, ya que sin una implicación mucho más generalizada de la ciudadanía en el necesario cambio de paradigma económico, dicho cambio no será viable o, en todo caso, se producirá demasiado tarde, cuando hayamos superado el punto de “no retorno” en los denominados “límites planetarios”. Los ciudadanos pueden, con sus decisiones sobre lo que consumen, cómo se mueven o cómo votan, influir significativamente en las empresas y en los gobiernos.

Desde la acción pública se puede, y se debe, incentivar la participación pública para avanzar en la concienciación ciudadana en materia ambiental. Un buen ejemplo es la puesta en marcha de la Asamblea Ciudadana por el Clima, prevista en la ley sobre cambio climático, compuesta por cien personas representativas de nuestra sociedad en términos sociales, de género y territoriales, que han presentado recientemente al gobierno sus primeras recomendaciones. (8)

4. Cómo se puede incidir desde la política para acelerar la transición ecológica. El caso de España.

Lo primero que cabe decir es que no sirve de nada promover la transición ecológica desde un ámbito específico del gobierno (local, nacional o supranacional), si no se interiorizan sus objetivos y sus condicionantes en todas y cada una de las áreas de la acción pública. De nada sirve, por ejemplo, que se incentive el ahorro y la eficiencia en el consumo de agua, si desde la política agrícola se continúa fomentando la expansión del regadío, incluso con acuíferos sobreexplotados; de nada sirve exigir responsabilidad ambiental a las empresas dentro de nuestras fronteras, si dichas empresas, gracias a los tratados de comercio y de inversión internacional, pueden deslocalizar parte de su producción hacia países con una regulación ambiental laxa… La coherencia entre las diferentes políticas es crucial para avanzar de verdad en la transición ecológica. Esa coherencia resulta menos compleja de conseguir si quien tiene la responsabilidad en materia de transición ecológica está en un nivel jerárquico superior respecto a los responsables de otras políticas sectoriales. Por eso, la decisión de crear una vicepresidencia para la transición ecológica en el gobierno de Pedro Sánchez, con capacidad para orientar decisiones de distintos ministerios, constituye un hito muy notable que debería ser replicado en las administraciones territoriales.

A nivel europeo se cuenta también con una de las vicepresidencias de la Comisión Europea con análogas competencias.(9)

Existen numerosas medidas útiles para promover el uso de tecnologías más limpias y eficientes, así como para fomentar comportamientos individuales más responsables, comenzando por la educación. Las generaciones más jóvenes ya están aprendiendo, desde muy pequeños, las consecuencias de nuestros actos sobre nuestro entorno natural; las normas vigentes sobre el curriculum educativo exigen reforzar este conocimiento, asociado al aprendizaje de valores éticos fundamentales para que esos niños y niñas sean en el futuro ciudadanos responsables respecto de su propio comportamiento y a la vez exigentes frente a empresas y a gobiernos.

El acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental son derechos incorporados a nuestra legislación desde 2006 (10), año en el que también se creó la Fiscalía especial de Medio Ambiente y Urbanismo, que cuenta actualmente con más de 170 fiscales dedicados a la prevención y persecución de los delitos ecológicos y urbanísticos.(11)

España ha consolidado un potente liderazgo a escala internacional en materia de energías renovables, gracias a una prolongada acción política desde la década de los noventa, interrumpida sólo durante las etapas de gobierno del Partido Popular, que llegó a eliminar los correspondientes incentivos en 2012, provocando entre otras cosas la pérdida de 80.000 puestos de trabajo. Actualmente se está desarrollando una ambiciosa hoja de ruta, el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC) (12), para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris sobre reducción de las emisiones de GEI, hasta alcanzar la plena descarbonización de nuestra economía en el año 2050. El PNIEC contempla además un calendario de cierre de las centrales nucleares, establecido de forma que dicho cierre se produzca cuando esté plenamente garantizado el suministro alternativo de electricidad.

El transporte (terrestre, marítimo y aéreo) es uno de los sectores donde resulta más difícil reducir la correspondiente contaminación, al consumir casi exclusivamente combustibles fósiles, causantes tanto del cambio climático como de importantes problemas de salud. La Comisión Europea está avanzando en el establecimiento de normas que, entre otras cosas, prohibirán la venta de vehículos que utilicen gasolina o diesel a partir de 2035, impulsando con potentes incentivos el vehículo eléctrico, así como el uso de biocombustibles y del transporte público.

Una de las cuestiones más complejas para el éxito de la transición ecológica en España es la política del agua, ya que todavía parte de la opinión pública (en particular en el medio rural) sigue convencida de que la simple construcción de embalses o conducciones garantiza sin límite los recursos hídricos. Lamentablemente, el cambio climático comporta ya una drástica reducción de precipitaciones que se acentuará en los próximos años, y que obliga a cambiar el enfoque de oferta hasta hoy dominante. Las condiciones climáticas exigen un replanteamiento de las actividades agrícolas y ganaderas para una mejor adaptación al cambio climático, a partir de una reducción del uso del agua para regadío, que supone en la actualidad más del 80% del consumo total del agua.

Es urgente además evitar la contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos, así como la consideración de los denominados “caudales ecológicos”, es decir del establecimiento de un volumen de agua no destinable a ningún uso consuntivo, para preservar la biodiversidad fluvial y la necesaria aportación de sedimentos y de agua dulce en las desembocaduras de los ríos, para garantizar también la estabilidad del litoral así como la biodiversidad marina.

Actualmente se están tramitando los nuevos planes hidrológicos de todas las cuencas hidrográficas, para adaptarlos a las exigencias de la Comisión Europea.

Por último,- sin perjuicio de muchas otras medidas – cabe destacar la importancia de la preservación y restauración de la biodiversidad marina, objeto de Estrategias ya aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dichas estrategias deben contribuir tambien tanto a la fijación de población en el medio rural como a la garantía de suministro de alimentos y a la prevención de enfermedades. La pandemia del COVID 19 ha puesto de manifiesto la estrecha relación existente entre nuestra salud y la salud de los ecosistemas: más del 70% de las enfermedades infecciosas son la consecuencia de alteraciones en los mismos. (13).

La existencia de los fondos europeos Next Generation supone una extraordinaria oportunidad para impulsar la transición ecológica en España, ya que el 40% de los 140.000 millones de euros concedidos a nuestro país tienen que destinarse precisamente a dicha transición. Y, lo que no es menos importante, la aplicación de la totalidad de los fondos tiene que cumplir el principio de “no regresión ambiental”, es decir que no podrán financiar inversiones que resulten perjudiciales para el medio ambiente.

Vivimos, por lo tanto, un momento excepcionalmente positivo en términos de compatibilidad entre economía y ecología. Pero no cabe ignorar el avance de planteamientos negacionistas respecto del cambio climático o de la Agenda 2030  -esa hoja de ruta, comprometida por nuestro Gobierno, que integra objetivos económicos, sociales y medioambientales con un acertado enfoque holístico-.

Notas:
(1) Cumbre de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1972. www.un.org
(2) Club de Roma, “Los límites del crecimiento”, D. Meadows y otros, Fondo de Cultura Económica, 1972.
(3) R. Carson “Primavera Silenciosa” Editorial Crítica, 1962.
(4) “Más allá del PIB”, Banco Mundial, 2021.
(5) UNICEF: "Medio ambiente e infancia” 2022 www.unicef.org.
(6) IPCC: “Sexto Informe”, 2021 www.ipcc.es , 9 agosto 2021.
(7) Instituto para la Resiliencia de Estocolmo. “Planetary bounderies”, Nature 2009.
(8) Asamblea Ciudadana para el Clima. www.asambleaciudadanadelcambioclimatico.es
(9) Frans Timmermans, Vicepresidente para el Pacto Verde Europeo.
(10) Ley 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 
la participación y la justicia en materia ambiental.
(11) Incorporada en la Ley 10/2006 de 28 de abril por la que se modifica la Ley 43/2003 de Montes.
(12) Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 www.miteco.es.
(13) Fernando Valladares: “La ciencia tiene que aprenderse a hacer valer”. Ethic, 31 marzo 2022.

 

moderado por:

  • Pedro González de Molina Soler

    Profesor de Geografía e Historia

  • Irene Bassanezi Tosi

    Doctoranda en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en UC3M

Para pensar la política educativa

  • José Saturnino Martínez García

    Profesor Titular de Sociología en la Universidad de Laguna, especializado en educación y desigualdad. Desde 2020 es Director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa

Un debate sosegado sobre política educativa necesita el entendimiento de por qué se producen tensiones en educación. Para ello, debemos empezar por lo que entendemos como educación. Es un concepto con diferentes sentidos, resultado de diversas tensiones. Empecemos por la tensión entre capital humano y capital cultural. Como capital humano, el fin de la educación es lograr una economía más productiva. Por tanto, los saberes deben orientarse hacia aquello que desean quienes disponen de poder de compra, es decir, manda el dinero. Por otro lado, como capital cultural, la educación es el cultivo de la naturaleza humana. Aquí, a su vez, se genera una nueva tensión en torno a qué es cultivar. Por un lado, quienes defienden que para que sea posible el cultivo, es necesario abonar con la tradición. Por tanto, la educación obligatoria debe orientarse a asegurar el canon cultural de una época dada en los estudiantes. Por otro, el cultivo se entiende como apoyar a la propia semilla que cada estudiante lleva en su interior, y por tanto, la educación es acompañamiento de las necesidades e inquietudes individuales. Esta tensión se expresa en polémicas como que es más importante en la educación obligatoria, si saber analizar el Poema de Mio Cid o apostar más por la educación emocional.

Como vemos, al hablar de educación podemos estar hablando de dinero, tradición o desarrollo personal. Que una misma palabra se emplee para realidades tan diferentes lleva a conflictos. Son conflictos que, más que por la razón, se dirimen según la fuerza de las partes implicadas, fuerza que depende de los recursos (dinero y prestigio) de cada posición. Quienes estén más cercanos al mundo de la empresa o más preocupados por el desarrollo económico cuando hablan de educación no hablan de lo mismo que quienes están más preocupados por preservar el canon cultural que define quien es de clase media, o quienes piensan que cada persona debe aprovechar su paso por la escuela para su desarrollo personal. Los contenidos de las materias no serán los mismos, incluso puede diferir la didáctica.

Está bien desear que estas formas de entender la educación fuesen coherentes y su desarrollo integrado, pero el deseo nos oculta el entendimiento. En la realidad lo que se produce es un equilibrio inestable entre estos polos de tensión, un equilibrio que casi como una estructura fractal, se produce tanto al nivel más macro del diseño del sistema educativo como al nivel más micro de cómo en un aula se enfoca la didáctica de un tema en concreto, pasando por todos los niveles intermedios. Hablar de consenso en educación supone aceptar equilibrios entre estas tres concepciones, que obedecen a intereses diferentes. Dinero, religión y pensamiento crítico, son tres de las formas en que se expresa cada una de estas formas de entender la educación.

Hay otros dos elementos de naturaleza educativa que no podemos obviar para encuadrar el debate, y que se confunden al emplear la palabra educación en genérico. Por un lado, el nivel educativo. La experiencia educativa, tanto del alumnado como del profesorado, es muy heterogénea por niveles educativos, tanto en vertical como en horizontal. Nada tiene que ver la educación infantil con la universitaria, o la diferencia entre un cuarto de ESO y un primero de FP Básica es abismal. No hacen falta las mismas competencias y habilidades docentes para dar clase en un segundo de ESO que en un segundo de Bachillerato. La falsa homogeneidad con la que tratamos estas cuestiones se expresa en disfunciones, como, por ejemplo, que la última persona en llegar al centro se queda a cargo de los grupos de mayor complejidad. Si no ponemos al profesorado más veterano con los grupos más complejos, quizá sería interesante distinguir mejor entre el profesorado capacitado para dar en unos u otros grupos, y en vez de dejar que la decisión dependa de un criterio tan poco educativo como que el trabajo más duro sea para el recién llegado.

Por otro lado, tenemos la naturaleza de las disciplinas. No cabe entender la didáctica como algo general, debe ser específica. En una doble especificidad: la madurez del alumnado y la naturaleza de la propia disciplina. Los métodos para enseñar estadística no son los mismos que para enseñar filosofía. Pero además, no se pueden explicar igual si un estudiante tiene trece o veinticuatro años. En demasiadas ocasiones entramos en el debate del deber ser de enseñar sin pararnos antes a analizar las condiciones concretas en las que se enseña según qué materia. El docente debe tener la panoplia de métodos para adaptarse a esta variedad de situaciones, y según su criterio, decidir qué se adapta mejor a la situación concreta. Lo importante es saber adaptar la enseñanza a cómo se produce el aprendizaje y cuál es el contexto social y educativo en que se produce.

Otro elemento fundamental son las experiencias educativas de quienes estudian. El primer día en la vida en que una persona atraviesa el umbral de la escuela, ya trae mucho en la “mochila”. Las capacidades difieren, y el nivel socioeconómico y cultural varía. La experiencia escolar está pensada para personas con ciertas capacidades, intereses y de clase media o alta, cishetero, de un grupo no racializado… Quien se aleje de este retrato robot es etiquetado como un problema, necesitado de recursos adicionales. Dicho de otra forma, se diseña un sistema rígido que acaba produciendo estudiantes problemáticos. Parte de las quejas con lo mal que está el sistema educativo no atinan con el diagnóstico: la culpa no es del alumnado (o las familias) que no se ajusta al retrato robot, sino de unas reglas de juego que lo dejan fuera.

Además, contamos con un currículum obligatorio muy enfocado hacia las disciplinas universitarias, dejando de lado el trabajo manual. Persiste la idea de que el fin esperable de la escuela es la universidad, y de esa forma, los saberes manuales tienen poca cabida y reconocimiento en las etapas obligatorias. Si tan bien les va a los fontaneros, podríamos enseñar un poco más de fontanería u otros oficios manuales en la etapa obligatoria.

Si bien diría que desde la Ley General de Educación de 1970 la escuela toma conciencia de estas limitaciones y se proponen medidas para paliarlas, lo cierto es que hay una inercia que deja en el margen otras experiencias que quieren escapar a este modelo. Un modelo igualitario en tanto que da los mismos medios y espera los mismos resultados de todo el alumnado, pero no reconoce la diversidad y es pacato en recursos para afrontarla. No está demás recordar que, por ley, la población entre 6 y 16 años que debe permanecer obligatoriamente en el sistema. Un indicador sencillo de esta falta de sensibilidad es el peso que sigue teniendo el nivel socioeconómico y cultural de las familias en explicar el éxito educativo del alumnado, especialmente el nivel educativo de la madre. Es una prueba de que una de las condiciones que facilita el éxito educativo en su ambiente familiar que se parezca lo más posible a la escuela, en vez de ser al revés. Recientes estudios muestran que una forma exitosa de compensar estos problemas consiste en reforzar con clases extra materias básicas en grupos con pocos estudiantes (cinco aproximadamente), es decir, que las clases particulares pasen a ser públicas.

Al finalizar la etapa obligatoria el alumnado debe tomar la decisión de si proseguir en el sistema. Aquí intervienen principalmente dos factores. Por un lado, la adaptación que ha mostrado al sistema, que se expresa básicamente en las notas. Por otro, los costes de seguir estudiando. Hemos logrado reducir considerablemente los costes directos de estudiar, pues la educación post-obligatoria pública es prácticamente gratis, a excepción del material escolar, y de la educación universitaria. Y si bien esta es cara en contexto de la Unión Europea, la proporción de alumnado que no paga la matrícula por renta hace que el peso de personas que no estudia por no poder costearse los estudios sea escaso (del 2%). Más importantes son la suma de costes indirectos (manutención), así como los costes de oportunidad, es decir, el ingreso que podría lograr esa persona si estuviese en el mercado de trabajo, en vez de ser inactiva, dedicada a estudiar a tiempo completo. La Gran Recesión nos mostró la importancia de estos costes, pues posiblemente sea la principal explicación del descenso de las tasas de abandono educativo temprano en España, de más del 30% al 16%. La crisis no llevó a más fracaso escolar, a pesar de los recortes en educación, sino a menos, debido a que el aumento de la tasa de paro bajó el coste de oportunidad de estudiar.

La relación entre paro y estudios debe interpretarse no tanto por el nivel medio de paro al que se enfrentan los jóvenes, sino por las diferencias de paro entre niveles educativos. A diferencia de la crisis económica de los noventa, en la iniciada en 2008 la destrucción de empleo fue mucho más selectiva entre los jóvenes según su nivel de estudios. Eso explica que con esta última crisis haya aumentado sobre todo la proporción de jóvenes matriculados en FP, un aumento de la demanda que no está siendo adecuadamente acompañado por el aumento de plazas públicas. Esto se debe a que no es fácil improvisar un grupo de FP (hacen falta infraestructuras, materiales, profesorado cualificado…), pero esta dificultad que experimentan los centros públicos está siento aprovechada por el sector privado.

La sensibilidad de la FP a las condiciones del mercado de trabajo nos muestra que si queremos a más jóvenes estudiando en FP son necesarias mejores becas también para estos estudios, especialmente cuando baja el paro juvenil de quienes no tienen más estudios que la ESO. También ha habido un ligero aumento en la universidad. En el caso de la universidad debe destacarse que en las últimas décadas ha habido un incremento del importe medio de la beca (hasta los recortes de 2011), sin que haya sido acompañado de un aumento en paralelo de estudiantes de orígenes populares que van a la universidad (desde finales de los setenta la proporción ronda en torno a uno de cada cinco). Parece por tanto que las becas universitarias en España no son de una cuantía suficiente como para asegurar que el alumnado de sectores populares estudie más.

El sistema educativo no solo está pensado para un alumnado que encaje en el retrato robot antes aludido, también vive de espaldas a las experiencias educativas que ocurren fuera de sus puertas. En España tenemos a poca gente trabajando con titulaciones medias. Se asume sin reflexión que son trabajadoras y trabajadores sin cualificación, cuando lo que sucede en muchas ocasiones es que no tienen certificaciones de lo que han aprendido a hacer fuera del sistema educativo, en parte por las rigideces para circular entre niveles educativos. Recuerdo que cuando se empezó a exigir título específico para conducir ambulancias, conductores con años de experiencia tenían dificultades para lograr el título, debido a que les pedían saber qué es una sinalefa, y otros conocimientos así, del canon de la clase media. Es necesario un sistema educativo lo suficientemente flexible, en el que sea fácil entrar y salir, sin vías muertas (como pasaba hasta la LOMCE con los ciclos medios de FP o con no titular en la ESO), en el que sea posible reconocer lo que las personas saben hacer y progresen desde ese punto. En este sentido, lo que sabemos de la nueva ley de FP, facilitando el reconocimiento de lo que muchas personas han aprendido a lo largo de su experiencia laboral, está bien encaminado.

Los diversos modelos de entender la educación (dinero, tradición o desarrollo personal) comparten la idea de que quienes estudian son mejores personas que quienes no estudian. No deja de ser un elitismo peligroso, con una deriva en sus versiones más extremas lleva a criticar que una persona que no haya ido a la universidad pueda ser representante político (con el corolario de hay quienes que para estar en política, amañan sus títulos). Se olvidan de que uno de los mejores políticos de las últimas décadas a nivel mundial no fue a la universidad: Lula. Este elitismo nos lleva a un mundo de los salvados y los hundidos, las dos categorías en que los presos se dividían en Auschwitz, según Primo Levi. Quienes se salven por la educación, ya sea porque son personas muy productivas, tienen un conocimiento complejo, sofisticado y distinguido de su tradición cultural o llegan a altos niveles de refinamiento en su desarrollo personal, deben ser recompensadas de forma extraordinaria.

Las tres visiones de la educación se solapan en entender a la educación como un bien de salvación. Quienes lo consiguen, tienen derecho a un pase para el ascensor social y vivir en el último piso. El resto, debe conformarse con sobrevivir. Aquí caben dos observaciones. Por un lado, debemos fomentar que la relación con la educación sea intrínseca, no extrínseca. Es decir, el premio por estudiar es el propio estudio, es la gratificación que experimentamos todos y todas quienes hemos estudiado algo complejo con esfuerzo y luego hemos llegado al eureka, es una recompensa intrínseca por desarrollar una de nuestras más altas capacidades, nuestro cerebro ya se encarga de premiarnos. El problema es que en vez de orientar el sistema educativo hacia el “eureka”, lo enfocamos hacia la nota. De esa forma, el motivo para estudiar es extrínseco, el premio. De pequeño la nota, de mayor el pase para el ascensor social. Sin duda es más fácil el control externo mediante la motivación extrínseca, como ratones de laboratorio, simplifica mucho la tarea educativa, pero corremos el riesgo de degradar el proceso natural de aprendizaje. Esto no quiere decir que desterremos la nota de nuestro sistema educativo, pues además de un valor de recompensa para el estudiante, tiene un valor informativo para el conjunto de la sociedad, pues certifica lo que el estudiante sabe. Pero su papel no puede ser el mismo cuando los estudiantes son niños en la educación a la que están obligados por ley que cuando están en un máster, esperando el título para promocionar en su empresa. Debemos desterrar la idea de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe interpretar solo como un modelo conductista de sufrimiento y recompensa, en el que la nota es para el estudiante lo que el queso para el ratón.

Más allá de que lo razonable que sea un mayor reconocimiento para aquellos que han destacado en la educación (sea lo que sea lo que entendemos por esta palabra), la posibilidad de llevar una vida digna no puede estar vinculada a los resultados educativos. No podemos basar nuestra sociedad en el chantaje de que si no estudias, quedas a merced total de la incertidumbre y de la voluntad arbitraria de quienes tienen poder, como la persona que te contrata. Un destino reservado a los pobres que no estudian, no a los rentistas. El estudio es lo suficientemente noble en sí mismo, y se degrada cuando lo tratamos como un medio y no como un fin. Un diseño conductista genera estudiantes que en vez de orientar su inteligencia a la curiosidad y a saber más, acaban siendo expertos en minimizar el esfuerzo para maximizar la nota.

moderado por:

  • Paula Pof

    Periodista

  • Irene Bassanezi Tosi

    Doctoranda en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en UC3M

Antifeminismo y extrema derecha

  • María Eugenia Rodríguez Palop

    Eurodiputada de Unidas Podemos. Titular de filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Parte I

La extrema derecha se ha presentado como una resistencia de fácil acceso, sencilla pero robusta, contra los desmanes de las oligarquías políticas y las élites económicas. Es uno de los frutos de las contradicciones del neoliberalismo globalizador de estas décadas y de la connivencia de partidos conservadores, socialdemócratas y socioliberales con la mundialización financiera y el capital especulativo. Su programa es hoy de sobra conocido: repliegue nacional, orden y seguridad, reacción punitiva, militarismo, xenofobia, aporofobia, homofobia, misoginia… Una revolución conformista que no solo obedece a factores ideológicos, sino que también tiene una raíz vivencial y un anclaje empírico evidente: la experiencia de desarraigo, la desintegración social y la violencia institucionalizada que han sufrido las mayorías sociales, especialmente, en estos años, combinada con una situación real de escasez de recursos y su concentración en pocas manos. La extrema derecha ha sabido vehicular la rabia y el resentimiento de quienes se han considerados perdedores, y también el miedo de quienes tenían algo que perder.

Con todo, lo que resulta más atractivo en su itinerario no es la movilización de esas emociones negativas sino la restauración, en toda regla, de un cierto imaginario de lo común y la confrontación, sin paliativos, con todo lo que puede fragmentarlo. Y es en este itinerario en que el feminismo se presenta como una fuente de fracturas y desestabilización porque, entre otras cosas, el feminismo divide y pervierte la célula indisoluble que representa la familia heteronormativa. En este punto, el antifeminismo de la extrema derecha se apoya en un pensamiento conservador y reaccionario que deriva, en buena parte, de su alianza con las iglesias. De hecho, su discurso político y su articulación jurídica funcionan como el brazo armado de una moral puritana. La complicidad de Bolsonaro con los pentecostales en Brasil es paradigmática en este sentido, como lo es la del partido Ley y Justicia (Pis) o la de Vox con la Iglesia católica.

Buey, Bala y Biblia, o sea, agronegocio, militarismo y Pentecostales, ha sido la base del bolsonarismo. La Iglesia Universal del Reino de Dios ha jugado un papel primordial en el (des)gobierno de Bolsonaro. Una Iglesia-Empresa que dispone de 70 emisoras de TV, 50 radios, un banco, varios diarios y 3500 templos en zonas ricas de Brasil[1], y cuyo fundador, el obispo Macedo, llegó a denostar a la Universidad por ofrecer una educación idéntica para la mujer y el varón. En España, Vox ha liderado la lucha contra la educación sexo-afectiva de la mano del Opus Dei. La apuesta por la educación religiosa y la criminalización de la diversidad sexual o la llamada “ideología de género” se orienta, entre otras cosas, a lograr la sumisión y la claudicación de las mujeres, su expulsión del mercado laboral y su vuelta al hogar familiar. La “ideología de género” es una “ideología negativa” porque, como dice Segato, desobedece el mandato de la masculinidad. “El desmonte del mandato de masculinidad amenaza el mundo de los dueños, coloca el dedo en la llaga en el lugar de reproducción del mundo de la dueñidad, del señorío […]”[2]. En cualquiera de sus versiones, la extrema derecha apela a una amalgama de políticas natalistas que se conectan con presupuestos excluyentes y nacionalistas.

Esa amalgama explica, por ejemplo, la posición que se mantiene frente a las violencias machistas. La violencia contra las mujeres no existe, no tiene género o no tiene causas estructurales, las denuncias son falsas, las entidades de atención son chiringuitos que no aportan nada a las verdaderas víctimas y los hijos e hijas son víctimas de madres manipuladoras, y cuando se denuncia, se hace solo para criminalizar a foráneos, especialmente los musulmanes, que han entrado en el país gracias a la excesiva laxitud de la legislación migratoria. Se ha llegado a afirmar que la violencia tiene su origen en “los flujos migratorios incontrolados” y que son los extranjeros los que cometen la mayor parte de los feminicidios y las violaciones. De hecho, cuando la extrema derecha señala las dificultades para conciliar la maternidad con la vida profesional, solo lo hace para defender a las mujeres nacionales, a las que se utiliza para paliar el déficit demográfico, evitar la reposición a base de población migrante y asegurar el mantenimiento de los valores cristianos.

Lo cierto es que negar continuamente la existencia de violencias machistas tiene consecuencias letales para millones de mujeres. En la Unión Europea, por ejemplo, hay siete países que no han ratificado todavía el Convenio de Estambul (Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Reino Unido) y la Unión Europea tampoco lo ha hecho todavía. Hace poco el Parlamento Europeo aprobó una Resolución en la que se afirmaba que “asistimos a una ofensiva visible y organizada a escala mundial y europea contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres”. La Resolución condenaba categóricamente “las tentativas de algunos Estados miembros de retirar medidas ya adoptadas en aplicación del Convenio de Estambul para la lucha contra la violencia contra las mujeres” así como “los ataques y las campañas contra el Convenio [de Estambul] por su malinterpretación intencionada y la presentación sesgada de sus contenidos a la población”[3]. Toda esa resistencia tiene su origen, fundamentalmente, en el rígido bloqueo que ha generado el lobby anti-elección, liderado por el eje Polonia-Hungría y su política natalista.

El caso polaco es especialmente preocupante. Desde la caída del muro de Berlín, el país ha ido restringiendo el derecho al aborto hasta prohibirlo casi totalmente. Ahora mismo solo es posible interrumpir el embarazo en casos de violación, incesto o riesgo severo para la vida de la madre. En octubre, el Tribunal Constitucional, controlado por jueces nombrados por el Gobierno, declaró inconstitucional el tercer supuesto que recogía la ley de 1993: la malformación o enfermedad irreversible del feto. La cuestión es que en 2019 se practicaron unos 1.100 abortos legales en Polonia y el 97% de los casos fueron por este motivo. En realidad, se estima que cada año 200.000 mujeres polacas se ven obligadas a usar píldoras abortivas y otras técnicas sin supervisión médica. Unas 30.000 viajan al extranjero para ejercer un derecho que su país les niega.

Desde la llegada del partido Ley y Justicia (PiS) al Gobierno en 2015, la Iglesia católica y la organización ultraconservadora Ordo Iuris han impulsado una radical vuelta al pasado. En 2016, las mujeres polacas salieron masivamente a la calle vestidas de negro y lograron frenar una propuesta de ley promovida por el Gobierno para prohibir el aborto e imponer penas de cárcel a quienes lo practicasen. Ganaron aquella batalla, pero no la guerra contra sus derechos sexuales y reproductivos. El PiS trasladó la contienda al Tribunal Constitucional, cuya sentencia “es un nuevo ataque al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales”, según reconoció el mismísimo Parlamento Europeo.

Como dijo Margaret Atwood en El cuento de la criada, “no se puede confiar en la frase: ‘Esto aquí no puede pasar’. En determinadas circunstancias, puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar”. Siempre es posible retroceder[4].

La violencia de género que señala a la pareja o la expareja como posible agresora, los derechos sexuales y reproductivos, en concreto, el derecho al aborto, o el matrimonio homosexual, forman una tríada demoledora para la familia heteronormativa. La demonización del feminismo cae, pues, por su propio peso.

Parte II

Podría decirse que la visión que la extrema derecha tiene del feminismo se identifica casi exclusivamente con el feminismo “liberal”, la versión más clásica y extendida del feminismo, dado que la liberación de la mujer de los roles convencionales de madre y esposa se considera, en sí misma, fragmentadora y divisoria. La emancipación de la mujer se identifica aquí con su mercantilización y el feminismo con una posición “empresarial”, autoemprendedora, que lanza a la mujer al espacio público-mercado y la desafecta del espacio privado-núcleo familiar.

De manera que el feminismo es la no-familia, un proceso que estimula la des-vinculación de las esencias familiares (o patrias), la masculinización de las mujeres, la usurpación por parte de ellas de los roles tradicionalmente adjudicados a ellos, el fin de los estereotipos de “género”. Así que la del “género” es una “ideología” que oculta y tergiversa la verdad, lo que realmente somos. Lo que somos biológica y socialmente. Altera, por tanto, la “naturaleza” del ser mujer. Un “ser” que pasa por la identificación acrítica entre el ser anatómico, social y jurídico, por ese orden. No se trata de lo que una quiera o necesite ser, sino de lo que una es y debe ser, considerando aquí que el ser y el deber ser forman parte del mismo plano, en un punto en el que no solo no pueden separarse, sino que no pueden diferenciarse conceptualmente. El ser es esencia (naturaleza) y permanencia (estabilidad social e histórica) y todo lo que es debe ser y seguir siendo. Así de fácil. Cosas del Derecho Natural y de lo que se ha venido llamando “falacia naturalista”. No es esta una cuestión en la que me vaya a detener ahora (aunque le he dedicado largas horas de mi vida), pero sí es importante señalar que el antifeminismo (como la mayor parte de lo que la extrema derecha plantea) se mueve en ese marco naturalista y preilustrado.

Evidentemente, de aquí se deriva, de momento, la negación de la “libertad” vinculada al “deseo”, al “querer”, entendida como “libertinaje”, pero no solo. Se niega también la “libertad” entendida como “autodeterminación”, esto es, como un proceso de emancipación del mundo de la “necesidad”. Las necesidades, aunque son sentidas individualmente, son siempre construcciones sociales e históricas, sin duda, pero eso no significa que sean frutos aleatorios de la historia ni tampoco productos de la manipulación que de ella se haga desde el poder. Para la extrema derecha, el feminismo es una forma de dominación que crea (inventa) necesidades donde no las hay. O sea, que el feminismo es tan alienante como el machismo y somete también a las mujeres: las desaliena de la familia para alienarlas al mercado, generándoles problemas de identidad, desarraigo, soledad e infelicidad.

Esto es, las opciones sexuales no pueden elegirse (como suponía Foucault) y el binarismo es obligado. El binarismo no es solo que las mujeres y los hombres, son, con mayúsculas, distintos, sino que los segundos dominan, han dominado y dominarán siempre sobre las primeras, en todos los órdenes de la vida, excepto en el hogar, donde a las mujeres se les otorga un rol social y políticamente relevante. “Ser” madre y esposa es lo único que ellas pueden ser y jugar ese papel es lo que las hace verdaderamente libres, porque ese es el único rol en el que están desalienadas, en el que pueden liderar como “mujeres”, independientemente de los varones. Cualquier otra alternativa, es una renuncia a su libertad natural y no es, por tanto, emancipación sino mercantilización; sujeción al reino masculino, insatisfacción (dado que el ser no se consuma) y sometimiento al reino de las necesidades creadas socialmente por el poder. De manera que cuando el feminismo anima a las mujeres a salir al mercado, lo que hace, en realidad, es esclavizarlas. El patriarcado no está donde las feministas creen que está sino en otro lugar; justo en el lugar al que ellas se dirigen.

La igualdad entre hombres y mujeres no solo no es posible, sino que no es deseable, como sucede también por lo que hace a las diferentes clases sociales o nacionales. La extrema derecha es clasista y xenófoba pero no únicamente por aporofobia o xenofobia, sino porque se asume que la desigualdad es un dato y que siempre ha habido y habrá seres “superiores”, llamados por naturaleza, a dirigir al rebaño. Y estos líderes naturales son los hombres, los ricos y los nacionales. ¿Por qué? Porque la historia demuestra que son los que mejor lo han hecho. Su éxito social ratifica sus méritos, sus méritos ratifican sus virtudes, y sus virtudes confirman sus capacidades naturales. En el fondo de este argumento, late una concesión, sin paliativos, a las sociedades meritocráticas basadas, eso sí, no al estilo “liberal”, en los éxitos empresariales-mercantiles, sino al estilo “conservador”, en el mantenimiento impertérrito de las esencias naturales (de lo que es y debe ser porque siempre ha sido). Las feministas podrán vociferar lo que quieran, pero están de paso, como está de paso el marxismo o el multiculturalismo. Nada ni nadie logrará cambiar el destino que la rueda depredadora de la historia ha escrito para las mujeres, los pobres y los extranjeros.

Parte III

Si asumimos que un antídoto es la sustancia que contrarresta los efectos nocivos de otra, cabe preguntarse si el feminismo “liberal” o el llamado “feminismo de la igualdad” puede presentarse, por sí mismo, como un antídoto frente a la extrema derecha. No tengo intención de analizar sus presupuestos, ni tampoco de criticarlos, sino de plantear en qué medida puede presentarse como una alternativa efectiva frente a estas posiciones.

Este feminismo niega la diferencia sexual por ser fuente de discriminaciones y suele distinguirse del “feminismo de la diferencia”, que reconoce un valor positivo a la diferencia sexual entendida como una realidad histórica que se apoya en la experiencia de las mujeres (no en su esencia, ojo). Evidentemente, esta es una aproximación muy simplificada. Conozco bien su complejidad y sé que hay diferentes escuelas y corrientes (a veces, casi tantas como autoras y militantes) pero mi objetivo aquí, insisto, es apuntar qué feminismo es más “eficiente” en la lucha contra la extrema derecha y me parece que hay unas pocas cosas claras.

No puede combatirse a la extrema derecha identificando mercantilización con emancipación, esto es, con un feminismo “empresarial” clasista y elitista, para el que la igualdad de oportunidades se traduzca en equiparar a hombres y mujeres en la dominación. Esta posición no nos sirve porque confirma parcialmente lo que la extrema derecha quiere confirmar: el feminismo arrastra a las mujeres al reino de la sumisión y la necesidad porque las desaliena de su lugar “natural”, el de la familia (buena y justa por definición), para alienarlas al mercado. Ya sé que la familia no es un lugar “natural”, ni siquiera, necesariamente, amable, para el feminismo “liberal” (aunque en ocasiones se ha asumido acríticamente), pero estas posiciones sí refuerzan la segunda parte del axioma y eso las inhabilita para contrarrestar eficientemente a la extrema derecha.

En primer lugar, porque lógica mercatoria es la lógica capitalista de la acumulación que ha puesto en crisis la vida tal como la conocemos. Como ha dicho en varias ocasiones Amaia Pérez Orozco, la lógica mercatoria y la lógica de la vida son irreconciliables y solo parecen compatibles cuando se esconde la tensión que late entre ellas a fin de relegar la vida al terreno de lo invisible. Cuando la vida se invisibiliza, se invisibilizan los cuidados y se oculta a las mujeres, que son las que se ocupan de ellos. Si este proceso tiene éxito es porque son ellas las que absorben la tensión que el capitalismo ha creado entre lo productivo y lo reproductivo, y el feminismo liberal acaba reforzando este marco.

En segundo lugar, porque la división público-privado que defiende este feminismo de la igualdad, o como lo que queramos llamar (ahora esto es irrelevante), es la que facilita que se reconozcan derechos solo a quienes ocupan un espacio público atravesado por la racionalidad del mercado. La rígida división público-privado presupone la inferiorización de lo privado en la medida en la que al mundo de los derechos se accede únicamente desde el espacio público; desde una ciudadanía que no puede desligarse del locus productivo, el “trabajo” y el consumo.

El problema es que no debería tratarse solo de impulsar el acceso de las mujeres al mercado (casi siempre, como mano de obra barata y flexible) y promover un cambio de valores que reconozca a las “trabajadoras” como ciudadanas, subalternizando, colateralmente, a las que “no trabajan”. Si queremos combatir a la extrema derecha no podemos reducirnos al feminismo del 1%, lobbista, empresarial e institucional, para mujeres ricas con voluntad de liderar. Hay que romper los techos de cristal, sin duda, pero ni este objetivo puede ser el único, ni resulta especialmente útil para contrarrestar el antifeminismo de la extrema derecha. El nuestro no puede ser el feminismo de la falsa meritocracia, una revolución que solo cambia, relativamente, la vida de las pocas mujeres que cumplen los requisitos formales que el patriarcado exige para formar parte de una élite. Y digo “relativamente” porque la libertad no empieza y termina con la firma un contrato sobre cuyas condiciones no se tiene ningún control.

En tercer lugar, la dicotomía autonomía-dependencia organizada sobre el eje de los ingresos monetarios y la propiedad privada, en la que también se apoya el feminismo liberal, impide el reconocimiento de la interdependencia social y deprecia/desprecia la red de cuidados que ya existe y que sostienen las mujeres. Con esta dicotomía, no solo se hace un flaco favor a las mujeres, sino que se fortalece, una vez más, el marco conceptual en el que se apoya la extrema derecha.

En cuarto lugar, no podemos abonarnos a un feminismo que individualiza los problemas estructurales y acaba debilitando el énfasis en la coerción social a la que las mujeres estamos sometidas. Cuando lo único que se busca, por ejemplo, es criminalizar y castigar a un agresor concreto, la referencia deja de ser la mujer “como clase” y pasa a ser, simplemente, el “yo”, la mujer “como víctima”. Cuando solo se nos protege mediante el uso de sanciones, se nos fragmenta, se nos despolitiza, y se nos deja sin protección como grupo.

Un proyecto legal desligado de un programa político-económico redistributivo, de una agenda social más amplia en torno a las violencias, y centrado únicamente en la justicia penal, tiene un alcance muy limitado, confirma el statu quo y alimenta las dinámicas utilitaristas del sistema. Dinámicas que pueden llevar a castigos espectaculares para los agresores señalados mediáticamente, represalias individualizadas de enorme calado para disuadir a terceros, pero que resultan inútiles, una vez eliminadas unas cuantas manzanas podridas.

No olvidemos que el punitivismo es un acicate para una extrema derecha sanguinaria que clama en favor de la cadena perpetua y la prisión permanente revisable frente a violadores extranjeros.

Vaya, es cierto que, frente a un Derecho patriarcal, la protección de las mujeres requiere de un trato especial, pero ese trato no puede reducirse a una criminalización más vasta. Se requiere de un plan social y exige, además, un sistema penal y penitenciario que incorpore, sin reservas, políticas preventivas.

El Derecho es una extraña combinación de persuasión, burocracia y violencia, pero para funcionar, para generar orden, seguridad y justicia, esa combinación ha de ser equilibrada. No sirve de nada castigar si no se entiende el sentido del castigo. Si la violencia machista es un problema estructural, su abordaje no puede concentrarse únicamente en la figura del delincuente, ni en la de la víctima. No digo que no haya que castigar, digo que el castigo ha de aplicarse considerando que el delito no es el fruto de una patología individual (que también puede existir) sino de una red de relaciones profundamente patriarcales, y esa es la red que se tiene que erradicar[5]. Negar, ocultar o minimizar los problemas estructurales facilita la criminalización y la persecución focalizada que alienta la extrema derecha.

Parte IV

Decía, al principio, que la extrema derecha se anclaba en la experiencia de desarraigo, desintegración social y violencia institucionalizada que han sufrido las mayorías sociales, especialmente, en estos años, y que ha vehiculado la rabia y el resentimiento de quienes se han considerados perdedores, así como el terror de los que tenían algo que perder. Frente a la soledad y el miedo, ha ofrecido la restauración de un mundo perdido; un mundo común y compartido que no mira al futuro sino al pasado, al reino de la naturaleza hoy subvertido y adulterado. Se ha perdido el equilibrio y la armonía que nos ofrecía el orden natural, que es el orden moral y la fuente de nuestra felicidad, y la extrema derecha debe restaurarlo. Esta épica militante tiene que ver con esa lucha y puede desembocar en una violenta batalla en la que el fin justifique los medios, en la que se cuente con un ejército, se asuman víctimas necesarias y se designe a los próceres cuya misión heroica sea corregir los desvíos depravados de la historia.

Pues bien, si es esto es así, parece claro que solo el feminismo de la diferencia, ajustado y corregido, está en condiciones de amortiguar el impacto de la extrema derecha puede tener sobre la vida de las mujeres, contrarrestar su propaganda y articular una resistencia efectiva. Ajustado y corregido porque es en su versión relacional en la que puede tener más recorrido. Me explico.

La marea feminista de los últimos tiempos ha asumido el diagnóstico que acabo de describir, pero, a diferencia de la extrema derecha, ha logrado canalizar la rabia y el miedo hacia una contestación de signo radicalmente opuesto. El feminismo relacional se mueve con el mismo material humano, pero apelando a una semántica de la experiencia completamente diferente porque la misma conciencia de vulnerabilidad y dependencia que ha dado lugar a la extrema derecha, ha encontrado aquí un tejido bien trabado para derribar sus fronteras.

Uno. Este feminismo relacional asume la racionalidad del miedo frente a la soledad, la fragmentación y el vacío al que nos han arrastrado las políticas neoliberales. Asume las violencias sistémicas que sufrimos las mujeres. Asume la necesidad de redes y vínculos comunitarios; la misma necesidad a la que dan respuesta las iglesias, los nacionalismos excluyentes y el conservadurismo político. De hecho, parte de la vulnerabilidad y la dependencia como condición estructural de lo que significa ser humano, pero no es ni puede ser conservador. No asume la desigualdad como dato, ni la superioridad de unos sobre otros, porque el éxito de los varones, los ricos y los nacionales, no confirma sus capacidades, sino que es una prueba de su egoísmo y su codicia. Reivindica un imaginario de lo común que pone en valor la revolución de los cuidados y los afectos, pero no se centra en la familia patriarcal porque no entiende el cuidado como un destino fatal derivado de la biología o la maternidad (real o potencial).

Dos. Dado que la violencia sistémica y la escasez de recursos es fruto de la codicia de los propietarios, los ricos y los especuladores, este feminismo se opone a los procesos de desposesión, las privatizaciones y el nuevorriquismo que la extrema derecha alienta. Se articula también desde un imaginario de lo común, aunque lo hace en la consciencia de que el sostenimiento de la vida y la supervivencia de las mujeres depende de bienes comunes/públicos y de las prácticas relacionales que favorecen su gestión compartida, equitativa y sostenible.

Tres. Se asume que hay buenas razones para tener miedo, pero no al pobre, sino a la pobreza, no al extranjero, sino al exilio, no a los migrantes, sino a la precariedad y a la intemperie. O sea, que es a los pocos ricos opulentos y no a los muchos desarrapados a los que tenemos buenas razones para temer. Precisamente porque teme a los pocos y no a los muchos, a las élites y las minorías excluyentes, este feminismo resiste la captura securitaria de nuestra vulnerabilidad que representa el Estado policial, el militarismo, el racismo institucional y el colonialismo; las reacciones punitivistas del poder que la extrema derecha activa frente a las emergencias que ella misma crea y/o amplifica.

Cuatro. Y por esta misma razón, el refugio de las feministas no puede ser esa abstracta y fantasiosa comunidad nacional cerrada, excluyente y expulsiva que dibuja el patriotismo de banderas, sino las vivencias cotidianas de interacción, las relaciones afectivas y los vínculos que las mujeres cultivan. Los “bienes” relacionales que necesitamos para vivir y sobrevivir al desamparo.

Lo importante aquí no es lo que hemos sido, ni tampoco la narración épico-narrativa de lo que somos, sino lo que queremos ser en común; lo que hacemos y queremos hacer con quienes compartimos un espacio vital concreto. Es decir, que la pertenencia a una comunidad política, en esta versión feminista, viene determinada por la actividad y la experiencia compartida. Por eso es siempre más integrador el expediente de la vecindad que el de la ciudadanía. Lo importante es lo “bueno” que hay entre nosotros, las redes de cuidados que, parafraseando a Marina Garcés, no pueden visualizarse desde una mirada focalizada (lo concreto-particular) ni panorámica (lo abstracto-universal), sino desde el ojo “implicado”, libremente vinculado. De todo esto se deduce la relevancia de la vivencia, el testimonio y la épica cotidiana.

En la comunidad feminista el eje central no son los intereses personales, las robustas voluntades individuales, ni los deseos de unos pocos, sino las necesidades insatisfechas y de cuidado que tienen los muchos. De manera que, frente al narcisismo, el utilitarismo y la competitividad que solo favorece a las élites, se alza la cultura de la responsabilidad, el hacerse cargo y el cuidado. Se trata de plantear los derechos propios en el marco de una “ética del cuidado” que conceda un valor político a los bienes relacionales y los vínculos, y que reconozca las deudas de vínculo que hemos contraído con quienes nos han cuidado, nos cuidan y nos cuidarán. Unas deudas que se proyectan hacia el pasado y hacia el futuro, y que superan, con creces, la visión lineal del tiempo.

Por eso aquí es importante la justicia generacional: lo que le debemos a quienes han vivido antes, el deber de memoria, y lo que debemos a quienes vendrán después. Puede reformularse la familia y la nación sin desvincularse ni alienarse a la lógica mercatoria.

Cinco. El feminismo relacional es anticapitalista y antiproductivista. El capitalismo se apoya en la obtención del máximo beneficio posible en el menor tiempo y con el menor coste posible; crecer de forma indefinida externalizando los costes para que sean otros los que paguen las deudas (la deuda ecológica – deuda de carbono, biopiratería, pasivos ambientales y exportación de residuos – y la deuda del trabajo en condiciones de explotación). La intención es apropiarse y reapropiarse de lo común bajo el paraguas de una propiedad privada sacralizada e intocable, que deja a los más vulnerables, y a las mujeres en particular, apriorísticamente, al margen del sistema.

Si la propiedad privada no es política, sino prepolítica; si tiene un valor moral, y no instrumental, no hay ninguna razón para hablar de su función social y su utilidad pública. No es un instrumento para satisfacer necesidades básicas, sino un objetivo en sí mismo, y puede ser estrictamente especulativa.

Las mujeres tienen que alinearse con las políticas de lo común que se orientan a la redistribución de la riqueza y que defienden la prioridad del derecho a la subsistencia sobre el derecho a la propiedad, asumiendo que el segundo ha de protegerse solo cuando se orienta a la satisfacción del primero. Garantizar la subsistencia y los bienes comunes exige limitar los bienes privados (propiedad privada) y requiere también de la existencia de bienes públicos (evitar tanto la dominación horizontal y vertical).

Las políticas privatizadoras y extractivistas de la extrema derecha son el epítome del clasismo y el supremacismo, y se explican, una vez más, y entre otras cosas, a partir de la superioridad natural e histórica de unos sobre otros. La dominación de unos sobre otros y el dominio total sobre la naturaleza.

El feminismo relacional, en cambio, asume la ecodependencia, la dependencia que tenemos de la naturaleza para sostener la vida y la relevancia del dolor para articular responsabilidades con los animales no humanos. La civilización no es subyugación y sumisión, y la cultura de la responsabilidad tiene que extenderse también a la esfera no humana.

Parte V

En definitiva, contra quienes mitifican la libertad contra los otros, la autoestima soberbia del yo, la autoconsciencia, el auto-reconocimiento, la inmunidad y la autosuficiencia, el feminismo relacional plantea el contagio, el contacto, el reconocimiento del otro y la construcción del tú. Somos el resultado de nuestras sinergias relacionales, en permanente estado de regeneración, reflexión, revisión y diálogo.

Frente a la política de los muros y el aislamiento grupal que fomenta la extrema derecha, el feminismo relacional alza la vivencia, la experiencia compartida y la política continua de los cuerpos[6].

El cuerpo como campo de batalla, objeto de violencias machistas (física, sexual, emocional y económica), feminicidios y violencia institucional. Una violencia que se ha incrementado cuando el poder jerárquico de la masculinidad se ha visto amenazado.

El cuerpo como fuente de subjetividad. “Mi cuerpo es mío” es un grito contra el sistema que discrimina y oprime a las mujeres, y quiere decir “mi cuerpo soy yo”, no soy disociable de mi cuerpo, porque hay una relación entre el cuerpo y el yo que no puede entenderse en la clave patrimonialista del individualismo posesivo.

El cuerpo como objeto de cuidados que apela al deber de cuidar (deber público de civilidad) y al derecho a cuidar y ser cuidados. La interdependencia pone de manifiesto la relevancia de las mujeres, la conexión entre el sistema productivo y el reproductivo, el trabajo remunerado y no remunerado, y la necesidad, en definitiva, de redefinir lo que entendemos por “trabajo”. Subraya también la relevancia de las abuelas y las mujeres migrantes: el trasvase de cuidados de unas generaciones a otras, que supera las fronteras del tiempo, y la cadena global de cuidados, que supera las del espacio, porque no tiene ni nacionalidad ni Estado. En ese juego de manos femeninas, ni hay varones ni hay instituciones.

Finalmente, el cuerpo necesitado, dependiente del ecosistema y los recursos naturales que el productivismo y el consumismo depreda y desmantela. La ecodependencia nos recuerda que el colapso civilizatorio al que estamos asistiendo es también el colapso de los valores masculinos asociados al egoísmo, el individualismo, el narcisismo, el progreso lineal y el crecimiento infinito, a los que nuestra civilización responde.

La extrema derecha maneja un imaginario de lo común reaccionario y excluyente que consiste en regresar a los enclaves seguros del pasado: la familia, la iglesia, la clase, el Estado, la nación y la propiedad privada. El feminismo relacional apela a una comunidad de cuidados mucho más amplia e inclusiva, revirtiendo el uso que el poder ha hecho de esas instituciones e incorporando la corporalidad sintiente a la lógica abstracta de la normatividad.


[1]http://www.rebelion.org/noticia.php?id=248169

[2]https://www.dw.com/es/cunde-la-alarma-ante-la-posibilidad-del-fin-del-orden-patriarcal-dijo-rita-segato-a-dw/a-56809492

[3]https://www.bing.com/search?FORM=XKSBDF&PC=XK01&q=La+Europa+de+las+mujeres+frente+al+lobby+anti-elecci%C3%B3n

[4]https://www.elsaltodiario.com/opinion/el-rayo-que-no-cesa

[5]http://lapenultima.info/articulos/feminismo-antipunitivista-de-por-que-el-incremento-de-las-penas-no-es-la-solucion/

[6]https://ctxt.es/es/20190306/Firmas/24814/Maria-Eugenia-Rodriguez-Palop-extracto-revolucion-feminista-y-politicas-de-lo-comun-extrema-derecha.htm

 

 

moderado por:

  • Esther Rebollo

    Directora adjunta de Público

  • Víctor Sampedro Blanco

    Catedrático de Comunicación Política

Conclusión del debate
  • La encuesta sobre la monarquía de la Plataforma de Medios Independientes [PMI] manifestó la potencia del periodismo que practica la colaboración con el público y entre distintos medios. Como señalaba en la ponencia inaugural y en el primer resumen que hice de este debate, la PMI ofrece información como bien común; es decir, que se elabora y sostiene de forma mancomunada. La PMI sería un germen del Cuarto Poder en Red que quisiera promover este debate, abierto hace más de dos meses y que ha contado con 26 intervenciones. Nuestro agradecimiento a los autores y una primera conclusión: sigue abierto con una enorme vitalidad y urge concretarlo en iniciativas futuras de la PMI.

    UN DEBATE CARGADO DE FUTURO

    La mayoría de las intervenciones -como las de Carolina Bescansa, Cristina Flesher o Miren Gutiérrez- constataban la precariedad del apoyo social a la Corona, además de una clara fractura territorial y generacional. Sin embargo, no existe (aún) una mayoría social republicana suficiente. Y el proyecto republicano -como señalaban Felipe Gómez-Pallete, Paz Torres y Gabriel Flores- carece de hegemonía en el campo institucional y mediático. Así lo demuestran el retrato de la monarquía en el cine y la televisión –que diseccionaron Manuel Palacio, Vicente J. Benet y Sara Martín– o la Prensa de la que se ocuparon Fernando Ruíz, Marià de Delàs, Manuel Garí, Carlos J. Bugallo o J.L. F. del Corral. La indignación moral que expresaron Alfons Cervera o Manuel Chaparro se explica con la crisis de la mediación periodística que identificó Sánchez-Cuenca, el análisis de Paula Pof sobre el estado de la enseñanza de la profesión o la apuesta de David G. Marcos por una emancipación comunicativa alcanzable, claro está, a través de una comunicación emancipadora.

    El relato periodístico predominante, desvelaba Josep Lluís Fecé, contrapone el orden al caos: identifica el primero con la monarquía y el segundo con la república. La estrategia de defensa monárquica minimiza y blanquea las corrupciones de La Zarzuela limitándolas al periodo reinante del ex-monarca (que queda, así, impune) y pretende eximir a su familia extensa, la consorte y el hijo heredero.

    A pesar de la endeble solidez jurídica –demostrada de forma ejemplar por Carlos López-Keller Álvarez– este relato de la prensa cortesana blinda a la Corona. Para ello, airea los trapos sucios (sólo los de Juan Carlos I) de forma parcial, inconexa y discontinua. Con espasmos -según las urgencias de la regularización y la prescripción de los delitos– los tertulianos y editorialistas escenifican un escándalo moral que escamotea la rendición de cuentas.

    Pero resulta imposible blanquear toda la colada de palacio. Los errores “puntuales” y “personales”, los pecados “veniales” y los fallos “menores” “del pasado” cobran verdadero alcance y magnitud cuando periodistas de la talla de Esther Rebollo hacen inventario; en su caso de los desmanes e intercambios de favores entre la casa de Borbón y la de Saud. Una auténtica pesadilla de 1.000 y una noches de farra compartida, connivencia y expolio de las arcas públicas.

    UNA LÍNEA EDITORIAL COMPARTIDA PARA LA PMI

    Sato Díaz, ex-director de Cuarto Poder, tomó la palabra cuando, por desgracia, cerró “su” medio… Ahora tenemos opción de recuperarlo desde la PMI en un Cuarto Poder en Red, Sato ;-) La urgencia cotidiana impidió tomar aliento y perspectiva a otros compañeros y compañeras. Quien escribe y Marià Delàs advertimos del riesgo de la irrelevancia para los medios sesgados por el “minifundismo” e “indiferentes” a la periferia. El gran Juan Tortosa denunció los vínculos entre “precariedad y sectarismo” y desafió el corporativismo que tapa vergüenzas propias y ajenas de connivencia con el poder. Considerando estas contribuciones y que los medios de la PMI mantienen líneas editoriales próximas, me permito señalar tres principios con los que funcionar en el futuro. Se trata de avanzar en el modelo de plataforma digital, que respete la autonomía de cada medio, pero dándoles la capacidad de influencia que solo pueden lograr si colaboran entre ellos y con sus públicos.

    (1) Rehuir el proselitismo y (2) el reduccionismo del proyecto republicano o de reforma constitucional a la celebración de un referéndum. Porque (3) el periodismo, a diferencia de los gabinetes de relaciones públicas y la mercadotecnia electoral, no recluta votantes ni supedita su independencia a una meta partidaria. Aspira a que la razón democrática prevalezca sobre la razón de Estado y su Jefatura. ¿Cabe más alta misión?

    El periodismo independiente no imparte doctrina ni directrices. Hace, en cambio, pedagogía democrática. Sin sermones ni arengas. Facilitando que la población ejerza sus derechos. Informar consiste en abrir debates, transmitir y repartir conocimiento; es decir, poder. En democracia el Pueblo lo ejerce sin tutela y apenas censura, investido del derecho a decidir. La titularidad de este derecho libera a la ciudadanía de la servidumbre y el vasallaje. La democracia universaliza la autodeterminación y el autogobierno, en el nivel personal y colectivo; extendiéndolos a la plebe.

    Este marco ofrece potencial emancipador y democratizador. Y se mantiene vivo sólo si el derecho a decidir no se limita a celebrar un referéndum sobre la Corona o o la configuración territorial del Estado. En el Manifiesto por un nuevo republicanismo, sosteníamos que “la soberanía real (con minúsculas, pero inconmensurable) es, ante todo, alimentaria, tecnológica, científica y humanista”. Ese master frame –marco o encuadre general– para ser un “sueño eficaz” englobaría otros marcos y objetos de debate más concretos. Podría llegar a abordar cambios en la Jefatura y la organización territorial del Estado. Pero rebasa esos objetivos con creces: “[para el nuevo republicanismo] la paz se cifra en la defensa inalienable de los derechos humanos, dentro y fuera de las fronteras. Y se articula en los derechos sociales, el compromiso cívico y los cuidados mutuos”. “Dentro y fuera de las fronteras” son las seis palabras clave de la cita.

    El periodismo independiente no es proselitista ni adoctrinador. Guarda distancia crítica respecto a programas políticos concretos y los desborda. Un medio informativo no es un púlpito para impartir dogmas. Ni una plataforma de relaciones y campañas públicas. Menos aún, una trinchera de combate ideológico o cultural. Un medio independiente lo es porque atiende a la agenda de su público. Le pregunta por sus preferencias, como hizo la PMI con la monarquía, y abre debates sin prefigurar el resultado.

    PERIODISMO INDEPENDIENTE EN VEZ DE PROSELITISMO REPUBLICANO.

    La encuesta de la PMI anuncia aires de cambio, pero no augura un tsunami republicano. En todo caso, se instaló en Cataluña y podría desatarse en Euskadi. En el resto de las autonomías, el republicanismo carece (por ahora) de respaldo institucional y social para forzar un cambio. Quizás resulta prematuro gritar “Abajo el Rey”. El desenlace de una consulta resulta incierto y sus consecuencias últimas, más que problemáticas.

    No olvidemos que el 48% de los encuestados apostaban por un presidente “elegido directamente y con amplios poderes”. Muchos menos (28%) que quienes lo preferirían elegido por “el Parlamento y con pocos poderes”. Por desgracia, el presidencialismo duro casa bien con el militarismo. También con la ultraderecha de Vox, la muleta del destropopulismo o trumpismo que ha tomado las riendas del PP. Recordemos también que las FAS, bajo mando supremo del Rey, figuran en la encuesta de la PMI como la institución que despierta más confianza. Recibe una valoración de 6,3 sobre 10, frente al 3 de los partidos políticos. ¿Podría, entonces, el “viejo” republicanismo acelerar una involución democrática?

    El imaginario de la II República carece de arraigo transversal y articulación institucional. A la amnesia oficial y la distorsión de la memoria histórica, se suma la instrumentalización, en no pocas ocasiones doctrinaria y sectaria, del legado republicano. Peleas intestinas no resueltas en quienes se arrogan “la izquierda” o el “progresismo”, escasa auto-crítica y demasiadas exclusiones (la del anarquismo, la más evidente) minan el frente republicano. Y lo debilitan en las guerras culturales que la (ultra)derecha disputa en bloque. Frente al negacionismo y la equidistancia guerracivilista, el memorialismo republicano quizás ofrece un exceso de melancolía. Su panteón de figuras, los credos y las filiaciones siguen todavía en disputa.

    El periodismo, instalado en narrar el presente y el pasado próximo, debiera proyectarse hacia el futuro, rescatando figuras con carga emancipatoria en el presente. Las pioneras en la igualdad y la participación femeninas en la esfera pública serían un buen ejemplo. Desacralizar y desembalsamar el legado republicano requiere autocrítica e imaginación. Precisa una re(creación) distribuida y plural que actualice el proyecto de una III República, proyectando un futuro abierto a toda la ciudadanía.

    ¿Hará la PMI un editorial conjunto el próximo 8M para “Salvar a la Princesa Leonor”? Sería una vía para acercar el nuevo republicanismo a todas a aquellas que se niegan a verse reducidas a un papel reproductivo. Desvincularía el amor de los linajes (con)sanguíneos y liberaría a la heredera de la Corona de un matrimonio concertado por el pedigree y el patrimonio. ¿Recogerá firmas la PMI para que, coincidiendo con el próximo 23-F, se derogen la Ley de Secretos Oficiales, la Ley Mordaza o el Decreto Ley que permite suspender webs y cerrar internet sin autorización judicial previa? Son el marco legal que impide cuestionar la Corona y su blindaje constitucional.

    Se trataría, entonces, de ir construyendo el escenario y acercando la hora de decidir sin ira, sin urgencias, sin miedo, sin tabúes y sin complejos (como la ultra-derecha). Pero desde el respeto democrático. Es decir, aportando toda la información y todas las voces relevantes, con un enfoque que nos conecta con las democracias de nuestro entorno donde la monarquía es una anomalía. Y donde el exilio republicano colaboró en derrotar las dictaduras nazifascistas. Se trataría, pues, no de guillotinar periodísticamente a los Borbones sino de avanzar hacia un sistema político-informativo en el cual se les pueda fiscalizar y, si está justificado, cesar, sin que por ello se tambalee todo el marco institucional.

    El relato del nuevo republicanismo exige informar (insisto, no arengar) con el retrovisor del pasado, pero encendiendo las luces largas: mirando hacia delante, por caminos no trillados y sobrevolando las fronteras territoriales, ideológicas e identitarias; sin nostalgia ni melancolía. La controversia, que se solapó a nuestro debate, sobre figuras atravesadas de contradicciones y manipuladas por el franquismo, como fue Unamuno, también pueden promover un republicanismo laico (sin dogmas ni santorales) más allá de los iconos clásicos que son objetivo de la (ultra)derecha.

    El republicanismo necesita disputar un relato con marcos discursivos renovados, plurales y compartidos. Abiertos a sectores desafectos. Y nunca reactivo a las guerras memorialistas. Es preciso denunciar las provocaciones sin responder a ellas de forma inmediata y automática. Buscan anclar el debate en divisiones fraticidas y en la idea del fracaso colectivo que han reactualizado con la pandemia. Civilizar el discurso público, en el sentido de desmilitarizarlo y anclarlo en los derechos humanos y civiles, es la tarea más urgente.

    No habiendo, por ahora, mayoría social suficiente y decantada por la III República, ni memoria histórica, cultura política y periodística propicias, habría que tejerlas en red. Una PMI con medios distintos pero de líneas editoriales convergentes impulsan agendas temáticas y debates prohibidos. La deliberación mediática-social previa y los sujetos que se construyen en el camino importan más que las convocatorias o consultas electorales.

    ANTES DE RECLAMAR UN REFERÉNDUM, FACILITEMOS UNA UNA DELIBERACIÓN QUE LO HAGA INEVITABLE Y DESBORDE SU ALCANCE.

    Ante una consulta ciudadana, una periodista no diseña ni realiza la campaña. Puede y hasta debe desvelar sus preferencias, como hacen algunos medios y profesionales de la PMI. Además de ser un gesto de honestidad intelectual, previene al público ante posibles sesgos. Las campañas son competencia de los spin doctors, fontaneros y publicistas del poder. Un/a periodista, en cambio, se debe al público y le sirve como contrapoder. Examina la consistencia de esas campañas: el apoyo popular, los intereses en juego y las consecuencias que se derivan de una u otra opción. Sin adoctrinar ni sumar prosélitos, el medio independiente ofrece una plataforma para debatirla. Y, para no incurrir en el sectarismo, intenta que todas las partes se expresen y una mayoría transversal alcance consensos inclusivos. Es decir, apela e intenta sumar el mayor número de gentes y perfiles.

    La ideología, el credo o la identidad del informador no suponen problema alguno. Lo peligroso sería que, desde la indefinición y el interés propio, adoptase los del dueño o el anunciante del medio en el que trabaja. Un informador profesional es consciente de sus sesgos. Los explicita ante sí mismo y su público. Y se previene frente a ellos aplicando un protocolo profesional para que la subjetividad no condicione los temas que aborda o las fuentes que consulta. Recelar de sí mismo, del jefe de redacción, de sus correligionarios o de su tribu urbana es una actitud periodística elemental. Y se traduce en prácticas profesionales antagónicas a las del publicista. Este último sirve a su cliente la versión que demanda; ya sea un eslogan para una campaña o una noticia que, en realidad, es publicidad o propaganda encubierta.

    La función deliberativa de la prensa tiene más recorrido y conjuga más intereses públicos en juego. El debate sobre la Jefatura del Estado se vincula inevitablemente al de un Estado unitario o plurinacional. Por tanto también a una reforma de la Constitución, que en la encuesta de la PMI apoyaba un aplastante 72 % (frente al menguado 14%, que no la considera necesaria). El objeto y el alcance de la reforma no están claros entre los encuestados. ¿Modernizar o jubilar a la monarquía? ¿Para eliminar las Comunidades Autónomas o darles carácter federal? Para el periodista independiente solo cabe anteponer los electorados (en plural) a las estrategias partidistas.

    La deliberación debiera importar más que el resultado del referendo. Porque la calidad del debate determina el carácter democrático del resultado. Al periodismo independiente le compete facilitar una deliberación que resulte en consultas a la busca de nuevos consensos. Normalizarían el derecho a disentir y a seguir alcanzando acuerdos que, de forma forzosa, se entienden temporales y que necesitan renovarse cada cierto tiempo. Esa es la propuesta del patriotismo constitucional, formulado por Jürgen Habermas y secuestrado por la (ultra)derecha constitucionalista.

    Antes de reclamar un referéndum, recordemos los tres precedentes con que contamos (además de las “elecciones” y “refrendos” del franquismo). El Referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política sirvió (según reconoció el propio Adolfo Suárez) para introducir la monarquía “por la puerta de atrás” en 1976. El referéndum de 1978 la blindó en la Constitución, haciendo casi imposible reformarla. Y el de la OTAN resultó una tomadura de pelo y un fiasco. El PSOE pasó de pedir el No al Sí. El PP recorrió el camino inverso, solicitando el No. Y los ministros de Defensa del PSOE y PP gestionaron el resultado sin problemas. Desde 1986 seguimos en la OTAN vulnerando las condiciones del referéndum. Por tanto, convocar una consulta sobre la monarquía no garantiza la coherencia partidista ni el cumplimiento de un mandato popular que, además, no está decantado. Por último, el bloque republicano de las izquierdas y los nacionalismos periféricos no tiene un relato sólido y compartido en comparación con el “Dios, Patria y Rey” que une a la (ultra)derecha.

    Plantear una reforma constitucional cosmética de la Corona parece la opción menos arriesgada para los partidos clásicos del bipartidismo. Representa la opción gatopardista, al estilo de Lampedusa (cambiar para que todo siga igual) y Felipe González (gato blanco, gato negro, lo que importa es que el rey felino cace ratones republicanos y separatistas). Pero ¿satisfará a los votantes socialistas con pulsión republicana? ¿Renunciará el PP a patrimonializar la Constitución y la bandera rojigualda? ¿Y Vox, a emplearlas como martillo de independentistas, etarras y bolivarianos?

    La ultraderecha (post)franquista odiaba a Juan Carlos I por traicionar al Movimiento Nacional cuyos principios había jurado. Años después, el aznarismo se alió con medios y periodistas conservadores para conspirar contra él. Contrapusieron su figura a la de su padre, Don Juan, intentando que cediese el trono a Felipe VI. La derecha sostenía entonces que el juancarlismo, hermanado con el felipismo, aseguraba la continuidad de los gobiernos socialdemócratas acosados por la corrupción en los años 90.

    Ahora que se habla tanto de polarización, cabe recordar que fue entonces cuando arrancó la estrategia de la “crispación”, como señalaba Juan Tortosa en su texto. Uno de sus principales muñidores, Luis María Anson, la definió como “una operación de acoso y derribo que efectivamente hicimos, y la hicimos muy bien». Resulta difícil expresar con mayor rigor y descaro la relación de los medios conservadores con los Borbones: gestionan las cloacas y esto les da una enorme ventaja frente a los republicanos vetados en la corte.»Para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado», añadió Anson. El aventurismo destropopulista es, por tanto, capaz de girar su agenda 360º, según capitalice y rentabilice la polarización. Todo indica que un referéndum inminente le daría alas; al menos, al sur del Ebro.

    ANTEPONER LA RAZÓN DEMOCRÁTICA A LA RAZÓN DE ESTADO(S).

    ¿De qué proyecto nacional sería Felipe VI seña de identidad? Esta es la pregunta-nudo gordiano. ¿Lo desanudará el gatopardismo, el unionismo involucionista o el enfoque plurinacional? Estas, y por este orden, parecen ser las posibles salidas. La primera ofrece un vuelo corto en el horizonte que proyecta la sociedad civil. Que la Corona representase la plurinacionalidad exigiría a La Zarzuela, al nacionalismo español y a los periféricos una refundación radical, a largo-medio plazo. Y, por último, el club de Visegrado demuestra que la UE no es un club exclusivo para democracias. La debacle socioeconómica tras la pandemia y la parálisis de reformas estructurales podría convertir a España en la Bulgaria del Sur de Europa. Enric Juliana advertía de esa posibilidad en el foro de CTXT que debatió la encuesta de la PMI sobre la monarquía.

    La ansiedad y el dolor social provocados por la COVID-19 son caldo de cultivo de antagonismos y aventuras destropopulistas. El proyecto republicano y plurinacional, que abrazaría la PMI, requiere una transversalidad y una mayoría electoral de las que carece la actual coalición de Gobierno. Los aliados independentistas no comparten proyecto nacional y cohesionan el unionismo, también arraigado en el PSOE o el PCE. La posibilidad de que J.M Aznar o un émulo de Bolsonaro presidiese la III República española no justifica cerrar el debate o renunciar al referéndum. Al contrario, abrir la deliberación y normalizar el derecho a decidir, aplicándolo a cuestiones políticas de menor entidad, serían las vías más democráticas para conjurar el riesgo de degradación o involución. No es este el espacio donde concretar estas medidas. Y, en todo caso, implica una tarea de reflexión colectiva que supera este espacio.

    Una cosa está clara: las actuales posiciones partidarias y los apoyos sociales al marco constitucional están cambiando. El objeto de la consulta y el demos que decida serán disputados. En lugar de supeditarse a los planteamientos partidarios actuales, el periodismo independiente debería promover debates que los superasen, (re)tejiendo una memoria y una cultura política democráticas. Insisto, el marco discursivo general (master frame) podría ser el derecho a decidir. Podría aplicarse a la Jefatura del Estado, el modelo territorial y/o una nueva Constitución. Pero debates previos o en paralelo ampliarían y aplicarían el derecho a decidir a otros planos mucho más mundanos; por ejemplo, la soberanía alimentaria, energética y tecnológica. Esta agenda a refrendar tiene un impacto cotidiano sobre la vida de la ciudadanía muy superior a la ultrapasada soberanía nacional.

    No es misión de periodistas priorizar la razón del Estado ni de ninguna otra “comunidad imaginada” que se esgrima como fundamento de nuevos estados nacionales. Esto implica no plegarse a estrategias ni tacticismos electorales. Como demostró la encuesta de la PMI, hay que sentar las bases del diálogo público y ampliar el derecho a decidir hasta donde sea posible. Normalizar la autodeterminación individual y colectiva – el primer principio democrático – es la misión periodística por excelencia. Exige, como advierte el maestro Martín Caparrós, contarle al lector lo que no quiere oír ni saber. He intentado seguir su consejo.

    Faltaría proponer prácticas periodísticas e iniciativas concretas para seguir abriendo la esfera pública. He apuntado algunas, pero no soy quién para prescribir cómo orientar las redacciones. Me limito pues a señalar esta tarea pendiente de la PMI y les emplazo a la conversación que cerrará este debate.

    El lunes 10 de mayo a las 17:00 nos reuniremos con Miguel Mora, director de Contexto, y Patricia López, periodista de investigación de Público. Repasaremos la cobertura preelectoral en Madrid y el legado comunicativo del 15M. ¿Fue posible informar con independencia sobre las candidaturas en liza? ¿Qué queda del revulsivo quincemayista tras diez años de existencia? El 15M pretendía tejer con los periodistas una red de contrapoder informativo, basado en la colaboración entre medios independientes y la ciudadanía. La encuesta sobre la Corona fue ejemplo de ello, así como esta información sobre las tramas económicas, policiales y mediáticas de la Comunidad Autónoma de Madrid elaborada entre CTXT y Público. Una vez más, el debate está abierto a su participación. Financiemos, pues, los medios de la PMI, co-produzcamos sus agendas y viralicemos contenidos. Basten tres ejemplos de cómo hacerlo factible.

    En paralelo a este debate y en colaboración con El Salto, convertimos un Trabajo Final de Grado de Periodismo (habrá más) en piezas de investigación; en este caso sobre la financiación fraudulenta de los medios de la Alt-Right y la (ultra)derecha por parte de la CAM. Desde Luzes de Galiza y en colaboración con Público, celebramos la segunda edición del festival Abril Republicano. Y en junio ofreceremos un Taller de Seguridad Digital para Periodistas. Porque la soberanía tecnológica es condición necesaria para proteger las fuentes, la investigación en curso y, por tanto, su independencia. Periodismo ciudadano de investigación, cultura popular y autonomía tecnológica. Tres pilares del Cuarto Poder en Red en el 10º aniversario del 15M.

Ponencia inicial

Independencia periodística, contrapoder mancomunado

Independencia periodística, contrapoder mancomunado

Independencia periodística, contrapoder mancomunado

  • Víctor Sampedro Blanco

    Catedrático de Comunicación Política

“Sueña el rey que es rey [..]
y este aplauso, que recibe
prestado, en el viento escribe [...]

La encuesta de la Plataforma de 16 Medios Independientes [PMI, en adelante], publicada el pasado 12 de octubre, ratifica con números a Calderón de la Barca. Al Reino de España pueden llegar a faltarle súbditos. La mitad de los encuestados aún cree que le debe la democracia a Juan Carlos I. Pero un tercio ya no le aplaude por ello. Y los aplausos a Felipe VI dependen ahora de un contrato hipotecario. Los plazos y condiciones se endurecen. De modo que la familia real podría ser desalojada de la Zarzuela. La mitad de la población, según la encuesta, considera la Monarquía “cosa de otros tiempos: no tiene sentido en una democracia”. La misma proporción sostiene que la valoración “depende de como sea el rey” y que “su coste es desproporcionado”. Es decir, Felipe VI está de prestado. Y soplan vientos de cambio. Si el advenimiento inmediato de la III República parece harto improbable, también lo es que la Corona perviva sin asumir ciertas reformas que la encuesta presenta como inevitables. El calado de estas reformas determinará, en gran medida, la estabilidad del edificio institucional instaurado en 1978.

Evidenciar el apoyo y el rechazo social a la Corona es ejercer de contrapoder frente al vergonzante y vergonzoso silencio de 5 años del CIS. La PMI siguió un esquema clásico: actuó de forma mancomunada, aliándose con sus públicos y entre varias redacciones. El periodismo independiente y de investigación hace hablar a su público y evita la censura reverberando su voz. Practicarlo es una exhibición de profesionalidad periodística en tiempos de pseudocracia: el gobierno de la mentira que, repetida mil veces y sin posibilidad de contrastarla, se convierte en verdad única. Desafiarla conlleva represalias y exige coraje. Vean si no los debates de Espacio Público sobre Wikileaks– Assange y sobre el periodismo de datos y filtraciones, con la presencia de Hervé Falciani.

Los índices de audiencia y los clics generan pseudoinformación: relaciones públicas y propaganda disfrazadas de noticias. Sin embargo, los públicos (ciudadanía no mercantilizada como audiencia) costean determinados medios para dictarles la agenda informativa. Mecenas plebeyos aportan micro-aportaciones y suscripciones: adelantan un dinero que expresa máxima confianza (el activo que el periodismo convencional ha perdido). Así se mantiene un espacio para hacerse oír, que rehúye el sectarismo, escucha y dialoga con otros sectores del público. Por eso la PMI es la antítesis de Hazte Oír: el megáfono reaccionario del conglomerado de partidos y pánzers de pensamiento de la ultra(derecha) – FAES-PP+Disenso-Vox – que se disfraza de altavoz popular.

El periodismo independiente “escucha al público antes de dirigirle la palabra y pretender representarle. Una cuestión de mero respeto, vamos.” Esto distingue al periodismo que construye democracia del que “inventa mayorías para hablar en su nombre. Si pueden, ignoran la que se les enfrenta. Si no, la criminalizan.” El contrapoder mediático se manifiesta facilitando una deliberación pública, plural y sin tabúes; sin ocultar el posicionamiento propio. La encuesta fue radicalmente democrática: la estadística inferencial dio a todos los censados (a partir de los 16 años) la misma oportunidad de responder a idénticas preguntas.

En comparación, la réplica monárquica resultó antitética y antiestética: un video en el que 183 cortesanos vitoreaban al Rey desde sus ordenadores. ¿Los consideran púlpitos o tribunas suficientes para sostener la Corona? Pero aquel iluso (¿interesado?) gesto de vasallaje no carecía de intenciones inquisitoriales. Los últimos 4 minutos del video (casi un tercio del metraje) reproducen las contestaciones de quienes declinaron participar. Les presentan como cobardes, desleales, cínicos y/o hipócritas. Y así señalan (sin nombres) a políticos, empresarios, sindicalistas y representantes de la cultura que no se adhirieron. Ajustes de cuentas, en fin, entre celebrities. Puro astroturfing, que dicen los anglosajones, que suplanta a la ciudadanía y que aquí desprende tufo a Torquemada.

La monarquía ha sido y es la espina dorsal del conservadurismo español. Este, sea de derechas o izquierdas, entiende las adhesiones públicas como un pronunciamiento (también militar) de lealtad a la Corona. El “¡Viva el Rey!” es también un señalamiento de los disidentes. Ese gesto mecánico, estigmatizador y criminalizador (siamés del constitucionalismo del 78), que equipara disidencia y terrorismo. Y que cuestiona el carácter democrático del video mencionado y de la institución que ensalza.

La PMI, en cambio, cocinó la encuesta con las recetas del Cuarto Poder en Red del s. XXI. Reconozcamos, pues, el banquete que nos ofreció.

  • Se sirvió información considerándola un bien público. Ni privatizado ni monetizado con muros de pago, inscripciones o suscripciones obligatorias. Así, por lo menos, se habría paliado la auto-explotación activista que mantiene las redacciones de estos 16 medios abiertas.
  • Se aportaron datos incontestables, sorteando diques institucionales (CIS) y corporativos (los grandes medios cortesanos). Eran resultado de un protocolo científico objetivo y neutral. Materializaba la equivalencia que The Economist establecía entre el “We the People”, que escribió la constitución de EE.UU., y el “We the Data” que rige la economía y la política contemporáneas.
  • Los datos servidos eran “libres e iguales”, adjetivos que se arrogaban los protagonistas del spot monárquico. La expresión de ciudadanos que, sin coacciones y con idéntica posibilidad de participar, contestaron a un mismo cuestionario en una muestra estadística representativa. Y eras datos de libre uso (también para la corte de Felipe VI), abiertos al tratamiento que quiera dárseles.
  • El festín contó con el concurso de expertos (la ex-directora del CIS dirigía el estudio) y recursos mancomunados: poniendo manos en común. Se abrió así un debate independiente del mercadeo (más bien, trapicheo) de “exclusivas” oficiales (en realidad, notas de prensa de la Casa Real). La encuesta, por tanto, es una respuesta anticipada a las filtraciones, globos sonda, puestas en escena o postureos vergonzantes con los que han respondido los medios de la Corte.

La colaboración (con públicos y entre medios) y no la competencia (dopada desde el poder) aporta valor, pone en valor el periodismo. Es una práctica asumida y explícita desde hace tiempo por alguna cabecera de la PMI. Periodismo de código libre y abierto; frente a reverencias zarzuelescas. Y no es la primera vez que se pone en práctica. En la estela de Wikileaks y en abril de 2014, varios medios involucrados ahora en la encuesta crearon Fíltrala. Fue el primer buzón de filtraciones no oficiales de este país. La primera de ellas, los Papeles de la Castellana, revelaba (hace cuatro años) los paraísos fiscales de varios miembros de la Casa real. Aquel periodismo, de inspiración quincemayista, también cuajó en el 15M para Rato: la filtración de las Black Cards de Bankia que ajustó cuentas con un ex-ministro de Economía y ex-presidente del FMI.

Aquellos medios indigentes han vuelto a mostrarse independientes. La PMI es algo más que un gesto o una semilla. Baliza el camino para seguir tejiendo en red una esfera pública más democrática. Juan Carlos I no “salió” ni “se marchó” de España. Mucho menos se “exilió”. Según la evidencia demoscópica (la visión estadística del Pueblo) el ex-monarca no es un “rey emérito”: sino un prófugo de los tribunales de justicia y del de la opinión pública. Necesitamos cartografiar el debate que abrió y las futuras sendas del periodismo independiente. Por de pronto, para hacerlo posible participen de él: suscríbanse a alguno o, mejor, varios de estos medios. Y tomen voz en el debate que desplegaremos a partir de ahora en este Espacio Público.

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • José Vicente Barcia

    Periodista, Jefe de Gabinete de la Alcaldía de Cádiz y coautor del libro 'Voces del cambio'

Conclusión del debate

En medio de la primera ola de la pandemia y con todo el país en el shock de una crisis desconocida e inesperada, saltó a la opinión pública una idea: reconstrucción. Después de unos primeros tanteos, sobre si nuevos Pactos de la Moncloa, sí, que si Pactos de la Moncloa no, todo se encaminó hacia la apertura en sede parlamentaria de cuatro comisiones sobre la reconstrucción del país. Estos mismos conceptos de reconstrucción y unidad, abrieron en Espacio Público la necesidad de abordar un debate sobre el futuro del país, y también sobre la Unión Europea, durante la pandemia y la postpandemia.

Un magnífico artículo de Leo Moscoso La necropolítica sobre el estado de alarma, nos hizo una descripción muy viva de la pandemia y la crisis sanitaria y de vida, que podía servir como telón de fondo de todo el debate.

Nos encargamos Gabriel Flores y yo mismo de redactar un primer texto de referencia, que se planteaba el siguiente objetivo: “Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía civil.

La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos”, dijimos.

Sabíamos desde el principio que entrábamos en este debate con perspectivas diferentes:

  1. a) La de Gabriel y mía era abordar los temas candentes y posibles en la negociación planteada y hacer propuestas orientadas hacia una salida progresista de la crisis (con todo lo que tenía de cajón de sastre dicha definición).
  2. b) Una visión más global que conducía a un cuestionamiento del marco económico e institucional en el que nos movíamos: UE, Constitución, Capitalismo y avanzaba más en la línea de la lucha por otro mundo diferente y a la vez posible, a un cambio de paradigma como lo definía Jaime Pastor.
  3. c) Había otra orientación que sin situarse totalmente en el cuestionamiento de las soluciones que se podrían dar en el marco de una negociación, apuntaban con intensidad y justeza por poner sobre la mesa los problemas políticos-institucionales que desde la Transición veníamos arrastrando desde el régimen de la transición (Jose Errejón, José Luis Mateos, Ana Barba, Aníbal Garzón).

El alcance del debate

El cuestionamiento más global al carácter excesivamente pragmático y limitativo de la introducción al debate, vino sobre todo de Marià de Delàs, Jaime Pastor y Marga Ferré.

Marià, en su texto que luego iba a ser discutido por Gabriel, nos interrogaba coherentemente:

“¿Es posible empezar a plantear el propósito de recuperar para el patrimonio colectivo aquellos bienes que nunca deberían haber pasado a formar parte del sector privado? ¿Qué ha de pasar para que empecemos a pensar en concreto en una nueva economía, que no esté al servicio del crecimiento sin límites? La reivindicación de “nueva normalidad”, ¿no debe poner en cuestión el beneficio que unos pocos obtienen de los créditos, los seguros, los suministros de energía, la vivienda, la explotación de las telecomunicaciones, los medios de transporte, la construcción de infraestructuras, la fabricación y distribución de medicamentos, la industria militar…?

Se dirá que los que deseen tal cosa no cuentan con la correlación de fuerzas necesaria para llevarla a la práctica. Es probable. Nunca contarán con peso suficiente si nunca lo proponen y lo argumentan para el conjunto de la población”.

Jaime Pastor por su lado señalaba la necesidad de no autolimitarse en el debate.

Si a todo esto sumamos la coincidencia de esa crisis global con la que afecta desde hace tiempo al modelo capitalista español basado en la construcción y el turismo, así como a su régimen, cuya gravedad es reconocida por firmes defensores del establishment (ya sea de forma apocalíptica por la extrema derecha, o en términos menos dramáticos por personajes como el presidente de honor de PRISA, Juan Luis Cebrián) parece evidente que, como ha defendido José Errejón en este debate (“¿Reconstrucción o refundación?”), no tiene justificación autolimitarse en la agenda a promover.

En relación al carácter sistémico de la crisis y reflejando diversas opiniones, José Luis Mateos señalaba: Y sin embargo la crisis existe y más allá de los efectos de la crisis económica sobre la estructura política del país, el descrédito –del régimen- tiene componentes institucionales (Corona, Justicia, FCSE…), jurídico-normativos (sistema electoral no proporcional, involución de las libertades, negación del derecho a decidir, impunidad de las élites, Constitución no garantista de derechos, voto rogado…), económicos y sociales (ruptura del contrato social del 78, enajenación del patrimonio público, identidad institucional con los poderes oligárquicos., corrupción estructural, expansión de la pobreza y la exclusión social…) y hasta un componente de origen histórico (mantenimiento de la impunidad del franquismo). La anterior crisis alumbró la idea de que ya no se trataba de cambiar la Constitución sino de cambiar de Constitución. Idea caída en cierto desuso.

Ha sido también significativa la valoración del consenso en el momento actual desde la necesidad del mismo, a pesar de la dificultad que tanto la tendencia histórica de ella como su momento ultramontano actual, al rechazo explicito de cualquier acuerdo con la derecha por la imposibilidad de ninguna senda común con ella (Marga Ferré, Marià de Delàs, Pastor).

Elementos ambientales

Más allá de los enfoques globales diferentes de la discusión en curso y sin perder el carácter de aportación relevante al mismo, muchas han sido las contribuciones que nos han aportado nuevos elementos y enfoques.

Muy atrayente la descripción del ambiente y el entorno en el que se produce, la virulencia de la crisis, la desarticulación de lo conocido y la incógnita del futuro (José Martí Gómez, Carlos Javier Bugallo). Importante ha sido la aportación de Federico Severino sobre la hegemonía cultural a lograr: “Por eso resultaría razonable dejar de poner nuestros esfuerzos comunicativos en mostrar la bancarrota moral y miseria de la derecha y apostar por una vía positiva, sosegada, que robustezca a una mayoría social en torno a la coalición”.

También el concejal gaditano Paco Cano nos hizo llegar las “ondas largas del 15 M” en la gestación de una salida colectiva a una crisis que nos había tocado a todos y todas desde muchos ángulos: social, sanitario, emocional, económico, laboral, de convivencia…

En el desarrollo del debate, y sobre todo en el correr de las semanas y con el conjunto de hechos de todo tipo con el que hemos convivido desde marzo, las aportaciones han ido creciendo incorporando muchos elementos para el cambio.

Economía y cambio de modelo

Desde el cambio en la economía y en el papel de los trabajadores (Francisco Vázquez García, Ramón Górriz, José Babiano, Roberto Tornamira):

Hablar de reconstrucción sin subsanar los errores del reciente pasado sería una temeridad. Dicho de otro modo: antes de iniciar la reconstrucción hay que sentar las bases de la negociación sobre suelo sólido, derogando, como mínimo, la reforma laboral de 2012 y la de Seguridad Social de 2013, entre otras derogaciones legislativas pendientes desde la moción de censura de 2018 (Tornamira).

Por último, pero no menos importante, este nuevo rumbo destinado a resituar las prioridades poniendo en el centro a la vida humana plantea dos exigencias: una democratización de las relaciones laborales y la reformulación de las libertades democráticas que han quedado dañadas en la medida en que la imposición de las políticas de austeridad necesitaban correlativamente una política autoritaria y represiva frente a la resistencia social, como bien se puso de manifiesto con la Ley Mordaza y su uso para reprimir el derecho de huelga y las protestas obreras.

Nada de esto puede obviar la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las discriminaciones de todo tipo que sufren en el puesto de trabajo, en el mercado laboral y en la sociedad (Górriz y Babiano).

Como dice Antonio Palacián, es la OPORTUNIDAD para avanzar en la participación y la democracia económica como un factor importante de cambio en la cultura empresarial y sindical. 

Gabriel Flores en la discusión con Marià de Delàs sobre el alcance de los cambios de modelo económico señalaba:

Impulsar esos cambios, requiere de unos recursos, estrategia y herramientas específicos; entre ellos, cabe señalar por su importancia la tarea de ensanchar nuestra base fiscal mediante una reforma progresista que solo puede tener resultados a medio plazo y construir una amplia concertación política y social que haga viable esa reforma clave. A corto plazo, es imprescindible contar con los recursos financieros y el arrope institucional que nos ofrece la UE.

No hay contradicción entre la agenda de protección social y la de reactivación y modernización económica, aunque la primera se puede llevar a cabo de forma inmediata y la segunda requiera plazos más prolongados; ambas son compatibles y complementarias, pero la protección social no puede mantenerse indefinidamente sobre el aumento del déficit público, requiere de un cambio de modelo de crecimiento que genere empleos decentes y salarios dignos y ensanche las bases de la recaudación fiscal.

Héctor Maravall, nos situaba el difícil marco de actuación del gobierno y la necesidad de una política decidida y realista para abordar el momento: “Las tareas del gobierno para desarrollar lo que ha denominado “el escudo social”, así como los compromisos anunciados de ayuda a las pymes y autónomos, o los previsibles apoyos a sectores como el turismo o la industria del automóvil, sea cual sea su duración e intensidad, son de una entidad, complejidad y dificultad evidentes. El gobierno tendrá que lograr financiación a corto, medio y largo plazo, en un contexto de frágil mayoría parlamentaria, con una derecha radicalizada al máximo, unos medios de comunicación desfavorables (el último en sumarse ha sido el grupo PRISA y el periódico El País) y una patronal que oscila entre las exigencias de ayudas económicas y el rechazo a cualquier modificación de la reforma laboral”.

El papel central de la UE en este proceso y los cambios que en la misma serían deseables ha sido referencia inexcusable en muchos de los artículos más generales. Severino lo reflejó sintéticamente como: “El Gobierno no debe perder de vista que el despliegue de un portentoso paquete de políticas públicas con el viento de cola de la UE es su ‘unique selling proposition’”.

Otras contribuciones estuvieron íntegramente dedicadas al papel y lugar de la UE, por ejemplo Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate que reflejó la tensión entre necesidad de apoyos comunitarios en la crisis y a la vez la necesidad de romper el inmovilismo institucional y presupuestario en el que se mueve en estos momentos, en otro enfoque Javier Doz, hizo una análisis minucioso de los presupuestos y programas comunitarios, tanto en lo estructural como ante la crisis del COVID 19 y como nos va a afectar a la “reconstrucción” hispana: “Las subvenciones y los créditos están condicionados a su aplicación a programas y proyectos que tengan que ver con los objetivos señalados y con otros como las infraestructuras y equipamientos sanitarios, los planes de I+D+i, la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza. Es decir, con los fondos de NGUE cabe la financiación de una buena parte de las inversiones de los Presupuestos del Estado Español de los próximos tres años. Desde el proceso de transición hacia un sistema energético limpio y renovable o un programa para que todas las familias tengan acceso a Internet y a equipos informáticos hasta un plan de eficiencia energética de las viviendas, pasando por la financiación de cuantos proyectos biomédicos sean necesarios u otros rubros de investigación, programas ampliados de financiación de la innovación en las pymes o de lucha contra la pobreza infantil”.

De lo general a lo particular: Sanidad, Servicios Sociales, Formación, Municipios

Si hay un ámbito en el que el debate ha hecho una aportación de contenidos y propuestas particularmente significativo ha sido en el terreno sectorial, además de las aportaciones escritas sobre el Sistema Nacional de Salud ( Manifiesto por la reconstrucción del SNS), el papel de lo local (Marta Higueras), el papel de la Formación Profesional y el cambio de modelo económico (José Luis Carretero) y los Servicios Sociales (Luis Nogués), donde la discusión tuvo un alcance a retener fue en los debates que se realizaron en TV Publico; el primero sobre el Sistema Sanitario con la participación de referentes tan significativos e influyentes como Carmen Montón, Carmen San José, Mónica García y Fernando Lamata moderado por Joseba Achotegui y el de Servicios Sociales con Patricia Bezunartea, Luis Nogués, Emiliana Vicente y Kena Yuguero moderado por Enrique del Olmo. En dichos debates además de señalar las necesidades que la sociedad española tenía para superar las debilidades preexistentes, se abordaron de forma bastante precisa las políticas a implementar y las barreras a superar. En estas dos enriquecedoras sesiones se hizo una alerta de gran potencia: no sirve sólo diseñar políticas y enunciados adecuados, sino que es imprescindible que sus resultados llegasen a la población en un corto tiempo. La alerta roja que se estaba estableciendo sobre elementos importantes del denominado “escudo social”; ERTES, Ingreso Mínimo Vital, colas del hambre, fortalecimiento urgente del Sistema Nacional de Salud, gestión pública y coordinada de la sanidad, cambio en el modelo de atención a los mayores y particularmente en las Residencias de tercera edad…Todos ellos se manifiestan como problemas perentorios para el que el atávico “vuelva usted mañana” puede ser un elemento de desafección y de caldo de cultivo a las opciones que niegan los derechos y la protección social.

Como dice el título del presente artículo, hacemos una pausa, un interludio en este debate que nos va a acompañar durante el próximo periodo, seguro que este tiempo servirá para afilar análisis, argumentos y propuestas.

 

 

 

Interludio en un debate que no puede acabar

Enrique del Olmo

En medio de la primera ola de la pandemia y con todo el país en el shock de una crisis desconocida e inesperada, saltó a la opinión pública una idea: reconstrucción. Después de unos primeros tanteos, sobre si nuevos Pactos de la Moncloa, sí, que si Pactos de la Moncloa no, todo se encaminó hacia la apertura en sede parlamentaria de cuatro comisiones sobre la reconstrucción del país. Estos mismos conceptos de reconstrucción y unidad, abrieron en Espacio Público la necesidad de abordar un debate sobre el futuro del país, y también sobre la Unión Europea, durante la pandemia y la postpandemia.

Un magnífico artículo de Leo Moscoso La necropolítica sobre el estado de alarma, nos hizo una descripción muy viva de la pandemia y la crisis sanitaria y de vida, que podía servir como telón de fondo de todo el debate.

Nos encargamos Gabriel Flores y yo mismo de redactar un primer texto de referencia, que se planteaba el siguiente objetivo: “Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía civil.

La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos”, dijimos.

Sabíamos desde el principio que entrábamos en este debate con perspectivas diferentes:

  1. a) La de Gabriel y mía era abordar los temas candentes y posibles en la negociación planteada y hacer propuestas orientadas hacia una salida progresista de la crisis (con todo lo que tenía de cajón de sastre dicha definición).
  2. b) Una visión más global que conducía a un cuestionamiento del marco económico e institucional en el que nos movíamos: UE, Constitución, Capitalismo y avanzaba más en la línea de la lucha por otro mundo diferente y a la vez posible, a un cambio de paradigma como lo definía Jaime Pastor.
  3. c) Había otra orientación que sin situarse totalmente en el cuestionamiento de las soluciones que se podrían dar en el marco de una negociación, apuntaban con intensidad y justeza por poner sobre la mesa los problemas políticos-institucionales que desde la Transición veníamos arrastrando desde el régimen de la transición (Jose Errejón, José Luis Mateos, Ana Barba, Aníbal Garzón).

El alcance del debate

El cuestionamiento más global al carácter excesivamente pragmático y limitativo de la introducción al debate, vino sobre todo de Marià de Delàs, Jaime Pastor y Marga Ferré.

Marià, en su texto que luego iba a ser discutido por Gabriel, nos interrogaba coherentemente:

“¿Es posible empezar a plantear el propósito de recuperar para el patrimonio colectivo aquellos bienes que nunca deberían haber pasado a formar parte del sector privado? ¿Qué ha de pasar para que empecemos a pensar en concreto en una nueva economía, que no esté al servicio del crecimiento sin límites? La reivindicación de “nueva normalidad”, ¿no debe poner en cuestión el beneficio que unos pocos obtienen de los créditos, los seguros, los suministros de energía, la vivienda, la explotación de las telecomunicaciones, los medios de transporte, la construcción de infraestructuras, la fabricación y distribución de medicamentos, la industria militar…?

Se dirá que los que deseen tal cosa no cuentan con la correlación de fuerzas necesaria para llevarla a la práctica. Es probable. Nunca contarán con peso suficiente si nunca lo proponen y lo argumentan para el conjunto de la población”.

Jaime Pastor por su lado señalaba la necesidad de no autolimitarse en el debate.

Si a todo esto sumamos la coincidencia de esa crisis global con la que afecta desde hace tiempo al modelo capitalista español basado en la construcción y el turismo, así como a su régimen, cuya gravedad es reconocida por firmes defensores del establishment (ya sea de forma apocalíptica por la extrema derecha, o en términos menos dramáticos por personajes como el presidente de honor de PRISA, Juan Luis Cebrián) parece evidente que, como ha defendido José Errejón en este debate (“¿Reconstrucción o refundación?”), no tiene justificación autolimitarse en la agenda a promover.

En relación al carácter sistémico de la crisis y reflejando diversas opiniones, José Luis Mateos señalaba: Y sin embargo la crisis existe y más allá de los efectos de la crisis económica sobre la estructura política del país, el descrédito –del régimen- tiene componentes institucionales (Corona, Justicia, FCSE…), jurídico-normativos (sistema electoral no proporcional, involución de las libertades, negación del derecho a decidir, impunidad de las élites, Constitución no garantista de derechos, voto rogado…), económicos y sociales (ruptura del contrato social del 78, enajenación del patrimonio público, identidad institucional con los poderes oligárquicos., corrupción estructural, expansión de la pobreza y la exclusión social…) y hasta un componente de origen histórico (mantenimiento de la impunidad del franquismo). La anterior crisis alumbró la idea de que ya no se trataba de cambiar la Constitución sino de cambiar de Constitución. Idea caída en cierto desuso.

Ha sido también significativa la valoración del consenso en el momento actual desde la necesidad del mismo, a pesar de la dificultad que tanto la tendencia histórica de ella como su momento ultramontano actual, al rechazo explicito de cualquier acuerdo con la derecha por la imposibilidad de ninguna senda común con ella (Marga Ferré, Marià de Delàs, Pastor).

Elementos ambientales

Más allá de los enfoques globales diferentes de la discusión en curso y sin perder el carácter de aportación relevante al mismo, muchas han sido las contribuciones que nos han aportado nuevos elementos y enfoques.

Muy atrayente la descripción del ambiente y el entorno en el que se produce, la virulencia de la crisis, la desarticulación de lo conocido y la incógnita del futuro (José Martí Gómez, Carlos Javier Bugallo). Importante ha sido la aportación de Federico Severino sobre la hegemonía cultural a lograr: “Por eso resultaría razonable dejar de poner nuestros esfuerzos comunicativos en mostrar la bancarrota moral y miseria de la derecha y apostar por una vía positiva, sosegada, que robustezca a una mayoría social en torno a la coalición”.

También el concejal gaditano Paco Cano nos hizo llegar las “ondas largas del 15 M” en la gestación de una salida colectiva a una crisis que nos había tocado a todos y todas desde muchos ángulos: social, sanitario, emocional, económico, laboral, de convivencia…

En el desarrollo del debate, y sobre todo en el correr de las semanas y con el conjunto de hechos de todo tipo con el que hemos convivido desde marzo, las aportaciones han ido creciendo incorporando muchos elementos para el cambio.

Economía y cambio de modelo

Desde el cambio en la economía y en el papel de los trabajadores (Francisco Vázquez García, Ramón Górriz, José Babiano, Roberto Tornamira):

Hablar de reconstrucción sin subsanar los errores del reciente pasado sería una temeridad. Dicho de otro modo: antes de iniciar la reconstrucción hay que sentar las bases de la negociación sobre suelo sólido, derogando, como mínimo, la reforma laboral de 2012 y la de Seguridad Social de 2013, entre otras derogaciones legislativas pendientes desde la moción de censura de 2018 (Tornamira).

Por último, pero no menos importante, este nuevo rumbo destinado a resituar las prioridades poniendo en el centro a la vida humana plantea dos exigencias: una democratización de las relaciones laborales y la reformulación de las libertades democráticas que han quedado dañadas en la medida en que la imposición de las políticas de austeridad necesitaban correlativamente una política autoritaria y represiva frente a la resistencia social, como bien se puso de manifiesto con la Ley Mordaza y su uso para reprimir el derecho de huelga y las protestas obreras.

Nada de esto puede obviar la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las discriminaciones de todo tipo que sufren en el puesto de trabajo, en el mercado laboral y en la sociedad (Górriz y Babiano).

Como dice Antonio Palacián, es la OPORTUNIDAD para avanzar en la participación y la democracia económica como un factor importante de cambio en la cultura empresarial y sindical. 

Gabriel Flores en la discusión con Marià de Delàs sobre el alcance de los cambios de modelo económico señalaba:

Impulsar esos cambios, requiere de unos recursos, estrategia y herramientas específicos; entre ellos, cabe señalar por su importancia la tarea de ensanchar nuestra base fiscal mediante una reforma progresista que solo puede tener resultados a medio plazo y construir una amplia concertación política y social que haga viable esa reforma clave. A corto plazo, es imprescindible contar con los recursos financieros y el arrope institucional que nos ofrece la UE.

No hay contradicción entre la agenda de protección social y la de reactivación y modernización económica, aunque la primera se puede llevar a cabo de forma inmediata y la segunda requiera plazos más prolongados; ambas son compatibles y complementarias, pero la protección social no puede mantenerse indefinidamente sobre el aumento del déficit público, requiere de un cambio de modelo de crecimiento que genere empleos decentes y salarios dignos y ensanche las bases de la recaudación fiscal.

Héctor Maravall, nos situaba el difícil marco de actuación del gobierno y la necesidad de una política decidida y realista para abordar el momento: “Las tareas del gobierno para desarrollar lo que ha denominado “el escudo social”, así como los compromisos anunciados de ayuda a las pymes y autónomos, o los previsibles apoyos a sectores como el turismo o la industria del automóvil, sea cual sea su duración e intensidad, son de una entidad, complejidad y dificultad evidentes. El gobierno tendrá que lograr financiación a corto, medio y largo plazo, en un contexto de frágil mayoría parlamentaria, con una derecha radicalizada al máximo, unos medios de comunicación desfavorables (el último en sumarse ha sido el grupo PRISA y el periódico El País) y una patronal que oscila entre las exigencias de ayudas económicas y el rechazo a cualquier modificación de la reforma laboral”.

El papel central de la UE en este proceso y los cambios que en la misma serían deseables ha sido referencia inexcusable en muchos de los artículos más generales. Severino lo reflejó sintéticamente como: “El Gobierno no debe perder de vista que el despliegue de un portentoso paquete de políticas públicas con el viento de cola de la UE es su ‘unique selling proposition’”.

Otras contribuciones estuvieron íntegramente dedicadas al papel y lugar de la UE, por ejemplo Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate que reflejó la tensión entre necesidad de apoyos comunitarios en la crisis y a la vez la necesidad de romper el inmovilismo institucional y presupuestario en el que se mueve en estos momentos, en otro enfoque Javier Doz, hizo una análisis minucioso de los presupuestos y programas comunitarios, tanto en lo estructural como ante la crisis del COVID 19 y como nos va a afectar a la “reconstrucción” hispana: “Las subvenciones y los créditos están condicionados a su aplicación a programas y proyectos que tengan que ver con los objetivos señalados y con otros como las infraestructuras y equipamientos sanitarios, los planes de I+D+i, la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza. Es decir, con los fondos de NGUE cabe la financiación de una buena parte de las inversiones de los Presupuestos del Estado Español de los próximos tres años. Desde el proceso de transición hacia un sistema energético limpio y renovable o un programa para que todas las familias tengan acceso a Internet y a equipos informáticos hasta un plan de eficiencia energética de las viviendas, pasando por la financiación de cuantos proyectos biomédicos sean necesarios u otros rubros de investigación, programas ampliados de financiación de la innovación en las pymes o de lucha contra la pobreza infantil”.

De lo general a lo particular: Sanidad, Servicios Sociales, Formación, Municipios

Si hay un ámbito en el que el debate ha hecho una aportación de contenidos y propuestas particularmente significativo ha sido en el terreno sectorial, además de las aportaciones escritas sobre el Sistema Nacional de Salud ( Manifiesto por la reconstrucción del SNS), el papel de lo local (Marta Higueras), el papel de la Formación Profesional y el cambio de modelo económico (José Luis Carretero) y los Servicios Sociales (Luis Nogués), donde la discusión tuvo un alcance a retener fue en los debates que se realizaron en TV Publico; el primero sobre el Sistema Sanitario con la participación de referentes tan significativos e influyentes como Carmen Montón, Carmen San José, Mónica García y Fernando Lamata moderado por Joseba Achotegui y el de Servicios Sociales con Patricia Bezunartea, Luis Nogués, Emiliana Vicente y Kena Yuguero moderado por Enrique del Olmo. En dichos debates además de señalar las necesidades que la sociedad española tenía para superar las debilidades preexistentes, se abordaron de forma bastante precisa las políticas a implementar y las barreras a superar. En estas dos enriquecedoras sesiones se hizo una alerta de gran potencia: no sirve sólo diseñar políticas y enunciados adecuados, sino que es imprescindible que sus resultados llegasen a la población en un corto tiempo. La alerta roja que se estaba estableciendo sobre elementos importantes del denominado “escudo social”; ERTES, Ingreso Mínimo Vital, colas del hambre, fortalecimiento urgente del Sistema Nacional de Salud, gestión pública y coordinada de la sanidad, cambio en el modelo de atención a los mayores y particularmente en las Residencias de tercera edad…Todos ellos se manifiestan como problemas perentorios para el que el atávico “vuelva usted mañana” puede ser un elemento de desafección y de caldo de cultivo a las opciones que niegan los derechos y la protección social.

Como dice el título del presente artículo, hacemos una pausa, un interludio en este debate que nos va a acompañar durante el próximo periodo, seguro que este tiempo servirá para afilar análisis, argumentos y propuestas.

 

 

 

 

Ponencia inicial

Un debate cargado de presente y de futuro

Un debate cargado de presente y de futuro

Diálogo y negociación para una salida progresista a la crisis

  • Enrique del Olmo

    Sociólogo

  • Gabriel Flores

    Economista

La crisis global y multidimensional de la que el coronavirus ha sido el detonante plantea un nuevo escenario vital que afecta a todos los componentes de las relaciones humanas, sean de índole económica, social, cultural, institucional o geopolítica, incluyendo las que mantiene nuestra especie con la naturaleza de la que somos parte, por mucho que mostremos tanto empeño en deteriorarla, explotarla y recortar la biodiversidad que le sirve de sostén y equilibrio. Nada ni nadie escapa a los impactos de esta gran crisis de inciertos desarrollo y resultados.

Lo que comenzó siendo una crisis sanitaria acabó, a los pocos meses, paralizando la actividad económica, por la obligada decisión de confinamiento de la población, e impactando sobre estructuras sociales, económicas y ecológicas profundamente desequilibradas y vulnerables. Tanto el modelo de capitalismo y globalización neoliberales como la cohesión económica, social y territorial o el medio natural del que depende la vida y la civilización se encontraban ya, antes de la pandemia, deteriorados. Volver atrás, al modelo de crecimiento y a las relaciones y estructuras productivas previas, no resolvería ninguno de los problemas que esta crisis ha desvelado. La tarea a llevar a cabo, por tanto, es doble: defender a la ciudadanía de los impactos destructivos de la pandemia y sus dañinas consecuencias económicas y sociales y superar las causas que han multiplicado el potencial destructivo de esta crisis global.

El análisis del nuevo tiempo que vive nuestro país y el conjunto de la humanidad requiere, sin duda, una mayor perspectiva temporal y un abordaje global de las múltiples causas, tendencias en acción, interrelaciones y potenciales efectos de las crisis desatadas por la pandemia. Sin embargo, la acción política no puede esperar, la sociedad, sus representantes políticos y las instituciones están obligados a actuar en el presente, en defensa de la vida y la salud de la ciudadanía, sus condiciones de trabajo, derechos, libertades y convivencia. Y seguirán tomando decisiones, como en los últimos dos meses, en unas condiciones de incertidumbre radical, mientras sigamos situados en el ojo del huracán de la pandemia y cuando ésta haya pasado y podamos hacer recuento de los destrozos causados y aplicar los planes para reconstruir lo dañado y recuperar la actividad económica. La acción política, el debate y la lucha social o la tarea de gobernar no pueden esperar.

Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía y tengan su ámbito de resolución al alcance de los votos, críticas y movilizaciones de la mayoría social: las administraciones públicas españolas y las instituciones europeas que dependen de las decisiones y el control de la sociedad civil y de sus representantes políticos.

Para iniciar y contextualizar este debate adelantamos algunos puntos de caracterización del momento político que intentamos desentrañar y en el que se inscribe la principal iniciativa política del Gobierno de coalición PSOE-UP, su propuesta de amplios acuerdos al conjunto de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales e instituciones, sin excepciones ni restricciones, para afrontar en común la búsqueda de soluciones a una parte de los grandes retos y problemas que plantea la actual crisis a nuestra sociedad y a nuestro país:

1. Hemos entrado en una nueva fase política en la que perviven lastres e inercias de un largo periodo de crisis e inestabilidad y evidentes problemas de gobernabilidad que se arrastran, al menos, desde 2016. Contamos con la reciente constitución de un gobierno de coalición progresista (una experiencia inédita en la última y larga etapa democrática de nuestra historia colectiva) que se sostiene en un limitado apoyo parlamentario y depende, en las grandes decisiones que exigen mayorías absolutas, de la negociación con un heterogéneo conglomerado de fuerzas políticas y, especialmente, de partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Un gobierno progresista aparentemente débil y una oposición de derechas aún más débil y fragmentada que no tiene ninguna posibilidad de armar una moción de censura viable ni una propuesta alternativa de gobierno.

Casado y Abascal han optado, en una situación tan excepcional como la de la pandemia, por promover la crispación social y la confrontación política para intentar maniatar y romper al gobierno progresista y encubrir esa labor tras la idea de una gran coalición dispuesta a imponer de una vez su versión uniforme, hosca, cerrada e intolerante del nacionalismo español. A pesar de esa oposición de derechas y extremas derechas que no han prestado ningún apoyo a la gobernabilidad o la gestión de la pandemia, acompañando a su desmayado apoyo al Estado de Alarma con brutales e inmorales campañas de acoso, este gobierno de coalición progresista ha construido y sigue reforzando un escudo social que protege a la mayoría social y los empleos, rentas y bienes públicos que sustentan el bienestar de la ciudadanía y el futuro del país.

2. Para abordar en profundidad esta crisis, restañar las tremendas heridas producidas en nuestra sociedad y superar el desastre económico ha aflorado una amplísima demanda social (que todos los estudios de opinión sitúan por encima del 80%) favorable a exigir a las fuerzas políticas que subordinen sus diferencias al bien común en tiempos tan excepcionales y colaboren en la búsqueda y aplicación de las soluciones que cuenten con mayor apoyo porque la sociedad las considera más eficaces y justas. En el mismo sentido somos conscientes que también la capacidad de demanda y de movilización de la sociedad va a ser importante en marcar las agendas de dialogo y las características de las salidas que se den a los diversos problemas.

3. Ese sentimiento de la ciudadanía favorable a la colaboración ha sido acogido y transformado por el presidente del Gobierno en una propuesta de reconstrucción económica y social a todas las fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, instituciones y administraciones públicas (central, autonómica y local). Más allá de las fórmulas que adoptará finalmente esa propuesta, que tendrá que ir acomodándose a las posibilidades reales que determinen el diálogo y las negociaciones en marcha, lo importante es que se abre un nuevo periodo en el que, al tiempo que gana eficacia la lucha contra la pandemia y se refuerzan y amplían las medidas de rescate social y protección del tejido empresarial, se inicia una dinámica de diálogo, negociación, disensos y posibles acuerdos que determinarán el alcance y la naturaleza de los futuros pactos y los apoyos que conseguirán en la ciudadanía. El pasado 11 de mayo, los sindicatos CCOO y UG, las patronales CEOE y CEPYME y el gobierno de coalición progresista abrieron el camino de esa dinámica de diálogo y acuerdo con la firma solemne en el Palacio de la Moncloa de la prórroga hasta el 30 de junio de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por fuerza mayor y la seguridad que ofrecen a millones de trabajadores (que mantendrán sus contratos y una parte sustancial de sus ingresos) y patronal (que se beneficiará de distintas exoneraciones de las cuotas a la seguridad social a cargo de las empresas).

Se demuestra así que las posibilidades de acuerdo existen y que los pactos pueden ser beneficiosos para todas las partes implicadas cuando responden a problemas reales y descansan sobre un justo y equilibrado reparto de los costes que conllevan. Nada tan pedagógico como este acuerdo para deshacer de un plumazo los falsos debates sobre la imposibilidad de alcanzar amplios acuerdos o sobre la inconveniencia de alcanzarlos porque supondrían siempre, al margen de una lectura concreta sobre lo acordado, la preponderancia completa de unos intereses sobre otros. El acuerdo demuestra la responsabilidad y la capacidad de dialogar, ceder y acordar que atesoran los agentes sociales y el gobierno de coalición progresista, incluso en unas condiciones críticas tan excepcionales y con una oposición de derechas que alienta la crispación y promueve la ingobernabilidad.

4. La propuesta y puesta en marcha de esa búsqueda de amplios acuerdos, lejos de suponer una restricción, tiene la pretensión de reforzar la continuidad de la experiencia de cooperación política entre PSOE y UP en las tareas de gobierno y aportar viabilidad a las medidas progresistas. Nadie, en un régimen democrático, tampoco las derechas, puede pretender cambiar la composición de un gobierno legítimamente constituido o maniatar su acción política mediante otro método que no sea el de las urnas. Las negociaciones iniciadas no están encaminadas a formar una nueva coalición gubernamental ni pueden pretender que este gobierno desista en la aplicación de su programa progresista; tampoco, que la oposición renuncie a sus ideas y propuestas o reduzca sus críticas o su labor de control a la acción gubernamental. Los objetivos son otros: explorar las posibilidades de llegar a acuerdos que permitan mejorar la eficacia de la lucha contra el coronavirus y la crisis sanitaria, reforzar el rescate y la protección social, recuperar la actividad económica con la mayor rapidez posible e instalar un nuevo clima político y social que facilite la gobernabilidad del país y una gestión de la crisis que no deje atrás a nadie, asegure un reparto equitativo y justo de sus costes y ofrezca la seguridad y las respuestas urgentes y tangibles que necesita la sociedad.

5. Todos los informes y estimaciones de la evolución económica en lo que queda del año 2020 y datos del desempeño de la economía española y mundial en este corto periodo de tiempo en los que el confinamiento ha impedido gran parte de la actividad económica dan cuenta de la intensa recesión en la que nos adentramos y de la enorme capacidad de destruir empleos, actividad económica y factores productivos de esta crisis. Las últimas previsiones para la economía española realizadas por la Comisión Europea, y publicadas el pasado 6 de mayo, muy parecidas a las que contiene el Programa de Estabilidad 2020-2023 remitido el pasado 30 de abril por el Gobierno de España, señalan un retroceso del PIB en 2020 del 9,4% (solo superado en unas décimas por Italia y Grecia), una tasa de desempleo del alrededor del 19% (solo superada por Grecia), un déficit público cercano al 10% (debido al fuerte aumento del gasto público y a la caída de los ingresos tributarios) y un aumento de algo más de 20 puntos porcentuales de la deuda pública, hasta el 115,5% del PIB.

En resumen, un auténtico desastre económico y social sin parangón histórico en tiempos de paz. Las grandes diferencias con los datos reales acumulados durante las dos recesiones sufridas por la economía española entre 2008 y 2014 son una menor afectación del empleo, gracias a las medidas tomadas por el Gobierno de coalición progresista en defensa del mantenimiento de los empleos, a través de los ERTE, un mayor esfuerzo en las prestaciones a las personas en situación de desempleo y la próxima aprobación de una nueva renta mínima que entrará en vigor y se hará efectiva el próximo mes de junio. Las medidas que se están tomando para afrontar y superar esta nueva crisis global nada tienen que ver con la nefasta estrategia de austeridad y devaluación salarial seguida ante la crisis financiera global que estalló en 2008.

La incertidumbre reinante y la falta de conocimiento sobre la evolución y las posibilidades de encontrar una vacuna o remedio terapéutico que permita controlar y superar la pandemia hacen que los ejercicios de previsión económica más allá de este año 2020 tengan mucho de invención, pero permiten hacerse una idea de la capacidad inmediata de destrucción de factores productivos y crecimiento potencial de la crisis y de la importancia de reducir sus impactos e impedir que se consoliden, para lo que sería necesario contar con la financiación necesaria para impulsar lo más rápidamente posible la actividad económica. No se trataría de limitarse a reconstruir o recuperar el tejido productivo y empresarial y el modelo de crecimiento destruidos o dañados, sino que esa reactivación económica también debe aspirar a dirigir las tendencias y los nuevos factores que surgen de esta situación crítica y que terminarán alumbrando las nuevas estructuras y especializaciones productivas, las actividades, relaciones económicas y empleos del futuro.

6. En el marco de esta crisis sanitaria, social y económica sin precedentes se pondrán sobre el tapete de los debates y posibles acuerdos un gran número de cuestiones que, sin ánimo de agotar los temas a tratar, abarcarían un amplio listado de asuntos:

  • La consolidación y mejora de la Sanidad Pública y el Sistema Nacional de Salud.
  • La puesta en pie y la financiación del cuarto pilar del Estado del Bienestar: el sistema de servicios sociales y políticas públicas de cuidados, con atención especial al sistema de protección a mayores, victimas lacerantes del coronavirus y la desprotección de las autoridades.
  • La protección de los trabajadores y hogares especialmente afectados por la crisis económica y los mayores riesgos de exclusión social. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de los cuidados, actividad desarrollada mayoritariamente por mujeres. Precisamente, uno de los colectivos más desprotegidos y que está en su inmensa mayoría integrado por mujeres es el de las Empleadas de hogar.
  • El impulso de todas las medidas contempladas por la Ley contra la violencia de género con objeto de aumentar la protección de todas las mujeres víctimas de la violencia machista, con la dotación y los medios que sean necesarios. El confinamiento ha vuelto a poner en evidencia de forma dramática la insuficiencia de las medidas actuales.
  • El establecimiento de una renta básica para todas las personas afectadas por el desempleo, la precariedad y la falta de ingresos suficientes.
  • La mejora de la calidad del empleo con las modificaciones de la estructura y la regulación del mercado de trabajo y el fortalecimiento del diálogo social y la negociación colectiva que permitan superar la inestabilidad, precariedad y temporalidad de los empleos. Los ERTE han sido un ejemplo.
  • La protección de las actividades empresariales, especialmente de Pymes y autónomos que conforman el grueso de nuestro tejido empresarial, impidiendo que los problemas de liquidez o financiación acaben en cierres definitivos y desaparición de empleos.
  • La atención a los sectores económicos y productivos especialmente perjudicados por la crisis para favorecer su modernización o reconversión hacia actividades de mayor valor añadido.
  • La reforma en profundidad de la política de vivienda, que se ha convertido en una fuente inagotable de problemas: concentración de la propiedad, dificultades de acceso, inflación de precios, inexistencia de oferta de vivienda social, generalización de los desahucios en el alquiler, transformación de las viviendas de uso residencial en uso turístico…
  • El incremento sustancial de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación que son la base de los nuevos sectores tecnológicos del futuro.
  • El aumento de la inversión destinada a mejorar la calidad de la enseñanza pública y la cualificación y formación continua de los trabajadores.
  • Para terminar este listado de temas, que solo tiene la pretensión de ilustrar algunas de las muchas cuestiones a debate, es necesario mencionar la necesidad de contar con una estructura y políticas fiscales sólidas y de carácter redistributivo que permitan sostener las medidas económicas y sociales a adoptar para recuperar el bienestar y los derechos de la ciudadanía.

En todos estos temas hay que tomar como referencia dos aspectos trasversales, la transición ecológica y las políticas de género, que nuestra sociedad ha ido incorporando mayoritariamente como preocupaciones importantes y que la crisis del COVID-19 ha puesto de nuevo de manifiesto en un sentido contradictorio (ya que se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero y las denuncias de maltrato machista), pero que sirve para que las alertas y preocupaciones relacionadas con esos dos aspectos se pongan sobre la mesa al abordar cualquiera de los temas, cuestiones o reformas que se quieran abordar.

7. En el ámbito europeo, la cuestión central seguirá siendo en los próximos meses una mayor corresponsabilidad de los Estados miembros y las instituciones comunitarias en la lucha contra la pandemia y sus efectos económicos y sociales directos e inmediatos. Y en un futuro próximo, cuando la pandemia esté más controlada, la existencia de un fondo de reconstrucción económica y la aplicación de un plan europeo de inversiones modernizadoras que no se traduzcan en un aumento sustancial de la deuda pública de los Estados miembros, porque muchos ya están altamente endeudados y no pueden fragilizar aún más sus cuentas públicas, ni en una mayor disparidad en los niveles de endeudamiento, porque impedirían la existencia de igualdad de condiciones en la competencia en el mercado único. La austeridad y los recortes no conforman ningún tipo de solución ni pueden volver a ser parte de las recetas impuestas por las instituciones comunitarias para salir de esta nueva crisis. En su lugar, la cooperación entre los Estados miembros y con las instituciones comunitarias en torno a un programa común de lucha contra el cambio climático y un nuevo acuerdo verde de desarrollo económico deben ser los puntos de partida en el impulso de las actividades económicas y los empleos del futuro. Y del reforzamiento de un proyecto de unidad europea en el que sigan vivos los principios de solidaridad y cohesión, económica, social y territorial.

8. Ya veremos qué ritmo y formas toman los primeros pasos y ejemplos del diálogo entre fuerzas políticas, agentes económicos y sociales e instituciones; y qué alcance y en torno a qué temas será posible alcanzar unos acuerdos que permitan superar esta crisis y sus impactos. En todo caso, no se trata tanto de imaginar un mundo nuevo, como de alcanzar acuerdos posibles que permitan mejorar la situación y atemperar o solucionar los graves y urgentes problemas que amenazan las condiciones de vida y trabajo de la población, el futuro del país y nuestra convivencia. El diálogo y los acuerdos que se ponen en marcha no son, ni previsiblemente llegarán a ser, discusiones constituyentes o semiconstituyentes que aborden asuntos relacionados con el régimen político o la estructura territorial del Estado, porque escapan a los afanes de la iniciativa y a las restricciones que impone el mapa político y electoral actual y, cuestión fundamental, a los requerimientos y exigencias que plantea la mayoría social en estos momentos de crisis. Tampoco serán el marco en el que se puedan abordar la crisis territorial o, de forma más explícita, los acuerdos o desacuerdos con el Govern de la Generalitat y las fuerzas independentistas, que ya tienen establecidos sus propios marcos e itinerarios de diálogo y debate, por mucho que hasta ahora hayan resultado poco operativos y tendrán que ser revisados si se pretenden revitalizar. La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos. En todo caso, lo que está por dilucidar es la capacidad de esta iniciativa para aportar soluciones a los problemas que, finalmente, terminen abordándose.

Cada uno de los temas que hemos mencionado u otros que acaben ganando relevancia en el debate público y acaben acordándose obligará a un desarrollo específico de las medidas y de la financiación necesaria para que se lleven a cabo. Es el momento de fortalecer nuestro limitado Estado de Bienestar y revertir el deterioro causado a los bienes públicos, y no sólo por los gobiernos del PP, a partir de los años 90 del siglo pasado. Aumentar el peso y la calidad de los bienes públicos es una demanda ampliamente sentida por la ciudadanía y cuenta a su favor con un amplio consenso social. Hemos conocido una década (la de los 80) de construcción y desarrollo del Estado de Bienestar y cerca de tres décadas en las que prevalecieron las transferencias de rentas y bienes públicos hacia manos privadas e intereses corporativos, descapitalizando de recursos humanos, materiales y financieros los servicios públicos.

Detrás del “tenemos una sanidad de las mejores del mundo”, se ocultaba un sistema frágil que se iba deteriorando: la Salud Pública (que aborda la prevención, vigilancia y promoción) es sólo el 1% del gasto sanitario público y el presupuesto ministerial estaba en 2017 en el mismo nivel que en 2008. Y si hablamos de servicios sociales los parámetros son todavía peores, se han convertido (como se ha visto en la dramática experiencia de las residencias de mayores), casi exclusivamente, en una fuente de negocio privado que ha experimentado un crecimiento anual del 4%, a costa de un deterioro continuo del servicio público. Hoy, las residencias privadas de mayores tienen 271.696 plazas, mientras las públicas apenas alcanzan las 100.000, arrastrando un modelo inaceptable de gestión que ha sido definido como una mezcla “de cuartel, hospital y hotel”. Toda la experiencia de deterioro de los bienes públicos de las últimas décadas nos sitúa ante un problema que no se puede abordar con medidas menores de maquillaje, sino con una inversión decidida en presupuestos y personal que nos acerquen a los porcentajes europeos en gastos e inversiones que fortalezcan los bienes públicos y la protección social.

El debate que ahora iniciamos intenta impulsar el seguimiento y desarrollo de las propuestas y negociaciones sobre el modelo de reconstrucción social y modernización productiva que nuestro país y Europa necesitan. Las intervenciones, obviamente, podrán versar sobre los aspectos más generales o sobre los aspectos sectoriales, transversales o específicos que hemos mencionado o sobre otros que os parezcan de tanta o mayor importancia, pero en todos los casos os pedimos un esfuerzo de síntesis e interacción con las intervenciones que se vayan publicando, para remarcar el carácter de debate y contraste entre diferentes puntos de vista y argumentos.

Probablemente, algunos de los temas que cobren mayor interés social o se conviertan en foco de atención de la opinión pública en los próximos meses no aparezcan en esta intervención inicial. Irán apareciendo a medida que se desarrollen las negociaciones entre fuerzas políticas en la comisión parlamentaria, en las mesas de diálogo social, en los debates entre las administraciones públicas centrales, autonómicas y locales o, incluso, en la preparación y tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2021 (porque, al final, esos PGE serán expresión de los avances o estancamiento de las negociaciones). Por ello, también resultaría muy interesante recibir textos de análisis sobre algunos de los nuevos temas o aspectos de las discusiones y negociaciones que marquen la actualidad.

Nada nos gustaría más que este nuevo debate en Espacio Público permitiera aclarar las diferentes posiciones y cuestiones en juego en este proceso negociador y que las intervenciones y debates contribuyan a articular una salida progresista a la crisis.

moderado por:

  • Gabriel Flores

    Economista

Conclusión del debate

El coronavirus acabó atropellando al mundo y lo dejó maltrecho. La pandemia y el confinamiento han trastocado en los dos últimos meses nuestras vidas y todos nuestros planes. Hemos tenido que acomodarnos a una nueva, incómoda y, en muchos casos, terrible situación.

La catástrofe humanitaria ha supuesto hasta ahora, según los datos a 19 de mayo de 2020 del Coronavirus Resource Center (John Hopskin University), más de 300 mil muertos y cerca de 5 millones de personas contagiadas en todo el mundo. Un macabro recuento provisional de víctimas que nadie sabe cuándo acabará ni qué techo alcanzará. Una auténtica catástrofe que en España ha sido particularmente grave, con 27.709 muertos y 231.606 personas contagiadas hasta el 18 de mayo. Entre las causas que explican la mayor incidencia de la pandemia en nuestro país se pueden apuntar, sin temor a equivocarse, el desbordamiento sufrido por una debilitada y recortada sanidad pública y el mercantilismo rampante en el que quedaron atrapadas las residencias de mayores en muchas Comunidades Autónomas, tras ser entregadas como objeto de negocio a la gestión privada de empresas bien relacionadas con el poder político.

La crisis sanitaria y el confinamiento obligado para impedir el contagio masivo provocaron una parálisis de la actividad económica y modificaron nuestros hábitos y algunos de nuestros miedos, ideas y prioridades. Pueden ser cambios duraderos o un paréntesis temporal, desconocemos la solidez y capacidad de prolongarse en el tiempo de los cambios producidos; nadie puede saber si en las nuevas condiciones de desescalada progresiva en las que desarrollaremos nuestras vidas y trabajos en las próximas semanas, quizás meses, se recuperará la vieja normalidad perdida o primará la emergencia de otra normalidad.

Cuando comenzó el confinamiento, a mediados del pasado mes de marzo, entramos en territorios desconocidos. Espacio Público afrontó esa situación excepcional tomando dos decisiones: aplazar temporalmente la sesión presencial que pretendía dar por concluido el interesante debate que en defensa del derecho a la salud mental se desarrollaba en aquel momento (se intentará reanudar el próximo otoño, antes de celebrar el acto presencial de cierre) y abrir un nuevo debate, “¿Qué nos estamos jugando en esta crisis?”, con el que pretendíamos mantener abierto un canal de comunicación que permitiera alentar la reflexión colectiva y darnos la posibilidad de expresar las preocupaciones, experiencias, temores o sueños de futuro ante la nueva situación.

El artículo inicial de Orencio Osuna, “Ahora y después de la pandemia”, era una invitación a compartir los primeros análisis y percepciones sobre lo que estaba pasando, los retos que planteaba la pandemia y el futuro cargado de incertidumbres en el que nos adentrábamos. En el terreno de las opciones político-estratégicas se señalaban dos posibles derivas a evitar, una “solución asiática”, que combinaría nuevas tecnologías y dominio totalitario, y una “solución neoliberal”, en la que la mano invisible de unos mercados globales sin límites, regulaciones o instituciones multilaterales de arbitraje ofrecerían nuevas y mayores oportunidades a los más aptos o adaptables a los indicadores e incentivos mercantiles, mientras profundizaba el malestar, el desconcierto y nuevas restricciones en los derechos y libertades de la mayoría social. El futuro no está encerrado en esas dos opciones, hay otras alternativas. Hay otros mundos y opciones posibles por explorar y hacer, múltiples formas de encarar la crisis y muy distintas políticas y soluciones que permitirían dar una respuesta progresista y democrática a los desastres ya ocasionados y por venir. Y de eso era de lo que queríamos hablar.

Un mes y medio después de aquel artículo inicial, 37 amigas y amigos de Espacio Público han tenido a bien poner por escrito sus inquietudes, conocimientos o experiencias y hacernos partícipes de sus opiniones y conjeturas sobre la nueva situación, los interrogantes abiertos por las crisis desatadas por el coronavirus y contarnos cómo querían, imaginaban o temían que fuera el futuro que aguarda al final de la pandemia. Ese alto número de intervenciones supone una muestra más del grado de responsabilidad con el que la ciudadanía ha vivido el confinamiento y la importancia que le damos a poder compartir sus reflexiones, debatirlas colectivamente y someter al examen crítico de los lectores nuestras ideas y percepciones sobre la situación.

Gracias a la generosidad de las personas que han intervenido en este debate escrito y nos han hecho partícipes de sus reflexiones, hemos podido conocer y contrastar diferentes opiniones y argumentos sobre lo que nos estamos jugando en esta crisis, tanto en el ámbito de los espacios sociales y los asuntos más cercanos como en aquellos hechos, tendencias o interrogantes más globales y abstractos que trascienden los límites de la ciudad, el país o el proyecto de unidad europea del que formamos parte.

El amplio abanico de temas que nos afectan y preocupan

Todas las intervenciones que nos han llegado han sido publicadas tal cual, sin ningún tipo de cortapisa o restricción, lo que muestra la voluntad de Espacio Público de servir de canal de comunicación libre de toda injerencia y al servicio de la libertad de expresión. Una reflexión colectiva y un debate público que se quieren argumentados, respetuosos y capaces de entender las diferencias y los disensos como componentes naturales y esenciales de los procesos de conocimiento, en lugar de considerarlos un lastre, descortesía o intencionada agresión.

Los temas abordados, como era de esperar, han sido muchos y con miradas muy variadas. En realidad, una panoplia de ideas y propuestas tan heterogéneas como las prioridades o los centros de atención y preocupación de los sectores progresistas y de izquierdas de una sociedad compleja, diversa y abierta a múltiples influencias y condicionantes como la nuestra.

No se me ocurre ningún asunto significativo que haya quedado fuera de esta mirada colectiva que han ido tejiendo y ofreciendo las intervenciones. Imposible resumirlas sin caer en una simplificación excesiva de la riqueza de voces, análisis y matices que expresaban. Quedan ahí, en la web de Espacio Público, a la espera de nuevos lectores que quieran conocer una buena selección de los asuntos que preocupaban a la ciudadanía durante el confinamiento y de las reflexiones a que han dado lugar.

Con la única intención de despertar el interés por su lectura cabe decir que las intervenciones tratan un amplio número de cuestiones que van desde las más globales, como los potenciales cambios geopolíticos que puede favorecer la pandemia, la importancia de las respuestas de la UE en la resolución de los problemas o las similitudes y diferencias en los impactos y evolución de la crisis en Italia y España, hasta experiencias concretas de construcción de redes de solidaridad y autoayuda en Sevilla, en torno a los sectores más vulnerables (jornaleras, inmigrantes, prostitutas), la convivencia en un barrio de Madrid o la llegada del agua y el sostenimiento de un pequeño centro de salud para contener la pandemia en un pueblo de la República de Mali.

También se han tratado diferentes tipos de controversias teóricas, como las nuevas formas que reviste el viejo debate entre seguridad y libertad, las consecuencias del uso depredador que hacemos de los ecosistemas o el contrapeso que debe ejercer una mayor presencia de la sociedad como comunidad a la previsible tendencia al fortalecimiento del Estado.

La iniciativa del Gobierno de coalición progresista de impulsar el diálogo y promover amplios acuerdos entre fuerzas políticas, agentes sociales (como el que ha concluido en el Acuerdo Social en Defensa del Empleo firmado el pasado 8 de mayo por sindicatos, patronales y gobierno de España) o mayores grados de cogobernanza entre administraciones públicas, ha recibido la atención de varios intervinientes que la han valorado con división de opiniones en cuanto a su eficacia, oportunidad o viabilidad.

También han sido objeto de reflexión los impactos de la crisis sobre las desigualdades de renta o de género y la necesidad de reforzar el modelo de protección social, los servicios sociales y los cuidados para conseguir una distribución equitativa del trabajo doméstico y los cuidados entre hombres y mujeres e impedir que la economía de los cuidados sirva como amortiguador de las crisis del sistema a costa del trabajo no remunerado ni valorado y el aislamiento y la subordinación de las mujeres.

Pero, sin duda, el tema que más atención ha concitado es el de las políticas de Salud, el examen del mediocre estado del Sistema Nacional de Salud al que habían conducido las políticas de recorte y privatización, la indefensión en la que se han encontrado los profesionales sanitarios en la lucha contra la pandemia, la necesidad de reforzar la Atención Primaria para tener una mejor sanidad pública, la importancia de los aplausos al personal sanitario como reconocimiento a su entrega y profesionalidad o la necesidad de un fortalecimiento de la sanidad pública y los sistemas nacionales de salud en el que participen instituciones comunitarias y mundiales.

Una nueva fase política y un nuevo debate

Nada está escrito de antemano y mucho de lo por venir dependerá del curso que siga la acción de la ciudadanía. Las clases y grupos sociales o los diferentes centros de poder seguirán manteniendo su pugna en defensa de sus múltiples y contradictorios intereses y objetivos, al tiempo que las fuerzas políticas que los representan intentarán construir una voluntad parlamentaria mayoritaria que permita a las instituciones del Estado traducirla en políticas practicables. En todo caso, se haces necesarias unas condiciones mínimas de estabilidad política y social que den soporte a un proyecto de país que pueda suscitar unos apoyos sociales y parlamentarios más firmes y amplios que los actuales y una gobernabilidad suficiente que permitan llevarlo a cabo.

Comienza una nueva fase de la crisis, en las que las tareas institucionales serán más arduas y de gestión más compleja que las que se han llevado a cabo en los últimos dos meses. Y no solo porque no sabemos si habrá rebrotes y marchas atrás en el control de la pandemia o si se logrará superar la confrontación, el ruido y la crispación reinantes, sino porque las tareas de reactivación de la economía son mucho más complejas que las realizadas hasta ahora para minimizar la pérdida de empleos, rentas y actividades económicas, que dependían fundamentalmente de las posibilidades de contar con la financiación suficiente o endeudarse. En las futuras tareas de reactivación de la economía se necesitarán mucha más financiación y un potente programa de inversiones capaz de dar vida e impulso a los empleos, actividades, industrias y especializaciones de futuro, tanto en la economía española como en la comunitaria.

Hay que definir una hoja de ruta colectiva para la reactivación económica que pasa necesariamente por más gasto público y, por tanto, más déficit y más deuda, porque no solo implicará una gran inversión a largo plazo en la que los retornos irán con retraso respecto a los desembolsos, sino porque implicará también más gastos para asegurar las rentas de más personas desempleadas, acogidas a expedientes de regulación (ERTE) y hogares en situación de pobreza, más préstamos con garantías públicas y más moratorias en el pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social de autónomos en cese de actividad y pequeñas empresas.

Y esos mayores requerimientos de financiación y desequilibrios en las cuentas públicas requieren acuerdo social, cooperación, reducción de la crispación política y social y apoyo y fondos comunitarios. No va a ser una tarea fácil. Y ese es el nuevo tema a debate que os proponemos y que comenzará en los próximos días.

Termino trascribiendo un diálogo a través del tiempo que inició en el siglo V a.C. el dramaturgo griego Eurípides: “Lo esperado no sucede, es lo inesperado lo que acontece”. Lo matizó 25 siglos después el economista inglés Keynes: “Lo inevitable nunca ocurre, siempre sucede lo inesperado”. Y apenas pasó medio siglo para que, en 2012, el novelista italiano Tabucchi añadiera una dosis de escepticismo: “Keynes decía que lo inevitable no sucede nunca y otros piensan que lo inesperado tampoco”.

Sería conveniente mantener la alerta en los próximos meses, no dejarse encerrar por ideas o teorías del pasado y observar con atención los nuevos datos y tendencias que nos proporcione el movimiento real de los acontecimientos. Por si llega otra vez lo inesperado, al menos poder reconocerlo.

Cerramos este debate e iniciamos uno nuevo, más acotado y centrado en la búsqueda, valoración y análisis de las respuestas y medidas políticas que permitan mantener bajo control la pandemia, organizar democráticamente nuestra convivencia e impulsar la reactivación económica a favor de la mayoría social y con la voluntad manifestada reiteradamente por el Gobierno de coalición progresista de que ninguna persona, hogar o sector social se quede atrás. Esperamos contar de nuevo con vuestra participación, apoyo e intervenciones.

Ponencia inicial

¿Qué nos estamos jugando en esta crisis?

¿Qué nos estamos jugando en esta crisis?

Ahora y después de la pandemia

  • Orencio Osuna

    Director de la Fundación Espacio Público

Nos damos una pausa

Y nos disponemos a reflexionar colectivamente sobre qué nos estamos jugando ahora

Covid-19 nos obliga a un replanteamiento de casi todo. Los impulsores de la fundación Espacio Público teníamos previsto dar por concluido el debate sobre el derecho a la salud mental con una sesión presencial, como hemos hecho con todas las cuestiones que hemos sometido a discusión durante los últimos años.

Previmos la convocatoria de un coloquio sobre ese gran tema de nuestra época el pasado día 25 de marzo, con la participación de personas muy cualificadas. Las medidas que se dieron a conocer al conocerse los primeros casos de coronavirus en el Estado español nos obligaron a un cambio de planes. Decidimos aplazar este acto y otro que ya habíamos convocado para el día 12 sobre Catalunya. No nos dimos nuevas fechas, obviamente, a la espera de la evolución de la crisis.

Pensamos en la posibilidad de mantener la discusión por escrito sobre el derecho a la salud mental, teniendo en cuenta el impacto de Covid-19, pero el consejo de gobierno de Espacio Público, reunido en teleconferencia con la asistencia del profesor Joseba Achotegui, autor de la ponencia con la que abrimos la reflexión, decidió “poner en pausa” tal debate. Pensamos que en este momento, en el cual la crisis del coronavirus lo ocupa todo, necesitábamos darnos un tiempo para pensar, para que los propios especialistas e interesados en la materia tengan tiempo para el análisis y la reflexión.

Achotegui y otros miembros del equipo nos hicieron ver que es mejor no favorecer la improvisación y propiciar el tratamiento sobre el impacto del coronavirus en la salud mental con una cierta perspectiva. Volveremos sobre el tema pues, y lo pondremos en conocimiento de todas las personas interesadas en este debate.

Al margen de ello, los impulsores de Espacio Público consideramos que convenía abrir una ventana en nuestra web, un apartado para la reflexión sobre los grandes interrogantes abiertos con la pandemia. Por ese motivo, nos proponemos la publicación de textos breves en torno a las implicaciones del Covid-19 en nuestras sociedades, sobre los efectos de esta devastadora enfermedad en la vida de las personas, en el trabajo, la economía, el medio ambiente, la propia salud, la convivencia, las instituciones, la política…

¿Qué nos estamos jugando en esta crisis?

Ahora y después de la pandemia

«Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía de la enfermedad del insomnio, y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Fue así como les quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por guacamayas, y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad sólo se transmitía por la boca, y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas por el insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena, que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural, y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir«. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.

Aún no hemos podido metabolizar -como dice el profesor Joseba Achotegui- el shock terrible del coronavirus en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos. Aunque tememos y podemos intuir, que la catástrofe va a afectar a muchos de los modelos y valores sobre los que se asienta nuestra vida personal y social. La angustia, el miedo y la incertidumbre sobre el futuro que nos aguarda, individualmente y como país, pesa como una losa insoportable a la hora de identificar qué nos está pasando y que nos pasará cuando esta pesadilla acabe. Quizás esta siniestra distopía que sufrimos hoy, abra paso mañana a un tiempo de cambios y transformaciones que impida que el feroz capitalismo neoliberal -que domina el sistema mundo sin contrapesos, ni piedad- continúe sometiendo al planeta a una veloz carrera hacia su destrucción, reduciendo a los ciudadanos a meros generadores de plusvalía y figurantes inermes de la codicia de las oligarquías transnacionales. O, por el contrario, que esta crisis facilite la consolidación de un modelo aún más destructivo, en el que la preservación del planeta, los derechos humanos y la democracia, la libertad, la fraternidad y la justicia acaben siendo antiguallas arqueológicas para estudio de hermeneutas y nostálgicos.

Pero a pesar de la negra y espesa niebla de la pandemia, emerge ya una auténtica tormenta de ideas, perspectivas y reflexiones, que como los ciegos del “Ensayo sobre la ceguera” de Saramago, nos pueden ir sirviendo de guías que nos ayuden a desentrañar algunas claves para comprender qué está pasando y qué puede pasar.

Es el caso del coreano Byung Chul Han, en este artículo señala la profundidad del cambio civilizatorio que anuncia la doble utilización de la tecnología, por un lado, como instrumento de dominio totalitario y, por otro, como escudo benefactor ante los males de nuestro tiempo. La utilización del big data, los móviles, las aplicaciones informáticas y las redes sociales en la “solución asiática” de la pandemia -que está resultando probablemente eficiente- nos adentra en un mundo manejado por poderes cada vez más inaccesibles e incontrolables para los ciudadanos. Un arquetipo de sociedad que puede devenir en una horripilante distopía que combine una especie de irrealidad virtual tipo Matrix, con sus añadidos de reino de las fake news totalitarias imaginadas por Orwell en su “1984” y el dominio de los machos alfa y el consumo masivo del “soma” de la felicidad del “Mundo feliz” de Huxley.

Claro que la alternativa de la “solución neoliberal” que propugna el grotesco trío Boris/Trump/Bolsonaro -con su correlato de secuaces- es aún más espantosa: un mundo en el que impere con mano de hierro la milagrosa “mano invisible” del libre mercado sin límites, ni regulaciones, que favorece una suerte de darwinismo social en el que sólo pueden sobrevivir los más aptos. Ante una catástrofe humana como la del covid-19, les trae sin cuidado condenar a muerte a millones de viejos, pobres y enfermos, porque lo más importante no es la vida humana, si no la sagrada “economía”, es decir los intereses del sistema capitalista. Pero a pesar de utilizar los mismos o análogos instrumentos tecnológicos y autoritarios, existe una diferencia entre la “solución neoliberal” de lucha contra el coronavirus y la “solución asiática”: al menos ésta última antepone salvar vidas humanas.

Por supuesto, en toda época la tecnología ha tenido la doble función de fuerza liberadora y de opresión. Se trata de una interacción en la que la sociedad participa y decanta, con revoluciones, reformas o evoluciones. Ahora en España, en la lucha contra la pandemia, lo que debe hacer, a mi juicio, el gobierno de coalición es ganarse a la mayoría de la sociedad con medidas concretas y eficientes, esencialmente que se fortalezca el sistema sanitario y se cree un potente escudo social que proteja realmente a todos los sectores golpeados por la profunda crisis que va a producir inexorablemente.

Para que ello sea posible habrá que liquidar ya el dañino ciclo austericida y tejer las alianzas que empujen a la UE a una política de reconstrucción, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Si no fuese posible ese cambio en la UE, su futuro será una progresiva y muy tensa descomposición y un paso hacia la irrelevancia geopolítica de Europa en la nueva correlación de fuerzas mundial. Sólo así -defendiendo la salud de la población y apoyando a los trabajadores y los sectores más golpeados por la nueva crisis- el gobierno progresista encontrará el apoyo de una ‘respuesta popular’ democrática. De fracasar en esa estrategia, es muy probable que se vaya construyendo una mayoría social y política contraria, que acabe confiando el gobierno a un bloque de fuerzas compuesta por una extrema derecha populista ultra nacionalista y xenófoba, el conservadurismo nacional católico y el catecismo neoliberal. Para ello las derechas usarán todos los recursos, trampas y demagogia a su alcance, pero su fuerza radicará esencialmente en los errores y debilidades de la coalición de gobierno. La batalla no se dirimirá en internet, ni tampoco en las políticas de comunicación y la fabricación de storytelling por parte de los spin doctors de turno.

Esas batallas se ganarán si realmente se apoyan en la realidad de los hechos y en que los compromisos programáticos se gestionen y ejecuten con pericia y determinación. El compromiso de luchar contra el cambio climático; las medidas concretas por una transición energética; la prioridad de financiación para los programas de igualdad de la mujer; el fortalecimiento de los servicios y de las políticas públicas, especialmente la sanidad, la enseñanza, las pensiones, la dependencia, las residencias y la vivienda; una distribución más igualitaria de las rentas y la progresividad fiscal.

Todo ello no ha de ser palabrería, ni postureo, sino decisiones y compromisos concretos. Sin maximalismos, ni retóricas vacuas, sin gesticulaciones estériles, ni pequeñas políticas de campanario. Pero siempre sabiendo cual es la correlación de fuerzas realmente existente y que ésta siempre es cambiante.

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • Juan Tortosa

    Periodista

Conclusión del debate

Puedes ver el texto aquí: https://blogs.publico.es/joseba-achotegui/2020/11/29/debate-sobre-la-salud-mental-en-tiempos-de-pandemia/

Ponencia inicial

En defensa del derecho a la salud mental

En defensa del derecho a la salud mental

La diferencia no es una enfermedad

  • Joseba Achotegui

    Psiquiatra y profesor titular de la Universitat de Barcelona

Se exponen en este texto una serie de planteamientos básicos acerca de cómo abordar la atención en el área de la salud mental en el mundo de hoy. El objetivo es abrir un debate en el que puedan intervenir y expresar sus ideas, el máximo número de profesionales, así como de usuarios y personas o grupos interesados en la mejora de la atención a las personas.

El texto se ha estructurado a partir de una serie de ideas fuerza, por supuesto, todas ellas interconectadas, que expongo a continuación:

1.  Se parte de la base de que cualquier planteamiento sobre la salud mental tiene detrás una teoría, unos conceptos, a partir de los cuales se desarrolla su exposición. Pero se ha de tener en cuenta que especialmente en el área de la salud mental no solo hay detrás una perspectiva teórica, muy vinculada a la cultura, sino también toda una serie de elementos ideológicos, ya que se trata de una temática de gran relevancia social.

En relación a esta base teórica, ideológica, es imprescindible buscar en lo posible una perspectiva amplia, basarse en conocimientos científicos aceptados socialmente y en valores compartidos y no en un modelo vinculado a un partido o a un grupo social.

2. Es importante mantener una perspectiva biopsicosocial, valorando las aportaciones de las neurociencias junto a las de la psicología y las ciencias sociales. Lamentablemente no se sigue habitualmente este planteamiento. En la sociedad actual, el peso de una neurociencia con un modelo muy reduccionista de la mente es muy importante y eclipsa al resto de modelos. Así, en los medios de comunicación, e incluso en la formación, se olvida con frecuencia esta perspectiva global biopsicosocial de la salud mental.

En esta área es observable la existencia de una creciente medicalización y pisquiatrización de aspectos de la vida cotidiana. Hay que entender que el estrés y el duelo forman parte de los procesos naturales de adaptación y deben diferenciarse de las patologías mentales.

Desde esta perspectiva biopsicosocial es importante trabajar en equipos interdisciplinares que integren profesionales formados en las disciplinas que abarca esta área  trabajando con modelos que integren los elementos psicosomáticos.

3. Es relevante potenciar la autonomía del sujeto, su capacidad de autoorganización, pero vinculada a la interdependencia, a la vinculación a las  realidades sociales y ecológicas en las que se ubica la persona.  Esta vinculación de la persona a la dinámica de su sociedad es básica para tener un buen apoyo social, un buen capital social, que es fundamental para la salud mental.

Sin embargo, a la vez que se potencia esta interdependencia se ha respetar la libertad de la persona, huyendo de considerar como desviada toda conducta que se aleja de los patrones de funcionamiento standard de la sociedad.

La psicodiversidad es una gran asignatura pendiente. Por un lado está la batalla contra el estigma que existe hacia las personas con trastornos mentales, así como la aceptación de que no es lo mismo ser diferente que estar enfermo. Por otro, la aceptación de la complejidad de la conducta sexual humana, en relación a la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad…, salvo cuando se hace daño, obviamente, como en el caso de la pedofilia.

Así mismo hay que destacar la importancia de la mirada de género, evitando las actitudes y conductas discriminatorias en la asistencia, tanto desde la perspectiva del diagnóstico como desde la de la intervención.

4. Evitar las situaciones sociales que incrementan la vulnerabilidad a los trastornos mentales. Plantear que la exclusión social se halla ligada al trastorno mental, por lo que es importante trabajar en un modelo social que dé oportunidades a todos los ciudadanos. La salud mental no es compatible con sociedades estructuradas en la desigualdad radical.

5. La importancia de que toda la población tenga acceso a una educación de calidad, tanto a nivel humanístico como científico, ya que está demostrado que el nivel educativo es uno de los mejores predictores de salud física y mental. El acceso a una educación de calidad proporciona conocimientos que permiten que la persona cuide mejor su salud, comprendiendo qué elementos le pueden poner enfermo, qué informaciones son ciertas en la propaganda sobre la salud, afectada con mucha frecuencia por informaciones manipuladas, fake news, oferta de productos o técnicas  “milagro” para la felicidad,…

6. Evolucionar hacia una intervención en salud mental en la que se escuche realmente la voz de las personas con trastornos mentales, haciéndoles plenamente partícipes del tratamiento, que no debe quedar solo en manos de los expertos.

7.  La defensa del acceso a la salud y la salud mental como derecho social. Cuando no existe este acceso gratuito o este acceso es precario, es bien conocido que amplias capas de la población que no tienen recursos para pagar la atención privada sufren graves problemas de desatención. Se sabe que las personas de ingresos bajos dejan de ir a los centros de salud y seguir los tratamientos.

8. Potenciar especialmente la atención primaria en salud mental, dada su relevancia en la promoción de la salud, la prevención y la atención precoz de los trastornos mentales.

9. Mejorar los sistemas diagnósticos en el área de la salud mental, dadas las limitaciones de las clasificaciones que se utilizan actualmente.

10. Potenciar la investigación especialmente en relación a los trastornos que más afectan a la población.

11. Prestar a atención a los contextos de estrés laboral y social en relación al mobbing, bullying, burn out.

ÁREAS ESPECÍFICAS

– Trastorno mental grave. Requiere una buena integración de la atención hospitalaria cuando es necesario un ingreso, junto a la intervención ambulatoria, familiar y psicosocial. Tanto los excesos en la hospitalización e institucionalización de las personas con TMG, como en el otro extremos dejar toda la carga del trabajo asistencial en la familias, en buena parte para ahorra costes, comportan graves problemas. Desarrollar sistemas de protección de los derechos de las personas que sufren trastorno mental severo.

– La asistencia a las adicciones, evitando la estigmatización y prestando atención a los factores sociales que las potencian, como la exclusión social, el turismo descontrolado de masas, la publicidad de alcohol dirigida a menores…

– Desarrollo de programas para la atención de los grupos excluidos: sin techo, inmigrantes indocumentados, con especial atención a los contextos sociales de estos grupos humanos que dan lugar a estas realidades.

– Atención de calidad a las minorías e inmigrantes, por parte de profesionales formados en el conocimiento de las características del estrés y el duelo migratorio, con especial atención a las situaciones de separación familiar forzada,  racismo y discriminación, indefensión, así como de las características de las culturas de origen de los inmigrantes, con la habilitación de intérpretes y mediadores. La inexistencia de prestación de una atención de calidad a estas personas, sin tener en cuenta sus características, ya es una muestra de discriminación.

– Desarrollo de los neuroderechos, en un contexto en el que existe un creciente control digital y una creciente manipulación digital que afecta a la libertad de las personas.

– Tener en cuenta, en la atención a los menores y a su área familiar, los diferentes tipos de familia que existen. Prestar atención a los derechos de los menores en un contexto social de pérdida de la privacidad por la invasión de la intimidad vinculada a las redes sociales. Facilitar que los padres puedan cuidar a sus hijos, como factor esencial de salud mental, posibilitando los permisos paternales en el parto y la primera infancia, así como la conciliación familiar.

– Desarrollo de programas para la creciente población de edad avanzada que tiene necesidades específicas y entre la cual los problemas de salud físicos y mentales se entremezclan con frecuencia. Hacer efectiva la ayuda a la dependencia, que funciona con muchos problemas en nuestro país. Potenciar las redes sociales para evitar la soledad, factor de riesgo muy relevante para la salud física y mental. Prestar apoyo y atención a los cuidadores de estos pacientes que sufren altos grados de estrés.

– La importancia de la rehabilitación y la evitación de recaídas poniendo en marcha programas especialmente de tipo psicosocial.

– Atención a la discapacidad y los trastornos del desarrollo.

– La formación de los profesionales de la salud mental tiene importantes retos para la mejora de su labor. En el caso de los psiquiatras se encuentra en gran parte subrogada a los laboratorios farmacéuticos con el obvio sesgo que esto supone para la formación.

– En relación al área de la psicoterapia, es relevante la dotación de medios para la formación de los psicoterapeutas, así como la  regulación del sector, ya que el ciudadano está con frecuencia mal informado, y es víctima de manipulación desde la publicidad y los medios de comunicación.

– Prestación de una atención de calidad a las personas que viven situaciones de violencia y situaciones traumáticas. Especialmente en el caso de los abusos sexuales y la violencia con los menores, así como con la violencia de género, circunstancias que incrementan de forma muy relevante la vulnerabilidad a los trastornos mentales.

moderado por:

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

  • Irene Bassanezi Tosi

    Doctoranda en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en UC3M

Conclusión del debate

La crónica-resumen del debate presencial ha sido publicado en Público en el siguiente enlace:

https://www.publico.es/politica/enfoques-entender-y-frenar-trumpismo.html

 

Ponencia inicial

El Trumpismo, la nueva barbarie

El Trumpismo, la nueva barbarie

El populismo al estilo Trump ha venido para quedarse

  • Pedro Chaves

    Politólogo, investigador especializado en la UE

En una Conferencia impartida en septiembre del pasado año[1], comenzaba Jurgen Habermas la misma de esta manera: “Me han pedido que hable de “Nuevas perspectivas sobre Europa”, pero no consigo pensar en ninguna”.

Habermas aludía a la “descomposición de estilo Trumpiano” que está ocupando el centro del espacio público y que ha llegado, también, al corazón de Europa.

En mi opinión, la idea de “descomposición” es solo una parte de la realidad visible, aquellas que hace referencia al debilitamiento y agonía del modelo liberal vigente y dominante a nivel global, especialmente desde comienzos de los 80. Pero oculta lo que es el rasgo más destacable pensando en perspectivas: la recomposición de los sistemas políticos de representación en todo el mundo y también en Europa.

El histrionismo de personajes como Berlusconi, en su momento,  o Trump, ahora, contribuyen a banalizar el impacto de lo que ocurre, pero resulta difícil ocultar la relevancia de una situación global que va más allá de cuestiones episódicas o anecdóticas.

La “revuelta populista” de extrema derecha, es global, generalizada y tiene importantes componentes culturales que la dotan de consistencia y estabilidad.

Las claves

  • La situación actual no es una “anormalidad”, una situación transitoria cuya evolución desembocará, antes o después en la “vuelta a la situación anterior”. Estamos ante eso que Gramsci llamaba “interregno”, una situación provisional de cambio en el modelo de dominación hegemónico. Lo que no nos gusta es que el nuevo mundo que se adivina nos horroriza. La política está para eso, para intentar cambiar la situación existente y tratar de encontrar los elementos que pueden modificar, en una dirección más favorable, la situación existente. Lo importante es asumir lo que forma parte del pasado y lo que anticipa el presente respecto a lo que puede depararnos el futuro.
  • La situación actual es el resultado de diferentes variables coincidentes, pero lo que es relevante reseñar ahora es que la crisis de los sistemas políticos tiene que ver con el asalto neoliberal a los sistemas democráticos.
  • Este asalto se reconoce en varias narrativas que han sido muy potentes en los pasados años:
    • El estado es el problema y no la solución (Reagan dixit)
    • No existe sociedad sino individuos (Thatcher dixit)
    • TINA (There is no alternative) No hay alternativa, nuevamente Thatcher dixit
    • La falta de competencia entre los partidos políticos dominantes
    • La perdida de sustancia de las democracias liberales reducidas a un espectáculo de sucesión entre los partidos mainstream
    • Las puertas giratorias entre lo privado y lo público y al revés
  • El resultado de esta desconfianza creciente afecta al conjunto de los partidos políticos y al sistema en su conjunto: afecta a los fundamentos sustantivos de las democracias representativas: la división de poderes; la calidad de la representación; la confianza en la participación política como un factor de control público o cambio; la pérdida de calidad de las elecciones como mecanismo de creación de legitimidad entre los elegidos… etc.
  • Junto a este hecho, es muy importante destacar dos cuestiones adicionales: la primera es el modo en el que la inmigración se ha constituido como un elemento central -en un contexto de incertidumbre- que articula tanto el extrañamiento de una parte de la sociedad respecto al sistema político, como el creciente temor a la pérdida de identidad de los grupos nacionales históricos y al abandono de los “modelos de vida”. Por eso, entre otras razones, la apelación a la vida (idealizada) de un pasado “ordenado y previsible” goza de tanto predicamento; la segunda cuestión es la politización de la desigualdad, no en el modo en el que habríamos previsto desde la izquierda, desde luego. La desigualdad es el fenómeno más reseñable de la crisis y la que explica el modo en el que se han distribuido de manera asimétrica los efectos sociales de la misma. La politización de la desigualdad ha servido para alimentar el rencor contra el sistema político en su conjunto. Por eso, la combinación en las protestas, de reivindicaciones razonables con otras completamente extemporáneas y modos de reivindicación del espacio público en la frontera de la anomia social.
  • La nueva situación no se explica solo ni fundamentalmente desde la “bronca de los desheredados”. La coalición social del malestar es muy amplia y formada, de manera fundamental, por las clases medias sometidas por la crisis a una situación de “privación social”, un gap entre expectativas y realidades en un contexto de desestructuración social creciente.
  • Uno de los fenómenos políticos más relevante de este hecho es el “desalineamiento”, esto es la pérdida de los vínculos tradicionales entre los partidos políticos y sus clientelas tradicionales.
  • Los otros dos hechos a destacar son: por un lado la inestabilidad creciente y persistente de los sistemas de representación: nadie sabe que va a pasar y con ello una volatilidad imprevisible; los nuevos fenómenos han venido para quedarse.
  • Los fenómenos populistas de extrema derecha están sacudiendo Estados Unidos y Europa en su conjunto. Hay que decir que hay elementos compartidos en su emergencia pero que no todos responden a las mismas dinámicas ni tienen los mismos componentes. Pero, en cualquier caso, es un error, como antes hemos querido compartir creer que el populismo es un fenómeno explicable desde la movilización de los sectores desfavorecidos o los famosos “perdedores de las globalización”. El populismo ha conseguido articular una amplia coalición social e ideológica. El caso de Trump es particularmente llamativo en este punto: en su victoria concurren tanto sectores populares afectados por el derrumbe de la industria tradicional; como conservadores ideologizados (votantes tradicionales de los Republicanos); neoliberales antiestado y antiimpuestos, como sectores tradicionales de clase media, votantes habituales de los demócratas, que se han sentido concernidos por los llamados al conservadurismo moral que Trump y la altright pregonan.
  • Además, el populismo de extrema derecha, busca activamente esta ampliación de la coalición social. No es un proyecto de “perdedores”, es un proyecto con voluntad de ganar.
  • Y un punto adicional a considerar: hay una pretensión constituyente en el populismo de derechas. Es decir, una voluntad firme de reconstruir el sistema político en una perspectiva no liberal. En este sentido el “iliberalismo” que preconizan personajes como Trump, Orvan o Salvini es una impugnación de la democracia misma, no solo de la liberal, y un intento firme por reducir la pluralidad política y criminalizar el conflicto social y la discrepancia.

¿Qué es lo común?

Prácticamente en todos los casos, la retórica de Trump, como ejemplo de otros fenómenos similares, se articula a partir de dos ejes centrales: en primer lugar, el desafío a la legítima autoridad del “establisment”. Las élites son las responsables de la situación en general y particularmente de la situación de los más desfavorecidos, que han sido “abandonados” por estas élites.

Los objetivos favoritos de esta retórica incluyen los medios de comunicación (traidores al pueblo); las elecciones (que son consideradas fraudulentas salvo que gane el candidato populista); los políticos (corruptos y vividores); los partidos políticos (disfuncionales); los funcionarios del sector público (el estado profundo); los jueces; los intelectuales (arrogantes); los científicos (quien necesita expertos?) etc.[2]

Lo importante es que la impugnación de las élites no es funcional: por lo qué hacen mal en el desempeño de su tarea; sino moral, lo sustantivo es que están equivocados en su núcleo de valores y eso los inhabilita como representantes de la sociedad y del “pueblo”. Es una despolitización del conflicto social al servicio de un liderazgo que aseguraría al pueblo frente a las amenazas externas e internas.

El segundo elemento compartido, se refiere a que la única fuente legítima de autoridad moral y política proviene del pueblo. Entendido este de un modo muy poco definido y concreto, más bien en términos de quien está conmigo sería el pueblo y quien está contra mi el enemigo del pueblo.

Por esta vía, nuevamente, se eliminan los “cuerpos intermedios”, partidos, sindicatos, asociaciones, instituciones etc… y se sobredimensiona el papel del liderazgo como articulador y defensor de los verdaderos valores del pueblo.

Había que añadir que se ha enfatizado como elemento común el uso de las redes sociales y nuevos medios de comunicación online en el desarrollo y difusión de este fenómeno, pero lo cierto es que nada de esto hubiera sido posible sin, por una parte, el desplazamiento hacia la extrema derecha de una parte de los partidos mainstream, que han “normalizado” los discursos confrontacionales y el lenguaje del odio; y en segundo lugar sin el papel jugado por algunos medios de comunicación tradicionales en ese desplazamiento del “sentido común” en el ámbito de la derecha. Es decir el fenómeno Bannon en Estados Unidos y su papel a través de la web “Breitbar news”, sería incomprensible sin el papel de la Fox y otros medios “mainstream”.

Hay muchas más cosas que podrían añadirse y que servirían al propósito de suministrar más elementos del actual contexto, pero creemos que estos pueden servir para ofrecer algunos elementos adicionales que sirvan para contextualizar el debate.

[1] https://www.socialeurope.eu/new-perspectives-for-europe

[2] Norris, Pipa y Inglehart, Ronald (2019), Cultural backlash, Trump, Brexit, and authoritarian populism. Cambridge University Press, página 4.

El regreso de los trabajadores al centro de la política económica

  • Miguel Martínez Lucio

    Profesor de la Universidad de Manchester

Unas de las características de la derecha populista, como es el caso del presidente Trump y algunos aspectos de la política de ‘Brexit’ en el Reino Unido, es la manera en la que han hecho referencia a los intereses de la clase trabajadora.  Esta derecha intenta posicionar los intereses de la clase trabajadora en oposición a lo que llaman el establecimiento ‘cosmopolita’ del sistema político. Es un desarrollo que se basa en la manera en la que grandes partes de dicha clase trabajadora han sido marginadas en la política económica de los últimos años. Aunque se puede decir que era la derecha neoliberal la que afrontó esta estrategia de cambio en la política industrial (con sus cierres de la industria de los astilleros, etc.), la manera en que la tradición social democrática participó en esta desindustrialización permite que figuras como Donald Trump en los EEUU o el político Nigel Farage en el RU sean los portavoces de estas tradiciones perdidas. Paralela a esta política ‘populista’ (post)industrial se ve el desarrollo de un discurso xenofóbico donde las pérdidas materiales de la clase obrera tradicional (por usar tal frase) se explican por el cada vez más alto ritmo de inmigración. La ironía del discurso contemporáneo de la supuesta nueva derecha es que pone énfasis en la pérdida de la identidad social y económica de los trabajadores. Se puede decir que la Nueva Derecha de los ochenta también tuvo lo que Stuart Hall (el sociólogo británico de origen caribeño) llamó también un discurso populista que manipuló las incertidumbres de tales clases: pero en este caso el proyecto juega con la ilusión de remontar la industria tradicional (aunque sea poco probable que esto ocurra) y volver a un contexto histórico del siglo XX. Este juego ideológico marca la diferencia entre el discurso neoliberal de Reagan y Thatcher con el de Trump. Este juego de palabras que significa una vuelta a las minas de carbón y a las fundiciones de acero, por ejemplo, tiene el impacto de poner a la izquierda y a los sindicatos en una posición defensiva dado su papel cómplice en el momento de la desindustrialización. La manera en la que el trabajo se ha ido degradando cada vez más como se puede ver en la economía de plataformas y su empleo fragmentado permite que esta derecha estilo Trump cree una alianza simbólica con las clases trabajadores (que se mantiene dado que es pronto para juzgar las realidades y resultados de esta contra política).

Es por esto que la respuesta de la izquierda(s) en este momento puede ser crucial para no solamente relanzar una política progresista en el seno de la economía, sino para permitir una nueva visión real y concreta del papel de los trabajadores en la economía. En el caso del RU está claro que nadie puede predecir lo que ocurrirá durante 2019 dado el contexto surreal que traen las discusiones sobre la salida del país de la Unión Europea: pero, estamos viendo debates entre partes de la izquierda que intenta confrontar este tema de como renovar el socialismo de una forma que imagina un nuevo papel institucional de los trabajadores en la economía.

El que fuera Primer Ministro del Reino Unido en dos momentos diferentes de las décadas de los 60 y 70, Harold Wilson, comentó una vez que una semana es mucho tiempo en política. La gran velocidad en la que se mueve el panorama político nos fuerza a todos a pecar de precavidos a la hora de hacer predicciones. En el caso del contexto actual del Reino Unido, muy pocas cosas resultan predecibles dada la aguda crisis por la que atraviesa el Estado como consecuencia de la decisión de salirse de la Unión Europea. Quién accederá al poder y quién tendrá posibilidades de ganar las elecciones generales en el futuro próximo es tan incierto como la naturaleza de las políticas y de los líderes de los principales partidos políticos. Sin embargo, en medio de toda esta crisis constitucional y caos político, se han producido una serie de cambios relativos a muchos aspectos del Partido Laborista, aun cuando éstos hayan ocurrido en un clima de enorme hostilidad hacia su líder, Jeremy Corbyn, y las redes y comunidades políticas alineadas con él. Los desafíos constantes a su liderazgo y las alegaciones persistentes a su postura de apoyo histórico a la causa palestina (según muchos, como parte de una estrategia para expulsarle) generan una sensación de incertidumbre y desasosiego existencial a la hora de escribir sobre lo que puede pasar en el panorama político británico.

A pesar de todo, e incluso teniendo en cuenta que para cuando este artículo se publique cada palabra del mismo pertenecerá a la historia antigua, la realidad es que el Partido Laborista ha sido testigo de dos procesos paralelos significativos en los últimos cuatro años más o menos, desde que Jeremy Corbyn se convirtiera en su líder. El primero consiste en que la tendencia más neoliberal y cercana a la filosofía del ‘Nuevo Laborismo’ de Tony Blair ha sido cuestionada desde dentro del mismo Partido Laborista. En segundo lugar, las políticas innovadoras del equipo de dirección de Jeremy Corbyn (especialmente las de John McDonnell) han supuesto una curiosa y significativa renovación del compromiso gracias a unos enfoques de la política económica e industrial más comprometidos con lo social.

En una primera instancia, las ideas en torno a la Tercera Vía, que habían surgido en torno al trabajo del sociólogo Anthony Giddens y cristalizado en algunos aspectos de las políticas del Partido Laborista de los años 90, constituyeron una ruptura importante con respecto a las políticas sociales y económicas más tradicionales y de vocación pública. Que el Partido Laborista fuese el partido históricamente considerado como más ‘socialista’ es cuestión de opiniones, pues en algunos momentos fue descrito como una ‘iglesia extensa’ que incluía tanto a socialdemócratas partidarios del mercado como a ‘socialistas democráticos’ más identificados con la clase y los sindicatos. Desde sus inicios, se han dado debates permanentes sobre el papel de los sindicatos y de la clase política, así como sobre el grado óptimo de intervención estatal. Sea como fuere, los años del Nuevo Laborismo bajo la batuta de Tony Blair y Gordon Brown representaron lo que Simon Jenkins denominó en su libro Thatcher and Sons [Thatcher y sus hijos] una política de continuidad con rasgos políticos de la Nueva Derecha en lo que se refiere a la limitada colaboración con los sindicatos de cara a la política económica y al rechazo a ampliar el papel del Estado en la economía y la industria, aunque en el terreno de lo social hubiera, en cierto sentido, una relativa mejora en la asistencia social y los servicios de salud. La filosofía surgió de las experiencias y las prácticas llevadas a cabo en Francia y España por los gobiernos respectivos de Mitterrand y González.

En gran medida, la Victoria de Jeremy Corbyn constituía en parte una reacción desde dentro y desde el entorno cercano al Partido Laborista a dichas políticas, que, para algunos, estaban asociadas a los orígenes de las políticas de austeridad y al fracaso a la hora de regular el capital de manera efectiva. También suponía, por otro lado, una reacción a la creciente inclinación de la filosofía del partido hacia los negocios y hacia la gestión, como resultado de su fascinación por todo lo que tuviera que ver con lo comercial y lo corporativo. Un camino no muy diferente al tomado por algunos de los principales líderes socialistas del caso español. Esto es, el atractivo de la idea del mercado y las escuelas de negocio como motor de la economía y su singular, aunque simbólica retórica de la responsabilidad social corporativa.

Sin embargo, el viraje reciente hacia la izquierda también ha sido el resultado de un conjunto de debates y redes que existieron y fueron fundamentales en las innovaciones que se dieron en la década de los 80 e incluso en la de los 90 a nivel local y municipal, con el socialismo municipalista como bandera. Esta era la izquierda que se había formado en las décadas de los 70 y 80 en varias ciudades claves (especialmente Londres) en oposición a la hegemonía de las políticas conservadoras de Margaret Thatcher. En ciudades como Londres se pudo experimentar con políticas locales alternativas en los campos de la economía y el transporte. Un ejemplo de ello serían las políticas industriales inclusivas e innovadoras que se pusieron en marcha en torno a organismos como el Greater London Enterprise Board, bajo el auspicio de la primera oleada de la marca de socialismo local puesto en práctica por Ken Livingstone en Londres en la década de los 80. Esta red se estableció como movimiento político ubicado en el margen izquierdo del Partido Laborista (con vínculos con la extrema izquierda), y su trabajo se caracterizó por su alto compromiso con la igualdad y las políticas multiculturales. Estos fueron los orígenes de los discursos emancipatorios de Jeremy Corbyn y John McDonnell (como ministro de economía en la oposición), ubicados en el margen izquierdo en torno a una socialdemocracia más progresista que, como ya expliqué en los Pasos de la izquierda (Número 12), permanecieron en la memoria colectiva y se constituyeron en repertorio de acción para todas aquellas personas que se ubican a la izquierda del partido y más allá.

En segundo lugar, estos acontecimientos han dado lugar a un programa del Partido Laborista que hace cinco años habría sido inimaginable. Se han incorporado una serie de innovaciones e ideas que tratan de combinar una mayor socialización de la economía y un desarrollo significativo del compromiso democrático. Que para los habitantes del norte de Europa muchas de estas políticas no se antojen ni tan radicales ni tan innovadoras, no resta importancia al hecho de que existe un intento de equilibrar la ampliación del renovado papel del Estado con una lógica industrial más participativa. Esto no significa (desafortunadamente) la proclamación de la necesidad de la clásica renacionalización a gran escala y el aumento del control por parte de los trabajadores, pero sí implica el replanteamiento del desarrollo de la economía, no solo alejándose de la obsesión por la austeridad económica sino acercándose a nuevas formas de democracia industrial. Supuestamente, los costes del programa han sido calculados y diseñados para garantizar la estabilidad económica, en parte debido a la obsesión que existe en la política británica (entre otras) con los programas presupuestados al detalle, como consecuencia de la fijación neoliberal permanente con los presupuestos económicos y su estabilidad, pero también de la certeza de que la prensa vinculada a la derecha utilizará el fantasma del gasto excesivo y la inflación (vinculados a las dosis habituales de xenofobia) para desvirtuar un programa progresista.

En lo que se refiere al nuevo programa del Partido Laborista, la creación de un Banco Nacional de Inversión para recaudar y generar una inyección de 250.000.000.000£ en la economía se presenta como el aspecto fundamental para respaldar la industria y los proyectos de infraestructura claves, así como para vincular dicha financiación al desarrollo de cooperativas y pequeños negocios, entre otras iniciativas. Esta institución no es única en Europa, pero está resultando curiosa la manera en que se está vendiendo políticamente como la priorización de los espacios alternativos que han estado copados en la práctica por el capital financiero y corporativo que ha prevalecido en el país. En cuanto a la regulación financiera, las propuestas giran fundamentalmente en torno a la aprobación de una serie de reformas que debían haberse puesto en marcha de manera efectiva en 2008 como resultado de la crisis financiera. Hasta cierto punto uno podría alegar que dichas propuestas no son radicales, pero en comparación con el Nuevo Laborismo, cuando menos, representan un giro en el modo en que las finanzas pueden replantearse. El programa también sostiene que ‘el Laborismo modificará la ley empresarial de manera que los directores cumplan sus obligaciones directas no solo con los accionistas, sino también con los empleados, los clientes, el medio ambiente y el público en general, y realizaremos una consulta sobre la aprobación de la legislación correspondiente dentro de este Parlamento’. O dicho de otro modo, promulgar el concepto de responsabilidad social corporativa de un modo más efectivo y garantizar que se presta una mayor atención a los derechos de los trabajadores y consumidores. A este respecto, uno puede apreciar el carácter innovador de las medidas en la necesidad de desarrollar la dimensión participativa que tantas restricciones sufrió durante los gobiernos laboristas previos de Blair y Brown. En el discurso actual, la confianza en el capital no es tan fuerte. El objetivo es utilizar los dispositivos legales y los marcos normativos de una manera más efectiva y generar una mayor sensibilización en torno a la importancia de la regulación. En muchos aspectos, lo que pretenden es sacar provecho de lo que los académicos de la gestión empresarial llaman ‘buenas prácticas’, y que ya existen en otros contextos nacionales, quizá más regulados, con la intención de sortear y debilitar algunas de las críticas de presunto radicalismo que la prensa asociada a la derecha activará en caso de elecciones.

En el terreno de los servicios públicos, como pueden ser los ferrocarriles, el objetivo es volver a la propiedad pública una vez terminadas las concesiones; la creación en el sector de la energía de un conjunto de influencias operativas más descentralizadas y de iniciativa pública; y la eventual transferencia de la industria del agua a estructuras regionales públicas. El discurso tiende a enfatizar los problemas surgidos de la flagrante especulación en dichos sectores y el fracaso de las estructuras regulatorias que se implementaron para proporcionar concesiones y de la supervisión minimalista que obvió el comportamiento habitual de las empresas. Este nuevo discurso se basa en una propiedad pública que no solo depende de una política estatal centralizada. El argumento central parece ser que el error cometido por la socialdemocracia en el pasado, cuando nacionalizó y pasó a ser propietaria de servicios claves como el agua, la electricidad y el transporte, consistió en no intensificar la influencia pública sobre los sectores nacionalizados al no generar un mayor grado de compromiso y rendición de cuentas públicos y políticos a nivel local. En este sentido, lo esencial de este discurso no es solo que el mercado y las privatizaciones hayan fracasado, sino que los socialdemócratas fueron incapaces de establecer un proyecto de Estado y de pensar en fórmulas de compromiso públicas y más adaptadas al ámbito regional en lo que se refiere a dichos servicios, pero también a otros. Así, lo que hizo el Nuevo Laborismo es permanecer encandilado con la nueva filosofía de gestión heredada de Thatcher, mientras que anteriormente el laborismo de Wilson y Callaghan, caracterizado por un peso (relativamente) mayor del Estado, se aferró a las fórmulas más tradicionales y jerárquicas del control de la gestión; y en ninguno de los dos casos consiguieron superar las filosofías de gestión jerárquica y alcanzar un mayor nivel de control o implicación por parte del Estado y del trabajador. Los defensores de dichos gobiernos, o incluso del de Tony Blair, podrían alegar que siempre existieron reticencias por parte de los líderes sindicales a la hora de implicarse en la gestión de los sectores industriales, pero más allá de las funciones simbólicas desempeñadas por los representantes de los consumidores y trabajadores, la crisis de la socialdemocracia se puede analizar en términos de fracaso a la hora de renovar el vínculo entre el Estado y la sociedad en lo que a participación se refiere.

Existen muchas otras dimensiones que merecería la pena analizar sobre el conjunto de propuestas políticas del actual Partido Laborista como la ampliación de los mecanismos de formación, el incremento de la inversión en el renqueante sector de las infraestructuras nacionales y el aumento de los niveles de inversión en ecología. También se presta una mayor atención a los derechos de los trabajadores en la economía de plataformas y en otros mecanismos similares en los que el trabajo está sufriendo un proceso de fragmentación y a la necesidad de una nueva estrategia para promover la dignidad laboral a través de la anulación de un conjunto de leyes que han restringido los derechos sindicales en diversos ámbitos. En cualquier caso, la clave se sitúa de nuevo, asociada al debate sobre el control público, en el intento de vincular una lógica industrial democrática a las actividades propuestas. Han sido varios los factores que han originado un interés creciente por la idea de ampliar el control y la influencia de los trabajadores sobre la industria y los negocios. Independientemente de cuál sea el contexto político futuro, el asunto de los representantes de los trabajadores y la gobernanza empresarial se antoja como un punto de debate clave. Las políticas del Partido Laborista bajo la dirección de Jeremy Corbyn comienzan a apelar a la necesidad de los trabajadores de contar con algún grado de influencia institucional sobre sus empresas, más allá de la cortina de humo que suponen los planes de sugerencias y las reuniones de equipos, aunque aún está por ver cómo y cuándo sucederá esto una vez que el laborismo entre en el gobierno. Una de las ideas que ha sido propuesta y discutida es que el Partido Laborista, una vez en el gobierno, pediría a las empresas con más de 250 empleados que reservaran hasta un tercio de los puestos de sus Consejos de Administración para los trabajadores, como método para garantizar una mayor vigilancia y control del negocio y para evitar decisiones económicas caprichosas y cortoplacistas. Esta propuesta es significativa en tanto que comienza a comprender la necesidad de democratización de la gobernanza empresarial y que este nuevo papel de los trabajadores redunda tanto en la eficiencia económica como en la justicia social de los planteamientos corporativos. Pero esto no es solo una respuesta a la crisis financiera de 2008 y al modo en que la opacidad de la toma de decisiones ha socavado la coyuntura económica del país. También constituye una fórmula para contrarrestar la recientemente estigmatizada idea promovida por los conservadores desde 1979 bajo la cual la posesión individual de acciones por parte de los trabajadores es el mejor modo de crear un capitalismo más popular y (supuestamente) responsable: el enfoque thatcheriano de la copropiedad a través de acciones ha sido poco común, fragmentado y altamente individualizado, de modo que ha supuesto un escaso control efectivo sobre los Consejos de Administración.

La idea propuesta por el laborismo parece prometedora, en parte porque el asunto de la participación colectiva del trabajador sigue quedándose fuera de la agenda política y del imaginario de la izquierda y del movimiento obrero, en la misma medida en que los discursos académicos sobre la naturaleza del trabajo se quedan absortos en la problemática de la explotación y no generan respuestas alternativas. Todos estamos legítimamente centrados en los costes sociales y económicos de la creciente degradación de la situación laboral y en las nuevas formas de explotación de la llamada economía de plataformas, pero la idea de desarrollar formas alternativas y participativas de organización y gobernanza se discute muy ocasionalmente en este contexto.

Evidentemente, estas propuestas no son las más ambiciosas que se podían presentar, tal y como podría revelar cualquier breve comparación con otras partes de Europa más comprometidas con lo social. Sin embargo, la lógica subyacente busca que la participación popular se constituya en un nuevo agente de importancia estatal. En mi opinión, estas políticas no son tan extensibles como podrían serlo, pero durante décadas el contexto político del Reino Unido no ha estado familiarizado con este tipo de políticas. La necesidad de introducir una dimensión más democrática en las estructuras de la economía y de repensar el papel de los trabajadores, más allá de la ampliación del alcance y de la práctica de la negociación colectiva, necesita de una mayor reflexión. En algunos aspectos, esto se vincularía con la lógica de democracia radical puesta en práctica por la teórica política belga, residente en el Reino Unido, Chantal Mouffe. La reforma económica y las políticas progresistas asociadas a ésta necesitan desarrollarse con la mirada puesta en nuevas formas de implicación pública y social y no solo a través de la propiedad directa o indirecta del Estado. En este sentido, se requiere un fuerte replanteamiento y un repliegue con respecto de la filosofía empresarial contemporánea y su obsesión por las heroicidades y prácticas de gestión asociadas al liderazgo individualista. El asunto al que se enfrentan los progresistas de la izquierda es que el enfoque de mercado ha seguido su curso en muchos aspectos, pero el regreso a un estado de bienestar Keynesiano clásico no es ni tan sencillo ni constituye ya una alternativa.

Sea como fuere, terminamos como empezamos: una semana es mucho tiempo en política. La posibilidad de que vuelva a haber un gobierno laborista en algún momento, y que sea con las políticas que acabamos de analizar, no está muy clara. La importancia del debate actual sobre los distintos aspectos de la izquierda británica reside en que cualquier vuelta a un conjunto de políticas más orientadas hacia lo social y con un papel más proactivo en el sector industrial que ponga fin a la economía de la austeridad, debería abordar el modo en que la influencia y el control de los trabajadores y consumidores (como colectivo) tenga efecto sobre lo económico. Ahora mismo este asunto pendiente es fundamental para la izquierda tanto dentro como fuera del Reino Unido.

moderado por:

  • Enrique del Olmo

    Sociólogo

  • Pedro Chaves

    Politólogo, investigador especializado en la UE

Conclusión del debate

¿Cambio de ciclo en América Latina?

¿Involución en América Latina? Espacio Público lanzó la pregunta en esta página web para propiciar la reflexión por escrito sobre los cambios que allí tienen lugar. Lo hizo con la ponencia inicial del director del portal informativo latinoamericano Nodal, Pedro Brieger. Decenas de personas estudiosas de la historia y la realidad latinoamericana y caribeña se pronunciaron sobre el tema con elaboradas respuestas. A modo de conclusión, como siempre, Espacio Público convocó un coloquio presencial. En esta ocasión, la Casa de América de Madrid acogió la iniciativa y la cantidad de personas que quisieron asistir desbordó con mucho la capacidad de la sala Simón Bolívar y de la adyacente que se habilitó para intentar ampliar el aforo.

Allí se discutió sobre los recientes acontecimientos y las tendencias generales. Sobre lo que preocupa a la población y sobre las causas ¿Nos encontramos realmente ante un cambio de ciclo en América Latina?, ¿asistimos a un retorno de las políticas económicas neoliberales que parecían descartadas?, ¿qué resistencia oponen las fuerzas de izquierda a los movimientos favorables a una restauración conservadora?, ¿hasta qué punto se implica de nuevo la administración norteamericana en las decisiones de los gobiernos latinoamericanos?

¿Vuelve Estados Unidos sobre el “patio trasero”?

El mayor protagonismo de Estados Unidos en la vida política venezolana llama la atención y abre más interrogantes sobre su significado en la actual coyuntura internacional.

La directora de Público, Ana Pardo de Vera, planteó el debate con la incógnita de las repercusiones que tendrá la iniciativa de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, poniendo el acento en que nada de lo que allí ocurre es ajeno para Europa y mucho menos para España.

Algunos ponentes fueron bastante explícitos:

“Estados Unidos nunca descansa en América Latina”, aseguró el periodista y sociólogo argentino Pedro Brieger. Ahora “lo novedoso es la simultaneidad en los cambios”, explicó para destacar la gran cantidad de países que en poco tiempo pasaron a tener gobiernos progresistas así como los procesos que tienen lugar desde hace pocos años en sentido contrario.

“En la frontera de México con Estados Unidos hay más militares que en Siria”, dijo la profesora mexicana y española Isabel Wences, que denunció como muy peligroso el odio que manifiesta Donald Trump hacia los mexicanos y mexicanas, a los que siempre se refiere con todo tipo de insultos.
“Estados Unidos ha entrado con nueva doctrina en América Latina, que ya no es la de la Escuela de las Américas, para ‘milicos’”, advirtió el analista brasileño Beto Vazquez.

Los estados centroamericanos siguen intervenidos, y no solo por Estados Unidos, explicó la investigadora social guatemalteca Mercedes Hernández.
Pero los análisis sobre la implicación estadounidense en la región son evidentemente complejos y están llenos de matices. Así se puso de manifiesto durante todo el coloquio.

El periodista Roberto Montoya, por ejemplo, estuvo de acuerdo con Brieger en que Estados Unidos nunca abandonará América Latina, pero habló de la existencia de un declive en la hegemonía norteamericana, debido a la presencia de China, y en menor medida de Rusia, en la vida económica de los diferentes países de la zona.

Brieger discrepó de la idea según la cual Estados Unidos habría abandonado Latinoamérica para concentrarse en conflictos como el de Afganistán o Irak, y recordó que el intento de construcción de un área de libre comercio en las Américas fue el gran proyecto estadounidense para América Latina.
Para Montoya, sin embargo, el hecho de que Donald Trump preste respaldo a los gobiernos más ultras, como el de Bolsonaro en Brasil y potencie la intervención de su país en Venezuela, no puede hacer olvidar que “tiene muchos frentes abiertos” y que la situación económica y política “no le dejan margen de maniobra para hacer lo que quiera”.

En América Latina, explicó, el neoliberalismo se hizo fuerte de la mano de gobiernos militares, luego continuó por otros medios. Está claro según él que en aquel continente se ha producido el cambio de ciclo objeto de discusión en este debate. Cambios en “procesos distintos”. El ciclo progresista empezó en el 98 con Hugo Chávez en Venezuela. Lo que ocurra en este país es importante porque podría cerrar ese ciclo, también en Venezuela, señaló.

El profesor José Antonio Sanahuja también habló sobre la influencia de China en todos los países, sea cual sea la naturaleza ideológica de su gobierno, del retorno de Estados Unidos a América Latina y explicó que los liderazgos opuestos a la “lógica neoconservadora” fueron posibles en alguna medida porque la Administración norteamericana se había retirado de la región para prestar atención a su intervención en Oriente Medio.

Los atentados del 11S en Estados Unidos tuvieron bastante que ver con este cambio de actitud de la primera potencia occidental, se recordó en el debate.
Sanahuja señaló, por otra parte, que la democracia liberal atraviesa “una profundísima crisis”. Las clases medias, que han experimentado una expansión notable, se enfrentan a las rigideces que nos les permiten ascender socialmente, explicó y caracterizó el actual momento con la constatación de la existencia de “un elemento importante que hay que tener presente”: “Hay descontento social profundo entre una población que quiere cambios”.

“Las izquierdas en América Latina no han sabido crear un bien público” y han dejado espacio a la derecha, explicó el profesor de la UCM.

Beto Vázquez mantuvo que “la estrategia de vuelta al poder” de la derecha estaba “muy elaborada”. Han llegado al poder con “campañas de manipulación y noticias falsas”. “Estamos ante un otoño de los pueblos”, afirmó el analista brasileño.

Isabel Wences, que calificó como “anticíclica” la actual experiencia mexicana, puso en valor los reconocimientos formales de los derechos humanos en diferentes países de América Latina, pero habló sobre la necesidad de mirar la otra cara de la moneda, a menudo olvidada, que tiene que ver con la extrema pobreza en la que viven muchas personas y las situaciones de auténtica esclavitud,
Y Brieger, aunque también había señalado el “avance de algunas derechas en Latinoamérica” y que la consecuencia había sido que numerosos países dejaron de contar con gobiernos progresistas, insistió en la existencia de una corriente de izquierda muy heterogénea, presente en diferentes países.

La esperanza feminista y el fanatismo religioso

Ana Pardo de Vera preguntó por las causas del odio de la ultraderecha hacia el feminismo y se refirió al “fanatismo religioso”, que caracterizó “como un virus que se ha ido inoculando” para difundir entre la población las ideas más contrarias al respeto por los derechos humanos.

“Miro con esperanza el movimiento feminista argentino”, afirmó Mercedes Hernández, que destacó la juventud de las mujeres que llenan las calles de las ciudades, pero no pasó por alto la “nostalgia del pasado de los machos”. La investigadora guatemalteca denunció la existencia de una “ofensiva de hombres que cultivan todo tipo de odios”. El fanatismo religioso, dijo, “es una de las herramientas” de un discurso del odio, misógino, “que nos debe llenar de preocupación”, afirmó.

Isabel Wences, que insistió en la necesidad de detener el discurso del odio que fomenta Donald Trump, habló sobre la necesidad de “devolver la dignidad a los mexicanos” y sobre la responsabilidad de su actual presidente Andres Manuel López Obrador. “Tiene una gran tarea por delante, para restablecer la relación entre iguales”, dijo y reclamó que para ello es preciso trabajar con una “agenda feminista”.

López Obrador, observó, “ha puesto a mujeres en puestos clave” de su administración, “pero esto no es suficiente”, “hay que recuperar lo público”. Pero Wences también advirtió sobre la creciente influencia de las organizaciones religiosas. “Los movimientos evangélicos son peligrosísimos”, dijo, y reconoció que López Obrador y el propio Lula, en su momento, tuvieron que contar con su pujanza.

La izquierda y la inseguridad

La directora de Público reclamó atención sobre las responsabilidades de los gobiernos de izquierda en los procesos de involución.

Chávez, afirmó Montoya, dio un paso importante con iniciativas de integración latinoamericana que fueron más allá de la cooperación económica, pero los gobiernos progresistas “no vieron venir la contraofensiva conservadora”. La izquierda, según este analista, no sólo ha de señalar a los injerencistas, sino también a sus cómplices.

Wences y Brieger ya habían señalado que muy a menudo cuando se habla de América Latina se ponen sobre el tapete problemas de corrupción y de calidad democrática pero se olvidan problemas realmente acuciantes: “No hablamos del hambre de la población”.

Y José Antonio Sanahuja señaló en esta reflexión el menosprecio o el “olvido” de los dirigentes progresistas latinoamericanos por un tema tan grave como la seguridad ciudadana. “La preocupación por la inseguridad” existe y “las izquierdas no han sabido abordarla”. La derecha, en cambio, ha asumido el tema pero con el “punitivismo” como receta.

Ponencia inicial

¿Involución en América Latina?

¿Involución en América Latina?

  • Pedro Brieger

    Periodista y sociólogo

América Latina es hoy la única región donde hay un cuestionamiento real en un conjunto de países a las políticas neoliberales impuestas por los organismos financieros internacionales. Si uno mira hacia Europa, África, Asia u Oceanía verá que existen múltiples movimientos sociales que cuestionan las políticas de ajuste y que algunos tienen una importante representatividad parlamentaria. Sin embargo, como región, hay sólo una donde existen debates profundos y liderazgos fuertes que cuestionan –como mínimo– el orden neoliberal y proponen propuestas superadoras.

La reciente dura respuesta del gobierno de los Estados Unidos a la decisión de El Salvador de romper relaciones con Taiwán y reconocer a la República Popular China es un claro ejemplo de la preocupación de la Casa Blanca por cada paso mínimo que pueda dar en su “patio Trasero” un gobierno alineado con la corriente progresista que se ha desarrollado en América Latina y el Caribe en el siglo veintiuno.

Hay que destacar que esta corriente es muy heterogénea y difícil de definir en términos conceptuales porque abarca desde el Frente Amplio de Pepe Mujica en el Uruguay hasta la Cuba revolucionaria, pasando por el chavismo en Venezuela, Evo Morales Bolivia o el kirchnerismo en la Argentina que gobernó durante doce años. Esta corriente está formada por hombre y mujeres que se definen como “progresistas”, de “izquierda”, “populistas”, “nacionales y populares”, “socialistas”, y una amplia gama de definiciones que incluyen a algunos y excluyen a otros. Sin embargo, tienen muchos puntos en común que los llevó a acercarse para forjar por primera vez desde las independencias nacionales del siglo XIX una región integrada en base a un discurso que algunos definen como “post-neoliberal”, aunque varios hayan seguido aplicando postulados clásicos del dogma neoliberal; y la búsqueda de un camino de integración regional sin la tutela de los Estados Unidos, aunque esto tampoco implica una retórica “antiimperialista” en conjunto.

Esta nueva corriente emergió como una novedad para América Latina en el siglo XXI y se fue consolidando en franca disputa con las corrientes conservadoras, liberales, de derecha que con sus diferencias y matices gobernaron durante los siglos XIX y XX.
En el siglo XX los gobiernos populares-progresistas-nacionalistas o de izquierda en sus múltiples variantes fueron relativamente de corta duración porque la mayoría fueron derrocados por sangrientos golpes de Estado, con la salvedad de Cuba y su revolución en 1959.

Así se puede mencionar a modo de ejemplo los derrocamientos de Juan Domingo Perón en la Argentina en 1995, Joao Goulart en Brasil en 1964 o Salvador Allende en Chile en 1973, entre una larga lista de gobiernos populares. Estos golpes venían acompañados del cierre de los parlamentos y la postergación indefinida de elecciones, prohibición de partidos políticos y sindicatos, censura, represión, muertes y desapariciones. Si se lo compara con las destituciones de Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2016) se verá que en estos tres casos se intentó mantener un relativo grado de “institucionalidad” respetando incluso los cronogramas electorales establecidos. Esto quiere decir que algo se ha modificado en América Latina en el siglo XXI porque –por ahora– son imposibles los golpes militares a la usanza del siglo XX.

Si miramos retrospectivamente veremos que la última etapa de uniformidad en la región fue la década de los noventa del siglo pasado, la que en diversos trabajos hemos definido como “la década del mito neoliberal”. Esa década en América Latina tuvo una característica: la aplicación de las teorías neoliberales y el éxito de su discurso mediático. Salvo Cuba, que es un caso aparte, en los noventa la ola del pensamiento neoliberal se expandió a lo largo y ancho de América Latina. El neoliberalismo extremo desde una posición marginal y minoritaria durante casi todo el siglo XX logró convertirse en doctrina hegemónica. Para ello fueron necesarias dos fases: una de imposición y otra de consenso. En la primera, para imponer su nuevo paradigma como verdad absoluta e incuestionable, necesitaron de dictaduras militares que impidieran cualquier tipo de oposición y sociedades paralizadas por el miedo (ej: Brasil, Chile, Argentina).
Es importante señalar que la imposición del modelo neoliberal no fue consecuencia directa del fracaso de los proyectos “populistas” porque la mayoría de los gobiernos “populistas” NO fueron castigados por el voto popular, sino que fueron derrocados por golpes de Estado.

En la segunda fase, con la apreciable participación de los medios masivos de comunicación se fue consolidando un consenso ideológico aplastante y la conformación de lo que Ignacio Ramonet definió como “pensamiento único”. El trabajo ideológico de los pensadores que difundieron las teorías neoliberales tuvo éxito ya que en pocos años lograron que sus ideas parecieran –reitero, parecieran– el único modelo lógico y viable.

Un grupo importante de economistas –muchos de ellos conocidos como “los Chicago Boys”– apoyados por los principales organismos económicos internacionales y sostenidos monetariamente por empresas multinacionales, crearon fundaciones, institutos o centros de investigación y lograron una real inserción en los principales medios de comunicación que les permitió convencer de lo “moderno” de sus teorías, aunque sus postulados originales se remontaran al siglo XVIII o XIX. También lograron imponer la idea generalizada de que todo lo público es “ineficiente”, que el Estado es intrínsecamente perverso, que la única manera para que las empresas de servicios funcionen es privatizándolas, que así se reducirán gastos y se eliminará la corrupción; de la necesidad de achicar el Estado, bajar el gasto público, abrir los mercados, incrementar la producción de artículos destinados a la exportación, flexibilizar y “modernizar” los mercados laborales, quebrar el poder de los sindicatos supuestamente interesados solamente en enriquecer a sus cúpulas, y reducir los gastos sociales. Estos, y otros postulados, se basaron en la construcción de un mito de crecimiento y prosperidad en los años noventa del siglo pasado y que fueron conocidos como el “consenso de Washington”, los principios esbozados en 1989 por el británico John Williamson, que trabajó en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, esta década se vio alterada por tres hechos. Primero, la aparición del zapatismo el 1 de enero de 1994 justo cuando se implementaba el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Segundo, el triunfo de Hugo Chávez en diciembre de 1998 en Venezuela. Tercero, la revuelta popular que en la Argentina derrocó al gobierno del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, vista en la región como una revuelta en contra del neoliberalismo porque la Argentina era presentada por los organismos internacionales como ejemplo de “éxito” de las reformas estructurales y el “consenso de Washington”

Con el comienzo del siglo se inició un proceso de triunfos electorales que llevó a la conformación de una corriente heterogénea difícil de calificar en los cánones tradicionales de “izquierda-derecha”. En el año 2005 hizo su aparición de manera conjunta y con alto impacto político durante la Cumbre de las Américas en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Allí, los cuatro presidentes del MERCOSUR (Kirchner, Lula de Silva, Tabaré Vázquez y Duarte Frutos) conjuntamente con Hugo Chávez, evitaron que naciera el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), el gran proyecto regional de Estados Unidos para toda América, excluyendo a Cuba. Y lo hicieron de manera espectacular con un gran acto público en un estadio de futbol con Chávez como principal orador y Evo Morales –en ese entonces un dirigente social– en las tribunas. La Cumbre de las Américas fue un momento de inflexión porque de manera inesperada Washington se quedó sin perspectivas claras y las derechas latinoamericanas –subordinadas a la Casa Blanca– tampoco atinaron a esbozar algún tipo de respuesta al finalizar la cumbre para darle continuidad al ALCA.

Poco tiempo después Evo Morales se convirtió en presidente de Bolivia, apareció Rafael Correa en Ecuador y se fue conformando un eje político que se atrevió a disputar la hegemonía de Estados Unidos y las derechas latinoamericanas de manera simultánea como nunca antes había sucedido desde las independencias doscientos años atrás.

En un momento, dejando de lado Guyana y Surinam (dos países que recién se están acercando a la región a pesar de su lugar geográfico), ocho de los otros diez países de América del Sur estaban gobernados por esta corriente.

De manera intuitiva –a veces– se comprendió que existía una disputa continental y que debían estar juntos, con sus diferencias (a veces profundas). Y en 2008 nació la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como claro proyecto político para integrar la región y en 2010 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) incorporando a Cuba y dejando fuera a Estados Unidos y Canadá en un gesto político sin precedentes si se recuerda que en 1962 la Organización de Estados Americanos –el único organismo regional existente en ese entonces– excluyó a Cuba. La CELAC, no sólo les imponía a los gobiernos de derecha la incorporación de Cuba, sino que también excluía a Estados Unidos.

La cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en Quito el 27 de enero de 2016 demostró la vigencia de este organismo regional. A pesar de las dificultades que tienen los presidentes para asistir a tantos eventos internacionales, la mitad de los 33 países envió a sus presidentes o primeros ministros. Salvo los presidentes de Argentina, Surinam y Uruguay llegaron a Quito 9 presidentes de UNASUR, lo que marca la importancia que le otorgan todos.
A nadie se le escapa que la CELAC fue creada para excluir a los Estados Unidos de un organismo continental que incluye 33 de los 35 países del continente, y para incluir a Cuba, marginada de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la década del sesenta, como recordó Rafael Correa. De la misma manera, cualquier conocedor de la historia americana sabe que la OEA fue impulsada por los Estados Unidos en 1948 para brindarle legitimidad a sus políticas mucho antes de la revolución cubana de 1959.

En ese momento las derechas latinoamericanas parecían arrinconadas por el avance arrollador de la corriente progresista. Hasta tal punto, que en 2009 Álvaro Uribe –presidente de Colombia y un pilar de la política regional de Washington– tuvo que aceptar que UNASUR hiciera una reunión especial para debatir y rechazar los acuerdos militares de su país con los Estados Unidos y la instalación de bases militares.

Empero, en 2009 fue destituido Manuel Zelaya en Honduras y en 2012 Fernando Lugo en Paraguay. El presidente de Ecuador Rafael Correa advirtió que se estaba generando una “restauración conservadora” de las derechas con el inestimable apoyo de los Estados Unidos. En el año 2015 hubo un hecho trascendental: la corriente progresista en el poder sufrió en la Argentina una derrota en las urnas frente a un candidato de derecha, Mauricio Macri. Pocos meses después, en agosto 2016 fue destituida Dilma Rousseff, destitución convalidada inmediatamente por el presidente argentino. El giro a la derecha de los dos países más poderosos de la región parecía avalar la tesis de Correa de “restauración conservadora”. Los grandes grupos de comunicación rápidamente instalaron la idea que el “populismo” desaparecería y todo volvería a la “normalidad”; esto es, gobiernos “pro-mercado” y alineados con los Estados Unidos en vez de bregar por un mundo multipolar.

Sin embargo, las derechas latinoamericanas tienen serias dificultades para consolidar esta “restauración conservadora” y resolver la disputa a nivel regional. Hoy los golpes de Estado al estilo del siglo XX no son viables para cerrar ciclos, por lo tanto, estos ciclos progresistas no sufren derrotas históricas producto del asesinato, cárcel o exilio de sus principales referentes. Las elecciones en la Argentina en 2105 son un ejemplo de lo antedicho. El kirchnerismo sufrió una derrota electoral pero no fue derrotado. La diferencia es sustancial. La presidenta Cristina Fernández, en su último día al frente del país, convocó a una multitud frente al palacio presidencial para despedirse después de doce años de kirchnerismo, casi como si estuviera festejando una victoria de su movimiento y no una derrota. Al día siguiente asumió la presidencia Mauricio Macri sin fervor popular y casi sin gente en las calles.

Esto quiere decir que la “restauración conservadora” tiene serias dificultades para consolidarse. En primer lugar, porque no puede recurrir a los golpes de Estado del siglo XX para resolver la disputa que existe a nivel regional, aunque triunfe en procesos electorales, destituya presidentes por la vía institucional o utilice al Poder Judicial para perseguir a los referentes populares que sufren derrotas, pero no son derrotados (ej. Cristina Fernández, Rafael Correa, Lula de Silva). Por otra parte, las derechas latinoamericanas pueden ganar elecciones con una exitosa estrategia de marketing político “en contra de”, pero no tienen nada nuevo para ofrecer o seducir a las grandes mayorías como está quedando demostrado en el caso argentino y las dificultades del presidente Macri para imponer sus políticas de ajuste.
Sus planes económicos son el clásico compendio de políticas neoliberales, similares a las delineadas por el “consenso de Washington” en los años noventa del siglo pasado, o a lo que el “gurú” del neoliberalismo –Milton Friedman– le sugería en una carta a Augusto Pinochet en 1975. Allí bosquejó una serie de recomendaciones muy similares a las medidas económicas que hoy los gobiernos de corte neoliberal presentan como “modernas”.

La corriente progresista no está derrotada a nivel regional, aunque hoy le cueste marcar la agenda política. La corriente de derecha-conservadora parece más abocada a destruir lo heredado que a construir una agenda propositiva. La disputa entre las dos corrientes puede extenderse en el tiempo: La gran pregunta es cómo se resolverá.

PD: El resultado de la primera vuelta electoral en Brasil permite pensar en un triunfo del candidato de corte fascista Jair Bolsonaro el 28 de octubre y una modificación sustancial para la región. En caso de asumir Bolsonaro el 1 de enero de 2019 la disputa regional tendría nuevas características, difíciles de analizar al momento de entregar este trabajo.

* (Brieger es un periodista y sociólogo argentino, autor de más de siete libros y colaborador en publicaciones sobre temas internacionales. Actualmente se desempeña como director de NODAL, un portal dedicado exclusivamente a las noticias de América Latina y el Caribe. Ha colaborado y colabora con diferentes medios nacionales como Clarín, El Cronista, La Nación, Página/12, Perfil y para revistas como Noticias, Somos, Le Monde Diplomatique y Panorama. A lo largo de su trayectoria Brieger ha ganado importantes premios por su labor informativa en la radio y televisión).

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • Ana Barba

    Edafóloga, activista social y política por la democracia participativa, el feminismo y la ecología.

  • Paloma Bravo

    Graduada en Ciencias Politicas (UCM), activista social y estudiantil

Un fantasma recorre Europa, y nosotras le llamamos camarada. El leve aleteo de las alas de una mariposa se siente ya en cualquier parte del mundo y se multiplica como un eco.

I

13 de febrero de 2011: “Se non ora quando?”. Todas las ciudades italianas acogieron una masiva movilización de mujeres que luchaban por su reconocimiento y su dignidad, y contra su cosificación como objetos de intercambio sexual.

21 de enero de 2017: Women´s March. La movilización más multitudinaria en Estados Unidos desde la guerra de Vietnam comenzó en Washington y tuvo una auténtica “hermanada”, casi 700 marchas hermanas en todo el mundo. Con esta Marcha se quiso rememorar la Marcha de un Millón de Mujeres celebrada en 1997 en Filadelfia, en la que participaron centenares de miles de mujeres afroamericanas. Hoy se ha articulado alrededor de la Women´s March Global y mueve una gran marea de reivindicaciones feministas.

3 de junio de 2015. “Ni una menos” #Niunamenos. La movilización de las mujeres ocupa 80 ciudades argentinas contra las violencias machistas y el feminicidio. En 1995, la mexicana Susana Chávez utilizó el lema “Ni una mujer menos, ni una muerta más” para protestar por los feminicidios en Ciudad Juárez. Chávez fue después una víctima de feminicidio (2011). Su lema fue propuesto por la argentina Vanina Escales para la maratón de lectura del 26 de marzo de 2015, dando nombre, finalmente, a la movilización del 3 de junio de ese mismo año. El impulso no perdió fuerza y se repitió en años sucesivos: el 3 de junio de 2016 #Vivasnosqueremos y el 3 de junio de 2017 Basta de violencia machista y complicidad estatal. Hoy se ha extendido como una gran mancha de aceite en otros países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Perú y México.

8 de marzo de 2017. El desborde feminista en España “Ni una menos, nos queremos vivas”, “Ni un paso atrás”, es la traducción ibérica de una alianza mundial. A partir de ese 8 de marzo, las promotoras de la Asamblea Feminista se reúnen el 8 de cada mes para generar las condiciones que este año nos llevarán, sin ninguna duda, a una movilización sin precedentes: #HaciaLaHuelgaFeminista, “Si nosotras paramos todo se para”, “Paramos para cambiarlo todo”, “Juntas somos más”. Las mujeres, unidas, combativas y rebeldes, no son solo una agregación o una suma de mujeres.

II

En España las mujeres sufren más paro, más jornadas parciales, una abultada brecha salarial (aunque su nivel formativo es superior al de los varones), una vejez más depauperada, mayor discriminación en el empleo, y un trabajo de cuidados no remunerado que nuestro sistema productivo ni siquiera podría pagar (Pérez Orozco, Carrasco, Pazos, Gálvez); sufren la falta de paridad en los órganos de poder y una escasa representación en los puestos de responsabilidad y dirección (Valcárcel, Amorós); ven mermados sus derechos sexuales y reproductivos, ahora en riesgo de regresividad, gracias, entre otras cosas, al recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra la vigente ley del aborto y cuya ponencia ha recaído sobre un magistrado afín; y son víctimas de una violencia física, sexual y económica, tan cruel como pertinaz, con la que no ha logrado acabar nuestra estrechísima Ley de Violencia de Género (Bodelón, Montero, Gimeno).

La Ley se ha topado en estos años con recortes brutales, con trabas en la asistencia letrada a las mujeres, con turnos judiciales infradotados y desiguales en función de la residencia de la víctima, con la falta de especialización y de formación del personal de justicia, y con un sistema probatorio dantesco que obliga a las mujeres a demostrar no sólo que han sufrido una agresión, sino que tal agresión es el fruto de una dominación machista y reiterada. De hecho, en España, el problema no ha sido nunca el de las denuncias falsas de la popular mitología machista sino más bien que se ha denunciado poco, que cada vez hay más renuncias a las denuncias, y que, cuando se ha denunciado, ni las víctimas, ni sus hijos/as, han recibido suficiente protección.

La Ley de Violencia de Género ha sido la Ley más resistida de España en el ámbito judicial, y no ha podido evitar que casi 1000 mujeres hayan sido asesinadas desde 2002-2003, ni que un 1.4 millones de mujeres y niñas hayan sido víctimas de violencia sexual. Los casos de Diana Quer, Nagore Lafagge o de “la manada”, han demostrado, además, que esa resistencia es compartida por una buena parte de la sociedad. La parte que desplaza la responsabilidad de ellos a ellas, las culpabiliza por lo que les sucede, y pone en duda la credibilidad de sus testimonios. Lamentablemente, y a pesar del Convenio de Estambul, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado hace unos meses en el Congreso, no ha contemplado ni los derechos ni la reparación de estas víctimas, pero ni en España, ni en el resto del mundo, se han podido acallar sus voces.

El movimiento #MeToo, como otros antes, ha roto bruscamente el silencio cómplice y encubridor que se había instalado alrededor de las agresiones sexuales y la cultura de la violación (Despentes), generando una onda imparable de sororidad digital; las movilizaciones en lugares tan alejados como Chile, Polonia o Turquía, han puesto el acento en las dimensiones pandémicas de la violencia machista. En 2014, solo en la UE se contabilizaban 13 millones de mujeres entre las víctimas de violencia física, y 3.7 millones, entre las de violencia sexual (una de cada 20 mujeres declaraba haber sido violada antes de los 15 años de edad).

III

La emergencia global feminista frente a todas las violencias machistas (física, psíquica, sexual, social, cultural y/o simbólica), con las que se intenta continuamente laminarnos, ha sido también la respuesta de las mujeres a las opciones políticas que han colonizado las instituciones con planteamientos agresivos y excluyentes, en los que el machismo y la misoginia han jugado un papel decisivo: frente a Trump y sus agresiones verbales, frente a Macri, Erdogan o la Rusia de Putin. Si en 2008 eclosionó la movilización mundial contra los recortes y la ideología de la austeridad; contra la depauperación, la precarización y la desposesión a la que tal ideología nos condujo, y contra la ausencia de una respuesta institucional que pudiera contenerla, no hay duda de que estos últimos años han sido los años de las mujeres.

El feminismo ha desmontado las falacias meritocráticas que han alimentado un sinfín de gobiernos conservadores y neoliberales; se ha alzado contra el desmantelamiento de las políticas sociales, el abierto desdén por las acciones afirmativas, la tajante división público-privado, la exclusiva protección de la familia heteropatriarcal, la conservación de la cultura en su versión más reaccionaria, la alianza con las Iglesias y los poderes establecidos, la protección de las élites o el clasismo racializado, todas ellas marcas indelebles de unas propuestas políticas que, o bien niegan las estructuras patriarcales de dominación, o bien no encuentran nada de malo en ellas.

IV

El feminismo universalizado en esta última década ha girado, además, alrededor de la centralidad del cuerpo de las mujeres, un campo de batalla violentado y agredido por la barbarie capitalista y patriarcal (Segato), pero también la última frontera en la conformación/deconstrucción de sus identidades y la reivindicación de sus derechos (Wittig, De Lauretis, Serano). Y ha sido esta centralidad del cuerpo la que ha llevado a algunas feministas a poner en valor la experiencia del inacabamiento, la finitud y la fragilidad (Nussbaum); la de vivir inmersas en un nudo de relaciones concretas que visibiliza nuestra inter/ecodependencia.

Este feminismo ha reivindicado, entre otras cosas, el cuidado como una virtud cívica y un deber público de civilidad, colocando en primer plano las prácticas feministas, la experiencia y el aprendizaje de las mujeres (Del Olmo).

Desde la ética del cuidado (Gilligan), la autonomía no se concibe como inmunidad o autosuficiencia, fruto de experiencias psicológicas estrictamente subjetivas, estrictamente solipsistas, sino como el resultado de sinergias relacionales, en permanente estado de regeneración, reflexión, revisión y diálogo (L. Gil, Béjar). La diferenciación no se entiende como separación o fragmentación sino como un modo particular de estar conectada con las otras. La autonomía es, aquí, sinónima de capacidad distintiva; la capacidad de crear y transformar las condiciones de la existencia y la vida propia en un mundo común. Y el cuidado no se percibe solo en su dimensión material sino también inmaterial, de ahí que se haya hablado de una política de los afectos. Por supuesto, no se trata aquí de apelar a las relaciones de cuidado generadas en la desigualdad, sino de pensar en los cuidados como una palanca de transformación social. Y aunque no faltan quienes han conectado este discurso con la trascendencia de la maternidad (también en su dimensión normativa), esta conexión no ha de verse necesariamente en un código reaccionario. La relevancia de la “madre” como sujeto político se ha articulado desde posiciones constructivistas, materialistas y deconstructivistas, entre otras, y ha estimulado un largo debate que, por fortuna, no acaba de cerrarse (Chodorow, Muraro, Merino, Llopis).

Lo cierto es que si hoy el norte no percibe la grave crisis de cuidados que le devora, es porque esta responsabilidad social ha recaído sobre un contingente de mujeres migrantes. Mujeres que cuidan a nuestrxs hijxs, nuestros dependientes, nuestrxs mayores, y que dejan a lxs suyxs al cuidado de otras mujeres. Mujeres que suplen la ausencia de las instituciones y la irresponsabilidad de los varones, nutriendo nuestros vínculos, mientras debilitan los suyos, y que generan una plusvalía afectiva y emocional que no podemos siquiera calcular. Estas mujeres precarizadas, explotadas, invisibilizadas, revictimizadas una y mil veces, viven conectando dos espacios territorialmente discontinuos, uno aquí y uno allí, tejiendo redes materiales y cultivando un imaginario de cariño en la distancia. Gracias a ellas podemos nosotras acceder a un trabajo remunerado en mejores condiciones, tener hijxs, criarlxs, educarlxs, “conciliar”, habilitar un mundo en el que la dependencia no sea un estigma invalidante, y hasta disfrutar de una casa ordenada, limpia y apacible; gracias a ellas podemos comprar el tiempo que nos roba un sistema patriarcal y depredador, y hacerlo a un coste bajo o accesible.

La crisis de los cuidados que sufrimos en el norte se amortigua con las crisis endémicas del sur, con contingente de mujeres que llegan trabajosamente desde otros lugares, enfrentando graves dificultades para arraigarse y regularizarse, y que son tratadas como infraciudadanas y como inframujeres. Este trasvase del cuidado de unas manos femeninas a otras, está estructurado por la clase social, la etnicidad y la raza, genera desigualdad intragénero, refuerza el rol pasivo del varón, y apuntala el sistema capitalista y misógino que acaba con todas nosotras (Sassen, Benhabib, Anzaldúa, Lugones).

V

La misma violencia que nos desposee a todas de nuestras relaciones, que nos fragmenta, nos divide y nos disocia, hasta de nosotras mismas, es también la que acaba con nuestros territorios y con los recursos naturales a los que debemos nuestra subsistencia (Shiva, Herrero, Puleo). El colapso civilizatorio que hoy padecemos, y que se muestra en el cambio climático, el fin de la biodiversidad, la tortura animal, la crisis alimentaria, el expolio de los territorios y sus cultivos, entre otras cosas, muestra también los efectos devastadores de esos valores masculinos asociados al crecimiento desenfrenado, el egoísmo como presupuesto racional, el individualismo, el narcisismo, la competitividad como motor del “bienestar”, el “progreso”, la visión lineal del tiempo. Y en todas partes del mundo, las mujeres resisten a diario frente al expolio de los comunes (Federici), defendiendo la reproducción de la vida, con todos los nudos materiales e inmateriales de los que depende nuestra misma posibilidad de ser.

VI

En fin, en el cuidado se asume nuestra radical vulnerabilidad y la normalidad de la dependencia, intentando eliminar su estigma negativo para concebirla como un rasgo necesario y universal de las relaciones humanas, por eso, en esta construcción, las necesidades no puedan desligarse de los bienes relacionales, ni de las deudas de vínculo que hemos contraído con las otras. Esta epistemología arraigada en las vivencias y en los saberes situados que hemos extraído de ellas (Haraway), ha sido una fuente indudable de cambio, porque entiende que la única manera coherente de hacer acotaciones teóricas generales consiste en tomar conciencia de que estamos realmente localizadxs en algún lugar específico (Spivak, Braidotti, Rich). De hecho, como se ha dicho en muchas ocasiones, ha sido el discurso experto el que ha contribuido al sometimiento de las mujeres, eliminando los instrumentos que tenía a su alcance para canalizar sus protestas.

VII

De manera que los derechos que reivindican las mujeres y su resistencia frente a la violencia sistémica están fuertemente enraizados en su experiencia relacional y en una construcción que apela más a las vivencias concretas y colectivas, que a la abstracción y la formalidad propias del androcentrismo jurídico (Mackinnon) y el discurso clásico de los derechos (Facio, Held). Las mujeres hemos comprendido que la lucha por acceder al poder y a la riqueza en condiciones de igualdad, no podía desvincularse de nuestra diferencia (Young) ni de un horizonte de emancipación en el que tuviera cabida un nosotras plural (Fraser, Butler). Y este discurso anclado en la subjetividad, nos ha permitido subvertir los códigos culturales dominantes, situándonos más cómodamente en un universo posthegemónico que en el de las rígidas ideologías y los grandes relatos. Si hay algo que el feminismo ha dejado claro es que no son los macrorrelatos los que hoy motivan, movilizan y socializan.

VIII

La revolución feminista que está en marcha será el origen de una larga noche para muchos, pero nuestra fortaleza consiste en haber respondido a la exclusión simplificadora y homogeneizante del unipoder, con dosis cada vez más ricas de complejidad e interseccionalidad (Vasallo); en sabernos diferentes y sentirnos cómodas compartiendo un horizonte común de transformación social, cultural y de sensibilidad. Las mujeres hemos logrado construir una narrativa cultural propia partiendo de una polifonía de voces y de una arqueología de lo común; asumiendo las contradicciones y la contingencia con ese pensamiento contextual y enraizado que tan bien representó bell hooks y en el que se conjugaba sin problemas la realidad relacional y el desafío al canon de la semántica hegemónica.

La clave de nuestra resistencia es la de no haber simplificado nuestros ecosistemas, la de haber logrado caminar, paso a paso, la inconclusa senda de nuestra propia construcción, contrastando, releyendo y superando nuestras diferentes identidades, y disputando sin descanso el relato y el imaginario colectivo (Woolf, Millett, Lorde, Freixas). Frente a lo uno, las muchas. Mientras no pueda hablarse de un feminismo en singular, la victoria será nuestra.

IX- inacabado

Venceremos, porque en cada jardín habrá un rumor de bosque.

moderado por:

  • Enrique del Olmo

    Sociólogo

  • Marga Ferré

    Presidenta de la FEC (Fundación Europa de los Ciudadanos) y miembro de la red europea de pensamiento crítico Transform!

  • Juan Carlos Monedero

    Profesor titular en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Cofundador de Podemos.

La Revolución que reinventó el mundo

  • Josep Fontana

La conmemoración del centenario de la revolución rusa de octubre de 1917 debería llevarnos a una evaluación razonada de sus aciertos y sus errores, de la cual podamos sacar lecciones útiles para un presente de desconcierto e incertidumbre. Entre sus aportaciones positivas figura en primer lugar la de haber alentado en todo el mundo las esperanzas de cambio y la voluntad de protesta de los de abajo hasta forzar a los gobiernos del capitalismo avanzado a desarrollar políticas de “reformismo del miedo” para defenderse de la amenaza potencial de la subversión. Fue en gran medida el miedo al comunismo lo que favoreció que la socialdemocracia crease lo que llamamos el estado del bienestar, basado en una redistribución de los beneficios de la actividad económica. La prueba de ello es que cuando, a fines de los años setenta, desapareció el miedo al comunismo,comenzó el desguace del estado del bienestar y se inició la etapa de desigualdad creciente en que estamos hoy sumergidos.

Otra de sus aportaciones decisivas fue su contribución al proceso de descolonización, un campo en el que los comunistas se mantuvieron activos desde que en 1927 inspiraron la reunión en Bruselas de la Liga contra el imperialismo que reunió a representantes de 134 organizaciones, procedentes de 37 territorios coloniales distintos, con la participación de figuras como Sukarno, Nehru, Haya de la Torre, Messali Hadj y una amplia representación del Kuomintang chino. Un año más tarde, en septiembre de 1928, el sexto congreso de la Internacional comunista publicaba unas Tesis sobre los movimientos revolucionarios en los países coloniales y semicoloniales en que se planteaban los métodos con que ayudar a las “revoluciones democrático-burguesas” de estos países.

Entre sus errores más graves figura el de haber renunciado al ideal leninista de crear una sociedad que, tras una fase transitoria de dictadura del proletariado, procedería a abolir gradualmente todos los mecanismos de poder del estado –la policía, el ejército y la burocracia- iniciando así el camino hacia su desaparición y hacia una sociedad en que se preveía incluso el fin del trabajo asalariado. Lejos de ello, el poder soviético acabó erigiendo un estado opresor, escudándose en la necesidad de defender la revolución de sus enemigos internos y externos.

Para entender cómo ocurrió esto hay que ir hasta la génesis de la revolución. Su planteamiento inicial, desde febrero de 1917, repetía la fórmula de los partidos socialdemócratas tradicionales: convocar una asamblea constituyente, establecer una república democrático-burguesa y emprender el camino de una lenta evolución hacia el socialismo. Fue Lenin quien en abril de 1917, haciéndose eco de la crítica a la socialdemocracia que Marx había formulado en 1875, propuso ir más allá y forzar el paso inmediato a una sociedad socialista. Seis meses más tarde, en octubre, era evidente que el gobierno que presidía Kerensky no podía seguir conteniendo la disolución del ejército y el malestar de obreros y campesinos, de modo que la toma del poder por un gobierno de los soviets se produjo con facilidad.

En lo que se había equivocado Lenin era en sus previsiones de que el capitalismo europeo estaba en trance de “venirse abajo”. Lejos de ello, replicó armando a los participantes en una llamada “guerra civil” en que intervinieron, directa o indirectamente, hasta dieciséis países distintos, que causó ocho millones de muertos y destruyó por completo la economía.

El programa de transformación de la sociedad que se había iniciado en 1917 se estancó en el verano de 1918 como consecuencia del inicio de una revuelta en que participaban a la vez los partidarios de la asamblea constituyente y las fuerzas del zarismo, armadas por las potencias capitalistas. La denuncia que Kaustky hizo en Die Diktatur des Proletariats, presentando lo que ocurría en Rusia como el enfrentamiento entre un socialismo democrático y una dictadura bolchevique,demostraba que no había entendido lo que estaba ocurriendo realmente.

La ”guerra civil” se ganó gracias al apoyo de los obreros y los campesinos, pero lo que en octubre de 1917 era un poder representativo de los soviets se había convertido entre tanto, por las circunstancias de la guerra, en una dictadura bolchevique, contra la que en 1921 protestaban los obreros de Petrogrado y los marinos de Kronstadt. Lenin consideró que era necesario mantener este control político mientras se emprendía una campaña de reconstrucción económica, como condición necesaria para reemprender el programa de transformación social.

Tras la muerte de Lenin este proyecto pudo haber seguido sobre la base de la continuidad de la Nueva Política Económica y del desarrollo de los métodos de planificación que elaboraba el Gosplan, como proponían Bujarin o Rykov. Pero Stalin optó en 1929 por iniciar una nueva “revolución” que propugnaba la industrialización forzada, lo cual condujo a un enorme despilfarro de recursos y a una oleada de violencia que se reforzó todavía entre 1937 y 1938, cuando el pánico a la supuesta amenaza de una conjura interior, en complicidad con un ataque externo, costó la vida a más de setecientas mil víctimas.

Aunque los sucesores de Stalin no volvieron a recurrir al terror en esta escala, conservaron un miedo a la disidencia que hizo muy difícil que tolerasen la democracia interna. Consiguieron así salvar el régimen soviético, pero fue a costa de mantener un estado opresivo y de la renuncia a avanzar en la construcción de una sociedad socialista.

A pesar de todo, en el resto el mundo la ilusión generada por el proyecto leninista siguió animando durante muchos años las luchas de quienes aspiraban a realizar la revolución, lo cual ayudó a la socialdemocracia en su tarea de combatir la expansión de las ideas revolucionarias con una política de reformas que hizo posible que entre 1945 y 1975 se viviesen en el mundo desarrollado lo que los franceses llaman “los treinta años gloriosos” en que el crecimiento económico estuvo acompañado por un grado de igualdad social como no se había conocido hasta entonces en la historia reciente.

A partir de 1968, sin embargo, el “socialismo realmente existente” mostró claramente sus límites como proyecto revolucionario, cuando en París renunció a implicarse en los combates en la calle, y cuando en Praga aplastó las posibilidades de desarrollar un socialismo con rostro humano. Perdida su capacidad de generar esperanzas, dejó también de aparecer como una amenaza que inquietase a las clases propietarias de “occidente”, lo cual las permitió retirar las concesiones que habían hecho hasta entonces, al tiempo que la socialdemocracia se acomodaba a la situación y aceptaba plenamente la economía neoliberal.

En los años ochenta, en momentos de crisis económica y de inmovilismo político, los ciudadanos del área controlada por la Unión Soviética decidieronque no merecía la pena seguir defendiendo el sistema en el que habían vivido durante tantos años. El testimonio de un antiguo habitante de la Alemania oriental que hoy vive en Estados Unidos ilustra acerca de la naturaleza de este desengaño. Sabíamos entonces, afirma, que lo que nuestraprensa decía sobre nuestro país era un montón de mentiras, de modo que creímos que lo que decía sobre “occidente” era también mentira. No fue hasta llegar a Estados Unidos que descubrió que era verdad que había mucha gente en la pobreza, viviendo en las calles y sin acceso a cuidados médicos, tal como decía la prensa de su país. Hubiese deseado, concluye, haberlo sabido a tiempo para decidir qué aspectos de las sociedades de occidente merecía la pena adoptar, en lugar de permitir a sus expertos que nos impusieran la totalidad del modelo neoliberal.

Una reflexión como esta debería servirnos de advertencia en estos días, cuando la mayoría de las evocaciones del centenario de la revolución que se publiquen van a ser enteramente negativas, fruto de cien años de lavado del cerebro de una propaganda hostil, animada todavía hoy por el interés en ocultar todo lo que pueda haber de positivo en su legado. La alternativa no puede ser la defensa a ultranza, sino un análisis objetivo -no digo desapasionado, porque no es posible eliminar la pasión en algo que trata de la vida y el bienestar de los seres humanos- con el fin de rescatar lo que siga siendo válido de sus aciertos y evitar caer de nuevo en sus errores.

En las notas que siguen me aproximo a tres temas, con el deseo de fomentar o facilitar la discusión con las lectoras y los lectores de «Público». En primer lugar, recordar las predicciones para el 2016 y como confirmaron casi todo lo peor de lo que podría suceder. En segundo lugar, describo brevemente la post-crisis y efectos de alto riesgo en Europa. Por último, y antes de algunas conclusiones sobre lo que puede cambiar en Europa, una nota sobre los mayores riesgos inmediatos.

Lo que podía ser peor en 2016

A finales de 2015, varias instituciones publicaron sus listas de pesadillas acerca de todo lo peor que podría suceder en el nuevo año. En resumen, tenían tres tipos de riesgos, lo que llaman «cisnes negros» o aquello que es improbable y que, a pesar de serlo, puede incluso ocurrir: el Brexit y la crisis europea; la crisis financiera y degradación económica; y la elección de Trump y crisis de la globalización. Se suponía entonces que estos serían escenarios extremos y poco probables.

La agencia Bloomberg, basándose en encuestas de los principales empresarios, confeccionó entonces un ranking de pesadillas y presentó un cuadro para calcular sus efectos. Las tres peores serían un ataque de Daesh a los oleoductos en Oriente Medio, que empujaría hacia arriba el precio del petróleo, el Brexit y un ciberataque destructivo contra la banca internacional.

La elección de Trump, por el contrario, que pensaban que sólo era posible si Clinton desistía, apenas aparecía en las pesadillas de Bloomberg para 2016. Se consideró que formaba parte de lo casi imposible, pero se suponía que podría provocar una gran incertidumbre que favorecería a la industria militar, un acuerdo con Rusia para una nueva Guerra Fría desplazada hacia el Pacífico y efectos impredecibles sobre el orden internacional. Para la Unión Europea, la pesadilla sería la salida del Reino Unido, el debilitamiento de Merkel y la marcha atrás del Banco Central Europeo en la política de expansión monetaria. En economía, el peor escenario sería un crecimiento débil de China o la aceleración del calentamiento global con efectos peligrosos para la agricultura y el acceso al agua. Otras fuentes de tensión podrían encontrarse en Brasil si Rousseff fuera apartada del poder y en Venezuela si se prolongara la crisis.

Tal como se puede ver, casi todas estas pesadillas se hicieron realidad.
Otra institución que planteó posibles escenarios fue The Economist: el peor, aunque con baja probabilidad, sería la elección de Trump, que desestabilizaría la economía global. La Unión Europea podría fracturarse si el Reino Unido la abandonara, si la crisis de refugiados creara nuevas tensiones internas que afectaran a Merkel y si Grecia fuera empujada a abandonar el euro.

De todo eso ya tenemos bastante, pero podía ser peor. En primer lugar, la crisis europea: muros contra los refugiados y aumento de la xenofobia, la aventura de Cameron con el referéndum británico, la sangría de Grecia… Pero luego vinieron más acontecimientos: el referéndum en Italia con la derrota de Renzi y las elecciones en Austria, que confirmaron la fuerza de la extrema derecha y el desvanecimiento de los partidos tradicionales. Y en 2017 tenemos elecciones francesas, holandesas y alemanas (y quizás italianas). Cada uno de estos procesos sólo puede acentuar la crisis europea.
En segundo lugar, la victoria de Trump. Amenaza inmediata, el repudio del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Pero también hay que mirar hacia el gobierno que se perfila, con el peso de los tiburones de Wall Street y de la industria petrolera, los militares belicistas y la resurrección de los profetas ultraconservadores. Podemos ver lo que se nos viene encima: maná de los dioses para las finanzas y el neoliberalismo emparejado con el autoritarismo, como en sus peores momentos.

Pero existe todavía otra pesadilla que está por llegar: una nueva crisis financiera. La pregunta, por cierto, no es si esta crisis se producirá, sino cuándo se va a producir. El aumento de la volatilidad de los mercados financieros y la acumulación de la deuda son las consecuencias de una política amenazadora: el BCE puso dinero en circulación que revalorizó las acciones pero no impulsó la demanda y en particular la inversión, mientras que las tasas de interés negativas estrecharon los márgenes bancarios y estimularon nuevas operaciones financieras de riesgo, de las que el Deutsche Bank es un ejemplo (el valor nocional de los derivados es superior al valor del PIB mundial). Es decir, nuestro problema mundial son las soluciones al problema.

Al finalizar el año pasado, nos encontramos con una crisis de la demanda mundial y con una escasa capacidad para responder a una recesión, porque los bancos centrales no pueden hacer mucho.

Tomen nota, por favor: el centro del peligro está en Europa, que acumuló los mayores errores durante toda la década y lo pagará ahora con la ‘trumpificaçión’ de su política en Francia y Alemania.

Europa en el torbellino

La anterior crisis financiera, desencadenada por el colapso de las subprime a partir de verano de 2007, fue una oportunidad para cambiar la brújula. En el caso de la Unión Europea, el crash y la prolongada recesión fueron el contexto, la justificación y el motor para realizar mas cambios en los sistemas sociales, sometiendo la disputa social por los salarios a un nuevo mecanismo de control y transferencia de ingresos para el capital.
En crisis anteriores, el mecanismo de ajuste fue la depreciaciación de los salarios a través de la inflación o los aumentos de impuestos, reforzada mediante la depreciación de la moneda. Las políticas fiscales y monetarias se utilizaron para devaluar una parte del capital y sobre todo para devaluar el trabajo, ajustando de esta manera el proceso de acumulación.

En las condiciones actuales, ninguno de estos instrumentos se encuentra disponible, al menos en la zona euro. Así que para este cambio gradual de régimen, el aumento del desempleo estructural se ha convertido en el instrumento más importante para reducir los salarios directos, y el aumento de los impuestos para reducir el salario indirecto. La Figura 1 muestra el aumento del desempleo en la zona euro durante los primeros años de la recesión, y conviene señalar que el resultado agregado oculta los extremos, especialmente el crecimiento exponencial del paro en España, Portugal y Grecia.

Gráfico 1

F: Mark Blyth (2013). Promedio en toda la zona del euro en 2013

Este gráfico, como los siguientes, muestra la evolución durante los años inmediatamente posteriores a la crisis financiera, para dejar claros los factores agravantes de las contradicciones y la posibilidad de haber optado por una alternativa. La verdad es que esto es la historia de un fracaso (o del suceso de la destrucción): ante la crisis que el desempleo pone de manifiesto, se elige la solución de la austeridad, que agrava la crisis. La austeridad siempre fue una «idea peligrosa», tal como señaló Blyth.
Para este análisis, el indicador del desempleo es preferible al del PIB, ya que es más representativo de la evolución de la situación social y no tanto de un efecto de combinación de señales posiblemente contradictorias. Y este indicador describe el proceso de desintegración de las sociedades europeas, en particular de protectorados bajo la política de austeridad: en promedio, en la zona del euro, desde el tiempo de las subprime hasta ahora, el desempleo se ha duplicado.

La justificación para esta corrección ‘austeritária’, que condujo a un aumento del desempleo, fue la insostenibilidad de las deudas soberanas (deudas públicas), alimentadas por un gasto público excesivo e ineficiente. Sin embargo, como se puede ver en los gráficos de Mark Blyth, este es un caso en el que la causa parece ser consecuencia de la consecuencia o en al que la consecuencia parece ser causa de la causa: el aumento del gasto público se produce después de la crisis y no antes crisis.
El Gráfico 2 muestra como creció el peso de las deudas soberanas a lo largo de cuatro décadas, siendo evidente que se estabilizó durante los primeros años del nuevo siglo, para dispararse a continuación con la recesión.

Gráfico 2

F: ibid. Media no ponderada de la deuda soberana promedio de trece países de la OCDE, incluyendo las economías dominantes

Evolución del peso de las deudas soberanas hasta los programas de ajuste en Grecia, Irlanda y Portugal, 1970-2011

Lo mismo ocurrió en cada uno de los países, si se toman por separado. Ocurrió incluso en Alemania: se produjo un aumento del gasto público como respuesta a la depresión y, en consecuencia, el peso de la deuda en el Producto creció significativamente, pasando de cerca del 65% en 2008 al 80% en 2011.

Gráfico 3

F: ibid.

¿El buen ejemplo de Alemania?

La política del gobierno alemán era la misma que la que crítica o impide que se aplique en otros países: amplió la política presupuestaria para estimular la demanda, como respuesta a la crisis. Pero no permite que esto se lleve a cabo en otros países, a los que impone condiciones de austeridad, es decir, de política recesiva para responder a la recesión. En consecuencia, en los países sometidos a rescate y que, no siendo centros financieros, están obligados a pagar un interés excesivo por la financiación en los mercados internacionales, el déficit y la deuda se agravan por efecto de la recesión, al tiempo que aumenta el desempleo y las economías pierden capacidad de producción, o sea, que pierden la capacidad de resolver la crisis recesiva.

Saturno y sus hijos

¿Así que todo lo peor que podía pasar en 2016 llegó a pasar? Calma. Los pronósticos apocalípticos eran un poco exagerados y todavía hemos de ver lo peor. Estas predicciones vinieron de todas partes, es cierto: los adversarios de Brexit anunciaron la catástrofe si el Reino Unido optaba por salir de la Unión Europea, muchas gentes del continente continental suspiraban para que llegara un momento clarificador que iluminara sobre los errores de la institución europea. Y, sin embargo, «los mercados», el termómetro de nuestros días, no dijeron ni mu. No hay recesión en el Reino Unido, ni los capitales huyeron, ni la Unión desbancó..
Lo mismo en Italia. El referéndum se volvió en contra de Renzi y de sus planes de concentración de poder, forzando los resultados de las elecciones (él el primer ministro sin haberse presentado a las elecciones), pero «los mercados» se mantuvieron en lo suyo. En resumen, el Brexit todavía necesitará su tiempo y en Italia no hay aun un tipo de Brexit.

El problema empieza a partir de ahora, porque, como nos dicen, calma, Italia no está por el Brexit, no hay que asustarse, y luego Francia tampoco está por el Brexit, como Italia, Austria es un lugar tranquilo, Holanda no es Francia, Alemania no es Holanda, todos los casos son diferentes y todos tienen el mismo problema. Eso significa que tenemos el peor de los problemas: la Unión, como Saturno, quiere devorar a sus hijos. Calma, por lo tanto, pero atención, porque hay que tener en cuenta que la cosa está peor incluso de lo que parece.

Se fue Cameron y se fue Renzi. Hay que tener en cuenta la coincidencia: ambos tenían amplia mayoría parlamentaria. No les fallaron las instituciones, fue el pueblo, hasta el punto de que, confundidos en el intento cesarista de un referéndum, se embarcaron en ambos casos en juegos políticos que precipitaron su caída. Hollande también se va y probablemente Dijsselbloem también se irá, o quien lo sostiene, y vamos a ver quién más. Saturno va tras todos sus hijos, metódico y voraz, mientras los creadores de las normas europeas y sus líderes van creando vacíos a su alrededor.

De hecho, la UE no tiene un liderazgo convincente. Tiene una jefatura autoritaria, pero renuente y postrada, Merkel, que, tras el fracaso del acuerdo con Turquía sobre los refugiados, se retiró para estar pendiente de sus elecciones (tal como se ha recordado, en Europa no se hará nada hasta octubre de 2017, cuando en Alemania vayan a las urnas y poca cosa se hará de manera diferente a partir de entonces, ya que la correlación de fuerzas será todavía peor). La UE también tiene también bomberos pirómanos en los países del Este, celebra cumbres «refundadoras» cada semestre, genera discursos inconexos y, en ausencia de cualquier otra cosa, elabora llamamientos a los «valores» para conmover a los creyentes. En esencia, no sabe qué hacer y no hace nada.

En esta parálisis, el peligro es Saturno, que devora a los gobernantes, les conduce a la irrelevancia y deja pasar el tiempo. Perdida la capacidad de responder a escala nacional a la crisis económica, se vuelven rehenes de las agencias de calificación; renunciando a la democracia parlamentaria para votar los presupuestos, resuelven con reglas sin legitimidad; reducen la política al arte de la espera de un milagro y quedan reducidos a espectáculo. Y el espectáculo no es suficiente para entretener durante todo el día.

Es por eso por lo que debe asustarnos la calma de los «mercados» en Italia y en el Reino Unido. La prolongación de la agonía de una recuperación mediocre que deja a los jóvenes en el desempleo, hacer la vista gorda a las guerras del petróleo y los muros contra sus refugiados, son las opciones que agravan las divisiones, la desconfianza y la corrosión social, es decir, esto si que es el trabajo de Saturno.

La Unión se destruye por dentro, porque es divergencia y no es Unión. En otras palabras, la calma Europea es solamente miedo. Miedo a que se necesite inyectar rápidamente varios miles de millones en el banco Monte dei Paschi di Siena (Nota: esto fue escrito a mediados de diciembre, antes de la decisión sobre el Monte), miedo de que venga después Unicredit, miedo lo que pueda dar de sí el Deutsche Bank, el miedo al dominó.

Pero, sobre todo, Europa tiene miedo de todas las elecciones. Es esto lo que se viene abajo. La diferencia es la siguiente: ya estuvieron Berlusconi y Sarkozy en el Consejo Europeo, como Trumps avant la lettre, la cosa iba bien desde los tratados si pusieran en pie para hacer cumplir las reglas del euro; ahora el virus de la desconfianza rompe esquemas, descompone a los partidos de la postguerra, se convierte en un calvario de desmantelamiento. Es la obra de Saturno.

Conclusiones para la política

Esto me permite presentar seis conclusiones, mediante revisando los argumentos aquí compilados y sugiriendo otros para el debate.
La primera es que las crisis forman parte del pulso del capitalismo, aunque en las últimas dos décadas las burbujas especulativas hayan tenido mayor volumen e impacto como resultado de la globalización y la liberalización financiera.

La segunda es que esta combinación de acumulación de dificultades por medio de la extracción de los ingresos financieros ha creado un proceso de endeudamiento insostenible, que condujo a la crisis de las subprime de 2007 y a la recesión de 2008, después de un largo período recesivo.

La tercera es que este proceso de endeudamiento se vio alimentado por la creciente desigualdad que, al igual que en la década anterior a la primera depresión (1929), estimuló la transferencia de ingresos de los trabajadores y pensionistas hacia las finanzas, primero a través de la deuda privada y luego de la deuda pública.

La cuarta es que la política de austeridad orientada hacia el aumento del desempleo tiene un efecto estratégico: debilitar el poder de negociación de los trabajadores y de los movimientos sociales y obtener la privatización los bienes públicos esenciales, y se diferencia así de las políticas de respuesta a la primera gran depresión, con las que se procuraba aumentar la inversión para crear puestos de trabajo.

La quinta conclusión es que la recesión y austeridad generan el espiral de la deuda, por lo que la austeridad es la causa más que la cura de la depresión. La austeridad es además una idea peligrosa. Para responder a la depresión es preciso poner fin a la austeridad y, por lo tanto, la reestructuración de las deudas.

La sexta conclusión es que para reestructurar las deudas es preciso abandonar el euro e imponer y reconvertir la deuda en la nueva moneda nacional, devaluada para promover la sustitución de importaciones y mejorar los saldos comerciales y, sobre todo, permitindo asi la emisión monetaria y, por tanto, dejar de depender de la financiación a través de los mercados financieros, recuperando un banco central nacional. Después de la experiencia del gobierno griego, no es posible que la izquierda siga fomentando la ilusión de que la Unión Europea permite una negociación amable para un acuerdo que salve las economías endeudadas. Si Grecia ha enseñado algo ha sido que el castigo político y la destrucción de un país serán los instrumentos de la Comisión y del BCE para garantizar la protección de los acreedores y las rentas perpetuas para apoyar la financiación.

El centro y la izquierda en la evolución europea

Con la actual correlación de fuerzas y con la polarización política que la victoria de Trump acentúa, la pregunta más difícil de responder es si las izquierdas pueden protagonizar la alternativa. Deben hacerlo, en todo caso. Como que la Unión es la divergencia, caminará hacia la descomposición o recomposición y, si los movimientos populares no tienen la capacidad de determinar las políticas, estos serán los primeros objetivos del populismo y de las instituciones que lo instigan. Así, la recuperación de la iniciativa por parte de los movimientos populares significa la movilización de las mayorías que, en este contexto de desintegración, puede levantar al mismo tiempo la legitimidad democrática (y por lo tanto las identidades de los estados-nación, que son el único sostén de la democracia) y un proyecto de lucha por el pleno empleo (y, por tanto, la reestructuración de la deuda con la salida del euro y la nacionalización de los bancos).

¿Puede esta mayoría hacerse con el centro? No puede, o al menos no se puede hacer de forma estable de tal manera que responda a la crisis europea. El centro está desapareciendo, porque los partidos socialistas, al igual que otras formaciones, fueron absorbidos por la doble idea del predominio de las finanzas (que es el modo de reproducción social de la élite) y la idolatría del neoliberalismo (que es la ideología autoidentificadora y constitucional de la UE). En casi todos los países, empezando por Alemania, los líderes del PS forman parte de los engranajes de la máquina de justificación de la austeridad, la privatización y la desregulación. El discurso sobre los «valores» de Europa se ha convertido en el mantra que unifica a las élites gobernantes y que preside su educación y reproducción, sin admitir excepciones ni disensiones.

La doctrina y las reglas de la libertad de circulación de capitales, que destruye la posibilidad de que las políticas de expansión de la demanda o de reorganización de la oferta y de los sistemas de producción, es el dogma que se escribe en los tratados europeos, blindados a alteraciones que puedan favorecer políticas anti-cíclicas. En otras palabras, la Unión Europea sólo reconoce las políticas destructivas para responder a una recesión y sólo se reconoce en el discurso que las ensalza.

Es cierto que ha habido algunas excepciones en el campo de los partidos socialistas en los últimos tiempos: la revuelta de las bases del Partidos Laborista contra Blairismo con la elección y reelección de Corbyn, y la aceptación por parte del PS portugués de un acuerdo con la izquierda, en contra de toda su historia. Estos casos muestran que las políticas de izquierdas tienen que encontrar caminos unitarios, siempre que se puedan medir en logros sociales importantes, que se contrapongan a la cultura de sumisión a la austeridad. Si el nuevo gobierno portugués aumenta el salario mínimo a pesar de la ira de la patronal y de la presión europea, si se compromete a no privatizar y a dar marcha atrás todo lo posible en esa política a pesar de las presiones internacionales, a reducir los impuestos sobre el trabajo y a reequilibrar el sistema fiscal en detrimento de los grandes patrimonios, si se incrementan las pensiones y se recupera los salarios recortados durante el período de la troika, entonces eso ayudaría a recomponer la correlación de fuerzas. Así que hay que poner mucha atención en el contenido específico de la política y la responsabilidad de luchar por nuestra gente.

Pero éstas son excepciones creadas por las circunstancias. En Alemania, el SPD es parte de la mayoría Merkel; y tanto Gabriel como Schauble se alinean en el ataque contra Grecia. En España o en Francia, el centro se va fragmentando por haber seguido la orientación que criticó y contra la que prometía ofrecer una alternativa.

El centro vive bajo una amenaza. La amenaza es su propia ortodoxia neoliberal y, en particular, el riesgo de una próxima crisis financiera que acentúa la agresión económica neoliberal, es decir, la trumpificación de la política europea. Mediante la adopción de políticas neoliberales, el centro ha dado la victoria a la derecha en casi todos los países y, después de diez años de recesión y estancamiento, la situación social y la capacidad de respuesta es disminuida por la austeridad. Europa está menos preparada para responder a una nueva crisis: los bancos centrales no pueden actuar con impacto rápido (los tipos de interés ya no pueden bajar), el desempleo es mayor que en cualquier período anterior a las recesiones pasadas, y la vulnerabilidad social es más pronunciada. La desigualdad, que es el nombre de la explotación en la sociedad de clases, es ahora mayor que antes de la crisis de 2007-2008. Conclusión: una nueva crisis financiera provocará políticas sociales más duras y continuará destruyendo el centro.
Europa está cambiando, sí, pero sus instituciones forman parte de esta deriva hacia la derecha. La UE se ha convertido en una máquina para la hegemonía de la derecha, su agenda se reduce a la política neoliberal y aplica únicamente la vieja solución: búsqueda de más valor absoluto, más tiempo de trabajo, con menores salarios y pensiones más bajas, menor salario indirecto (escuela, salud, políticas sociales) y más sumisión.
A los analistas y lectores, una nota: no hay que olvidar nunca lo esencial. Todo lo que está en juego es la distribución de lo que se produce.

A los militantes de izquierda, sólo un consejo: no piensen que la música que sonará será la misma de siempre. La historia comienza como farsa puede terminar como tragedia. Todo depende de quién esté y de lo que hagamos.

moderado por:

  • Lourdes Lucía

    Abogada y editora

  • Teresa Gómez

Conclusión del debate

El cambio que necesita Europa para que la gente se sienta segura

Europa está en crisis y la izquierda europea no es capaz de dar respuesta. Cuando la izquierda no encuentra la respuesta «la extrema derecha es el plan del B del sistema». Este fue el debate que se puso sobre la mesa este miércoles en el coloquio organizado por Espacio Público. Existe una mayoría social que anhela un cambio, en cambio la izquierda europea está en crisis y esto lo está aprovechando la extrema derecha.

En un debate organizado por Espacio Público, la política y exministra socialista Cristina Narbona, el economista y miembro del Consejo de Estado de Portugal Bloco de Esquerda, Francisco Louça, la antropóloga y activista ecofeminista Yayo Herrero, el periodista Josep Ramoneda y el economista Nacho Álvarez han reflexionado este miércoles sobre el auge de la extrema derecha y las oportunidades para el cambio en Europa. El debate ha sido moderado por la directora de Público, Ana Pardo de Vera.

Europa necesita el cambio, pero ¿de qué forma puede hacerlo? Hay puntos de intersección sobre las crisis europeas. Hay quienes proponen promover el cambio a través de las instituciones y quienes piensan que lo mejor es acabar con Europa y empezar de nuevo.

La extrema derecha en Europa

«El problema al que vamos a asistir es que una parte de la derecha clásica se acerca a la extrema derecha que tratará de homologarse”, explicaba el periodista Josep Ramoneda. Ramoneda ha explicado que a la izquierda social demócrata le está costando encontrar las claves para responder a las inquietudes de la ciudadanía. A día de hoy hay un malestar profundo y la extrema derecha se está convirtiendo en la consecuencia final de “una fantasía”.

Marine Le Pen es ejemplo de ello. Ramoneda explica lo siguiente: «Ha habido una evolución del discurso de Le Pen, pasó de un discurso de mujer moderna con dos demonios: Europa y el islam. Al mismo tiempo en el seno de su partido estaba su sobrina, quien representa un núcleo ideológico muy duro, muy católico, integrista y conservador. Esta mezcla ha hecho posible que la capacidad de atracción fuese importante».

A día de hoy, y en opinión del escritor, “la diferencia entre fascismo, derecha y extrema derecha se está acortando”. Por este motivo Ramoneda llama a recuperar la idea del progreso con una perspectiva de futuro ya que alerta de que “la extrema derecha es el plan B del sistema”.

El periodista explica que la extrema derecha ha aspirado más que la extrema izquierda y que a esto se le ha llamado «populismo». Un término al que Ramoneda se niega utilizar. Considera que «no es una categoría que explica sino que es una categoría que etiqueta. Solo quiere decir que ‘estos señores no son aceptables para gobernar en el régimen en el que vivimos’, y por tanto no me interesa como categoría».

Las democracias liberales están en crisis y parecen no tener respuesta al movimiento de extrema derecha europeo. En cambio esta situación en Portugal es diferente.

El caso portugués

Francisco Louça, dirigente del Bloco de Esquerda en Portugal alerta: “Todas las sociedades europeas tienen miedo de las decisiones en Europa, eso quiere decir que se tiene miedo a la solución que se basa en la democracia”. En el país vecino la extrema derecha no tiene significado y esto, según explica Louça, se debe a que en Portugal la democracia surge de la revolución y con la derrota de la dictadura se desplaza a la política. En Portugal “la mayor amenaza es lo que ocurre en Europa”.

Además, Louça advierte de que en Europa se está utilizando la amenaza “para justificar un paso que no se había dado hasta ahora” y es el de “limitar las libertades y favorecer la militarización”.

El político portugués llama a “mirar con atención a la extrema derecha europea”, aunque afirma que a pesar de ser una gran “amenaza” existen problemas más terribles en nuestro continente.

Louça alude a la economía para tratar la crisis europea. «Pensar que el desarrollo del capitalismo europeo es el resultado histórico inevitable tiene una idea por detrás del contrato social europeo, una solución socialdemócrata. Habría una forma de democratizar europea».
Además, afirma que dar un paso más a la reconstrucción «es peligroso». El cambio del capitalismo provoca la supremacía de las finanzas.
Louça explica que la única forma de encontrar una solución a la moneda europea pasa «por la devaluación», es decir «reducir salarios y pensiones». El economista portugués alude al caso de Grecia y afirma que «solo se pueden discutir soluciones basándonos en el caso de Grecia».

Asimismo, explica el término de varias velocidades: «Todos los gobiernos dicen que estarán en la primera velocidad, y esto es solo publicidad. La única razón política es que nadie sabe que son varias velocidades». Francisco Louça concluye que «el cambio necesario está en la correlación de fuerzas democráticas».

«Si la izquierda no lo evita triunfará la tecnocracia»

Cristina Narbona también quiso dar su punto de vista sobre la situación de la extrema derecha en Europa. “El mundo a día de hoy se enfrenta a una crisis social y ecológica y debe ser la izquierda la que ponga los límites”, de esta forma analizaba la situación europea la militante socialista.

La exministra de Medio Ambiente considera que el mundo se enfrenta a una fuerza civilizadora y que “si la izquierda no lo evita triunfará la tecnocracia conservadora que conducirá al colapso”. Solo podrá forzar un cambio las alianzas progresistas que surjan en cada país. “Debemos insertar en nuestro debate la evolución del proyecto europeo y cómo cambiarlo, algo que solo podrá cambiar con una alianza de fuerzas progresistas”.

La militante socialista considera que en España se está iniciando “un nuevo tiempo político que sirva para crear un espacio positivo de consenso”. A pesar de ello alerta del auge de la extrema derecha y pide “una vacuna contra los pliegos de la extrema derecha”. Considera que la única vacuna posible contra las posiciones conservadoras es “una revisión del contrato capital-trabajo para poder construir un nuevo contrato que persiga un progreso más justo, seguro y duradero”.

Narbona considera necesario insertar «nuestro debate en la evolución del proyecto europeo y en cómo puede cambiar. Solo puede cambiar con una alianza de fuerzas progresistas. Esto se debe empezar a construir en el ámbito de cada país y en España estamos en el inicio de un nuevo tiempo político que sirva para crear una espacio positivo de consenso.»

Además, Narbona, ya en el plano económico, reconoció que la reforma del artículo 135 de la Constitución «era un error» ya que «obligaba a respetar los límites». Hasta 2011 la Constitución reconocía lo siguiente: «El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito», es decir, el artículo facultaba al Gobierno para emitir deuda pública y así financiarse. En cambio tras la reforma el artículo se amplió a cinco puntos y ponía tope al gasto del Estado y a la exigencia de pagar la deuda pública antes que nada.

Narbona considera que se debe producir de otra manera y aspira a soluciones «supranacionales». Sus argumentos coinciden en este plano con los de Yayo Herrero.

Un progreso «más justo»

Un progreso más justo también lo reclamaba la activista ecofeminista Yayo Herrero. Yayo denuncia que “dentro de nuestro modelo económico solo se ve lo productivo y no se ven las necesidades humanas”. Las sociedades creen “en la economía y no en quien las sostiene”.

La antropóloga denuncia que las rentas de trabajo bajas no mantienen el modelo económico. A Herrero le preocupa el incremento del PIB y considera necesario tener en cuenta el «cómo, quién y para qué» se produce.
Además, explica que existen rentas bajas «porque no se puede mantener el crecimiento». De esta forma critica que se impidan la llegada de recursos naturales.

Yayo alude al discurso homófobo de Le Pen de “no cabemos todos” para denunciar que con este argumento la líder de la ultraderecha francesa es capaz de proporcionar un discurso “más creíble y fundamentado” y ahí radica el problema actual de Europa. “El sostenimiento de este modelo requiere que haya otras personas excluidas y por eso el sur de Europa tiende a la expulsión de los focos”.

Herrero apela a la necesidad que tienen las izquierdas «de hacer propuestas creíbles” ya que hasta que no los hagan “no tomarán tierra”. La activista incide en los datos y rechaza «considerarlo catastrofismo», cree que las políticas deben gestionar la demanda. Considera que «la izquierda tiene que tomar tierra».

Yayo Herrero debatió con Josep Ramoneda sobre la posible solución de Europa. Mientras que el político explicaba que aludir al catastrofismo no era la solución, y se resistía al aquí no acabemos todos y «se debía debatir» porque imponía el «miedo y la inseguridad». Ramoneda afirmaba entender que «una de las urgencias principales es reconocer que los miedos y las inseguridades son fundadas y por tanto hay que construir sobre ellas.» Yayo explicaba que estos eran los datos. La activista ecofeminista aludía a la huella ecológica para defender sus argumentos.

Herrero defendió que «si toda la población del planeta viviese como la vida de una persona nos harían falta 3 planetas. Desde los años 80 los rendimientos del trabajo han ido descendiendo y lo que ha ido subiendo son rentas financieras. Las rentas del trabajo bajan porque no hay condiciones materiales que sostengan el modelo de crecimiento»

«La crisis de la UE es la crisis de la socialdemocracia»

El economista Nacho Álvarez también ha querido mandar un mensaje a las izquierdas europeas para salvar su situación y hacer frente a la extrema derecha. Álvarez pide que sean capaces de “construir discursos que puedan transmitir la idea de que la seguridad pasa por el cambio”, y en ningún caso la izquierda debe dar a elegir entre seguridad y cambio porque de esa forma no triunfará.

El economista hacía referencia a que «la crisis de la Unión Europea es la crisis de la socialdemocracia» y explicaba la existencia de dos tipos de crisis: una de tinte social y otra política.

El responsable de economía de Podemos explicaba así la crisis de la izquierda : “Buena parte de las sociedades europeas entienden que no solo hay una crisis económica y que la gestión se torna en una suerte de estafa y esto ocurre cuando se visibiliza la ruptura del contrato social.” Alude a dos planos uno nacional y otro supranacional.

En España esta ruptura se visibilizó con el movimiento 15M. En Europa hay una mayoría social “que anhela un cambio” y para ello Álvarez propone que se construya “un frente que se oponga al neoliberalismo de los últimos años”.
La crisis de la izquierda preocupa a los demócratas y por ello Ramoneda opta por “construir una idea de progreso”. Es necesario que la gente tome conciencia “de que lo que está lejano está ya aquí”. Por tanto es importante acortar la distancia mentalmente y que la recuperación «se produzca en el ámbito de las ciudades».

Opinión que comparte Louça quien pide atención para “mirar lo que se puede hacer a corto plazo” y denuncia que «la unión provoca la desunión».

Cierre de los debates de ‘Espacio Público’

Desde la fila cero hubo quien quiso apuntar sus conclusiones. Jaime Pastor afirmó que «la Unión Europea es irreformable». Eddy Sanchez explicó que «la batalla política está en la periferia. Ambos habían participado en los debates de Espacio Público.

Con este coloquio se ha cerrado el debate iniciado en Espacio Público sobre las oportunidades para el cambio en Europa, propuesto por Francisco Louça y la discusión sobre el auge de la extrema derecha que arrancaba con un texto de Josep Ramoneda.

Ambos debates han contado con la intervención de intelectuales y dirigentes como Rosa Regàs, Ska Keller, Marina Albiol, Nick Dearden, Miguel Urban, Carlos Berzosa, Héctor Maravall, Isidor Boix, Julián Ariza, Javier Madrazo, Pere Vilanova, Joan Subirats, Jaime Pastor, Javier Doz, Sabino Cuadra, Daniel Albarracín, Fernando Luengo, Eddy Sánchez, Gabriel Flores…

Ponencia inicial

El ascenso de la extrema derecha en Europa

El ascenso de la extrema derecha en Europa

Notas sobre el auge de la extrema derecha en Europa

1.- La extrema derecha no es el fascismo, aunque en algunas cosas se le parezca. Podríamos decir al modo de Emmanuel Terray que la extrema derecha “se mueve en el espacio intermedio que separa a la derecha clásica del fascismo”. Si en la derecha hay siempre una pulsión a favor del orden establecido, no es el caso del fascismo que pretende la construcción de un Estado nuevo, que alienta a las masas contra las élites, que cree en la violencia y en la guerra como estado superior de la realización humana y que hace del vínculo directo entre el líder y las masas la forma suprema de la política.

No hace falta recordar que para Carl Schmitt el estado nazi y el estado bolchevique tenían una cosa común: era las dos formas de estado modernas. Esto no significa que no haya espacios de proximidad entre la extrema derecha y el fascismo. Buena parte del programa –sobre todo por lo que hace a la exaltación nacional, la defensa de una identidad excluyente conceptualmente cercana a la idea de raza y a la identificación pueblo patria- es compartida.La derecha democrática se mueve actualmente entre los parámetros del llamado neoliberalismo económico y el conservadurismo social.

Los neoliberales ponen el acento en la desregulación de la economía, en el papel ancilar de la política supeditada a las exigencias del poder financiero global, en el cosmopolitismo, en la globalización sin fronteras, en la prioridad del crecimiento y del beneficio empresarial sobre la redistribución y la cohesión social. Aunque el crecimiento de momento sólo beneficie a unos pocos, a la larga acabará reportando beneficios a todos, como el agua que cae del cielo.

El escritor suizo Jonas Luescher bautizó este argumento como teoría del estiércol de caballo: “Cuanta más avena demos al caballo, más abundante será su producción de excrementos y los pajarillos tendrán más para comer”. Apoteosis de la idea de desigualdad y del desprecio del neoliberalismo por el común de los mortales. El conservadurismo apuesta por la continuidad, por la tradición, por los valores cristianos, por el orden por el marco patriótico y nacional. Ambas concepciones raramente se dan en estado puro, y más bien se han ido acoplando en la medida en que el neoliberalismo marca los límites de la gobernanza económica y el conservadurismo aporta la cobertura política, para hacer más llevaderas las incertidumbres que el proceso de globalización genera en los ciudadanos.

François Fillon es un ejemplo casi perfecto de ello: él mismo se presenta como liberal en lo económico y radical conservador en la tradición de la derecha católica francesa.En este contexto, la extrema derecha representa la radicalización de los valores conservadores para encuadrar a unas clases medias y populares que se sienten abandonadas e indefensas. Los valores fundamentales son compartidos: orden, autoridad, jerarquía, desigualdad, defensa de las instituciones, nacionalismo fundamental, prioridad a los nacionales, lo que vería es el nivel de intensidad. Volviendo a Emmanuel Terray: “Si la derecha clásica sólo admite la violencia si se ejerce en los límites fijados por la ley; la derecha extrema la contempla como un medio entre otros, a utilizar en función de las circunstancias”. Y así el rechazo al extranjero se convierte en xenofobia, el patriotismo en nacionalismo identitario y chauvinismo, la lucha antiterrorista en guerra al Islam, la autoridad en autoritarismo.

Y una última precisión conceptual: hay que abandonar la inflación de palabras usadas con intencionalidad política, ya que nada significan: no aportan conocimiento sino confusión; no sirven para entender sino para fomentar la ignorancia. La razón de su uso es estrictamente descalificatoria. Simplemente, se trata de colocar una etiqueta al adversario que le marque como excluido. Me refiero especialmente a populismo y antisistema. Y ahora está entrando en escena una tercera que camina rápidamente hacia este papel de gadget ideológico para todos los servicios: posverdad.A juzgar por los discursos oficiales, Marine Le Pen, Trump, los Grillini, el independentismo catalán y Podemos tienen en común que son populistas y antisistema. Magnífico recurso para descalificar a todo aquello que desborda los estrictos límites del monopolio tradicional del poder, sin aportar información ni conocimiento alguno. Lo único que une a cosas tan dispares es que son diferentes expresiones al malestar generado por los estragos provocados por los años nihilistas en que se creyó que todo era posible, que no había límites al capitalismo, que acabaron con la crisis de 2008, y por la gestión que de ella hicieron los gobiernos conservadores y socialdemócratas.

Pero la extrema derecha, ya sea en su versión norteamericana –Trump- o en su versión francesa –Le Pen- no tiene nada de antisistema, al contrario, es el plan B autoritario del sistema, y el independentismo catalán será anticonstitucional pero sumamente respetuoso con el sistema económico y social.Igualmente, populismo es una palabra que atrapa todo, que ya no significa nada. Sus definiciones más solventes son dos: hacer promesas a la ciudadanía a sabiendas que no podrán ser cumplidas. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nada se ajusta tanto a esta definición como la campaña electoral de Rajoy de 2011. La otra definición gira en torno a la conversión del pueblo en sujeto político de cambio, bajo liderazgos personales fuertes. Pero el pueblo es un concepto demasiado amplio, que sólo adquiere sentido desde la pluralidad que lo constituye. Algunos dirigentes de Podemos han hecho suya la idea de populismo, para identificar la construcción de un nuevo relato de base popular. Pero que poco tiene que ver con el uso descalificativo que se hace del término populismo, y con los otros movimientos identificados como tales. En cuanto a la posverdad -`presentar como novedad la apelación a los sentimientos y a las emociones en política’-, me parece ridículo. La novedad es que la viralización de las mentiras las convierte en verdades con grandes dificultades para combatirlas. Para revisar el crecimiento de la extrema derecha en Europa hay que despojarse de estos tópicos.

2.- En general, toda Europa viene sufriendo un desplazamiento a la derecha desde los años 80. La inseminación de la derecha clásica por el llamado neoliberalismo, que ha dado lugar a una síntesis a menudo llamada neoconservadurismo, en un contexto de inseguridad e incertidumbre creciente; y la incapacidad de la izquierda para dar respuesta al desamparo de las clases medias y populares hundidas por la crisis, ha dejado espacio libre al crecimiento de la extrema derecha en Europa. La derecha clásica ha sido radical en las devastadoras políticas económicas, pero discreta y prudente en el discurso público. Y la extrema derecha, sin complejos a la hora de levantar la voz, ha canalizado las iras de muchos sectores. Y ha conseguido arrastrar a buena parte de la derecha –e incluso a la izquierda en algunos casos- para hacer su propia agenda.La extrema derecha se nutre de las crisis de las clases medias. Como ha descrito Marina Subirats, desde los años 90 se fue construyendo la ilusión de que toda la sociedad era una inmensa clase media, con unos pocos ricos en la parte de arriba de la pirámide que habían optado por la secesión, y unos sectores marginales, casi invisibles, por la parte de abajo. Unos compraban en Zara y otros incluso en Louis Vuitton pero la quimera de la felicidad estaba construida con los mismos mimbres mentales del consumismo de masas. Esta ilusión se quebró con la crisis de 2008 que rompió a las clases medias por la mitad. Los que conservaron el empleo y pudieron mantener su trabajo profesional, favorecidos por la caída de la inflación, pudieron trampear la crisis razonablemente, pero se sintieron asediados por una de los sentimientos que más rápidamente se propagan en las clases medias: el miedo.

Los que perdieron posición y se encontraron ante un abismo que creían ya superado para siempre, entraron en el desconcierto y la angustia. Y muchos de ellos abandonaron a los partidos en los que habían confiado al sentirse traicionados y se dejaron llevar por el rechazo a la política o por las promesas de redención comunitarista que ofrecía el discurso duro de la extrema derecha. La izquierda vio cómo su propio electorado se iba al otro lado del espectro. Y la derecha, pero también la socialdemocracia, optaron por el mimetismo de la extrema derecha: seguridad, xenofobia y miedo, con lo cual no hicieron más que reforzarla.3.- La ciudadanía, en su desamparo, necesitaba chivos expiatorios: los encontró en los inmigrantes y en las élites. La crisis de los refugiados –a la que Ángela Merkel intentó inicialmente responder con franqueza, pero acabó acomodándose al estado general de opinión- reforzó el discurso contra los extranjeros, convirtiendo a los nacionales en víctimas y presentando a los inmigrantes como privilegiados que nos roban bienes y derechos.

Desde esta perspectiva se han ido desplegando todos los tópicos del discurso de extrema derecha: excepción nacional, antieuropeísmo, repliegue identitario, prioridad a los autóctonos, comunitarismo, rechazo a la diversidad cultural. Los atentados del terrorismo yihaidista han reforzado el rechazo al extranjero, convirtiendo a los musulmanes en principal chivo expiatorio.El complemento ideológico de la extrema derecha es el discurso antiélites, que les permite presentarse como lo que no son: una alternativa al sistema. En realidad, la extrema derecha es el plan B del sistema: la vía más directa hacia el autoritarismo posdemocrático. Pero se trata de capitalizar la reacción de la ciudadanía contra unas clases dirigentes y contra una clase política que, escondida detrás del discurso de los expertos, se ha ido alejando de la ciudadanía y desconectando de ella. Y para ello se presenta como personas ajenas a los que mandan, cercanas al pueblo y parte de él. Autenticidad popular como fondo de legitimación: somos como todos. El discurso antiélites es también una respuesta a una política que está transformando la democracia por la vía de la transferencia de la soberanía hacia la aristocracia de los expertos. Es decir, hacia la liquidación de la democracia liberal.4.- La derechización de Europa debilita enormemente los valores de las grandes tradiciones liberales y republicanas europeas. Como si la enorme inundación producida por la globalización, que siguió a la caída del muro de Berlín, siguiera todavía activa. Primero, se llevó por delante al comunismo, después a la socialdemocracia, ahora tocaría al liberalismo.

La razón crítica, la conciencia universal expresada en el imperativo categórico kantiano, la idea de humanidad como portadora de derechos básicos de todas las personas, las libertades civiles, se sienten amenazadas. Y el principio republicano es reemplazado por un comunitarismo de la peor especie. Y lo grave de la situación es que la derecha abandona el liberalismo ideológico –que no el económico- para hacer suya la agenda de la extrema derecha. Lo hemos visto en Francia donde la derecha católica, tradicional y conservadora ha desplazado al más liberal de los candidatos de las primarias, Alain Juppé, a favor del neoconservadurismo de François Fillon. Y no olvidemos que la derecha española ha sido pionera en este sentido. Mariano Rajoy intentó imponer una contrarreforma en los primeros años de su mandato. El presidente quiso demostrar que la derecha había recuperado el poder sin complejos, y puso en acción al arsenal católico, conservador y centralizador. Desde la impunidad de la mayoría absoluta, implementó tres proyectos estrella que encargó a los tres ministros con más carga ideológica del Gobierno: la ley de Educación de Wert, la ley Mordaza de Fernández Díaz, y la del Aborto, en manos de Alberto Ruiz Gallardón. La propina fue la reforma laboral. Los tres ministros ya no están, sacrificados a mayor gloria del presidente. La reforma del aborto quedó en intento. La Lomce ya ha decaído, envuelta en una promesa de pacto sobre la educación. Y la ley Mordaza está en el punto de mira de la oposición. España resiste, en parte porque la reacción contra la crisis nihilista ha venido de la izquierda y no de la extrema derecha.

moderado por:

  • Eddy Sánchez

    Profesor de Ciencias Políticas de la UCM y Director de la Fundación de Investigaciones Marxistas

  • Ana Barba

    Edafóloga, activista social y política por la democracia participativa, el feminismo y la ecología.

Conclusión del debate

El pasado noviembre de 2016 Espacio Púbico y CTXT iniciaron un debate inédito en los medios de comunicación, no solo españoles, sino europeos. A una década del comienzo de una de las crisis económicas más profundas desde el crack de 1929, los debates, cuando se han tenido, han girado sobre la idea de reformar el capitalismo; sin embargo, desde Espacio Público hemos decidido preguntarnos sobre el socialismo.

Conscientes de que el verdadero poder consiste en lograr que no se hable de lo que no interesa a quienes lo detentan, el economista y sindicalista Bruno Estrada elaboró el guión sobre el que se desarrolló el debate, moderado por Ana Barba, Portavoz de Ganemos Madrid y por Eddy Sánchez, Profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.

Durante tres meses y a través de treinta intervenciones, académicos, militantes de todas las izquierdas, activistas de movimientos sociales, sindicalistas y periodistas desarrollaron uno de los debates políticos más intensos dirigidos a responder a una pregunta: qué entendemos por socialismo hoy.

El socialismo hoy nace ante la evidencia de pensar en términos estratégicos, atendiendo a la necesidad de poner la mirada en las dinámicas de fondo que recorren nuestras sociedades y la incertidumbre de encontrarnos, ante una gran transición geopolítica y de los modos en que se ha organizado nuestra sociedad y formas de trabajar.

Movimientos de fondo que se profundizarán ante los escenarios que se mueven, entre el énfasis en una economía global en que el capital cada vez tendrá menos impedimentos para circular por el mundo y las reacciones y resistencias que genera.

La expansión de la globalización económica ha resucitado no solo expresiones de identidades étnicas y locales, sino que ha resucitado al gran sujeto a través del cual el socialismo ha desarrollado sus estrategias a lo largo del siglo XX: el poder del Estado.

Durante esta década de crisis han surgido movimientos sociales que han ido construyendo dinámicas de movilización con el objetivo de enfrentarse a los expolios originados por la movilidad del capital, que ven en el Estado la principal estructura de oportunidad para las formas de actividad política de dichos movimientos.

El objetivo de democratizar la economía aparece de nuevo como la estrategia más adecuada para emprender planes de cambios sociales radicales, algo que fue compartido por las estrategias socialistas y socialdemócratas del pasado siglo.

La idea sobre el declive de los Estados territoriales y su necesaria recuperación o no, la necesidad de elaborar estrategias globales que superen el “repliegue” hacia el Estado-nación, la participación de los trabajadores en la gestión y el capital de las empresas, la cuestión del trabajo y del sujeto de cambio sustentado sobre el trabajo o la concepción del cambio social sobre la idea del desarrollo en términos de atraso-modernidad o la constatación de su necesaria superación, son parte de los ejes de un debate al que invitamos a profundizar.

Finalizamos este debate con un acto el próximo martes 21 de febrero a las 12h en la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la Universidad Complutense.

Ponencia inicial

El socialismo de este siglo

El socialismo de este siglo

  • Bruno Estrada

    Economista, adjunto al Secretario General de CCOO

El verdadero poder consiste en lograr que no se hable de lo que no interesa a quienes lo detentan. Hace nueve años estalló la mayor crisis financiera, económica y social de los últimos ochenta años, ocasionada por una creciente desregulación de los mercados financieros a escala global y por la creciente concentración de capital vivida en las últimas décadas en muy pocas manos, como nos muestra Piketty, una crisis que por su magnitud solo es comparable con el Crac de 1929 y, sin embargo, la palabra socialismo está ausente del debate político. Curioso.

Desde tiempos inmemoriales se han producido movimientos de protesta contra los privilegiados. Los bagaudas eran tropas de campesinos sin tierra que lucharon contra los latifundistas patricios y las legiones que los protegían en las postrimerías del Bajo Imperio romano. La rebelión armada de más de trescientos mil campesinos alemanes que se inició en 1525, la movilización social más importante de Europa antes de la Revolución Francesa, ponía en cuestión la gran concentración de tierras y riqueza de la que gozaban los príncipes de la Iglesia católica. Thomas Müntzer, uno de sus principales líderes, incluso pregonaba que todos los cristianos debían tener las mismas propiedades y que, por tanto, se debía abolir la propiedad privada y repartir todos los bienes de la Iglesia entre los integrantes de la comunidad cristiana.

Pero el concepto político del socialismo no surgió hasta el desarrollo del capitalismo en las sociedades europeas, bastante avanzado ya el siglo XIX, tras las profundas transformaciones que experimentaron esos países. En menos de un siglo atrasadas sociedades agrarias se convirtieron en modernas sociedades industriales con un alto grado de urbanización, con una gran concentración de trabajadores en inmensas fábricas y en las que el capital sustituyó a la religión como principal herramienta de cooperación social.

Pero el capital, a diferencia de la religión, no crea sentimiento de pertenencia a una comunidad,  ya que los valores predominantes en una sociedad basada en la libertad de creación y acumulación de capital son esencialmente insolidarios y egoístas. A partir del siglo XVIII los nuevos grupos sociales emergentes, la burguesía industrial y financiera, necesitaron un cambio de paradigma moral que definiera lo que estaba bien y mal en las nuevas sociedades capitalistas. Se trataba de dotar de una superioridad moral al individualismo egoísta que fomentaba el incipiente capitalismo industrial inglés, imprescindible para lograr hegemonía cultural. No hay que olvidar que los pobres eran abandonados a su suerte en las grandes ciudades industriales inglesas. El capitalismo industrial inglés no solo tenía que “vencer” comercial y/o militarmente al del resto del planeta, también tenía que “convencer”. El individualismo insolidario debía ser moralmente superior al comunitarismo sumiso que imponía la religión, por eso el “darwinismo social” de Spencer impregnó la ideología de las clases dirigentes capitalistas en el siglo XIX.

El socialismo surge, antes que como una ideología, como un grito desesperado de quienes eran explotados con salarios de miseria en trabajos rutinarios, mecánicos y alienantes. Bertolt Brecht contaba que, en los años veinte, en las reuniones de los intelectuales alemanes comprometidos con la Revolución con los obreros se suscitaba a menudo una pregunta: ¿Qué es el socialismo? No como un sistema definido por conceptos más o menos abstractos, sino como algo concreto, comprensible para los obreros analfabetos, embrutecidos por un trabajo duro y repetitivo. En una de esas reuniones nocturnas, robando unas horas al descanso imprescindible para recuperar fuerzas después de un agotador día de trabajo, un corpulento minero con su cara tiznada por los restos el carbón respondió: “Socialismo son patatas”. Durante gran parte del siglo XIX, el socialismo, en una sociedad capitalista que era tremendamente depredadora para la inmensa mayoría de los trabajadores, significaba en primer lugar lograr un sistema económico que garantizara condiciones de materiales de vida dignas y que pusiera freno a la explotación.

Hay que esperar hasta el siglo XIX para que emerja una elaboración ideológica, de la mano de intelectuales burgueses como Carlos Marx y Friedrich Engels, capaz de ofrecer no solo una crítica global a las desigualdades sino también la formulación de valores sobre los que debiera erigirse una sociedad, que superara los valores de supervivencia propios de Sociedades de la Necesidad. El socialismo, desde sus orígenes, está profundamente imbricado con la democracia, ya que es un instrumento de cooperación social horizontal, en el que todos pueden participar en la determinación de los fines por los que se coopera, a diferencia de la religión y el capital. El sufragio universal era para Bernstein el gran arma del proletariado, donde este se implantaba los trabajadores lograban grandes avances sociales.

Hay que recordar que a principios del siglo XX, en la mayor parte de los países europeos la democracia tan sólo podían ejercerla quienes tenían un cierto patrimonio, la llamada democracia censitaria. La lucha por el sufragio universal formó parte de las reivindicaciones y luchas obreras casi desde sus inicios. Ya en 1836 la Asociación de Trabajadores de Inglaterra elaboró la Carta del Pueblo en la que exigía el voto universal y secreto. La extensión de la democracia para todos los ciudadanos suponía que las organizaciones obreras no solo defendían los intereses materiales de un grupo social explotado, sino también unos valores de libertad e igualdad social que implicaban al conjunto de la sociedad. Ensanchando la base de la democracia, construyendo comunidad entre trabajadores, es como ganaron hegemonía cultural las ideas socialistas.

Las luchas que se englobaron bajo el paraguas ideológico del socialismo tenían la idea de construir sociedades más justas y libres, por eso plantearon actuaciones en tres ámbitos: en el económico, buscando la mejora del bienestar material de los trabajadores; en el político, impulsando la democratización de la sociedad para que cada trabajador-ciudadano fuera libre para decidir sobre su futuro; y en el cultural creando, gracias al concepto de clase, la percepción emocional de que los excluidos pertenecían a una comunidad.

En Rusia, tras la Revolución de 1917, se produjo una alteración sustancial de los principales valores que conformaban el socialismo.  A la igualdad se la consideró preeminente sobre la libertad, como un fin en sí mismo, no como un medio para conseguir “mas libertad para más personas”, en términos de Stuart Mill. Lenin, en 1920 durante el VIII Congreso de los Soviets, apenas transcurridos tres años desde el inicio de Revolución Rusa lanzó un epigrama, una consigna, lo que hoy sería un mensaje de Twitter, que intentaba sintetizar para las masas de obreros y campesinos iletrados qué era el socialismo: “el poder de los soviets más la electrificación”. La electrificación a principios del siglo XX representaba la modernización, los avances técnicos logrados por el capitalismo, que distribuidos a través de un sistema dirigido por los soviets, permitiría garantizar condiciones de vida dignas para todos. Las “patatas” demandadas por el minero alemán.

Sin embargo, los soviets, los organismos democráticos de los que se dotaron los trabajadores rusos para hacer oír su voz en las fábricas y en la política, fueron esclerotizados poco a poco por los bolcheviques. Quienes entendieron el socialismo como la estatalización de la mayor parte del aparato productivo intentaron competir con el capitalismo en su capacidad de proveer bienes materiales, pero esa carrera la ganó el capitalismo y finalmente significó el fin de la Unión Soviética. La estatalización del aparato productivo se acompañó de un proceso de restricción de las libertades y de la participación política que estaba en contra de las bases mismas que habían dado lugar al concepto político del socialismo. Los regímenes del autodenominado “socialismo real” terminaron ofreciendo pocas patatas, a la vez que secuestraban la democracia y la libertad. Mal negocio.

Alguien tan poco sospechoso de ser socialista, como Joseph Schumpeter, intuyó que la verdadera amenaza del capitalismo eran los cambios sociológicos que se iban a producir en las Sociedades de la Abundancia creadas por el propio capitalismo. En su libro “Capitalismo, Socialismo y Democracia”, escrito en 1941, ya dijo que son los éxitos del capitalismo los que le condenan. Percibió que las democracias liberales de principios del siglo XX, por presión de los partidos y los sindicatos, estaban mutando hacia estructuras sociales más inclusivas, desarrollando la democracia industrial y sólidas instituciones públicas con capacidad regulatoria sobre la actividad económica.

Hoy se puede comprobar cuánta razón tenía. Los países del planeta más ricos, inclusivos y democráticos, los países nórdicos, son aquellos que han sido capaces de crear grandes cantidades de capital y de distribuirlo con relativa equidad entre toda su población gracias a la profundización de la democracia. Es decir, en estas inclusivas Sociedades de la Abundancia se ha producido una cierta agonía del homo economicus que ya predijo Schumpeter y se observa un crecimiento de valores altruistas, de libertad, postmateriales, laicos y solidarios, según nos indica la World Value Survey, una hegemonía cultural del “universo de los valores socialistas”. Ello ha sido posible porque una gran mayoría de la población de esos países tiene sus necesidades materiales básicas cubiertas, garantizadas por un marco de relaciones laborales que protege los derechos de los trabajadores y por un Estado del Bienestar que les provee de vivienda, educación y sanidad.

De forma paralela se ha producido una fuerte penetración de la ideología neoliberal entre las élites económicas y políticas, incluidas las vinculadas a los partidos socialdemócratas. Con la Tercera Vía la mayor parte de sus líderes participaron de esa hegemonía cultural neoliberal, adoptando una posición de sumisión al marco político, económico y social definido por los intereses de la oligarquía financiera: la globalización financiera y comercial.

A finales de los años noventa y principios del S. XXI se produjo una situación paradójica. La tecnoestructura política de la socialdemocracia compró la agenda política neoliberal, y en ese sentido la hegemonía cultural cambió de manos. Por primera vez la vieja socialdemocracia se situó por detrás del cambio social, en muchas ocasiones incluso frenándolo. Por ello, sus partidos, cómplices activos de las políticas neoliberales, pierden el apoyo de su base electoral en muchos países europeos, en Alemania, en Francia, en España, en Grecia, en Austria.

Lo que ignoraron los líderes de la Tercera Vía es que una elevada desigualdad social no es solo una consecuencia no deseada del actual sistema económico dominante, sino parte consustancial de él. De ahí que el concepto de igualdad de oportunidades resulte vacío en términos políticos. La desigualdad es funcional para las élites del capitalismo, tal como expresaba Mandeville, ya que permite que los valores de supervivencia, predominantemente  egoístas y de escasa sociabilidad, tengan un importante peso en las sociedades ricas.

En las Sociedades de la Abundancia, en las que se enquista una elevada desigualdad durante un largo periodo de tiempo, se termina erosionando la propia democracia, y eso lo aprovechan algunos grandes latifundistas de capital para privatizar la política, como ha ocurrido con Trump en EEUU, en la Italia de Berlusconi, o en la España del Partido Popular y su financiación corrupta.

El concepto político de socialismo ha ido cambiando en función de las transformaciones sociales que se han venido produciendo, por eso el gran reto del socialismo en este siglo es su capacidad de representar, en términos de intereses pero también en términos emocionales, de valores, a un universo de trabajadores mucho más amplio: a un creciente volumen de jóvenes trabajadores de actividades de servicios, de alta y baja cualificación, con escasa capacidad de negociación de sus condiciones individuales y colectivas de trabajo, a caballo entre una creciente explotación laboral y unas relaciones contractuales que suponen una mercantilización de las relaciones laborales (economía colaborativa, externalización productiva, trabajadores autónomos); representar a una menguante clase obrera industrial pero en la que un gran número de trabajadores aun conserva una notable capacidad de negociación colectiva, gracias a la actuación de los sindicatos; a un número creciente de trabajadores de alta cualificación, formados gracias a un sólido sistema de educación pública, con un elevado poder de negociación individual o colectivo de sus condiciones de trabajo, lo que en términos de consumo les ha permitido ser considerados como clase media. Este es el grupo social en el cual es más patente la agonía del “homo economicus”.

En la actualidad la vieja socialdemocracia esta en una terrible encrucijada: apenas encarna al primer grupo social; representa porciones cada vez menores de una decreciente clase obrera en competencia no solo con movimientos políticos más a la izquierda, sino también más a la derecha (fenómeno Berlusconi, Le Pen o Trump); y el fracasado experimento de la Tercera Vía le ha desconectado del profundo cambio de valores que ha experimentado el tercer grupo social. En los países desarrollados hemos asistido al aumento de los trabajadores pobres, en mayor medida tras la Gran Recesión de 2007, y de forma paralela a la creciente utilización demagógica por parte de la derecha política populista de sentimientos comunitarios arcaicos y excluyentes, la pertenencia a una religión, raza o nación. Asimismo, en la medida que las trabajadoras y trabajadores se han hecho más diversos, resulta evidente que el concepto marxista de clase es incapaz de ofrecer una identidad colectiva muy amplia, con capacidad de construir hegemonía.

El socialismo del siglo XXI debe seguir siendo capaz de ofrecer una mejora del bienestar material, “patatas”, para los dos primeros grupos sociales, por eso no debe despreocuparse por el crecimiento económico y por lograr un reparto más igualitario de la riqueza generada. Pero debe ofrecer bastante más. El socialismo debe identificarse como una organización social en la que todos los ciudadanos puedan disfrutar de altos grados libertad en todos los campos de la vida personal y social, no solo los más ricos ni los que han accedido a una mayor cualificación y formación. Por eso las fuerzas que se reclamen socialistas deben avanzar en la democratización de la economía, el lugar donde se quedó varada la vieja socialdemocracia a finales del siglo XX.

Un socialismo de este siglo debe integrar, como elementos complementarios, al Estado y al mercado. Lo más relevante para generar sociedades más igualitarias y más libres no es la forma de distribuir los bienes y servicios producidos, sino la propiedad de las empresas. Socialismo debe ser sinónimo de una democratización de la economía que debe entrar en la empresa, creando sólidos espacios de capital “colectivo”, como planteó la ley de cogestión alemana de 1976, los Fondos Colectivos de Inversión de los Trabajadores que se instauraron en Suecia en 1984, el Fondo de Solidaridad creado por la Federación de Trabajadores de Quebec en 1983, o el fondo del petróleo de Noruega de los años noventa.

A lo largo de su historia la democracia ha sido el mejor instrumento que ha encontrado el ser humano para aunar colectivamente los vectores de libertad, conocimiento y cooperación, que son los que modernizan las sociedades, no solo tecnológicamente sino también en términos de valores morales. La ampliación de la base de la democracia exige democratizar la globalización, profundizar en la democratización de los Estados-nación, democratizar las empresas y, cómo no, democratizar el futuro, esto es, tener en consideración que nuestros actos de hoy van a condicionar la vida de cientos de millones de personas mañana, por ejemplo en relación al cambio climático.

Las recientes elecciones de EEUU han puesto en evidencia que el centro del conflicto económico, político y social sigue situado entre dos polos: la democratización de la economía o la privatización de la política. Es evidente que la democratización de la economía tiene una gran potencialidad redistribuidora, pero el reto del socialismo de este siglo también debe ser el reconstruir para millones de trabajadores una percepción emocional colectiva vinculada a la ciudadanía democrática: “pertenecen a una misma comunidad todos los individuos que libremente participan en la toma de decisiones sobre su futuro colectivo”. La democracia es el instrumento de transformación colectiva mediante el cual las trabajadoras y trabajadores deben reconquistar la hegemonía cultural perdida frente a los latifundistas de capital.

moderado por:

  • María Eugenia Rodríguez Palop

    Eurodiputada de Unidas Podemos. Titular de filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

  • Vanesa Jiménez

  • Ignacio Sánchez-Cuenca

    Profesor de Ciencias Políticas de la Carlos III y consejero editorial de CTXT

Conclusión del debate

«Cómo financiar un buen medio, esa la gran cuestión». Así planteaba el filósofo y escritor Santiago Alba Rico la necesidad de garantizar y fomentar la pluralidad de los medios para acabar con el «paradigma letrado» que impera en nuestra sociedad.

En un debate organizado por Espacio Público y CTXT, la periodista Rosa Pereda, la profesora de Filosofía del Derecho María Eugenia Rodríguez Palop, el politólogo Víctor Alonso Rocafort y Santiago Alba Rico han discutido sobre el papel de los intelectuales y los medios en la esfera pública, y sobre su influencia en la agenda política actual. Miguel Mora, director de CTXT, ha sido el encargado de la moderación y planteamiento del tema.

En su intervención, Rosa Pereda ha insistido en que, a pesar de la degradación de la esfera pública, los intelectuales siguen estando presentes como siempre y, por supuesto, «luchando como cuando lo hacíamos contra Franco».

«Los intelectuales están en trance de desaparición», ha explicado Santiago Alba Rico. Cree que «sigue habiendo muchas palabras, pero no hay intelectuales».

Francia, según ha dicho, es de alguna manera una excepción: «La intelectualidad forma parte del folclore francés, pero es de derechas, islamófoba y capitalista, por lo que influye en el discurso y en la ciudadanía».

Alba Rico considera que los medios de la transición tuvieron mucha importancia, mientras que ahora, estos mismos medios se están pasando al lado oscuro. Para él, «España, por un lado, es débil y por eso se va a la derecha y, por otro lado, hay una parte indeterminada de la sociedad que es la que hay que trabajar para vincularla al discurso».

El ensayista además ha afirmado que la filosofía ya no existe, ya que ésta estaba sujeta a la narrativa. «Esto se debe al capitalismo», ha explicado.

María Eugenia Rodríguez Palop ha iniciado su intervención con una serie de datos que refleja el panorama de la mujer en el mundo de la universidad: el 56,6% de las graduadas universitarias son mujeres, el 40% son profesoras titulares, hay un 20% de catedráticas y solo una rectora.

La profesora de Derecho se ha mostrado muy crítica con la carrera académica, ya que el sistema «impuesto» permite que los alumnos absorban estructuras de dominación por parte de los profesores.

María Eugenia Rodríguez Palop, quien ha asegurado que «los medios se rigen por la lógica del capital financiero», cree que los intelectuales deben ser pensadores autónomos y críticos. Y sobre todo, tienen que deberse al servicio público.

Víctor Alonso Rocafort, el único de los cuatro participantes que ha reivindicado la política, ha propuesto dejar atrás el régimen del 78, crear nuevos medios y que el intelectual entre en escena desde el cuidado de la palabra.

En cuanto a la Universidad, el politólogo considera que es un «agujero ético» en el que unos grupos de poder someten. «Como no podemos crear una Universidad alternativa, podemos crear unos medios que echen cara a los tradicionales», ha añadido.

Asimismo, Rocafort ha señalado que en España hay una tradición antiintelectual en la izquierda y antireaccionaria que ataca a la ciencia, la filosofía, las humanidades, la música… «La intelectualidad que tenemos que defender es aquella que forme a los ciudadanos como oradores. Por eso hay que potenciar las humanidades, la filosofía y la ciencia para transformar la esfera pública», ha insistido.

Fomentar la pluralidad

«El periodismo no puede ser gratis», ha comentado Alba Rico. Además, el filósofo sostiene que los medios alternativos no han conseguido la autoridad necesaria como sí hicieron otros medios durante la Transición.

Por su parte, Rocafort ha manifestado que tenemos que «repensar muchas cosas», como fomentar un espacio público donde se apoye a todos los proyectos políticos y por supuesto, donde la crítica tenga una aceptación. «Los medios deben de ser muy conscientes para permitir la pluralidad porque eso es lo que garantiza la democracia», ha zanjado.

Juan Carlos Monedero, desde el público, ha destacado la necesidad de optimismo en estos tiempos para la regeneración de la esfera pública. «Deberíamos dejar a un lado los discursos facilones de orden sentimental», ha respondido Santiago Alba Rico al sentirse aludido por las palabras del politólogo.

El encuentro pone broche final al debate abierto por Espacio Público y la revista CTXT desde el pasado mes de mayo titulado Medios, intelectuales y política: un debate largamente aplazado y cuyo ponente, Pablo Sánchez León, trata, entre otros temas, de las ventajas de los intelectuales como grupo sin organización, los intelectuales españoles del 78, las ‘puertas giratorias’ del mundo académico posfranquista, y a quién rinde cuentas el intelectual mediático.

Entre los nombres que han debatido en el espacio virtual, además de los invitados al espacio digital, destacan: Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Ciencias Políticas de la Carlos III; Leopoldo A. Moscoso, politólogo y sociólogo; José Antonio Pérez Tapias, miembro del Comité Federal del PSOE y profesor decano de Filosofía en la UGR; Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas; Marina Subirats, socióloga, política y filósofa; o Beatriz Gimeno, consejera y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.

Ponencia inicial

Medios, intelectuales y política

Medios, intelectuales y política

moderado por:

  • Carlos Enrique Bayo

    Periodista

  • Henrique Mariño

Conclusión del debate

Tras crisis de los refugiados subyace el fracaso político de la UE. Es la conclusión a la que han llegado este jueves los ponentes del debate Europa ante la inmigración, organizado en Madrid por el foro Espacio Público, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el diario Público. No sería, pues, una crisis coyuntural debido al éxodo motivado por la guerra siria sino la constatación de que las políticas comunitarias han dado la espalda a los extranjeros que buscan un futuro mejor o huyen de conflictos.

“La UE fracasó en su política de emigración, dejándola treinta años en manos de las mafias. No es un problema de individuos sino un problema estructural”, cree el politólogo Sami Naïr, encargado de abrir el acto, celebrado en Ecooo, y que llenó por completo los espacios habilitados para seguir el debate. “La crisis de los refugiados ha demostrado la ausencia de una política común”, añade el filósofo francés de origen argelino, que considera que “Europa ha pisoteado sus valores”.

El último ejemplo, el pacto con Turquía para expulsar a los solicitantes de asilo llegados a Grecia, que a su juicio “no va a funcionar porque los países miembros no lo van a aplicar o lo aplicarán según sus intereses”. Es decir, que no acogerán a los refugiados que deberían. Basta el ejemplo de España, que en seis meses sólo ha recibido a dieciocho de las casi 16.000 personas que se comprometió a traer a nuestro país.

“Puede erigir los muros que quieran, porque las migraciones seguirán”, añadió Naïr, convencido de que hoy en día “la UE no existe” y de que “sus dirigentes no representan a las sociedades europeas”. Frente a esa pasividad institucional, son las ONG quienes asisten a los recién llegados, lo que lleva al responsable de relaciones externas de Médicos Sin Fronteras, Carlos Ugarte, a considerar “impresentable” que sean los voluntarios quienes tengan que asumir la función de la Unión Europea.

“El faro a la hora de adoptar una solución política es tratar a la gente con humanidad”, cree el miembro de MSF. “Uno no puede blindar las fronteras sin que se desvíen los flujos migratorios hacia los puntos más peligrosos, es decir, hacia el mar”. Ugarte, que recordó que en 2015 hubo casi 60 millones de personas desplazadas en el mundo, criticó a Frontex por estar orientado a la protección de las fronteras, “lo que demuestra la ceguera absoluta de la UE”, que permite que el mar “haga una criba”.

“No sólo es una crisis humanitaria sino también una crisis de derechos humanos”, explicó Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autonóma de Madrid. También supone una “crisis de valores de las instituciones europeas, que debería repensar su política exterior”, añadió la moderadora del acto, que dio paso a Estrella Galán, convencida de que “el derecho de asilo ha sido secuestrado, por no decir que ha sido ahogado intencionadamente en el Mediterráneo”.

La secretaria general de CEAR no sólo fue crítica con la “deshumanización” de Bruselas, cuyas estrategias “son parches porque las rutas van a cambiar”, sino también con el Gobierno de Mariano Rajoy. “España ha enseñado a la UE cómo expulsar legalmente a los refugiados, al tiempo que les sigue exigiendo el visado de tránsito, un trámite que no se puede realizar cuando las embajadas cierran debido a las guerras”.

Marina Albiol quiso dejar claro que “ésta no es una crisis humanitaria inevitable sino consecuencia de políticas llevadas a cabo por la UE y Estados Unidos debido a intereses económicos, que es lo que hay detrás de todas las guerras”. La europarlamentaria de Izquierda Unida advirtió además de que “la extrema derecha no está sola”, pues su discurso está siendo compartido por partidos socialdemócratas, conservadores y liberales.

“El acuerdo con Turquía, ilegal e inhumano, es un mercadeo de intereses, pues se compran y venden personas por 6.000 millones”, concluyó Albiol, quien llamó a la movilización de la ciudadanía: “No vamos a ganar nada en los Parlamentos que no se haya ganado previamente en las calles”.

Tras su intervención, tomaron la palabra una veintena de expertos, periodistas, políticos y representantes de ONG. Julio Rodríguez, exjefe del Estado Mayor de la Defensa, criticó el uso de la “estrategia del miedo” por parte de la UE, que ha fracasado por aplicar “soluciones cortoplacistas a problemas que vienen de lejos». El número dos de Podemos al Congreso por Zaragoza, que finalmente no fue elegido diputado en las pasadas elecciones generales, recordó que, tras los atentados de París, las empresas armamentísticas se dispararon en bolsa.

Antonio Miguel Carmona, que encabezó la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, trajo a la memoria que “Europa creció gracias a la llegada de inmigrantes”. A su juicio, Bruselas no lleva a cabo una política migratoria sino “antimigratoria”, por lo que la gestión de los refugiados supone una “vergüenza”. Carmona, al igual que antes había hecho Galán, censuró que los campos de refugiados se hayan convertido en “campos de internamiento” o de detención. Y abogó por una Europa multicultural: “Debe abrir sus fronteras porque no pertenece a los europeos sino al mundo. Si no es así, dejará de ser Europa”.

Fede García, que trabaja con inmigrantes desde SOS Racismo Araba, criticó “unas leyes que impiden que personas que llevan en nuestro país muchos años no puedan conseguir los papeles”, mientras que el secretario de la federación estatal de la citada organización no gubernamental, Mikel Mazkiaran, pidió la retirada de subvenciones a los partidos que fomentan el odio. “La UE está cometiendo un delito de omisión de socorro, pero como no la podemos enviar a un tribunal, la ciudadanía tiene que tomar la acción”, apuntó.

La necesidad de dar ese paso adelante fue compartido por varios ponentes. Así, la socióloga Cristina Santamarina consideró que “la sociedad civil tiene que pasar a la acción y generar un movimiento cívico, porque no se está poniendo en juego la humanidad de las personas que buscan refugio sino también nuestra propia humanidad”. Por su parte, Patricia Orejudo, profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense, creyó conveniente “recapacitar sobre cómo nos hemos venido comportando para cambiar esa actitud”.

Rosa Martínez, diputada de Equo, incidió en que en los desplazamientos forzosos también influye el cambio climático, que podría afectar en el futuro al sudeste español. “Es un multiplicador de los efectos políticos, como se refleja en Siria, donde seis meses antes de la guerra una sequía provocó el éxodo a las ciudades”. Por su parte, Nuria del Viso, investigadora Fuhem Ecosocial, subrayó el “problema estructural” de que “pocas personas tengan un nivel de vida despilfarrador a fuerza de explotar los recursos de muchas personas, lo que provoca que termine habiendo desplazados”.

El mundo del periodismo también tomó la palabra. Fernando Berlín se refirió al “fracaso de la moral individual”; Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, advirtió del “peligro de la ausencia democrática”, que provoca “que se actúe a espaldas de lo que exige la ciudadanía”; y Pepe Mejía pidió el derecho a voto para los inmigrantes, el cierre de los CIE y el fin del “negocio» de las deportaciones.

Ussama Jandali, portavoz de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, coincidió con Albiol en el peligro que representa el avance de la extrema derecha y abogó por luchar para que los ultras y otros partidos “no puedan capitalizar lo que está ocurriendo, llevándonos a la deriva”. Jandali también consideró que “hay que trabajar en origen para evitar que la gente no tenga que huir” y fue crítico con la “hipocresía” de ciertos discursos de izquierda que critican los bombardeos de EEUU pero se tapan los ojos ante los de Rusia.

El economista Manuel Garí denunció que la UE ha sufrido “una involución autoritaria”, por lo que resulta necesaria “una labor ingente de reconstrucción de otra globalización de la solidaridad y la cooperación”, mientras que Pablo Sapag, profesor de la Universidad Complutense y del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, se refirió a la “malversación conceptual” que lleva a “confundir a inmigrantes con refugiados”.

La presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria, Pilar Estébanez, mostró finalmente su tristeza porque “la primera vez que la UE de los Veintiocho tiene una crisis hemos tratado a las víctimas sin dignidad”, lo que le llevó a sentenciar que “la Europa social está muerta”. Para que cambie, Estébanez también apostó por “salir a las calles” para protestar contra “la cloaca y el vertedero de los derechos humanos” en los que se han convertido nuestras fronteras, en palabras de un asistente al acto que intervino tras los invitados.

Este debate presencial, que contó con la presencia de numeroso público e hizo necesario habilitar otra sala en la que los presentes pudieron seguir las intervenciones a través de una pantalla, pone fin al debate online ¿Qué debe hacer la UE sobre la inmigración?, que desde finales de enero puede seguirse a través de la web de Espacio Público.

Ponencia inicial

¿Qué debe hacer la UE sobre la inmigración?

¿Qué debe hacer la UE sobre la inmigración?

¿Qué debe hacer la UE sobre la inmigración?

  • Sami Nair

La UE se enfrenta a dos tipos entremezclados de demanda migratoria; una estructural: la de los inmigrantes económicos; otra coyuntural: la de los solicitantes de asilo. Los primeros intentan escapar de la miseria en países pobres no comunitarios, los segundos huyen de situaciones de guerras civiles. Ahora bien, desde que se proyectó una estrategia de contención de los flujos migratorios en 1986, por causa de la creación de un espacio económico común, materializado por el Acta Única (1986), el Tratado de Maastricht (1991) y los Acuerdos de Schengen (1993) seguidos por el Convenio de Dublín (2003), la UE siempre tuvo una visión de la demanda migratoria instrumental y cortoplacista. Esquemáticamente definido, el lema era: primero favorecer la libre circulación de los comunitarios (adopción de la libertad de circulación y establecimiento en el Tratado de Maastricht), segundo, los extra comunitarios sólo pueden ser aceptados cuando se les necesitan.

Se instauraron varias medidas: el cierre de la libertad de inmigración laboral para los no-comunitarios a cambio de un aumento de la reagrupación familiar para aquellos instalados legalmente en Europa; la reducción drástica de la concesión del estatuto de refugiado y, por tanto, del derecho de asilo; la gestión policíaca del control de fronteras y, por fin, la adopción, en 2003, del principio por el cual el solicitante de asilo no puede interponer su solicitud en el país final de destino sino que debe hacerlo en el de llegada a Europa. Esta última decisión, impuesta por los países del primer círculo europeo (principalmente Alemania y Francia) obligaba a los demás a volverse gendarmes de la estrategia migratoria europea. De ahí la creación de barreras en las fronteras externas europeas para contener a los inmigrantes (campos de internamientos y Frontex).

Esta estrategia ha funcionado con un éxito relativo hasta 2008. Pero la crisis económica, el aumento de las desigualdades entre Europa y África del norte y subsahariana, el empobrecimiento súbito de los países del este sometidos a políticas despiadadas de ajuste estructural, la extensión incontrolable del caos en Oriente Medio con la destrucción del Estado iraquí en 2003 y la descomposición de Siria desde 2011, provocan la huida de millones de personas hacia Europa. Frente a esa enorme demanda de socorro, la muralla de los acuerdos de Schengen y Dublín se ha derribado. Y más grave aún, la UE ha sido incapaz de reaccionar colectivamente.

La tendencia actual de renacionalización de las políticas migratorias, que se perfilaba desde los años 2010, lo demuestra con creces.

En realidad, si las políticas de contención de estos últimos treinta años saltan hoy, es, por un lado, porque han llevado a la acumulación de una enorme demanda migratoria insatisfecha de las poblaciones migrantes y, por otro, porque la UE no tenía una política común de gestión de la misma en su entorno geoeconómico.

Era una ilusión irresponsable considerar que se podía construir un espacio económico europeo rico e integrador sin tener en cuenta la situación económica y política del contexto regional extra europeo: la población de la orilla sur del Mediterráneo va a superar los 356,9 millones de habitantes para mediados de 2030 sin que se pueda prever una mejora en la capacidad integradora de los mercados de trabajo en estos países. En África subsahariana, la población está creciendo rápidamente y va a alcanzar los 1.369 millones de habitantes para mediados de 2030, con un aumento estimado, según proyecciones de la ONU, de 200 millones de personas por década. A eso hay que añadir que África subsahariana no ha reducido su tasa de pobreza estos últimos 25 años. Según un informe del Banco Mundial, “solo consiguió sacar a un 28% de la población de la penuria, porcentaje que chirría frente al norte de África (81%), sudeste asiático (84%) y América Latina y el Caribe (66%).» En consecuencia, la demanda migratoria será incontenible.

Por otra parte, si los países del Este no sufren el mismo auge demográfico, en cambio sí que afrontan una importante demanda de empleo pues sus condiciones de vida y poder adquisitivo están cada vez más condicionados por el euro y el mercado único europeo. De ahí la irreprensible necesidad de emigración hacia la zona euro. Y si desde Afganistán, Iraq, Siria, la demanda migratoria es de peticionarios de asilo, en el fondo también se trata de una emigración económica. Igual desde Eritrea, Somalia, Níger, Libia.

Hoy en día, es de hecho muy difícil diferenciar entre los solicitantes de asilo y los inmigrantes económicos, puesto que todos padecen la misma condición económica y social.

Frente a esta situación, los países europeos están divididos: unos necesitan inmigrantes (Alemania), otros no. Y cada uno va a lo suyo. La única manera de salir de este círculo vicioso, es replantear radicalmente la estrategia europea en materia de inmigración. Por ello, es preciso tener claro una visión de largo alcance.

En primer lugar, se debe admitir claramente, y explicárselo a la opinión pública, que los flujos migratorios seguirán: es verdad, por varias razones, que es imposible abrir las fronteras para volver a la libre circulación e instalación que prevaleció casi hasta 1980, pero la gestión policíaca imperante hoy en día no basta. El aumento de la inmigración ilegal, las dificultades de integración vinculadas a la reagrupación familiar y la proliferación de las mafias de trata de seres humano atestiguan la complejidad del fenómeno migratorio.

En cuanto a la crisis actual de los refugiados, se necesitará años para resolverse, si se resuelve, pues no se puede descartar el derrumbe definitivo de unos Estados actuales y el surgimiento de un nuevo mapa geopolítico, tal y como lo pretende hoy en día el supuesto Estado islámico. Es decir nuevas olas de refugiados.

La UE debe tomar en cuenta este contexto; y por ello, reorientar su política migratoria con unas medidas imprescindibles:

1) Para los refugiados:

  • Proponer a los socios europeos una cumbre para elaborar un balance de los Acuerdos Schengen y revisar el Reglamento de Dublín. Es muy peligroso aceptar la metodología impuesta por Alemania que modificó su ley de asilo sin consultar al resto de los países europeos.

  • Reexaminar los criterios de definición actualizando la noción de países seguros y también adaptar la vinculación al primer país de llegada a territorio europeo con el procedimiento de solicitud de asilo.

  • Incrementar la implementación de vías legales para la solicitud de asilo y en particular garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen, limítrofes y de tránsito.

  • Incrementar las oficinas europeas de examen de solicitudes de asilo, que debieran multiplicarse, y asegurar en ellas la presencia de representantes de ACNUR, sobre todo en los países limítrofes a aquellos en los que existen situaciones de conflicto que generan desplazamientos de refugiados. Es imposible hacerlo en Siria, Afganistán o Eritrea, pero se puede conseguir en Jordania, Líbano, Iraq o Turquía, por referirse sólo a ejemplos que afectan a los refugiados sirios.

  • Activar específicamente y de forma flexible los visados humanitarios.

  • Flexibilizar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en conflicto.

  • Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias.

  • Reforzar e incrementar los programas de re-asentamiento en coherencia con el número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los Estados, a partir de un sistema común europeo de asilo. Es decir, aceptar las cuotas obligatorias.

2) Para los inmigrantes estrictamente económicos:

  • Flexibilizar las entradas, y no sólo para los cualificados. En realidad, son las capas populares quienes necesitan de la emigración para poder enviar remesas a su país de origen.

  • Crear, junto a los permisos de residencia ya existentes en todos los países de la zona euro, documentos de residencia «movilidad» de los trabajadores, de acuerdo con los países de origen y en función de las necesidades de los países de acogida. Hay que establecer una política de visados más democrática, aumentar significativamente su número para la entrada de trabajadores con permisos de residencia temporal y renovable en aquellos sectores en que sean necesarios. Esos permisos pueden dar lugar, al término de un período determinado y en condiciones específicas, a un permiso de residencia permanente.

  • Incentivar una política europea común de codesarrollo vinculada a los flujos migratorios. Ésta debe ser articulada con las políticas nacionales de cooperación, del mismo modo que se debe aumentar el presupuesto europeo consagrado a la ayuda al desarrollo para financiar proyectos empresariales (comerciales e industriales), medio-ambientales y agrícolas en los países de origen.

Desde el Consejo europeo de Tampere (1999) se ha aceptado la vinculación de los flujos migratorios no comunitarios con una política de codesarrollo, es decir, de ayuda al desarrollo de los países de origen utilizando el vector migratorio. Hay que aplicar esta decisión, instaurando una gestión de ida y vuelta de la inmigración, ayudando a quienes quisieran volver a sus países con proyectos económicos factibles y sin quitarles el derecho de regresar a Europa para implementar sus actividades.

  • Elaborar una estrategia común con los países fronterizos para luchar contra las mafias y, bajo mandato de la ONU, para actuar en mar y en tierra ayudando a los Estados fallidos.

Es, por lo tanto, crucial que las instituciones europeas inicien juntas una reflexión que elabore una estrategia solidaria de gestión a largo plazo de las migraciones. Que sean de trabajo o de asilo, las migraciones serán uno de los grandes desafíos del siglo XXI, así como el medio ambiente o la pobreza. Es un reto no sólo social y económico, sino también cultural e identitario. A la hora de la acogida, los países europeos no deben vacilar en dejar claro a los recién llegados las condiciones de la misma: respeto de los valores, normas y adhesión a la identidad común. Cada colectividad tiene el derecho a defender su identidad. Pero eso no significa aceptar el repliegue nacionalista y xenófobo. Hoy en día, en el contexto de crisis del empleo, en todos los países europeos se están desarrollando comportamientos de rechazo a la inmigración, de desprecio a los refugiados. Y, por lo tanto, de restricción drástica de los derechos de los extranjeros, ya sean inmigrantes o refugiados. Es imprescindible luchar contra esta corriente y afirmar, con la máxima determinación, que la defensa a la libertad de emigrar es una causa profundamente justa y humana. No hay que dejarse impresionar por el contexto de hostilidad actualmente dominante.

El continente europeo, el espacio más rico y desarrollado del planeta, debe apostar por relaciones cooperativas y solidarias con su flanco mediterráneo, zona de las más peligrosas fracturas del mundo. Porque, al fin y al cabo, el porvenir de ambos es indisociable y común.

moderado por:

  • Orencio Osuna

    Director de la Fundación Espacio Público

  • Teresa Gómez

Conclusión del debate

Tras dos meses de interesante discusión en nuestra web, y cuando están a punto de abrirse las urnas y votar en elecciones generales, damos por finalizado un debate que ha resultado rico y plural, tanto por el nivel de sus intervenciones como por los puntos de vista aportados. La ponencia inicial de José Luis de Zárraga proponía delimitar qué tipo de cambio queremos para este país, quiénes pueden confluir para protagonizarlo y cómo habría que realizar esa confluencia.

Moderado por Orencio Osuna y Teresa Gómez, los autores de las aportaciones han oscilado entre quienes consideran que el cambio es muy difícil y quienes piensan justo lo contrario. La opinión más generalizada es que las cosas no van a ser nunca como hasta ahora tras las elecciones del domingo 20 de diciembre para elegir los miembros del nuevo Congreso de Diputados. Hay quienes consideran que el proceso de transformación tiene que ser urgente y quienes apuestan por la prudencia. De uno u otro modo, se ha puesto en marcha un proceso irreversible que hace muy pertinente que hayamos estado debatiendo en nuestro foro hasta qué punto la oportunidad de cambio existe o no.

Plantea Zárraga que, dada “la improbabilidad de una mayoría absoluta, cualquier gobierno precisará el apoyo de varias fuerzas, y que la cuestión de la confluencia de movimientos y partidos que propugnan el cambio se encuentra esta vez en primer plano y adquiere una importancia decisiva”.

En su misma línea, o discrepando de su planteamiento, han intervenido con aportaciones políticos como Sabino Cuadra, economistas como Fernando Prieto o abogados como Héctor Maravall. Para el sociólogo Enrique del Olmo “vamos a un período donde las fórmulas de acción van a ser diversas y los instrumentos también, y donde las decisiones que se tomen van a tener un impacto real”, El historiador Pablo Sánchez León, por su parte, sostiene que
“la clave no está tanto en los resultados en sí cuanto en la manera en que sean introyectados por los ciudadanos que llevan desde el comienzo de la crisis aumentando su conciencia política y su sensibilidad social”

La tesis de Dolors Comas, catedrática de Antropología, es que “las fisuras y los agujeros del sistema político español han dejado al descubierto sus insuficiencias y podredumbre. No es extraño, añade, que mucha gente aspire a que las cosas cambien, pero este deseo de cambio se proyecta hacia actores múltiples dispersándose en el camino”.

Invitamos a repasar tanto estas intervenciones como las de Jaime Pastor, José Antonio Errejón, Eddy Sánchez, Jordi Guillot y las del resto de autores que han tenido a bien honrarnos con sus aportaciones.

A todos ellos muchas gracias, así como a quienes intervinieron en el debate presencial que tuvo lugar en la madrileña sala cultural Galileo el 3 de diciembre y en el que intervinieron, moderados por Ana Pardo de Vera, Alfonso García Vicente (PP); Rafael Simancas (PSOE); Rafael Mayoral (Podemos); Carolina Punset (Ciudadanos) y Víctor Alonso Rocafort (Unidad Popular)

Ponencia inicial

20 D: Oportunidad de cambio

20 D: Oportunidad de cambio

moderado por:

  • Pedro Chaves

    Politólogo, investigador especializado en la UE

  • Marià de Delàs

    Periodista

Conclusión del debate

¿Se pueden cambiar las ciudades? Esta pregunta ha sido el punto de partida de la ponencia que el geógrafo y urbanista Jordi Borja ha desarrollado en nuestra web durante los dos últimos meses.

En ella, su autor planteaba que hay que “socializar políticamente las elecciones” y que, ante el cambio de época en el que estamos, es preciso replantearse la ciudad metropolitana, la base económica, la unificación fiscal y política y un proyecto urbanístico integrador. Esto, a su juicio, requiere grandes proyectos entre los que se encuentran reorganizar el mapa territorial o adaptar la institucionalidad política y financiera a las realidades económicas y sociales para hacer posible una fiscalidad más justa.

Aboga el ponente por acentuar actuaciones especialmente referidas a la pobreza, la vivienda, el empleo y la protección social. Ante las actuaciones más potentes, las referidas al urbanismo, las intervenciones en el tejido urbano o los desarrollos nuevos, se pregunta: ¿para quién? Recuerda que hay tener en cuenta los efectos perversos de las buenas acciones urbanísticas, las que mejoran la ciudad pero contribuyen a multiplicar los precios del suelo y de la vivienda porque esto suele acabar redundando –afirma- en la expulsión de las ciudades de los sectores populares y a veces también medios.

Apuesta Borja por yugular la especulación mediante políticas fiscales y urbanísticas que a la larga acaben socializando el suelo urbano y urbanizable. Y termina haciendo votos por la llegada del aire fresco: “Los portavoces de la nueva política –escribe- se presentan a las elecciones, veremos cuando lleguen al gobierno lo que proponen y lo que hacen después… Ya es mucho que existan, que hayan sabido presentarse exitosamente en el escenario político y mediático y que tengan opciones de gobernar tanto a nivel local y autonómico como estatal. Pero por ahora, sobre todo es una marca. Y la marca también se ha convertido en producto”.

En el foro de Espacio Público pueden leerse las diversas aportaciones que a la exposición de Borja han ido haciendo distintos autores, entre ellos Enrique del Olmo, Rosa de la Fuente, Martiño Noriega, Xulio Ferreiro, Francisco Ramos, Nacho Murgui o Jaume Grau entre otros.

Frente al “Resistir es tener esperanza” de René Chair que citaba Borja en su ponencia, Martiño Noriega, candidato por Compostela Aberta a la alcaldía de Santiago, sostiene que “Resistir es perder” y señala la gravedad que supone que el PP haya realizado, en estos últimos años, “una privatización partidaria de los ayuntamientos bajo la coartada del necesario cambio conservador, y mientras Roma arde”.

El socialista Ramos Antón, parlamentario en las Cortes de Castilla León, exponía en su aportación que “en la maleta de las grandes reformas no hay que olvidar constitucionalizar el derecho al gobierno local y el espacio político de las competencias locales, para que no se lo lleve el viento”.

Por su parte la profesora de Ciencia Política Rosa de la Fuente planteaba, entre otras cuestiones, cómo se puede sustituir el urbanismo neoliberal del ciclo expansivo de la economía por un urbanismo social en un contexto de contención de las inversiones públicas o privadas.

El candidato de Marea Atlántica a la alcaldía de A Coruña, Xulio Ferreiro, si bien no cree “que podamos esperar de estas elecciones municipales que sean el pistoletazo de salida inmediato a un proceso constituyente sí piensa, sin embargo, que pueden servir para recuperar la esperanza e impulsar eso que llamamos «nuevo ciclo político».

Nacho Murgui, número dos, tras Manuela Carmena, en la lista de Ahora Madrid al ayuntamiento, ha querido valorar positivamente por escrito el hecho de que, “tras décadas de desafección política y desencanto, de acudir a las urnas con la «pinza en la nariz», llega ahora el momento de la sonrisa y la alegría de seguir avanzando en los cambios que hagan de nuestro país y de nuestras ciudades lugares dignos en los que vivir”.

Como colofón al debate en la web, Público TV emitió por streaming el miércoles 20 de mayo un coloquio moderado por la periodista Pepa Roma y en el que, además del propio ponente, los participantes fueron Montserrat Muñoz, número dos a la Comunidad de Madrid en las listas de IU; Carme García Lores, PSC, alcaldesa de Rubí; Nacho Murgui, Purificación Causapié, número dos por el PSOE al ayuntamiento de Madrid y el sociólogo Julio Alguacil, profesor de la Universidad Carlos III.

Ponencia inicial

Municipalismo. Cómo cambiar las ciudades

Municipalismo. Cómo cambiar las ciudades

moderado por:

  • Julia Pérez

    Unión de Asociaciones Familiares. UNAL

  • Orencio Osuna

    Director de la Fundación Espacio Público

Conclusión del debate

La Justicia habría de ser un servicio útil y no lo es. Hoy día no es el servicio público que precisa la gran mayoría de ciudadanos para resolver sus litigios, basados en los derechos y obligaciones, tanto entre sí como entre ellos y el Estado. Así comienza Manuela Carmena la ponencia con la que “Espacio Público” abrió el debate sobre la necesidad de reinventar la justicia. Durante los más de dos meses en que ha estado abierto, han contribuido como reflexiones personalidades de todos los ámbitos del mundo de la Justicia.

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, plantea que “si existe un documento formalmente antiguo e inadecuado en nuestras Administraciones Públicas ese es la citación judicial. Un documento totalmente incomprensible para el español medio e intolerablemente amenazante para quien es llamado a colaborar con la Administración de Justicia. La citación –añade Carnicer- es muchas veces el primer acto de la Justicia al que asiste el ciudadano que es llamado a colaborar con ella. Y la mala imagen que tiene la Justicia entre los ciudadanos podría evitarse si, simplemente, se tratara a los ciudadanos con el respeto que merecen”.

Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la UAB, escribe que “es posible propiciar una transformación de la Justicia con mecanismos de actuación más horizontal, con participación de agentes sociales y alejada de los ritos que hoy la anquilosan”

El juez José María Fernández Seijo propone la desaparición del Ministerio de Justicia: “En algún momento –afirma- debería ponerse un poco de orden y rediseñar el tablero partiendo en primer lugar de la desaparición del ministerio de justicia, sus competencias deberían ser o bien transferidas a las comunidades autónomas o bien redistribuidas entre el ministerio de presidencia, el de administraciones públicas, el de exteriores y el de cultura”.

Por su parte María Victoria Cinto, vocal del Consejo General del Poder Judicial, cree que “definitivamente es la hora del cambio, de la reinvención, de promover unos nuevos usos y maneras, de fijar los objetivos de una nueva gestión que acerque la justicia a las demandas de la sociedad, que sirva para resolver sus conflictos y crear un marco de convivencia asumible por todos”

Joan Baucells Lladós, profesor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, entiende que “no podremos avanzar en la mejora de la elaboración de las leyes si no se reinventan también los mecanismos de control de estos niveles de racionalidad. Cuando uno lee sus sentencias –explica-, tiene la impresión que el control de las leyes penales por el Tribunal constitucional no ha hecho más que empezar, y que aún está pendiente de elaboración una teoría suficientemente comprensiva de sus contenidos y de sus límites”.

El abogado Jaume Asens critica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “institución endogámica, a su juicio, altamente politizada e incapaz de acometer su principal tarea: poner orden en la justicia y proteger la independencia de quien debe ejercerla. Con su vinculación al poder político, -añade Asens-se ha convertido en un problema más que en la solución.

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia sostiene que “es probable que no haya ningún ámbito como el de la Justicia en el que exista una coincidencia tan generalizada en la percepción de un patente abandono institucional” y Antonio Segura, vicepresidente del Foro de abogados de izquierdas mantiene que “el componente social de la propia plantilla de jueces, juezas, y miembros del ministerio fiscal no se corresponde con la diversidad ideológica de la actual realidad social”.

Para la ex ministra Margarita Robles, ahora magistrada del Tribunal Supremo, “los jueces tienen que ser el punto esencial y básico de la protección de los derechos de los ciudadanos” mientras que el también magistrado Ignacio González Vega repasa y analiza la manera de acceder a la judicatura en nuestro país.

Este fue uno de los puntos de más controversia entre los participantes en el debate presencial previo al cierre de esta ponencia, que moderó Julia Pérez, especialista en Tribunales del diario Público, y que tuvo lugar el pasado 9 de abril en Madrid, en la sede de Ecooo.  En él intervinieron, junto a Manuela Carmena, los también magistrados Joaquim Bosch y Manuel Ruiz de Lara y los abogados Gloria Elizo, Jaume Asens y Antonio Segura.

Quien esté interesado en conocer el debate que ha tenido lugar en la web desde febrero hasta abril de 2015, lo puede consultar a continuación.

Ponencia inicial

La Justicia: hay que reinventarla

La Justicia: hay que reinventarla

moderado por:

  • Laura Freixas

    Escritora, Asoc Clásicas y Modernas

  • Paula Pof

    Periodista

Conclusión del debate

Este debate, que se ha desarrolló fundamentalmente en los dos últimos meses del 2014, ha tratado de analizar las causas profundas de un fenómeno socialmente alarmante, cómo es el de la violencia de género. La ponencia de la que arranca la discusión analiza las circunstancias y la lógica que motivaron la promulgación de la ley orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género y sostiene que la violencia no es un problema que afecte sólo al ámbito privado sino que fundamentalmente atañe   al ámbito público y representa una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

Planteada en este ámbito la discusión, muchas de las intervenciones han señalado que no estamos ante un problema propio de un colectivo: las mujeres (puesto que las mujeres no constituyen “un colectivo” y esta consideración sería inaudita en el caso de los hombres) sino ante un problema social frente al que el Estado tiene que tomar medidas efectivas , puesto que todo Poder Público tiene la obligación de garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas..

El centro de la discusión se ha centrado en la igualdad. No hay democracia sin igualdad, y no puede haber igualdad en la sociedad sin democracia (Miguel Lorente). El debate sin embargo desborda el ámbito estrictamente político para adentrarse en las causas profundas que laten en la sociedad y que alimentan el machismo.

La violencia es un concepto adquirido. Frecuentemente, la violencia de los hombres contra las mujeres comienza en la infancia y representa parte de la socialización masculina. Muchos muchachos son socializados en la creencia de que las mujeres y niñas tienen obligaciones con ellos (cuidar de la casa, cuidar de los hijos, tener relaciones sexuales con ellos…).( Francisco Abril ) Este análisis arroja un dato inquietante: que los jóvenes, son más propensos a usar la violencia que cualquier otro grupo. La violencia de los hombres contra las mujeres se ejerce, principalmente, en el espacio privado y las relaciones de pareja y su inicio tiene lugar, muchas veces, en las parejas más jóvenes.

El machismo viene de lejos y se introduce en el inconsciente; este es otro de los aspectos relevantes que ha aportado el debate. La imposición de los esquemas del Patriarcado no sólo se producen por mecanismos sociales, culturales y económicos, sino también, por un entramado de estereotipos de género inconscientes, que se han ido tejiendo a lo largos de las generaciones que nos preceden. Durante la infancia se transmiten, consciente e inconscientemente, tanto por el padre como por la madre, y cristalizan en la adolescencia. (Regina Bayo) Estos aspectos de la subjetividad e identidad sexual no son conscientes, -y precisamente por eso-, se manifiestan con gran fuerza en momentos de cambio o de crisis en la vida de la pareja, como con el nacimiento de los hijos, o ante la pérdida de la estabilidad económica.

El debate deja claro que la violencia machista no se puede entender si se reduce a un problema que ocurre entre dos personas. Las causas hay que buscarlas más bien en un conjunto de dispositivos sociales que provocan que las mujeres sufran constantemente una violencia que es estructural. Se trata de una forma de control que el patriarcado ejerce sobre todas las mujeres (Isabel Serra y Rebeca Moreno)

Uno de los mecanismos por el que se reproduce la dominación es la “violencia simbólica”, que afecta a las mujeres (y a los hombres) de modo que las ciega respecto a la sumisión en la que incurren. Las mujeres están sometidas a un continuo bombardeo de mensajes contradictorios: una publicidad obsesivamente centrada en el cuerpo y en la seducción que reinscribe los clichés de feminidad más conservadores disfrazados de modernidad (Ángeles de la Concha); una exaltación de la libertad sexual que luego en la intimidad se ignora o se castiga; un acceso al mundo del trabajo, a la política y a las profesiones más prestigiosas que resultan luego irreconciliables con una vida familiar en el que la pareja se limita a “ayudar” en temas y ocasiones puntuales; una exaltación de la maternidad que se castiga laboralmente con el despido encubierto o la relegación a puestos de segundo orden; un reconocimiento a la valía profesional que fuerza a renuncias personales…

De este modo, más allá del plano conceptual, pero en relación con el concepto de “feminismo”, luchar contra la violencia machista implica  mejorar las condiciones materiales de las mujeres. La  violencia machista no puede ser entendida como una circunstancia al margen de las condiciones sociales, políticas y económicas en las que se desarrolla

En esta relación entra la violencia y las condiciones sociales están de acuerdo la mayoría de los intervinientes. Si bien algunos entienden que además de eso hay que tener en cuenta el poco amparo real que los juzgados prestan a las mujeres maltratadas. El 55 por ciento de las denuncias se archivan sin más trámites y el resultado final es que no llegan al 40 por ciento los maltratadores condenados (Lidia Falcón). Esta tesis considera que la ley contra la violencia de género es radicalmente insuficiente, entre otros factores, porque solo ampara a las mujeres que tengan vínculos sentimentales con los maltratadores.

Una parte significativa de las intervenciones han subrayado un factor especifico que acompaña a la violencia de género: la víctima, en muchos casos con lazos afectivos con el agresor, es una víctima especial, muy distinta a las víctimas de otros delitos. Se constata que estas agresiones y crímenes son los únicos en los que son las víctimas las que se avergüenzan o esconden y no quienes los perpetran. Todo ello envuelto frecuentemente en un halo de fracaso vital.

No es raro, pues, que las mujeres sean remisas a denunciar. (Eulalia Lledó). A esto se le tiene que sumar la silenciada desprotección en que las mujeres suelen quedar después de denunciar.

La discusión sobre la violencia de género se complementó con un debate en Público TV que moderó la escritora Laura Freixas y en el que participaron la escritora y periodista Lidia Falcón, el psicólogo Pablo Llamas, miembro a su vez de la AHIGE, Ángeles de la Concha, catedrática de lengua inglesa, la ponente Soledad Murillo y el profesor de Derecho Constitucional Octavio Salazar

Ponencia inicial

¿Ha llegado la democracia a la vida privada?

¿Ha llegado la democracia a la vida privada?

Identifico democracia con el mutuo respeto, una regla de la que nos dotamos siempre que aceptemos las distintas formas de vivir. John Rawls definía la justicia en términos de procurar hacer efectivas las “bases sociales del autorespeto”. En el plano personal, el respeto consiste en concederse un valor innegociable. En suma, resistirse a claudicar cuando alguien en nombre de los afectos, pretende amoldar un proyecto vital, por el simple hecho de ser ajeno a sus necesidades particulares. Situaciones demasiado frecuentes en un vínculo de pareja, donde mantener lo propio, desde las amistades, hasta las aspiraciones profesionales, pudieran representar motivo de tensiones, o conflictos más serios.

Sabemos bien que las interacciones sentimentales son extraordinariamente complejas, pero no siempre los desacuerdos recurren a la palabra y menos aún a pactos en los que se explicite lo que cada persona espera de la otra. Todo lo contrario, la pareja también es un escenario de poder. Un poder que no se muestra públicamente, se reproduce en la intimidad de una relación sentimental, se justifica en nombre del amor y requiere de una sistemática expropiación de la identidad. Además, contiene una firme desautorización de todo rasgo de individualidad, recurriendo desde los agravios, hasta los golpes. De hecho, debemos a la teoría feminista haber conceptualizado el poder desde el esquema de subordinación y autoridad, y visibilizado aquellos mecanismos sociales, económicos y culturales que legitiman la desigualdad.

Esta lógica fue clave en la elaboración de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tuve la oportunidad de participar activamente en su elaboración. Fui el primer cargo público en materia de igualdad, pero sin añadir, familia, infancia o juventud entre sus competencias. Sólo igualdad. Razón por la cual las siguientes reflexiones son deudoras de la legislatura de la que formé parte (2004-2008), así como de las negociaciones, o mejor decir, las conversaciones con el ánimo de convencer de la necesidad de una norma a aquellos que serían los responsables de su puesta en marcha. La Ley tuvo su origen en una propuesta por parte de la oposición, en el año 2002 y en sede parlamentaria, que el Gobierno del Presidente Aznar desestimó. Las entonces muy minoritarias, pero constantes, manifestaciones de mujeres cada 25 de noviembre, no dejaban de recordar la urgencia de la medida. Se recuperó la idea y se amplió el campo de su articulado. Para empezar, ya en su exposición de motivos, o tarjeta de presentación de todas las normas, que recomiendo leer para conocer los principios que las inspiran, en la Ley 1/2004 se cita expresamente que la violencia no es un problema que afecte al ámbito privado sino al ámbito público. Y se añade que representa una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Antes de su promulgación, era el concepto violencia doméstica el más usado, desde la jurisprudencia, hasta los medios de comunicación. De esta manera, quedaban fuera de esta definición aquellas mujeres que no convivían con el agresor: tanto jóvenes que sufrían violencia, así como las mujeres maduras que eran amenazadas por su expareja. Esta focalización en la vida afectiva como escenario de violencia, fue muy controvertida por creerse que era reduccionista. De hecho se dudaba de su eficacia, dado que no se recogían todos los tipos de violencia que figuran en la Resolución 48/104 de la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 1993: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada». En cambio la Ley perfila la figura del maltratador en un compañero sentimental, se conviva o no.

Primeras Objeciones a la Ley 1/2004.

Una de las principales dificultades para entender la especificidad de la violencia de género, fue su denominación. En primer lugar, desde el punto de vista nominativo la definición de “género” que aportaba la Ley, fue rechazada por la Real Academia de la Lengua, que advirtió sobre la inutilidad de su uso, eso sí, sin citar ninguna de las múltiples referencias teóricas sobre la aplicabilidad del mismo. Ni lo entendió entonces, ni aún hoy está incorporado; a pesar de mostrarse receptiva ante términos como “friki”, “manga”, entre muchos otros, con más suerte por parte de la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico de la RAE. Esta valoración es mucho más que una anécdota, representa la inquietante estrategia de convertir una categoría de análisis en una extravagancia y, como tal, cualquiera puede desestimarla, negarla o refutarla, sin más. La misma idea que mantienen aún las Universidades españolas, al ubicar los estudios de género, como un conocimiento periférico en la capacitación curricular: master o asignaturas optativas son las únicas opciones. Esta limitación en la oferta educativa repercute en reforzar la subestimación teórica por parte de quienes deben aplicar la Ley, porque de no entender su significado, esta omisión afectará al desarrollo de su práctica profesional y sobre todo, a la eficacia de respuesta a las mujeres maltratadas.

En segundo lugar, fue extraordinariamente complejo desvincular la violencia de género de su interpretación como un asunto privado, un suerte de problema de pareja en el que no es lícito inmiscuirse, salvo que se produzcan actos constitutivos de delito. Pero convertirla en un asunto público fue clave en cada proceso de presentación de la Ley a distintos profesionales, que en un futuro deberían implementarla. Se trataba de recordar que la violencia era consecuencia de una deficitaria aplicación de las políticas de igualdad y esto repercute en las conductas de los agresores y de las víctimas. Bien es cierto, que cada día tenemos la fortuna de contar con rigurosos análisis sobre la materia, donde cada aportación teórica, o práctica, nos ayuda a entender la complejidad del fenómeno; sin embargo es necesario profundizar en aquellos análisis que relacionen violencia, con la posición de inferioridad que se reserva a las mujeres dentro de la estructura social, política o económica de nuestro país. En otras palabras, disponemos de menos ejemplos que vinculen la violencia con el grado de igualdad de trato y que a su vez sean capaces de identificar qué factores de desigualdad provocarían un estado de indefensión de las mujeres. Nos convendría saber ¿con qué recursos personales cuenta una mujer para poder iniciar el difícil proceso de iniciar un proceso judicial? O bien, conocer qué ocurre en el intervalo entre llamar al teléfono de emergencia 016, más de 30.000 llamadas anuales, y la decisión de interponer una denuncia, que representan menos de la mitad. De todo ello informó el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, órgano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya anterior Presidenta Inmaculada Montalbán mostró, en el año 2013, su preocupación por una caída en las denuncias de un 9,6 en los últimos cinco años.

En tercer lugar, hacer entender que no se trata de un problema propio de un colectivo, porque si todo Estado de Derecho tiene la obligación de garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas, con esta obligación constitucional se deberían ver implicadas todas las instancias sociales, y no sólo las áreas de mujer inscritas en cualquiera de las instituciones públicas. Sin embargo, un problema fundamental radica en la extendida interpretación de considerar a las mujeres como un colectivo. Pero ¿qué efectos tiene para las mujeres ser definidas de este modo? Aparentemente parece una definición neutral, carente de consecuencias, pero nada más lejos de la realidad. Primero, porque los colectivos se asimilan a las minorías, es decir, se les adjudica un rasgo particular que les adscribe al grupo en función de su -color, raza, edad, clase social-. Lo cual no ofrecería problemas, sino fuera porque esta operación sólo rige para las mujeres, en ningún caso a los hombres se les concede tal tratamiento diferencial, salvo que posean una particularidad concreta: jóvenes, ejecutivos, jubilados. En cambio, las mujeres siempre son catalogadas como un colectivo en su totalidad. Ni siquiera es preciso adscribirse a un grupo a través de un rasgo concreto, ni por edades, renta, color u orientación sexual. Las mujeres por el hecho de ser mujeres se definen como un colectivo, cuando en nuestro país representan un 50,8% de la población censada (INE. A 1 de enero de 2014).

Esta es la primera estrategia de exclusión, pero lo más inquietante, son las características que se les atribuye como colectivo, cuyo significado común son sus “especiales dificultades”: problemas de conciliación, de autoestima, de trabajo, entre otros. Dificultades que se analizan como inherentes a las mujeres. Es decir, no quedan cuestionadas instancias públicas cuyo funcionamiento y regulación horaria, pudieran representar un serio obstáculo a su participación. O las constantes convocatorias de reuniones, que se convierten en requisitos de una presencia activa, sin olvidarnos de las interminables jornadas diarias que la esfera política, sindical, empresarial reserva para afianzar sus relaciones formales e informales, pero estas pautas de funcionamiento no se cuestionan. Si las mujeres no tienen tiempo es un asunto personal o, lo que es lo mismo, imputable a su organización horaria.

Como personas interesadas en la violencia de género debemos preguntarnos, ¿aceptamos estas definiciones u optamos por seguir haciéndonos preguntas? En suma, ¿las interpretamos como características propias de las mujeres o resultado de una división sexual de funciones, que hombres y mujeres reproducen a través de los roles? Sin embargo, al asimilar al conjunto de las mujeres al repertorio de los colectivos,estas quedan expuestas a ser tratadas desde esta óptica de grupo, definición que opera para los responsables de diseñar políticas sociales. ¿Qué ventajas depara esta clasificación, si estadísticamente las mujeres representan la mayoría de la población? Para empezar a las minorías se les reconoce más por sus “problemas” pendientes de solucionar, que por sus méritos o aportaciones. No olvidemos que las necesidades tienen un tratamiento político distinto que los derechos, sobre las primeras recae la incierta voluntad política de solucionarlas pero siempre estarán cautivas de presupuestos públicos, o del grado de conocimiento sobre igualdad de quienes la incluyen entre sus competencias. Carencia que ni siquiera se tiene pudor de lamentar. El propio Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad reconoció, según sus propias palabras, en una rueda de prensa que no se había leído la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a pesar de formar parte de un gobierno que iniciaría una reforma regresiva de la misma.

Por estas razones, los programas, o medidas son específicas y se orientan a subsanar aquellos supuestos “déficits” que las mujeres presentan. De esta manera se utiliza el término “inserción” en cualquiera de las esferas sociales: laborales, culturales. Pero la respuesta está condicionada por el grado de compromiso de cambio de las instituciones, demasiado refractarias a una revisión de sus procesos. Resulta más sencillo administrar políticas específicas: los programas de diversidad, dentro del capítulo Responsabilidad Social, en la empresa privada, o bien el denominado sector, dentro de la Administración Pública. La misma interpretación motiva que en los foros internacionales se organicen sesiones específicas sobre mujeres. Por ejemplo, en la Unión Europea la agenda de igualdad se ubica en la Comisión de Políticas Sociales, a cuyas sesiones acuden aquellos cargos políticos que la incluyen entre sus responsabilidades pero deben compartirla con otras áreas de trabajo, lo que concentra la igualdad junto a otras competencias como Educación, Salud, Políticas Sociales (Alemania, Grecia, Portugal, Italia Reino Unido, Noruega, Finlandia). Son excepcionales los países en que existen Ministerios de la Mujer en la Administración General del Estado (España hasta el 2010 y Suecia). Si acudimos a los escenarios políticos, observamos al líder de cualquier partido haciendo un acto sólo para mujeres, reproduciendo así la concepción de éstas como colectivo, lo que creará estructuras específicas, mujeres de, feminismos de, a la que se añade el nombre de la formación política.

En todos los casos, se comparte el mismo discurso: la indudable capacidad de las mujeres y su injusta invisibilidad. Tal defensa sobre las virtudes de un colectivo, sería inaudita en el caso de los hombres. Además, fuera de estos marcos de proclamación de excelencia, cuando las agendas públicas o privadas, políticas, traten asuntos claves, como la economía, la protección por desempleo o la administración territorial, estás no tendrán presencia alguna en la toma de decisiones. Evitar esto fue un propósito de La Ley 1/2004, que quiso convertir en un asunto de interés general aquello que se definía como un asunto privado de las mujeres. Por ello, lejos de establecer regulaciones en clave de colectivo específico, se buscó una equivalencia de derechos en el espacio público y para ello, era preciso aportar artículos sobre educación, mercado de trabajo, hasta la creación de nuevas estructuras, como los juzgados especializados de violencia contra la mujer y una fiscalía de violencia de género. O la Delegación Especial contra la Violencia de Género, que creó un observatorio para homologar datos estadísticos, además de crear el teléfono 016.

En cuarto lugar, más que un obstáculo, se trata de lo que fue, bajo mi punto de vista, una pérdida irreparable para aumentar la efectividad de la Ley: no lograr introducir el machismo como un agravante. Del mismo modo, que la xenofobia, el antisemitismo o el racismo son tipificados como tales en el artículo 22.4 del Código Penal. Esta valiente propuesta la hizo la Presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, quien argumentó en una comparecencia en el Congreso, la conveniencia de introducir este tipo de discriminación en el código penal, dado que la Ley 2/2004 sólo agravaba las penas para los delitos de lesiones. Pero nadie, ni siquiera el partido del Gobierno que impulsaba la Ley, aceptó su fundamentación. La negativa fue contundente, lo que demuestra que la violencia se encapsulaba en los problemas de un colectivo específico y no precisaba tratamientos jurídicos más severos para evitarla. Siempre me he preguntado si la presencia de otras discriminaciones directas en la legislación, no habrá dependido de la solidez de alianzas, o de la capacidad de presión, como lobbies, de los colectivos que las padecen.

En quinto lugar, sobre la Ley pesó otra grave acusación: la de beneficiar a las mujeres en detrimento de los hombres, concretamente en relación al artículo 38: Protección contra las amenazas. El debate procesal se basaba en un interrogante: ¿por qué un mismo hecho: amenazar o coaccionar tiene un distinto tratamiento penal, tipificado como delito en el caso de lo realice un hombre con una relación sentimental con la víctima, y no pesa del mismo modo para las mujeres? Esta elevación de la pena fue interpretada como una relación inversa entre legalidad y discriminación, y provocó encendidos argumentos. Sabíamos, como se manifestó en los encuentros de trabajo con médicos forenses que las coacciones y amenazas eran la antesala de las lesiones. Los hombres no vivencian pánico, es cierto que pueden sentir ira, agresividad, pero no miedo y, mucho menos, terror. Pero este aparente “trato de favor” conectaba peligrosamente con el imaginario social sobre que las acciones positivas, o en el ámbito político, las famosas “cuotas” y que a pesar de ser mecanismos garantes de la igualdad, se presentan ante la opinión pública como medidas fraudulentas para favorecer a las mujeres.

Si las mujeres carecen de referentes de autoridad, ¿de qué elementos podrán servirse para reunir las fuerzas suficientes para tomar una decisión? ¿Qué significados les devuelve la vida pública que les doten de la suficiente legitimidad para denunciar una situación insostenible? ¿Acaso no incide en su autoconcepto, la insistente representación de lo femenino a través de la emocionalidad, la nigromancia y sólo con algunas excepciones, son convocadas en el papel de expertas, para hacer aportaciones sobre la economía o la ciencia?

La tarea de una sociedad decente, como diría Martha Nussbaum, es ofrecer a todos sus ciudadanos las mejores condiciones para desarrollar sus capacidades, y esto sólo se logra si colocamos la igualdad no como un mero principio, sino desde el exigente plano de una buena convivencia. Si las mujeres no perciben la igualdad de trato, o como la define Ronald Dworkin, la distribución equitativa de recursos y oportunidades vitales ¿cómo va a marcar límites a quien coacciona su libertad, sobre todo cuando no se trata de cualquier persona, sino de aquel con quien está vinculada afectivamente? Sin embargo, todo el mundo espera que ella dé el primer paso, que la víctima denuncie, como única vía para acceder al sistema de protección. ¿Por qué la fiscalía no actúa de oficio, cuando está autorizada para hacerlo conforme a sus competencias? ¿O todavía se define la violencia de género como un delito privado, y no como un delito público? ¿Qué ocurre entre la denuncia y el final del procedimiento?

Se sigue depositando en la víctima el poder de decisión, en una interacción donde los primeros efectos de la violencia radican en hacer dudar a la víctima de sus propias percepciones. ¿Con qué elementos podrá defenderse y actuar en nombre de su autonomía? Especialmente, cuando la imagen que devuelven las instancias públicas o privadas sobre las mujeres está ligada a sus problemas y no a sus capacidades. De dónde extraerán las mujeres la suficiente autoafirmación para escapar del círculo de la violencia. Quizás esto explique que aún carezcamos de campañas contra la violencia, cuando disponemos de campañas de tráfico con periodicidad bimensual. Son los medios de comunicación quienes informan sobre los episodios de violencia, sobre la crueldad de los asesinatos y, aunque aún esta materia informativa se ubique en la sección de sociedad y no en la sección política, es indudable que han contribuido a mantener este persistente fenómeno.

Una víctima sin similitudes: la mujer maltratada

Las relaciones sentimentales fueron el eje de la Ley, porque su dinámica genera una grave indefensión para la víctima y una certeza de impunidad para el agresor. Sabemos que toda pareja debería estar abierta para aceptar los desacuerdos como un factor saludable propio de la intimidad, porque de no existir diferencias, estaríamos ante un miembro que siempre cede frente a otro que lidera. Uno de los pactos igualitarios en un vínculo afectivo radica en ampliar la libertad del otro, para lograr que la pareja sea una suma de individuos con proyectos propios, no de roles, provistos de identidades y funciones. En nombre del amor, no cabe exigir la pertenencia de otra persona, nadie es propiedad privada de nadie. Muchas mujeres se comportan como si tuvieran un propietario, por lo cual la secuencia de “tenerse” como referencia se vuelve problemática para ellas, como si traicionaran su rol.

Saberse un individuo es mucho más que una afirmación personal, señala el grado de autonomía que puede disfrutar una persona, comprobar si se toma como referencia a la hora de tomar decisiones o bien busca la aprobación. Por ejemplo, en los lenguajes cotidianos detectamos a mujeres, jóvenes o adultas sometiendo sus opciones al consentimiento de sus parejas afectivas. En suma, considerarse sujeto es la máxima protección contra la violencia y precisa de una poderosa voluntad de deslealtad hacia los preceptos de género, un doble vínculo con difícil salida. Si la privacidad, en el sentido positivo de lo «propio» y como elemento constitutivo de la individualidad, es una tarea difícil para cualquiera, lo es aún más para quienes gozan de mayor aceptación, si la renuncia y el sacrificio conforman sus virtudes públicas más valoradas. La habitación propia de Virginia Woolf resulta una brillante metáfora de la decisión a pensarse en singular, libre de toda demanda externa que las encierre en un conflicto de lealtades, entre lo que quiere hacer y lo que debe. En esta línea, Richard Sennett, señala dos tipos de compromiso, aquellos que parten de la decisión y los que encierran un mandato de obligación.

Podríamos afirmar, que la autonomía, entendida como “autogobierno”, como libertad de pensamiento y de acción es la prevención más eficaz contra todo tipo de violencias. Sabiendo, de la dificultad que esto entraña en una relación de pareja. Como señala la socióloga Eva Illouz, todo vínculo sentimental opera sobre “la economía de la escasez respecto a las libres opciones con otros encuentros”. Y añade “qué se puede esperar legítimamente del otro sin quebrantar su libertad”. Ahora bien, si nos centramos en una relación de maltrato no cabe esperar matices: la libertad de movimiento está prohibida. Se reclama una severa división de roles, y cualquier rasgo de individualidad será interpretado como una rebelión inaceptable, ante la cual el castigo sirve de advertencia y alecciona de posibles infracciones.

¿Qué diferencias existen en una víctima de violencia respecto a otras víctimas? Pensemos en un escenario de conflicto. Ante el mismo, un sujeto tiene la posibilidad de huir, pedir ayuda, o responder a la agresión. Ninguno de estos gestos son opciones para una víctima de violencia. La huida es tan complicada, por las dudas y el miedo, que la psicóloga Leonor Walker escribió una estrategia de fuga específica para las mujeres maltratadas. Tampoco pide ayuda, ni lo comparte con sus amistades o con su familia. Volverá clandestinos los agravios y las agresiones que sufre. Incluso aquellos que dejan señales; camuflará sus lesiones y si requieren atención médica los revestirá de accidentes domésticos. Hecho que motivó en la Ley la creación de unos protocolos destinados a los facultativos de atención primaria, quienes se hallaban ante la contradicción deontológica, de dar verosimilitud al testimonio de la paciente, o bien redactar un parte de denuncia ante la evidencia de las agresiones. Porque la denunciar representa para las mujeres maltratadas un rotundo fracaso personal, la constatación de no haber sabido hacerlo de un modo que no provoque iras.

Como investigadora, al realizar grupos de discusión con mujeres maltratadas, coincido con otros que concluyen que el sentimiento de vergüenza, de culpabilidad y fracaso sólo deja de ser paralizante en el caso de que los hijos e hijas puedan sufrir algún riesgo. En esas circunstancias el rol de madre, gana al de esposa, o compañera sentimental, y produce el impulso necesario para solicitar ayuda o asesoramiento. Del resultado de este acompañamiento experto dependerá el tiempo que requiera para sentirse segura e interponer una denuncia. La víctima de violencia es singular por otros motivos. Porque no responde a la agresión, aun viviendo en un régimen de terror cotidiano, ella espera a que las cosas cambien, mientras realiza un autoexamen revisando en qué podría haber fallado. Su discurso culpabilizador coexiste con la rehabilitación del agresor, buscando una explicación a su hostilidad. Siempre serán los agentes externos los responsables de su crueldad: el trabajo, su carácter, su infancia. Michael Foucault señalaba que el miedo es el mejor instrumento de control porque logra que la víctima aprenda a examinar cada gesto que pueda molestar a su agresor. Se inhibe por adelantado anticipándose a las posibles reacciones. El miedo es devastador y anestesia cualquier intento de salida.

Sin analizar estos hechos, sin analizar qué significa la igualdad, los cuerpos y fuerzas de seguridad, trabajadoras y trabajadores sociales, el personal médico, del campo de la psicología, o de la judicatura, fiscalía y abogacía seguirán sin comprender por qué resulta tan lento y penoso para las mujeres maltratadas tomar la decisión de denunciar, o qué causas concurren para que ella retire una denuncia antes de la vista oral. En otros escenarios, como las casas de acogida, o los pisos de emergencia, las directoras se preguntan qué les lleva a preguntar por él una vez que el miedo ha remitido, o qué les incita a querer acordar una cita. Incluso aspectos aún más espinosos, cuando una Orden de Alejamiento se vulnera cada vez que ella abre la puerta o accede a un encuentro, aun sabiendo que éste sea sumamente peligroso. Todas estas vicisitudes provocan que los profesionales, la policía nacional o local, no sepan cómo actuar, aunque el cumplimiento de la Ley es taxativa: vulnerar la Orden de Alejamiento es constitutiva de delito, pero el consentimiento de la víctima les confunde. El resto de los profesionales, saben que a pesar de haber invertido su trabajo, o su asesoramiento acompañado a la víctima, ésta no responde como el resto de las víctimas a su intervención; duda y perdona. Por lo que es lógico, que experimenten una desafección con su tarea, porque no siempre existe reciprocidad entre su empeño y el resultado esperado.

Lo mismo sucede en la familia nuclear de la mujer agredida, o bien están desorientados porque no aciertan sobre cómo influir en su hija, o en su hermana, y porque temen que al advertirla del peligro de una relación tan nociva provoquen, muy a su pesar, la reacción contraria: una encendida defensa del maltratador. Su desorientación es el motivo de demanda al teléfono de emergencia 016, que registra una media de un 23% de sus llamadas a solicitud de familiares y allegados. En otros casos, encontramos aquellas familias que prefieren apelar a la estabilidad de la pareja y minimizan el desastre, por lo que la disuaden de mantener la denuncia y, en muchas ocasiones, le piden que la retire. Lo que constituye uno de los motivos de preocupación para la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas (www.cemabog.org)sobre el papel que juega la familia en la cronificación de la violencia. Pero todas estas aptitudes carecerían de sentido sin relacionar la violencia contra las mujeres con las políticas de igualdad y el género. Por supuesto, sin olvidarnos qué clase de perjuicios persisten para desautorizar la Ley, y lo que es más grave, a las mujeres víctimas de violencia de género, como incoherentes, o tramposas, como sucedió con la difamación sobre las denuncias falsas.

Podría parecer que los valores de la sociedad se renuevan en la medida que se ejercita la democracia, tanto en la esfera pública como privada. Lo que significa enterrar principios de autoritarismo y subordinación hasta convertirlos en aptitudes intolerables. Sin embargo, las encuestas (Barómetros del CIS) demuestran que la igualdad, como principio; es decir como idea es aceptada sin fisuras. Todas las respuestas coinciden en que mujeres y hombres disfrutan de los mismos derechos, ahora bien, cuando la igualdad ha de traducirse en prácticas sociales concretas, en acciones, los parámetros de género muestran enormes resistencias. Persevera la desigualdad en el uso del tiempo. Un solo ejemplo en cuanto al grado de corresponsabilidad familiar: La atención de hijos e hijas (CIS. Marzo, 2014 ) es asumida por las madres en un 82%, seguida de la abuela en un 8,5% y en tercer lugar el padre, con un 4,5%.

La vigencia del término “género”

El término género no debe entenderse sólo en el plano descriptivo de unas diferencias biológicas, sino como una interpretación cultural, un conjunto de expectativas sociales de los roles que han de desempeñar mujeres y hombres. En suma, un código de comportamientos y de convenciones sociales. Está directamente ligado a la división de espacios: lo público y lo privado. La sociedad, si bien parece distribuir jurídicamente la igualdad, nombra como responsables del hogar a las mujeres y como sustentadores principales a los varones. Ante un conflicto dentro de una relación afectiva, cabría saber si nos hallamos ante dos sujetos cuya opinión quiere hacerse valer, o bien son los roles masculinos y femeninos quienes se abren paso en la contienda. ¿En que se apoya cada uno en la discusión, de qué modelos o experiencias se sirven? Los roles son pautas de conducta exigentes y logran ejercer una enorme presión de conformidad, pero a cambio aseguran a quienes se adaptan un tranquilizador sentimiento de legitimidad ante los demás. No hay rupturas ni extrañezas. En definitiva, un código basado en el “deber ser”, en el caso de los roles femeninos más orientados a especializarse en lo ajeno, que en una misma como un marco de referencia vital.

Si la categoría género es útil para entender qué papel juegan los roles, aumenta su capacidad explicativa a la hora de interpretar la dinámica de una relación de maltrato. Por ejemplo, ¿a qué patrones de comportamiento responde permanecer cautiva de una relación de maltrato durante 8 años de promedio? O, el número estadísticamente relevante de hombres que no dudan en declarar que las aman, incluso después de haberles provocado lesiones o la muerte. ¿Qué les lleva a experimentar una culpabilidad subjetiva cuando son ellas las vejadas y agredidas? ¿Por qué no actúan como otro tipo de víctimas, con capacidad para asociarse y demandar adhesiones a la sociedad, con fuerza para denunciar su agresión públicamente, y exigen de manera firme una reparación al daño causado? Son escasas las asociaciones, o su nombre lo dice todo: Asociación Mujeres Supervivientes de Andalucía. La mayoría de las mujeres maltratadas no siguen este modelo, la vergüenza y una enorme sensación de derrota las inhabilita para formar asociaciones, o para reclamar medidas cuando las Administraciones Públicas no actúan con la debida diligencia.

En las relaciones de maltrato el peso de los roles de género no sólo actúan como un elemento desencadenante del conflicto, también sirven para perpetuarlo. Muchos policías se sorprenden sobre el tipo de hechos que el agresor relata como motivo de una paliza, e incluso del asesinato. Las diligencias recogen unos hechos que, aparentemente, carecen de entidad para provocar tan cruel castigo. En principio, pudieran parecer hechos sin importancia, discusiones habituales en el ámbito doméstico. Su perplejidad es sincera. No lo entienden. Lo cual es lógico, porque se trata de algo mucho más importante que el grado de satisfacción respecto a la tarea doméstica; el maltratador persigue verificar un escrupuloso cumplimiento del rol femenino y por supuesto, de no hacerse así su pareja se atendrá a las consecuencias.

Sabemos que el rol de esposa y madre aún están confinados a un desprendimiento de una misma para atender las necesidades ajenas. Y aunque los nuevos estilos de vida han enriquecido las formas de su ejercicio: madre sola, mujeres separadas, o madres con una orientación sexual distinta, sus compromisos de atención son requeridos sin contemplaciones. Resulta muy difícil mantener unos límites a las demandas familiares y, con el mismo empeño a mantener a salvo una relación de pareja, más aún exigir reciprocidad. La figura de la “madre” no sólo alude a quienes efectivamente lo son, sino que se reclama como un atributo definitorio, una cualidad sustancialmente femenina. La maternidad siempre remite a un rol femenino; un hombre se feminiza al adoptarlo y pasa a ser una excepción con una gran valoración positiva. Así es, porque la definición de la paternidad se define por otros rasgos: la trasmisión de apellido y de la principal renta familiar. En cambio, la maternidad es una aptitud de cuidado, de hecho las chicas jóvenes “cuidan” a sus compañeros sentimentales, se ajustan a sus tiempos, a su peculiar forma de ser, o bien se adaptan a sus gustos, o a sus amigos. Y, en la mayoría de los casos, esta atención conlleva la desatención de sus propias amistades, o afecta a su rendimiento. ¿Todavía nos sorprende que en una vista oral, la víctima rectifique su testimonio? Además el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la figura del derecho a la dispensa, o la posibilidad que tiene toda mujer de no declarar contra su marido, aunque éste sea el maltratador y ella la víctima. Ante lo cual el fiscal puede retirar la acusación.

Sostener emocionalmente una relación es definido como logro en el discurso femenino, ello pudiera explicar que más de un 36% de las víctimas se nieguen a declarar contra su marido o compañero sentimental. Lo cual nos indica la tensión de lealtades que operan en un acto procesal de este tipo, donde no siempre los jueces advierten de lo que eso significa. Los resultados son estremecedores, el maltratador sale en libertad y es previsible que ajuste cuentas con su “delatora”. La Memoria Anual de la Fiscal de Sala, Coordinadora de la Violencia contra la Mujer, alerta sobre otras estrategias de desautorización de la víctima, como son los Recursos de Revisión ante la Sala II del Tribunal Supremo. El condenado se querella contra la víctima sosteniendo que su condena sólo se basó en una denuncia, la mujer se presta a declarar y, como resultado de confirmar este supuesto, queda condenada. La propia Memoria reconoce que es preciso estudiar esta forma específica de violencia, porque sabe que los comportamientos de género inciden en el desarrollo procesal. El número de sobreseimientos es el indicador sobre el grado de impunidad de los maltratadores, que desde el año 2005 ha supuesto un incremento de un 158%. Suspender la causa por falta de pruebas, sin iniciar investigaciones de oficio, delata un mal funcionamiento de los órganos de justicia, ante cuyos déficits no parece haber ni un seguimiento y, mucho menos, se activan las medidas correctoras suficientes.

En cuanto a los hombres maltratadores, un debate permanente se centraba sobre la posibilidad de lograr su rehabilitación, o bien dudar de cualquier método eficaz para ello. Este tema, además gravita sobre una posición ética acerca de la capacidad de recuperación de un sujeto. En el caso de los maltratadores, es una condición ineludible que éstos acepten su responsabilidad en la agresión, sin señalar a su pareja como la principal causante de su hostilidad. Y esta dificultad en reconocerse como agresor, es precisamente el obstáculo sobre el que aluden la mayoría de los terapeutas en el tratamiento. Los maltratadores encuentran una extraordinaria dificultad en asumir la responsabilidad de sus acciones, para minimizarlas. Los hombres violentos, ni perciben el pánico ni viven disculpándose. Testimonios de los que son testigos permanentes los cuerpos de policía especializados, que observan su modo de definirse: sujetos que “responden” a una provocación, a una suerte de insubordinación. Del mismo modo, cuando el conflicto remite los maltratadores saben activar la lástima, han vivido del perdón y de las segundas oportunidades que les facilitaba la víctima. Esto ocurre justo en el momento de la ruptura, o cuando se está tramitando una denuncia. Es frecuente hallar testimonios de hombres que reclaman el perdón y apelan al sentimiento de pena, pero sin reconocer la gravedad de lo sucedido, no para rendir cuentas sobre lo arraigado del poder y el narcisismo, sino con la intención de purgarse, de redimirse.

“Yo parecía la victima cuando salí de la cárcel”. Un maltratador que narró en el diario El País (13.03.2011) cómo disciplinó a su mujer, una periodista con carácter independiente, que a pesar de reiteradas agresiones, nunca denunció. Fueron los vecinos, porque los golpes suenan, quienes tomaron la iniciativa. Otras veces, son los vecinos quienes declaran en los reportajes de televisión, la extrañeza ante la detención de un maltratador, puesto que era correcto, e incluso, amable. Sin pensar que el agresor se especializa en quien sabe que seguro mantendrá la espiral de silencio que precisa la violencia. También La Ley contra la Violencia contempla medidas en este campo. Se incluyeron trabajos en beneficio de la comunidad, como parte de la reeducación de maltratadores, una medida aún pendiente de práctica. Sería difícil contabilizar el número de Ayuntamientos que así lo hicieron, pero no cualquier clase de trabajo, sino aquellos cuya naturaleza esté ligada al cuidado, por ejemplo, en la atención de personas dependientes, o en centros de salud, o de mayores. Porque si el poder ha estructurado sus relaciones sentimentales, vivenciarse en la posición de procurar cuidado a los demás, sería un cambio nada desdeñable para ellos.

Sabemos que la identidad masculina se centra en una independencia económica y en aportar la principal renta a la unidad familiar. Su identidad positiva es directamente proporcional a su posición en el mercado de trabajo. ¿Acaso no se vincula la identidad masculina con la esfera laboral? Con tal contundencia como la que conlleva un despido en el que se hace un examen retrospectivo sobre en qué se falló. El cine de Fernando León, en su film Los lunes al sol, muestra la desolación de un grupo de hombres despedidos, cuya conversación se recrea en las anécdotas de su trabajo, única forma de seguir cohesionando al grupo. Otro tema sería reparar en el papel reservado a las mujeres de sus protagonistas. Resignificar la masculinidad, tomar el poder patriarcal como una debilidad y no como un signo de prestigio, es un buen ejercicio que promueven los Grupos de Hombres por la Igualdad, quienes buscan renovar los modos de relación convencional, donde la sentimentalidad mal entendida, requiere de la subordinación sentimental de las mujeres para afianzarse.

Materiales de derribo contra la Ley.

Desde el año 2005 que se crea, siguiendo la Ley 1/2004, el Observatorio Estatal de la Violencia de Género (https://www.msssi.gob.es/) no hay respuestas institucionales firmes a la altura de la gravedad del fenómeno. Incluso, contando con 65 mujeres asesinadas de promedio año, aún persisten ideas que colocan la Ley como sospechosa de no ser ecuánime con los principios de igualdad de trato ante la justicia. Veamos algunas de ellas y aprovechemos para hacernos preguntas sobre los significados que recaen sobre la violencia.

La primera de las difamaciones fue extender la idea de que las mujeres maltratadas incurrían en el delito de falsedad en sede judicial, sosteniendo denuncias falsas, las cuales son constitutivas de delito, conforme a los artículos 456 y 457 del Código Penal. Ante ellas, el juez, como la fiscalía o el Ministerio Público, debe actuar con contundencia. La responsable de contaminar a la opinión pública con estas afirmaciones, fue la Jueza Decana de Barcelona, María Sanahuja que añadía “da la sensación que algunas personas usan la fase de instrucción para tener mejor situación en los casos de separación”. El terreno estaba abonado para fomentar el sentimiento de sospecha sobre las mujeres maltratadas. Nunca presentó datos, o estadísticas que avalaran su afirmación. La cual sigue dando sus frutos, dado que recientemente, un Diputado de UpyD, miembro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, sin aportar dato alguno, pero sabiendo muy bien que se hacía eco de un estereotipo con gran aceptación, volvió a inculpar a las mujeres. Tuvo que ser el Consejo General del Poder Judicial quien recordará en su informe del año 2011 que se produjeron 134.002 denuncias de las cuales sólo 19 fueron falsas, es decir, un 0,01. Pero sabemos bien que los prejuicios no admiten argumentos. En este sentido, cabría hacerse una pregunta: ¿Qué opera en la sociedad española para no contrarrestar esta idea con el elevado número de denuncias? Sin contar que el teléfono de emergencia 016, creado en el año 2005 con el único propósito de asesorar, haya recibido a 1 de enero de 2014, 10.220 consultas, o las 9.475 registradas en el año anterior.

Otra difamación radica en plantear que la Ley es inservible, tan contundente conclusión se expresa sin contar con una evaluación de la misma, como se fijó en la Disposición Adicional undécima. Lamentablemente, sólo se dispone de un informe de un grupo de expertos a iniciativa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en abril de 2006, referido sólo a cuestiones técnicas sobre su aplicabilidad. Es necesario emprender una evaluación global, con más años de perspectiva. Y sobre todo, en relación con los mecanismos de coordinación que fijó en su articulado. Por ejemplo, las Unidades de Igualdad de las Subdelegaciones de Gobierno, ubicadas en cada capital de provincia con el objetivo de reunir a jueces, fiscales, cuerpos y fuerzas de seguridad, asociaciones de mujeres. Uno de los primeros recursos que utilizan las mujeres para asesorarse, así como cualquier grupo experto. De esta forma se actuaría en un doble plano: prevención y seguimiento de las víctimas de violencia. Sin olvidar, el ámbito rural que tan estrecho margen de anonimato ofrece a las mujeres que quieren asesorarse o denunciar. Estas unidades dependen de la Vicepresidencia de Gobierno, deberían contar con personal y con medios. ¿Qué objetivos se han cumplido en estas Subdelegaciones, o bien, con a qué tipo de obstáculos se enfrentan?

Lo más cómodo es reproducir la lógica del rival y manifestar que la Ley no funciona y a continuación añadir el número de víctimas como prueba irrefutable de su fracaso. Así es la norma y no su aplicación la responsable de esta pérdida de eficacia. Así se pronunció la Ministra Ana Mato en sede parlamentaria, proponiendo un mecanismo que se ha vuelto el comodín político por excelencia: un Pacto de Estado, un compromiso entre Gobierno y distintos grupos políticos para establecer acuerdos sobre esta materia. Es evidente, que el primer punto debería ser aplicar la Ley, para para ello se ha de contar con un riguroso diagnóstico del grado de cumplimiento de la misma. Sin embargo, la retórica política soporta todo y tiende a poner el cronómetro a cero. Así mientras el Ministerio competente de su seguimiento se inclina por las alianzas, el Ministerio de Justicia estudia reformar el Código Penal introduciendo cambios lesivos para las víctimas de violencia de género. Veamos algunos: determinar una pena de multa para los delitos de violencia, dado que en el caso de ir a prisión el maltratador, esto afecta a los bienes gananciales, e incluso merma la renta familiar. Las vejaciones deberán ser falta y no delito. O el más grave, por contradecir las prescripciones de Naciones Unidas, es utilizar el mecanismo de mediación cuando una de las condiciones para que ésta sea efectiva es que exista una relación de equivalencia en cuanto a la capacidad de negociación, algo imposible si se reconoce que entre una víctima y su agresor, el poder es la pauta interactiva predominante.

Otro argumento sobre la supuesta inutilidad de la Ley, que triunfa entre quienes sospechan de la inutilidad de la misma, es decir que lo más útil es la educación, en una clara invocación a la capacidad de los valores sociales para desechar conductas intolerables en las relaciones de pareja. Sin embargo, aunque la Ley incluyó la posibilidad de que Asociaciones o personas expertas en esta materia, se integrarán en los Consejos Escolares, a 10 años de la promulgación de la norma, aún no se ha aplicado. Si a ello sumamos la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, donde el respeto y la resolución de conflictos formaban parte curricular y aportaba ideas para la didáctica escolar, el escenario se complica. Es cierto que apelar a la educación es totalmente necesario. La educación mixta se implantó en España en 1970, pero a pesar de ello, aún pervive una distinta valoración sobre las conductas de niñas y niños: “los niños no lloran” y “las niñas no deben hablar así”, como expresa Marina Subirats, son signos de una educación que debería introducir materiales de coeducación como forma de corregir estas conductas. Por suerte, contamos con excelentes materiales que versan sobre cómo educar para la igualdad, o impulsan una educación no sexista, que Institutos de la Mujer o asociaciones de profesoras han elaborado. Aun así, el sistema educativo no hace los suficientes esfuerzos en esta línea. Ante ello surge una pregunta: ¿Qué resultados obtendríamos si el sistema educativo hiciera el mismo esfuerzo que cuando logró al desacreditar el hábito de fumar, si insistiera en la importancia del cuidado en el ámbito familiar, así como en un reparto equitativo de las tareas domésticas?

Una forma eficaz de derribo radica en ir degradando la igualdad privándola de recursos. Las políticas de igualdad, son políticas activas y como tal son un asunto económico. Los Presupuestos Generales del Estado y de las Administraciones Públicas han reducido en un 27% los capítulos de gasto destinados a la violencia de género. Sabemos que este mes de noviembre celebrarán muchos actos condenando la violencia, este gesto es gratis y mantiene su capacidad de convocatoria ciudadana, pero y simultáneamente es compatible seguir al pie de la letra la Ley 27/2013 sobre la Racionalización de la Administración Local, que afectará directamente a la prestación de atención a la Violencia de Género. Pero es mucho esperar que las agendas políticas supervisen los efectos de su toma de decisiones, aunque sean lesivas para las trayectorias profesionales y vitales de las mujeres.

Todo cabe en materia de igualdad, por ello mientras se busca un Pacto de Estado cautivo de la buena voluntad de las partes, hay pendientes de aprobación leyes urgentes, como una Ley Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual. O bien, recuperar derechos que se han quebrantado,como que las mujeres hayan dejado de cotizar por cuidados a personas dependientes la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, más conocida como la Ley de Dependencia, ha sido derogada de facto, aunque siga en vigor.

No hay consecuencias, porque lo que no aporten las Administraciones Públicas, como son las prestaciones derivadas de los servicios sociales, bien los pueden cubrir las mujeres, que de hecho no contabilizan el tiempo donado en los cuidados, ni obtienen reconocimiento alguno por parte de los miembros de la familia que se benefician de ello. Si se sigue degradando la igualdad como derecho práctico, no será fácil para una mujer maltratada creer que le asiste el derecho a proteger su dignidad, física o mental, si además sólo es visible para los poderes públicos el 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres.

moderado por:

  • Concepción García Herrera

    Socióloga

Conclusión del debate

Con las 10 preguntas de la ponencia Partidos, militantes y ciudadanos buscamos cartografiar una serie de problemas que gravitan sobre la crisis de representación y sus dinámicas de despolitización/repolitización en el contexto de movilización post15-M en nuestro país. Dada la extensión de la ponencia las intervenciones de las personas participantes se centraron sólo en algunas de ellas, aunque en su mayoría comparten en buena medida la tesis de partida: la “indignación” es algo más que un reactivo repudio moral de la gente decente porque abre espacios a la repolitización por parte de nuevos sujetos, como movimientos sociales democratizadores (Marisa Revilla, Pedro Ibarra, Tomás Villasante, Antonio Antón, Javier Ramos, Leopoldo Moscoso) (Pregunta1). Y también en buena medida comparten la propuesta con la que concluimos reclamando un nuevo pacto social sobre participación para reconstruir la virtud cívica por parte de una ciudadanía activa que busca incidir, modular y controlar sus propios espacios de participación-representación.

Para calibrar el recorrido de los procesos de politización en diferentes estructuras y procesos institucionales sobre los que discurren y se articulan tanto representación como participación, lanzamos una serie de preguntas al conjunto del sistema político, a los imaginarios ideológicos y culturas militantes de los partidos. Y también a las posibilidades abiertas por el nuevo contexto tecnológico comunicacional, con objeto de indagar sobre las posibles interacciones y articulaciones entre todos estos procesos, los nuevos sujetos movilizados por la crisis y la gran mayoría despolitizada-desmovilizada.

Dando por evidente la crisis que, en su función electoral-parlamentaria, atraviesan los partidos políticos, hoy visualizados como “clase política” alejada de la ciudadanía, insistimos en la importancia de éstos como ordenadores simbólicos, productores de identidad y formuladores de discurso con el que generar mapas cognitivos y emocionales para interpretar la crisis (Pregunta2). Sin duda, del hecho de que sigan jugando este papel depende en buena medida su sobrevivencia. Algunos ponentes hacían hincapié en la importancia de este papel ideológico discursivo, tanto para señalar la necesidad de mantener en la izquierda un horizonte radical de acción orientado por la autogestión y la desmercantilización (Andrés de Francisco), así como por la ineludible renovación discursiva en temas como la hegemonía y la moral, la racionalidad y la emocionalidad, o la clase como único sujeto: Disputar los intereses sin disputar los imaginarios que los permiten es perder la lucha política antes de comenzarla (Javier Franzé). Ello implica buscar superar el eje izquierda-derecha reformulándolo desde un eje arriba y abajo (Jorge Moruno) que, en el decir del último libro de Santiago Alba, nos obliga a pensar en nuevos mandamientos laicos para reagrupar las mayorías que comparten el “no matar, no robar, no mentir, buscar la igualdad, la fraternidad y la justicia social”.

Como es obvio, no podíamos dejar de señalar que el pluralismo y la alternancia sobre los que tradicionalmente descansó la legitimidad de la democracia parlamentaria están hoy gravemente amenazadas en el contexto de una globalización que pervierte la representación liberal cooptando a los reguladores institucionales y dejando gobernar al mercado en contra de la ciudadanía (Pregunta3). Muchas intervenciones se interrogan cómo hemos llegado a esta situación de blindaje de los poderes, que los impermeabilizan las de las reivindicaciones, demandas, reacciones y cuestionamientos de la ciudadanía (Marisa Revilla). Otros subrayan que una de las funciones principales del turno ordenado bipartidista consiste en excluir del debate político y el intercambio discursivo que precede a la elaboración de políticas las demandas de unos movimientos sociales que son a su vez el escenario y el mecanismo de la fragua de identidades cívicas e ideológicas (Leopoldo Moscoso). Las tensiones entre Capitalismo y Democracia en la sociedad del hiperconsumismo orientada por el pacto corporativo entre poderes financieros, políticos y mediáticos que someten la democracia al exclusivo dictado de los mercados sólo se resuelven con más Democracia (Javier Ramos). La nueva desregulación política neoliberal exige la construcción de un nuevo proyecto político que apoyándose en la protesta y la propuesta ciudadanas, afronte cuestiones económicas, fiscales e institucionales “fuertes” que durante las últimas décadas fueron declaradas “zonas prohibidas” (Maria José Fairiñas).

En el contexto de la crisis se reclama una virtud cívica que el sistema político no puede ni suministrar ni reproducir por sí sólo, sin el concurso de la cual se vuelve imposible para las mayorías sociales impedir el poder corruptor del interés general por parte de las oligarquías, reclamando la participación como clave para activar cualquier agenda de soluciones (muchas de ellas a experimentar) (Pregunta4). Una intervención nos recordaba que “tal virtud no está tan extendida como queremos creer” desde la izquierda (José Antonio Postigo Martín), y otra que la democracia parlamentaria es solo un punto de partida para construir cultura democrática (Pedro Ibarra).

Con este marco amplio de la crisis de representación en el sistema político, descendimos al papel que juegan militantes y votantes en los partidos políticos, en tanto portadores hacia afuera de cosmovisiones (simpatizantes y votantes) y de costumbres y estilos hacia adentro (cuadros y militantes) (Pregunta5). Indagamos sobre el papel de la militancia a la hora de conectar esos procesos de participación que abundan en los espacios intersticiales de las políticas públicas (Joan Subirat), hacia el interior de los partidos y hacia el sistema político en su conjunto con objeto de reorganizar la comunidad de referencia de los aparatos partidarios más allá de su lógica electoral. En este caso señalábamos algunas singularidades de nuestra cultura política derivadas de los pactos postfranquistas de la transición que configuraron, en la monarquía juancarlista, un sistema de representación altamente excluyente que impuso altos costes a la participación. Confluyen estrategias de desmovilización, burocratización y profesionalización en la lucha por cargos que bloquean los procesos de toma de decisiones, situándolos a espaldas del electorado y de las minorías militantes tanto de los partidos como de otras organizaciones sociales, las cuales, a pesar de sus sacrificios, tienen dificultades para generar trasvases virtuosos de participación entre distintas estructuras institucionales. Una intervención en hermoso lenguaje poético nos interrogaba sobre cómo hemos aprendido a tolerar lo intolerable al tiempo que nos recomienda la necesidad de desacostumbrarse y de desaprender (Jorge Riechmann).

El estatus quo defendido por la derecha es estructuralmente beneficiario de la caída de la participación, un problema principalmente para la izquierda, que aspira a reunificarse a través de ella. Necesitamos una perspectiva histórica para comprender cómo la izquierda se “derechiza” al generar activamente cortocircuitos en la participación (Pregunta6). Desde la transición, el campo progresista ha estado sometido contradictoriamente a la desmovilización por parte de sus propias organizaciones partidarias y sindicales, que han intentado controlarla férreamente desde perspectivas vanguardistas muchas veces maniqueas. Por ello en varias intervenciones se apunta la necesidad de tender puentes entre espacios, tradiciones y sensibilidades (Tomás Villasante, Pedro Ibarra, Olga Abasolo, Joan Subirats, Jorge Moruno). Es difícil que la renovación pueda surgir dentro de estos espacios organizativos marcados por la cultura de la exclusión, por lo que es de esperar que en la competencia electoral se consoliden iniciativas dispuestas a impulsar estos cambios se sensibilidad tan postergados como urgentes.

Prestamos también particular atención al papel de los activistas abstencionistas, fundamentales para reclamar una interacción virtuosa entre militantes, simpatizantes y ciudadanos (Pregunta7). Esto obliga a comprender el desencanto ante el “supermercado electoral” y reiniciar el proceso de reconstrucción de ciudadanía al lado de activistas abstencionistas que promueven agendas de compromiso intelectual y político. Su importancia es más cualitativa que cuantitativa, y fuerza a los partidos que busquen representarlos a alejarse de los tics del pasado: menosprecio ciudadano, corrupción y degeneración de la vida pública. En este sentido son significativas las intervenciones de personas que se consideran hasta cierto comprometidas, a menudo anteriormente despolitizadas pero hoy en plena politización (Pedro Tena, Agustin Campos Ruiz, Pedro Muñoz Moreno).

También nos preguntamos sobre el liderazgo, sobre su papel en la ingeniería político-discursiva para la construcción de espacios de interacción social e ideológica que habiliten a la ciudadanía en su potencial recuperación de voz y acción políticas (Pregunta 8). No está claro si es más fácil hacer converger formaciones políticas clásicas en torno a programas, o si un liderazgo puede adquirir posibilidades estratégicas extraordinarias en una coyuntura de crisis, como ha sucedido en el ciclo político reciente de muchos gobiernos progresistas latinoamericanos. Sin duda, también los contextos culturales y las condiciones institucionales (políticas y mediáticas) pesan sobre el papel de los liderazgos a la hora de llamar la atención de públicos y bases sociales de apoyo, reformulando discursos y relatos y promoviendo nuevos proyectos políticos con nuevas coaliciones entre actores socio-políticos, económicos y culturales. A pesar de la relevancia del papel liderazgo en la actual coyuntura electoral, esta fue una cuestión eludida en las participaciones, salvo un caso en el que se subraya la necesidad de que la autoridad individual del liderazgo debe ayudar al relato colectivo si quiere contribuir a la emancipación, mostrándose preocupado por la fascinación personal y la eventual falta de control sobre el liderazgo carismático-mediático (Manuel Gari).

Evaluamos la propuesta de primarias tan discutida como remedio para la partidocracia en el campo progresista, considerando que si éstas son cerradas hacia el interior de la militancia difícilmente pueden rebasar el aislamiento social y la atrofia institucional que atenaza a los partidos clásicos (Pregunta9). Sin resultar una panacea en un contexto ideológico como el nuestro, sólo unas primarias abiertas a la sociedad acompañadas con una generosa voluntad de construir mayorías sociales puede activar dinámicas de reconexión que promuevan la virtud cívica entre los actores de una sociedad civil marcada por el conservadurismo y la fragmentación. Cabe señalar que, a pesar de su actualidad política, esta pregunta no recibió atención por parte de los intervinientes.

Frente las lógicas de participación y representación clásicas, también nos planteamos la cuestión de cómo está influyendo la recomposición del campo comunicacional aggiornado por la llamada revolución digital. Aquí también apuntamos cómo el sistema mediático convencional es un producto de una transición conservadora y tan poco modélica y de la falta de voluntad de renovación de las fuerzas organizadas de izquierda a lo largo de más de tres décadas de democracia. Solo la reconfiguración forzada por la generalización del uso de internet ha posibilitado a los círculos activistas y al nuevo periodismo activar espacios mediáticos desde donde intentar disputar la hegemonía ideológica al bipartidismo postfranquista. De hecho, aparecen nuevas propuestas como Podemos o la Red Ciudadana-PartidoX que se apoyan en nuevos capitales mediáticos y nuevos recursos metodológicos-formativos como espacios sociotecnológicos fundamentales para la experimentación desde donde los militantes activistas buscan influir en una ciudadanía todavía mayoritariamente pasiva (Joan Subirats). Nuevos discursos buscan intervenir a través de la emocionalidad en la emergencia de nuevas subjetividades que reconstruyen identidades y comunidades de referencia, y que se presentan como campos fundamentales para experimentar, primero, al interior de los partidos y, después, sobre el conjunto del sistema político, delineando nuevas comunidades de participación que buscan incidir en diversos los procesos decisorios que orientan las políticas públicas sobre una perspectiva de democracia participativa (Pedro Ibarra) o potenciando grupos promotores cuidadores en los tejidos comunitarios (Tomás Villasante). Se insta así a un nuevo pacto social por la participación desde el que incidir en la propia reforma de la representación hoy ya viciada del sistema político liberal, tanto como ampliar en el marco del conjunto estatal los horizontes autogestionarios y desmercantilizadores de la acción colectiva sostenida.

Ponencia inicial

Partidos, militantes y ciudadanos

Partidos, militantes y ciudadanos

¿Es la indignación un fenómeno político sólo reactivo?

Con el ciclo de movilización ciudadana abierto desde el 15-M, la indignación centra los discursos procedentes de la sociedad civil. Lo que sigue abierto es el sentido, la amplitud y la perduración del fenómeno.

La crisis ha hundido la credibilidad de las instituciones del gobierno representativo y ello está afectando también a las principales organizaciones de canalización de demandas políticas, los partidos. La enmienda a la totalidad lanzada contra la denominada “clase política” tiene mucho de explosión visceral frente a la corrupción y la exhibición de intereses de poderosos que amenazan la integridad de la “gente decente”. Pero la impresión es que más allá del repudio moral hay en marcha toda una repolitización que no sólo fomenta el reencuentro de militantes de izquierda de diversas generaciones sino que alcanza también a amplios sectores antes “apolíticos” o con conciencia política débil. En suma, una cuestión elemental es si estamos ante un fenómeno puramente reactivo o ante el comienzo de un nuevo ciclo de mayor implicación de la ciudadanía en la política.

¿Veremos desaparecer los partidos políticos?

Hay motivos para la indignación contra los políticos profesionales. Mientras la democracia parlamentaria se muestra incapaz de velar por los derechos sociales de ciudadanía, cuando los partidos políticos tradicionales esgrimen defensas del Estado del bienestar éstas son cada vez más percibidas como retóricas y puntuales. Lo que no está claro es que la postura aparentemente radical de suprimir o superar los partidos contenga un diagnóstico acertado acerca de si es posible otra política libre de ellos.

Es cierto que por primera vez los partidos evidencian dificultades para lograr mayorías electorales. La cuestión es si esto es señal suficiente de que los partidos políticos vayan a desaparecer. Pues no está claro que su continuidad dependa sólo de su función en el sistema parlamentario. Los partidos parecen jugar otro papel más básico y complejo, del que el bipartidismo postfranquista es un elocuente ejemplo: la estabilización de los posicionamientos políticos. Detrás de esta no hay siempre credos ideológicos muy definidos ni intensos, pero el fenómeno apunta a toda una dimensión situada más allá de la canalización política de intereses.

Ya en origen, en el siglo XIX, “partido” indicaba a “los que toman tal o cual partido” ante una determinada encrucijada en la naciente historia del autogobierno ciudadano. Desde esta perspectiva, vinculada a la libertad de adscripción ideológica constitutiva del ser ciudadano, los partidos funcionan como comunidades que compiten por el alma política de los ciudadanos por mucho que parezca que sólo lo hacen por su voto. Desplegando esta actividad de producción y reproducción de identidad seleccionan y acumulan valores, símbolos, principios y convicciones (aunque sin duda también arraigados prejuicios), imaginarios de memoria y de utopía, tradiciones de pensamiento-acción, procedimientos, estilos y culturas de acción, etc.

Aunque incumplan sus programas una vez en el poder, los partidos garantizan que siga existiendo un lenguaje que habla de izquierda y de derecha. El apolítico declarado que desearía la superación de esas divisorias pierde de vista que, si puede permitirse el lujo de declararse ajeno a la política, es precisamente porque existe dicha divisoria izquierda/derecha. Todo indica que mientras sigamos en un mundo en el que las ideas políticas cuentan para el gobierno de la cosa pública, existirán mapas sobre la organización de las afinidades ideológicas al servicio de esa amplia mayoría de habitantes de un país para quienes en algún tramo de su trayectoria biográfica el plano político ha pesado, o sigue pesando, en sus decisiones vitales.

¿Son el pluralismo y la alternancia garantías de calidad democrática?

No está claro que sean los partidos el principal problema. La pregunta que contiene la crítica a los políticos profesionales es más bien si, con la elección entre opciones de partido, la democracia parlamentaria que se ha establecido en una parte creciente del mundo tiene garantizada por sí sola su continuidad en el tiempo. Durante décadas ha dominado el supuesto de que el pluralismo político y la concurrencia de opciones de voto garantizaban la reproducción, por medio de la alternancia, de un círculo virtuoso entre la ciudadanía y la política. El problema que se está haciendo manifiesto es que esos principios y mecanismos no son un seguro contra la desafección y la corrupción en el sistema que avanzan en la era de la globalización y amenazan con hundir el parlamentarismo democrático.

Visto así, es el sistema que reduce la ciudadanía política al voto lo que está en crisis. Y lo está en gran medida porque se ha enrocado en sí mismo, además, de manera que lejos de identificar sus debilidades y reinventarse se mantiene aferrado a un ideal normativo que convierte en vicio la virtud de la representación política. El reto de la indignación social está en cómo canalizar la virtud cívica sin rendirse ante la representación como ideología excluyente. Es aquí donde la cuestión de la participación ciudadana aparece como crucial.

¿Es posible reproducir la virtud cívica desde dentro del sistema político?

Hay acuerdo en que la única garantía contra la corrupción de la vida política y el predominio de las oligarquías económicas sobre las mayorías ciudadanas está en la promoción del interés colectivo por encima de los intereses particulares. El problema es que sabemos poco sobre cómo establecer condiciones institucionales que reproduzcan la virtud cívica. Normalmente se hace hincapié en esferas como la educación en valores, pero ésta, además de insuficiente, se sitúa fuera del sistema político.

Si existe una actividad a la indispensable para la virtud ciudadana, legítima y relativamente interna al sistema —pues ejerce como gozne entre las culturas políticas y las instituciones democráticas— es la participación. Ahora bien, lo cierto es que ésta permanece como una especie de caja negra que no se sabe bien cómo pone en marcha su mecanismo interno, ni cómo deja de ponerlo. Con todo, si hay algo evidente es que la manera más segura de aumentar la participación es por medio de participación: no conocemos otros recursos fiables para lograr implicarnos políticamente que haciéndolo.

Esta respuesta puede parecer circular, pero tiene la virtud de dar reconocimiento a la indignación en lo que esta ha sido hasta el momento capaz de activar y reactivar: un conjunto de prácticas e instituciones —asambleas, redes sociales, etc — cuyo rasgo común es el fomento de la participación. Y de la participación entendida además como remedio ante los riesgos de reducir la política de los ciudadanos a la representación.

¿De quién son los partidos políticos, de sus militantes o de sus votantes?

Cuando se observan más allá de la rentabilidad electoral, los partidos aparecen como suministradores de cosmovisiones para sus seguidores y de costumbres y estilos para sus miembros. La pregunta es si entre unas y otros se encuentra la participación.

La respuesta es sin duda variada, pero se puede decir que en general no centra sus filosofías ni sus programas. Ni siquiera está claro que los partidos sean conscientes de a quién han de rendir cuentas, es decir, cuál es su verdadera comunidad de referencia, si la de dentro o la de fuera de sus fronteras. Por un lado los partidos cuentan con simpatizantes, sus potenciales votantes. Por otro están sus militantes, un tipo de votante más identificado con la organización y que trabaja en o para ella. En la lógica electoral son los simpatizantes los que marcan los límites de expansión del partido. Pero en la vida política rutinaria dependen de sus cuadros y militantes.

A estas afirmaciones se puede contraponer que la militancia puede resultar todavía un valor decisivo en la confrontación electoral y en la reproducción de la organización a largo plazo. Esto vale para democracias de larga trayectoria o con una cultura nacional homogénea, como Francia o Suecia. Pero en España, el largo hiato de la dictadura en libertades de asociación y opinión y el establecimiento de un sistema generalizado de concertación –un buen ejemplo es el sindicalismo– hace que en la fisonomía de los partidos prime la representación sobre la implantación por medio de cuadros y militantes afiliados. En ese sentido los partidos parecen hechos a imagen y semejanza de un sistema representativo, el postfranquista, que se muestra sumamente excluyente: con altos costes a la participación y con altos grados de discrecionalidad en el manejo de recursos, funciona como un auténtico inhibidor de frecuencias para la participación ciudadana.

Y sin embargo, en la percepción social no parece dominar la idea de que los partidos representan a sus simpatizantes y potenciales votantes. Esto no quiere decir que, al igual que se dice de los sindicatos y cada vez más también de las asociaciones del tercer sector, estén en manos de una minoría de cuadros profesionales. Pues existe también toda una cultura de militantes hiperactivos de larga duración en partidos así como en colectivos y movimientos sociales y en diversas organizaciones extraparlamentarios históricamente marginadas, cuyas bases suelen desconfíar abiertamente de la gestión de los recursos institucionales. En su compromiso cotidiano, con gravosos costes personales en una sociedad individualista, los afiliados realizan enormes sacrificios. Al menos cuando se les compara con todo un magma de ciudadanos en general desmovilizados y sólo excepcionalmente participantes más allá del voto.

Es hasta cierto punto normal que existan culturas con posturas bastante contrarias ante el compromiso político. La cuestión es si se da entre ellas una comunicación capaz de impulsar sinergias de participación. Hay motivos para pensar que no es así.

Los militantes y cuadros trabajan en escenarios dominados por la concertación entre partidos y administración y a menudo en contextos de desmovilización, consumiendo buena parte de la energía de la organización en acuerdos a espaldas del electorado y luchas intestinas que oscurecen el trabajo de sus militantes y su imagen pública. Cabe preguntarse qué es lo que los ciudadanos con un mínimo de conciencia pueden legítimamente reclamar a los cuadros y militantes de los partidos. Pues frente a la sociedad éstos aparecen a menudo como incapaces de anteponer los fines colectivos de la comunidad a los propios de una organización percibida como privatizada y que corre el riesgo de cerrarse sobre sí misma con un relato que se aleja de la realidad. En suma, lo que el contexto parece pedir a los militantes es una actitud que permita a los que les observan desde fuera comprobar que anteponen el todo a la parte.

¿Por qué no está unida la izquierda española y cómo puede lograr su reunificación?

Si los partidos aspiran a beneficiarse de la participación ciudadana, han de reconocer no sólo problemas de comunicación con una sociedad civil variada y cada vez más consciente sino también desencuentros con otras organizaciones. La compleja rearticulación del campo de la izquierda española en la transición postfranquista hace que hayan perdurado conflictos entre partidos. La expresión culmen de esto es la histórica incomunicación entre el PSOE e IU. Cabe preguntarse si ello revela la sensibilidad dominante entre sus respectivos votantes o más bien la mutua exclusión de sus directivas. Pues desde 1977 llevan competiendo por el mismo espacio político entre sí pero también contra todas las demás opciones ideológicas a su izquierda, constatando así la máxima de que la identidad propia se construye demonizando las ajenas. Incluso a costa de alejar a potenciales simpatizantes y militantes.

Lo singular de la izquierda política española procede de que el principal baluarte de la lucha contra la dictadura franquista no consiguió hacerse con la mayoría electoral durante la transición. La perspectiva histórica nos hace comprender cada vez mejor que ese fracaso se debió en buena medida a que, en la práctica y retóricas aparte, el programa político del PCE era bastante análogo al del PSOE durante y después de la transición. Conviene recordar que el liderazgo comunista aceptó entonces el establecimiento de una democracia continuista con los poderes del franquismo y promovió una desmovilización estratégica hasta hoy deficientemente explicada a unas bases que se siguen viendo como vanguardistas, mientras que su gestión municipal no ha marcado importantes diferencias con las mayorías socialistas.

Por su parte, con las peripecias geopolíticas del socialismo español en la transición, a muchos ciudadanos les cuesta creer que el PSOE sea un partido de izquierdas tras el abandono del socialismo como horizonte de expectativa y sobre todo tras liderazgos y políticas de gobierno que han socavado la sostenibilidad del Estado de bienestar que las propias mayorías socialistas permitieron asentar. Sin embargo, este veredicto corre el riesgo de tirar al niño con la bacinilla si se concluye que su base electoral más fiel no forma ya parte de la comunidad de la izquierda. Porque además la crisis está demostrando que la ciudadanía posfranquista española tiene por referentes innegociables los derechos sociales, lo cual anticipa que las polémicas ideológicas se seguirán jugando en el espacio tradicional de la socialdemocracia en los próximos años.

Así planteado el asunto, la recreación de la utópica “casa común de la izquierda” no parece ser sólo un problema de programa, sino también de comprensión de las condiciones de posibilidad de la unificación. Cabe reclamar que la evaluación que se haga del contexto actual incluya una hipótesis acerca del marco organizativo más adecuado para alcanzar ese objetivo. Lejos de seguir tratando de señalar en el mapa “dos orillas” para ahondar en ellas, la única izquierda que merece la pena es una que tenga éxito estableciendo puentes entre tradiciones, sensibilidades y formaciones legítimas en el mapa actual. No parece fácil desde luego que algo así salga del interior de unas organizaciones en las que ha arraigado una cultura de exclusión mutua. Pero la competencia electoral puede tener rendimientos inesperados.

¿Qué representan los ciudadanos activistas que no votan, y quién les puede representar?

En el contexto de la creciente participación ciudadana en movilizaciones contra la crisis se está tejiendo una trama conexión concéntrica entre círculos de militantes, simpatizantes y ciudadanos sin clara afiliación política. Los partidos, en su doble condición de engranajes del gobierno representativo y comunidad de adscripción política, pueden aprovecharla o no. Una de las claves para ello está en la comprensión de los fundamentos del desencanto.

Del formato partidocrático que tenemos deriva un fenómeno complejo, pero rastreable desde la transición, como es el de la abstención activa. Esa amplia franja del electorado que no vota, en su margen izquierda incluye una minoría extensa y cada vez menos desdeñable de ciudadanos que no acuden a las urnas porque han dejado de creer que el “supermercado” de las opciones electorales refleje mínimamente su conciencia política. Mantienen no obstante un elevado grado de compromiso con la participación cívica, sea en campañas o protestas puntuales, colaborando con movimientos, asociaciones y ONGs del tercer sector, o promoviendo debates y agendas intelectuales críticas.

Hemos tenido que esperar al 15-M para que se produzca una reivindicación del valor de los no-votantes participantes. Tal vez este sea el cambio de énfasis que menos esperaban las formaciones políticas exteriores al bipartidismo (IU y UPyD a nivel estatal), confiadas en arañar votos a las mayoritarias en su desgaste por su pésima gestión de la crisis. La cuestión es si dicha estrategia ha quedado sobrepasada por un nuevo escenario en el que recupera valor la participación ciudadana. Lo que parece claro es que el espacio histórico de los abstencionistas no sigue ya circunscrito a los márgenes del escenario. Su relevancia no sería además de orden meramente cuantitativo, sino sobre todo simbólica aunque no por ello menos contante y sonante electoralmente. Pues puede que aquel partido que más y mejor consiga atraer abstencionistas potenciales sea el que termine presentándose ante la opinión pública como más libre de rémoras del pasado de menosprecio ciudadano, corrupción y degradación de la vida política. Dicho de otra manera, cabe preguntarse si se puede ya producir un vuelco electoral en forma de “voto útil” a favor de ninguna formación lastrada por prácticas de discriminación positiva hacia sus militantes y votantes seguros.

¿Qué función puede tener el liderazgo en la renovación de la izquierda?

Con la crisis, el mundo de ciudadanía social y estatus mesocrático formateado en la posguerra se encuentra en la encrucijada; mas, lejos de reducir la movilización política a su defensa, es posible simultanear ésta con luchas que apunten hacia otros imaginarios sociales. A este respecto, algunas dinámicas posteriores al 15M dan motivo para tomarse en serio la posibilidad de construir un nuevo imaginario colectivo para mayorías que, por ejemplo, pase por una adaptación crítica de las coaliciones populares que han promovido el último ciclo político de gobiernos progresistas en América latina. Una cuidadosa reflexión en este sentido puede contribuir a la hibridación selectiva de sus experiencias de gobierno, y sobre todo a llevar a cabo su traducción a los marcos conceptuales y de praxis de las democracias del Sur de Europa. Esto a su vez podría producir un rearme identitario de la izquierda española y activar un recambio ideológico en la izquierda europea, por el momento incapaz de rearticularse con su propio repositorio de referentes.

En este escenario, la cuestión es si ese objetivo ha de ser el resultado de una lenta convergencia de formaciones en torno de un programa consensuado o si el liderazgo adquiere unas posibilidades estratégicas excepcionales de cara a la reunificación de la izquierda. En cualquier caso, todo indica que la clave sigue estando en establecer condiciones institucionales para que los liderazgos se vean forzados a renovar sus bases de apoyo, innovar en sus propuestas frente a la crisis y a reformular discursos y relatos para ganar la atención de públicos internos y externos.

¿Qué tipo de primarias pueden maximizar la participación?

Ante la pérdida de legitimidad de la representación partidocrática, las diferentes formaciones se plantean las primarias como método para configurar sus listas electorales. El problema es que en general éstas se presentan ante todo como una opción para aumentar la participación hacia dentro de los partidos. Todas ellas deberían cuando menos plantearse abiertamente la cuestión de si las primarias han de servir también para activar y redimensionar esa comunidad que marca los confines de los partidos hacia fuera.

Una democratización de los partidos a la altura de sus problemas heredados de aislamiento social y atrofia institucional parece pasar por unas primarias abiertas que otorguen derecho de voto no solo a militantes, sino también a los ciudadanos con un mínimo de simpatía hacia los valores, propuestas y sensibilidades de las formaciones que se plantean vehiculizarlos. Si las primarias no son abiertas, probablemente ahondarán en la desafección.

Dicho esto, es probable que el modelo de primarias, importado de un contexto como el estadounidense sin marcas significativas de partidos tradicionales de clase, no sea en sí mismo garantía para una recomposición organizativa verdaderamente unificadora. Para remozar esta comunidad de referencia parece obligado actualizar además los vínculos de relación de los partidos con otras redes socio-culturales y políticas activas.

¿Es intervenir en política desde los medios hacerlo desde afuera o desde arriba?

Al igual que el sistema político, el sistema mediático construido a la salida de la dictadura pivota sobre los consensos excluyentes de los pactos transicionales. La renuncia del comunismo postfranquista a contar —a diferencia de la mayoría de sus homólogos europeos— con un medio escrito propio, así como la subordinación estratégica del espacio socialista al grupo comunicacional PRISA —forjado en el seno de la esfera de opinión del franquismo desarrollista— ha derivado en una abrumadora sobrerrepresentación mediática del conservadurismo neoliberal en nuestra esfera pública.

Sin embargo, con la progresiva incorporación a internet por parte de las redes militantes (Nodo50, Rebelión, Diagonal, Sin Permiso, Madrilonia etc), y la reconfiguración de los medios informativos comerciales tras el cierre de la edición en papel de Público en 2012 (con nuevas cabeceras como eldiario.es, La Marea, , Mongolia, Infolibre, etc) por primera vez se cuenta con un espacio de información crítica con suficiente proyección pública como para concurrir en las disputas por las hegemonías discursivas.

Los capitales mediáticos y los recursos comunicativos son ya herramientas ineludibles para la acción política. Cabe preguntarse si podrán rellenar el histórico hueco entre minorías militantes y mayorías ciudadanas pasivas, y hacia dónde se orientarán sus posibles convergencias. Hay una parte de todo esto que sigue siendo de experimentación. Pero parece que esas nuevas formas de poder están ya en condiciones de disputar al establishment sus estrategias también mediáticas de desmovilización, o de movilización reaccionaria. Lo cierto es que con la nueva configuración mediática no sólo se han roto las divisorias entre dentro y fuera, sino también entre hacer política desde arriba y desde abajo. Ello pone en evidencia aún más a los partidos y sus fronteras y jerarquías. Una propuesta tecnopolítica como la del Partido X, tras la ciberexperimentación desarrollada en el marco de las movilizaciones del 15M, intenta dar cuenta de esta nueva lógica activista.
Otro interesante ejemplo es el “movimiento de ficha” realizado por “Podemos”, apoyado en la trayectoria de compromiso mediactivista de Pablo Iglesias que se ha abierto hueco en el masivo espacio televisivo promoviendo tertulias propias y ajenas. No parece casual que el fenómeno esté resultando un revulsivo en el quieto estanque en el que las fuerzas parlamentarias miraban autocomplacientemente su devenir electoral.

De la indignación a un nuevo pacto social de participación

La reunificación de la izquierda puede darse o no darse. Tal vez el peor escenario no sería sin embargo el de la continuidad en la desunión sino uno en el que la unificación lograse una mayoría parlamentaria pero a costa de no conseguir detener la erosión de la legitimidad democrática. Todo parece indicar que, para reunir la izquierda refundando la ciudadanía, es imprescindible amalgamar perspectivas ideológicas diversas con sensibilidades de corte republicano que subrayan el valor de la virtud ciudadana en la vida política y económica. En este contexto, la promoción entre la ciudadanía movilizada de la emoción política aparece como una baza imprescindible para alcanzar una subjetividad colectiva empoderadora que garantice una salida de la crisis social y políticamente inclusiva.

Lo que está en juego tiene que ver con un sueño que otros han vivido ya. España no ha conocido desde los años treinta, salvo si acaso un breve período en la primera mayoría absoluta del PSOE hasta el engaño del referéndum de la OTAN (en la práctica los años 1983-1984), un escenario en el que unas bases ciudadanas movilizadas orienten su acción colectiva al apoyo crítico de una coalición por la extensión en clave radical de los derechos ciudadanos y la economía social. Lo que ha conocido ha sido, en el mejor de los casos, movilizaciones puntuales de oposición más o menos exitosa seguidas de períodos más largos de reflujo en la implicación y la movilización ciudadana. Siempre se habla de la capacidad de la derecha de movilizar desde el poder a sus bases, y esta es desde luego la asignatura pendiente de la izquierda española posterior a la derrota de la Segunda República. Es aquí donde más se nota que la ciudadanía crítica ha perdido incluso la capacidad de soñar.

Hacer realidad ese sueño sin duda comporta un cambio en las relaciones entre partidos, militantes y ciudadanos, que podemos definir como un “pacto por la participación” que genere un nuevo espacio de encuentro entre la organización y la acción políticas. Como todo pacto, éste comporta libertades y obligaciones. Los de los partidos y militantes ya han sido aquí exploradas. Falta decir algo de los de los ciudadanos.
Se habla mucho de falta de mecanismos de control y rendimiento de cuentas por parte de los políticos, pero no se señala a continuación que este reclamo debiera darse en un doble sentido: la responsabilidad de los ciudadanos para con las formaciones que votan o con las que se identifican debiera ir más allá del instante del paso por las urnas. Seguramente esto sólo puede plantearse a cambio de algún grado de reconocimiento por parte de las formaciones políticas más allá del pacto de votos a cambio del cumplimiento de los programas.

La encrucijada histórica reclama voluntad política y virtud cívica para activar nuevas hibridaciones entre formatos de representación y de participación ciudadana. Si los partidos quieren estar a la altura de los tiempos, deberían experimentarlas en sus propias carnes organizativas.

moderado por:

  • Orencio Osuna

    Director de la Fundación Espacio Público

Conclusión del debate

El debate organizado por Espacio Público a partir de una ponencia inicial del profesor Vicenç Navarro, ha contado con un total de 106 aportaciones -más numerosos archivos con documentos adjuntos- escritas por responsables políticos, historiadores, economistas, constitucionalistas,sociólogos y numerosos lectores del diario Público. Todos estas intervenciones así como el debate que se realizó en streaming en Público TV, podrán ser consultados en adelante en los Dossieres de Espacio Público.

La gran pluralidad de perspectivas políticas e ideolólogicas, la diversidad de disciplinas académicas, la complejidad de las cuestiones implicadas en la reivindicación del derecho a decidir, o la propia variedad de procedencias territoriales de las intervenciones que ha suscitado el debate, muestran a las claras la trascendencia política del asunto a discusión que hemos propuesto, así como la heterogeneidad de sus numerosas implicaciones. También hay que destacar que, aunque la polémica suscita una gran pasión intelectual, politica y emocional en todos los rincones de la sociedad catalana y española, existe entre la izquierda y los intervinientes una gran capacidad de respeto, diálogo y civismo democrático. Talante del que carece, por cierto, la derecha uniformadora y excluyente que se se rasga las vestiduras ante el sacrílegio del separatismo e invoca como razón suprema la sagrada e inviolable unidad de la España Una , Grande y Libre o que se aferra a una Constitución inamovible e irreformable, per secula seculorum.

Hemos abordado en este foro de discusión durante estos últimos meses uno de los debates de más trascendencia que para su presente y futuro tienen ante si los ciudadanos catalanes, pero también para el conjunto de los ciudadanos españoles. Tanto si el derecho a decidir, que reclama la mayoría de la sociedad catalana, desembocase en la creación de un estado independiente de incierto destino, como en un estado federal o confederal que reconozca efectivamente la plurinacionalidad del estado español, o ,incluso, en una reacción autoritaria recentralizadora -como la que propugnan sectores de la derecha española más uniformadora-, la vastedad del impacto de cualquiera de estas salidas abriría un nuevo tiempo para la totalidad de la sociedad española.

Un asunto, en definitiva, de capital importancia que debería afrontarse sin dramatismo ni histerismos, sin apelaciones al choque entre patriotismos viejos o posmodernos, con comprensión mutua de los intereses y opciones colectivos en presencia y, sobre todo, y por encima de todo, con espíritu de ciudadanos libres y democráticos. En la convicción de que en la sociedad española de hoy- asaltada, golpeada y saqueada por poderes fuera del control de la soberanía popular- el único método legítimo para organizar la convivencia es de la práctica de la democracia y el respeto a la voluntad libre y democrática de los ciudadanos.

Somos conscientes que estamos ante los primeros momentos de una dinámica política que fluye hacia importantes acontecimientos en los próximos meses-quizás años- y que tendrán momentos decisivos, como la próxima Diada del 11 de Septiembre, la consulta convocada por el gobierno de la Generalitat el 9 de Noviembre o, incluso, posibles reformas de la Constitución del 78, y que, en consecuencia, no podemos cerrar este foro de discusión definitivamente.

Espacio Público abrirá en el mes de septiembre una nueva fase de este debate conectado al calendario del proceso abierto en Catalunya, pero también relacionándolo con el nuevo ciclo político que supone la abdicación de Juan Carlos I, la sucesión de Felipe VI y las propuestas de cambios profundos que exige una gran parte de la sociedad española.

Moderador.
Orencio Osuna

Ponencia inicial

Catalunya y el derecho a decidir

Catalunya y el derecho a decidir

  • Vicenç Navarro

    Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

En contra de lo que ha estado enfatizando la sabiduría convencional definida por el establishment español (la estructura de poder político y mediático que define los parámetros de lo que debe creerse en el país), la Transición de la dictadura a la democracia no fue un proceso modélico, fruto de un consenso entre iguales, entre los herederos de los vencedores (las derechas, ultraderechas en el abanico político europeo) y los herederos de los vencidos (las izquierdas y otras fuerzas democráticas) de lo que se llama en España la Guerra Civil. En la versión oficial de la Transición, esta se presenta como una ruptura con el anterior Estado dictatorial, habiéndose establecido, como resultado de tal Transición, un Estado democrático homologable a cualquier democracia existente en la Europa occidental. Y la Constitución de este nuevo Estado se presenta como el resultado de aquel consenso entre iguales, estableciendo el marco jurídico donde la democracia española se ha ido desarrollando.

Esta versión de la Transición es profundamente errónea y no se corresponde con los hechos ocurridos en aquel periodo. Lejos de ser ejemplar, aquel proceso estuvo dominado por las mismas fuerzas que controlaban el Estado dictatorial, y que lideraron y dirigieron aquel cambio. Las fuerzas conservadoras controlaban todas las ramas y aparatos del Estado, así como la gran mayoría de medios de información del país, mientras que las izquierdas acababan de salir de la clandestinidad. No fue un pacto entre iguales ni tampoco fue una ruptura con el Estado anterior. En realidad fue una abertura de aquel Estado para incorporar a las izquierdas en un nivel subalterno, sometidas a una ley electoral que claramente las desfavorecía. Presentar la Constitución como un producto consensuado entre iguales, sin admitir que estuviera condicionada por las fuerzas que dominaban la Transición, es una frivolidad propagandística promovida primordialmente por las derechas y, en ocasiones, por aquellos sectores de las izquierdas gobernantes que se adaptaron rápidamente a aquel Estado.

Las consecuencias de aquel proceso inmodélico: la limitadísima democracia, el escaso bienestar social y el no reconocimiento del derecho a decidir

Las consecuencias de aquel dominio conservador son enormes. Una de ellas es la limitadísima capacidad de decisión de la ciudadanía en los quehaceres de la gobernanza del país. Democracia en España quiere decir votar cada cuatro años (dentro de un sistema electoral poco representativo) a partidos políticos que carecen de democracia interna, gobernados por élites que se eternizan, con escasa transparencia y que, por su opacidad, son fácilmente coaptables por parte de intereses financieros y económicos. La Transición inmodélica favoreció esta visión de la democracia, que reduce la política al “politiqueo entre sus dirigentes”. Formas de democracia directa, tales como referéndums (ni consultivos siquiera), son difíciles cuando no imposibles de realizar.

Esta limitadísima democracia, dentro de un Estado heredado del anterior con escasa renovación, explica varios hechos. Uno, es el enorme subdesarrollo del Estado del Bienestar en España. Treinta y cinco años después de iniciarse la democracia, España continúa teniendo uno de los gastos públicos y uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). He escrito extensamente sobre este tema (ver Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, 2002). Esta subfinanciación se está incluso acentuando más como consecuencia de las políticas de austeridad (lo que quiere decir de recortes del gasto público), orientadas a privatizar los servicios públicos del Estado del Bienestar. Desde 2008, los gobiernos españoles, argumentando erróneamente que no hay otra alternativa, están debilitando y/o desmontando el Estado del Bienestar. Utilizan para justificar este desmantelamiento el argumento que el Estado español ha perdido soberanía y tiene que seguir la normativa dictada por la Troika, a fin de poder mantenerse en el euro. He escrito extensamente mostrando la falta de evidencia que apoye estos argumentos. En realidad, tanto la banca como la gran patronal están consiguiendo lo que siempre desearon: el debilitamiento del mundo del trabajo, la privatización del Estado del Bienestar y la reducción de los salarios. Las políticas públicas realizadas por los gobiernos centrales y la mayoría de los gobiernos autonómicos han sido responsables de tales hechos.

El tema nacional tampoco se ha resuelto

Otra consecuencia del dominio de los herederos de los vencedores de la Guerra Civil en el proceso de transición fue la incorporación a la Constitución de la visión de España que tenían sus antepasados, que se definieron a sí mismos como los “nacionales”. Esta visión negaba la plurinacionalidad de España, oponiéndose a reconocer las distintas naciones que constituyen el país, imponiendo un Estado uninacional centrado en el establishment político y mediático existente en Madrid. En realidad, el Estado de las Autonomías (el “café para todos”) era la manera de negar esta plurinacionalidad, permitiendo una descentralización administrativa en un marco normativo claramente centralizado. Un indicador de esta centralización es el sistema radial de transporte. Lleva un poco más de dos horas ir en tren de Barcelona a Madrid, pero algo más de seis horas para ir de Barcelona a Bilbao, que es la misma distancia. Esta visión uninacional de España está escrita en la Constitución, la cual asigna al Ejército (sucesor del que había llevado a cabo un golpe militar contra un Estado democrático) la misión de defender la unidad de España (una cláusula única entre las constituciones en Europa), estando bajo la dirección del Monarca, jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Estas fueron unas cláusulas que el Monarca y el Ejército impusieron, como han admitido protagonistas de aquella Transición.

Esta negación del carácter plurinacional ha sido una constante en el periodo democrático. Y su último ejemplo son los “cepillazos” y
“vetos” al último Estatuto, iniciado por el gobierno tripartito en Catalunya presidido por Maragall (y más tarde por Montilla), que habían intentado redefinir España, sustituyendo la visión de España heredera del golpe militar por una España plural y pluricéntrica. El fracaso de este proyecto fue lo que no dejó otra alternativa a Catalunya que conseguir la movilización popular exigiendo el reconocimiento de Catalunya como una nación soberana, con pleno derecho a decidir su futuro, considerando la independencia como una alternativa entre otras. La gran mayoría de la población catalana (el 75% según las últimas encuestas) está de acuerdo con que se realice un referéndum sobre el futuro que la población desea para Catalunya.

Democracia significa el derecho a decidir

Los dos polos opuestos del nacionalismo –el españolista, que es el nacionalismo más extremo, dominante y asfixiante, y el catalanista- quieren presentar este derecho a decidir como equivalente a la petición de secesión de Catalunya del Estado español. Esta interpretación interesada no corresponde a la realidad. El número de personas que desean ejercer el derecho a decidir es mayor que el que desea la separación de Catalunya del Estado español. Catalunya podría ser un Estado soberano dentro de un Estado federal español. En realidad, históricamente la gran mayoría de fuerzas políticas de las izquierdas, tanto catalanas como españolas, han deseado esta forma de Estado federal, dentro del cual cada nación pueda decidir su futuro. Los “nacionales” fascistas llamaban “separatistas” a los catalanes –como el President Companys– que deseaban un Estado catalán dentro de una federación española. No eran anti España (como se los acusa), sino que eran voces que pedían una redefinición de lo que era España y su Estado.

Es importante subrayar que incluso los partidos políticos de izquierdas españoles pidieron durante la clandestinidad el derecho a decidir (se llamaba autodeterminación) de las distintas naciones (tan recientemente como en el Congreso de Octubre de 1974 de Suresnes, el PSOE subrayaba que “la definitiva solución del problema de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada nacionalidad y región pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español” (Resolución sobre nacionalidades y regiones). Y más tarde, en el 27 Congreso del PSOE en diciembre de 1976, se aprobó que “el Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán en pie de igualdad el Estado federal que preconizamos… La Constitución garantizará el derecho de autodeterminación”, manteniendo que “el análisis histórico nos dice que en la actual coyuntura la lucha por la liberación de las nacionalidades… no es opuesta, sino complementaria con el internacionalismo de la clase trabajadora”). Fue durante la Transición que las izquierdas españolas abandonaron este compromiso, aceptando la condición impuesta por la Monarquía y por el Ejército, convirtiéndose en las grandes valedoras de aquella Constitución.

Los cambios en Catalunya (y en España)

El nacionalismo españolista es profundamente excluyente y define como antiespañoles a aquellos que tienen otra visión de España. Su rigidez e intolerancia explica el gran incremento de independentistas como rechazo a este nacionalismo españolista. Y este rechazo incluye a amplios sectores de la población catalana que se siente española, y también de izquierdas. Desean separarse del Estado español sin ser independentistas, pues no creen que este Estado español se pueda convertir en un Estado democrático plurinacional, con mayor democracia representativa, enriquecida con formas de democracia directa, con plena diversidad de ideologías en los medios y cuyas políticas públicas tengan mayor sensibilidad social. En realidad, este Estado español tampoco es percibido como representativo por parte de la mayoría de la ciudadanía española, que está de acuerdo con el lema del movimiento 15-M “no nos representan”. Es urgente y necesario que se establezcan alianzas a los dos lados del Ebro para facilitar el rechazo a este Estado.

El problema que se presenta en Catalunya no es si se permitirá o no la consulta. Este no es el problema mayor, por extraño que ello parezca. De una manera u otra, si la mayoría de la población en Catalunya lo desea, la consulta se realizará, ya sea legal o ilegalmente. El problema es la Transición hacia la otra Catalunya deseada por la mayoría de la población, sea esta independiente o no. Lo que está claro es que la mayoría de la población catalana quiere otra Catalunya. Pero cómo llegar a ella es un punto esencial. En España ya existe el ejemplo de que las fuerzas políticas que dominaron la Transición, dominaron también el producto resultado de esta Transición. Pues lo mismo podría ocurrir en Catalunya. El rechazo al Estado español, que es distinto al rechazo a España (un sentimiento este muy minoritario en Catalunya) no es suficiente para garantizar una Catalunya más justa, más solidaria y más democrática. Y ahí está el auténtico reto. Fuerzas conservadoras y neoliberales que, aliadas con sus homólogas en el Estado español, han aprobado las reformas que han acentuado el deterioro tan notable de la Catalunya social, continúan teniendo gran influencia política y mediática en Catalunya, controlando los medios públicos de la Generalitat, instrumentalizándolos abusivamente. Mucho se ha hablado de esta instrumentalización por parte de las fuerzas independentistas. Pero el abuso ha sido igual de intenso en la promoción del neoliberalismo. El programa “Lliçons d’Economia” de TV3 promueve las teorías del economista ultraliberal de la casa (que predeciblemente es independentista), que quiere desmantelar el Estado del Bienestar y privatizar los servicios públicos y las pensiones en Catalunya, medidas que dañarían enormemente a las clases populares de Catalunya. Mientras, las izquierdas son sistemáticamente excluidas de estos medios. Últimamente están apareciendo movimientos político-sociales –como el Procés Constituent– que se están expandiendo por toda Catalunya y que están movilizando a la población para presentar otra alternativa, estimulando que los partidos de izquierdas hagan un frente común, alternativo, exigiendo una Catalunya popular.

Esta agitación en Catalunya es paralela a la gran agitación social contra el Estado español, un Estado que se ve instrumentalizado por los poderes financieros y económicos, que utilizan Europa para conseguir sus objetivos. De ahí el enorme valor de los movimientos iniciados por el 15-M, que cuestionan la sabiduría convencional que nos ha llevado a una situación claramente desfavorable para las clases populares. Ello explica el enorme descrédito del Estado y su pérdida de legitimidad. Este establishment se aferra a la Constitución (tal como vimos hacer a Felipe González en Salvados) como el instrumento legal que le permite salvaguardar sus intereses, confundiendo ley con legitimidad. Las clases populares están indignadas y no perciben a las instituciones políticas como sensibles a sus demandas y reivindicaciones. De ahí la gran urgencia e importancia de movimientos político-sociales que presionen para forzar una segunda Transición, que permita el paso de una democracia sumamente limitada, a una democracia auténticamente participativa y representativa que hoy no existe en España.

moderado por:

  • Bonifacio Cañibano

    Periodista

  • Carolina Bescansa

    socióloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid

Conclusión del debate

El debate, que se abrió en noviembre pasado y se ha prolongado durante tres meses, ha promovido 54 intervenciones, además de publicar una ponencia de planteamiento de las cuestiones y dos decenas de documentos relevantes de los analistas y grupos que durante el último año han tomado postura sobre esas cuestiones. Todos los textos continuarán accesibles en la sección de Dossieres de Espacio Público y se invita a leerlos a quienes no lo hayan hecho. Los interesados en esta cuestión –y todos los ciudadanos deberían serlo- encontrarán en estos textos un inventario polémico de las posturas y las vías para construir la mayoría social de cambio que necesitamos urgentemente.

Que esta mayoría de cambio es necesaria nadie lo discute. Que es posible lo cuestionan algunas de las intervenciones, pesimistas respecto al futuro inmediato, pero en todo caso es la hipótesis de trabajo para avanzar y no instalarnos en la lamentación. Es necesario construir una mayoría social de cambio, y en eso estamos.

En este debate algunos llamamos ‘izquierda’ a lo que otros llaman simplemente ‘democracia’. No es cuestión de discutir sobre palabras. Se manipulan las palabras y muchas veces se llama, sea ‘izquierda’ sea ‘democracia’, a cosas que no son tales, que son su negación. La izquierda de verdad y la democracia real son hoy una misma cosa.

Cómo construir esta mayoría necesaria es la cuestión fundamental. Una mayoría en la calle –en las movilizaciones populares- y en las instituciones –en los parlamentos y en los gobiernos de todos los ámbitos-. Si para construir esa mayoría deben confluir, en unidad estratégica, los movimientos populares y las izquierdas políticas organizadas es materia de debate, y hay posiciones diversas sobre ello. Pero hay que preguntarse si es posible construir esa mayoría y que sea realmente de cambio sin esa confluencia. No se produce cambio real sin cambiar las instituciones políticas y para ello no basta con pedirlo a gritos, es preciso intervenir en ellas, es indispensable ganar elecciones y gobiernos. Y elecciones y gobiernos no cambiarán realmente nada sin la movilización popular.

En este foro ha quedado patente la desconfianza que suscitan los partidos políticos, pero también que no puede confundirse a todos en el mismo saco. Junto a muchas personas ajenas a los partidos, en las movilizaciones han participado muchos militantes políticos. De los movimientos populares están surgiendo nuevos partidos, o si se prefiere, nuevas organizaciones políticas, para intervenir en procesos electorales y en las instituciones. Desde el principio y al final, izquierdas políticas y movimientos sociales confluyen en las luchas concretas. Discutimos en este debate cómo hacer que esa confluencia sea posible y más eficaz.

Hoy el debate se cierra en este Foro, pero continúa en la sociedad. El reto de los próximos meses y años seguirá siendo cómo construir una mayoría social de cambio.

Ponencia inicial

¿Cómo lograr una mayoría social de cambio?

¿Cómo lograr una mayoría social de cambio?

moderado por:

  • Teresa Carreras

    Periodista. Profesora UAB. Presidenta Associació Periodistes Europeus de Catalunya (APEC)

  • Olga Rodríguez

    Periodista y escritora especializada en asuntos internacionales

De: “Más Europa” a: «La UE, ¿para qué?»

No podrá decirse que la palabra crisis es ajena a la Unión Europea. Prácticamente desde su constitución los avatares de la construcción europea han ido vinculados a situaciones de estancamiento y/o de incertidumbre en el proceso de integración. Hasta ahora era normal considerar que esas situaciones se saldaban con algún progreso en el proceso de transferencia de soberanía nacional y de reforzamiento de las instituciones comunitarias, en una suerte de teleología del proceso de integración que ha mostrado toda su insustancialidad en estos momentos. El futuro de la UE no es necesariamente un modelo de estado federal al que caminamos inexorablemente de la mano fría, pero firme, del mercado único.

Por primera vez la idea de crisis sobrevuela Bruselas, proyectando una sombra amenazante sobre el futuro de Europa. No es que nadie haya propuesto o proyectado un futuro sin la UE, pero hay dudas más que razonables sobre lo que quedará del famoso modelo europeo tras la gestión de este tsunami económico.

La crisis y la gestión de la misma han puesto de relieve hasta qué punto el “mantra” neoliberal estaba interiorizado en la cabeza y en los corazones de las principales familias políticas en los estados nacionales. Resumiendo: tanto la tradición socialdemócrata como la democratacristiana, ambas abanderadas de este proceso de integración, se han señalado también como defensoras –con mayores o menores dosis de pasión- de la ortodoxia macroeconómica vinculada al pensamiento económico dominante y de las recetas de devaluación interna, estabilidad presupuestaria, privatizaciones y auxilio sin límites al sistema financiero que han caracterizado la salida a la crisis por doquier.

En lo que nos concierne, el resultado es una pérdida llamativa de derechos sociales y de retroceso de las políticas públicas en toda Europa. La intensidad mayor en la destrucción se la llevan los países del Sur de Europa, precisamente aquellos a los que los años de prosperidad sobrevenida solo habían llegado para construir un estado del “medio-estar”. Pero la dinámica general va en la misma dirección: desmantelar los estados del bienestar. Recientemente en Holanda, el príncipe llamaba, en un giro político-conceptual digno de ser reseñado, a transformar el “estado social en un estado participativo” (sic).

Aún en 2010, el Grupo de reflexión sobre el futuro de Europa presidido por Felipe González destacaba el hecho de vivir “un punto crítico de nuestra historia”, y llamaba a utilizar la crisis como una oportunidad, así como a resolver dos desafíos relacionados: “garantizar la continuidad de nuestro modelo social y económico, y desarrollar los medios de apoyar y defender dicho modelo”. Difícilmente podría seguir defendiéndose eso mismo hoy.

Pero este giro en los objetivos de la UE manifiesta un problema desde varias perspectivas: en primer lugar, está por ver si esta modificación de los objetivos originales de la UE, toda vez que la gestión de la crisis se ha llevado o se va a llevar por delante lo que queda de los estados del bienestar, mantiene el vínculo de las dos grandes familias políticas en relación con el proyecto europeo. En segundo lugar, obliga a la tradición socialdemócrata a reformular sus objetivos a corto y medio plazo. En tercer lugar, quiebra una seña de identidad sobre la que se había construido hasta ahora un icono que singularizaba a Europa frente a la globalización anglosajona, y con ello una de las razones de legitimación del proceso tecnocrático y despolitizado de integración.

En ausencia de legitimidad de origen –vinculada a procesos democráticos de decisión- la UE se había legitimado sobre la base de los efectos prácticos de sus políticas, en la medida en que parecía que el resultado de las mismas era tanto una mejora del bienestar general como un incremento del valor añadido específicamente europeo, consistente en un estado social que ofrecía perspectivas de integración, seguridad y bienestar creciente a la mayoría. Sin esa perspectiva de integración y bienestar, la UE ha comenzado a ser percibida por su ciudadanía como parte de los problemas y no como parte de las soluciones. En consecuencia su gestión ha adquirido naturaleza política, esto es conflictiva y partidaria y su popularidad ha caído a niveles desconocidos desde que se tiene noticia en los eurobarómetros (1974).

El último estudio demoscópico europeo (Eurobarómetro 79/2013) publicado señala que en España hemos pasado en 6 años de una valoración positiva de +42 puntos a una negativa de -58 puntos. Lo que significa que hoy hay un 17% de españoles que confían en la UE frente a un 75% que desconfía.

Una dimensión problemática más es que también las tradiciones alternativas de izquierda se ven interrogadas sobre sus propuestas. En este espacio nunca hubo unanimidad ni acuerdo respecto a qué pensar de la UE y ahora, ocupado el espacio del repliegue nacional e identitario por las fuerzas de extrema derecha, queda por ver qué harán las organizaciones situadas tradicionalmente a la izquierda de la socialdemocracia.

Es importante, a mi juicio, esta articulación de crisis económica, crisis inducida del modelo social europeo y pérdida de legitimidad del proyecto de integración mismo.

En realidad, algunos de los problemas que hoy se consideran más destacables no son nuevos, pero su notoriedad se ha acrecentado en este nuevo escenario.

Podríamos destacar, en primer lugar, el fin de la supuesta relación virtuosa entre Europa y la Unión Europea, que se han venido utilizando como conceptos equivalentes, en una confusión entre civilización (si la hubiere) y proyecto político, claramente excesiva. La crisis y la gestión de la misma han puesto de relieve la existencia de varias Europas que no necesariamente convergen y se encuentran, rompiendo con ello el mito de que el proyecto de integración acercaba tanto las economías como las sociedades europeas.

En segundo lugar, despojado de esta perspectiva civilizatoria, el proyecto de integración aparece como lo que realmente ha sido desde el comienzo: un diseño político y económico fruto de diversas y diferentes correlaciones de fuerza. Construido sin un propósito previo pero sí mediante un método que hacía de la despolitización y de las servidumbres tecnocráticas el motivo mismo de su existencia.

La lógica del proceso de integración ha funcionado mientras ha sido posible mantener la ficción de que la UE se encargaba de cuestiones que requerían de un saber técnico y la política seguía residiendo –con sus grandezas y miserias- en el espacio estatal-nacional. La crisis ha puesto especialmente de manifiesto la naturaleza infundada de esa creencia, y que la UE es un proyecto político de los pies a la cabeza, con una elevadísima capacidad decisional, pero también con un severísimo y crónico déficit democrático. Esto quiere decir que la UE toma decisiones sobre cuestiones relevantes y decisivas para la vida de las gentes, pero lo hace a través de procedimientos insuficientemente democráticos y escasamente controlables por instituciones representativas.

En efecto, desde sus orígenes, la UE como proyecto político cuenta con una asimetría estructural que condiciona su presente y su futuro. La centralidad acordada a la construcción del mercado único ha habilitado a las instituciones europeas para llevar a cabo una tarea minuciosa de voladura controlada de los estados del bienestar. Este objetivo económico es el que ha dado sentido al funcionamiento de las instituciones europeas y ha contado con el apoyo de los estados mismos, convencidos de la bondad y pertinencia de esta estrategia. Pero pronto se descubrió que remover los obstáculos que dificultaban la construcción del mercado único venía a significar limitar las capacidades de control de las administraciones públicas sobre el desarrollo económico en sus fronteras; favorecer el empoderamiento de la empresas en la determinación de los objetivos económicos y desmontar los derechos sociales y laborales, en el buen entendimiento de que se trataba de privilegios y obstáculos en la búsqueda de un bien mayor. No pocos sindicatos aceptaron con gusto esta dinámica.

Podrían haberse transferido a la UE las capacidades para reconstruir, en el espacio europeo, las condiciones de regulación pública del mercado desmontadas en los estados-nación, pero no fue el caso. O podrían haberse determinado objetivos sociales o laborales que acompañasen, moderasen o condicionasen la instauración del mercado único. Nada impedía que hubiera podido hacerse de esta manera, pero tampoco fue el caso. Así, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo se convirtieron en los motores del desmantelamiento de las políticas públicas de control del mercado, convertidas en los chivos expiatorios de todos los males de las economías europeas . Pero los ajustes necesarios para paliar –o intentarlo- los efectos de ese desmontaje sistemático de los estados sociales quedó en manos exclusivamente de los gobiernos. No se transfirieron capacidades de regulación en política social, ni se legisló a nivel europeo para asegurar umbrales homologables de protección social o indicadores exigibles de gasto social, por ejemplo.

El Tratado de Maastrich (1992) significó la consolidación de ese proceso histórico, y confundió a las opiniones públicas europeas, hasta entonces entusiastas del proceso de integración. El apoyo a la UE cayó por primera vez en más de diez puntos respecto al período anterior y, hasta ahora, no sólo no se han recuperado los niveles de aceptación previos a Maastricht, sino que se han deteriorado significativamente.

Según el eurobarómetro antes citado (79/2013), sólo el 31% de los europeos confían en la Unión Europea (en 2007, confiaban el 57%); los que tienen una imagen positiva de la UE son el 30% frente a un 29% que la tienen negativa; y el 67% de los encuestados considera que su opinión no cuenta en la UE.

Esa asimetría fundacional determina el funcionamiento mismo de las instituciones y sus capacidades, más allá de la voluntad coyuntural de algún actor político o institucional en particular. Además, las instituciones europeas y los estados miembros han sido protagonistas de ese diseño y defensores de sus consecuencias. Por alguna razón, se instaló el convencimiento generalizado de que la construcción del mercado único traería aparejada la instauración de un orden político democrático equiparable y equivalente a los modelos democráticos afirmados en el proceso histórico de construcción del estado nación, como si la politización fuera un proceso natural.

Pero las fuerzas que hicieron posible mantener el encantamiento respecto a las bondades inherentes al mercado único -el intergubernamentalismo, o la legitimidad de los estados; la propuesta federal, o un futuro político para este proyecto; y el mercado único, o una propuesta de prosperidad incremental- han agotado ya todas sus capacidades de embelesamiento. La gestión de la crisis ha revelado con contundencia tanto la disposición ideológica de la mayoría de los gobiernos a servir dócilmente a la globalización financiera y sus servidumbres, como la exquisita funcionalidad del proceso de integración en su actual configuración para esos fines.

En este punto, la actual arquitectura institucional de la UE ha revelado sus severas limitaciones democráticas y sus servicios prestados a la despolitización de decisiones sustancialmente políticas.

El frankestein institucional que conforman la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia Europeo, ha favorecido un marco decisional donde la participación ciudadana y la capacidad de control misma sobre lo que estas instituciones deciden están excluidas.

El modelo es ilegible políticamente para la mayoría de la sociedad europea y no existen condiciones para que instancias ajenas a las mismas instituciones puedan ejercer su capacidad de control y exigencia de responsabilidad.

La arquitectura institucional de la UE hace prácticamente imposible que puedan materializarse las exigencias de responsabilidad política, rendición de cuentas, control democrático y capacidad de escuchar a la sociedad, exigibles para cualquier institución democrática.

Esto permite que las instituciones de la UE –especialmente la Comisión Europea- puedan decir que no saben nada de las políticas de austeridad, y que los gobiernos nacionales a su vez culpen sistemáticamente a la Comisión Europea y sus exigencias de las mencionadas políticas. En este contexto un mero aumento de los poderes del Parlamento Europeo, aunque pudiera paliar parcialmente el problema, no resuelve la condición no democrática de este diseño institucional. Sirva como anécdota de este desencuentro entre intenciones y realidades, y como ejemplo (aquí ya sin consideraciones anecdóticas) de las dificultades sistémicas de la arquitectura institucional de la UE para ofrecer espacios de participación y control democrático, que este año 2013 ha sido declarado por la Comisión Europea como el año de la ciudadanía europea; y está a punto de terminar este momento señalado para la participación ciudadana, sin que la ciudadanía concernida se haya siquiera enterado de que estaba convocada para algo.

Debemos reconocer que aquí aparece un problema vinculado al tipo de respuesta que la ciudadanía dé a la pregunta de ¿qué queremos hacer con la UE? Si la respuesta es “marcharse a toda prisa”, el entramado institucional y sus complejidades serán solo preocupación de académicos y curiosos. Si la respuesta es “apoyamos la perspectiva del proceso de integración, pero esto no nos vale”, entonces tenemos que encontrar respuestas a la cuestión de cómo construir una democracia supranacional. Es decir, el entramado institucional existente hasta ahora reproduce y amplifica el déficit democrático de manera permanente y, por tanto, no nos sirve si nos preocupa hacer de la UE un proyecto democrático. Pero tenemos que construir un diseño democrático supranacional que hasta ahora, carece de modelo. Este diseño debería dar respuestas a las problemáticas de la participación ciudadana en el espacio europeo y la construcción de un espacio público europeo, y a la cuestión de si es necesaria alguna identidad europea para hacer posibles lógicas de participación y empoderamiento; de qué papel deben jugar los parlamentos nacionales en este diseño, y de cuánta transferencia de soberanía es soportable sin que se pierda la condición democrática de las decisiones políticas.

Un aspecto más e igualmente importante tiene que ver con la dimensión exterior de la UE. Hay razones relacionadas con la pérdida de peso y de dinamismo económico de esta región del planeta en relación con otras más pujantes. Pero además de esa dimensión económica, está la proyección exterior de la UE y su presumida condición de defensora de un nuevo paradigma en las relaciones internacionales. Hay que decir que la historia de la UE se compadece mal con esa voluntad de proponerse como una baluarte de los derechos humanos en un mundo hostil y hobbesiano. Lo cierto es que la política exterior de la Unión Europea ha sido un espacio más caracterizado por los discursos que por las prácticas. Éstas han quedado en manos de los estados, que a menudo han buscado complicidades en la UE, no siempre con éxito.. La evidencia del escaso interés que los países de la Unión daban a la política exterior común se sustanció en la elección de una Alta Representante (la señora Alhston), cuyo papel y funciones poca gente conoce y cuyo nivel de competencia técnica es puesto en cuestión regularmente.

En fin, los desafíos y preguntas que a día de hoy son pertinentes en relación con la UE tienen un calado sistémico. No son asuntos de matiz o de detalle, no se trata de mejorar una u otra política. La crisis económica y la gestión de la misma han desnudado el proyecto de sus ropajes tecnocráticos y despolitizados y han mostrado al emperador desnudo. La cuestión ha dejado de ser la de “empujar para hacer posible ‘más Europa’”. En realidad, habría que decir que esa formulación fue, en general, una manera de justificar el proceso de integración realmente existente eludiendo más preguntas sobre el mismo.

Lo pertinente e imprescindible hoy es responder a la siguiente pregunta: ¿necesitamos esta Unión Europea? Ninguna de las dos respuestas posibles nos conduce, necesariamente, a una sola alternativa. Tanto el “sí” como el “no” pueden sugerir propuestas que, en un caso serán pensadas como reformas mayores o menores, y en el otro como la necesidad de pensar en profundidad para refundar el proyecto europeo.